La Comisión de Igualdad aprueba la Ley Trans y rechaza la enmienda del PSOE sobre los menores

La Ley Trans sigue su camino en el Congreso sin cambios en la autodeterminación de género de los menores trans. Aunque aún habrá oportunidades para modificar el texto, el primer examen que ha pasado la norma se ha saldado con 21 votos a favor, 14 en contra y una abstención en la Comisión de Igualdad y el rechazo de todos los grupos a la propuesta del PSOE de que los menores de entre 14 y 16 años deban pedir permiso al juez para cambiar su sexo legal.

La enmienda presentada por los socialistas únicamente ha logrado el apoyo de los diputados socialistas. Tanto Unidas Podemos como sus habituales aliados parlamentarios la consideran un retroceso respecto al texto que salió del Consejo de Ministros en junio, pero tampoco el Partido Popular, con quien el PSOE no se había cerrado a sacar adelante el cambio, la ha apoyado. Aunque las enmiendas pueden mantenerse vivas, los socialistas han confirmado que no volverán a presentar esta en concreto y asumen que la mayoría la ha tumbado.

Esto quiere decir que, en lo que respecta a la autodeterminación de género, la norma llegará al Pleno del Congreso como fue pactada en un principio: entre los 12 y 14 años, el cambio de sexo legal puede ser posible con aval judicial; entre los 14 y 16, con consentimiento de los progenitores y a partir de ahí, sin condiciones. La intención de los socialistas con su enmienda, finalmente rechazada, es que la fórmula escogida para los menores de 14 se extienda también hasta los 16.

La Comisión de Igualdad ha cerrado un texto con aportaciones de casi todos los partidos. El PSOE no ha logrado que su propuesta relativa a los menores sea respaldada, pero sí la que se refiere a la violencia intragénero, la que se da entre parejas del mismo sexo. Finalmente la norma no utilizará este concepto ni equiparará los derechos de las víctimas a las de violencia de género. Además, los grupos también han dado luz verde a la enmienda que propone estudiar a fondo el “sexilio”, el abandono de los pueblos de origen de personas LGTBI por este motivo.

La Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI continúa así su trámite, que parece que se alargará más de lo que se pretendía en un principio. La intención que mantenía el Gobierno es que estuviera aprobada a finales de año, pero todo apunta a que la luz verde definitiva no llegará este 2022. Aunque la idea inicial era que la Comisión de Igualdad enviara directamente al Senado el texto, finalmente será debatido en sesión plenaria, por lo que en la práctica se alargarán los plazos.

Los socios piden “facilitar” el trámite

La diputada socialista Raquel Pedraja ha justificado la propuesta socialista en que “nos importan las infancias trans y aportarles seguridad jurídica primando su interés superior” y ha querido mandar un mensaje a las personas LGTBI asegurando que “siempre nos tendrán a su lado”. Eso después de que este pasado sábado los colectivos salieran a la calle de forma unitaria para manifestarse contra su enmienda. La Ley Trans no solo es motivo de tensión entre los socios del Gobierno, sino que ha abierto una profunda brecha en el propio PSOE y el movimiento feminista.

Los aliados habituales del Gobierno han sido contundentes mostrándose contrarios al cambio, algunos incluso amenazando con no votar a favor de la ley si la enmienda acababa incorporándose. Ha sido el caso de Bel Pozueta, de Bildu, que ha asegurado que no apoyará “nada que conlleve ir hacia atrás en los derechos” y ha hecho un “llamamiento” a los socialistas para “facilitar” los trámites que quedan por delante. La diputada ha lamentado “el debate ideológico viciado” que rodea a la ley y que, a su juicio, “han impedido a la mayoría de la ciudadanía entender realmente su objetivo” mientras “los estereotipos y mentiras vertidos por algunos grupos y entidades han facilitado un clima de odio y violencia hacia las personas LGTBI”.

PNV, Junts o ERC se han mostrado también en contra de la enmienda socialista y han defendido la autodeterminación de género que avala la ley. Es “un elemento clave y básico para la vida de las personas”, ha asegurado el peneuvista Joseba Agirretxea, que ha lamentado el “largo y tortuoso camino” que ha atravesado el texto. La Ley Trans ha sido uno de los asuntos más difíciles de solventar para la coalición de Gobierno y ha abierto una profunda brecha también en el propio PSOE y en el movimiento feminista.

Por su parte, Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha defendido “el acuerdo de Gobierno” que pactó el Ministerio de Igualdad y la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ahora presidenta de la Comisión de Igualdad. “No entendemos que pueda existir en este proceso parlamentario retroceso alguno sobre el texto. El deber que tenemos es el de hacer mejores las leyes, nunca que vayan para atrás”, ha afirmado la diputada Sofía Fernández Castañón.

Las derechas, contra el “oscurantismo” del trámite

Las derechas, que ya intentaron en su momento tumbar la norma, han cargado duramente contra la misma y han lamentado “las prisas y trámites de urgencia a los que nos tiene acostumbrados el Gobierno”, en palabras de Sara Giménez, de Ciudadanos, para la que la ley “tiene lagunas de inseguridad jurídica”. También los populares discrepan de la forma en la que se ha desarrollado la tramitación. “Sin debate, rechazando la petición de comparecencias de expertos y de la sociedad civil”, ha afirmado la popular María Jesús Moro, para la que el Ejecutivo “profundiza en el oscurantismo” y “nada aprende de los errores de la ley del sí es sí”.

Sobre el contenido de la norma, la popular considera que la legislación traerá “problemas” como “el borrado del sexo biológico y los conceptos de madre o padre”, una argumentación en línea con lo que defienden algunos colectivos feministas contrarios a la ley. “La inseguridad jurídica a la que nos conduce va a dejar sin efecto las leyes aprobadas para luchar contra la violencia contra la mujer”, ha añadido la diputada, para la que no se trata de “una ley democrática” porque “opta por el deseo o la voluntad de la persona al margen del sexo biológico”.

Más dura en sus postulados ha sido Lourdes Monasterio, de Vox, que ha defendido que supone “un nuevo asalto a la Constitución” y directamente ha calificado de “trastorno” y “patología” la transexualidad. La parlamentaria ha acusado al Gobierno de “instrumentalizar a las minorías sexuales” para “imponer una gran mentira que trata de abolir la realidad del ser humano”. “La sociedad ha sido dividida entre machos y hembras, por mucho que ustedes se empeñen en cambiar la realidad, no lo pueden hacer”, ha asegurado.

Díaz y Montero aplauden el avance

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han coincidido en celebrar que la Comisión de Igualdad haya aprobado la norma. “Es una gran noticia que la Ley Trans y LGTBI avance en el Congreso consagrando nuevos derechos y protegiendo a las personas trans”, ha expresado la ministra de Trabajo en su perfil de Twitter. “Ya estamos más cerca. ¡Será ley!”, ha augurado.

Desde el Ministerio de Igualdad también han manifestado estar “satisfechos” por el resultado. La propia ministra, Irene Montero, ha señalado que se trata de “un paso más para su aprobación definitiva” y ha agradecido a “la mayoría parlamentaria feminista” su apoyo al texto.

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez también ha seguido la votación en el propio Congreso. En declaraciones a los medios, ha celebrado que la ley haya salido adelante “con todos los derechos que debían estar” y, principalmente, aquellos que tienen que ver “con las infancias trans”. A su juicio, la aprobación de la ley en comisión es “justicia” para el colectivo que “ha sufrido tanto odio” y para “los niños más pequeños que tienen vidas muy fastidiadas”.