A un mes para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, la última macroencuesta de la Junta sobre intención de voto, publicada este martes, afianza al PP de Juan Manuel Moreno como el claro ganador de los comicios, con un 42,8% del escrutinio, el doble que el PSOE de María Jesús Montero (21%). Los populares rondan la mayoría absoluta [55 escaños], manteniéndose en la horquilla de 54 a 57; mientras los socialistas perforan su actual suelo electoral (30 diputados), bajando hasta 26 o 27 escaños.

El primer barómetro trimestral del año (marzo 2026) de la Fundación de Estudios Andaluces (Centra), y el último antes de las elecciones autonómicas, remata el histórico de sondeos publicados a la largo de esta legislatura: el bloque conservador se mantiene firme o crece gracias al impulso de la ultraderecha; mientras que el bloque progresista permanece estancado.

Según el llamado 'CIS andaluz', el PP convence a más electores que hace tres meses, cuando se publicó el anterior sondeo (la horquilla quedaba por debajo de la mayoría absoluta: de 53 a 55 escaños), mientras el PSOE se recupera levemente, pero sigue muy rezagado (en diciembre estaba entre 25 y 28 diputados). El barómetro de diciembre de 2025 era el primero tras el escándalo de los cribados de cáncer de mama, y recogía por primera vez un desgaste abrupto de Moreno en intención de voto.

La encuesta de este lunes vuelve a mostrar a Vox muy consolidado como tercera fuerza del Parlamento, con el 15% de los sufragios, y aumentaría de los 14 escaños actuales hasta los 17 o 20. Es la primera encuesta desde que el partido ultra ha confirmado como candidato a las andaluzas a su portavoz, Manuel Gavira, y sus expectativas experimentan por primera vez un retroceso de 2,5 puntos desde el sondeo de diciembre, cuando llegaron a rozar los 22 diputados.

El partido de Santiago Abascal crece, pero experimenta una desaceleración que ya dio la cara en anteriores sondeos. Esta posición resta fuerza a la idea del sorpasso al PSOE como segundo partido en algunas provincias andaluzas y también brinda a Moreno la posibilidad de revalidar la mayoría absoluta, su gran objetivo. La encuesta se realizó tras las elecciones de Extremadura (diciembre 2025) y Aragón (febrero 2026), donde el PP obtuvo mayorías insuficientes y Vox condiciona la gobernabilidad de estos territorios, donde aún no se ha investido presidente.

El cuarto lugar lo ocuparía la coalición Por Andalucía que encabeza el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, con el 7,8% de los votos, que lograría entre cinco y seis representantes en el Parlamento (los mismos o uno más de los que tiene ahora).

Adelante Andalucía, en quinto lugar, alcanzaría el 6,3% de los apoyos, que le serviría para atornillar a sus dos diputados o sumar uno más. La coalición que lidera Maíllo, una vez ha integrado a sus socios de Podemos, avanza levemente en intención de votos, pero esto no se traduce en muchos más escaños. El CIS oficial publicado hace unos días analizaba el peso del partido morado, si se presentaba en solitario, y no llegaba al 1% del escrutinio en intención de voto directa.

Por bloques, las dos derechas acaparan el 57,8% del escrutinio, frente al 35,1% que suman las tres formaciones de izquierdas con opciones a lograr representación en el Parlamento.

Sin impacto del 'No a la guerra'

La macroencuesta, con 3.600 entrevistas, se realizó entre el 27 de febrero y el 12 de marzo, con un error muestral para el total de la muestra del ±1,63% para el 95%, aunque los márgenes de error superan el 5% en algunas provincias, como Almería y Huelva.

Si en el anterior sondeo, de diciembre, la intención de voto castigaba a Moreno por la gestión de la crisis de los cribados (que le forzó a cesar a la consejera de Salud y toda su cúpula), en ésta ocurre justo lo contrario: el presidente y candidato popular recupera fuelle en un sondeo realizado poco después del 28 de febrero (Día de Andalucía), tras el accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 46 muertos y docenas de heridos, y del tren de borrascas que golpeó la comunidad. En ambos sucesos, la gestión de Moreno fue aplaudida.

La encuesta también coincide con un contexto geopolítico bélico, con los ataques de Estados Unidos a Irán, las amenzas de Donald Trump, el temor de la Unión Europea, el cierre del estrecho de Ormuz, el encarecimiento del precio del petróleo y la subida de la cesta de la compra. La bandera del 'No a la guerra', a la que se aferra el PSOE para movilizar al electorado de izquierdas, no parece ser una pulsión entre el votante progresista en las próximas andaluzas.

La sanidad, principal problema de los andaluces

En términos generales, la gestión de Moreno como presidente de la Junta se califica como buena o muy buena por el 45,7% de los andaluces, siendo el líder político andaluz más conocido en un 94,9%, el segundo más valorado con 5,46 puntos, y el preferido para gobernar para cuatro de cada diez encuestados (39,9%). María Jesús Montero, que en el momento de la encuesta aún era vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, también tiene un índice de popularidad muy alto (88,9%), pero es la peor valorada de todos los candidatos (3,74).

Por detrás del popular y la socialista están Antonio Maíllo, conocido por el 56% de encuestados, y con 4,83 puntos de valoración; Manuel Gavira (21,7% / 4,08 puntos), José Ignacio García de Adelante Andalucía es el que mejor valorado, con 5,56 puntos, pero su índice de conocimiento entre los andaluces es muy bajo: 15,4%. El Centra también pregunta por José Antonio Delgado, el candidato de Podemos a las andaluzas antes de integrarse en Por Andalucía, que obtiene un porcentaje de conocimiento del 10,6% y 4,68 puntos de valoración.

Tampoco ha variado la tendencia respecto al sondeo del Centra del pasado diciembre, donde la sanidad aparece como el principal problema de los andaluzas. El 21,8% de los encuestados lo sitúa por encima del paro (21,5%), el primer déficit de Andalucía desde hace décadas, y las dificultades para acceder a una vivienda (21,6%). El 18,7% identifica el deterioro de la sanidad pública como lo que más le afecta en su vida personal, y el 14,2% la vivienda.

Los encuestados insisten en que el PSOE, pese a puntuar bajo en intención de voto, es el partido que más simpatía les despierta, pero creen que el PP es el más capacitado para solucionar los problemas de Andallucía (18,5%), casi empatados con los socialistas (18%).

El CIS oficial

Ésta es la segunda macroencuesta de intención de voto que se publica desde que Moreno disolvió el Parlamento y convocó las elecciones, el pasado 23 de marzo. Hace poco más de una semana, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lanzó otro sondeo, con 6.000 entrevistas, que vislumbraba una victoria aún más rotunda de los populares: en intención directa de voto, el 32,1% elegía la papeleta del PP, diez puntos por delante del PSOE, con un 22%; Vox con un 8,8%; Adelante Andalucía se imponía a la coalición de Maíllo, con un 7,7%; seguida de Por Andalucía, con un 5,8%; Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del agitador ultra Alvise Pérez, con un 1,3%; y Podemos, con un 0,5% (en ese momento el partido morado aún no se había reintegrado con sus socios de izquierdas).

A falta de seis días para las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León todas las encuestas dan como ganador al Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco. Victoria 'popular', pero con un Vox rondando o ligeramente por encima del 20% de los votos, lo que dejaría al candidato Carlos Pollán en mejor posición que en 2022 para negociar la investidura. Por bloques ideológicos, la derecha sumaría entre 48 y 51 escaños, superando con holgura la mayoría absoluta fijada en 42 procuradores en las Cortes de Castilla y León. El PP volvería a necesitar de un pacto de gobierno para firmar una coalición y parece estar condenado a entenderse con Vox como en 2022.

Según el promedio de las últimas publicaciones —este lunes 9 de marzo es el último día para publicarse encuestas según la LOREG— sobre las elecciones autonómicas en Castilla y León —excluyendo el barómetro del CIS por su amplia horquilla de resultados—, el Partido Popular se mantendría como primera fuerza política, con algo más de un tercio del voto, en torno al 33-36%, lo que podría traducirse aproximadamente en 32 o 33 escaños en las Cortes autonómicas —la mayoría absoluta es de 42 procuradores—.

Una de las dudas que arrojan las encuestas es si Mañueco anotará el peor resultado del PP en la Comunidad, ya que las proyecciones muestras que su porcentaje de votos caerá del 31,4% que obtuvo en 2022. Estas cifras también le dejarían por debajo de sus compañeros de Aragón y Extremadura, donde Azcón obtuvo un 34,17% y Guardiola un 43,11%. Aun así, serían las segundas elecciones que el salmantino ganaría, habiendo perdido las de 2019 contra el PSOE de Luis Tudanca, aunque el pacto con Ciudadanos consiguió retener el Ejecutivo autonómico.

El PSOE de Carlos Martínez aparecería en segunda posición con cerca del 29-30 % de los sufragios, resistiendo mejor en Extremadura o Aragón, una cifra que en la proyección de escaños se movería alrededor de 26 o 27 procuradores y próxima los 28 representantes que obtuvo en 2022 con cerca del 30% de los votos. El alcalde de Soria aguantaría el envite y el desgaste de los socialistas que se ha podido ver en las comunidades vecinas con el PSOE de Extremadura con el 25,76% y el de Aragón (24,37%), en sendas comunidades la caída fue de 14,14 y 5,18 puntos, respectivamente. El efecto 'no a la guerra' que han enarbolado Pedro Sánchez y Carlos Martínez también podrían jugar a su favor.

Vox sería la formación que sale más reforzada de las encuestas, si el resultado se materializa. Vox sube del 17,6% de 2022 al 20,8%, para alcanzar entre 16 y 20 escaños, cuando ahora tiene 13. En Castilla y León la subida se moderaría ya que no se verán datos como los de Extremadura donde pasó del 8,13% al 16,9%. Al Partido Popular le tocará negociar con un Santiago Abascal que ya ha puesto una primera condición: Mañueco se tendrá que disculpar por decir que a Vox le gustaría “tirar seres humanos al mar”.

La Unión del Pueblo Leonés se movería en torno al 4-5 % de los apoyos, suficiente para lograr entre tres y cuatro representantes, lo que supondría crecer respecto a 2022. León, provincia donde obtendrían toda la representación, es clave para determinar el resultado en el resto de comunidad: los incendios de este verano pesan ante el descontento con los dos partidos que gobiernan la Junta y el gobierno de la nación.

En el caso de las plataformas provinciales, Soria ¡Ya! podría alcanzar alrededor de un 1 % del voto, con uno o dos escaños, perdiendo por el camino un representante. Por Ávila rondaría también en torno al 1 %, con Pedro Pascual repitiendo como procurador.

En el espacio de la izquierda alternativa, las candidaturas vinculadas a la coalición de Izquierda Unida-Sumar se situarían alrededor del 3-4 %, con opciones de lograr un escaño o quedarse fuera de la Cámara dependiendo del reparto provincial. Podemos se quedaría fuera al pronosticar el 2–3% de los sufragios.

40dB para El País: victoria del PP con Vox reforzado

El barómetro elaborado por 40dB para El País y la Cadena SER, publicado el 9 de marzo, recoge la tónica general de las encuestas: sitúa al PP en cabeza con un 31,1% del voto y entre 28 y 33 escaños. El resultado sería muy similar al de 2022, cuando los populares obtuvieron 31 procuradores, e incluso podría llegar a darse en uno de los porcentajes más bajos del partido en unas autonómicas en la comunidad.

El PSOE aparece en segundo lugar con el 28,4% y entre 24 y 26 escaños, lo que supondría una caída moderada respecto a los 28 actuales. En paralelo, Vox sería el partido que más mejora, con un 20,8% del voto y una horquilla de entre 16 y 20 procuradores, frente a los 13 que consiguió hace cuatro años.

Tras las tres principales fuerzas, el sondeo sitúa a Unión del Pueblo Leonés con cuatro escaños, mientras que Soria ¡Ya! podría quedarse en dos representantes y Por Ávila mantendría un procurador. En el espacio de la izquierda alternativa, candidaturas vinculadas a Izquierda Unida se quedarían al borde de la representación, con opciones de lograr un escaño o quedarse fuera.

GAD3 para ABC: crecimiento conjunto de PP y Vox

Una lectura similar ofrece la encuesta de GAD3 para ABC, también publicada el 9 de marzo. Según este estudio, el PP subiría hasta entre 33 y 34 procuradores con el 34,8% de los votos, mejorando su resultado de 2022.

El PSOE se movería en una horquilla de 26 a 29 escaños, con cerca del 28,6%, mientras que Vox alcanzaría entre 16 y 18 procuradores y se acercaría al 20% del voto. El sondeo señala que el bloque de la derecha consolidaría su mayoría en las Cortes, aunque, de nuevo, el PP dependería de Vox para poder formar gobierno.

Este sondeo la UPL mantendría sus tres procuradores, Soria ¡Ya! obtendría uno y por Ávila se cae de las Cortes al perder su representación. La izquierda alternativa se quedaría fuera de las Cortes.

Sigma Dos para El Mundo: Vox se acerca al 20%

La encuesta de Sigma Dos para El Mundo también dibuja un escenario en el que el PP gana con claridad, pero sin margen para gobernar en solitario. El estudio sitúa a los populares entre 31 y 34 escaños, mientras que el PSOE se quedaría entre 26 y 28. En este sondeo Vox rozaría el 20% del voto y podría alcanzar hasta 17 procuradores. El estudio señala que ese crecimiento refuerza su papel como actor decisivo en la investidura.

La Unión del Pueblo Leonés alcanzaría entre tres y cuatro procuradores, mientras que las candidaturas de Izquierda Unida se moverían en torno al límite del 3-4 % del voto, con posibilidades de conseguir un escaño o quedarse fuera del Parlamento.

Por su parte, Podemos quedaría en torno al 2-3 %, sin opciones claras de representación. Entre las plataformas provinciales, Por Ávila obtendría un procurador, mientras que Soria ¡Ya! podría lograr entre uno y dos escaños

GESOP para El Periódico: estabilidad del PP y subida de Vox

El sondeo elaborado por GESOP para El Periódico y La Opinión–El Correo de Zamora sitúa al PP con entre 29 y 32 escaños y un 29,6% del voto, un resultado prácticamente idéntico al de los últimos comicios.

El PSOE obtendría entre 26 y 29 procuradores, mientras que Vox crecería hasta situarse en torno al 20% del voto y entre 16 y 19 escaños. También en este caso la conclusión es similar: la suma de las derechas permitiría formar gobierno, pero el PP necesitaría a Vox para hacerlo.

La UPL obtendría tres escaños, repitiendo la cifra de 2022, mientras que Soria ¡Ya! perdería fuerza bajando hasta un único o dos representantes como mucho debido a la influencia del candidato del PSOE, el soriano Carlos Martínez. Por Ávila repetiría resultado con un procurador.

En la izquierda alternativa, la coalición de IU de Juan Gascón obtendría un procurador dejando fuera a Podemos.

NC Report para La Razón: el PP mejora, pero lejos de la mayoría absoluta

La encuesta de NC Report para La Razón, publicada el 2 de marzo, muestra a un PP algo más fuerte. El sondeo le concede entre 32 y 33 escaños y el 35,6% del voto. El PSOE quedaría con entre 26 y 27 procuradores, mientras que Vox obtendría entre 15 y 16 escaños, estando por debajo del 20% y ganando solo 0,3 puntos porcentuales respecto a 2022. En este escenario, la suma de ambas formaciones alcanzaría entre 47 y 49 parlamentarios, por encima de la mayoría absoluta.

La UPL mantendría sus tres asientos, Soria ¡Ya! bajaría hasta dos procuradores y Por Ávila repetiría su único escaño. IU-Sumar obtendrían un representante quedando Podemos fuera del arco parlamentario.

Sigma Dos para CyLTV: el PP gana con holgura pero depende de Vox

El barómetro de Sigma Dos para Castilla y León Televisión (CyLTV) apunta igualmente a una victoria del PP con entre 32 y 35 procuradores y el 35,5% del voto. El PSOE se situaría entre 26 y 28 escaños, mientras que Vox crecería hasta los 14 o 16. El estudio subraya que, incluso en los escenarios más favorables para el PP, los populares seguirían necesitando a Vox para garantizar la investidura.

UPL podría mantener los tres representantes o sumar uno más. Soria ¡Ya! bajaría hasta un único escaño y Por Ávila se mantendría. IU estaría entre quedarse fuera y un único procurador, quedándose Podemos fuera.

El CIS plantea un escenario más abierto

La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada el 20 de febrero, fue la única que dibujó un escenario más ajustado. El organismo pronosticó entonces un empate técnico entre PP (33,4%) y PSOE (32,3%), con amplias horquillas de escaños para ambos partidos. Aun así, el propio sondeo apuntaba a la misma conclusión que el resto de estudios: la gobernabilidad dependería del papel de Vox.

IU-Movimiento Sumar-VQ, con una estimación de voto del 5,1%, obtendría entre 0 y 4 escaños, mientras que UPL estaría entre los 2 y 4 escaños. La intención de voto para Soria Ya y Por Ávila es del 0,7%, lo que les daría entre 0 y 1 escaño, mientras que Por Ávila, mantendría su escaño. Podemos-Alianza Verde, con una estimación de voto del 3,1% no conseguiría escaño, y saldría de unas Cortes.

Los catalanes tienen una percepción distorsionada sobre la inmigración, al menos sobre la cantidad de personas migrantes que hay. En concreto, la creencia es que las personas nacidas fuera de España superan el 35%, cuando la realidad es que son el 25,1%, según el padrón. Hay, por tanto, una sobreestimación del 39% en el número de inmigrantes, tal y como recoge una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió en el que toma el pulso a diferentes cuestiones relacionadas con la sociedad y las políticas públicas.

La percepción exagerada sobre el número de inmigrantes no es nueva, sino que se viene detectando en todas las encuestas de este tipo desde que se comenzaron a realizar, en el año 2023. Sin embargo, en la publicada este jueves sí se observa una novedad: un 40% de los encuestados creen que los inmigrantes son más de la mitad de la población. Nunca antes esta distorsión había sido tan grande, lo que apunta a una suerte de radicalización de la percepción. Hace dos años, por ejemplo, quienes creían que más de la mitad de la población era nacida fuera solo suponía el 16% de los encuestados.

Esta percepción se acompaña de una opinión cada vez menos favorable a la inmigración, aunque la tendencia solo es ligeramente a la baja. Por ejemplo, que la inmigración es positiva para la economía sigue siendo una afirmación con apoyo mayoritario, del 6,2 sobre 10, y solo cae dos décimas respecto a años anteriores. Algo parecido ocurre cuando se pregunta en relación entre las personas nacidas fuera del Estado y la cultura y la convivencia, donde sigue obteniendo notas positivas aunque más discretas que en anteriores encuestas.

Los cambios también son menores cuando se pregunta por la posibilidad de que un hijo mantenga una relación amorosa con personas de procedencia diversa. Cerca de dos tercios asegura que no tendría problemas para aceptar ese romance si se tratase de una persona negra (64% de aceptación), latina (62%) o de Asia oriental (67%). Tampoco con alguien gay, lesbiana o bisexual (67%).

Sin embargo, el porcentaje de aceptación cae drásticamente cuando se trata de una persona procedente del Magreb, lo que supondría rechazo en el 48% de los encuestados, contra un 38% de aceptación. Además, esta situación sí ha empeorado y este año, por primera vez, más encuestados la valoran negativamente. Una relación con una persona transexual tendría más aceptación, aunque solo del 47%. En el caso de tratarse de una persona gitana, la aprobación aún es menor, del 43%.

La unión en una misma candidatura electoral de las fuerzas de la izquierda confederal y la soberanista, tal y como propone el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, amenaza la mayoría absoluta de las derechas que auguran desde hace meses la mayoría de las encuestas. En el caso de celebrarse ahora unas elecciones generales y siempre que las actuales fuerzas de Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG concurrieran juntas, la alianza obtendría entre 58 y 63 escaños, según un sondeo elaborado por Ateneo del Dato para elDiario.es.

Ese hipotético grupo se colocaría así en una situación cercana al empate técnico con Vox, que obtendría entre 65 y 71 escaños. Así, siempre según ese escenario, el PP lograría entre 111 y 115 escaños por lo que la suma de las derechas alcanzaría entre 176 y 186 parlamentarios. En la horquilla más baja PP y Vox llegarían, por tanto, justos a la mayoría absoluta de 176 escaños.

Tras encuestar a 2.000 personas entre el 18 y el 22 de febrero, Ateneo del Dato ha planteado cuatro escenarios distintos en función de las diferentes alianzas que podrían darse en la izquierda. En la primera hipótesis la empresa demoscópica refleja los resultados electorales que se darían en la situación actual, es decir, con los partidos de Sumar en una candidatura, y Podemos, ERC, EH Bildu y BNG, cada uno por su lado. Un segundo planteamiento refleja la composición del Congreso que se daría con la reedición de la coalición de Sumar de 2023, es decir, la que unió a los partidos de la candidatura de Yolanda Díaz con Podemos. En tercer lugar, la encuestadora dibuja el resultado que se daría con el citado proyecto sugerido por Rufián, con candidaturas conjuntas de Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG en las distintas circunscripciones. Y finalmente refleja cómo quedaría la Cámara Baja si van juntos PSOE, Sumar y Podemos.

En caso de celebrarse ahora unas generales solo la tercera opción, la de la unión de todas las izquierdas a la izquierda del PSOE, estaría en condiciones de competir con la suma de PP y Vox. Y el escenario más perjudicial para la izquierda sería que todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE concurrieran por separado.

Con ese planteamiento, el PP ganaría las elecciones con el 29,4% de los votos, 3,7 puntos menos que los cosechados en las generales de 2023. Se situaría, así, con entre 118 y 121 escaños, lejos de los 137 actuales. El PSOE también perdería apoyo respecto al 23J y se quedaría con el 27% de los sufragios frente al 33,7% de hace tres años con un reparto de entre 106 y 109 parlamentarios frente a los 121 de la actualidad. Vox, en cambio, se dispararía, doblando el número de escaños. Frente a los 33 diputados que logró en las últimas generales, la extrema derecha alcanzaría entre 73 y 77, siempre según el sondeo de Ateneo del Dato, que otorga a Vox un 20,3% de los votos (en 2023 obtuvo el 12,4%).

Sumar, que concurriendo junto a Podemos hace tres años obtuvo el 12,3% de los apoyos, ahora en solitario se quedaría únicamente con el 7,2% de los sufragios y 11 escaños (ahora tiene 31). Y Podemos alcanzaría el 3,8% de los votos que se traducirían en dos escaños. La suma de PP y Vox se situaría en la franja más baja en 191 escaños, 15 por encima de la mayoría absoluta. Y en el rango más optimista alcanzaría los 198 diputados. En cambio, la suma de las izquierdas de ámbito estatal (PSOE, Sumar y Podemos) apenas alcanzaría en su mejor escenario los 122 parlamentarios.

Las expectativas mejoran algo para el electorado progresista en el caso de repetirse la alianza de Sumar y Podemos que sí se dio en 2023, aunque a los pocos meses de los comicios los cinco diputados del partido de Ione Belarra rompieron con el equipo de Yolanda Díaz y se pasaron al grupo mixto. Con la suma de la izquierda confederal, el PP se situaría entre los 113 y 117 escaños con el 29% de los votos, cuatro décimas por debajo que en el escenario de todas las izquierdas separadas. El PSOE también vería mermadas sus expectativas siempre que Sumar y Podemos fuesen juntos. En ese supuesto, la encuesta sitúa a los socialistas con el 26,7% de los apoyos y entre 102 y 106 escaños.

Vox seguiría disparado y alcanzaría el 20% de los sufragios y entre 68 y 71 diputados. Pero la alianza de Sumar y Podemos escalaría hasta el 12,1% de los votos que se transformarían en entre 29 y 31 escaños, frente a los 13 que obtendrían si van separados. En este caso el dominio de las derechas seguiría siendo indiscutible. La suma de PP y Vox lograría entre 181 y 188 escaños, de nuevo muy por encima de la mayoría absoluta necesaria para una hipotética investidura, que se sitúa en 176 parlamentarios. El PSOE y la candidatura de Sumar y Podemos alcanzarían, en suma, entre 131 y 137 escaños.

La hipótesis en la que Ateneo del Dato estudia cómo quedaría el parlamento si hay candidaturas conjuntas de PSOE, Sumar y Podemos sin las fuerzas de izquierdas independentistas arroja un escenario bien distinto aunque únicamente en el orden de las opciones más votadas. Esa alianza de las izquierdas estatales lograría ser primera fuerza, por encima del PP, con el 37,3% de los votos y entre 140 y 146 escaños. Los populares se situarían en segunda posición con un 30,3% de los apoyos y entre 111 y 116 escaños, pero Vox se vería beneficiado y obtendría un 20,6% de los sufragios y entre 68 y 72 parlamentarios. Las derechas, no obstante, arrasarían si PP y Vox se alían para formar gobierno. Su suma se situaría entre 185 y 193 escaños, de nuevo muy por encima de la mayoría absoluta.

La hipótesis más beneficiosa para la izquierda sería, por tanto, la de la unión de todas las izquierdas a la izquierda del PSOE. Se trata de un planteamiento similar al hecho público por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en el acto que protagonizó junto al diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, el pasado día 18. Entonces habló de confluencias de las fuerzas a la izquierda del PSOE en todas las circunscripciones, de forma que en territorios como Euskadi, Catalunya y Galicia podía haber acuerdos de Sumar y Podemos con EH Bildu, ERC y BNG, respectivamente. El 63% de los encuestados por Ateneo del Dato dice conocer esa propuesta.

Pero si se va más allá y directamente se conforma una candidatura de la izquierda plurinacional la propuesta lograría entre 58 y 63 escaños que, sumados a los entre 97 y 103 del PSOE (que se haría con el 24,4% de los apoyos) y el resto de fuerzas nacionalistas estaría al borde de alcanzar la mayoría absoluta. En este escenario el PP ganaría con entre 111 y 115 diputados y el 28,8% de los votos. Y Vox, con el 20,1% de los votos, lograría entre 65 y 71 escaños. La suma de las derechas alcanzaría entre 176 –exactamente la mayoría absoluta– y 186 parlamentarios. Llama la atención, además, que esta propuesta la apoyaría un 21,1% de los españoles que el 23J votó al PSOE.

La participación en las elecciones de Aragón sube al 56,29% a las 18.00 horas, más de un punto y medio por encima de la que se registró en 2023. Se trata del tercer y último avance desde que se abrieron los colegios electorales a las 9.00 de la mañana este domingo 8 de febrero. El primer dato de participación de las 11.00 ha sido del 10,8% aunque para esa hora no había datos de años anteriores con los que comparar. A las 14.00 horas la participación era de casi el 41%.

En total, 1.036.300 aragoneses y aragonesas están llamados a las urnas en esta jornada electoral que terminará dentro de dos horas con el cierre de los colegios electorales. Para 2023, este último dato se situó en el 54,73%.

En cuanto a las provincias aragonesas, la participación aumenta más de dos puntos en Zaragoza, que pasa del 54,41% en 2023 al 57,18%. En Huesca, baja ligeramente del 53,45% al 52,86%, y en Teruel la bajada es mucho más pronunciada, de más de tres puntos: del 59,14% al 55,49%.

Una de las claves de la cita electoral de este domingo, que por primera vez se celebra de forma anticipada en la comunidad, será la fragmentación de voto: el PP y el PSOE parten como fuerzas mayoritarias, pero con Vox y los partidos regionalistas como decisivos para formar gobierno. De hecho, una de las grandes incógnitas será el ver hasta qué punto crece la extrema derecha en la comunidad autónoma.

Según las encuestas, el PP apenas sube, los socialistas se hunden, Vox puede llegar a doblar su número de escaños, y por la izquierda, solo la Chunta Aragonesista crece.

El porcentaje de participación definitivo en Aragón en 2023 fue del 68,89%. A lo largo de las décadas, la participación se ha mantenido relativamente estable, situándose normalmente por encima del 65% del electorado.

El último barómetro del CIS para Aragón mantiene al Partido Popular (PP) como la primera fuerza en la comunidad de cara a las elecciones del 8F, con una estimación de entre 25 y 29 escaños y un porcentaje de votos similar al que obtuvo en 2023, en torno al 35,%. El PSOE bajaría tres puntos y no tendría opción de gobernar, mientras que Vox subiría con fuerza y obtendría entre 10 y 13 diputados, lo que le convertiría en la única llave de gobierno.

Las amplias horquillas que fija el CIS, derivadas a su vez de las que plasma en cada una de las tres circunscripciones, hacen complicado sacar conclusiones cerradas. Sí que parece clara esa tendencia: que solo la suma de escaños de los populares con la extrema derecha permitirían investir a un presidente, en este caso Jorge Azcón. Ni siquiera se puede aventurar si bastaría con una abstención de la formación ultra, ya que en los límites más favorables para la izquierda su número de diputados superaría a los del PP.

Según la proyección del organismo público, los populares ganarían las elecciones en Aragón sin problemas, aunque no solo no obtendrían más diputados, sino que tendrían más probabilidades de minorar los 28 con que cuentan en la actualidad. Del 35,5% de los sufragios que consiguieron en 2023 pasarían a una horquilla de entre 34,5% a 36,7%, aunque la traducción del CIS en escaños hace que oscile entre los 25 y los 29. Tanto en la circunscripción de Zaragoza como en la de Huesca, los populares aspirarían como mucho a mantener su representación (15 y 8 diputados, respectivamente), con el riesgo de perder dos en la provincia zaragozana y uno en la altoaragonesa. Mientras, en Teruel sí que tendrían la opción de subir de los 5 actuales a 6, al repetir con en torno al 31% de los votos.

También la lectura con el PSOE es complicada, ya que en la horquilla más alta el CIS mantiene los resultados actuales (23) –algo que se repite en cada una de las tres circunscripciones–, mientras que la más baja dibuja una debacle socialista (17), con casi seis puntos de distancia en porcentaje de voto entre el mejor escenario (29,1%) y el peor (23,3%). En Zaragoza, la formación liderada por Pilar Alegría bajaría desde el 30,4% de 2023 a entre 24,1% y 29,8%, lo cual sin embargo puede no traducirse en pérdida de escaños, ya que de los 12 actuales podría pasar a 9-12. En Huesca aún es más difícil sacar conclusiones, puesto que la horquilla oscila entre un 22,8% y un 31,8%; de los siete diputados actuales, el PSOE pasaría a entre 5 y 7. Finalmente, en Teruel paradógicamente sube en intención de voto desde el 22,8% de hace dos años a entre 22,5% y 25,5%; sin embargo, los socialistas se arriesgarían ahí a perder uno de sus cuatro escaños.

Tras Vox, otros dos ganadores el 8F estarían a la izquierda. El primero sería CHA, que con Jorge Pueyo como candidato obtendría entre 3 y 5 escaños y casi dos puntos más de votos, al pasar de un 5,1% a entre 6% y 7,7%. Y también Izquierda Unida-Sumar, que del 3,1% que logró hace dos años pasaría a entre 3,9% y 5,8%: según el CIS, en Zaragoza consolidaría su diputado e incluso aspiraría a un segundo, mientras que en Huesca tiene opciones de obtener también un representante.

Frente a esto, un gran perdedor según el CIS sería la coalición Aragón-Teruel Existe, que caería de 4,9% que obtuvo en mayo de 2023 a entre un 1,9% y un 2,8%, y que obtendría así entre uno y dos diputados. Esta representación provendría de la circunscripción turolense, donde los de Tomás Guitarte podrían llegar a reducir a la mitad su porcentaje de voto, desde el 20,7% de hace dos años a 10%-12,4%. En Zaragoza, donde esta formación también tiene aspiraciones de lograr un diputado, se quedaría muy lejos, con un 1,5% de los sufragios como máximo.

Podemos difícilmente podría superar el umbral del 3% en Zaragoza, con lo que lo más probable es que perdiera su diputado en esta circunscripción, aunque tiene alguna opción de salvarlo.

Finalmente, el PAR se quedaría fuera del Parlamento autonómico ya que en Teruel, donde más fuerza tiene, no pasaría del 3,7%, lo que en el contexto demoscópico actual –con cuatro partidos en esa provincia por encima del 10%– no le daría opciones de conseguir escaño.

En cuanto a la valoración de líderes, el candidato del PP y actual presidente es con mucho quien mejor nota saca y de hecho el único que aprueba, con un 5,53. En segundo lugar aparece el cabeza de lista de CHA, Jorge Pueyo, ya con un 4,67 y por delante de Tomás Guitarte (Teruel Existe), que logra un 4,49.

La aspirante socialista y exministra Pilar Alegría figura en cuarto puesto, con un 4,14 y con el candidato del PAR, Alberto Izquierdo, cerca (4,06). Más lejos quedan Marta Abengochea (IU-Sumar) con un 3,65; Alejandro Nolasco (Vox), con un 3,64, y María Goikoetxea (Podemos), con un 3,22.

El Sociómetro de diciembre de 2025 de Gipuzkoa sitúa a EH Bildu con una intención del voto del 39,4%, lo que se traduciría en 23 junteros, sumando un representante a los 22 actuales, y sería el ganador de las elecciones forales. Le sigue PNV, con un 32,9% de los apoyos y 18 procuradores, uno más que en la medición anterior. El PSE-EE obtendría un 13,9% de los votos y siete junteros, manteniendo los actuales, mientras que el PP alcanzaría un 5,5%, con dos representantes, uno menos. Por su parte, Elkarrekin Podemos lograría un 4,8% de los apoyos y un representante en las Juntas Generales de Gipuzkoa, con lo que perdería un juntero.

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, ha dado a conocer, en rueda de prensa, los resultados del Sociómetro de Gipuzkoa correspondiente al mes de diciembre de 2025, que recoge la percepción ciudadana sobre diversas cuestiones sociales, económicas y políticas del territorio. El estudio se ha realizado mediante entrevistas telefónicas a 1.500 personas mayores de 18 años residentes en Gipuzkoa.

Berasaluze ha apuntado que, en la intención de voto respecto al sociómetro anterior de mayo, “EH Bildu manifiesta un descenso en la intención de voto y el PNV una recuperación”. “Si nos vamos a los datos de las anteriores elecciones forales, más o menos están situados ambos en una intención de voto similar, pero la evolución respecto al sociómetro de mayo es justo en que la intención de voto de EH Bildu desciende algo y la del PNV se recupera”, ha insistido, según recoge Europa Press.

Desconfianza en la política

Según esta encuesta, la Diputación de Gipuzkoa se mantiene como la institución mejor valorada por la ciudadanía, con una puntuación media de 5,5 sobre 10, seguida por los ayuntamientos (5,49 puntos) y el Gobierno vasco (5,36 puntos). En conjunto, los resultados reflejan “una percepción estable y sostenida de las instituciones vascas”, ha destacado Berasaluze. Por su parte, el Gobierno central continúa siendo la institución con una valoración más baja, con 3,99 puntos.

Además, mejora la percepción sobre la gestión del Gobierno foral, aumentando el porcentaje de personas que califican su imagen como buena, hasta el 35,8%, frente al 32,9% de la medición anterior. En paralelo, continúa creciendo el grado de conocimiento de la diputada general, Eider Mendoza, que alcanza el 42,4%. Asimismo, la ciudadanía valora de forma positiva la calidad de los servicios públicos forales, con puntuaciones como el 6,05 en servicios sociales y el 5,83 en el ámbito de Hacienda, por ejemplo.

El 72,5% de los encuestados no confía en la política. Además, en cuanto a la valoración de la actuación de los partidos políticos que están en las Juntas Generales de Gipuzkoa, EH Bildu obtiene una puntuación de 5,67 seguido de cerca del PNV con 5,32. Finalmente, un 46,5% se siente únicamente vasco, un 19,3% más vasco que español, un 24% tan vasco como español, un 1,6% más español que vasco y 2% únicamente español.

El PNV repetiría como principal fuerza política y lograría 17 escaños, dos más que los que tiene en la actualidad, en las próximas elecciones forales de Álava, según un estudio encargado por la Diputación que vuelve a situar a EH Bildu como segundo partido, con un crecimiento de otros dos escaños que le haría llegar a los 16 representantes.

El estudio, realizado por Gizaker por encargo de la Diputación de Álava, se ha elaborado a partir de 1.200 entrevistas telefónicas a personas residentes en Álava mayores de edad, con un error muestral del 2,83% para un nivel de confianza del 95%. Las entrevistas se han realizado entre el 12 y el 18 de diciembre, según recoge Europa Press.

La encuesta también recoge la opinión de la ciudadanía alavesa sobre la gestión de las principales instituciones. Así, se valora al Gobierno vasco y la Diputación de Álava con una nota de 5,73 y 5,72, respectivamente, por delante de los ayuntamientos (5,17) y el Gobierno de Sánchez (4,41).

En cuanto a la intención de voto para las Juntas Generales de Álava, el estudio concluye que, si hoy se celebraran las elecciones, PNV volvería a ser la fuerza más votada, con una estimación de voto del 30%. Por detrás, EH Bildu obtendría el 28,4%. Le seguiría el PSE-EE, con una estimación del 15,5%. El PP obtendría el 13,1%, Elkarrekin Podemos el 7,1% y Vox el 5% de los sufragios.

En su traslación a las Juntas Generales de Álava, la formación jeltzale obtendría 17 escaños, dos más que en las elecciones forales de 2023; EH Bildu llegaría a los 16 asientos en la Cámara foral y también sumaría dos a su representación actual; el PSE-EE tendría 7 escaños, dos menos que en la anterior cita electoral; el PP también caería dos representantes, quedándose en 7; Elkarrekin Podemos mantendría dos de sus actuales tres asientos; y Vox duplicaría su presencia, hasta llegar a dos representantes.

La salida de Vox en verano de 2024 de los cinco gobiernos autonómicos en los que formaba coalición con el PP despertó la incógnita de si la extrema derecha sabría beneficiarse de recuperar un papel más cómodo de oposición o si se vería perjudicada con la pérdida de poder y foco. Un año y medio después, ya tiene su respuesta: ha conseguido duplicar sus escaños en Extremadura, mantener la dependencia del PP y atisba un arranque de 2026 en el que puede ser clave en las negociaciones tras las elecciones autonómicas en Aragón y Castilla y León.

El partido despide el año en un momento dulce y resiste a las acusaciones contra su rama juvenil 'Revuelta' y su convulsa vida interna, con un goteo de salidas y defenestraciones de los que un día fueron sus caras más reconocibles. Ha conseguido centrar la atención sobre sus exigencias para facilitar la investidura de María Guardiola, que convocó elecciones para ganar solo un escaño más y quedarse a cuatro de la mayoría absoluta. La extrema derecha sumó seis diputados y 40.000 votos más que en 2023, lo que le permitió presentarse como el verdadero “ganador” del domingo. Lo escenificó incluso con una batalla contra el PP por ser el último en comparecer la noche electoral, como suele hacer la fuerza más votada. El vencedor de ese pulso simbólico fue Santiago Abascal, que esperó a hablar pasada la medianoche, después de María Guardiola y de su propio candidato en la región, Óscar Fernández.

Desde ese día, los dirigentes de Vox se han dedicado a aparecer en televisiones y radios para colocar su agenda: revertir las políticas ecológicas y lo que la extrema derecha llama “políticas de género”, combatir la “inmigración masiva” y bajar los impuestos. Aunque Abascal no se ha cerrado a ninguna posibilidad, incluida la de volver a entrar en ejecutivos autonómicos, nada parece indicar que vaya a abandonar una estrategia que le ha dado tantos réditos. “Ya han estado en el Gobierno y la verdad es que no aguantaron ni un año. Si su deseo es estar en el Gobierno tendrá que haber un compromiso de seriedad”, respondió el martes Guardiola en una entrevista en Cope, en la que lanzó también un dardo sobre el funcionamiento centralizado del partido: “No sé si tendré que hablar con el candidato extremeño o con el señor Abascal”. De momento lo ha hecho con Óscar Fernández y ha sido para trabajar sobre el documento de 206 exigencias que ya rechazó en octubre.

Las pruebas de que no necesitan estar dentro de los ejecutivos para imponer al PP su recetario ultra han sido muchas a lo largo de este año y medio. Este verano lograron que su antiguo socio de gobierno en Murcia se plegase a todas sus peticiones para sacar adelante los presupuestos, entre ellas el cierre de un centro de acogida de menores y una reforma de la Ley del Mar Menor. Hace solo unas semanas arrancaban concesiones en la Comunitat Valenciana —de donde también salieron en 2024— para permitir la presidencia de Pérez Llorca. Y solo dos días después de las elecciones extremeñas llegaron a un acuerdo con el PP en Sevilla —en este caso Vox no ha estado nunca en el ejecutivo— para aprobar sus presupuestos a cambio de recortes en partidas destinadas al Servicio de la Mujer o “reforzar” el control de las personas migrantes que se quieran empadronar.

La víspera de la Nochebuena, entre noticias de negociaciones, anuncios del Gobierno y compras navideñas, también fue la fecha elegida para anunciar discretamente la expulsión de su Ejecutiva de Javier Ortega Smith. De la icónica fotografía de la primera plana de Vox junto al PP y Ciudadanos en la concentración en Colón en 2019 ya solo queda Abascal.

El distanciamiento de Javier Ortega Smith, Rocío Monasterio, Iván Espinosa de los Monteros y otros destacados miembros del primer núcleo duro del partido ha sido paulatino mientras ganaba poder el sector más ultraconservador encabezado por el eurodiputado Jorge Buxadé. Espinosa de los Monteros renunció a su escaño después de los malos resultados de las generales de 2023, en las que perdieron 19 diputados, y ahora impulsa un nuevo proyecto. Monasterio se fue en 2024 entre críticas a la deriva del partido. Ortega Smith siguió, pero perdiendo cada vez más peso interno.

Los defenestrados coinciden en que Abascal se ha aislado y en hablar de falta de democracia interna. Ortega Smith respondió a su cese compartiendo un vídeo antiguo del líder de Vox en el que aseguraba que en España los partidos son “instituciones muy poco democráticas” porque “todos deben al líder su sueldo” y así “es muy difícil que la gente sea libre”. Acompañó ese clip de un escueto mensaje: “Hoy, igual que entonces, sigo creyendo en lo mismo”.

Esperan salir reforzados de las autonómicas de 2026

Al menos de momento, ni su polémica vida interna ni las acusaciones de exdirigentes de Revuelta de desviar fondos recaudados para la dana han pasado factura a Vox. Las próximas citas electorales marcadas en el calendario, Aragón y Castilla y León, acabarán de demostrar su estado de forma en los territorios donde abandonó el poder autonómico. Los sondeos pronostican un déjà vu de Extremadura: el PP como primera fuerza, un desplome del PSOE y una gran subida para la ultraderecha, que se reservará un papel clave. Y, de hecho, los de Feijóo ya asumen que están lejos de las mayorías de absolutas y se resignan simplemente a liderar el bloque de la derecha.

Los plazos acompañan a la fuerza de Abascal, que controla los tiempos de la negociación en Extremadura y podría dilatarla hasta las elecciones de Aragón del 8 de febrero. El 20 de enero es la fecha límite para la constitución de la nueva Asamblea de Extremadura, con la elección de su presidencia y de los miembros de la Mesa, por lo que ahí tendrá que haber contactos entre ambos partidos. Pero todavía quedará un mes más de plazo para el primer intento de investidura de Guardiola, que tiene que ser como máximo el 19 de febrero. Semanas después volverán a las urnas con las autonómicas de Castilla y León que se celebrarán, a más tardar, el 15 de marzo. Es previsible que tras esa cita Mañueco también tenga que llegar a acuerdos. Y dos meses después, en junio, será el turno de Andalucía.

En este momento el PP tiene 28 escaños en Aragón, seis por debajo de los 34 de la mayoría absoluta, mientras el PSOE tiene 23 y Vox, siete. Un sondeo para Heraldo de Aragón pronostica que los populares subirían solo uno o dos parlamentarios, pero Vox lograría incorporar cuatro o cinco asientos más. El peor parado, según las encuestas, será el PSOE encabezado por la exministra Pilar Alegría, que se quedaría en una horquilla de entre 17 y 19 parlamentarios. Jorge Azcón ha descartado ya que Vox quiera entrar de nuevo en los gobiernos autonómicos porque, asegura, Vox “se siente cómodo” en la oposición pidiendo medidas “que luego son prácticamente imposibles de cumplir”: “Si quisiera entrar no se hubiera ido”, dijo el pasado lunes.

Castilla y León constituyó el primer laboratorio de la convivencia de la extrema derecha en una coalición. Mañueco tuvo que sentar en su ejecutivo a Juan García-Gallardo como vicepresidente precisamente por un error de cálculo: convocó elecciones para liberarse de Ciudadanos y acabó dando un poder inédito a la extrema derecha. Una encuesta de La Nueva Crónica prevé que el PP pase de 31 a 29 procuradores, el PSOE descienda a 25 —de 28— y Vox pase de 13 a 19. La mayoría absoluta de 41 procuradores sería inalcanzable para Mañueco salvo que se siente a dialogar.

Más lejos quedan las elecciones en Andalucía, previstas para verano, en las que Juan Manuel Moreno Bonilla tendrá que defender su mayoría absoluta. El llamado CIS andaluz le da una horquilla entre 53 y 55 escaños, donde se sitúa la mayoría absoluta, frente a los 58 que tiene ahora. El PSOE de María Jesús Montero tocaría fondo con entre 25 y 28 diputados frente a los 30 actuales. Y la extrema derecha, si los pronósticos se cumplen, cantaría bingo con otra subida con la que pisaría los talones a los socialistas con entre 19 y 22 escaños.

Entre la España política de verano de 2024 y la de invierno de 2025 hay cinco ejecutivos menos con Vox, pero un PP cada vez más mimetizado con los ultras y un discurso que ha permeado. Si en junio del año pasado la inmigración era el noveno problema para los españoles, según el CIS, en diciembre de 2025 es el cuarto. Ha llegado a ser el primero, superando a los problemas económicos. Lejos queda la época en la que estaba muy por encima la preocupación por las desigualdades de género y las diferencias de clase.

Extremadura ha abierto este mes el carrusel de elecciones autonómicas en España, que tendrá como siguientes capítulos Aragón, Castilla y León y Andalucía. Y, al menos en el caso aragonés, los sondeos de cara a los comicios del 8 de febrero dibujan un patrón con grandes similitudes: un PSOE que se arriesga a caer a su suelo histórico, un Vox disparado y un PP que, salvo sorpresa, solo podrá pactar con la extrema derecha.

Lo llamativo es que ambas comunidades presentan modelos electorales diametralmente opuestos: frente al equilibrio provincial en Extremadura y una barrera de entrada más alta para los partidos (5%), en Aragón se mezcla una circunscripción –sobre tres en total– con el 70% de los electores y casi la mitad de los diputados, y una barrera del 3%, lo que facilita el acceso a partidos de carácter local.

Y, pese a estas premisas, los resultados a los que apuntan las encuestas más recientes en los comicios aragoneses no se alejan mucho de lo que dejó este 21 de diciembre.

Así, el PP subiría porcentualmente en voto de forma destacada, por encima del 40%, aunque como en Extremadura la traducción en escaños sería menos acusada: la media de los sondeos prevén que el presidente aragonés, Jorge Azcón, pase de los 28 diputados actuales a 30, lejos de los 34 que marcan la mayoría absoluta –las Cortes están compuestas de 67 escaños, frente a los 65 en Extremadura–.

Enfrente, el PSOE de Pilar Alegría se arriesga a caer hasta su suelo histórico, los 18 representantes que obtuvo Javier Lambán en 2015, aunque entonces el contexto era muy diferente, con Podemos en su punto álgido y 14 diputados. Las encuestas otorgan a los socialistas una media de 19 escaños (y un 26,2% de votos), aunque las horquillas abren ya la puerta a que una mala campaña le pueda llevar hasta los 17.

El más beneficiado por el adelanto electoral en Aragón sería sin ninguna duda Vox, que aumentaría su representación en más de un 50% al pasar de los siete diputados actuales a una media de once (y un 15% de los sufragios). La extrema derecha se convertiría de este modo en un actor político clave para cualquier acuerdo que quieran impulsar los populares en la comunidad. Como ha sucedido en los dos últimos años, pero ahora con mucha más implantación en las tres provincias.

A continuación, un partido progresista y aragonesista como CHA, que mantendría los tres escaños que tenía en la legislatura pasada, y además con un porcentaje de voto en torno al 5%, como en 2023. Aliado entre 2015 y 2023 de los socialistas en el Gobierno regional de Javier Lambán, en este caso la suma se quedaría muy lejos de cualquier aritmética política.

En quinto lugar figuraría Aragón-Teruel Existe, también en parámetros similares a hace dos años y medio: tres diputados y algo menos de un 4% de voto, aunque concentrado en la provincia meridional. Este resultado cerraría la puerta al acuerdo soñado por Jorge Azcón: un pacto entre el PP y A-T Existe que libre a los populares de tener que negociar con la ultraderecha.

Izquierda Unida doblaría su representación y pasaría de un escaño a dos, aunque penalizado por capitalizar el voto en la provincia de Zaragoza, donde más esfuerzo se necesita para obtener un diputado. Finalmente, Podemos mantendría su escaño, aunque con una caída porcentual que le dejaría al borde de perderlo.

Y aquí es donde entran las cábalas sobre un posible acuerdo entre estas dos últimas formaciones, ya que el último de los sondeos hechos públicos, el de A+M para el grupo Henneo, otorga a la eventual coalición –la misma que se ha dado en Extremadura– hasta cuatro diputados, uno más que por separado.

Lo que nadie contempla ya, y más tras las últimas declaraciones, es un gran pacto entre CHA, Izquierda Unida, Podemos y Sumar –que no tiene implantación en Aragón–, con lo que es una incógnita el rendimiento que podría tener ante las elecciones del 8 de febrero.

El PSOE seguiría manteniendo una importante ventaja sobre el PP en el caso de que se celebraran ahora unas elecciones generales. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sitúa a los socialistas nueve puntos por encima del PP a pesar de que la encuesta de diciembre se realizó del 1 al 5 de diciembre con 4.028 entrevistas y, por tanto, tras la entrada del exministro socialista José Luis Ábalos en prisión y el estallido del caso Salazar con nuevas denuncias contra el exdirigente del PSOE.

El barómetro de diciembre del instituto de Tezanos da un 31,4% de los votos a los socialistas, un 22,4%, al PP, un 17,6% a Vox y un 7,8% a Sumar. Los socialistas apenas notan los mencionados casos que han afectado a sus dirigentes y solo pierden 1,2 puntos respecto a noviembre, cuando el CIS le dio un 32,6% de estimación de voto. El PP logra, además, un porcentaje idéntico al de hace un mes, mientras Vox cae ligeramente del 18,8% al 17,6% actual. Tras meses de caída, Sumar consigue una ligera recuperación de siete décimas y Podemos se mantiene aún lejos aunque recupera una décima y se queda con el 4,1% de los sufragios.

En cuanto a la fidelidad de voto Vox vuelve a ser la fuerza política que retiene a más electores. Un 77,9% de quienes en las últimas generales votaron al partido de Abascal lo volverían hacer ahora en el caso de que hubiera una llamada a las urnas. Le sigue el PSOE, ya que el 72,7% de los votantes que en 2023 apoyaron la candidatura encabezada por Sánchez repetiría, si bien un 4,7% de los mismos apostaría ahora por Sumar y un 3,2% se iría al PP. Esta última fuerza política retiene al 70,1% de sus electores, pero una cifra importante del 14,3% optaría por Vox. Quien más votantes pierde es Sumar. Solo retendría a un 40% de quienes le votaron en 2023, mientras el 22,9% se iría a Podemos y el 14%, al PSOE.

En el estudio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a ser el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,08 sobre diez; seguido de Yolanda Díaz que logra un 4,01. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, obtiene una nota de 3,39 y Santiago Abascal sigue a la cola y tan solo alcanza un 2,90.

Asimismo, siempre según el CIS, Sánchez es el favorito como presidente del Gobierno para el 36,8% de los encuestados que dan su opinión, sacando 20 puntos de ventaja a Alberto Núñez Feijóo que lo es para el 16,8% y se sitúa por delante del líder del Vox este mes. Abascal es el preferido para el 15,1%, Gabriel Rufián para el 8,2% y Yolanda Díaz para el 6,6%.

El principal problema que existe actualmente en España, según los encuestados, es la vivienda (39,9%), seguido de la crisis económica que lo es para el 21,8%, y en tercer lugar los problemas políticos en general (19,1%). Los problemas que más afectan de manera personal son la crisis económica (30,7%); la vivienda para el 27,9%, y la sanidad para el 21,5%. Asimismo, el 63,2% de los españoles considera que su situación económica personal es en la actualidad “muy buena o buena” frente al 26,9% que afirma ser “mala o muy mala”. En cuanto a la situación económica general de España, el 33,3% la considera “buena o muy buena” frente a un 59,3% que la considera “mala o muy mala”.

“El mundo es horrible. El mundo es mucho mejor. El mundo puede ser mucho mejor” es el lema de Our World in Data, una web especializada en la visualización de datos a lo largo del tiempo que, efectivamente, muestran el progreso en casi todas las medidas de salud, contaminación y bienestar. La negación de los problemas locales y globales que nos afectan es casi tan peligrosa como el extremo opuesto y equivocado de creer que todo va a peor y no hay esperanza. 

En unos días, llegará probablemente la nueva edición de buenas noticias con la que Kiko Llaneras nos suele animar el fin de año en El País.

Pero la última encuesta global de balance de 2025 de Ipsos muestra un pesimismo creciente tanto sobre el estado del mundo como -y eso es diferente de otros años- las perspectivas personales.

La encuesta presentada este jueves habla de los “peligros de la percepción”, algo que está alimentando en áreas como la inmigración y la seguridad los mensajes de líderes autoritarios que prometen la vuelta a un mundo ideal que nunca existió. Ipsos selecciona unos pocos datos como la esperanza de vida, el incremento de precios y la mortalidad infantil en 2025 y 1975: todo ha ido mejor se mire al Reino Unido o se mire a India. En cambio, al ser interrogados, una pluralidad de ciudadanos de esos países, como sucede en casi todos los países encuestados en el mundo, dicen que 1975 fue un año mejor. Aseguran que preferirían nacer hace 50 años en lugar de ahora, pero en 1975 la esperanza global de vida era de 60 años, la inflación en el Reino Unido era del 24% y 125 bebés morían por cada 1.000 nacimientos en India.

La nostalgia es una parte connatural a la esencia humana. Con el paso de los años, todos añoramos la juventud. Además, justo ahora es fácil idealizar un tiempo no tan lejano sin móviles ni broncas en redes, un tiempo, como resume la encuesta de Ipsos, “más sencillo”. No es cierto que todo vaya a mejor siempre en todas las áreas, y desde luego el equilibrio de lo que hemos ganado y hemos perdido con la tecnología en la esfera pública está por ver. La muerte y destrucción que estamos viendo esta década en Ucrania, en Gaza y en Sudán nos recuerdan que el mundo ha avanzado poco en el respeto a la vida y la justicia.

Y aun así, en la mayoría del mundo, las medidas básicas del bienestar humano han mejorado y las libertades civiles se han expandido, incluso aunque las democracias estén mostrando inesperadas debilidades y fracturas que hacen peligrar algunas de ellas. 

Sin perder de vista la desigualdad, la precariedad, el machismo y la guerra, ojo a las visiones más negras de nuestra sociedad. En el mejor de los casos, pueden activar protestas en forma de movilización callejera o votos inesperados dentro del sistema democrático. En el peor, la desidia que tanto anhelan los líderes autoritarios.

La conversa bull mentre comencen a arribar els concurrents. Entre cafès i apunts escampats en una llibreta, diversos veïns del municipi mallorquí d'Esporles s'acosten a la taula del cèntric restaurant Es Brollador i comencen a parlar. “Hi ha una clara intencionalitat de les institucions per ocultar el sondeig...”, deixa anar un d'ells. Els presents són part dels coordinadors d'un grup de 74 persones que fa més de dos anys va emprendre una insòlita batalla: reclamar que el Govern espanyol faci pública l'enquesta que l'expresident Adolfo Suárez hauria encarregat el 1976 per preguntar a l'opinió pública, en el context de la Transició, si preferia un Estat monàrquic o republicà, com va confessar el mateix mandatari d'UCD dècades després: “Quan la major part dels caps de Govern estrangers em demanaven un referèndum sobre monarquia o república... fèiem enquestes i perdíem”, va assenyalar. Des de llavors, el silenci institucional és absolut.

Els autors de la iniciativa recriminen, en declaracions a elDiario.es, que l'Executiu central mantingui suposadament sota secret aquest sondeig mentre el president del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), José Félix Tezanos, revelava el passat dimarts el resultat d'una altra enquesta, que també va encarregar Suárez, però ja el 1979. En aquella ocasió, els ciutadans es van inclinar a favor de la monarquia: “Els qui es declaraven partidaris de la monarquia eren un 30,9% i de la república, un 19,7%. Indiferents, el 31,7%”. Durant la seva compareixença, Tezanos va admetre que el problema d'aquella consulta rau en el fet que va tenir “una mostra insuficient de 504 entrevistes”. Malgrat això la seva conclusió va ser clara: en conjunt, va apuntar, “els monàrquics més accidentalistes sumaven un 62%”.

“És una barbaritat que Tezanos digui que hi havia un 62% a favor de la monarquia sense donar la fitxa tècnica. No diu com es va formular la pregunta, quin era el marge d'error ni com es va seleccionar la mostra. I, a sobre, era una enquesta feta a poc més de 500 persones, amb un marge d'error altíssim”, critica Josep Ferrà, integrant del grup de veïns d'Esporles i batle d'aquesta localitat enclavada a la Serra de Tramuntana. Per la seva banda, Domingo, un altre resident, posa l'accent en el fet que Tezanos triés aquest dimarts per donar a conèixer l'enquesta de 1979: “Dona la casualitat que 48 hores abans ens havíem adreçat al president del Govern [d'Espanya] per insistir que publiqui el sondeig de 1976”.

Després de la publicació d'aquest reportatge, el president del CIS ha remès una nota en la qual assegura que no existeix cap registre o document “sobre aquesta suposada enquesta de 1976”, ni els consta que Suárez realitzés cap comentari sobre tal possibilitat. Tezanos assenyala que aquell any es van fer tres grans onades d'enquestes prèvies a la Constitució sobre la possible distribució de les orientacions electorals abans que existissin partits polítics legalitzats. Sobre la de 1979 -a la qual, postil·la l'escrit, l'expresident del Govern espanyol va al·ludir en diverses ocasions-, el CIS apunta que van trobar “documents parcials en les prop de mil caixes de documentació antiga que trobem”.

Confessions a micro tapat

La confecció i els resultats de la suposada enquesta havien dormit el somni dels justos durant diverses dècades fins que una 'relliscada' del mateix Suárez va jugar en contra seva. En una entrevista inèdita que la periodista i biògrafa oficial de la Transició, Victoria Prego, va realitzar el 1995 a l'expolític i que, 21 anys després, seria desvetllada per La Sexta Columna el novembre de 2016, Suárez va reconèixer que, quan el 1977 va impulsar la Llei per a la Reforma Política que eliminaria jurídicament les estructures de l'aparell franquista, va introduir-hi les paraules 'rei' i 'monarquia', amb disposicions com “el Rei sanciona i promulga les lleis” o “el President de les Corts i del Consell del Regne serà nomenat pel Rei”. “Vaig ficar la paraula rei i la paraula monarquia a la Llei i així vaig dir que ja havia estat sotmès a referèndum”, va justificar literalment l'expolític, qui, d'aquesta manera, evitava una consulta expressa sobre monarquia o república i s'assegurava la permanència de la institució dinàstica sense tan sols haver estat sotmesa a votació popular.

Quan la major part dels caps de Govern estrangers em demanaven un referèndum sobre monarquia o república... fèiem enquestes i perdíem

Adolfo Suárez — Entrevista inèdita amb Victoria Prego el 1995

Com s'aprecia en el vídeo inserit en aquest article, Suárez procedeix a tapar el micròfon que porta subjecte perquè no es registressin les seves paraules: explica que va actuar d'aquesta manera perquè els sondejos dels quals disposava el Govern espanyol -i que mai van arribar a publicar-se- anunciaven que el model republicà era el preferit pels espanyols. “Fèiem enquestes i perdíem”, va admetre l'expolític abulenc, qui, durant la dictadura franquista, va ostentar diversos càrrecs públics per, el 1976, ser nomenat líder de l'Executiu central pel rei Joan Carles I. Va morir el 2014, deixant un cúmul d'incògnites i interrogants sobre com es va forjar la Transició. Gairebé cinquanta anys després, les ombres que planen sobre el relat d'aquell històric període continuen sense aclarir-se.  

“La monarquia s'ha construït amb una gran mentida”

Els veïns reunits al centre d'Esporles sostenen que l'ocultació de la consulta de 1976 respondria a un patró segons el qual, “quan capten que socialment no hi ha una majoria a favor de la monarquia, s'amaguen les dades. Va passar a la Transició i ha tornat a passar quan la valoració del rei va caure per sota de 5 al CIS entre 2011 i 2015”, assevera Domingo. Aquest resident recorda que fa anys el baròmetre va deixar de preguntar directament per monarquia o república i es va limitar a mesurar la confiança en la Corona. En aquest sentit, critica que el president d'aquest organisme públic “porta des de 2015 dient que no es pregunta per la monarquia perquè per a la gent no és un problema”. El grup, no obstant això, ha estudiat minuciosament les sèries estadístiques del CIS i els cicles de publicació de dades i assevera: “Quan van començar els suspensos, van retirar la pregunta”.

Domingo Sanz recorda que fa anys el baròmetre del CIS va deixar de preguntar directament per monarquia o república i es va limitar a mesurar la confiança en la Corona. “Quan van començar els suspensos, van retirar la pregunta”, denuncia

El veí diu que aquest patró ja existia a la Transició i incideix en què aquesta es va fonamentar sobre un relat adulterat: “La monarquia s'ha construït amb una gran mentida”, subratlla mentre els altres assenteixen. “No va tenir el suport inicial de la població i es va ocultar. Quan les dades interessaven, es publicaven. Quan no, s'oculten”, afegeix Ferrà, qui considera que es tracta d'“un joc molt esbiaixat” atès que “tots els aparells mediàtics que acompanyen les institucions fan reflotar aquesta narrativa perquè la monarquia sigui acceptada”.

La Llei franquista de Secrets Oficials

Per damunt d'això, el primer edil considera “molt greu” que “s'ocultin aquestes coses en democràcia amb una llei de secrets franquista”. Es refereix, en concret, a la Llei de Secrets Oficials que es va aprovar el 1968, amb el règim de Franco en vigor, i en la qual les institucions s'emparan per no fer públic el sondeig de 1976 al qual es va referir Suárez. En una resposta oferta el 5 d'abril de 2023 al senador Vicenç Vidal, qui milita a Més per Mallorca, l'Executiu central al·ludia a l'elaboració d'un avantprojecte de llei que pretén substituir la norma encara vigent. “El Govern està compromès amb l'elaboració de l'Avantprojecte de Llei d'Informació Classificada que actualitzi el règim jurídic preconstitucional en aquesta matèria, tal com passa als països del nostre entorn”, responia aleshores l'Executiu, reconeixent, potser implícitament, l'existència de l'enquesta que se li va formular a l'opinió pública espanyola dos anys abans d'aprovar-se la Constitució. “Aquesta és l'autèntica enquesta”, comenta Domingo.

Les institucions s'emparen en la Llei de Secrets Oficials de 1968, aprovada amb el règim franquista en vigor, per no fer públic el sondeig de 1976 al qual es va referir Suárez

Ferrà va més enllà: “El més greu és que en un Estat democràtic s'estiguin ocultant coses que van passar durant la dictadura, que és el que s'està fent en aquest cas, quan aquesta llei franquista no obliga a ocultar-les. Un govern democràtic pot desclassificar el que vulgui i, si no ho fa, és perquè no li dóna la gana, perquè ha publicat coses que també estaven sota aquesta mateixa llei”. “Quin barem democràtic té Espanya amb aquesta llei de secrets d'Estat?”, es pregunta. I sentencia: “El Govern [espanyol] protegeix la dictadura”.

Sobre la nova norma que prepara l'Executiu central, alerta que permetria bloquejar documents durant dècades “sense necessitat de justificar-ho davant la ciutadania” -el text estableix un mínim de 45 anys, prorrogables de forma motivada a un màxim de 60-. El batle confia que “els comptadors no arrenquin des de zero” per als documents classificats actualment, en línia amb altres veus crítiques que temen que els terminis del secret dels documents es reiniciïn i aquests continuïn algunes dècades més sota sigil, buidant així la memòria col·lectiva i mantenint ocultes determinades zones fosques de la història contemporània. “Ara estem veient com la població jove no sap ni qui és Franco ni què és la Transició. D'aquí a 40 o 50 anys, la feina de desmemòria que s'haurà fet serà total”, recela.

La llei de secrets franquista no obliga a ocultar. Un govern democràtic pot desclassificar el que vulgui i si no ho fa és perquè no li dóna la gana. ¿Què barem democràtic té Espanya amb aquesta llei de secrets d'Estat? El Govern [espanyol] protegeix la dictadura

Josep Ferrà — Membre del grup i batle d'Esporles

La trobada a Es Brollador avança i la frustració es barreja amb la determinació. Alguns proposen escriure de nou als grups parlamentaris que donen suport al Govern central; altres creuen que caldrà explorar noves vies legals. L'únic segur és que no pensen rendir-se, atès que, en la seva opinió, el que ha succeït no és un detall històric menor, sinó un element que hauria canviat la forma en què diverses generacions es van acostar a la Transició i a la cultura democràtica.

“Si s'hagués conegut aquesta enquesta, tindríem una societat molt millor”, subratlla Domingo, qui considera que “els professors d'història haurien pogut explicar el sondeig sense por que en cada classe es generés una petita guerra civil”. En aquesta línia, subratlla: “Si s'hagués conegut que Espanya en aquell moment preferia república, els professors haurien pogut dir a milions de nens i adolescents: 'Aquest és el país en què vivim'”. La veu li tremola lleugerament en recordar els infructuosos intents per aconseguir que el Govern d'Espanya recapaciti: “Envies un escrit i res. És desesperant. Estem molt fotuts”.

Si s'hagués conegut l'enquesta, tindríem una societat molt millor i els professors d'història haurien pogut explicar els seus resultats sense por que en cada classe es generés una petita guerra civil. Si s'hagués conegut que Espanya en aquell moment preferia república, els professors haurien pogut dir a milions de nens i adolescents: 'Aquest és el país en què vivim'

Domingo Sanz — Membre del grup

Al gener de 2024 un grup de jutges i juristes de Balears, entre els quals es troben José Castro -conegut per dirigir la instrucció del cas Nóos- i Juan Pedro Yllanes -qui va renunciar a presidir el judici contra Iñaki Urdangarin i la infanta Cristina per accedir a la política de la mà de Podem-, van remetre una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la qual li reclamaven que es desclassifiqui tota la informació relativa a l'enquesta de 1976. Igual que els veïns d'Esporles, volen arribar al fons d'aquesta qüestió per conèixer si, efectivament, els qui van tutelar la transició de la dictadura franquista a la democràcia parlamentària van blindar mitjançant aquests dubtosos mètodes la continuïtat d'un règim caduc sota el parapet de la monarquia i van impossibilitar que la bandera de la República pogués onejar de nou als balcons de les institucions.

El gener de 2024 un grup de jutges i juristes de Balears, entre els quals es troben José Castro i Juan Pedro Yllanes, van reclamar al Govern que es desclassifiqui la informació relativa a l'enquesta de 1976 per conèixer si els qui van tutelar la transició del franquisme a la democràcia parlamentària van blindar mitjançant dubtosos mètodes la continuïtat del règim

En la seva missiva, reclamaven que, juntament amb els resultats del referèndum de la Llei de la Reforma Política -elaborada pel president de les Corts franquistes Torcuato Fernández Miranda-, el Govern central proporcioni l'entrevista que Prego va realitzar a Suárez i en la qual, recorden, aquest “va desvetllar que abans del referèndum de 1976 havia ordenat la realització d'enquestes, que no va publicar, i que li van permetre organitzar el referèndum per obtenir els resultats que li interessaven i assegurar la continuïtat de la monarquia que el dictador havia restaurat el 1947 mitjançant la Llei de Successió del cap d'Estat”. A través d'aquesta norma, Franco va establir que Espanya, com a unitat política, era un Estat catòlic, social i representatiu que, d'acord amb la seva tradició, es declarava constituït en regne, reservant-se d'aquesta manera la facultat de proposar a les Corts la persona que havia de ser cridada, al seu dia, a succeir-lo a títol de rei.

A Esporles, mentrestant, els veïns no descarten emprendre noves accions després de Nadal. Malgrat el cansament acumulat, els seus integrants mantenen la convicció que la societat mereix saber què pensaven realment els espanyols el 1976, quan Adolfo Suárez va decidir mirar aquelles xifres i callar.

La conversación hierve conforme comienzan a llegar los concurrentes. Entre cafés y apuntes desperdigados en una libreta, varios vecinos del municipio mallorquín de Esporles se acodan en la mesa del céntrico restaurante Es Brollador y empiezan a hablar. “Hay una clara intencionalidad de las instituciones por ocultar el sondeo...”, desliza uno de ellos. Los presentes son parte de los coordinadores de un grupo de 74 personas que hace más de dos años emprendió una insólita batalla: reclamar que el Gobierno haga públicas las encuestas que el expresidente Adolfo Suárez habría encargado en 1976 para preguntar a la opinión pública, en el contexto de la Transición, si prefería un Estado monárquico o republicano, como el propio mandatario de UCD confesaría décadas después: “Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos”, señaló. Desde entonces, el silencio institucional es absoluto.

Los autores de la iniciativa recriminan, en declaraciones a elDiario.es, que el Ejecutivo central mantengan supuestamente bajo secreto aquellos sondeos mientras el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, revelaba este martes el resultado de otra encuesta, que también encargó Suárez, pero ya en 1979. En esa ocasión, los ciudadanos se inclinaron a favor de la monarquía: “Los que se declaraban partidarios de la monarquía eran un 30,9% y de la república, un 19,7%. Indiferentes, el 31,7%”. Durante su comparecencia, Tezanos admitió que el problema de esa consulta radica en que tuvo “una muestra insuficiente de 504 entrevistas”, pese a lo cual su conclusión fue clara: en su conjunto, apuntó, “los monárquicos más accidentalistas sumaban un 62%”.

“Es una barbaridad que Tezanos diga que había un 62% a favor de la monarquía sin dar la ficha técnica. No dice cómo se formuló la pregunta, cuál era el margen de error ni cómo se seleccionó la muestra. Y, encima, era una encuesta hecha a poco más de 500 personas, con un margen de error altísimo”, critica Josep Ferrà, integrante del grupo de vecinos de Esporles y alcalde de esta localidad enclavada en la Serra de Tramuntana. Por su parte, Domingo, otro residente, hace hincapié en el hecho de que Tezanos eligiese este martes para dar a conocer la encuesta de 1979: “Da la casualidad de que 48 horas antes nos habíamos dirigido al presidente del Gobierno para insistir en que publique el sondeo de 1976”.

Tras la publicación de este reportaje, el presidente del CIS ha remitido una nota aclaratoria en la que asegura que no existe ningún registro o documento “sobre esa supuesta encuesta de 1976”, ni les consta que Suárez realizara ningún comentario sobre tal posibilidad. Tezanos señala que aquel año se hicieron tres grandes oleadas de encuestas previas a la Constitución sobre la posible distribución de las orientaciones electorales antes de que existieran partidos políticos legalizados. Sobre la de 1979 -a la que, apostilla el escrito, el expresidente del Gobierno aludió en varias ocasiones-, el CIS apunta que hallaron “documentos parciales en las cerca de mil cajas de documentación antigua que encontramos”.

De esa forma, prosigue, recuperaron la encuesta realizada en 1979 con una muestra de 504 entrevistas que él mismo dio el pasado martes a conocer. “Lo exiguo del tamaño de la muestra hace que los márgenes teóricos de error de tal estudio sean elevadísimos y, por lo tanto, poco representativos”, continúa la nota, en la que recalca que “dio a conocer inmediatamente esta encuesta nunca publicada, debido al indudable interés histórico de la misma”. Tezanos recuerda que en el Senado leyó literalmente la pregunta de dicha encuesta e informó “de todos los datos disponibles”. “En ningún momento en mi comparecencia en el Senado hablé sobre la existencia de otra encuesta diferente”, admite, asegurando no haber tenido conocimiento de las peticiones de los vecinos.

Confesiones a micro tapado

La confección y los resultados de la supuesta encuesta había dormido el sueño de los justos durante varias décadas hasta que un 'desliz' del propio Suárez jugó en su contra. En una entrevista inédita que la periodista y biógrafa oficial de la Transición, Victoria Prego, realizó en 1995 al expolítico y que sería desvelada por La Sexta Columna en noviembre de 2016 -nada menos que 21 años después-, Suárez reconoció que, cuando en 1977 impulsó la Ley para la Reforma Política que eliminaría jurídicamente las estructuras del aparato franquista, introdujo en ella las palabras 'rey' y 'monarquía', con disposiciones como “el Rey sanciona y promulga las leyes” o “el Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey”. “Metí la palabra rey y la palabra monarquía en la Ley y así dije que ya había sido sometido a referéndum”, justificó literalmente el expolítico, quien, de este modo, evitaba una consulta expresa sobre monarquía o república y se aseguraba la permanencia de la institución dinástica sin tan siquiera haber sido sometida a votación popular.

Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos

Adolfo Suárez — Entrevista inédita con Victoria Prego en 1995

Como se aprecia en el vídeo insertado en este artículo, Suárez procede a tapar el micrófono que lleva sujeto para que no se registraran sus palabras: explica que había actuado de esta forma porque los sondeos de los que disponía entonces el Gobierno -y que nunca llegaron a publicarse- anunciaban que el modelo republicano era el preferido por los españoles. “Hacíamos encuestas y perdíamos”, admitió el expolítico abulense, quien ostentó varios cargos públicos durante la dictadura franquista y fue en en 1976 nombrado líder del Ejecutivo central por el rey Juan Carlos I. Murió en 2014, dejando tras de sí un reguero de incógnitas e interrogantes acerca de cómo se fraguó la Transición. Casi cincuenta años después, las sombras que sobrevuelan el relato de aquel histórico periodo continúan sin despejarse. 

“La monarquía se ha construido con una gran mentira”

Los vecinos reunidos en el centro de Esporles sostienen que la “ocultación” de la consulta que habría sido realizada aquel año respondería a un patrón según el cual, “cuando captan que socialmente no hay una mayoría a favor de la monarquía, se esconden los datos. Pasó en la Transición y ha vuelto a pasar cuando la valoración del rey cayó por debajo de 5 en el CIS entre 2011 y 2015”, asevera Domingo. Este residente recuerda que hace años el barómetro dejó de preguntar directamente por monarquía o república y se limitó a medir la confianza en la Corona. En este sentido, critica que el presidente de este organismo público “lleva desde 2015 diciendo que no se pregunta por la monarquía porque para la gente no es un problema”. El grupo, sin embargo, ha estudiado minuciosamente las series estadísticas del CIS y los ciclos de publicación de datos y asevera: “Cuando empezaron los suspensos, retiraron la pregunta”.

Domingo Sanz recuerda que hace años el barómetro del CIS dejó de preguntar directamente por monarquía o república y se limitó a medir la confianza en la Corona. “Cuando empezaron los suspensos, retiraron la pregunta”, denuncia

El vecino señala que ese patrón ya existía en la Transición e incide en que esta se cimentó sobre un relato adulterado: “La monarquía se ha construido con una gran mentira”, subraya mientras los demás asienten. “No tuvo el apoyo inicial de la población y se ocultó”, añade Ferrà, quien considera que se trata de “un juego muy sesgado” dado que “todos los aparatos mediáticos que acompañan a las instituciones hacen reflotar esa narrativa para que la monarquía sea aceptada”.

La Ley franquista de Secretos Oficiales

Por encima de esto, el primer edil considera “muy grave” que “se oculten estas cosas en democracia con una ley de secretos franquista”. Se refiere, en concreto, a la Ley de Secretos Oficiales que se aprobó en 1968, con el régimen de Franco en vigor, y en la que las instituciones se amparan para no hacer público el sondeo de 1976 al que aludió Suárez. En una respuesta ofrecida el 5 de abril de 2023 al senador Vicenç Vidal, quien milita en Més per Mallorca, el Ejecutivo central aludía a la elaboración de un anteproyecto de ley que pretende sustituir a la norma aún vigente. “El Gobierno está comprometido con la elaboración del Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que actualice el régimen jurídico preconstitucional en esta materia, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno”, respondía entonces el Ejecutivo, reconociendo, quizás implícitamente, la existencia de la encuesta que se le formuló a la opinión pública española dos años antes de aprobarse la Constitución. “Esta es la auténtica encuesta”, comenta Domingo.

Las instituciones se amparan en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, aprobada con el régimen franquista en vigor, para no hacer público el supuesto sondeo de 1976

Ferrà va, incluso, más allá: “Lo más grave es que en un Estado democrático se estén ocultando cosas que ocurrieron durante la dictadura, que es lo que se está haciendo en este caso, cuando esa ley franquista no obliga a ocultarlas. Un gobierno democrático puede desclasificar lo que quiera y, si no lo hace, es porque no le da la gana, porque ha publicado cosas que también estaban bajo esa misma ley”. “¿Qué baremo democrático tiene España con esta ley de secretos de Estado?”, se pregunta. Y sentencia: “El Gobierno protege la dictadura”.

Sobre la nueva norma que prepara el Ejecutivo central, alerta de que permitiría bloquear documentos durante décadas “sin necesidad de justificarlo ante la ciudadanía” -el texto establece un mínimo de 45 años, prorrogables de forma motivada a un máximo de 60-. El alcalde confía en que “los contadores no arranquen desde cero” para los documentos clasificados en la actualidad, en línea de otras voces críticas que temen que los plazos del secreto de los documentos se reinicien y estos continúen varias décadas más bajo sigilo, vaciando con ello la memoria colectiva y manteniendo ocultas determinadas zonas oscuras de la historia contemporánea. “Ahora estamos viendo cómo la población joven no sabe ni quién es Franco ni qué es la Transición. De aquí a 40 ó 50 años, el trabajo de desmemoria que se habrá hecho será total”, recela.

La ley de secretos franquista no obliga a ocultar. Un gobierno democrático puede clasificar lo que quiera y si no lo hace es porque no le da la gana. ¿Qué baremo democrático tiene España con esta ley de secretos de Estado? El Gobierno protege la dictadura

Josep Ferrà — Miembro del grupo y alcalde de Esporles

El encuentro en Es Brollador avanza y la frustración se mezcla con la determinación. Algunos proponen escribir de nuevo a los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno; otros creen que habrá que explorar nuevas vías legales. Lo único seguro es que no piensan rendirse dado que, en su opinión, lo sucedido no es un detalle histórico menor, sino un elemento que habría cambiado la forma en que varias generaciones se acercaron a la Transición y a la cultura democrática.

“Si se hubiera conocido esta encuesta, tendríamos una sociedad mucho mejor”, subraya Domingo, quien considera que “los profesores de historia habrían podido explicar el sondeo sin miedo a que en cada clase se generara una pequeña guerra civil”. En esta línea, subraya: “Si se hubiera conocido que España en ese momento prefería república, los profesores habrían podido decir a millones de niños y adolescentes: 'Este es el país en el que vivimos'”. La voz le tiembla ligeramente al recordar los infructuosos intentos por lograr que el Gobierno recapacite: “Mandas un escrito y nada. Es desesperante. Estamos muy jodidos”.

Si se hubiera conocido la encuesta, tendríamos una sociedad mucho mejor y los profesores de historia habrían podido explicar sus resultados sin miedo a que en cada clase se generara una pequeña guerra civil. Si se hubiera conocido que España en ese momento prefería república, los profesores habrían podido decir a millones de niños y adolescentes: 'Este es el país en el que vivimos'

Domingo Sanz — Miembro del grupo

En enero de 2024 un grupo de jueces y juristas de Balears, entre quienes se encuentran José Castro -conocido por dirigir la instrucción del caso Nóos- y Juan Pedro Yllanes -quien renunció a presidir el juicio contra Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina para acceder a la política de la mano de Podemos-, remitieron una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le reclaman que se desclasifique toda la información relativa a la supuesta encuesta de 1976. Al igual que los vecinos de Esporles, quieren llegar al fondo de esta cuestión para conocer si, efectivamente, quienes tutelaron la transición de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria blindaron la continuidad de un régimen caduco bajo el parapeto de la monarquía e imposibilitaron que la bandera de la República pudiera ondear de nuevo en los balcones de las instituciones.

En enero de 2024 un grupo de jueces y juristas de Balears, entre quienes se encuentran José Castro y Juan Pedro Yllanes, reclamaron al Gobierno que se desclasifique la información relativa a la supuesta encuesta de 1976 para conocer si quienes tutelaron la transición del franquismo a la democracia parlamentaria blindaron mediante dudosos métodos la continuidad del régimen

En su misiva, reclamaban que, junto a los resultados del referéndum de la Ley de la Reforma Política -elaborada por el presidente de las Cortes franquistas Torcuato Fernández Miranda-, el Gobierno proporcione la entrevista que Prego realizó a Suárez y en la que, recordaban, este “desveló que antes del referéndum de 1976 había ordenado la realización de encuestas, que no publicó, y que le permitieron organizar el referéndum para obtener los resultados que le interesaban y asegurar la continuidad de la monarquía que el dictador había restaurado en 1947 mediante la Ley de Sucesión de la jefatura del Estado”. A través de esta norma, Franco estableció que España, como unidad política, era un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declaraba constituido en reino, reservándose de este modo la facultad de proponer a las Cortes a la persona que debía ser llamada, en su día, a sucederle a título de rey.

En Esporles, mientras tanto, los vecinos no descartan emprender nuevas acciones después de Navidad. Y, pese al cansancio acumulado, sus integrantes mantienen la convicción de que la sociedad merece saber qué pensaban realmente los españoles en 1976, cuando Adolfo Suárez decidió mirar aquellas cifras y callar.

José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha defendido este martes la “labor rigurosa” e “independiente” de las encuestas que publica, incluyendo las estimaciones de voto que se incorporan a cada uno de los barómetros mensuales. “Hemos dado siempre en el clavo”, ha asegurado, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado que estudia precisamente la actividad del instituto demoscópico.

“La crítica actual al CIS es una crítica no científica, es de carácter político. A mí me llama la atención teniendo en cuenta la historia, casi todos los presidentes han salido del CIS con la sensación de que han sido criticados injustamente y en mi caso se ha exagerado”, ha remarcado Tezanos. No obstante, el también dirigente socialista ha insistido en que en todas las encuestas se manejan márgenes de error. “Nos podemos equivocar, porque la sociología es una ciencia relativa”, ha afirmado.

“No nos movemos en el terreno de las adivinaciones, ese terreno es de los adivinos y de las casas de apuestas. Nosotros lo que hacemos son estimaciones”, ha insistido, antes de defender que su equipo de trabajo realiza “la labor más rigurosa que se puede hacer desde el punto de vista científico”. Preguntando expresamente sobre la razón por la que los barómetros del CIS últimamente siempre dan como ganador al PSOE, Tezanos ha respondido lo siguiente: “Porque es al que más votan, por eso está en el Gobierno”.

En su comparecencia, el presidente del instituto ha afirmado que el CIS es “absolutamente independiente”. “Nunca hemos recibido ninguna instrucción de Moncloa”, ha señalado, además de señalar que, por ejemplo, los ministros del Gobierno conocen los resultados de los barómetros a la vez que el resto de la ciudadanía. También ha dicho que el suyo es “un modelo de estimación que está dando buenos resultados”, aunque ha insistido la posibilidad de que se produzcan fallos. “Nos podemos equivocar”. 

Tezanos ha dicho que “en las primeras elecciones generales” por las que preguntó en su mandato, “los datos del CIS coincidieron exactamente con los datos de todos los grupos parlamentarios”. Además, ha rechazado que el PSOE tenga que convocar elecciones en función de los resultados de sus barómetros: “Sería oportunismo convocar cuando se hagan las encuestas”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es uno mandatarios autonómicos que ha irrumpido en el listado de líderes que la opinión pública española deseraría en la presidencia, según el último barómetro del CIS de noviembre. En este listado se ha colado también su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

A la pregunta “De los/as principales líderes políticos/as, ¿quién preferiría que fuese el/la presidente/a del Gobierno en estos momentos?”, un 0,3% de los encuestados respondieron espontáneamente su preferencia por Emiliano García-Page.

Se trata de los dos únicos líderes autonómicos que aparecen en el listado, encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un 24,5% de respuestas espontáneas, seguido del líder de Vox, Santiago Abascal, con un 11%.

Curiosamente, el presidente de Castilla-La Mancha abogó esta semana por un adelanto de las elecciones generales, debido a la situación política por el 'caso Cerdán' y la ruptura de Junts con el Gobierno.

Aunque Page anteriormente no había sido partidario de ese adelanto, ahora sí lo ha afirmado abiertamente, para que la política nacional no empañe las elecciones autonómicas que en esta comunidad autónoma, donde Page tiene mayoría absoluta, se celebrarán en 2027.

El rigor ciéntífico y académico ha dejado de ser una fuente de credibilidad ampliamente compartida. Hasta un tercio de los catalanes en franjas de edad comprendidas entre los 25 y los 50 años considera que los expertos y científicos manipulan frecuentemente los datos que exponen para favorecer a intereses económicos o políticos. Esta desconfianza es especialmente pronunciada en este sector de edad pero, del total de la población, solo el 13% considera que los datos científicos son siempre fiables.

Es uno de los datos que arroja la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, que ha estudiado las creencias y percepciones de la sociedad respecto a la llamada posverdad y las teorías conspiranoicas, que representan uno de los fenómenos con más impacto en la política.

El rechazo de los datos cienfíticos es, de hecho, un marcador importante del voto. El 51% de los votantes de Vox y el 45% de Aliança afirman que esos datos se manipulan, una idea que solo convence al 16% de los votantes de Comuns o CUP, que son los que más confían en la validación científica. En medio quedan PP, con un 37% de desconfíanza en los datos contrastados, Junts (29%), PSC (27%) y ERC (26%).

Algo similar ocurre cuando se pregunta si “los poderes fácticos esconden a menudo los hechos alternativos que cuestionan las verdades conocidas”, una afirmación que acepta hasta el 48% de los encuestados, contra un pequeño 9% que la rechaza.

Pero la encuesta del CEO revela un dato que va más allá de la desconfianza en la verdad: una parte importante de la sociedad avala la mentira en política. En concreto, el 49% de los votantes de Vox y el 44% de Aliança afirman que “todos los políticos mienten pero algunos al menos lo hacen para defender a su país”. Demás, más de un tercio de los que dan apoyo a Junts, PP y PSC cosnsideran que “a veces es necesario simplificar o exagerar un poco la realidad para transmitir un mensaje importante”.

Una de las cuestiones que el estudio pone de manifiesto es que el pensamiento conspiranoico está extendido por todo el espectro de edad, geografía y clase social, sin que tampoco haya grandes diferencias entre hombres y mujeres. Con lo que tiene una fuerte correlación, sin embargo, es con el consumo de información política a través de redes sociales.

En concreto, el 58% de los votantes de Vox aseguran informarse a través de Instagram y el 40% con YouTube. Entre los Comuns, en valores opuestos, Instagram es una fuente de información para el 41% y, YouTube, solo para el 27%.

Y aún hay otra correlación destacada de la desconfianza en los hechos: el descrédito de la democracia y auge de los valores autoritarios. Cuando se contrapone vivir en un país democrático con tener un nivel de vida adecuado, el 40% de los catalanes elige la segunda opción, contra 34% que antepone la democracia.

Esta priorización de la prosperidad por detrás de la democracia es especialmente acusada entre los hombres de menos de 34 años, donde son mayoría aquellos que elegirían mejorar su nivel económico. Si se disgrega por voto, esta es la preferencia del 64% del electorado de Vox, del 57% de Aliança y del 49% del PP.

Tres cuartas partes de los murcianos (un 76%) se sienten satisfechos con su calidad de vida actual, según la II Encuesta de Calidad y Hábitos de Vida en la Región de Murcia. También calificaban de forma positiva a la calidad de vida de la Región, con un 68.7% de los encuestados puntuándole entre el 7 y 10.

La Cátedra y Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia ha presentado este lunes esta encuesta, “una radiografía de la sociedad murciana, sobre todo sobre de sus actitudes y características psicográficas”, ha definido el director de la cátedra, Ismael Crespo.

“La sociedad murciana se siente feliz. A pesar de las dificultades económicas, se basa mucho en las relaciones personales, lo que constituye un colchón que les lleva a tener esa percepción de una vida cómoda y feliz”, ha abundado el sociólogo.

El 60,1% de los entrevistados declara haberse sentido feliz recurrentemente («siempre» o «casi siempre») durante el último mes, un porcentaje que el año pasado era algo superior (alcanzó el 65%).

Los factores que para las personas entrevistadas inciden en esta percepción de felicidad son la satisfacción con las relaciones personales, familiares y de amistad. Quien puntúa más alto en este indicador tiene más probabilidades de sentirse feliz de manera recurrente, mientras que el efecto de la situación económica se diluye al considerar otras variables.

Con una muestra representativa de más de un millar de personas, se trata de la segunda edición de este estudio, el único de estas características en la Región. De la anterior publicación a esta, ha explicado el catedrático, se han obtenido resultados muy similares, especialmente en lo pertinente al perfil psicográfico de los murcianos: “Estamos ante una sociedad enormemente hedonista, que le gusta la vida en común, la vida y las relaciones personales”.

La encuesta dibuja dos estilos de ocio y de ciudadanía. Predomina el sociable y hedonista, con dos de cada tres personas optando por salir a tomar algo con amigos (66,3%), frente a un 27,9% que elige ir al teatro, cine o museos. La preferencia por la cultura crece con la edad: solo el 15,7% de los entrevistados de 18–30 años elegiría un plan cultural, porcentaje que supera el 30% para quienes tienen 65 y más años.

Desciende la satisfacción por la seguridad

A partir de las percepciones de los entrevistados, el estudio construye un Índice de Calidad de Vida (ICV) con nueve indicadores agrupados en cuatro dimensiones (ocio y relaciones personales, condiciones materiales de vida, servicios públicos y seguridad). Según este índice, las personas de 65 o más años presentan la mayor calidad de vida (con una media de 7,5), mientras que los adultos jóvenes (31 a 44 años) registran la más baja, con un valor medio de 6,4.

Dentro de los diferentes indicadores utilizados para medir la calidad de vida, la satisfacción con la percepción de seguridad es el peor valorado, con 5,9 puntos, y desciende respecto a la primera edición de la encuesta (año 2024), cuando alcanzó los 6,3 puntos: “Aquí entra la percepción de la seguridad física, pero también la seguridad económica y de bienestar”, ha enumerado Crespo.

Los dos indicadores de calidad de vida en los que los entrevistados muestran un mayor nivel de satisfacción son, por un lado, sus relaciones personales (8,5) y, por otro, la vivienda en la que residen (7,9).

Los 'millennials', asfixiados por la economía

El 37,5% de la población entrevistada declara dificultades para llegar a fin de mes, 3,3 puntos más que hace un año (34,2%). Por edad, el grupo de 31 a 44 años -la generación millennial- es el que más dificultades atraviesa (55,6%).

En cambio, los más jóvenes (18 a 30 años) y los mayores de 65 presentan niveles sensiblemente más bajos: solo declaran tener dificultades económicas un 29,8% y un 23,2% de ellos, respectivamente: “Los más jóvenes y los más mayores tienen mejor percepción de calidad de vida, mientras que aquellos que sufren más son los adultos jóvenes. Los 'millennials' sufren más por la presión laboral, el costo de vivienda y falta de tiempo”, ha explicado el politólogo.

El nivel educativo actúa como factor protector: entre quienes tienen estudios universitarios las dificultades se reducen.

Los municipios pequeños, más insatisfechos

Con respecto al municipio de residencia, la valoración de la calidad de vida existente en la Región de Murcia es más baja entre los entrevistados que residen en los municipios de menos de 10.000 habitantes en comparación con el resto. Estos datos informan de la existencia de una posible brecha de desigualdad territorial en términos de dotación de servicios y garantías de calidad de vida: “Solemos mantener una idea bucólica de que en los pueblos se vive mejor, pero los municipios pequeños echan en falta servicios, oportunidades de empleo y de ocio”, ha explicado el catedrático.

“Los jóvenes de la generación Z que viven en pueblos de menos de 10.000 habitantes se quejan, por ejemplo, de que para salir tienen que desplazarse hasta Murcia capital, Cartagena o a Lorca”, ha ejemplificado Crespo.

Los 'zeta' se informan a través de redes sociales

La ciudadanía se divide casi por igual entre medios tradicionales y redes sociales como canal prioritario para obtener información sobre la actualidad, 50,9% frente a 46,7%. La elección es generacional: el 74,4% de los menores de 30 prefiere informarse a través de las redes, frente a solo el 18,9% de los mayores de 65.

Según las preferencias partidistas, entre los votantes del PP, PSOE y Podemos–IU–AV prevalecen los medios tradicionales. Entre los de Vox ocurre lo contrario, con un 59% que opta por las redes sociales.

Es llamativo la división del asociacionismo por grupos de edad, que desciende cuanto más joven es el entrevistado: mientras que solo el 15,5% de los jóvenes entre 18 y 30 años y el 22,8% de los adultos jóvenes (31-44) es miembro de alguna asociación, el porcentaje se eleva hasta el 38,6% para quienes tienen entre 45 y 64 años y todavía más (40,3%) para las personas de 65 y más años.

“La falta de implicación de los jóvenes en el tejido cívico resulta preocupante en términos democráticos. La debilidad del capital social a estas edades puede favorecer la expansión de visiones más individualistas y menos cooperativas, acompañadas de una menor confianza institucional e interpersonal, un sentido de comunidad más débil y una relación más distante con la política” ha advertido el estudio.

El perfil psicográfico que emerge en la encuesta es el de una ciudadanía que valora la estabilidad, desea sentirse segura, respeta las tradiciones y presenta una baja tolerancia al riesgo y a la experimentación. La búsqueda de novedades y de estimulación es minoritaria, al tiempo que la ambición de éxito personal también resulta moderada. Tan solo un 22,9% de los ciudadanos entrevistados siente que la búsqueda de una vida emocionante y con riesgos le describe totalmente, y poco más del 32% reconoce sentir que la búsqueda del éxito personal es un rasgo que define profundamente su personalidad.

Por lo que respecta a la actitud frente al Medio Ambiente, el 76,6% de los entrevistados opta por proteger el medio ambiente, incluso si eso supone dañar el crecimiento económico. Las actitudes proambientales son mayoritarias y se extienden de forma transversal en términos sociodemográficos, consolidándose como un valor compartido entre la ciudadanía de la Región de Murcia.

Solo por afinidad política se observan diferencias reseñables. La conciencia medioambiental es dominante entre los votantes de Podemos–IU–AV (100%) y el PSOE (90,4%), es alta entre quienes apostaron por el PP (69,3%), y menor entre los votantes de Vox (56,3%).

Dejó dicho Pierre Bourdieu que la demoscopia es una ciencia sin científico, afirmación dura que no me atrevo a desmentir viniendo de uno de mis maestros; para más información siempre pueden ustedes consultar su obra (sus clases también, no todas, están publicadas). Patrick Champagne, quizá su mejor intérprete, también escribió sobre el asunto. Sin embargo, bien es cierto que una parte de la demoscopia es ciencia y la otra, también, pero más bien arte coquinario, con proliferación de cocineros de los que hoy se hacen llamar imaginativos, con menús originales, pero más abundantes “a la carta”.

El maestro bearnés (con habla y acento criticado en París) decía que las encuestas eran performativas, que lejos de su pretendida cientificidad lo que pretendían es perfilar y condicionar la voluntad de la ciudadanía. Ya advertía que las encuestas de cámara se habían convertido en alimento tóxico de ciertos políticos y alimento más que nutritivo de la prensa, en su tiempo mayoritariamente escrita, pero ya tertuliana en distintos formatos. 

Ciertos políticos gobiernan a golpe de encuestas. Eso explica que las agendas legislativas estén a veces jalonadas de hechos inexplicables. Pero ¿cómo explicar que otros hagan política en contra de las encuestas? Pongamos el caso de lo que dicen mayoritariamente los sondeos sobre el genocidio de Gaza o el aborto. Sin embargo, hay fuerzas políticas que no parecen en estos casos inmutarse, no interesa la demoscopia cuando no es amiga, de salón. La respuesta está en otras dependencias de la política, en este caso, la dependencia ideológica más radical, la clientela global o las interminables pistas del dinero, quiero decir, los cabildos (lobbies), financieros, sanitarios, cristeros, inmobiliarios o sionistas, más determinantes que la ciencia pretendida.

La maldad de un sondeo siempre estaba en la pregunta, tal vez por eso nunca se pregunta por la monarquía, para no parecer malevo

Los medios editorializan durante meses; de pronto, aparece su encuesta y confirma lo que llevan machacando y proceden a editorializar solemnemente el resultado para así hacer creer y creerse acreditados por esa ciencia. Una manera divertida de ver estos resultados es observar con interés sus infografías. Quizá otra ciencia, en la que parece una barra que representa, digamos treinta, cien veces más que otra que represente cinco. Es un truco como el de la pelotita pero en colores.

Dentro de esta parte divertida de la demoscopia, está la comprobación o validación callejera. Recuerdo que un medio televisivo en el que trabajaba siempre mandaba desde Madrid una cámara al puente de Triana, en Sevilla. Me preguntaba qué pasaría si la mandaran al otro puente cercano, el antes llamado del Alférez provisional, o al puente de Santiago en Irún. Últimamente, en la corte televisiva siempre mandan la cámara a un barrio bien de Madrid y la conclusión que sacan es que todas las señoras bien no votarán a Pedro Sánchez y los muchachos de hoy son de extrema derecha, y tan contentos.

Las encuestas de Tezanos tienen una propiedad de la que nunca pude obtener respuestas de Bourdieu: son diarreicas

Bien es cierto que el nivel de aproximación es notable, las tendencias les llaman. Otras consecuencias de esta ciencia son pura obviedad machacona: la extrema derecha va subiendo, el PSOE sacará más escaños que Podemos, la izquierda de la izquierda va mal… Las minorías son maltratadas por sistema, aunque luego los observadores y analistas padecen cuando esas minorías demuestran su valor en toda democracia parlamentaria poniendo a los gobiernos en tenguerengue. Las encuestas no te dicen nunca que las minorías, como las arrugas, son bellas y sirven para impedir el imperio de las mayorías y que el vestido tenga un mejor aspecto que el liso del ordeno y mando. 

Y luego aparece Tezanos, el terror de la demoscopia coquinaria –la parte científica todos la copian. La mayoría se sonríe cuando aparecen sus encuestas, otros las vapulean. Recuerdo que Bourdieu afirmaba que la maldad de un sondeo siempre estaba en la pregunta, tal vez por eso, nunca pregunta por la monarquía, para no parecer malevo. Sin embargo, las encuestas de Tezanos tienen una propiedad de la que nunca pude obtener respuestas de Bourdieu: son diarreicas. Cuentan ciertos testigos presenciales que los resultados presentes en el último menú del cocinero han provocado evacuaciones ya líquidas a profusión, sin dieta mediática o demoscopia alternativa que las contengan.