La apariencia de que se está administrando justicia es un elemento constitutivo del proceso a través del cual la justicia se administra. Si no parece que se está administrando justicia, es que se está haciendo otra cosa.

En España se está produciendo con cierta reiteración la ausencia de dicha apariencia. El abogado de Begoña Gómez se lo dijo directamente al juez instructor Juan Carlos Peinado en una comparecencia reciente y la Unión Progresista de Fiscales ha llevado a la ONU la “sucesión de irregularidades” en la causa contra el fiscal general. Por no hablar de la persecución política disfrazada de proceso judicial de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, procesados y condenados por el delito imposible de prevaricación administrativa por haber presidido el Consejo de Gobierno que aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Una vez declarada anticonstitucional dicha persecución por quien puede hacerlo -el Tribunal Constitucional-, la Audiencia Provincial de Sevilla ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no la va a admitir a trámite siquiera por no tener competencia para ello. O por no hablar de las decisiones de la Sala Segunda sobre la Ley de Amnistía…

Da la impresión de que los órganos judiciales de más alto nivel en nuestro país, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, han desarrollado una peculiar afición a esta tendencia de hacer justicia sin parecer que lo hacen. Lo estamos viendo en estos días con dos casos de relumbrón. El caso de las mascarillas en el Tribunal Supremo (TS) y el caso Kitchen en la Audiencia Nacional. 

Del primero, el lector de este diario ha tenido la oportunidad de leer dos artículos excelentes, uno de Carlos López Keller, 'Crónica de una condena anunciada', el 6 de abril, y otro de Ignacio Escolar, 'Ábalos y Fernández Díaz: busca las diferencias', el 11 de abril. 

Solamente tengo una cosa que añadir y es que, en mi opinión, hay motivos más que suficientes para interponer un recurso de amparo contra esa “condena anunciada” por parte del TS. Este tribunal no puede convertirse en un juez de primera y única instancia de la manera que a él le parezca oportuno. Se trata de una anomalía tan extraordinaria que el TS tendría que justificar su decisión de una manera objetiva y razonable, algo que brilla por su ausencia en la decisión que ha adoptado. 

Tal vez no haya un órgano constitucional que esté tan afectado, en términos generales“ por la ”interdicción de la arbitrariedad“ de los poderes públicos enunciada en el artículo 9 de la Constitución, como lo está el TS. Por su propia posición en el edificio del Estado constitucional. Y tal vez no haya un asunto en que dicha interdicción haya sido desconocida de manera tan reiterada como en el caso mascarillas. 

La razón de esta arbitrariedad reiterada en cada uno de los pasos por parte del TS no es otra que la de hacer coincidir en el tiempo el juicio del caso mascarillas con el del caso Kitchen en la Audiencia Nacional y dictar una sentencia condenatoria firme que suponga el ingreso en prisión de un exministro del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y de un exsecretario de organización del PSOE con Pedro Sánchez como secretario general, antes de que exista una sentencia condenatoria firme contra un exministro del PP.

Lo más llamativo del caso mascarillas es que, a medida que ha avanzado el juicio, las mascarillas casi brillan por su ausencia. Lo que se anunciaba como un gigantesco caso de corrupción de libro, está resultando ser un examen de conductas repugnantes, pero que casi nada, por no decir nada, tienen que ver con la “madre de todas las corrupciones” que se nos había prometido. 

El caso mascarillas es el de menor entidad de todos los casos sobre mascarillas que ya se han resuelto y de los que quedan por resolver. El de Almería, por ejemplo. La apariencia de administración de justicia brilla por su ausencia. No es justicia, sino otra cosa, lo que está haciendo el TS.

El Tribunal Constitucional, muy a su pesar, tendrá que acabar poniendo orden, porque, de no hacerlo, lo tendrá que hacer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nos avergonzará a todos.  

Lo mismo está ocurriendo en la Audiencia Nacional con el caso Kitchen. Que se sepa, Luis Bárcenas no ha sido tesorero del Ministerio del Interior. Fue tesorero del PP. Fue el tesorero que, por su condición de tal, disponía de la documentación acreditativa de la financiación presuntamente delictiva del PP. Para evitar que dicha documentación pudiera acabar en manos del juez que estaba investigando dicha financiación, el Ministerio de Interior del Gobierno presidido por Mariano Rajoy puso en marcha una operación, denominada posteriormente como Kitchen, con decenas de policías pagados con fondos reservados para apropiarse de la documentación en manos de Luis Bárcenas y su mujer, a fin de que no acabara en las manos del juez. 

La documentación en manos de Luis Bárcenas no era incriminatoria para el Ministerio de Interior. No incriminaba ni al ministro ni a ningún otro funcionario del Ministerio. Incriminaba presuntamente al presidente del PP, Mariano Rajoy, al vicepresidente, Javier Arenas, y a la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Y al propio PP. Pero a nadie más. 

Obviamente, únicamente las personas cuya presunción de inocencia podía ser destruida en sede judicial con las pruebas que contenía la documentación de Luis Bárcenas podían tener interés en que dicha documentación no acabara en manos del juez.

Fue la condición de presidente del Gobierno de Mariano Rajoy la que posibilitó que la operación Kitchen se activara. Ni Fernández Díaz ni ninguno de los demás miembros del Ministerio procesados tenían interés en hacerlo. Sin el impulso del presidente Mariano Rajoy, la operación Kitchen no habría existido.

Sin embargo, la instrucción se detuvo en el momento de investigar al partido, para circunscribirla al ámbito del Ministerio. En la documentación que se sustrajo a Luis Bárcenas no había ni una sola referencia al Ministerio ni al ministro. Sí la había respecto a M. Rajoy o respecto a Arenas y Cospedal.  

¿Puede alguien pensar que se está administrando justicia cuando los principales y únicos beneficiarios de la operación Kitchen no figuran entre los procesados? 

Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro han sido, presuntamente, los protagonistas de los dos asuntos de corrupción más importantes desde la entrada en vigor de la Constitución. No ha habido ningún otro en el que se haya “privatizado el Ministerio de Interior”, como ha ocurrido en la operación Kitchen. O en el que se haya “privatizado el ejercicio de la potestad legislativa” de las Cortes Generales mediante un despacho profesional, Equipo Económico, que cobraba a las empresas gasistas para conseguir la aprobación de legislación hecha a su medida y redactada por ellas mismas. 

No se me ocurre un caso de corrupción que pueda ir más allá de la corrupción del Ministerio de Interior o de la potestad legislativa de las Cortes Generales. Del primero ya estamos viendo como el PP intenta eximirse de responsabilidad. Veremos si lo acaba consiguiendo o no. Del segundo, todavía está por ver que acabe siendo sometido siquiera al juicio por parte del poder judicial.

En esas estamos.

La Agencia Tributaria ha informado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Mascarillas que la cuota que presuntamente defraudó el empresario Víctor de Aldama con los contratos para la compra de mascarillas en el Ministerio de Transportes ascendió a 2,4 millones de euros. No obstante, especifica que la cuota exigible al conseguidor es de 1,6 millones de euros, cantidad que se obtiene de deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto de Sociedades en 2020 por sus mercantiles Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL.

En el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, los inspectores apuntan a que tanto Aldama como la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la trama, emplearon “mecanismos defraudatorios para reducir la carga fiscal correspondiente al ejercicio 2020” porque sabían que los beneficios obtenidos por esa intermediación en la compra de material sanitario “iban a ser relevantes”.

En este sentido, en sus conclusiones, la Agencia Tributaria indica que Soluciones de Gestión minoró la cuota a declarar e ingresar mediante la compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores, “las cuales se consideran no ajustadas a la realidad de la empresa”. Así, en la declaración del Impuesto de Sociedades de 2019 que presentó en julio de 2020, esa mercantil ya era conocedora del beneficio que le reportaría la adjudicación de los contratos públicos (todos adjudicados antes de julio de 2020, salvo el del Gobierno de Canarias). Y así, en dicha declaración generó una base imponible negativa de 800.000 euros, originada por el deterioro de un crédito con garantía frente a una sociedad relacionada. Y esa operación concreta, es lo que ponen los inspectores en cuestión.

Advierten así, que esa base imponible negativa “se compensó de manera falaz en el ejercicio 2020” con el objetivo de “reducir la carga impositiva derivada de los importantes beneficios obtenidos en el negocio de las mascarillas”. Y subraya que el principal interesado en esta minoración de la base imponible era el empresario Juan Carlos Cueto, “titular real del Grupo Cueto” e investigado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional.

Cueto, un “control efectivo”

Por otro lado, recuerdan que la mayor parte de los beneficios del negocio millonario de las mascarillas se “residenciaron” en las entidades controladas por Aldama y por Cueto, y por eso entiende que existen indicios de responsabilidad penal por un delito contra la Hacienda Pública vinculado al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) del ejercicio 2020.

En el caso de Aldama, incide que vehiculó a través de las sociedades “interpuestas de manera artificiosa” Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL la facturación de “sus servicios personalísimos, obteniendo de manera dolosa un importante ahorro fiscal”.

Añade que también se considera que hay indicios de responsabilidad penal por un posible delito contra la Hacienda Pública para Soluciones de Gestión por esa minoración de la cuota a declarar. E incide en que Cueto “ejercía el control efectivo sobre dicha entidad sobre la contratación pública adjudicada”.

Los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya han visto cómo más de cincuenta testigos del 'caso mascarillas' se han sentado frente a ellos en el juicio que se celebra desde el pasado 7 de abril. Pero cantidad no es calidad. Y lo cierto es que de lo mollar del asunto que se juzga, el cobro de comisiones ilegales millonarias por parte de José Luis Ábalos y de su asesor Koldo García, se ha hablado poco o más bien nada de momento. Y eso a pesar de que en las tres últimas sesiones se ha podido escuchar a responsables tanto de Puertos del Estado como de Adif declarar sobre esos contratos para el suministro de mascarillas que fueron otorgados a la empresa epicentro de la trama: Soluciones de Gestión. 

Más allá de declaraciones como la de la expareja del ministro José Luis Ábalos o la de la militante socialista de Asturias que podrían servir a las acusaciones para apuntalar determinados delitos relacionados con 'enchufes' en las empresas públicas Ineco, Tragsatec y Logirail, hasta el momento el cobro de esas presuntas mordidas sólo aparece sustentado por el testimonio del empresario 'arrepentido' Víctor de Aldama y por esas anotaciones que hallaron los agentes de la UCO en las que se reflejaban los gastos y beneficios que le iba a suponer al empresario todo el negocio.

En sede judicial Aldama afirmó que, “como consecuencia del negocio de las mascarillas”, le entregó 250.000 euros a Ábalos y 100.000 a Koldo García. Pero el rastro de todo ese dinero sigue sin aparecer. La investigación sí ha detectado un “incremento patrimonial notable” y no justificado en Koldo García y su entorno familiar directo. Cuando fue detenido, los agentes de la Guardia Civil encontraron en su casa 24.000 euros en efectivo. Respecto a Ábalos, se ha acreditado que manejó en cinco años 95.000 euros sin rastro bancario. 

Para que el presunto cobro de esas comisiones haya pasado inadvertido, quizá ha podido ayudar el silencio de determinados testigos. Al menos una decena de los que han pasado por el Alto Tribunal siguen constando en la Audiencia Nacional como investigados por estos mismos hechos. Y claro está, en general y salvo excepciones, se han acogido a su derecho a no declarar con el argumento de que puede perjudicar a su defensa. 

No obstante, fuentes de las acusaciones, consultadas por elDiario.es, quitan relevancia al hecho de que por el momento no se haya hablado nada de comisiones en el juicio porque consideran que “lo más importante” es apuntalar el indicio del pago de 10.000 euros mensuales por parte del comisionista a Ábalos y Koldo García. A su juicio, esa suerte de nómina que el empresario pagó a fondo perdido y desde octubre de 2019 fue la llave que permitió a Aldama tener información privilegiada de los contratos millonarios que se iban a realizar desde el Ministerio de Transportes en marzo de 2020. 

Así, ese presunto cohecho mensual permitió al comisionista —que no estaba en el sector sanitario ni se le esperaba— orquestar una serie de alianzas empresariales incluso antes de que viera la luz la orden ministerial para la adquisición de mascarillas del 21 de marzo de 2020. De hecho, las fuentes consultadas recuerdan que, según la investigación de la UCO, cinco días antes Aldama ya había firmado con el Grupo Cueto un contrato para lograr ese suministro en un momento en el que el mercado mundial estaba roto por la pandemia. 

Dado que esos 10.000 euros mensuales son vitales para la Fiscalía y para la acusación popular, se han esmerado en acreditar esos pagos más allá del testimonio que pueda ofrecer Aldama. En ese sentido, las fuentes destacan la testifical del pasado 9 de abril de Aránzazu Granell, trabajadora de una de las empresas vinculadas a Aldama. Ella indicó a preguntas del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que estando en República Dominicana en 2021 y por orden de sus jefes entregó dinero en efectivo a Joseba García, hermano de Koldo García. 

Explicó que entregó dos sobres, cada uno con 10.000 dólares a “Joseba el Legionario”, que era como lo tenía guardado en su agenda. Ante el tribunal, la testigo indicó que los encuentros fueron fugaces, que se produjeron en lugares públicos y que desconocía si el hermano del entonces asesor sabía el contenido de esos sobres.

Por su parte, Joseba García negó en el juicio que fuese a Punta Cana para recoger presuntas comisiones y defendió que solo hizo un “favor” que le pidió su hermano a través de Aldama. Admitió que se había visto con la empleada, pero que se había limitado a “coger unos documentos” y que nunca abrió los sobres. “Jamás abro un sobre que no es mío, no soy chismoso, no me interesa”, aseveró a preguntas de la defensa de su hermano. 

Para explicar su presencia en el país, Joseba afirmó que él ya tenía organizados los viajes cuando le pidieron el favor. Detalló que la primera vez viajó a Santo Domingo para conocer a la que ahora es su pareja y la segunda a explorar una oportunidad de negocio relacionada con plantaciones de pitaya, tabaco y puros. “Yo además iba a Santo Domingo y no al otro extremo del país. Me piden que me acerque a Punta Cana y le hago el favor”, insistió. 

Las entregas de Aldama

Las fuentes consultadas recuerdan, asimismo, que otro de los indicios de que existieron esos pagos mensuales son los encuentros periódicos entre el entorno de Koldo García y el propio Aldama. Sostienen que esas reuniones podrían haberse producido en el propio Ministerio de Transportes habida cuenta que el empresario entraba y salía del despacho de Ábalos y de la 'planta noble' a placer, según relató el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez en su comparecencia del pasado 15 de abril. Otros testigos, como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera o el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, han reconocido la ascendencia de Aldama en el Ministerio. 

Las acusaciones entienden, además, que parte de esos pagos se canalizaron también a través de Joseba García, más allá de los dos viajes a Dominicana, bajo “excusas tan tontas” como la compra a Aldama de un coche de segunda mano que, en palabras de él mismo, “fue la peor compra” de su vida.

De hecho, el interrogatorio de Joseba García dejó un momento de tensión entre el fiscal y la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, que intentó desmontar la tesis de las acusaciones de que el exasesor utilizó a su hermano como testaferro para ocultar la titularidad real de sus bienes y dificultar su rastreo. La Guardia Civil afirma que “no se ha encontrado una justificación u origen conocido de al menos 224.000 euros” ingresados en las cuentas de Joseba García entre 2017 y 2022. Así que la abogada trató de que su cliente diera una explicación pormenorizada de sus ingresos. 

“La única forma de desvirtuar eso es preguntándole cómo obtuvo el incremento patrimonial que la UCO dice que es procedente de las comisiones por mascarillas”, defendió cuando el presidente del tribunal le dijo que podía preguntar sobre ingresos concretos de su hermano, pero no sobre todo su patrimonio. La respuesta indignó al fiscal Luzón, que defendió que “la UCO no afirma que el dinero que ingresa Joseba procede de las mascarillas”. En realidad, el instituto armado afirma en varios informes que el “significativo aumento de los ingresos en efectivo en las cuentas bancarias de Joseba se produce a partir del mes de marzo de 2020 (fecha de adjudicación de los contratos investigados)”. Los contratos que centran esta causa son, precisamente, los de las mascarillas. 

En cualquier caso, y para lograr introducir en el juicio que además de esos honorarios mensuales también tuvo lugar un pago extra por los contratos de mascarillas, las acusaciones se agarran a esa nota en la que el comisionista hacía cálculos sobre cuánto podría sacarle a esa operación. Según indicó la UCO, el desglose de gastos además de tener los propios de la operación, como el de fletar los vuelos o el pago en aduanas, incluía otros apuntes detallados que estaban relacionados con beneficios económicos de personas. Y ponía el foco sobre dos pseudónimos que no tenía identificados: 'Gran' y 'Goblins'. 

Para la UCO, el mote de Gran que aparece junto a la cantidad de 2.000.000 “pudiera corresponderse con Grandullón” que era una forma de referirse a Koldo García. Y considera que Goblins pudiera ser Ábalos porque junto a ese mote aparece la anotación “500.000” y “casa”. Esa casa sería el chalé de la costa de Cádiz que Claudio Rivas, un empresario del sector de hidrocarburos con el que Aldama hacía negocios, habría puesto a disposición del exministro ante la expectativa de que le ayudara a conseguir una licencia que no se materializó hasta un año después de que Ábalos saliera del Gobierno. Claudio Rivas, citado esta semana ante el tribunal, optó por guardar silencio y no ratificar las incriminaciones del que fuera su socio. 

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, cree que “hoy por hoy Vox va a ganar al PP en Castilla-La Mancha”, y se ha mostrado convencido de que Emiliano García-Page ganará las próximas elecciones autonómicas con mejor resultado que en 2023.

En una entrevista, Bellido ha augurado un sorpaso de Vox al PP en los próximos comicios autonómicos, que atribuye a una ausencia de liderazgo entre los populares de Castilla-La Mancha, y ve posible que el PP se convierta en la tercera fuerza política en varias provincias de la región.

Ha argumentado que el Partido Popular “encoge a Vox” allí donde tiene “liderazgo”, y ha puesto como ejemplo regiones como Extremadura, Madrid o Andalucía, mientras que “donde no tienen líderes Vox adelanta al PP, y el caso más paradigmático es Castilla-La Mancha”, aunque no descarta que suceda también en Cataluña.

Bellido ha matizado que, salvo que la “despreciable posición de Vox apoyando a Trump y a Netanyahu” en la guerra de Irán le pase factura, el partido de Santiago Abascal puede superar al PP, y ha aseverado: “Creo que no hay prácticamente nadie con menos de 50 años que vote al PP en Castilla-La Mancha”.

Por el contrario, cree que el PSOE “tiene holgura” para revalidar su victoria en la región y, aunque ha recordado que “no se puede confiar”, sí que ha mostrado su confianza en el “nivel de prestigio y de conexión con la ciudadanía” de Emiliano García-Page, que consigue el voto de “personas conservadoras y de otras posiciones políticas”.

“No puedo comprender cómo no se está juzgando a Cospedal”

Preguntado por las causas judiciales contra el exministro Ábalos o el caso Kitchen, Bellido ha afirmado: “No puedo comprender todavía cómo no se está juzgando a Cospedal”, mientras que sobre el juicio de las mascarillas ha sentenciado que quienes se han enriquecido en medio de la pandemia “tienen que pagarlo caro”.

El presidente de las Cortes regionales ha apuntado que “no hay un caso de corrupción comparable a la Kitchen en la historia de la democracia española”, y ha recordado episodios como el asalto a casa del extesorero del PP Luis Bárcenas para destruir pruebas.

“Ese es el legado de Cospedal”, ha lamentado Bellido, que ha recordado a quienes “no han sido capaces de poner tierra de por medio que deberían hacerlo”, porque se trata de “un bochorno y un escándalo colosal” con la “creación de una policía de partido pagada por el Gobierno para tapar el mayor caso de corrupción de la historia democrática, que era la Gürtel”.

Asimismo, ha calificado de “vergüenza absoluta” lo que ha sucedido con el caso Koldo, tanto el uso de dinero público para la “mercantilización y cosificación de las mujeres” como para haberse “forrado” durante la pandemia, aunque también ha apuntado que “parece que ha habido otros actores políticos próximos a dirigentes de comunidades autónomas que lo han hecho”.

Para Bellido “no hay excusas”, y hay que hacer pagar “carísima” a los corruptos, además de sus delitos, “la factura de desprestigio a la democracia”.

José Barrionuevo, Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana... La lista de exministros en el banquillo de los acusados no es tan larga y en una misma semana se han sumado de golpe dos nombres más: José Luis Ábalos y Jorge Fernández Díaz. La política es también la agenda informativa: el espacio en las portadas de los periódicos es un bien escaso, los minutos de la televisión también. Y la Justicia ha decidido, casualmente, que ambos juicios se celebren a la vez. 

Para sorpresa de nadie, esta oportuna coincidencia está sirviendo para que el esperado caso Kitchen pase en muchos medios a segunda división. ¿A quién le importa el uso de los fondos reservados para destruir pruebas de corrupción cuando tienes a Jessica enchufada en un puesto de trabajo al que nunca fue? 

Esta coincidencia cósmica, dos exministros en el banquillo a la vez, fue decidida por el Tribunal Supremo. Por la Sala de lo Penal. El juicio de la Kitchen, en la Audiencia Nacional, ya estaba en agenda cuando se fijó la misma fecha para Ábalos. Pero los parecidos se acaban con la semana en la que arrancan los juicios. El resto del proceso penal de ambos exministros no ha sido igual.

El caso mascarillas –por el que Ábalos está siendo juzgado– comenzó a investigarse en 2022 sobre unos hechos ocurridos en 2020. La Kitchen, en 2018, por algo que pasó en 2013. Hay cuatro años de diferencia en la instrucción. Siete años de distancia, si contamos desde que se cometió el presunto delito.

Ábalos es un apestado, con razón. Nadie de su partido le defiende. Fue expulsado del PSOE meses antes de que fuera siquiera imputado, cuando estalló el caso Koldo. Fernández Díaz, mientras tanto, sigue publicando todas las semanas artículos en la prensa de derechas. Pontificando sobre la corrupción de los demás. 

Ábalos duerme cada noche en la cárcel. Es prisión preventiva, aunque aún no hay sentencia, supuestamente por el riesgo de fuga ante las elevadas penas a las que se enfrenta. Jorge Fernández Díaz duerme en su casa. Aunque las acusaciones contra él son también muy graves, la Justicia aquí no ve riesgo de fuga.

Incluso si Jorge Fernández Díaz es condenado, es posible que siga durmiendo en su casa, como ocurre con Eduardo Zaplana. Salvo que la condena fuera muy alta, no entraría en prisión hasta que la sentencia sea firme en el Supremo. Para eso, aún quedan unos años.

Si Ábalos es condenado –cosa probable– seguirá durmiendo en prisión. Su sentencia sí sería firme, al ser del Supremo. Y no tendría siquiera un calendario claro de cuándo podría salir. Aún tiene pendiente otra causa penal en la Audiencia Nacional, junto a Santos Cerdán. Hasta que no haya sentencia firme de ese segundo juicio –si es condenado– tampoco podrá consolidar penas.

Hay una justicia rápida. Hay otra muy lenta. La diferencia de velocidad en teoría responde al juzgado que instruye cada caso. La Audiencia Nacional está colapsada. El Tribunal Supremo apenas celebra juicios: solo los de los aforados o de aquellas excepciones que le vienen mejor, como ocurrió con el Procés, que debería haberse juzgado en el TSJ catalán. Por eso la Kitchen fue lentísima en la Audiencia Nacional y lo de Ábalos, o lo del fiscal general, ha sido a toda velocidad.

Pero esta explicación es incompleta para entender el ritmo electrizante con el que Ábalos ha sido encarcelado, está siendo juzgado y probablemente será condenado. Este juicio es anómalo porque es un proceso contra la persona, y no contra los delitos.

A Ábalos se le acusa en este juicio de haber cobrado comisiones por la adjudicación de un contrato de mascarillas durante la pandemia. Pero el empresario que vendió esas mascarillas no está en el banquillo de los acusados en el Supremo.

También se le acusa de haber enchufado en dos empresas públicas a una de sus parejas, Jessica Rodríguez. Pero los directivos de esas empresas que colaboraron con el enchufe y permitieron que Jessica no fuera siquiera a trabajar tampoco están entre los acusados en este juicio.

A Ábalos también se le juzga por disfrutar durante el verano de un chalet gratis en la costa a cambio de otro favor político que prometió a una empresa de hidrocarburos. Pero la empresaria que pagó ese chalet tampoco está en el banquillo. Ni tampoco el empresario de hidrocarburos que supuestamente lo sobornó.

La mayor parte de estas personas que colaboraron, indujeron o participaron en los presuntos delitos de Ábalos están imputadas. Acusadas judicialmente por estos hechos. Pero no en el Supremo, sino en la Audiencia Nacional. Han sido convocados a este juicio, pero solo como testigos, no como imputados: con obligación de decir verdad. Aún queda mucho para que sean juzgadas. Cuando puedan defenderse, ya dará igual, porque para entonces ya habrá una sentencia en firme del Tribunal Supremo sobre estos mismos hechos. 

Hay también una curiosa excepción: el caso de Jessica Rodríguez. No está imputada en ningún sitio, ni el Supremo ni en la Audiencia Nacional. Por mucho que pregunto a mis fuentes jurídicas, nadie me sabe explicar por qué ella no está siquiera acusada, pero el hermano de Pedro Sánchez será juzgado. Y eso que David Sánchez sí iba a trabajar. 

Volvamos a Ábalos. En teoría, un mismo delito no se puede juzgar dos veces. En teoría, los acusados tienen derecho a defenderse. En teoría, las piezas separadas en los juzgados se trocean en función de los presuntos delitos, no según las personas que participan en ellos. Pero con este caso, el imaginativo Tribunal Supremo ha inaugurado una nueva forma de juzgar. 

Como Ábalos era diputado, la competencia en la instrucción era del Tribunal Supremo. Cuando la Audiencia Nacional –que empezó la investigación del caso Koldo– pidió la imputación del ministro, lo lógico habría sido que todos los demás implicados hubieran pasado al Tribunal Supremo junto a él. Es lo que se hizo, por ejemplo, cuando el Supremo asumió la investigación de toda la causa de los GAL porque José Barrionuevo era aforado. Toda aquella investigación pasó al Supremo, Amedo no siguió en la Audiencia Nacional.

En vez de eso, en esta ocasión, se partió la instrucción de una forma absolutamente artificial: Ábalos, Koldo y Aldama, al Supremo. Y el resto de la tropa se quedó en la Audiencia Nacional. 

¿Pueden dos tribunales distintos investigar y juzgar unos mismos delitos? En España parece que sí. 

Si el Supremo se hubiera quedado con toda la causa en aquel momento –habría sido lo razonable–, es dudoso que hubiera podido ir tan deprisa. Con los GAL tardaron tres años desde que asumieron la instrucción. Cuando hay muchos acusados, los tiempos de la Justicia se suelen alargar. 

El día en que Ábalos renunció a su escaño –el 28 de enero de 2026– este juicio aún no tenía fecha. El Supremo podría haberlo mandado de vuelta a la Audiencia Nacional y acabar con esta absurda división. Ninguna ley se lo impide, solo un acuerdo en el pleno que se puede cambiar. Pero claro, enviar el caso a este juzgado colapsado no habría permitido condenar a un exministro de Pedro Sánchez antes de que llegue el verano, como probablemente ocurrirá. Las prisas son políticas.

Las anomalías en este caso de corrupción –porque es corrupción, a pesar de estas extrañas maniobras judiciales– no se acaban aquí. Te recomiendo este artículo del abogado Carlos López-Keller que explica muy bien esta absurda división y otros desatinos más. Una de sus metáforas sobre el juicio es muy potente: “Como el plato es escaso, lo llenan de guarnición”. Se supone que este juicio va de las mordidas por los contratos de mascarillas durante la pandemia. Pero en lo que llevamos de juicio, el enchufe de Jessica Rodríguez (una malversación de 44.000 euros) parece ser la gran prioridad. El dinero de las supuestas comisiones, por ahora, parece más difuso.

La exuberante instrucción del Supremo contrasta con la otra pista de este doble circo: el caso Kitchen. 

De aquella investigación se ocupó Manuel García Castellón. Es ese juez que recomendaba Ignacio González, en conversación con Eduardo Zaplana, cuando pedía mandar al magistrado que ocupaba su plaza en la Audiencia Nacional “a tomar por culo a Onteniente”.

Es el mismo juez que, tal y como pronosticaba González, pidió volver a su plaza en la Audiencia Nacional: a cobrar menos y trabajar más. 

Es el mismo que acusó de terrorismo a Carles Puigdemont con la coartada de un turista francés que había fallecido de un infarto durante las protestas independentistas en el aeropuerto de El Prat. El mismo que tuvo que cerrar abruptamente aquella investigación porque metió la pata con los plazos. 

En la Kitchen, García Castellón tampoco decepcionó. Fue el responsable de que Mariano Rajoy ni siquiera fuera llamado a declarar como testigo, como pedía la Fiscalía Anticorrupción. Y había argumentos más que de sobra para ello: Rajoy no solo era el jefe directo de Fernández Díaz, sino también el principal beneficiario de que la Kitchen destruyera esas pruebas de corrupción que guardaba Luis Bárcenas. Unas supuestas grabaciones que le afectaban directamente a él, y también al partido del que era presidente.

García Castellón también fue quien salvó de este juicio a María Dolores de Cospedal, de nuevo en contra del criterio de la Fiscalía, a pesar de esos audios donde la entonces número dos del PP hablaba con Villarejo de “la libretita de Bárcenas”.

El caso Kitchen llega a juicio, trece años después. Pero aún quedan por investigar judicialmente muchos otros de los presuntos delitos que cometió esa policía política que anidaba en ese Ministerio del Interior. La Operación Catalunya, contra los independentistas. La guerra sucia contra Podemos y todos los rivales políticos del PP. Todo eso aún sigue impune. Es muy probable que nunca se llegue a juzgar.

Porque la Justicia es igual para todos y los niños vienen de París. Más concretamente, de la Plaza de París, en Madrid, donde tiene su sede el Tribunal Supremo español.

P.D. En elDiario.es hemos producido dos documentales cortos sobre cada uno de estos juicios. El primero: Caso Ábalos, la tríada de la corrupción. El segundo: Juicio final a la guerra sucia del PP. Te recomiendo que los veas: son muy buenos y ayudan a comprender lo que pasó. 

Y el lunes, estrenamos otro documental más: Las tres guerras sucias del PP. Espero que te gusten.

“Con Koldo, voy nerviosa. Tengo miedo de que me intimide con la mirada”. El juicio del caso mascarillas tiene esos momentos en que se mezclan las frases propias de un programa como el antiguo 'Salsa rosa' y las explicaciones más prolijas sobre los procedimientos de contratación en la Administración pública. El comentario, dirigido a los periodistas antes de su entrada en el Tribunal Supremo, era de Claudia Montes, otra enchufada de José Luis Ábalos que declaró como testigo. Ha participado en varios programas de tertulias televisivas y se ha quedado con el estilo del negocio. Nada mejor que insuflar unas dosis de drama antes de la actuación.

Antes de nada, la conspiración. La prensa preguntó al abogado de Ábalos a las puertas del Supremo a cuenta de qué venían las insinuaciones del día anterior sobre la supuesta relación de Jésica Rodríguez con la prostitución. No dejaban en teoría en muy buen lugar al exministro, que tuvo una larga relación sentimental con ella en la que hubo promesas incumplidas de divorcio de la (tercera) mujer y matrimonio posterior. “Intentamos describir lo que conocemos que existe. Hay datos objetivos que lo atestiguan”, dijo el letrado Marino Turiel. No dijo de qué datos estaba hablando.

La defensa de Ábalos sostiene que Jésica sí conocía al también acusado Víctor Aldama, algo que ella negó. Hasta ahora no ha aportado ninguna prueba de ello. Sólo una deducción. La considera “beneficiaria a título lucrativo”, porque ha declarado ante el tribunal como testigo. “El hecho de que no esté aquí imputada es bastante indicativo de que existe un pacto”, dijo Turiel. ¿Imputada porque Ábalos hizo que le pagaran un piso de lujo, pagado por un socio de Aldama, y le dieran un trabajo que no le obligaba a trabajar? Será que es demasiado pronto para sacar conclusiones.

Después de sus actuaciones televisivas de las que ha dado cumplida información en su página de Instagram, se podía esperar una actuación tormentosa de Claudia Montes. Ella y Koldo García se han cruzado querellas (ella por acoso y él por injurias) tras fracasar los actos de conciliación. No fue para tanto. Sí dio lugar a una intervención un tanto original antes de empezar a prestar declaración. Cuando el presidente del tribunal le hizo la pregunta de rigor que se hace a todos los testigos sobre si conocía a los acusados, Montes respondió que prefería no responder sobre alguien en concreto: “Con Koldo, tengo un tema personal del que no me gustaría hablar porque me trae malos recuerdos”. El magistrado Andrés Martínez Arrieta lo dejó pasar, porque para qué complicarse más la vida.

Los testigos están obligados a responder en un juicio a todas las preguntas que les hagan acusaciones y defensas. En su ingenuidad, Montes debió de pensar que podía establecer excepciones. El fiscal y abogados intervinientes optaron por no profundizar en ese tema que mencionó la testigo. Tampoco se trataba de hacer sangre.

Muchos medios de comunicación han identificado a Montes como una antigua Miss Asturias, un dato no muy relevante en toda esta investigación judicial. Quizá para insinuar alguna relación sentimental con el exministro, algo que ella siempre ha negado y que no salió en ningún momento de su declaración. Por ser precisos, fue elegida Miss Asturias en la categoría de mayores de 30 años en 2017, dos años antes de conocer a Ábalos.

Montes confirmó que conoció a Ábalos en un mitin del PSOE en Gijón y que tuvo con él una relación de amistad: “Me ayudó mucho a culturizarme en el tema de la política”. Tiempo después, le pidió ayuda para encontrar trabajo y recibió enlaces de Infojobs. En realidad, fue mucho más. Contó que Koldo se puso en contacto con ella y le solicitó el currículum. Al declarar, afirmó que Ábalos nunca le dijo que “la había enchufado”. Eso fue exactamente lo que ocurrió. El fiscal Alejandro Luzón citó un mensaje suyo a Koldo con un agradecimiento: “No os voy a defraudar”.

Montes empezó a trabajar en diciembre de 2019 en Logirail, una filial de Renfe, donde tuvo problemas muy pronto. Afirma que la situaron en una oficina de una estación de tren, donde trabajaba sin ordenador “de cara a la pared”. Ante su escasa actividad, fue a una biblioteca para coger libros sobre trenes con los que ampliar conocimientos.

Lo peor vino después. El director gerente de Logirail, José Ángel Méndez, le abrió un expediente por faltar más de ocho días al trabajo, ausencia que ella negó. Montes tuvo una suerte bárbara porque Méndez fue relevado al poco tiempo y su sustituto cerró el expediente sin sanción. ¿Casualidad o causalidad? El directivo prefirió no expresar ninguna sospecha.

A las extrañas relaciones laborales que rodean al universo de Ábalos hay que sumar lo que dijo Claudia Montes: “Desde el principio, (Koldo) me dijo que era mi jefe”. Koldo García no trabajó en ningún momento en Logirail, pero era miembro del Consejo de Administración de Renfe por decisión de Ábalos. Cuando nombras a tu asistente personal, con experiencia anterior de guardaespaldas y chófer, como consejero de Renfe, está claro que no vas a permitir que tus recomendadas tengan problemas en el trabajo.

Algo debió de pasar que no fue bien explicado y que quizá tuvo que ver con Koldo García, según las denuncias que ha hecho Montes en televisión, porque finalmente fue despedida: “El despido me llegó por burofax cuando estaba de baja por acoso”.

Hubo tiempo para otra pregunta inesperada. La abogada de Koldo García le preguntó si es “colaboradora de la UCO”. Montes respondió que no, pero luego dijo que había comunicado ciertos “problemas” por irregularidades a la sucesora de Ábalos en el Ministerio, Raquel Sánchez, y hasta a Óscar Puente sin recibir respuesta. Por último, llamó a la UCO, así que algo debió de colaborar.

En el plano positivo para ella, nadie la acusó de ser una prostituta ni de ser una espía de Aldama. Luego apareció en dos programas de Cuatro, uno por la mañana y otro por la tarde, para dar sendas entrevistas. Había que aprovechar el día en Madrid.

Con lo que nos gusta el cine de juicios, y van los tribunales y deciden contraprogramarse haciendo coincidir dos de los juicios más esperados: la “Kitchen” de cuando el gobierno del PP, en la Audiencia Nacional; y el “Caso Mascarillas” del actual gobierno de coalición, en el Supremo. No hay semanas en el año, que nos los tienen que poner los mismos días y a las mismas horas, obligándonos a hacer zapping en sus retransmisiones simultáneas, si no queremos perder detalle de dos procesos con tanta chicha.

La Audiencia Nacional se ha tomado su tiempo -la investigación comenzó hace ocho años-, y el Supremo en cambio se ha dado una prisa poco habitual en causas políticas. Resultado: dos juicios en paralelo, los dos con causas de gran escándalo social (trama policial para tapar delitos en uno, mordidas por material sanitario en pandemia en el otro), acusados de renombre (el ex ministro Fernández Díaz aquí, el ex ministro Ábalos allí), testigos de relumbrón (Rajoy, Cospedal o el cantante de Taburete en la Audiencia Nacional; la presidenta del Congreso, un ministro y varios altos funcionarios en el Supremo), y episodios chuscos (el falso cura con pistola por acá, la novia que cobraba sin trabajar por allá, el siniestro comisario Villarejo...).

Dos juicios que además rivalizan en repercusión política y mediática: como Kitchen hace daño al PP, y Mascarillas hace papilla al PSOE, tanto gobierno y oposición como los medios, tertulianos y ciudadanía en general, podemos compararlos en tiempo real y dar más importancia a uno u otro según nuestras simpatías. ¿Es más grave Kitchen o Mascarillas? ¿Es peor usar el ministerio de Interior para tapar la corrupción de un partido, o montar una trama corrupta para forrarse en plena pandemia? ¿Debería estar en el banquillo Rajoy, tendría que dimitir Sánchez? ¿Qué partido reaccionó con más ejemplaridad en cada caso?

Se ve bien en la prensa estos días: en algunos medios -como este donde escribo- hay seguimiento en portada de los dos casos, pero otros han decidido dar todo el protagonismo a uno, y te obligan a hacer un rato de scroll para encontrar una pequeña mención al otro caso. Mira tú por dónde, la coincidencia de juicios servirá para confirmar de qué pie cojea cada medio. Yo mismo he escogido uno y no otro para la foto que acompaña mi artículo. En cuanto a los dos principales partidos, el revoltijo les sirve para compensar un poco los sinsabores propios: ambos coinciden en mostrar respeto a los jueces y lamentar la corrupción, pero un poco peor la del adversario.

Si estos días tenemos que hacer zapping para seguir los juicios paralelos, espérate a que en los próximos días se añadan nuevas sesiones de la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde el PP traerá nuevas comparecencias de alto morbo (la mujer de Cerdán, por ejemplo); y la recién creada comisión por el accidente de Adamuz, donde también el PP quiere hacer ruido convocando a, mira tú por dónde, los mismos Ábalos y Koldo que ya están en el banquillo. Cuando ambas comisiones coincidan a la misma hora que las sesiones de los dos juicios, más que zapping habrá que montar un carrusel deportivo para que los periodistas allí destacados nos canten cada gol. Socorro.

Amor significa no tener que decir nunca 'lo siento', se escuchaba en esa lacrimógena película que fue Love Story. Con el juicio del caso Mascarillas podríamos añadir otra máxima de obligado cumplimiento: amor significa no llamar puta a tu exnovia a través de tu abogado en el juicio en el que te piden una pena de cárcel. Es una situación complicada, te juegas años de tu futuro, pero estaría bien que no parezca que la que fue tu pareja durante unos años ofrecía sexo por dinero y había colaborado con el enemigo. Claro que un juicio es como una guerra y hay que ganar como sea.

En la primera jornada del juicio que cuenta con José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Aldama como acusados no se habló mucho de compra de mascarillas y sí de las relaciones personales del exministro con su antigua pareja, Jésica Rodríguez, y de la labor de Koldo García como intermediario para todo. La sorpresa saltó cuando los abogados de Ábalos y Koldo mostraron sus cartas con la intención de desacreditar a la exnovia. Y no se cortaron nada al intentar que la joven apareciera como un instrumento de las maniobras de Aldama.

Al igual que en el juicio del fiscal general, el Tribunal Supremo ha prohibido que los medios de comunicación ofrezcan en directo la retransmisión del juicio. Sólo pueden recibir las imágenes en la redacción y utilizarlas para sus informaciones. El tribunal autorizó que las cámaras de la sala no enfocaran a Jésica en su declaración como testigo para proteger su intimidad, como había solicitado. Al entrar al Supremo, la joven llevaba mascarilla y gafas de sol.

El juicio por una presunta corrupción económica se convirtió de repente en un tabloide sensacionalista –es cierto que sin demasiados detalles– con titulares escandalosos en forma de preguntas. Esto último quiere decir que los abogados de ambos no presentaron ninguna prueba para sustentar sus alegaciones.

Fue Marino Turiel, defensor de Ábalos, el que abrió fuego. En primer lugar, intentó con varias preguntas sugerir que Jésica conocía con anterioridad al comisionista Aldama, que se presenta como gran ariete contra el Gobierno y específicamente contra Ábalos. La joven ya había dejado claro a preguntas anteriores que nunca conoció personalmente a Aldama.

Fue entonces cuando Turiel subió la presión: “¿No es cierto que usted es una captación que realiza el señor Aldama en provecho del señor Ábalos?”. La conspiración empezaba a tormar forma. De inmediato soltó la bomba con una acusación directa: “¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?”. El letrado de la acusación popular intervino para protestar. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, hizo lo propio para pedir que se reformulara la pregunta sin llegar a decir si le parecía apropiada o no.

Puestos a reformular, el abogado del exministro volvió a hacer la misma pregunta, pero con otras palabras. “¿Su profesión tiene que ver con la contraprestación económica a cambio de sexo?”. Hubo murmullos, pero Jésica Rodríguez se adelantó sin ponerse nerviosa: “Yo le contesto. No. Soy dentista y estoy colegiada”.

Resultaba inaudito que la persona a la que Ábalos ha presentado siempre como su novia –o amante, porque por entonces aún estaba casado con la que era su tercera mujer–, una persona con la que tenía una relación sentimental normal, apareciera como una prostituta o, algo peor, una Mata Hari de bolsillo infiltrada para seducir a un importante político que controlaba el presupuesto del Ministerio de Transportes.

No cabe duda de que Ábalos y su ayudante para todo han cambiado de estrategia jurídica una vez comenzado el juicio. Esto raramente suele funcionar, en especial si no cuentas con una prueba mágica que aparece de repente, como en las películas, y desbarata la estrategia de la acusación.

Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, intervino después. Su labor, evidentemente coordinada con el defensor de Ábalos, no consistió esta vez en acusar a Jésica de ser una puta, pero sí en volver a insinuar sus relaciones con Aldama. Le preguntó si había hablado con alguien durante la comida para que le contara lo que había testificado antes el hermano de Koldo. Otra insinuación para ver si la testigo se ponía nerviosa.

La joven había sido convocada para declarar por la mañana, pero la sesión se prolongó y su intervención tuvo que aplazarse hasta las 15.30. Para negarlo, Jésica Rodríguez contó que nadie le había ofrecido ni una botella de agua en la espera y que en el receso para comer sólo había bajado para sacar una bolsa de frutos secos de la máquina. “Luego, he pasado dos horas en un banco”.

En lo que parecía una provocación, De la Hoz saltó poco después con varios comentarios que estaban fuera de lugar. Hizo una pregunta que casi sonaba a cachondeo, si “conocía el término 'excusatio non petita, accusatio manifesta'”. El magistrado Arrieta la frenó en seco. La abogada siguió en esa línea. “Tiene usted dotes adivinatorias”, dijo a la testigo, lo que es llamativo viniendo de una abogada que estaba haciendo preguntas especulativas. Cuando Jésica volvió a afirmar que no conoce de nada a Aldama, la abogada comentó: “Muy curioso”. Ya no se trataba ni de hacer preguntas, sino de sembrar la duda.

Antes, Jésica Rodríguez dijo que tuvo relaciones sentimentales con Ábalos desde septiembre de 2018 hasta noviembre de 2019. Lo dejó cuando el exministro le dijo que no se iba a divorciar de su mujer mientras estuviera en política. Para compensarle, Ábalos le dejó quedarse en un apartamento en Madrid cuyo alquiler costaba 2.500 euros al mes. Lo pagó hasta finales de 2021 Luis Alberto Escolano, socio de Aldama. Ella dijo que al final era Ábalos quien lo costeaba, lo que no parece cierto. En un periodo anterior de cuatro meses, Escolano dejó de pagar. Jésica dijo que Koldo García lo abonó. En su declaración posterior, Escolano lo negó y dijo que pidió a su mujer que lo hiciera.

Por entonces, la joven dependía económicamente de Ábalos. Era estudiante universitaria hasta que el exministro le consiguió un trabajo en la empresa pública Ineco. Un empleo de auxiliar administrativa no muy exigente, porque se limitaba a hacer lo que le encargaba Joseba García, hermano de Koldo. El fiscal le preguntó por María Dolores Tapia y ella dijo que no la conocía. “Era su superiora en Ineco. Bueno, no tiene que recordarla si no trabajaba”.

No hubo casi nada en su testimonio que beneficiara claramente a Ábalos y Koldo. Se confirmó que había recibido favores económicos del exministro por ser su pareja en forma de un apartamento de lujo y un empleo que no le obligaba a nada. Los dos acusados lo tendrán difícil para probar que todo eso lo pagaron con sus ingresos.

Con el giro observado en la sesión del martes, las preguntas de sus abogados revelan que van a ofrecer al tribunal una conspiración en que la joven novia era algo así como una espía colocada por Aldama. Suena excitante como parte de la trama de una película, aunque está por ver cuántos aficionados al cine negro hay en el Tribunal Supremo.

El expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha negado haber dado o recibido órdenes en favor de la trama del caso Koldo para la compra de mascarillas durante la pandemia a Soluciones de Gestión, la empresa del presunto comisionista Víctor de Aldama.

Lo mismo ha hecho la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, que ha comenzado este martes en el Tribunal Supremo.

Esta primera sesión ha comenzado con la lectura de los informes remitidos por Armengol y Torres en calidad de testigos, un privilegio que había autorizado previamente la Sala en cumplimiento con la ley que les exime de comparecer presencialmente, de responder a un cuestionario de preguntas y de no ser repreguntados.

El Supremo estableció que el contenido de esos informes debía ajustarse a lo que relaciona el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación sobre la influencia y la facilitación de relaciones de la trama con las administraciones autónomas que presidían, Baleares y Canarias.

La letrada de la administración de Justicia ha comenzado leyendo el informe de Armengol, en el que la presidenta de Baleares entre 2015 y 2023 ha asegurado que “desconocía la tramitación de cualquier expediente administrativo”, ya que ella “no realiza contrataciones ni transmite instrucciones sobre a quién hay que contratar”.

Torres: “No di ni recibí órdenes en favor de la empresa de Aldama”

Por su parte, Torres ha dicho que se enteró de la tramitación de los expedientes de emergencia de compra de mascarillas cuando en julio de 2020 le contactó Koldo para trasladarle su “preocupación por la falta de respuesta por parte de servicio canario de Salud a la entrega de mascarillas por Soluciones de Gestión”.

Tras esa llamada, y “verificar que existían compromisos de cumplimiento entre el servicio canario de Salud y la mercantil”, hizo un “seguimiento de expedientes respetando las decisiones que el servicio canario entendía más adecuadas”.

Es decir, “únicamente intervine para hacer seguimiento del expediente en un momento posterior a la contratación, cuyas principales decisiones las hizo el servicio canario”, por tanto, “no di ninguna orden ni formalice decisión a favor de la mercantil”.

Torres ha explicado que se realizaron dos compras de material sanitario por 12 millones de euros a Soluciones de Gestión, cuyos expedientes fueron tramitados “con rigor técnico y administrativo, no habiéndose percibido riesgos de ilegalidad en la tramitación”.

Armengol: “Nunca recibí ordenes o presiones para contratar con una determinada empresa”

“Mientras he sido presidenta nunca he contactado con empresas para encargar o tramitar contrataciones públicas. Incluyo a Soluciones de Gestión”, ha explicado la presidenta del Congreso.

Por tanto, “nunca recibí orden o presión para efectuar compra o contrato alguno ni supe de ningún cargo que recibiese órdenes o presiones para que se comprara a determinados proveedores”.

Armengol ha explicado que en las primeras semanas de la pandemia, “el mercado ordinario (de mascarillas) había desaparecido” por lo que “se aprobó el marco legal necesario para afrontar contrataciones de emergencia” y poder así “abastecer a la población”.

En este contexto, se trasladó a distintos miembros del Govern que cualquier contacto u oferta se derivase al servicio de Salud, encargado de evaluar propuestas con arreglo a criterios técnicos.

Fue entonces, ha continuado, cuando Koldo contactó con la administración balear ofreciendo la posibilidad de participar en la compra de material sanitario liderado por el Ministerio de Transportes, si bien ella ha precisado que no recuerda ni tiene constancia de haberse intercambiado mensajes con el exasesor.

“No he hablado con García ni con otra persona sobre expedientes de compras” y sobre Ábalos “nunca mantuve conversación sobre compra de material sanitario, ni me ofreció llevarlo a cabo”, precisando que las únicas conversaciones que mantuvo con el entonces ministro se refirieron al cierre de puertos y aeropuertos.

En relación a Aldama ha dicho que “desconocía su papel en esta causa hasta que fue pública”, por lo que nunca habló con él. Baleares aprobó una compra de mascarillas de Soluciones de Gestión y rechazó una segunda en aplicación de criterios técnicos.

La misma semana en la que se juzga el Caso Kitchen la casualidad ha querido que entremos de lleno también… en otro juicio, que afecta al PSOE, al Gobierno, y que es más reciente: el caso Koldo, que es también el caso Ábalos y es, a su vez, el caso mascarillas. Desde febrero de 2024 las investigaciones han desvelado que el virus de la corrupción llevaba años en el Ministerio de Transportes y dibujan un triángulo de corrupción formado por el ministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.

Juntamos todas las piezas de este caso con la narración de los periodistas de elDiario.es Elena Herrera y Javier Lillo. Podemos escuchar audios procedentes de las declaraciones en sede judicial, escuchas que se han encontrado en los teléfonos y declaraciones públicas de los protagonistas. Vamos a contar también con material de archivo de este podcast. Te dejamos también un documental en vídeo para ampliar la información que contamos en este episodio.

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'Caso Ábalos: la tríada de la corrupción': un documental de elDiario.es sobre el caso mascarillas

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Desconfíen de quienes alardean de tener muchos principios; aplicarán uno diferente en cada ocasión. Lo mismo sucede con el proceso penal: le bastan unos pocos principios básicos, que caben en un artículo de la Constitución, así que desconfíen de los procedimientos que aplican normas especiales. El proceso es la garantía, y el manoseo de sus normas tiende a subvertir su naturaleza; tanto, que a veces desaparece para convertirse en una penosa sucesión de actos previos a una condena anunciada.

Ya tenemos aquí el juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama. Se le ha llamado el juicio de las mascarillas porque, en efecto, el origen de la imputación gira en torno a unos contratos públicos de suministro de mascarillas firmados durante la pandemia. Según la acusación, unos empresarios pagaron a Koldo y a Ábalos para promover que organismos del Ministerio de Transportes compraran el material. El relato ofrece elementos turbadores, como la ubicua presencia de Koldo arrastrando su perfil lombrosiano entre bastidores, pero se formula de manera confusa y ofrece esquirlas de debilidad: parece deducirse que los empresarios sobornaron para tener información privilegiada que les permitiera presentar una mejor oferta, pero que no pagaron para conseguir los contratos. En coherencia con dicha tesis, la Fiscalía no verá malversación en estas adjudicaciones: no habría existido perjuicio para el patrimonio público. Aldama, que ganó más de tres millones y medio de euros con estos contratos, no tendrá que devolver este importe a las entidades contratantes. Por si fuera poco, la acusación no encuentra el dinero del soborno, que aparece muy a cuentagotas; se ignora cuánto pudo haber recibido esta extraña pareja por facilitar la contratación.

Cuando los malos cocineros advierten que el plato les ha quedado escaso, lo rellenan de guarnición. Como la compra de mascarillas resulta algo insulsa, comparece en juicio sepultada en una salsa hedionda emulsionada con un conjunto de corruptelas, toscas y cutres, que parecen sacadas de una película franquista de bajo presupuesto: Ábalos colocó a su novia en una empresa pública que no pisaba; le puso un apartamento pagado por un empresario amigo; pasó unos días en Marbella invitado por otro; consiguió aplazar la deuda tributaria de una empresa de Aldama; otro empresario interesado en una licencia de hidrocarburos le ofreció en alquiler un chalet en La Línea; se repartía con Koldo diez mil euros al mes de coimas... Esta guarnición apesta a podrido. De ser ciertos, son hechos bochornosos, políticamente demoledores, que mueven tanto a la indignación como a la vergüenza ajena. Con todo, no nos engañemos, no alcanzan la gravedad que se esperaba: los millones no aparecen. Una corrupción de libro, o más bien de cómic, que cumple el objetivo buscado: en la resolución donde el instructor, Leopoldo Puente, concluye la investigación y hace un relato de los hechos, mencionará ya los contratos de mascarillas en último lugar. Para cuando el lector llega a ese capítulo, está asqueado de sinvergonzonerías.

Conociendo el menú que será enjuiciado, veamos el procedimiento que se ha seguido, porque aquí el Tribunal Supremo empieza a desafinar. Estas disonancias provienen del uso simultáneo de dos instrumentos procesales que alteran el normal desarrollo de un proceso: la formación de piezas separadas y el aforamiento. La combinación de ambas figuras ha originado un estropicio difícil de arreglar.

El juicio que comienza en el Tribunal Supremo nace como una hijuela de un procedimiento tramitado ante el antiguo Juzgado Central nº 2 de la Audiencia Nacional, al que había correspondido la querella de la Fiscalía por la compra de mascarillas. Al desprenderse indicios contra un aforado, el juez remitió la causa al Supremo, órgano que adoptó entonces una extraña decisión: no investigaría a todos los implicados sino solamente a Ábalos, único aforado, aunque a la postre incluyó también a Koldo y Aldama. Pero esto no se puede hacer, y además es imposible, porque los jueces no investigan personas, investigan hechos.

De aquí proviene el grave desajuste que lastra este proceso: a partir de entonces, tenemos dos tribunales investigando los mismos contratos de mascarillas: uno a los políticos corruptos (Tribunal Supremo) y otro a los empresarios corruptores (Juzgado Central nº 2 de la Audiencia Nacional). Koldo, por estar en medio, seguirá imputado en ambos sitios. El vodevil se complica porque, en su expansión, el Supremo también analizará supuestas gestiones para favorecer la concesión de una licencia de comercialización de hidrocarburos, hechos investigados en el antiguo Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional. Una locura. Cuando un informe de la UCO quiso advertir irregularidades en la contratación de obra pública del Ministerio de Transportes, amenazando con eternizar la investigación, el Supremo puso pie en pared: abrió una pieza separada para dejar este tema aparcado y no juzgarlo ahora, para no hacerlo nunca.

En definitiva, el órgano sentenciador ha diseñado un artilugio para definir cuidadosamente el alcance objetivo (hechos) y subjetivo (acusados) del juicio que celebrará.

Las consecuencias son devastadoras: el Tribunal Supremo analizará si ciertos políticos fueron corrompidos por empresarios; juzgará a los políticos, pero no a los empresarios. Se dispone a decidir si urdieron con directivos de ADIF la contratación en falso de la novia del ministro; juzgará al ministro pero no a los directivos. En una muestra de cierto cinismo llamará a estos empresarios y directivos a declarar como testigos, después de mantenerlos al margen del procedimiento, convocándolos a declarar bajo juramento. No podrán hacerlo; están imputados en la Audiencia Nacional. El Supremo no los juzgará, no escuchará a sus abogados, no les dará oportunidad de defenderse; sin embargo, como ustedes comprenderán, una condena a Ábalos los condena también a ellos, porque si el Supremo advierte delito en la trama y ellos son parte de la misma, no habrá tribunal que los absuelva.

Lo propio sería que el Tribunal Supremo, ahora que Ábalos ha cedido el foro, devolviera el asunto a su juzgado de origen; ninguna ley lo impide. Pero no lo hará; urge celebrar el juicio. Ello explica, de paso, la acelerada y superficial instrucción del asunto, confiando prácticamente el esclarecimiento de los hechos a la palabra de Aldama. Por poner un ejemplo, el magistrado sostiene que está “plenamente justificado” que los acusados consiguieron el aplazamiento indebido de una deuda tributaria; el fiscal nos dirá que “no llegó a producirse”. ¿Tan difícil era aclararlo antes del juicio?

Seamos realistas: para averiguar la verdad de lo sucedido, habría que investigar bastante más y juzgar a todos los implicados juntos; pero para condenar a Ábalos y Koldo, no es necesario. Estamos ante un juicio de objeto delineado y, en esta medida, orientado a un desenlace. Y el desenlace es la condena de esta pareja.

Para este pronóstico no es necesario leer entre líneas las decisiones del Tribunal; basta leer las líneas mismas. En una resolución de octubre del pasado año Leopoldo Puente mostraba su estupor por que Ábalos siguiera siendo diputado; su estupor constata la demolición del principio de presunción de inocencia. Que un inocente sea diputado no debería llamar la atención nunca, pero al Supremo le espanta porque lo tiene por culpable. Cuarenta días después de aquella resolución, el mismo instructor estupefacto decidió meterlo en prisión, junto con Koldo, aclarando que los encarcelaba porque el juicio se acercaba, las penas a que se enfrentan son estratosféricas y la inminente condena será irrecurrible, firme y de inmediato cumplimiento, que ya ven ustedes los beneficios de este privilegio al que llaman aforamiento, que te deja sin recurso.

Pero el estupor del magistrado denotaba algo más profundo y oscuro, que es el sueño de soberanía que aqueja a ciertas magistraturas: es el estupor de un dios atónito al ver que su palabra no tiene poder omnímodo. Es inevitable vincular el precipitado arrojo del Supremo contra Ábalos y Koldo a este deseo de reivindicarse frente a otro poder del Estado. Coincidiendo con el ingreso de Ábalos en prisión, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura aprovechaba la clausura de su congreso para insolentarse con el ministro de Justicia: “nos vas a tener de frente”. Ahí lo tienen. “Deseo que tus reformas duerman el sueño de los justos”, añadió. Ya no parece escandaloso que los jueces critiquen las leyes que han de aplicar, cuestionando la voluntad popular que las impulsa, crítica que antecede a su desobediencia o, en su caso, a una aplicación tan restrictiva que desnaturaliza la decisión del legislador; así ha pasado con la ley de amnistía. Quieren hacer ellos las leyes. Les recomiendo el documental “Justicia capturada” para que vean, en la experiencia de Rumanía, cómo sería un poder judicial sin ningún contrapoder: se convertiría en una camarilla de cofrades, donde ascenderían los amigos y se condenaría a los enemigos; si no les gusta la palabra mafia, quédense con que se parecería a una federación de fútbol. La asociación judicial mayoritaria en los jueces, y también en el Tribunal Supremo, está enfrente del gobierno, y eso explica muchas cosas.

En fin, estos jueces no creen en la presunción de inocencia; al menos, que no se crean que somos todos unos inocentes.

Los tres protagonistas del caso mascarillas, el exministro socialista José Luis Ábalos, su entonces asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, tendrán que declarar el 28 de abril ante el Supremo como acusados por el cobro de comisiones de contratos millonarios de material sanitario durante lo peor de la pandemia. Anticorrupción pide para Aldama siete años de cárcel, una pena sensiblemente inferior a la que solicita para Ábalos —24 años— y Koldo García —19— por la colaboración que ha prestado el empresario corruptor. Durante la fase de instrucción, Aldama relató ante el juez cómo funcionaba presuntamente el mecanismo de la corrupción: 10.000 euros al mes en efectivo para Koldo García con la promesa de un “beneficio futuro” en forma de adjudicaciones.

“Lo voy a explicar muy fácil, para que lo entienda. Yo soy empresario (...) Al final, dar 10.000 euros mensuales a una persona que te está diciendo que te va a conseguir contratos públicos es irrisorio cuando hablamos de millones de euros en contratos públicos. Quiero decir, era como una especie de buena fe por mi parte entregar eso para un beneficio futuro”, declaró. Luego ahondó en la explicación: “Como cualquier empresario de este país, cuando tú inicias una empresa o inicias una sociedad, puede ir bien o mal. Era mi riesgo. Yo me estaba arriesgando a un negocio empresarial”.

Aldama aseguró entonces que ese pago no desembocaba de forma directa en ninguna contraprestación instantánea, pero el riesgo merecía la pena teniendo en cuenta a quién entregaba esas cantidades. “No me lo estaba pidiendo cualquiera, me lo estaba pidiendo el asesor del ministro de Transportes”, recordó. Aunque al principio fuese Koldo García el que recibía esos 10.000 euros mensuales, “hubo momentos en los que al señor Ábalos, tanto en su domicilio de El Viso, que es la casa que le pone el Ministerio de Transportes, y en el despacho del Ministerio, se le entregó dinero”, según el relato del empresario. La expareja de Koldo García lo negó ante el juez y argumentó que el dinero en efectivo que manejaban procedía del PSOE, que le reintegraba en metálico gastos previamente realizados contra facturas.

Posteriormente, la defensa de Aldama reconoció por escrito —y pidió una rebaja de su condena por colaborar— estos pagos mensuales, que habría hecho entre octubre de 2019 y julio de 2022. También asumió retribuciones en especie al exministro como el alquiler de una vivienda en Plaza de España para la pareja de Ábalos.

Anticorrupción admitió en la querella que dio origen al caso que no hubo amaño en los contratos de mascarillas que adjudicaron entes dependientes del Ministerio de Transportes. Durante la pandemia se autorizó de forma extraordinaria la contratación de productos sanitarios mediante un procedimiento de emergencia sin que hiciera falta acreditar experiencia en el sector y sin límite de precios. Sin embargo, el de Ábalos, García y Aldama es el primer gran caso conocido donde hay indicios de que una parte del pelotazo acabó en manos de responsables de la Administración que licitó el contrato.

Aquí puedes ver completo el documental especial de elDiario.es sobre el caso mascarillas:

El Tribunal Supremo acoge desde este martes 7 de abril el primer juicio por corrupción contra el exministro socialista José Luis Ábalos y quien fuera su asesor, Koldo García. Igual que con la Operación Kitchen, elDiario.es publica un documental especial con todas las claves para comprender este escándalo que sacudió al Gobierno de Pedro Sánchez: desde cómo se conocieron Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, hasta la forma en la que funcionó presuntamente esa tríada de la corrupción, con imágenes de sus declaraciones durante la fase de instrucción.

El Supremo ha fijado para el 28 de abril el interrogatorio como acusados de los tres en un juicio por el que desfilarán 75 testigos. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo García, y siete para Aldama, que ha reconocido la acusación. Es una causa diferente a la investigación sobre los presuntos amaños de obra pública, en la que también se indaga sobre el papel que tuvo el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que está en manos de la Audiencia Nacional tras la renuncia del exministro socialista a su escaño.

Este nuevo especial de elDiario.es llega una semana después de la publicación de nuestro documental sobre la Operación Kitchen, 'Juicio final a la guerra sucia del PP', con imágenes inéditas de los protagonistas del caso durante su declaración ante jueces instructores y fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional. Puedes volver a verlo aquí.

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Caso Ábalos: La Tríada de la Corrupción es un documental de elDiario.es narrado por Elena Herrera y Javier Lillo, que se han encargado de la documentación. Está codirigido por José Manuel Romero y Sara Cuesta, productora y guionista del documental. La edición y el montaje son de Alejandro Corral, que también ha participado en el diseño junto a David Velasco. En la dirección de fotografía ha estado Salvador Fenoll y Adrián Torrano ha realizado la grabación. La productora ejecutiva es Izaskun Pérez.

Koldo García agota la última vía para tratar de suspender el juicio que arranca el 7 de abril y en el que se verá si tanto él, como el exministro José Luis Ábalos y el comisionista Víctor de Aldama se hicieron con comisiones ilegales gracias a amañar los contratos para la adquisición de mascarillas en favor de la empresa Soluciones de Gestión. La defensa del exasesor ministerial considera que el Tribunal Supremo no debe ser quien le juzgue y, tras agotar la vía del recurso ante el Alto Tribunal, se dirige ahora al Tribunal Constitucional, al que pide amparo para que suspenda la última resolución, de cuestiones previas, que allanaba el camino a la celebración de la vista oral para el regreso de Semana Santa.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa cree que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva dado que los magistrados del Supremo que le juzgarán no han dado respuesta a sus pretensiones en esa resolución de 3 de marzo. También considera que se ha vulnerado su derecho a un proceso con garantías porque no se ha aceptado la recusación de hasta cinco de los magistrados, y suma a esto que también se ha violado el principio de igualdad y del juez predeterminado por la ley puesto que entiende que donde debería ventilarse el asunto es en la Audiencia Nacional dado que Ábalos ha dejado de estar aforado porque que ya no es diputado. 

En 25 páginas, la letrada del ‘chico para todo’ de Ábalos vuelve sobre los mismos argumentos que expuso ante el Supremo en su incidente de nulidad y afea a los magistrados, una vez más, que no cursaran ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la cuestión prejudicial que plateó para que se elevaran a esa instancia las dudas sobre la correcta interpretación del derecho al juez predeterminado y el derecho a un proceso equitativo.

Lamenta que la Sala de lo Penal del Supremo haya “ignorado” hitos procesales relevantes como el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 24 de febrero que fue presentado ante la Audiencia Nacional y que, a su juicio, revela que se da en este caso una “duplicidad procesal prohibida por la Constitución” porque se ven en dos tribunales el mismo asunto. Añade a esto que la Sala también ha obviado que sufre indefensión porque no ha logrado tener una copia de los dispositivos intervenidos al asesor en el registro de su domicilio (en febrero de 2024) y porque no se ha investigado si se ha sufrido una quiebra de la custodia de las pruebas dado que estas habrían sido filtradas a los medios.

Para la defensa de Koldo García, que ejerce la letrada Leticia de la Hoz, “esta negativa (de los magistrados del Supremo) a intervenir antes del plenario sume a la defensa en una situación de indefensión a ciegas”, porque les obliga a enfrentarse a un juicio oral “sin haber podido analizar ni contradecir las pruebas tecnológicas que sustentan la acusación”. Cabe recordar que en los dispositivos del Koldo García la UCO halló el sustento probatorio necesario para llegar hasta el propio Ábalos. Eran mensajes y grabaciones que daban cuenta de hechos presuntamente delictivos.

La recusación y el acta de Ábalos

Sobre la recusación de cinco magistrados, recuerda en el recurso de amparo que cuatro de ellos participaron en el auto de admisión de la causa en noviembre de 2024, mientras que el quinto, Julián Sánchez Melgar, tenía, a su entender, “interés directo o indirecto al haber sido fiscal general del Estado nombrado por el Partido Popular, acusación popular en la presente causa”.

En cuanto a la posible pérdida sobrevenida de competencia para el Supremo después de que Ábalos renunciara a su acta de diputado en el Congreso, formalizada el 28 de enero de 2026, la defensa recuerda que los magistrados rechazaron esta tesis al sostener que el acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 2 de diciembre de 2014 fijó como  “punto sin retorno” para la competencia en causas con aforados la fecha en la que se dicta el auto de apertura del juicio oral, dictado en este caso el 11 de diciembre de 2025. 

Por contra, esta decisión supone para la letrada “un sacrificio desproporcionado e irreversible de los derechos fundamentales” de Koldo García dado que es un ciudadano no aforado que se ha visto “arrastrado a la jurisdicción excepcional del Supremo única y exclusivamente por su vinculación procesal con Ábalos”.

Recuerda, al hilo, que no se está ante una regla “fija inmutable” y que el auto de juicio oral no determina la propia regla de no revisar la competencia. Y pone como ejemplo un auto del Supremo en la causa del ‘procés’ independentista catalán en el que, con fecha de 27 de diciembre de 2018, el Alto Tribunal aplicó para ventilar la competencia “un motivo totalmente extrajurídico, cual es la cercanía o lejanía de los acusados a su domicilio”. 

Por otro lado, denuncia ante el Constitucional que se le ha denegado el acceso a la fuente primaria de la prueba, y recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha establecido reiteradamente que la falta de acceso a los “datos en bruto” que permitan al acusado exonerarse constituye una vulneración del artículo 6.3.b del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Además, pone el foco que en el caso del comisionista procesado, De Aldama, se da una “conformidad material encubierta” y que “el relato acusatorio se sostiene en un pacto opaco extraoficial” en lo que es una “conformidad premiada”. “Permitir que la acusación y un coimputado fragüen acuerdos a nuestras espaldas, prometiendo beneficios penales a cambio de incriminar a mi mandante, desequilibra el proceso por completo”, subraya.

Así, solicita al Constitucional que admita su recurso de amparo y que dicte sentencia al respecto. Y mientras esa resolución llega, indica que se debe suspender la ejecución del auto del Supremo que abría las puertas al inicio del juicio el próximo 7 de abril.

La mesa de la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario durante la pandemia ha acordado este lunes prorrogar hasta el 31 de julio los trabajos de elaboración del dictamen.

Fuentes de la Cámara consultadas por Europa Press señalan que también se ha dado cuenta de un escrito presentado por el Grupo Socialista para que se presente ante la Agencia Tributaria Canaria con el fin de conocer la situación del expediente relacionado con la empresa RR7, que recibió hasta cuatro millones de euros, en dos pagos, por unas mascarillas que no llegaron a recibirse.

La comisión, creada en mayo de 2024, se ha prorrogado hasta en cuatro ocasiones para ampliar el número de comparecientes y los plazos para elaborar el dictamen final -hasta ahora solo se ha hecho público uno preeliminar elaborado por el presidente, el portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta-.

El empresario Víctor de Aldama es un corrupto confeso que hizo el primer gran negocio de su vida gracias al ministro de Transportes, José Luis Ábalos: ganó seis millones de euros en unos pocos días a cuenta de la venta de mascarillas a distintas administraciones públicas en lo peor de la pandemia.

El comisionista se enfrenta a un juicio en el Supremo donde la Fiscalía le pide siete años de cárcel por el caso mascarillas, menos de la mitad de lo que le correspondería por los delitos que le atribuyen: organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. Se beneficia Aldama del artículo 24 del Código Penal que premia con una reducción de la pena a los que admiten sus delitos antes de ser juzgados.  

El corrupto confeso sobornó con dinero y casas de vacaciones a quienes le enriquecieron con contratos públicos: el exministro Ábalos y su asesor, Koldo García. La Fiscalía pide para ambos 24 y 20 años de cárcel respectivamente.

La diferencia de trato con Aldama es que el empresario corruptor admitió los delitos cometidos y ofreció información —supuestas pruebas— sobre delitos en los que implicó a Ábalos, García y a otros miembros del Gobierno. Gracias a esa colaboración con la justicia, Aldama se libró en noviembre de 2024 de la prisión preventiva que sufría por el caso Hidrocarburos en el que está imputado.

Víctor de Aldama sigue libre desde entonces y no ha cesado en su afán -así lo ha confesado- de tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez, acusando a muchos de sus miembros de enriquecerse con la corrupción y de haber ocultado su fortuna ilícita en bancos extranjeros.  

Lo que sigue es solo una pequeña muestra de todo el barro que Aldama ha lanzado contra el Gobierno en estos 15 meses de acusaciones sin pruebas o desmentidas por investigaciones judiciales.

Rescate de Plus Ultra. De los 10 millones para “financiar la Internacional Socialista” a los 10 millones que “cobró Zapatero en Panamá, que también son de Sánchez”. Aldama declaró en la cadena Cope en septiembre pasado que el rescate de Plus Ultra —un préstamo de 50 millones de euros para evitar la quiebra de la empresa en plena pandemia— se había aprobado gracias a la presión de Zapatero. El empresario, según contó, había escuchado en el ministerio de Transportes que gracias a esa operación “se iba a financiar con 10 millones de euros a la Internacional Socialista”. Apenas tres meses después, Aldama redobló su apuesta y acusó al expresidente Zapatero de cobrar esos 10 millones de euros por el rescate de Plus Ultra. “Koldo me le encuentro un día muy alegre y me dice, ya estará contento el imbécil este que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá. Plus Ultra, según Koldo, hace una trasferencia de 10 millones a Panamá para las comisiones del señor Zapatero que, entiendo que por la insistencia de Sánchez a Ábalos, también son de Sánchez”, declaró en el programa Horizonte de Iker Jiménez.

Esta acusación significaría que los dueños de Plus Ultra pagaron 10 millones de euros en mordidas a cambio de lograr un préstamo de 50 millones que tienen que devolver.

De “Bolaños no me conoce de nada” a “Bolaños me ofreció mucho dinero por mi silencio”. Dolido por los insultos del Gobierno, Aldama declaró en noviembre de 2024 en la cadena Cope: “Es duro ver que hay gente como el señor Bolaños o el señor Óscar López que no les había mencionado en ningún momento y que no me conocen de nada, que hablan de mí de oídas o porque esta gente siempre que habla de alguien, habla sin informarse. No es la primera vez que cometen errores hablando y luego se demuestra que es mentira o que lo que dicen no es tal cual”. Un año y dos meses después, Aldama acudió a un programa de Telemadrid para denunciar un intento de soborno del que nunca antes había hablado: “El señor Bolaños contactó con mi director de comunicación, el señor Bermejo, y me ofreció mucho dinero, yo no voy a decir cuánto, para que me callara, dinero para mí. Por eso como no accedemos me montan todo el lío para meterme en la cárcel”. ¿Eso fue antes de entrar en prisión?, le pregunta uno de los periodistas. “Sí”, contestó.

El ministro Bolaños presentará una querella por difamación contra Aldama: “No conozco a Aldama ni a su director de comunicación. Es todo falso”.

Mordidas imposibles en decenas de obras públicas que ni siquiera estaban licitadas. Aldama presentó ante el Supremo un listado interminable de obras —sacado del anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado— con subrayados en rosa y amarillo sugiriendo que se trataba de proyectos amañados con la intención de cobrar comisiones ilegales a las constructoras adjudicatarias. En ese anexo se incluían obras que se licitaron antes de que Ábalos fuera ministro y otras que ni siquiera se habían sacado a concurso. El juez instructor del caso, Leopoldo Puente, advirtió que esas insinuaciones sobre obras amañadas “no estaban mínimamente acreditadas”. Muchos meses después, esas obras del listado de inversiones no son objeto de la investigación.

Acusaciones por un apartamento con “señoritas” que nunca usó el ministro Ángel Víctor Torres. Aldama contó en el Supremo que pagaba un piso en la calle de Atocha de Madrid. “Lo busco para encuentros con señoritas que nada tienen que ver con una reunión empresarial”, declaró. Y metió en ese encuentro con señoritas a Ábalos, García y el ministro Ángel Víctor Torres. Para demostrar su acusación, el empresario entregó un recibo del alquiler del apartamento donde figuraba la duración del contrato: del viernes 9 de noviembre de 2018 a las 16.00 hasta el sábado 10 de noviembre de 2018 a las 11.00. Pero el ministro Torres no salió el viernes 9 de noviembre de las Islas Canarias. Y al día siguiente voló a Madrid, donde aterrizó a las 10.30 y desde allí se desplazó a Fuenlabrada para asistir a un acto del PSOE. El bulo del apartamento para “señoritas” ha perseguido al ministro Torres durante los últimos 15 meses.

Las cuentas en República Dominicana de media docena de ministros, el fiscal general del Estado y Begoña Gómez. Aldama acudió a la cadena Cope para soltar otra de sus noticias escandalosas para dañar al Gobierno. Aludió a un escrito presentado ante la Fiscalía Anticorrupción por un abogado especialista en maniobras basadas en informaciones falsas. “Tengo copia de esa denuncia y el listado bancario de esas cuentas. Me imagino que tendrán que investigar, pero si es cierto me parece algo insólito y gravísimo, sobre todo de la señora Begoña Gómez, bueno ya más o menos todos sabíamos qué podía haber, pero que la señora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pueda tener cuentas en el extranjero con cantidades importantes me parece muy muy grave. En la cuenta que yo he visto de la señora Begoña Gómez esos seis millones de dólares le corresponden a ella personalmente. Eso tiene una trazabilidad, hay un tracking, no hay que pedir ningún suplicatorio, entiendo que directamente Fiscalía desde el día 13 de enero tiene esta denuncia porque he visto el sello de entrada, entiendo que es dar una orden y de la ministra entiendo que es pedir un suplicatorio para averiguar”.

Anticorrupción tardó solo unos días en darse cuenta de la falsedad de toda la denuncia y la archivó, al igual que hizo unas semanas después el Tribunal Supremo, al que remitió el escrito la presidenta del organismo, Isabel Perelló. La denuncia que difundió Aldama implica en una gigantesca corrupción a media docena de ministros de Pedro Sánchez y hasta al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Anticorrupción escribió en el decreto de archivo de la denuncia: “Los documentos aportados no corresponden con los de ninguna entidad bancaria, pues la información recogida no tiene como soporte documentos de los bancos a los que se refiere, son documentos confeccionados por un tercero que siguen un mismo patrón o forma de elaboración pese a tratarse de entidades distintas, todos en castellano y sin ningún signo distintivo de la marca o nombre de la entidad bancaria”.

De la financiación ilegal del PSOE al fraude electoral de 2023. En otra entrevista en los medios habituales que frecuenta Aldama, el corrupto confeso declaró: “Hay que ver cómo se financian los partidos políticos y alguna otra cosa que tenga que ver con Indra [la empresa que gestiona el recuento en los procesos electorales en España]”. Aldama deslizó la idea de que en las elecciones generales de 2023, que ganó el PP aunque no pudo formar gobierno, hubo un “amaño de papeletas u otra serie de cosas, como también hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a Ifema. Hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora”. Cuando le preguntaron si estaba hablando de fraude electoral, Aldama contestó que sí.  No hay una sola prueba o indicio de lo que sugirió el empresario.

De momento, Aldama no ha sido condenado por difamación ni se ha abierto ningún proceso judicial por estas graves acusaciones sin prueba. Sigue en libertad aunque en unos meses podría regresar a prisión si, como pide la Fiscalía, le condenan a siete años de cárcel en el 'caso mascarillas'.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso, clonado, volcado y visionado de los teléfonos móviles de seis empresarios del sector constructivo investigados en el caso Mascarillas que indaga sobre presuntas 'mordidas' a través de contratos ligados a la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines.

El magistrado José Manuel Rey Bellot, encargado de la instrucción, accede a la petición efectuada por el departamento de investigación económica de la UCO de cara a elaborar un informe con el que tratar de esclarecer presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación de caudales públicos.

En un auto emitido el pasado 2 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado facilita el acceso al contenido de los terminales de los empresarios investigados, quienes ya fueron llamados a declarar en dependencias policiales el pasado mes de noviembre cuando se detuvo al expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García y el exvicepresidente segundo Fernando Giménez entre otros.

2 millones de euros

La instrucción apunta la “aparente existencia” de una dinámica de funcionamiento instaurada en el seno de la Diputación Provincial de Almería que, en términos generales, “habría permitido la adjudicación fraudulenta de contratos públicos, haciéndolo en base a intereses personales y económicos y sin tener en cuenta los principios rectores de la contratación pública”.

En este sentido, la trama iría más allá de la adjudicación por más de dos millones de euros del contrato inicialmente investigado para la adquisición de mascarillas, guantes y otro material sanitario en la fase más aguda de la pandemia de covid-19, ya que, según los autos, se habría servido de otras adjudicaciones de contratos de obras y servicios.

Para ello, se observan indicios de una estructura formada por dos planos: el primero, una serie de cargos públicos que la habrían posibilitado y propiciado, beneficiándose también de la misma económica y personalmente; y el segundo, constituido por una serie de sociedades y empresarios que habrían participado de ella, bien como adjudicatarias de estos contratos, bien propiciando que otras empresas lo hicieran.

Beneficios para un hermano de Óscar Liria

Es en este punto en el que la investigación se centra en el papel de seis empresas y sus responsables, entre los que figura el hermano del exvicepresidente tercero y exdiputado provincial de Fomento de la Diputación Óscar Liria —ya detenido y apartado en una primera fase— quien mediante la empresa Pulconal “tenía pleno conocimiento y percibía un cinco por ciento del beneficio de los contratos adjudicados por la Diputación Provincial de Almería a la sociedad”.

También se apunta como una de las empresas con más intereses en la supuesta trata la mercantil OYC Servicios Urbanos, cuya “verdadera titularidad” se atribuye al exalcalde de Fines y a su hijo, también investigados por este caso, si bien se investiga además a una pareja que actuaba como accionista de la empresa y como administrador solidario.

Junto a estas dos empresas, la investigación pone el foco en otras seis mercantiles más dirigidas por otros cuatro empresarios, quienes podrían haberse beneficiado de la trama mediante la adjudicación de contratos. Todos ellos “podrían disponer de indicios relevantes para el esclarecimiento” de los hechos, por lo que se autoriza la exploración de sus teléfonos.

“Claros indicios”

La investigación nace de la adjudicación del contrato público de suministro de material sanitario por la Diputación Provincial de Almería a la empresa Azor Corporate Ibérica a través de un decreto firmado por Javier Aureliano García el 8 de abril de 2020 por 2.036.186,24 euros partiendo la propuesta de Fernando Giménez.

Para el juez, “existen claros indicios de que tal contratación se produjo de forma ilícita”, entre otros aspectos, ante el “vínculo familiar” entre Óscar Liria y el representante de la sociedad Kilian L. y ante la existencia de gestiones para la compra de material previas a la propia adjudicación del contrato.

La investigación abunda en las conversaciones telemáticas existentes entre los investigados, quienes mantenían un grupo de Whatsapp denominado Naranjito, relativas a estas contrataciones así como en las evidencias halladas durante la primera fase de la investigación, en la que se encontraron grades sumas de dinero en el domicilio de Óscar Liria y de sus padres sin que las explicaciones sobre su origen “resulten convincentes, ya que son vagas, imprecisas e carentes de apoyo documental”.

Un lenguaje “encriptado”

También alude la investigación al lenguaje “en clave” o “encriptado” entre los investigados, quienes al referirse a contratos emplearían expresiones como “ir al dentista”, “cambiar la piñata entera”, “necesito empastarme dos o tres muelas” u otros términos odontológicos supuestamente para referirse a esas 'mordidas'.

“El uso de esta terminología es muy recurrente y se encuentra totalmente desvinculado del contenido material de las conversaciones”, abunda el juez, para quien resulta “muy llamativo” que se utilicen “de forma absurda, abusiva y en un número de veces inexplicable” términos relativos a la ortodoncia en un contexto “totalmente desvinculado” de una conversación que versa sobre licitaciones públicas en trámite.

Así, los informes apuntan la relevancia en el uso de dinero en efectivo, con ingresos desde Roquetas de Mar y El Ejido de hasta 19.750 euros, por parte del expresidente de la Diputación a la hora de pagar las cuotas hipotecarias correspondientes a la compra de un inmueble con una cuenta que se encuentra también a nombre de su hermana, investigada en este caso por un supuesto delito de blanqueo de capitales.

En esta línea, la investigación apreciar una supuesta reincorporación al tráfico de dinero cuyo origen “podría ser ilícito”, a lo que se unen otros 20.000 euros que García entregó para adquirir una parcela en Rodalquilar. “Se desconoce el origen del dinero efectivo que utiliza Javier Aureliano García para tales transacciones, siendo que el mismo es un empleado público”, incide el auto.

Transacciones bancarias

Las “numerosas transacciones bancarias” que se producen entre Javier Aureliano García, sus hermanos, así como la comunidad de bienes García Molina —administrada por otro hermano también investigado— reflejarían, bajo criterio policial, una instrumentalización de dicha comunidad de bienes para “canalizar fondos” sobre la venta de un inmueble heredado en Almerimar a fin de “integrar los fondos obtenidos de forma ilícita en el circuito legal de dinero para poder disfrutar de los mismos”.

También resulta de interés para la investigación y para la adopción de las medidas solicitadas, el interés que muestra Javier Aureliano García en reunirse con Fernando Giménez para abordar la declaración en calidad de investigado que ya realizó antes de ser arrestado, así como la realización de viajes “de coste elevado” a Ibiza y a Madrid en 2016 y 2017 de García y Liria, en fechas próximas a la presunta actividad delictiva de adjudicación de contratos y sin que existan “apuntes bancarios” al respecto.

La acusación sin pruebas como arma de destrucción política vuela estos días sin control con el impulso de presuntos delincuentes que se sienten abandonados por el PSOE y airean su venganza en medios agradecidos.

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE entre 2017 y 2021, ingresó en prisión provisional el pasado 27 de noviembre junto a su asesor principal Koldo García. Ambos están procesados por cobrar supuestamente comisiones ilegales tras adjudicar a dedo desde el Ministerio de Transportes contratos millonarios de mascarillas al comisionista Víctor de Aldama. El exministro y su asesor han concedido sendas entrevistas en vísperas de entrar en la cárcel para denunciar supuestas corruptelas que no habían contado a nadie durante su calvario judicial: ni a periodistas ni a fiscales ni a jueces. Ábalos y García han recuperado de pronto la memoria porque, según su entorno, se sienten abandonados por el PSOE y por el Gobierno ante el proceso judicial que les ha llevado a la cárcel.

El exministro, a El Mundo, antes de entrar en prisión: “Investigar a Air Europa sería abrir el melón, ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados”. Koldo García, a OkDiario: “Javier Hidalgo dijo delante de mí que había que compensar con un millón a Begoña por el rescate de Air Europa”.

La compañía aérea desmiente a los dos presos: “Ni Air Europa ni miembro alguno de la familia propietaria valoró, comentó, consideró, ni realizó pago alguno a la señora Begoña Gómez por ninguna actividad relativa a la concesión de dicha ayuda, ni por ninguna otra actividad”. La compañía también ha negado que se solicitara a la mujer del presidente “intermediación o gestión alguna” con relación al préstamo.

Luis Chabaneix, abogado de Ábalos, interpretó así las amenazas del exministro en una entrevista con TVE: “Es un farol. Hay que entender que está bastante dolido, se siente como el apestado nacional…”.

Un empresario habituado en otro tiempo a tratar con el poder político y con la mafia policial de entonces defendía esta tesis en una comida: “Cuando un gato se siente acorralado hay que tener cuidado porque se puede convertir en un tigre”.

Ábalos y Koldo han optado por iniciar su nueva vida de presos procesados por corrupción resucitando una operación para arañar aún más la deteriorada reputación del Gobierno; el préstamo de 475 millones a favor de Air Europa para evitar el cierre por falta de actividad de una compañía con más de 10.000 trabajadores.

La investigación de los hechos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha investigado el caso del rescate de Air Europa tras hallar en los dispositivos móviles de Koldo García numerosos mensajes relacionados con ese episodio. El Senado, a través de la comisión del caso Delorme donde todo cabe, también ha investigado lo ocurrido llamando a declarar a los directivos de la SEPI que aprobaron la ayuda y a los dueños de Air Europa que se beneficiaron de la misma.

El cruce de todos los hechos conocidos por la UCO y por los senadores de la comisión del caso Koldo arruina la hipótesis de Ábalos y su asesor respecto a la influencia de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa.

La UCO afirmó en su informe que el comisionista Víctor de Aldama “se habría valido de la actuación de Ábalos para lograr el conocido como rescate de Air Europa en noviembre de 2020”. Pero el análisis de la UCO no citaba ni una sola actuación de Ábalos en la tramitación del expediente y ni una sola prueba de que el entonces ministro hubiera influido de algún modo en la concesión del préstamo de 475 millones a la compañía de Juan José Hidalgo. Las pruebas conocidas indican que el comisionista Víctor Aldama, a sueldo de Air Europa en aquel verano de 2020, presionó a Ábalos para lograr el rescate de la compañía aérea. Pero de lo que no existen indicios es de que Ábalos o la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, influyeran de alguna manera en la concesión del préstamo.

Aldama era en agosto de 2020 un nuevo conocido de Ábalos. El comisionista había logrado su mayor pelotazo como intermediario al ingresar en abril de 2020 hasta seis millones de euros por la venta de mascarillas al Ministerio de Transportes en lo peor de la pandemia. Aldama financiaba en aquellos meses a través de un testaferro el alquiler del apartamento donde residía la examante del ministro.

Ábalos hizo creer al comisionista en el verano de 2020 que presionaba para el rescate de Air Europa. Al menos ese era el mensaje que Koldo García trasladaba a Aldama sobre las gestiones del ministro. Mientras tanto, Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI (nombrado en 2017 por el Gobierno del PP) y presidente del consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, tramitaba desde el 20 de agosto de 2020 la solicitud de ayuda de Air Europa sin recibir indicaciones del Gobierno, según la investigación. Lora supervisó entre 2020 y 2022 las 30 operaciones (más de 3.000 millones de euros) de rescate de empresas amenazadas de quiebra por la pandemia.

Koldo García aseguró en algún mensaje a Víctor Aldama que su jefe hablaría con el vicepresidente de la SEPI para agilizar la ayuda a Air Europa. Pero esa llamada nunca se produjo, según aseguró Bartolomé Lora cuando le preguntaron en el Senado: “Nunca hablé con Ábalos de este expediente. Nunca informé a nadie del Gobierno directamente de estos expedientes. No he recibido instrucciones ni del señor [Pedro] Sánchez ni de nadie. Los ministros no intervienen en la tramitación de los expedientes. No he tenido nada con Aldama, no le conozco. Ni con Koldo García, conocí su nombre por los periódicos”.

Aldama seguía tan de cerca la tramitación de las ayudas que solo 13 días después de presentada la solicitud por Air Europa se quejó a Koldo con un mensaje que ha dado pábulo a todas las conjeturas sobre el papel desempeñado por Begoña Gómez en el rescate de la compañía aérea. El 3 de septiembre de 2020, Aldama contó a Koldo García que Javier Hidalgo estaba “jodido, muy jodido” por el rescate a su compañía. Y añadía: “Se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña [Gómez, mujer del presidente del Gobierno]”. Si esa llamada se produjo —algo que desmienten las dos partes intervinientes— el resultado de esa gestión fue nulo porque solo dos semanas después, a juzgar por los nuevos mensajes de Aldama, la negociación estaba al borde del fracaso.

El 17 de septiembre, el comisionista escribió a Javier Hidalgo: “Déjame ayudarte para resolver esta situación. Confía en mí, sé que estás mal, muy mal, pero confía en mí. Dile a Ramiro [director del departamento jurídico de Air Europa que negociaba el rescate con los técnicos de la SEPI] que él lleve tema SEPI y yo me encargo del resto con los ministros y sacamos esta mierda adelante. Sé que estás destruido, pero lo único que quiero es ayudarte”. Hidalgo ni siquiera le contestó.

Y el 30 de octubre, Aldama avisó a Koldo García de unas negociaciones al borde de la ruptura: “Se retira la oferta”. “Siguen poniendo problemas. ICO ha dicho SEPI no contesta favorablemente, se retira la oferta y no hay financiación”. El comisionista fue desmentido aquel día por Koldo García quién le envió un mensaje solo unos minutos después: “Que me dice [José Luis Ábalos] que el Consejo de Ministros aprueba el martes [3 de noviembre] sí o sí”.

El préstamo finalmente aprobado establecía unas duras condiciones. Air Europa operaba en 17 aeropuertos cuando España se cerró por la pandemia. Las pérdidas de la compañía entre 2020 y 2021 sumaron 1.000 millones con 10.000 trabajadores en plantilla. Para conceder el préstamo de 475 millones de euros, la SEPI exigió garantías por 1.000 millones, y Air Europa tuvo que echar mano de sus hoteles, por más de 400 millones; sus sedes en Pozuelo (Madrid) y Palma de Mallorca; los negocios de mantenimiento de aviones y servicios aeroportuarios en tierra, e incluso el acuerdo de venta de Air Europa a IAG.

Javier Hidalgo, CEO de la compañía cuando ocurrieron los hechos, lo contó así en el Senado: “El acuerdo con SEPI fue un préstamo con las condiciones más estrictas y desfavorables de las concedidas en Europa y fue una de las últimas compañías aéreas de nuestro nivel en recibir ayudas. A 29 de junio en Europa ya se habían concedido 29.000 millones de euros”.

El desmentido del comisionista

Un mes después de aprobado el préstamo a favor de Air Europa, Víctor Aldama envió un mensaje grabado a Koldo García donde se lamentaba de las “mentiras” que los periodistas difundían sobre Begoña Gómez: “Ayer me llama Lisandro Márquez, que es el relaciones institucionales de la compañía de Globalia, ¿vale? (…) Pero bueno, siempre buscando la mierda, y nada que ver en un principio con el tema de Air Europa, ni de la compañía (…). Sobre lo que me cuentas tú de Air Europa, que quieren vincular la operación de Air Europa, que si ha habido presiones con Begoña y tal, nada, nada, nada verdad”.

Y continuaba: “Y operación... ¿Que ha habido presiones? Hombre, una operación que lleva desde el mes de marzo o abril, si no me equivoco, y ya salió en el mes de noviembre, que la ha visto con puntos y con comas la SEPI; que la SEPI ha contratado a Pricewaterhouse, a un auditor externo, para que dé también la conformidad y no se pillen los dedos, y también han dado su conformidad y que todo estaba legal; cuando Pepe Hidalgo ha puesto todas sus garantías, ha puesto los hoteles, ha puesto absolutamente todo, ¿dónde está lo raro de la operación o donde está que haya habido presiones? Claro, presiones ha habido, a la ministra Calviño, a la ministra Montero, al ministro Ábalos, ha habido presiones a todo el mundo, porque, como se había dicho, eso es una compañía estratégica y, si no se daba el préstamo, la compañía cerraba e iban 50.000 personas a la calle. Claro que, si a eso se llaman presiones, decir que la compañía va a cerrar, pues sí, ha habido presiones. Pero si no, es que de verdad hay cosas que no entiendo (…) yo no sé cómo se permite en este país que los periodistas sigan mintiendo, sean impunes y no les pase nada o alguien les persiga. Porque es que escribir es gratis, y esta gente ya se creen que son los Vengadores. Escriben cualquier barbaridad porque no les va a pasar nada”.

Quién desmentía de esta manera en diciembre de 2020 las acusaciones sin pruebas contra Begoña Gómez es la misma persona que, cuando estaba en la cárcel por un fraude multimillonario por su negocio de hidrocarburos, prometió colaborar con la justicia a cambio de su libertad. Desde entonces, y ya libre, Aldama se pasea por determinados medios de comunicación lanzando amenazas al Gobierno de Pedro Sánchez con insinuaciones que, en muchas ocasiones, se han demostrado falsas. Como cuando atribuyó a Begoña Gómez una fortuna de seis millones de euros oculta en un banco de la República Dominicana.

Los pagos al abogado: “No he cobrado nada”

El ventilador de bulos que estos días maneja la trama corrupta a su antojo difundió el jueves que el PSOE había pagado hasta octubre pasado al abogado de José Luis Ábalos para evitar así que el ex secretario de Organización y exministro de Transportes tirase de la manta. El abogado de Ábalos hasta el pasado noviembre era José Anibal Álvarez, quien aseguró el jueves a elDiario.es que el PSOE no solamente no le había pagado por sus trabajos en defensa del exministro sino que, hasta el momento, no había cobrado ni un euro por la defensa.

Anibal recomendó al exministro en dos ocasiones que dejara su acta de diputado para que su causa pasará a la Audiencia Nacional, pero Ábalos se negó y rompieron relaciones. Por el contrario, el PSOE ha recibido en los últimos seis meses distintos mensajes de los entornos de la trama corrupta en los que amenazaban con revelar noticias contra el presidente del Gobierno en caso de que el partido no se hiciera cargo de los gastos de defensa de los imputados. Desde el Gobierno de Sánchez respondieron antes a esas insinuaciones e insisten ahora: “Si esto es un chantaje, han pinchado en hueso”.

La mentira, utilizada como arma de destrucción política, sigue viva y más engrasada que nunca.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería José Manuel Rey Bellot será el encargado de llevar la investigación del caso 'Mascarillas' que indaga sobre el presunto cobro de comisiones a través de contratos irregulares en la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines. La Audiencia Provincial ha aceptado la abstención solicitada por María Belén López, la jueza que instruía hasta ahora el caso, por la “amistad” muy cercana que, según fuentes judiciales, le une a la familia del Presidente de la Diputación, ya formalmente investigado junto a un hermano y una hermana tras los hallazgos recientes de la UCO.

Fuentes judiciales confirman a elDiario.es la asignación del caso a este juez instructor tras el reparto llevado a cabo después de que la Sección Segunda de la Audiencia de Almería viera “justificada” la causa de abstención por “amistad íntima” alegada por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, María Belén López, para apartarse del caso.

La jueza solicitó la abstención nada más reincorporarse a su plaza la semana pasada tras un año de baja. Anteriormente, la jueza había tenido varios periodos de baja intermitente. La causa empezó a instruirse en 2021 y recayó en el juzgado, que ya dirigía López, en febrero de 2022, pero se amplió con nuevos investigados durante el periodo en el que Eduardo Martínez Gamero ejerció como juez sustituto.

Entre los nuevos investigados que destaca Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación Provincial y del PP de Almería, y dos de sus hermanos. La relación con ellos es la que motiva ahora la abstención de la jueza.

Los hermanos García no estaban formalmente investigados en la primera fase, que instruyó la jueza, pero en esos primeros meses (febrero de 2022) la atención sí se centraba en un contrato para el suministro de material sanitario adjudicado de urgencia por la Diputación Provincial de Almería, que ya presidía García. Y el propio García, como presidente de la Diputación, fue el firmante del Decreto para la compra del material.

Por orden del juez sustituto Martínez Gamero, la UCO registró hace algo más de una semana el domicilio y el despacho de Javier Aureliano en la Diputación, donde encontraron un documento donde clasificaba “Ingresos declarados y cobrados en efectivo”. Uno de los indicios contra el presidente de la Diputación es la cantidad de dinero en efectivo que manejaba para pagar operaciones inmobiliarias, cuotas de hipoteca o viajes de placer. La UCO también registró la vivienda de su hermana, en cuya despensa halló una caja fuerte con un sobre con 7.260 euros “de Javier Aureliano”. Ella atribuyó la procedencia de este dinero en metálico al cobro de alquileres.

Asimismo, la UCO ha intervenido las comunicaciones del expresidente, a quien atribuye indiciariamente una participación en el cobro de mordidas que deduce de, entre otros indicios, el uso de un lenguaje en clave para referirse a estos presuntos sobornos. Así, los investigados hablarían de dientes, dentaduras y “piñata” sin motivo aparente, y a veces justo tras hablar de adjudicaciones públicas. Un indicio “demoledor” para el juez sustituto.

Nuevo juez

Tras la abstención de López, la causa será instruida por José Manuel Rey Bellot. Ya ha instruido casos con relevancia política. Por ejemplo, fue el magistrado encargado de instruir la causa que ha acabado recientemente con la condena a cinco años y seis meses de inhabilitación para el exvicepresidente socialista de la Diputación Luis Pérez, quien cumple una pena de siete años y diez meses de prisión por el caso 'Facturas'.

En todo caso, la causa seguirá adscrita al Juzgado de Instrucción número 1. La Audiencia ordena en su auto a la magistrada abstenida dictar una resolución apartándose definitivamente del asunto y remitir las actuaciones al juez del órgano sustituto, así como comunicar a las partes la citada abstención.

Aunque la causa se suspendió, en el sentido de que la juez no podía acordar nada ni tomar ninguna decisión sobre la misma, se han continuado con las diligencias ordenadas por Martínez Gamero a partir del auto de entrada y registro que se ejecutó el pasado 18 de noviembre, en el que además se hacían varios requerimientos de información y se autorizaba el 'volcado' de teléfonos, ordenadores y otros dispositivos.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, la juez María Belén López, ha comunicado ante la Audiencia Provincial de Almería causa de abstención para apartarse de la investigación del caso 'Mascarillas', que indaga sobre supuestas 'mordidas' en contratos públicos de la Diputación y del Ayuntamiento de Fines, al alegar “amistad íntima” con algunos de los investigados.

La jueza, que se reincorporó a su plaza este martes tras un año de baja, solicitó ayer mismo la abstención. Una portavoz del TSJA explica que la “amistad íntima” se da con alguno de los nuevos investigados en la causa, sin confirmar con quién. La causa empezó a instruirse en 2021 y recayó en el juzgado, que ya dirigía López, en febrero de 2022, pero se ha ampliado recientemente con nuevos investigados entre los que destaca Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación Provincial y del PP de Almería.

La jueza, que se hizo con la instrucción de las diligencias después del traslado de la causa por parte de un juzgado de Barcelona que inició las pesquisas, mantiene lazos familiares lejanos con García, según desvelaron ayer medios de Almería. Según fuentes locales, son primos segundos. Si ese fuese el motivo, la causa de abstención no afectaría por tanto a la instrucción que ella misma desarrolló entre 2021 y 2024, cuando solicitó la baja, porque García no estaba investigado por entonces, razonan fuentes del TSJA.

No obstante, a pesar de que García no estaba investigado en esa primera fase, la instrucción puso el foco desde el primer momento (febrero de 2022) en un contrato para el suministro de material sanitario adjudicado de urgencia por la Diputación Provincial de Almería, que ya presidía García, y que fue el firmante del Decreto para la compra del material. Además, en 2021 los agentes de la UCO que habían participado en la operación ya pusieron el foco en contratos menores de obras con una sociedad gestionada Kilian López Sole, administrador de la empresa adjudicataria del suministro de material sanitario y presunto corruptor de Óscar Liria, por entonces diputado provincial. Fue el propio Javier Aureliano García quien reveló estas sospechas de los agentes al Pleno de la Diputación en junio de 2021.

La Audiencia estudiará en los próximos días la petición de la magistrada. En caso de aceptar la abstención, la instrucción del caso recaerá en otro juez al que corresponda por reparto, o un juez de adscripción territorial (JAT), a los que generalmente se conoce como juez sustituto.

El auto dictado por un juez sustituto

Durante el último año y hasta este martes, la instrucción la ha desarrollado el juez sustituto Eduardo Martínez Gamero, ahora ya destinado a un juzgado de violencia sobre la mujer. Él es quien firma el auto que desembocó el pasado 18 de noviembre en las detenciones de altos cargos del PP en la provincia, entre ellos el ahora dimitido presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, y el exvicepresidente Fernándo Giménez y el exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez. Ese auto ha cambiado el ritmo de la instrucción y ha supuesto una revolución en Almería, propiciando la dimisión de García, Giménez y Sánchez de sus cargos institucionales y en el PP.

Aquel día, la UCO registró diez inmuebles (domicilios particulares, oficinas públicas y sedes de empresas) en busca de indicios de las prresuntas mordidas recibidas por la compra de material sanitario en plena pandemia y por la adjudicación de obras públicas. El exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez solicitó ayer la nulidad de los registros y la intervención de sus terminales informáticos y telefónicos por entender que son medidas “indeterminadas” y que supone un “acceso indiscriminado a la totalidad de la vida digital y personal”.

Mientras se resuelve la abstención la causa queda suspendida, de modo que la jueza no puede acordar nada ni tomar ninguna decisión sobre la misma. Sin embargo, sí puede continuarse con las diligencias ordenadas por Martínez Gamero a partir del auto de entrada y registro que conllevó, además, la detención del expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García, el exvicepresidente segundo Fernando Giménez, el exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez, el hijo de este y un funcionario del Área de Fomento.

Más allá de la entrada y registro en domicilios, empresas y oficinas públicas, y la intervención de dispositivos informáticos, ese auto contiene una amplia batería de diligencias. Así, contiene requerimientos a la Diputación de Provincial y al Ayuntamiento de Fines de documentación relativa a la adjudicación de obra pública a empresas sospechosas de haber pagado mordidas, así como gastos de viaje recientes de Javier Aureliano García y su familia, y libra varios mandamientos a la Agencia Tributaria para recabar información fiscal de los investigados. También ordena el bloqueo de las cajas de seguridad de los investigados.