El Congreso aprueba la Ley Trans

Ha costado, pero la Ley Trans ha dado ya el primer paso para su aprobación definitiva. La mayoría del Congreso la ha respaldado este jueves con 188 votos a favor, 150 en contra y siete abstenciones tras el largo y tortuoso camino que inició en junio de 2021. Una norma que ha tensionado como pocas a los socios del Gobierno de coalición y que ha desatado una tormenta política que, de momento, se ha saldado con la mayoría de los diputados pulsando el botón verde.

Sin embargo, hay parlamentarios que han contradicho el sentido del voto de sus formaciones. La exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, abiertamente contraria a la norma, se ha abstenido. También Sara Giménez, de Ciudadanos, que ha sido la única de su grupo que no ha votado en contra. En su caso, el partido había dado libertad de voto a sus diputados. Sergi Miquel, de PDeCAT, ha votado a favor, mientras que los otros tres diputados de la formación se han abstenido. Todo el PP ha votado en contra salvo Rosa María Romero. José María Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria, es la séptima abstención.

Las desavenencias entre el PSOE y Unidas Podemos han marcado el proceso hasta casi el final del trámite, hasta que los grupos tumbaron la enmienda de los socialistas sobre los menores. Finalmente la versión legislativa del Ministerio de Igualdad, que también defendían los aliados parlamentarios, ha acabado imponiéndose. “Nos han querido hacer creer tantas veces que no llegaríamos a esta votación”, destacó Irene Montero este miércoles en el debate sobre la llamada oficialmente Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Aunque aún le queda su paso por el Senado, no se esperan grandes sorpresas y todo apunta a que la autodeterminación de género será una realidad en el primer trimestre de 2023, un cambio largamente esperado por las personas trans. En la práctica, significará que ya no estarán obligadas a declararse enfermas contando con un diagnóstico de disforia de género y dos años de hormonación como requisito. Será en tres tramos: sin condiciones para los mayores de 16 años, con consentimiento de sus progenitores entre los 14 y 16 y con aval judicial para los que tienen entre 12 y 14. El proceso dependerá de una doble comparecencia, ya que la solicitud debe repetirse a los tres meses.

Las fricciones por la ley

Los diputados han dado luz verde a la ley entre la celebración de los colectivos LGTBI, presentes en la tribuna de invitados del Congreso, y parte del feminismo, que ven en ella una conquista social histórica, y la oposición de otra parte del movimiento, que argumenta que colisiona con los derechos de las mujeres y advierten de que traerá efectos indeseables. Una idea cuyos ecos solo los defiende hoy como partido en el Congreso el Partido Popular y Vox y que rechazan de plano los aliados parlamentarios como ERC, EAJ PNV, Junts, BNG o EH Bildu.

La cuestión ha sido especialmente delicada para el PSOE, que se ha abierto en canal por sus debates internos por los que la histórica activista trans Carla Antonelli acabó dándose de baja. Este jueves el partido ha votado a favor de la ley y un día antes la secretaria de Igualdad, Andrea Fernández, quiso dejar claro su apoyo e incluso afirmó que “ser feminista no es negar la existencia de las personas trans”, pero el partido cuenta con figuras destacadas posicionadas contra la autodeterminación de género de la ley.

Una de ellas es Carmen Calvo, que preside la Comisión de Igualdad del Congreso en la que se ha tramitado la iniciativa, y que ha cargado en diversas ocasiones contra ella asegurando que “puede destrozar la potente legislación de igualdad en nuestro país”. En su línea, varias socialistas feministas han intentado presionar a la formación de Pedro Sánchez para que introdujera cambios. Aunque al final el PSOE ha respaldado el texto, también reconoce que la norma a la que aspiraba era distinta. La formación “supo y quiso imaginar una ley mejor, una forma más garantista de los derechos, un marco más seguro y robusto jurídicamente”, afirmó Fernández.

El corpus argumental de la derecha defiende que la ley tendrá “consecuencias graves” para las mujeres y se ha tramitado “sin escuchar a nadie”, dijo la popular Rosa Moro. Aunque el PP es más moderado que Vox en su discurso, ambos utilizan el concepto “disforia de género”, que la Organización Mundial de la Salud descartó en 2018 al dejar de considerar la transexualidad un trastorno. La extrema derecha va mucho más allá y llega a vincularla con situaciones como el bullying, la anorexia e incluso “problemas emocionales” de los adolescentes.

Bel Pozueta, de Bildu, censuró este miércoles en el pleno “los estereotipos y mentiras vertidos por algunos grupos y entidades concretas que no han hecho más que facilitar un clima de odio y violencia hacia las personas LGTBI”. Le siguió el peneuvista Joseba Agirretxea, para el que la norma “no va contra nadie, solo trata de dotar de derechos. No hay borrados ni excentricidades de que alguien se haga mujer para ganar un torneo. No frivolicemos con cosas serias, un poco de respeto”, reclamó el diputado. Irene Montero pidió “perdón” a las personas trans por “no haber podido evitar que en el proceso de tramitación de esta ley la transfobia se hiciera un hueco”.

Un largo camino

Finalmente, y si nada se tuerce, las personas trans podrán modificar su sexo legal sin condiciones médicas ni informes diagnósticos, algo que se les exige en virtud de la ley de 2007, impulsada por el PSOE y la primera que posibilitó el derecho a cambiar la mención registral aunque dejando fuera a menores de edad y personas sin nacionalidad española. Años más tarde hubo un intento de reforma, también de la mano de los socialistas, que a punto estuvo en 2018 de hacerse realidad si no hubiera sido por la moción de censura a Mariano Rajoy. Después, la ley la presentó Unidas Podemos en el Congreso, pero no llegó a salir.

Así, hasta que con la coalición en el Gobierno, el Ministerio de Igualdad inició sus planes para impulsarla. Las negociaciones arrancaron en la primera mitad del año pasado entre Irene Montero y la Vicepresidencia del Gobierno, en manos entonces de Carmen Calvo. Las tensiones no tardaron en aparecer. Los socialistas defendían que la norma debía dotarse “de mayor seguridad jurídica” y llegaron a proponer que el proceso se llevara a cabo con testigos, pero al final aceptaron la autodeterminación de género sin condiciones y el Consejo de Ministros aprobó la norma en junio, coincidiendo con el Orgullo.

“Esta cámara hoy dice que los derechos trans son derechos humanos. Hoy tras mucho tiempo y años de tramitación difícil vamos a reconocerlo”, ha dicho Montero en los pasillos del Congreso pocas horas antes de la aprobación de la ley.

Además del cambio de sexo legal, la norma despliega un marco integral de medidas. Entre ellas, el fin del matrimonio obligado para parejas de mujeres que quieran filiar a sus hijos e hijas, la prohibición de las terapias de conversión, protocolos para las personas trans e intersexuales en el ámbito de la salud, la obligación de impulsar planes de igualdad LGTBI en las empresas de más de 50 trabajadores o el fomento de encuestas y estudios sobre la situación de las personas LGTBI.

Fuera se han quedado algunas cuestiones que reclaman varios partidos y los colectivos LGTBI, entre ellas, el reconocimiento a las personas no binarias, que no ha salido adelante por el voto en contra del PP, Vox y el PSOE.