Víctor de Aldama, empresario condenado por corrupción en el caso Ábalos y al que el Tribunal Supremo le suspendió la entrada en prisión por su supuesta colaboración con la justicia, ha enviado un escrito al juzgado para contestar a la demanda por difamación que le presentó Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia. El escrito, adelantado por el diario ABC, incorpora nuevos bulos y se escuda en una persona, Ramón Bermejo, que actuó de jefe de Comunicación de Aldama cuando este abandonó la prisión tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción una colaboración con la justicia. Aldama admitió sus delitos y denunció entonces distintas corruptelas de varios dirigentes socialistas, algunas de ellas confirmadas y condenadas por el Supremo, y otras, directamente falsas. Esas mentiras para desacreditar a dirigentes socialistas siguen impunes.

El empresario corrupto acusó a Bolaños en un programa de Telemadrid de haber intentado comprar su silencio a cambio de dinero. “Me ha contactado a través de mi jefe de comunicación, Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero para que yo me callara”, declaró. Los periodistas que le rodeaban no cuestionaron aquel bulo, remarcaron su gravedad y el presentador intentó confirmar si había sido directamente el ministro Bolaños quién había llamado a Ramón Bermejo para ofrecerle dinero. Aldama contestó: “Si”. Luego ha ido matizando esa declaración que ya se ha demostrado falsa porque las llamadas que ha presentado Aldama en el juzgado correspondiente al teléfono de su portavoz, Ramón Bermejo, nunca son con el ministro.

En el escrito de respuesta a la demanda, Aldama precisa que Bermejo llamó entre marzo y julio de 2024 a distintos números de teléfono de la sede socialista de Ferraz y de varios departamentos del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, y que fue entonces cuando le ofrecieron dinero a cambio del silencio del empresario corrupto. Lo explica así: “Se suceden una serie de llamadas con distintas localizaciones de las que es interlocutor el señor Ramón Bermejo y de las que resultan en última instancia sugerirle o proponerle una cantidad de dinero destinada al señor de Aldama a los efectos de evitar que el mismo pudiera aportar judicialmente información o documentación sensible que afectaba a Altos Cargos del Estado, a sabiendas de que disponían de ella”.

Pero en el periodo de estas llamadas al que se refiere Aldama nadie sabía que el comisionista corrupto, que entonces seguía en libertad aunque imputado en el caso Mascarillas, podría tener intención de tirar de la manta.

“En el desarrollo de tales llamadas participaron”, continúa el escrito de respuesta a la demanda, “por lo que se trasladó al señor de Aldama por parte de don Ramón Bermejo, personas mandatadas por Bolaños, Rafael Oñate Molina, exdirector del Gabinete del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y otras personas del departamento ministerial”.

Rafael Oñate dejó de ser jefe de gabinete de Bolaños en noviembre de 2023 mientras el escrito de Aldama habla de unas supuestas conversaciones de primavera y verano de 2024. El nuevo bulo evita aclarar si Ramón Bermejo precisó a Aldama la fecha de esas llamadas y su contenido. Difícilmente pudo hablar en 2023 con Oñate de un soborno a cambio del silencio de Aldama cuando el empresario ni siquiera había sido detenido por la primera de las causas de corrupción en las que estaba involucrado.

Bermejo, según fuentes conocedoras de esas comunicaciones, llamó a distintos departamentos del Gobierno en el verano y otoño de 2023 interesándose por la celebración de la Copa América de Vela. En sus llamadas al ministerio de Presidencia, insistentes y la mayoría sin resultados, le llegaron a indicar que sus demandas o preocupaciones sobre la Copa América de Vela debería tratarlas en otra ventanilla, la del ministerio de Educación y Deportes.

El abogado de Aldama aclara ahora que Ramón Bermejo actúa como representante o director de comunicación del empresario desde “aproximadamente marzo de 2024, momento a partir del cual se le empieza a identificar como interlocutor, gestionando su relación, entre otros, con los medios de comunicación”. En realidad, Bermejo se presenta ante los periodistas como portavoz de Aldama en noviembre de 2024 cuando el empresario acababa de salir de la cárcel, donde permaneció durante un mes en prisión provisional por el caso Hidrocarburos. La fecha de marzo de 2024 que cita ahora en el escrito, sin ninguna prueba que acredite su veracidad, intenta evitar que no se desmorone completamente el primer bulo de Aldama sobre el ofrecimiento de dinero a cambio de silencio. Las llamadas del soborno tienen que ser antes de que Bermejo apareciese por primera vez como jefe de comunicación de Aldama cuando éste ya había tirado de la manta.

El Gobierno le acusa de mentir

Aldama también involucra a dos trabajadores del grupo parlamentario socialista y a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, por supuestas comunicaciones con Ramón Bermejo. Fuentes socialistas desmienten también que el contenido de esas llamadas fuese un intento de soborno por parte de dirigentes del PSOE para evitar que Aldama tirase de la manta. Narbona ha aclarado que Bermejo se comunicó con ellos para ofrecerse a trabajar para el partido en 2023.

Fuentes del Ministerio de la Presidencia y Justicia acusaron ayer a Aldama de volver a mentir en el escrito de respuesta a la demanda por difamación que le presentó Félix Bolaños:

- “Las afirmaciones de Aldama son radicalmente falsas: el ministro Bolaños no ha contactado nunca con Aldama ni con Bermejo y jamás ha enviado 'un emisario' para que contactase con ellos”.

- “Un ejemplo: afirma que las llamadas se produjeron en marzo y julio de 2024, pero en ese momento: ni el señor Oñate era director de Gabinete del ministro Bolaños (cesó en noviembre de 2023) ni el señor Bermejo era el asesor de comunicación del señor Aldama [lo contrató en noviembre de 2024]”.

- “El ministro Bolaños no ha tenido el menor contacto, directo o indirecto, con el sr. Aldama ni para este ni para ningún otro asunto. Algo que el propio Aldama afirmó públicamente en noviembre de 2024 al decir que ”es duro ver que gente como el señor López o Bolaños, que no me conocen de nada hablan de mí de oídas“.

La secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, ha reprochado este lunes al Partido Popular de las islas que siga “dedicando más tiempo a atacar a Ángel Víctor Torres que a resolver los problemas reales de Canarias”, después de la rueda de prensa ofrecida este mismo lunes por los populares para valorar, de nuevo, el dictamen de la comisión de investigación sobre el denominado caso Mascarillas, que la pasada semana ya fue objeto de debate parlamentario.

Fierro calificó la comparecencia como “una rueda de prensa trasnochada” y sostuvo que constituye “el mayor ejemplo de utilización política y partidista” de una comisión de investigación. “Han vuelto a valorar lo ya valorado. No tienen nada nuevo que aportar y solo pretenden estirar el chicle de una comisión cuyo recorrido político terminó la pasada semana en el Parlamento”.

La dirigente socialista cuestionó además la utilidad de la comparecencia de los populares. “¿Alguien me puede decir qué ha aportado hoy el Partido Popular? Nada. Exactamente lo mismo que está aportando a la política canaria: nada. Canarias necesita propuestas y soluciones, no ruedas de prensa para repetir lo que ya se debatió y quedó suficientemente aclarado”, señaló.

Fierro lamentó que los populares mantengan una estrategia basada en la confrontación en lugar de centrarse en los principales desafíos del Archipiélago. “Ojalá dedicaran la mitad del tiempo que dedican a hablar de Ángel Víctor Torres a gestionar la vivienda, la sanidad pública o la sostenibilidad. Canarias necesita soluciones, no una oposición instalada permanentemente en el ruido”, añadió.

Asimismo, rechazó las peticiones de dimisión formuladas por el PP y preguntó: “¿Dimitir por qué? ¿Por haber conseguido el Gobierno de Canarias cinco millones de mascarillas en el peor momento de la pandemia, cuando escaseaban en todo el mundo, y que contribuyeron a salvar vidas? ¿O por haber tomado decisiones políticas en el Servicio Canario de la Salud tras conocerse lo ocurrido con RR7?”.

En su opinión, ambos hechos demuestran precisamente el ejercicio de la responsabilidad política. “Ángel Víctor Torres defendió el interés general cuando Canarias más lo necesitaba. Garantizó la llegada de material sanitario imprescindible en plena emergencia y, cuando fue necesario, tomó decisiones políticas en el Servicio Canario de la Salud. Eso es actuar con responsabilidad”, afirmó.

Fierro consideró que la actitud del Partido Popular responde a la frustración por no haber logrado el objetivo político que perseguía con la comisión de investigación. “El Partido Popular está actuando como un crío al que se le acabó el juego y ahora tiene una perreta. Con el tiempo se le pasará. Tiene cura: asumir la realidad electoral y aceptar que no todo vale para intentar desgastar al adversario político”, manifestó.

La secretaria de Organización del PSOE Canarias añadió que el PP de Canarias está “más preocupado por hacer méritos ante Alberto Núñez Feijóo”, que decidirá sus próximos candidatos en el Archipiélago, que “por defender los intereses de esta tierra”.

Fierro aseguró que, “si alguien debería plantearse una dimisión por dignidad política, es el líder del Partido Popular de Canarias, que ordenó a los diputados canarios de su partido votar en contra del reparto de los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Eso sí fue actuar contra Canarias, dando la espalda a una tierra que necesita solidaridad y corresponsabilidad del conjunto del Estado”.

La dirigente socialista concluyó afirmando que el PSOE Canarias seguirá centrando su acción política en construir una alternativa de gobierno que dé respuesta a los problemas de la ciudadanía, frente a “un Partido Popular instalado en la confrontación permanente y alejado de las preocupaciones reales de los canarios y las canarias”.

El PP de Canarias ha insistido este lunes en señalar al ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, como responsable en la denominada trama Koldo por las compras de material sanitario durante la pandemia, y eso pese a que no está imputado ni se han hallado indicios de delito en su gestión. El PP, aferrándose al dictamen de la comisión de investigación del Parlamento de Canarias aprobado el pasado viernes, ha reclamado de nuevo de forma “rotunda” la dimisión “inmediata” del ministro. Sin embargo, ese dictamen, que obtuvo los votos favorables de CC, Vox y AHI (además del propio PP), fue rechazado por ASG, NC y PSOE, al considerar que no se basa en datos objetivos ni en hechos, sino en suposiciones y relatos, y en unas conclusiones construidas de antemano para convertir la tragedia de la pandemia en un ataque a Torres por su “fortaleza electoral”.

En una rueda de prensa conjunta este lunes, los diputados del PP Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo han criticado los “chanchullos” del ministro al “abrir la puerta” del Gobierno de Canarias a la trama Koldo, que recibió contratos valorado en algo más de 20 millones de euros -más el fallido de RR7 United por otros cuatro millones-, obviando que tanto resoluciones judiciales como pronunciamientos del Tribunal de Cuentas avalan la actuación del anterior Ejecutivo, presidido por Torres, y desmienten las acusaciones formuladas durante estos dos años.

Es más, tras la aprobación del dictamen, el PSOE critió lo que calificó como una estrategia basada en “mentiras, bulos, embustes, fango y basura lingüística” para erosionar la imagen pública del expresidente Ángel Víctor Torres.

Este lunes, el diputado del PP Enseñat ha insistido en que tanto Torres como el PSOE se “han limitado a hacerse la víctima, a tomarle el pelo a todos los canarios negándolo todo y sin contestar a nada y sin dar una sola explicación y a menospreciar y descalificar al Parlamento”, diciendo que “todo es un circo o un amaño”.

Cabe recordar que Torres desmontó las acusaciones vertidas por el comisionista Aldama (que no aportó ninguna prueba de lo que relataba) y que el informe final de la UCO concluyó la investigación sin hallar ningún indicio de delito en la gestión de Torres.

Los populares, sin embargo, han destacado que los hechos constatados en el dictamen son “muy graves” y entiende que Torres debe asumir sus “responsabilidades políticas” y “dar la cara” por todas las acciones que realizó en esa época.

“Como muestra y recoge el dictamen, sin Torres la trama no hubiera podido operar en Canarias”, ha señalado Enseñat.

De nuevo, hay que recordar que el dictamen ha sido elaborado por diputados del propio Parlamento canario, mientras que las investigaciones policiles no han encontrado ningún indicio de delito achacable al expresidente.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente regional, Ángel Víctor Torres, ha calificado de “absolutamente sectaria, manipuladora y tendenciosa” la ponencia apoyada en el Parlamento de Canarias por CC, PP y Vox sobre el llamado caso Mascarillas y ha señalado que responde a un intento de “mancillar” su imagen y la gestión del anterior Gobierno autonómico.

Así se ha expresado el expresidente del Ejecutivo canario en una publicación en su perfil de X, donde ha asegurado que “Canarias hizo un magífico trabajo durante la pandemia” al registrar el menor número de fallecidos por cada 100.000 habitantes de España y ha denunciado que en los últimos tres años ha sido objeto de una campaña de “difamación, acoso, insidia e injuria”, por partidos políticos y medios “a su servicio”.

A su juicio, el documento aprobado en la Cámara regional omite deliberadamente las conclusiones del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia de Cuentas, cuyos responsables, ha dicho, archivaron el expediente de los contratos con las empresas RR7 y Soluciones de Gestión, implicadas en el caso, además, el órgano fiscalizador avaló “la legalidad” de los contratos con las entidades.

“Es absolutamente manipulador, porque cogen los testimonios que les interesan y obvian el resto de muchas personas que pasaron por la comisión de investigación”, ha denunciado el dirigiente socialista.

Además, Torres critica que estos partidos comparan la gestión de Canarias con la de islas de otros países en lugar de hacerlo con Baleares, por ejemplo.

“Estamos ante una manipulación de partidos políticos que no soportan que ganáramos las elecciones en el año 2023 y utilizan esta comisión de investigación como arma contra Torres para intentar mancillar su imagen y también su gestión, la del Pacto de la Flores, de la que nos sentimos orgullosos”, ha recalcado el ministro canario.

Torres ha lamentado también que la comisión terminara siendo “un paripé” y ha reprochado que se filtrase información, “a un periódico” que, según ha dicho, debía permanecer reservada durante los trabajos parlamentarios, y recuerda que, “al día siguiente, el presidente de la comisión, en vez de denunciar la filtración, lo que hizo fue atacar a Torres”, lo que para el dirigente socialista significa que “estamos ante una ”instrumentalización política y partidaria“.

Pese a ello, ha asegurado a los canarios y canarias que seguirán adelante con un trabajo “serio, riguroso, permanente, honesto y honrado” y ha reconocido que su Gobierno puede “cometer errores”, aunque siempre, ha dicho, “dando la cara por el bienestar de la gente de nuestra tierra”, concluye Torres.

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha denunciado este miércoles en el pleno de la Cámara regional que la comisión de investigación sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia nació con un “veredicto escrito de antemano”, y que fue utilizada por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) como una herramienta de “confrontación partidista” para intentar desacreditar al anterior Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres.

Durante su intervención en el debate del dictamen de la comisión de investigación, Fierro sostuvo que los grupos que promovieron la comisión registraron su solicitud en febrero de 2024 hablando ya del denominado “caso Torres”, lo que, a su juicio, demuestra que “ni la investigación, ni el estudio, ni el análisis fueron nunca su objetivo”: “Sus conclusiones estaban escritas desde el mismo momento en que registraron la solicitud”, afirmó.

La diputada socialista aseguró que los trabajos parlamentarios, con más de 70 comparecencias y un amplio volumen de documentación analizada, han desmontado el relato político construido por CC, PP y VOX.

En este sentido, recordó que tanto resoluciones judiciales como pronunciamientos del Tribunal de Cuentas avalan la actuación del anterior Ejecutivo y desmienten las acusaciones formuladas durante estos dos años.

Fierro criticó lo que calificó como una estrategia basada en “mentiras, bulos, embustes, fango y basura lingüística” para erosionar la imagen pública del expresidente Ángel Víctor Torres. “Han intentado permanentemente dañar la imagen de una persona honrada y limpia”, afirmó, defendiendo que el exjefe del Ejecutivo actuó siempre desde el interés general y recordando que las resoluciones judiciales conocidas hasta la fecha respaldan esa actuación.

La presidenta socialista contrapuso esa estrategia política con lo que definió como “hechos probados” sobre la gestión de la pandemia en Canarias. Entre ellos destacó que el Archipiélago fue uno de los territorios con menor mortalidad por COVID-19, la realización de cribados en las residencias de mayores, la rápida respuesta ante el primer brote detectado en Adeje (Tenerife), la creación de comités científicos para asesorar las decisiones del Gobierno, y la colaboración entre las administraciones y el sector privado para garantizar el suministro de material sanitario.

Asimismo, hizo hincapié en que ningún cargo del PSOE en Canarias está investigado por la contratación de material sanitario, que las adjudicaciones se realizaron conforme a la normativa de emergencia vigente durante la pandemia y que el propio presidente de la Audiencia de Cuentas llegó a afirmar que los contratos eran “administrativamente impecables”.

Además, Fierro rechazó también algunas de las principales conclusiones recogidas en el dictamen de la comisión, calificándolas de “falsedades intencionadas”, y negó que Canarias fuera el epicentro de la corrupción en la compra de material sanitario, recordando que de los cerca de 1.300 expedientes de contratación solo dos han sido objeto de investigación parlamentaria.

Asimismo, sostuvo que no existe prueba alguna de que Ángel Víctor Torres interviniera en la adjudicación de contratos o favoreciera a empresa alguna.

La presidenta del Grupo Socialista también trasladó un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía canaria por el comportamiento demostrado durante la pandemia y reivindicó el trabajo realizado por el Gobierno del Pacto de las Flores para proteger la salud pública, el empleo y el Estado del bienestar en uno de los momentos más difíciles vividos por las islas, así como el rigor con lo que se actuó en un contexto fuera de la normalidad administrativa y donde salvar vidas era lo más urgente.

Fierro concluyó con un llamamiento a la responsabilidad política y a la defensa de la verdad frente a la confrontación partidista. También dirigió unas palabras a quienes integraron el anterior Ejecutivo autonómico y, de forma especial, al expresidente Ángel Víctor Torres, defendiendo que, pese a la “campaña de descrédito” sufrida durante los últimos años, la actuación del Gobierno socialista durante la emergencia sanitaria ha quedado respaldada tanto por la documentación analizada como por las resoluciones judiciales conocidas.

Era 21 de noviembre de 2024. El empresario Víctor de Aldama acababa de 'tirar de la manta' y había implicado en el cobro de mordidas en el caso Mascarillas tanto al exministro José Luis Ábalos como a su asesor ministerial Koldo García. Los pormenores de la declaración cundieron por el 'zulo' —así se suele llamar de manera coloquial a la sala de prensa en la que trabajan una veintena de periodistas en la Audiencia Nacional—. Y con esos detalles, se hizo una primera llamada a una de las fuentes del caso. Lo que dijo entonces ya era revelador: “Siempre supe que Aldama era el eslabón más débil”.

Dos años después, el tiempo y una sentencia puede que hayan echado por tierra esa reflexión. Quizá no era el más débil y sí el más avispado: tras su declaración fue puesto en libertad —había sido detenido por otra causa, un fraude millonario al IVA en el sector de los hidrocarburos— y hoy, a juzgar por algunos programas televisivos a los que acude, es presentado casi como un prócer de la nación, el 'campeón' contra la corrupción.

Si uno se da una vuelta por su cuenta de Instagram pareciera que a Aldama le quiere hasta el papa León XIV. Durante la visita del pontífice a España, el empresario colgó una foto de un rosario que había sido bendecido por Prevost. “Un regalo muy especial recibido de manos del Santo Padre”, colgó en el post. Su figura ha cogido tal vuelo que le paran para hacerse 'selfies' por la calle, le escoltan los 'chicos' de Dani Desokupa y hasta le aclaman en manifestaciones como la del pasado 23 de mayo, apoyada por el PP y Vox contra “el Gobierno corrupto”. Allí, ya con el juicio finalizado y pendiente de sentencia, clamaba ante un reportero: “El pueblo es el que gana al final”. Buena parte de la sociedad ya ha encontrado a su vellocino de oro. Pero, ¿quién es realmente Víctor de Aldama?

Los inicios en la informática

Personas de su entorno, consultadas por elDiario.es, indican que el empresario, que se crio en Móstoles —es hijo de un peluquero de caballeros con un toque especial— arrancó haciendo sus pinitos en la informática. Pronto cayó en que con el ladrillo podía ganarse la vida bien y se enganchó a un buen 'mentor' que le llevó de la mano. “No tiene estudios universitarios o, para decirlo de otro modo, tiene la misma carrera que Begoña Gómez”, dicen quienes le conocen desde hace décadas. Consideran que tampoco era el más avezado del mundillo inmobiliario y argumentan que de 20 negocios le salía uno. Eso sí, “siempre se supo subir al carro”.

Para algunos de los consultados, el empresario se tiene en una alta estima, suele priorizarse sobre los demás y siempre le ha gustado vivir rodeado de lujos. Otros, más cercanos, le califican como “un padrazo” al que le pierden los coches y el deporte —llegó a ser presidente del Zamora CF—. Es visceral, apuntan, pero “una persona normal e íntegra”. ¿Que fuera calificado por la UCO como el nexo corruptor de la organización criminal por la que ha sido condenado a más de cuatro años de cárcel? “Nada más alejado de la realidad”, dicen, argumentando que cuando conoció a Koldo y a Ábalos ya era rico. Le buscaron ellos a él, explican, por su capacidad de contacto. También destacan que Aldama “se batió el cobre” durante años en América Latina afrontando proyectos de envergadura en países como México y Colombia. Ahí se hizo con una buena agenda de políticos relacionados con el ladrillo.

Ahora, con una sentencia a sus espaldas, no ha tenido que entrar en prisión. Todo gracias a que los magistrados del Tribunal Supremo premiaron de forma ejemplarizante su colaboración con la justicia —le libraron incluso de pagar una multa de 3,7 millones al absolverle del delito de uso de información privilegiada—. Quienes vivieron el momento en el que se le comunicó la decisión en el Alto Tribunal explican que hubo lágrimas y abrazos. El ponente de la sentencia, Andrés Martínez Arrieta, había logrado tejer una unanimidad que ponía el foco en una corrupción sistémica con la que había que acabar. El tanto se lo apuntó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, padre de esa idea.

“Un compromiso moral”

Aldama y sus allegados salieron del trago pensando que le había echado “muchos cojones”, que “se había plantado ante el sistema y había salido vivo”. Y por eso, ahora entiende que ha adquirido “un compromiso moral” con la eliminación de la corrupción en el país. Sí, todo un corruptor 'pasándose el juego' en poco más de un año y gracias a una instrucción en el Supremo que tenía tintes de 'blitzkrieg' por aquello de la velocidad, la sorpresa y la fuerza masiva. “Le ha cogido el gusto a eso de ser conciencia, es el nuevo Pepito Grillo”, dicen.

En la faceta empresarial, a juzgar por lo que dicen hombres de negocios prestigiados consultados por este periódico, tampoco le pasan factura ni la condena ni las causas en las que continúa siendo investigado. Que se haya aprovechado de una pandemia mundial para poner el cazo (6,6 millones en comisiones) y hacerse con adjudicaciones públicas gracias al pago de mordidas mensuales que rondaban los 10.000 euros no es óbice para que tenga tirón entre el empresariado español.

“Tiene un grandísimo mérito, es una persona que se ha equivocado en su vida pero se ha arrepentido”, indican para añadir que, ante amenazas de muerte —se ha hablado de tres tiros en su coche blindado y de una extraña visita en la cárcel— ha sido “valiente”. “Todo el mundo se puede equivocar, me da más asco ZP haciendo campaña en Andalucía, ese sí es un delincuente”, indica el empresario, vinculado antaño con el partido Ciudadanos, para luego añadir que “si arrepentirse no sirviera de nada, San Pablo nunca habría llegado a santo”.

Otro de los cercanos a Aldama va más allá en eso de los negocios y habla de que ya hay importantes directivos del Real Madrid que le tienen en “gran estima” y que están a la expectativa de entablar negocios con él. “Tiene muy buenos quereres, una gran respuesta social, se hizo 70 fotos en Jerez en la feria”.

Aldama ha sabido construir su personaje desde que en 2024 quedara en libertad provisional: cercanía con determinados medios y pseudomedios y pastelitos para los periodistas a la entrada del juicio. La baza en su travesía por los juzgados era ganarse, por un lado, a la Fiscalía —su abogado ayudó mucho con eso— y, por otro, a esa parte de la sociedad que no comulga con el presidente del Gobierno y que, a ojos de determinados políticos, se cuentan por votos. Por eso, utiliza el enfrentamiento directo en redes con políticos socialistas de la talla del ministro Óscar Puente.

La rueda sigue. Dado que está siendo investigado en más casos, debe alimentar su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. “¿Qué tienes contra Sánchez?”, le preguntó el periodista Antonio Naranjo en su programa de Telemadrid hace escasos días. Aldama, contemporizando, le indicó que a eso no le podía contestar, pero pronto se sabría. A Iker Jiménez, presentador de Horizonte, en Cuatro, le echó un caramelo mejor que el que le soltó a Naranjo: “Ahora tras la sentencia, me da pie a contar más. Lo que he entregado es un aperitivo. Tengo mucho, contundente e importante”. Aldama, el antisistema, aspira a hacer caer un Gobierno y, por eso, a juzgar por estas declaraciones, sostiene una estrategia de colaboración a cuentagotas con la justicia.

Por delante, le queda afrontar la causa de los amaños de obra pública y la causa del fraude en el sector de los hidrocarburos. Pero la sentencia del Supremo ya apuntaba a que su colaboración con la justicia había propiciado y favorecido el esclarecimiento de más procedimientos en curso, por lo que está por ver si sigue teniendo 'crédito' positivo en Fiscalía de cara a eventuales nuevas condenas.

Las causas pendientes

En el asunto de la obra pública, su aportación ayudó en mayor o menor medida a que el juez del Supremo Leopoldo Puente arrancara con unas pesquisas que resultaron en la imputación no solo de Ábalos y Koldo García sino también de quien era el número tres del PSOE Santos Cerdán. El político navarro acabó entrando en prisión provisional unos meses dado su papel protagónico en la trama que buscaba hacerse con mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Aldama entregó una nota en la que aparecían comentarios escritos por Koldo García y que tenían relación con determinadas adjudicaciones. Esa causa reside ahora en la Audiencia Nacional dado que Ábalos dejó de ser aforado.

Aldama también consta en el juzgado de Santiago Pedraz como uno de los cabecillas, junto a su socio Claudio Rivas, de una trama que buscaba defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos. Según describen los atestados de la UCO consultados por este diario, la operativa de esta trama era tan sencilla como efectiva. Lograron una licencia de operadora mayorista para la mercantil Villafuel y con ella adquirieron a otros operadores como Exolum distintos productos petrolíferos para, ficticiamente, simular su transmisión a siete empresas interpuestas, suministradoras o subcuentas que actuaban bajo el control de la organización criminal y servían para ocultar la transmisión directa y real del hidrocarburo a los verdaderos destinatarios finales.

El impuesto del IVA, que debían asumir esas interpuestas, nunca era abonado al Estado y así consiguieron defraudar una cuota de 182,5 millones de euros desde septiembre de 2022. Esas mismas empresas interpuestas habrían sido usadas como “canales de blanqueo” para mover lo defraudado a terceros países “para alejarlo, ocultarlo y dificultar su trazabilidad”.

Además, según un informe reciente de la Agencia Tributaria presentado en la rama del caso de las Mascarillas que reside en la Audiencia Nacional, Aldama habría defraudado a Hacienda una cuota de 2,4 millones de euros. La cuota exigible al conseguidor es, en realidad, de 1,6 millones de euros, cantidad que se obtiene de deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto de Sociedades en 2020 por sus mercantiles Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL. La cantidad sobrepasa ampliamente la frontera que separa la falta administrativa del delito penal, por lo que indefectiblemente el empresario se enfrentará a un delito contra la Hacienda Pública.

Aldama sube un 'tiktok' bailando en la feria, se sienta en su casa a hacer directos para sus fans, se emociona, llora ante su público. Muchas de sus aseveraciones contra Pedro Sánchez o contra ministros como Ángel Víctor Torres nunca han sido probadas y han sido calificadas como simples bulos. Durante los 14 días de juicio llevó prendida de la solapa de su americana una cruz. Su amiga, una anticuaria, se la prestó para que le protegiera en su periplo judicial. Y, a juzgar por el resultado, de momento el amuleto 'le ha servido'. Está por ver si esa cruz tiene tirón también en el resto de causas a las que se enfrenta. Solo le falta un 'reality'.

La mesa de la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre las compras de material sanitario durante la pandemia ha acordado este lunes aprobar de forma preliminar el dictamen elaborado en la fase de ponencia y abrir un plazo de cinco días para emitir votos particulares.

Cabe recordar que el pasado mes de abril el Tribunal de Cuentas dio carpetazo definitivo a la investigación por responsabilidad contable del caso, concretamente del expediente por el que el Servicio Canario de Salud (SCS) pagó cuatro millones de euros por adelantado a la empresa de compraventa de coches RR7 United a cambio de un millón de mascarillas que nunca se entregaron.

El actual texto ya incluye las enmiendas presentadas por CC y PP -únicos grupos que realizaron aportaciones- y ahora se remitirá al pleno del Parlamento para su debate y aprobación definitiva, ha detallado a los medios de comunicación el presidente de la comisión, el portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI).

Acosta ha indicado que el dictamen sigue siendo “secreto” hasta su aprobación en el Pleno y ha insistido en que “se guardarán todas las cautelas” por parte de la Cámara para que no sea divulgado -de hecho, el PP tenía previsto ofrecer este lunes una rueda de prensa que se ha desconvocado por consejo de los servicios jurídicos-.

El diputado herreño cree que es “factible” que el dictamen se pueda debatir en el último pleno antes del parón veraniego en la cuarta semana del mes de julio aunque es una decisión que queda en manos de la Junta de Portavoces de la Cámara.

La comisión se creó a iniciativa de CC, PP y Vox con el objetivo inicial de esclarecer un contrato de cuatro millones de euros suscrito con la empresa RR7 United por un millón de mascarillas que no fueron entregadas y posteriormente se añadieron otros como los de Soluciones de Gestión, empresa vinculada al 'caso Koldo'.

Los trabajos se iniciaron en marzo de 2024 y han contado con hasta cuatro prórrogas y por la sede de la Cámara regional ha pasado en torno a medio centenar de comparecientes, entre ellos el ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, el exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, el empresario Víctor de Aldama o el exministro José Luis Ábalos.

La contratación pública de mascarillas en España se guio por la ley de la selva durante los meses más mortales de la pandemia. Las administraciones públicas gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario cuando los controles habían saltado por los aires. El decreto que impuso el Estado de Alarma en el país permitió comprar de emergencia a cualquiera y sin concurso cuando fallecían cientos de personas al día. No había concurrencia de ofertas, se contrataba a dedo, sin límite de precios ni acreditación de solvencia o experiencia en el sector. Todo valía en pandemia para sobrevivir a un virus que mató en España a más de 150.000 personas entre 2020 y 2023. Decenas de empresarios, algunos ni eso, se enriquecieron como nunca a cuenta de la compra de mascarillas en China y su venta a administraciones públicas españolas que buscaban a ciegas un material vital en esos momentos.

La Fiscalía Anticorrupción alertó por escrito sobre este 'antisistema', perfecto para alimentar la corrupción: “La Administración Pública puede adjudicar un contrato directamente a una empresa preseleccionada, en lugar de utilizar un procedimiento competitivo normal. Esta excepción [de la contratación de emergencia] tiene como fin que los compradores públicos adquieran suministros y servicios de primera necesidad en el plazo más breve posible (…) Este tipo de adquisiciones de emergencia son una herramienta de contratación que por sus características inherentes resultan vulnerables ante ciertas prácticas ilícitas”.

La pandemia dejó en España cientos de casos de empresarios o comisionistas que lograron, por la emergencia, un enriquecimiento obsceno pero legal. Como Víctor de Aldama, el nexo corruptor del Ministerio de Transportes que tras sobornar con dinero y regalos al ministro José Luis Ábalos y a su principal asesor, Koldo García, logró el primer gran negocio millonario de su vida con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.  

Soluciones de Gestión fue la empresa recomendada por Aldama, que para entonces ya pagaba el apartamento donde vivía la pareja sentimental del ministro Ábalos. Logró vender 20 millones de mascarillas por más de 50 millones de euros al Ministerio de Transportes, al Ministerio del Interior y a las comunidades de Canarias y Baleares. De ese dinero público, 15 millones de euros se quedaron en los bolsillos del dueño de Soluciones de Gestión (nueve millones) y de Víctor de Aldama (seis).

Antes del juicio en el Supremo del caso mascarillas, la Fiscalía Anticorrupción avisó de que no había nada anómalo en ese procedimiento: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

Durante el juicio, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidió que Aldama devolviera al menos los 3,7 millones de euros que había ganado por el material vendido al Ministerio de Transportes previo soborno a sus dirigentes. “Por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, multa de 3.713.981 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de dos meses en caso de impago, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de un año”, escribió.

Los siete magistrados del Supremo que juzgaron el caso decidieron por unanimidad que Aldama no cumpliera los 4,5 años de cárcel de la condena y, además, le perdonaron la multa de los 3,7 millones de euros ganados. La sentencia considera poco relevante la información privilegiada con la que Aldama hizo negocio en el Ministerio donde tenía comprado a su principal responsable. “La relevancia de la información sobre la futura licitación, además de ser de muy escasa entidad dada la situación de la pandemia, el Estado de Alarma y normativa circundante, sucede que resultaba accesoria para la obtención del beneficio económico, que, como finalidad, establece el artículo 442 del Código Penal; pues la existencia de otros licitadores, como hemos descrito, en virtud de las influencias descritas, no eran ponderadas”, señala la sentencia.

Los magistrados creen y así lo defienden en el fallo que “no ha mediado prueba sobre que el suministro de mascarillas se haya pactado en condiciones perjudiciales para la Administración, ni que el precio fuera excesivo”. El empresario corrupto Víctor de Aldama vendió las mascarillas a 2,5 euros por unidad, lo que según el Supremo es prueba de que no se puso un precio excesivo y el suministro no se pactó en condiciones perjudiciales para la Administración.

El hermano de Isabel Díaz Ayuso, de nombre Tomás, se alió con un amigo de su pueblo que tenía una empresa de ropa infantil, Priviet, para suministrar a la Comunidad de Madrid hasta 250.000 mascarillas a seis euros la unidad, casi el triple que los precios ofrecidos por Aldama. El material era muy parecido, comprado en China a dos euros en las mismas primeras semanas de la pandemia en España.

La importancia que los magistrados del Supremo dieron al precio fijado por Aldama fue, sin embargo, irrelevante para la Fiscalía Anticorrupción cuando decidió archivar la investigación al hermano de Díaz Ayuso porque, según dijo un alto cargo de esa institución, “la avaricia no es delito”. Aquel expediente se cerró con una excusa administrativa: “Aunque Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido una relación comercial con Priviet por la que ha percibido una comisión, para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”.

Los correos electrónicos de la oferta de Tomás Díaz Ayuso iban a nombre del dueño de la empresa de ropa infantil, Priviet, y, por tanto, los funcionarios de la Comunidad de Madrid no podían saber que detrás de esa propuesta estaba el hermano de la presidenta, argumentaron los fiscales.

El Supremo destacó en su sentencia que 2,5 euros por unidad era un precio que se situaba por debajo de la media del precio medio pagado en España en marzo de 2020 (3,38 euros) y en abril (3,65 euros). De los 37 contratos que formalizó la Comunidad de Madrid en aquellas fechas, el de las mascarillas del hermano de Ayuso fue el cuarto más caro. 

El delito fiscal después del beneficio empresarial

La rapiña en la pandemia añadió una variante derivada de la avaricia. Algunos de los que se enriquecieron a cuenta de la compraventa de mascarillas durante la emergencia intentaron después engañar a Hacienda para que su beneficio fuera aún mayor. Es el caso de Alberto Luceño, quien junto a Luis Medina logró a dedo un contrato millonario para vender material sanitario chino al Ayuntamiento de Madrid a uno de los precios más caros en aquel momento (seis euros por mascarilla).

La Audiencia Provincial absolvió a ambos del delito de estafa agravada al considerar que no había quedado probado que engañaran a los responsables municipales ocultando que iban a cobrar una comisión de seis millones por la operación. Sin embargo, Luceño fue condenado por fraude a Hacienda a casi tres años de cárcel y 3,5 millones de multa.

Algo parecido le ocurrió al novio de Isabel Díaz Ayuso, comisionista en una compraventa de mascarillas entre dos empresas privadas. Ganó dos millones de euros (el 4,5% de la operación) pero engañó a Hacienda con facturas falsas para ahorrarse el pago de 155.000 euros en impuestos, según determinó la Agencia Tributaria. Ahora se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y nueve meses de cárcel por dos delitos fiscales.

José Luis Ábalos, el político, el ministro, el secretario de organización del PSOE: condenado a 24 años de prisión. Koldo García, su asesor: condenado a 19 años y 8 meses de prisión. Víctor de Aldama, el empresario corruptor: el gran triunfo de la sentencia del caso mascarillas. Sí, ha sido condenado a cuatro años de cárcel, pero el Tribunal Supremo le suspende la condena y no tendrá que devolver la gran parte de la mordida que ahora, se ha demostrado judicialmente, se llevó. 

Todo esto forma parte de un plan que él lleva preparando desde que saliera de prisión en noviembre de 2024. ¿Por qué ha sido tan beneficioso para él tirar de la manta? ¿Qué ha aportado a la investigación? De todo esto y de la lectura política que para el Gobierno supone la condena a Ábalos hablamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero. 

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Casi tres años de sobornos. Puntual como un reloj. 10.000 euros, otros 10.000 y otros 10.000 más… Así, mes a mes, entre octubre de 2019 y junio de 2022. Era también el ojeador de empresas interesadas en obtener favores de la Administración a cambio de una comisión que repartía con Ábalos y Koldo. Era el arquitecto de la trama. El que ponía en contacto a los corruptores con los corruptos del Ministerio de Transportes. El que distribuía el dinero. El que firmó un contrato de alquiler ficticio sobre un piso en el Paseo de la Castellana para camuflar los sobornos. El que, tras ser imputado en el llamado caso mascarillas, decidió colaborar con la Justicia. El que poco o nada aportó con su confesión porque cuando decidió cantar la Traviata los investigadores ya tenían todas las pruebas incriminatorias. 

Y aun así Víctor Aldama no irá a prisión. Ni un solo día. Este lunes salió del Tribunal Supremo sin esposas y con una condena -cuatro años y medio de cárcel- que le libra de ir al trullo a cambio de trabajos en beneficio de la comunidad, un informe semestral de actividades y la promesa de no volver a delinquir. Eso es todo, amigos.

El empresario corrupto confeso y ahora condenado no tendrá que devolver siquiera los 3,7 millones de euros de comisión que se endosó con la venta de unas mascarillas que colocó al Ministerio de Transportes y de los cuales, según ha acreditado el tribunal, entregó a sus colegas de la trama, Ábalos y Koldo, apenas 450.000 euros. 

Por muy razonada que esté la sentencia dictada y justificada la suspensión de la pena -ninguno de los delitos por los que ha sido condenado supera individualmente los dos años de prisión-, no hay quien pueda digerir sin vómito de por medio, una decisión que hace muy difícil creer en la justicia. Un diagnóstico que, por otra parte, se repite con regularidad en la demoscopia y que no responde a un problema de imagen, ni a una crisis de comunicación, sino que es imputable al proceder de algunos jueces. No todos, claro. Pero sí los que deciden en los tribunales superiores, los que integran las salas que resuelven los casos políticos, los que llegan donde están por un reparto de cuotas, los que deben su posición a los partidos que les propusieron para el cargo, los que aspiran a un ascenso cuando cambie el signo del gobierno y los que pueden hacer, hacen y seguirán haciendo.

Con un Alberto Núñez Feijóo que no despega en las encuestas, que no cuenta con aliados en el Parlamento para una moción de censura, que no convence ni a los suyos y que pierde puntos en valoración ciudadana en cada encuesta, la oposición la ejercen hoy media docena de jueces muy significados. La sentencia condenatoria al ex fiscal general del Estado sin pruebas fue el primer aviso a Pedro Sánchez. La de este lunes del Tribunal Supremo es el segundo recado: los que quieran delatar, que delaten, con pruebas o sin ellas, pero cuanto antes. Y la retirada del pasaporte a Begoña Gómez ha sido el tercer recado al presidente del Gobierno: o te marchas, o tu familia acabará en la cárcel. 

Las indicaciones no pueden ser más elocuentes, pero que no lo llamen justicia porque más bien parece un cambalache, ya que los beneficios para quien siendo delincuente decide pactar con la justicia no deberían acabar nunca en una exoneración encubierta para quien fue el cerebro de una trama corrupta. Y esto, claro, mientras quienes fueron víctimas de sus mangancias, que son los contribuyentes, cargan con la factura de la fiesta que se corrieron los delincuentes, al margen de cuáles fueran sus apellidos o la protección que se les preste desde una derecha política, mediática y judicial dispuesta a convertir a Aldama en un faro moral… y en algo más. Nos está quedando un país precioso, pero da mucho miedo.

El empresario Víctor de Aldama ha recibido un premio mucho mayor del que esperaba por su confesión. El Tribunal Supremo ha decidido imponerle cuatro años y medio de prisión por su papel en la trama corrupta construida en torno al exministro José Luis Ábalos, con el anuncio de que no tendrá que entrar en prisión a cambio de no volver a delinquir en un lustro y de hacer un año de trabajos para la comunidad. Mucho menos de lo que pidió para él Anticorrupción y menos, incluso, de la condena impuesta a José Luis Peñas, el exconcejal del PP en Majadahonda cuya confesión y grabaciones destaparon la trama Gürtel de corrupción.

La Sala de lo Penal ha hecho pública la sentencia con la que condena a los tres integrantes de la trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes durante la pandemia de coronavirus. El exministro José Luis Ábalos se lleva 24 años y 3 meses de cárcel como máximo líder del grupo y receptor de dádivas y dinero mientras que su “omnipresente” asesor Koldo García es condenado a 19 años y 8 meses de presidio por urdir y supervisar los amaños y cohechos. Los dos acumulan un rosario de hechos probados que van desde el amaño en la adjudicación de 13 millones de euros para la compra de mascarillas hasta el pago de un alquiler para una mujer vinculada al ministro.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, dejó claro al final del juicio lo que quería para el tercer acusado, Víctor de Aldama: bastante menos de los siete años de prisión que había pedido. Y la Sala de lo Penal ha recogido el guante y le ha impuesto cuatro años y medio de cárcel por el delito de organización criminal y los cuatro de cohecho que le imponen. Una condena que ni siquiera tendrá que cumplir con unas condiciones más que asumibles. Y queda eximido, además, de pagar la multa de 3,7 millones que pedía la Fiscalía.

Los jueces aplican una atenuante muy cualificada de confesión para llegar hasta esa cifra, rebajando la condena de algún delito hasta en dos grados, y después suspender su ejecución. “Víctor de Aldama no se ha limitado a confesar los hechos”, destaca el Supremo. “Ha prestado una cooperación plena y continua (...) facilitando información veraz y relevante”. Incluso, añade la sentencia, el empresario “ha propiciado y favorecido otras investigaciones y procedimientos”.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cita numerosa jurisprudencia para explicar cómo se calcula el beneficio de una colaboración de este tipo y una sentencia destaca por encima del resto: la número 507/2020 dictada el 14 de octubre de ese primer año de pandemia, mientras Ábalos, Koldo y Aldama tomaban el Ministerio de Transportes al asalto. La sentencia de la trama Gürtel que condenó al PP por lucrarse de la corrupción, que propició un cambio de Gobierno y que también se cimentó sobre una confesión. La de José Luis Peñas.

El Supremo no compara directamente el caso de Peñas con el de Aldama, más allá de citas jurisprudenciales genéricas sobre el valor de una confesión. Sí reproduce párrafos con los que la sentencia de la Gürtel rechazó que la declaración de Francisco Correa pudiera ser considerada una auténtica confesión. Una comparación de ambas tampoco permite equiparar su valor, aunque finalmente Aldama haya sido condenado a cuatro años y medio, tres meses menos de cárcel que Peñas en su momento.

Las grabaciones de la Gürtel

Víctor de Aldama llevaba mes y medio en prisión provisional cuando pidió turno en la Audiencia Nacional para declarar. Para entonces ya estaba acusado de encabezar un fraude millonario en empresas del sector de los hidrocarburos, pero también de liderar un entramado de corrupción política, entonces conocido solo como “caso Delorme”. El empresario admitió su participación en el entramado ligado a Transportes y se libró de la prisión provisional que pesaba sobre él en la causa de hidrocarburos.

Tanto el Supremo como Anticorrupción otorgan máxima relevancia a su colaboración, sobre todo para poder condenar a José Luis Ábalos, aunque para cuando confesó ya existía multitud de diligencias, entre otras cosas informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desgranaban el funcionamiento del entramado. En el caso Gürtel, cuya sentencia más relevante es citada varias veces por el Supremo, la colaboración de un imputado fue la que permitió abrir la investigación.

José Luis Peñas había sido concejal del PP en su feudo madrileño de Majadahonda y en agosto de 2008 presentó unas grabaciones y una confesión. El material que demostraba que un empresario llamado Francisco Correa se había hecho con el control de la contratación pública en Majadahonda a través de un grupo de concejales corruptos entre los que estaba el propio Peñas, que reconoció haber cobrado dinero de la trama y haber incluso viajado a su costa.

Lo dijo la Audiencia Nacional y lo repitió después el Tribunal Supremo de varias formas distintas. De no ser por esas grabaciones, la Justicia no habría descubierto la profundidad con que la Gürtel hundía sus raíces allí donde gobernaba el PP. De esos audios y esa primera confesión salieron 12 piezas separadas y casi un centenar de condenados entre políticos y empresarios que no pudieron, por más que lo intentaron, anular las cintas que habían grabado a los corruptos en acción. Las escuchas ilegales a algunos imputados en prisión reforzaron el papel de estas pruebas aportadas por Peñas como gran puntal del caso cuando todavía no había caso.

Peñas se sentó en el banquillo con sus antiguos colaboradores en 2017, en el juicio bautizado como 'Época I' acusado de más delitos que Aldama, pero también con números menos abultados en cuanto al botín y la magnitud de los amaños. Fue finalmente condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por un delito de organización criminal, otro de cohecho, dos de malversación, dos de falsedad documental y otro más de prevaricación. Llevó al Supremo su reclamación para tener una condena más baja y recibió la negativa de la Sala de lo Penal, que dos años después sí reconoció su papel “valiente” y apoyó el indulto parcial que le fue finalmente concedido en octubre de 2024. Un mes antes de que Aldama saliera de la cárcel.

Las dos condenas casi idénticas de Víctor de Aldama y José Luis Peñas vienen, por tanto, de lugares muy distintos y tienen futuros igual de diferentes. Peñas nunca entró en prisión provisional y la Audiencia Nacional suspendió la ejecución de su condena hasta que su condena de inhabilitación fue indultada, además de pagar una multa. Aldama tiene por delante una causa por fraude masivo en un entramado de hidrocarburos, además de otra en las diligencias originales del 'caso Koldo', ambas en la Audiencia Nacional.

La sentencia condenatoria del Supremo en el caso Ábalos destaca el “convencimiento [del Tribunal] de que la aportación realizada” por el empresario corrupto Víctor Aldama, jefe de la trama y penado con cuatro años y medio de cárcel, “al descubrimiento de los delitos merece la aplicación del artículo 82 del Código Penal”, por el que se suspende la ejecución de su castigo de prisión a cambio de que cumpla un año de servicios a la comunidad. Sin embargo, la supuesta aportación realizada por Aldama –su confesión voluntaria ante la Audiencia Nacional para salir de la cárcel por un grave caso de fraude fiscal y la posterior entrega de documentación al Supremo– apenas supuso novedades respecto a los delitos que la Guardia Civil había descubierto ya y tenía acreditados a través de numerosas pruebas tras más de dos años de investigación del caso.

Aldama hizo su confesión en noviembre de 2024, nueve meses después de que le detuvieran y el juez le imputara por las irregularidades descubiertas en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes en abril de 2020, durante lo peor de la pandemia. La supuesta aportación de Aldama al esclarecimiento de los delitos se produjo además un mes después de que ingresara en prisión por otra causa penal, un fraude fiscal multimillonario relacionado con el negocio de la venta de hidrocarburos. Para quedar en libertad en el caso Hidrocarburos, Aldama se dispuso a colaborar con la Justicia en el caso Mascarillas y confesó al juez que había entregado 250.000 euros a José Luis Ábalos y 100.000 euros más a su asesor Koldo García a cambio de que le adjudicasen un contrato multimillonario de mascarillas con el que ganó 3,7 millones de euros.

En la misma declaración sostuvo que había pagado al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, 25.000 euros por el amaño de obras públicas en el norte de España. Y que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, pidió conocerlo. Unos días más tarde, entregó en el Tribunal Supremo documentación que supuestamente acreditaba el amaño de obras en el Ministerio de Transportes a cambio del pago de comisiones ilegales, para lo que entregó un listado del presupuesto del departamento que no demostraba nada, y un papel manuscrito, supuestamente del asesor Koldo García, con datos sobre seis obras amañadas que Transportes cuestionó porque la mayoría no pertenecía al tiempo de Ábalos en el Ministerio.

Junto a ello, Aldama intentó desacreditar al ministro Ángel Víctor Torres, al asegurar y aportar documentación del alquiler de un piso para el uso de Ábalos y el propio Torres en compañía de prostitutas. Torres acreditó por su parte que en las horas del alquiler del piso él se encontraba en Canarias o volando a Madrid. Aldama también denunció el pago a Carlos Moreno, ex jefe de gabinete de la exministra de Hacienda María Jesús Montero, de 25.000 euros a cambio de conseguir el aplazamiento tributario de una deuda. El exjefe de gabinete declaró que nunca cobró nada del empresario corrupto. La sentencia sostiene que jamás se produjo ese aplazamiento.

El Supremo señala en la sentencia que Víctor de Aldama “decidió colaborar en la investigación, proporcionando datos fácticos relevantes a la misma, que han permitido su estudio y confirmación por la instrucción judicial”. El Tribunal defiende que Aldama “ha aportado a la causa documentación sobre viajes, ingresos económicos a los otros acusados y contratos de arrendamientos de inmuebles referenciados en los anteriores hechos, que han sido objeto de análisis y pericia para corroborar sus manifestaciones, reconociendo su participación en los hechos y afirmando las de los otros acusados”.

Nada salvo su autoinculpación

Víctor Aldama llegó a declarar en el juicio que “el número uno” de la trama era Pedro Sánchez, una denuncia sin pruebas que el fiscal jefe Anticorrupción consideró un “simple desahogo de Aldama”. Durante la investigación judicial, Aldama denunció en medios afines al PP –radios, televisiones y periódicos– todo tipo de corruptelas de ministros del Gobierno de Pedro Sánchez o de la esposa del presidente, que los tribunales archivaron por tratarse de bulos fácilmente contrastables. Además, Aldama aportó documentación del amaño de obras en el Ministerio de Transportes que ahora investiga la Audiencia Nacional en una causa donde figuran como imputados Ábalos, Koldo García, y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

La sentencia del Supremo considera probada la existencia de delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas al Ministerio de Transportes a través de Puertos del Estado y Adif; en la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos y su asesor Koldo García; en la contratación de dos mujeres, conocidas del exministro, en empresas públicas; en el pago del apartamiento durante dos años a una de ellas; en el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra para el disfrute del ministro a cambio de gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

Pero de todos estos delitos que el Supremo considera probados en su sentencia del caso Ábalos, Aldama no aportó nada relevante que la Guardia Civil no hubiera descubierto ya mucho antes, salvo su autoinculpación. Un mes y medio antes de la confesión del empresario corrupto, la UCO remitió al juez un informe de más de 200 páginas donde daba cuenta de las pruebas encontradas durante la investigación sobre todas estas cuestiones y algunas otras. El trabajo era fruto de “las intervenciones telefónicas, y el estudio documental y análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos durante las actuaciones llevadas a cabo los días 20 de febrero de 2024, 3 y 4 de marzo de 2024”.

Lo que sigue resume solo algunas de las numerosas pruebas que la Guardia Civil había reunido sobre los delitos investigados:

Aldama, jefe de la organización criminal. “Como jefe de la organización criminal, Aldama sostiene una estructura financiera y societaria, tanto nacional como internacional que ha ido mutando con el paso del tiempo. Mantiene bajo sus directrices al resto de socios detenidos con él a quienes emplea para múltiples tareas, siendo las más relevantes a los efectos de este, la gestión, localización y entregas de dinero en efectivo a Koldo García de manera directa, o a través de su hermano Joseba García, así como la materialización de las oportunidades de negocio conseguidas por la organización criminal”.

Otras contraprestaciones a Ábalos y los pagos a Koldo García: 10.000 euros al mes. Koldo García habría percibido contraprestaciones económicas, que esta Unidad ya adelantaba en el atestado de fecha 22 de febrero de 2024, donde se reflejaban indicios de pagos en metálico, dimanantes de Aldama, de manera mensual, y por valor de 10.000 euros, a una persona apodada 'K' y que se lograba identificar con Koldo. Estos pagos tendrían como principal razón de ser, mantener el acceso de Aldama tanto a Koldo como a José Luis Ábalos en beneficio propio y de terceros directamente relacionados con el propio Aldama. De este modo, los pagos de efectivo, fueron acompañados de otras contraprestaciones también a Ábalos“. ”En el lapso temporal en el que Ábalos y Koldo permanecen en el Ministerio, se localiza la primera retribución que Aldama habría pagado a Koldo ya en octubre de 2019. Posteriormente, se han obtenido evidencias de que en febrero de 2022 Aldama consideraba estas retribuciones como periódicas y por valor de 10.000 euros. A la luz de estas evidencias, se apreciaría la posible existencia de una relación causa-efecto entre las labores realizadas por Aldama en el seno del Ministerio, buscando favorecer a personas de su interés, y la recurrencia de pagos en efectivo a Koldo. Se aprecia, por tanto, que la dinámica habitual sería realizar pagos fijos y mensuales, en unión de otros extraordinarios“.

El contrato de las mascarillas que enriqueció a Víctor Aldama. “La selección de la empresa Soluciones de Gestión como adjudicataria de los contratos habría partido de Aldama y algún alto cargo del Ministerio de Transportes, con la permanente mediación de Koldo García. En este sentido, se ha localizado una conversación entre Aldama y un tercero donde, inmediatamente después de que Soluciones de Gestión resultara adjudicataria de los contratos de material sanitario objeto de investigación, y en un contexto marcado por la relación estrecha entre Aldama y Koldo-Ábalos, el primero solicitaba dinero en metálico para ”seguir alimentando la máquina (...) Aldama tenía la información proveniente de la Administración, como él mismo reconoce, sobre la necesidad de realizar una contratación con carácter de urgencia, y de ella se valió para proveer de material sanitario a través de Soluciones de Gestión a varios entes dependientes del Ministerio de Transportes, al igual que a otras administraciones. Este conocimiento privilegiado de la información, y el consecuente aseguramiento de la contratación, le reportó un beneficio económico de unos 6,6 millones de euros“.

Regalo/soborno con el chalé de La Alcaidesa. “Koldo habría sido encargado de realizar la selección del inmueble con los criterios recibidos de parte de Ábalos, y conviene detenerse en el siguiente anuncio de los cuatro que le envía, ya que es el que finalmente resulta adquirido por Aldama y empleado por Ábalos”. “Aldama, durante el mes de marzo, vuelve a encomendar a Corvillo que contacte con una nueva persona de nombre Claudio, vinculado a Villafuel. Es conocido por esta instrucción que Claudio Rivas se encontraría vinculado presuntamente, al igual que Aldama, a una organización criminal dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos”. “Hay que retrotraerse nuevamente a diciembre de 2020. Entre los días 24 y 28 de ese mes, mientras se resolvía la selección del chalet, se gestó una entrevista ante el Director de Gabinete del Ministerio de Industria a la que acudirían Claudio Rivas, Carmen Pano y tres personas más. Esta entrevista, que finalmente tendría lugar el 14 de enero de 2021, fue promovida y orquestada por Aldama, quien les puso en manos de Koldo para que fueran recibidos por el referido Director de Gabinete (...) La importancia de este mensaje radica en que el día 1 de junio de Have Got Time abona la parte restante del dinero necesario para adquirir la casa de La Alcaidesa. De acuerdo con la escritura de compraventa de este inmueble, esta sociedad ubicada en la esfera de control de Aldama, abonó 526.500 euros. Esta empresa compradora, Have Got Time, es titulada por Leonor María González Pano, hija de Carmen Pano, quien conviene recordar que fue una de las personas que fue introducida por Aldama, a través de Koldo, al Director del Gabinete del Ministro de Industria para poder obtener la condición de operadora para Villafuel”.

El enchufe de la pareja sentimental de Ábalos y el alquiler de un apartamento. “Se han analizado las conversaciones adyacentes de Koldo y Aldama en esos días, y se ha podido identificar y contextualizar tanto a Jésica como a Alberto. El referido Alberto resulta ser Luis Alberto Escolano Martín, a la sazón también detenido en las presentes diligencias previas como presunto testaferro de Aldama. Jésica se correspondería con Jésica Rodríguez, quien mantendría una relación particular con Ábalos. Koldo recibe el día 23 de febrero de 2021 recibe un pantallazo de Ábalos de una conversación mantenida con Jésica, en la que ella le recuerda que su contrato laboral expira en unos días. Koldo, conocedor de la circunstancia le responde que ”hay que pasar a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses“ y Ábalos le contesta: ”Díselo“, todo ello en referencia al contrato que tenía en vigor Jésica como auxiliar administrativa para Ineco, empresa de ingeniería dependiente del Ministerio de Transportes (...) Jésica se encontraba residiendo en una vivienda sita en la Plaza de España nº18, Edificio Torre de Madrid apartamento 11-03, por lo que se toma nuevamente en consideración la reclamación que reenvía Koldo a Aldama para que un tal Alberto abone un alquiler. La persona que envía originalmente ese mensaje a Koldo fue Jésica, buscando que Escolano abonara el alquiler del inmueble de Plaza de España, 18. Pero lo que resulta verdaderamente esclarecedor, es que Koldo le remita a Aldama la reclamación efectuada por Jésica del pago del alquiler, evidenciando que sería este último el responsable de afrontar el pago del mismo”.

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso mascarillas ha convertido al exdirigente socialista José Luis Ábalos en el ministro que mayor condena ha recibido en la historia de la democracia española. La Sala de lo Penal ha condenado a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a 19 años y ocho meses a su exasesor Koldo García y a 4 años y medio al comisionista Víctor de Aldama por mordidas en contratos de mascarillas en plena pandemia. Aldama logrará evitar la cárcel, al considerar el Supremo que su aportación como delator ha sido “muy decisiva”.

Estos son algunos hechos probados según la sentencia:

Los contratos de mascarillas

La sentencia concluye que hubo ilegalidades en la adjudicación de hasta 13 millones de euros en contratos de suministros de mascarillas salidos de Puertos del Estado y ADIF a Soluciones de Gestión, una empresa vinculada a Aldama, quien se lucró con comisiones que a su vez entregó a los otros dos acusados. Los jueces apuntan al conocimiento previo que tenían desde la empresa adjudicataria de los detalles “antes incluso de que los responsables del propio órgano de contratación tuviesen conocimiento de la operación”.

La sentencia afirma que Aldama canalizó las comisiones percibidas a través de dos sociedades por un importe de 6,6 millones de euros; y que Ábalos y su exasesor le pidieron 2 millones y 500.000 euros, respectivamente, que el comisionista incluyó en sus previsiones de gastos. El empresario, que según el Ministerio Público obtuvo un beneficio con la venta de mascarillas de 3,7 millones de euros, no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.

Pisos y 10.000 euros para los “gastos fijos” de Ábalos

Por las gestiones y contratos a su favor, Aldama abonó 10.000 euros al mes a Ábalos y Koldo García desde octubre de 2019 hasta junio de 2022 en concepto de “gastos fijos” del exministro. En total, fueron 340.000 euros mensuales (10.000 por 34 meses) del 'sueldo' para Ábalos.

A esa “dádiva” se sumó el abono del alquiler del apartamento de lujo de Jésica Rodríguez en Plaza de España y el contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana. Aldama había explicado que ese piso era una suerte de seguro que ofrecía al ministro como prueba de que cobraría futuras comisiones.

La sentencia apunta a que con el piso de la Plaza de España que la trama alquiló a Rodríguez tenía la “finalidad de cohesión de la organización”. Así, por el piso situado en la Torre de Madrid se pagó una renta , por importe de 2.700 euros mensuales, que “se abonó desde el mes de marzo de 2019 hasta septiembre de 2021, junto a las subidas anuales, alcanzando un total de 82.295 euros”.

Con respecto al piso del Paseo de la Castellana, los magistrados del Supremo consideran que “con el propósito de garantizar a José Luis Ábalos la percepción de las comisiones ilícitas, que habrían de satisfacer diferentes empresas, por la adjudicación de obra pública licitada en el Ministerio de Transportes, en favor de los intereses personales de Víctor de Aldama y de las empresas que este promovía”, en abril de 2019 el exministro firmó un contrato de alquiler con Aldama para poder vivir en uno de los pisos del empresario situado en el Paseo de la Castellana de Madrid.

La sentencia señala que Ábalos “no ocupó el inmueble ni, en consecuencia, satisfizo renta alguna, pues nunca fue esa la pretensión de los contratantes”. “El contrato encubría, como negocio jurídico real, una fiducia de garantía de un crédito que José Luis Ábalos tenía al cobro de unas comisiones ilegales; de tal manera que, mientras subsistiera la obligación, el acreedor mantenía la propiedad fiduciaria de la cosa (en este caso, la ventajosa opción de compra) y, una vez extinguida la deuda (el pago de las comisiones), se hacía exigible su obligación de restituir la propiedad”, sentencian los magistrados del Supremo.

La contratación de Claudia Montes

Entre los enchufes que el tribunal considera probados están los de Claudia Montes y Jésiica Rodríguez que, según la sentencia, fueron dos mujeres que tuvieron algún tipo de relación personal con Ábalos. Respecto a Montes, el Supremo señala que “fruto” de su relación con el ministro, en 2019 este “escribió un mensaje a Koldo García sugiriéndole la contratación de Claudia Montes ‘en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas’”. Siempre según la sentencia, su asesor contestó: “Sí. Lo arreglo”. Los magistrados dan por probado que después de que la mujer enviara a Koldo García su currículum este lo remitió al presidente de Renfe “con el fin de respaldar su contratación”.

“El día 16 de diciembre de ese mismo año, Claudia Montes fue contratada por Logirail, sociedad mercantil estatal proveedora de servicios logísticos de Renfe Mercancías, perteneciente al Grupo RENFE, entidad pública empresarial, dependiente del entonces denominado Ministerio de Fomento, extendiéndose su relación laboral con Logirail entre ese día y el 17 de febrero de 2022, actividad por la que percibía un salario líquido total de 1.384,99 euros mensuales”, sentencian.

Sueldo para Jésica Rodríguez sin hacer “ninguna actividad laboral”

Respecto a Jésica Rodríguez, la sentencia da por probado que Ábalos, “aprovechándose de la privilegiada situación por su condición de ministro concibió y desarrolló un plan de actuación, consistente en desplegar toda su influencia para que ella fuera contratada por alguna empresa pública integrada en la estructura del Ministerio o que prestara sus servicios a alguna de estas con la finalidad de que percibiera un sueldo sin que tuviera que desempeñar, como contraprestación, ninguna actividad laboral”.

En esta ocasión, Ábalos se ayudó de Koldo García “como solía”, según recoge el fallo. En primer lugar, García le habría encontrado el trabajo y después se habría encargado de “eludiera o sorteara” los controles y no tuviera que acudir a su puesto. La sentencia deja claro que Koldo García implicó en los hechos a Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif entonces, pero que ella es “no juzgada en esta causa”. “Se decidió que la empresa contratante sería la sociedad estatal de Ingeniería y Consultoría (INECO)”, dependiente de Adif. Cuando acabó el contrato con Ineco, Koldo García volvió a recurrir a Pardo de Vera para que fuera contratada en otra empresa pública, Tragsa.

Una nota de prensa para tranquilizar a los acreedores

La sentencia también se refiere a las gestiones que hizo la trama en torno al rescate de 475 millones de euros del Gobierno a Air Europa en la pandemia. El empresario Víctor de Aldama, que en esas fechas asesoraba a la aerolínea, consiguió que Ábalos presionara al secretario de Estado de Infraestructuras para que sacara una nota de prensa anunciando el rescate y así “tranquilizar a los acreedores”.

A cambio de esta nota de prensa, el Supremo considera que se gestionó el alquiler de una vivienda en Marbella para que Ábalos y su familia pasaran unas vacaciones gratis en agosto de 2020.

Una “organización criminal” con “vocación de permanencia”

Los tres condenados articularon una organización criminal, con vocación de permanencia, que se aprovechaba de la influencia de Ábalos como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE para actuar en varias esferas, y que empezó a debilitarse al salir éste y su asesor del Ministerio.

Cada uno tenía un rol diferenciado. Ábalos era considerado el jefe y usaba su influencia para favorecer contratos públicos a empresas captadas por Aldama, a cambio de un beneficio económico del que todos participaban.

Koldo García era su “hombre de confianza”, hacía gestiones personales para influir en adjudicaciones, arregló enchufes en empresas públicas y gestionaba y reclamaba mordidas. Víctor de Aldama captaba empresas y pagaba comisiones.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado su “respeto” a la Justicia tras conocerse la sentencia que impone 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como caso Mascarillas de corrupción.

“Lo que siempre hemos dicho cuando hay un fallo judicial, en este caso del Tribunal Supremo, respeto a la Justicia, que se hagan las investigaciones pertinentes y no tenemos nada que decir”, ha dicho Torres en Teror (Gran Canaria).

“Lógicamente están los derechos de las personas y aquí hay un fallo del Tribunal Supremo”, ha manifestado el ministro en relación a la sentencia del Tribunal Supremo de 24 años y 3 meses de prisión al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos por cobrar mordidas en la compra de mascarillas en pandemia y la contratación irregular de mujeres en empresas públicas.

El Tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama.

En el caso del empresario, según el Ministerio Público, obtuvo un beneficio con la venta de mascarillas de 3,7 millones de euros, pero no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.

Víctor de Aldama no solo se libra de entrar en prisión. También se queda con la mayor parte del botín.

Los hechos probados de la sentencia del Supremo dan por cierto que Aldama cobró 3,7 millones de euros de comisión en la venta de unas mascarillas que colocó al Ministerio de Transportes. En total, entre ese y otros contratos de mascarillas durante la pandemia, se llevó 6,6 millones de euros. 

De todo ese dinero, Aldama apenas entregó una propina a sus compinches, José Luis Ábalos y Koldo García: 430.298 euros en total, entre el alquiler del piso para la novia de Ábalos, unos meses de chalet en Marbella para el ministro y los sobres de 10.000 euros al mes que recogió Koldo durante casi tres años. 

Ábalos se pudrirá en prisión. Le han caído 24 años de cárcel. Por ponerlo en contexto: es más que la sentencia a los violadores de la Manada (15 años) y algo menos que la del corrupto Luis Bárcenas (29 años) o el golpista Tejero (30 años).

Con Koldo tampoco ha habido piedad: le caen 19,5 años de cárcel.

¿Y Aldama? Formalmente son 4 años y medio. Pero el Supremo suspende su entrada en prisión por su “colaboración con la Justicia”. En cuanto al dinero, según establece la sentencia, solo tendrá que pagar un tercio de los 430.298 que repartió con Ábalos y Koldo (los otros dos tercios los pagarán el exministro y su asesor). Poco más de 143.000 euros. 

La cuenta es fácil: Aldama cobró 3,7 millones de euros por las mascarillas. Entre el cohecho a sus socios y la multita del Supremo, se quedará con 3,1 millones de euros. Es increíble, pero es así.

Es inédito que un corrupto de esta dimensión acabe pillado, sentenciado, pero que se quede con el botín. Es enorme el contraste entre la durísima condena contra Ábalos y Koldo y la impunidad para su corruptor. 

Es inédito, porque esta colaboración de la Justicia fue a posteriori. Ya les habían pillado. La confesión de Aldama solo llegó cuando la investigación judicial ya estaba en marcha y la mayor parte de las pruebas contra Koldo y Ábalos ya estaban en manos de la UCO, como confirmó el propio teniente coronel Antonio Balas durante el juicio. Aldama confesó para salir de prisión –en otra causa, además, la de hidrocarburos– y cuando ya no tenía escapatoria.

Es inédito, porque está acreditado que Aldama miente: que buena parte de las cosas que ha dicho en su “colaboración con la Justicia” –como esas cuentas en República Dominicana que se supone tiene Begoña Gómez– son una pura ficción. Incluso esta sentencia del Supremo no da plena credibilidad a sus palabras. Aldama dice que pagó dos millones de euros a Ábalos y otro medio millón a Koldo por el pelotazo de las mascarillas, pero la sentencia no lo asume como cierto.

Y es inédito porque no hay precedentes en el Supremo de un premio así por colaborar con la Justicia en un caso de corrupción. Especialmente en estas circunstancias: cuando el delito ya estaba bajo investigación. 

En el caso Gürtel sí hubo una persona que colaboró con la justicia de forma contraria a sus intereses y desde el primer momento: José Luis Peñas. Conocimos ese gravísimo caso de corrupción gracias a sus grabaciones de Francisco Correa, unas pruebas que entregó a la Justicia cuando aún no había ninguna investigación en marcha.

A pesar de esa colaboración, Peñas fue condenado a una pena incluso mayor que la de Aldama: 4 años y 9 meses de cárcel. No entró en prisión y fue después indultado por el Gobierno. 

En ese mismo caso de corrupción, la persona más parecida a Aldama era otra: el propio Francisco Correa. Él también intentó llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de su confesión cuando la causa estaba ya en marcha. Con menos éxito.

Para lograr ese acuerdo, Correa entregó un documento por escrito a la Fiscalía, una confesión que desvelamos en elDiario.es. Allí aseguraba que el origen de su fortuna eran las comisiones del 3% por la obra pública del Gobierno de Aznar y se ofrecía a tirar de la manta. La Fiscalía despreció esa oferta y no quiso pactar ninguna rebaja de condena para él.

Eran otros tiempos, al parecer.

El empresario Víctor de Aldama no solo no tendrá que entrar en prisión después de ser condenado por el Tribunal Supremo a más de cuatro años de cárcel sino que, además, no deberá afrontar la multa de 3,7 millones de euros que pedía en su escrito de acusación la Fiscalía Anticorrupción por haberse hecho, gracias a información privilegiada, con las adjudicaciones de mascarillas.

De hecho, el comisionista, que logró una rebaja sustancial de la pena gracias a su colaboración en el esclarecimiento de los hechos, no debe abonar responsabilidad civil alguna, y el Alto Tribunal sólo le condena solidariamente al decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho por un importe total de 430.298 euros. También hará frente a dos multas que juntas llegan a los 72.000 euros por los delitos de organización criminal y cohecho.

Aldama ha sido condenado finalmente por esos dos delitos pero no por el de aprovechamiento de información privilegiada, que es en el que el Ministerio Público y las acusaciones solicitaban esa multa equivalente a la cuantía de la comisión. Los magistrados indican que en realidad “dada la situación de la pandemia y la necesidad notoria de mascarillas, era obvia su urgencia y que la licitación sería inminente”.

No obstante, la resolución indica que en ese contexto de pandemia “los tres acusados, de mutuo acuerdo, ante la necesidad de compra de material sanitario, en coordinada actuación, utilizaron su ascendencia para que la empresa Soluciones de Gestión, mercantil vinculada a Víctor de Aldama, resultara adjudicataria de dos contratos de suministro de mascarillas licitados por dos entes dependientes del propio Ministerio: Puertos del Estado y ADIF”. “De Aldama se lucraba, a través de las comisiones concertadas con Soluciones de Gestión, y con cargo a las mismas, de ese importe, pactaron que una parte la entregaría Víctor de Aldama a los otros dos acusados”, recuerda la sentencia.

Según el relato de hechos, la primera compra se concretó el 20 de marzo por medio de una orden ministerial firmada por Ábalos y publicada al día siguiente en la que se disponía la adquisición de 8.000.000 de mascarillas si bien con la finalidad de ser adjudicada a Soluciones de Gestión. Cuatro días antes de la publicación de la orden ministerial, Soluciones de Gestión firmó con la sociedad Comercial Cueto 92 SL un acuerdo de prestación de servicios y colaboración para la contratación y suministro de mascarillas. El 21 de marzo de 2020, la presidencia de Puertos del Estado adjudicó el contrato a la empresa de la trama por un importe de 20.000.000 de euros (2,5 euros por mascarilla).

Días después, relata la sentencia, se concretó una segunda compra centralizada de 5 millones de mascarillas a través del ente empresarial público, dependiente del Ministerio, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Esa empresa pública acordó la compra por valor de 12,5 millones de euros.

Los magistrados cifran la comisión de Aldama por la compra de Puertos del Estado y Adif en 3,7 millones de euros. Utilizó para el cobro dos sociedades, MTM 180 y Deluxe Fortune. Advierte de que esa cifra no es la global que pudo obtener el comisionista por todas sus operaciones de mascarillas porque si se incluye lo que se llevó por el suministro al Ministerio del Interior (que no es objeto de acusación), así como el negocio con el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Illes Balears (que se investigan en la Audiencia Nacional) los beneficios llegan a los 6,6 millones de euros.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad condenar a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como 'caso Mascarillas' de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama. El empresario, que según el Ministerio Público obtuvo un beneficio con la venta de mascarillas de 3,7 millones de euros, no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.

La durísima sentencia del Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes y exnúmero dos del PSOE, José Luis Ábalos, dedica cuatro páginas a justificar las razones que han llevado a la sala a suspender la aplicación de la condena de cuatro años y medio de prisión impuesta a Víctor Aldama, quién fue, según la investigación de la Guardia Civil, jefe de la organización criminal y nexo corruptor. Aldama deberá pagar junto a Ábalos y Koldo las cantidades (431.000 euros) que supuestamente desembolsó para sobornar a quienes le iban a facilitar un negocio multimillonario en el ministerio de Transportes.

La supuesta colaboración de Aldama en el esclarecimiento de los hechos, por su confesión y la aportación de diversa documentación, es el motivo de este trato de favor del Supremo a la persona que corrompió a Ábalos y que logró contratos multimillonarios de distintas administraciones públicas, con los que ganó más de seis millones de euros. El Supremo acuerda la suspensión de la aplicación de la pena “en el convencimiento de que la aportación realizada al descubrimiento de los delitos merece la aplicación del artículo 82 del Código Penal”. El Supremo recuerda que la suspensión de penas “constituye un instrumento decisivo de ajuste de la respuesta penal a las necesidades concretas de prevención especial cuando se trata de penas de corta duración (…) La cuantía de las penas individuales impuestas por cada delito, al no superar ninguna los dos años de prisión, abre la vía a la suspensión extraordinaria”.

Y cita la jurisprudencia de este mismo órgano para señalar “la necesidad de evitar en ciertos casos el cumplimiento de penas cortas privativas de libertad por aquellos condenados que presenten un pronóstico favorable de no cometer delitos en el futuro, dado que en tales supuestos no solo la ejecución de una pena de tan breve duración impediría alcanzar resultados positivos en materia de resocialización readaptación social del penado, sino que ni siquiera estaría justificada dada su falta de necesidad desde un punto de vista preventivo”.

El Supremo da por sentado el “pronóstico favorable a Aldama de no cometer delitos en el futuro, aunque durante la instrucción de este caso, el empresario corrupto se ha paseado por los medios de comunicación denunciando múltiples corruptelas del Gobierno que se acreditaron falsas y basadas en bulos groseros”. Durante el juicio oral repitió en algunos casos esta conducta que el fiscal jefe Anticorrupción calificó de simple “desahogo”. Sin embargo, el tribunal sentenciador insiste en que no identifica en este caso “razones relacionadas con la trayectoria criminal del acusado u óbices legales que impidan conceder la suspensión extraordinaria”.

Afirma que no es “un perdón judicial”

La sentencia intenta explicar por qué la suspensión de la pena no es “un perdón judicial”. “Cabe precisar que la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad no es, ni mucho menos, un mecanismo vacío de todo contenido retributivo, como si se tratara de una suerte de perdón judicial. La suspensión es una fórmula de ejecución de la pena fijada en la sentencia con efectos extintivos de la responsabilidad criminal equivalentes al cumplimiento específico. El instituto de la suspensión se acompaña de un marco de condiciones que hacen patente, por un lado, que la suspensión no supone, ni mucho menos, que desaparezca la desaprobación por el delito cometido y, por otro, busquen asegurar o, al menos, promover que el delincuente ajuste su vida a los mandatos normativos que permiten la convivencia social en paz y libertad (…) no reducen la gravedad de los delitos cometidos contra los intereses generales ni disculpan, por tanto, de la obligación de establecer un riguroso marco suspensivo de ejecución de las penas impuestas que responda a los fines que justifican la propia suspensión”.

El Supremo impone a Aldama un año de servicios para la comunidad con lo que parecen cumplir con la condición que la ley impone a las suspensiones de ejecución de penas. “Esta prestación”, explica, “adquiere, atendido el marco de producción y la naturaleza de los delitos cometidos, una significativa carga simbólica de reparación”. Y añade: “En efecto, Víctor de Aldama ha realizado conductas de corrupción a autoridades y funcionarios públicos lesionando, de esta manera, bienes jurídicos colectivos de máxima relevancia constitucional. Su no ingreso en prisión por aplicación de fórmulas de atenuación con el fundamento legal expuesto, no disculpa, sin embargo, que, como razón de merecimiento de la suspensión de las penas privativas de libertad, desarrolle prestaciones al servicio de fines públicos que, de manera simbólica, reparen el mal causado a la sociedad española”.

La mesa de la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Canarias durante la pandemia de COVID-19 ha acordado este jueves remitir a los grupos parlamentarios el informe de la ponencia, ya aprobado, y abrir el periodo de enmiendas.

Según han informado a EFE fuentes parlamentarias, una vez los grupos políticos reciben ese informe cuentan con diez días para presentar enmiendas, con un plazo que vence el 11 de junio.

Una vez presentadas las enmiendas, si las hubiere, se volverá a reunir la mesa el próximo 12 de junio para calificarlas y, una vez hecho el trámite, convocar una nueva reunión de la comisión de investigación.

Tras ese trámite, y sin que se prevea que haya más prórrogas, una vez que el informe de la ponencia sea público, el documento entrará en su fase final, su remisión al pleno de la Cámara, algo que se espera que ocurra a finales de junio o a lo largo del mes de julio.

El pasado mes de marzo, la comisión había vuelto a prorrogar el plazo para elaborar el informe, en la que había sido el cuarto aplazamiento de ese tipo, que se hizo, según relataron a EFE las mismas fuentes, con el objetivo de dar más tiempo a los grupos parlamentarios para la elaboración del dictamen y analizar las propuestas de resolución.

El Servicio Canario de la Salud (SCS) adjudicó en 2020 a la empresa RR7, propiedad de Rayco Rubén González y dedicada a la venta de coches, un contrato de cuatro millones de euros para suministrar un millón de mascarillas FFP3 que no fueron entregadas.

Rayco González está imputado por presuntos delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales, ya que la Fiscalía sostiene que consiguió el contrato por sus vínculos a través de amigos en común con el entonces director del SCS, Conrado Domínguez.

La investigación del caso ha sido asumida por la Fiscalía Europea, al considerar que podrían haberse utilizado fondos de la Unión Europea.

Además de Rayco González están investigados el exdirector del SCS, Conrado Domínguez, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y la exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez, por prevaricación en la tramitación del expediente de compra.

El PSOE ha solicitado la necesaria “licencia” a la sala sentenciadora del Tribunal Supremo que juzgó el caso Mascarillas para presentar una querella contra el comisionista Víctor Aldama, supuesto jefe de la trama corrupta que mantiene en prisión al exministro José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García. Los servicios jurídicos del PSOE recuerdan en el escrito que han registrado ante el Supremo que ya solicitaron la misma licencia al magistrado Leopoldo Puente durante la investigación del caso tras conocer las declaraciones de Aldama en esa fase.

El instructor no concedió la licencia y respondió que solo podrían iniciar ese trámite una vez concluido el juicio. Ahora, el PSOE vuelve a solicitar permiso para querellarse tras considerar que “han resultado evidentes las falsedades manifestadas por Víctor Gonzalo de Aldama”. “Lejos de rectificar sus falsedades, injuriosas y calumniosas, contra este Partido Socialista Obrero Español, y algunos de sus representantes, las ratificó y amplificó, realizando gravísimas acusaciones, que aún realizadas en su derecho de defensa, no dejan de ser absolutamente reprochables de la forma más contundente, mediante la correspondiente querella por delitos de injurias y calumnias, en defensa de nuestro honor, cuando, a mayor abundamiento, todo ello ha sido manifestado sin aportar una sola prueba que las sustente ante ese Tribunal, más que su testimonio, después de que haya pasado más de año y medio desde iniciar su campaña difamadora”, señala el PSOE en su escrito.

Aldama aseguró ante los siete magistrados de la Sala de lo Penal que el jefe de la trama corrupta de la que él mismo formaba parte era Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, según interpretó de las conversaciones que mantuvo con Koldo García. También confesó Aldama que trabajó como intermediario en el cobro de mordidas a cambio del amaño de obras y que el dinero recaudado iba en parte a financiar ilegalmente al PSOE.

Los servicios jurídicos de este partido sostiene que esas declaraciones y otras parecidas “han atentado gravemente contra el honor de importantes miembros del Gobierno y del partido, así como directamente del PSOE, siendo claramente perjudicado”. El PSOE sostiene que lo manifestado por Aldama en fase de instrucción y durante el juicio celebrado en el Supremo “es absolutamente falso; algo que, en cierta manera, ha venido a reconocer el mismo investigado, al parecer en sus propias declaraciones señalando que carece de prueba alguna de ello, y por tanto, sin virtualidad alguna en su defensa dentro del citado procedimiento, y por tanto, respondiendo a otros intereses espurios y al margen del procedimiento”.

El escrito recuerda que el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal “contemplan expresamente que los delitos de injurias y calumnias que se pudieran cometer en el seno de un procedimiento puedan ser perseguidos previa licencia del órgano judicial en el que se han producido”, motivo por el que piden al Supremo “la preceptiva licencia para la interposición de querella por estos hechos”, para lo que entregan al tribunal una copia de las declaraciones efectuadas por Aldama el 16 de diciembre de 2024 en fase de instrucción y el 29 de abril de 2026 en la vista oral del juicio.

La Fiscalía Anticorrupción pidió siete años de cárcel para Aldama aunque consideró “posible” rebajar esa pena, como pedía el abogado del PP que dirigía la acusación popular, apreciando una atenuante muy cualificada en su confesión del delito y en la supuesta colaboración “esencial” con la Justicia para aclarar los hechos.

Víctor Aldama, el jefe de la trama corrupta que colonizó el Ministerio de Transportes y ensució para siempre al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, ambos en prisión a la espera de sentencia, sigue enredado en la espiral de las mentiras para tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez.

El último bulo, al que se ha enganchado el PP como a un clavo ardiendo, tiene que ver con una mentira anterior que Aldama lanzó en una de las cadenas de televisión asociadas a las patrañas del empresario corrupto contra el Ejecutivo. Aldama dio a entender en Telemadrid, en una entrevista concedida en enero de 2026, que le encarcelaron en octubre de 2024 por el caso hidrocarburos porque no accedió al intento de soborno del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quién llamó supuestamente a su portavoz, Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero a cambio del silencio del empresario.

La contratación de Bermejo por parte de Aldama es a finales de noviembre de 2024, un mes después de la supuesta llamada de Bolaños. Un intento de soborno del que Aldama hablaba por primera vez más de un año después de que, supuestamente, se produjera. Y sin ofrecer prueba alguna, pero que provocó el escándalo de los periodistas que le jaleaban en la tertulia.

Durante el juicio en el Supremo, donde la Fiscalía Anticorrupción le pide siete años de cárcel con posibilidad de una rebaja sustancial por su supuesta colaboración esencial con la Justicia, Aldama presumió de que ningún dirigente socialista le había demandado por sus acusaciones. Un día después, Bolaños presentó la denuncia: “No conozco ni he hablado nunca, ni tengo ni he tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación que, según manifiesta el señor Aldama, se llama Ramón Bermejo. Mi relación personal es total y absolutamente inexistente, nunca he mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con el señor Aldama ni con el señor Bermejo, ni vinculada a las declaraciones del demandado, ni relacionada con ningún otro asunto. Es más, ni siquiera tengo sus números de teléfono”.

Bermejo, que según ese relato le contó a Aldama el intento de soborno, facilitó a El Debate información de hasta 15 llamadas de teléfono supuestamente con origen o destino en algún departamento del complejo de la Moncloa, sin aclarar su contenido o siquiera la persona con la que habló, pero sí las fechas en las que se produjeron esas supuestas comunicaciones comprometedoras: entre el 25 de junio y el 27 de agosto de 2024.

Aldama agradeció el nuevo bulo: “Señor Bolaños, una vez más parece que no MIENTO!”. Y el PP se lanzó en tromba a publicitarlo para acusar de nuevo al Gobierno sin pruebas.

Resulta que en el periodo de las supuestas llamadas (junio a agosto de 2024), Aldama no había dado señales de querer colaborar con la Justicia para denunciar comportamientos corruptos de dirigentes socialistas. Más bien al contrario. Llevaba imputado en el caso de las mascarillas desde febrero de 2024 sin hacer amago de confesión ante el juez instructor o en los medios de comunicación a los que luego se abonó para lanzar sus acusaciones.

¿Cómo podía el PSOE ofrecer dinero a cambio de silencio sin saber que Aldama tenía una manta y pretendía tirar de ella?

En aquellas fechas, el PSOE ya había despedido a Ábalos (febrero de 2024), pese a que no estaba imputado todavía en la causa. El exministro rechazó dejar el escaño y se pasó al grupo mixto.

El empresario corrupto solo delató a sus socios de la supuesta organización criminal en el Ministerio de Transportes cuando le encarcelaron por otra trama de delincuencia relacionada con el negocio de hidrocarburos.

Cuando salió en libertad (21 de noviembre de 2024) tras aceptar confesar su culpa y el pago de comisiones ilegales en el caso de las mascarillas, amenazó públicamente al Gobierno de Pedro Sánchez con revelar nuevas corruptelas. En ese momento, noviembre de 2024, ya declaró Aldama que no conocía de nada ni a Bolaños, ni al ministro Óscar López, y se lamentaba de que estos dirigentes socialistas le criticaran. “Es duro ver que hay gente como el señor Bolaños o el señor Óscar López que no les había mencionado en ningún momento y que no me conocen de nada, que hablan de mí de oídas o porque esta gente siempre que habla de alguien, habla sin informarse. No es la primera vez que cometen errores hablando y luego se demuestra que es mentira o que lo que dicen no es tal cual”. No parece que entonces supiera que Bolaños estaba intentando sobornarle. Y eso pese a que fue en esos días de noviembre de 2024 cuando supuestamente contrató como portavoz a Bermejo para que le paseara por radios y televisiones esparciendo todo tipo de acusaciones sin pruebas. Bermejo no le dijo nada o, si se lo dijo, dejó que pasaran 14 meses para denunciarlo.

En el periodo de los contactos comprometedores (junio a agosto de 2024) entre Bermejo y algún departamento de Moncloa, el corrupto Aldama no había contratado como portavoz a ese profesional de los medios de comunicación que, según indican fuentes del Gobierno, llamó de manera insistente a departamentos que nada tenían que ver con Bolaños para ofrecer supuesta información que nadie atendió. Ni rastro de un supuesto soborno de Bolaños a Aldama y múltiples pruebas de un nuevo bulo del “colaborador esencial de la justicia” que sigue en libertad a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo.