Organizaciones sindicales como CCOO y UGT, que mantienen una presencia sólida entre trabajadores con trayectorias estables, están encontrando mayores dificultades para integrar a quienes se incorporan al mercado laboral y a quienes ocupan posiciones más vulnerables, apuntan las conclusiones del último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recogidas por Funcas.

El dato que más inquieta a las grandes centrales no es tanto la caída sostenida de la afiliación como su reparto por edades. Entre los asalariados de 25 a 44 años, solo el 18% de quienes trabajan a tiempo completo está afiliado; entre los de 45 a 64 años, el porcentaje sube al 26%. La brecha se agranda entre los jóvenes con contratos parciales: apenas un 10% está sindicalizado.

De la rebeldía democrática a la normalización de los derechos

La afiliación sindical en España lleva más de dos décadas descendiendo. A comienzos de los 2000 rondaba el 15% de los asalariados; hoy se sitúa en el 12%-13%. Para Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Discurso de CCOO, comparar la afiliación juvenil actual con la de la Transición es comparar “dos mundos laborales completamente distintos”. En los años setenta el país era demográficamente joven, con incorporación temprana al trabajo, muy masculina y un gran peso industrial.

Gutiérrez explica que las reivindicaciones laborales chocaban con un régimen autoritario, “afiliarse era un acto de rebeldía democrática”. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, coincide. Durante la Transición, recuerda, había un anhelo profundo de libertad sindical. “Derechos que hoy parecen básicos —negociación colectiva, protección social, el propio Estatuto de los Trabajadores— costaron cárcel y vidas”, añade.

La conquista colectiva se ha convertido en suelo asumido. Hoy esos derechos forman parte del paisaje institucional y esa normalización tiene un efecto paradójico: reduce la percepción de urgencia. “Muchos jóvenes han crecido con esos derechos ya consolidados y no siempre identifican al sindicato como su origen”, señala Luján.

A ello se suma una particularidad del modelo nacional: no es necesario estar afiliado para beneficiarse de los convenios colectivos. Lo que reduce el incentivo formal a afiliarse y obliga a las organizaciones a redoblar esfuerzos de presencia y pedagogía. En comparación con otros países de la Europa occidental, el informe sitúa a España en una posición intermedia —similar a Alemania, Italia o Países Bajos—, lejos de los países nórdicos, donde la afiliación alcanza a dos tercios de los trabajadores.

Trabajar más tarde, trabajar peor

Gal·la Torres, recién graduada en Barcelona tras completar sus estudios universitarios —en el ámbito de las ciencias sociales—, se enfrenta ahora a sus primeros empleos. “La precariedad es una de las problemáticas comunes con las que nos enfrentamos cuando entramos al mundo laboral”, resume. A su parecer, su generación accede a trabajos marcados por contratos mal remunerados, la normalización de las horas extra y, en general, condiciones laborales poco favorables.

Samuel Albuquerque, que también acaba de finalizar su formación —en su caso, vinculada al ámbito de la empresa y la gestión— y da sus primeros pasos profesionales, añade otro ángulo al diagnóstico. “Gran parte del problema está en la poca instrucción que recibimos”, sostiene. A su juicio, durante la etapa educativa apenas se informa sobre el papel y la existencia de los sindicatos, su función en la defensa de los trabajadores o cómo pueden intervenir ante situaciones de abuso. 

El retraso en la incorporación al mercado laboral es otro elemento clave: se estudia más tiempo y se accede más tarde al mundo laboral. Y la afiliación, recuerdan los sindicatos, se produce sobre todo en los centros de trabajo. “Si te incorporas de forma tardía y además lo haces con contratos temporales, en sectores precarizados o en empresas pequeñas, el vínculo es mucho más frágil”, explica Gutiérrez.

La temporalidad no solo afectan a las condiciones laborales, sino también al sentimiento de pertenencia. Los datos respaldan esa idea: entre los mayores de 45 años, la brecha por tipo de jornada casi desaparece (24% de afiliación en parcial y 26% en completa). Entre los jóvenes, en cambio, la precariedad actúa como barrera de entrada. “Donde hay estabilidad y representación, el vínculo crece”, resume Luján.

Organizar colectivamente a trabajadores que rotan, encadenan contratos o compaginan empleo y estudios es más complejo. Gal·la lo expresa de forma directa: “Siento los sindicatos un poco lejanos, como si aún no estuviera asentada para afiliarme”. Una distancia que no nace necesariamente del rechazo, sino de la provisionalidad. Samuel tampoco se ha planteado afiliarse por ahora. “No lo descarto, pero todavía no me dedico a tiempo completo a mi profesión”, explica.

“Si sufro solo, no me sirve el sindicato”

Más allá de los factores estructurales, desde el ámbito sindical se señala un cambio cultural de fondo. “La juventud vive muchas veces sus problemas laborales de manera individual”, apunta un responsable sindical. “La precariedad se sufre en casa, con ansiedad, incluso con culpa. El reto es pasar de ese ‘yo que sufre’ a un ‘nosotros’ que organiza y politiza ese malestar”.

El joven en sus primeros pasos profesionales observa esa misma lógica en su entorno. “Aunque algunas cosas no nos gustan, las aceptamos”, reconoce Samuel. “Ese conformismo, unido al desconocimiento de los derechos laborales, actúa como freno a la sindicalización”.

A ello se suman prejuicios persistentes. “Escuchamos que [los sindicatos] ‘no sirven para nada’, que ‘solo están en grandes empresas’, que ‘están politizados’ o que ‘son cosa de gente mayor’”, explica la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura. “Muchas veces esa percepción viene de fuera. Pero cuando alguien tiene un problema concreto y recibe apoyo colectivo, cambia radicalmente”.

La estigmatización también pesa. Desde el sindicato se habla de una “criminalización de la acción sindical” en un contexto de creciente crispación política que desincentiva implicarse. “Hay quien piensa: ‘No me meto en jaleos’. Ese miedo a exponerse influye”. En la misma línea, la estudiante Gal·la, lo resume así: “Deberíamos estar más motivados a sindicalizarnos y defender algo bastante compartido: que las condiciones laborales tienen que cambiar”.

Más que salario: proyecto de vida

Las preocupaciones de la juventud no se limitan al salario. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España se situó a principios de 2026 en una tasa de paro juvenil del 25%, una de las más altas de la Unión Europea. La estudiante recién graduada defiende que: “No se trata solo de cobrar más, sino de poder imaginar un futuro digno”.

Desde el ámbito sindical, la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura amplía el foco: el problema no es únicamente la precariedad, sino también la falta de oportunidades y la emigración juvenil. “Muchos jóvenes no saben si podrán quedarse, emanciparse o consolidar un proyecto de vida. El sindicalismo también tiene que dar respuesta a un modelo productivo que no ofrece certezas”, señala.

En ese contexto, cuestiones como la vivienda, la conciliación o la salud mental han ganado peso en el debate. Pero no son ámbitos aislados. “La vivienda depende del salario. La salud mental está atravesada por la precariedad. La conciliación tiene que ver con las jornadas”, explica la dirigente sindical. “El error es separar estas luchas cuando forman parte del mismo conflicto: cómo se reparten la riqueza y el tiempo de vida”.

Samuel pone el acento en otro aspecto: la comunicación. A su juicio, los sindicatos deberían revisar qué necesidades cubrían originalmente y recuperar la idea de comunidad, más allá del acompañamiento en conflictos individuales. “Hace falta reconstruir ese sentimiento de colectivo y aprovechar mejor las herramientas actuales para llegar a la gente joven”, plantea. Y añade una clave: “Hay que poner en valor lo que aporta la cohesión a la hora de defender a los trabajadores”.

Desde el sindicato insisten en que el cambio es ineludible. “Necesitamos más presencia en sectores precarios y emergentes, mayor apertura en la toma de decisiones y más pedagogía temprana sobre derechos laborales”, señala la responsable de Juventud. “El sindicalismo del futuro no puede hablar sobre la juventud; tiene que construirse con la juventud”, concluye.

Renovarse para no envejecer

Aunque el 66% de los asalariados españoles nunca se ha afiliado a un sindicato, según los datos recogidos por Funcas, los dirigentes rechazan la idea de un declive irreversible. “El sindicalismo confederal no está en riesgo de desaparecer”, afirma Gutiérrez. Pero reconoce que está en juego su modelo: uno de carácter sociopolítico, que no solo negocie salarios, sino que intervenga en debates como vivienda, sanidad o educación, frente a un sindicalismo más corporativo y fragmentado.

El desafío para los sindicatos es demostrar que, en este nuevo contexto, la organización colectiva sigue siendo útil para disputar el reparto del salario, del tiempo y del futuro. Gutiérrez apunta a la importancia de la representación descriptiva: “Si queremos conectar con la gente joven, tenemos que abrir espacios de responsabilidad a jóvenes, que hablen su idioma y compartan experiencias vitales”. Porque, como resume Nicolás Molina, “la juventud no solo quiere trabajar; quiere poder vivir con dignidad”.

La Agencia Tributaria ha abierto este martes el formulario para las ayudas previstas para profesionales y empresas que sufrieron daños por los temporales meteorológicos de comienzos de año en Andalucía y Extremadura. El Ministerio de Hacienda ha informado de que se pueden pedir desde este 17 de marzo hasta el próximo 30 de junio.

El formulario, accesible aquí en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, dará acceso a las ayudas aprobadas por el Gobierno, que alcanzan “5.000 euros para empresarios y profesionales personas físicas” y “entre 10.000 y 150.000 euros para empresas, según su facturación”, recuerda Hacienda.

“Estas ayudas están exentas de tributación tanto en IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades y son inembargables”, informa la Agencia Tributaria.

Los datos para recibir la ayuda

El Ministerio dirigido por María Jesús Montero informa de que “con el objetivo de que tanto la solicitud como la concesión de estas ayudas sea lo más sencilla y rápida posible”, se ha puesto a disposición de los afectados un formulario electrónico en el que los solicitantes deberán indicar datos básicos.

En concreto, “su nombre y apellidos, NIF, una cuenta bancaria de la que sean titulares para recibir el abono de la ayuda, y un número de teléfono de contacto, sin necesidad de aportar ninguna documentación”.

De manera previa, para la presentación de la solicitud es necesario disponer de ‘Clave’ o certificado electrónico, indica la Agencia Tributaria, que indica que, junto con el formulario, ha puesto a disposición de la ciudadanía “una serie de módulos informativos que incluyen preguntas frecuentes como quiénes pueden beneficiarse de las ayudas y un acceso directo al registro en ‘Clave’ para los solicitantes que no están registrados en el sistema de identificación”.

Posteriormente, las ayudas serán abonadas por la Agencia Tributaria mediante transferencia bancaria en la cuenta señalada por el solicitante en el formulario. “En el caso de que el solicitante quiera modificar, por ejemplo, la cuenta bancaria consignada, debe dar de baja la anterior solicitud y presentar una nueva”, explica el comunicado de Hacienda.

Cuando llegan los calçots, llega el dilema. ¿Compras un bote de romesco industrial y finges que no pasa nada o te pones diez minutos en la cocina y haces una salsa como toca? Spoiler: el bote nunca gana. Ni en sabor, ni en textura, ni en dignidad culinaria.

La salsa romesco no es una receta cerrada a cal y canto. En Cataluña conviven el romesco clásico, la salvitxada de los calçots, la salsa del xató o la romescada marinera. Todas parten de la misma idea: tomate, ñora, frutos secos, ajo, pan, aceite y equilibrio. Y ahí está la clave: equilibrio, no potencia bruta.

Un poco de contexto (sin ponernos intensos)

Todo apunta a que el origen está en la costa de Tarragona, en platos de pescadores donde el sofrito con tomate, ñora y frutos secos acabó independizándose hasta convertirse en salsa. ¿Fue antes la salsa o el plato? Nadie lo sabe. Pero sí sabemos una cosa: la romesco no debe tapar, debe acompañar.

Ingredientes (para unas 6 personas)

Cómo hacer salsa romesco paso a paso

Dificultad: fácil

Tiempo total: unos 40 minutos

Consejos para que te quede como debe

¿Con qué acompañar la salsa romesco?

Con casi todo lo que toque fuego o brasa. Calçots, por supuesto, pero también:

En resumen: si estás en temporada de calçots y compras romesco de supermercado, no es ilegal, pero sí una oportunidad perdida. La salsa se hace en casa, se ajusta al gusto y se come con las manos manchadas. Como toca.

No hace falta viajar a Japón ni esperar a los cerezos de Kioto para hablar de sakura. En Cataluña, el equivalente emocional —y paisajístico— llega cada año con la floración de los almendros en Cataluña, un fenómeno breve, delicado y absolutamente hipnótico que este 2026 se ha adelantado unas semanas. Y hay un lugar donde se vive con una intensidad especial: Arbeca, en pleno corazón de Les Garrigues.

Arbeca, cuando el invierno se rinde

Cada febrero, los campos que rodean Arbeca se transforman. Allí donde durante meses solo hubo troncos retorcidos y tierra seca, de pronto aparece un mar de flores blancas y rosadas que lo cambia todo. La floración de los almendros en Cataluña no solo anuncia que el frío empieza a aflojar, también convierte esta zona de Les Garrigues en uno de los paisajes más bellos —y más frágiles— del año.

El almendro es el primer frutal mediterráneo que se atreve a florecer. Lo hace cuando aún no está claro si el invierno ha terminado del todo, y quizá por eso su belleza tiene algo de desafío. En Arbeca, además, muchos de estos árboles son centenarios, con troncos gruesos y retorcidos que contrastan con la delicadeza casi japonesa de la flor.

Cuando cae la tarde y llega la llamada hora dorada, el espectáculo se vuelve todavía más intenso. El sol se cuela entre las raíces, las sombras se alargan y el paisaje adquiere una calma casi irreal. No es exagerado decir que aquí la sakura en Cataluña tiene acento propio.

Los mejores paisajes de almendros en flor

La singularidad de Arbeca no está solo en la cantidad de almendros, sino en cómo se distribuyen sobre una meseta abierta que permite que la luz del atardecer lo inunde todo. Las zonas más recomendables para pasear —siempre por caminos autorizados— son el Pla de la Floresta, el Pla de les Encinas, el Pla de Castellots y el Pla de les Borges.

En todos ellos, los almendros en flor en Arbeca dibujan un paisaje continuo, sin grandes desniveles, perfecto para caminar sin prisas, ir en bicicleta o simplemente detenerse a mirar. Es uno de esos lugares donde no pasa nada y, precisamente por eso, pasa todo.

Ruta de los almendros en flor: una escapada sencilla

La llamada Ruta de los Almendros en Flor es una de las formas más accesibles de disfrutar de este fenómeno. Parte del camino pavimentado entre Arbeca y la Floresta y recorre varios de los puntos más fotogénicos de la zona. Es una ruta fácil, apta para todos los públicos, y permite entender por qué Les Garrigues se ha convertido en un referente de la floración de los almendros en Cataluña.

El tramo entre Arbeca y la Floresta es, sin duda, el más espectacular: grandes extensiones de árboles en flor creando una explosión de blancos y rosas. Para quienes busquen algo más tranquilo, la carretera hacia Els Omellons ofrece campos más pequeños pero con una sensación de intimidad muy especial.

Conviene recordarlo: el acceso es libre, pero solo se puede entrar en terrenos señalizados. Este paisaje es tan bonito como vulnerable.

Mucho más que flores: una escapada a Les Garrigues

Aprovechar la ruta de los almendros en flor es también una excusa perfecta para descubrir Les Garrigues con calma. Una comarca extensa, poco poblada y marcada por campos de olivos que producen una de las variedades de aceite más apreciadas del mundo. Aquí no hay prisas ni grandes multitudes, algo que se agradece especialmente en temporada de floración.

La capital comarcal, Les Borges Blanques, y los pequeños pueblos del entorno mantienen ese equilibrio entre vida rural y paisaje que hace que la escapada funcione tanto en familia como en solitario. Y aunque la floración es efímera —febrero y principios de marzo suelen ser el mejor momento—, la sensación de haber llegado “a tiempo” se queda durante semanas.

Cuando Cataluña también florece

Febrero y marzo son meses clave para ver florecer almendros, melocotoneros y, más adelante, cerezos en distintas comarcas catalanas. Pero Arbeca tiene algo especial. Quizá sea la antigüedad de sus árboles, quizá la luz, quizá el silencio. O quizá sea que aquí la sakura en Cataluña no se vende como postal, sino que se vive como lo que es: un recordatorio breve y hermoso de que el ciclo vuelve a empezar.

Y eso, aunque solo dure unos días, siempre merece la escapada.

La costa asturiana vive este jueves su tercer día consecutivo en alerta naranja por temporal marítimo, un episodio prolongado de fuerte oleaje que mantiene al litoral bajo la influencia de mar combinada y vientos intensos. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las olas pueden alcanzar los seis metros de altura, acompañadas de vientos de fuerza 7, de entre 50 y 61 km/h.

El aviso permanecerá activo durante toda la jornada y comenzará a remitir a partir del viernes, cuando se espera que el riesgo descienda a nivel amarillo, aunque el oleaje seguirá siendo significativo, con alturas de hasta cinco metros. El sábado continuará el aviso, también en amarillo, lo que confirma un episodio marítimo más duradero de lo habitual para estas fechas.

Impacto en el litoral asturiano

La situación está dejando imágenes llamativas en puntos como Cabo Peñas, Llanes, Tapia, Cudillero o la zona de San Esteban de Pravia, donde el mar ha golpeado con fuerza durante los últimos días. Aunque no se han registrado incidentes de gravedad, varios ayuntamientos han optado por cerrar accesos a paseos marítimos, reforzar la presencia de servicios municipales y advertir a la población para evitar riesgos.

Protección Civil reitera que en condiciones de este tipo es fundamental no acercarse a espigones, acantilados ni zonas de rompiente, así como evitar la pesca recreativa o la práctica de deportes en zonas expuestas al oleaje. El consejo es especialmente importante durante las horas de pleamar, cuando el mar supera fácilmente barreras naturales y artificiales.

Un temporal que afecta a todo el Cantábrico

Asturias no es la única comunidad afectada: Galicia, Cantabria y País Vasco mantienen también la alerta naranja durante esta jornada, concentrándose el temporal en el conjunto del Cantábrico occidental y oriental. La intensidad del episodio está asociada a una profunda borrasca atlántica que continúa generando mar muy gruesa en todo el norte peninsular.

El Sindicato de Trabajadores por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha pedido en el Parlamento autonómico una comisión de investigación al Gobierno aragonés al considerar que no cumple las leyes de reducción de temporalidad.

“La aplicación incorrecta de la ley ha tenido un impacto grave y negativo en miles de trabajadores, en su mayoría mujeres mayores de cincuenta años, que no solo no han visto su derecho a la estabilización, sino que en muchos casos han sido despedidas sin recibir la compensación máxima de veinte días prevista en la ley”, ha expuesto María Pilar Remirez, miembro de STEPA, durante su comparecencia en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos.

Remirez ha explicado que el concepto de abuso de temporalidad en empleados públicos “se produce sobre las personas cuando son contratadas como temporales para cubrir puestos permanentes durante largos periodos de tiempo”. En este sentido, ha continuado diciendo que “la directiva europea obliga a definir cuando un contrato es temporal, prevenir abusos, sancionar a los empleadores y proteger al personal afectado”, algo que “no se está realizando”.

Por otro lado, Remirez ha contado que la tasa de temporalidad “mide el porcentaje de personas empleadas con contrato temporal respecto al total de personas ocupadas” y ha asegurado que “en Aragón, el resultado de la Ley de reducción de temporalidad en el conjunto del personal ha fracasado”.

“En 2021, la tasa era del 48,6 por ciento y en junio de 2025, ha sido del 47,7 por ciento”, ha señalado, al tiempo que ha añadido que “según las estimaciones podría haber más de veinte mil personas en abuso de temporalidad”. Por este motivo, Remirez ha preguntado “qué es lo que ha pasado para que no haya habido apenas variación en la tasa cuando había una ley española de obligado cumplimiento para reducirla al 8 por ciento”.

A continuación, Alberto Anuncibay Álvarez, asesor jurídico de STEPA, ha afirmado que “no existe en el derecho español ni una sola medida que dé cumplimiento a la obligación de sancionar los abusos en la temporalidad”. Además, se ha centrado en que “los concursos de méritos permiten a los empleados aportar como mérito su experiencia profesional hasta un límite de 15 años” y ha puesto como ejemplo que en “el cuerpo de administradores superiores se han convocado únicamente dos plazas para todo el Gobierno de Aragón y solo ochenta y seis aspirantes tienen más de quince años al servicio de esta administración”. “Lo que hay más allá de un claro de incumplimiento de la Ley 20/2021, es una evidente falta de voluntad política”, ha concluido.

La diputada popular María Navarro ha explicado que “cuando asumimos las funciones de la Consejería de Hacienda nos encontramos cerca de cuatrocientos procesos selectivos atascados”, una muestra de que “la anterior administración no quiso cumplir con una ley que ellos mismo habían hecho”, ha asegurado. “Hicimos un refuerzo del Instituto Aragonés de Administración Pública” que permitió “desatascar más de trescientos setenta procesos que suman cerca de dos mil novecientas plazas”, ha destacado Navarro.

Por parte del PSOE, Sergio Ortiz ha recordado que “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechaza la declaración de fijeza automática y comparte la postura defendida por España de que no cabe la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente”. Ortiz ha dicho que “desde el año 2017, en Aragón se sacaron tanto ofertas ordinarias como procesos de estabilización en los que el personal interino partía con ventaja”.

Desde Vox, Fermín Civiac ha apuntado que “ha habido claramente una voluntad política de incumplir la ley” y ha preguntado a los comparecientes “si son capaces de identificar el origen” de ello.

La diputada de CHA Isabel Lasobras ha referido que “Aragón ha arrastrado una situación de abuso estructural en la contratación temporal de personal público”, lo que “supone un deterioro evidente de los servicios”. “No se pueden hablar de unos servicios públicos fuertes si quienes los prestáis vivís la inestabilidad e incertidumbre permanente”, ha agregado.

Pilar Buj, en representación de A-TE, ha apuntado que “estamos en contra de la temporalidad y de la falta de cobertura en muchísimos puestos de la Administración aragonesa” y ha reconocido que “ha habido un abuso de la temporalidad y son muchas las personas que están atrapadas en ese círculo administrativo”.

Desde el Grupo Parlamentario Mixto, Alberto Izquierdo (PAR) ha asegurado que “la fijeza de los interinos no afectará a los funcionarios” y ha criticado que “hemos visto en muchos casos que personas que llevaban diez años realizando su trabajo han sido despedidas, maltratadas y perseguidas”.

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Rimvydas Norkus, ha indicado este jueves que la conversión en fijos de los trabajadores interinos en abuso de temporalidad es una medida “válida y proporcionada”. En sus conclusiones, remitidas al Tribunal Supremo español, advierte además de que la alternativa —un incremento generalizado de las indemnizaciones— provocaría “un colapso económico y judicial”.

El pronunciamiento avala los argumentos que desde hace años defiende el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA), que ha reclamado al Gobierno de España la aprobación inmediata de un decreto ley que garantice el derecho a la fijeza del personal en abuso de temporalidad en todas las Administraciones Públicas, incluidos los ya cesados. También pide al Ejecutivo aragonés que actúe “en la misma línea” dentro de sus competencias.

“El contundente dictamen del Abogado General demuestra que la fijeza es el único camino y la mejor solución para los afectados, las arcas públicas y los ciudadanos”, sostiene el sindicato.

“Una reparación efectiva y proporcionada”

Las conclusiones de Norkus responden a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo después de que el TJUE condenara a España por no tomar medidas efectivas frente al abuso de la contratación temporal en el sector público. El Alto Tribunal español preguntó si era obligatorio convertir en fijos a los interinos en esta situación —como ocurre en el sector privado— o si bastaría con elevar las indemnizaciones por despido, actualmente de 20 días por año trabajado.

El Abogado General considera que la legislación comunitaria no impone necesariamente la fijeza, pero subraya que esta opción es jurídicamente válida y proporcionada. Añade que el ordenamiento español no contempla una alternativa que cumpla simultáneamente con los dos objetivos exigidos por la UE: sancionar a la Administración incumplidora y compensar de forma justa al trabajador.

Según el dictamen, ni siquiera la indemnización máxima vigente en España —de 30 días por año de servicio con un tope de 24 mensualidades— garantiza una reparación efectiva y proporcionada, por lo que insta a establecer un nuevo sistema con compensaciones mucho más elevadas.

17.000 empleados en abuso en la DGA

STEPA recalca la especial relevancia del pronunciamiento en Aragón, donde estima que unos 17.000 empleados públicos se encuentran en situación de abuso de temporalidad, casi un 30% de la plantilla de la DGA. La tasa de temporalidad en la Administración autonómica se sitúa en el 46%, muy por encima de la media nacional.

El sindicato defiende que reconocer la fijeza como “personal fijo a extinguir” es una figura “plenamente constitucional y ya aplicada en casos como el del Instituto Aragonés del Agua”. A su juicio, esta medida permitiría cumplir con las exigencias europeas de reducción de la temporalidad, aprovechar la experiencia del personal afectado y “revertir el deterioro de los servicios públicos”.

Si, por el contrario, el Tribunal Supremo opta por la vía de las indemnizaciones, STEPA advierte de que el impacto económico sería mucho mayor: “Se produciría un quebranto del erario público porque al aumento de las cuantías se sumaría una avalancha de demandas”.

El sindicato recuerda además que la Comisión Europea “espera este pronunciamiento para acelerar los procedimientos de infracción contra España”, lo que, según su análisis, sitúa al Gobierno de Pedro Sánchez “en una situación de presión máxima” ante Bruselas.

Las cifras de evolución de nuestro mercado de trabajo no dejan de dar sorpresas, con nuevos resultados positivos en términos generales a tenor de los datos publicados respecto del mes de septiembre. Aunque siempre resultan mucho más fiables las estadísticas que aporta trimestralmente la Encuesta de Población Activa (EPA), las cifras mensuales de afiliación a la Seguridad Social y, en parte también, las del paro registrado, aportan un pulso complementario que vienen a confirmar las de la EPA. Por ello, merece destacar lo sobresaliente de los últimos datos de afiliación y de paro del mes de septiembre, porque nos ofrecen importantes pistas.

La primera y más significativa es que se comprueba que el empleo no deja de crecer y el paro de disminuir en un momento en el que no suele suceder así, como es el fin de la temporada turística a la conclusión del verano. Lo más relevante es que parece descartarse el diagnóstico de algunos, en el sentido de que se podría estar entrando en una fase de cierto agotamiento del crecimiento del empleo, que conduciría a su ralentización, cuando no a su congelación.

Cuando se ha producido un crecimiento espectacular del empleo en los últimos 12 años, con un incremento nunca visto del número de afiliados en 5,5 millones, con caída en paralelo del paro de 2,5 millones, sostenida en el tiempo (salvo el paréntesis de la pandemia), parecería para algunos que se estaría tocando techo. Aunque de un dato mensual es arriesgado sacar conclusiones plenas, el hecho incontestable es que el empleo ha crecido en septiembre en términos globales por encima de lo que ha sucedido en toda la serie histórica desde el inicio del siglo (de nuevo con la salvedad de la pandemia).

No parece que esto se vaya a truncar en el corto plazo, lo que indica que el crecimiento económico del PIB, que se mantiene sólido, se sigue trasladando al empleo en términos netos. Esto nos permite ser moderadamente optimistas, especialmente cuando superamos los porcentajes comparados de crecimiento del empleo en el resto de Europa, claramente inferiores a los nuestros. Las posibilidades de crecimiento del empleo por la vía de la disponibilidad de la población siguen siendo significativas, no sólo por las cifras de paro, sino especialmente porque mantenemos tasas muy bajas de ocupación entre los jóvenes y sigue existiendo un diferencial por razón de género, de modo que todavía hay 1,3 millones menos de mujeres ocupadas respecto de los hombres.

Un dato que habitualmente no se conecta y que merece destacarlo, es que la fuerte tendencia al crecimiento del porcentaje de parados cubiertos por la prestación por desempleo, alcanzando en el mes de agosto niveles del 82%, que rara vez se han alcanzado, no frena la aceptación de ofertas de empleo por los parados, pues el número de desempleados desciende de forma sensible en septiembre, algo especialmente significativo cuando se trata de un mes en el que siempre crece el número de parados. Este dato se complementa con la presencia de un elevado porcentaje de parados que se reincorporan al trabajo antes de agotar la prestación por desempleo. Esta tendencia se puede lograr en tanto que se mantenga y continuemos con un crecimiento moderado de los salarios, especialmente de los inferiores, situándose claramente por encima de la cuantía que se recibe por la prestación por desempleo.

El crecimiento del empleo se produce gracias a la inmigración, en torno al 40% del empleo creado en el último año. Nuestro crecimiento económico depende de los flujos migratorios

En estas cifras hay pautas que se repiten, lo que parece que constituyen seña de identidad de nuestro mercado de trabajo.

La más significativa de todas es que el crecimiento del empleo se produce gracias a la inmigración, de modo que en torno al 40% del empleo creado en el último año lo es de trabajadores extranjeros, cifra muy superior si la referimos a este mes de septiembre donde 2/3 del incremento de afiliados son extranjeros. Como consecuencia de ello, el número de vacantes sin cubrir en España es de las más bajas de Europa, porque las bolsas de empleo de los parados, especialmente de los jóvenes, y de la población femenina inactiva no es suficiente para atender las expectativas de empleo en nuestro mercado de trabajo.

Más aún, la situación se va a agudizar en el futuro, en la medida en que el elevado número de trabajadores que están abandonando el mercado de trabajo, por la jubilación de los baby boomers, va a exigir un gran reemplazo, de acuerdo con los últimos datos del Servicio Público de Empleo; reemplazo que sólo se podrá producir en su plenitud con la afluencia de nuevos inmigrantes.

En definitiva, nuestro crecimiento económico durante los últimos tiempos solo ha sido posible con una dimensión más fuerte que el resto de Europa, y sólo lo podrá seguir siendo en el inmediato futuro, con nuevos flujos migratorios, que atiendan a las necesidades de nuestro mercado de trabajo que no pueden ser atendidas sólo por los residentes. Tomemos nota de todo lo que estamos poniendo en juego con el extendido discurso distorsionado antiinmigración, cuando los flujos de extranjeros constituyen un fenómeno que acaba favoreciéndonos a todos.  

Otra de las señas de identidad de nuestro mercado de trabajo, deducido de los últimos datos, es la tónica general de un proceso cíclico anual de altibajos, muy condicionado por la estacionalidad del mercado de trabajo. A pesar de que se compensen unos y otros sectores, seguimos muy condicionados por el crecimiento/destrucción del empleo en sectores tales como la hostelería y el comercio en conexión con la actividad turística. Esto se complementa con el hecho de que estos procesos cíclicos anuales sean más intensos en los territorios más expuestos al modelo de economía estacional turística y menos en los otros, que por añadidura son los de crecimiento económico más sólido. Septiembre es un mes emblemático a estos efectos, por coincidir con la finalización de la temporada de verano, que después se corrige en el global con el tirón de otros sectores, resultando especialmente significativos para explicar las cifras finales de crecimiento. La tendencia en los últimos tiempos a que la actividad turística se extienda más allá del verano corrige sólo parcialmente los cambios de empleo a lo largo del año, rasgo claramente diferencial respecto de otros países.

A pesar del éxito de la reforma laboral, la sustancial caída de la temporalidad no se ha reflejado con la misma intensidad en la rotación de la contratación laboral, que sigue siendo muy elevada

A pesar de que el éxito de la última reforma laboral haya provocado una caída sustancial de la temporalidad, a favor del incremento de la contratación por tiempo indefinido, ello no se ha reflejado con la misma intensidad en la caída de la rotación de la contratación laboral, que sigue siendo muy elevada. Esta situación resulta comprensible respecto de los sectores intrínsecamente estacionales (hostelería y comercio), pero no se encuentra justificado en relación con otros sectores emblemáticos también por su rotación laboral. A título de ejemplo, septiembre siempre es un mes de fuerte incremento de empleo en la enseñanza, sobre todo en la privada no reglada, que justamente es donde más contrataciones se han producido este mes, incluso superior a la de otros años. Pero este fuerte incremento también se ha debido a una previa fuerte destrucción de empleo al final de junio. La inestabilidad y alta rotación en el empleo en la enseñanza es menos justificable por razones de estacionalidad; así, todavía hay recorrido para reducir las tasas de temporalidad en este sector, claramente injustificadas, en especial cuando en algunos casos se podría acudir mucho más a la figura del fijo discontinuo, que tanta virtualidad presenta, a pesar de que sea denostada por algunos sin mucho argumento ni aportación de datos.

Como contrapunto a lo anterior se comienzan a percibir algunos elementos de corrección al tradicional fuerte peso de la estacionalidad en nuestro mercado de trabajo, que afianzan a su vez la solidez de nuestra economía. Así, en los últimos datos se confirma que paulatinamente se está produciendo la consolidación del crecimiento del empleo en ciertos sectores alejados de lo estacional y con proyección de futuro. En unos casos, se trata de empleos vinculados a nuevas actividades económicas, donde destaca el sensible incremento en el último período, que se confirma en septiembre, del empleo cualificado en profesiones técnicas y científicas. En otros casos, se trata de sectores más tradicionales, pero igualmente de empleo más desestacionalizado, como es el transporte y la construcción, donde septiembre confirma una línea de tendencia que ya se venía detectando en los últimos tiempos.

Un último factor al que no se suele destacar, y que me parece importante, es que el tirón del empleo se está concentrando cada vez más en las empresas de medianas y grandes dimensiones, lo que de nuevo se confirma con los datos de septiembre. Se trata de algo que por algunos se suele presentar en negativo, por el hecho del escaso crecimiento de empleo que se detecta en las microempresas, pero que para mi resulta especialmente positivo. Especialmente positivo porque el crecimiento de las dimensiones de nuestras empresas tiene efectos beneficiosos desde todos los puntos de vista, tanto para la solidez del crecimiento económico y de la productividad, como de las mejores condiciones de trabajo de quienes se emplean en ellas.

Al final, el balance que se obtiene de los últimos datos de empleo resulta esperanzador, permitiendo mantener unas buenas expectativas cuando menos para el inmediato futuro.

Comisiones Obreras ha advertido este martes que la hostelería “no puede ser la salvación del empleo en Cantabria” y ha considerado “urgente” apostar por sectores con menor temporalidad.

El sindicato ha valorado los datos del paro del mes de agosto, que muestran un aumento de 185 personas, un 0,69% más que el mes anterior, lo que eleva la cifra hasta un total de 27.156 desempleados en la comunidad, si bien ha registrado un incremento inferior al del conjunto del territorio, donde el repunte ha sido del 0,91% -con un total de 21.905 personas paradas más-.

En términos interanuales, el desempleo ha descendido en Cantabria en 1.692 personas, un 5,87% menos, la cifra más baja en un mes de agosto desde 2008.

Según CCOO, el “único dato positivo” de la estadística es el descenso que se ha producido entre las personas mayores de 45 años, con 31 mujeres y 31 hombres menos en desempleo, única franja de edad en la que no se incrementa el paro, “saliendo de su tónica habitual”.

No obstante, la secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla, ha precisado que se trata de un colectivo “con claras dificultades de inserción y tendremos que observar el comportamiento del desempleo en este rango de edad durante los próximos meses y el impacto en el desempleo de las políticas activas que actualmente nos encontramos negociando con el Gobierno de Cantabria”.

En cuanto a los sectores de actividad, el paro aumenta en todos --excepto en el colectivo sin empleo anterior, con ocho personas menos--, un dato que, para Lombilla, muestra que “la hostelería no puede ser la salvación del empleo en Cantabria y debe apostar por otros sectores con menor temporalidad” ya que, de nuevo, servicios aglutina la mayoría de la subida del desempleo, con 145 personas paradas más que el mes anterior, el 78,38% de la subida total.

Para CCOO, la “mejor noticia” del empleo en agosto la ofrece la afiliación a la Seguridad Social, donde la comunidad ha vuelto a batir su récord histórico, con 243.351 afiliados en el último día de mes, 354 más que en julio. En este sentido, Lombilla ha subrayado que “se produce la controversia de que la comunidad tiene más paro que el mes anterior y, a su vez, más cotizantes que nunca”.

En cuanto a la contratación, ha recordado que la indefinida ha representado el 23,22% del total de contratos firmados, una cifra que se “nota especialmente” en los sectores de servicios, con 6.507 menos, y en la industria, con 619 contratos menos.

Así, la secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria ha apuntado que “hay cuestiones que siguen alejando a la comunidad de los objetivos que necesita la población trabajadora, como la estabilidad en el empleo”.

UGT La Rioja pide al Gobierno de La Rioja que asegure la contratación de 22 bomberos forestales y “ser referente en la protección de estos profesionales”. Y es que desde UGT Servicios Públicos aseguran que “resulta imprescindible dotar al operativo de más recursos humanos y materiales ante el aumento tanto en número como en magnitud de los incendios forestales”.

Por todo ello instan al Ejecutivo regional que en los prósximos presupuestos de La Rioja para 2026 se incluya una partida específica “destinada a la creación de una nueva unidad de Bomberos Forestales en la zona de las Viniegras, con gestión pública directa, para reforzar de manera efectiva la capacidad de respuesta”.

Para la formación sindical es importante “acabar con la temporalidad de las 22 plazas de fijos-discontinuos” por lo que reclaman la conversión en plazas estables durante todo el año. “Este mes de septiembre culmina el proceso iniciado orientado a consolidar a este personal y a reforzar las plantillas para que los bomberos forestales presten servicio durante los doce meses, y no únicamente en los meses de verano, una medida que parece que el director general de Medio Natural, Ignacio Sáenz de Urturi, parece dispuesto a asumir”.

Asimismo, UGT Servicios Públicos ha reclamado que se inicie de inmediato el proceso de funcionarización, tal y como recoge la Ley de Función Pública de La Rioja. “Se trata de un compromiso ya asumido por la Administración que debe reflejarse en el Decreto de Integración, con el objetivo de que los Bomberos Forestales pasen cuanto antes a formar parte de las dos nuevas escalas funcionariales creadas por ley”.

Esta propuesta tiene como horizonte el 2026, “fecha en la que debería hacerse efectiva esta medida, reconociendo así la capacitación, la formación y el trabajo incansable que los bomberos forestales han desarrollado en defensa del patrimonio natural y de los municipios riojanos. Este reconocimiento debe traducirse en una mejora retributiva y en un estatus profesional acorde a la realidad de sus funciones”.

Además, está sobre la mesa la Ley Básica de Bomberos Forestales, que reconoce la dureza de este trabajo y contempla factores de peligrosidad, esfuerzo físico, toxicidad, morbilidad, penosidad y riesgos psico-físicos en la configuración de sus retribuciones y condiciones laborales. Norma, añaden, que también “contempla la creación de plazas que garanticen una segunda actividad para quienes vean reducida su capacidad, así como la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores”.

En definitiva, UGT Servicios Públicos pretende que “La Rioja se sitúe como un ejemplo a nivel nacional en la defensa de sus bomberos forestales”. Y exigen “ahora que estamos a tiempo, asuma con seriedad este reto y convierta a nuestra comunidad en un modelo a seguir, evitando que se repitan en nuestro territorio las tristes imágenes que hemos visto en otras comunidades autónomas”.

El porcentaje de temporalidad en el Gobierno de Aragón es del 45,9%, según el último “Boletín estadístico del personal al servicio de la comunidad autónoma de Aragón”. Estos datos oficiales contrastan con los difundidos por el consejero de Hacienda y Función Pública, Roberto Bermúdez de Castro, que informó en noviembre de 2024 en las Cortes de Aragón en las Cortes de Aragón de una “rebaja histórica” del número de interinos, asegurando que en 2024 se había reducido al 30%. Dato ratificado por el director general de Función Pública, Antonio Villacampa, que calificó el abril el impulso “histórico” logrado para rebajar la temporalidad al alcanzar un 30% y fijo un objetivo del 20% al acabar el año.

En la fecha del último Boletín, en diciembre de 2024, la plantilla de la Administración autonómica estaba compuesta por 60.437 trabajadores, 27.713 temporales (45,8%) y 32.724 fijos (54,2%). En el momento de las últimas elecciones autonómicas y el inicio de la presidencia de Azcón, en junio de 2023, estos mismos datos eran 59.800 trabajadores y 30.500 temporales, el 51%, por tanto, la reducción en estos dos años ha sido de un 5%.

Ante estas cifras, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denuncia que los datos oficiales “ponen de manifiesto el absoluto fracaso de la política de gestión de personal del Gobierno de Jorge Azcón y el PP, pese a los ilegales despidos masivos de temporales en abuso y las declaraciones triunfalistas, que han situado este índice incluso en la mitad del ahora demostrado”. Exponen que el “índice de temporalidad apenas se ha reducido en un 5%. Además, el documento no especifica cuántos de estos temporales llevan más de tres años en sus puestos y, por tanto, están en fraude de ley, cerca de 17.000”.

El informe que recoge estos datos se publica de forma semestral, aunque en esta ocasión ha habido un retraso y el correspondiente a diciembre de 2024 fue publicado el 10 de julio. El sindicato considera que esto es “una muestra más de la caótica gestión y falta de transparencia en Función Pública”. Consideran que se ha publicado “fuera del periodo de sesiones de Cortes y en plenas vacaciones, en lo que parece un retraso deliberado para esconder sus falsedades e incumplimientos legales, como el de realizar un mapeo de los trabajadores en abuso de temporalidad”.

STEPA ha señalado también noticias recientes, como los cientos de plazas docentes que han quedado sin cubrir en las últimas oposiciones, para incidir en que los reiterados anuncios desde el Gobierno de Aragón sobre las ofertas públicas de empleo convocadas son “solo falso autobombo” y la repetida meta de llegar a fin del presente año a un 20% de temporalidad “una quimera”. También ha subrayado “el incumplimiento flagrante de la ley por el Gobierno de Aragón”, que fija un máximo del 8% de contratos temporales, y ha recordado que la falta de acción contra el abuso de temporalidad en el sector público ya ha supuesto para España un recorte de 626 millones en los fondos europeos NextGen, y que mantener esta situación dará lugar a nuevas sanciones. Por ello, ha reclamado “un giro total de una política con graves consecuencias para toda la ciudadanía”.

Temporalidad en la DGA

El Boletín estadístico revela que a 31 de diciembre de 2024, la plantilla de la Administración autonómica estaba compuesta por 60.437 trabajadores, de los que 27.713 (45,8%) tenían contrato temporal y 32.724 eran fijos (54,2%). Por sectores, la temporalidad es especialmente alta en Administración General (48,6), frente a Educación (46,8%) y Sanidad (44,9%).

Respecto al anterior Boletín, de junio de 2024, la temporalidad se ha reducido en un 1,8%. Sin embargo, en ese momento en la plantilla había 562 empleados más, “lo que muestra que la mayor parte de este resultado se ha conseguido con ceses de personal temporal cuyos puestos no se están cubriendo. ”En diciembre había menos trabajadores públicos que en junio en los servicios generales, en Educación y en Sanidad; pero es evidente que no se necesitaba atender menos necesidades, Función Pública solo busca maquillar los datos de temporalidad con ceses ilegales, aun a costa de cargarse y deteriorar gravemente servicios públicos, como muestran las constantes polémicas de plazas sin cubrir y servicios atascados“, afirma STEPA.

En junio de 2023, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno de Aragón, el número de empleados públicos temporales superó al de fijos y llegó a suponer el 51% de la plantilla; así que la reducción ha sido de cinco puntos; “un porcentaje que supone un total fracaso según la ley, que imponía como obligación no superar el 8% a fin de 2024, con la Ley 20/21 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad, que el Gobierno de Aragón ha incumplido por completo”, exponen.

Para STEPA, el dato más “sangrante” de la gestión del Gobierno de Jorge Azcón es la destrucción de plazas en la Administración General. En su mandato, el número total de trabajadores en la DGA, ha aumentado en 643 personas; pero han sido más las suprimidas en este sector, que tiene 660 empleados menos, “y es la causa del atasco en servicios básicos”.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón recalca que, según los datos de la EPA, en el cuarto trimestre de 2024 la tasa de temporalidad en España fue del 15,5%: el 12,4% en el sector privado y el 28,8% en el público. El sindicato destaca que la tasa de temporalidad en la DGA triplica la del sector privado y supera también a la media de otras administraciones públicas.

Un grupo de profesores de Secundaria del instituto de uno de los barrios más castigados socialmente de Catalunya ha dicho basta contra la inestabilidad histórica que padecen los educadores e integradores sociales. Desde el corazón de los bloques de La Florida, en L’Hospitalet de Llobregat, la plantilla del centro Eduard Fontserè ha ido este martes a la huelga para exigir que estos profesionales –dos, en su caso– ocupen plazas fijas en el sistema educativo.

La educadora Tània Moriana y la integradora Elena Aracil son las dos técnicas del equipo social cuyo futuro pende de un hilo. Explican que durante tres años se han podido ganar la confianza de los adolescentes, que mayoritariamente pertenecen a familias vulnerables, y han contribuido a reducir lacras como el absentismo escolar o la conflictividad casi caso por caso, alumno por alumno. Pero el año que viene se ven fuera del Fontserè.

Su contratación forma parte del Plan de Mejora para las Oportunidades Educativas (POEM) impulsado por la Generalitat tras el covid y que finaliza este verano. El Departament de Educación asegura que está diseñando un nuevo programa, de nuevo temporal y ahora para dos cursos, para mantener estos apoyos educativos. Pero no será con los mismos profesionales, ya que las plazas no son estructurales. Y esto es lo que ha rebelado a la plantilla del instituto Eduard Fontserè.

“Conseguir que los chavales o sus familias se abran y confíen en ti requiere tiempo, un trabajo de lluvia fina cada día, y para conseguirlo los profesionales tenemos que consolidarnos en los centros”, denunciaban Moriana y Aracil este martes desde la Plaza de los Bloques del barrio, conocida en los últimos tiempos por ser escenario de los vídeos del rapero Morad. Allí han trasladado los docentes y el personal de administración del centro la protesta, en la que han participado también sindicatos, partidos y la asociación de vecinos.

Con unas 30 nacionalidades distintas entre su alumnado, en el barrio más densamente poblado de Europa (30.000 habitantes en 0,4 km2), el Eduard Fontserè es un instituto de “máxima complejidad” que no es ajeno a la emergencia social de su entorno. Algunos de sus profesores participan además en una plataforma antidesahucios como las de otras ciudades catalanas. “Esta semana hay tres o cuatro; ayer ejecutaron uno, y en todos había menores”, señala Gerard de Josep, profesor del centro.

De Josep defiende que educadores e integradores sociales puedan trabajar a largo plazo en institutos como el suyo, no solo para conocer a alumnos y familias, sino también los recursos del barrio. “Hay procesos de urgencia que no se pueden abordar con eficacia si no conoces los recursos, que es lo que te permite tirar de un hilo u otro para atender las problemáticas que aparecen”, señala este docente.

Para el claustro, el equipo social –que forman Aracil, Moriana y una tercera integradora que sí es fija– es fundamental para descargarles de todas aquellas atenciones que no son académicas y que se comerían gran parte de su día a día. “Si atiendes solo a lo urgente, a la vida material y emocional de tus alumnos, la tarea docente acaba siendo asistencial y se perpetúan las desigualdades”, señala De Josep.

En negociaciones para mantener el programa

El Eduard Fontserè ha sido el único por ahora que ha levantado la voz, pero hay más centros de Primaria y Secundaria en su misma situación. Como mínimo unos ochenta, al rededor de toda Catalunya, en los que se crearon las 85 plazas de educadores sociales que ahora hay que renovar. Todos ellos colegios de máxima complejidad.

El caso se remonta al curso 2020-2021, el primero tras el confinamiento por el covid. El Departament de Educación –entonces en manos de ERC– puso en marcha el Plan de Mejora de Oportunidades Educativas (POEM) con el que lanzó varias medidas de refuerzo para alumnos de entornos desfavorecidos, desde formación a familias a programas de acogida para recién llegados. También la contratación de educadores e integradores.

Con financiación de los Fondos Next Generation, la incorporación de estos profesionales se hizo para tres años. Y hay que renovar el programa antes de septiembre. Educación, ahora en manos del PSC, celebrará una reunión el próximo 1 de julio con el Colegio de Educadores Sociales de Catalunya para abordarlo. “Se están haciendo los trámites para que pueda aprobarse con acuerdo de Govern la puesta en marcha de un nuevo programa, ya que el anterior no se podía prorrogar”, apuntan fuentes de Educación.

De cara a ese encuentro, y en la línea de lo que piden los profesores de l’Hospitalet, el Colegio de Educadores exigirá que las plazas no sean solo de dos años más, sino permanentes. “La estabilidad mejora el servicio y la atención educativa”, proclama Olga Giner, de la junta de la entidad. “No tiene sentido que los profesionales se tengan que marchar justo cuando han creado el vínculo con alumnado, claustro, familias y entidades”, argumenta.

Además, recuerda que la Generalitat ya ha contratado a educadores sociales con plaza fija recientemente. Se trata de las 52 dotaciones anunciadas por el Govern el pasado mes de enero para combatir el abandono escolar prematuro con alumnos de 4º de la ESO.

Más convivencia y menos absentismo

El día a día de Moriana y Aracil es difícil de describir hasta para ellas mismas, reconocen. Cada jornada puede ser distinta, igual que son diversos los problemas que pueden atenazar a los alumnos. Pero hay dos ejes en los que están especialmente orgullosas de haber intervenido: la reducción del absentismo escolar y la mejora de la convivencia.

El equipo social forma parte de la comisión de convivencia, que es la que se encarga de prevenir y mediar en conflictos. “Muchas veces detectamos mucho malestar emocional, ya sea en alumnos recién llegados, que cargan una mochila importante y no saben gestionarlo, o sencillamente porque la adolescencia es un momento vital de mucha efervescencia”, apuntan.

En este sentido, los adolescentes agradecen tener figuras y espacios que consideran “seguros”, en los que poder hablar de sus miedos. Pero de nuevo hace falta tiempo para construirlo. “Esto no consiste en apretar un botón y hala, a hablar de lo que te pasa. Esto lo tienes que crear poco a poco”, advierten.

En cuanto al absentismo, también han conseguido reconectar con el centro a alumnos que se habían desvinculado. “Eran jóvenes que no venían, en familias en las que no daban valor a la educación, y hemos trabajado conjuntamente con ellas para que vean que es importante que vengan al centro y echen raíces”, concluyen.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Nosotros estamos lamentando la pérdida de una persona ejemplar como José Mujica. Sus discursos sobre lo tóxico del materialismo capitalista, la lucha por la justicia social y el cuidado del medio ambiente deberían ser recordados y enseñados en las escuelas.

Mujica era un gran defensor de lo público. Las instituciones públicas son fundamentales para crear sociedades menos desiguales y menos precarias para los que menos tienen. Aquí juegan un papel fundamental los organismos reguladores, una salvaguarda para que las empresas no conviertan a la sociedad en el salvaje oeste donde siempre saldrían perjudicados los consumidores. Pero, ¿qué pasa si los reguladores no funcionan adecuadamente?

Pues que tenemos sistemas débiles que no protegen a los ciudadanos. A falta de saber cuáles han sido las causas del gran apagón, que llevo a al país al cero absoluto, lo que parece claro es que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que debía velar por el buen funcionamiento del mercado, no ha hecho los deberes. 

De momento sabemos que la CNMC analiza desde 2021 cambiar una norma “obsoleta” para que las renovables den “estabilidad” a la red. Red Eléctrica lo pidió en 2021 y tras dos pruebas piloto que revelaron “fuertes impactos económicos” cerró en diciembre una consulta para actualizar un “servicio de control de tensión” en el sistema peninsular. En la búsqueda de una causa sobre el apagón se ha resaltado que las renovables no tengan sistemas de estabilidad de la red. Según la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, la UE les obligó a lanzar un “proyecto piloto”.

Por otro lado, Competencia reconoció en julio de 2022 “problemas continuos de control de tensión” en la red eléctrica peninsular. Lo hizo un año después de que REE le pidiera cambiar una norma para abordar este problema. 

Hay que recordar que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, explicó que el comité que investiga las causas del histórico apagón del pasado 28 de abril analiza “desconexiones que pueden ser por sobretensión como elemento desencadenante de la caída en cascada”. Este miércoles en el Congreso, Aagesen ha argumentado que las pérdidas de generación previas al histórico apagón del pasado 28 de abril “empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla”.

Hay que recordar que la CNMC ha estado en una situación de interinidad hasta hace relativamente poco. En enero por fin se llegó a un acuerdo en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso por el que se conseguía la renovación del organismo regulador que tenía dos consejeros con el mandato vencido desde 2023 y había tres puestos vacantes.

Un organismo como la CNMC, que vela por la libre competencia y regula los mercados, especialmente uno tan complejo y con tantos intereses como el energético, no puede estar en una situación tan precaria durante tanto tiempo. Para que una sociedad sea libre es necesario que estas instituciones públicas sean sólidas y solventes para asegurar que se cumplen las reglas del juego en la economía de mercado. Si no mantenemos con salud a los reguladores, el sistema enfermará. El apagón es un síntoma. 

El dato

167.700 temporales y fijos discontinuos fraudulentos

se han convertido en indefinidos tras la intervención de la Inspección de Trabajo en el año 2024. Se trata de un 18% más que en 2023. Es parte de la estrategia que el Ministerio de Trabajo inició en 2018 con el envío masivo de cartas “informativas” a empresas, que ha intensificado en los últimos años con buenos resultados desde la primera fase. En 2022, primer año de aplicación de la reforma laboral y cuando empezó a desplomarse por primera vez el uso del contrato temporal, el dato fue mucho más elevado: 257.124 contratos convertidos en indefinidos. La Inspección de Trabajo acaba de lanzar una nueva campaña contra este fraude en la contratación, el primer Plan de Choque de 2025, que alcanza a más de 30.000 empresas y alrededor de 54.000 puestos de trabajo. En este enlace te explicamos que la Inspección de Trabajo convirtió en indefinidos a 167.700 temporales y fijos discontinuos fraudulentos en 2024.

El gráfico

 Se van dando pasos pero lentamente. Aquí tenemos una de las razones por las que es tan necesaria la Ley de la reducción de la jornada laboral. La norma contempla cambios en el registro horario con el objetivo de aumentar los controles y garantizar que se cumplen las jornadas de los trabajadores. Hay 2,6 millones de motivos, que son las horas extra no remuneradas a la semana. El fraude de las horas extraordinarias no pagadas alcanza a unas 400.000 empleados, sin que haya habido cambios en el número de los afectados en la última década. Aquí te contamos que pese a que las horas extra pagadas aumentan, el abuso de trabajar gratis afecta aún a 400.000 empleados.  

 Estas mejoras en el mercado de trabajo, tanto en la reducción del fraude de la temporalidad como el incremento de las horas extra pagadas tiene un impacto directo en el incremento de la renta real de las familias. No es que esté todo arreglado porque todavía se podría mejorar más el nivel salarial de los españoles, pero se están dando pasos. Los ingresos disponibles de los hogares de nuestro país, tras descontar la inflación y los impuestos, se han incrementado y superan en cinco puntos los niveles previos a la crisis de inflación. Alemania o en Francia han progresado menos de la mitad mientras que Italia se ha estancado. Aquí te explicamos cómo la OCDE constata una destacada recuperación de los ingresos de los hogares en España desde 2022 por el récord de creación de puestos de trabajo.  

Entrepreneur

Nuestro entrepreneur de la semana ya ha tenido cierto protagonismo en las informaciones de elDiario.es. Se trata de César Blanco, miembro de la junta directiva de la CEOE y ex dirigente del PP de Ourense del polémico José Manuel Baltar. Sus empresas se han adjudicado cerca de cien millones de euros en subvenciones públicas y contratos de diferentes Administraciones con una firma en Panamá. Este país está en la lista negra de guaridas fiscales de la UE. Ahora la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) investiga los contratos adjudicados por la patronal a dos sociedades del empresario gallego. Aquí te contamos cómo Hacienda ha puesto en su punto de mira los contratos de la CEOE con un miembro de su directiva y exdirigente del PP gallego.

Cada vez que habla sube el pan

La respuesta política más adecuada a los posibles riesgos para la estabilidad de precios derivados de la expansión fiscal y el proteccionismo es mantener la firmeza y los tipos de interés cerca de sus niveles actuales, es decir, firmemente en territorio neutral

Isabel Schnabel — Representante de Alemania en el BCE

Alemania sigue con su plan para seguir ahogando a las familias y las empresas con altos tipos de interés. Su responsable en el Banco Central Europeo (BCE), Isabel Schnable, es una de las halcones más duras que insiste en mantener una política monetaria restringida. De hecho, su posición sobre el territorio neutral de los tipos de interés choca con la posición de la presidenta del BCE. Mientas que Christine Lagarde sitúa este nivel de equilibrio entre el 1,75% y el 2,5%, Schnabel amplía el rango del 1,5% al 3%. La responsable de Alemania trata de evitar en cada reunión que se bajen los tipos, aunque la hoja de ruta del BCE incluye nuevas bajadas de los tipos hasta el 1,75% ante la expectativa de que la inflación caiga por debajo del objetivo teórico del 2% interanual en 2026. Aquí te explicamos cómo el BCE prepara dos recortes más de los tipos de interés este año hasta dejarlos por debajo del 2%.

Bien Público

En plena ola racista y xenófoba los datos defienden la necesidad de los inmigrantes para el crecimiento de las economías europeas. Por mucho que los ultras se empeñen los inmigrantes hacen falta como mano de obra en la Unión Europea. Un informe del Banco Central Europeo apunta que “el aumento de sus tasas de empleo [de los extranjeros], junto con el aumento de la migración, ha impulsado significativamente el PIB real” de los países europeos. La contribución de los inmigrantes al crecimiento del PIB es especialmente importante en España, la gran economía de la eurozona que más ha avanzado desde 2019 y donde el mercado laboral está estableciendo un récord tras otro de personas afiliadas a la Seguridad Social, hasta superar los 21,5 millones en abril. Es relevante ya que se vuelve a demostrar que la llegada de inmigrantes no se traduce en menos empleo, sino lo contrario. No roban puestos de trabajo, crean riqueza. Más información sobre cómo  la inmigración impulsa el crecimiento del PIB europeo, sobre todo en España, en este reportaje de Daniel Yebra. 

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Llegamos al final del boletín. Nos vamos recordando las enseñanzas de José Mujica: “La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos” o “hemos nacido sólo para consumir y consumir y cuando no podemos, cargamos con la frustración, la pobreza y hasta la autoexclusión”. Volveremos el próximo jueves con más noticias y análisis económicos. Hasta entonces tienes toda la información en elDiario.es y nos puedes escribir con tus propuestas o ideas a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

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El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha pedido “auxilio” al ministro de Función Pública, Óscar López, ante el incumplimiento por el Gobierno de Jorge Azcón de la ley nacional que obliga a acabar con el abuso de la contratación temporal en la DGA y compensar a sus víctimas. Con una acción de protesta han denunciado ante el ministro la “insumisión legal” del Gobierno de Aragón y han reclamado la intervención del Gobierno de España para “acabar con una injusticia con miles de perjudicados”.

Con motivo de la visita del ministro responsable de las Administraciones Públicas a Binéfar, donde ha clausurado el XII Foro Rural, los representantes de STEPA han formado con pancartas la palabra “Auxilio” y le han entregado una petición resumiendo la situación que sufren los empleados temporales en Aragón, y sus consecuencias para todos los ciudadanos, y le han demandado “compromiso para abordar esta situación de manera justa y efectiva”. El ministro se ha mostrado receptivo y ha conversado varios minutos con los delegados sindicales, antes de participar en el foro.

El sindicato –tercera fuerza en la Administración General autonómica junto a CATA– ha explicado que han dado este paso por la total negativa del Gobierno de Aragón a cumplir con la Ley 20/21, que obliga a que las plazas públicas para atender necesidades permanentes deben estar cubiertas con personal fijo, y a compensar a quienes han sufrido años de contrataciones temporales en estos puestos con concursos de estabilización.

Así, el límite legal de temporalidad fijado es del 8%, mientras que el de Aragón llega, según el último boletín estadístico de personal publicado, al 47,6% (más de 29.000 trabajadores sobre un total de 61.000). Mientras el Gobierno de Jorge Azcón “intenta maquillar los datos mediante ceses ilegales de interinos con décadas de experiencia, derivando en el actual deterioro de los servicios públicos”.

STEPA señala que la principal causa de esta excesiva temporalidad es “el incumplimiento por parte del Gobierno de Aragón de la aplicación de las leyes de estabilización, al no haber identificado adecuadamente las plazas, no ejecutar a la fecha legal de 31 de diciembre de 2024 la totalidad de los concursos de méritos y haber, durante años, publicado y ejecutado unas escasas ofertas de empleo público”.

Tres demandas para el Gobierno de España

Ante esta situación, el sindicato ha reiterado que la solución pasa por el cumplimiento estricto de la normativa y las sentencias europeas, “antes de que los Tribunales obliguen a hacerlo, con las consecuencias económicas por sanciones e indemnizaciones”. Para ello demanda, junto a otros sindicatos que defienden a los interinos, una Ley de punto final nacional, “que obligue a las Administraciones Públicas a reconocer la situación de abuso que afecta a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores del sector público, garantizando su estabilidad laboral y sancionando a las administraciones abusadoras como la aragonesa”.

La petición al ministro de Función Pública reclama así “el apoyo del Gobierno en el marco del Proyecto de Ley de la Función Pública, el reconocimiento de la figura  ”fijo a extinguir“, a través de las enmiendas presentadas, para quienes hayan superado los límites legales de temporalidad o encadenado contratos sin justificación. Y que el  personal cesado en situación de abuso de la temporalidad tenga derecho a estabilizar su puesto, siempre que haya  recurrido administrativa y/o judicialmente su cese”.

Igualmente solicita una auditoría a las Administraciones “que como el Gobierno de Aragón, no han alcanzado el 8% de temporalidad legal fijado para el 31 de diciembre de 2024. En caso de que se observe la falta de identificación de plazas que cumplen con la Ley 20/21 o una cantidad claramente insuficiente, exigimos que se lleve a cabo una ampliación de plazas mediante un concurso de méritos”.

Finalmente, demanda a Óscar López “negociar directamente con los sindicatos y plataformas que representan al colectivo de personal público temporal, ya que son los interlocutores válidos que han demostrado su compromiso en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras más vulnerables frente a los sindicatos mayoritarios”.

STEPA subraya que este es el único camino para “evitar sanciones de la Comisión Europea por el incumplimiento de su normativa y para lograr un servicio público de calidad y eficiente”.

En Bruselas no son ajenos al problema de los interinos. En los últimos años, la Comisión Europea ha abierto varios expedientes a España por el abuso de la temporalidad en el sector público así como por la discriminación de esos trabajadores en asuntos como los permisos y las vacaciones frente a los funcionarios. La gran victoria llegó de la mano del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con sendas sentencias que pusieron coto al abuso de los interinos. Pero la batalla continúa y, a pesar de algunos pasos que se han dado en los últimos tiempos para la regularización de los interinos, representantes de CGT la han elevado a Bruselas para que “actúe” contra España.

“Le pedimos a la Comisión la ejecución directa”, señala la secretaria general de la federación de administraciones públicas de CGT (FETAP), Arantza Alfaro, que exige que “cese la temporalidad”. La queja que tienen los representantes de ese sindicato es que la Comisión Europea no haya adoptado medidas concretas contra España, a pesar de los incumplimientos de la directiva que regula las condiciones de empleo público. Lo que ha lanzado Bruselas son expedientes de infracción, pero no ha llegado a elevar el asunto a la justicia europea.

“Necesitamos que actúen ya, si hace falta poner las multas, que las pongan hoy, no mañana”, agrega Alfaro, que recuerda que cuando ha pasado “con temas importantes” o “en otros países” se ha actuado. “Se puede hacer. No podemos seguir esperando”, ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de reunirse con la Comisión Europea: “Que no entren más personas de forma temporal sin tener ninguna consecuencia”.

Un ejemplo que ponen en CGT es la premura con la que se actuó en el caso de la directiva europea de protección de datos para las administraciones públicas que se adoptó en 2016 con un periodo de transposición de dos años. En ese caso, Bruselas elevó la infracción de España al TJUE, que en 2021 impuso una multa de 15 millones de euros y 89.000 euros por cada día de incumplimiento.

El gabinete de la comisaria de Derechos Sociales y Empleo, Roxana Minzatu, les ha trasladado que las conversaciones sobre los interinos, incluido el resarcimiento a las personas por su situación de abuso, están muy avanzadas, según fuentes del sindicato.

“Ya no estamos en el momento de pedir explicaciones al Estado español, sino a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de febrero del año pasado, vamos a pedir explicaciones a la Comisión Europea y pedir responsabilidades a del Tribunal General, a la Unión Europea, por los daños y perjuicios”, señala el abogado Josep Jover, que presentará cuatro demandas ante el Tribunal General de la UE (TGUE) para que la Unión Europea resarza el daño patrimonial que han sufrido trabajadores interinos de larga duración. Uno de los casos que cita es el de una interina de la bolsa de trabajo de educación que reclamará 65.000 euros

“Si lleva más de un cuarto de siglo aplicarse una directiva, algo de responsabilidad tendrá que tener la Unión Europea”, dice Jover, que considera que la Comisión Europea debería “espabilar” con la presión a España y si no deberá “indemnizar por los daños que ha producido”.

Lo que consideran es que se puede interpretar el artículo 340 del Tratado de Funcionamiento de la UE para reclamar indemnizaciones a la UE por la dejación de funciones en la vigilancia del cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de contratación en el sector público. “En materia de responsabilidad extracontractual, la Unión deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros”, señala ese apartado.

“Es importante que tengamos claro que se han abierto puertas, ha habido regularizaciones, pero también con nosotros han utilizado lo que yo llamo la teoría del fuet, es decir, van cortando trozos hasta que no haya presión. La sorpresa por parte de ellos es que la presión no ha cedido, ni cederá, porque hay gente que lo está pasando muy mal y hay gente que no tiene nada más que perder, que es su vida, su familia y su sustento”, dice Jover.

La tercera pata de la batalla la librarán con una demanda colectiva de unas 500 personas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, cuyo posicionamiento no es vinculante, pero según señala la secretaria general de FETAP “hace muchísima presión”. “Ha habido momentos que nos hemos cansado, nos hemos caído, nos hemos ido cayendo todos, pero nos hemos levantado y esto es lo que queremos que sepan y que vamos a seguir presionando”, zanja Alfaro.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Parece que la desfachatez se ha extendido en el mundo como si fuera una epidemia. No te hablo ya de la actitud de matón de Donald Trump con los más débiles. También hay una desfachatez de graciosillo, una desvergüenza de bufón, que es la sensación que da al escuchar al expresidente Mariano Rajoy haciendo mofa en el Congreso sobre algo tan grave como la utilización de la policía contra rivales políticos. 

Fueron años obscenos en muchos sentidos, desde luego no para hacer chanzas en la Cámara Baja. Ya se está viviendo una vuelta a la racionalidad, aunque hay cosas inexplicables como acordar la política de inmigración con un partido con tintes xenófobos como Junts, pero con la normalización política las empresas empiezan a volver a Cataluña.   

Rajoy hace chistes ante los diputados, pero sus políticas económicas no tuvieron ninguna gracia, especialmente las medidas económicas. Solo hay que recordar que la austeridad fue la receta escogida para hacer frente a una crisis financiera que solo se tradujo en precariedad y pobreza para miles de ciudadanos. En varias ocasiones hemos explicado las dos formas de actuar políticamente ante las duras crisis que ha sufrido España, teniendo en cuenta a los mercados, como hizo Rajoy, o teniendo en cuenta a los ciudadanos, como ha hecho el Gobierno de coalición. 

En aquellos años de la crisis financiera un elemento económico se coló en casa de todos los españoles. Ya se encargó Rajoy de comentar una y otra vez la prima de riesgo de la economía española, un indicador de cuánto fiable eres como país respecto a Alemania a la hora de devolver la deuda. Era uno de los argumentos que se utilizaban continuamente para justificar los recortes presupuestarios en servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación. Entonces, en Alemania miraban con desdén al sur de Europa por sus problemas financieros y sus halcones apretaban al BCE y a la Comisión Europea para intervenir las economías sureñas europeas.

Hoy la situación es muy diferente. La prima de riesgo de España ha caído este miércoles por debajo de los 60 puntos básicos, aunque luego ha subido y se ha quedado en los 70 puntos. En la crisis financiera llegó a dispararse por encima de los 600 puntos. Alemania está inmersa en una profunda crisis económica con un nuevo Gobierno que está tirando por tierra los principios, antes inapelables, de contención del déficit.

Frente a la desconfianza de los mercados en la crisis financiera, ahora los inversores extranjeros están reemplazando al BCE como principales compradores de deuda de España. El firme crecimiento económico y una mayor reducción de los desequilibrios fiscales respecto a Italia y a Francia hacen que la deuda española sea mucho más atractiva. 

La economía española ha cambiado y ha sabido solventar crisis sin que los ciudadanos sean los principales perjudicados. Otras cosas no cambian, Rajoy se sigue tomando a broma temas muy graves de la gestión de su Gobierno. 

Y además, el mercado labora sigue tirando fuerte...  

El gráfico

Uno de los ámbitos donde más claro se ha visto que es posible actuar sin recetas neoliberales es el mercado laboral español. Una de las medidas que mejor ha funcionado, especialmente en momentos de crisis aguda como la pandemia, ha sido la reforma laboral. Este cambio legislativo consiguió reducir el trabajo temporal en España tras cuatro décadas enquistado. Esta tendencia, que parecía que podía agotarse ante los vaivenes provocados por el incremento de la inflación, no se ha debilitado. Por primera vez, el peso de los trabajadores temporales se sitúa por debajo del 12% (11,9%). En febrero de 2022, este porcentaje era ascendía al 26,3%. En esta información tienes más datos sobre la buena marcha del mercado laboral y las excelentes cifras de caída de temporalidad.  

El dato

922.729 beneficiarios

Entre personas físicas, sociedades anónimas o sociedades limitadas, han conseguido subvenciones correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (UE). Estamos hablando de 43.553 millones de euros que han llegado ya a la economía real de España, algo más de la mitad de lo que le corresponde a nuestro país de los fondos diseñados como respuesta al shock de la pandemia. No sé si te has dado cuenta que el PP ya no hace críticas sobre si los fondos europeos llegan a las empresas o a los ciudadanos. Hasta mediados de 2026 todavía quedan por desplegar algo más de 35.000 millones de los fondos 'Next Generation'. Aquí te contamos que ya hay casi un millón de beneficiarios del Plan de Recuperación de la UE.

Entrepreneur

 Esta semana tenemos a un ultraderechista como entrepreneur de la semana. Se trata de Rafael López-Diéguez Gamoneda. Este empresario fue yerno del fundador de Fuerza Nueva, Blas Piñar, y creador de la formación de extrema derecha Alternativa Española. Tiene inversiones en diversos sectores como automoción, inmobiliario, renovables, salud o agricultura junto a las herederas del recientemente fallecido Mariano Yera, pionero de la sanidad privada en España, que vendió el grupo de sanidad privada Viamed al fondo Macquarie por 170 millones en 2020. Aquí tienes mucha más información de los negocios de las herederas de un magnate de la sanidad privada y el ultraderechista fundador de Alternativa Española.  

Cada vez que habla sube el pan

Habéis impuesto el Pacto Verde a la gente sin ni siquiera preguntar a los afectados. Sois los asesinos del campo

Santiago Abascal — Presidente de Vox

Es sorprendente la capacidad que tienen algunos políticos para tener discursos contradictorios. El presidente de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, es uno de los principales defensores de Donald Trump y su política de aranceles. España exportó productos agroalimentarios por valor de 2.975 millones de euros a Estados Unidos en 2023. El roto en las cuentas de agricultores y ganaderos puede ser tremendo si se imponen aranceles a sus productos. Solo hay que recordar lo que supusieron los años de trabas comerciales para la aceituna negra. Pero en su discurso lleno de odio y contradicciones, Abascal siempre encuentra en cualquier medida medioambiental, aunque sea sin argumentos, el objetivo de sus críticas para acusar al Gobierno de coalición. El campo español tiene otros graves problemas, pero Abascal no los quiere ver. Todavía no se ha escuchado al ultraderechista hablar de la cadena alimentaria o de los fondos de inversión y su llegada al sector agroalimentario. Precisamente es lo que más denuncia Cristóbal Cano, el nuevo secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Cano señala que la falta de “equilibrio” en la cadena alimentaria “perjudica especialmente a los eslabones más débiles”: a los agricultores y ganaderos y a los consumidores. Aquí puedes leer una entrevista con el nuevo secretario general de UPA que denuncia cómo “la llegada de los fondos de inversión al campo es un freno para los jóvenes, es imposible competir con ellos”.

Verde que te quiero verde

 Las políticas medioambientales son ya un elemento fundamental de la identidad europea. La transición ecológica era un proceso necesario para conseguir una mundo menos contaminado. Sin embargo, las amenazas de los aranceles por parte de la Administración Trump con su caótica gestión y la incapacidad de los fabricantes europeos para adaptarse y competir con los coches eléctricos chinos ha provocado otro tropiezo en la transición ecológica. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, plantea que las sanciones previstas para 2025 por no reducir las emisiones en un 15% respecto a 2021 se retrasen tres años, que es lo que exigía el lobby de la industria automovilística. Según el sector del automóvil, sin el retraso las multas podrían ascender a 16.000 millones de euros. Menos competitivos pero expertos en 'pasilleo'. Aquí te contamos cómo Bruselas retrasará las multas a los fabricantes de coches por las emisiones de CO2.

El problema es que se suavizan los deberes pero se facilitan las ayudas. La Comisión Europea no quiere que que la industria del continente siga quedándose atrás en el desarrollo tecnológico y por eso ha anunciado que destinará 1.000 millones de euros al vehículo de conducción autónoma.

Siguiendo con los fabricantes de coches, el nuevo escenario de comercio internacional que está definiendo Trump con cada golpe en la mesa puede tener más consecuencias. Por un lado, Honda planea llevar la producción de coches a EEUU y Stellantis, Ford y GM maniobran para esquivar los aranceles mientras que, por otro lado, las familias dueñas de Ferrari y Porsche reculan en sus automovilísticas de lujo en plena tormenta sobre el automóvil. 

Bien público

Años tras años en lucha por la vivienda digna. Desde 2008, cuando comenzó una crisis financiera que se trató de arreglar con recetas de austeridad que ahogaron a los ciudadanos, la vivienda digna y asequible se ha convertido en una reivindicación constante. La crisis financiera mutó en un desastre social con los desahucios hipotecarios. En la actualidad, el movimiento por la vivienda ha recobrado fuerza ante la emergencia habitacional que sufren los ciudadanos desde hace años con el mismo objetivo que hace 17 años: garantizar el acceso a un techo digno y asequible. Aquí tienes un reportaje de David Noriega sobre estos años de lucha por el derecho a la vivienda mientras que en este enlace tienes un repaso fotográfico de Olmo Calvo de los primeros pasos de la PAH a las últimas manifestaciones para reclamar que la vivienda deje de ser un negocio.  

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Hasta aquí llega este boletín. Para más análisis y noticias económicas nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Mientras nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es con tus propuestas, quejas o ideas.

¡Buena semana!

La Sección Sindical de Comisiones Obreras en la DGA ha alertado de la elevada temporalidad de la plantilla de la Administración General, con un 44%, así como del número de puestos sin cubrir, un 14,72% a fecha de enero de 2025, lo que hace que se “resientan” los servicios públicos. A ello se añade un número de jefaturas “que no para de crecer”.

Así lo recoge el informe 'El empleo público en la Administración General de la DGA' que se ha presentado este miércoles en la sede de CCOO y cuyos principales datos han comentado el secretario general de la Sección Sindical de CCOO en la DGA, Paco González; y la secretaria de Organización de la Sección Sindical de CCOO en la DGA, Tania González.

Ambos representantes sindicales han expuesto la temporalidad como una de las principales problemáticas, puesto que presenta una tasa “muy alta”, situándose en el 44%, lo que supone 5.041 plazas, un 34% de ellos “sin causa justificada”, a juicio de Tania González, quien ha asegurado que dichas vacantes “podrían estar cubiertas al día siguiente por una persona fija si se hubieran ejecutado los procesos selectivos correspondientes”.

En este sentido, ha explicado que el Gobierno de Aragón tiene la posibilidad de aprobar y finalizar ofertas de empleo público cada año para reducir la temporalidad en la Administración General, pero “el problema es que aunque se aprueban, tardan mucho en desarrollarse”. Tania González ha apuntado que las ofertas de empleo público desde 2017 hasta 2023 aprobadas y convocadas ascienden a 2.336 plazas, a las que hay que se suman 984 correspondientes a 2023 y 2024, pendientes, estas últimas, de convocar.

“Si hoy finalizasen estos procesos selectivos, la temporalidad quedaría en un 7,9%, lo que sería aceptable”, ha afirmado la secretaria de Organización de la Sección Sindical de CCOO en la DGA.

Crece el número de vacantes

No obstante, “la mayor preocupación” de CCOO se dirige a las plazas vacantes, “que no paran de crecer”, ya que casi uno de cada cinco puestos --14,72%-- están vacantes. Esta cifra aumenta si se agrega el 4% de bajas que no se cubren, ha precisado Tania González.

La representante sindical ha comentado que el número de puestos sin cubrir “se ha duplicado” desde que el Partido Popular está al frente del Gobierno de Aragón, lo que provoca que los servicios públicos “se resientan” y apunta a “un posible adelgazamiento de la Administración de Aragón”.

De forma simultánea, ha lamentado, “las jefaturas no paran de crecer” y se avanza hacia una DGA “con más jefes que indios”. Tania González ha detallado que, en los últimos años, el Gobierno de Aragón y los altos funcionarios “han diseñado una plantilla a su medida” en la que “aumentan sin parar” el número y las retribuciones.

Según ha cifrado, hay 1.043 jefaturas de Sección y 427 de Servicio en la DGA, es decir, “1.470 jefas y jefes para 9.170 trabajadores, o lo que es lo mismo, un jefe para cada seis trabajadores”. Además, las jefaturas de Servicio han crecido un 18% en cinco años, y las de Sección lo han hecho un 8%, lo que ha calificado González de “descontrolado”, lo que se agrava si se tiene en cuenta el progresivo incremento retributivo de estos puestos de responsabilidad.

ORDEN “invertido”

Por su parte, el secretario general de la Sección Sindical de CCOO en la DGA ha preguntado: “¿Cuántos jefes admite una administración pública que fundamentalmente está diseñada para prestar servicios públicos?”. Para apostillar que la proporción de uno por cada seis trabajadores indica que, “a lo mejor, la se está invirtiendo el orden”.

Ante lo que ha insistido en tildar de “descontrolada y codiciosa” creación de jefaturas, Paco González ha reconocido que no han encontrado una “teoría final” que explique esta situación, que coincide, ha asegurado, con “los dos gobiernos, quizá, más débiles de la historia política en Aragón”, como son el cuatripartito liderado por el socialista Javier Lambán (2019-2023) y el actual, encabezado por el 'popular' Jorge Azcón, “que no para de cambiar su estructura”.

En esta línea, Paco González ha expuesto que los administradores superiores que, por otra parte ocupan la mayoría de las jefaturas de más alto nivel, “hace tiempo que colonizaron los puestos donde se adoptan las decisiones organizativas más importantes --secretarías generales técnicas--, con el máximo nivel retributivo, y enmascaradas como decisiones técnicas”, prefiriendo estos puestos a las direcciones generales, que están “en el foco mediático”.

Ha estimado que “con la mitad” de jefaturas “no notaríamos el cambio” y en caso de que sí, “a mejor”, subrayando que las más de 1.400 actuales “no están justificadas”, a lo que ha argumentado que, en general, “la creación de jefaturas es artificial y lo único que busca es retribuir de manera más generosa a determinadas personas”.

“Es urgente que el Gobierno de Aragón se plantee darle un giro a esta política que no tiene un control democrático, no hay ninguna obligación de rendición de cuentas y nos está llevando a una Administración absolutamente ineficaz”, ha defendido Paco González, al tiempo que ha apostado por un sistema de carrera profesional para altos funcionarios con unos criterios equitativos y de igualdad de oportunidades.

Igualmente, ha adelantado que se trasladará al Gobierno de Aragón y a la oposición la necesidad de crear mecanismos de control para impedir que “los interesados sean juez y parte en el diseño de la Administración”, para lo que ha propuesto impulsar una unidad autónoma de análisis de los puestos de trabajo de la Administración general.

Datos positivos

Frente a la temporalidad, las vacantes sin cubrir y el “bestial” contraste entre las jefaturas y trabajadores, los representantes sindicales se han referido a la evolución positiva de la provisionalidad, que cae hasta su nivel más bajo en la última década. Del mismo modo, han descendido las comisiones de servicio a “niveles históricos”, es especial las de más de un año de duración, que pasan de 756 en junio de 2022 a 80 en enero de 2025.

Han destacado que el 80% de la plantilla fija de la Administración general de la DGA ocupa el puesto obtenido con carácter definitivo y por sus propios méritos profesionales, algo que han atribuido al cambio de paradigma que ha introducido el concurso abierto y permanente y termina con “la discrecionalidad y los nombramientos a dedo”.

Por último, desde Comisiones Obreras han reivindicado la importancia del personal de la Administración general, que por “invisible no es menos esencial”, dado que posibilita que otros desempeñen su trabajo.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denuncia que los datos del último “Boletín estadístico del personal al servicio de la comunidad autónoma de Aragón”, publicados esta semana muestran “el total fracaso del Gobierno de Aragón presidido por Jorge Azcón (PP), para reducir la temporalidad, pese a su empeño centrado en el cese de interinos”. El porcentaje de trabajadores con contrato temporal es del 47,6%, cuando por ley no debería superar el 8%, denuncian.

El sindicato –tercera fuerza en la Administración General junto a CATA- reclama ante esta situación “un cambio de rumbo en la administración que garantice el cumplimiento de las leyes de estabilización porque solo aprovechando la experiencia de las personas con muchos años en la administración, en lugar de despedirlas, se podrá acabar con el caos actual y alcanzar tasas de temporalidad aceptables”.

STEPA subraya que la misma publicación del último boletín es una muestra más de la caótica gestión y falta de transparencia en Función Pública, ya que nace desfasado. El informe se publica semestralmente, con datos a 30 de junio y 31 de diciembre; pero el ahora presentado es el de junio, en la fecha en que debería hacerse público ya el siguiente. Sin embargo, sirve para mostrar el deterioro creciente del empleo público en la DGA, con graves consecuencias para toda la plantilla y toda la ciudadanía.

Así, el boletín muestra la existencia a 30 de junio de 2024 de 60.999 empleados, de los que 31.934 (52,4%) son fijos y 29.065 tienen contratos temporales, el 47,6%. Este porcentaje apenas supone una leve mejora respecto a los datos del semestre anterior, cuando trabajaban 60.399 personas y eran temporales 30.406 (50,3%) y fijos 29.993 (49,7%). Además, las cifras por colectivos muestran que este resultado se ha conseguido con ceses de personal de la Administración General cuyos puestos no se están cubriendo.

El número total de empleados ha crecido en 500 personas, pero en Administración General hay 590 menos, y ha pasado de 12.130 a 11.540. Por el contrario, Educación y Sanidad, los otros dos grandes colectivos de la Administración, sí cuentan ahora con más trabajadores. De esta manera, STEPA señala que la principal causa de esta menor temporalidad es “los cientos de sillas vacías que están provocando los masivos ceses de temporales, como muestran las constantes polémicas de plazas sin cubrir y servicios atascados. El sindicato concluye que ”Función Pública solo busca maquillar los datos con ceses ilegales, aun a costa de cargarse y deteriorar gravemente servicios públicos“.

Igualmente, STEPA resalta que los datos del informe muestran que el Gobierno de Azcón “también ha sido incapaz de conseguir los objetivos que pregona, de mejorar la organización y provisión de plazas con medidas como los concursos de traslados y las convocatorias de oposiciones. El porcentaje de funcionarios con destino fijo es del 43%, por lo que siguen teniendo un alto peso las comisión de servicios, promociones internas temporales, plazas vacantes,…, que derivan en un continuo baile de titulares que afecta a la calidad del servicio”. En cuanto a los puestos de sustitución, el sindicato resalta que “la cifra ha bajado porque no se están cubriendo muchas incapacidades temporales”.

A esto se suma “la baraúnda de procesos selectivos en marcha, que incluyen convocatorias libres, estabilización, promoción interna, processo caducados…” y que la DGA se ha mostrado incapaz de gestionar, hasta el punto de que actualmente no se ha estabilizado en Administración General ninguna plaza por concurso de méritos para los temporales en abuso de temporalidad, pese a que el plazo para cerrarlo concluyó el 31 de diciembre y el ridículo número de plazas convocado por este sistema, que no ha reconocido los derechos de miles de trabajadores“.

“La idea del Gobierno de Aragón de que la tasa de temporalidad se irá reduciendo al límite legal del 8% mediante las ofertas de empleo público ordinarias, se ha demostrado que es una quimera, al no entender que la estabilización es la herramienta para reducir la temporalidad y las ofertas ordinarias sólo sirven para cubrir la tasa de resposición”, señala STEPA. 

Legislación europea

STEPA recalca que todos estos problemas son consecuencia de la “insumisión” del Partido Popular a identificar todas las plazas ocupadas por temporales en abuso y ofrecerlas en procesos de estabilización, con lo que ha incumplido el mandato de la Ley estatal 20/21, los acuerdos incluidos en la ley de presupuestos de 2024 con su entonces socio Vox y el compromiso escrito firmado por el propio partido antes de las últimas elecciones autonómicas.

El Gobierno central impulsó la Ley 20/21 para cumplir con la legislación europea e impedir que las Administraciones cubran sus plazas permanentes con contratados temporales. Aunque con lagunas, esta norma obliga a convocar concursos extraordinarios de méritos como vía para que consoliden su plaza los interinos en abuso; sin embargo, el Ejecutivo aragonés la incumplió y no deja de provocar ceses masivos de cientos de víctimas del abuso, al sacar ilegalmente sus plazas por otros sistemas.

STEPA recalca que la oferta de empleo libre de 2025, que se ha comenzado a negociar, solo cubre la tasa de reposición, así que se va a mantener la temporalidad; una vez que se ha desaprovechado la oportunidad que ofrecía la Ley 20/21 para neutralizar los efectos de años de malas prácticas en la Administración.

Ante esta situación, el sindicato ha reiterado que la solución pasa por el cumplimiento estricto de la normativa y las sentencias europeas, “antes de que los Tribunales obliguen a hacerlo, con las consecuencias económicas por sanciones e indemnizaciones”. Para ello demanda, junto a otros sindicatos que defienden a los interinos, una Ley de punto final nacional, “que dé cumplimiento a la Directiva Europea sobre la contratación temporal del siglo pasado y que evite que se repita la insumisión de algunas administraciones como la aragonesa”.

STEPA pide un nuevo rumbo de la Función Pública en Aragón, “riguroso conforme a la Ley, que trabaje por un servicio público de calidad, eficiente y que cuide a su personal  y que no propicie con su empecinamiento sanciones que podrían llegar de la Comisión Europea”.  

El sindicato subraya que así se conseguirán más ventajas además de disminuir la temporalidad, como son “no perder más experiencia, volver a trabajar al ritmo normal y facilitar el resto de procesos selectivos”.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denuncia que el Gobierno de Azcón deja “puestos vacantes sin cubrir, sobrecarga de trabajo al personal y desmantela así el servicio público” con su gestión del personal en la Administración autonómica de Aragón. Esas acusaciones se producen tras la resolución del concurso de trasladados la semana pasada, en la que más del 80% de las plazas quedaron desiertas.

De los 3.872 puestos ofertados en el último concurso de traslados, han quedado desiertos 3.207, el 83% del total, por falta de peticiones. Pese a ello, desde el sindicato denuncian que este concurso “provocará de nuevo cientos de despidos de interinos de larga duración”. STEPA ha calificado de “sangrante” que el Ejecutivo de Jorge Azcón “haya incumplido totalmente la Ley 20/21, que obliga a estabilizar las 17.000 plazas ocupadas por interinos aragoneses en fraude de ley, y sí la utilice para promover nuevos despidos, mientras perpetúa el abuso y la precariedad en toda la administración autonómica”, explican en una nota de prensa.

Según el último boletín estadístico de personal del Gobierno de Aragón reconoce que de 12.130 trabajadores de la Administración general, solo 3.893, el 31,5%, tienen destino definitivo. El sindicato considera que estos resultados muestran “que no hay interés en optar a plazas, muchas de ellas ocupadas por interinos que están siendo despedidos, incluso con sentencias firmes de abuso de temporalidad, sin haber tenido la oportunidad de estabilizar su puesto que señala la ley y ni siquiera percibir una compensación económica”.

A estos movimientos seguirán en noviembre la adjudicación definitiva de aquéllos funcionarios de nuevo ingreso que se encuentran en adscripción provisional, por lo que STEPA considera “una anomalía legal incluida en los Presupuestos de Aragón, ya que los puestos ofrecidos al personal que supera un proceso selectivo deben ser definitivos”. 

De esta manera, “el movimiento de personal fijo junto a los cientos de ceses que se avecinan puede provocar una situación insostenible en toda la DGA”.

Fin de la interinidad a los tres años

A los efectos del concurso se suma la aplicación de la  instrucción de mayo del Director General de Función Pública en la que se establece que “transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino”. STEPA ha solicitado ya en dos mesas sectoriales de Administración General su supresión o modificación por considerarla “ilegal en aspectos formales y  de fondo al  pervertir el TREBEP, perjudicando al servicio público y discriminando a los trabajadores temporales y maximiza los despidos de interinos”.

“Cada vez son más numerosas las quejas que recibimos de trabajadores que ven con impotencia que no pueden dar el servicio público que desearían, por falta de personal en sus departamentos, cada vez hay más puestos sin cubrir y más presión de trabajo en el personal que se encuentra en activo, afectando a su salud laboral”, explican desde el sindicato.

STEPA ha vuelto a condenar la política de Función Pública del Ejecutivo del PP, que no sirve para reducir la alarmante temporalidad: “El propio consejero responsable, Roberto Bermúdez de Castro, ha reconocido su fracaso al admitir públicamente que la temporalidad será a fin de año superior al 20% en Administración General, cuando la obligación legal es que no supere el 8%”.

Frente a esta situación, STEPA ha reclamado al Gobierno de Aragón una negociación para establecer una cobertura ágil e inmediata de las plazas vacantes, “que no deje sillas vacías durante un largo tiempo, porque supone pérdida de servicio a los ciudadanos”.

El sindicato considera que es necesario un nuevo decreto de provisión “realizado con planificación y visión global” y con carácter inmediato establecer un procedimiento, con fechas límite de ejecución, de llamamiento a los interesados a través de la web de la administración aragonesa y las listas de espera ordinarias.

“La política de personal del Ejecutivo de Jorge Azcón es nefasta; basada solo en una ineficaz búsqueda del descenso de temporalidad a costa de las condiciones de los trabajadores y del servicio a la ciudadanía, por lo que requiere un giro radical”, ha concluido STEPA.

Debido al déficit de profesorado que hay en el país, los y las docentes tienen que sobrecargarse de trabajo y superar semana tras semana su jornada laboral, de 37,5 horas, si quieren cubrir las necesidades básicas de su alumnado y dar a cada uno una mínima atención personalizada. Este es el diagnóstico que hace Comisiones Obreras en su informe sobre el inicio de curso 2024-2025, donde cataloga la situación como “alarmante” y explica que las brechas más acusadas entre las horas de jornada laboral oficial del profesorado y las que realmente serían requeridas para cumplir los mínimos (la que acaban haciendo los docentes) se dan en Madrid, Melilla, Castilla la Mancha, Cataluña y Andalucía.

“Es evidente que las 30 horas de permanencia [en el centro educativo] más las 7 horas y media de libre disposición en ningún caso son suficientes para asumir las tareas mínimas que debe desarrollar cada docente”, sentencian desde CCOO. El sindicato ha medido cuánto tiene que trabajar de más el profesorado para asumir esas tareas de dedicación individualizada y concluye que para atender este “mínimo” (10 minutos de atención por estudiante y semana) los maestros de primaria deberían destinar, de media, casi un cuarto de su jornada (8,84 horas) a este tipo de atención específica a la semana y los de secundaria más de un cuarto (14,7 horas). Pero sus horarios no contemplan esta carga, por lo que el profesorado acaba trabajando invariablemente más de las 37,5 horas oficiales de su jornada para sacar tiempo para corregir, realizar adaptaciones, etc.

Las horas regaladas a la administración se disparan si en vez de esos diez minutos los docentes aspiraran a dedicar 12 o 15 a cada alumno cada cinco días de clase. “Comprobamos que en todos los escenarios planteados el tiempo de trabajo real está muy por encima de la jornada oficial”, señalan. “Teniendo en cuenta que únicamente se ha considerado ese mínimo, los datos son muy alarmantes, pues observamos que el profesorado supera por mucho su horario oficial establecido y está claramente sobrecargado”.

Los responsables del sindicato han explicado en rueda de prensa que, debido al déficit de profesorado que hay en contraposición con el elevado número de alumnos que debe atender cada docente, las 7,5 horas complementarias que contempla su jornada no son suficientes para todas las tareas indispensables que se les exigen. Según los cálculos de CCOO, trabajan, de forma estimada y “a la baja”, casi seis horas y media de más a la semana en primaria atendiendo a la media estatal y más de ocho y media en secundaria. Eso supone alrededor de 30 horas de más a final de mes. Es el equivalente a regalar a las administraciones casi una semana de trabajo al mes.

Las soluciones, “de manera urgente e ineludible”, pasan por incrementar el profesorado y bajar las ratios de alumnado por grupo, “pero manteniendo y aumentando el número de docentes por cada grupo nuevo que surja de esa bajada de ratio”. También demandan una reducción de la carga burocrática del profesorado.

El incremento de plantilla necesario para mejorar el horario “real” del sector es ingente en todas las comunidades autónomas, especialmente en Andalucía, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde, según los datos de la confederación, el rango oscila entre los 10.000 y los 37.500 profesores requeridos. También se necesitan de 4.000 a 6.900 en comunidades como Castilla y León, Murcia, Baleares, Canarias, Galicia y Castilla-La Mancha, y de 350 a 2.500 en Ceuta, Melilla, La Rioja, Cantabria, Navarra, Asturias, Aragón, Extremadura y Euskadi.

Si a mí me va a operar un médico no quiero que ese médico lleve operando 24 horas seguidas.

Héctor Adsuar — Secretario de Enseñanza Pública no universitaria de CCOO.

Las condiciones en las que el profesorado realiza su labor son fundamentales para su calidad de vida y su salud, especialmente su salud mental y para reducir sus riesgos psicosociales, pero lo son especialmente para la calidad y mejora del sistema educativo, indican desde CCOO. “En cualquier profesión el 'no llegar' influye en la calidad. Si a mí me va a operar un médico no quiero que ese médico lleve operando 24 horas seguidas. Por otro lado, la sensación de querer hacerlo todo pero no poder llegar no es fácil de gestionar. Tenemos que desarrollar resiliencia porque no nos queda otra”, ha explicado Héctor Adsuar, secretario de Enseñanza Pública no universitaria de CCOO, que ha añadido: “Además, los recursos para afrontar estas situaciones difíciles no es algo que te den, es algo que tú mismo te tienes que buscar”.

Para encontrar soluciones a la evidente sobrecarga que está sufriendo el profesorado, afirman, el primer paso es dimensionarla lo más posible y de manera objetiva para evidenciar la situación y conseguir las soluciones adecuadas. Es por ello por lo que también han querido definir y concretar a cuántos alumnos y alumnas de media atiende cada docente en las diferentes etapas educativas. “Siempre se hablaba de esto pero hablando de alumnos por aula, y nosotros hemos querido plantear: ¿a cuántos alumnos atiendo yo como docente?”, ha señalado Adsuar.

Más de 100 alumnos por docente en Madrid o Melilla

Según los datos obtenidos, cada profesor atiende a una media de 53,06 alumnos en Primaria y alrededor de 88,21 en Secundaria, teniendo Euskadi las cifras más bajas (39,19 en Primaria y 64,55 en Secundaria) y Madrid las más altas (64,08 y 112,94).  Los casos más preocupantes se dan en los institutos, en los que comunidades como Madrid, Andalucía, Ceuta, Melilla, Castilla la Mancha, Cataluña o Murcia rozan o superan los 100 alumnos de media por docente.

Estos datos se han obtenido calculando el número medio de grupos a los que da clase cada docente, tanto en centros educativos de Infantil y Primaria (CEIP) como en institutos de Educación Secundaria (IES), y luego se ha multiplicado esa cifra por el número medio de alumnado por grupo. En los CEIP se ha hecho una media ponderada de las enseñanzas que se imparten en estos centros de Infantil y Primaria, y en IES una media también ponderada incluyendo todas las enseñanzas que se imparten: ESO, Bachillerato y los diferentes grados de FP.

El sindicato recuerda: son medias, que como tales sirven para dar una idea aproximada del sector, pero a la vez no son la representación fiel de la realidad de muchos docentes. Los que trabajan en urbes pequeñas o medianas y en escuelas rurales es probable que tengan menos estudiantes que atender; en las grandes ciudades, o los especialistas de materias minoritarias que imparten clase a más grupos para completar sus horarios, tienen más.

Un 18% más de temporalidad de lo requerido

En el informe también se hace un repaso a la situación de la temporalidad en el sector docente de la enseñanza pública que actualmente se sitúa en un 26%, muy lejos del objetivo (obligación que viene de Europa) del 8%. Las razones de esta situación, explican, son que no se ha ejecutado la reposición de los últimos años en la mayoría de los territorios, que las ofertas de estabilización no fueron suficientes en muchas comunidades, y que no se han ofertado plazas de nueva creación desde 2020.

Para solucionar esta situación, aseveran, es necesaria la convocatoria extraordinaria de más de 100.000 plazas. Aseguran que es posible hacer esto inmediatamente ya que “los Presupuestos Generales del Estado establecen que se puede exceder la tasa de reposición con el objetivo de no superar el 8% de interinidad”. Pero para ello, insisten, “es necesario que las administraciones reconozcan el problema, se den cuenta de cómo tienen al profesorado, y tengan voluntad de solventar sus errores. Esto no puede seguir así”.