La Fórmula 1 que no iba a costar “ni un euro”: Ayuso sigue la estela de Camps y su agujero de 300 millones

Ha quedado como una foto icónica de la corrupción y el despilfarro de la primera década del milenio en España: Francisco Camps al volante de un Ferrari descapotable azul, junto a Rita Barberá de copiloto y Fernando Alonso y Felipe Massa saludando a la afición desde los asientos traseros. Expiraba el año 2009, ni siquiera era un gran premio de Fórmula 1. Ferrari celebraba su gran fiesta en València, donde comparecía por primera vez Alonso como flamante fichaje de la escudería italiana. La crisis financiera ya arreciaba con fuerza mientras una parte de la política hacía todo lo posible por no darse cuenta. Que la Comunitat acabaría arruinada y teniendo que pedir un crédito para pagar las nóminas de los funcionarios se sabría años después. En el momento de la foto del Ferrari, la Generalitat y el Ayuntamiento, con sus máximos responsables a bordo del descapotable, apuraban el fin de fiesta de la burbuja inmobiliaria. Tras la Ciudad de las Artes de Calatrava había de llegar la Fórmula 1. El president Francisco Camps prometió que no costaría “ni un euro a los valencianos”.

Aquellos discursos de Camps y Barberá en 2007 coinciden punto por punto con los que repiten 18 años después otra presidenta y otro alcalde, también del PP y como aquellos, guarnecidos por sus cómodas mayorías absolutas. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida inciden igualmente en los beneficios que otro circuito urbano llevará a su región cuando desembarquen todas esas escuderías en la capital. Pese a los anuncios de austeridad, igual que en la Comunitat Valenciana también Madrid ha empezado el desembolso millonario. Los primeros pasos del Gran Premio que organizará la capital a partir del año próximo siguen un guion que sufrieron en sus carnes los valencianos y que derivó en una ruina de 300 millones de euros.

Contratos secretos y cláusulas confidenciales con dinero público

En la Comunitat Valenciana el capo de la Fórmula 1 entonces, Berni Ecclestone, puso una condición para celebrar los grandes premios allí: la continuidad del PP en el poder. Lo dijo sin ningún rubor en el inicio de campaña de las municipales de 2007. La mañana después de la pegada de carteles y aunque la Junta Electoral había ordenado retirar el logo de la Generalitat del acto público para no interferir en los comicios, Ecclestone tomó la palabra y dijo: “Hace dos años conocí a Camps y me enamoré de él, y luego conocí a la alcaldesa y me enamoré de ella. Nadie podría hacer mejor este trabajo por la Fórmula 1. Conmigo no van los nombres de las grandes ciudades, creo en las personas. Creo en las personas y siento comunicarles que, aunque el contrato está perfecto, no se firmará hasta después de las elecciones”.

Pero para que el circo de la Fórmula 1 eche a rodar, no solo hacen falta amistades políticas, también dinero, mucho dinero. Y en la Comunitat Valenciana acabó poniéndolo a través de una sociedad pública que finalmente asumió todos los costes, incluida la absorción de la empresa privada que en principio se iba a encargar de todo, Valmor Sport SL, con accionistas amigos de la cúpula del PP regional como el expiloto Jorge Martínez “Aspar”, el empresario Fernando Roig y la entidad Bancaja. Todo en la operación estuvo rodeado de oscurantismo porque además los primeros contratos se firmaron entre Formula One Administration, que manejaba las licencias de las pruebas, y la empresa privada Valmor Sport SL, creada para la ocasión y sin experiencia en la organización de pruebas deportivas e incluían cláusulas de confidencialidad que impedían conocer los números. Ni siquiera la oposición política pudo revisar la documentación, declarada secreta. Pero las pérdidas las acabó asumiendo la Generalitat a través de la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva SAU. La oposición calculó que en los cuatro años que se celebraron otros tantos grandes premios se esfumaron más de 300 millones de dinero público. Pese a la opacidad que rodea a la Fórmula 1, acabaron aflorando algunos números: el canon que se pagó a Ecclestone empezó siendo de 19 millones en 2009 y subió hasta 27 millones en 2012.

La vuelta de la competición automovilística a Madrid 45 años después de la última carrera en El Jarama también está envuelta en esa misma opacidad. El circuito urbano bautizado como Madring discurrirá en el entorno de Ifema, consorcio público-privado que gestiona el principal centro de congresos de la capital, al que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento aportan un 62% de su financiación (la mitad cada administración), beneficios operativos al margen. Pese a reiterados requerimientos de los partidos de la oposición madrileña, de la prensa o de entidades vecinales, el acuerdo entre Ifema y las sociedades Formula One Marketing Limited y Formula One World Championship Limited (equivalentes actuales a Formula One Administration) no ha sido publicado y se desconocen sus pormenores.

El modelo de Ifema no solo camufla el origen parcialmente público de la financiación del Gran Premio, al no partir directamente de los Gobiernos de Ayuso y Almeida, sino que permite ejecutar las contrataciones con menos transparencia que si los procesos fueran desarrollados por el Ejecutivo municipal o el autonómico. Ifema tampoco ha compartido ni detallado, ante las solicitudes de este periódico, el estudio económico de la consultora Deloitte según el cual la cita deparará unos ingresos anuales “superiores a los 450 millones de euros” en la región, con un impacto en la creación de los puestos de trabajo estimado en “más de 8.200 empleos”. De la metodología empleada para estas estimaciones o las fuentes a partir de las que han llegado a prever tales cifras tampoco se conocen detalles.

El proyecto, que redefine el modelo de Ifema, ha supuesto ya un gasto de 136 millones de euros: 51 millones para erigir los nuevos pabellones; 83,2 millones para construir el circuito de Madring; un millón por los servicios jurídicos asociados a los contratos con la Fórmula 1 (gasto del que solo computa por el momento el primer ejercicio, pero que será anual) y otros 700.000 euros por el servicio de calidad de contraste para la ejecución de obras. Y el porcentaje de fondos públicos todavía podría aumentar, puesto que la Fundación Montemadrid (también conocida como Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid) aprobó en septiembre abandonar el accionariado de la entidad por su oposición a la Fórmula 1. Este organismo aportaba hasta un 7% de los fondos del consorcio. A ello hay que añadir la inversión directa del Gobierno de Ayuso en acciones promocionales. En 2023, para impulsar el anuncio de la llegada del Gran Premio a Madrid, la Comunidad de Madrid gastó 200.000 euros en el patrocinio de un acto de Red Bull en Madrid, con un circuito urbano en Cibeles. El Ejecutivo autonómico canceló una acción similar en la Puerta del Sol el pasado octubre, a la que iba a destinar otro patrocinio valorado en 120.000 euros.

Todo ello pese a la insistencia de Ayuso, Almeida y sus equipos por negar el uso de fondos públicos para espantar el fantasma pasado de Valencia. Alcalde y presidenta se excusan con declaraciones que remiten irremediablemente a las de Camps: “Si la Fórmula 1 la pagaba Ada Colau [en referencia al Gran Premio de Barcelona-Catalunya en Montmeló] es perfecto (...) pero si a los madrileños no les cuesta un euro de dinero público es fascista”, aseveró el alcalde de la capital en abril. Todo ello después de que la portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, le recordase los “300 millones” de agujero que dejó el circuito de València.

En Ifema ya han saltado las primeras señales de alarma. No solo por los dos años de pérdidas que, según fuentes municipales, el Gran Premio causará en la sociedad que gestiona el palacio de congresos y exposiciones (por la inversión en obras y la pérdida de nichos de negocio como la organización de festivales de música). Más notorio si cabe es que, según su balance de cuentas publicado el 31 de diciembre de 2024, el consorcio público-privado calcula un posible impacto negativo a sus cuentas que se puede elevar hasta 270 millones de euros si se produjera algún tipo de incumplimiento en el contrato firmado con la organización de las carreras. Según dicho informe, al final del periodo contratado (en el año 2036, pues el acuerdo es por diez años), la entidad garantiza que se producirían “resultados positivos”. Fuentes de Ifema preguntadas por este periódico sostienen que, de acuerdo a sus estimaciones actuales, “los ingresos derivados de la ejecución de este proyecto serán suficientes para soportar los compromisos económicos del mismo”. Semejantes previsiones también están en las hemerotecas valencianas.

Unos compromisos que aumentan mientras no se cierran inversores con los que mitigar el impacto financiero de la gestión del evento, más allá de las zonas VIP. “Es verdad que sacamos el contrato de gestión y debido básicamente a la cantidad de cláusulas adicionales que pusimos no hemos encontrado a la empresa que quiera inicialmente la transmisión de ese riesgo”, declaró la concejala delegada del área de Hacienda, Engracia Hidalgo. El único acuerdo cerrado hasta el momento es con la multinacional suiza Match Hospitality. Se encargará de diseñar, construir y comercializar las zonas reservadas en el paddock del Gran Premio entre 2026 y 2036 con una inversión total de 400 millones de euros. Como ya hace en otras carreras del calendario, se ocupará de generar los paquetes turísticos, organizar caterings o coordinar los accesos a estas zonas reservadas, entre otras funciones. Conviene apuntar que esta millonaria aportación no repercute en una compensación de otros gastos de Ifema, solo reduce sus gastos al no tener que invertir en las tareas mencionadas. Es lo que buscan para la construcción del circuito y otras muchas inversiones de calado por afrontar, por el momento sin éxito.

Declaración de interés público y planes especiales para agilizar las obras

Ambos gobiernos, tanto el de Camps en la Comunitat Valenciana como el de Madrid, han recurrido a maniobras administrativas para agilizar plazos. En el caso de la Generalitat, a través de la declaración de interés público del evento para acelerar los permisos y saltarse trámites para acelerar las obras. La aventura arrancó con el decreto 15/2008 aprobado el 8 de febrero de 2008 por el gobierno que presidía Francisco Camps y que regulaba las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en la capital. Básicamente, suponía declarar de “interés general” todas las obras, proyectos, actividades e iniciativas de cualquiera naturaleza, ya fuesen públicas o privadas, a realizar con ocasión de la prueba deportiva, autorizar el procedimiento excepcional para las expropiaciones y la tramitación de urgencia de los órganos de contratación, así como eximir de la obligación de obtener permisos de actividad y licencias urbanísticas y la aplicación. En otras palabras, vía libre para expropiar, construir y adjudicar contratos sin pasar por los trámites ordinarios de la administración.

En Madrid, las obras echaron a rodar (talas mediante) con una ampliación de la superficie urbanizable de Ifema por valor de 51 millones de euros, amparada en un plan especial elaborado para la ocasión por el Ayuntamiento (con el concejal de Urbanismo y mano derecha de Almeida, Borja Carabante, como gran valedor). Aunque los trabajos incluyen un aparcamiento y tres pabellones en los que se instalarán talleres o los paddocks, Ifema no incluye este presupuesto en el dirigido específicamente al Gran Premio. El PSOE de Madrid considera “ilegal” esta actuación al desviar una vía pecuaria, la Vereda de los Leñeros, con ese plan especial. Creen que “no hay espacio suficiente” y que este hecho exigiría modificar el Plan General de Ordenación Urbana, un procedimiento imposible de completar en los meses que quedan para el Gran Premio.

Denuncias ante la Justicia de la oposición

También el PSOE, en este caso el valenciano, acabó presentando una extensa denuncia de centenares de páginas en la Fiscalía, donde se detallaban todo tipo de delitos contables de los socios privados de la Generalitat y se acusaba de prevaricación a los promotores políticos de la Fórmula 1, que finalmente acabó archivada. El escándalo llegó al punto de que el gabinete de Camps empujó a Canal Nou a firmar un contrato para retransmitir una carrera cuyos derechos tenía La Sexta y que llevó a la cadena autonómica a acabar pagando 16 millones de euros por su renuncia a dar el Gran Premio en directo.

En abril, Más Madrid llevó el polémico plan especial del equipo de Almeida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y elevó un recurso contencioso-administrativo. Las motivaciones del partido de Rita Maestre estaban centradas en las “graves deficiencias en el proceso de aprobación” del plan especial, así como en los “significativos impactos negativos” que tendrá sobre la ciudad. En particular, sobre los vecinos de los distritos más afectados por las obras o el funcionamiento del circuito, Barajas y Hortaleza. El juzgado rechazó las cautelares, aunque fue admitido a trámite y continúa su periplo legal. Además, la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo del TSJM estudia desde mayo otro recurso interpuesto contra el plan especial por la Plataforma Ecología Madrileña y requirió al Gobierno municipal que remita el expediente administrativo del proyecto. A los argumentos de Más Madrid en su propio procedimiento, la Plataforma Ecologista añade que los trabajos de construcción en el entorno de Ifema “están destruyendo buena parte de los humedales existentes en la parcela norte, entre la calle de Francisco Umbral y la avenida de Alejandro de la Sota”.

El proceso de construcción de Madring tampoco ha estado exento de contratiempos. Importantes compañías que se presentaron a la licitación, como FCC, Ferrovial y Sacyr, se retiraron en etapas posteriores, algunas después de manifestar que los plazos temporales de ejecución de las obras estaban “muy ajustados” (aunque Ayuso sostiene ahora que van “más rápido de lo esperado”). Además, Más Madrid solicitó igualmente al TSJM la suspensión cautelar de las obras con otro recurso. Lo reclaman por el importante impacto sonoro asociado al proyecto y por considerar un fraude de ley que el Ayuntamiento de la capital haya tramitado como licencia temporal la de una infraestructura pensada para albergar al menos diez años de carreras, con algunos elementos permanentes aunque otros se desmonten durante varios meses. Un permiso de estas características reduce los requerimientos técnicos y permite agilizar trámites, aunque debe estar debidamente acreditado. De nuevo, el TSJM ha rechazado por el momento las medidas cautelares, pero el recurso de Más Madrid sigue su curso.

Viajes presidenciales a grandes premios de otros países

El pasado octubre, coincidiendo con su cumpleaños (que Ayuso ha pasado los dos últimos años en Estados Unidos), la presidenta viajó a Texas para asistir en persona al Gran Premio de las Américas. La dirigente madrileña estuvo en la zona de las escuderías, recibió unos guantes firmados por el piloto madrileño Carlos Sainz jr. (cuya figura de embajador de Madring remite a la de Fernando Alonso en València) y justificó el viaje institucional para “conocer de primera mano” cómo se organiza una prueba de estas características. Tuvo tiempo de conceder pequeñas entrevistas a medios deportivos, incluido Dazn, la cadena que cuenta con los derechos de retransmisión de las pruebas y a quien dejó unas declaraciones sobre el buen ritmo al que avanzan las obras para el circuito madrileño.

También se vio con el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. Figura mucho más comedida que Ecclestone, sus elogios a las administraciones madrileñas han levantado menos ampollas, aunque han sido igual de firmes: “Estamos muy contentos con lo que Madrid está ofreciendo. Madrid llegó con una propuesta seria y es un buen lugar para ir”, aseguró Domenicali el pasado año, durante la presentación del Banco Santander como nuevo patrocinador la Fórmula 1. Un apoyo que compagina con buenas palabras también hacia el Gran Premio de Montmeló, cuya inclusión en el calendario está en entredicho a partir de 2027: “Estamos muy contentos con lo que siempre ha hecho Barcelona y lo que está haciendo de cara al futuro”.

La oposición ha pedido los gastos de las facturas de Ayuso y ha cuestionado la utilidad de esas visitas. También eso sucedió en la Comunitat Valenciana en tiempos de Camps, cuando el president cargó todo tipo de gastos suyos y de la expedición que lo acompañaba a los diferentes destinos vinculados a la Fórmula 1. Informes policiales recopilaron gastos de un vuelo a Londres con el único motivo de cenar con Ecclestone, y facturas de otros acompañantes en el mismo restaurante británico. En los expedientes constan media docena de viajes de ese tipo. Hay incluso facturas de hoteles a los que no se presentaron los huéspedes, como los 2.317 euros que se pagaron en 2011 por dos habitaciones durante dos noches en un hotel de lujo de Jérez que el president ordenó reservar para poder acudir al Gran Premio de Motociclismo y al que decidió no viajar a última hora. Las reservas, para él y su personal de confianza, las acabó pagando la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva SAU.

El procesamiento de Camps acabó con la aventura de la F1

Los contratos para acoger nuevas pruebas no se renovaron porque la prórroga que Camps intentó firmar con el patrón del negocio y para entonces amigo suyo, Bernie Ecclestone, en julio de 2011 para organizar más grandes premios a partir del año siguiente fue considerado nulo por los servicios de Intervención de la Generalitat. Camps lo tramitó la víspera de ser procesado en la causa de los trajes, en la que finalmente salió absuelto. El Gobierno que lo sustituyó se negó a ratificar el contrato y los monoplazas ya no regresaron a Valencia.

Este historial, unido a la celeridad y las dudas del proceso, explica que ahora en Madrid surjan conflictos políticos, judiciales e internos dentro de Ifema. También una fuerte contestación vecinal, estructurada a través de la Plataforma Stop F1 Madrid. Las talas, el ruido, el “despilfarro de fondos públicos” o el “lucro directo de promotores privados gracias al precio desorbitado de las entradas” (de las que todavía quedaban 30.000 sin vender después de que Ayuso asegurara que se despacharon “en dos minutos”) provocan que cientos de residentes duden de que el Gran Premio genere beneficios en sus barrios. “Tal vez la Justicia sea lenta, pero estoy bastante seguro de que un campeonato mundial en mitad de un barrio residencial no tiene ningún sentido legal”, afirmaba en declaraciones a este diario Ricardo Ayala, abogado que colabora con la asociación vecinal. Un sinsentido que, para muchos, tiene un precedente evidente a poco más de 300 kilómetros.

Por donde un día circularon los bólidos de Alonso y Hamilton en otro megaevento que prometía llevar riqueza a toda la región, hoy se extiende un asentamiento interminable de chabolas que no para de crecer. Tampoco dejó de hacerlo la factura de aquella Fórmula 1 que no iba a costar ni un euro a los valencianos y que alcanzó más de 300 millones de euros y deudas que todavía se mantienen trece años después del último gran premio... La última, de 45 millones de euros que el Ayuntamiento de la capital tiene que pagar todavía a la Generalitat.