Noelia ha sido violada varias veces. No una, ni dos, muchas.

Primero sus depravados agresores, pero después la violan cada vez que la juzgan por la calle, cada vez que la miran, cada vez que se siente observada. Cada vez que sale y tiene que revivir en aquel rincón su violación, cada vez que piensa que podrá volver a encontrarse con ellos en la calle, en un bar, en el trabajo, en una tienda.

Ha sido violada en el juicio, y cuando la explora el médico, y cuando tiene sus revisiones, cada vez que se mira en el espejo. Vuelve a ser violada en cada bulo, en cada invento, en cada mentira. Porque no es cierto que la violase un grupo de menores no acompañados, no la violaron en el centro de menores donde estaba. La violaron después, ya tenía dieciocho años, ya era mayor de edad y la violaron tres chicos. Vuelve a ser violada cada vez que hay una mentira más.

Con cada bulo lanzado por los ultras que, lejos de buscar la salvación de una mujer, solo persiguen votos a costa de una mujer. Cada vez que es politizada y utilizada.

Es culpa de ese patriarcado que siempre nos abandona

La han violado durante seiscientos un días más. El grupo de Abogados cristianos que apoyaban a su padre. Cuando el estado permite que una mujer no pueda ni siquiera decidir sobre su propia vida. Una vida que fue truncada, destrozada y vejada. La violan cuando nos venden que por culpa de su enfermedad mental pide la eutanasia. No, no es cierto, 'señoros'. No es por culpa de su enfermedad mental. Es por culpa de una situación insostenible e insoportable. Es culpa de ese patriarcado que siempre nos abandona, no sin antes cuestionarnos 601 veces. Su cabeza no puede más, intenta quitarse la vida, pero solo se quita media.

Vuelve a ser violada por impotencia, por sentirse inútil, por sentirse desprotegida. Pide su derecho de poder dejar de sufrir. Durante 601 días sigue sufriendo violación. Porque todos esos salvadores de vidas no han sufrido lo que ha sufrido ella. No es eutanasia. Es asesinato. Y el sistema, cómplice. Te hemos fallado, Noelia, que la tierra te sea leve.

El Ministerio de Sanidad llegaba al Consejo Interterritorial de este jueves con la intención de aprobar el nuevo manual de buenas prácticas en eutanasia que, entre otros cambios, introducía una tramitación abreviada para los casos más urgentes. El texto había sido trabajado y consensuado a nivel técnico con las comunidades autónomas, pero finalmente ha sido retirado del orden del día a petición de la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute.

Matute ha justificado su petición en la necesidad de “enriquecer el texto con las aportaciones de las sociedades científicas y colegios profesionales, con los que no se ha contado previamente” y “en aras de alcanzar una mayor excelencia técnica y profesional en una materia tan compleja y sensible”, según explican fuentes de la Consejería.

Estas mismas voces aclaran que el nuevo manual no aborda el tema de la salud mental, que es “fundamental”, aunque confirmar que el texto que pretendía ponerse hoy sobre la mesa del Consejo Interterritorial si se había trabajado ya a nivel técnico por parte de las consejerías. En cualquier caso, indican que el documento se tratará en la próxima reunión de las comunidades con el Ministerio de Sanidad.

El nuevo manual de buenas prácticas, que pasaría a ser la referencia técnica común, ya estaba incluido en el orden del día del anterior Consejo, celebrado el pasado 27 de marzo, pero que quedó copado por la crisis abierta entre Sanidad y los sindicatos médicos. Un conflicto al que ha hecho referencia este jueves la propia Matute, al pedir la dimisión de la ministra Mónica García, “al ser incapaz, después de cuatro meses, de resolver la grave huelga de médicos en toda España, que está creando una tensión asistencial sin precedentes en el conjunto del Sistema Nacional de Salud”.

Además de una tramitación abreviada para los casos más urgentes, el texto del nuevo manual amplía los tiempos de aplazamiento hasta los seis meses e incorpora la posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias acordes a la normativa o por la propia voluntad del paciente que, si no pide reactivarlo en tres meses, dará por cerrado el expediente. También instaura las unidades administrativas de apoyo, que ya existen en la mayoría de comunidades autónomas y refuerza la figura de la enfermera del equipo asistencial.

Una nueva estrategia de cuidados paliativos

Lo que sí ha salido adelante en este Consejo Interterritorial ha sido la nueva estrategia de cuidados paliativos, que impulsará esta prestación desde mucho antes del final de la vida. El nuevo plan pone el sufrimiento del paciente, y no su fase agónica, como criterio central de la atención, e introduce herramientas validadas dentro de la historia clínica informatizada para una atención precoz.

Además, se ha aprobado el documento de consenso para el abordaje de la enfermedad renal crónica, una patología que afecta a más del 10% de la población y, a menudo, no presenta síntomas en sus primeras fases, lo que provoca un elevado infradiagnóstico. De hecho, esta nueva hoja de ruta tiene como objetivo “impulsar un modelo asistencial más proactivo, coordinado y centrado en la persona, favoreciendo el diagnóstico precoz y un abordaje integral que contribuya a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a optimizar los recursos del sistema sanitario”. A esta patología se destina el 5% del gasto sanitario total.

Sanidad también ha actualizado el consenso para prevenir la fragilidad y las caídas en personas mayores, con el objetivo de prevenir la discapacidad, mejorar la calidad de vida y reforzar la sostenibilidad del sistema. Según los datos del Ministerio, la fragilidad afecta hasta al 18% de las personas mayores y un 30% de la población por encima de los 65 años sufre, al menos, una caída al año.

Un recurso contra la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles

La reunión de este jueves venía precedida del anuncio, esta misma mañana, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que recurriría el real decreto que devuelve la atención sanitaria a los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular. “Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos y por eso, otra vez, este Gobierno va a recurrir este Real Decreto”, afirmó durante la sesión de control en la Asamblea madrileña.

“Piensa que va contra el Gobierno y va contra la sanidad pública”, afeó la ministra García, quien defendió que “al final los derechos acaban imponiéndose”. Precisamente, Ayuso ha encadenado varios varapalos judiciales en las últimas semanas, algunos de ellos relacionados con cuestiones sanitarias, como su negativa a iniciar el registro de objetores de conciencia para practicar abortos. La Justicia ya ha dicho que la Comunidad debe ponerlo en marcha, entre otras cosas, al ser una obligación recogida en una ley orgánica.

Posición intermedia de la Fiscalía en el debate sobre las impugnaciones de eutanasias ya avaladas por los médicos por parte de familiares. El Ministerio Público ha solicitado al Tribunal Supremo que no impida del todo el derecho de los familiares a impugnar muertes dignas ya concedidas por la administración, si bien ha pedido que esta posibilidad sea muy restrictiva y que se permita tan solo en los casos en que haya un “intenso vínculo afectivo” entre el solicitante y sus parientes que se oponen a su eutanasia.

El escrito de la Fiscalía se produce en un procedimiento relevante para la muerte digna en España. Los casos de Noelia y el de otro de hombre de Barcelona, Francesc A., cuyo padre también se opone a su derecho a morir, han mostrado un efecto insospechado de la ley de eutanasia aprobada en 2021: familiares que emplean los tribunales, en ocasiones de la mano de entidades ultras, para limitar un derecho e ir en contra del criterio científico y jurídico del comité evaluador de la muerte digna.

Si bien son solo dos casos en España, la cuestión jurídica que dirimirá el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a partir del caso de Francesc A. sentará doctrina para nuevos casos. ¿Un familiar puede recurrir una eutanasia ya concedida? A esta pregunta tendrá que responder el Alto Tribunal a partir del recurso de la Generalitat, que defiende que el padre del paciente no puede recurrir la eutanasia porque supone interferir en el derecho a la muerte digna de Francesc A.

La postura de la Fiscalía es un poco más matizada. Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, el Ministerio Público ha sostenido ante el Supremo que el derecho de terceras personas distintas al solicitante de la eutanasia para impugnarla “debe ser interpretada con carácter restrictivo”. Esto es, se quiere evitar un aluvión de recursos de familiares descontentos con la decisión personal de los solicitantes de eutanasia, pero no cerrar del todo la puerta a que puedan impugnarlas.

La Fiscalía considera que solo deben poder recurrir “los parientes ubicados en el más estricto ámbito familiar respecto de la persona solicitante”. No basta, a criterio del Ministerio Público, el mero hecho de ser parientes, sino que reclama al Supremo imponer un requisito añadido: la existencia de un “intenso vínculo afectivo” presente al tiempo de acudir al juzgado contra la eutanasia de su familiar.

Lo que sí quiere evitar a toda costa la Fiscalía es que esos recursos los realicen entidades ultras por su cuenta, y así se lo ha pedido al Supremo. Aunque no las menciona explícitamente, la Fiscalía considera que entidades como Abogados Cristianos “carecen de legitimación para impugnar resoluciones administrativas tanto de concesión como de denegación” de la eutanasia.

Cabe remarcar que la cuestión que resolverá el Supremo no versa sobre el derecho de Francesc A. de recibir la eutanasia, sino en exclusiva sobre si un familiar (en este caso su padre) puede recurrirla. La primera jueza que vio el caso lo rechazó de plano. El TSJ catalán dio un giro al caso y sí consideró que los familiares podían impugnar las concesiones de la muerte digna, aunque avaló igualmente la eutanasia de Francesc A.

La jurisprudencia europea, recordó la jueza de Barcelona que examinó en primer lugar el caso, requiere que, para recurrir la eutanasia, el familiar tenga un “vínculo real” con el paciente que quiere morir dignamente, algo que no se daba en el caso de Francesc A.

Los magistrados del TSJ catalán, en cambio, se adentraron en analizar la relación padre-hijo frente a la cuestión central, el derecho del solicitante de eutanasia a no ver impugnada su voluntad. “Incluso en situaciones de desencuentro o conflictos familiares prolongados podría permanecer la esencia de la preocupación paternofilial que justifica”, según los jueces, la “integridad” del derecho del padre a recurrir la eutanasia. El Supremo dictará sentencia en las próximas semanas.

La Fiscalía ha pedido que se archive la investigación a dos miembros del Comité de Evaluación y Garantías de la eutanasia en Catalunya que autorizaron la eutanasia a Noelia, la joven de 25 años afectada de una paraplejia que tras más de un año y medio de trabas pudo recibir la muerte asistida el pasado jueves.

Tal y como ha adelantado la agencia EFE y ha confirmado elDiario.es, la Fiscalía ha pedido a la magistrada del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que abrió la investigación a los dos expertos a raíz de una querella de la fundación ultracatólica Abogados Cristianos, que la archive, al no apreciar indicios de delito.

La causa forma parte de la ofensiva judicial que la asociación ultra ha levantado contra la eutanasia de la joven, autorizada en julio de 2024 pero que no se pudo materializar hasta el pasado jueves debido a la oposición de Abogados Cristianos.

Además de retrasar la eutanasia a la que Noelia tenía derecho, los ultracatólicos emprendieron la vía penal contra el médico y la jurista que la autorizaron. Ante un caso complejo como el de la joven (además de la paraplejia fruto de un intento de suicidio, sufría trastorno límite de personalidad), ambos quisieron dar más seguridad jurídica a la decisión y la trasladaron al pleno de la Comisión de Evaluación, formado por 19 profesionales. Todos ellos respaldaron la eutanasia.

La querella de Abogados Cristianos sostiene que ambos investigados fueron designados para que elaborasen un informe en relación a la petición de eutanasia que había planteado Noelia y que optaron por “simular” un desacuerdo que era “ficticio”, provocando que se elevase el expediente al pleno de la Comisión de Evaluación y Garantías. Ambos profesionales ya contaron en sede judicial que el desacuerdo era la única vía para que la Comisión en pleno pudiera evaluar el caso.

La jueza del contencioso-administrativo que avaló la eutanasia de Noelia -en una resolución confirmada por el TSJ catalán y el Supremo- rechazó los postulados de Abogados Cristianos y no vio irregularidad alguna en el hecho de que ambos funcionarios expresaran sus dudas sobre el caso con el fin de que este pudiera tratarse en el pleno de la Comisión.

Abogados Cristianos intentó sin éxito que se suspendiera la eutanasia a Noelia, avalada por el TSJC, planteando recursos con medidas cautelares ante el Tribunal Supremo y el Constitucional, que no los admitieron, así como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que también lo desestimó.

A última hora, la fundación ultracatólica intentó que el juzgado de instrucción 20 de Barcelona, donde había interpuesto la querella contra los dos miembros del comité de la Generalitat que autorizaron la muerte digna de la joven, la paralizara cautelarmente, si bien la magistrada también lo rechazó al concluir que “carecía de potestad” para ello, ya que los tribunales competentes ya habían dictado “las decisiones oportunas”.

La titular del juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona acordó en noviembre pasado admitir a trámite la querella de Abogados Cristianos. Sin embargo, no citó a los expertos como imputados, como pretendían los ultracatólicos, sino que se limitó a solicitar al juzgado contencioso-administrativo de Barcelona que avaló la eutanasia de Noelia el expediente del caso.

Una vez recibida la documentación, la jueza acordó trasladarla a la Fiscalía, para que informase sobre si veía relevancia penal en los hechos. El Ministerio Público ha pedido ahora a la jueza que archive el caso, al considerar que los dos investigados no cometieron delito, y sin necesidad de que tengan que comparecer como investigados.

El Ministerio de Sanidad quiere ampliar el concepto de cuidados paliativos y adelantarlo en pacientes crónicos antes de que llegue la etapa final de la vida. El departamento que dirige Mónica García había incluido esta nueva estrategia, negociada a nivel técnico, para su aprobación en el Consejo Interterritorial del pasado viernes. El encuentro, que terminó siendo monotemático por el conflicto laboral abierto por la huelga de médicos, no llegó a abordar este punto, que se aprobará previsiblemente en la reunión del próximo día 9 de abril.

La nueva estrategia, para el periodo 2026-2030, surge de la necesidad de incorporar a los cuidados paliativos nuevos condicionantes sociales y de salud. Por ejemplo, el envejecimiento de la población y la multimorbilidad. Se viven más años y, aunque se ha logrado alargar la vida, una parte de este tiempo se pasa con enfermedades crónicas que, en algunos casos, alargan los procesos de deterioro. De hecho, se calcula que el 75% de las muertes que se producen en todo el país ocurren por enfermedades crónicas, de las que el 25% son oncológicas y el 50% corresponden a otras dolencias.

El documento indica que la prevalencia de quienes requieren de cuidados paliativos se sitúa en niveles de entre el 1,4 y el 1,6% de la población general. Según los datos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), entre 300.000 y 370.000 personas requieren cuidados paliativos cada año, de las que 135.000 precisan equipos específicos, por sus necesidades complejas.

El nuevo plan pone el sufrimiento del paciente como criterio central de la atención, independientemente de que este se encuentre o no en fase agónica o en el final de su vida. Hasta ahora, esta atención se limita a aquellas personas con un pronóstico inferior a los seis meses.

Para avanzar esa atención precoz, la estrategia contempla la introducción de herramientas validadas dentro de la historia clínica informatizada y que este enfoque se tenga en cuenta de forma gradual y temprana. Una de esas herramientas es la app Necpal 4.0, desarrollada por Secpal y la Cátedra de Cuidados Paliativos de la Universidad de Vic y que “permite estimar el riesgo de mortalidad en personas con enfermedades crónicas avanzadas para garantizar una respuesta precoz a sus necesidades paliativas”, señalaban cuando se lanzó la aplicación.

A la espera de ser aprobada definitivamente en el Consejo Interterritorial, la estrategia contempla garantizar la atención continuada las 24 horas, los 365 días del año, reforzando los servicios de atención telefónica experta y la telemedicina, para evitar ingresos innecesarios en urgencias. Además, establece la figura de un profesional de enlace o enfermera gestora de casos, para coordinar los traslados entre el hospital y el domicilio. También se tendrán en cuenta los determinantes sociales de la salud y la necesidad de atajar los sesgos de género en la evaluación del dolor, que hace que las mujeres deban declarar niveles mayores para ser registradas.

Cuidados paliativos pediátricos

La nueva estrategia incide de forma especial en los cuidados paliativos para niños, niñas y adolescentes, que tienen una prevalencia estimada de 65 por cada 10.000 o un 0,65%. En este sentido, el nuevo protocolo amplía la cobertura paliativa desde la etapa prenatal, se compromete a garantizar el acceso a la educación mediante aulas hospitalarias y apoyo domiciliario para evitar la exclusión social del menor y garantiza una transición paulatina había los servicios sanitarios para adultos jóvenes.

El Informe de evaluación de la estrategia de cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud 2015-2020, publicado en 2023, ya marcaba siete retos principales para el sistema de cuidados paliativos, que la nueva estrategia busca atajar: homogeneizar la atención en todo el territorio, mejorar la identificación de las necesidades paliativas, facilitar la atención centrada en la persona y que esta pueda decidir si prefiere estar en el domicilio o el hospital, tener en cuenta las características geográficas para organizar los equipos, incorporar la formación universitaria y específica y apoyar la investigación en esta área.

Manual de buenas prácticas en eutanasia

Sanidad pretendía aprobar también este viernes la segunda edición del manual de buenas prácticas en eutanasia, que también se ha visto relegado a la próxima cita. Este texto pasará a ser la referencia técnica común, cuatro años después de la publicación en el BOE de la ley que reconoce la aplicación de esta práctica compasiva.

El nuevo manual instaura las unidades administrativas de apoyo, que ya existen en algunas comunidades autónomas, como norma general, con el objetivo de garantizar un acceso homogéneo a la prestación. Además, refuerza la figura de la enfermera del equipo asistencial como figura de referencia, dentro de los cuidados y procedimientos propios de su competencia.

Entre las novedades, el documento amplía los tiempos de aplazamiento hasta los seis meses, frente a al uno o dos actuales. Además, el manual incorpora la posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias acordes a la normativa o por la propia voluntad del paciente que, si no pide reactivarlo en tres meses, dará por cerrado el expediente. En cualquier caso, la persona podría iniciar una nueva solicitud en el futuro si así lo desea. Además, se establece una tramitación abreviada para los casos más urgentes, ante la evidencia clínica de que en uno de cada tres casos los solicitantes se encuentran en riesgo de pérdida inminente de capacidad o fallecimiento.

En el ámbito administrativo, el manual incorpora la actualización de la regulación del Registro Nacional de Instrucciones Previas, para garantizar que la voluntad del paciente consta de forma clara e inmediata en su historial. También refuerza la importancia de cumplimentar correctamente los certificados de defunción, al considerarse la eutanasia muerte natural a efectos documentales. E incluye una adaptación de los protocolos sobre donación de órganos, para que esa posibilidad se ofrezca sin interferencias en la solicitud de la prestación.

Nos enfrentamos siempre a dilemas morales cotidianos que no tienen solución. Queremos acercarnos al ideal que tenemos de nosotros mismos, ser siempre buenos, y en nuestro intento de bordear ese límite estamos condenados a fracasar, tras el fracaso quizás a lacerarnos. Si nos laceramos es porque una parte de nosotros mismos no renuncia a la persona que podría haber sido de escoger lo otro, al tiempo que sabe que la ha perdido, que ya no es quien pudo ser, quizá no lo será nunca. ¿Quién no se ha visto entre la espada y la pared, forzado a que la única manera de ser leal a un amigo consista en traicionar a otro? ¿Quién no ha tenido que medir sus movimientos con la conciencia de que, sin importar lo que hiciera, estaría en algún caso obrando mal para alguien, gestionando el dolor, pero no evitándolo? La ilusión de ser perfectos es un reflejo infantil, el de quien no quiere hacer algo mal porque teme el castigo o la reprimenda, la decepción de los padres; la adultez tiene mucho que ver, en cambio, con las ocasiones en que obrar bien es obrar mal, sin pureza de por medio. La pureza, como sueño, es expresión de insatisfacción; los sueños, como sueños, sueños son.

Algo tan general es aplicable universalmente, a la vida de cada cual: lo que queremos es resolver lo irresoluble, ponerle solución a lo que no tiene remedio, arreglarlo todo más allá de mis capacidades. Quizá soy desmedida en ese plural: al menos en mí misma sí que reconozco ese impulso complaciente. Lo he pensado esta semana en varias ocasiones, algunas que tenían que ver con mis propios dilemas morales cotidianos, los de todos los días, esos que se acumulan sin solución, o sin solución buena; lo he pensado también al leer, asistir, escuchar y atender a las opiniones, juicios o exabruptos que se han vertido a propósito del caso de Noelia y su recurso a la eutanasia.

Me duele que cualquier persona prefiera quitarse la vida a perseverar en ella, porque —llámeseme cursi o curilla— considero que la vida, hasta en sus dolores, es algo hermoso y valioso en sí mismo; respeto absolutamente el derecho a la eutanasia, el derecho a la muerte digna, y no me habría atrevido yo a poner en cuestión la voluntad de Noelia, ni de tantos otros. Una eutanasia puede ser a la vez un fracaso social, una tragedia y la única manera de dar dignidad y autonomía en la muerte y enfermedad. Fracaso social porque la soledad es un problema social, porque las familias miserables y maltratadoras no son una isla que exista separada del mundo entero, porque las instituciones podrían hacer más y la ayuda que aportan es insuficiente, también porque somos más egoístas de lo que nos gustaría, más crueles, más miserables, más caprichosos en cómo repartimos nuestros afectos y a quién concedemos piedad y misericordia. Fracaso también, en fin, porque ante algo así nuestros sistemas morales, o la concepción que tenemos de tenerlos, fracasan.

Es normal que la derecha española sea incapaz de reconciliar su liberalismo, que convierte el mundo entero y también a las personas en mercancía y objetos, intercambiables, a la vez absolutamente autónomos y presuntamente libres, con la herencia moral judeocristiana. Es normal que otra izquierda tampoco sepa si hablar aquí de la estructura o si deslizarse a la herencia liberal que respeta ante todo la autonomía del individuo y su elección. Sostenemos ideologías y valores que son contradictorios, complejos, mutables, como cuando la vida nos fuerza a escoger entre opciones sin que ninguna de las dos sea una buena opción. A la ilusión de ser perfectos se suma la ilusión de ser coherentes, porque ser coherente también sería acercarse a un bien hipotético, al cálculo matemático de la mejor acción posible; la inexistencia de esa mejor acción, la cantidad infinita de efectos que todo paso puede provocar, se cuenta entre las mejores muestras de la irreductibilidad de lo humano, su imposible sustitución por lo maquínico, incluso cuando cada día se habla de inteligencias artificiales.

La muerte escogida de Noelia ha planteado socialmente el conflicto entre su derecho y una forma determinada de compasión social. Está bien que así sea. Frente a las voces que no querrían vivir con ello, que anteponen su dolor a la complejidad, creo que es cualidad de una sociedad madura, como lo es de una persona adulta, renunciar a resolver lo irresoluble. Asumir que no todo se puede solucionar, que no hay un deus ex machina ni final de cuento de hadas; aceptar que no hay opción buena y que en la vida se lidia con las cartas que te tocan. Escoger es fracasar: quizá el problema de fondo esté en que, al oír la palabra fracaso, vemos en todo fracaso una tragedia; quizá la resolución sea acostumbrarnos a que vivir es fracasar, sin fracaso no hay vida, y la vida puede ser la historia, valiosa y hermosa por sí misma, de todo aquello en lo que hemos fracasado.

En ninguna parte está escrito que el derecho a la vida venga acompañado de la obligación de soportar un sufrimiento más allá de humanamente comprensible. No hay ley o religión que así lo dicte. Vivir no es una guerra que haya que ganar, ni una batalla que haya que dar, ni una lucha que no se pueda abandonar. 

Querer dejar de vivir no es una derrota, ni una deserción, ni una traición que deba llevarnos a tratar a quién prefiera morir como a alguien a quien haya que rescatar, salvar o pagar para vivir; como si fuera alguien que ha salido defectuoso y debe ser reparado, alguien que tiene un fallo y debe ser arreglado. 

Noelia Castillo Ramos era una persona libre a quién deberíamos respetar en su elección precisamente aunque no entendamos que no quiera seguir viviendo como nosotros queremos. No tenemos derecho alguno a juzgarla, mucho menos a obligarla. Si quieren ejercer algún derecho, ejerzan el derecho —la obligación si es usted cristiano— de amarla como nos amamos a nosotros mismos.

En el Artículo 15 de la Constitución Española se establece que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que “en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o a tratos inhumanos o degradantes”. El Estado ha debido garantizar que Noelia Castillo Ramos haya podido ejercer su autonomía personal hasta sus últimas consecuencias con las plenas garantías que otorga la ley; y así lo ha hecho. 

Le ha tocado también al Estado defender aquello que proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos: que todos tenemos derechos en todas partes a que se reconozca nuestra personalidad jurídica. Noelia Castillo Ramos no es una propiedad de la cual su padre pueda poseer y disponer a su libre voluntad y antojo. Noelia Castillo Ramos tampoco encarna un ejemplo o un sujeto para las obligaciones que cualquier organización se crea con derecho a imponer en nombre de un credo, una fe, una doctrina o una filosofía.

No está tan claro que todos cuantos se han empeñado, con mejor o peor intención, en convencer u obligar a Noelia Castillo Ramos a ejercer su autonomía personal de manera diferente hayan sido tan respetuosos con su integridad física o personal o con su derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes. No queda duda alguna en el caso de quienes la han empleado, sin decencia alguna, para demostrar que su odio hacia el gobierno, el comunismo, el ateísmo o el sanchismo es lo único que da ya sentido a sus vidas y a su mundo; o quienes la han utilizado cínicamente como excusa moral para justificar sus preferencias ideológicas, religiosas o fiscales.

Quien quiera empatizar con un padre que sólo se ocupó de ella para arrastrarla por los juzgados durante los dos últimos años de su vida que lo haga; pero que no trate de convertirle en el ejemplo de aquello que los demás padres haríamos porque no lo es. 

Quien quiera presentar a Noelia Castillo Ramos como otra víctima del gobierno que lo haga; pero que no la agreda de nuevo haciendo correr el bulo de la violación múltiple cuando estaba bajo custodia del Estado. 

Quien quiera hablarnos de la ley y sus vicios que lo haga; pero que no pretenda convencernos de que, luego de haber sido examinada por más de treinta especialistas durante años, aún quedaba por esclarecer su capacidad mental y la causa era jurídica, no ideológica.

Ni Noelia Castillo Ramos ni todos cuantos defendemos su derecho a morir en sus propios términos y condiciones les debemos explicación alguna. A nosotros no nos preocupa tanto cómo ni por qué viven su vida.

Culminado el proceso que reconoció a Noelia la prestación de ayuda a morir y ahuyentada la bandada de aves rapaces que velaron sus últimas horas, llega el momento de examinar el camino recorrido y las circunstancias que han provocado una demora de casi dos años en el ejercicio de un derecho fundamental que cuenta con una de las regulaciones más garantistas de Europa y que el Tribunal Constitucional definió como la capacidad de “llevar a término un proyecto de fin de vida acorde con la dignidad humana”.

Nuestro sistema exige al Estado actitudes distintas en función de la naturaleza de cada derecho fundamental. Para garantizar el derecho a la libre circulación o la libertad de expresión bastará con que el Estado no interfiera en nuestra esfera de libertad. Otros derechos, en cambio, precisan una implicación que va más allá de la mera tolerancia. Sucede así, por ejemplo, con la interrupción voluntaria de un embarazo y la necesidad de que exista una red hospitalaria adecuada, gratuita y accesible a toda la población. De lo contrario, es fácil advertir que determinados derechos, aunque fundamentales, correrían el riesgo de convertirse en privilegios al alcance de unos pocos.

El derecho fundamental a la muerte digna forma parte de este segundo grupo: si concurren los requisitos previstos en la Ley Orgánica (entre otros, “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”) no bastará con respetar la decisión del paciente, sino que el Estado (en palabras del Tribunal Constitucional) debe “contribuir a su efectividad”.

La experiencia de este proceso judicial es importante porque permite identificar cuestiones problemáticas que pueden dificultar el ejercicio efectivo de los derechos de los pacientes y nos da la oportunidad de discutirlas y proponer mejoras. Planteo aquí las tres que considero más relevantes:

1. La Ley contempla la posibilidad de que la denegación de la prestación de eutanasia pueda ser recurrida por el propio paciente ante un juez. No obstante, no dice nada respecto de las resoluciones que son favorables, pues parece lógico pensar que un paciente que ha solicitado la eutanasia no recurrirá luego la resolución que se la concede.

El Tribunal Constitucional recordó que ese silencio no convierte las resoluciones favorables en “irrecurribles” pero se limitó a señalar que podrían hacerlo el Ministerio Fiscal y “quienes ostenten legitimación”. En función de cuan generosa o restrictiva sea la interpretación judicial del círculo de personas legitimadas mayor o menor será el número de personas distintas al paciente que podrán levantar la mano para cuestionar ante un Juez el reconocimiento del derecho.

El caso de Noelia patentiza que no es una cuestión sencilla ni pacífica: la primera sentencia dio la razón a la Generalitat de Catalunya y declaró que su padre carecía de legitimación para impugnar su eutanasia; mientras que la segunda sentencia hizo el razonamiento inverso. Ambas, no obstante, ratificaron el correcto reconocimiento de su derecho a morir con dignidad y dentro de pocos meses (en otro caso parecido) el Pleno del Tribunal Supremo fijará doctrina sobre esta cuestión para que todos los órganos judiciales sigan el mismo criterio.

En mi opinión, la ponderación de intereses en juego conlleva que los familiares del paciente, por esa sola condición (si no concurren otras razones extraordinarias), carezcan de legitimación, sea cual sea su hoja de servicios como padre, madre o cónyuge: el amor y el dolor por la muerte de un ser querido merece toda la empatía, pero no es un título habilitante para impugnar una decisión voluntaria, libre y personal, anudada a la dignidad humana y médicamente verificada.

Abrir demasiado ese círculo implicaría otorgar, a efectos prácticos, un derecho de veto temporal (en este caso, nada menos que un año y ocho meses) a las familias de los pacientes disconformes con su decisión.

2. La única forma de evitar una instrumentalización de estos casos es exigir la tramitación preferente y sumaria que la Constitución y la propia Ley Orgánica de eutanasia imponen a este tipo de procesos judiciales. Al margen de cualquier consideración sobre ese derecho, no existen razones que puedan justificar el transcurso de 18 meses entre la primera resolución y la inadmisión definitiva por parte del Tribunal Supremo.

El sistema constitucional no penaliza postulados ideológicos (y ello incluye la refracción al conocimiento). Tampoco impide que quien así lo desee -tenga o no razón- acuda a los tribunales y trate de iniciar causas judiciales, incluso cuando sea con la declarada finalidad de lograr dos minutos de telediario. Me parece un error situar el foco del problema en la irresponsabilidad de colectivos que se limitan a intentar aprovechar las inercias que lastran el sistema judicial, estirar al máximo los tiempos del proceso y dormir el partido durante meses para torcer la voluntad del paciente por puro agotamiento o crear una sensación de temor al colectivo sanitario.

Por supuesto, una parte de esta estrategia escapa al control judicial. La respuesta social a estos fenómenos es un medidor fiable de la virtud cívica más que de la calidad legislativa y concierne al rigor deontológico de cada medio de comunicación darles o no alimento.

El proceso impulsado contra la eutanasia de Noelia nunca tuvo como finalidad genuina discutir su correcta concesión por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya. Su ambición era más sencilla: dilatar el proceso al máximo y rentabilizar el circo mediático. Derogar de facto el ejercicio del derecho fundamental. No es necesario ni deseable prohibir nada a nadie. Bastaría con resolver con rapidez y garantías en un plazo de tiempo razonable.

3. La última cuestión está vinculada a la necesidad de establecer medidas dirigidas a evitar que un proceso de estas características revictimice al paciente. Existe un amplio consenso acerca de las mejoras derivadas de protocolos de actuación específicos en procesos que afectan ámbitos especialmente sensibles (infancia, violencia de género, capacidad…) y el proceso de Noelia, quizás por ser el primero, ha tenido grietas importantes en este aspecto que debemos mejorar entre todos.

Seguramente en otro tipo de proceso Noelia no habría tenido que cruzarse en el mismo pasillo del Juzgado con las personas que, según declaró ella misma, le llenaban la habitación del hospital de crucifijos y estampitas religiosas contra su voluntad. Con toda seguridad tampoco habría tenido que declarar en presencia de su padre. Quizás debamos preguntarnos si era necesario someterla a un interrogatorio judicial cuando, con buen criterio, pocos días antes dos doctores del Instituto de Medicina Legal y Forense habían elaborado un informe complementario a petición del Ministerio Fiscal donde se concluía que tenía plenas capacidades y también prestaron declaración.

Dicho lo anterior, lo más relevante es lo siguiente: todas las pruebas que se practicaron durante el proceso judicial fueron a petición del Ministerio Fiscal y la Generalitat de Catalunya a pesar de compartir el criterio de la Comisión de Garantía y Evaluación. Parecería razonable pensar que quien inicia un proceso judicial y solicita la paralización de una prestación de eutanasia afirmando que los informes médicos “no aportan verdadera información sobre la capacidad de la paciente” hubiera tratado, cuanto menos, de desplegar una mínima actividad probatoria en esa dirección (proponer el interrogatorio de los profesionales en cuestión o aportar informes de signo distintos que discutieran el criterio de los profesionales que examinaron a Noelia durante meses).

Esta sorprendente pasividad procesal quedaba compensada de largo con una incombustible actividad mediática arropada por una conga de cámaras y micrófonos que acudieron raudos a las puertas del Juzgado, a platós de televisión e incluso frente al hospital el último día de vida de la paciente en riguroso directo.

Quien quiera conocer en profundidad las razones médicas de la concesión de la eutanasia a Noelia tiene a su disposición las dos sentencias del caso en la página web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En nuestro país los procesos y las resoluciones judiciales son públicas por imperativo constitucional porque contamos con la certeza de que la transparencia es una garantía colectiva frente a arbitrariedades y una vacuna contra la ignorancia y el mal gusto.

La primera noticia del caso Noelia se publicó en elDiario.es: el 1 agosto de 2024, una jueza de Barcelona suspendió la eutanasia de la joven a petición de su padre, representado por los ultracatólicos Abogados Cristianos. Tras 20 meses de agonía judicial, que ha incrementado el padecimiento físico y psicológico de la solicitante, Noelia ha podido materializar su derecho a morir este jueves.

En las últimas horas de vida de la joven, sin embargo, parte de los medios han virado su enfoque: de contextualizar e informar sobre las resoluciones judiciales del caso se ha pasado a priorizar la situación familiar y personal de Noelia.

La espectacularización de una causa de indudable interés informativo ha tenido como guinda la convocatoria, a la que la mayoría de medios han acudido, de Abogados Cristianos frente a las puertas del centro sanitario donde se ha practicado la eutanasia a la joven.

El abogado especialista en derecho sanitario Alejandro Gámez incluye esta última convocatoria de la entidad ultra en su “agenda performativa” y el “encarnizamiento jurídico y mediático” que ha sufrido la joven. “Nunca han aceptado el derecho a la eutanasia y, en vez de respetar la decisión y el derecho de Noelia, lo han convertido en un circo”, dice.

“Abogados Cristianos ha hecho un uso abusivo de la Justicia”, ahonda Gámez, que pone también el foco en los tribunales: “Los juzgados son los que tienen que poner la barrera a estos intentos de forma más contundente y rápida”. El Tribunal Supremo sentenciará en las próximas semanas sobre el derecho de un familiar a recurrir una eutanasia a raíz de otro caso en Catalunya.

El letrado destaca que la entidad ultra ha pretendido trasladar un debate moral a los tribunales “retorciendo las posibilidades que le da la ley cuando es evidente que el padre no está legitimado para recurrir la eutanasia” de Noelia.

La joven concedió una entrevista este miércoles a Y ahora Sonsoles de Antena 3. Según los responsables del programa, fue Noelia quien tomó la iniciativa de hablar. Los fragmentos de declaraciones de la solicitante de eutanasia y de su madre se combinaron con el debate en el plató con tertulianos. Se repasaron las vivencias de la infancia de Noelia, la ropa que quería ponerse el día de su muerte y los motivos que la llevaron a solicitar la muerte asistida, aunque apenas se mencionaron los razonamientos de la Comisión de Garantías de la Generalitat de Catalunya para avalar su eutanasia en julio de 2024.

La actuación de los profesionales médicos y jurídicos que han revisado el caso de Noelia ha sido especialmente cuidadosa: tras su primera petición de eutanasia, decidieron aplazarla un año para recabar la evolución de la paciente, que ya entonces había quedado parapléjica y tenía un trastorno límite de la personalidad.

El informe médico-forense constató los padecimientos graves, crónicos, constantes e imposibilitantes de Noelia, los requisitos que marca la ley para acogerse a la eutanasia. Los expertos que evaluaron el caso destacaron además que no existía “posibilidad de mejora”, otro de los aspectos de la norma.

El profesor de deontología periodística de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Marcel Mauri recuerda que los medios deberían “extremar las precauciones” a la hora de tratar “testimonios de vulnerabilidad extrema” como el de la joven. “Hay momentos en los que las cámaras tienen que irse”, agrega.

La entrevista a Noelia, lamenta el profesor, no ha servido para narrar un proceso judicial “excepcional”, sino que tan solo ha mediatizado “uno de los momentos más íntimos de una persona, como es su muerte”. Y echa de menos más reflexión en el gremio. “Por mucho que ella quiera hablar, cuando el caso ya se ha cerrado no hay una situación que responda a unos parámetros de interés informativo”, asevera.

“El periodismo y los medios tienen una responsabilidad editorial y también tienen que saber cuándo es el momento de dejar espacio y apartarse”, agrega Mauri.

“Las cuatro fotos que Noelia quiere tener en su eutanasia” o “la reacción de la 'yaya' de Noelia ante su eutanasia” fueron dos de los rótulos que acompañaron la entrevista. El tratamiento que el programa hizo del testimonio de la joven ha alarmado a periodistas especializados en televisión.

Mònica Planas, en el diario ARA, ha tildado de “despropósito” el programa porque “enfocó la historia desde el drama emocional”, a través de primeros planos y música triste de piano, sin “explicar el caso desde una perspectiva profesional y médica”. “La cocina televisiva arruinó la emisión de un relato excepcional”, ha valorado el crítico televisivo de El País, Tomàs Delclós. Ambos profesionales han contrastado el tratamiento televisivo del programa de Antena 3 con el testimonio “sin aditivos” emitido por TV3 de otro enfermo solicitante que ha recibido la eutanasia esta semana.

“No quiero ser ejemplo de nadie. Es mi vida y ya está”, dijo Noelia en su primera y última entrevista. También era solo suyo el derecho para ponerle fin, que este jueves ha conseguido pese a los obstáculos que han puesto su padre y Abogados Cristianos.

Noelia ha muerto, aunque difícilmente lo haya hecho en paz. Esta joven catalana ha podido materializar este jueves su eutanasia tras 20 meses de batalla legal contra su derecho a morir iniciada por su padre y los ultracatólicos Abogados Cristianos. Con su muerte, Noelia ha ganado.

El caso de esta joven de 25 años, junto al de otro hombre de 55, han sido las brechas que han hallado los familiares de pacientes y la entidad ultracatólica en la ley de eutanasia de 2021. La normativa estaba pensada para que fueran los solicitantes a los que la Comisión de Garantías negaba la eutanasia los que pudieran recurrir ante los juzgados; no para los familiares en desacuerdo con el derecho a morir de sus allegados.

El uso espurio de la Justicia por parte de Abogados Cristianos y familiares ante la decisión de morir, tomada por pacientes mayores de edad con graves padecimientos y avalada por los 19 miembros del comité de médicos y juristas de la Generalitat, ha comportado alargar el sufrimiento de la joven, que sufre una paraplejia y un trastorno límite de la personalidad.

Así lo expuso la propia Noelia en una misiva dirigida al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que desveló elDiario.es. Noelia ha estado muy sola varios años de su vida: parte de su minoría de edad la pasó en un centro de menores. Su padre volvió a su vida para impugnar su derecho a morir.

Hasta este mismo jueves Abogados Cristianos ha intentado usar los tribunales para frenar la muerte digna de Noelia. El resultado ha sido el mismo que en todas las instancias: la magistrada ha rechazado la petición de la entidad ultra para frenar in extremis la eutanasia y que la joven se sometiera a un tratamiento psiquiátrico.

Desde el juzgado de lo contencioso de Barcelona al Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), todos los tribunales han rechazado todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos contra la muerte digna.

Noelia, concluyeron tanto los profesionales médicos como los tribunales, pidió la eutanasia mediante un “consentimiento libre, sin injerencia o influencia determinante de su trastorno” y tiene conservadas sus capacidades para tomar todo tipo de decisiones, incluida la de someterse a la eutanasia.

Abogados Cristianos ha empleado argumentos de todo tipo, incluso extrajurídicos, para oponerse al derecho de Noelia. Sin presentar pruebas, los ultras alegaron supuestas deudas económicas de la joven como motivo para impedir su eutanasia. Como el resto de razones aducidas, los jueces la rechazaron, ya que recordaron que el procedimiento administrativo para evaluar su petición se ha ajustado a lo que contempla la ley.

Sin recursos para pagar a un abogado especializado, Noelia no ha tenido representante legal formal en la causa. Aunque no la defendía a ella sino al aval a su eutanasia decidido por la Comisión de Garantías de Catalunya, un abogado de la Generalitat, Josep Maria Torrent, ha sido, en la práctica, quien ha velado por los intereses de la paciente durante el procedimiento judicial.

La Fiscalía, en un primer momento, apoyó que su padre pudiera recurrir la eutanasia, aunque luego desistió. El Ministerio Público ha avalado siempre el derecho a morir de Noelia. Además de la batalla de Abogados Cristianos, la lentitud judicial ha marcado el caso de la joven: primero los tribunales se pasaron la pelota para decidir cuál tenía que resolver. Pese a tratarse de un procedimiento preferente, en el TSJ catalán el recurso de los ultras estuvo paralizado varios meses.

A nivel político, la Generalitat ha mantenido un tono bajo y no ha liderado públicamente ningún apoyo a la joven durante los meses de litigio. Solo 24 horas antes de su muerte, la consellera catalana de Salud, Olga Pané, lamentó en Catalunya Ràdio que, como consecuencia de un sistema judicial garantista, su padre y la entidad ultracatólica hayan “alargado el sufrimiento” de Noelia.

Una jueza de instrucción de Barcelona ha rechazado por tercera vez la petición de los ultracatólicos Abogados Cristianos para frenar la eutanasia de la joven Noelia, prevista para este jueves.

En un auto, la magistrada del juzgado de instrucción 20 de Barcelona deniega la petición del padre de la joven, defendido por los ultras, que solicitaba que Noelia se sometiera a un tratamiento psiquiátrico en vez de a la muerte digna a la que tiene derecho y que ha sido avalada por todas las instancias judiciales de España.

Se trata de un último intento del colectivo ultracatólico y del padre de la joven tras 20 meses de batalla legal contra la eutanasia. Lo ha formulado en la causa abierta en un juzgado de Barcelona contra el médico y la jurista que avalaron la eutanasia de Noelia tras otra querella de Abogados Cristianos.

“No cabe plantearse la necesidad del tratamiento psicológico y/o psiquiátrico”, resuelve la jueza, ya que la cuestión ya quedó resuelta en el procedimiento contencioso administrativo que corroboró el derecho de Noelia a recibir la eutanasia.

Este mismo martes, tal y como adelantó elDiario.es, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó las cautelares que Abogados Cristianos había incluido en su demanda. La entidad había emprendido la vía europea una vez el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional cerraron el paso a sus recursos.

Ninguna instancia judicial ha dado la razón a Abogados Cristianos y al padre de la joven en su intento de revocar la eutanasia autorizada en julio de 2024, la entidad ultracatólica sí ha logrado retrasar 20 meses (y subiendo) la muerte digna a la joven, cuyos padecimientos físicos y psicológicos no han dejado de aumentar.

Más allá de los sucesivos varapalos judiciales a sus planteamientos, la estrategia de Abogados Cristianos busca aumentar el miedo en profesionales y administración a la hora de autorizar las eutanasias, advierten fuentes médicas consultadas.

El caso Noelia se ha convertido en paradigma del uso indebido de los tribunales para intentar frenar un derecho, como es el de la muerte digna. Sin ninguna vinculación durante años (la joven estuvo parte de su minoría de edad tutelada por la Generalitat), el padre solo volvió a la vida de la joven, de la mano de Abogados Cristianos, para intentar impedir su eutanasia, pese a que el derecho a morir lo ostenta la persona que la solicita y no sus familiares.

A la Generalitat de Catalunya se le acaban las razones legales para no aplicar ya la eutanasia a la joven N. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado las medidas cautelares para impedir la muerte digna planteadas por la entidad ultracatólica Abogados Cristianos, que representa al padre de la solicitante de muerte digna.

Según ha podido saber elDiario.es, la sección quinta del TEDH, el pasado 10 de marzo, rechazó las cautelares que Abogados Cristianos había incluido en su demanda. La entidad había emprendido la vía europea una vez el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional cerraron el paso a sus recursos.

Pese a que ninguna instancia judicial española o internacional ha dado la razón a Abogados Cristianos y al padre de la joven en su intento de revocar la eutanasia autorizada en julio de 2024, la entidad ultracatólica sí ha logrado retrasar 20 meses (y subiendo) la muerte digna a la joven N., cuyos padecimientos físicos y psicológicos no han dejado de aumentar.

Más allá de los sucesivos varapalos judiciales a sus planteamientos, la estrategia de Abogados Cristianos busca aumentar el miedo en profesionales y administración a la hora de autorizar las eutanasias, advierten fuentes médicas consultadas.

El caso de la joven N. se ha convertido en paradigma del uso indebido de los tribunales para intentar frenar un derecho, como es el de la muerte digna. Sin ninguna vinculación durante años (la joven estuvo parte de su minoría de edad tutelada por la Generalitat), el padre solo volvió a la vida de N., de la mano de Abogados Cristianos, para intentar impedir su eutanasia, pese a que el derecho a morir lo ostenta la persona que la solicita y no sus familiares.

A día de hoy, la Generalitat ya no tiene ningún impedimento de tipo legal para materializar el derecho a morir de N., una joven de 26 años con tetraplejia, trastorno límite de la personalidad y que desde agosto de 2024, cuando se suspendió su eutanasia, espera que se cumpla la decisión de los juristas y médicos de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Catalunya.

Abogados Cristianos lo ha intentado todo, pero ningún juez le ha dado la razón: ni en las distintas instancias del procedimiento contencioso-administrativo, ni en el Tribunal Constitucional, ni en Estrasburgo. Tampoco la jueza de instrucción de Barcelona que admitió una querella de la entidad ultra contra el médico y la jurista que evaluaron el caso de N. ha aceptado la petición de suspender su eutanasia de forma cautelar.

En la resolución con la que terminó el recorrido legal en España, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, en enero de este año, rechazó todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos. Consideraron los magistrados que la entidad ultra no fundamentó lo suficiente que concurriera alguno de los requisitos legales que permitirían al Alto Tribunal abordar el fondo del caso. Lo mismo apreció el Tribunal Constitucional para rechazar las cautelares solicitadas por la entidad ultra.

A lo largo de los últimos meses, N. ha puesto en conocimiento de los jueces las presiones para renunciar a su eutanasia que ha recibido de grupos vinculados al grupo católico cercano al centro de menores donde pasó parte de su infancia. Pero la voluntad de N. es firme aunque su padre y grupos ultras intenten impedirla.

“Me robaron mi día”, recordó ante la jueza la joven N. en marzo de 2025 durante la primera vista judicial de la historia de España por una eutanasia ya concedida (y en la que tuvo que comparecer como testigo, en silla de ruedas y trasladada desde el hospital donde vive). Sin impedimento de Estrasburgo, solo queda que la Generalitat fije día y hora para que N. pueda ver cumplida su última voluntad.

Cuando se debatía en el Congreso y en los medios de comunicación la Ley orgánica de regulación de la eutanasia (LORE), que ahora cumple cinco años, se lanzaron contra el gobierno acusaciones terribles. Se dijo que la Ley solo pretendía reducir costes sociales y económicos ahorrándole al Estado el gasto sanitario de los enfermos y el dinero de las pensiones que dejarían de cobrar los ancianos a quienes la Ley empujaría a la muerte. Se acusó a sus partidarios de fomentar una “cultura de la muerte” que, en países con leyes parecidas (especialmente Bélgica y Países Bajos), habría conducido a una aplicación descontrolada de la eutanasia a categorías de pacientes cada vez más amplias y con requisitos cada vez más laxos, hasta el punto de provocar que muchos enfermos huyesen aterrorizados a otros países. Y algún diputado de un partido político especialmente vociferante y torticero llegó a interpretar esta regulación como una legalización de la situación vivida en las residencias de ancianos durante la pandemia de coronavirus.

Como nada de todo eso era verdad, la Ley entró en vigor sin que, hasta el momento, se hayan producido esos efectos apocalípticos que pronosticaban sus detractores. Es una Ley muy garantista —más estricta, en algunos aspectos, que las leyes vigentes en Bélgica y Países Bajos, por cierto—, y basta leerla con atención para que se disipen algunas de las reticencias que suele suscitar la eutanasia. Por ejemplo, la Ley no sustituye los cuidados paliativos de los enfermos incurables, sino que, por el contrario, establece como un requisito para la eutanasia que el paciente sea debidamente informado acerca de las alternativas que le asisten, siendo una de ellas el acceso a cuidados paliativos integrales. Fija un procedimiento bastante estricto —con la desventaja de resultar a veces demasiado lento—, a fin de asegurar que la decisión de poner fin a la propia vida se toma de manera voluntaria y autónoma. Y no autoriza en ningún caso la eutanasia no voluntaria, puesto que, si una persona no se encuentra en condiciones de solicitar expresamente la eutanasia, solo es posible hacerlo en su nombre si esa persona firmó previamente un documento de voluntades anticipadas que así lo disponga. Por supuesto, podemos debatir si debería mejorarse el procedimiento o reforzar las garantías que establece actualmente la Ley, pero ese debate presupone ya la licitud de la eutanasia, y no difiere del que puede plantearse a propósito del consentimiento informado para algunos tratamientos médicos, o de otras prácticas que requieran cerciorarse de la voluntariedad de los participantes. 

Tampoco se encuentran motivos de alarma cuando se examinan los datos de la aplicación de la Ley. Según el último informe publicado (en diciembre de 2025) por el Ministerio de Sanidad, en 2024 se registraron 929 solicitudes y se realizaron 426 prestaciones de ayuda para morir (las restantes solicitudes fueron rechazadas o revocadas, y en otros casos el paciente falleció antes de que pudiese practicarse la eutanasia). La mayoría de estas personas tenían más de setenta años y padecían enfermedades oncológicas o neurológicas, y conviene subrayar que la proporción de estas muertes en el total de fallecimientos producidos en España en 2024 es del 0,1%. No conocemos otros datos relevantes, como las condiciones económicas y sociales de las personas solicitantes, y sería importante disponer de ellos para asegurarnos de que la decisión de morir es realmente voluntaria, y no está condicionada por presiones externas como la soledad o la pobreza. No obstante, parece claro que la realidad de la eutanasia en España poco tiene que ver con el tsunami homicida que algunos auguraron. 

Pero en algunos sectores de la sociedad la eutanasia provoca todavía hoy, como hace cinco años, un profundo rechazo. Un rechazo que resulta incomprensible hasta que nos damos cuenta de que, en el fondo, y aunque no siempre se admita, el único argumento de principio contra la eutanasia es un argumento religioso: la creencia de que la vida es un don de Dios del cual no podemos disponer libremente. “El Señor da la vida, y la quita”, dice un pasaje bíblico (1 Samuel 2:6). Y en otro pasaje leemos: “vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo (…), y no sois vuestros” (1 Corintios 6:19-20). Ahora bien, como señaló el filósofo John Rawls, los argumentos abiertamente religiosos no tienen cabida en las instituciones de un Estado aconfesional (aunque puedan circular en la esfera pública), y por eso el rechazo religioso de la eutanasia suele envolverse en argumentos seculares, como la apelación a los derechos de los enfermos, que la regulación de la eutanasia haría peligrar, o como el riesgo de una aplicación abusiva de esta práctica. Pero el principal derecho de los enfermos que está en juego cuando hablamos de eutanasia es, precisamente, el que la Ley reconoce: el derecho a decidir libremente sobre el final de la propia vida. Y en cuanto a la posibilidad de una práctica eutanásica abusiva, siempre puede prevenirse mejorando los protocolos. Se mire como se mire, no hay buenos argumentos seculares contra una regulación que amplía derechos sin obligar a nadie a nada (tampoco, por cierto, al personal sanitario, que siempre puede acogerse a la objeción de conciencia), y es probable que, dentro de algún tiempo, las soflamas contra la eutanasia nos parezcan tan anacrónicas y exóticas como las que en su momento se lanzaron contra el divorcio o contra el matrimonio igualitario.

Pero lo curioso de esta controversia es que rara vez se plantea con claridad una objeción contra la eutanasia que merecería la pena debatir abiertamente. Esa objeción viene a decir que la regulación de esta práctica, y su consiguiente normalización, favorece un cambio preocupante en la percepción social del envejecimiento y el final de la vida. Si al principio —prosigue el argumento— la eutanasia se considera legítima para paliar el sufrimiento insoportable de enfermos terminales o incurables, antes o después se amplía la horquilla de beneficiarios para incluir a personas deprimidas, desesperadas o cansadas de vivir, hasta que finalmente la eutanasia se percibe como una prestación sanitaria entre otras, y tal vez como la mejor alternativa a la enfermedad y la vejez, como sucede en la cruda y mustia distopía eutanásica de Plan 75, la excelente película de la directora japonesa Chie Hayakawa. Nótese que esta objeción no recela de un posible deslizamiento desde la eutanasia voluntaria (solicitada por el paciente) a la no voluntaria (en pacientes que ya no pueden solicitarla por sí mismos) y, de ahí, a una supuesta “eutanasia involuntaria” que no es otra cosa que un eufemismo del asesinato. La objeción apunta, más bien, a una generalización de la eutanasia voluntaria, o a la normalización del suicidio asistido como una opción válida para afrontar el final de la vida. Una tendencia que parece confirmar el hecho de que las sociedades con leyes de eutanasia más veteranas comienzan hoy a debatir sobre el suicidio por “vida cumplida”, es decir: sobre la posibilidad de que las personas mayores que consideran que su vida biográfica ha terminado decidan libremente poner término a su vida biológica ahorrándose, si así lo desean, el calvario de la decrepitud o la enfermedad.

No sabemos si la regulación de la eutanasia conducirá a nuestras sociedades por ese derrotero, pero la objeción es seria. Y es probable que acabe ocupando un lugar importante en la discusión pública, porque el avance de la medicina y el aumento de las posibilidades técnicas de alargar la vida pueden conducir a que no solo las enfermedades terminales, sino también la decrepitud asociada al envejecimiento, comience a percibirse como una etapa de la vida que algunas personas ya no quieran atravesar. Y como los avances técnicos son irreversibles, también suelen serlo los cambios sociales que dependen de ellos, en este caso la percepción social del final de la vida. A los detractores de la eutanasia les preocupa ese cambio de percepción social, pues parece implicar que hay vidas que ya no son dignas de ser vividas. Pero desde una posición más favorable a la eutanasia cabría replicar que aquí no se trata de si hay vidas más o menos dignas, sino de si hay vidas que ya no queremos vivir nosotros mismos, sobre la base de nuestra libertad y nuestra autonomía. Así pues, donde algunos perciben cierta banalización de la muerte o una visión despectiva de la enfermedad y la vejez, otros simplemente observan una evolución social comparable a la que se ha producido en relación con otras prácticas —como el divorcio o el matrimonio igualitario— que en su momento parecían muy controvertidas, casi impensables, y que han terminado por normalizarse completamente. 

Es pronto para plantear estas cuestiones en el debate público, por no hablar ya de darles respuesta. Pero si asumimos que

somos nuestros, y no de Dios, son preguntas que, antes o después, tendremos que hacernos.

Menos de un mes ha durado el último intento de Abogados Cristianos de intentar impedir la eutanasia de la joven N.,  que desde hace casi año y medio sufre las impugnaciones de su padre, representado por los ultras, para revertir en los tribunales el criterio médico que la avaló.

Según ha informado el Tribunal Constitucional en un comunicado, su Sala Segunda, en sesión extraordinaria convocada para este viernes y por unanimidad, ha inadmitido “por manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo” el recurso de amparo del padre de la joven N. La Sala está formada por cuatro magistrados progresistas —Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer, Ramón Saez y Laura Díez— y dos conservadores —Enrique Arnaldo y César Tolosa.

El Tribunal Supremo tumbó el pasado mes de enero el recurso del padre. Una vez agotada las instancias judiciales, Abogados Cristianos anunció que proseguiría su estrategia dilatoria primero ante el Constitucional e incluso ante la Justicia europea. Las puertas en España ya se han cerrado.

La decisión recae ahora sobre el juzgado de lo contencioso de Barcelona que avaló en primera instancia la eutanasia, que debe decidir si sigue permitiendo que Abogados Cristianos frene la materialización del derecho a la muerte digna de N.

La Generalitat entiende que contra la decisión del Supremo no cabe recurso alguno, por lo que la muerte digna de N. ya se puede materializar. El fallo definitivo del Alto Tribunal, argumenta la Abogacía de la Generalitat, hizo decaer la suspensión de la eutanasia que se mantenía como medida cautelar hasta que el Supremo resolviera el recurso de la entidad ultra.

La joven N., junto a un hombre de 54 años de Barcelona, son las dos únicas personas en España que no pueden ejercer su derecho a la eutanasia debido a que sus familiares lo han recurrido judicialmente. A diferencia del otro familiar, representado por un abogado particular, el padre de N. ha ido de la mano en todo el procedimiento de la entidad ultra, que lo ha convertido en estandarte de su ofensiva contra la muerte digna.

El caso del hombre de 54 años también está en el Supremo, que sí ha considerado que la duda planteada por la Generalitat sobre si un familiar está legitimado para recurrir una eutanasia tiene interés para sentar jurisprudencia, y estudiará el fondo del recurso (al contrario de lo que ha ocurrido con el de Abogados Cristianos).

Además de recurrir ante los juzgados de lo contencioso contra el acuerdo del pleno de 19 médicos y juristas de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Catalunya que aprobó la eutanasia a N. en julio de 2024, Abogados Cristianos ha emprendido la vía penal contra dos de los expertos que tramitaron la petición de la joven. En esta causa, pese a no ser el objeto del pleito, los ultras han pedido la suspensión de la eutanasia de N. hasta que se someta a tratamiento psiquiátrico.

Nueva ofensiva in extremis de los ultracatólicos Abogados Cristianos en contra de la eutanasia de la joven N. Pese al aval que el Tribunal Supremo dio a la muerte digna de la solicitante, su padre, representado por la entidad ultra, ha reclamado en dos instancias distintas que la paralice de nuevo. Ya son 18 meses los que lleva esperando N. a poder ejercer su derecho a morir.

Pese a no ser el juzgado de lo contencioso que decidió sobre la muerte de la joven y carecer de competencias, Abogados Cristianos ha solicitado al juzgado de instrucción que investiga (por una querella de la entidad ultra) al médico y a la juristas que la autorizaron a que suspenda la eutanasia de la joven N. y la obligue a someterse a un “tratamiento psiquiátrico”.

La organización también ha pedido al Tribunal Constitucional que acuerde de forma inmediata y urgente la medida cautelarísima de suspender la eutanasia de la joven mientras estudia el recurso que ha interpuesto contra el aval del Supremo a la medida.

La entidad sostiene que, según los informes incorporados a las actuaciones, la joven presenta diagnósticos como trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo e ideación suicida, extremos que ya fueron constatados por todo el equipo médico que evaluó su caso y decidió avalar la eutanasia en julio de 2024. Desde entonces, el padre y la entidad ultra han emprendido una batalla legal para impedirla que ya se alarga año y medio.

Sin embargo, todas las instancias judiciales que han evaluado el caso han concluido que los informes médico-forenses y las declaraciones periciales de varios médicos avalan que la joven está en sus plenas capacidades para solicitar la muerte digna.

La Generalitat entiende que contra la decisión del Supremo no cabe recurso alguno, por lo que la muerte digna de N. ya se puede materializar. El fallo definitivo del Alto Tribunal, argumenta la Abogacía de la Generalitat, hace decaer la suspensión de la eutanasia que se mantenía como medida cautelar hasta que el Supremo resolviera el recurso de la entidad ultra.

La insistencia de Abogados Cristianos en impedir la muerte digna de N. suponía, para la Generalitat, “una terquedad” ajena a los motivos legales que sustentan un recurso de casación ante el Supremo, así como “una declarada voluntad de torpedear el ejercicio efectivo de un derecho fundamental” como es el de la propia N., una joven de 25 años con tetraplejia y trastorno límite de la personalidad, a poner fin a su vida.

La joven N., junto a un hombre de 54 años de Barcelona, son las dos únicas personas en España que no pueden ejercer su derecho a la eutanasia debido a que sus familiares lo han recurrido judicialmente. A diferencia del otro familiar, representado por un abogado particular, el padre de N. ha ido de la mano en todo el procedimiento de la entidad ultra, que lo ha convertido en estandarte de su ofensiva contra la muerte digna.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la entidad ultracatólica Abogados Cristianos y ha avalado la eutanasia de N., la joven de Barcelona que desde hace casi año y medio sufre las impugnaciones de su padre, representado por los ultras, para impedirla en contra del criterio médico.

En su auto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo rechaza todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos. Consideran los magistrados que la entidad ultra “no fundamenta suficiente” que concurran alguno de los requisitos legales que permitiría al Supremo abordar el fondo del caso. Es decir, que se trata de un recurso formalmente mal planteado.

Los ultras no se dan por vencidos y ya han anunciado que llevarán el caso ante el Tribunal Constitucional, al considerar que se produce “una grave vulneración del derecho fundamental a la vida y una falta de tutela judicial efectiva”.

La decisión recae ahora sobre el juzgado de lo contencioso de Barcelona que avaló en primera instancia la eutanasia, que debe decidir si sigue permitiendo la estrategia dilatoria de Abogados Cristianos para impedir la materialización del derecho a la muerte digna de N.

La Generalitat entiende que contra la decisión del Supremo no cabe recurso alguno, por lo que la muerte digna de N. ya se puede materializar. El fallo definitivo del Alto Tribunal, argumenta la Abogacía de la Generalitat, hace decaer la suspensión de la eutanasia que se mantenía como medida cautelar hasta que el Supremo resolviera el recurso de la entidad ultra.

La insistencia de Abogados Cristianos en impedir la muerte digna de N. suponía, para la Generalitat, “una terquedad” ajena a los motivos legales que sustentan un recurso de casación ante el Supremo, así como “una declarada voluntad de torpedear el ejercicio efectivo de un derecho fundamental” como es el de la propia N., una joven de 25 años con tetraplejia y trastorno límite de la personalidad, a poner fin a su vida.

La joven N., junto a un hombre de 54 años de Barcelona, son las dos únicas personas en España que no pueden ejercer su derecho a la eutanasia debido a que sus familiares lo han recurrido judicialmente. A diferencia del otro familiar, representado por un abogado particular, el padre de N. ha ido de la mano en todo el procedimiento de la entidad ultra, que lo ha convertido en estandarte de su ofensiva contra la muerte digna.

El caso del hombre de 54 años también está en el Supremo, que sí ha considerado que la duda planteada por la Generalitat sobre si un familiar está legitimido para recurrir una eutanasia tiene interés para sentar jurisprudencia, y estudiará el fondo del recurso (al contrario de lo que ha ocurrido con el de Abogados Cristianos).

Además de recurrir ante los juzgados de lo contencioso contra el acuerdo del pleno de 19 médicos y juristas de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Catalunya que aprobó la eutanasia a N. en julio de 2024, Abogados Cristianos ha emprendido la vía penal contra dos de los expertos que tramitaron la petición de la joven.

Al margen de que, como tantas otras, la querella de Abogados Cristianos quede en nada, la insistencia de la entidad en recurrir, primero ante el TSJC y el Supremo ahora ante el Constitucional, la batalla judicial contra la eutanasia de la joven ha logrado su principal objetivo: que N. no pueda morir mientras el sufrimiento físico y psicológico que padece crece cada día.

Así lo trasladó a los jueces la joven en una carta en la que denunció las presiones para que renunciara a la eutanasia de colectivos católicos vinculados al centro de menores en el que pasó parte de su infancia. El recurso al Constitucional anunciado por los ultras alargará más su padecimiento.

Los juzgados de Barcelona se han convertido en el principal campo de batalla de Abogados Cristianos contra la eutanasia. Además de los recursos contenciosos contra la muerte digna, la entidad ultracatólica ha emprendido ahora la vía penal contra dos de los profesionales que avalaron la eutanasia de la joven N., quien desde hace casi un año y medio espera, mientras su sufrimiento crece a diario, la respuesta de los tribunales para poder materializar su derecho a morir.

“Las acciones judiciales contra la eutanasia solo buscan atemorizar a los profesionales que evalúan las solicitudes, pero no lo conseguirán”, afirma el abogado y miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Catalunya Ramon Riu, que anticipa un archivo del caso penal y un aval del Supremo a la eutanasia de N., pero con un perjuicio: “Se prolonga el tema solo para hacer ruido y alargar el sufrimiento de los pacientes”.

Acudir a los tribunales para extender a la Justicia una batalla política que no se gana en la calle o el Parlamento no es algo inédito entre los colectivos ultracatólicos: hace 20 años, el caballo de batalla fue el aborto, con la causa penal del doctor Morín (fallecido en 2022) como exponente. En aquella ocasión, fue la entidad E-Cristians, con un amplio historial de campañas y pronunciamientos antiabortistas en Catalunya, quien acudió a los tribunales contra el médico y empresario de dos clínicas privadas de interrupción del embarazo. 

A caballo de reportajes sensacionalistas en la prensa británica y danesa sobre los abortos que se practicaban en las clínicas y de testigos protegidos que se retractaron en el juicio, E-Cristians presentó una denuncia en 2007 contra Morín, los psiquiatras y anestesistas que colaboraban con sus centros. Y hasta pidió imputar a 21 mujeres, que llegaron a tener que comparecer como investigadas. La causa se terminó archivando para ellas, pero luego tuvieron que testificar y rememorar su traumática experiencia en la vista oral.

En 2013 la Audiencia de Barcelona absolvió a Morín y al resto de acusados, aunque el juicio tuvo que repetirse tres años después ya que el Supremo anuló la primera sentencia al considerar que no se habían valorado a los periodistas de la televisión danesa que habían hecho un reportaje con cámara oculta en sus clínicas. 

Tras un nuevo juicio, Morín fue condenado por tres abortos ilegales al considerar “defectuosa o insuficiente” la elaboración del dictamen psiquiátrico que debía acompañarles, pero lejos de los relatos de terror planteados por las acusaciones, a quien la primera sentencia llegó a reprochar su “insistencia casi obsesiva” en la presencia de un triturador en la clínica, algo evidente en un centro médico.

Junto a Morín, la otra diana de los colectivos antiabortistas fue la clínica Isidora de Madrid. Tras una denuncia de la plataforma antiabortista La Vida Sí Importa, un juez abrió un caso en el que 25 mujeres, usuarias del centro, fueron llamadas a declarar como testigos, y tres médicos fueron imputados. El caso se terminó archivando por ausencia “del más mínimo indicio de delito”, según el auto del juez.

Las acciones judiciales ultracatólicas terminaron empujando al histórico cambio legal de 2010, actualmente en vigor y que permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación. Así se abandonó la anterior ley de 1985, que despenalizó el abortó en solo tres supuestos: violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación el feto.

Las recientes acciones judiciales de Abogados Cristianos contra la eutanasia provocan que, desde hace 16 meses, tanto la joven N. como un hombre de Barcelona de 54 años no puedan ver materializado su derecho a morir dignamente. Ello incrementa a diario sus padecimientos físicos y psicológicos, tal y como trasladó a los jueces la joven en una carta en la que denunció las presiones para que renunciara a la eutanasia de colectivos católicos vinculados al centro de menores en el que pasó parte de su infancia.

Desde Derecho a Morir Dignamente en Catalunya, Ramon Riu ha planteado a los partidos una reforma en la ley de la jurisdicción contenciosa para que los recursos contra la eutanasia (ya sean de familiares en contra o de pacientes a los que la Comisión de Garantía ha rechazado su solicitud) se solventen con mucha más celeridad y evitar así que se repitan casos como el de N.

“Los recursos por la ley electoral u otros derechos como el de reunión y manifestación se sustancian en 20 días y después solo se pueden recurrir ante el Constitucional. ¿Por qué no hacerlo en contextos de sufrimiento como el eutanásico?”, reflexiona Riu. Acortar los plazos para resolver los recursos permitiría, argumenta el abogado, achicar la grieta hallada por Abogados Cristianos a la ley de eutanasia.

Además de los plazos, la otra disputa jurídica que se resolverá en 2026 es la de la legitimación de los familiares para recurrir eutanasias: el Supremo determinará si un padre u otro familiar puede impugnar judicialmente el reconocimiento de la prestación de eutanasia realizada por el comité científico y jurídico “a un solicitante mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida”. La ley estaba pensada para que los recursos los interpusieran los pacientes con solicitudes denegadas, y no los familiares que se oponen a la eutanasia (el derecho es del paciente, no del familiar).

En paralelo al Supremo, un juzgado de Barcelona tendrá que decidir si imputa a un médico y una jurista de la Comisión de Garantía y Evaluación que aprobó la eutanasia de la joven N., a los que Abogados Cristianos acusa de un delito de prevaricación y otro de falsedad documental.

Antes de resolver si investiga formalmente por primera vez en España a dos profesionales que evalúan las eutanasias, la magistrada ha pedido el expediente completo de la causa en el juzgado contencioso del caso de N. En el juicio, los profesionales explicaron que, como la de N. era una petición compleja, tuvieron que manifestar un desacuerdo entre ellos para que el caso fuera elevado al pleno de 19 profesionales de la Comisión.

La magistrada de lo contencioso avaló por completo la actuación de los profesionales, pero aun así Abogados Cristianos se ha querellado contra ellos. “No se aprecia ningún indicio de delito en la actuación de los profesionales de la dupla. En el informe se hace constar que la jurista considera que el caso genera dudas, lo que concuerda con el carácter complejo del caso que, según han manifestado en juicio, les llevó a elevar la decisión al pleno de la comisión”, resolvió la magistrada en la sentencia que avaló la eutanasia a la joven.

Para Riu, esta querella “quedará en nada”, aunque destaca el “tiempo y dinero perdido” que ocasionará la acción legal de Abogados Cristianos. La preocupación del abogado está en los dos pacientes que esperan al Supremo para poder morir en paz: “Están sufriendo cada día, llevan casi un año y medio, y van a peor”. 

“Vivimos en una sociedad que tiene miedo a la muerte, una sociedad tanatofóbica. Sin embargo, es muy importante pensar en la muerte, porque es el acto final de nuestra vida”. Así lo ha indicado la tesorera de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Castilla-La Mancha, que ha pedido a la Administración autonómica un mayor esfuerzo a la hora dar a conocer este derecho.

Castillo ha realizado esta petición en Toledo, ciudad elegida para la presentación de dicha asociación que, constituida el pasado mes de noviembre como tal, pretende “promover una cultura de la muerte digna, para que la buena muerte sea un valor social”.

Y es que, según ha detallado en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la presidenta regional, Blanca Calvo, Castilla-La Mancha se sitúa a la cola en cuanto a número de solicitantes de voluntades anticipadas o testamento vital, ese escrito donde cada persona manifiesta su deseo sobre los cuidados sanitarios que recibirá en el futuro que, tras formalizarse ante un funcionario, notario o tres testigos, se inscribe en el Registro Autonómico.

“Si fuésemos a viajar a la Antártida seguramente pensaríamos bastante en cómo hacerlo. Pero el viaje de la muerte, que está asegurado para todos, no lo pensamos”, ha lamentado la tesorera de Morir Dignamente, que ha dado cuenta de que en la Comunidad, tan solo el 5,93 de cada 1.000 habitantes han solicitado la Declaración de Voluntades Anticipadas, lejos de regiones como Navarra (32,50 por mil) o el País Vasco (27,72 por mil).

Según ha detallado, hasta el 30 de junio de 2025, han sido un total de total 13.505 las personas de la región (4.587 hombres, 7.864 mujeres) que lo han solicitado: 3.571 en Albacete, 3.323 en Ciudad Real, 3.224 en Toledo, 2.134 en Guadalajara y 1.253 en Cuenca.

Carrillo, que ha apuntado que en la región hay un total de 76 puntos de información y registro y oficinas habilitadas para poder oficializar dicho documento, ha animado a los castellanomanchegos a definir “su último viaje”. “Si estuviéramos en coma o tuviéramos problemas cognitivos, no podríamos solicitar la eutanasia si no lo hemos solicitado previamente en nuestro documento de voluntades anticipadas. Para tener una muerte digna, hay que pensarla. Hay que hacer uso de nuestros derechos y dejar por escrito y registrada nuestra voluntad”, ha insistido.

De ahí que haya reclamado a la Administración un mayor esfuerzo para que la ciudadanía conozca mejor este derecho. “Nosotros como asociación desde luego estamos comprometidas en esta tarea, en darlo a conocer”, ha concluido.

Eutanasias en Castilla-La Mancha desde 2021

Mientras, la presidenta de la misma, Blanca Calvo, ha explicado que Muerte Digna, que ya cuenta con 113 socios en la región (10 en Cuenca, 15 en Albacete, 23 en Ciudad Real, 30 en Toledo y 35 en Guadalajara) decidió constituirse en asociación regional para tener mayor representatividad ante las autoridades sanitarias de la región, para vigilar que los centros de registro funcionen bien y para dar un apoyo directo y personalizado a todos los castellanomanchegos que encuentran problemas a la hora de registrar su declaración de voluntades anticipadas o gestionar su petición de eutanasia.

Para ello, según ha avanzado, la asociación contará en un par de semanas con un el teléfono 699-545-545, que les permitirá ofrecer una trato más personalizado.

En otro orden de cosas, Calvo ha detallado los datos regionales de eutanasia. Entre 2021 y 2023 se han ejecutado 19 de las 28 solicitadas. Si en ese año en que se aprobó la ley -2021- se solicitaron dos, en el 2022 la región registró 19 solicitudes -siete ejecutadas-, que ascendieron a 28 en 2023, nueve ejecutadas.

Sobre esa cuestión, además de pedir que se agilicen los plazos, la presidenta de Morir Dignamente en Castilla-La Mancha ha dado un tirón de orejas tanto al Ministerio como a los gobiernos regionales por la tardanza en publicar los datos. “No puede ser que estemos acabando 2025 y muchas comunidades autónomas no hayan presentado su memoria”.

De igual modo, ha solicitado la creación de un registro de objetores y que la administración compense al personal sanitario que realice eutanasias, porque eleva su carga de trabajo.

Por último, ha demandado cambios legislativos que impidan la judicialización de la eutanasia, tras los casos de Noelia y Francesc, ambos en Cataluny, donde “una serie de personas que no tienen nada que ver con los peticionarios están haciéndoles la vida imposible, y nunca mejor dicho, porque ellos querrían haber terminado y no pueden”.

“Incoherente” y “artificioso”. Así califica la Generalitat el último intento de Abogados Cristianos para impedir la eutanasia a la joven N., quien desde julio de 2024 ve impedido su derecho a morir por la ofensiva judicial de la entidad ultracatólica. La abogacía de la Generalitat ha solicitado al Tribunal Supremo que inadmita de plano el recurso de Abogados Cristianos contra el aval del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a la eutanasia de la joven.

El abogado del Govern, en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, mantiene que este nuevo recurso de Abogados Cristianos solo busca paralizar “de forma espuria” la eutanasia de N., avalada por los médicos desde hace más de un año pero que la batalla judicial de la entidad está logrando, por ahora, frenar.

De admitir el recurso de la entidad, que representa al padre de la joven, y estudiar su fondo, el Supremo todavía alargaría más el sufrimiento de la paciente. Los ultras ya han avanzado que su intención es agotar las instancias nacionales e internacionales para que N. no pueda morir en paz.

La insistencia de Abogados Cristianos en impedir la muerte digna de N. supone, para la Generalitat, “una terquedad” ajena a los motivos legales que sustentan un recurso de casación ante el Supremo, así como “una declarada voluntad de torpedear el ejercicio efectivo de un derecho fundamental” como es el de la propia N., una joven de 25 años con tetraplejia y trastorno límite de la personalidad, a poner fin a su vida.

La joven N., junto a un hombre de 54 años de Barcelona, son las dos únicas personas en España que no pueden ejercer su derecho a la eutanasia debido a que sus familiares lo han recurrido judicialmente. A diferencia del otro familiar, representado por un abogado particular, el padre de N. ha ido de la mano en todo el procedimiento de la entidad ultra, que lo ha convertido en estandarte de su ofensiva contra la muerte digna.

Además de recurrir ante los juzgados de lo contencioso contra el acuerdo del pleno de 19 médicos y juristas de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Catalunya que avaló la eutanasia a N. en julio de 2024, Abogados Cristianos ha emprendido la vía penal contra dos de los expertos que tramitaron la petición de la joven.

Al margen de que, como tantas otras, la querella de Abogados Cristianos quede en nada, la insistencia de la entidad en recurrir, primero ante el TSJC y ahora ante el Supremo, el aval judicial a la eutanasia de la joven ha logrado su principal objetivo: que N. no pueda morir mientras el sufrimiento físico y psicológico que padece crece cada día.

Así lo informó ella misma en una carta al TSJC, que adelantó este diario, y en la que denunció que dos monjas entraban en la habitación del hospital en el que está ingresada para coaccionarla e intentar que cambiara de opinión. Pero N. sigue decidida a morir.

El pasado mes de septiembre, el TSJC confirmó que se podía practicar la eutanasia a N. Al contario de lo que había resuelto la magistrada de lo contencioso que celebró el primer juicio en España por una eutanasia, el TSJC acordó que su padre sí estaba legitimado para recurrir, una decisión que causó preocupación en expertos y entidades promuerte digna, ya que, de confirmarse por el Supremo, puede suponer una grieta a la ley de eutanasia y paralizar en vía judicial durante años las muertes dignas.

El Supremo tiene pendiente resolver esta cuestión central sobre la legitimidad de los familiares para recurrir. Lo hará en el otro procedimiento abierto por la eutanasia, el del hombre de 54 años. La resolución de este caso todavía no tiene fecha.

Respecto a N., el Supremo tiene ahora que decidir, en primer lugar, si admite el recurso de Abogados Cristianos. La Generalitat, que representa a la Comisión de Garantía de la eutanasia en Catalunya, ha pedido al Alto Tribunal que no lo haga, toda vez que la entidad no aporta ni un solo motivo legal que lo fundamente. Inadmitir el recurso de la asociación implicaría, en la práctica, confirmar la eutanasia de N.

Remarca la Generalitat en su escrito que, tal y como ocurre desde que realizara el primer recurso, Abogados Cristianos no ha aportado un solo informe médico que contradiga todos los dictámenes que avalan la muerte digna de N. Pese a ello, la entidad ultra manifiesta “categóricamente” (aunque sin sustanciarlo en documento alguno) que N. no tiene un “pronóstico de vida limitado ni un contexto de fragilidad progresiva”.

Abogados Cristianos, insiste la Generalitat, “no guarda recato en reiterar valoraciones libres sobre la situación médica de la paciente que fueron sometidas a prueba y desmentidas” en el juicio y ante el TSJC. Todo ello pese a que el Supremo viene advirtiendo reiteradamente que el recurso de casación no puede servir para revisar la valoración de los hechos realizada por las instancias inferiores (que es precisamente lo que le pide la entidad ultra).

Además, Abogados Cristianos también acusa a la magistrada que resolvió el caso en primera instancia y al TSJC de “apartarse deliberadamente” de la jurisprudencia, aunque no concreta cuál, advierte la Generalitat. “Ni si invoca la jurisprudencia objeto de contraste ni se significa la supuesta 'doctrina constitucional' (sic) infringida”, apostilla el escrito.

En suma, para la Abogacía de la Generalitat, el escrito de Abogados es un nuevo intento de dilatar la muerte digna de N. al intentar “replantear cuestiones probatorias” que no han sido favorables a sus intereses.

La Justicia sigue sin cortar de raíz la ofensiva de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos contra la eutanasia. Una magistrada de Barcelona ha admitido a trámite la querella de la entidad contra un médico y una jurista de la Comisión de Garantía y Evaluación que aprobó la eutanasia de la joven N., a los que acusa de un delito de prevaricación y otro de falsedad documental.

En un párrafo, de escueta motivación (ocupa tan solo siete líneas), la jueza Eva Moltó se limita a indicar que los hechos incluidos en la querella de Abogados Cristianos “pueden ser constitutivos” de delito, y ordena “el esclarecimiento” de los mismos.

La ofensiva judicial de Abogados Cristianos contra la eutanasia salta así de la vía contenciosa a la penal, y supone además añadir un elemento de presión contra los profesionales médicos y juristas que, por ley, se encargan de evaluar todas las solicitudes de muerte digna en Catalunya.

La entidad ultra ya impugnó, en julio de 2024, la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación que, en pleno y tras los informes de los médicos que atienden a la joven N. (que padece un trastorno límite de la personalidad y es parapléjica), decidió concederle la eutanasia. Pese al aval judicial en primera instancia y en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Abogados Cristianos ha recurrido ante el Supremo, por lo que N. lleva ya más año y medio sin poder materializar su derecho a la muerte digna.

Antes de citar a declarar como investigados a los querellados, la magistrada ha solicitado al juzgado de lo contencioso que avaló la muerte digna de N. la sentencia sobre el caso, así como la grabación de la vista en la que se resolvió el recurso de Abogados Cristianos.

En su querella contra estos dos miembros del comité de evaluación que intervinieron en la autorización de la muerte asistida de la joven, Abogados Cristianos alegó que simularon un desacuerdo en el informe clave, por lo que considera que el procedimiento administrativo que avaló la eutanasia de N. es “nulo desde el origen”.

En realidad, lo que contaron los médicos a la jueza fue que, ante un caso complejo como el de N., la única alternativa legal que tuvieron para que fuera el pleno de 19 juristas y médicos de la Comisión de Garantía el que decidiera sobre la eutanasia y no ellos dos fue declararse en desacuerdo y que todos los expertos vieran el caso, como así ocurrió. Luego el padre, representado por Abogados Cristianos, impugnó la decisión.

El de N. fue el primer juicio en la historia de España por una eutanasia ya concedida. Su padre y Abogados Cristianos impugnaron ante los juzgados el visto bueno a la muerte digna que habían dado en pleno los juristas y médicos de la Comisión de Garantías de la Generalitat de Catalunya.

Previsiblemente, pese a esta sentencia a su favor, N. seguirá sin poder ejercer su derecho a morir (el proceso judicial ha paralizado la eutanasia desde agosto de 2024), ya que Abogados Cristianos y su padre han recurrido la sentencia del TSJC del pasado mes de septiembre ante el Tribunal Supremo.

A lo largo de los últimos meses, N. ha puesto en conocimiento de los jueces las presiones para renunciar a su eutanasia que ha recibido de grupos vinculados al grupo católico cercano al centro de menores donde pasó parte de su infancia. Pero la voluntad de N. es firme aunque su padre y grupos ultras intenten impedirla: solo quiere morir dignamente.