La pérdida de población se ha consolidado como una de las principales inquietudes de la sociedad asturiana. Así lo refleja ASTURDEMO25, la primera gran encuesta de la Cátedra Universitaria de Demografía de la Universidad de Oviedo dada a conocer este lunes, que sitúa el conjunto de problemas asociados al reto demográfico —envejecimiento, baja natalidad, despoblación y emigración juvenil— como la segunda preocupación de la ciudadanía, solo por detrás del acceso a la vivienda y por delante del desempleo.

El estudio, elaborado a partir de 800 entrevistas telefónicas realizadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026, revela que el 90,4% de los asturianos conoce el concepto de reto demográfico y que la mayoría lo considera un problema grave o muy grave. Además, el 45,7% cree que Asturias afronta una situación peor que la de otros territorios, una percepción especialmente acusada en el occidente y, en menor medida, en el oriente, donde los efectos de la despoblación se viven de forma más directa.

La investigación concluye que la ciudadanía identifica como principales causas de la baja natalidad las dificultades para acceder a una vivienda, la precariedad laboral, el coste de criar hijos y la incertidumbre sobre el futuro. Frente a ello, las políticas que reciben un mayor respaldo son precisamente la construcción de vivienda, la estabilidad en el empleo juvenil y el mantenimiento de servicios públicos en el medio rural, ámbitos en los que existe un amplio consenso social, con independencia de la ideología.

El informe también analiza la percepción de la inmigración y dibuja una sociedad asturiana mayoritariamente favorable a este fenómeno. El 53,7% de los encuestados tiene una valoración positiva o muy positiva de la llegada de población extranjera y el 45,4% considera adecuado el volumen actual de inmigrantes en Asturias. No obstante, persisten algunas reticencias: el 65,2% cree que los inmigrantes reciben más ventajas en los programas sociales, el 49,2% los relaciona con problemas de integración y el 43,5% los asocia con la inseguridad y la delincuencia, lo que convierte este asunto en el más polarizado del debate demográfico.

El director de la Cátedra de Demografía, Óscar Rodríguez Buznego, ha defendido que el trabajo pretende cubrir la falta de datos representativos sobre la percepción ciudadana y servir de apoyo al diseño de políticas públicas. La encuesta también detecta una brecha entre el respaldo que reciben las medidas para combatir la despoblación y el escaso conocimiento que la ciudadanía tiene de las iniciativas ya impulsadas por el Principado, por lo que recomienda reforzar la comunicación institucional y evaluar el impacto de esas actuaciones. ASTURDEMO25 será la primera de una serie anual de estudios que la Universidad de Oviedo desarrollará durante los próximos cuatro años.

El movimiento sísmico que ha supuesto la irrupción de la formación xenófoba Aliança Catalana continúa rompiendo el tradicional mapa electoral catalán. Según el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el partido de extrema derecha ha pulverizado a Junts y pisa los talones a ERC en la competición por ser el segundo partido en el Parlament. Además, el Govern de Salvador Illa podría ver comprometida su mayoría parlamentaria.

El estudio proyecta un PSC a la baja, en la horquilla entre los 36 y 38 escaños, es decir, hasta seis menos que los obtenidos en 2024. Por debajo se situaría ERC, con entre 24 y 26, que se recuperaría ligeramente de sus anteriores resultados. Y, justo por detrás, Aliança aspiraría a entre 23 y 25 asientos en la Cámara catalana, un crecimiento disparado desde sus actuales dos únicas representantes.

Junts llegaría por detrás, hundido entre los 16 y 18 escaños, lo que suponen la mitad de los diputados obtenidos hace dos años. PP y Vox continúan empatando en su particular duelo, ambos con entre 12 y 13 escaños. En la banda baja quedarían los Comuns y la CUP, que también empatan con entre 4 y 5 representantes.

Además del crecimiento de la extrema derecha, estos resultados dibujan por primera vez la posibilidad de que la actual suma de gobierno no llegue a la mayoría absoluta de 68 escaños, ya que PSC, ERC y Comuns sumarían entre 64 y 69 diputados.

Las transferencias de voto que ofrece el mismo estudio indican que solo la mitad de las personas que votaron a Junts en 2024 cogerían la misma papaleta ahora. En cambio, el 28% de ellos apostaría por el partido de Sílvia Orriols, y otro 9% por ERC. Pero Aliança bebe también de partido de la derecha españolista, sobre todo de Vox, a quien arrancarían el 23% de sus votos hace dos años.

Que el elemento disruptor es Aliança queda claro en la proyección para las elecciones generales, donde no está previsto que la formación xenófoba se presente. En el contexto de unas generales, los movimientos son más suaves: el PSC caería un solo diputado, ERC sumaría entre 3 y 4 en pleno 'efecto Rufián', que hace daño a los Comuns a los que arrebatan el trofeo de segunda fuerza. Además Junts perdería entre 2 y 3 de sus actuales 7 escaños en el Congreso.

El grupo de jueces y juristas que desde 2022 reclama que el rey Felipe VI renuncie a la inviolabilidad penal que le otorga la Constitución o, en su defecto, que el Gobierno impulse una reforma de la Carta Magna para eliminar este privilegio, ha decidido dar un nuevo paso. Los 22 firmantes de la iniciativa, entre quienes se encuentran los exmagistrados José Castro y Juan Pedro Yllanes, han remitido dos nuevos escritos: uno dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otro al máximo responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, con el objetivo de mantener la presión sobre ambas instituciones.

La iniciativa llega después de que Moncloa respondiera a su última carta sin entrar en el fondo de sus reivindicaciones. En lugar de pronunciarse sobre una eventual reforma legal o constitucional, el Ejecutivo, a través de un mensaje remitido por la Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía, se limitó a recomendarles que trasladaran su solicitud a la Casa del Rey -pese a tratarse de una modificación cuya iniciativa corresponde a los poderes legislativo y ejecutivo- y que dirigieran al CIS la petición de incluir una pregunta sobre la inviolabilidad del jefe del Estado en sus barómetros.

Lejos de dar por zanjada la cuestión, los juristas han optado por aceptar, de momento, una de las dos recomendaciones formuladas por el Gobierno. Así, solicitan a Tezanos que el CIS mida el respaldo ciudadano a una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución -“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”-, mientras que, en otra misiva, comunican a Pedro Sánchez que continuarán reclamando la modificación de este precepto constitucional al considerar que corresponde al Ejecutivo y a las Cortes impulsar una iniciativa de esta naturaleza.

Lejos de dar por zanjada la cuestión, los juristas solicitan a Félix Tezanos que el CIS mida el respaldo ciudadano a una reforma del artículo 56.3 de la Constitución, mientras que, en otra misiva, comunican a Pedro Sánchez que continuarán reclamando la modificación de este precepto

El colectivo sostiene, además, que el resultado de la consulta ciudadana que, a través de elDiario.es, promovió recientemente al respecto y en la que recabó en dos días cerca de 1.500 respuestas, el 99% de ellas favorables a reformar el artículo 56.3 para que el jefe del Estado responda ante los tribunales cuando los hechos investigados sean ajenos al ejercicio de sus funciones institucionales. Un hecho que, aseveran, refuerza la necesidad de seguir adelante con esta iniciativa.

Los firmantes de la consulta cuidadana eran los 22 juristas Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes, María Durán y Juan Luis Corbacho.

Aunque los propios juristas reconocen que ese sondeo carece de validez demoscópica al no cumplir los criterios científicos de selección ni estratificación de la muestra, consideran precisamente por ello que corresponde al CIS determinar, mediante una encuesta oficial, cuál es el verdadero grado de apoyo social a una reforma que pondría fin a la inviolabilidad penal del jefe del Estado por los actos ajenos al ejercicio de sus funciones institucionales.

Según los juristas, la modificación permitiría suprimir “el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia”, una circunstancia que -como aseveraban en una carta anterior-, puede provocar, “entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas”.

Según los juristas, la modificación permitiría suprimir 'el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia', una circunstancia que -como aseveraban en una carta anterior-, puede provocar, 'entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas'

“Seguiremos insistiendo ante las instituciones”

En el primero de los escritos, remitido a Pedro Sánchez, los firmantes agradecen la respuesta enviada desde Presidencia del Gobierno, pero dejan claro que no comparten el planteamiento contenido en ella. La Moncloa les recomendó trasladar su petición directamente a la Casa del Rey, haciendo constar en su mensaje la página web de la Familia Real y la dirección postal del Palacio de la Zarzuela. Los juristas no descartan acudir a los monarcas en un futuro, aunque consideran que la iniciativa debe dirigirse prioritariamente a quienes ostentan la capacidad de promover reformas legales y constitucionales.

“Si lo hiciéramos, le enviaremos a usted copia del escrito, pero, aunque no lo descartamos, al tratarse de una reforma legislativa, seguiremos insistiendo ante las instituciones que nacen de la voluntad popular para legislar y gobernar”, señalan en la carta dirigida al presidente del Gobierno.

Los juristas recuerdan que la iniciativa nació tras conocer las declaraciones realizadas en 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien reveló que había mantenido conversaciones con la Casa Real para explorar una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución.

En unas declaraciones efectuadas a El País, Calvo señalaba: “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”. Pedro Sánchez le había encomendado un año antes la tarea de poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la monarquía, pero, finalmente, los cambios quedaron limitados a una serie de medidas de transparencia.

Los juristas recuerdan que la iniciativa nació tras conocer las declaraciones realizadas en 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien reveló que había mantenido conversaciones con la Casa Real para explorar una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución

Asimismo, en unas jornadas celebradas a principios de 2022, según recogía el mismo medio, Calvo enfatizó la necesidad de establecer, sin necesidad de reformar la Constitución, “en qué es inviolable y en qué no” el monarca. Los firmantes lamentaban el tiempo transcurrido desde que se conoció “el fracaso de aquella gestión”, sin que desde entonces se produjese avance alguno al respecto.

Aceptan la recomendación de acudir al CIS

Por otro lado, en el escrito remitido al CIS, los firmantes reclaman que el ente demoscópico incorpore en alguno de sus próximos barómetros una pregunta destinada a conocer si la ciudadanía considera que debe mantenerse la inviolabilidad del jefe del Estado o si, por el contrario, debería limitarse para que el monarca responda ante la Justicia por los actos privados ajenos al ejercicio de sus funciones constitucionales.

“Entendemos perfectamente que la presidencia del Gobierno nos recomiende dirigirnos al CIS, pues la Ley 39/1995 [de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas] incluye, entre otras funciones, la de realizar estudios que 'sirvan de orientación a los poderes públicos en sus iniciativas normativas y ejecutivas'”, aseveran.

A continuación, informan al organismo de la reciente recogida de casi 1.500 opiniones y, aunque reconocen que el sondeo no reúne los requisitos metodológicos exigibles a una encuesta científica, consideran imprescindible por ello que sea el CIS el que determine cuál es el grado real de aceptación social de una reforma que permita que el jefe del Estado responda ante la Justicia “en caso de infracciones legales producidas al margen del papel político institucional que desempeña”.

En su misiva, los juristas confían en que el CIS atienda la petición e “investigue la opinión existente en la sociedad” sobre el texto vigente del artículo 56.3 de la Constitución, “si pudiera ser” -precisan- en los términos de la propuesta de reforma plantearon en ese primer sondeo.

¿Es compatible la inviolabilidad con la igualdad?

Los firmantes introducen además un argumento que ya figuraba en sus anteriores escritos, pero que ahora adquiere mayor protagonismo: la posible contradicción entre la inviolabilidad del jefe del Estado y el principio constitucional de igualdad. Tal como exponen, “sería del mayor interés” conocer también si la ciudadanía considera compatible la inviolabilidad “con la igualdad de todos los españoles ante la ley” que se establece en el artículo 14 del Título I de la Constitución.

Esperan -inciden- que el Gobierno impulse finalmente la reforma de “un texto que, quizás para la inmensa mayoría, cuestiona en la propia Constitución la igualdad ante la ley que figura en el artículo 14 de su Título Primero”. Para los impulsores de la iniciativa, mantener una prerrogativa que impide exigir responsabilidad penal al jefe del Estado por cualquier actuación privada supone una excepción difícilmente conciliable con el principio de igualdad jurídica proclamado por la propia Constitución.

Los firmantes confían en que el Gobierno impulse finalmente la reforma de 'un texto que, quizás para la inmensa mayoría, cuestiona en la propia Constitución la igualdad ante la ley que figura en el artículo 14 de su Título Primero'

Una campaña iniciada en 2022

Los nuevos escritos constituyen un nuevo capítulo de una campaña iniciada hace cuatro años. Desde 2022, el mismo grupo de jueces y juristas ha remitido anualmente cartas al presidente del Gobierno reclamando que Felipe VI anuncie públicamente su renuncia a la inviolabilidad y que el Ejecutivo impulse la correspondiente reforma constitucional.

La inviolabilidad del monarca es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española. Se trata de una figura jurídica que abarca tanto los actos oficiales del jefe del Estado como los privados y que hunde sus raíces en la sacralidad real de las antiguas monarquías -resumida en el aforismo latino Rex non potest peccare (“el rey no puede pecar”)-, siendo incorporada al constitucionalismo moderno como un escudo frente a toda responsabilidad penal o civil. 

En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre el alcance de esta prerrogativa y la imposibilidad de exigir responsabilidades más allá de los actos cometidos por el rey como jefe del Estado. La controversia se intensificó a partir del estallido del caso Nóos, en el que, por primera vez en la historia judicial española, un miembro de la familia real, la infanta Cristina, se sentó en el banquillo de los acusados. La causa abrió serios interrogantes sobre la supuesta intervención que Juan Carlos I habría tenido en los hechos investigados y puso en cuestionamiento hasta qué punto su blindaje habría podido amparar decisiones o comportamientos que, en el caso de otros ciudadanos, habrían sido objeto de responsabilidad penal.

Precisamente sobre ello, el juez que instruyó la causa, José Castro, aseguraba en esta entrevista concedida a elDiario.es que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado.

Las investigaciones en torno a Juan Carlos I

Los firmantes sostienen, además, que la experiencia acumulada tras las investigaciones archivadas sobre Juan Carlos I y la interpretación que la Fiscalía y posteriormente el Tribunal Supremo han realizado del artículo 56.3 han puesto de manifiesto la necesidad de revisar una prerrogativa que, en la práctica, ha impedido exigir responsabilidades penales al anterior jefe del Estado por actuaciones ajenas al ejercicio de sus funciones institucionales.

Se referían, en concreto, a la decisión adoptada ese año por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó las investigaciones dirigidas a seguir el rastro de los 100 millones de dólares que percibió Juan Carlos I de su homólogo en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, así como del dinero que sus benefactores usaron para pagarle cientos de miles de euros en gastos personales y que nunca pasaron por manos de la Agencia Tributaria. Las claves de su exoneración residían, principalmente, en su inviolabilidad. 

Tal como ha informado este periódico, el anterior rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría aportado a Hacienda 51 millones de euros.

En mayo de 2025, además, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él al ampararse en las resoluciones de archivo firmadas por la Fiscalía en 2022 y que “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. Se trata de un desenlace que, en la práctica, sitúa al monarca fuera del alcance del Derecho penal en cualquier circunstancia, incluso por actos estrictamente privados.

El 47,8% de los españoles considera que la Justicia no actúa de forma imparcial en España, frente al 34,9% que cree que jueces y fiscales siempre realizan su trabajo de forma objetiva. Un 31,8% de la ciudadanía afirma que los tribunales actúan “con más dureza” contra la izquierda, frente a un 16% que asegura que es más severa con la derecha y un 17% evita pronunciarse. Sobre quienes sí se pronuncian, la cifra de ciudadanos que cree que la Justicia no actúa de forma imparcial es del 57,8%, mientras que el 42,2% considera que sí trabaja de forma objetiva. Estos datos se recogen en la encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es elaborada entre el 9 y el 12 de junio y, por tanto, después de que salieran a la luz las investigaciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez y a la exmilitante socialista Leire Díez.

La percepción de la actuación de la Justicia es, de hecho, muy diferente en función del recuerdo de voto y de los ejes izquierda-derecha. Los votantes del PP son los que más confían en la imparcialidad de la Justicia, seguidos de los de Vox. En cambio, los electores de PSOE y Sumar consideran de forma mayoritaria que la Justicia actúa con más dureza cuando se trata de investigar o juzgar a miembros o dirigentes de la izquierda.

Cuando las causas que afectan al PSOE copan titulares y tanto Leire Díez cómo José Luis Rodríguez Zapatero esperan las próximas actuaciones de los tribunales, una gran mayoría de los votantes socialistas (un 56%) cree que la Justicia en España no actúa de la misma manera ante la corrupción, independientemente de si los investigados son de izquierdas o derechas. El 47,9% de los españoles que en las últimas elecciones generales votaron a los socialistas opina que la Justicia “actúa con más dureza contra la izquierda” y un 8,1%, que es más dura contra la derecha. Un tercio de los votantes del PSOE, el 30,6%, sostiene, en cambio, que sí, “la Justicia siempre actúa de forma imparcial”.

Es llamativo cómo este último porcentaje se amplía en el caso de los votantes del PP. Una gran mayoría, el 58,1%, considera que la Justicia es imparcial independientemente de si los investigados son de izquierdas o de derechas. Solo un 18,6% cree que “actúa con más dureza contra la derecha” y un 10,4% de los votantes populares, afirma que lo hace con más dureza contra la izquierda. En el caso de los votantes de Vox, el 39,1% confía en la imparcialidad de los tribunales aunque un 36,2% afirma que es más dura contra la derecha y un 11,4%, que es más taxativa con las fuerzas o dirigentes progresistas.

Los votantes que menos confían en la imparcialidad de la Justicia son los de Sumar. Solo un 17,1% de los ciudadanos que en las últimas generales apoyaron a la coalición encabezada entonces por Yolanda Díaz cree que “la Justicia siempre actúa de forma imparcial” independientemente de si los investigados son de izquierdas o de derechas. La gran mayoría, un 65,1%, afirma a su vez que jueces y tribunales actúan “con más dureza” contra la izquierda y solo un 9,1% de los votantes de Sumar cree que es más severa contra la derecha.

Ateneo del Dato también pregunta a los encuestados con qué partido asocian más la corrupción política. El PSOE es el principal perjudicado. Un 41,9% de los españoles asocia la corrupción a los socialistas, frente a un 32% que la vincula con el PP y un 6,2% que la relaciona con Vox. En las respuestas hay, no obstante, un gran sesgo partidista. Así, un 71,5% de los votantes del PP y un 69,2% de los de Vox asocia directamente la corrupción con el PSOE, porcentajes que se reducen notablemente en los casos de los electores socialistas (un 29,6% vincula al PSOE con la corrupción) y Sumar (11,4%).

Entre los electores progresistas, en cambio, la situación se da a la inversa. Un 50,2% de los votantes del PSOE y un 69,4% de los de Sumar asocian la corrupción al PP. Un 7,6% de los ciudadanos que en las generales apoyaron a los socialistas vinculan a Vox con la corrupción, un porcentaje que se amplía al 9,5% en el caso de los votantes de Sumar.

La encuesta se realizó en la semana en la que se conocieron novedades en el caso de Zapatero, como la tasación judicial de las joyas incautadas en su despacho que las valoró en 1,3 millones de euros y la apertura de una pieza separada para investigar si se cometieron delitos contra el fisco y contrabando. Ateneo del Dato es un proyecto integrado por analistas de datos e investigadores sociales que tratan de analizar y explicar, desde una perspectiva empírica, las problemáticas, actitudes y tendencias que configuran la sociedad española y su entorno. El proyecto está dirigido por Víctor Pérez-Guzmán, analista con formación en Economía, Derecho y Ciencias Políticas, especializado en análisis de datos sociales y electorales.

La siesta sigue siendo una de las tradiciones de descanso más arraigadas en España, aunque no siempre se practica de acuerdo con las recomendaciones habituales ni responde a una rutina planificada. Así lo revela el estudio sobre los hábitos de siesta en España realizado por easyHotel, la cadena de hoteles funcionales, que ha analizado cómo, cuándo y dónde descansan los españoles durante el día.

En el caso de Castilla-La Mancha, los datos son muy reveladores: la siesta está claramente asociada a los fines de semana. Según el estudio, el 76% de los habitantes de los habitantes de esta comunidad autónoma afirma echarse la siesta durante el fin de semana, el porcentaje más alto de España y muy por encima de la media nacional, situada en el 58%.

Esto sitúa a la región entre aquellas donde la siesta está más vinculada al descanso, la desconexión y los días con menos obligaciones.

Además, Castilla-La Mancha se diferencia de la tendencia nacional por el mayor grado de planificación con el que se practica este hábito. Mientras que el 55% de los españoles duerme la siesta de forma espontánea, más de la mitad de los habitantes de la región afirma planificarla: un 54% asegura organizar este momento de descanso, frente al 45% que reconoce quedarse dormido de manera espontánea.

Es una necesidad biológica de nuestro cerebro

En este sentido, el doctor Eduard Estivill, neurofisiólogo y especialista europeo en Medicina del Sueño, afirma que esta práctica es una “una necesidad biológica de nuestro cerebro”. Desmonta así el mito de que no es “un capricho de nuestra cultura”, sino “una necesidad universal”. 

“Es una herramienta muy beneficiosa para el descanso y la recuperación física y mental. Pero para que realmente sea reparadora, debe ser breve y realizada en el momento adecuado del día. La siesta forma parte de nuestra cultura porque seguimos las necesidades de nuestro cerebro y es nuestra manera de entender el bienestar cotidiano”.

El informe apunta que aunque más de la mitad de los españoles no duerme la siesta de la forma recomendada, perciben sus beneficios de manera muy positiva: el 75% afirma sentirse mejor después de dormir una siesta. Además, casi seis de cada diez señalan que este descanso mejora su estado de ánimo y su productividad, mientras que el 65% la reconoce como una tradición profundamente arraigada en el país.

Y otro dato curioso: la siesta difiere significativamente del sueño nocturno en cuanto a compañía se refiere. En este sentido, el 60% de los españoles suele echarse la siesta solo, aunque existen algunas excepciones especialmente llamativas.

También en este caso destaca Castilla-La Mancha: es la región donde una mayor proporción de personas afirma dormir la siesta acompañada, con un 39%, casi el doble de la media nacional, situada en el 20%. Aun así, dormir la siesta en solitario sigue siendo la opción más habitual también en esta región, ya que el 41% de los castellanomanchegos prefiere hacerlo de esta forma.

Cama, temperatura y entorno

Según este estudio de easyHotel, cuando los españoles duermen la siesta en un hotel, priorizan tres factores clave: una cama cómoda (57%), una temperatura adecuada en la habitación (53%) y un entorno tranquilo (51%).

Mientras que, a nivel nacional, la mayoría de los españoles no se cambia de ropa antes de echarse una siesta, Castilla-La Mancha es la región donde esta tendencia está más extendida: casi seis de cada diez habitantes (59%) afirman dormir la siesta con la misma ropa que han llevado durante el resto del día, el porcentaje más alto de España.

En cuanto a otros hábitos asociados al descanso, la comunidad autónoma también está entre las regiones donde existe una mayor tendencia a reducir la intensidad de la luz para favorecer este periodo de descanso, con un 65%, respectivamente. 

Con carácter general, la sobremesa sigue siendo el momento preferido para echar una siesta. El 79% de los españoles la realiza entre las 15.00 y las 17.00 horas, siendo Canarias la comunidad autónoma más madrugadora, donde esta franja se adelanta entre las 14:00 y las 15:00 horas, seguida de Catalunya.

Más del 60% de los votantes del Partido Popular considera que Alberto Núñez Feijóo debería al menos intentar presentar una moción de censura para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa ante la reciente imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Pero los acompañantes para sacar adelante esa iniciativa parlamentaria para expulsar a la izquierda del poder siguen provocando divisiones entre quienes en las últimas elecciones generales votaron al PP.

La encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es refleja que el 31,1% de los votantes populares creen que Feijóo debería poner en marcha la iniciativa para relevar al actual presidente del Gobierno “aunque no tenga los apoyos necesarios para ganarla”. Otro 29,6%, en cambio, considera que el líder de los populares tendría que “negociar el apoyo de la moción de censura con Vox, Junts o PNV”. El sondeo refleja además que otro tercio de los votantes del PP (el 32%) considera que Feijóo debería “seguir haciendo oposición al Gobierno, pero sin presentar una moción de censura”.

El sondeo, realizado entre el 9 y el 12 de junio a través de 1.500 entrevistas, evidencia además las distintas visiones ante la imputación de Zapatero entre los electorados de PP y Vox, formaciones enfrentadas por los votantes de derechas aunque condenadas a entenderse en comunidades autónomas y ayuntamientos para poder gobernar.

Un 39,7% de los votantes de la extrema derecha cree que Vox debería “presentar su propia moción de censura aunque el PP no lo haga” y otro 31% considera que el partido de Santiago Abascal tendría que “ofrecer su apoyo al PP de Feijóo” para que presente la iniciativa para relevar a Sánchez de la Moncloa. Solo un 20,2% de los que en las generales apostó por Vox cree que el partido debería mantenerse en la oposición sin presentar ni impulsar la moción de censura, diez puntos menos que en el caso de los votantes del PP.

El resultado del sondeo elaborado por Ateneo del Dato se conoce apenas dos semanas después de que Feijóo animara por última vez a PNV y Junts a apoyarle en el caso de presentar una moción de censura. El 1 de junio, el líder del PP prometía a ambas fuerzas un adelanto electoral “inmediato” si le apoyaban en el Congreso para echar a Sánchez. Los nacionalistas vascos evitaron contestar al líder del PP y se remitieron a la negativa que ya han expresado en los últimos meses.

Los independentistas catalanes, por su parte, pusieron a Feijóo una condición muy compleja para estudiar su moción, que pasaba por que el líder del PP se reuniera con Carles Puigdemont en Bélgica. Feijóo descartó al día siguiente viajar a Waterloo, donde tiene fijada su residencia el expresident catalán. “Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias”, dijo, ante las preguntas de la prensa sobre esa opción de reunirse con Puigdemont. En el PP tienen claro que Feijóo no dará un solo paso que piense que puede reforzar a un Pedro Sánchez que atraviesa su peor momento. Y el líder de la oposición cree firmemente que una moción fallida sería un balón de oxígeno para el jefe del Gobierno.

Apoyo de la izquierda y los socios

Sánchez cuenta, en principio, con el respaldo de la mayor parte de su electorado. Tal y como publicó elDiario.es en la primera entrega de la encuesta de Ateneo del Dato, un 64% de los votantes del PSOE cree que Sánchez debería mantenerse en el Gobierno y agotar la legislatura a pesar de la causa abierta contra Zapatero. Solo el 22,8% de los votantes del PSOE cree que Sánchez debería adelantar las elecciones frente al 35,4% que pide que permanezca en Moncloa cuestionando a Zapatero y el 29,2% que quiere que siga en su puesto defendiendo al expresidente.

Además, casi la mitad de los votantes de Sumar, el 46,4%, opina que el espacio político encabezado por Yolanda Díaz debería “permanecer en el Gobierno, pero denunciando públicamente la corrupción del PSOE” y un 23,6% considera que los ministros del espacio deberían continuar “defendiendo la inocencia del expresidente Zapatero”. Un 16%, sin embargo, cree que Sumar tendría que “salir del Gobierno de forma inmediata”.

Respecto a los votantes de los socios parlamentarios que sostienen al Gobierno, un 32,9% de quienes en las últimas generales votaron a ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y CC creen que estos partidos tendrían que “mantener su apoyo al Gobierno, pero denunciando públicamente la corrupción del PSOE”. Un 26% cree de estos últimos que se debería seguir sosteniendo a Sánchez “defendiendo la inocencia del expresidente Zapatero” y un 23,7% aboga por “retirar de forma definitiva su apoyo al Gobierno, aunque eso pueda facilitar la llegada del PP y Vox”.

La encuesta se realizó en la semana en la que se conocieron novedades en el caso de Zapatero como la tasación judicial de las joyas incautadas en el despacho del expresidente que las valoró en 1,3 millones de euros y la apertura de una pieza separada precisamente sobre esas joyas. Ateneo del Dato es un proyecto integrado por analistas de datos e investigadores sociales que tratan de analizar y explicar, desde una perspectiva empírica, las problemáticas, actitudes y tendencias que configuran la sociedad española y su entorno. El proyecto está dirigido por Víctor Pérez-Guzmán, analista con formación en Economía, Derecho y Ciencias Políticas, especializado en análisis de datos sociales y electorales.

Con distintas visiones sobre el papel que debe adoptar en los próximos meses, un 64% de los votantes del PSOE cree que Pedro Sánchez debería mantenerse en el Gobierno y agotar la legislatura a pesar de la causa abierta contra el expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero. Solo el 22,8% de los votantes del PSOE cree que Sánchez debería adelantar las elecciones frente al 35,4% que pide que permanezca en Moncloa cuestionando a Zapatero y el 29,2% que quiere que siga en su puesto defendiendo al expresidente.

No obstante, la amplia mayoría de los españoles ve indicios de corrupción en el caso del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El 60% de los ciudadanos considera que la investigación judicial abierta por el juez José Luis Calama que ha provocado la imputación del exdirigente socialista por presunto tráfico de influencias en el marco del conocido como caso Plus Ultra ha evidenciado al menos indicios de prácticas corruptas.

Una encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es refleja que el 35,7% de la ciudadanía considera que el de Zapatero “es un claro caso de tráfico de influencias y corrupción” y otro 24,8% ve “indicios reales de corrupción mezclados con un uso político del caso”. Frente a ellos, un 16,8% de los encuestados cree que la investigación de Calama es “una operación política para hacer caer al Gobierno” y un 11,9% opina que la causa evidencia que Zapatero “ha actuado de forma poco ética” aunque duda de que se trate de un caso de corrupción.

La percepción de los ciudadanos varía notablemente en función del partido al que votan. Los de la derecha abogan más por tildar de corrupción todo lo que se ha conocido hasta ahora en el sumario de Calama, mientras la izquierda es más partidaria de vincularlo con un ataque contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El 57,9% de quienes en las últimas generales votaron al PP ven “un claro caso” de corrupción y otro 26,1% ve “indicios reales de corrupción”. Menos del 4% de los votantes populares creen que se trata de una “operación política” contra La Moncloa y apenas un 7,8% se limita a cuestionar la ética de Zapatero aunque duda de que sea corrupción.

Entre los votantes de Vox se reflejan cifras similares. Un 55,4% se aventura a considerar la causa como “un claro caso de tráfico de influencias y corrupción” y un 29,6% considera que “hay indicios reales de corrupción mezclados con un uso político del caso”. Solo un 5,3% de quienes apoyan a la extrema derecha ve un ataque al Ejecutivo y un 6,8% cree que Zapatero “ha actuado de forma poco ética”, pero no sabe si es corrupción.

En cambio, el 30,4% de los votantes del PSOE y el 37% de quienes apoyan a Sumar consideran que “se trata de una operación política para hacer caer al Gobierno”. Entre los socialistas, el 15,1% censura éticamente las prácticas de Zapatero recogidas en el sumario del juez Calama, pero no se atreve a hablar de corrupción, un porcentaje que se reduce al 13,3% entre los votantes de Sumar. Pero el porcentaje de quienes ven un claro caso de corrupción es mayor entre los votantes del PSOE (un 20,4%) que entre los del partido de Yolanda Díaz (13,7%), mientras que el 21,5% de los electores socialistas ve “indicios reales” de corruptelas mezclados con un “uso político” de la causa, algo que en el caso de los votantes de Sumar alcanza el 24,5% de los encuestados.

Sobre lo que debería hacer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la causa contra Zapatero, una amplia mayoría de los votantes del PSOE creen que este tendría que mantenerse al frente del Ejecutivo. El 35,4% de los que en las últimas elecciones votaron al PSOE consideran que Sánchez debería “seguir al frente del Gobierno, condenando públicamente el comportamiento del expresidente Zapatero” y otro 29,2% cree que tendría que continuar en La Moncloa “defendiendo la inocencia” del exmandatario socialista. Pero dos de cada diez votantes del PSOE (un 22,8%) son partidarios de que se convoquen unas elecciones generales anticipadas.

En cuanto a los votantes de Sumar, casi la mitad, el 46,4%, opina que el partido al que apoyan debería “permanecer en el Gobierno, pero denunciando públicamente la corrupción del PSOE” y un 23,6% cree que los ministros del espacio deberían continuar “defendiendo la inocencia del expresidente Zapatero”. Un 16%, en cambio, cree que Sumar tendría que “salir del Gobierno de forma inmediata”.

Ateneo del Dato también trata de calibrar el apoyo de los votantes de los partidos que ejercen de socios parlamentarios del Gobierno a que este continúe tras conocer la investigación contra Zapatero.

Así, un 32,9% de quienes en las últimas generales votaron a ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y CC consideran que estas fuerzas políticas tendrían que “mantener su apoyo al Gobierno, pero denunciando públicamente la corrupción del PSOE”, un 26% cree que se debería seguir sosteniendo a Sánchez “defendiendo la inocencia del expresidente Zapatero” y un 23,7% aboga por “retirar de forma definitiva su apoyo al Gobierno, aunque eso pueda facilitar la llegada del PP y Vox”.

Sobre la encuesta y su autoría

La encuesta se realizó la semana pasada, entre el lunes y el viernes, a través de 1.500 entrevistas. El trabajo coincidió con la publicación de novedades en el caso de Zapatero como la tasación judicial de las joyas incautadas en el despacho del expresidente que las valoró en 1,3 millones de euros y la apertura de una pieza separada precisamente sobre esas joyas.

El proveedor del panel cumple con la norma ISO 20252, estándar internacional de calidad para la investigación de mercados, social y de opinión pública, que establece requisitos de control metodológico, trazabilidad y garantía de calidad en los procesos de recogida y tratamiento de datos.

Ateneo del Dato es un proyecto integrado por analistas de datos e investigadores sociales especializados en metodologías cuantitativas y cualitativas. Su finalidad es analizar y explicar, desde una perspectiva empírica, las problemáticas, actitudes y tendencias que configuran la sociedad española y su entorno.

El proyecto está dirigido por Víctor Pérez-Guzmán, analista con formación en Economía, Derecho y Ciencias Políticas, especializado en análisis de datos sociales y electorales. Su trayectoria comenzó en la investigación aplicada y el estudio del comportamiento social, y ha evolucionado hacia el diseño de arquitecturas de datos en entornos cloud y el desarrollo de modelos predictivos basados en patrones de comportamiento. Actualmente compagina la dirección de Ateneo del Dato con la construcción de sistemas analíticos avanzados, incluyendo enfoques de aprendizaje federado orientados a la predicción y al análisis descentralizado de datos.

El PSOE de Pedro Sánchez vuelve a ser el partido con más respaldo entre los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pero se hunde respecto al mes pasado después de que salieran a la luz las investigaciones judiciales al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la exmilitante socialista Leire Díaz. El Barómetro de junio hecho público este jueves mantiene a los socialistas por encima del PP, pero lejos de los más de 11 puntos de ventaja del mes pasado. Ahora ese predominio es de 4,2 puntos. La encuesta se realizó a través de 4.024 encuestas entre el 1 y el 4 de junio.

En el caso de que se celebraran ahora las elecciones generales, los socialistas lograrían el 31,3% de los votos, casi cinco puntos por debajo del mes pasado cuando obtuvieron el 36,2% de los apoyos. El PP crece, por su parte, en dos puntos y dos décimas y pasa del 24,9% de mayo al 27,1% actual. Vox cae aunque solo cuatro décimas y pasa del 16,2% de mayo, al 15,8% de junio, con lo que el PP le saca una ventaja de más de 11 puntos. Sumar crece apenas siete décimas, hasta el 6,4% y Podemos crece tres, hasta el 2,8%.

Otro mes más y pese al hundimiento de sus expectativas electorales Pedro Sánchez es el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,21 puntos sobre 5. Le siguen la vicepresidenta Yolanda Díaz (4,05), el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (3,79) y el de Vox, Santiago Abascal, que con un 2,99 de puntuación vuelve a ser el que encaja una peor nota.

Además, Sánchez es el favorito como presidente del Gobierno para el 39,2% de los encuestados que dan su opinión, lo que supone una ventaja de 18,3 puntos sobre Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido por el 20,9%. Santiago Abascal es la opción preferida para el 14,9% y Gabriel Rufián, para el 7,9%.

En cuanto a la confianza que inspira el presidente del Gobierno, el 31,1% de los españoles asegura que le inspira “mucha o bastante”, mientras que un 68% dice que “poca o ninguna”. Al preguntar por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 20,3% afirma que le inspira “mucha o bastante confianza”, mientras que el 78,4% asegura que “poca o ninguna”.

Vivienda y economía, entre las preocupaciones

También igual que el mes pasado, el principal problema de España, según los encuestados, es la vivienda (41,5%), seguida de la crisis económica y los problemas de índole económica (19,2%), y la inmigración (18,9%). Los problemas que los españoles consideran que más les afectan de manera personal son la crisis económica y los problemas de índole económica, en primer lugar, con el 28,4%; en segundo lugar, la vivienda con el 27,4%, y la sanidad, con el 21,7%.

La primera mitad de 2026 ha dejado malas noticias para Luis 'Alvise' Pérez y su partido Se Acabó La Fiesta (SALF) en casi todos sus frentes. La formación de extrema derecha se ha presentado a las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía sin conseguir ni un solo escaño autonómico, aunque quedándose cerca en Zaragoza. Todo mientras el Tribunal Supremo y el Parlamento Europeo han impulsado las cinco causas penales abiertas contra su líder. La Eurocámara le ha retirado la inmunidad en varias investigaciones, una de ellas la más grave de todas las que pesan sobre Alvise: la financiación supuestamente ilegal de su partido con 100.000 euros en efectivo entregados por un empresario del sector de las criptomonedas.

El agitador de extrema derecha y eurodiputado llegaba al ciclo autonómico de la primera mitad de 2026 como una de las grandes incógnitas electorales. Lo que se jugaba era si la resaca de los más de 800.000 votos que consiguió en las europeas de 2024 le serviría para conseguir representación política en Aragón, Castilla y León o Andalucía. Su partido SALF, después de renunciar a las extremeñas de diciembre del año anterior, concurrió a todos los comicios con candidatos desconocidos hasta la fecha y con una campaña centrada, como todo lo relacionado con la formación, en el propio Alvise, sus mítines y su canal de Telegram.

Pero tras su triunfo en Europa dos años antes, el primer asalto de Alvise y SALF a las instituciones españolas se ha saldado con un total de cero escaños conseguidos. La primera cita con las urnas fue el 8 de febrero en Aragón, donde el partido de Alvise rozó el palo y se quedó a unos poco votos de conseguir un escaño por la provincia de Zaragoza. Con casi 20.000 votos en toda la comunidad, el 2,92% de sufragios en Zaragoza dejó a SALF a un suspiro de entrar en las Cortes de Aragón con su candidata Cristina Falcón.

Un mes después, el 15 de marzo, tampoco hubo suerte en Castilla y León. Después de presentar un programa electoral tan calcado al de Aragón que había olvidado retirar las alusiones a Aragón en el documento, los de Alvise se quedaron muy lejos de conseguir un procurador en las nueve provincias de la región. Con algo más de 17.000 votos en general y el 1,4% aproximado de los votos, SALF no se acercó a los porcentajes de representación pública, quedando por debajo del 1% en territorios como Soria. Los números de la aventura electoral de SALF en la Andalucía natal de su líder tampoco valieron un escaño en San Telmo, pero reflejaron una mayor implantación de los de Alvise en ese territorio. Con más de 105.000 votos y un 2,5% de los sufragios totales, la extrema derecha de Luis Pérez llegó al 3% en la provincia de Málaga. Números por debajo de los 180.000 votos que consiguió en Andalucía en las europeas de 2024, pero relevantes de cara a las elecciones generales de 2027 y en su pelea electoral con PP y Vox.

No todo fueron malas noticias para Alvise en este ciclo electoral autonómico de la primera mitad de 2026. Además de la constatación de que los éxitos políticos de su partido, a día de hoy, dependen casi en exclusiva de la figura de su líder, SALF firmó victorias sugestivas. Tuvo más votos que Podemos en Castilla y León y Aragón y más que el Partido Aragonés, un histórico de las Cortes que por primera vez desde su fundación se quedó sin representación. El líder del partido y eurodiputado siempre ha dicho que su gran objetivo es entrar en el Congreso y por ahora las encuestas del CIS tampoco son optimistas. El último barómetro del mes de mayo deja a SALF en un 2,4% de estimación de voto, bastante más que en abril (1,7%) y marzo (2,1%), pisando los talones a Podemos.

Suspendida la inmunidad de Alvise

El fracaso de Alvise ha fracasado en su intento de conseguir representación en estas tres elecciones autonómicas pero el líder de SALF mantiene el sillón de eurodiputado en Bruselas que consiguió en los comicios de 2024. Aunque en esa cita con las urnas consiguió más de 800.000 votos y tres escaños, su grupo ha quedado reducido a la mínima expresión con sus dos antiguos compañeros de bancada acusando a Alvise de acoso y hostigamiento. Una de las cinco causas que el Tribunal Supremo mantiene abiertas contra él en este 2026.

El primer semestre de 2026 tampoco deja un balance judicial positivo para Alvise y Se Acabó La Fiesta. El Parlamento Europeo ha levantado la inmunidad que protege al agitador de extrema derecha para que pueda sentarse en el banquillo del Supremo en Madrid en dos causas. Por un lado está el hostigamiento que promovió contra la fiscal valenciana Susana Gisbert, difundiendo su foto en su grupo de Telegram, donde llegó a acumular más de 720.000 seguidores y hoy está por debajo de los 600.000 suscriptores. Pero también se ha dejado vía libre para que sea juzgado por la causa más grave que tiene abierta: la presunta financiación ilegal de su partido para las elecciones europeas.

Tal y como reveló elDiario.es, el empresario Álvaro Romillo –conocido como CryptoSpain y hoy en prisión provisional por el hundimiento de sus negocios– entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez un día antes del comienzo de la campaña electoral europea. En su declaración como imputado, Alvise reconoció haber recibido el dinero pero para compensar que iba a sortear su sueldo de eurodiputado, una de sus grandes promesas electorales que dejó de cumplir hace tiempo. Tras la concesión del suplicatorio por parte de Bruselas, el juez tendrá que decidir si el líder de SALF se sienta en el banquillo, algo que sucedería antes de las próximas elecciones generales en caso de llegar un auto de procesamiento próximamente.

Otras tres causas permanecen abiertas contra él en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, todas relacionadas con su faceta de agitador. Sigue imputado por promover el hostigamiento contra los dos eurodiputados de su antiguo grupo después de que no votaran lo que él quería en asuntos relacionados con el rearme. También se ha abierto una nueva causa contra él por amenazar a José Antonio Landaluce, alcalde de Algeciras, con publicar pruebas de “comportamientos deshonrosos” si no dimitía. Y sigue en tramitación desde hace más de cinco años la primera causa penal que se abrió contra él por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa.

Varios sospechosos por la PCR

Ese caso es el más antiguo que afecta a Alvise y ha tenido un avance significativo en los últimos días. Después de varios años de instrucción, la Policía Nacional ha podido examinar la información llegada desde Twitter en Estados Unidos y ha llegado a una conclusión: no puede saber quién fue el difusor original del bulo.

El juez del Supremo pidió información sobre la cuenta de Alvise pero también sobre un usuario de X llamado “AsdeTrebolesB” que, según explica la Policía, publicó el documento “minutos” antes que el agitador ultra. Todos los datos apuntan a un vecino de Oviedo llamado Juan Antonio G.C, a tenor sobre todo de la dirección de email que había detrás de la cuenta hoy suspendida, y que se presentaba como afiliado a Vox además de otras cosas como “Asturiano y español. Antirojo y antiindepe. AntiPodemos. Antimachista y antifeminazi”.

Aún así, con esos datos, la Policía subraya que “no es posible” certificar la autoría de ese primer tuit con la falsa PCR de Illa, ni al candidato ni a su pareja. “No se puede establecer sin género de dudas que hayan sido ellos”. Falta, por ejemplo, datos sobre las direcciones IP o cuántas personas tenían acceso a esa cuenta de X.

Gairebé set mesos després que una vintena de jutges i juristes de prestigi de Balears, entre els quals es troben els exjutges José Castro  i Juan Pedro Yllanes, remetessin una carta al president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, en què reclamaven, per quarta vegada consecutiva, que el rei Felip VI anunciés la seva renúncia a la inviolabilitat penal que li atorga la Constitució, la Moncloa ha respost sense entrar en el fons de la petició. Lluny de pronunciar-se sobre la possibilitat d'impulsar una reforma legal o constitucional en aquest àmbit, el Govern central ha recomanat als signants que traslladin directament la seva sol·licitud a la Casa del Rei.

“Gràcies per escriure al president del Govern. Li contestam en nom seu”, comença el missatge remès per la Secretaria General de Relacions Institucionals i Ciutadania. “Acusam recepció del seu escrit i li recomanam que, si així ho considera, el faci arribar directament a la Casa de Sa Majestat el Rei a través de la seva pàgina web. També pot fer-ho per via postal remetent una carta al Palau de la Zarzuela”, expressa la missiva adreçant-se a un dels signants, afegint tot seguit l'adreça on s'ubica la residència oficial de la Família Reial.

La carta també evita pronunciar-se sobre una altra de les peticions que els juristes havien dirigit exclusivament a l'Executiu central: que el CIS incorpori una pregunta sobre aquesta qüestió als seus baròmetres. “Atès que no hem rebut d'aquesta Presidència del Govern resposta a cap dels tres escrits que li enviàrem abans dels successius discursos de Nadal pronunciats des de 2022, amb la mateixa petició que aquí reiteram, volem sol·licitar també que, a partir de gener de 2026, el CIS inclogui entre les preguntes de les seves enquestes una que reculli l'opinió de la societat sobre si ha de continuar el privilegi que permet a l'actual cap de l'Estat situar-se al marge de l'acció de la Justícia en qualsevol circumstància”, comentaven els juristes en la seva darrera missiva.

Sondejar l'opinió pública

Els sol·licitants consideren en aquesta mateixa carta que sondejar l'opinió pública ajudaria a superar qualsevol incertesa sobre una possible reforma legal en aquest sentit: “Aquesta petició només depèn del Govern que vostè presideix [en referència a Pedro Sánchez] i la consideram important per resoldre els dubtes que poguessin existir entre els membres del Congrés i del Senat sobre la reforma legal d'un privilegi personal que es manté i les conseqüències reals del qual han estat molt negatives per a la nostra democràcia”.

En aquest sentit, la Moncloa es limita a respondre que també “pot enviar la seva sol·licitud en relació amb el qüestionari del Centre d'Investigacions Sociològiques a aquest mateix organisme”, facilitant tot seguit l'enllaç que condueix a la pàgina web de l'ens demoscòpic. “Li agraïm de nou que s'hagi pres el temps d'escriure al president del Govern. Per a ell és molt important conèixer les necessitats, inquietuds i reivindicacions de la ciutadania. Una cordial salutació”, conclou l'escrit.

La resposta remesa per la Moncloa ha generat perplexitat entre els impulsors de la iniciativa. Els promotors qüestionen que la Presidència del Govern els remeti a la Casa del Rei quan la seva reclamació no anava adreçada a la Corona, sinó a l'Executiu, que consideren competent per impulsar els canvis legals i constitucionals necessaris per posar fi a la inviolabilitat que empara el cap de l'Estat. En els seus escrits, els juristes no sol·licitaven una actuació personal de Felip VI, motiu pel qual consideren cridaner que la Moncloa eviti pronunciar-se sobre el fons de la petició i els convidi a adreçar-se precisament a la institució la situació jurídica de la qual pretenen modificar.

Els juristes no sol·licitaven una actuació personal de Felip VI, per la qual cosa consideren cridaner que Moncloa eviti pronunciar-se sobre el fons de la petició i els convidi a dirigir-se precisament a la institució la situació jurídica de la qual pretenen modificar

Així mateix, els signants mostren la seva estranyesa pel fet que la resposta es formuli com si es tractàs d'una iniciativa individual, malgrat que tots els escrits remesos fins ara identificaven expressament els membres del col·lectiu i els juristes que donen suport a la reivindicació. Al seu parer, la contestació no aclareix si el Govern comparteix la necessitat de revisar aquest privilegi constitucional, si contempla alguna reforma en aquest àmbit o si, per contra, descarta qualsevol modificació.

Davant la manca de pronunciament de la Moncloa, els juristes han decidit obrir el debat a la ciutadania mitjançant una columna d'opinió a elDiario.es en què expliquen que, abans de decidir les pròximes passes de la iniciativa, desitgen conèixer el parer de la societat sobre la reforma constitucional que venen reclamant des de 2022. La columna està signada per Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes i María Durán.

La proposta de Carmen Calvo que mai no va prosperar

La inviolabilitat del rei és una prerrogativa la interpretació de la qual ha estat ampliament discutida per experts en Dret Constitucional i altres juristes, que consideren que aquesta figura hauria de suprimir-se completament o limitar-se exclusivament als actes realitzats en l'exercici del càrrec -i no a l'àmbit privat-.

En la seva darrera missiva, a la qual va tenir accés en primícia elDiario.es, els impulsors de la iniciativa recordaven que l'actual presidenta del Consell d'Estat, Carmen Calvo, va reconèixer el maig de 2022 que, com a vicepresidenta del Govern, havia dut a terme gestions davant la Casa Reial per conèixer l'opinió del cap de l'Estat sobre la possibilitat d'una reforma legal destinada, segons els juristes, a “suprimir el privilegi personal que li permet cometre tota mena d'abusos sense retre comptes davant la Justícia”, una circumstància que, asseguren els signants de la carta, pot provocar, “entre altres conseqüències no desitjables, la indefensió de persones afectades”.

Sense citar-les expressament, al·ludien a les manifestacions que Calvo va fer a El País en un article publicat al maig de 2022. “Jo ho vaig plantejar, es va valorar, es va posar damunt la taula i no es va veure l'oportunitat en aquell moment, ni per part del president del Govern, ni per part del PP, ni per part de la Casa Reial”, va manifestar. Pedro Sánchez li havia encomanat un any abans la tasca de posar en marxa un nou “marc d'actuació” més transparent, modern i actualitzat de la monarquia, però, finalment, els canvis varen quedar limitats a una sèrie de mesures de transparència. En unes jornades celebrades a principis de 2022, segons recollia el mateix mitjà, Calvo va emfatitzar la necessitat d'establir, sense necessitat de reformar la Constitució, “en què és inviolable i en què no” el monarca.

Els signants de la carta lamentaven que haguessin transcorregut més de tres anys i mig des que es va conèixer “el fracàs d'aquella gestió” sense que des de llavors s'hagi produït “cap avenç en la justa reforma plantejada per qui fou vicepresidenta del Govern”. Per això, reiteraven la seva petició perquè el cap de l'Estat, durant el discurs televisat que va pronunciar el passat 24 de desembre, inclogués la seva renúncia al privilegi de la inviolabilitat.

Carmen Calvo va assegurar que el Govern central va estudiar la possibilitat de modificar la inviolabilitat del rei: 'Jo ho vaig plantejar, es va estudiar, es va posar sobre la taula i no es va veure l'oportunitat en aquell moment, ni per part del president del Govern, ni per part del PP, ni per part de la Casa Reial'

El precedent de Joan Carles I

“Una decisió que estam convençuts que seria acceptada per una majoria suficient dels representants elegits en les darreres eleccions generals”, subratllaven els juristes. “El mateix any en què celebram les primeres passes cap a la democràcia després de la desaparició del dictador ens sembla un moment molt adequat perquè comenci la reforma d'un privilegi personal que mai no hauria d'haver estat traslladat a la Constitució de 1978 en els termes que varen permetre la realitzada pel Fiscal Anticorrupció el març de 2022”, remarcaven.

Es referien, concretament, a la decisió adoptada aquell any per la Fiscalia del Tribunal Suprem, que va arxivar les investigacions dirigides a seguir el rastre dels 100 milions de dòlars que va percebre Joan Carles I del seu homòleg a l'Aràbia Saudita, Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, així com dels diners que els seus benefactors varen emprar per pagar-li centenars de milers d'euros en despeses personals i que mai no varen passar per les mans de l'Agència Tributària. Les claus de la seva exoneració residien, principalment, en la seva inviolabilitat.

Tal com ha informat aquest diari, l'anterior rei d'Espanya va guardar la seva fortuna en un banc suís i a nom d'una fundació domiciliada a Panamà. Si hagués ingressat els diners en un banc espanyol i hagués declarat aquella donació davant Hisenda, Joan Carles hauria aportat 51 milions d'euros a les arques públiques.

El maig de 2025, a més, el Tribunal Suprem va blindar el rei emèrit davant dels tribunals després de rebutjar la querella amb què intel·lectuals i juristes cercaven imputar el monarca per frau fiscal i blanqueig de capitals. Els magistrats varen emprar uns arguments que barren el pas a qualsevol iniciativa legal present o futura contra ell, emparant-se en les resolucions d'arxivament signades per la Fiscalia el 2022 i que “tanquen la porta a l'obertura d'una investigació judicial” sobre els seus diners. Es tracta d'un desenllaç que, a la pràctica, situa el monarca fora de l'abast del Dret penal en qualsevol circumstància, fins i tot per actes estrictament privats.

El Suprem va blindar el rei emèrit davant dels tribunals després de rebutjar la querella amb què intel·lectuals i juristes buscaven imputar el monarca per frau fiscal i blanqueig

Rex non potest peccare

La inviolabilitat del monarca, emparada per l'article 56.3 de la Constitució de 1978 -“la persona del rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat”-, és un dels aspectes més controvertits de l'arquitectura constitucional espanyola. Es tracta d'una figura jurídica que abasta tant els actes oficials del cap de l'Estat com els privats i que enfonsa les seves arrels en la sacralitat reial de les antigues monarquies -resumida en l'aforisme llatí Rex non potest peccare (“el rei no pot pecar”)-, incorporada al constitucionalisme modern com un escut davant qualsevol responsabilitat penal o civil.

En els darrers anys, ha cobrat força el debat sobre l'abast d'aquesta prerrogativa i la impossibilitat d'exigir responsabilitats més enllà dels actes comesos pel rei com a cap de l'Estat. La controvèrsia es va intensificar arran de l'esclat del cas Nóos, en què, per primera vegada en la història judicial espanyola, un membre de la família reial, la infanta Cristina, es va asseure al banc dels acusats. La causa va obrir seriosos interrogants sobre la suposada intervenció que Joan Carles I hauria tingut en els fets investigats i va posar en qüestió fins a quin punt el seu blindatge hauria pogut emparar decisions o comportaments que, en el cas d'altres ciutadans, haurien estat objecte de responsabilitat penal.

Precisament sobre això, el jutge que va instruir la causa, José Castro, assegurava en una entrevista concedida a elDiario.es que hauria investigat el rei emèrit si no hagués existit l'article 56.3 de la Constitució, el que blinda la immunitat legal del cap de l'Estat.

El jutge que va instruir el cas Nóos, José Castro, assegurava que hauria investigat el rei emèrit de no haver existit l'article 56.3 de la Constitució, el que blinda la immunitat legal del cap de l'Estat

Diverses sentències del Tribunal Constitucional (TC) han posat de relleu, a més, la tensió existent entre la inviolabilitat del rei i el control parlamentari. Una d'elles és la que va anul·lar part d'una resolució del Parlament de Catalunya que reprovava Felip VI pel seu discurs després del referèndum de l'1-O de 2017 i que qualificava la monarquia d'“institució caduca”: segons els magistrats, la reprovació vulnerava l'article 56.3 de la Constitució perquè atribuïa al Rei una responsabilitat política que la Carta Magna no li permet assumir.

Altra sentència, que va anul·lar la creació, per part de la Cambra autonòmica catalana, d'una comissió parlamentària d'investigació sobre la monarquia, va dictaminar que allò que es pretenia era indagar en activitats del rei que, d'acord amb la Constitució, estan protegides per la seva inviolabilitat i no estan subjectes a cap responsabilitat. Ambdues resolucions posaven així de manifest que la inviolabilitat no és un simple blindatge simbòlic, sinó un límit legal que impedeix que qualsevol òrgan parlamentari pugui exercir control polític o investigar penalment el rei.

Els sondejos de Suárez a favor de la III República

Cal recordar que el mateix grup de juristes que reclama que el rei renunciï a la inviolabilitat va remetre el gener de l'any passat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en què li reclamen que es desclassifiqui tota la informació relativa als sondejos que suposadament l'expresident del Govern Adolfo Suárez hauria encarregat, diversos anys abans de l'aprovació de la Constitució espanyola, per conèixer si l'opinió pública, en el context de la Transició, preferia un Estat monàrquic o republicà. Els sondejos donarien la victòria a la proclamació d'una nova República a Espanya, però els detalls que envolten aquest assumpte romanen en el forat negre dels secrets oficials.

La confecció i els resultats de tals sondejos havien dormit el somni dels justos durant diverses dècades fins que un 'resbaló' del mateix Suárez va jugar en contra seva. En una entrevista inèdita que la periodista i biògrafa oficial de la Transició, Victoria Prego, va realitzar el 1995 a l'expolític i que seria desvelada per La Sexta Columna el novembre del 2016 –res menys que 21 anys després–, Suárez va reconèixer que, quan el 1977 va impulsar la Llei per a la Reforma Política que eliminaria jurídicament les estructures de l'aparell franquista, hi va introduir les paraules 'rei' i 'monarquia', amb disposicions com “el Rei sanciona i estén les lleis” o “el President de les Corts i del Consell del Regne serà nomenat pel Rei”.

“Quan la major part dels caps de Govern estrangers em demanaven un referèndum sobre monarquia o república... fèiem sondejos i perdíem”, va comentar tapant-se el micròfon que portava a la corbata. “Vaig ficar la paraula rei i la paraula monarquia a la Llei i així vaig dir que havia estat sotmès a referèndum ja”, va justificar literalment l'expolític, qui, d'aquesta manera, evitava una consulta expressa sobre monarquia o república i s'assegurava la permanència de la institució dinàstica sense tan sols haver estat sotmesa a votació popular.

Casi siete meses después de que una veintena de jueces y juristas de prestigio de Balears, entre quienes se encuentran los exjueces José Castro y Juan Pedro Yllanes, remitieran una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que reclamaban, por cuarta vez consecutiva, que el rey Felipe VI anunciase su renuncia a la inviolabilidad penal que le otorga la Constitución, Moncloa ha respondido sin entrar en el fondo de la petición. Lejos de pronunciarse sobre la posibilidad de promover una reforma legal o constitucional en este ámbito, el Gobierno central ha recomendado a los firmantes que trasladen directamente su solicitud a la Casa del Rey.

“Gracias por escribir al presidente del Gobierno. Le contestamos en su nombre”, arranca el mensaje remitido por la Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía. “Acusamos recibo de su escrito y le recomendamos que, si así lo considera, se lo haga llegar directamente a la Casa de Su Majestad el Rey a través de su página web. También puede hacerlo por vía postal remitiendo una carta a Palacio de la Zarzuela”, expresa la misiva dirigiéndose a uno de los firmantes, añadiendo a continuación la dirección donde se ubica la residencia oficial de la Familia Real.

La carta también esquiva pronunciarse respecto a otra de las peticiones que los juristas dirigieron exclusivamente al Ejecutivo central: que el CIS incorpore una pregunta sobre esta materia en sus barómetros. “No habiendo recibido de esa presidencia del Gobierno respuesta a ninguno de los tres escritos que le enviamos antes de los sucesivos discursos de Navidad pronunciados desde 2022, con la misma petición que aquí reiteramos, queremos solicitar también que, a partir de enero de 2026, el CIS incluya entre las preguntas de sus encuestas una que recabe la opinión de la sociedad sobre si debe continuar el privilegio que permite al actual jefe del Estado situarse al margen de la acción de la Justicia en cualquier circunstancia”, comentaron los juristas en su última misiva.

Sondear a la opinión pública

Los solicitantes consideran en esa misma carta que sondear a la opinión pública ayudaría a superar cualquier incertidumbre sobre una posible reforma legal en este sentido: “Esta petición solo depende del Gobierno que usted preside [en referencia a Pedro Sánchez] y la consideramos importante para resolver las dudas que pudieran existir entre los miembros del Congreso y del Senado sobre la reforma legal de un privilegio personal que se mantiene y cuyas consecuencias reales han sido muy negativas para nuestra democracia”.

En este sentido, Moncloa se limita a responder que también “puede enviar su solicitud en relación al cuestionario del Centro de Investigaciones Sociológicas a ese mismo organismo”, facilitando acto seguido el enlace que conduce a la página web del ente demoscópico. “Le agradecemos de nuevo que se haya tomado el tiempo de escribir al presidente del Gobierno. Para él es muy importante conocer las necesidades, inquietudes y reivindicaciones de la ciudadanía. Un cordial saludo”, concluye el escrito.

La respuesta remitida por Moncloa ha generado perplejidad entre los impulsores de la iniciativa. Los promotores cuestionan que Presidencia del Gobierno les remita a la Casa del Rey cuando su reclamación no iba dirigida a la Corona, sino al Ejecutivo, al que consideran competente para impulsar los cambios legales y constitucionales necesarios para poner fin a la inviolabilidad que ampara al jefe del Estado. En sus escritos, los juristas no solicitaban una actuación personal de Felipe VI, por lo que consideran llamativo que Moncloa evite pronunciarse sobre el fondo de la petición y los invite a dirigirse precisamente a la institución cuya situación jurídica pretenden modificar.

Los juristas no solicitaban una actuación personal de Felipe VI, por lo que consideran llamativo que Moncloa evite pronunciarse sobre el fondo de la petición y los invite a dirigirse precisamente a la institución cuya situación jurídica pretenden modificar

Asimismo, los firmantes muestran su extrañeza por el hecho de que la respuesta se formule como si se tratara de una iniciativa individual, pese a que todos los escritos remitidos hasta ahora identificaban expresamente a los miembros del colectivo y a los juristas que respaldan la reivindicación. A su juicio, la contestación no aclara si el Gobierno comparte la necesidad de revisar este privilegio constitucional, si contempla alguna reforma en este ámbito o si, por el contrario, descarta cualquier modificación.

Ante la falta de pronunciamiento de Moncloa, los juristas han decidido abrir el debate a la ciudadanía mediante una columna de opinión en elDiario.es en la que explican que, antes de decidir los próximos pasos de la iniciativa, desean conocer el parecer de la sociedad sobre la reforma constitucional que vienen reclamando desde 2022. La columna está suscrita por Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes y María Durán.

La propuesta de Carmen Calvo que nunca prosperó

La inviolabilidad del rey es una prerrogativa cuya interpretación ha sido ampliamente discutida por expertos en Derecho Constitucional y otros juristas, quienes consideran que esta figura debería suprimirse por completo o limitarse exclusivamente a los actos realizados en el ejercicio del cargo –no al ámbito privado–.

En su última misiva, a la que tuvo acceso en primicia elDiario.es, los impulsores de la iniciativa recordaban que la actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, reconoció en mayo de 2022 que, como vicepresidenta del Gobierno, había llevado a cabo gestiones ante la Casa Real para conocer la opinión del jefe del Estado sobre la posibilidad de una reforma legal destinada, según los juristas, a “suprimir el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia”, una circunstancia que, aseveran los firmantes de la carta, puede provocar, “entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas”.

Sin citarlas expresamente, aludían a las manifestaciones que Calvo realizó a El País en un artículo publicado en mayo de 2022. “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”, manifestó. Pedro Sánchez le había encomendado un año antes la tarea de poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la monarquía, pero, finalmente, los cambios quedaron limitados a una serie de medidas de transparencia. En unas jornadas celebradas a principios de 2022, según recoge el mismo medio, Calvo enfatizó la necesidad de establecer, sin necesidad de reformar la Constitución, “en qué es inviolable y en qué no” el monarca.

Los firmantes de la carta lamentaban que habían transcurrido más de tres años y medio desde que se conoció “el fracaso de aquella gestión” sin que se haya producido desde entonces “ningún avance en la justa reforma planteada por quien fue vicepresidenta del Gobierno”. Por ello, reiteraban su petición para que el jefe del Estado, durante el discurso televisado que pronunció el pasado 24 de diciembre, incluyese su renuncia al privilegio de la inviolabilidad.

Carmen Calvo aseguró que el Gobierno estudió la posibilidad de modificar la inviolabilidad del rey: 'Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real'

El precedente de Juan Carlos I

“Una decisión que estamos convencidos sería aceptada por una mayoría suficiente de los representantes elegidos en las últimas elecciones generales”, subrayaban los juristas. “El mismo año en el que estamos celebrando los primeros pasos hacia la democracia tras la desaparición del dictador nos parece un momento muy adecuado para que comience la reforma de un privilegio personal que nunca debería haberse trasladado a la Constitución de 1978 en los términos que permitieron la interpretación realizada por el Fiscal Anticorrupción en marzo de 2022”, recalcaban.

Se referían, en concreto, a la decisión adoptada ese año por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó las investigaciones dirigidas a seguir el rastro de los 100 millones de dólares que percibió Juan Carlos I de su homólogo en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, así como del dinero que sus benefactores usaron para pagarle cientos de miles de euros en gastos personales y que nunca pasaron por manos de la Agencia Tributaria. Las claves de su exoneración residían, principalmente, en su inviolabilidad. 

Tal como ha informado este periódico, el anterior rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría aportado a Hacienda 51 millones de euros.

En mayo de 2025, además, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él al ampararse en las resoluciones de archivo firmadas por la Fiscalía en 2022 y que “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. Se trata de un desenlace que, en la práctica, sitúa al monarca fuera del alcance del Derecho penal en cualquier circunstancia, incluso por actos estrictamente privados.

El Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo

Rex non potest peccare

La inviolabilidad del monarca, amparada por el artículo 56.3 de la Constitución de 1978 –“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”–, es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española. Se trata de una figura jurídica que abarca tanto los actos oficiales del jefe del Estado como los privados y que hunde sus raíces en la sacralidad real de las antiguas monarquías –resumida en el aforismo latino Rex non potest peccare (“el rey no puede pecar”)–, siendo incorporada al constitucionalismo moderno como un escudo frente a toda responsabilidad penal o civil. 

En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre el alcance de esta prerrogativa y la imposibilidad de exigir responsabilidades más allá de los actos cometidos por el rey como jefe del Estado. La controversia se intensificó a partir del estallido del caso Nóos, en el que, por primera vez en la historia judicial española, un miembro de la familia real, la infanta Cristina, se sentó en el banquillo de los acusados. La causa abrió serios interrogantes sobre la supuesta intervención que Juan Carlos I habría tenido en los hechos investigados y puso en cuestionamiento hasta qué punto su blindaje habría podido amparar decisiones o comportamientos que, en el caso de otros ciudadanos, habrían sido objeto de responsabilidad penal.

Precisamente sobre ello, el juez que instruyó la causa, José Castro, aseguraba en esta entrevista concedida a elDiario.es que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado.

El juez que instruyó el caso Nóos, José Castro, aseguraba que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado

Varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC) han puesto de relieve, además, la tensión existente entre la inviolabilidad del rey y el control parlamentario. Una de ellas es la que anuló parte de una resolución del Parlament de Catalunya que reprobaba a Felipe VI por su discurso tras el referéndum del 1‑O de 2017 y que calificaba la monarquía de “institución caduca”: según los magistrados, la reprobación vulneraba el artículo 56.3 de la Constitución porque atribuía al Rey una responsabilidad política que la Constitución no le permite asumir. 

La otra sentencia, que anuló la creación, por parte de la Cámara autonómica catalana, de una comisión parlamentaria de investigación sobre la monarquía, dictaminó que lo que se pretendía era indagar en actividades del rey que, de acuerdo a la Carta Magna, están protegidas por su inviolabilidad y no están sujetas a responsabilidad alguna. Ambos fallos ponían así de manifiesto que la inviolabilidad no es un simple blindaje simbólico, sino un límite legal que impide que cualquier órgano parlamentario pueda ejercer control político o investigar penalmente al rey.

Los sondeos de Suárez a favor de la III República

Cabe recordar que el mismo grupo de juristas que reclama que el rey renuncie a la inviolabilidad remitió en enero del año pasado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le reclaman que se desclasifique toda la información relativa a las encuestas que supuestamente el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez habría encargado, varios años antes de la aprobación de la Constitución española, para conocer si la opinión pública, en el contexto de la Transición, prefería un Estado monárquico o republicano. Los sondeos darían la victoria a la proclamación de una nueva República en España, pero los pormenores que rodean a este asunto permanecen en el agujero negro de los secretos oficiales.

La confección y los resultados de tales encuestas habían dormido el sueño de los justos durante varias décadas hasta que un 'desliz' del propio Suárez jugó en su contra. En una entrevista inédita que la periodista y biógrafa oficial de la Transición, Victoria Prego, realizó en 1995 al expolítico y que sería desvelada por La Sexta Columna en noviembre de 2016 –nada menos que 21 años después–, Suárez reconoció que, cuando en 1977 impulsó la Ley para la Reforma Política que eliminaría jurídicamente las estructuras del aparato franquista, introdujo en ella las palabras 'rey' y 'monarquía', con disposiciones como “el Rey sanciona y promulga las leyes” o “el Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey”.

“Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos”, comentó tapándose el micro que llevaba en la corbata. “Metí la palabra rey y la palabra monarquía en la Ley y así dije que había sido sometido a referéndum ya”, justificó literalmente el expolítico, quien, de este modo, evitaba una consulta expresa sobre monarquía o república y se aseguraba la permanencia de la institución dinástica sin tan siquiera haber sido sometida a votación popular.

En el imaginario colectivo, las encuestas electorales fallan. Es más, si tuviéramos que apostar hoy, lo haríamos a que el día 18 es probable que les caigan más críticas que alabanzas. En este texto, intentaremos explicar las razones por las que las encuestas tantas veces nos decepcionan y daremos una breve panorámica del escenario que nos dibujan sobre las elecciones andaluzas de este 17 de mayo… y por qué este puede ser alimento para otra decepción.

Hay muchos actos de comunicación fallidos, en que pretendemos mandar un mensaje pero nuestro receptor escucha algo completamente distinto. Esta es una de las batallas perdidas de las encuestas. A pesar de lo que muchas personas creen, por suerte ninguna encuesta podrá decirnos nunca qué va a ocurrir el día 17.

Quienes votamos seguimos siendo humanos y uno de nuestros encantos es ser un poco impredecibles: así, habrá quien pensaba votar y se le complicará el día hasta convertirse en abstencionista sobrevenido; quien se enfadará con su suegro la noche antes y terminará haciéndoselo pagar a su partido cambiando de papeleta en el último minuto; y quien estaba indeciso y esa madrugada verá finalmente la luz. Tenemos la fortuna de que cualquiera de estas situaciones sigue sin ser en absoluto predecible.

Además, la mayoría de las encuestas se habrán hecho antes de que empiece la campaña electoral. Pero si partidos y medios de comunicación ponen toda la carne en el asador durante esas semanas es, precisamente, porque no todo está decidido: habrá votos que en ese tiempo se decanten del todo (muchos) o incluso cambien de orientación (pocos, habitualmente). Por eso, las campañas más planas y predecibles suelen dar lugar a encuestas con menos errores, mientras que campañas que tienen un ganador claro y que modifican tendencias suelen dar lugar a los principales “fracasos” de las encuestas.

Pero por mucho que quienes hacen encuestas expliquen la incapacidad de las mismas para predecir el futuro, esto no es lo que periodistas y lectores esperan de ellas. La batalla de las expectativas está perdida y por mucho que se insista, incluso si se comunica bien en los medios, las personas que lean o escuchen la noticia van a pensar que las encuestas están pronosticando lo que ocurrirá el día de las elecciones (y a juzgarlas en consecuencia).

‘Materia prima’ y ‘cocina’, dos elemento fundamentales… y polémicos

También hay razones técnicas por las que las encuestas pueden acertar más o menos. Aunque no exista una fórmula mágica para hacer buenas encuestas, sí podemos mejorar los ingredientes y la cocción para intentar hacer un producto digno.

Como sabe cualquier cocinero, la materia prima es clave para cocinar bien. Y la materia prima de una encuesta son la muestra y el proceso de recogida de información. La muestra es ese pequeño milagro estadístico por el que, si hacemos bien los deberes, eligiendo bien a (pongamos) mil personas, podemos representar adecuadamente lo que piensan los casi 7.000.000 de andaluces con derecho al voto el día 17.

Si solo tuviéramos que seleccionarlos sería una operación relativamente sencilla. Sin embargo, también tenemos que encontrarlos, lograr que respondan y, si no lo hacen, sustituirlos por otras personas similares. Y es en esta operación, y en las diferentes maneras en que las empresas se enfrentan a este dilema, donde está el grueso de la distinción entre una buena y una mala encuesta.

Las mejores encuestas (lo hacen pocas porque es caro y lento) seleccionan a mil personas y pelean la respuesta de cada una de ellas hasta el último suspiro. Y solo cuando se constata la imposibilidad, las sustituyen por otras. En muchos otros casos, se seleccionan muchos miles de números de teléfono (o direcciones postales o electrónicas) y, simplemente, se controla que en la muestra final las proporciones de algunas variables (edad, sexo, estudios…) sean similares a las de la realidad. En cada vez más casos, se parte ya de una selección de personas predispuestas a ser entrevistadas, con los sesgos que esa selección previa pueda contener.

Como todos los detalles de ese proceso no siempre aparecen en las fichas técnicas, terminamos juzgando la calidad de las encuestas por otros ingredientes más sencillos, como la cantidad de personas entrevistadas. Aunque es cierto que un número más elevado de entrevistas ayuda, sobre todo cuando tenemos que hacer atribución de escaños por provincias, 100.000 personas mal elegidas son una peor muestra que 1200 bien seleccionadas. El tamaño de la muestra no es irrelevante, pero sí una pieza muy pequeña e insuficiente para juzgar la calidad de una encuesta.

Además de los ingredientes, tenemos la cocción, eso que a menudo llamamos la “cocina electoral”. Lo cierto es que el dato en bruto de lo que la gente nos ha dicho que votará suele quedar lejos de la realidad, por lo que es necesario ajustar las cifras con procedimientos estadísticos para los que, al menos de momento, no hay una única fórmula indiscutible que se haya mostrado como superior a las demás.

Varias piezas intervienen en ese puzle. Una de las más importantes es la duda de quién irá realmente a votar, algo que muchas veces ni las personas entrevistadas saben con certeza. Sin embargo, al tratarse de una pregunta con un fuerte componente de deseabilidad social (qué feo está eso de abstenerse), la propia persona suele enmascararla con un “seguro que votaré”, que luego el analista debe decidir si creerse o no.

La dificultad es aún mayor porque muchos de los factores que llevan a la abstención también llevan a no responder encuestas, de manera que nos aparecen muchos menos abstencionistas que en la realidad, en parte por los sesgos de selección y en parte por ese elemento de deseabilidad social en las respuestas.

Y entonces… ¿acertarán las encuestas en Andalucía?

De cara al próximo 17 de mayo, las encuestas dibujan una casi segura victoria del PP, pero difieren en si será con o sin mayoría absoluta. Solo una de estas dos opciones va a confirmarse. Algo más de la mitad de los sondeos publicados nos dicen que ambos escenarios son posibles dentro del margen de error de la encuesta. Algunos, principalmente los más recientes, apuntan que esa mayoría es muy probable. Pero si este es el titular que se instala en la opinión pública (victoria con mayoría) y el PP se queda en 54 escaños (uno por debajo), importará poco que ese resultado entrara en el margen de error de la mayoría de encuestas: el tribunal de la opinión pública dictará que se han equivocado.

Lo cierto es que las encuestas publicadas hasta el momento en nuestra comunidad muestran algunos de los riesgos que hemos comentado. Además, los limitados datos que muchas de ellas reflejan en sus fichas técnicas tampoco ponen fácil hacer una valoración de su calidad. Por ello, quizás el único elemento que tengamos para dar más credibilidad a unas que a otras sea su reputación, que no tiene tanto que ver con sus éxitos o fracasos concretos en estimaciones anteriores sino con si en los mismos puede apreciarse algún patrón que insinúe que, por unas u otras razones, sus resultados incorporan sesgos sistemáticos.

Desde este criterio, quizás por ser la institución más escrutada, sea el CIS quien salga peor parado en sus últimos años, con su tendencia a sobreestimar a las izquierdas. ¿Y el resto? Es posible que también incorporen sesgos (o no) pero, al no estar tan sometidas al escrutinio público, es más difícil detectar estas tendencias (si las hubiera).

Al final, no nos queda más que esperarnos al día 18: solo entonces sabremos si las encuestas en general, o algunas de sus protagonistas en particular, han salido vencedoras (algo que olvidaríamos pronto) o víctimas (lo que recordaríamos más tiempo) de esa noche electoral.

Coordinación y edición: Adelina Pastor, Delegación del CSIC en Andalucía

“¿Ustedes no tienen a ningún votante que esté a punto de finalizar su contrato de alquiler?”, preguntó hace unas semanas desde el atril del Congreso Gabriel Rufián al grupo de Junts. La respuesta a esta pregunta está en una encuesta que realizó el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) en julio de 2025, centrada en la opinión de los catalanes en materia de vivienda. Y una de las conclusiones fue, precisamente, que Junts es el partido catalán que tiene menos electorado en alquiler.

El sondeo, que era la primera que se realizaba específicamente sobre la cuestión de la vivienda, incorporaba un largo cuestionario en el que se desgranaban las actitudes y valores de la ciudadanía ante este problema. Uno de los titulares que se desprendía fue la práctica unanimidad de los encuestados a la hora de reconocer las dificultades para acceder a un techo o cómo la vivienda se había convertido en un problema personal para uno de cada tres.

Pero el cuestionario también preguntaba por la situación personal de los encuestados, si vivían en un piso de alquiler, de propiedad u otras modalidades y, también, con qué partido político simpatizaban más.

Este cuestionario permite así cruzar ambas variables y saber en qué régimen vive el electorado de cada partido. De esta forma, se observa que Junts es la formación catalana con más propietarios entre sus electores, seguido de Aliança Catalana, mientras que Vox es la que tiene más votantes en alquiler, con la CUP en la siguiente posición.

Si tomamos al conjunto de los catalanes, el 28,6% viven en residencias alquiladas por ellos mismos o por personas de su entorno. Junts y Aliança tienen prácticamente la mitad de simpatizantes que tengan que pagar la renta al final del mes.

ERC también es un partido con más propietarios que la media, aunque en cuestiones de vivienda suele situarse en posiciones contrarias a las de Junts y más cercanas a Comuns y PSC, que tienen un 25,8% y un 25,4% de inquilinos entre sus votantes respectivamente. El PP se sitúa más cercano a la media.

Para entender estos resultados conviene tener en cuenta la edad de los votantes. Según los perfiles demográficos del propio CEO, Vox y la CUP son dos partidos que suelen tener más votantes en franjas de edad más jóvenes, sobre todo entre los 25 y 40, época en que el alquiler es la fórmula más frecuente.

La encuesta del CEO especifica el tipo de situación personal respecto a la vivienda. Junts vuelve a aparecer como el partido cuyos votantes tienen menos preocupaciones con esta materia: el 42% tienen ya la vivienda pagada, el 22% está aún pagando la hipoteca y el 19% viven en la casa que un familiar o amigo tiene en propiedad. El PP también destaca como una formación de viejos propietarios: el 39% de votantes tiene piso y no hipoteca.

En cuanto a las personas que alquilan su casa para vivir ellas solas o con sus familias, Aliança es el partido que tiene menos simpatizantes en esta situación, seguido de Junts, Comuns y ERC. En cambio, Comuns y CUP son quienes más votantes tienen en alquileres compartidos, una modalidad que vuelve a denotar la juventud de sus electorados.

Una de las cuestiones que reveló la encuesta del CEO es que tener una vivienda en propiedad era un deseo absolutamente mayoritario, con valores por encima del 80%. Pero, además, la afirmación de que llegar a poseer una casa era un objetivo vital era refrendada no solo por quien ya la tenía o la estaba pagando; también por aquellos que estaban de alquiler o vivían en otras modalidades. Por eso una de las conclusiones del estudio es que la mayoría de las personas que viven de alquiler, lo hacen por necesidad y no como una opción vital.

A un mes para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, la última macroencuesta de la Junta sobre intención de voto, publicada este martes, afianza al PP de Juan Manuel Moreno como el claro ganador de los comicios, con un 42,8% del escrutinio, el doble que el PSOE de María Jesús Montero (21%). Los populares rondan la mayoría absoluta [55 escaños], manteniéndose en la horquilla de 54 a 57; mientras los socialistas perforan su actual suelo electoral (30 diputados), bajando hasta 26 o 27 escaños.

El primer barómetro trimestral del año (marzo 2026) de la Fundación de Estudios Andaluces (Centra), y el último antes de las elecciones autonómicas, remata el histórico de sondeos publicados a la largo de esta legislatura: el bloque conservador se mantiene firme o crece gracias al impulso de la ultraderecha; mientras que el bloque progresista permanece estancado.

Según el llamado 'CIS andaluz', el PP convence a más electores que hace tres meses, cuando se publicó el anterior sondeo (la horquilla quedaba por debajo de la mayoría absoluta: de 53 a 55 escaños), mientras el PSOE se recupera levemente, pero sigue muy rezagado (en diciembre estaba entre 25 y 28 diputados). El barómetro de diciembre de 2025 era el primero tras el escándalo de los cribados de cáncer de mama, y recogía por primera vez un desgaste abrupto de Moreno en intención de voto.

La encuesta de este lunes vuelve a mostrar a Vox muy consolidado como tercera fuerza del Parlamento, con el 15% de los sufragios, y aumentaría de los 14 escaños actuales hasta los 17 o 20. Es la primera encuesta desde que el partido ultra ha confirmado como candidato a las andaluzas a su portavoz, Manuel Gavira, y sus expectativas experimentan por primera vez un retroceso de 2,5 puntos desde el sondeo de diciembre, cuando llegaron a rozar los 22 diputados.

El partido de Santiago Abascal crece, pero experimenta una desaceleración que ya dio la cara en anteriores sondeos. Esta posición resta fuerza a la idea del sorpasso al PSOE como segundo partido en algunas provincias andaluzas y también brinda a Moreno la posibilidad de revalidar la mayoría absoluta, su gran objetivo. La encuesta se realizó tras las elecciones de Extremadura (diciembre 2025) y Aragón (febrero 2026), donde el PP obtuvo mayorías insuficientes y Vox condiciona la gobernabilidad de estos territorios, donde aún no se ha investido presidente.

El cuarto lugar lo ocuparía la coalición Por Andalucía que encabeza el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, con el 7,8% de los votos, que lograría entre cinco y seis representantes en el Parlamento (los mismos o uno más de los que tiene ahora).

Adelante Andalucía, en quinto lugar, alcanzaría el 6,3% de los apoyos, que le serviría para atornillar a sus dos diputados o sumar uno más. La coalición que lidera Maíllo, una vez ha integrado a sus socios de Podemos, avanza levemente en intención de votos, pero esto no se traduce en muchos más escaños. El CIS oficial publicado hace unos días analizaba el peso del partido morado, si se presentaba en solitario, y no llegaba al 1% del escrutinio en intención de voto directa.

Por bloques, las dos derechas acaparan el 57,8% del escrutinio, frente al 35,1% que suman las tres formaciones de izquierdas con opciones a lograr representación en el Parlamento.

Sin impacto del 'No a la guerra'

La macroencuesta, con 3.600 entrevistas, se realizó entre el 27 de febrero y el 12 de marzo, con un error muestral para el total de la muestra del ±1,63% para el 95%, aunque los márgenes de error superan el 5% en algunas provincias, como Almería y Huelva.

Si en el anterior sondeo, de diciembre, la intención de voto castigaba a Moreno por la gestión de la crisis de los cribados (que le forzó a cesar a la consejera de Salud y toda su cúpula), en ésta ocurre justo lo contrario: el presidente y candidato popular recupera fuelle en un sondeo realizado poco después del 28 de febrero (Día de Andalucía), tras el accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 46 muertos y docenas de heridos, y del tren de borrascas que golpeó la comunidad. En ambos sucesos, la gestión de Moreno fue aplaudida.

La encuesta también coincide con un contexto geopolítico bélico, con los ataques de Estados Unidos a Irán, las amenzas de Donald Trump, el temor de la Unión Europea, el cierre del estrecho de Ormuz, el encarecimiento del precio del petróleo y la subida de la cesta de la compra. La bandera del 'No a la guerra', a la que se aferra el PSOE para movilizar al electorado de izquierdas, no parece ser una pulsión entre el votante progresista en las próximas andaluzas.

La sanidad, principal problema de los andaluces

En términos generales, la gestión de Moreno como presidente de la Junta se califica como buena o muy buena por el 45,7% de los andaluces, siendo el líder político andaluz más conocido en un 94,9%, el segundo más valorado con 5,46 puntos, y el preferido para gobernar para cuatro de cada diez encuestados (39,9%). María Jesús Montero, que en el momento de la encuesta aún era vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, también tiene un índice de popularidad muy alto (88,9%), pero es la peor valorada de todos los candidatos (3,74).

Por detrás del popular y la socialista están Antonio Maíllo, conocido por el 56% de encuestados, y con 4,83 puntos de valoración; Manuel Gavira (21,7% / 4,08 puntos), José Ignacio García de Adelante Andalucía es el que mejor valorado, con 5,56 puntos, pero su índice de conocimiento entre los andaluces es muy bajo: 15,4%. El Centra también pregunta por José Antonio Delgado, el candidato de Podemos a las andaluzas antes de integrarse en Por Andalucía, que obtiene un porcentaje de conocimiento del 10,6% y 4,68 puntos de valoración.

Tampoco ha variado la tendencia respecto al sondeo del Centra del pasado diciembre, donde la sanidad aparece como el principal problema de los andaluzas. El 21,8% de los encuestados lo sitúa por encima del paro (21,5%), el primer déficit de Andalucía desde hace décadas, y las dificultades para acceder a una vivienda (21,6%). El 18,7% identifica el deterioro de la sanidad pública como lo que más le afecta en su vida personal, y el 14,2% la vivienda.

Los encuestados insisten en que el PSOE, pese a puntuar bajo en intención de voto, es el partido que más simpatía les despierta, pero creen que el PP es el más capacitado para solucionar los problemas de Andallucía (18,5%), casi empatados con los socialistas (18%).

El CIS oficial

Ésta es la segunda macroencuesta de intención de voto que se publica desde que Moreno disolvió el Parlamento y convocó las elecciones, el pasado 23 de marzo. Hace poco más de una semana, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lanzó otro sondeo, con 6.000 entrevistas, que vislumbraba una victoria aún más rotunda de los populares: en intención directa de voto, el 32,1% elegía la papeleta del PP, diez puntos por delante del PSOE, con un 22%; Vox con un 8,8%; Adelante Andalucía se imponía a la coalición de Maíllo, con un 7,7%; seguida de Por Andalucía, con un 5,8%; Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del agitador ultra Alvise Pérez, con un 1,3%; y Podemos, con un 0,5% (en ese momento el partido morado aún no se había reintegrado con sus socios de izquierdas).

A falta de seis días para las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León todas las encuestas dan como ganador al Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco. Victoria 'popular', pero con un Vox rondando o ligeramente por encima del 20% de los votos, lo que dejaría al candidato Carlos Pollán en mejor posición que en 2022 para negociar la investidura. Por bloques ideológicos, la derecha sumaría entre 48 y 51 escaños, superando con holgura la mayoría absoluta fijada en 42 procuradores en las Cortes de Castilla y León. El PP volvería a necesitar de un pacto de gobierno para firmar una coalición y parece estar condenado a entenderse con Vox como en 2022.

Según el promedio de las últimas publicaciones —este lunes 9 de marzo es el último día para publicarse encuestas según la LOREG— sobre las elecciones autonómicas en Castilla y León —excluyendo el barómetro del CIS por su amplia horquilla de resultados—, el Partido Popular se mantendría como primera fuerza política, con algo más de un tercio del voto, en torno al 33-36%, lo que podría traducirse aproximadamente en 32 o 33 escaños en las Cortes autonómicas —la mayoría absoluta es de 42 procuradores—.

Una de las dudas que arrojan las encuestas es si Mañueco anotará el peor resultado del PP en la Comunidad, ya que las proyecciones muestras que su porcentaje de votos caerá del 31,4% que obtuvo en 2022. Estas cifras también le dejarían por debajo de sus compañeros de Aragón y Extremadura, donde Azcón obtuvo un 34,17% y Guardiola un 43,11%. Aun así, serían las segundas elecciones que el salmantino ganaría, habiendo perdido las de 2019 contra el PSOE de Luis Tudanca, aunque el pacto con Ciudadanos consiguió retener el Ejecutivo autonómico.

El PSOE de Carlos Martínez aparecería en segunda posición con cerca del 29-30 % de los sufragios, resistiendo mejor en Extremadura o Aragón, una cifra que en la proyección de escaños se movería alrededor de 26 o 27 procuradores y próxima los 28 representantes que obtuvo en 2022 con cerca del 30% de los votos. El alcalde de Soria aguantaría el envite y el desgaste de los socialistas que se ha podido ver en las comunidades vecinas con el PSOE de Extremadura con el 25,76% y el de Aragón (24,37%), en sendas comunidades la caída fue de 14,14 y 5,18 puntos, respectivamente. El efecto 'no a la guerra' que han enarbolado Pedro Sánchez y Carlos Martínez también podrían jugar a su favor.

Vox sería la formación que sale más reforzada de las encuestas, si el resultado se materializa. Vox sube del 17,6% de 2022 al 20,8%, para alcanzar entre 16 y 20 escaños, cuando ahora tiene 13. En Castilla y León la subida se moderaría ya que no se verán datos como los de Extremadura donde pasó del 8,13% al 16,9%. Al Partido Popular le tocará negociar con un Santiago Abascal que ya ha puesto una primera condición: Mañueco se tendrá que disculpar por decir que a Vox le gustaría “tirar seres humanos al mar”.

La Unión del Pueblo Leonés se movería en torno al 4-5 % de los apoyos, suficiente para lograr entre tres y cuatro representantes, lo que supondría crecer respecto a 2022. León, provincia donde obtendrían toda la representación, es clave para determinar el resultado en el resto de comunidad: los incendios de este verano pesan ante el descontento con los dos partidos que gobiernan la Junta y el gobierno de la nación.

En el caso de las plataformas provinciales, Soria ¡Ya! podría alcanzar alrededor de un 1 % del voto, con uno o dos escaños, perdiendo por el camino un representante. Por Ávila rondaría también en torno al 1 %, con Pedro Pascual repitiendo como procurador.

En el espacio de la izquierda alternativa, las candidaturas vinculadas a la coalición de Izquierda Unida-Sumar se situarían alrededor del 3-4 %, con opciones de lograr un escaño o quedarse fuera de la Cámara dependiendo del reparto provincial. Podemos se quedaría fuera al pronosticar el 2–3% de los sufragios.

40dB para El País: victoria del PP con Vox reforzado

El barómetro elaborado por 40dB para El País y la Cadena SER, publicado el 9 de marzo, recoge la tónica general de las encuestas: sitúa al PP en cabeza con un 31,1% del voto y entre 28 y 33 escaños. El resultado sería muy similar al de 2022, cuando los populares obtuvieron 31 procuradores, e incluso podría llegar a darse en uno de los porcentajes más bajos del partido en unas autonómicas en la comunidad.

El PSOE aparece en segundo lugar con el 28,4% y entre 24 y 26 escaños, lo que supondría una caída moderada respecto a los 28 actuales. En paralelo, Vox sería el partido que más mejora, con un 20,8% del voto y una horquilla de entre 16 y 20 procuradores, frente a los 13 que consiguió hace cuatro años.

Tras las tres principales fuerzas, el sondeo sitúa a Unión del Pueblo Leonés con cuatro escaños, mientras que Soria ¡Ya! podría quedarse en dos representantes y Por Ávila mantendría un procurador. En el espacio de la izquierda alternativa, candidaturas vinculadas a Izquierda Unida se quedarían al borde de la representación, con opciones de lograr un escaño o quedarse fuera.

GAD3 para ABC: crecimiento conjunto de PP y Vox

Una lectura similar ofrece la encuesta de GAD3 para ABC, también publicada el 9 de marzo. Según este estudio, el PP subiría hasta entre 33 y 34 procuradores con el 34,8% de los votos, mejorando su resultado de 2022.

El PSOE se movería en una horquilla de 26 a 29 escaños, con cerca del 28,6%, mientras que Vox alcanzaría entre 16 y 18 procuradores y se acercaría al 20% del voto. El sondeo señala que el bloque de la derecha consolidaría su mayoría en las Cortes, aunque, de nuevo, el PP dependería de Vox para poder formar gobierno.

Este sondeo la UPL mantendría sus tres procuradores, Soria ¡Ya! obtendría uno y por Ávila se cae de las Cortes al perder su representación. La izquierda alternativa se quedaría fuera de las Cortes.

Sigma Dos para El Mundo: Vox se acerca al 20%

La encuesta de Sigma Dos para El Mundo también dibuja un escenario en el que el PP gana con claridad, pero sin margen para gobernar en solitario. El estudio sitúa a los populares entre 31 y 34 escaños, mientras que el PSOE se quedaría entre 26 y 28. En este sondeo Vox rozaría el 20% del voto y podría alcanzar hasta 17 procuradores. El estudio señala que ese crecimiento refuerza su papel como actor decisivo en la investidura.

La Unión del Pueblo Leonés alcanzaría entre tres y cuatro procuradores, mientras que las candidaturas de Izquierda Unida se moverían en torno al límite del 3-4 % del voto, con posibilidades de conseguir un escaño o quedarse fuera del Parlamento.

Por su parte, Podemos quedaría en torno al 2-3 %, sin opciones claras de representación. Entre las plataformas provinciales, Por Ávila obtendría un procurador, mientras que Soria ¡Ya! podría lograr entre uno y dos escaños

GESOP para El Periódico: estabilidad del PP y subida de Vox

El sondeo elaborado por GESOP para El Periódico y La Opinión–El Correo de Zamora sitúa al PP con entre 29 y 32 escaños y un 29,6% del voto, un resultado prácticamente idéntico al de los últimos comicios.

El PSOE obtendría entre 26 y 29 procuradores, mientras que Vox crecería hasta situarse en torno al 20% del voto y entre 16 y 19 escaños. También en este caso la conclusión es similar: la suma de las derechas permitiría formar gobierno, pero el PP necesitaría a Vox para hacerlo.

La UPL obtendría tres escaños, repitiendo la cifra de 2022, mientras que Soria ¡Ya! perdería fuerza bajando hasta un único o dos representantes como mucho debido a la influencia del candidato del PSOE, el soriano Carlos Martínez. Por Ávila repetiría resultado con un procurador.

En la izquierda alternativa, la coalición de IU de Juan Gascón obtendría un procurador dejando fuera a Podemos.

NC Report para La Razón: el PP mejora, pero lejos de la mayoría absoluta

La encuesta de NC Report para La Razón, publicada el 2 de marzo, muestra a un PP algo más fuerte. El sondeo le concede entre 32 y 33 escaños y el 35,6% del voto. El PSOE quedaría con entre 26 y 27 procuradores, mientras que Vox obtendría entre 15 y 16 escaños, estando por debajo del 20% y ganando solo 0,3 puntos porcentuales respecto a 2022. En este escenario, la suma de ambas formaciones alcanzaría entre 47 y 49 parlamentarios, por encima de la mayoría absoluta.

La UPL mantendría sus tres asientos, Soria ¡Ya! bajaría hasta dos procuradores y Por Ávila repetiría su único escaño. IU-Sumar obtendrían un representante quedando Podemos fuera del arco parlamentario.

Sigma Dos para CyLTV: el PP gana con holgura pero depende de Vox

El barómetro de Sigma Dos para Castilla y León Televisión (CyLTV) apunta igualmente a una victoria del PP con entre 32 y 35 procuradores y el 35,5% del voto. El PSOE se situaría entre 26 y 28 escaños, mientras que Vox crecería hasta los 14 o 16. El estudio subraya que, incluso en los escenarios más favorables para el PP, los populares seguirían necesitando a Vox para garantizar la investidura.

UPL podría mantener los tres representantes o sumar uno más. Soria ¡Ya! bajaría hasta un único escaño y Por Ávila se mantendría. IU estaría entre quedarse fuera y un único procurador, quedándose Podemos fuera.

El CIS plantea un escenario más abierto

La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada el 20 de febrero, fue la única que dibujó un escenario más ajustado. El organismo pronosticó entonces un empate técnico entre PP (33,4%) y PSOE (32,3%), con amplias horquillas de escaños para ambos partidos. Aun así, el propio sondeo apuntaba a la misma conclusión que el resto de estudios: la gobernabilidad dependería del papel de Vox.

IU-Movimiento Sumar-VQ, con una estimación de voto del 5,1%, obtendría entre 0 y 4 escaños, mientras que UPL estaría entre los 2 y 4 escaños. La intención de voto para Soria Ya y Por Ávila es del 0,7%, lo que les daría entre 0 y 1 escaño, mientras que Por Ávila, mantendría su escaño. Podemos-Alianza Verde, con una estimación de voto del 3,1% no conseguiría escaño, y saldría de unas Cortes.

Los catalanes tienen una percepción distorsionada sobre la inmigración, al menos sobre la cantidad de personas migrantes que hay. En concreto, la creencia es que las personas nacidas fuera de España superan el 35%, cuando la realidad es que son el 25,1%, según el padrón. Hay, por tanto, una sobreestimación del 39% en el número de inmigrantes, tal y como recoge una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió en el que toma el pulso a diferentes cuestiones relacionadas con la sociedad y las políticas públicas.

La percepción exagerada sobre el número de inmigrantes no es nueva, sino que se viene detectando en todas las encuestas de este tipo desde que se comenzaron a realizar, en el año 2023. Sin embargo, en la publicada este jueves sí se observa una novedad: un 40% de los encuestados creen que los inmigrantes son más de la mitad de la población. Nunca antes esta distorsión había sido tan grande, lo que apunta a una suerte de radicalización de la percepción. Hace dos años, por ejemplo, quienes creían que más de la mitad de la población era nacida fuera solo suponía el 16% de los encuestados.

Esta percepción se acompaña de una opinión cada vez menos favorable a la inmigración, aunque la tendencia solo es ligeramente a la baja. Por ejemplo, que la inmigración es positiva para la economía sigue siendo una afirmación con apoyo mayoritario, del 6,2 sobre 10, y solo cae dos décimas respecto a años anteriores. Algo parecido ocurre cuando se pregunta en relación entre las personas nacidas fuera del Estado y la cultura y la convivencia, donde sigue obteniendo notas positivas aunque más discretas que en anteriores encuestas.

Los cambios también son menores cuando se pregunta por la posibilidad de que un hijo mantenga una relación amorosa con personas de procedencia diversa. Cerca de dos tercios asegura que no tendría problemas para aceptar ese romance si se tratase de una persona negra (64% de aceptación), latina (62%) o de Asia oriental (67%). Tampoco con alguien gay, lesbiana o bisexual (67%).

Sin embargo, el porcentaje de aceptación cae drásticamente cuando se trata de una persona procedente del Magreb, lo que supondría rechazo en el 48% de los encuestados, contra un 38% de aceptación. Además, esta situación sí ha empeorado y este año, por primera vez, más encuestados la valoran negativamente. Una relación con una persona transexual tendría más aceptación, aunque solo del 47%. En el caso de tratarse de una persona gitana, la aprobación aún es menor, del 43%.

La unión en una misma candidatura electoral de las fuerzas de la izquierda confederal y la soberanista, tal y como propone el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, amenaza la mayoría absoluta de las derechas que auguran desde hace meses la mayoría de las encuestas. En el caso de celebrarse ahora unas elecciones generales y siempre que las actuales fuerzas de Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG concurrieran juntas, la alianza obtendría entre 58 y 63 escaños, según un sondeo elaborado por Ateneo del Dato para elDiario.es.

Ese hipotético grupo se colocaría así en una situación cercana al empate técnico con Vox, que obtendría entre 65 y 71 escaños. Así, siempre según ese escenario, el PP lograría entre 111 y 115 escaños por lo que la suma de las derechas alcanzaría entre 176 y 186 parlamentarios. En la horquilla más baja PP y Vox llegarían, por tanto, justos a la mayoría absoluta de 176 escaños.

Tras encuestar a 2.000 personas entre el 18 y el 22 de febrero, Ateneo del Dato ha planteado cuatro escenarios distintos en función de las diferentes alianzas que podrían darse en la izquierda. En la primera hipótesis la empresa demoscópica refleja los resultados electorales que se darían en la situación actual, es decir, con los partidos de Sumar en una candidatura, y Podemos, ERC, EH Bildu y BNG, cada uno por su lado. Un segundo planteamiento refleja la composición del Congreso que se daría con la reedición de la coalición de Sumar de 2023, es decir, la que unió a los partidos de la candidatura de Yolanda Díaz con Podemos. En tercer lugar, la encuestadora dibuja el resultado que se daría con el citado proyecto sugerido por Rufián, con candidaturas conjuntas de Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG en las distintas circunscripciones. Y finalmente refleja cómo quedaría la Cámara Baja si van juntos PSOE, Sumar y Podemos.

En caso de celebrarse ahora unas generales solo la tercera opción, la de la unión de todas las izquierdas a la izquierda del PSOE, estaría en condiciones de competir con la suma de PP y Vox. Y el escenario más perjudicial para la izquierda sería que todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE concurrieran por separado.

Con ese planteamiento, el PP ganaría las elecciones con el 29,4% de los votos, 3,7 puntos menos que los cosechados en las generales de 2023. Se situaría, así, con entre 118 y 121 escaños, lejos de los 137 actuales. El PSOE también perdería apoyo respecto al 23J y se quedaría con el 27% de los sufragios frente al 33,7% de hace tres años con un reparto de entre 106 y 109 parlamentarios frente a los 121 de la actualidad. Vox, en cambio, se dispararía, doblando el número de escaños. Frente a los 33 diputados que logró en las últimas generales, la extrema derecha alcanzaría entre 73 y 77, siempre según el sondeo de Ateneo del Dato, que otorga a Vox un 20,3% de los votos (en 2023 obtuvo el 12,4%).

Sumar, que concurriendo junto a Podemos hace tres años obtuvo el 12,3% de los apoyos, ahora en solitario se quedaría únicamente con el 7,2% de los sufragios y 11 escaños (ahora tiene 31). Y Podemos alcanzaría el 3,8% de los votos que se traducirían en dos escaños. La suma de PP y Vox se situaría en la franja más baja en 191 escaños, 15 por encima de la mayoría absoluta. Y en el rango más optimista alcanzaría los 198 diputados. En cambio, la suma de las izquierdas de ámbito estatal (PSOE, Sumar y Podemos) apenas alcanzaría en su mejor escenario los 122 parlamentarios.

Las expectativas mejoran algo para el electorado progresista en el caso de repetirse la alianza de Sumar y Podemos que sí se dio en 2023, aunque a los pocos meses de los comicios los cinco diputados del partido de Ione Belarra rompieron con el equipo de Yolanda Díaz y se pasaron al grupo mixto. Con la suma de la izquierda confederal, el PP se situaría entre los 113 y 117 escaños con el 29% de los votos, cuatro décimas por debajo que en el escenario de todas las izquierdas separadas. El PSOE también vería mermadas sus expectativas siempre que Sumar y Podemos fuesen juntos. En ese supuesto, la encuesta sitúa a los socialistas con el 26,7% de los apoyos y entre 102 y 106 escaños.

Vox seguiría disparado y alcanzaría el 20% de los sufragios y entre 68 y 71 diputados. Pero la alianza de Sumar y Podemos escalaría hasta el 12,1% de los votos que se transformarían en entre 29 y 31 escaños, frente a los 13 que obtendrían si van separados. En este caso el dominio de las derechas seguiría siendo indiscutible. La suma de PP y Vox lograría entre 181 y 188 escaños, de nuevo muy por encima de la mayoría absoluta necesaria para una hipotética investidura, que se sitúa en 176 parlamentarios. El PSOE y la candidatura de Sumar y Podemos alcanzarían, en suma, entre 131 y 137 escaños.

La hipótesis en la que Ateneo del Dato estudia cómo quedaría el parlamento si hay candidaturas conjuntas de PSOE, Sumar y Podemos sin las fuerzas de izquierdas independentistas arroja un escenario bien distinto aunque únicamente en el orden de las opciones más votadas. Esa alianza de las izquierdas estatales lograría ser primera fuerza, por encima del PP, con el 37,3% de los votos y entre 140 y 146 escaños. Los populares se situarían en segunda posición con un 30,3% de los apoyos y entre 111 y 116 escaños, pero Vox se vería beneficiado y obtendría un 20,6% de los sufragios y entre 68 y 72 parlamentarios. Las derechas, no obstante, arrasarían si PP y Vox se alían para formar gobierno. Su suma se situaría entre 185 y 193 escaños, de nuevo muy por encima de la mayoría absoluta.

La hipótesis más beneficiosa para la izquierda sería, por tanto, la de la unión de todas las izquierdas a la izquierda del PSOE. Se trata de un planteamiento similar al hecho público por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en el acto que protagonizó junto al diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, el pasado día 18. Entonces habló de confluencias de las fuerzas a la izquierda del PSOE en todas las circunscripciones, de forma que en territorios como Euskadi, Catalunya y Galicia podía haber acuerdos de Sumar y Podemos con EH Bildu, ERC y BNG, respectivamente. El 63% de los encuestados por Ateneo del Dato dice conocer esa propuesta.

Pero si se va más allá y directamente se conforma una candidatura de la izquierda plurinacional la propuesta lograría entre 58 y 63 escaños que, sumados a los entre 97 y 103 del PSOE (que se haría con el 24,4% de los apoyos) y el resto de fuerzas nacionalistas estaría al borde de alcanzar la mayoría absoluta. En este escenario el PP ganaría con entre 111 y 115 diputados y el 28,8% de los votos. Y Vox, con el 20,1% de los votos, lograría entre 65 y 71 escaños. La suma de las derechas alcanzaría entre 176 –exactamente la mayoría absoluta– y 186 parlamentarios. Llama la atención, además, que esta propuesta la apoyaría un 21,1% de los españoles que el 23J votó al PSOE.

La participación en las elecciones de Aragón sube al 56,29% a las 18.00 horas, más de un punto y medio por encima de la que se registró en 2023. Se trata del tercer y último avance desde que se abrieron los colegios electorales a las 9.00 de la mañana este domingo 8 de febrero. El primer dato de participación de las 11.00 ha sido del 10,8% aunque para esa hora no había datos de años anteriores con los que comparar. A las 14.00 horas la participación era de casi el 41%.

En total, 1.036.300 aragoneses y aragonesas están llamados a las urnas en esta jornada electoral que terminará dentro de dos horas con el cierre de los colegios electorales. Para 2023, este último dato se situó en el 54,73%.

En cuanto a las provincias aragonesas, la participación aumenta más de dos puntos en Zaragoza, que pasa del 54,41% en 2023 al 57,18%. En Huesca, baja ligeramente del 53,45% al 52,86%, y en Teruel la bajada es mucho más pronunciada, de más de tres puntos: del 59,14% al 55,49%.

Una de las claves de la cita electoral de este domingo, que por primera vez se celebra de forma anticipada en la comunidad, será la fragmentación de voto: el PP y el PSOE parten como fuerzas mayoritarias, pero con Vox y los partidos regionalistas como decisivos para formar gobierno. De hecho, una de las grandes incógnitas será el ver hasta qué punto crece la extrema derecha en la comunidad autónoma.

Según las encuestas, el PP apenas sube, los socialistas se hunden, Vox puede llegar a doblar su número de escaños, y por la izquierda, solo la Chunta Aragonesista crece.

El porcentaje de participación definitivo en Aragón en 2023 fue del 68,89%. A lo largo de las décadas, la participación se ha mantenido relativamente estable, situándose normalmente por encima del 65% del electorado.

El último barómetro del CIS para Aragón mantiene al Partido Popular (PP) como la primera fuerza en la comunidad de cara a las elecciones del 8F, con una estimación de entre 25 y 29 escaños y un porcentaje de votos similar al que obtuvo en 2023, en torno al 35,%. El PSOE bajaría tres puntos y no tendría opción de gobernar, mientras que Vox subiría con fuerza y obtendría entre 10 y 13 diputados, lo que le convertiría en la única llave de gobierno.

Las amplias horquillas que fija el CIS, derivadas a su vez de las que plasma en cada una de las tres circunscripciones, hacen complicado sacar conclusiones cerradas. Sí que parece clara esa tendencia: que solo la suma de escaños de los populares con la extrema derecha permitirían investir a un presidente, en este caso Jorge Azcón. Ni siquiera se puede aventurar si bastaría con una abstención de la formación ultra, ya que en los límites más favorables para la izquierda su número de diputados superaría a los del PP.

Según la proyección del organismo público, los populares ganarían las elecciones en Aragón sin problemas, aunque no solo no obtendrían más diputados, sino que tendrían más probabilidades de minorar los 28 con que cuentan en la actualidad. Del 35,5% de los sufragios que consiguieron en 2023 pasarían a una horquilla de entre 34,5% a 36,7%, aunque la traducción del CIS en escaños hace que oscile entre los 25 y los 29. Tanto en la circunscripción de Zaragoza como en la de Huesca, los populares aspirarían como mucho a mantener su representación (15 y 8 diputados, respectivamente), con el riesgo de perder dos en la provincia zaragozana y uno en la altoaragonesa. Mientras, en Teruel sí que tendrían la opción de subir de los 5 actuales a 6, al repetir con en torno al 31% de los votos.

También la lectura con el PSOE es complicada, ya que en la horquilla más alta el CIS mantiene los resultados actuales (23) –algo que se repite en cada una de las tres circunscripciones–, mientras que la más baja dibuja una debacle socialista (17), con casi seis puntos de distancia en porcentaje de voto entre el mejor escenario (29,1%) y el peor (23,3%). En Zaragoza, la formación liderada por Pilar Alegría bajaría desde el 30,4% de 2023 a entre 24,1% y 29,8%, lo cual sin embargo puede no traducirse en pérdida de escaños, ya que de los 12 actuales podría pasar a 9-12. En Huesca aún es más difícil sacar conclusiones, puesto que la horquilla oscila entre un 22,8% y un 31,8%; de los siete diputados actuales, el PSOE pasaría a entre 5 y 7. Finalmente, en Teruel paradógicamente sube en intención de voto desde el 22,8% de hace dos años a entre 22,5% y 25,5%; sin embargo, los socialistas se arriesgarían ahí a perder uno de sus cuatro escaños.

Tras Vox, otros dos ganadores el 8F estarían a la izquierda. El primero sería CHA, que con Jorge Pueyo como candidato obtendría entre 3 y 5 escaños y casi dos puntos más de votos, al pasar de un 5,1% a entre 6% y 7,7%. Y también Izquierda Unida-Sumar, que del 3,1% que logró hace dos años pasaría a entre 3,9% y 5,8%: según el CIS, en Zaragoza consolidaría su diputado e incluso aspiraría a un segundo, mientras que en Huesca tiene opciones de obtener también un representante.

Frente a esto, un gran perdedor según el CIS sería la coalición Aragón-Teruel Existe, que caería de 4,9% que obtuvo en mayo de 2023 a entre un 1,9% y un 2,8%, y que obtendría así entre uno y dos diputados. Esta representación provendría de la circunscripción turolense, donde los de Tomás Guitarte podrían llegar a reducir a la mitad su porcentaje de voto, desde el 20,7% de hace dos años a 10%-12,4%. En Zaragoza, donde esta formación también tiene aspiraciones de lograr un diputado, se quedaría muy lejos, con un 1,5% de los sufragios como máximo.

Podemos difícilmente podría superar el umbral del 3% en Zaragoza, con lo que lo más probable es que perdiera su diputado en esta circunscripción, aunque tiene alguna opción de salvarlo.

Finalmente, el PAR se quedaría fuera del Parlamento autonómico ya que en Teruel, donde más fuerza tiene, no pasaría del 3,7%, lo que en el contexto demoscópico actual –con cuatro partidos en esa provincia por encima del 10%– no le daría opciones de conseguir escaño.

En cuanto a la valoración de líderes, el candidato del PP y actual presidente es con mucho quien mejor nota saca y de hecho el único que aprueba, con un 5,53. En segundo lugar aparece el cabeza de lista de CHA, Jorge Pueyo, ya con un 4,67 y por delante de Tomás Guitarte (Teruel Existe), que logra un 4,49.

La aspirante socialista y exministra Pilar Alegría figura en cuarto puesto, con un 4,14 y con el candidato del PAR, Alberto Izquierdo, cerca (4,06). Más lejos quedan Marta Abengochea (IU-Sumar) con un 3,65; Alejandro Nolasco (Vox), con un 3,64, y María Goikoetxea (Podemos), con un 3,22.