La mesa de la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Canarias durante la pandemia de COVID-19 ha acordado este jueves remitir a los grupos parlamentarios el informe de la ponencia, ya aprobado, y abrir el periodo de enmiendas.

Según han informado a EFE fuentes parlamentarias, una vez los grupos políticos reciben ese informe cuentan con diez días para presentar enmiendas, con un plazo que vence el 11 de junio.

Una vez presentadas las enmiendas, si las hubiere, se volverá a reunir la mesa el próximo 12 de junio para calificarlas y, una vez hecho el trámite, convocar una nueva reunión de la comisión de investigación.

Tras ese trámite, y sin que se prevea que haya más prórrogas, una vez que el informe de la ponencia sea público, el documento entrará en su fase final, su remisión al pleno de la Cámara, algo que se espera que ocurra a finales de junio o a lo largo del mes de julio.

El pasado mes de marzo, la comisión había vuelto a prorrogar el plazo para elaborar el informe, en la que había sido el cuarto aplazamiento de ese tipo, que se hizo, según relataron a EFE las mismas fuentes, con el objetivo de dar más tiempo a los grupos parlamentarios para la elaboración del dictamen y analizar las propuestas de resolución.

El Servicio Canario de la Salud (SCS) adjudicó en 2020 a la empresa RR7, propiedad de Rayco Rubén González y dedicada a la venta de coches, un contrato de cuatro millones de euros para suministrar un millón de mascarillas FFP3 que no fueron entregadas.

Rayco González está imputado por presuntos delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales, ya que la Fiscalía sostiene que consiguió el contrato por sus vínculos a través de amigos en común con el entonces director del SCS, Conrado Domínguez.

La investigación del caso ha sido asumida por la Fiscalía Europea, al considerar que podrían haberse utilizado fondos de la Unión Europea.

Además de Rayco González están investigados el exdirector del SCS, Conrado Domínguez, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y la exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez, por prevaricación en la tramitación del expediente de compra.

El PSOE ha solicitado la necesaria “licencia” a la sala sentenciadora del Tribunal Supremo que juzgó el caso Mascarillas para presentar una querella contra el comisionista Víctor Aldama, supuesto jefe de la trama corrupta que mantiene en prisión al exministro José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García. Los servicios jurídicos del PSOE recuerdan en el escrito que han registrado ante el Supremo que ya solicitaron la misma licencia al magistrado Leopoldo Puente durante la investigación del caso tras conocer las declaraciones de Aldama en esa fase.

El instructor no concedió la licencia y respondió que solo podrían iniciar ese trámite una vez concluido el juicio. Ahora, el PSOE vuelve a solicitar permiso para querellarse tras considerar que “han resultado evidentes las falsedades manifestadas por Víctor Gonzalo de Aldama”. “Lejos de rectificar sus falsedades, injuriosas y calumniosas, contra este Partido Socialista Obrero Español, y algunos de sus representantes, las ratificó y amplificó, realizando gravísimas acusaciones, que aún realizadas en su derecho de defensa, no dejan de ser absolutamente reprochables de la forma más contundente, mediante la correspondiente querella por delitos de injurias y calumnias, en defensa de nuestro honor, cuando, a mayor abundamiento, todo ello ha sido manifestado sin aportar una sola prueba que las sustente ante ese Tribunal, más que su testimonio, después de que haya pasado más de año y medio desde iniciar su campaña difamadora”, señala el PSOE en su escrito.

Aldama aseguró ante los siete magistrados de la Sala de lo Penal que el jefe de la trama corrupta de la que él mismo formaba parte era Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, según interpretó de las conversaciones que mantuvo con Koldo García. También confesó Aldama que trabajó como intermediario en el cobro de mordidas a cambio del amaño de obras y que el dinero recaudado iba en parte a financiar ilegalmente al PSOE.

Los servicios jurídicos de este partido sostiene que esas declaraciones y otras parecidas “han atentado gravemente contra el honor de importantes miembros del Gobierno y del partido, así como directamente del PSOE, siendo claramente perjudicado”. El PSOE sostiene que lo manifestado por Aldama en fase de instrucción y durante el juicio celebrado en el Supremo “es absolutamente falso; algo que, en cierta manera, ha venido a reconocer el mismo investigado, al parecer en sus propias declaraciones señalando que carece de prueba alguna de ello, y por tanto, sin virtualidad alguna en su defensa dentro del citado procedimiento, y por tanto, respondiendo a otros intereses espurios y al margen del procedimiento”.

El escrito recuerda que el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal “contemplan expresamente que los delitos de injurias y calumnias que se pudieran cometer en el seno de un procedimiento puedan ser perseguidos previa licencia del órgano judicial en el que se han producido”, motivo por el que piden al Supremo “la preceptiva licencia para la interposición de querella por estos hechos”, para lo que entregan al tribunal una copia de las declaraciones efectuadas por Aldama el 16 de diciembre de 2024 en fase de instrucción y el 29 de abril de 2026 en la vista oral del juicio.

La Fiscalía Anticorrupción pidió siete años de cárcel para Aldama aunque consideró “posible” rebajar esa pena, como pedía el abogado del PP que dirigía la acusación popular, apreciando una atenuante muy cualificada en su confesión del delito y en la supuesta colaboración “esencial” con la Justicia para aclarar los hechos.

Víctor Aldama, el jefe de la trama corrupta que colonizó el Ministerio de Transportes y ensució para siempre al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, ambos en prisión a la espera de sentencia, sigue enredado en la espiral de las mentiras para tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez.

El último bulo, al que se ha enganchado el PP como a un clavo ardiendo, tiene que ver con una mentira anterior que Aldama lanzó en una de las cadenas de televisión asociadas a las patrañas del empresario corrupto contra el Ejecutivo. Aldama dio a entender en Telemadrid, en una entrevista concedida en enero de 2026, que le encarcelaron en octubre de 2024 por el caso hidrocarburos porque no accedió al intento de soborno del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quién llamó supuestamente a su portavoz, Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero a cambio del silencio del empresario.

La contratación de Bermejo por parte de Aldama es a finales de noviembre de 2024, un mes después de la supuesta llamada de Bolaños. Un intento de soborno del que Aldama hablaba por primera vez más de un año después de que, supuestamente, se produjera. Y sin ofrecer prueba alguna, pero que provocó el escándalo de los periodistas que le jaleaban en la tertulia.

Durante el juicio en el Supremo, donde la Fiscalía Anticorrupción le pide siete años de cárcel con posibilidad de una rebaja sustancial por su supuesta colaboración esencial con la Justicia, Aldama presumió de que ningún dirigente socialista le había demandado por sus acusaciones. Un día después, Bolaños presentó la denuncia: “No conozco ni he hablado nunca, ni tengo ni he tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación que, según manifiesta el señor Aldama, se llama Ramón Bermejo. Mi relación personal es total y absolutamente inexistente, nunca he mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con el señor Aldama ni con el señor Bermejo, ni vinculada a las declaraciones del demandado, ni relacionada con ningún otro asunto. Es más, ni siquiera tengo sus números de teléfono”.

Bermejo, que según ese relato le contó a Aldama el intento de soborno, facilitó a El Debate información de hasta 15 llamadas de teléfono supuestamente con origen o destino en algún departamento del complejo de la Moncloa, sin aclarar su contenido o siquiera la persona con la que habló, pero sí las fechas en las que se produjeron esas supuestas comunicaciones comprometedoras: entre el 25 de junio y el 27 de agosto de 2024.

Aldama agradeció el nuevo bulo: “Señor Bolaños, una vez más parece que no MIENTO!”. Y el PP se lanzó en tromba a publicitarlo para acusar de nuevo al Gobierno sin pruebas.

Resulta que en el periodo de las supuestas llamadas (junio a agosto de 2024), Aldama no había dado señales de querer colaborar con la Justicia para denunciar comportamientos corruptos de dirigentes socialistas. Más bien al contrario. Llevaba imputado en el caso de las mascarillas desde febrero de 2024 sin hacer amago de confesión ante el juez instructor o en los medios de comunicación a los que luego se abonó para lanzar sus acusaciones.

¿Cómo podía el PSOE ofrecer dinero a cambio de silencio sin saber que Aldama tenía una manta y pretendía tirar de ella?

En aquellas fechas, el PSOE ya había despedido a Ábalos (febrero de 2024), pese a que no estaba imputado todavía en la causa. El exministro rechazó dejar el escaño y se pasó al grupo mixto.

El empresario corrupto solo delató a sus socios de la supuesta organización criminal en el Ministerio de Transportes cuando le encarcelaron por otra trama de delincuencia relacionada con el negocio de hidrocarburos.

Cuando salió en libertad (21 de noviembre de 2024) tras aceptar confesar su culpa y el pago de comisiones ilegales en el caso de las mascarillas, amenazó públicamente al Gobierno de Pedro Sánchez con revelar nuevas corruptelas. En ese momento, noviembre de 2024, ya declaró Aldama que no conocía de nada ni a Bolaños, ni al ministro Óscar López, y se lamentaba de que estos dirigentes socialistas le criticaran. “Es duro ver que hay gente como el señor Bolaños o el señor Óscar López que no les había mencionado en ningún momento y que no me conocen de nada, que hablan de mí de oídas o porque esta gente siempre que habla de alguien, habla sin informarse. No es la primera vez que cometen errores hablando y luego se demuestra que es mentira o que lo que dicen no es tal cual”. No parece que entonces supiera que Bolaños estaba intentando sobornarle. Y eso pese a que fue en esos días de noviembre de 2024 cuando supuestamente contrató como portavoz a Bermejo para que le paseara por radios y televisiones esparciendo todo tipo de acusaciones sin pruebas. Bermejo no le dijo nada o, si se lo dijo, dejó que pasaran 14 meses para denunciarlo.

En el periodo de los contactos comprometedores (junio a agosto de 2024) entre Bermejo y algún departamento de Moncloa, el corrupto Aldama no había contratado como portavoz a ese profesional de los medios de comunicación que, según indican fuentes del Gobierno, llamó de manera insistente a departamentos que nada tenían que ver con Bolaños para ofrecer supuesta información que nadie atendió. Ni rastro de un supuesto soborno de Bolaños a Aldama y múltiples pruebas de un nuevo bulo del “colaborador esencial de la justicia” que sigue en libertad a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo.

La defensa letrada de Koldo García, exasesor ministerial de José Luis Ábalos, ha solicitado a la Audiencia Nacional que acuerde el archivo del 'caso Mascarillas' para él en ese tribunal especial y deje sin efecto su citación programada para este jueves 14 de mayo al entender que, dado que ha sido juzgado por ese mismo asunto en el Tribunal Supremo, se vulneraría el principio legal que impide juzgar a una persona dos veces por los mismo hechos.

En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la representación legal responde así a la citación en calidad de investigado de Koldo García, que permanece en prisión provisional desde finales de 2025 y que ha sido juzgado por el Supremo hasta la semana pasada. El instructor del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, le citó después de recibir el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ponía el foco sobre los contratos para la adquisición de material sanitario y pruebas diagnósticas a la empresa Soluciones de Gestión -mercantil que se encuentra en el epicentro de la presunta trama- y a Eurofins Megalab por parte del gobierno balear que presidía en 2020 la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. Además de los contratos de Baleares, la Audiencia Nacional también tiene sobre la mesa los relativos al Servicio Canario de Salud.

La defensa explica que esos contratos “han sido incorporados al relato fáctico de las calificaciones definitivas” del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el Supremo, y que también fueron mencionados por las acusaciones populares en sus conclusiones. Recuerda que el hecho penal “es uno e indivisible” y por tanto las administraciones adjudicatarias “son meras manifestaciones territoriales del mismo objeto delictivo”, que sería el presunto pago mensual de mordidas de 10.000 euros por parte del empresario Víctor de Aldama al asesor y al ministro para obtener un trato preferente.

“Los hechos por los que mi representado va a ser interrogado el 14 de mayo de 2026 y aquellos sobre los que la Sala Segunda dictará sentencia (...) son sustancialmente idénticos”, incide, para acto seguido recordar que “es jurídicamente imposible sostener simultáneamente que existe un único delito de organización criminal y un único delito continuado de cohecho que abarca todas las adjudicaciones, y que cada administración adjudicataria pueda ser objeto de un procedimiento independiente”.

Para reforzar su tesis de que se está ante hechos ya juzgados, la defensa explica que en el plenario y ante los magistrados se pudo escuchar tanto el informe-declaración testifical tanto de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y expresidente de la Comunidad Autónoma de Canaria, como de Francina Armengol. E insiste, por tanto, en que no se puede sostener que los hechos no son objeto del juicio del Supremo cuando se ha practicado prueba sobre ellos.

El cohecho y la organización criminal

Por otro lado, como ha indicado en innumerables ocasiones en recursos y escritos previos, explica que esa duplicidad de causas produce “una quiebra de la continencia de la causa” y considera que se puede incurrir en una “doble persecución simultánea prohibida” por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. E insiste en que, dado que la totalidad de los pagos por parte de Aldama se encaja en un delito continuado de cohecho, no se puede pretender que los “favores autonómicos” se enjuicien en un procedimiento autónomo porque se destruiría la unidad jurídica.

A esto suma que el delito de organización criminal castiga la pertenencia a una estructura criminal de carácter estable y duradero, y puesto que la naturaleza de la misma es “permanente” por definición se debe analizar en un mismo procedimiento la totalidad de la actividad delictiva desarrollada por la organización.

En este sentido, considera la defensa que, de no atender ese archivo de la causa de la Audiencia Nacional, existe un riesgo cierto de obtener resoluciones contradictorias, de que se investigue algo ya juzgado, de que haya “fragmentación” de las pruebas, y de que sea imposible realizar “una defensa global y coherente”.

Cabe recordar que si bien el juez citó tanto a Koldo García como a Víctor de Aldama para este jueves, finalmente ha pospuesto la declaración del empresario para el próximo 21 de mayo.

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce como una de las acusaciones en el caso Mascarillas que se está juzgando en el Tribunal Supremo, ha solicitado a los magistrados que rechacen la modificación del escrito de acusaciones realizada por otra de las partes, la que representa al PP, que ayer pidió rebajar la condena al empresario Víctor de Aldama de siete a cinco años y dos meses por su “colaboración” con la Justicia. Lo hizo, además, sin que se pidiera por ninguno de los delitos por los que se le juzga más de dos años de cárcel, lo que podría evitar que Aldama entrara en prisión.

En un escrito de no conformidad con las conclusiones formuladas por la Acusación Popular Unificada, ejercida por el representante del PP, ADADE considera que se rebajan las penas solicitadas para Aldama “de forma muy notable respecto de las solicitadas en el escrito de acusación provisional, de forma que ninguna de las penas solicitadas se aproxima a los dos años de prisión”.

“Esta acusación quiere hacer constar que el citado escrito no puede ser admitido por la Sala a la que tenemos el honor de dirigirnos como si recogiera las conclusiones de todas y cada una de las acusaciones populares. Desde luego no son las de esta parte las presentadas por la acusación del Partido Popular”, remarcan desde la citada asociación.

En el texto también consideran que “la unificación de todas las acusaciones populares impuestas por la Sala no puede llegar al punto, sin violar nuestro concreto derecho a la tutela judicial efectiva, de que la acusación a quien se ha encargado que unifique todas las acusaciones populares –que en este caso se da la circunstancia de que es la del Partido Popular– presente como conclusiones definitivas de todas las acusaciones populares las que solo corresponden a las del Partido Popular (o, si acaso, a las de aquellas otras con las que haya consultado y recibido conformidad)”.

Para ADADE, “es inadmisible que, en trance de presentar el escrito de conclusiones una parte a la que se la ha encomendado por la Sala centralizar o unificar la actuación de todas ellas, lo haya hecho ignorando las opiniones de las demás, así como presentar el escrito de conclusiones como si fuera el de todas las acusaciones populares”. Por eso señala que “al margen de que la Sala advierta a la acusación popular del Partido Popular de lo impropio de ese comportamiento, debe rechazar ese escrito y proveer una solución a aquellas acusaciones populares para que no vean violado su derecho a la tutela judicial efectiva” recogida en la Constitución “antes de continuar en el juicio oral con los alegatos de acusaciones y defensas”.

“Procede, por tanto, que se tenga por no presentado el citado escrito de conclusiones definitivas en la forma como lo ha sido y se nos dé término para formular nuestro propio escrito de conclusiones definitivas. Subsidiariamente, si no lo admitiera la Sala, deberá obligar a la representación de la acusación del Partido Popular a trasladar a la Sala el escrito de conclusiones definitivas de nuestra acusación popular en nombre de ADADE”, concluye.

“En todo caso”, agrega, “deberá advertirse al abogado de la acusación popular del Partido Popular que deje en todo momento clara y reiterada constancia en su intervención oral de que no actúa en modo alguno en nombre de las acusaciones que no hayan dado su conformidad al escrito de conclusiones y desde luego nunca en nombre de la acusación popular de ADADE”.

El empresario comisionista Víctor Aldama fue durante al menos tres años (2018-2021) el jefe de una trama corrupta instalada en el Ministerio de Transportes que se enriqueció gracias a los favores de José Luis Ábalos, quién se dejó sobornar a cambio de facilitar negocios muy lucrativos. Así lo contó en el Supremo hace solo unos días el jefe de la UCO que investigó los hechos.

Aldama, corrupto confeso, decidió colaborar con la Justicia en noviembre de 2024, nueve meses después de que fuera imputado por el mayor caso de corrupción que golpeó al primer Gobierno de Pedro Sánchez donde Ábalos era una figura clave. El empresario confesó su culpa y acusó a numerosos dirigentes socialistas de distintos amaños corruptos. Así pudo salir de la cárcel, donde estaba preso por otro caso de corrupción vinculado a un fraude fiscal multimillonario en el negocio de hidrocarburos.

La extraña excarcelación de Aldama fue impulsada por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sin la bendición de sus superiores.

Año y medio después, el supuesto jefe de la trama corrupta llega al final del juicio en el Tribunal Supremo enfrentado a una petición de pena máxima (siete años de cárcel) más de tres veces inferior a la que soporta Ábalos (24 años), el exministro que sucumbió supuestamente a los sobornos de Aldama —“era quién mandaba y pagaba”— y le favoreció en diversos contratos públicos.

En noviembre pasado, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular unificada, en manos del PP, presentaron sus escritos con petición de penas para los tres procesados. Ambas partes aplicaron a Aldama la atenuante de confesión de culpa. “Concurre en Víctor Aldama la circunstancia atenuante analógica 7ª en relación con la atenuante de confesión, 4ª del artículo 21 del Código Penal (apartado IX de la conclusión Primera)”, escribió Luzón.

Han pasado seis meses, y Aldama ha convencido a la acusación popular unificada —dirigida por el PP e integrada por la derecha y ultraderecha judicial (Manos Limpias, Vox, HazteOír) más una asociación de abogados progresistas (Adade)— para pedir ahora una atenuante muy cualificada que rebaja en dos grados la pena de manera que Aldama pueda evitar la cárcel. Luzón, según escribieron ayer distintos medios, era partidario de una medida similar a favor de Aldama, pero la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, defendió en una conversación estrictamente jurídica que no cabía aplicar esa medida ante el comportamiento del empresario corrupto.

La jurisprudencia señala que para aplicar la atenuante muy cualificada —que permite reducir la pena en uno o dos grados— es necesario que la colaboración con la Justicia sea excepcional y eficaz, que las pruebas que aporte permitan el esclarecimiento de los hechos y que ayude a procesar a otros participantes en el delito con una declaración veraz y completa, sin añadir falsedades que desvirtúen esa colaboración y perjudiquen a otros sin fundamento.

No parece que seis meses después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera siete años de cárcel para Aldama aplicándole la atenuante de la confesión de culpa, existan hechos nuevos que permitan modificar el escrito de acusación para rebajar aún más la petición de penas.

Aldama incumple la mayoría de los requisitos de la atenuante muy cualificada por colaboración con la Justicia. Lleva año y medio esparciendo bulos, conjeturas sin base y acusaciones sin pruebas ante distintos tribunales, cadenas de televisión y emisoras de radio.

Pedro Sánchez, un jefe de la trama que agradecía a Aldama cosas que no habían ocurrido

El empresario comisionista declaró ante los siete magistrados que le juzgan en el Tribunal Supremo que el jefe de la trama corrupta en la que él había participado era Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Todas las pruebas que aportó para sostener esa teoría están llenas de grietas.

Contó Aldama al tribunal que tras la foto que se hizo con Sánchez a principios de 2019 durante la presentación de Pepu Hernández como candidato socialista a la alcaldía de Madrid, el presidente del Gobierno le dijo: “Muchas gracias. Sé todo lo que estás haciendo”. Para entonces, lo que estaba haciendo Aldama a favor del PSOE era nada, según le recordó el fiscal anticorrupción en el juicio: “¿Pero usted todavía no había hecho nada, no?”, preguntó Luzón.

Aldama detalló que, a partir de 2020, Koldo García, asesor del ministro Ábalos durante el trienio del pillaje, le propuso que intermediara con empresas constructoras para el cobro de mordidas por el amaño de obras públicas y le dijo que con ese dinero se financiaba el PSOE. Pero no hay ni un solo indicio de financiación ilegal del PSOE a través del amaño de obras, según las investigaciones abiertas en varios órganos judiciales Tampoco existe prueba en el sumario que demuestre que Koldo García le hizo ese encargo.

El empresario apoyó todas sus conjeturas sobre Sánchez en el hecho de que el presidente del Gobierno estaba al tanto de los negocios ilegales porque Koldo García se lo contaba por teléfono. Pero el único número de teléfono del ahora presidente del Gobierno que halló la UCO en todas las agendas de los dispositivos móviles incautados a Koldo García correspondía al que dejó de utilizar Pedro Sánchez en julio de 2017. Las conversaciones que supuestamente escuchó Aldama se produjeron dos años después.

Mordidas en decenas de obras públicas que nunca pudo adjudicar Ábalos

En su primera confesión para colaborar con la Justicia, Aldama presentó unas fotocopias del anexo de inversiones de los presupuestos generales del Estado correspondiente a decenas de obras —subrayadas en distintos colores— que supuestamente se iban a amañar a cambio de mordidas. Muchas de las obras subrayadas no se licitaron siendo Ábalos ministro, y otras muchas ni siquiera se habían sacado a concurso cuando Aldama presentó los papeles. Leopoldo Puente, el juez instructor, advirtió en una de sus resoluciones que las acusaciones del empresario no estaban “mínimamente acreditadas”.

Aldama también presentó un manuscrito, obra de Koldo García, con seis nombres de lugares y de empresas supuestamente favorecidas por contratos de obras. El ministerio que dirige Óscar Puente investigó esos trabajos: uno de ellos aún no se había licitado; otro se adjudicó cuando Ábalos ya no era ministro; tres contratos se dieron a la oferta más baja y el restante fue a la propuesta técnica mejor puntuada.

El apartamento con señoritas que nunca usó el ministro Ángel Víctor Torres

Aldama declaró ante el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, que alquiló un apartamento en la calle de Atocha de Madrid en noviembre de 2018 para uso y disfrute de Ábalos, García y el ministro Ángel Víctor Torres: “Ese piso lo pago yo y lo busco yo para encuentros con señoritas que nada que tienen que ver con una reunión empresarial”. El instructor pidió pruebas y Aldama entregó el recibo del apartamento donde figuraba el periodo alquilado: del viernes 9 de noviembre de 2018 a las 16.00 hasta el sábado 10 de noviembre de 2018 a las 11.00. Pero Ángel Víctor Torres estuvo todo ese viernes 9 de noviembre en las Islas Canarias: presentó en Tenerife una enmienda a la totalidad contra los Presupuestos del Gobierno canario, y se desplazó a las 20.00 a Gran Canaria. Al día siguiente voló a Madrid, donde aterrizó a las 10.30 para viajar hasta Fuenlabrada donde asistió a un acto del PSOE después de las 11 de la mañana, cuando el piso de la calle Atocha ya no estaba alquilado.

Cuentas (falsas) en República Dominicana de Begoña Gómez, y media docena de ministros

Aldama reveló en la cadena Cope que había “visto pantallazos” de una cuenta bancaria en República Dominicana a nombre de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con seis millones de dólares. La acusación del empresario se extendía a media docena de ministros de Pedro Sánchez y hasta al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que también guardaban sus fortunas opacas en aquel país. “Existe una denuncia de un particular en Fiscalía con sello de entrada y con fecha del 13 de enero. Yo tengo copia de esa denuncia y del listado de cuentas. Este particular lo tiene muy bien atado. He visto la trazabilidad de las cuentas. Es algo que me parece que hay que investigar y que me parece gravísimo”, denunció Aldama en uno de los medios que recogía su basura de vez en cuando.

A esas horas, la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón ya había investigado y archivado la denuncia de las fortunas ocultas de dirigentes socialistas en República Dominicana por su “nula credibilidad”: “Los documentos aportados no corresponden con los de ninguna entidad bancaria, pues la información recogida no tiene como soporte documentos de los bancos a los que se refiere, son documentos confeccionados por un tercero que siguen un mismo patrón o forma de elaboración pese a tratarse de entidades distintas, todos en castellano y sin ningún signo distintivo de la marca o nombre de la entidad bancaria”, señaló Luzón en el decreto de archivo. El mismo fiscal anticorrupción que ahora coquetea con la idea de rebajar aún más la pena a Aldama, ya supo hace más de un año que algunas de las acusaciones que lanzaba el empresario corrupto en los medios de comunicación eran falsas.

Rescate de Plus Ultra: “10 millones que cobró Zapatero en Panamá, que también son de Sánchez”

Hace solo ocho meses, poco antes de que la Fiscalía Anticorrupción pidiese siete años de cárcel para Aldama aplicándole la atenuante de la confesión y la colaboración con la Justicia, el empresario corrupto disparó contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y contra el presidente Pedro Sánchez a cuenta del denominado rescate de Plus Ultra —un préstamo de 50 millones de euros para evitar la quiebra de la empresa en plena pandemia—. Aldama aseguró que esa operación se había aprobado en el Consejo de Ministros gracias a la presión de Zapatero.

La prueba de Aldama para una acusación tan grave era el asesor de Ábalos: “Koldo me le encuentro un día muy alegre y me dice, ya estará contento el imbécil este que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá. Plus Ultra, según Koldo, hace una trasferencia de 10 millones a Panamá para las comisiones del señor Zapatero que, entiendo que por la insistencia de Sánchez a Ábalos, también son de Sánchez”, declaró Aldama en el programa Horizonte de Iker Jiménez.

La conjetura de Aldama era poco menos que increíble e ilógica: los dueños de Plus Ultra habrían pagado 10 millones de euros en mordidas a cambio de lograr un préstamo de 50 millones que tenían que devolver.

La imposible obstrucción a la Justicia del ministro que nunca habló con Aldama

En noviembre de 2024, Aldama reconocía en una entrevista tras salir de prisión que no conocía de nada al ministro de Justicia, Félix Bolaños: “Es duro ver que hay gente como el señor Bolaños o el señor Óscar López que no les había mencionado en ningún momento y que no me conocen de nada, que hablan de mí de oídas o porque esta gente siempre que habla de alguien, habla sin informarse. No es la primera vez que cometen errores hablando y luego se demuestra que es mentira o que lo que dicen no es tal cual”.

Solo 14 meses después, Aldama acudió a un programa de Telemadrid para denunciar un intento de soborno del ministro que, según dijo tras salir de la cárcel, no le conocía de nada y del que nunca antes había hablado: “El señor Bolaños contactó con mi director de comunicación, el señor Bermejo, y me ofreció mucho dinero, yo no voy a decir cuánto, para que me callara, dinero para mí. Por eso, como no accedemos, me montan todo el lío para meterme en la cárcel”. ¿Eso fue antes de entrar en prisión [en octubre de 2024]?, le preguntaron. “Sí”, contestó.

El ministro Bolaños presentó el pasado viernes una querella por difamación contra el intermediario y comisionista corrupto: “No conozco a Aldama ni a su director de comunicación. Es todo falso”.

El fraude electoral de 2023, un “amaño de papeletas” que solo vio Aldama

“Hay que ver cómo se financian los partidos políticos y alguna otra cosa que tenga que ver con Indra [la empresa que gestiona el recuento en los procesos electorales en España]”. Aldama sugirió en otra entrevista que durante las elecciones generales de 2023, que ganó el PP aunque no pudo formar gobierno, hubo un “amaño de papeletas u otra serie de cosas, como también hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a Ifema. Hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora”. No hay una sola prueba o indicio de lo que sugirió el empresario sobre un fraude electoral en España.

Ser carne de meme puede llegar a ser agotador, pero es mucho peor ser carne de banquillo y de pena de 24 años de prisión. José Luis Ábalos tocó todos los palos en su declaración en el juicio del Tribunal Supremo. Dio pena por sus problemas sentimentales, negó que como ministro tomara las decisiones sobre las que le acusan y se las tuvo con el fiscal a cuenta del supuesto aumento de patrimonio que le achacan.

Como político experimentado, le sobra habilidad para hablar y defender su posición, lo que puede incluir soltar largas parrafadas. También para presentarse como víctima de los manejos de personas interesadas. Ábalos no perdió los nervios al enfrentarse a un momento decisivo de su vida. Respondió sin dudar a las preguntas del fiscal y de su defensor y el de Koldo García. No está claro que sea suficiente para salvarse.

A veces respondía con demasiada seguridad, con la misma contundencia con que los políticos se expresan en el Parlamento. “Este es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo y con condena clara”. Decir eso no le va a ayudar. Los jueces no habrán quedado contentos al escuchar que la sentencia ya está escrita antes de que termine el juicio.

De entrada, quiso reducir el alcance de su poder. “Como ministro, yo estaba en el impulso [de la acción política]. Yo no estaba en la gestión de nada”. Cada político que ocupa el cargo decide qué tipo de ministro es, pero nadie diría que los miembros del Gobierno tienen poco poder de gestión. Eso es importante de cara a las acusaciones relacionadas con la compra de ocho millones de mascarillas por el Ministerio en la pandemia. El exministro afirmó que solo trató de ese tema con el subsecretario de Estado. “Por mi mano, no pasó ninguna” de las ofertas recibidas. Koldo García le dijo que se habían recibido cuatro, aparte de la que fue triunfadora, la de Soluciones de Gestión vinculada a Víctor de Aldama. Las acusaciones alegan que esa adjudicación fue una compensación por el dinero y regalos entregados a Ábalos y su asesor.

Hubo una frase singular de su subsecretario que mencionó: “El subsecretario de Transportes me dijo que quedaría bien que hubiese más ofertas”. No era obligado por el estado de alarma. Existía la posibilidad legal de contratar a dedo sin el proceso normal de licitación. ¿Para qué más ofertas? ¿Para aparentar?

Ábalos describió en detalle la urgencia que afrontaban todas las administraciones cuando intentaban conseguir material sanitario en 2020. “La desesperación nuestra era tremenda”. El mayor problema era buscar proveedores. Encontrar uno era “un privilegio”.

En relación a Aldama, su testimonio consistió en restarle importancia a pesar de su presencia habitual en el Ministerio. Trató con desdén y una sonrisa la forma en que el empresario –para el que el fiscal pide siete años de prisión– se presentó en el contexto de las relaciones de España y Venezuela. Prácticamente, la tachó de delirios de grandeza. “Toda una historia de impostura”.

Curiosamente, dijo que fue Aldama quien le presentó a la que fue su pareja, Jésica Rodríguez, algo que él y ella negaron por completo cuando declararon en el juicio. Sugirió que ella ha sido utilizada, “coaccionada”, en su contra, pero sin aportar más ejemplo que decir que ella dijo en el juicio que cobraba sin trabajar cuando no se lo habían preguntado. Afirmó que sabía que Luis Alberto Escolano, amigo de Aldama, era quien pagaba el alquiler del piso que encontraron para la novia, pero que no sabía que ambos eran socios. Sea o no cierto, el pago de ese piso es una de las principales pruebas contra Ábalos.

También lo es que buscaran un empleo para ella en una empresa pública. Ábalos sostuvo que lo del trabajo fue algo que encargó a Koldo “en el ámbito más bien privado”, como si él dejara de ser ministro en esa situación. “No estaba pensando en empresas públicas precisamente”, dijo, lo que no resultó muy creíble. ¿En qué tipo de empresa privada podría tener influencia alguien como Koldo?

Reconoció una relación sentimental con Jésica desde octubre de 2018 hasta noviembre o diciembre de 2019. Fue ella quien tomó la decisión de romper, según su versión. “Ahí descubrí la palabra 'ghosting'”. Continuó en tono melancólico: “Ya soy un personaje. Soy carne de meme. Duele, porque yo con esa persona tuve una relación sentimental de verdad”, dijo en una de las frases más románticas que se han escuchado en el Tribunal Supremo.

El fiscal Alejandro Luzón volvió a sacar el rescate de Air Europa, como ha hecho en otros momentos de la vista, con la intención de presentarlo como el favor que Ábalos hizo a Aldama a cambio de lo que le regalaba. Una vez más, hizo preguntas sobre “la nota de prensa o comunicado” del Ministerio, cuando no era ninguna de las dos cosas. “Me apremiaban” para que hubiera algún tipo de declaración del Ministerio de que había una negociación en marcha que se esperaba culminar con éxito, dijo Ábalos, que concretó que Air Europa prefería que fuera más de la SEPI que del Ministerio.

“No hubo nota de prensa. Lo único que hubo fue un guion, un borrador elaborado por el señor [Pedro] Saura [secretario de Estado] en coordinación con el jefe de prensa, que es quien da la versión del Gobierno a los medios. Lo que se llama fuentes”. Es decir, el jefe de prensa se puso en contacto con varios medios fundamentalmente económicos para darles información que hizo que se publicara la noticia con el titular “El Gobierno ultima el rescate de Air Europa”. Según Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, esos artículos fueron útiles para que las empresas a las que se debía dinero por el suministro del combustible para aviones aceptaran seguir operando con ellos.

No era el anuncio definitivo del rescate, porque continuaban las negociaciones de la SEPI y Globalia, que no fueron fáciles para la compañía. El Tribunal Supremo va a tener que echarle mucho valor si quiere incluir Air Europa entre las razones de una posible sentencia condenatoria.

Ábalos negó los cálculos sobre su patrimonio económico realizados por la UCO. Se burló de los 94.800 euros que le atribuye la Guardia Civil y que eso sea “un gran caso de corrupción”. “94.000 euros sacados de los wasaps de Koldo. ¿En diez años? De media salen 500 al mes”. El exministro aprovechó dos sonoros errores de la UCO en la instrucción cuando le adjudicaron la propiedad de dos mansiones en Perú y Colombia que nunca existieron.

Se presentó como alguien cuyo patrimonio, muy reducido después de su divorcio, se limita a un piso comprado en 1987 y un bajo a medias con su hija. “¿Por qué cree que seguí siendo diputado?”, preguntó al fiscal. Por el sueldo, claro.

Ábalos se defendió con convicción, pero con ese aire de tristeza que le ha acompañado desde el inicio de las investigaciones. Abandonado por su novia, con su reputación malparada por las relaciones privilegiadas de un personaje como Aldama con su Ministerio y pagando con creces el error de haber confiado sus asuntos a alguien como Koldo García, sus expectativas de cara a la sentencia no son las mejores.

En el cierre de la sesión del lunes, el abogado de la acusación popular que representa al PP comunicó al tribunal que rebaja la petición de pena para Aldama a cinco años y dos meses de prisión de forma que no supondría su ingreso en prisión. No fue una sorpresa en absoluto. La munición que el empresario ha entregado al PP ha sido un elemento esencial de su maquinaria de oposición al Gobierno en el último año. Seguro que le están muy agradecidos.

El exministro José Luis Ábalos ha sido el último de los acusados por el caso mascarillas en declarar ante el Supremo. Durante un interrogatorio que ha durado algo más de seis horas, el ex secretario de Organización del PSOE ha hablado sobre el proceso de adjudicación de contratos de mascarillas en el Ministerio de Fomento, el empleo de Jésica Rodríguez en dos empresas públicas, y su relación con Koldo García y con el empresario Víctor de Aldama. También ha intentado desacreditar los informes de la UCO que apuntan que manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario.

Estas son algunas de las frases que ha dejado su declaración:

Sobre su relación con Koldo: “Me acompañó 24 horas durante meses. Se generaron unos vínculos singulares”

El exministro ha explicado que nombró a Koldo asesor en Transportes “en agradecimiento” a su “entrega y lealtad” como conductor y asistente personal y de seguridad suyo durante meses a partir de ser nombrado secretario de Organización del PSOE. “En la medida en que [Koldo] iba participando de mi intimidad y mi vida personal, genera unos vínculos singulares que incluso con otros asesores siendo amigos míos y muy conocidos con anterioridad, no desarrollé en la medida en que no penetraban en ese ámbito tan personal y tan íntimo”, ha expresado.

En otro momento ha resaltado su “lealtad”. “Tenemos pocas cosas en común, quizá lo único, la lealtad. Parece haber decepcionado a algunos que no nos hayamos matado ni inventado cosas para destruirnos”, ha argumentado.

Cree que Aldama “ha arreglado” algo con Jésica Rodríguez y su relación le convirtió “en carne de meme”

Una parte del interrogatorio a Ábalos ha versado sobre la contratación de Jésica Rodríguez en dos empresas públicas y el piso que le proporcionó en el centro de Madrid. El exministro cree que su expareja fue coaccionada para declarar en su comparecencia ante el tribunal que nunca trabajó para Ineco y Tragsatec a pesar de haber sido contratada. “Dijo que no iba a trabajar sin que nadie le preguntara eso, y que había elegido el apartamento. Lo dijo motu proprio y dijo que no conocía a Aldama cuando yo la conocí por él”, ha explicado, para luego aseverar que “ella no dice eso si no se le ha coaccionado”.

Tras recordar que se ha convertido en “carne de meme” por esa relación, ha enfatizado que nadie se autoinculpa de algo “si previamente no le han dicho que no le va a pasar nada”. “Les aseguro que no hay motivo ninguno para decir que no conoce a Aldama, salvo que haya algún asunto que hayan arreglado”, ha subrayado.

“El gran caso de corrupción. Me han encontrado 94.000 euros”

El exministro ha tratado de atacar los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntan que manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. “El gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado 94.000 euros. No ha habido forma de encontrarme más”, ha ironizado a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

“Cuando pido folios, es que son folios de verdad”

Ábalos se ha quejado de que le toque “invertir la carga de la prueba” y defender que cuando pedía folios eran “folios de verdad” y no dinero en efectivo, como creen los investigadores de la UCO. “Si fuera dinero, no pediría 'cajas de dinero'. Yo tenía escoltas que me traían esas cajas, no es difícil averiguar si eran folios o no”. Y ha insinuado que se ha construido esa idea para imputarle organización criminal: “Si a uno le quieren imputar organización criminal, se tiene que comportar como un criminal. En mi caso de folios, porque de chistorras no hablo”. También ha sostenido que él tiene “la cultura del papel” y consumía mucho porque imprimía todos los dosieres. 

“Este caso es claramente mediático, juzgado con condena clara”

Mientras hablaba de Claudia Montes, la militante del PSOE que logró un puesto en la empresa pública Logirail, el exministro ha lamentado que su condena está “clara” porque el caso, “claramente mediático”, está “juzgado hace tiempo”.

“Queremos que se querelle el señor Bolaños contra nosotros porque es la manera en la que judicialmente podremos aportar lo que he dicho y lo que ayer he contrastado y lo que vuelvo a contrastar: que este señor se puso en contacto para silenciarme y para sobornarme de alguna manera pagándome una cantidad muy alta, que no voy a decir tampoco la cifra para no seguir hablando”. Quien así habla es Víctor de Aldama, el delincuente confeso y cerebro de la trama Ábalos-Koldo en un programa de televisión el pasado 5 de febrero. 

No era la primera ni sería la última vez que quien hoy se sienta en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas y tiene otra causa pendiente en la Audiencia Nacional por el fraude de los hidrocarburos acusaba al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia de un intento de soborno. El deseo del empresario corrupto se ha hecho finalmente realidad y Bolaños presentó el pasado viernes ante la sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid una demanda de protección del derecho al honor contra Aldama. No lo hizo antes a la espera de que Aldama declarase ante el Supremo por si volvía a acusarle y, en ese caso, tenía que ampliar o modificar la demanda, que tenía redactada desde hace semanas.

“El derecho al honor es, esencialmente, un derecho fundamental de la dignidad humana y consistente en no ser escarnecido o humillado ante uno mismo o ante los demás, reconocido como derecho fundamental, entre otros, por nuestra Constitución, y cuya negación o desconocimiento se produce, fundamentalmente, a través de cualquier expresión proferida o cualidad atribuida respecto de determinada persona que, de modo inexcusable, lo haga desmerecer en su propia estimación o del público aprecio”, según Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 1989.

El artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen establece además que tendrá la consideración de intromisión ilegítima en el derecho al honor “la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”. 

Bolaños reclama a Aldama, según la demanda a la que ha tenido acceso elDiario.es, que se abstenga de realizar afirmaciones de igual tenor o en el mismo sentido, “ya sea en medios de comunicación (televisivos, impresos o digitales), en plataformas digitales (webs y/o redes sociales) o por cualquier otra vía”. También que se condene al demandado a la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia recaída en el presente procedimiento en sus redes sociales, particularmente en su cuenta de la red social X (antes, Twitter) y que se le condene a pagar 70.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen. 

El ministro recuerda en su escrito que el empresario corrupto “es conocido públicamente por ser, según el diario La Razón, protagonista en muchos de los grandes casos de corrupción de la actualidad en España” y que “se encuentra en el ojo público por su presunta participación, entre otras, en la denominada 'trama de los hidrocarburos', investigada por la Audiencia Nacional, por la que estuvo ingresado en prisión provisional entre el 10 de octubre y el 21 de noviembre de 2024”. Y reclama que se condenen “las falsedades que este está profiriendo ante la prensa y en sus redes sociales sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio, tratando de involucrar” a Bolaños “en asuntos con los que no guarda relación alguna”. A pesar de su locuacidad en los diferentes programas de televisión por los que Aldama se pasea con frecuencia, en su declaración judicial ante el Tribunal Supremo el 29 de abril de 2026 Aldama no hizo referencia alguna a las supuestas actuaciones llevadas a cabo por Bolaños para “comprar su silencio”. 

En su suplico al Tribunal de Instancia, Bolaños sostiene que “no conoce ni ha hablado nunca, ni tiene ni ha tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación que, según manifiesta el Sr. Aldama, se llama D. Ramón Bermejo”. E Insiste en que “su relación personal es total y absolutamente inexistente”, que “nunca ha mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con el Sr. de Aldama ni con el Sr. Bermejo, ni vinculada a las declaraciones del demandado que pasaremos a referir, ni relacionada con ningún otro asunto. Es más, ni siquiera tiene sus números de teléfono”.

Aldama difundió en la red social X que el ministro había asistido a una fiesta de cumpleaños del entonces Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la que también estuvo el empresario y que tal fiesta se celebró en un restaurante de su propiedad en diciembre de 2019. En este sentido, subraya el escrito del ministro, “la única evidencia” que ha aportado el Sr. de Aldama para sostener públicamente que el demandante le conocía es una fotografía que, según manifiesta, habría sido tomada en ese restaurante. Fotografía en la que, por cierto, ni siquiera aparece Aldama. 

“Tan ridículo como imposible”

“Sostener que dos personas se conocen simplemente por haber coincidido en una fiesta multitudinaria organizada por un tercero —fiesta a la que, por cierto, asistieron decenas de invitados— es un argumento tan pobre que no merece mayor consideración. En primer lugar, porque resulta público y notorio que quienes desempeñan funciones públicas asisten diariamente a actos, reuniones, mítines y celebraciones en las que coinciden con decenas o centenares de personas y se toman fotografías con un buen número de ellas. La coincidencia en estos eventos no puede presuponer, como es lógico, ningún tipo de relación personal ni profesional con los asistentes. Tanto es así que ni siquiera puede descartarse que ambos hayan coincidido en algún otro acto público masivo, sin que ello implique interacción alguna entre ellos. Defender lo contrario sería asumir que uno mantiene vínculos con cada persona con la que comparte un espacio público, lo que es, sencillamente, tan ridículo como imposible. En segundo lugar, porque asistir a una comida o a una celebración de cumpleaños en un restaurante no implica conocer quién es el propietario del establecimiento. Pretender otra cosa revela desconocimiento tan inexcusable como inverosímil de la lógica con la que se desarrollan la vida cotidiana y la actividad pública”, prosigue el escrito de demanda.

En el texto Bolaños recuerda, además, que el propio Aldama reconoció, antes de acusarle en varios programas de televisión y en sus redes sociales de intento de soborno, “no conocer de nada” al ministro. Lo hizo, en concreto, en una entrevista radiofónica en el programa Herrera en Cope el 27 de noviembre de 2024: “Es duro ver que gente como el Sr. López, el Sr. Bolaños, que no les he nombrado en ningún momento y que no me conocen de nada, creo que además hablan de mí por oídas o hablan de mí porque esta gente siempre que habla de alguien habla sin informarse”. Una contradicción que, en la demanda, se considera “tan evidente que no deja lugar a dudas acerca de la falsedad de todo su relato y dinamita por completo la ya exigua credibilidad” del demandado.

Durante su declaración ante el Supremo el miércoles pasado, el cabecilla de la organización criminal del caso mascarillas apuntó contra el presidente del Gobierno y varios de sus ministros, sin mencionar esta vez a Bolaños, que dado el impacto en la opinión pública de la acusación “está viendo injustamente mermada su reputación personal por culpa de las mentiras de Aldama, que ha aprovechado la atención mediática que recibe para difundir las falsedades que estima oportunas sin el menor sustento probatorio”.

José Luis Ábalos se enfrenta a la que quizá sea la jornada clave en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra él, contra su exasesor Koldo García y contra el empresario Víctor de Aldama. Este lunes tiene lugar su declaración como acusado, todo un exministro y ex secretario de Organización del PSOE. Y, aunque según reza la Ley de Enjuiciamiento Criminal los encausados tienen derecho a mentir en el interrogatorio, Ábalos pretende realizar una comparecencia sólida para profundizar e insistir en lo que ya comenzó a hacer en la última sesión del juicio Koldo García, desacreditar la versión ofrecida por el comisionista.

Pero las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es explican que no solo entrará a combatir argumentos incluidos en los escritos de acusación, sino que irá más allá y expondrá, en la medida de lo posible y cuando pueda colocar el mensaje, que el conocido como 'caso Mascarillas' es en realidad un montaje orquestado por el PP desde el principio.

Así, Ábalos tratará de explicar que todo nace de una investigación tangencial en otra causa relativa a un fraude de hidrocarburos en el que un investigador de la UCO (que acabó trabajando para Seguridad de una consejería del gobierno de Isabel Díaz Ayuso) se interesó por la figura de Koldo García, un asesor que realizaba movimientos extraños. Y que esas suspicacias fueron transformadas en una denuncia del PP de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción que nació como represalia o venganza por la investigación abierta (y luego cerrada) al hermano de la presidenta madrileña.

Con todo, estas fuentes opinan que, a estas alturas, poner sobre la mesa la carta de una operación política del PP no es suficiente para librarse de una eventual condena de 24 años de cárcel, por mucho que la Kitchen esté de actualidad. Saben que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no se aparta de su guion establecido en el escrito de acusación y por eso la defensa de Ábalos, explican, ha trabajado en nutrir de argumentos al exministro para enfrentarse a un (presumiblemente) duro interrogatorio del Ministerio Público. Porque sí, Ábalos, como ya hiciera Koldo García, quiere enfrentarse al interrogatorio de Luzón.

De hecho, el del fiscal será el interrogatorio principal y en él el exministro tratará de dejar algunas cosas claras, como por ejemplo los desfases dinerarios. Así, Ábalos explicará que, si bien es cierto que había flujo de dinero entre él y su hombre de confianza, siempre hubo por su parte una voluntad de resarcimiento y retorno. Además, tratará de dar respuesta lógica al desfase de dinero no justificado por rastro bancario que la Unidad Central Operativa (UCO) cifra en más de 95.000 euros.

Así pues, el dinero tendrá relevancia, como ya ocurriera en la declaración de Koldo García que indicó que para quitarle líos de la cabeza a su ministro (al que dijo que estará “eternamente agradecido”) él se encargaba de muchas cosas: pensiones alimenticias, pagos vacacionales, llevarle las cuentas de los tiques a liquidar por el partido...

En este sentido, cabe recordar que una de las piezas fundamentales para que el puzzle de la acusación cuadre es probar que el binomio Koldo-Ábalos cobró desde octubre de 2019 cantidades mensuales de 10.000 euros de manos de Aldama. En su declaración, el comisionista se ratificó. Y el fiscal considera claves un par de viajes del hermano de Koldo, Joseba García, a República Dominicana en los que recogió sobres con 10.000 dólares (hecho que se apoya en una de las testigos que trabajaba para empresas vinculadas a Aldama). Frente a esto, Koldo negó tajantemente ese extremo, y por ende se espera que el exministro siga la misma senda.

“Hace lo más grande”

Pero más allá del tema monetario, Ábalos y su defensa tratarán de atacar el papel que atribuyó el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas al exministro en la estructura de la presunta organización criminal. Para Balas, el ministro tenía una función “instrumental” para el jefe real de la trama, Aldama, y le asignó un rol fundamental porque, y dijo textualmente, “hace lo más grande” y por eso “cobra lo que cobra”.

La defensa tratará de desactivar a Balas partiendo de los dos contratos estrella que se investigan desde el inicio: las adjudicaciones a la empresa Soluciones de Gestión de las compras de hasta 13 millones de mascarillas a través de dos empresas públicas dependientes de Transportes, esto es Puertos del Estado y Adif. El abogado del exministro, Marino Turiel, se empleará a fondo para que cale la idea de que esa contratación no fue decidida por Ábalos habida cuenta que el Ministerio se desvinculó de las mismas dejándolas en manos de las dos empresas públicas.

Otro punto clave que incluye el escrito de acusación de Luzón es la decisión que se adoptó el 21 de marzo de 2020 de pasar de una orden de compra de cuatro millones de mascarillas a otra de ocho millones, y en tan solo 38 minutos. Aldama señaló que esa decisión fue impuesta por él dado que era lo pactado con anterioridad, y un testigo indicó que el propio ministro dijo que era lo que había. Por su parte, Koldo García le quitó relevancia al asunto explicando que si le hubieran puesto delante de las narices 16 millones de mascarillas hubiera dicho que adelante porque en ese momento de crisis se trataba de adquirir material sanitario en un mercado que, según testigos que han pasado por el plenario, o estaba “roto” o no existía.

Con estos mimbres, Ábalos, según las fuentes, tirará por el camino de en medio y sostendrá que la decisión inicial de adquirir solo cuatro millones partió de una programación realizada por un alto funcionario, que quien eligió esa cifra lo hizo por prudencia y de manera unilateral y que el comisionista trastoca la realidad cuando dice que era lo pactado de inicio, y para ello es probable que contrapongan su declaración del pasado miércoles con la que hizo en instrucción.

Por otro lado, Ábalos también se deberá esforzar en desmentir lo que sostuvo el comisionista con relación al chalé de La Alcaidesa, que según la investigación pudo ser una dádiva de una trama de hidrocarburos a cambio de que el ministro les ayudara a obtener una licencia de operadora para la mercantil Villafuel. Aldama explicó que ese chalé que adquirió la mercantil Have Got Time (vinculada a un socio suyo) fue entregado a Ábalos bajo la fórmula de un alquiler con opción a compra para revestir la operación de una aparente legalidad, y que por eso mismo el ministro abonó fianza y algún mes de renta. Para la defensa del exministro esa fórmula carece de sentido porque si vas a regalar algo a alguien no le cobras un alquiler y no inicias un proceso de desahucio con posterioridad.

Villa Parra y el melón de Jésica Rodríguez

Otro punto clave a desmontar por el letrado del exministro es su presunto papel en el mandato de elaborar una nota de prensa para que el Ministerio de Transportes se posicionara a favor del rescate público de Air Europa. Para ello, Ábalos se apoyará en la declaración en calidad de testigo del que fuera secretario de Estado en 2020, Pedro Saura, que indicó que la iniciativa de redactar y difundir una suerte de nota de prensa a determinados periodistas en agosto de ese año fue suya. Y que él la lideró.

Sobre la presunta dádiva recibida por Ábalos, unas vacaciones pagadas en un chalé denominado Villa Parra, Koldo García señaló en su declaración que si bien coincidió en el tiempo, en realidad no tenía que ver ese alquiler vacacional con Air Europa, y que el wasap en el que le indicaba al ministro que le salía gratis por las molestias ocasionadas se refería en realidad a que él costearía parte de las vacaciones para resarcir desperfectos en el piso de La Latina de Ábalos.

No obstante, el melón quizá más desagradable para el exministro será el asunto Jésica Rodríguez, la joven odontóloga con la que estuvo saliendo un tiempo y a la que se le pagó un alquiler de lujo en Plaza de España. Según la investigación, quien se hizo cargo de esa renta mensual fue Alberto Escolano, socio y 'mano derecha' de Aldama. Si bien, antes de que la propiedad decidiera echar a la joven del piso en 2022, Koldo García también se hizo cargo de algunas mensualidades.

Frente a esta realidad, Ábalos sostendrá que nunca supo que Aldama pudiera estar moviendo los hilos para que Escolano pagara ese piso a su pareja, y que supuso que esa ubicación era eventual hasta que se pudieran hacer con algo más estable (presumiblemente un piso en el Paseo de la Castellana que también ha sido objeto de investigación). Pero se irá más allá, y es probable que el letrado del ministro ponga sobre la mesa que existía una relación mercantil entre Aldama y Jésica Rodríguez, lo que justificaría que, a pesar de que la joven cortó con el ministro, el entorno del empresario, es decir Escolano, siguió pagando el alquiler durante meses.

En cuanto al hecho de que Koldo pagara también varios meses, él mismo lo encuadró en una decisión personalísima ante las amenazas de Jésica Rodríguez de sacar a la luz la relación extramatrimonial que tuvo con Ábalos si no se atendía convenientemente sus necesidades.

Silencio sobre la financiación del PSOE

Y es que esa será otra de las grandes bazas que blandirá la defensa de Ábalos: que Koldo García era un ente con vida propia que por su naturaleza estaba dispuesto a mover hilos para cualquiera que se lo pidiera y todo sin que tuviera que ser necesariamente conocido por su 'jefe' el ministro. El propio asesor declaró que tomaba decisiones o realizaba gestiones sin conocimiento de Ábalos, y la defensa se apoyará en eso para alejar al ministro de determinadas acciones. Aunque las fuentes jurídicas señalan que no se hurgará en esa herida máxime después de la declaración “leal” que realizó el pasado jueves Koldo: El ministro no sabía todo lo que hacía su asesor, pero eso no quiere decir que lo que hiciera fuera irregular o delictivo.

Sobre lo que no se prevé que el ex secretario de Organización del PSOE hable durante su interrogatorio es sobre la acusación realizada por Aldama de que tanto él como Koldo García le utilizaron como “nexo” entre la formación socialista y constructores para canalizar hacia el partido mordidas a cambio de obra pública. Koldo García negó la mayor señalando que el PSOE “no recibe dinero de nadie”, pero Aldama indicó que entregó a ambos entre 3,5 y 4 millones de euros, a veces en tandas de hasta 250.000 euros y siempre en efectivo.

Las fuentes consultadas prevén que el fiscal no saque ese tema, como tampoco se lo sacó a Koldo García, dado que hay una pieza secreta en la Audiencia Nacional en la que se investigan las cuentas del PSOE. Además, el ministro no va a responder ni a las preguntas de la acusación popular (dirigida por el PP) ni a la defensa de Aldama. Por eso, solo estaría en la mano del letrado de Ábalos preguntar por esas supuestas cantidades recaudadas en 'B' para el PSOE. Y eso, dicen, no va a ocurrir.

En la separación del poder político de la propiedad está la clave de la superioridad del Estado sobre todas las demás formas de organización del poder político conocidas en la historia de la humanidad.

Antes del Estado Constitucional, el poder político había sido un correlato de la propiedad de la tierra. No era un poder “representativo”, sino un poder ejercido directamente por quienes disponían de la propiedad agraria.

Con la Revolución Industrial en el siglo XVIII se empezarían a crear las condiciones materiales que harían posible que se pusiera fin a dicha conexión. Sería un proceso lento y rápido al mismo tiempo. Durante todo el siglo XIX y todavía en los primeros decenios del siglo XX, la propiedad de la tierra fue una pieza esencial en la organización del Estado Constitucional. Pero la afirmación del Estado como un poder representativo, que exige que los gobernantes sean elegidos por los gobernados, se convertirá en la única forma legítima para el ejercicio del poder, con fórmulas censitarias inicialmente y que acabarían dejando paso al sufragio universal en el siglo XX. Fue un proceso lento, contemplado desde la perspectiva de la aceleración del tiempo histórico actual, pero muy rápido si lo analizamos con la referencia del tiempo preestatal.

El poder no puede ser de nadie. En consecuencia, tiene que ser de todos. Entre ese nadie y ese todos, entre la “soberanía de origen divino” y la “soberanía popular”, está la historia del proceso de transición del Estado Constitucional, fuertemente oligárquico a lo largo de todo el siglo XIX que dio paso al Estado Democrático a partir del final de la Primera Guerra Mundial, pero que solamente se estabiliza como tal después de la Segunda. Y no de forma universalizada, sino de manera minoritaria. Estados Unidos, Canadá y algunos países iberoamericanos, los países del occidente europeo, con excepciones como Grecia, Portugal y España, Australia y Nueva Zelanda y poco más. En todo caso, el principio de legitimidad democrática se acabaría convirtiendo en la única forma aceptable de organización del poder.

La tensión entre la democracia como forma política y el capital como principio de constitución económica es consustancial al Estado Constitucional. Hasta el momento, no hemos encontrado una fórmula de gobierno que pueda prescindir de la misma. Permanentemente, estamos oscilando entre periodos en que la democracia se fortalece o se debilita frente a la pretensión del capital de sustraerse a los límites que el poder democráticamente constituido trata de imponer. Estamos viviendo en una fase particularmente crítica de esta tensión, que se inclina a favor del principio de constitución económica en detrimento del principio democrático.

La corrupción es la hipoteca de la democracia. Es la subordinación de manera más o menos soterrada, pero siempre espuria, del poder político a la propiedad privada. Ataca al Estado democrático en lo que es su núcleo esencial, en el secreto de su superioridad como forma política. La recesión democrática viene siempre precedida por un aumento de la corrupción, que conlleva una crisis de la legitimidad democrática.

De ahí la necesidad de estar siempre alerta a las prácticas corruptas. Pero también la necesidad de diferenciar entre dichas prácticas y no confundir episodios de corrupción con el ejercicio corrupto del poder. No todas las prácticas corruptas son iguales. La equiparación de todas ellas, “todos los políticos son iguales”, es una forma de dar por perdida la lucha contra la corrupción.

En España lo estamos viviendo en estos días de una manera paradigmática. En el Tribunal Supremo se está juzgando un “episodio” de corrupción con el caso Mascarillas. Y en la Audiencia Nacional se está juzgando un “ejercicio corrupto del poder” con el caso Kitchen.

Son dos casos de corrupción completamente distintos y, sin embargo, el mensaje que se está transmitiendo a la opinión pública es equidistante, como si fueran equivalentes. La información paralela sobre ambos con la que abren los medios de comunicación, en lugar de ilustrar sobre la especificidad de la naturaleza corrupta de cada uno de ellos, conduce a la confusión nocturna de que todos los gatos son pardos.

El caso Mascarillas es un episodio de corrupción. Repulsivo como todos, pero un episodio. Se presentó inicialmente como un caso de corrupción económica de una envergadura extraordinaria y ha sido instruido y enjuiciado como un caso de conducta desordenada por parte de un exministro y su colaborador en el Ministerio, en el que el sexo ocupa un lugar mucho más destacado que la repercusión económica. En el caso Mascarillas, las mascarillas han brillado por su ausencia. No ha sido el indicador de una forma de ejercer el poder, sino de un ejercicio puntual desviado del poder, del que no hay réplicas en los demás ministerios, no hay financiación irregular del PSOE y los protagonistas han sido expulsados del partido.

Queda por ver qué dice la sentencia. Pero, por la forma tan extraña en que se ha procedido tanto en la instrucción como en el juicio oral, va camino de convertirse en un “parto de los montes”.

El caso Kitchen es completamente distinto. Se trata de un caso en el que se hace uso del Ministerio del Interior, que es la pieza maestra del “monopolio de la coacción física legítima” en que el Estado consiste (Max Weber), para sustraer al conocimiento del poder judicial la documentación del tesorero del PP sobre la financiación irregular de este partido.

El caso Kitchen es una secuela del caso Gürtel, en el que se acreditó judicialmente en la Audiencia Nacional, y se confirmó después en el Tribunal Supremo, que el PP se había financiado irregularmente. En la sentencia de la Audiencia Nacional estuvo el origen de la moción de censura que acabó con la Presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy y su sustitución por Pedro Sánchez.

Aunque la sentencia del caso Gürtel fue de 2018, no se conocía en ese momento la operación Kitchen. El PP fue condenado por haberse beneficiado a título lucrativo con Gürtel, pero no se sabía que había hecho uso de una manera torticera del Ministerio de Interior para sustraer información incriminatoria al órgano judicial que estaba encargado de la investigación para el presidente, vicepresidente y secretaria general del partido.

Como no es infrecuente que ocurra en estos casos, la reacción para tapar un escándalose convierte en un escándalo todavía mayor. El caso Watergate es el ejemplo al que siempre se recurre. Es lo que está ocurriendo en nuestro país. El caso Kitchen va mucho más allá del caso Gürtel.

Para impedir que la información incriminatoria acumulada por el tesorero del partido contra el presidente Mariano Rajoy, el vicepresidente Javier Arenas y la secretaria general Dolores de Cospedal, acabara en manos del juez instructor, se organizó una nueva operación, con la finalidad de sustraer dicha información. Para ello se utilizaron 70 policías, ocho comisarios, el que había sido chofer de Luis Bárcenas y un falso cura que asaltó el domicilio del tesorero. Se les retribuyó con fondos reservados y se le prometió al chofer un puesto como policía nacional.

La dimensión de la operación Kitchen desbordaba con mucho a la operación Gürtel. Ya no se trataba de que el PP fuera “partícipe a título lucrativo” de determinados movimientos dinerarios, sino de generar una “policía a-judicial”, que actuara sin conocimiento del juez instructor y que impidiera la operatividad constitucional de la administración de justicia, con la finalidad de proteger a Mariano Rajoy, Javier Arenas y Dolores Cospedal, además de al propio partido.

Una vez conocida la operación Kitchen y residenciada judicialmente, el ejercicio fraudulento y corrupto del poder ha tenido que extenderse a la propia instrucción del caso. El juez García Castellón circunscribió la operación al Ministerio de Interior, excluyendo la investigación de los tres dirigentes del partido, que eran los únicos que figuraban en la documentación incriminatoria de Luis Bárcenas. Como subrayó uno de los fiscales, no se podía entender que el juez instructor estableciera una “línea roja” que impedía la investigación en sede judicial del partido y de los dirigentes que eran los beneficiarios directos de la operación.

A pesar de los indicios abrumadores contra ellos, quedaron fuera del auto de apertura del juicio oral. Pero como los indicios no han desaparecido, al fraude en la instrucción se ha añadido un fraude en el juicio oral, en el que, de manera insólita, la presidenta del Tribunal está limitando el ejercicio del derecho a la acusación, además de “orientar” a los testigos sobre la respuesta que deben dar a las preguntas que se les formulan.

El caso Kitchen no es un episodio de corrupción, sino un ejercicio continuado del poder de forma corrupta, que salta del espacio político-administrativo al espacio judicial y destroza las garantías constitucionales del proceso penal.

De ahí que la equidistancia entre el caso Mascarillas y el caso Kitchen resulte insoportable. No todas las corrupciones son iguales.  

Lo primero que sorprendió al empresario fue ver al entonces ministro José Luis Ábalos fumando en su despacho, en el umbral del balcón. “Id empezando que luego iré yo”, le dijo desde allí. La reunión era para explicar al equipo del Ministerio de Transportes su punto de vista sobre una nueva regulación que afectaba a su sector. Empezó a charlar con varios asesores de Ábalos, entre ellos, el jefe de gabinete del ministro, Ricardo Mar, que lideraba la conversación. Hasta que llegó Koldo García, poco después, y lo primero que hizo al entrar en la sala fue dar una colleja a Ricardo Mar. Entre risas del jefe de ambos, el ministro.

La semana pasada, Ricardo Mar declaró ante el Supremo como testigo, en el juicio de las mascarillas. “Tenía la impresión de que todo lo que decía Koldo era palabra del ministro”, aseguró. Viendo las confianzas que Koldo se tomaba y que Ábalos permitía, no extraña esa impresión.

Volvamos al empresario, que prefiere mantener su anonimato y es quien me cuenta lo que ese día ocurrió. Al rato de hablar con Ábalos, el ministro le derivó a que lo viera con Koldo, que “el tema era muy técnico” para él. Y poco después fue Koldo, ya sin nadie delante, quien le sugirió que mejor lo hablara con un tal Víctor de Aldama. 

Fuera del ministerio, en su despacho en la calle Alfonso XII de Madrid, frente al parque del Retiro, Aldama le pidió dinero a este empresario para ayudarle con esa regulación; que le pagara por un contrato de asesoría. El empresario se negó.

Así funcionaba el Ministerio de Transportes en la era Ábalos. Y viendo este modus operandi, es difícil determinar quién es el 1, el 2 y el 3 en esta presunta organización criminal que hoy se sienta en el banquillo, ante el Tribunal Supremo.

La trama tenía dos jefes, según los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El “jefe instrumental” era Ábalos, que ostentaba el poder institucional. Pero el “jefe real” –quien tenía a sueldo al propio ministro– era Aldama. Como resumió Antonio Balas, teniente coronel de la UCO: “El que paga manda”.

Aunque la mejor manera de conocer la jerarquía suele ser otra: quien cobra manda. El verdadero jefe de cualquier trama criminal siempre se lleva la mayor parte del botín. Y aquí los números son aún más claros. Solo con el pelotazo de las mascarillas, Víctor de Aldama cobró 5,5 millones de euros en 2020. Una cantidad enorme en comparación con esos 10.000 euros al mes que presuntamente pagaba a Koldo, o ese piso alquilado para la novia del ministro, o el resto de las prebendas que ha acreditado la investigación judicial. 

Los informes de la UCO tampoco han encontrado cifras millonarias en el patrimonio del ministro ni en el de su asesor. En las cuentas de Koldo, apenas 138.000 euros en ingresos en efectivo sin justificar. Hay también tres pisos en Benidorm que, según su abogada defensora, están hipotecados al 80% y costaron 600.000 euros. Dinero negro hubo, eso parece seguro; Koldo García pasó esos años como asesor del ministro sin sacar efectivo del cajero ni una sola vez. 

En el caso de Ábalos, la UCO detectó 95.000 euros en ingresos sin justificar. Un dinero que utilizó para pagar la pensión alimenticia tras uno de sus divorcios, para comprar joyas o flores a una de sus parejas o para costear el salario de la empleada del hogar. No parece que Ábalos hoy tenga mucho dinero y, si lo tiene, no parece que pueda acceder a él; perdió a su anterior abogado porque no le podía pagar. 

Es probable que buena parte del botín no se haya encontrado. O que ya no exista: que se gastara en la desordenada vida personal del exministro. Pero, con las cifras que hay sobre la mesa, la parte de Koldo y Ábalos fue una propina, al lado de los negocios del “jefe real” de este caso de corrupción.

Este juicio ni siquiera es el único al que se enfrenta Víctor de Aldama. Tampoco el caso de corrupción donde más dinero ganó. Junto con varios de sus socios, está también imputado por el fraude de los hidrocarburos, y ahí la UCO habla de 184 millones de euros defraudados al fisco a través de medio centenar de empresas. Es dinero suficiente como para pagar 10.000 euros al mes a Koldo García y a sus futuros herederos durante los próximos 184 siglos.

Víctor de Aldama lleva mintiendo desde que fue puesto en libertad, en noviembre de 2024. Se ha paseado impunemente por los platós de televisión, donde cada día airea acusaciones que nunca termina de probar. Hay varias evidencias de mentiras groseras, como esas cuentas en República Dominicana que atribuyó a Begoña Gómez. Esto sale de unas denuncias fabricadas por el entorno de un ultraderechista y un juez corrupto que está en prisión, y que cada tanto airean cientos de falsas cuentas en paraísos fiscales por los que ya han sido imputados penalmente. 

Ante el Supremo, este miércoles, Víctor de Aldama volvió a mentir con impunidad.

Aldama declaró que Pedro Sánchez le felicitó efusivamente cuando se encontraron en la presentación de la candidatura de Pepu Hernández y se hizo una foto con él. “Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quiero darte las gracias”, dice Aldama que el presidente del Gobierno le dijo. Es una frase que la derecha ha presentado como la pistola humeante de la complicidad del presidente del Gobierno con este caso de corrupción. 

Hay solo un problema: las fechas no coinciden. Ese acto de Sánchez con Pepu Hernández fue el 3 de febrero de 2019. Y las corruptelas de Koldo, Ábalos y Aldama, según la investigación judicial, empezaron en otoño de 2019; más de medio año después. Es poco creíble que Sánchez supiera “perfectamente” lo que estaba haciendo Aldama, salvo que exista el Ministerio del Tiempo.

Aldama también declaró haber recaudado dinero para el PSOE, que Koldo después blanqueaba mediante donaciones, al estilo de lo que hacía el PP con la Gürtel. “Entre 2019 y 2020, yo he entregado más de 1,8 millones”, confesó Aldama. “Si miran las cuentas del partido y hay un pico importante de donaciones en esa época se podrá ver de dónde viene el dinero”.

En el Tribunal de Cuentas figuran esos datos. Y las cifras de donativos de esos dos años no alcanzan ni de lejos los 1,8 millones que denuncia Aldama.

A través de donaciones, el PSOE ingresó 275.616 euros en 2019 y 837.506 euros en 2020. Ese año, el de la pandemia, la cifra fue inusualmente alta; lo habitual es que no superen los 300.000 euros anuales. Fuentes del PSOE explican que ese pico se debe a una colecta entre sus militantes para recaudar dinero para investigar el coronavirus que tuvo bastante tirón. Completaron lo recaudado con fondos propios, y ese mismo año –como publicó la prensa en su momento– donaron un millón de euros al Instituto Carlos III. Hay escritura pública de esa donación.

Aldama también denunció que Pedro Sánchez era “el número 1” de esta trama de corrupción. Fue un titular que el PP agradeció. No hay una sola evidencia en el sumario que apunte en esta dirección. Pero mentir como imputado en el Supremo no solo es gratis. En el caso de Aldama, es posible que tenga premio. 

Está claro quién se llevó la parte más grande del pastel. A la hora de pagar las consecuencias, el reparto será justo al revés. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y solo 7 años para Aldama. 

Ábalos y Koldo están ya encarcelados, en prisión preventiva. Aldama sigue en libertad. Salió de la cárcel en noviembre de 2024, tras un extraño acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que en su momento te conté. Estaba en prisión preventiva por riesgo de fuga, por el caso de los hidrocarburos, y fue puesto en libertad tras declarar en el caso de las mascarillas: después de acusar a medio gobierno de corrupción, unas denuncias que no ha logrado acreditar.

Esa supuesta colaboración con la Justicia en la práctica nunca llegó: Aldama sigue sin aportar pruebas ni tampoco ha aclarado nada del fraude de los hidrocarburos, por el que estaba encarcelado. Pero aquella famosa declaración no solo le sirvió para salir de la cárcel: también le ha permitido afrontar este primer juicio con una petición de pena inferior a la de los otros dos acusados. 

La defensa de Aldama, el abogado José Antonio Choclán, confía incluso en rebajar aún más esa pena de 7 años: que la Fiscalía Anticorrupción le aplique un atenuante mayor y pida solo 2 años en las conclusiones del juicio, lo que le permitiría seguir en libertad. Sin antecedentes penales, con dos años de condena no se suele entrar en prisión.

Hay muchas dudas de que este súper atenuante quepa siquiera en nuestra legislación. Para bonificarse de una rebaja así, Aldama tendría que haber colaborado con la Justicia antes de que fuera siquiera imputado y esto es algo que no pasó. Pero cosas más raras se han visto en la Justicia española en los últimos años.

Víctor de Aldama cuenta con otro aliado en este juicio: la acusación popular, donde está personada el PP. Fuentes jurídicas aseguran que el partido de Feijóo también está valorando rebajar su petición de pena contra Aldama a solo dos años, y que así no entre en prisión. 

Sería la recompensa adecuada por el circo de su última declaración. Y este juicio tendría un resumen: impunidad para el corruptor.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este viernes que ya ha presentado tres demandas contra Víctor de Aldama en relación con las acusaciones vertidas en el marco del caso Mascarillas y ha lamentado que formaciones políticas, en especial el PP, hayan “amplificado falsedades y difamaciones” sin pruebas.

Preguntado por los periodistas durante su participación en la manifestación por el Día del Trabajador en Las Palmas de Gran Canaria sobre la posibilidad de denunciar al empresario Víctor de Aldama, Torres ha afirmado que ya lo ha hecho “en tres ocasiones”: una primera iniciativa judicial presentada en 2024, una segunda que no pudo formalizarse por encontrarse la anterior en fase de instrucción, y una tercera que “está haciendo su recorrido desde hace bastante tiempo”.

El ministro ha subrayado que lo más grave no es que “alguien diga cualquier cosa sin pruebas”, sino que esas afirmaciones sean respaldadas y difundidas por “organizaciones políticas y otros foros”, algo que, a su juicio, “al final no se repara”.

En este sentido, ha señalado directamente al PP y ha afirmado que trasladó esta crítica a sus dirigentes en el Congreso de los Diputados.

En relación con las declaraciones de Koldo García sobre las llamadas “chistorras”, término con el que la UCO de la Guardia Civil asegura que el exasesor se refería a los billetes de 500 euros, Torres ha reiterado que el PSOE ha negado cualquier financiación ilegal y ha manifestado la intención del partido de personarse ante acusaciones que considera falsas.

El ministro ha recalcado que el proceso judicial se encuentra en sus “últimos días y horas” y que será la sentencia la que determine los hechos.

“Que la justicia llegue hasta el final”, ha insistido.

Asimismo, ha subrayado la diferencia entre testigos y acusados dentro del proceso judicial.

“Los testigos están obligados a decir la verdad”, ha señalado, en referencia a empresarios que han declarado no conocerle ni haberse reunido nunca con él, pese a afirmaciones previas en sentido contrario.

También ha citado la declaración de la presidenta del Tribunal de Cuentas, quien aseguró como testigo que los contratos firmados por Canarias y Baleares durante la pandemia no presentan irregularidades.

“Los acusados pueden decir la verdad o no”, en función de su estrategia de defensa, ha añadido el ministro, antes de reiterar su confianza en que el proceso judicial permita esclarecer lo ocurrido.

“Que la verdad reluzca y que todos sepamos qué fue lo que realmente pasó”, ha concluido. 

Debe de ser complicado tener a Koldo García como cliente en un juicio. El antiguo asesor de José Luis Ábalos ofreció un atisbo en su declaración del personaje impulsivo y no muy inteligente que el ministro aceptó como su hombre de confianza en el Ministerio. Pero, aunque la confusión acompañó a varias de sus afirmaciones, lo que quedó a salvo fue la amistad.

Se había especulado en los últimos meses con que las estrategias de defensa de ambos estaban condenadas a chocar y a que las discrepancias quedarían de manifiesto en el juicio. Antes de ingresar en prisión, Koldo había dado una larga entrevista a OK Diario, presumiblemente no de forma gratuita, que fue exprimida y troceada para ofrecer esa sensación. Imposible. Solo hay amor entre ellos: “Yo estaré toda la vida, toda, agradecido al señor Ábalos”, dijo en el juicio.

El acusado negó las acusaciones realizadas por Víctor Aldama el día anterior. Negó haber recibido 10.000 euros al mes del empresario que se pegó como una lapa al Ministerio y que se ganó la confianza de Koldo. Negó que hablara con frecuencia con Pedro Sánchez o tener su número de móvil y que pusiera las llamadas en el altavoz para que todos las escucharan. Negó haberle buscado un empleo a Jésica Rodríguez, la pareja de Ábalos, porque solo le pasó su currículum a Adif. Al estar arriesgándose a recibir una larga condena de prisión, eso no resulta extraño. Es relevante en la medida en que Aldama no había presentado más pruebas en su declaración que la afirmación de que todo se lo había contado Koldo.

Su comparecencia tuvo momentos algo violentos con nuevas insinuaciones sobre la novia de Ábalos. En primer lugar, dijo que la conoció a través de Aldama, cosa que el empresario había negado. Acusó a Jésica de haber intentado chantajear al ministro: “Esta señorita presionó bastante con que había que dar solución a sus problemas, porque si no, la opinión pública tendría conocimiento de ciertas realidades”. No concretó más. Dijo que utilizó sus fondos y los de su hermano para pagar el piso de lujo en que ella vivía. Era mucho dinero –que la UCO valoró en total en 88.000 euros– para el nivel de sus ingresos mensuales. Aldama sostuvo que fue un amigo suyo quien abonó ese alquiler porque él se lo pidió.

Koldo García desmintió haber participado en un sistema de comisiones con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE, como había denunciado Aldama. Pero sí dijo otra cosa que el gerente del partido había negado, y es que en ocasiones recibía algunos billetes de 500 euros al hacer liquidaciones o anticipos de gastos en el tiempo de Ábalos como secretario de Organización. “Uno o dos billetes al mes”, recordó.

Ahí fue cuando confirmó que llamaba “chistorras” a los billetes de 500, como aparece en el informe de la UCO. Pero resulta que en otros momentos por chistorras se refería a las chistorras de Navarra. O que les cambiaba esos billetes a los guardias civiles que conocía, como si los agentes fueran por la vida con ese montante de dinero. A veces todo era un poco confuso con Koldo.

Su abogada, Leticia de la Hoz, intervino durante la declaración del fiscal para pedir que se dejara a su cliente que terminara de responder las preguntas. Su argumento fue que “se pone nervioso” y que “no está acostumbrado a hablar en público”. Resulta que el tipo con mucho carácter que no se cortaba a la hora de dar órdenes a gritos por teléfono se podía poner nervioso.

Fuera por ese despiste o porque le salió una veta de humor sarcástico, Koldo ofreció una de las frases del juicio al dirigirse al fiscal: “Creo, y esto me va a suponer un disgusto, que usted no está buscando mi inocencia”. Es muy poco probable que sea así si tenemos en cuenta que la fiscalía pide 19 años de prisión para él.

Esa intervención de la abogada provocó un insólito momento de furia por parte del fiscal Alejandro Luzón. “No me ha ocurrido en 35 años de ejercicio profesional que una letrada, que un letrado, me interrumpa a mitad de una pregunta”, bramó. Se le veía realmente cabreado y siguió: “Llevo todo el juicio soportándolo”. No es raro que un defensor interrumpa si cree que la acusación está presionando a su cliente o no le deja completar las respuestas. A veces, es sólo un truco para dar un respiro al acusado. Al final, es el presidente del tribunal quien toma la decisión sobre cualquier conflicto.

En relación con el asunto que es el motivo de este juicio, Koldo sostuvo que no hubo ninguna irregularidad, mucho menos ilegalidad, en la compra de ocho millones de mascarillas en la pandemia por el Ministerio. En ese punto, afirmó desconocer elementos esenciales de la compra a pesar de su relación con Aldama. A saber, no sabía que Aldama estaba relacionado con la empresa Soluciones de Gestión que recibió la adjudicación de urgencia para adquirir el material sanitario en China –“ni me lo imaginaba”– y tampoco sabía que el empresario había ingresado millones por esa compra: “Pensé que estaba allí para ayudarme porque me vio totalmente agobiado”.

Fue un ejemplo de que convertir a Koldo García en el hombre para todo del Ministerio fue un error flagrante de Ábalos, un político con experiencia, pero también demasiado desconfiado.

Ábalos podrá decir cuando preste declaración el lunes que él solo pidió a sus subalternos que consiguieran ese material como fuera sin importarle cómo, pero Koldo tenía que saber quiénes iban a hacer las gestiones en un mercado tan difícil como el de China en esos momentos. Él mismo dijo que en esa época hubo “200.000 estafas”. Razón de más para estar más atento.

“Lo que quedó claro es que no se pagó un duro sin recibir antes el material”, dijo. Claro, porque, según el testimonio de Aldama, él se ocupó de buscar un “financiador” que adelantara el dinero. Es un hecho tan importante como para pensar que era imposible que Koldo no supiera que Aldama se había ocupado de buscar el dinero y que intentara aprovecharse del negocio, como así ocurrió.

Primer ingrediente: el derecho a mentir. En una escena de la clásica película “Testigo de Cargo”, Charles Laughton, abogado del acusado, llama a estrados a su propio cliente, Tyrone Power; le hace una pregunta irrelevante y le deja al pie de los caballos, para que le interrogue la otra parte. La maniobra era arriesgada, incluso temeraria, aunque desde nuestra perspectiva continental no se termine de entender la jugada. En el sistema inglés, y en Estados Unidos tras la aprobación de la Quinta Enmienda, el acusado tiene derecho a guardar silencio y a no declarar; de hecho, en estos países es habitual que el acusado no abra la boca. Y no lo hará porque el derecho se queda en esa frontera: puede guardar silencio, pero si quiere declarar tendrá que decir la verdad, declarará bajo juramento y será conminado a contestar todas las preguntas. Si se le pilla en un renuncio, se le acusará de falso testimonio.

Nuestro sistema es diferente: la Constitución garantiza el derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable. La interpretación de este derecho fundamental abarca en nuestra tradición jurídica un abanico de posibilidades. El acusado puede declarar o no, contestar a unas preguntas sí y a otras no, responder a su abogado pero no al fiscal, empezar contestando pero cambiar de opinión. Nunca se le tomará juramento para ello y, en caso de que se le advierta alguna mentira, no responderá de un delito de falso testimonio, que afecta a testigos pero no a imputados. Los teóricos se quitan la caspa diciendo que en España el imputado no tiene estrictamente un derecho a mentir pero, seamos francos, en la práctica existe.

Segundo ingrediente: la atenuante de confesión. En nuestro Código Penal existe esta atenuante, limitada a aquellos casos donde el culpable venga a confesar su delito antes de saber que hay un procedimiento donde se le investiga. Nuestros tribunales, buscando una finalidad utilitarista, a veces extienden la atenuante por analogía a supuestos donde, aun iniciado un proceso, el culpable confiesa y ayuda a resolver el asunto de manera relevante. En todo caso, la confesión debe ser veraz, aportar datos reales, contrastados y demostrables; debe ser coherente y sostenida en el tiempo y, ciertamente, debe estar vinculada a los hechos que son objeto del procedimiento. La confesión en un asunto no te atenúa la pena en otro. Al menos, todo era así hasta ahora. Y, desde luego, la delación no se contempla en ningún caso como atenuante.

Tercer ingrediente: las declaraciones de los coimputados, que no valen gran cosa. Nuestros tribunales han reiterado que no sirven como prueba de cargo cuando, siendo únicas, no resulten corroboradas por otras pruebas. El Tribunal Constitucional ha llegado al punto de llamar a la declaración de un coimputado prueba “sospechosa” (STC 68/2001) en la medida en que el acusado, a diferencia del testigo, no sólo no tiene obligación de decir la verdad, sino que puede callar parcial o totalmente lo que le interesa; de hecho, como hemos visto, puede mentir impunemente. En sí misma, la declaración no vale nada; habrá que buscar datos objetivos que la respalden y, en sentido contrario, valorar motivos espurios que pudieran privarle de credibilidad, como el afán de exculpación o el ánimo de obtener algún tipo de beneficio punitivo.

Elaboración de receta: se juntan estos tres ingredientes y tenemos un proceso podrido. La imagen de Víctor Aldama compareciendo en la más alta tribuna de nuestro más alto tribunal, ejerciendo de apóstol y propagandista, es desoladora. En una relación simbiótica, Aldama utiliza la oportunidad concedida para ensuciar, insinuar, contradecirse, patalear contra el Gobierno sin aportar nada, en una declaración donde apenas se le hacen preguntas. Es un parlamento, un coloquio donde se explaya, con el permiso del Tribunal y la satisfacción de la Fiscalía Anticorrupción, sobre cosas que no tienen nada que ver con el objeto del pleito, que ya no sabemos de qué va: empezaron siendo las mascarillas, pasaron a ser las chicas y ahora es la pura mugre. Amparado en su derecho a no decir la verdad, Aldama no confiesa; simplemente dice cosas, pero esto no es confesar. ¿Qué confiesa insinuando la responsabilidad de Pedro Sánchez? Nada de lo que ha dicho esta persona ha permitido descubrir algo que no se supiera antes. Del delito más grave que enfrenta, un delito fiscal por importe de millones de euros, no ha confesado; no lo necesita, sabe que no irá a la cárcel.

Aldama ha descubierto que cuanto más alto apunte, menos tiempo pasará en prisión; alguien se lo ha dicho, y este elemento simbiótico es lo realmente inquietante. Aldama es un instrumento sospechoso: se le da audiencia porque se le necesita. De nada de lo que dice hay pruebas, pero precisamente por ello alguien parece tener interés en escucharle con atención, en dar valor a lo que no vale nada, porque en el objetivo que alguno tiene fijado sobre Ferraz, no cuentan con más balas que el pobre testimonio de un mentiroso. No es munición bastante, pero lo intentarán, ya verán ustedes.

En fin, el Tribunal Supremo no vivió su mejor día al permitir a Aldama en sesión solemne dar una conferencia inmunda. Lo peor, con todo, está por llegar.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha entendido que tras lo escuchado en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el caso Mascarillas, “nadie” puede dudar ya de que ha sido sometido una campaña de difamación, por lo que ha dicho esperar “disculpas” de los partidos que se sumaron a las “acusaciones sin pruebas”, PP y Vox.

“Después de dos años, creo que no hay nadie ya, incluso con lo que hemos conocido en las últimas horas, que dude de que Ángel Víctor Torres ha sido sometido a una campaña vil y vergonzosa de difamación porque al final todo lo que se afirmaba era falso”, ha señalado el ministro.

El también expresidente de Canarias ha hecho especial hincapié en que no hay “nada” relacionado con mujeres vejadas, comisiones, mordidas o refinerías ilegales que le pueda involucrar. “Nada de nada”, aseveró.

Torres ha esperado que se “disculpen” los partidos políticos que han sido “altavoces vergonzosos y viles de acusaciones sin pruebas que se han mostrado al final (incluso con las investigaciones que ha hecho la Guardia Civil y los juzgados pertinentes) que eran absolutamente falsas”.

En cuanto al juicio contra Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por el caso Mascarillas en el Tribunal Supremo, el socialista ha recordado que pronto se sabrá qué decide la justicia.

“Desde el PSOE ya hemos dicho claramente que el partido pide personarse ante afirmaciones que entiende que no tienen ninguna base probatoria. Y como ha ocurrido en mi caso después de dos años, al final la verdad siempre reluce, se abre paso y termina sabiéndose pero lo lamentable es que hay un daño que se intenta provocar incluso en el entorno más íntimo... imperdonable”, resaltó.

Pese a todo, el ministro ha asegurado que está “más fuerte” que antes de la “campaña” contra su persona que ha sufrido y con las “mismas ganas” de seguir trabajando por el interés general.

Ataques a Torres

Aldama compareció este miércoles ante el Supremo, pero en esta ocasión dijo que el asesor ministerial Koldo García le pidió que pagara una comisión al entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), por los contratos de las mascarillas, pero que este nunca lo pidió y “no se pagó” y tuvieron “problemas en Canarias”. Es decir, que Torres no cobró ni pidió cobrar, justo lo contrario de lo declarado por el propio Aldama en otras ocasiones.

El empresario ha intentado en declaraciones anteriores implicar a Ángel Víctor Torres en la supuesta trama corrupta, pero sin aportar nunca ninguna prueba de ello. De hecho, la investigación realizada por la UCO concluyó sin hallar ningún indicio de delito en el ministro y expresidente canario. Es más, Aldama situó a Torres en un piso en Madrid con prostitutas y el ministro pudo demostrar con pruebas que en esa fecha se encontraba en Canarias con su familia.

Pese a que Aldama acusa sin pruebas, el PP ha pedido en diversas ocasiones la dimisión del ministro, dando por buenas las acusaciones que han sido ya demostradas falsas y sin retractarse tras conocerse que eran infundadas.

El empresario Víctor de Aldama ha declarado en el juicio del caso Ábalos, caso Koldo, caso Mascarillas. Y ha ido con todo: ha acusado al PSOE de financiación ilegal y a Pedro Sánchez de saberlo y consentirlo. También ha ahondado en más detalles de su relación los otros dos acusados, a los que se veía de fondo, cómplices, entre risas y unidos de nuevo ante la declaración de Aldama. 

Hay pasajes en el relato de Aldama que pueden ser ciertos, otros que serán mentira, pero en un juicio lo más importante es que se puedan demostrar. Y el empresario no da ninguna prueba. Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero. 

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Se avecinaba un buen show con la declaración de Víctor Aldama en el juicio del llamado Caso Mascarillas –en el que por cierto casi no se habla de mascarillas– y no decepcionó. Menos con el asunto más dramático. El empresario que se había hecho un nombre en programas de televisión como el de Iker Jiménez anunciando que tenía material suficiente para hundir a Pedro Sánchez no estuvo a la altura de esas expectativas en concreto. De hecho, no presentó ninguna prueba que no fuera conocida más allá de lo que le contaba Koldo García, lo que ya aparece con gran extensión en los mensajes conseguidos en la investigación de la UCO. Fue un espectáculo confuso en el que no faltaron algunas procacidades que no suelen escucharse en un juicio en el Tribunal Supremo.

Aldama, de 48 años, no se mostró tan arrogante, excepto en breves momentos, como en sus incursiones televisivas. Se mostró seguro y confiado en sus respuestas al fiscal en un interrogatorio de no menos de cuatro horas y se defendió con habilidad cuando preguntaron los abogados de las defensas, que sí lograron resaltar algunas contradicciones. Testificó que había engrasado la maquinaria económica de José Luis Ábalos y Koldo García con pagos mensuales de 10.000 euros durante varios años, además de la compra de una casa para disfrute personal del exministro. Hizo lo posible para no incriminarse en nada más de lo necesario. Sostuvo que todo lo hizo para conseguir influencia. “Pienso que de aquí voy a sacar tajada si lo hago bien”, dijo que pensó tras un viaje a México que montó para Ábalos en febrero de 2019. “Yo lo que busco es tener notoriedad y poder para poder hacer mis negocios en otro ámbito”, afirmó después.

La declaración del teniente coronel Antonio Balas dejó muy tocado a Aldama al calificarle de “jefe de la trama” que obtenía lo que quería de Ábalos y Koldo. El empresario hizo todo lo posible para intentar refutar esa idea. No con demasiado éxito, porque hay que suponer que el tribunal creerá más al jefe de la unidad de delitos económicos de la UCO que a un acusado para el que el fiscal pide siete años de prisión y que está imputado por un fraude millonario en la Audiencia Nacional.

Ahora bien, Aldama fue generoso con los titulares. “Si yo era el jefe de la trama, el señor presidente del Gobierno estaba en el escalafón uno; el señor Ábalos, en el dos; Koldo, en el tres; y yo, en el cuatro”. Con eso, el PP ya tiene hecha la semana.

Más allá del destino judicial del exministro y su asesor, lo más grave de lo declarado por Aldama es que alegó que hizo el papel de cobrador de comisiones pagadas por constructoras a cambio de obra pública. Citó a tres empresas –Levantina, Lantania y Azvi– y sus dueños. Esas comisiones eran supuestamente para el PSOE. No contaba con ninguna prueba de que el dinero tuviera como destino final al partido. Sólo lo que le dijo Koldo García: “Me dijo: 'Podemos ayudarles para que ellos se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos, pues podemos tener un rendimiento y a nosotros nos hace falta para la financiación del partido'”.

Aldama declaró que llevaba personalmente el dinero en efectivo al Ministerio de Transportes y a la casa de Ábalos. En una ocasión, dijo que llegó a entregar 250.000 euros. Según él, no se quedaba con nada. Se presentó como un intermediario que no se llevaba una comisión a diferencia de todos los casos conocidos de corrupción. Afirmó que no tuvo nada que ver con los 90.000 euros que una conocida suya, Carmen Pano, también imputada en la Audiencia Nacional, dijo haber entregado en la sede del PSOE en Ferraz, una historia que ha aparecido en medios de derecha y que ha sido utilizada con frecuencia por el PP. Es un dinero del que no se sabe con seguridad ni el origen ni el destinatario. Ella declaró que fue Aldama quien le encargó la entrega. Aldama lo niega.

Antes de que acabara su testimonio, el PSOE difundió un comunicado para negar las acusaciones: “La realidad sigue siendo la misma: acusaciones sin acreditar porque no hay delito que acreditar. Mentira tras mentira. Estamos ante una estrategia conocida: en su derecho de defensa, el engaño es su principal herramienta”.

Su único contacto con Pedro Sánchez fue un breve encuentro en un mitin socialista, ya conocido al haberse publicado una foto de ambos que sacó Koldo. “El presidente me dice: 'Muchas gracias por todo. Sé lo que estás haciendo. Te lo agradezco”. Podía referirse al viaje a México que él había gestionado gracias a que era amigo de dirigentes del PRI, porque fue por esas fechas. Por entonces, aún no había intervenido en ningún pago de comisiones.

Para todo lo demás relacionado con Sánchez, su fuente era Koldo. El asesor presumía de tener una relación personal muy estrecha con Sánchez. “Veo que no le llama presidente. Le llama Pedro. Koldo dice: 'Él me debe mucho. Si me pide que le llame presidente, me voy del partido'”. Koldo García estuvo en el equipo de militantes que apoyó a Sánchez en las primarias que ganó a Susana Díaz. Presumía de que era alguien importante en el partido y que hasta tendría que haber trabajado en Moncloa. Con la única experiencia de guardaespaldas y sin formación, es algo difícil de creer en un personaje de estas características.

Todo lo que tiene que ver con Aldama y Koldo incluye altas dosis de fabulación. No es que un acusado en un juicio tenga un derecho constitucional a mentir, pero sí a no incriminarse. Se espera que mienta para no ser condenado. Cuando Aldama dice que Koldo le decía que “el presidente sabía todo lo que hacíamos”, no tiene más prueba que lo que él dice que le decía Koldo. Eso es lo que sucedió una y otra vez en su declaración.

La abogada de Koldo le recordó que no se encontró ningún número de teléfono de Sánchez en la agenda de los 27 teléfonos intervenidos a su cliente ni tampoco el registro de una sola llamada. Aldama se limitó a responder que quizá lo había borrado.

En el rescate de Air Europa, sí jugó un papel protagonista, porque era asesor de la empresa. En ese caso, no tuvo inconveniente en negar todo lo que ha publicado la prensa de derecha y el PP. “Es un rescate completamente legal con un crédito de la SEPI en el que se ponen todas las garantías que se piden”, explicó. Si acaso, se quejó de que el rescate llegó demasiado tarde. Negó que hubiera pagos por debajo de la mesa: “La familia Hidalgo no quiere saber nada de comisiones y yo ni se lo propongo”.

Las ayudas a la compañía aérea no forman parte de este juicio, pero el fiscal le preguntó sobre el tema sin que el presidente del tribunal moviera un dedo al respecto. Sorprendentemente, el juez Arrieta dejó cancha libre a esas preguntas. Es cierto que todo lo que tenga que ver con la relación personal entre Aldama y Ábalos y Koldo es relevante en este juicio, pero profundizar en un asunto como ese estaría fuera del procedimiento, como ha recordado Arrieta en otras ocasiones.

El fiscal Alejandro Luzón le preguntó más sobre Air Europa o Venezuela que sobre la compra de las mascarillas por el Ministerio en la pandemia. “Nosotros pusimos el dinero por adelantado”, explicó. Cobró siete millones y medio por ellas –brutos, porque señaló que luego pagó los impuestos correspondientes–. De esa cantidad, contó que entregó un millón a Ábalos y 500.000 euros a Koldo. En total, afirmó que ambos recibieron de él “entre tres millones y medio y cuatro millones”. Ese dinero o parte de él no se ha encontrado en ninguna cuenta corriente investigada.

Aldama estaba tan sobrado que incluyó frases de Koldo García que no venían a cuento. La declaración tuvo lo que podríamos llamar momentos Sálvame. De los que dan muchos puntos de audiencia en el share. Por alguna razón, le preguntaron por Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif e imputada en la Audiencia Nacional, pero no en este juicio. “Koldo me da a entender que él e Isabel Pardo de Vera son pareja”, dijo. Ábalos y Koldo se rieron con ganas al escucharle un comentario que no venía a cuento o que quizá sólo era para implicarla en los manejos de la pareja.

Por la misma razón o cualquier otra, dijo que Ábalos tenía mucha ascendencia sobre María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno en esas fechas. Y no se paró ahí: “Según Koldo, palabras textuales de Koldo, y una vez más no quiero ofender a la sala, a la ministra se le hacía el coño agua cada vez que hablaba con el ministro”. Ábalos y Koldo dieron evidentes muestras de disconformidad con lo que habían oído. El juez Arrieta no reaccionó ni se sintió ofendido. Será que le pareció un lenguaje apropiado para el juicio.

Aldama venía a dar espectáculo y el Tribunal Supremo resultó ser el escenario que necesitaba para su actuación.

El empresario Víctor de Aldama ha tratado de implicar a Pedro Sánchez en el presunto amaño de obras para financiar al PSOE al que ha aludido en su declaración en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo. “Si hay una jerarquía, el señor presidente del Gobierno estaba en el escalafón 1, Ábalos en el 2, Koldo García en el 3 y yo en el 4 porque todo lo sabía el presidente”, ha afirmado durante el interrogatorio del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que se ha extendido durante cuatro horas. 

El comisionista no ha aportado pruebas del supuesto conocimiento que Sánchez tendría de sus tratos con Ábalos y Koldo García, a los que ha afirmado que llegó a entregar “entre 3,5 y 4 millones de euros” en comisiones después de que la mano derecha del ministro le pidiera que fuera el “nexo” para que constructoras que licitaban con el Ministerio de Transportes donaran dinero al PSOE a través de grandes cantidades en efectivo. Tras trascender esta declaración, los socialistas han anunciado que pedirán amparo al Supremo por las “injurias” de Aldama: “No permitiremos que nos difame”, recogen en un comunicado.

El comisionista ha buscado reforzar su afirmación sobre la presunta implicación de Sánchez en la trama aludiendo a un encuentro con Sánchez en un teatro tras un mitin del PSOE en 2019, donde ambos se tomaron una fotografía. Aldama ha asegurado que Sánchez le dijo, textualmente: “Muchas gracias por todo. Sé lo que estás haciendo”.

No obstante, según su propio testimonio, en ese momento únicamente había gestionado un viaje a España del gobernador de Oaxaca (México), quien se reunió con Ábalos para abordar cuestiones relacionadas con los intereses de empresas españolas en ese país. Es decir, no se habían iniciado los presuntos tratos corruptos con constructoras con intereses en el Ministerio de Transportes. 

Aldama ha reiterado que Koldo García le dijo que Pedro Sánchez sabía de esas entregas de constructores al partido. Y ha afirmado que en una ocasión vio cómo Koldo García llamaba al presidente, al que tuteaba y se dirigía a él como Pedro. También ha afirmado que le hablaba de forma coloquial diciéndole incluso que “le iba a reventar la cabeza” lo que, a su juicio, evidenciaba la estrecha relación que Koldo García mantenía con el presidente del Gobierno.

En la segunda parte del interrogatorio, a preguntas del abogado del PP, que ejerce la acusación popular, Aldama ha tratado de nuevo de implicar a Sánchez. El empresario ha asegurado que el presidente del Gobierno llamó a Ábalos para pedirle que intentaran amañar un contrato ferroviario de Renfe a favor de la empresa valenciana Stadler y conseguir así dinero con el que financiar el partido y la Internacional Socialista. El empresario ha asegurado que él y Koldo García viajaron a Valencia en tres ocasiones a ver al presidente de la compañía, que llegó a quejarse incluso al ministro, y que él acabó saliéndose de la operación.

Es la primera vez que el empresario, imputado en varios sumarios, vincula directamente el amaño de obras con la financiación de los socialistas. Según ha asegurado, llegó a entregar en el despacho del ministro cantidades abultadas de efectivo, que habrían llegado a los 250.000 euros.

Las presuntas mordidas de las constructoras que él se encargaba de recaudar iban en paralelo al pago de la suerte de nómina de 10.000 euros al mes que entregó a Ábalos y Koldo García desde octubre de 2019 y que, según las acusaciones, le permitía pedir favores y asegurarse un trato preferente en un Ministerio que manejaba un presupuesto anual de más de 10.000 millones de euros y en otros departamentos de la Administración.

“[Koldo García] habla siempre de la palabra ayuda pero, obviamente, no es ninguna ayuda. Me dijo: 'Podemos ayudarles para que ellos [las constructoras] se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos, pues podemos tener un rendimiento y a nosotros nos hace falta para la financiación del partido'”, ha afirmado. 

El Tribunal Supremo impulsó una línea de investigación que indaga en la existencia de una trama de amaño de obras ubicada en el corazón del Ejecutivo y del partido cuya dimensión está todavía por determinar, si bien por el momento no ha aparecido ningún indicio de que ese presunto amaño de obras tenga relación con la financiación ilegal del PSOE.

Aldama ha admitido que fue consciente en ese momento de que recaudar mordidas de empresarios era algo “ilegal”, si bien ha reconocido que no se sintió “del todo cómodo, pero tampoco incómodo”. “Al final, soy empresario, veo la oportunidad, y lo que quiero es seguir trabajando y que me sigan dando cosas que al final es por lo que estaba haciendo todo el esfuerzo y poniendo todos mis contactos encima de la mesa para ganarme su confianza”, ha aseverado.

Sobre el pago mensual de 10.000 euros a Koldo García y a Ábalos, ha afirmado que surge tras una reunión con el asesor en el que le dice que 'el jefe' —como se refería al ministro— tenía que afrontar pagos de su exmujer, del colegio de los hijos, y otros asuntos. Tras realizar un cálculo, llegan a esa cifra. Ante el tribunal, Aldama ha reconocido que se comprometió a pagar esa cifra todos los meses.

Ha explicado que mantuvo el pago de esas mensualidades, que entregaba en sobres, hasta finales de 2022, cuando Ábalos llevaba más de un año fuera del Ministerio. Y ha indicado que a esas cantidades sumaba las otras que le entregaban las constructoras para el ministro. Como detalle, ha recordado que cuando llevaba grandes cantidades de efectivo, “por ejemplo 250.000 euros”, metía el dinero en una mochila Montblanc con la que subía al despacho del ministro al que accedía por su ascensor personal. “En esa mochila llevaba dinero”, ha recordado para luego sumar que en la mochila metía el dinero en una bolsa de Carrefour que el ministro se guardaba en un cajón sin contarlo.

El fiscal Luzón ha querido saber de dónde sacaba tanto efectivo. El empresario ha incidido en que, por un lado, procedía de las constructoras que se quedaban con las licitaciones. Y que él ponía por su cuenta y riesgo a modo de “siembra” para lograr notoriedad que le ayudara en sus negocios. Al hilo, ha puntualizado que dado que las cantidades en efectivo no eran fáciles de conseguir llegó a pedir a Koldo García que le facilitara otra fórmula que permitiera pagos por transferencia. Y ahí se acordó que abonara el alquiler del piso de Plaza de España de Jésica Rodríguez, la expareja de Ábalos.

El empresario también ha admitido que “alardeó” de su relación con Ábalos cuando solo le había visto una vez. Y ha asegurado que en México pagó “señoritas” para que el ministro se relajara durante un viaje a México que tenía como objetivo promover los intereses de empresas españolas en ese país y que Anticorrupción considera que es uno de los episodios que apuntan al grado de influencia de Aldama sobre el exministro y su asesor. Ábalos ha defendido que Aldama no formaba parte de la delegación.

Aldama empezó a colaborar en noviembre de 2024, cuando estaba en prisión por su implicación en otro caso, un millonario fraude con hidrocarburos. Entonces, compareció de forma voluntaria en la Audiencia Nacional, donde durante varias horas disparó ante el juez Ismael Moreno contra relevantes nombres del Gobierno y el PSOE, a los que acusó de cobrar sobres repletos de dinero, entre otras prebendas. Afirmó por primera vez que él mismo había pagado 250.000 euros en comisiones al exministro y 100.000 a su mano derecha. 

Tras Aldama, está previsto que declaren Koldo García y Ábalos, quienes tratarán de desvirtuar las conclusiones de los informes de los investigadores que apuntan a sospechosos incrementos patrimoniales de ambos gracias al cobro de mordidas —“chistorras”, “soles” o “lechugas”, que era como llamaban a los distintos billetes en la jerga de la trama—. Ambos han escuchado atentamente la declaración de Aldama mientras tomaban notas en sendos cuadernos.

El teniente coronel Antonio Balas sabe cómo vender un titular en un juicio. El jefe de la unidad de delitos económicos de la UCO declaró el lunes en la vista del caso mascarillas y desplegó todas las pruebas contra los acusados José Luis Ábalos y Koldo García. No son pocas, en especial las relacionadas con la acusación de cohecho. Pero no se quedó allí. Estableció teorías y ofreció deducciones con las que reforzar la idea de que un ministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez trabajaba prácticamente a las órdenes de un comisionista, uno que ahora está implicado en presuntos delitos económicos de grandes dimensiones en otra causa en la Audiencia Nacional.

Al igual que en el juicio del fiscal general, Balas presentó una mezcla de hechos y opiniones al servicio de las acusaciones. Esta vez, sobre bases más sólidas que entonces. Y una curiosa coincidencia. En el juicio anterior, dijo que Álvaro García Ortiz tenía “un dominio a todos los niveles” de la toma de decisiones en la Fiscalía General. Ahora volvió a utilizar esa palabra: “Lo que se quiere reflejar aquí es el dominio que tiene Aldama sobre estas personas” (por Ábalos y Koldo).

La aportación más original del responsable de la UCO y de su segundo, el comandante Montes, fue establecer una jerarquía específica entre los acusados. Víctor Aldama era “el jefe de la trama”. Según su lectura de los hechos, había desembolsado dinero suficiente como para tener al ministro en el bolsillo, comenzando con el abono de 10.000 euros al mes. No es solo influencia, sino “dominio” o “mandato”, primero sobre Koldo García y luego sobre su jefe.

Esa declaración es aparentemente compatible con decir que Ábalos era “instrumental” en todas las operaciones por ser ministro. “Por eso, cobra lo que cobra y cuando lo exige, le pagan”, dijo Balas.

La compra de mascarillas por el Ministerio de Transportes se produce en la pandemia en 2020. Lo que ocurre es que los pagos, por ejemplo el de un piso para Jésica Rodríguez, pareja de Ábalos, habían comenzado antes de ese año. El pago del alquiler lo hacía Luis Alberto Escolano, que ya ha declarado en este juicio que lo hizo por órdenes de Aldama. ¿Por qué el comisionista hizo este desembolso durante tanto tiempo, fuera por él o por otro miembro de su red de amigos o contactos?

“Está pagando el acceso al ministro”, explicó el teniente coronel, en lo que se supone que era una inversión de cara al futuro. “De esa manera, cree que va a tener comprada la voluntad del ministro”.

Como forma de establecer el alcance de los pagos hechos por Aldama, los agentes de la UCO habían hecho un cálculo. Declararon que Koldo García, su mujer y su hermano ingresaron 387.000 euros en sus cuentas entre 2020 y 2022 sin que exista ninguna otra razón que justifique tales cantidades teniendo en cuenta sus salarios.

Los hechos posteriores confirman su visión del poder del comisionista tal y como lo analiza la UCO: “Aldama les exige (a Ábalos y Koldo) de manera contundente, pero en ningún momento ellos se muestran reticentes”. Ese es el contexto en que los agentes colocaron la compra de ocho millones de mascarillas. El contrato fue el “paradigma” de las relaciones de Aldama con Ábalos, el tipo de favor que justificaba el pago de 10.000 euros mensuales al ministro y su asesor. De esa venta de mascarillas, Aldama sacó 3,7 millones de euros de beneficios netos.

Balas fue más lejos cuando extendió el manto de la sospecha sobre la influencia de Aldama, para el que la Fiscalía pide siete años de prisión a cambio de su colaboración. Ahí entró en escena la visita de Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela. Aldama envió a Koldo una carta de invitación para que la firmara Ábalos, aunque en el texto que aparece en el sumario lógicamente no figura la firma del ministro ni un sello del Ministerio o del PSOE. La hoy presidenta de Venezuela aterrizó en Barajas, pero no pudo entrar en España por las sanciones aprobadas por la Unión Europea.

Sobre esa visita frustrada, Aldama sostiene que organizó una cena de Delcy con “varios ministros”, una idea difícil de llevar a la práctica a causa de esas sanciones que Moncloa o Exteriores debían conocer. Balas dio crédito a esa versión basándose en la carta preparada por Aldama y su influencia sobre Ábalos y en que el ministro comunicó con un mensaje a Pedro Sánchez que la vicepresidenta “quiere verme”. En cualquier caso, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, no dejó que se profundizara en el asunto, porque no forma parte de las materias enjuiciadas.

Balas también mencionó de pasada el rescate de Air Europa como demostración de que la trama contaba con “un acceso muy importante en todos los niveles”. Ahí no está nada claro que sea cierto o si el guardia civil estaba simplemente especulando. Si Aldama era “el jefe de la trama” y conseguía lo que quería, no se explica por qué los créditos concedidos a la compañía aérea para que sobreviviera a la pandemia tardaron tanto en concederse por el Gobierno o por qué la SEPI exigió duras condiciones a la empresa en materia de avales que pusieron muy nerviosa a la dirección de Air Europa. Lo que es seguro es que Aldama presumió ante los jefes de la compañía de la importancia de sus gestiones por las que cobraba como intermediario.

La labor de las defensas consistió en cuestionar las conclusiones presentadas por los dos mandos de la UCO. Lo tuvieron difícil en muchos momentos y eso provocó choques con el magistrado Arrieta cuando mostraron su escepticismo con algunas de las manifestaciones de los testigos. Marino Turiel, abogado de Ábalos, llegó a lanzar esta acusación contra Montes: “Ustedes tienen una memoria fantástica para lo que quieren”. El guardia civil respondió: “¿A qué se refiere?”. Arrieta intervino de inmediato para que el letrado no siguiera por ahí.

Turiel se metió después en una discusión con Montes sobre el precio medio de las mascarillas en la pandemia y la cosa acabó mal. Un intercambio de pareceres inmediatamente posterior en relación a los procedimientos de contratación en la Administración provocó las palabras más duras de Arrieta contra las defensas en este juicio.

Ya definitivamente cabreado porque Turiel le había interrumpido, Arrieta saltó como una fiera: “A partir de ahora, yo voy a ser más radical con ustedes”. Se le había acabado la paciencia. Sonó demasiado autoritario y para nada alentador para los intereses de la defensa.

Tampoco les debió de gustar a los abogados defensores que Arrieta decidiera hacer una pregunta muy concreta a los mandos de la UCO antes del fin de uno de los bloques del interrogatorio. Quiso saber a cuánto ascendía todo el dinero que se pagó por el alquiler del piso que disfrutó Jésica Rodríguez. “88.000 euros”, respondió el comandante Montes. Es muy probable que esa cifra aparezca en la sentencia.