Apenas una semana después de la convocatoria electoral de Pedro Sánchez para el 29 de noviembre, las encuestas mantienen la ventaja de PP y Vox sobre PSOE, Sumar y Podemos en unos 15 puntos. El promedio de sondeos de elDiario.es coloca al PP como primer partido, con alrededor del 32% de los votos, seguido de PSOE (26%), Vox (19%), Sumar (6%) y Podemos (3%), a la espera de que se terminen de configurar las alianzas del Frente Amplio y la inclusión de Podemos en esa coalición.

Aunque los sondeos apenas se han movido desde la convocatoria electoral, las tendencias son claras desde los comicios de 2023. El PSOE ha caído entre 5 y 6 puntos desde aquellas elecciones y los partidos a su izquierda tampoco han recogido nada de ese voto socialista perdido. La suma de Sumar y Podemos (que ahora mismo las encuestas recogen por separado) está tres puntos por debajo de los comicios del 23J.

El giro a la derecha (un fenómeno que se ha repetido casi todas las elecciones que se han celebrado desde 2023) es claro. Aunque el PP se queda casi igual que en las pasadas elecciones, Vox sube unos seis puntos respecto a las anteriores generales. Una subida que ya tiene en cuenta la aparición de SALF, la formación del agitador ultra Alvise Pérez, para quien las encuestas dan entre el 1% y el 2% del voto.

Pero, ¿cómo se traduce este promedio de votos a escaños? Hemos hecho 10.000 simulaciones aplicando el margen de error de las encuestas -pueden fallar- para estimar el número de diputados que podría sacar cada partido con los datos actuales.

En el promedio de esas repeticiones, el PP sacaría 135, seguido del PSOE, con 106. Vox doblaría sus diputados actuales hasta los 66 y la división de Podemos y Sumar suma 13, lejos de los 31 que sacaron en 2023.

Las estimaciones dan poca probabilidad a una mayoría en solitario del PP, pero la suma de la derecha -populares y Vox- sí superaría con holgura los 176 diputados necesarios para conformar Gobierno. Hoy están sobre los 201 escaños.

¿Es fiable esta estimación? Hoy, nuestros cálculos dan mayoría a la suma de PP y Vox en 9 de cada 10 simulaciones. Es decir, hay un 10% de probabilidades de que no consigan la mayoría. Aunque es verdad que las encuestas pueden fallar, tendrían que estar sobrestimando mucho a PP y Vox.

Si aplicamos este mismo modelo a las encuestas que se publicaron en 2023, una semana antes de las elecciones habría dicho que la mayoría de PP y Vox era una moneda al aire: 5 de cada 10 simulaciones. Sacaron 170, por debajo de 176.

Las encuestas dicen que la izquierda va a tener que remontar muchos puntos en lo que queda de octubre y noviembre para acercarse al bloque conservador. Pero, ¿cómo está la batalla en cada provincia?

En el siguiente mapa puedes consultar la estimación de voto en cada provincia y los escaños que salen de aplicarle la ley D’Hondt. Entre paréntesis, el rango de escaños en 8 de cada 10 simulaciones.

Hay que tener en cuenta que para los datos provinciales, el margen de error es mayor ya el que modelo supone que el voto de cada partido se reparte entre provincias de forma parecida a las pasadas elecciones. Incluye un margen de error para cada territorio, pero si un partido tiene una tendencia propia en un lugar concreto (como el PSOE en Catalunya en 2023), el modelo no la puede anticipar.

¿Y qué pasaría si...?

Para ver cómo funciona la batalla electoral, hemos hecho esta calculadora que muestra una estimación aproximada de los escaños de cada partido ajustando los 6 principales partidos nacionales según el porcentaje de voto que crees que tendrá.

Los controles de cada partido te permiten modificar el porcentaje de voto de cada candidatura y comprobar cómo altera el reparto de escaños. Esta herramienta no hace simulaciones ni, por tanto, tiene en cuenta el margen de error de las encuestas.

Todas las encuestas desde 2023

En la siguiente tabla puedes consultar todas las encuestas que se han tenido en cuenta para el modelo. Los datos provienen en su mayoría de Wikipedia y han sido corregidos de errores puntuales en algunos sondeos por este medio.

PP y PSOE se encuentran en una situación de empate técnico a nivel electoral. Un informe elaborado Ateneo del Dato utilizando los datos del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre, hecho público este mismo miércoles, realiza un cálculo alternativo al de la cocina del instituto que dirige José Félix Tezanos y concluye que, en este momento, el porcentaje de voto tanto de socialistas como de populares sería muy similar, cercano al 28% de los sufragios para cada uno de ellos. Esta estimación contrasta con la realizada por el CIS, que ha disparado el apoyo al PSOE y ha reducido el del PP, aumentando así la ventaja de los socialistas a 11,8 puntos respecto a los populares.

Para realizar su cálculo, al que ha denominado el 'contra-CIS', Ateneo del Dato, empresa que elabora las encuestas que publica elDiario.es, se basa en la intención directa de voto que recoge el Barómetro del CIS, que da un 25,3% de los apoyos para el PSOE, un 14,7%, al PP; un 11,6%, a Vox; un 4,5%, a Sumar, y un 2,2%, a Podemos. La estimación de Tezanos, es decir, una vez aplicada la llamada 'cocina' utilizando distintas variables como el recuerdo del voto, otorga un 34% de los sufragios a los socialistas; un 22,2%, al PP; un 17,1%, a Vox; un 6,1%, a Sumar y un 3,1%, a Podemos.

Con su estimación, el CIS da al PSOE 11,8 puntos de ventaja, pero corregido el sesgo muestral con el método de Ateneo del Dato, PSOE y PP se quedan a solo 0,3 puntos y Sumar y Podemos suman el 10,9% (dos décimas por encima que con la estimación de Tezanos). Aunque en la mencionada situación de empate técnico, en votos las elecciones las ganaría el PSOE con un 28,6% de los votos, frente al PP, que lograría un 28,3%.

El reparto de escaños

La estimación del CIS no se traslada a escaños, pero la proyección de Ateneo del Dato sitúa al PP con más diputados que el PSOE, siempre teniendo en cuenta los porcentajes antes referidos. Los populares alcanzarían los 119 parlamentarios, frente a los socialistas, que obtendrían 116. Vox, al que Ateneo del Dato da un 17,5% de los apoyos (cinco décimas más que el CIS), obtendría 66 diputados. Y Sumar o Frente Amplio (nueva denominación de la alianza entre Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los Comuns), alcanzaría el 7,9% de los votos, 1,8 puntos más que con la estimación del CIS, y 15 escaños. Podemos pasaría del 3,1% que le da el CIS al 3% que le otorga Ateneo del Dato, con una proyección de dos escaños.

Con todo, según esta proyección la suma de PP, Vox y UPN alcanzaría 186 escaños, diez por encima de la mayoría absoluta. Y la reedición de una alianza de PSOE y Sumar como la que gobierna en estos momentos el país apenas se quedaría con 131, a 45 diputados de la mayoría absoluta. Es decir, que en este escenario la izquierda no tendría opciones de reeditar la mayoría de investidura que mantuvo a Pedro Sánchez en la Moncloa, en 2023, ya que la suma de todos sus socios parlamentarios se quedaría en 32 diputados. No obstante, Ateneo del Dato destaca que el actual “es el mejor momento del PSOE desde la crisis de Ceuta, el caso Zapatero o la guerra de Irán”.

La metodología

Para esta estimación, en Ateneo del Dato ha utilizado los microdatos del barómetro del CIS. Según explican desde la compañía demoscópica, “la muestra de esta encuesta, como ocurre habitualmente, está muy desequilibrada en el recuerdo de voto”. “El 32,1% de los entrevistados afirma haber votado al PSOE el 23J, cuando los votos de los socialistas representaron el 22,1% del censo electoral de residentes (CER); una diferencia de 10 puntos. Con el PP ocurre lo contrario: sus votantes están infrarrepresentados. Esto provoca que en la muestra hay cerca de dos votantes del PSOE por cada uno del PP, cuando en el 23J no fue así”, apuntan.

“Este sesgo de composición hay que corregirlo antes de estimar, pero el instituto público no lo hace, así que su estimación lo arrastra. Para corregirlo, partimos de la matriz de transferencias, que muestra qué hace hoy cada grupo de electores según lo que votó en las últimas elecciones: si repite su voto, si elige otro partido, si se abstiene o si está indeciso. Después aplicamos esas proporciones al tamaño real de cada grupo según los resultados oficiales del 23J. Esto equivale a ponderar la muestra por recuerdo de voto, de modo que el peso de cada electorado lo fijan las urnas y no la composición de la encuesta. Además, repartimos a los indecisos en proporción a lo que declaran los votantes de su mismo origen. También introducimos una corrección sobre quienes se abstuvieron en estos comicios, porque las encuestas suelen recoger mal al grupo de los abstencionistas, por lo que tienden a sobrestimar su intención de votar. Por último, para el reparto de escaños proyectamos la estimación nacional sobre los resultados de cada provincia en 2023 mediante un _swing_ uniforme. Los escaños de cada circunscripción se asignan con la ley D’Hondt, aplicando el umbral legal del 3% de los votos”, añade Ateneo del Dato.

En cuanto a la fidelidad del voto, Vox sería el partido que más apoyos retendría respecto a los resultados que obtuvo en 2023. El 73% de los ciudadanos que hace tres años votaron a la fuerza de Santiago Abascal repetiría el próximo 29 de noviembre, frente a un 8% que se iría al PP. Respecto a los votantes del PSOE, repetiría su apuesta por Sánchez el 63,6% de los encuestados. Solo un 4,7% de quienes apoyaron al PSOE el 23J se iría al PP, y el resto optaría por otras fuerzas de izquierda y nacionalistas. En el caso del PP repetiría el 62,7%, pero un 13,4% de quienes en 2023 votaron por Feijóo lo haría ahora por Abascal.

Ateneo del Dato es un proyecto integrado por analistas de datos e investigadores sociales especializados en metodologías cuantitativas y cualitativas. Su finalidad es analizar y explicar, desde una perspectiva empírica, las problemáticas, actitudes y tendencias que configuran la sociedad española y su entorno.

El proyecto está dirigido por Víctor Pérez-Guzmán, analista con formación en Economía, Derecho y Ciencias Políticas, especializado en análisis de datos sociales y electorales. Su trayectoria comenzó en la investigación aplicada y el estudio del comportamiento social, y ha evolucionado hacia el diseño de arquitecturas de datos en entornos cloud y el desarrollo de modelos predictivos basados en patrones de comportamiento.

Actualmente compagina la dirección de Ateneo del Dato con la construcción de sistemas analíticos avanzados, incluyendo enfoques de aprendizaje federado orientados a la predicción y al análisis descentralizado de datos.

Leídas las primeras encuestas publicadas ya en precampaña se pueden extraer dos conclusiones. Ni esa pareja feliz que forman el PP y Vox lo tiene tan ganado, ni el PSOE y Pedro Sánchez tienen la remontada tan cerca como parecen creer. Todo se va a jugar en un puñado de puntos y buena parte por las decisiones de actores que no son ellos. Justo el territorio donde la demoscopia se confunde con facilidad: las distancias cortas.  

Aunque resulte sorprendente, tanto los populares como los socialistas se mueven, tres años más tarde, en una banda de porcentajes de intención de voto bastante similar a la cual corrían en junio del 2023. Los populares acabaron entonces por debajo del resultado esperado y los socialistas mejoraron las apuestas; la distancia prevista entre ambos era significativamente mayor a la finalmente registrada. 

Los cambios más significativos desde entonces hay que buscarlos en el contexto. Entonces la amnistía era el escándalo nacional y había que votar a Txapote. Hoy hablamos de vivienda. Pero también de corrupción y el lío en la gestión de la crisis de Ceuta. Puede que haya una ventana de oportunidad, como dicen los estrategas. Pero más bien se antoja un tragaluz. 

Situación bien distinta afrontan hoy los presupuestos socios de ambos. Vox en el 2023 era una formación a la deriva, a la cual rescató del acantilado las prisas de los barones populares por tornar al despacho oficial y la torpeza de la estrategia de campaña popular. Hoy la ultraderecha navega con el viento a favor de las encuestas y ya nadie se extraña de que los populares pacten con ellos; de hecho, comparecen casi como un pack electoral. 

Sumar aglutinaba en 2023, con sus líos y marrones, a la izquierda plural y su candidata, Yolanda Díaz, suponía un activo electoral. Hoy andan a la espera de decidir si son tirios y troyanos y a cuántos y a quién ponen en los carteles. La duda y el abstencionismo potencial doblan hoy en la izquierda a la derecha. Vox no solo se lleva uno de cada diez votantes populares, sino que acredita la fidelidad de voto de un partido ganador: no tiene que hacer gran cosa en la campaña, le basta con flotar.  

A favor de la repetición de un gobierno progresista juegan dos factores de incierta influencia. El primero reside en que no sabemos realmente qué impacto tendría una candidatura unitaria en el frente amplio ni la identidad del candidato o candidata: todo lo que circula son proyecciones y suposiciones. El segundo factor se fía a la sobreestimación de las expectativas de Vox que hemos constatado a lo largo del ciclo electoral del año pasado. No son datos, son esperanzas; me dirán ustedes. Y tendrán razón. 

El secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, ha asegurado que la ciudadanía valenciana se encuentra preparada para un cambio de gobierno y para dejar atrás la etapa del Partido Popular al frente de la Generalitat, primero con Vox en el Gobierno autonómico y después con la formación de ultraderecha como muleta parlamentaria del partido que de momento dirige el president Juanfran Pérez Llorca. Durante la presentación de un sondeo interno que vaticina un escenario muy ajustado en el que cambio en el Palau es posible, el dirigente socialista ha defendido que el proyecto liderado por la ministra Diana Morant representa la alternativa sólida de cara a las próximas elecciones autonómicas. Según sus palabras, los datos evidencian el cansancio de la sociedad frente a la gestión actual y abren la puerta a un nuevo Ejecutivo progresista: “Hay partido”.

La encuesta encargada por los socialistas valencianos apunta a un claro retroceso del bloque conservador y una “pérdida de confianza” en el Partido Popular, al tiempo que rebaja las expectativas de Compromís, quienes hace unos meses realizaron otra encuesta cuyos resultados auguraban unas Corts muy igualadas y un posible 'sorpasso' de los valencianistas al PP y a los socialistas. Mascarell ha indicado que “el bloque de la derecha se desgasta” mientras la ciudadanía rechaza la inestabilidad. Según el estudio encargado por el PSPV, el partido que lidera Diana Morant mantiene un suelo electoral del 87,2%, situación que la dirección socialista interpreta como una muestra de estabilidad ante la descomposición de sus adversarios políticos.

El estudio, realizado entre el 3 y el 9 de septiembre con 1.200 encuestas, otorga entre 31 y 34 escaños al PP con el 29,7 % de los votos, cuando en las elecciones de 2023 obtuvo 40 diputados y el 36,2 % de los apoyos; entre 29 y 32 asientos y el 27,5 % al PSPV, frente a los actuales 31 escaños y el 27,5 % de los sufragios; entre 16 y 19 diputados y el 17,1 % de los votos a Compromís, mientras que actualmente tiene 15 representantes y obtuvo el 14,7 % de los votos; y entre 17 y 19 escaños y el 17,5% de los apoyos a Vox, frente a sus actuales 13 asientos y el 12,7 % de los sufragios. Por provincias, destaca el escenario que se dibuja en Valencia, donde la gestión de la dana pasaría factura al PP, pero también al PSPV, mientras que Vox sería el principal beneficiario, electoralmente hablando.

El sondeo cuantifica la caída del Partido Popular en un 6,5 % de los apoyos y una pérdida de hasta nueve escaños en las Corts. Este escenario supondría la fuga de 156.000 votos y la pérdida de uno de cada cuatro electores de los conservadores; mientras que el PSPV se consolida como la fuerza “hegemónica” de la izquierda con el 27,5 % del voto estimado, al contrario de lo que apuntaba en su día el estudio encargado por Compromís.

En cuanto a la valoración de líderes, la dirección del PSPV ha destacado la proyección de Diana Morant como la figura política de mayor notoriedad en el territorio valenciano, con un índice de conocimiento del 92,6 %. Su notoriedad alcanza el 89,8 % en la provincia de Alicante, dato que, según Mascarell, demuestra la conexión del proyecto socialista “de norte a sur de la Comunitat Valenciana”. En cuanto al resto de líderes, a Pérez Llorca le conoce el 83,8 % de los valencianos; a Joan Baldoví (Compromís), el 79,4 %; y a José María Llanos (Vox), el 63,3 %. Ante la incertidumbre de quién será el candidato del PP a la Generalitat, aumentada por la actitud de Génova, los socialistas también preguntan por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, a quien apenas conoce el 50,9 % de los entrevistados; si bien tiene la máxima valoración entre los líderes sobre quienes se pregunta, con un 4,8.

Ante este panorama electoral, Mascarell ha afirmado que existe una “pulsión de cambio real y mayoritaria” en la sociedad valenciana, “cansada de la parálisis y la falta de gestión”. El dirigente ha recordado que la Comunitat Valenciana fue la primera autonomía que registró la entrada de la extrema derecha en las instituciones, pero ha augurado que también será “la primera” en apartar a ese bloque de las responsabilidades de gobierno.

Finalmente, la dirección del PSPV descarta la “autocomplacencia” y apuesta por intensificar el trabajo político durante los próximos meses. El objetivo de los socialistas pasa por articular esta corriente de cambio en un proyecto de gobierno fuerte y articulado alrededor de las necesidades de toda la ciudadanía valenciana.

El recuento en la noche electoral en Suecia se ha hecho muy largo en unas votaciones muy ajustadas. Los socialdemócratas han ganado las elecciones en unos comicios en que estaba en juego que la ultraderecha entre por primera vez en un gobierno del país escandinavo, un escenario que no se puede aún descartar.

Con el 94% de los votos escrutados, y con una participación del 78,8%, los socialdemócratas han sido la fuerza más votada, con el 28% de los sufragios y 99 escaños. Les siguen los Moderados, que han obtenido el 19,9% y 70 diputados, mientras que el ultraderechista Demócratas de Suecia se sitúa como tercera fuerza con el 17,7% de los votos y 63 escaños.

Este resultado deja una ventaja extremadamente estrecha para el bloque progresista, que suma el 49,3% de los votos, frente al 49,1% de las formaciones conservadoras. Esta diferencia tan ajustada hace que el reparto definitivo de mayorías aún pueda cambiar con el escrutinio del voto exterior, cuyos resultados no se conocerán hasta el próximo miércoles. Según la televisión pública SVT, apenas 20.000 votos separan actualmente a ambos bloques.

Los socialdemócratas de Magdalena Andersson han planteado las elecciones como una defensa frente a la posible entrada de la ultraderecha en el gobierno del país nórdico, con el lema de campaña “Vota por alguien que no tenga ideas extremistas”. Pese a imponerse en las urnas, los socialdemócratas han firmado su peor resultado electoral de la historia, con una caída de 2,7 puntos porcentuales respecto a 2022, cuando el partido ya había sufrido un importante retroceso. Aun así, la formación mantiene su condición de fuerza más votada del país y queda en disposición de intentar formar gobierno, en un escenario europeo en el que los partidos socialdemócratas han ido perdiendo terreno e influencia.

Retroceso de la extrema derecha

Por su parte, el partido de ultraderecha Demócratas de Suecia, que aspira a entrar en el próximo ejecutivo si el bloque conservador logra finalmente reeditar la mayoría, ha sufrido el primer retroceso electoral desde su entrada en el Parlamento en 2010. El cordón sanitario que los partidos suecos habían mantenido en anteriores elecciones frente a la ultraderecha se ha roto por completo y ahora Demócratas de Suecia ya es aceptada por todas las formaciones del bloque conservador para formar un gobierno.

Hace cuatro años, SD consiguió por primera vez más votos que los conservadores tradicionales (Moderados), situándose como segunda fuerza en el Parlamento. En estas elecciones, el líder ultra Jimmie Åkesson expresó que el objetivo era obtener un número de cargos ministeriales “proporcional” a sus resultados en las votaciones.

SD, considerado como un partido populista, nacionalista y xenófobo, ya ha tenido un peso muy importante en la política sueca en los últimos cuatro años, ya que su apoyo ha sostenido externamente el Gobierno de Kristersson, formado por Moderados, Demócrata Cristianos y Liberales. La huella de SD se ha hecho especialmente visible en el endurecimiento de las políticas migratorias y de seguridad, dos de los principales frentes del giro conservador que ha experimentado Suecia en los últimos años.

El bloque de izquierda llega dividido 

“Mi mensaje es claro, los socialdemócratas siempre estaremos listos para asumir la responsabilidad del resultado. Parece que será muy ajustado, pero ahora vamos en cabeza y si se mantiene así, Suecia tendrá un nuevo gobierno”, dijo la líder de ese partido, Magdalena Andersson.

Andersson es presidenta de los socialdemócratas desde 2021, cuando sucedió al veterano ex primer ministro Stefan Löfven, con quien había desarrollado buena parte de su carrera política. Antes de asumir la presidencia del partido, Andersson había sido ministra de Finanzas y, posteriormente, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Suecia. Las encuestas la han señalado desde hace tiempo como la futura primera ministra, pero hasta ahora ha evitado hablar de futuros pactos de gobierno, ya que desconfía del Partido de Izquierda como socio de gobierno. 

Esta formación, liderada por Nooshi Dadgostar, ha mejorado sus resultados hasta convertirse en la cuarta fuerza del Parlamento, con el 8,1% de los votos. Durante la campaña, el Partido de Izquierda ha puesto el foco en el refuerzo de los servicios públicos y en una mayor presión fiscal sobre los más ricos como forma para combatir la desigualdad. A la vez, la formación ha cuestionado el giro en la política migratoria de los socialdemócratas, cada vez más restrictiva.

Más allá de este asunto, para conseguir una mayoría en el bloque progresista también hace falta el apoyo del Partido de Centro (7,1% de los votos), de carácter liberal y agrario, que durante la campaña se ha negado con rotundidad a colaborar con el Partido de Izquierda. Otro partido que integraría el bloque profresista es el del Medio Ambiente, que ha logrado el 6,1 % de los votos. Si se confirma que han obtenido la mayoría para gobernar, se prevén unas negociaciones complicadas.

El hasta ahora primer ministro, Ulf Kristersson, ha admitido que el resultado puede llevar a unas negociaciones “complicadas”, pero ha dicho que, independientemente de qué bloque gane, está dispuesto a explorar todas las opciones.

La diputada del PSPV-PSOE Mercedes Caballero critica que la Conselleria de Presidencia de la Generalitat haya sacado a licitación un contrato por valor de 171.000 euros para elaborar encuestas a nueve meses de las elecciones autonómicas, si el presidente, Juanfran Pérez Llorca, no las adelanta. Desde que el PP volvió al poder en mayo de 2023 no había realizado ningún sondeo de opinión, tampoco después de la dana para testar la opinión pública. Ahora, desde el 1 de octubre, realizará varias oleadas de entrevistas cuya información será de gran valor para el carrusel electoral en que se convertirá 2027.

“Llama la atención que desde el Consell solo se interesen por la opinión de la ciudadanía cuando entramos en periodo electoral; solo les interesa el sentido del voto. O quizás van a utilizar el dinero público para decidir si Pérez Llorca será o no el candidato del PP a la Generalitat Valenciana en 2027”, ha denunciado la diputada socialista. “Con este hecho tenemos otro ejemplo de que el Consell de Pérez Llorca ha ido desarrollando su gestión al margen de los valencianos y las valencianas, sin interesarse ni por sus problemas ni por sus inquietudes, y los resultados son evidentes: va siempre a contracorriente”, ha añadido.

Para Mercedes Caballero, es llamativo que el Gobierno valenciano no tuviera ningún interés en conocer la opinión pública, primero con Mazón y ahora con Pérez Llorca, “lo que nos desvela que el PP está gobernando la Comunitat Valenciana a golpe de consejo de amigo, porque ahí sí que no les hacen falta encuestas. Tienen los objetivos muy claros respecto al deterioro de los servicios públicos para que los de siempre se beneficien de la privatización de la sanidad o la cobertura social”.

“¿Cómo es posible que la Generalitat Valenciana no hiciera encuestas de opinión pública tras la dana? ¿No le interesaba lo que la ciudadanía planteara sobre las emergencias o cómo avanzar en la reconstrucción? ¿O sobre la movilidad metropolitana? Mucho se queja el Consell de las Cercanías, pero no ve el deterioro de la red de Metrovalencia...”, ha denunciado la socialista.

El Gobierno del Botànic sí que realizó encuestas de opinión durante su mandato, siendo la última a finales de 2023, ya con el PP y Vox en el Ejecutivo.

La diputada del PSPV-PSOE Mercedes Caballero critica que la Conselleria de Presidència de la Generalitat hagi tret a licitació un contracte per valor de 171.000 euros per elaborar enquestes a nou mesos de les eleccions autonòmiques, si el president, Juanfran Pérez Llorca, no les avança. Des que el PP va tornar al poder el maig de 2023 no havia realitzat cap sondeig d'opinió, tampoc després de la dana per testar l'opinió pública. Ara, des de l'1 d'octubre, realitzarà diverses onades d'entrevistes la informació de les quals serà de gran valor per al carrusel electoral en què es convertirà el 2027.

“Crida l'atenció que des del Consell només s'interessin per l'opinió de la ciutadania quan entrem en període electoral; només els interessa el sentit del vot. O potser utilitzaran els diners públics per decidir si Pérez Llorca serà o no el candidat del PP a la Generalitat Valenciana el 2027”, ha denunciat la diputada socialista. “Amb aquest fet tenim un altre exemple que el Consell de Pérez Llorca ha anat desenvolupant la seva gestió al marge dels valencians i les valencianes, sense interessar-se ni pels seus problemes ni per les seves inquietuds, i els resultats són evidents: va sempre a contracorrent”, ha afegit.

Per a Mercedes Caballero, és cridaner que el Govern valencià no tingués cap interès a conèixer l'opinió pública, primer amb Mazón i ara amb Pérez Llorca, “la qual cosa ens revela que el PP està governant la Comunitat Valenciana a colp de consell d'amic, perquè ahí sí que no els fan falta enquestes. Tenen els objectius molt clars respecte al deteriorament dels serveis públics perquè els de sempre es beneficien de la privatització de la sanitat o la cobertura social”.

“Com és possible que la Generalitat Valenciana no fes enquestes d'opinió pública després de la dana? No li interessava el que la ciutadania plantegés sobre les emergències o com avançar en la reconstrucció? O sobre la mobilitat metropolitana? Molt es queixa el Consell de les Rodalies, però no veu el deteriorament de la xarxa de Metrovalencia...”, ha denunciat la socialista.

El Govern del Botànic sí que va realitzar enquestes d'opinió durant el seu mandat, essent l'última a la fi de 2023, ja amb el PP i Vox en l'Executiu.

La pérdida de población se ha consolidado como una de las principales inquietudes de la sociedad asturiana. Así lo refleja ASTURDEMO25, la primera gran encuesta de la Cátedra Universitaria de Demografía de la Universidad de Oviedo dada a conocer este lunes, que sitúa el conjunto de problemas asociados al reto demográfico —envejecimiento, baja natalidad, despoblación y emigración juvenil— como la segunda preocupación de la ciudadanía, solo por detrás del acceso a la vivienda y por delante del desempleo.

El estudio, elaborado a partir de 800 entrevistas telefónicas realizadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026, revela que el 90,4% de los asturianos conoce el concepto de reto demográfico y que la mayoría lo considera un problema grave o muy grave. Además, el 45,7% cree que Asturias afronta una situación peor que la de otros territorios, una percepción especialmente acusada en el occidente y, en menor medida, en el oriente, donde los efectos de la despoblación se viven de forma más directa.

La investigación concluye que la ciudadanía identifica como principales causas de la baja natalidad las dificultades para acceder a una vivienda, la precariedad laboral, el coste de criar hijos y la incertidumbre sobre el futuro. Frente a ello, las políticas que reciben un mayor respaldo son precisamente la construcción de vivienda, la estabilidad en el empleo juvenil y el mantenimiento de servicios públicos en el medio rural, ámbitos en los que existe un amplio consenso social, con independencia de la ideología.

El informe también analiza la percepción de la inmigración y dibuja una sociedad asturiana mayoritariamente favorable a este fenómeno. El 53,7% de los encuestados tiene una valoración positiva o muy positiva de la llegada de población extranjera y el 45,4% considera adecuado el volumen actual de inmigrantes en Asturias. No obstante, persisten algunas reticencias: el 65,2% cree que los inmigrantes reciben más ventajas en los programas sociales, el 49,2% los relaciona con problemas de integración y el 43,5% los asocia con la inseguridad y la delincuencia, lo que convierte este asunto en el más polarizado del debate demográfico.

El director de la Cátedra de Demografía, Óscar Rodríguez Buznego, ha defendido que el trabajo pretende cubrir la falta de datos representativos sobre la percepción ciudadana y servir de apoyo al diseño de políticas públicas. La encuesta también detecta una brecha entre el respaldo que reciben las medidas para combatir la despoblación y el escaso conocimiento que la ciudadanía tiene de las iniciativas ya impulsadas por el Principado, por lo que recomienda reforzar la comunicación institucional y evaluar el impacto de esas actuaciones. ASTURDEMO25 será la primera de una serie anual de estudios que la Universidad de Oviedo desarrollará durante los próximos cuatro años.

El movimiento sísmico que ha supuesto la irrupción de la formación xenófoba Aliança Catalana continúa rompiendo el tradicional mapa electoral catalán. Según el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el partido de extrema derecha ha pulverizado a Junts y pisa los talones a ERC en la competición por ser el segundo partido en el Parlament. Además, el Govern de Salvador Illa podría ver comprometida su mayoría parlamentaria.

El estudio proyecta un PSC a la baja, en la horquilla entre los 36 y 38 escaños, es decir, hasta seis menos que los obtenidos en 2024. Por debajo se situaría ERC, con entre 24 y 26, que se recuperaría ligeramente de sus anteriores resultados. Y, justo por detrás, Aliança aspiraría a entre 23 y 25 asientos en la Cámara catalana, un crecimiento disparado desde sus actuales dos únicas representantes.

Junts llegaría por detrás, hundido entre los 16 y 18 escaños, lo que suponen la mitad de los diputados obtenidos hace dos años. PP y Vox continúan empatando en su particular duelo, ambos con entre 12 y 13 escaños. En la banda baja quedarían los Comuns y la CUP, que también empatan con entre 4 y 5 representantes.

Además del crecimiento de la extrema derecha, estos resultados dibujan por primera vez la posibilidad de que la actual suma de gobierno no llegue a la mayoría absoluta de 68 escaños, ya que PSC, ERC y Comuns sumarían entre 64 y 69 diputados.

Las transferencias de voto que ofrece el mismo estudio indican que solo la mitad de las personas que votaron a Junts en 2024 cogerían la misma papaleta ahora. En cambio, el 28% de ellos apostaría por el partido de Sílvia Orriols, y otro 9% por ERC. Pero Aliança bebe también de partido de la derecha españolista, sobre todo de Vox, a quien arrancarían el 23% de sus votos hace dos años.

Que el elemento disruptor es Aliança queda claro en la proyección para las elecciones generales, donde no está previsto que la formación xenófoba se presente. En el contexto de unas generales, los movimientos son más suaves: el PSC caería un solo diputado, ERC sumaría entre 3 y 4 en pleno 'efecto Rufián', que hace daño a los Comuns a los que arrebatan el trofeo de segunda fuerza. Además Junts perdería entre 2 y 3 de sus actuales 7 escaños en el Congreso.

El grupo de jueces y juristas que desde 2022 reclama que el rey Felipe VI renuncie a la inviolabilidad penal que le otorga la Constitución o, en su defecto, que el Gobierno impulse una reforma de la Carta Magna para eliminar este privilegio, ha decidido dar un nuevo paso. Los 22 firmantes de la iniciativa, entre quienes se encuentran los exmagistrados José Castro y Juan Pedro Yllanes, han remitido dos nuevos escritos: uno dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otro al máximo responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, con el objetivo de mantener la presión sobre ambas instituciones.

La iniciativa llega después de que Moncloa respondiera a su última carta sin entrar en el fondo de sus reivindicaciones. En lugar de pronunciarse sobre una eventual reforma legal o constitucional, el Ejecutivo, a través de un mensaje remitido por la Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía, se limitó a recomendarles que trasladaran su solicitud a la Casa del Rey -pese a tratarse de una modificación cuya iniciativa corresponde a los poderes legislativo y ejecutivo- y que dirigieran al CIS la petición de incluir una pregunta sobre la inviolabilidad del jefe del Estado en sus barómetros.

Lejos de dar por zanjada la cuestión, los juristas han optado por aceptar, de momento, una de las dos recomendaciones formuladas por el Gobierno. Así, solicitan a Tezanos que el CIS mida el respaldo ciudadano a una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución -“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”-, mientras que, en otra misiva, comunican a Pedro Sánchez que continuarán reclamando la modificación de este precepto constitucional al considerar que corresponde al Ejecutivo y a las Cortes impulsar una iniciativa de esta naturaleza.

Lejos de dar por zanjada la cuestión, los juristas solicitan a Félix Tezanos que el CIS mida el respaldo ciudadano a una reforma del artículo 56.3 de la Constitución, mientras que, en otra misiva, comunican a Pedro Sánchez que continuarán reclamando la modificación de este precepto

El colectivo sostiene, además, que el resultado de la consulta ciudadana que, a través de elDiario.es, promovió recientemente al respecto y en la que recabó en dos días cerca de 1.500 respuestas, el 99% de ellas favorables a reformar el artículo 56.3 para que el jefe del Estado responda ante los tribunales cuando los hechos investigados sean ajenos al ejercicio de sus funciones institucionales. Un hecho que, aseveran, refuerza la necesidad de seguir adelante con esta iniciativa.

Los firmantes de la consulta cuidadana eran los 22 juristas Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes, María Durán y Juan Luis Corbacho.

Aunque los propios juristas reconocen que ese sondeo carece de validez demoscópica al no cumplir los criterios científicos de selección ni estratificación de la muestra, consideran precisamente por ello que corresponde al CIS determinar, mediante una encuesta oficial, cuál es el verdadero grado de apoyo social a una reforma que pondría fin a la inviolabilidad penal del jefe del Estado por los actos ajenos al ejercicio de sus funciones institucionales.

Según los juristas, la modificación permitiría suprimir “el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia”, una circunstancia que -como aseveraban en una carta anterior-, puede provocar, “entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas”.

Según los juristas, la modificación permitiría suprimir 'el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia', una circunstancia que -como aseveraban en una carta anterior-, puede provocar, 'entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas'

“Seguiremos insistiendo ante las instituciones”

En el primero de los escritos, remitido a Pedro Sánchez, los firmantes agradecen la respuesta enviada desde Presidencia del Gobierno, pero dejan claro que no comparten el planteamiento contenido en ella. La Moncloa les recomendó trasladar su petición directamente a la Casa del Rey, haciendo constar en su mensaje la página web de la Familia Real y la dirección postal del Palacio de la Zarzuela. Los juristas no descartan acudir a los monarcas en un futuro, aunque consideran que la iniciativa debe dirigirse prioritariamente a quienes ostentan la capacidad de promover reformas legales y constitucionales.

“Si lo hiciéramos, le enviaremos a usted copia del escrito, pero, aunque no lo descartamos, al tratarse de una reforma legislativa, seguiremos insistiendo ante las instituciones que nacen de la voluntad popular para legislar y gobernar”, señalan en la carta dirigida al presidente del Gobierno.

Los juristas recuerdan que la iniciativa nació tras conocer las declaraciones realizadas en 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien reveló que había mantenido conversaciones con la Casa Real para explorar una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución.

En unas declaraciones efectuadas a El País, Calvo señalaba: “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”. Pedro Sánchez le había encomendado un año antes la tarea de poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la monarquía, pero, finalmente, los cambios quedaron limitados a una serie de medidas de transparencia.

Los juristas recuerdan que la iniciativa nació tras conocer las declaraciones realizadas en 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien reveló que había mantenido conversaciones con la Casa Real para explorar una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución

Asimismo, en unas jornadas celebradas a principios de 2022, según recogía el mismo medio, Calvo enfatizó la necesidad de establecer, sin necesidad de reformar la Constitución, “en qué es inviolable y en qué no” el monarca. Los firmantes lamentaban el tiempo transcurrido desde que se conoció “el fracaso de aquella gestión”, sin que desde entonces se produjese avance alguno al respecto.

Aceptan la recomendación de acudir al CIS

Por otro lado, en el escrito remitido al CIS, los firmantes reclaman que el ente demoscópico incorpore en alguno de sus próximos barómetros una pregunta destinada a conocer si la ciudadanía considera que debe mantenerse la inviolabilidad del jefe del Estado o si, por el contrario, debería limitarse para que el monarca responda ante la Justicia por los actos privados ajenos al ejercicio de sus funciones constitucionales.

“Entendemos perfectamente que la presidencia del Gobierno nos recomiende dirigirnos al CIS, pues la Ley 39/1995 [de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas] incluye, entre otras funciones, la de realizar estudios que 'sirvan de orientación a los poderes públicos en sus iniciativas normativas y ejecutivas'”, aseveran.

A continuación, informan al organismo de la reciente recogida de casi 1.500 opiniones y, aunque reconocen que el sondeo no reúne los requisitos metodológicos exigibles a una encuesta científica, consideran imprescindible por ello que sea el CIS el que determine cuál es el grado real de aceptación social de una reforma que permita que el jefe del Estado responda ante la Justicia “en caso de infracciones legales producidas al margen del papel político institucional que desempeña”.

En su misiva, los juristas confían en que el CIS atienda la petición e “investigue la opinión existente en la sociedad” sobre el texto vigente del artículo 56.3 de la Constitución, “si pudiera ser” -precisan- en los términos de la propuesta de reforma plantearon en ese primer sondeo.

¿Es compatible la inviolabilidad con la igualdad?

Los firmantes introducen además un argumento que ya figuraba en sus anteriores escritos, pero que ahora adquiere mayor protagonismo: la posible contradicción entre la inviolabilidad del jefe del Estado y el principio constitucional de igualdad. Tal como exponen, “sería del mayor interés” conocer también si la ciudadanía considera compatible la inviolabilidad “con la igualdad de todos los españoles ante la ley” que se establece en el artículo 14 del Título I de la Constitución.

Esperan -inciden- que el Gobierno impulse finalmente la reforma de “un texto que, quizás para la inmensa mayoría, cuestiona en la propia Constitución la igualdad ante la ley que figura en el artículo 14 de su Título Primero”. Para los impulsores de la iniciativa, mantener una prerrogativa que impide exigir responsabilidad penal al jefe del Estado por cualquier actuación privada supone una excepción difícilmente conciliable con el principio de igualdad jurídica proclamado por la propia Constitución.

Los firmantes confían en que el Gobierno impulse finalmente la reforma de 'un texto que, quizás para la inmensa mayoría, cuestiona en la propia Constitución la igualdad ante la ley que figura en el artículo 14 de su Título Primero'

Una campaña iniciada en 2022

Los nuevos escritos constituyen un nuevo capítulo de una campaña iniciada hace cuatro años. Desde 2022, el mismo grupo de jueces y juristas ha remitido anualmente cartas al presidente del Gobierno reclamando que Felipe VI anuncie públicamente su renuncia a la inviolabilidad y que el Ejecutivo impulse la correspondiente reforma constitucional.

La inviolabilidad del monarca es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española. Se trata de una figura jurídica que abarca tanto los actos oficiales del jefe del Estado como los privados y que hunde sus raíces en la sacralidad real de las antiguas monarquías -resumida en el aforismo latino Rex non potest peccare (“el rey no puede pecar”)-, siendo incorporada al constitucionalismo moderno como un escudo frente a toda responsabilidad penal o civil. 

En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre el alcance de esta prerrogativa y la imposibilidad de exigir responsabilidades más allá de los actos cometidos por el rey como jefe del Estado. La controversia se intensificó a partir del estallido del caso Nóos, en el que, por primera vez en la historia judicial española, un miembro de la familia real, la infanta Cristina, se sentó en el banquillo de los acusados. La causa abrió serios interrogantes sobre la supuesta intervención que Juan Carlos I habría tenido en los hechos investigados y puso en cuestionamiento hasta qué punto su blindaje habría podido amparar decisiones o comportamientos que, en el caso de otros ciudadanos, habrían sido objeto de responsabilidad penal.

Precisamente sobre ello, el juez que instruyó la causa, José Castro, aseguraba en esta entrevista concedida a elDiario.es que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado.

Las investigaciones en torno a Juan Carlos I

Los firmantes sostienen, además, que la experiencia acumulada tras las investigaciones archivadas sobre Juan Carlos I y la interpretación que la Fiscalía y posteriormente el Tribunal Supremo han realizado del artículo 56.3 han puesto de manifiesto la necesidad de revisar una prerrogativa que, en la práctica, ha impedido exigir responsabilidades penales al anterior jefe del Estado por actuaciones ajenas al ejercicio de sus funciones institucionales.

Se referían, en concreto, a la decisión adoptada ese año por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó las investigaciones dirigidas a seguir el rastro de los 100 millones de dólares que percibió Juan Carlos I de su homólogo en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, así como del dinero que sus benefactores usaron para pagarle cientos de miles de euros en gastos personales y que nunca pasaron por manos de la Agencia Tributaria. Las claves de su exoneración residían, principalmente, en su inviolabilidad. 

Tal como ha informado este periódico, el anterior rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría aportado a Hacienda 51 millones de euros.

En mayo de 2025, además, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él al ampararse en las resoluciones de archivo firmadas por la Fiscalía en 2022 y que “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. Se trata de un desenlace que, en la práctica, sitúa al monarca fuera del alcance del Derecho penal en cualquier circunstancia, incluso por actos estrictamente privados.

El 47,8% de los españoles considera que la Justicia no actúa de forma imparcial en España, frente al 34,9% que cree que jueces y fiscales siempre realizan su trabajo de forma objetiva. Un 31,8% de la ciudadanía afirma que los tribunales actúan “con más dureza” contra la izquierda, frente a un 16% que asegura que es más severa con la derecha y un 17% evita pronunciarse. Sobre quienes sí se pronuncian, la cifra de ciudadanos que cree que la Justicia no actúa de forma imparcial es del 57,8%, mientras que el 42,2% considera que sí trabaja de forma objetiva. Estos datos se recogen en la encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es elaborada entre el 9 y el 12 de junio y, por tanto, después de que salieran a la luz las investigaciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez y a la exmilitante socialista Leire Díez.

La percepción de la actuación de la Justicia es, de hecho, muy diferente en función del recuerdo de voto y de los ejes izquierda-derecha. Los votantes del PP son los que más confían en la imparcialidad de la Justicia, seguidos de los de Vox. En cambio, los electores de PSOE y Sumar consideran de forma mayoritaria que la Justicia actúa con más dureza cuando se trata de investigar o juzgar a miembros o dirigentes de la izquierda.

Cuando las causas que afectan al PSOE copan titulares y tanto Leire Díez cómo José Luis Rodríguez Zapatero esperan las próximas actuaciones de los tribunales, una gran mayoría de los votantes socialistas (un 56%) cree que la Justicia en España no actúa de la misma manera ante la corrupción, independientemente de si los investigados son de izquierdas o derechas. El 47,9% de los españoles que en las últimas elecciones generales votaron a los socialistas opina que la Justicia “actúa con más dureza contra la izquierda” y un 8,1%, que es más dura contra la derecha. Un tercio de los votantes del PSOE, el 30,6%, sostiene, en cambio, que sí, “la Justicia siempre actúa de forma imparcial”.

Es llamativo cómo este último porcentaje se amplía en el caso de los votantes del PP. Una gran mayoría, el 58,1%, considera que la Justicia es imparcial independientemente de si los investigados son de izquierdas o de derechas. Solo un 18,6% cree que “actúa con más dureza contra la derecha” y un 10,4% de los votantes populares, afirma que lo hace con más dureza contra la izquierda. En el caso de los votantes de Vox, el 39,1% confía en la imparcialidad de los tribunales aunque un 36,2% afirma que es más dura contra la derecha y un 11,4%, que es más taxativa con las fuerzas o dirigentes progresistas.

Los votantes que menos confían en la imparcialidad de la Justicia son los de Sumar. Solo un 17,1% de los ciudadanos que en las últimas generales apoyaron a la coalición encabezada entonces por Yolanda Díaz cree que “la Justicia siempre actúa de forma imparcial” independientemente de si los investigados son de izquierdas o de derechas. La gran mayoría, un 65,1%, afirma a su vez que jueces y tribunales actúan “con más dureza” contra la izquierda y solo un 9,1% de los votantes de Sumar cree que es más severa contra la derecha.

Ateneo del Dato también pregunta a los encuestados con qué partido asocian más la corrupción política. El PSOE es el principal perjudicado. Un 41,9% de los españoles asocia la corrupción a los socialistas, frente a un 32% que la vincula con el PP y un 6,2% que la relaciona con Vox. En las respuestas hay, no obstante, un gran sesgo partidista. Así, un 71,5% de los votantes del PP y un 69,2% de los de Vox asocia directamente la corrupción con el PSOE, porcentajes que se reducen notablemente en los casos de los electores socialistas (un 29,6% vincula al PSOE con la corrupción) y Sumar (11,4%).

Entre los electores progresistas, en cambio, la situación se da a la inversa. Un 50,2% de los votantes del PSOE y un 69,4% de los de Sumar asocian la corrupción al PP. Un 7,6% de los ciudadanos que en las generales apoyaron a los socialistas vinculan a Vox con la corrupción, un porcentaje que se amplía al 9,5% en el caso de los votantes de Sumar.

La encuesta se realizó en la semana en la que se conocieron novedades en el caso de Zapatero, como la tasación judicial de las joyas incautadas en su despacho que las valoró en 1,3 millones de euros y la apertura de una pieza separada para investigar si se cometieron delitos contra el fisco y contrabando. Ateneo del Dato es un proyecto integrado por analistas de datos e investigadores sociales que tratan de analizar y explicar, desde una perspectiva empírica, las problemáticas, actitudes y tendencias que configuran la sociedad española y su entorno. El proyecto está dirigido por Víctor Pérez-Guzmán, analista con formación en Economía, Derecho y Ciencias Políticas, especializado en análisis de datos sociales y electorales.

La siesta sigue siendo una de las tradiciones de descanso más arraigadas en España, aunque no siempre se practica de acuerdo con las recomendaciones habituales ni responde a una rutina planificada. Así lo revela el estudio sobre los hábitos de siesta en España realizado por easyHotel, la cadena de hoteles funcionales, que ha analizado cómo, cuándo y dónde descansan los españoles durante el día.

En el caso de Castilla-La Mancha, los datos son muy reveladores: la siesta está claramente asociada a los fines de semana. Según el estudio, el 76% de los habitantes de los habitantes de esta comunidad autónoma afirma echarse la siesta durante el fin de semana, el porcentaje más alto de España y muy por encima de la media nacional, situada en el 58%.

Esto sitúa a la región entre aquellas donde la siesta está más vinculada al descanso, la desconexión y los días con menos obligaciones.

Además, Castilla-La Mancha se diferencia de la tendencia nacional por el mayor grado de planificación con el que se practica este hábito. Mientras que el 55% de los españoles duerme la siesta de forma espontánea, más de la mitad de los habitantes de la región afirma planificarla: un 54% asegura organizar este momento de descanso, frente al 45% que reconoce quedarse dormido de manera espontánea.

Es una necesidad biológica de nuestro cerebro

En este sentido, el doctor Eduard Estivill, neurofisiólogo y especialista europeo en Medicina del Sueño, afirma que esta práctica es una “una necesidad biológica de nuestro cerebro”. Desmonta así el mito de que no es “un capricho de nuestra cultura”, sino “una necesidad universal”. 

“Es una herramienta muy beneficiosa para el descanso y la recuperación física y mental. Pero para que realmente sea reparadora, debe ser breve y realizada en el momento adecuado del día. La siesta forma parte de nuestra cultura porque seguimos las necesidades de nuestro cerebro y es nuestra manera de entender el bienestar cotidiano”.

El informe apunta que aunque más de la mitad de los españoles no duerme la siesta de la forma recomendada, perciben sus beneficios de manera muy positiva: el 75% afirma sentirse mejor después de dormir una siesta. Además, casi seis de cada diez señalan que este descanso mejora su estado de ánimo y su productividad, mientras que el 65% la reconoce como una tradición profundamente arraigada en el país.

Y otro dato curioso: la siesta difiere significativamente del sueño nocturno en cuanto a compañía se refiere. En este sentido, el 60% de los españoles suele echarse la siesta solo, aunque existen algunas excepciones especialmente llamativas.

También en este caso destaca Castilla-La Mancha: es la región donde una mayor proporción de personas afirma dormir la siesta acompañada, con un 39%, casi el doble de la media nacional, situada en el 20%. Aun así, dormir la siesta en solitario sigue siendo la opción más habitual también en esta región, ya que el 41% de los castellanomanchegos prefiere hacerlo de esta forma.

Cama, temperatura y entorno

Según este estudio de easyHotel, cuando los españoles duermen la siesta en un hotel, priorizan tres factores clave: una cama cómoda (57%), una temperatura adecuada en la habitación (53%) y un entorno tranquilo (51%).

Mientras que, a nivel nacional, la mayoría de los españoles no se cambia de ropa antes de echarse una siesta, Castilla-La Mancha es la región donde esta tendencia está más extendida: casi seis de cada diez habitantes (59%) afirman dormir la siesta con la misma ropa que han llevado durante el resto del día, el porcentaje más alto de España.

En cuanto a otros hábitos asociados al descanso, la comunidad autónoma también está entre las regiones donde existe una mayor tendencia a reducir la intensidad de la luz para favorecer este periodo de descanso, con un 65%, respectivamente. 

Con carácter general, la sobremesa sigue siendo el momento preferido para echar una siesta. El 79% de los españoles la realiza entre las 15.00 y las 17.00 horas, siendo Canarias la comunidad autónoma más madrugadora, donde esta franja se adelanta entre las 14:00 y las 15:00 horas, seguida de Catalunya.

Más del 60% de los votantes del Partido Popular considera que Alberto Núñez Feijóo debería al menos intentar presentar una moción de censura para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa ante la reciente imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Pero los acompañantes para sacar adelante esa iniciativa parlamentaria para expulsar a la izquierda del poder siguen provocando divisiones entre quienes en las últimas elecciones generales votaron al PP.

La encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es refleja que el 31,1% de los votantes populares creen que Feijóo debería poner en marcha la iniciativa para relevar al actual presidente del Gobierno “aunque no tenga los apoyos necesarios para ganarla”. Otro 29,6%, en cambio, considera que el líder de los populares tendría que “negociar el apoyo de la moción de censura con Vox, Junts o PNV”. El sondeo refleja además que otro tercio de los votantes del PP (el 32%) considera que Feijóo debería “seguir haciendo oposición al Gobierno, pero sin presentar una moción de censura”.

El sondeo, realizado entre el 9 y el 12 de junio a través de 1.500 entrevistas, evidencia además las distintas visiones ante la imputación de Zapatero entre los electorados de PP y Vox, formaciones enfrentadas por los votantes de derechas aunque condenadas a entenderse en comunidades autónomas y ayuntamientos para poder gobernar.

Un 39,7% de los votantes de la extrema derecha cree que Vox debería “presentar su propia moción de censura aunque el PP no lo haga” y otro 31% considera que el partido de Santiago Abascal tendría que “ofrecer su apoyo al PP de Feijóo” para que presente la iniciativa para relevar a Sánchez de la Moncloa. Solo un 20,2% de los que en las generales apostó por Vox cree que el partido debería mantenerse en la oposición sin presentar ni impulsar la moción de censura, diez puntos menos que en el caso de los votantes del PP.

El resultado del sondeo elaborado por Ateneo del Dato se conoce apenas dos semanas después de que Feijóo animara por última vez a PNV y Junts a apoyarle en el caso de presentar una moción de censura. El 1 de junio, el líder del PP prometía a ambas fuerzas un adelanto electoral “inmediato” si le apoyaban en el Congreso para echar a Sánchez. Los nacionalistas vascos evitaron contestar al líder del PP y se remitieron a la negativa que ya han expresado en los últimos meses.

Los independentistas catalanes, por su parte, pusieron a Feijóo una condición muy compleja para estudiar su moción, que pasaba por que el líder del PP se reuniera con Carles Puigdemont en Bélgica. Feijóo descartó al día siguiente viajar a Waterloo, donde tiene fijada su residencia el expresident catalán. “Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias”, dijo, ante las preguntas de la prensa sobre esa opción de reunirse con Puigdemont. En el PP tienen claro que Feijóo no dará un solo paso que piense que puede reforzar a un Pedro Sánchez que atraviesa su peor momento. Y el líder de la oposición cree firmemente que una moción fallida sería un balón de oxígeno para el jefe del Gobierno.

Apoyo de la izquierda y los socios

Sánchez cuenta, en principio, con el respaldo de la mayor parte de su electorado. Tal y como publicó elDiario.es en la primera entrega de la encuesta de Ateneo del Dato, un 64% de los votantes del PSOE cree que Sánchez debería mantenerse en el Gobierno y agotar la legislatura a pesar de la causa abierta contra Zapatero. Solo el 22,8% de los votantes del PSOE cree que Sánchez debería adelantar las elecciones frente al 35,4% que pide que permanezca en Moncloa cuestionando a Zapatero y el 29,2% que quiere que siga en su puesto defendiendo al expresidente.

Además, casi la mitad de los votantes de Sumar, el 46,4%, opina que el espacio político encabezado por Yolanda Díaz debería “permanecer en el Gobierno, pero denunciando públicamente la corrupción del PSOE” y un 23,6% considera que los ministros del espacio deberían continuar “defendiendo la inocencia del expresidente Zapatero”. Un 16%, sin embargo, cree que Sumar tendría que “salir del Gobierno de forma inmediata”.

Respecto a los votantes de los socios parlamentarios que sostienen al Gobierno, un 32,9% de quienes en las últimas generales votaron a ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y CC creen que estos partidos tendrían que “mantener su apoyo al Gobierno, pero denunciando públicamente la corrupción del PSOE”. Un 26% cree de estos últimos que se debería seguir sosteniendo a Sánchez “defendiendo la inocencia del expresidente Zapatero” y un 23,7% aboga por “retirar de forma definitiva su apoyo al Gobierno, aunque eso pueda facilitar la llegada del PP y Vox”.

La encuesta se realizó en la semana en la que se conocieron novedades en el caso de Zapatero como la tasación judicial de las joyas incautadas en el despacho del expresidente que las valoró en 1,3 millones de euros y la apertura de una pieza separada precisamente sobre esas joyas. Ateneo del Dato es un proyecto integrado por analistas de datos e investigadores sociales que tratan de analizar y explicar, desde una perspectiva empírica, las problemáticas, actitudes y tendencias que configuran la sociedad española y su entorno. El proyecto está dirigido por Víctor Pérez-Guzmán, analista con formación en Economía, Derecho y Ciencias Políticas, especializado en análisis de datos sociales y electorales.

Con distintas visiones sobre el papel que debe adoptar en los próximos meses, un 64% de los votantes del PSOE cree que Pedro Sánchez debería mantenerse en el Gobierno y agotar la legislatura a pesar de la causa abierta contra el expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero. Solo el 22,8% de los votantes del PSOE cree que Sánchez debería adelantar las elecciones frente al 35,4% que pide que permanezca en Moncloa cuestionando a Zapatero y el 29,2% que quiere que siga en su puesto defendiendo al expresidente.

No obstante, la amplia mayoría de los españoles ve indicios de corrupción en el caso del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El 60% de los ciudadanos considera que la investigación judicial abierta por el juez José Luis Calama que ha provocado la imputación del exdirigente socialista por presunto tráfico de influencias en el marco del conocido como caso Plus Ultra ha evidenciado al menos indicios de prácticas corruptas.

Una encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es refleja que el 35,7% de la ciudadanía considera que el de Zapatero “es un claro caso de tráfico de influencias y corrupción” y otro 24,8% ve “indicios reales de corrupción mezclados con un uso político del caso”. Frente a ellos, un 16,8% de los encuestados cree que la investigación de Calama es “una operación política para hacer caer al Gobierno” y un 11,9% opina que la causa evidencia que Zapatero “ha actuado de forma poco ética” aunque duda de que se trate de un caso de corrupción.

La percepción de los ciudadanos varía notablemente en función del partido al que votan. Los de la derecha abogan más por tildar de corrupción todo lo que se ha conocido hasta ahora en el sumario de Calama, mientras la izquierda es más partidaria de vincularlo con un ataque contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El 57,9% de quienes en las últimas generales votaron al PP ven “un claro caso” de corrupción y otro 26,1% ve “indicios reales de corrupción”. Menos del 4% de los votantes populares creen que se trata de una “operación política” contra La Moncloa y apenas un 7,8% se limita a cuestionar la ética de Zapatero aunque duda de que sea corrupción.

Entre los votantes de Vox se reflejan cifras similares. Un 55,4% se aventura a considerar la causa como “un claro caso de tráfico de influencias y corrupción” y un 29,6% considera que “hay indicios reales de corrupción mezclados con un uso político del caso”. Solo un 5,3% de quienes apoyan a la extrema derecha ve un ataque al Ejecutivo y un 6,8% cree que Zapatero “ha actuado de forma poco ética”, pero no sabe si es corrupción.

En cambio, el 30,4% de los votantes del PSOE y el 37% de quienes apoyan a Sumar consideran que “se trata de una operación política para hacer caer al Gobierno”. Entre los socialistas, el 15,1% censura éticamente las prácticas de Zapatero recogidas en el sumario del juez Calama, pero no se atreve a hablar de corrupción, un porcentaje que se reduce al 13,3% entre los votantes de Sumar. Pero el porcentaje de quienes ven un claro caso de corrupción es mayor entre los votantes del PSOE (un 20,4%) que entre los del partido de Yolanda Díaz (13,7%), mientras que el 21,5% de los electores socialistas ve “indicios reales” de corruptelas mezclados con un “uso político” de la causa, algo que en el caso de los votantes de Sumar alcanza el 24,5% de los encuestados.

Sobre lo que debería hacer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la causa contra Zapatero, una amplia mayoría de los votantes del PSOE creen que este tendría que mantenerse al frente del Ejecutivo. El 35,4% de los que en las últimas elecciones votaron al PSOE consideran que Sánchez debería “seguir al frente del Gobierno, condenando públicamente el comportamiento del expresidente Zapatero” y otro 29,2% cree que tendría que continuar en La Moncloa “defendiendo la inocencia” del exmandatario socialista. Pero dos de cada diez votantes del PSOE (un 22,8%) son partidarios de que se convoquen unas elecciones generales anticipadas.

En cuanto a los votantes de Sumar, casi la mitad, el 46,4%, opina que el partido al que apoyan debería “permanecer en el Gobierno, pero denunciando públicamente la corrupción del PSOE” y un 23,6% cree que los ministros del espacio deberían continuar “defendiendo la inocencia del expresidente Zapatero”. Un 16%, en cambio, cree que Sumar tendría que “salir del Gobierno de forma inmediata”.

Ateneo del Dato también trata de calibrar el apoyo de los votantes de los partidos que ejercen de socios parlamentarios del Gobierno a que este continúe tras conocer la investigación contra Zapatero.

Así, un 32,9% de quienes en las últimas generales votaron a ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y CC consideran que estas fuerzas políticas tendrían que “mantener su apoyo al Gobierno, pero denunciando públicamente la corrupción del PSOE”, un 26% cree que se debería seguir sosteniendo a Sánchez “defendiendo la inocencia del expresidente Zapatero” y un 23,7% aboga por “retirar de forma definitiva su apoyo al Gobierno, aunque eso pueda facilitar la llegada del PP y Vox”.

Sobre la encuesta y su autoría

La encuesta se realizó la semana pasada, entre el lunes y el viernes, a través de 1.500 entrevistas. El trabajo coincidió con la publicación de novedades en el caso de Zapatero como la tasación judicial de las joyas incautadas en el despacho del expresidente que las valoró en 1,3 millones de euros y la apertura de una pieza separada precisamente sobre esas joyas.

El proveedor del panel cumple con la norma ISO 20252, estándar internacional de calidad para la investigación de mercados, social y de opinión pública, que establece requisitos de control metodológico, trazabilidad y garantía de calidad en los procesos de recogida y tratamiento de datos.

Ateneo del Dato es un proyecto integrado por analistas de datos e investigadores sociales especializados en metodologías cuantitativas y cualitativas. Su finalidad es analizar y explicar, desde una perspectiva empírica, las problemáticas, actitudes y tendencias que configuran la sociedad española y su entorno.

El proyecto está dirigido por Víctor Pérez-Guzmán, analista con formación en Economía, Derecho y Ciencias Políticas, especializado en análisis de datos sociales y electorales. Su trayectoria comenzó en la investigación aplicada y el estudio del comportamiento social, y ha evolucionado hacia el diseño de arquitecturas de datos en entornos cloud y el desarrollo de modelos predictivos basados en patrones de comportamiento. Actualmente compagina la dirección de Ateneo del Dato con la construcción de sistemas analíticos avanzados, incluyendo enfoques de aprendizaje federado orientados a la predicción y al análisis descentralizado de datos.

El PSOE de Pedro Sánchez vuelve a ser el partido con más respaldo entre los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pero se hunde respecto al mes pasado después de que salieran a la luz las investigaciones judiciales al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la exmilitante socialista Leire Díaz. El Barómetro de junio hecho público este jueves mantiene a los socialistas por encima del PP, pero lejos de los más de 11 puntos de ventaja del mes pasado. Ahora ese predominio es de 4,2 puntos. La encuesta se realizó a través de 4.024 encuestas entre el 1 y el 4 de junio.

En el caso de que se celebraran ahora las elecciones generales, los socialistas lograrían el 31,3% de los votos, casi cinco puntos por debajo del mes pasado cuando obtuvieron el 36,2% de los apoyos. El PP crece, por su parte, en dos puntos y dos décimas y pasa del 24,9% de mayo al 27,1% actual. Vox cae aunque solo cuatro décimas y pasa del 16,2% de mayo, al 15,8% de junio, con lo que el PP le saca una ventaja de más de 11 puntos. Sumar crece apenas siete décimas, hasta el 6,4% y Podemos crece tres, hasta el 2,8%.

Otro mes más y pese al hundimiento de sus expectativas electorales Pedro Sánchez es el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,21 puntos sobre 5. Le siguen la vicepresidenta Yolanda Díaz (4,05), el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (3,79) y el de Vox, Santiago Abascal, que con un 2,99 de puntuación vuelve a ser el que encaja una peor nota.

Además, Sánchez es el favorito como presidente del Gobierno para el 39,2% de los encuestados que dan su opinión, lo que supone una ventaja de 18,3 puntos sobre Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido por el 20,9%. Santiago Abascal es la opción preferida para el 14,9% y Gabriel Rufián, para el 7,9%.

En cuanto a la confianza que inspira el presidente del Gobierno, el 31,1% de los españoles asegura que le inspira “mucha o bastante”, mientras que un 68% dice que “poca o ninguna”. Al preguntar por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 20,3% afirma que le inspira “mucha o bastante confianza”, mientras que el 78,4% asegura que “poca o ninguna”.

Vivienda y economía, entre las preocupaciones

También igual que el mes pasado, el principal problema de España, según los encuestados, es la vivienda (41,5%), seguida de la crisis económica y los problemas de índole económica (19,2%), y la inmigración (18,9%). Los problemas que los españoles consideran que más les afectan de manera personal son la crisis económica y los problemas de índole económica, en primer lugar, con el 28,4%; en segundo lugar, la vivienda con el 27,4%, y la sanidad, con el 21,7%.

La primera mitad de 2026 ha dejado malas noticias para Luis 'Alvise' Pérez y su partido Se Acabó La Fiesta (SALF) en casi todos sus frentes. La formación de extrema derecha se ha presentado a las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía sin conseguir ni un solo escaño autonómico, aunque quedándose cerca en Zaragoza. Todo mientras el Tribunal Supremo y el Parlamento Europeo han impulsado las cinco causas penales abiertas contra su líder. La Eurocámara le ha retirado la inmunidad en varias investigaciones, una de ellas la más grave de todas las que pesan sobre Alvise: la financiación supuestamente ilegal de su partido con 100.000 euros en efectivo entregados por un empresario del sector de las criptomonedas.

El agitador de extrema derecha y eurodiputado llegaba al ciclo autonómico de la primera mitad de 2026 como una de las grandes incógnitas electorales. Lo que se jugaba era si la resaca de los más de 800.000 votos que consiguió en las europeas de 2024 le serviría para conseguir representación política en Aragón, Castilla y León o Andalucía. Su partido SALF, después de renunciar a las extremeñas de diciembre del año anterior, concurrió a todos los comicios con candidatos desconocidos hasta la fecha y con una campaña centrada, como todo lo relacionado con la formación, en el propio Alvise, sus mítines y su canal de Telegram.

Pero tras su triunfo en Europa dos años antes, el primer asalto de Alvise y SALF a las instituciones españolas se ha saldado con un total de cero escaños conseguidos. La primera cita con las urnas fue el 8 de febrero en Aragón, donde el partido de Alvise rozó el palo y se quedó a unos poco votos de conseguir un escaño por la provincia de Zaragoza. Con casi 20.000 votos en toda la comunidad, el 2,92% de sufragios en Zaragoza dejó a SALF a un suspiro de entrar en las Cortes de Aragón con su candidata Cristina Falcón.

Un mes después, el 15 de marzo, tampoco hubo suerte en Castilla y León. Después de presentar un programa electoral tan calcado al de Aragón que había olvidado retirar las alusiones a Aragón en el documento, los de Alvise se quedaron muy lejos de conseguir un procurador en las nueve provincias de la región. Con algo más de 17.000 votos en general y el 1,4% aproximado de los votos, SALF no se acercó a los porcentajes de representación pública, quedando por debajo del 1% en territorios como Soria. Los números de la aventura electoral de SALF en la Andalucía natal de su líder tampoco valieron un escaño en San Telmo, pero reflejaron una mayor implantación de los de Alvise en ese territorio. Con más de 105.000 votos y un 2,5% de los sufragios totales, la extrema derecha de Luis Pérez llegó al 3% en la provincia de Málaga. Números por debajo de los 180.000 votos que consiguió en Andalucía en las europeas de 2024, pero relevantes de cara a las elecciones generales de 2027 y en su pelea electoral con PP y Vox.

No todo fueron malas noticias para Alvise en este ciclo electoral autonómico de la primera mitad de 2026. Además de la constatación de que los éxitos políticos de su partido, a día de hoy, dependen casi en exclusiva de la figura de su líder, SALF firmó victorias sugestivas. Tuvo más votos que Podemos en Castilla y León y Aragón y más que el Partido Aragonés, un histórico de las Cortes que por primera vez desde su fundación se quedó sin representación. El líder del partido y eurodiputado siempre ha dicho que su gran objetivo es entrar en el Congreso y por ahora las encuestas del CIS tampoco son optimistas. El último barómetro del mes de mayo deja a SALF en un 2,4% de estimación de voto, bastante más que en abril (1,7%) y marzo (2,1%), pisando los talones a Podemos.

Suspendida la inmunidad de Alvise

El fracaso de Alvise ha fracasado en su intento de conseguir representación en estas tres elecciones autonómicas pero el líder de SALF mantiene el sillón de eurodiputado en Bruselas que consiguió en los comicios de 2024. Aunque en esa cita con las urnas consiguió más de 800.000 votos y tres escaños, su grupo ha quedado reducido a la mínima expresión con sus dos antiguos compañeros de bancada acusando a Alvise de acoso y hostigamiento. Una de las cinco causas que el Tribunal Supremo mantiene abiertas contra él en este 2026.

El primer semestre de 2026 tampoco deja un balance judicial positivo para Alvise y Se Acabó La Fiesta. El Parlamento Europeo ha levantado la inmunidad que protege al agitador de extrema derecha para que pueda sentarse en el banquillo del Supremo en Madrid en dos causas. Por un lado está el hostigamiento que promovió contra la fiscal valenciana Susana Gisbert, difundiendo su foto en su grupo de Telegram, donde llegó a acumular más de 720.000 seguidores y hoy está por debajo de los 600.000 suscriptores. Pero también se ha dejado vía libre para que sea juzgado por la causa más grave que tiene abierta: la presunta financiación ilegal de su partido para las elecciones europeas.

Tal y como reveló elDiario.es, el empresario Álvaro Romillo –conocido como CryptoSpain y hoy en prisión provisional por el hundimiento de sus negocios– entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez un día antes del comienzo de la campaña electoral europea. En su declaración como imputado, Alvise reconoció haber recibido el dinero pero para compensar que iba a sortear su sueldo de eurodiputado, una de sus grandes promesas electorales que dejó de cumplir hace tiempo. Tras la concesión del suplicatorio por parte de Bruselas, el juez tendrá que decidir si el líder de SALF se sienta en el banquillo, algo que sucedería antes de las próximas elecciones generales en caso de llegar un auto de procesamiento próximamente.

Otras tres causas permanecen abiertas contra él en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, todas relacionadas con su faceta de agitador. Sigue imputado por promover el hostigamiento contra los dos eurodiputados de su antiguo grupo después de que no votaran lo que él quería en asuntos relacionados con el rearme. También se ha abierto una nueva causa contra él por amenazar a José Antonio Landaluce, alcalde de Algeciras, con publicar pruebas de “comportamientos deshonrosos” si no dimitía. Y sigue en tramitación desde hace más de cinco años la primera causa penal que se abrió contra él por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa.

Varios sospechosos por la PCR

Ese caso es el más antiguo que afecta a Alvise y ha tenido un avance significativo en los últimos días. Después de varios años de instrucción, la Policía Nacional ha podido examinar la información llegada desde Twitter en Estados Unidos y ha llegado a una conclusión: no puede saber quién fue el difusor original del bulo.

El juez del Supremo pidió información sobre la cuenta de Alvise pero también sobre un usuario de X llamado “AsdeTrebolesB” que, según explica la Policía, publicó el documento “minutos” antes que el agitador ultra. Todos los datos apuntan a un vecino de Oviedo llamado Juan Antonio G.C, a tenor sobre todo de la dirección de email que había detrás de la cuenta hoy suspendida, y que se presentaba como afiliado a Vox además de otras cosas como “Asturiano y español. Antirojo y antiindepe. AntiPodemos. Antimachista y antifeminazi”.

Aún así, con esos datos, la Policía subraya que “no es posible” certificar la autoría de ese primer tuit con la falsa PCR de Illa, ni al candidato ni a su pareja. “No se puede establecer sin género de dudas que hayan sido ellos”. Falta, por ejemplo, datos sobre las direcciones IP o cuántas personas tenían acceso a esa cuenta de X.

Gairebé set mesos després que una vintena de jutges i juristes de prestigi de Balears, entre els quals es troben els exjutges José Castro  i Juan Pedro Yllanes, remetessin una carta al president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, en què reclamaven, per quarta vegada consecutiva, que el rei Felip VI anunciés la seva renúncia a la inviolabilitat penal que li atorga la Constitució, la Moncloa ha respost sense entrar en el fons de la petició. Lluny de pronunciar-se sobre la possibilitat d'impulsar una reforma legal o constitucional en aquest àmbit, el Govern central ha recomanat als signants que traslladin directament la seva sol·licitud a la Casa del Rei.

“Gràcies per escriure al president del Govern. Li contestam en nom seu”, comença el missatge remès per la Secretaria General de Relacions Institucionals i Ciutadania. “Acusam recepció del seu escrit i li recomanam que, si així ho considera, el faci arribar directament a la Casa de Sa Majestat el Rei a través de la seva pàgina web. També pot fer-ho per via postal remetent una carta al Palau de la Zarzuela”, expressa la missiva adreçant-se a un dels signants, afegint tot seguit l'adreça on s'ubica la residència oficial de la Família Reial.

La carta també evita pronunciar-se sobre una altra de les peticions que els juristes havien dirigit exclusivament a l'Executiu central: que el CIS incorpori una pregunta sobre aquesta qüestió als seus baròmetres. “Atès que no hem rebut d'aquesta Presidència del Govern resposta a cap dels tres escrits que li enviàrem abans dels successius discursos de Nadal pronunciats des de 2022, amb la mateixa petició que aquí reiteram, volem sol·licitar també que, a partir de gener de 2026, el CIS inclogui entre les preguntes de les seves enquestes una que reculli l'opinió de la societat sobre si ha de continuar el privilegi que permet a l'actual cap de l'Estat situar-se al marge de l'acció de la Justícia en qualsevol circumstància”, comentaven els juristes en la seva darrera missiva.

Sondejar l'opinió pública

Els sol·licitants consideren en aquesta mateixa carta que sondejar l'opinió pública ajudaria a superar qualsevol incertesa sobre una possible reforma legal en aquest sentit: “Aquesta petició només depèn del Govern que vostè presideix [en referència a Pedro Sánchez] i la consideram important per resoldre els dubtes que poguessin existir entre els membres del Congrés i del Senat sobre la reforma legal d'un privilegi personal que es manté i les conseqüències reals del qual han estat molt negatives per a la nostra democràcia”.

En aquest sentit, la Moncloa es limita a respondre que també “pot enviar la seva sol·licitud en relació amb el qüestionari del Centre d'Investigacions Sociològiques a aquest mateix organisme”, facilitant tot seguit l'enllaç que condueix a la pàgina web de l'ens demoscòpic. “Li agraïm de nou que s'hagi pres el temps d'escriure al president del Govern. Per a ell és molt important conèixer les necessitats, inquietuds i reivindicacions de la ciutadania. Una cordial salutació”, conclou l'escrit.

La resposta remesa per la Moncloa ha generat perplexitat entre els impulsors de la iniciativa. Els promotors qüestionen que la Presidència del Govern els remeti a la Casa del Rei quan la seva reclamació no anava adreçada a la Corona, sinó a l'Executiu, que consideren competent per impulsar els canvis legals i constitucionals necessaris per posar fi a la inviolabilitat que empara el cap de l'Estat. En els seus escrits, els juristes no sol·licitaven una actuació personal de Felip VI, motiu pel qual consideren cridaner que la Moncloa eviti pronunciar-se sobre el fons de la petició i els convidi a adreçar-se precisament a la institució la situació jurídica de la qual pretenen modificar.

Els juristes no sol·licitaven una actuació personal de Felip VI, per la qual cosa consideren cridaner que Moncloa eviti pronunciar-se sobre el fons de la petició i els convidi a dirigir-se precisament a la institució la situació jurídica de la qual pretenen modificar

Així mateix, els signants mostren la seva estranyesa pel fet que la resposta es formuli com si es tractàs d'una iniciativa individual, malgrat que tots els escrits remesos fins ara identificaven expressament els membres del col·lectiu i els juristes que donen suport a la reivindicació. Al seu parer, la contestació no aclareix si el Govern comparteix la necessitat de revisar aquest privilegi constitucional, si contempla alguna reforma en aquest àmbit o si, per contra, descarta qualsevol modificació.

Davant la manca de pronunciament de la Moncloa, els juristes han decidit obrir el debat a la ciutadania mitjançant una columna d'opinió a elDiario.es en què expliquen que, abans de decidir les pròximes passes de la iniciativa, desitgen conèixer el parer de la societat sobre la reforma constitucional que venen reclamant des de 2022. La columna està signada per Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes i María Durán.

La proposta de Carmen Calvo que mai no va prosperar

La inviolabilitat del rei és una prerrogativa la interpretació de la qual ha estat ampliament discutida per experts en Dret Constitucional i altres juristes, que consideren que aquesta figura hauria de suprimir-se completament o limitar-se exclusivament als actes realitzats en l'exercici del càrrec -i no a l'àmbit privat-.

En la seva darrera missiva, a la qual va tenir accés en primícia elDiario.es, els impulsors de la iniciativa recordaven que l'actual presidenta del Consell d'Estat, Carmen Calvo, va reconèixer el maig de 2022 que, com a vicepresidenta del Govern, havia dut a terme gestions davant la Casa Reial per conèixer l'opinió del cap de l'Estat sobre la possibilitat d'una reforma legal destinada, segons els juristes, a “suprimir el privilegi personal que li permet cometre tota mena d'abusos sense retre comptes davant la Justícia”, una circumstància que, asseguren els signants de la carta, pot provocar, “entre altres conseqüències no desitjables, la indefensió de persones afectades”.

Sense citar-les expressament, al·ludien a les manifestacions que Calvo va fer a El País en un article publicat al maig de 2022. “Jo ho vaig plantejar, es va valorar, es va posar damunt la taula i no es va veure l'oportunitat en aquell moment, ni per part del president del Govern, ni per part del PP, ni per part de la Casa Reial”, va manifestar. Pedro Sánchez li havia encomanat un any abans la tasca de posar en marxa un nou “marc d'actuació” més transparent, modern i actualitzat de la monarquia, però, finalment, els canvis varen quedar limitats a una sèrie de mesures de transparència. En unes jornades celebrades a principis de 2022, segons recollia el mateix mitjà, Calvo va emfatitzar la necessitat d'establir, sense necessitat de reformar la Constitució, “en què és inviolable i en què no” el monarca.

Els signants de la carta lamentaven que haguessin transcorregut més de tres anys i mig des que es va conèixer “el fracàs d'aquella gestió” sense que des de llavors s'hagi produït “cap avenç en la justa reforma plantejada per qui fou vicepresidenta del Govern”. Per això, reiteraven la seva petició perquè el cap de l'Estat, durant el discurs televisat que va pronunciar el passat 24 de desembre, inclogués la seva renúncia al privilegi de la inviolabilitat.

Carmen Calvo va assegurar que el Govern central va estudiar la possibilitat de modificar la inviolabilitat del rei: 'Jo ho vaig plantejar, es va estudiar, es va posar sobre la taula i no es va veure l'oportunitat en aquell moment, ni per part del president del Govern, ni per part del PP, ni per part de la Casa Reial'

El precedent de Joan Carles I

“Una decisió que estam convençuts que seria acceptada per una majoria suficient dels representants elegits en les darreres eleccions generals”, subratllaven els juristes. “El mateix any en què celebram les primeres passes cap a la democràcia després de la desaparició del dictador ens sembla un moment molt adequat perquè comenci la reforma d'un privilegi personal que mai no hauria d'haver estat traslladat a la Constitució de 1978 en els termes que varen permetre la realitzada pel Fiscal Anticorrupció el març de 2022”, remarcaven.

Es referien, concretament, a la decisió adoptada aquell any per la Fiscalia del Tribunal Suprem, que va arxivar les investigacions dirigides a seguir el rastre dels 100 milions de dòlars que va percebre Joan Carles I del seu homòleg a l'Aràbia Saudita, Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, així com dels diners que els seus benefactors varen emprar per pagar-li centenars de milers d'euros en despeses personals i que mai no varen passar per les mans de l'Agència Tributària. Les claus de la seva exoneració residien, principalment, en la seva inviolabilitat.

Tal com ha informat aquest diari, l'anterior rei d'Espanya va guardar la seva fortuna en un banc suís i a nom d'una fundació domiciliada a Panamà. Si hagués ingressat els diners en un banc espanyol i hagués declarat aquella donació davant Hisenda, Joan Carles hauria aportat 51 milions d'euros a les arques públiques.

El maig de 2025, a més, el Tribunal Suprem va blindar el rei emèrit davant dels tribunals després de rebutjar la querella amb què intel·lectuals i juristes cercaven imputar el monarca per frau fiscal i blanqueig de capitals. Els magistrats varen emprar uns arguments que barren el pas a qualsevol iniciativa legal present o futura contra ell, emparant-se en les resolucions d'arxivament signades per la Fiscalia el 2022 i que “tanquen la porta a l'obertura d'una investigació judicial” sobre els seus diners. Es tracta d'un desenllaç que, a la pràctica, situa el monarca fora de l'abast del Dret penal en qualsevol circumstància, fins i tot per actes estrictament privats.

El Suprem va blindar el rei emèrit davant dels tribunals després de rebutjar la querella amb què intel·lectuals i juristes buscaven imputar el monarca per frau fiscal i blanqueig

Rex non potest peccare

La inviolabilitat del monarca, emparada per l'article 56.3 de la Constitució de 1978 -“la persona del rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat”-, és un dels aspectes més controvertits de l'arquitectura constitucional espanyola. Es tracta d'una figura jurídica que abasta tant els actes oficials del cap de l'Estat com els privats i que enfonsa les seves arrels en la sacralitat reial de les antigues monarquies -resumida en l'aforisme llatí Rex non potest peccare (“el rei no pot pecar”)-, incorporada al constitucionalisme modern com un escut davant qualsevol responsabilitat penal o civil.

En els darrers anys, ha cobrat força el debat sobre l'abast d'aquesta prerrogativa i la impossibilitat d'exigir responsabilitats més enllà dels actes comesos pel rei com a cap de l'Estat. La controvèrsia es va intensificar arran de l'esclat del cas Nóos, en què, per primera vegada en la història judicial espanyola, un membre de la família reial, la infanta Cristina, es va asseure al banc dels acusats. La causa va obrir seriosos interrogants sobre la suposada intervenció que Joan Carles I hauria tingut en els fets investigats i va posar en qüestió fins a quin punt el seu blindatge hauria pogut emparar decisions o comportaments que, en el cas d'altres ciutadans, haurien estat objecte de responsabilitat penal.

Precisament sobre això, el jutge que va instruir la causa, José Castro, assegurava en una entrevista concedida a elDiario.es que hauria investigat el rei emèrit si no hagués existit l'article 56.3 de la Constitució, el que blinda la immunitat legal del cap de l'Estat.

El jutge que va instruir el cas Nóos, José Castro, assegurava que hauria investigat el rei emèrit de no haver existit l'article 56.3 de la Constitució, el que blinda la immunitat legal del cap de l'Estat

Diverses sentències del Tribunal Constitucional (TC) han posat de relleu, a més, la tensió existent entre la inviolabilitat del rei i el control parlamentari. Una d'elles és la que va anul·lar part d'una resolució del Parlament de Catalunya que reprovava Felip VI pel seu discurs després del referèndum de l'1-O de 2017 i que qualificava la monarquia d'“institució caduca”: segons els magistrats, la reprovació vulnerava l'article 56.3 de la Constitució perquè atribuïa al Rei una responsabilitat política que la Carta Magna no li permet assumir.

Altra sentència, que va anul·lar la creació, per part de la Cambra autonòmica catalana, d'una comissió parlamentària d'investigació sobre la monarquia, va dictaminar que allò que es pretenia era indagar en activitats del rei que, d'acord amb la Constitució, estan protegides per la seva inviolabilitat i no estan subjectes a cap responsabilitat. Ambdues resolucions posaven així de manifest que la inviolabilitat no és un simple blindatge simbòlic, sinó un límit legal que impedeix que qualsevol òrgan parlamentari pugui exercir control polític o investigar penalment el rei.

Els sondejos de Suárez a favor de la III República

Cal recordar que el mateix grup de juristes que reclama que el rei renunciï a la inviolabilitat va remetre el gener de l'any passat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en què li reclamen que es desclassifiqui tota la informació relativa als sondejos que suposadament l'expresident del Govern Adolfo Suárez hauria encarregat, diversos anys abans de l'aprovació de la Constitució espanyola, per conèixer si l'opinió pública, en el context de la Transició, preferia un Estat monàrquic o republicà. Els sondejos donarien la victòria a la proclamació d'una nova República a Espanya, però els detalls que envolten aquest assumpte romanen en el forat negre dels secrets oficials.

La confecció i els resultats de tals sondejos havien dormit el somni dels justos durant diverses dècades fins que un 'resbaló' del mateix Suárez va jugar en contra seva. En una entrevista inèdita que la periodista i biògrafa oficial de la Transició, Victoria Prego, va realitzar el 1995 a l'expolític i que seria desvelada per La Sexta Columna el novembre del 2016 –res menys que 21 anys després–, Suárez va reconèixer que, quan el 1977 va impulsar la Llei per a la Reforma Política que eliminaria jurídicament les estructures de l'aparell franquista, hi va introduir les paraules 'rei' i 'monarquia', amb disposicions com “el Rei sanciona i estén les lleis” o “el President de les Corts i del Consell del Regne serà nomenat pel Rei”.

“Quan la major part dels caps de Govern estrangers em demanaven un referèndum sobre monarquia o república... fèiem sondejos i perdíem”, va comentar tapant-se el micròfon que portava a la corbata. “Vaig ficar la paraula rei i la paraula monarquia a la Llei i així vaig dir que havia estat sotmès a referèndum ja”, va justificar literalment l'expolític, qui, d'aquesta manera, evitava una consulta expressa sobre monarquia o república i s'assegurava la permanència de la institució dinàstica sense tan sols haver estat sotmesa a votació popular.

Casi siete meses después de que una veintena de jueces y juristas de prestigio de Balears, entre quienes se encuentran los exjueces José Castro y Juan Pedro Yllanes, remitieran una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que reclamaban, por cuarta vez consecutiva, que el rey Felipe VI anunciase su renuncia a la inviolabilidad penal que le otorga la Constitución, Moncloa ha respondido sin entrar en el fondo de la petición. Lejos de pronunciarse sobre la posibilidad de promover una reforma legal o constitucional en este ámbito, el Gobierno central ha recomendado a los firmantes que trasladen directamente su solicitud a la Casa del Rey.

“Gracias por escribir al presidente del Gobierno. Le contestamos en su nombre”, arranca el mensaje remitido por la Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía. “Acusamos recibo de su escrito y le recomendamos que, si así lo considera, se lo haga llegar directamente a la Casa de Su Majestad el Rey a través de su página web. También puede hacerlo por vía postal remitiendo una carta a Palacio de la Zarzuela”, expresa la misiva dirigiéndose a uno de los firmantes, añadiendo a continuación la dirección donde se ubica la residencia oficial de la Familia Real.

La carta también esquiva pronunciarse respecto a otra de las peticiones que los juristas dirigieron exclusivamente al Ejecutivo central: que el CIS incorpore una pregunta sobre esta materia en sus barómetros. “No habiendo recibido de esa presidencia del Gobierno respuesta a ninguno de los tres escritos que le enviamos antes de los sucesivos discursos de Navidad pronunciados desde 2022, con la misma petición que aquí reiteramos, queremos solicitar también que, a partir de enero de 2026, el CIS incluya entre las preguntas de sus encuestas una que recabe la opinión de la sociedad sobre si debe continuar el privilegio que permite al actual jefe del Estado situarse al margen de la acción de la Justicia en cualquier circunstancia”, comentaron los juristas en su última misiva.

Sondear a la opinión pública

Los solicitantes consideran en esa misma carta que sondear a la opinión pública ayudaría a superar cualquier incertidumbre sobre una posible reforma legal en este sentido: “Esta petición solo depende del Gobierno que usted preside [en referencia a Pedro Sánchez] y la consideramos importante para resolver las dudas que pudieran existir entre los miembros del Congreso y del Senado sobre la reforma legal de un privilegio personal que se mantiene y cuyas consecuencias reales han sido muy negativas para nuestra democracia”.

En este sentido, Moncloa se limita a responder que también “puede enviar su solicitud en relación al cuestionario del Centro de Investigaciones Sociológicas a ese mismo organismo”, facilitando acto seguido el enlace que conduce a la página web del ente demoscópico. “Le agradecemos de nuevo que se haya tomado el tiempo de escribir al presidente del Gobierno. Para él es muy importante conocer las necesidades, inquietudes y reivindicaciones de la ciudadanía. Un cordial saludo”, concluye el escrito.

La respuesta remitida por Moncloa ha generado perplejidad entre los impulsores de la iniciativa. Los promotores cuestionan que Presidencia del Gobierno les remita a la Casa del Rey cuando su reclamación no iba dirigida a la Corona, sino al Ejecutivo, al que consideran competente para impulsar los cambios legales y constitucionales necesarios para poner fin a la inviolabilidad que ampara al jefe del Estado. En sus escritos, los juristas no solicitaban una actuación personal de Felipe VI, por lo que consideran llamativo que Moncloa evite pronunciarse sobre el fondo de la petición y los invite a dirigirse precisamente a la institución cuya situación jurídica pretenden modificar.

Los juristas no solicitaban una actuación personal de Felipe VI, por lo que consideran llamativo que Moncloa evite pronunciarse sobre el fondo de la petición y los invite a dirigirse precisamente a la institución cuya situación jurídica pretenden modificar

Asimismo, los firmantes muestran su extrañeza por el hecho de que la respuesta se formule como si se tratara de una iniciativa individual, pese a que todos los escritos remitidos hasta ahora identificaban expresamente a los miembros del colectivo y a los juristas que respaldan la reivindicación. A su juicio, la contestación no aclara si el Gobierno comparte la necesidad de revisar este privilegio constitucional, si contempla alguna reforma en este ámbito o si, por el contrario, descarta cualquier modificación.

Ante la falta de pronunciamiento de Moncloa, los juristas han decidido abrir el debate a la ciudadanía mediante una columna de opinión en elDiario.es en la que explican que, antes de decidir los próximos pasos de la iniciativa, desean conocer el parecer de la sociedad sobre la reforma constitucional que vienen reclamando desde 2022. La columna está suscrita por Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes y María Durán.

La propuesta de Carmen Calvo que nunca prosperó

La inviolabilidad del rey es una prerrogativa cuya interpretación ha sido ampliamente discutida por expertos en Derecho Constitucional y otros juristas, quienes consideran que esta figura debería suprimirse por completo o limitarse exclusivamente a los actos realizados en el ejercicio del cargo –no al ámbito privado–.

En su última misiva, a la que tuvo acceso en primicia elDiario.es, los impulsores de la iniciativa recordaban que la actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, reconoció en mayo de 2022 que, como vicepresidenta del Gobierno, había llevado a cabo gestiones ante la Casa Real para conocer la opinión del jefe del Estado sobre la posibilidad de una reforma legal destinada, según los juristas, a “suprimir el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia”, una circunstancia que, aseveran los firmantes de la carta, puede provocar, “entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas”.

Sin citarlas expresamente, aludían a las manifestaciones que Calvo realizó a El País en un artículo publicado en mayo de 2022. “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”, manifestó. Pedro Sánchez le había encomendado un año antes la tarea de poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la monarquía, pero, finalmente, los cambios quedaron limitados a una serie de medidas de transparencia. En unas jornadas celebradas a principios de 2022, según recoge el mismo medio, Calvo enfatizó la necesidad de establecer, sin necesidad de reformar la Constitución, “en qué es inviolable y en qué no” el monarca.

Los firmantes de la carta lamentaban que habían transcurrido más de tres años y medio desde que se conoció “el fracaso de aquella gestión” sin que se haya producido desde entonces “ningún avance en la justa reforma planteada por quien fue vicepresidenta del Gobierno”. Por ello, reiteraban su petición para que el jefe del Estado, durante el discurso televisado que pronunció el pasado 24 de diciembre, incluyese su renuncia al privilegio de la inviolabilidad.

Carmen Calvo aseguró que el Gobierno estudió la posibilidad de modificar la inviolabilidad del rey: 'Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real'

El precedente de Juan Carlos I

“Una decisión que estamos convencidos sería aceptada por una mayoría suficiente de los representantes elegidos en las últimas elecciones generales”, subrayaban los juristas. “El mismo año en el que estamos celebrando los primeros pasos hacia la democracia tras la desaparición del dictador nos parece un momento muy adecuado para que comience la reforma de un privilegio personal que nunca debería haberse trasladado a la Constitución de 1978 en los términos que permitieron la interpretación realizada por el Fiscal Anticorrupción en marzo de 2022”, recalcaban.

Se referían, en concreto, a la decisión adoptada ese año por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó las investigaciones dirigidas a seguir el rastro de los 100 millones de dólares que percibió Juan Carlos I de su homólogo en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, así como del dinero que sus benefactores usaron para pagarle cientos de miles de euros en gastos personales y que nunca pasaron por manos de la Agencia Tributaria. Las claves de su exoneración residían, principalmente, en su inviolabilidad. 

Tal como ha informado este periódico, el anterior rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría aportado a Hacienda 51 millones de euros.

En mayo de 2025, además, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él al ampararse en las resoluciones de archivo firmadas por la Fiscalía en 2022 y que “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. Se trata de un desenlace que, en la práctica, sitúa al monarca fuera del alcance del Derecho penal en cualquier circunstancia, incluso por actos estrictamente privados.

El Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo

Rex non potest peccare

La inviolabilidad del monarca, amparada por el artículo 56.3 de la Constitución de 1978 –“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”–, es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española. Se trata de una figura jurídica que abarca tanto los actos oficiales del jefe del Estado como los privados y que hunde sus raíces en la sacralidad real de las antiguas monarquías –resumida en el aforismo latino Rex non potest peccare (“el rey no puede pecar”)–, siendo incorporada al constitucionalismo moderno como un escudo frente a toda responsabilidad penal o civil. 

En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre el alcance de esta prerrogativa y la imposibilidad de exigir responsabilidades más allá de los actos cometidos por el rey como jefe del Estado. La controversia se intensificó a partir del estallido del caso Nóos, en el que, por primera vez en la historia judicial española, un miembro de la familia real, la infanta Cristina, se sentó en el banquillo de los acusados. La causa abrió serios interrogantes sobre la supuesta intervención que Juan Carlos I habría tenido en los hechos investigados y puso en cuestionamiento hasta qué punto su blindaje habría podido amparar decisiones o comportamientos que, en el caso de otros ciudadanos, habrían sido objeto de responsabilidad penal.

Precisamente sobre ello, el juez que instruyó la causa, José Castro, aseguraba en esta entrevista concedida a elDiario.es que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado.

El juez que instruyó el caso Nóos, José Castro, aseguraba que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado

Varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC) han puesto de relieve, además, la tensión existente entre la inviolabilidad del rey y el control parlamentario. Una de ellas es la que anuló parte de una resolución del Parlament de Catalunya que reprobaba a Felipe VI por su discurso tras el referéndum del 1‑O de 2017 y que calificaba la monarquía de “institución caduca”: según los magistrados, la reprobación vulneraba el artículo 56.3 de la Constitución porque atribuía al Rey una responsabilidad política que la Constitución no le permite asumir. 

La otra sentencia, que anuló la creación, por parte de la Cámara autonómica catalana, de una comisión parlamentaria de investigación sobre la monarquía, dictaminó que lo que se pretendía era indagar en actividades del rey que, de acuerdo a la Carta Magna, están protegidas por su inviolabilidad y no están sujetas a responsabilidad alguna. Ambos fallos ponían así de manifiesto que la inviolabilidad no es un simple blindaje simbólico, sino un límite legal que impide que cualquier órgano parlamentario pueda ejercer control político o investigar penalmente al rey.

Los sondeos de Suárez a favor de la III República

Cabe recordar que el mismo grupo de juristas que reclama que el rey renuncie a la inviolabilidad remitió en enero del año pasado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le reclaman que se desclasifique toda la información relativa a las encuestas que supuestamente el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez habría encargado, varios años antes de la aprobación de la Constitución española, para conocer si la opinión pública, en el contexto de la Transición, prefería un Estado monárquico o republicano. Los sondeos darían la victoria a la proclamación de una nueva República en España, pero los pormenores que rodean a este asunto permanecen en el agujero negro de los secretos oficiales.

La confección y los resultados de tales encuestas habían dormido el sueño de los justos durante varias décadas hasta que un 'desliz' del propio Suárez jugó en su contra. En una entrevista inédita que la periodista y biógrafa oficial de la Transición, Victoria Prego, realizó en 1995 al expolítico y que sería desvelada por La Sexta Columna en noviembre de 2016 –nada menos que 21 años después–, Suárez reconoció que, cuando en 1977 impulsó la Ley para la Reforma Política que eliminaría jurídicamente las estructuras del aparato franquista, introdujo en ella las palabras 'rey' y 'monarquía', con disposiciones como “el Rey sanciona y promulga las leyes” o “el Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey”.

“Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos”, comentó tapándose el micro que llevaba en la corbata. “Metí la palabra rey y la palabra monarquía en la Ley y así dije que había sido sometido a referéndum ya”, justificó literalmente el expolítico, quien, de este modo, evitaba una consulta expresa sobre monarquía o república y se aseguraba la permanencia de la institución dinástica sin tan siquiera haber sido sometida a votación popular.

En el imaginario colectivo, las encuestas electorales fallan. Es más, si tuviéramos que apostar hoy, lo haríamos a que el día 18 es probable que les caigan más críticas que alabanzas. En este texto, intentaremos explicar las razones por las que las encuestas tantas veces nos decepcionan y daremos una breve panorámica del escenario que nos dibujan sobre las elecciones andaluzas de este 17 de mayo… y por qué este puede ser alimento para otra decepción.

Hay muchos actos de comunicación fallidos, en que pretendemos mandar un mensaje pero nuestro receptor escucha algo completamente distinto. Esta es una de las batallas perdidas de las encuestas. A pesar de lo que muchas personas creen, por suerte ninguna encuesta podrá decirnos nunca qué va a ocurrir el día 17.

Quienes votamos seguimos siendo humanos y uno de nuestros encantos es ser un poco impredecibles: así, habrá quien pensaba votar y se le complicará el día hasta convertirse en abstencionista sobrevenido; quien se enfadará con su suegro la noche antes y terminará haciéndoselo pagar a su partido cambiando de papeleta en el último minuto; y quien estaba indeciso y esa madrugada verá finalmente la luz. Tenemos la fortuna de que cualquiera de estas situaciones sigue sin ser en absoluto predecible.

Además, la mayoría de las encuestas se habrán hecho antes de que empiece la campaña electoral. Pero si partidos y medios de comunicación ponen toda la carne en el asador durante esas semanas es, precisamente, porque no todo está decidido: habrá votos que en ese tiempo se decanten del todo (muchos) o incluso cambien de orientación (pocos, habitualmente). Por eso, las campañas más planas y predecibles suelen dar lugar a encuestas con menos errores, mientras que campañas que tienen un ganador claro y que modifican tendencias suelen dar lugar a los principales “fracasos” de las encuestas.

Pero por mucho que quienes hacen encuestas expliquen la incapacidad de las mismas para predecir el futuro, esto no es lo que periodistas y lectores esperan de ellas. La batalla de las expectativas está perdida y por mucho que se insista, incluso si se comunica bien en los medios, las personas que lean o escuchen la noticia van a pensar que las encuestas están pronosticando lo que ocurrirá el día de las elecciones (y a juzgarlas en consecuencia).

‘Materia prima’ y ‘cocina’, dos elemento fundamentales… y polémicos

También hay razones técnicas por las que las encuestas pueden acertar más o menos. Aunque no exista una fórmula mágica para hacer buenas encuestas, sí podemos mejorar los ingredientes y la cocción para intentar hacer un producto digno.

Como sabe cualquier cocinero, la materia prima es clave para cocinar bien. Y la materia prima de una encuesta son la muestra y el proceso de recogida de información. La muestra es ese pequeño milagro estadístico por el que, si hacemos bien los deberes, eligiendo bien a (pongamos) mil personas, podemos representar adecuadamente lo que piensan los casi 7.000.000 de andaluces con derecho al voto el día 17.

Si solo tuviéramos que seleccionarlos sería una operación relativamente sencilla. Sin embargo, también tenemos que encontrarlos, lograr que respondan y, si no lo hacen, sustituirlos por otras personas similares. Y es en esta operación, y en las diferentes maneras en que las empresas se enfrentan a este dilema, donde está el grueso de la distinción entre una buena y una mala encuesta.

Las mejores encuestas (lo hacen pocas porque es caro y lento) seleccionan a mil personas y pelean la respuesta de cada una de ellas hasta el último suspiro. Y solo cuando se constata la imposibilidad, las sustituyen por otras. En muchos otros casos, se seleccionan muchos miles de números de teléfono (o direcciones postales o electrónicas) y, simplemente, se controla que en la muestra final las proporciones de algunas variables (edad, sexo, estudios…) sean similares a las de la realidad. En cada vez más casos, se parte ya de una selección de personas predispuestas a ser entrevistadas, con los sesgos que esa selección previa pueda contener.

Como todos los detalles de ese proceso no siempre aparecen en las fichas técnicas, terminamos juzgando la calidad de las encuestas por otros ingredientes más sencillos, como la cantidad de personas entrevistadas. Aunque es cierto que un número más elevado de entrevistas ayuda, sobre todo cuando tenemos que hacer atribución de escaños por provincias, 100.000 personas mal elegidas son una peor muestra que 1200 bien seleccionadas. El tamaño de la muestra no es irrelevante, pero sí una pieza muy pequeña e insuficiente para juzgar la calidad de una encuesta.

Además de los ingredientes, tenemos la cocción, eso que a menudo llamamos la “cocina electoral”. Lo cierto es que el dato en bruto de lo que la gente nos ha dicho que votará suele quedar lejos de la realidad, por lo que es necesario ajustar las cifras con procedimientos estadísticos para los que, al menos de momento, no hay una única fórmula indiscutible que se haya mostrado como superior a las demás.

Varias piezas intervienen en ese puzle. Una de las más importantes es la duda de quién irá realmente a votar, algo que muchas veces ni las personas entrevistadas saben con certeza. Sin embargo, al tratarse de una pregunta con un fuerte componente de deseabilidad social (qué feo está eso de abstenerse), la propia persona suele enmascararla con un “seguro que votaré”, que luego el analista debe decidir si creerse o no.

La dificultad es aún mayor porque muchos de los factores que llevan a la abstención también llevan a no responder encuestas, de manera que nos aparecen muchos menos abstencionistas que en la realidad, en parte por los sesgos de selección y en parte por ese elemento de deseabilidad social en las respuestas.

Y entonces… ¿acertarán las encuestas en Andalucía?

De cara al próximo 17 de mayo, las encuestas dibujan una casi segura victoria del PP, pero difieren en si será con o sin mayoría absoluta. Solo una de estas dos opciones va a confirmarse. Algo más de la mitad de los sondeos publicados nos dicen que ambos escenarios son posibles dentro del margen de error de la encuesta. Algunos, principalmente los más recientes, apuntan que esa mayoría es muy probable. Pero si este es el titular que se instala en la opinión pública (victoria con mayoría) y el PP se queda en 54 escaños (uno por debajo), importará poco que ese resultado entrara en el margen de error de la mayoría de encuestas: el tribunal de la opinión pública dictará que se han equivocado.

Lo cierto es que las encuestas publicadas hasta el momento en nuestra comunidad muestran algunos de los riesgos que hemos comentado. Además, los limitados datos que muchas de ellas reflejan en sus fichas técnicas tampoco ponen fácil hacer una valoración de su calidad. Por ello, quizás el único elemento que tengamos para dar más credibilidad a unas que a otras sea su reputación, que no tiene tanto que ver con sus éxitos o fracasos concretos en estimaciones anteriores sino con si en los mismos puede apreciarse algún patrón que insinúe que, por unas u otras razones, sus resultados incorporan sesgos sistemáticos.

Desde este criterio, quizás por ser la institución más escrutada, sea el CIS quien salga peor parado en sus últimos años, con su tendencia a sobreestimar a las izquierdas. ¿Y el resto? Es posible que también incorporen sesgos (o no) pero, al no estar tan sometidas al escrutinio público, es más difícil detectar estas tendencias (si las hubiera).

Al final, no nos queda más que esperarnos al día 18: solo entonces sabremos si las encuestas en general, o algunas de sus protagonistas en particular, han salido vencedoras (algo que olvidaríamos pronto) o víctimas (lo que recordaríamos más tiempo) de esa noche electoral.

Coordinación y edición: Adelina Pastor, Delegación del CSIC en Andalucía

“¿Ustedes no tienen a ningún votante que esté a punto de finalizar su contrato de alquiler?”, preguntó hace unas semanas desde el atril del Congreso Gabriel Rufián al grupo de Junts. La respuesta a esta pregunta está en una encuesta que realizó el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) en julio de 2025, centrada en la opinión de los catalanes en materia de vivienda. Y una de las conclusiones fue, precisamente, que Junts es el partido catalán que tiene menos electorado en alquiler.

El sondeo, que era la primera que se realizaba específicamente sobre la cuestión de la vivienda, incorporaba un largo cuestionario en el que se desgranaban las actitudes y valores de la ciudadanía ante este problema. Uno de los titulares que se desprendía fue la práctica unanimidad de los encuestados a la hora de reconocer las dificultades para acceder a un techo o cómo la vivienda se había convertido en un problema personal para uno de cada tres.

Pero el cuestionario también preguntaba por la situación personal de los encuestados, si vivían en un piso de alquiler, de propiedad u otras modalidades y, también, con qué partido político simpatizaban más.

Este cuestionario permite así cruzar ambas variables y saber en qué régimen vive el electorado de cada partido. De esta forma, se observa que Junts es la formación catalana con más propietarios entre sus electores, seguido de Aliança Catalana, mientras que Vox es la que tiene más votantes en alquiler, con la CUP en la siguiente posición.

Si tomamos al conjunto de los catalanes, el 28,6% viven en residencias alquiladas por ellos mismos o por personas de su entorno. Junts y Aliança tienen prácticamente la mitad de simpatizantes que tengan que pagar la renta al final del mes.

ERC también es un partido con más propietarios que la media, aunque en cuestiones de vivienda suele situarse en posiciones contrarias a las de Junts y más cercanas a Comuns y PSC, que tienen un 25,8% y un 25,4% de inquilinos entre sus votantes respectivamente. El PP se sitúa más cercano a la media.

Para entender estos resultados conviene tener en cuenta la edad de los votantes. Según los perfiles demográficos del propio CEO, Vox y la CUP son dos partidos que suelen tener más votantes en franjas de edad más jóvenes, sobre todo entre los 25 y 40, época en que el alquiler es la fórmula más frecuente.

La encuesta del CEO especifica el tipo de situación personal respecto a la vivienda. Junts vuelve a aparecer como el partido cuyos votantes tienen menos preocupaciones con esta materia: el 42% tienen ya la vivienda pagada, el 22% está aún pagando la hipoteca y el 19% viven en la casa que un familiar o amigo tiene en propiedad. El PP también destaca como una formación de viejos propietarios: el 39% de votantes tiene piso y no hipoteca.

En cuanto a las personas que alquilan su casa para vivir ellas solas o con sus familias, Aliança es el partido que tiene menos simpatizantes en esta situación, seguido de Junts, Comuns y ERC. En cambio, Comuns y CUP son quienes más votantes tienen en alquileres compartidos, una modalidad que vuelve a denotar la juventud de sus electorados.

Una de las cuestiones que reveló la encuesta del CEO es que tener una vivienda en propiedad era un deseo absolutamente mayoritario, con valores por encima del 80%. Pero, además, la afirmación de que llegar a poseer una casa era un objetivo vital era refrendada no solo por quien ya la tenía o la estaba pagando; también por aquellos que estaban de alquiler o vivían en otras modalidades. Por eso una de las conclusiones del estudio es que la mayoría de las personas que viven de alquiler, lo hacen por necesidad y no como una opción vital.