Laa Asamblea Nacional francesa ha aprobado definitivamente la proposición de ley relativa al final de la vida, que incluye la eutanasia y el suicidio asistido, una de las reformas más sensibles del mandato del presidente Emmanuel Macron, que ha tenido un largo recorrido.

El texto ha completado este miércoles su maratón legislativa con 291 votos a favor, 241 en contra y 29 abstenciones en la Asamblea Nacional, en una votación definitiva en tercera lectura.

Desde 2025, el texto recibió en dos ocasiones el aval de los diputados, pero fue tumbado sendas veces por el Senado, de mayoría conservadora. El Gobierno ha anunciado que prevé remitirla al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre varios de sus aspectos más controvertidos, como el tiempo de reflexión del paciente (dos días).

El proyecto de ley que legaliza la eutanasia había sido impulsado a finales de 2024 por el presidente Macron, quien se puso como objetivo la aprobación de este derecho como uno de los avances sociales de su segundo y último mandato que acaba en mayo de 2027.

Nada más aprobarse la ley, Macron indicó, en un mensaje en X, que “los recursos ante el Consejo Constitucional seguirán su curso conforme a los principios de nuestro Estado de derecho” y agradeció “a todos los parlamentarios que han hecho posible el debate constructivo y respetuoso”.

La proposición de ley, impulsada por el diputado Olivier Falorni (de la izquierda independiente y alcalde de La Rochelle), introduce en Francia el derecho a la “ayuda a morir”, con condiciones para ejercerlo como ser mayor de edad y tener la nacionalidad francesa o ser residente en el país.

Lo pueden reclamar personas que sufran enfermedades graves e incurables, cuyo pronóstico vital debe estar comprometido en fase avanzada o terminal, con un proceso irreversible de deterioro de la salud y de la calidad de vida. El paciente debe experimentar un sufrimiento físico o psicológico derivado de la enfermedad que no pueda ser aliviado o que considere insoportable, tras haber decidido rechazar o detener un tratamiento, si bien se especifica que el sufrimiento puramente psicológico, sin patología física grave subyacente, no es suficiente para recibir “ayuda a morir”.

Además, el texto establece condiciones estrictas para los pacientes que, en el caso de no tener impedimentos físicos, pueden recurrir al suicidio asistido. Sólo aquellos cuyas condiciones físicas no les permitan tomar una medicación letal por sí solos podrán recibir asistencia de un doctor o una enfermera. En el segundo caso, debe pedir la ayuda a un médico y el proceso debe formalizarse por escrito y ser sometido a una evaluación colegiada. A partir de ahí, el médico debe dar una respuesta motivada en un plazo de 15 días desde la solicitud. Si se aprueba, el paciente debe confirmar su decisión tras un periodo mínimo de reflexión de dos días.

Precisamente, una de las consultas que el Gobierno quiere hacer al Tribunal Constitucional se refiere a la cláusula de conciencia de los profesionales sanitarios y la situación de los establecimientos sanitarios y médico-sociales cuya razón de ser es acompañar a los enfermos al final de la vida, sin acelerar su fallecimiento pero también sin encarnizamiento terapéutico, y que excluyen el recurso a la ayuda a morir.

En un comunicado, el Ejecutivo ha justificado la decisión de recurrir al Constitucional señalando que, aunque la Asamblea Nacional celebró un debate en profundidad sobre el texto, el examen en el Senado “no permitió un análisis igualmente exhaustivo” que concilie las expectativas de los defensores de la reforma con las inquietudes de sus detractores sobre su aplicación. Espera así que la intervención del Constitucional aporte “las aclaraciones necesarias” para garantizar que su aplicación respete plenamente los principios constitucionales, en particular la dignidad humana y la libertad personal.

Por su parte, el presidente del Senado, el conservador Gérard Larcher, también había anunciado previamente su intención de recurrir al Constitucional una vez aprobada la ley.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado el nuevo manual de buenas prácticas en eutanasia, que modifica los plazos de aplazamiento de la prestación, alargándolos hasta seis meses, incorpora un nuevo apartado de donación de órganos y refuerza el papel de la enfermería como figura de referencia. Además, establece una tramitación abreviada para los casos más urgentes.

Estaba previsto que el texto, que actualiza el manual de 2021, se aprobase en abril, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero la consejera madrileña Fátima Matute pidió entonces “enriquecer el texto con las aportaciones de las sociedades científicas y colegios profesionales”.

Ahora, el manual, pactado con las comunidades autónomas, sale adelante e incorpora, entre sus principales novedades, una “tramitación abreviada para los casos más urgentes, permitiendo reducir los tiempos al mínimo posible sin menoscabar las garantías legales”. Según los últimos datos de Sanidad, una de cada tres personas que solicita la prestación fallece esperando que se resuelva su solicitud.

Además, el manual “refuerza la importancia de cumplimentar correctamente los certificados de defunción, recordando que el fallecimiento derivado de la prestación de ayuda para morir tiene la consideración legal de muerte natural a todos los efectos”. También en los referidos a herencias, pólizas de seguro de vida y en los servicios funerarios.

El nuevo protocolo contempla facilidades para acceder a la información por parte de las personas con discapacidad y establece un apartado específico para la donación de órganos. Esta opción se ofrecerá “de forma independiente y sin interferir en la tramitación de la solicitud de eutanasia”.

En cuanto a los plazos, el documento ahonda en la “posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias excepcionales y transitorias acordes con la normativa vigente”. En concreto, el solicitante podrá detener el trámite durante tres meses, hasta que la Comisión cierre y archive el expediente. “Este cierre no impide que la persona pueda iniciar una nueva solicitud en el futuro si así lo desea”, indica.

En 2025, un total de 565 personas recibieron ayuda para morir dignamente en España, lo que supuso un 0,13% de los decesos registrados en todo el país.

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre la eutanasia. Más concretamente, sobre quién puede recurrir una muerte digna ya avalada por los médicos. La sentencia del Alto Tribunal de este martes desarrolla el fallo anunciado el pasado 19 de mayo, y muestra la división de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Una mayoría de 23 magistrados avalan, con condiciones, que un familiar pueda impugnar una eutanasia. Por el contrario, nueve magistrados querían restringir el acceso de los familiares a la Justicia para combatir la eutanasia de un pariente, y reprochan a sus compañeros de Sala que validen “una injerencia injustificada” en el derecho a morir de un solicitante.

El debate se ha resuelto, pero el propio Supremo aprecia la grieta en la ley actual que ha permitido al colectivo ultracatólico Abogados Cristianos encabezar la cruzada contra la eutanasia con el caso Noelia y alargar el sufrimiento de los solicitantes con sus acciones judiciales.

El Alto Tribunal reclama cambios en la norma para evitar repetir casos como el de la joven catalana o el de Francesc A., el hombre de Barcelona de 50 años que también tiene la eutanasia paralizada por el recurso de su padre (y que es el caso que ha originado el fallo del Supremo). Estas son las claves de la sentencia.

Un cambio legal

El Supremo aprecia que la normativa actual de la eutanasia “puede ocasionar un retraso notable en la definitiva resolución de la controversia”. El recurso a los tribunales de los familiares contra la muerte digna es un “factor añadido”, ahonda el Alto Tribunal, al “sufrimiento” de la persona que, cumpliendo con todos los requisitos legales, ha visto aprobada su eutanasia por el comité de juristas y médicos que prevé la norma.

Los magistrados reclaman al Congreso un cambio legal para diseñar “un procedimiento judicial especial y propio para la resolución de estos conflictos”. Cabe recordar que el contexto de final de legislatura y la oposición férrea de Vox a la eutanasia dificultan un entendimiento de los grupos parlamentarios para modificar la norma.

Los casos de Noelia y Francesc se tramitaron a través del procedimiento de protección de derechos fundamentales. En teoría, va por delante del resto de casos del juzgado, pero debido a los recursos y a la lentitud judicial se ha tardado alrededor de dos años en resolverse. Todo este tiempo los pacientes han estado con su eutanasia suspendida por orden judicial, pese al aval médico.

El nuevo procedimiento que resuelva los recursos de los familiares, explica el Supremo, tendría que comportar “la simplificación de los trámites y el acortamiento de los plazos, con cómputo en días naturales”. De esta forma,defiende el tribunal, se podría resolver la controversia “con la mayor inmediatez y celeridad posible, dada la especial singularidad de los derechos e intereses en conflicto”. Colectivos de familiares de pacientes llevan meses reclamando al Congreso un cambio de este tipo.

Primera condición para recurrir: el vínculo

Todas las instancias judiciales que han visto los casos de Noelia y Francesc no han dudado en su derecho a la eutanasia. La discusión jurídica no era el derecho a morir, sino la legitimación para recurrir de los familiares. Es decir, si el mero parentesco basta para impugnar o si es necesario algo más, como que el familiar demuestre un vínculo real con el solicitante o aporte informes médicos para contradecir el aval a la muerte digna.

La Generalitat, cuyo recurso ha rechazado el Supremo, solicitaba restringir al máximo la legitimación para recurrir y que no pueda acreditarse ante un juez con la “simple constatación” de una relación de familiaridad con el solicitante de eutanasia.

La mayoría de jueces del tribunal aboga porque un familiar pueda recurrir siempre que demuestre, desde el primer momento de interponer la demanda, una “vinculación estrecha” con el solicitante de eutanasia. Esto no había ocurrido en el caso de Noelia, pues su padre (que había perdido la tutela de la joven durante buena parte de su minoría de edad) había alegado únicamente esa condición para impugnar su eutanasia.

A partir de ahora, el Supremo determina que cualquier familiar que quiera impugnar una eutanasia tendrá que “acreditar o aportar elementos de hecho” que justifiquen un vínculo “especialmente cualificado” con el solicitante de la muerte digna.

El simple parentesco, en especial entre parejas o padres e hijos, es “un mero indicio de cercanía emocional”, remarca el tribunal no suficiente para impugnar, pues el familiar “debe acreditar la existencia de un vínculo afectivo, emocional y muy cercano”, así como “los elementos de hecho que permitan constatar una cierta persistencia en el tiempo y en el espacio” del mismo.

Por ejemplo, el familiar tendrá que demostrar que ha mostrado interés en el estado del solicitante antes del inicio del proceso eutanásico o si han convivido bajo el mismo techo.

Segunda condición: indicios de que la eutanasia no se concedió bien

A la carga de la prueba sobre el vínculo familiar, el Supremo añade otro requisito para todo aquel familiar que quiera impugnar una eutanasia: deberá aportar al juzgado “un indicio de prueba razonable” de que la resolución que concedió la eutanasia “pudo dictarse sin la observancia de las exigencias legales”.

“La denuncia —argumenta la sentencia del Supremo— ha de venir sustentada en elementos de hecho concretos y susceptibles de verificación, ya se refieran a la formación de la voluntad del solicitante, a la actuación del médico responsable o del consultor, o al funcionamiento de la Comisión de Garantía y Evaluación”.

El voto particular

El voto particular del magistrado José Manuel Bandrés, al que se han adherido otros ocho magistrados, se muestra crítico con el razonamiento y la decisión de la mayoría de la Sala. El único punto en común es que aboga por un cambio legislativo para acortar los plazos de resolución de los recursos.

Es más, el voto particular considera que la Fiscalía tendría que ser la única legitimada (y no un familiar) para impugnar resoluciones favorables a la eutanasia decididas por la Comisión de Garantía y Evaluación “para reducir la judicialización del derecho a una muerte digna”.

El resto de voto particular afea a sus compañeros de Sala que con su decisión “muten o devalúen el significado constitucional del derecho a la muerte digna” y lo conviertan en un “derecho a una mala muerte o una muerte sin dignidad” en la medida que abren la puerta a que un familiar pueda recurrirla y alargue el sufrimiento del paciente.

Permitir a un familiar impugnar una eutanasia, razona el voto particular, es contradictorio, pues se trata de un tipo de recurso que no busca “restaurar un derecho vulnerado”, sino “impedir al titular del derecho a la muerte digna la prestación de la ayuda para morir”.

“La persona que, en un contexto eutanásico, decide ejercer el derecho a una muerte digna, no debe soportar la injerencia de terceros cuando la Comisión de Garantía y Evaluación ha acreditado la concurrencia de todos los presupuestos establecidos en la ley”, argumentan los magistrados de la minoría.

El derecho a la eutanasia, recuerda el voto particular, “descansa en la autonomía de la voluntad” del paciente, lo que impide que terceras personas “aún cualificadas por vínculos familiares u otros afectos puedan interferir en la decisión personal de otro, condicionando su voluntad para poner fin a su vida”.

En 2025, se realizaron un total de 565 eutanasias, según los datos provisionales sobre la prestación que ha presentados este miércoles. Suponen un 0,13% del total de muertes registradas en España, muy lejos de otros países del entorno que también tienen reconocido este derecho, como Países Bajos (6%), Canadá (5%) o Bélgica (4%). Pero el balance muestra también la otra cara de una ley que celebra ya su quinto aniversario: 374 personas fallecieron en medio del proceso por el que solicitaban esa ayuda a morir, el 61% a causa de procesos oncológicos.

Según los datos difundidos por Sanidad, a partir de la recopilación de la información de las comunidades autónomas, desde la entrada en vigor de la ley 1.668 personas han ejercido su derecho a morir dignamente y se han producido un total de 3.716 solicitudes. Las cifras reflejan un “aumento sostenido” de las peticiónes, con el 34,6% en el último año.

La mayoría de las solicitudes recibidas por las autoridades sanitarias en 2025 estuvieron vinculadas a procesos oncológicos. Fueron el 37%, por delante de las enfermedades neurológicas, con una de cada tres. Sin embargo, a la hora de ontabilizar las prestaciones de ayuda a morir efectivas, los puestos se revierten: casi la mitad de las asistencias (el 46%) estuvieron relacionadas con problemas neurológicas y en torno al 30%, con cáncer.

Este dato se explica, en parte, por el perfil de las personas que fallecieron esperando a que se resolviera su solicitud. De los 1.187 procesos que finalizaron en 2025 —con independencia de su fecha de inicio—, la mitad concluyeron con la prestación, pero uno de cada tres (374) se cerraron por la muerte del solicitante. Y, de estos, el 61% fueron porpatologías oncológicas, según los datos de Sanidad.

La mayoría de esos 374 fallecimientos, 277, se produjeron, indica Sanidad, “antes de la emisión del Informe de la Comisión de Garantía y Evaluación, con un tiempo medio de 32,7 días desde la solicitud y una mediana de 18 días”.

Además, según los datos provisionales facilitados por las comunidades autónomas, se denegaron 157 peticiones a lo largo de 2025 y en 91 procesos fue el solicitante quien retiró la petición.

Catalunya, la comunidad que más solicitudes recibe

Por comunidades autónomas, Catalunya es la que más solicitudes recibe, con 6,14 por cada 100.000 habitantes. Esta administración duplica de largo la tasa de 2,61 de media nacional.

“Tras Catalunya, las tasas más elevadas se registraron en Navarra, con 5,41 y en Euskadi, con 5,13. También se situaron por encima de la media La Rioja, con 3,67 por cada 100.000 habitantes; Illes Balears, con 3,12; Cantabria, con 3,03; Asturias, con 2,96; y Canarias, con 2,66”, indica Sanidad.

El Papa ha cargado este lunes contra el aborto y la eutanasia durante su comparecencia en el Congreso. León XIV ha aprovechado su intervención en la sede de la soberanía nacional para defender que “la dignidad inviolable de la persona humana” no puede “quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento”.

Prevost, que a lo largo del fin de semana había alertado contra “enfoques identitarios” y contra la “polarización” y había dado voz a migrantes y jóvenes, ha aprovechado en esta ocasión para lanzar un mensaje político ante “quienes tienen la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social”.

Al margen de las mayorías parlamentarias que configuran la legislación española, León XIV ha considerado que “la convivencia puede verse amenazada por la cultura del descarte”. “Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás?”.

La de este lunes era la primera vez que un Papa toma la palabra en el Congreso español. Desde una posición de honor, León XIV ha insistido en que “toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia”. “Cuando esa certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona”.

Las palabras de Prevost llegan en un momento en el que el Gobierno trabaja por blindar el aborto en la Constitución. Una reforma que se está tramitando en la Cámara Baja, pese al rechazo del PP y Vox y algunas críticas de los socios por la fórmula elegida. El objetivo es que los poderes públicos garanticen “el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva en cuantas prestaciones y servicios sean necesarios”.

En cuanto a la eutanasia, el Congreso la aprobó a finales de 2020, con los únicos votos en contra de PP, Vox y UPN, tras 25 años de intentos fallidos. Desde entonces, asociaciones ultras como Abogados Cristianos han batallado contra esa normativa. El último capítulo ha sido el aval del Tribunal Supremo a que un familiar con una “vinculación particularmente estrecha” con un solicitante pueda recurrir judicialmente su muerte digna, aunque esta ya esté avalada por los médicos.

El Tribunal Supremo ha avalado que un familiar con una “vinculación particularmente estrecha” con un solicitante de eutanasia pueda recurrir judicialmente una muerte digna ya avalada por los médicos. El Alto Tribunal consagra así la brecha que hallaron asociaciones ultras como Abogados Cristianos para impugnar eutanasias de familiares.

Los 34 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo se han reunido pleno para fijar jurisprudencia sobre un asunto controvertido: si un familiar ajeno a las administraciones puede impugnar una eutanasia ya avalada por los informes médicos y juristas de la Comisión de Garantías. La decisión se ha tomado por 23 votos a 9, en una muestra de división en el seno del Alto Tribunal. La sentencia del caso se conocerá en los próximos días, según informa en una nota el Alto Tribunal.

Los jueces han examinado caso de un hombre de 55 años, Francesc A., que ha discurrido en paralelo al de Noelia, la joven parapléjica, cuyo padre frenó durante casi dos años en los tribunales su derecho a la muerte asistida.

Todos los tribunales que han examinado ambos casos no han dudado del derecho de los solicitantes a poder materializar su eutanasia.

La discusión jurídica no era el derecho a morir, sino la legitimación para recurrir de los familiares. Es decir, si el mero parentesco basta para impugnar o si es necesario algo más, como que el familiar demuestre un vínculo real con el solicitante o aporte informes médicos para contradecir el aval a la muerte digna.

La Generalitat, cuyo recurso ha rechazado el Supremo, solicitaba restringir al máximo la legitimación para recurrir y que no pueda acreditarse ante un juez con la “simple constatación” de una relación de familiaridad con el solicitante de eutanasia.

Los servicios jurídicos del Govern consideraban que debe corresponder al familiar presentar, desde el primer momento, prueba suficiente que contradiga al expediente administrativo avalador de la eutanasia (cabe recordar que, en el caso de Noelia, su padre alargó su sufrimiento sin entregar al juzgado un dictamen pericial que justificara que siguiera viviendo).

En cambio, la Fiscalía discrepaba de la Generalitat y argumentaba que debía reconocerse “por regla general” el interés de un padre o cónyuge en recurrir una eutanasia “siempre que el vínculo familiar esté acompañado por un vínculo afectivo vigente”.

Las dos instancias que han examinado el recurso del padre de Francesc A. habían dado respuestas contradictorias. La magistrada que vio el caso en primera instancia concluyó que su padre no estaba legitimado para impugnarla y que no bastaba con el mero vínculo familiar, ya que la relación entre padre e hijo era en la actualidad casi inexistente.

Por el contrario, la Sala de lo Contencioso del TSJ catalán no solo avaló el derecho del padre a impugnar la eutanasia de su hijo, sino que abrió la puerta a que las impugnaciones fueran generalizadas. “Incluso en situaciones de desencuentro o conflictos familiares prolongados podría permanecer la esencia de la preocupación paternofilial que justifica”, según el TSJC, la “integridad” del derecho de un familiar a recurrir la eutanasia.

Con su decisión, el Alto Tribunal avala esta última sentencia del TSJC y abre la puerta a consagrar el derecho de los familiares a recurrir una eutanasia legal y avalada por los médicos, esto es, que la negativa de un padre a un derecho de su hijo baste para retrasarlo, por encima del criterio de los médicos y juristas expertos en muerte digna.

¿Basta con ser padre para poder recurrir la eutanasia de un hijo avalada por los médicos? El Tribunal Supremo empezará a responder esta semana a esa pregunta al estudiar el caso de Francesc A., un barcelonés de 56 años cuya muerte digna está en suspenso desde agosto de 2024 por un recurso de su progenitor.

La ley de de muerte digna española, una de las más avanzadas de Europa, se viene aplicando con normalidad en la gran mayoría de casos desde su aprobación en 2021. Pero colectivos ultracatólicos como Abogados Cristianos hallaron una grieta en la norma. Solo se han registrado dos recursos de familiares en casi un lustro. Pero la instrumentalización de los casos por parte de los grupos ultras, que incluso se han querellado contra los médicos y juristas que dieron su visto bueno a la eutanasia, ha generado preocupación.

El primer recurso de un padre contra la eutanasia ya concedida a su hija fue el caso de Noelia Castillo, la joven barcelonesa que pudo morir tras año y media de batalla judicial que ganó a su progenitor, defendido por Abogados Cristianos. El segundo, que el Supremo resolverá esta semana, afecta a Francesc A., un barcelonés de 56 años cuyo padre, a través de un abogado particular, recurrió la concesión de la muerte digna.

Todos los tribunales que han examinado ambos casos no han dudado del derecho de los solicitantes a poder materializar su eutanasia. La discusión jurídica no es el derecho a morir, sino la legitimación para recurrir de los familiares. Es decir, si el mero parentesco basta para impugnar o si es necesario algo más, como que el familiar demuestre un vínculo real con el solicitante o aporte informes médicos para contradecir el aval a la muerte digna.

“Es como si se quisiera abrir la puerta a que un padre recurra el derecho de su hija a abortar. El derecho es de la hija, aunque a su padre no le guste”, comparan fuentes jurídicas.

La ley de eutanasia ya plantea varios límites a la hora de acceder a este derecho. Para empezar, solo pueden ejercerlo los mayores de edad. Además, los sufrimientos graves e irreversibles de los solicitantes deben constatarse primero por un equipo médico, y después por una dupla de médico y jurista de la Comisión y Garantía de la Evaluación de la eutanasia que hay en cada una de las comunidades autónomas.

Además de este doble control, en cada procedimiento el paciente debe confirmar hasta tres veces que quiere ejercer su derecho a la eutanasia. Es en el segundo de estos consentimientos en los que el solicitante puede decidir o no comunicárselo a sus familiares (en el caso de Francesc A., decidió no hacerlo).

Lo que no aparece en ninguna disposición de la ley es que un familiar pueda impugnar un aval de la Comisión a la eutanasia. En cambio, la norma sí dispone expresamente que los solicitantes puedan recurrir la negativa de los expertos a concederles la muerte digna. Los familiares que recurren se han agarrado a la generalidad de que todo acto administrativo se puede impugnar ante los juzgados.

Las dos instancias que han examinado el recurso del padre de Francesc A. han dado respuestas contradictorias. La magistrada que vio el caso en primera instancia concluyó que su padre no estaba legitimado para impugnarla y que no bastaba con el mero vínculo familiar, ya que la relación entre padre e hijo era en la actualidad casi inexistente.

La jurisprudencia europea, recordó la jueza, requiere que, para recurrir la eutanasia, el familiar tenga un “vínculo real” con el paciente que quiere morir dignamente, algo que no se daba en este caso. 

Por el contrario, la Sala de lo Contencioso del TSJ catalán no solo avaló el derecho del padre a impugnar la eutanasia de su hijo, sino que abrió la puerta a que las impugnaciones fueran generalizadas. “Incluso en situaciones de desencuentro o conflictos familiares prolongados podría permanecer la esencia de la preocupación paternofilial que justifica”, según el TSJC, la “integridad” del derecho de un familiar a recurrir la eutanasia.

Con estos mimbres el caso llega al Supremo. La Abogacía de la Generalitat pide en su recurso que el Alto Tribunal corrija la sentencia del TSJC, que a su juicio “reconoce un derecho incondicionado vinculado a la condición familiar” y “prescinde” tanto de lo que recoge la ley de eutanasia como de la jurisprudencia del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La Generalitat solicita al Supremo restringir al máximo la legitimación para recurrir y que no pueda acreditarse ante un juez con la “simple constatación” de una relación de familiaridad con el solicitante de eutanasia.

Los servicios jurídicos del Govern consideran que debe corresponder al familiar presentar, desde el primer momento, prueba suficiente que contradiga al expediente administrativo avalador de la eutanasia (cabe recordar que, en el caso de Noelia, su padre alargó su sufrimiento sin entregar al juzgado un dictamen pericial que justificara que siguiera viviendo).

En cambio, la Fiscalía discrepa de la Generalitat y pide mantener la sentencia del TSJC al avalar los planteamientos de los jueces catalanes. Según el fiscal, debe reconocerse “por regla general” el interés de un padre o cónyuge en recurrir una eutanasia “siempre que el vínculo familiar esté acompañado por un vínculo afectivo vigente”.

Sí reclama el fiscal que el Supremo declare que carecen de legitimación para recurrir las “asociaciones o grupos” favorables o contrarios a la eutanasia (algo que nunca ha ocurrido en el caso de las asociaciones partidarias de la muerte digna y solo ha pasado con Abogados Cristianos).

Noelia ha sido violada varias veces. No una, ni dos, muchas.

Primero sus depravados agresores, pero después la violan cada vez que la juzgan por la calle, cada vez que la miran, cada vez que se siente observada. Cada vez que sale y tiene que revivir en aquel rincón su violación, cada vez que piensa que podrá volver a encontrarse con ellos en la calle, en un bar, en el trabajo, en una tienda.

Ha sido violada en el juicio, y cuando la explora el médico, y cuando tiene sus revisiones, cada vez que se mira en el espejo. Vuelve a ser violada en cada bulo, en cada invento, en cada mentira. Porque no es cierto que la violase un grupo de menores no acompañados, no la violaron en el centro de menores donde estaba. La violaron después, ya tenía dieciocho años, ya era mayor de edad y la violaron tres chicos. Vuelve a ser violada cada vez que hay una mentira más.

Con cada bulo lanzado por los ultras que, lejos de buscar la salvación de una mujer, solo persiguen votos a costa de una mujer. Cada vez que es politizada y utilizada.

Es culpa de ese patriarcado que siempre nos abandona

La han violado durante seiscientos un días más. El grupo de Abogados cristianos que apoyaban a su padre. Cuando el estado permite que una mujer no pueda ni siquiera decidir sobre su propia vida. Una vida que fue truncada, destrozada y vejada. La violan cuando nos venden que por culpa de su enfermedad mental pide la eutanasia. No, no es cierto, 'señoros'. No es por culpa de su enfermedad mental. Es por culpa de una situación insostenible e insoportable. Es culpa de ese patriarcado que siempre nos abandona, no sin antes cuestionarnos 601 veces. Su cabeza no puede más, intenta quitarse la vida, pero solo se quita media.

Vuelve a ser violada por impotencia, por sentirse inútil, por sentirse desprotegida. Pide su derecho de poder dejar de sufrir. Durante 601 días sigue sufriendo violación. Porque todos esos salvadores de vidas no han sufrido lo que ha sufrido ella. No es eutanasia. Es asesinato. Y el sistema, cómplice. Te hemos fallado, Noelia, que la tierra te sea leve.

El Ministerio de Sanidad llegaba al Consejo Interterritorial de este jueves con la intención de aprobar el nuevo manual de buenas prácticas en eutanasia que, entre otros cambios, introducía una tramitación abreviada para los casos más urgentes. El texto había sido trabajado y consensuado a nivel técnico con las comunidades autónomas, pero finalmente ha sido retirado del orden del día a petición de la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute.

Matute ha justificado su petición en la necesidad de “enriquecer el texto con las aportaciones de las sociedades científicas y colegios profesionales, con los que no se ha contado previamente” y “en aras de alcanzar una mayor excelencia técnica y profesional en una materia tan compleja y sensible”, según explican fuentes de la Consejería.

Estas mismas voces aclaran que el nuevo manual no aborda el tema de la salud mental, que es “fundamental”, aunque confirmar que el texto que pretendía ponerse hoy sobre la mesa del Consejo Interterritorial si se había trabajado ya a nivel técnico por parte de las consejerías. En cualquier caso, indican que el documento se tratará en la próxima reunión de las comunidades con el Ministerio de Sanidad.

El nuevo manual de buenas prácticas, que pasaría a ser la referencia técnica común, ya estaba incluido en el orden del día del anterior Consejo, celebrado el pasado 27 de marzo, pero que quedó copado por la crisis abierta entre Sanidad y los sindicatos médicos. Un conflicto al que ha hecho referencia este jueves la propia Matute, al pedir la dimisión de la ministra Mónica García, “al ser incapaz, después de cuatro meses, de resolver la grave huelga de médicos en toda España, que está creando una tensión asistencial sin precedentes en el conjunto del Sistema Nacional de Salud”.

Además de una tramitación abreviada para los casos más urgentes, el texto del nuevo manual amplía los tiempos de aplazamiento hasta los seis meses e incorpora la posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias acordes a la normativa o por la propia voluntad del paciente que, si no pide reactivarlo en tres meses, dará por cerrado el expediente. También instaura las unidades administrativas de apoyo, que ya existen en la mayoría de comunidades autónomas y refuerza la figura de la enfermera del equipo asistencial.

Una nueva estrategia de cuidados paliativos

Lo que sí ha salido adelante en este Consejo Interterritorial ha sido la nueva estrategia de cuidados paliativos, que impulsará esta prestación desde mucho antes del final de la vida. El nuevo plan pone el sufrimiento del paciente, y no su fase agónica, como criterio central de la atención, e introduce herramientas validadas dentro de la historia clínica informatizada para una atención precoz.

Además, se ha aprobado el documento de consenso para el abordaje de la enfermedad renal crónica, una patología que afecta a más del 10% de la población y, a menudo, no presenta síntomas en sus primeras fases, lo que provoca un elevado infradiagnóstico. De hecho, esta nueva hoja de ruta tiene como objetivo “impulsar un modelo asistencial más proactivo, coordinado y centrado en la persona, favoreciendo el diagnóstico precoz y un abordaje integral que contribuya a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a optimizar los recursos del sistema sanitario”. A esta patología se destina el 5% del gasto sanitario total.

Sanidad también ha actualizado el consenso para prevenir la fragilidad y las caídas en personas mayores, con el objetivo de prevenir la discapacidad, mejorar la calidad de vida y reforzar la sostenibilidad del sistema. Según los datos del Ministerio, la fragilidad afecta hasta al 18% de las personas mayores y un 30% de la población por encima de los 65 años sufre, al menos, una caída al año.

Un recurso contra la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles

La reunión de este jueves venía precedida del anuncio, esta misma mañana, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que recurriría el real decreto que devuelve la atención sanitaria a los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular. “Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos y por eso, otra vez, este Gobierno va a recurrir este Real Decreto”, afirmó durante la sesión de control en la Asamblea madrileña.

“Piensa que va contra el Gobierno y va contra la sanidad pública”, afeó la ministra García, quien defendió que “al final los derechos acaban imponiéndose”. Precisamente, Ayuso ha encadenado varios varapalos judiciales en las últimas semanas, algunos de ellos relacionados con cuestiones sanitarias, como su negativa a iniciar el registro de objetores de conciencia para practicar abortos. La Justicia ya ha dicho que la Comunidad debe ponerlo en marcha, entre otras cosas, al ser una obligación recogida en una ley orgánica.

Posición intermedia de la Fiscalía en el debate sobre las impugnaciones de eutanasias ya avaladas por los médicos por parte de familiares. El Ministerio Público ha solicitado al Tribunal Supremo que no impida del todo el derecho de los familiares a impugnar muertes dignas ya concedidas por la administración, si bien ha pedido que esta posibilidad sea muy restrictiva y que se permita tan solo en los casos en que haya un “intenso vínculo afectivo” entre el solicitante y sus parientes que se oponen a su eutanasia.

El escrito de la Fiscalía se produce en un procedimiento relevante para la muerte digna en España. Los casos de Noelia y el de otro de hombre de Barcelona, Francesc A., cuyo padre también se opone a su derecho a morir, han mostrado un efecto insospechado de la ley de eutanasia aprobada en 2021: familiares que emplean los tribunales, en ocasiones de la mano de entidades ultras, para limitar un derecho e ir en contra del criterio científico y jurídico del comité evaluador de la muerte digna.

Si bien son solo dos casos en España, la cuestión jurídica que dirimirá el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a partir del caso de Francesc A. sentará doctrina para nuevos casos. ¿Un familiar puede recurrir una eutanasia ya concedida? A esta pregunta tendrá que responder el Alto Tribunal a partir del recurso de la Generalitat, que defiende que el padre del paciente no puede recurrir la eutanasia porque supone interferir en el derecho a la muerte digna de Francesc A.

La postura de la Fiscalía es un poco más matizada. Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, el Ministerio Público ha sostenido ante el Supremo que el derecho de terceras personas distintas al solicitante de la eutanasia para impugnarla “debe ser interpretada con carácter restrictivo”. Esto es, se quiere evitar un aluvión de recursos de familiares descontentos con la decisión personal de los solicitantes de eutanasia, pero no cerrar del todo la puerta a que puedan impugnarlas.

La Fiscalía considera que solo deben poder recurrir “los parientes ubicados en el más estricto ámbito familiar respecto de la persona solicitante”. No basta, a criterio del Ministerio Público, el mero hecho de ser parientes, sino que reclama al Supremo imponer un requisito añadido: la existencia de un “intenso vínculo afectivo” presente al tiempo de acudir al juzgado contra la eutanasia de su familiar.

Lo que sí quiere evitar a toda costa la Fiscalía es que esos recursos los realicen entidades ultras por su cuenta, y así se lo ha pedido al Supremo. Aunque no las menciona explícitamente, la Fiscalía considera que entidades como Abogados Cristianos “carecen de legitimación para impugnar resoluciones administrativas tanto de concesión como de denegación” de la eutanasia.

Cabe remarcar que la cuestión que resolverá el Supremo no versa sobre el derecho de Francesc A. de recibir la eutanasia, sino en exclusiva sobre si un familiar (en este caso su padre) puede recurrirla. La primera jueza que vio el caso lo rechazó de plano. El TSJ catalán dio un giro al caso y sí consideró que los familiares podían impugnar las concesiones de la muerte digna, aunque avaló igualmente la eutanasia de Francesc A.

La jurisprudencia europea, recordó la jueza de Barcelona que examinó en primer lugar el caso, requiere que, para recurrir la eutanasia, el familiar tenga un “vínculo real” con el paciente que quiere morir dignamente, algo que no se daba en el caso de Francesc A.

Los magistrados del TSJ catalán, en cambio, se adentraron en analizar la relación padre-hijo frente a la cuestión central, el derecho del solicitante de eutanasia a no ver impugnada su voluntad. “Incluso en situaciones de desencuentro o conflictos familiares prolongados podría permanecer la esencia de la preocupación paternofilial que justifica”, según los jueces, la “integridad” del derecho del padre a recurrir la eutanasia. El Supremo dictará sentencia en las próximas semanas.

La Fiscalía ha pedido que se archive la investigación a dos miembros del Comité de Evaluación y Garantías de la eutanasia en Catalunya que autorizaron la eutanasia a Noelia, la joven de 25 años afectada de una paraplejia que tras más de un año y medio de trabas pudo recibir la muerte asistida el pasado jueves.

Tal y como ha adelantado la agencia EFE y ha confirmado elDiario.es, la Fiscalía ha pedido a la magistrada del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que abrió la investigación a los dos expertos a raíz de una querella de la fundación ultracatólica Abogados Cristianos, que la archive, al no apreciar indicios de delito.

La causa forma parte de la ofensiva judicial que la asociación ultra ha levantado contra la eutanasia de la joven, autorizada en julio de 2024 pero que no se pudo materializar hasta el pasado jueves debido a la oposición de Abogados Cristianos.

Además de retrasar la eutanasia a la que Noelia tenía derecho, los ultracatólicos emprendieron la vía penal contra el médico y la jurista que la autorizaron. Ante un caso complejo como el de la joven (además de la paraplejia fruto de un intento de suicidio, sufría trastorno límite de personalidad), ambos quisieron dar más seguridad jurídica a la decisión y la trasladaron al pleno de la Comisión de Evaluación, formado por 19 profesionales. Todos ellos respaldaron la eutanasia.

La querella de Abogados Cristianos sostiene que ambos investigados fueron designados para que elaborasen un informe en relación a la petición de eutanasia que había planteado Noelia y que optaron por “simular” un desacuerdo que era “ficticio”, provocando que se elevase el expediente al pleno de la Comisión de Evaluación y Garantías. Ambos profesionales ya contaron en sede judicial que el desacuerdo era la única vía para que la Comisión en pleno pudiera evaluar el caso.

La jueza del contencioso-administrativo que avaló la eutanasia de Noelia -en una resolución confirmada por el TSJ catalán y el Supremo- rechazó los postulados de Abogados Cristianos y no vio irregularidad alguna en el hecho de que ambos funcionarios expresaran sus dudas sobre el caso con el fin de que este pudiera tratarse en el pleno de la Comisión.

Abogados Cristianos intentó sin éxito que se suspendiera la eutanasia a Noelia, avalada por el TSJC, planteando recursos con medidas cautelares ante el Tribunal Supremo y el Constitucional, que no los admitieron, así como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que también lo desestimó.

A última hora, la fundación ultracatólica intentó que el juzgado de instrucción 20 de Barcelona, donde había interpuesto la querella contra los dos miembros del comité de la Generalitat que autorizaron la muerte digna de la joven, la paralizara cautelarmente, si bien la magistrada también lo rechazó al concluir que “carecía de potestad” para ello, ya que los tribunales competentes ya habían dictado “las decisiones oportunas”.

La titular del juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona acordó en noviembre pasado admitir a trámite la querella de Abogados Cristianos. Sin embargo, no citó a los expertos como imputados, como pretendían los ultracatólicos, sino que se limitó a solicitar al juzgado contencioso-administrativo de Barcelona que avaló la eutanasia de Noelia el expediente del caso.

Una vez recibida la documentación, la jueza acordó trasladarla a la Fiscalía, para que informase sobre si veía relevancia penal en los hechos. El Ministerio Público ha pedido ahora a la jueza que archive el caso, al considerar que los dos investigados no cometieron delito, y sin necesidad de que tengan que comparecer como investigados.

El Ministerio de Sanidad quiere ampliar el concepto de cuidados paliativos y adelantarlo en pacientes crónicos antes de que llegue la etapa final de la vida. El departamento que dirige Mónica García había incluido esta nueva estrategia, negociada a nivel técnico, para su aprobación en el Consejo Interterritorial del pasado viernes. El encuentro, que terminó siendo monotemático por el conflicto laboral abierto por la huelga de médicos, no llegó a abordar este punto, que se aprobará previsiblemente en la reunión del próximo día 9 de abril.

La nueva estrategia, para el periodo 2026-2030, surge de la necesidad de incorporar a los cuidados paliativos nuevos condicionantes sociales y de salud. Por ejemplo, el envejecimiento de la población y la multimorbilidad. Se viven más años y, aunque se ha logrado alargar la vida, una parte de este tiempo se pasa con enfermedades crónicas que, en algunos casos, alargan los procesos de deterioro. De hecho, se calcula que el 75% de las muertes que se producen en todo el país ocurren por enfermedades crónicas, de las que el 25% son oncológicas y el 50% corresponden a otras dolencias.

El documento indica que la prevalencia de quienes requieren de cuidados paliativos se sitúa en niveles de entre el 1,4 y el 1,6% de la población general. Según los datos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), entre 300.000 y 370.000 personas requieren cuidados paliativos cada año, de las que 135.000 precisan equipos específicos, por sus necesidades complejas.

El nuevo plan pone el sufrimiento del paciente como criterio central de la atención, independientemente de que este se encuentre o no en fase agónica o en el final de su vida. Hasta ahora, esta atención se limita a aquellas personas con un pronóstico inferior a los seis meses.

Para avanzar esa atención precoz, la estrategia contempla la introducción de herramientas validadas dentro de la historia clínica informatizada y que este enfoque se tenga en cuenta de forma gradual y temprana. Una de esas herramientas es la app Necpal 4.0, desarrollada por Secpal y la Cátedra de Cuidados Paliativos de la Universidad de Vic y que “permite estimar el riesgo de mortalidad en personas con enfermedades crónicas avanzadas para garantizar una respuesta precoz a sus necesidades paliativas”, señalaban cuando se lanzó la aplicación.

A la espera de ser aprobada definitivamente en el Consejo Interterritorial, la estrategia contempla garantizar la atención continuada las 24 horas, los 365 días del año, reforzando los servicios de atención telefónica experta y la telemedicina, para evitar ingresos innecesarios en urgencias. Además, establece la figura de un profesional de enlace o enfermera gestora de casos, para coordinar los traslados entre el hospital y el domicilio. También se tendrán en cuenta los determinantes sociales de la salud y la necesidad de atajar los sesgos de género en la evaluación del dolor, que hace que las mujeres deban declarar niveles mayores para ser registradas.

Cuidados paliativos pediátricos

La nueva estrategia incide de forma especial en los cuidados paliativos para niños, niñas y adolescentes, que tienen una prevalencia estimada de 65 por cada 10.000 o un 0,65%. En este sentido, el nuevo protocolo amplía la cobertura paliativa desde la etapa prenatal, se compromete a garantizar el acceso a la educación mediante aulas hospitalarias y apoyo domiciliario para evitar la exclusión social del menor y garantiza una transición paulatina había los servicios sanitarios para adultos jóvenes.

El Informe de evaluación de la estrategia de cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud 2015-2020, publicado en 2023, ya marcaba siete retos principales para el sistema de cuidados paliativos, que la nueva estrategia busca atajar: homogeneizar la atención en todo el territorio, mejorar la identificación de las necesidades paliativas, facilitar la atención centrada en la persona y que esta pueda decidir si prefiere estar en el domicilio o el hospital, tener en cuenta las características geográficas para organizar los equipos, incorporar la formación universitaria y específica y apoyar la investigación en esta área.

Manual de buenas prácticas en eutanasia

Sanidad pretendía aprobar también este viernes la segunda edición del manual de buenas prácticas en eutanasia, que también se ha visto relegado a la próxima cita. Este texto pasará a ser la referencia técnica común, cuatro años después de la publicación en el BOE de la ley que reconoce la aplicación de esta práctica compasiva.

El nuevo manual instaura las unidades administrativas de apoyo, que ya existen en algunas comunidades autónomas, como norma general, con el objetivo de garantizar un acceso homogéneo a la prestación. Además, refuerza la figura de la enfermera del equipo asistencial como figura de referencia, dentro de los cuidados y procedimientos propios de su competencia.

Entre las novedades, el documento amplía los tiempos de aplazamiento hasta los seis meses, frente a al uno o dos actuales. Además, el manual incorpora la posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias acordes a la normativa o por la propia voluntad del paciente que, si no pide reactivarlo en tres meses, dará por cerrado el expediente. En cualquier caso, la persona podría iniciar una nueva solicitud en el futuro si así lo desea. Además, se establece una tramitación abreviada para los casos más urgentes, ante la evidencia clínica de que en uno de cada tres casos los solicitantes se encuentran en riesgo de pérdida inminente de capacidad o fallecimiento.

En el ámbito administrativo, el manual incorpora la actualización de la regulación del Registro Nacional de Instrucciones Previas, para garantizar que la voluntad del paciente consta de forma clara e inmediata en su historial. También refuerza la importancia de cumplimentar correctamente los certificados de defunción, al considerarse la eutanasia muerte natural a efectos documentales. E incluye una adaptación de los protocolos sobre donación de órganos, para que esa posibilidad se ofrezca sin interferencias en la solicitud de la prestación.

Nos enfrentamos siempre a dilemas morales cotidianos que no tienen solución. Queremos acercarnos al ideal que tenemos de nosotros mismos, ser siempre buenos, y en nuestro intento de bordear ese límite estamos condenados a fracasar, tras el fracaso quizás a lacerarnos. Si nos laceramos es porque una parte de nosotros mismos no renuncia a la persona que podría haber sido de escoger lo otro, al tiempo que sabe que la ha perdido, que ya no es quien pudo ser, quizá no lo será nunca. ¿Quién no se ha visto entre la espada y la pared, forzado a que la única manera de ser leal a un amigo consista en traicionar a otro? ¿Quién no ha tenido que medir sus movimientos con la conciencia de que, sin importar lo que hiciera, estaría en algún caso obrando mal para alguien, gestionando el dolor, pero no evitándolo? La ilusión de ser perfectos es un reflejo infantil, el de quien no quiere hacer algo mal porque teme el castigo o la reprimenda, la decepción de los padres; la adultez tiene mucho que ver, en cambio, con las ocasiones en que obrar bien es obrar mal, sin pureza de por medio. La pureza, como sueño, es expresión de insatisfacción; los sueños, como sueños, sueños son.

Algo tan general es aplicable universalmente, a la vida de cada cual: lo que queremos es resolver lo irresoluble, ponerle solución a lo que no tiene remedio, arreglarlo todo más allá de mis capacidades. Quizá soy desmedida en ese plural: al menos en mí misma sí que reconozco ese impulso complaciente. Lo he pensado esta semana en varias ocasiones, algunas que tenían que ver con mis propios dilemas morales cotidianos, los de todos los días, esos que se acumulan sin solución, o sin solución buena; lo he pensado también al leer, asistir, escuchar y atender a las opiniones, juicios o exabruptos que se han vertido a propósito del caso de Noelia y su recurso a la eutanasia.

Me duele que cualquier persona prefiera quitarse la vida a perseverar en ella, porque —llámeseme cursi o curilla— considero que la vida, hasta en sus dolores, es algo hermoso y valioso en sí mismo; respeto absolutamente el derecho a la eutanasia, el derecho a la muerte digna, y no me habría atrevido yo a poner en cuestión la voluntad de Noelia, ni de tantos otros. Una eutanasia puede ser a la vez un fracaso social, una tragedia y la única manera de dar dignidad y autonomía en la muerte y enfermedad. Fracaso social porque la soledad es un problema social, porque las familias miserables y maltratadoras no son una isla que exista separada del mundo entero, porque las instituciones podrían hacer más y la ayuda que aportan es insuficiente, también porque somos más egoístas de lo que nos gustaría, más crueles, más miserables, más caprichosos en cómo repartimos nuestros afectos y a quién concedemos piedad y misericordia. Fracaso también, en fin, porque ante algo así nuestros sistemas morales, o la concepción que tenemos de tenerlos, fracasan.

Es normal que la derecha española sea incapaz de reconciliar su liberalismo, que convierte el mundo entero y también a las personas en mercancía y objetos, intercambiables, a la vez absolutamente autónomos y presuntamente libres, con la herencia moral judeocristiana. Es normal que otra izquierda tampoco sepa si hablar aquí de la estructura o si deslizarse a la herencia liberal que respeta ante todo la autonomía del individuo y su elección. Sostenemos ideologías y valores que son contradictorios, complejos, mutables, como cuando la vida nos fuerza a escoger entre opciones sin que ninguna de las dos sea una buena opción. A la ilusión de ser perfectos se suma la ilusión de ser coherentes, porque ser coherente también sería acercarse a un bien hipotético, al cálculo matemático de la mejor acción posible; la inexistencia de esa mejor acción, la cantidad infinita de efectos que todo paso puede provocar, se cuenta entre las mejores muestras de la irreductibilidad de lo humano, su imposible sustitución por lo maquínico, incluso cuando cada día se habla de inteligencias artificiales.

La muerte escogida de Noelia ha planteado socialmente el conflicto entre su derecho y una forma determinada de compasión social. Está bien que así sea. Frente a las voces que no querrían vivir con ello, que anteponen su dolor a la complejidad, creo que es cualidad de una sociedad madura, como lo es de una persona adulta, renunciar a resolver lo irresoluble. Asumir que no todo se puede solucionar, que no hay un deus ex machina ni final de cuento de hadas; aceptar que no hay opción buena y que en la vida se lidia con las cartas que te tocan. Escoger es fracasar: quizá el problema de fondo esté en que, al oír la palabra fracaso, vemos en todo fracaso una tragedia; quizá la resolución sea acostumbrarnos a que vivir es fracasar, sin fracaso no hay vida, y la vida puede ser la historia, valiosa y hermosa por sí misma, de todo aquello en lo que hemos fracasado.

En ninguna parte está escrito que el derecho a la vida venga acompañado de la obligación de soportar un sufrimiento más allá de humanamente comprensible. No hay ley o religión que así lo dicte. Vivir no es una guerra que haya que ganar, ni una batalla que haya que dar, ni una lucha que no se pueda abandonar. 

Querer dejar de vivir no es una derrota, ni una deserción, ni una traición que deba llevarnos a tratar a quién prefiera morir como a alguien a quien haya que rescatar, salvar o pagar para vivir; como si fuera alguien que ha salido defectuoso y debe ser reparado, alguien que tiene un fallo y debe ser arreglado. 

Noelia Castillo Ramos era una persona libre a quién deberíamos respetar en su elección precisamente aunque no entendamos que no quiera seguir viviendo como nosotros queremos. No tenemos derecho alguno a juzgarla, mucho menos a obligarla. Si quieren ejercer algún derecho, ejerzan el derecho —la obligación si es usted cristiano— de amarla como nos amamos a nosotros mismos.

En el Artículo 15 de la Constitución Española se establece que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que “en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o a tratos inhumanos o degradantes”. El Estado ha debido garantizar que Noelia Castillo Ramos haya podido ejercer su autonomía personal hasta sus últimas consecuencias con las plenas garantías que otorga la ley; y así lo ha hecho. 

Le ha tocado también al Estado defender aquello que proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos: que todos tenemos derechos en todas partes a que se reconozca nuestra personalidad jurídica. Noelia Castillo Ramos no es una propiedad de la cual su padre pueda poseer y disponer a su libre voluntad y antojo. Noelia Castillo Ramos tampoco encarna un ejemplo o un sujeto para las obligaciones que cualquier organización se crea con derecho a imponer en nombre de un credo, una fe, una doctrina o una filosofía.

No está tan claro que todos cuantos se han empeñado, con mejor o peor intención, en convencer u obligar a Noelia Castillo Ramos a ejercer su autonomía personal de manera diferente hayan sido tan respetuosos con su integridad física o personal o con su derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes. No queda duda alguna en el caso de quienes la han empleado, sin decencia alguna, para demostrar que su odio hacia el gobierno, el comunismo, el ateísmo o el sanchismo es lo único que da ya sentido a sus vidas y a su mundo; o quienes la han utilizado cínicamente como excusa moral para justificar sus preferencias ideológicas, religiosas o fiscales.

Quien quiera empatizar con un padre que sólo se ocupó de ella para arrastrarla por los juzgados durante los dos últimos años de su vida que lo haga; pero que no trate de convertirle en el ejemplo de aquello que los demás padres haríamos porque no lo es. 

Quien quiera presentar a Noelia Castillo Ramos como otra víctima del gobierno que lo haga; pero que no la agreda de nuevo haciendo correr el bulo de la violación múltiple cuando estaba bajo custodia del Estado. 

Quien quiera hablarnos de la ley y sus vicios que lo haga; pero que no pretenda convencernos de que, luego de haber sido examinada por más de treinta especialistas durante años, aún quedaba por esclarecer su capacidad mental y la causa era jurídica, no ideológica.

Ni Noelia Castillo Ramos ni todos cuantos defendemos su derecho a morir en sus propios términos y condiciones les debemos explicación alguna. A nosotros no nos preocupa tanto cómo ni por qué viven su vida.

Culminado el proceso que reconoció a Noelia la prestación de ayuda a morir y ahuyentada la bandada de aves rapaces que velaron sus últimas horas, llega el momento de examinar el camino recorrido y las circunstancias que han provocado una demora de casi dos años en el ejercicio de un derecho fundamental que cuenta con una de las regulaciones más garantistas de Europa y que el Tribunal Constitucional definió como la capacidad de “llevar a término un proyecto de fin de vida acorde con la dignidad humana”.

Nuestro sistema exige al Estado actitudes distintas en función de la naturaleza de cada derecho fundamental. Para garantizar el derecho a la libre circulación o la libertad de expresión bastará con que el Estado no interfiera en nuestra esfera de libertad. Otros derechos, en cambio, precisan una implicación que va más allá de la mera tolerancia. Sucede así, por ejemplo, con la interrupción voluntaria de un embarazo y la necesidad de que exista una red hospitalaria adecuada, gratuita y accesible a toda la población. De lo contrario, es fácil advertir que determinados derechos, aunque fundamentales, correrían el riesgo de convertirse en privilegios al alcance de unos pocos.

El derecho fundamental a la muerte digna forma parte de este segundo grupo: si concurren los requisitos previstos en la Ley Orgánica (entre otros, “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”) no bastará con respetar la decisión del paciente, sino que el Estado (en palabras del Tribunal Constitucional) debe “contribuir a su efectividad”.

La experiencia de este proceso judicial es importante porque permite identificar cuestiones problemáticas que pueden dificultar el ejercicio efectivo de los derechos de los pacientes y nos da la oportunidad de discutirlas y proponer mejoras. Planteo aquí las tres que considero más relevantes:

1. La Ley contempla la posibilidad de que la denegación de la prestación de eutanasia pueda ser recurrida por el propio paciente ante un juez. No obstante, no dice nada respecto de las resoluciones que son favorables, pues parece lógico pensar que un paciente que ha solicitado la eutanasia no recurrirá luego la resolución que se la concede.

El Tribunal Constitucional recordó que ese silencio no convierte las resoluciones favorables en “irrecurribles” pero se limitó a señalar que podrían hacerlo el Ministerio Fiscal y “quienes ostenten legitimación”. En función de cuan generosa o restrictiva sea la interpretación judicial del círculo de personas legitimadas mayor o menor será el número de personas distintas al paciente que podrán levantar la mano para cuestionar ante un Juez el reconocimiento del derecho.

El caso de Noelia patentiza que no es una cuestión sencilla ni pacífica: la primera sentencia dio la razón a la Generalitat de Catalunya y declaró que su padre carecía de legitimación para impugnar su eutanasia; mientras que la segunda sentencia hizo el razonamiento inverso. Ambas, no obstante, ratificaron el correcto reconocimiento de su derecho a morir con dignidad y dentro de pocos meses (en otro caso parecido) el Pleno del Tribunal Supremo fijará doctrina sobre esta cuestión para que todos los órganos judiciales sigan el mismo criterio.

En mi opinión, la ponderación de intereses en juego conlleva que los familiares del paciente, por esa sola condición (si no concurren otras razones extraordinarias), carezcan de legitimación, sea cual sea su hoja de servicios como padre, madre o cónyuge: el amor y el dolor por la muerte de un ser querido merece toda la empatía, pero no es un título habilitante para impugnar una decisión voluntaria, libre y personal, anudada a la dignidad humana y médicamente verificada.

Abrir demasiado ese círculo implicaría otorgar, a efectos prácticos, un derecho de veto temporal (en este caso, nada menos que un año y ocho meses) a las familias de los pacientes disconformes con su decisión.

2. La única forma de evitar una instrumentalización de estos casos es exigir la tramitación preferente y sumaria que la Constitución y la propia Ley Orgánica de eutanasia imponen a este tipo de procesos judiciales. Al margen de cualquier consideración sobre ese derecho, no existen razones que puedan justificar el transcurso de 18 meses entre la primera resolución y la inadmisión definitiva por parte del Tribunal Supremo.

El sistema constitucional no penaliza postulados ideológicos (y ello incluye la refracción al conocimiento). Tampoco impide que quien así lo desee -tenga o no razón- acuda a los tribunales y trate de iniciar causas judiciales, incluso cuando sea con la declarada finalidad de lograr dos minutos de telediario. Me parece un error situar el foco del problema en la irresponsabilidad de colectivos que se limitan a intentar aprovechar las inercias que lastran el sistema judicial, estirar al máximo los tiempos del proceso y dormir el partido durante meses para torcer la voluntad del paciente por puro agotamiento o crear una sensación de temor al colectivo sanitario.

Por supuesto, una parte de esta estrategia escapa al control judicial. La respuesta social a estos fenómenos es un medidor fiable de la virtud cívica más que de la calidad legislativa y concierne al rigor deontológico de cada medio de comunicación darles o no alimento.

El proceso impulsado contra la eutanasia de Noelia nunca tuvo como finalidad genuina discutir su correcta concesión por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya. Su ambición era más sencilla: dilatar el proceso al máximo y rentabilizar el circo mediático. Derogar de facto el ejercicio del derecho fundamental. No es necesario ni deseable prohibir nada a nadie. Bastaría con resolver con rapidez y garantías en un plazo de tiempo razonable.

3. La última cuestión está vinculada a la necesidad de establecer medidas dirigidas a evitar que un proceso de estas características revictimice al paciente. Existe un amplio consenso acerca de las mejoras derivadas de protocolos de actuación específicos en procesos que afectan ámbitos especialmente sensibles (infancia, violencia de género, capacidad…) y el proceso de Noelia, quizás por ser el primero, ha tenido grietas importantes en este aspecto que debemos mejorar entre todos.

Seguramente en otro tipo de proceso Noelia no habría tenido que cruzarse en el mismo pasillo del Juzgado con las personas que, según declaró ella misma, le llenaban la habitación del hospital de crucifijos y estampitas religiosas contra su voluntad. Con toda seguridad tampoco habría tenido que declarar en presencia de su padre. Quizás debamos preguntarnos si era necesario someterla a un interrogatorio judicial cuando, con buen criterio, pocos días antes dos doctores del Instituto de Medicina Legal y Forense habían elaborado un informe complementario a petición del Ministerio Fiscal donde se concluía que tenía plenas capacidades y también prestaron declaración.

Dicho lo anterior, lo más relevante es lo siguiente: todas las pruebas que se practicaron durante el proceso judicial fueron a petición del Ministerio Fiscal y la Generalitat de Catalunya a pesar de compartir el criterio de la Comisión de Garantía y Evaluación. Parecería razonable pensar que quien inicia un proceso judicial y solicita la paralización de una prestación de eutanasia afirmando que los informes médicos “no aportan verdadera información sobre la capacidad de la paciente” hubiera tratado, cuanto menos, de desplegar una mínima actividad probatoria en esa dirección (proponer el interrogatorio de los profesionales en cuestión o aportar informes de signo distintos que discutieran el criterio de los profesionales que examinaron a Noelia durante meses).

Esta sorprendente pasividad procesal quedaba compensada de largo con una incombustible actividad mediática arropada por una conga de cámaras y micrófonos que acudieron raudos a las puertas del Juzgado, a platós de televisión e incluso frente al hospital el último día de vida de la paciente en riguroso directo.

Quien quiera conocer en profundidad las razones médicas de la concesión de la eutanasia a Noelia tiene a su disposición las dos sentencias del caso en la página web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En nuestro país los procesos y las resoluciones judiciales son públicas por imperativo constitucional porque contamos con la certeza de que la transparencia es una garantía colectiva frente a arbitrariedades y una vacuna contra la ignorancia y el mal gusto.

La primera noticia del caso Noelia se publicó en elDiario.es: el 1 agosto de 2024, una jueza de Barcelona suspendió la eutanasia de la joven a petición de su padre, representado por los ultracatólicos Abogados Cristianos. Tras 20 meses de agonía judicial, que ha incrementado el padecimiento físico y psicológico de la solicitante, Noelia ha podido materializar su derecho a morir este jueves.

En las últimas horas de vida de la joven, sin embargo, parte de los medios han virado su enfoque: de contextualizar e informar sobre las resoluciones judiciales del caso se ha pasado a priorizar la situación familiar y personal de Noelia.

La espectacularización de una causa de indudable interés informativo ha tenido como guinda la convocatoria, a la que la mayoría de medios han acudido, de Abogados Cristianos frente a las puertas del centro sanitario donde se ha practicado la eutanasia a la joven.

El abogado especialista en derecho sanitario Alejandro Gámez incluye esta última convocatoria de la entidad ultra en su “agenda performativa” y el “encarnizamiento jurídico y mediático” que ha sufrido la joven. “Nunca han aceptado el derecho a la eutanasia y, en vez de respetar la decisión y el derecho de Noelia, lo han convertido en un circo”, dice.

“Abogados Cristianos ha hecho un uso abusivo de la Justicia”, ahonda Gámez, que pone también el foco en los tribunales: “Los juzgados son los que tienen que poner la barrera a estos intentos de forma más contundente y rápida”. El Tribunal Supremo sentenciará en las próximas semanas sobre el derecho de un familiar a recurrir una eutanasia a raíz de otro caso en Catalunya.

El letrado destaca que la entidad ultra ha pretendido trasladar un debate moral a los tribunales “retorciendo las posibilidades que le da la ley cuando es evidente que el padre no está legitimado para recurrir la eutanasia” de Noelia.

La joven concedió una entrevista este miércoles a Y ahora Sonsoles de Antena 3. Según los responsables del programa, fue Noelia quien tomó la iniciativa de hablar. Los fragmentos de declaraciones de la solicitante de eutanasia y de su madre se combinaron con el debate en el plató con tertulianos. Se repasaron las vivencias de la infancia de Noelia, la ropa que quería ponerse el día de su muerte y los motivos que la llevaron a solicitar la muerte asistida, aunque apenas se mencionaron los razonamientos de la Comisión de Garantías de la Generalitat de Catalunya para avalar su eutanasia en julio de 2024.

La actuación de los profesionales médicos y jurídicos que han revisado el caso de Noelia ha sido especialmente cuidadosa: tras su primera petición de eutanasia, decidieron aplazarla un año para recabar la evolución de la paciente, que ya entonces había quedado parapléjica y tenía un trastorno límite de la personalidad.

El informe médico-forense constató los padecimientos graves, crónicos, constantes e imposibilitantes de Noelia, los requisitos que marca la ley para acogerse a la eutanasia. Los expertos que evaluaron el caso destacaron además que no existía “posibilidad de mejora”, otro de los aspectos de la norma.

El profesor de deontología periodística de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Marcel Mauri recuerda que los medios deberían “extremar las precauciones” a la hora de tratar “testimonios de vulnerabilidad extrema” como el de la joven. “Hay momentos en los que las cámaras tienen que irse”, agrega.

La entrevista a Noelia, lamenta el profesor, no ha servido para narrar un proceso judicial “excepcional”, sino que tan solo ha mediatizado “uno de los momentos más íntimos de una persona, como es su muerte”. Y echa de menos más reflexión en el gremio. “Por mucho que ella quiera hablar, cuando el caso ya se ha cerrado no hay una situación que responda a unos parámetros de interés informativo”, asevera.

“El periodismo y los medios tienen una responsabilidad editorial y también tienen que saber cuándo es el momento de dejar espacio y apartarse”, agrega Mauri.

“Las cuatro fotos que Noelia quiere tener en su eutanasia” o “la reacción de la 'yaya' de Noelia ante su eutanasia” fueron dos de los rótulos que acompañaron la entrevista. El tratamiento que el programa hizo del testimonio de la joven ha alarmado a periodistas especializados en televisión.

Mònica Planas, en el diario ARA, ha tildado de “despropósito” el programa porque “enfocó la historia desde el drama emocional”, a través de primeros planos y música triste de piano, sin “explicar el caso desde una perspectiva profesional y médica”. “La cocina televisiva arruinó la emisión de un relato excepcional”, ha valorado el crítico televisivo de El País, Tomàs Delclós. Ambos profesionales han contrastado el tratamiento televisivo del programa de Antena 3 con el testimonio “sin aditivos” emitido por TV3 de otro enfermo solicitante que ha recibido la eutanasia esta semana.

“No quiero ser ejemplo de nadie. Es mi vida y ya está”, dijo Noelia en su primera y última entrevista. También era solo suyo el derecho para ponerle fin, que este jueves ha conseguido pese a los obstáculos que han puesto su padre y Abogados Cristianos.

Noelia ha muerto, aunque difícilmente lo haya hecho en paz. Esta joven catalana ha podido materializar este jueves su eutanasia tras 20 meses de batalla legal contra su derecho a morir iniciada por su padre y los ultracatólicos Abogados Cristianos. Con su muerte, Noelia ha ganado.

El caso de esta joven de 25 años, junto al de otro hombre de 55, han sido las brechas que han hallado los familiares de pacientes y la entidad ultracatólica en la ley de eutanasia de 2021. La normativa estaba pensada para que fueran los solicitantes a los que la Comisión de Garantías negaba la eutanasia los que pudieran recurrir ante los juzgados; no para los familiares en desacuerdo con el derecho a morir de sus allegados.

El uso espurio de la Justicia por parte de Abogados Cristianos y familiares ante la decisión de morir, tomada por pacientes mayores de edad con graves padecimientos y avalada por los 19 miembros del comité de médicos y juristas de la Generalitat, ha comportado alargar el sufrimiento de la joven, que sufre una paraplejia y un trastorno límite de la personalidad.

Así lo expuso la propia Noelia en una misiva dirigida al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que desveló elDiario.es. Noelia ha estado muy sola varios años de su vida: parte de su minoría de edad la pasó en un centro de menores. Su padre volvió a su vida para impugnar su derecho a morir.

Hasta este mismo jueves Abogados Cristianos ha intentado usar los tribunales para frenar la muerte digna de Noelia. El resultado ha sido el mismo que en todas las instancias: la magistrada ha rechazado la petición de la entidad ultra para frenar in extremis la eutanasia y que la joven se sometiera a un tratamiento psiquiátrico.

Desde el juzgado de lo contencioso de Barcelona al Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), todos los tribunales han rechazado todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos contra la muerte digna.

Noelia, concluyeron tanto los profesionales médicos como los tribunales, pidió la eutanasia mediante un “consentimiento libre, sin injerencia o influencia determinante de su trastorno” y tiene conservadas sus capacidades para tomar todo tipo de decisiones, incluida la de someterse a la eutanasia.

Abogados Cristianos ha empleado argumentos de todo tipo, incluso extrajurídicos, para oponerse al derecho de Noelia. Sin presentar pruebas, los ultras alegaron supuestas deudas económicas de la joven como motivo para impedir su eutanasia. Como el resto de razones aducidas, los jueces la rechazaron, ya que recordaron que el procedimiento administrativo para evaluar su petición se ha ajustado a lo que contempla la ley.

Sin recursos para pagar a un abogado especializado, Noelia no ha tenido representante legal formal en la causa. Aunque no la defendía a ella sino al aval a su eutanasia decidido por la Comisión de Garantías de Catalunya, un abogado de la Generalitat, Josep Maria Torrent, ha sido, en la práctica, quien ha velado por los intereses de la paciente durante el procedimiento judicial.

La Fiscalía, en un primer momento, apoyó que su padre pudiera recurrir la eutanasia, aunque luego desistió. El Ministerio Público ha avalado siempre el derecho a morir de Noelia. Además de la batalla de Abogados Cristianos, la lentitud judicial ha marcado el caso de la joven: primero los tribunales se pasaron la pelota para decidir cuál tenía que resolver. Pese a tratarse de un procedimiento preferente, en el TSJ catalán el recurso de los ultras estuvo paralizado varios meses.

A nivel político, la Generalitat ha mantenido un tono bajo y no ha liderado públicamente ningún apoyo a la joven durante los meses de litigio. Solo 24 horas antes de su muerte, la consellera catalana de Salud, Olga Pané, lamentó en Catalunya Ràdio que, como consecuencia de un sistema judicial garantista, su padre y la entidad ultracatólica hayan “alargado el sufrimiento” de Noelia.

Una jueza de instrucción de Barcelona ha rechazado por tercera vez la petición de los ultracatólicos Abogados Cristianos para frenar la eutanasia de la joven Noelia, prevista para este jueves.

En un auto, la magistrada del juzgado de instrucción 20 de Barcelona deniega la petición del padre de la joven, defendido por los ultras, que solicitaba que Noelia se sometiera a un tratamiento psiquiátrico en vez de a la muerte digna a la que tiene derecho y que ha sido avalada por todas las instancias judiciales de España.

Se trata de un último intento del colectivo ultracatólico y del padre de la joven tras 20 meses de batalla legal contra la eutanasia. Lo ha formulado en la causa abierta en un juzgado de Barcelona contra el médico y la jurista que avalaron la eutanasia de Noelia tras otra querella de Abogados Cristianos.

“No cabe plantearse la necesidad del tratamiento psicológico y/o psiquiátrico”, resuelve la jueza, ya que la cuestión ya quedó resuelta en el procedimiento contencioso administrativo que corroboró el derecho de Noelia a recibir la eutanasia.

Este mismo martes, tal y como adelantó elDiario.es, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó las cautelares que Abogados Cristianos había incluido en su demanda. La entidad había emprendido la vía europea una vez el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional cerraron el paso a sus recursos.

Ninguna instancia judicial ha dado la razón a Abogados Cristianos y al padre de la joven en su intento de revocar la eutanasia autorizada en julio de 2024, la entidad ultracatólica sí ha logrado retrasar 20 meses (y subiendo) la muerte digna a la joven, cuyos padecimientos físicos y psicológicos no han dejado de aumentar.

Más allá de los sucesivos varapalos judiciales a sus planteamientos, la estrategia de Abogados Cristianos busca aumentar el miedo en profesionales y administración a la hora de autorizar las eutanasias, advierten fuentes médicas consultadas.

El caso Noelia se ha convertido en paradigma del uso indebido de los tribunales para intentar frenar un derecho, como es el de la muerte digna. Sin ninguna vinculación durante años (la joven estuvo parte de su minoría de edad tutelada por la Generalitat), el padre solo volvió a la vida de la joven, de la mano de Abogados Cristianos, para intentar impedir su eutanasia, pese a que el derecho a morir lo ostenta la persona que la solicita y no sus familiares.

A la Generalitat de Catalunya se le acaban las razones legales para no aplicar ya la eutanasia a la joven N. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado las medidas cautelares para impedir la muerte digna planteadas por la entidad ultracatólica Abogados Cristianos, que representa al padre de la solicitante de muerte digna.

Según ha podido saber elDiario.es, la sección quinta del TEDH, el pasado 10 de marzo, rechazó las cautelares que Abogados Cristianos había incluido en su demanda. La entidad había emprendido la vía europea una vez el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional cerraron el paso a sus recursos.

Pese a que ninguna instancia judicial española o internacional ha dado la razón a Abogados Cristianos y al padre de la joven en su intento de revocar la eutanasia autorizada en julio de 2024, la entidad ultracatólica sí ha logrado retrasar 20 meses (y subiendo) la muerte digna a la joven N., cuyos padecimientos físicos y psicológicos no han dejado de aumentar.

Más allá de los sucesivos varapalos judiciales a sus planteamientos, la estrategia de Abogados Cristianos busca aumentar el miedo en profesionales y administración a la hora de autorizar las eutanasias, advierten fuentes médicas consultadas.

El caso de la joven N. se ha convertido en paradigma del uso indebido de los tribunales para intentar frenar un derecho, como es el de la muerte digna. Sin ninguna vinculación durante años (la joven estuvo parte de su minoría de edad tutelada por la Generalitat), el padre solo volvió a la vida de N., de la mano de Abogados Cristianos, para intentar impedir su eutanasia, pese a que el derecho a morir lo ostenta la persona que la solicita y no sus familiares.

A día de hoy, la Generalitat ya no tiene ningún impedimento de tipo legal para materializar el derecho a morir de N., una joven de 26 años con tetraplejia, trastorno límite de la personalidad y que desde agosto de 2024, cuando se suspendió su eutanasia, espera que se cumpla la decisión de los juristas y médicos de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Catalunya.

Abogados Cristianos lo ha intentado todo, pero ningún juez le ha dado la razón: ni en las distintas instancias del procedimiento contencioso-administrativo, ni en el Tribunal Constitucional, ni en Estrasburgo. Tampoco la jueza de instrucción de Barcelona que admitió una querella de la entidad ultra contra el médico y la jurista que evaluaron el caso de N. ha aceptado la petición de suspender su eutanasia de forma cautelar.

En la resolución con la que terminó el recorrido legal en España, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, en enero de este año, rechazó todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos. Consideraron los magistrados que la entidad ultra no fundamentó lo suficiente que concurriera alguno de los requisitos legales que permitirían al Alto Tribunal abordar el fondo del caso. Lo mismo apreció el Tribunal Constitucional para rechazar las cautelares solicitadas por la entidad ultra.

A lo largo de los últimos meses, N. ha puesto en conocimiento de los jueces las presiones para renunciar a su eutanasia que ha recibido de grupos vinculados al grupo católico cercano al centro de menores donde pasó parte de su infancia. Pero la voluntad de N. es firme aunque su padre y grupos ultras intenten impedirla.

“Me robaron mi día”, recordó ante la jueza la joven N. en marzo de 2025 durante la primera vista judicial de la historia de España por una eutanasia ya concedida (y en la que tuvo que comparecer como testigo, en silla de ruedas y trasladada desde el hospital donde vive). Sin impedimento de Estrasburgo, solo queda que la Generalitat fije día y hora para que N. pueda ver cumplida su última voluntad.

Cuando se debatía en el Congreso y en los medios de comunicación la Ley orgánica de regulación de la eutanasia (LORE), que ahora cumple cinco años, se lanzaron contra el gobierno acusaciones terribles. Se dijo que la Ley solo pretendía reducir costes sociales y económicos ahorrándole al Estado el gasto sanitario de los enfermos y el dinero de las pensiones que dejarían de cobrar los ancianos a quienes la Ley empujaría a la muerte. Se acusó a sus partidarios de fomentar una “cultura de la muerte” que, en países con leyes parecidas (especialmente Bélgica y Países Bajos), habría conducido a una aplicación descontrolada de la eutanasia a categorías de pacientes cada vez más amplias y con requisitos cada vez más laxos, hasta el punto de provocar que muchos enfermos huyesen aterrorizados a otros países. Y algún diputado de un partido político especialmente vociferante y torticero llegó a interpretar esta regulación como una legalización de la situación vivida en las residencias de ancianos durante la pandemia de coronavirus.

Como nada de todo eso era verdad, la Ley entró en vigor sin que, hasta el momento, se hayan producido esos efectos apocalípticos que pronosticaban sus detractores. Es una Ley muy garantista —más estricta, en algunos aspectos, que las leyes vigentes en Bélgica y Países Bajos, por cierto—, y basta leerla con atención para que se disipen algunas de las reticencias que suele suscitar la eutanasia. Por ejemplo, la Ley no sustituye los cuidados paliativos de los enfermos incurables, sino que, por el contrario, establece como un requisito para la eutanasia que el paciente sea debidamente informado acerca de las alternativas que le asisten, siendo una de ellas el acceso a cuidados paliativos integrales. Fija un procedimiento bastante estricto —con la desventaja de resultar a veces demasiado lento—, a fin de asegurar que la decisión de poner fin a la propia vida se toma de manera voluntaria y autónoma. Y no autoriza en ningún caso la eutanasia no voluntaria, puesto que, si una persona no se encuentra en condiciones de solicitar expresamente la eutanasia, solo es posible hacerlo en su nombre si esa persona firmó previamente un documento de voluntades anticipadas que así lo disponga. Por supuesto, podemos debatir si debería mejorarse el procedimiento o reforzar las garantías que establece actualmente la Ley, pero ese debate presupone ya la licitud de la eutanasia, y no difiere del que puede plantearse a propósito del consentimiento informado para algunos tratamientos médicos, o de otras prácticas que requieran cerciorarse de la voluntariedad de los participantes. 

Tampoco se encuentran motivos de alarma cuando se examinan los datos de la aplicación de la Ley. Según el último informe publicado (en diciembre de 2025) por el Ministerio de Sanidad, en 2024 se registraron 929 solicitudes y se realizaron 426 prestaciones de ayuda para morir (las restantes solicitudes fueron rechazadas o revocadas, y en otros casos el paciente falleció antes de que pudiese practicarse la eutanasia). La mayoría de estas personas tenían más de setenta años y padecían enfermedades oncológicas o neurológicas, y conviene subrayar que la proporción de estas muertes en el total de fallecimientos producidos en España en 2024 es del 0,1%. No conocemos otros datos relevantes, como las condiciones económicas y sociales de las personas solicitantes, y sería importante disponer de ellos para asegurarnos de que la decisión de morir es realmente voluntaria, y no está condicionada por presiones externas como la soledad o la pobreza. No obstante, parece claro que la realidad de la eutanasia en España poco tiene que ver con el tsunami homicida que algunos auguraron. 

Pero en algunos sectores de la sociedad la eutanasia provoca todavía hoy, como hace cinco años, un profundo rechazo. Un rechazo que resulta incomprensible hasta que nos damos cuenta de que, en el fondo, y aunque no siempre se admita, el único argumento de principio contra la eutanasia es un argumento religioso: la creencia de que la vida es un don de Dios del cual no podemos disponer libremente. “El Señor da la vida, y la quita”, dice un pasaje bíblico (1 Samuel 2:6). Y en otro pasaje leemos: “vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo (…), y no sois vuestros” (1 Corintios 6:19-20). Ahora bien, como señaló el filósofo John Rawls, los argumentos abiertamente religiosos no tienen cabida en las instituciones de un Estado aconfesional (aunque puedan circular en la esfera pública), y por eso el rechazo religioso de la eutanasia suele envolverse en argumentos seculares, como la apelación a los derechos de los enfermos, que la regulación de la eutanasia haría peligrar, o como el riesgo de una aplicación abusiva de esta práctica. Pero el principal derecho de los enfermos que está en juego cuando hablamos de eutanasia es, precisamente, el que la Ley reconoce: el derecho a decidir libremente sobre el final de la propia vida. Y en cuanto a la posibilidad de una práctica eutanásica abusiva, siempre puede prevenirse mejorando los protocolos. Se mire como se mire, no hay buenos argumentos seculares contra una regulación que amplía derechos sin obligar a nadie a nada (tampoco, por cierto, al personal sanitario, que siempre puede acogerse a la objeción de conciencia), y es probable que, dentro de algún tiempo, las soflamas contra la eutanasia nos parezcan tan anacrónicas y exóticas como las que en su momento se lanzaron contra el divorcio o contra el matrimonio igualitario.

Pero lo curioso de esta controversia es que rara vez se plantea con claridad una objeción contra la eutanasia que merecería la pena debatir abiertamente. Esa objeción viene a decir que la regulación de esta práctica, y su consiguiente normalización, favorece un cambio preocupante en la percepción social del envejecimiento y el final de la vida. Si al principio —prosigue el argumento— la eutanasia se considera legítima para paliar el sufrimiento insoportable de enfermos terminales o incurables, antes o después se amplía la horquilla de beneficiarios para incluir a personas deprimidas, desesperadas o cansadas de vivir, hasta que finalmente la eutanasia se percibe como una prestación sanitaria entre otras, y tal vez como la mejor alternativa a la enfermedad y la vejez, como sucede en la cruda y mustia distopía eutanásica de Plan 75, la excelente película de la directora japonesa Chie Hayakawa. Nótese que esta objeción no recela de un posible deslizamiento desde la eutanasia voluntaria (solicitada por el paciente) a la no voluntaria (en pacientes que ya no pueden solicitarla por sí mismos) y, de ahí, a una supuesta “eutanasia involuntaria” que no es otra cosa que un eufemismo del asesinato. La objeción apunta, más bien, a una generalización de la eutanasia voluntaria, o a la normalización del suicidio asistido como una opción válida para afrontar el final de la vida. Una tendencia que parece confirmar el hecho de que las sociedades con leyes de eutanasia más veteranas comienzan hoy a debatir sobre el suicidio por “vida cumplida”, es decir: sobre la posibilidad de que las personas mayores que consideran que su vida biográfica ha terminado decidan libremente poner término a su vida biológica ahorrándose, si así lo desean, el calvario de la decrepitud o la enfermedad.

No sabemos si la regulación de la eutanasia conducirá a nuestras sociedades por ese derrotero, pero la objeción es seria. Y es probable que acabe ocupando un lugar importante en la discusión pública, porque el avance de la medicina y el aumento de las posibilidades técnicas de alargar la vida pueden conducir a que no solo las enfermedades terminales, sino también la decrepitud asociada al envejecimiento, comience a percibirse como una etapa de la vida que algunas personas ya no quieran atravesar. Y como los avances técnicos son irreversibles, también suelen serlo los cambios sociales que dependen de ellos, en este caso la percepción social del final de la vida. A los detractores de la eutanasia les preocupa ese cambio de percepción social, pues parece implicar que hay vidas que ya no son dignas de ser vividas. Pero desde una posición más favorable a la eutanasia cabría replicar que aquí no se trata de si hay vidas más o menos dignas, sino de si hay vidas que ya no queremos vivir nosotros mismos, sobre la base de nuestra libertad y nuestra autonomía. Así pues, donde algunos perciben cierta banalización de la muerte o una visión despectiva de la enfermedad y la vejez, otros simplemente observan una evolución social comparable a la que se ha producido en relación con otras prácticas —como el divorcio o el matrimonio igualitario— que en su momento parecían muy controvertidas, casi impensables, y que han terminado por normalizarse completamente. 

Es pronto para plantear estas cuestiones en el debate público, por no hablar ya de darles respuesta. Pero si asumimos que

somos nuestros, y no de Dios, son preguntas que, antes o después, tendremos que hacernos.