La Policía Nacional ha confirmado que, en el marco de la investigación sobre una presunta red de corrupción en el Servicio Murciano de Salud (SMS), se implantó al menos un stent caducado. El dato procede del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso el diario La Verdad. Pese a la versión de la Policía Nacional, la Consejería de Salud continúa insistiendo en que no se operó a pacientes con prótesis caducadas.

En el atestado consta que se empleó en un paciente material caducado. Al afectado, que fue operado en un centro concertado después de ser remitido desde el hospital público Virgen de La Arrixaca, se le implantaron dos stent. Los muelles metálicos caducaron en febrero de 2022 pero el informe del paciente no se redacta hasta un mes después, en marzo.

De acuerdo con la Policía Nacional, en estos momentos no se puede determinar si se intervino a más pacientes con material caducado. Tal y como detalla el informe de la UDEF, los investigadores han analizado apenas el 8% de las intervenciones realizadas por un cirujano cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca en un centro concertado. En esa pequeña muestra ya detectaron la facturación de 59 productos caducados. La investigación se complica, además, por la “ambigüedad” a la hora de completar los informes médicos de los pacientes por parte de los implicados en la trama.

Una trama transversal

La trama presuntamente implicó a responsables de la empresa distribuidora de prótesis vasculares Logimed, la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) del SMS, de la unidad de compras del SMS y médicos del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca. Once personas han sido detenidas hasta la fecha.

La Policía ha apuntado que los partes de alta firmados por uno de los implicados, el cirujano del servicio del Virgen de la Arrixaca, Rubén T. M., no habrían podido pasar los controles de la UAI sin que miembros de este organismo conocieran que estaban “permitiendo la facturación de productos no homologados”

Permeados en el recorrido de comercialización, adquisición e intervención de las prótesis, los implicados en la trama usaron códigos de productos homologados en el sistema SAP para cobrar por materiales no autorizados o directamente no utilizados. Esto permitía márgenes de beneficio de hasta el 342% respecto a los precios de mercado. El fraude es patente en la documentación médica: mientras que en los partes de alta de la muestra analizada por la Policía Nacional se registra el implante de 17 prótesis, el SMS abonó 165. En más de la mitad de los casos analizados, no se implantó ninguna prótesis al paciente.

El perjuicio económico estimado supera los 6,8 millones de euros, aunque la UDEF reconoce que la cifra real aún no puede determinarse y recomienda una auditoría forense completa. Salud ha insistido en que han logrado recuperar un monto económico, aunque desconocen cuánto.

La Consejería, que denunció la trama ante la Fiscalía, sostiene que el servicio de Cirugía Cardiovascular de La Arrixaca ya ha revisado su bolsa de pacientes. De cara a verano esperan haber podido efectuar una segunda revisión de los 378 pacientes que podrían estar afectados. El PSOE ha pedido el cese inmediato del consejero de Salud y ha anunciado la solicitud de una comisión de investigación en la Asamblea Regional.

La Consejería intenta “encapsular el problema”

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública han expresado este martes a este diario su “máxima preocupación” por el “intento” de la Consejería de Salud de “encapsular el problema como una trama de corrupción de unos pocos individuos”. Su portavoz, Abel Novoa, ha apuntado a que “han fallado todos los sistemas de control administrativo y organizativo, de compra de materiales y de la actividad desarrollada en los hospitales concertados”.

Novoa insiste en que es “muy complicado” que circunstancias de este tipo se reproduzcan en hospitales públicos “porque hay muchos controles”. En cuanto a la insistencia de la Consejería de Salud en presentarse como denunciante, “es cierto que están colaborando con la justicia pero de forma reactiva no proactiva, porque fue una enfermera anónima la denunciante”.

Novoa sospecha que las informaciones de la UDEF “son solo la punta del iceberg”. El “problema” es que “por el momento sabemos que han evaluado a unos 300 pacientes pero es probable que sean más; no sabemos qué criterios se están siguiendo para evaluar a los pacientes, ni qué protocolos de control se están siguiendo”.

“El problema de este tipo de material, si está caducado, es la biodegradabilidad”, anota: “Es más probable que no resista el tiempo para el que están diseñadas las prótesis o que puedan desarrollar rechazo; y es posible que no se detecte ahora pero sí en unos años”, advierte.

UGT ha denunciado este viernes “el trato claramente discriminatorio escandaloso” del Servicio Cántabro de Salud (SCS) a los técnicos sanitarios en los servicios mínimos decretados en la huelga convocada por el colectivo de técnicos superiores sanitarios y de cuidados auxiliares de enfermería para este lunes, 25 de mayo.

Los servicios mínimos -para la huelga del 25 de mayo y para otra prevista el 15 de junio en este colectivo- fueron aprobados el jueves por el Gobierno regional y publicados el mismo día en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria.

En un comunicado, el sindicato ha criticado que la comparación de los servicios mínimos de esta huelga de los técnicos sanitarios y los de la huelga médica “resulta demoledora y evidencia criterios completamente distintos”.

A su juicio, ello “reafirma que sigue habiendo trabajadores de primera y de segunda en la sanidad pública”.

El secretario de Sandad de UGT Cantabria, Fernando Carmona, ha explicado que, “mientras para los médicos de familia se fijaron servicios mínimos cercanos al 12% y para pediatría alrededor del 21%; en el caso de los técnicos sanitarios se imponen coberturas del 66%, 70% e incluso del 100% en numerosos servicios hospitalarios”.

“Es decir, mientras aproximadamente uno de cada diez médicos podía ser obligado a trabajar durante la huelga, en el caso de los técnicos sanitarios la Administración obliga a permanecer en sus puestos a siete de cada diez profesionales, llegando en algunos servicios a impedir completamente el ejercicio efectivo del derecho de huelga”, ha reprochado.

Además, ha señalado que en urgencias, quirófanos y unidades críticas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Hospital Sierrallana o Tres Mares, los mínimos fijados para la huelga de técnicos sanitarios “coinciden prácticamente con la totalidad de la plantilla habitual, y todo ello, mientras el propio decreto reconoce expresamente que sin técnicos sanitarios se comprometería gravemente el funcionamiento del sistema sanitario público”.

El secretario de Sanidad de UGT en Cantabria se pregunta si “interesa que el sistema sanitario colapse cuando la huelga la convocan unos profesionales, pero deja de interesar cuando quienes ejercen su derecho son los técnicos sanitarios”.

Falta de reconocimiento profesional

“La propia Administración admite que estos profesionales sostienen laboratorios, radiología, farmacia hospitalaria, actividad quirúrgica, urgencias y cuidados básicos, pero después les impone los servicios mínimos más abusivos y continúa negándoles el reconocimiento económico y profesional que les corresponde”, ha censurado Carmona.

El responsable autonómico de Sanidad de UGT ha subrayado que “miles de técnicos superiores y medios siguen encuadrados en una clasificación profesional obsoleta, pese a existir un compromiso firmado para su reclasificación profesional en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI”.

“No puede seguir existiendo personal imprescindible para sostener el sistema sanitario, pero invisible cuando se trata de reconocer derechos, salarios y clasificación profesional”, ha reivindicado Carmona, que ha reclamado, en nombre de UGT, “la revisión inmediata de los servicios mínimos, el desbloqueo urgente de la reclasificación profesional y el fin de la discriminación histórica que sufren los técnicos sanitarios”.

El hospital privado de Santa Clotilde pondrá en funcionamiento una unidad de cuidados intensivos (UCI) por “el aumento de la complejidad” de las operaciones quirúrgicas que hará dentro del convenio con la sanidad pública, según ha reconocido el consejero de Salud, César Pascual. Un acuerdo por el que el hospital religioso recibirá 256 millones de euros en los próximos 16 años y que podría prorrogarse hasta 2046.

Pascual ha asegurado que la nueva UCI que se proyecta en el centro privado no está pensada para derivar pacientes críticos de los hospitales de la red pública —como Valdecilla o Sierrallana—, sino para dar cobertura a los pacientes de la sanidad pública que se operen en ese centro privado. Como ha explicado el consejero, esta infraestructura es necesaria para aquellos pacientes que, tras ser intervenidos en Santa Clotilde, requieran una reanimación más compleja o cuidados intensivos que el hospital no podía ofrecer hasta ahora.

El convenio singular con Santa Clotilde empezó a funcionar el uno de enero aunque el hospital todavía no cumple los requisitos exigidos en el acuerdo en cuanto a personal e instalaciones. De hecho, proyecta una ampliación del actual edificio para poder alcanzar las exigencias técnicas de un acuerdo que ya está en vigor.

La externalización de cribados de cáncer “no es una obligación”

Una de las cuestiones más polémicas del acuerdo fue que incluía los programas de cribado de cáncer de mama y de colon que se realizan en la sanidad pública. El consejero justificó esta circunstancia por la demora en la lectura de las pruebas de mamografías, aunque fue una situación puntual que ya se ha resuelto. De tal manera que se sigue ocupando de ello el Servicio Cántabro de Salud.

El consejero de Salud ha confirmado que estos cribados se seguirán haciendo en la sanidad pública aunque están recogidos en el convenio con Santa Clotilde. Según el consejero, implica que “tenemos la posibilidad de hacerlo, puede haber momentos punta que en un momento determinado pueda ser necesario, y lo que contempla el convenio es esa posibilidad, pero no significa que se vayan a mandar. De hecho, no se están mandando”, ha zanjado a preguntas de elDiario.es en una comparecencia de prensa para presentar la reforma y ampliación del Hospital de Día Médico de Sierrallana.

El convenio singular suscrito con el hospital privado establece el montante fijo de 256 millones de euros de dinero público en los próximos 16 años, con la única salvedad de rebajar el 1% por incumplimiento. Es decir, que el centro privado seguirá cobrando el 99% del dinero aunque no cumpla los objetivos del convenio o no realice los cribados. Que se hayan incluido servicios sanitarios que no se están prestando no representa inconveniente para Pascual ni va a reducir el dinero que perciba el centro privado.

El “bulo” de las derivaciones y las listas de espera

Respecto a la derivación de pacientes de la sanidad pública a Santa Clotilde, que ya se está haciendo, el consejero ha asegurado que pueden elegir entre operarse en lo privado o en lo público y que no pierden su puesto en las listas de espera en el caso de rechazar una derivación a Santa Clotilde para adelantar su operación o prueba diagnóstica. Según Pascual, se trata de un “bulo lanzado interesadamente”. “No es retirado de la lista en absoluto, sigue esperando a que le toque en su hospital”, ha insistido a preguntas de los medios de comunicación sobre esta cuestión.

Compraban productos sanitarios sin homologar a precios inflados y los empleaban en centros sanitarios de la Región de Murcia. Así operaban, presuntamente, los once detenidos por fraude millonario en el Servicio Murciano de Salud (SMS). Se les han imputado delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. De acuerdo con la Policía Nacional, los investigados han podido generar un agujero económico en los caudales públicos de casi siete millones de euros.

De acuerdo con el diario local La Verdad, entre los detenidos se encuentra el antiguo comercial de la empresa del sector médico Logimed, dos exjefes de la central de compras del SMS y dos médicos del Hospital Virgen de la Arrixaca. Según la investigación de la Policía Nacional, que comenzó en enero del año 2025, el fraude se realizaba sobre todo en operaciones médicas derivadas desde el Servicio Murciano de Salud a centros concertados y en las que se habrían pagado sobrecostes de entre un 100 y un 1.287 por ciento. Se facturaban servicios que “debían ser gratuitos” y por material sanitario que “no había sido utilizado”. En operaciones médicas, incluso, se llegaron a emplear productos sanitarios “caducados”: “Un riesgo para la salud pública”, han definido desde la Policía Nacional.

El presunto entramado criminal introducía datos falsos en el sistema contable “con el objetivo de utilizar productos sanitarios no autorizados y que no habían sido incorporados al catálogo único de productos”, fijando unos precios de compra muy elevados, y dejando de utilizar los productos que sí estaban autorizados y que tenían un coste muy inferior. En total, la investigación ha identificado al menos treinta productos no homologados y facturados de forma fraudulenta, “desde prótesis vasculares hasta material sanitario fungible”.

Según las investigaciones, los implicados tenían un conocimiento exacto de los puntos sensibles del sistema informático contable, y contaban con el auxilio de funcionarios con responsabilidades en la central de compras del Servicio Murciano de Salud, así como en puestos del sistema de facturación: “Junto con la ausencia de licitaciones públicas habrían permitido negociaciones directas y arbitrarias con la principal mercantil investigada, todo ello en contra de la Ley de Contratos del Sector Público”, ha explicado la Policía Nacional. Fue la propia Consejería de Salud de la Región de Murcia la que puso en conocimiento de la Fiscalía los supuestos hechos tras detectar indicios de irregularidades en una de las auditorías realizadas por el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.

Se han solicitado medidas cautelares patrimoniales a la autoridad judicial respecto de los principales investigados, bloqueando cuentas bancarias, inmuebles y vehículos.

El PSOE ha advertido que el Servicio Cántabro de Salud ha vuelto a externalizar un servicio esencial. Se trata de las biopsias del Hospital Comarcal de Laredo. La licitación publicada, cercana al millón de euros, confirma una tendencia que ya resulta imposible ignorar, según han denunciado los socialistas en un comunicado. “La Consejería está desmantelando progresivamente la capacidad pública del sistema sanitario, sustituyendo recursos propios por contratos privados”, han advertido.

Para el grupo municipal socialista, esta decisión no es un hecho aislado. En su opinión “responde a una política sostenida del Partido Popular caracterizada por la falta de inversión, la ausencia de planificación y el abandono de los servicios públicos, especialmente en áreas críticas como el diagnóstico, la atención primaria o la gestión de las listas de espera”.

Los socialistas aseguran que “cuando un hospital comarcal deja de poder realizar ni siquiera sus propias biopsias, el problema no es puntual, es estructural”. Que la externalización se presente como una solución “eficiente”, en realidad supone, “un paso más en la pérdida de autonomía, capacidad y calidad del sistema sanitario público”, según la formación.

Desde el PSOE lamentan que “lo que hoy se externaliza por 'necesidad' se convierte mañana en una dependencia permanente. Cada contrato privado es un parche que tapa la herida… pero agranda la dependencia del sistema respecto a empresas externas. En lugar de reforzar los equipos, modernizar el equipamiento o planificar a medio plazo, se opta por licitaciones que cubren carencias inmediatas a costa del futuro del sistema público”.

El sistema público de Salud de Cantabria necesita, según el PSOE, “refuerzos, no recortes encubiertos”. La formación ha cuestionado al alcalde de Laredo, Miguel González, la defensa del sistema sanitario público, frente a “un modelo que se va vaciando pieza a pieza”.

al Necesita profesionales, equipamiento y planificación, no más contratos que sustituyen lo que antes se hacía desde lo público. La ciudadanía merece una Sanidad fuerte, cercana y capaz, no “un modelo que se va vaciando pieza a pieza”.

Podemos Cantabria ha presentado nuevas alegaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno después de que la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria defendiese formalmente su negativa a facilitar el expediente relativo al convenio singular de vinculación con Mutua Montañesa para la realización de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas destinadas a reducir las listas de espera.

La formación considera “especialmente grave” que el Ejecutivo autonómico “pretenda declarar inaccesible la totalidad del expediente administrativo”, incluyendo informes jurídicos, memorias económicas y documentación preparatoria relacionada con la derivación de actividad sanitaria pública a una entidad privada, ha señalado.

En sus alegaciones, Podemos recuerda que el artículo 90 bis de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria exige para este tipo de convenios la existencia de informes justificativos, memoria económica, informe jurídico y acreditación de disponibilidad presupuestaria. A juicio de la formación, ello demuestra que existen documentos administrativos sustantivos “y no simples notas internas o documentación auxiliar, como sostiene la Consejería en sus alegaciones ante el CTBG”, ha explicado en un comunicado.

Podemos sostiene además que la Consejería de Salud está repitiendo la misma pauta seguida en el precedente del convenio singular con el Hospital Santa Clotilde. En aquel caso, “la documentación relevante únicamente fue facilitada tras múltiples reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y de forma progresiva, una vez avanzado el procedimiento administrativo”, ha indicado.

La formación ha incorporado precisamente ese precedente reciente del CTBG a sus alegaciones, destacando que finalmente la propia Consejería terminó entregando la documentación del expediente del convenio con Santa Clotilde tras la intervención del Consejo. Según Podemos, ello demuestra “que la documentación preparatoria y justificativa de este tipo de convenios sí tiene carácter de información pública y puede ser objeto de acceso”.

Además, Podemos advierte de que parte de la documentación del convenio con Santa Clotilde solo fue entregada una vez transcurridos los plazos ordinarios de impugnación, lo que según el Consejo de Transparencia “limitó de forma efectiva el control democrático y la capacidad de fiscalización pública”.

Para Pablo Gómez, miembro del consejo ciudadano de Podemos Cantabria, considera que el convenio proyectado con Mutua Montañesa “afecta directamente al modelo de gestión sanitaria, al uso de fondos públicos y a la derivación de actividad asistencial a entidades privadas”, por lo que “existe un evidente interés público en conocer los informes, memorias y criterios técnicos que están sirviendo de base para seguir avanzando en la privatización de la sanidad pública”.

Los pacientes que necesiten acudir a Urgencias del Hospital Valdecilla desde la próxima semana tendrán que explicar sus síntomas a un asistente virtual a través de mensajes SMS por su teléfono móvil. El sistema se extenderá a todos los hospitales y centros de salud de Cantabria.

En paralelo, ya se está probando el sistema en pacientes de diabetes y depresión a quienes -antes de la consulta- una inteligencia artificial propone “un plan de acción” que el médico “puede validar, ajustar o desestimar según su criterio clínico”, explica el Gobierno de Cantabria.

El Ejecutivo dice que este asistente tecnológico reducirá las esperas en Urgencias, un servicio saturado que recibe cien pacientes más al día que antes de la pandemia. Lo que antes era un pico extraordinario hoy se ha convertido en una cifra cotidiana: todos los días hay más de 400 personas y en las jornadas más complicadas se han sobrepasado los 500 pacientes. A pesar de ello, sigue habiendo el mismo número de sanitarios y el mismo espacio físico, lo que inevitablemente deriva en una sobrecarga de trabajo, saturación de las instalaciones y demoras en la atención.

La Consejería de Salud ya ha ensayado esta iniciativa -bautizada como 'circuito digital'- que entra en funcionamiento en siete días. Cuando un paciente entra en Urgencias se registrará en la ventanilla, como es habitual, y después recibirá dos mensajes SMS a su móvil o al de su acompañante: uno tras la admisión y otro tras el triaje.

En el primer mensaje tendrá que responder un cuestionario con información sobre su historia clínica. Es decir, aquello que normalmente pregunta el médico al paciente cuando entra ya en un box. El paciente tiene que explicar el motivo de la consulta, episodios previos, último ingreso hospitalario o la medicación que toma, “lo que permite a los profesionales detectar señales de alarma y determinar con mayor profundidad lo que le ocurre al paciente”, explica la Consejería de Salud en una nota de prensa difundida a los medios de comunicación.

Además, desde el registro del paciente en admisión entra en acción un ‘agente de acompañamiento digital’. Otro asistente virtual telefónico -también a través de mensajes SMS- “con enlace a un visor-web en el móvil” que va informando al paciente de las pruebas que le han hecho, de su situación clínica o de dónde se encuentra el propio paciente. Según la Consejería así se podrá conocer en todo momento cuál es “la situación física y clínica”.

El Gobierno de Cantabria dice que este 'agente de acompañamiento' sirve para “restar incertidumbre, mejorar el estado de ánimo, generar empatía y acompañamiento, y persigue, sobre todo, reducir la angustia y aportar tranquilidad en un área tan sensible como las urgencias”. Durante las pruebas piloto desde el Servicio de Urgencias -dice la nota oficial- apuntan los beneficios de este método para agilizar las consultas y reducir tiempos de espera “que se convierten en proactivos, muy útiles para los profesionales”, recalcan.

El 'circuito digital' -aclaran- no sustituye la valoración profesional ni modifica los criterios de atención. “Complementa el proceso asistencial, con información aportada por el propio paciente, que hace la estancia en urgencias más segura”, subraya el comunicado oficial. “Optimizar el seguimiento y atención a los pacientes, o lo que es lo mismo, tratar de acortar y mejorar la seguridad durante los tiempos de atención en los casos de mayor espera, es el objetivo del nuevo circuito digital implantado en Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla”, concluyen desde el Gobierno.

Urgencias, diabetes y depresión

Esta iniciativa frma parte del Plan de Atención Digital Personalizada del Servicio Cántabro de Salud (SCS) que se desplegará en todos los hospitales públicos y centros de salud de Cantabria. En las unidades de Endocrinología y Salud Mental se encuentra en fase de prueba un sistema similar para el seguimiento de pacientes con diabetes y depresión que reciben, también vía SMS, cuestionarios clínicos para informar sobre su evolución, síntomas, adherencia al tratamiento y otros aspectos relevantes antes de la valoración sanitaria.

Según la Consejería de Salud de César Pascual, el proyecto “está permitiendo” reducir la variabilidad en la práctica clínica, reforzar la continuidad asistencial entre niveles y mejorar la comunicación entre profesionales y pacientes, contribuyendo a una atención más segura, eficiente y de mayor calidad“.

En el caso de la diabetes, se recoge información antes de la consulta para proponer un plan de acción que el profesional sanitario puede validar, ajustar o desestimar según su criterio clínico.

En el caso de los pacientes con depresión, el seguimiento se realiza mediante cuestionarios periódicos y comunicaciones previas a la valoración clínica, para detectar cambios relevantes y actuar con mayor rapidez si se identifican señales de empeoramiento.

Mensajes oficiales y seguros

El SCS recuerda que estos SMS son comunicaciones oficiales y que no solicitan datos bancarios ni pagos. En caso de duda sobre el mensaje recibido, las personas usuarias pueden contrastar la información a través de los canales oficiales del SCS o de su centro sanitario de referencia.

El SCS da así un paso más en la incorporación de herramientas digitales para atender a los pacientes “con el uso inteligente de la tecnología”. Una solución tecnológica “que funciona como un GPS clínico”, que se integra con las historias clínicas electrónicas del SCS y permite un seguimiento remoto, continuo y seguro de los pacientes, “anticipando posibles descompensaciones clínicas y facilitando intervenciones tempranas por parte del equipo médico”, explica la Consejería de Salud.

La huelga del sindicato médico, que ha hecho que decenas de profesionales del Hospital Universitario de Navarra se hayan negado a realizar las horas extra voluntarias, conocidas como peonadas, ha disparado en el mes de abril las listas de espera en el Servicio Navarro de Salud. Actualmente, son 62.187 pacientes los que aguardan para una primera consulta para un especialista, 1.197 más que en marzo.

La huelga agrandó la crisis generada en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en los últimos meses por los malos datos en las listas de espera.  En verano el consejero anunció que intervendría el área para tratar de reducir las listas, y hace unas semanas anunció un proyecto piloto de pago de incentivos a médicos por atender a más pacientes. Dos medidas que no se consultaron con el personal de Osasunbidea y que han generado rechazo entre la plantilla, que este fin de semana ha anunciado que no hará horas extra.

La lista de espera ha aumentado considerablemente en Traumatología, la especialidad con más demanda, que se incrementa hasta los 14.818 pacientes el mes de abril, 357 más que en marzo, y una lista de espera que se prolonga hasta los 150 días, 19 más que el pasado mes. Quintuplica el máximo recogido en la ley foral de garantías, que establece un máximo de 30 días de espera.

Sin embargo, en cuanto a la lista de espera para cirugía, se ha reducido en 180 personas en abril. Son un total de 10.093 los pacientes que esperan una operación no urgente. A pesar de este descenso, el tiempo medio de espera para acceder al quirófano ha aumentado 2 días, prolongándose a 94 días.

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual (PP) ha anunciado este martes el llamado marco estratégico para el cuidado de la salud de las personas en Cantabria (MeSCan), para tener un sistema de trabajo, en un contexto de población envejecida y longeva en la comunidad autónoma. Aunque ha dicho que quiere que sea “uno de los grandes hitos del legado” de la legislatura, lo ha presentado durante una actividad, de la que se ha informado posteriormente en un comunicado, sin detallar las características del modelo, ni precisar cómo será su aplicación ni tampoco como funcionará en la práctica.

Del marco estratégico, el consejero de Salud ha dicho que está “basado en entender que no hay un problema de profesionales o de falta de esfuerzo, sino de modelo, que es brillante para curar episodios agudos, pero insuficiente para cuidar vidas complejas”.

Según el comunicado, Pascual ha dicho que el marco estratégico orientará planes de acción, decisiones estratégicas y procesos de mejora continua “donde la tecnología se pone al servicio de las personas”, en la que profesionales sanitarios y cuidadores “deben participar de forma activa”. En este sentido, ha asegurado que este modelo de cuidados “no añade carga” a los profesionales.

El día antes de participar en las jornadas anuales de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), para hablar de gobernanza “en tiempos de transformación”, precisamente Pascual ha dicho que “gobernar la sanidad del siglo XXI no va de sumar recursos solamente; va de diseñar sistemas que cuiden mejor”. En este sentido, ha defendido que se trata “de entender que la longevidad sin cuidados integrados es sufrimiento prolongado”, por lo que ha reivindicado la necesidad de “asumir que la verdadera sostenibilidad no está en recortar”.

A la actividad, han asistido altos cargos de Salud, además de representantes de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), del Colegio Oficial de Enfermeras y del hospital privado Santa Clotilde, con los que ha realizado una mesa “ de reflexión”, según el comunicado.

Más de 50.000 cántabros han participado hasta la fecha de manera desinteresada en el proyecto Cohorte aportando sus datos personales y médicos para la investigación, tal y como se concibió en su origen. En paralelo, el proyecto Cohorte se ha desdoblado en otro denominado Valdata para “facilitar la transferencia al mercado” de los datos sanitarios, según señala la web del Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla (IDIVAL), impulsor de la iniciativa. “Potenciar la utilización de datos clínicos”, en el lenguaje administrativo que utiliza el Gobierno de Cantabria.

Los datos son el gran valor de este proyecto, con los recelos que genera su tratamiento en una coyuntura social y económica donde tienen un extraordinario valor.

A principios de febrero, el Gobierno de Cantabria inició el derribo de la vieja estructura de la Residencia Cantabria donde se proyecta el futuro Parque Científico y Tecnológico de la Salud de carácter público-privado. El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, consideró “un despropósito inadmisible” esta privatización y expresó el temor de que se esté abriendo la puerta “a la comercialización de datos sensibles” y “para que la sanidad privada y las empresas de biomedicina hagan su dinero”.

El consejero de Salud, César Pascual (PP), negó estas prácticas. A raíz de estas declaraciones empezaron a llegar mensajes a Cohorte de personas que querían darse de baja. El consentimiento para participar en el estudio y el almacenamiento de sus muestras y datos “podrá ser revocado en cualquier momento” pero, no obstante, “puede incluir alguna restricción sobre el uso o acceso de sus muestras y datos”, explica el documento que firman los voluntarios.

Un mes después, el Gobierno de Cantabria acaba de anunciar que esos datos se pondrán a disposición de un laboratorio farmacéutico estadounidense para hacer investigaciones genómicas. Pero que la empresa privada no pagará por ellos, se le facilitarán gratis e incluso costarán dinero a Cohorte, que tendrá que pagar los gastos de enviar las muestras a Estados Unidos. Esta colaboración podría ser resultado del viaje a Estados Unidos para divulgar el programa que hicieron hace un tiempo el consejero de Salud y otros tres directivos sanitarios, que también visitaron recientemente Panamá.

Para qué sirve Valdata

Pero la duda es para qué se ha constituido concretamente Valdata. Un proyecto financiado con 1,6 millones de euros, cuyo investigador principal es Joaquín Cayón, experto en derecho sanitario y bioético, subvencionado por el Ministerio de Transformación Digital con fondos europeos para crear “un mercado común de datos” que garantice el liderazgo europeo mediante el libre flujo de datos “en beneficio de empresas, investigadores y administraciones”.

Es decir, que Valdata -un proyecto que presentó el IDIVAL a esta convocatoria ministerial y que finaliza en junio- permitiría, según esta explicación, poner los datos de los voluntarios cántabros a disposición de empresas. Con la particularidad de que el proyecto es de carácter europeo y, por tanto, tiene como objetivo principal la creación de un mercado común de datos “que garantice el liderazgo de la Unión Europea en la economía global de los datos”.

“El proyecto Valdata tiene como finalidad estratégica facilitar el uso secundario de los datos sanitarios, orientado a mejorar la investigación, la innovación, la planificación sanitaria y la eficiencia del sistema público de salud, siempre bajo un modelo de gobernanza pública y control institucional”, asegura el Gobierno autonómico. “Persigue justamente garantizar y testear que los datos sanitarios se utilicen de forma segura e interoperable”, específica a preguntas del Grupo Parlamentario Regionalista consultadas por elDiario.es.

La respuesta del Gobierno de Cantabria define a Valdata como “repositorio, plataforma de integración o herramienta de análisis” y que opera “a modo de sandbox o piloto sobre ecosistemas sanitarios de datos, entre los cuales se encuentran los lagos de datos asistenciales”. A través de esta terminología resulta complicado descifrar que hace exactamente Valdata.

A qué datos tiene acceso

Lo cierto es que Valdata tiene acceso a datos procedentes del sistema sanitario público de Cantabria: las historias clínicas electrónicas de atención hospitalaria y atención primaria, datos de plataformas de investigación, de los sistemas corporativos del Servicio Cántabro de Salud “y otras fuentes sanitarias públicas que puedan incorporarse de forma progresiva”, añade el Gobierno de Cantabria.

Por su parte, los voluntarios de Cohorte han contribuido desinteresadamente con un análisis de sangre y un exhaustivo cuestionario sobre hábitos de salud y de vida, patologías y hasta enfermedades de la familia. Los voluntarios firmaban un contrato cediendo sus datos a la iniciativa liderada por el inmunólogo Marcos López Hoyos, que contribuyó a infundir la confianza en esta iniciativa entre los ciudadanos.

Se han recogido datos relativos a su salud, formación, trabajo, hábitos de vida, además de otros que se obtienen de registros oficiales (historia clínica, receta electrónica, Seguridad Social, sede electrónica del catastro e Instituto Nacional de Estadística), además de las entrevistas. Rellenar el cuestionario supone aproximadamente 50 minutos. Ahí se pide información sobre el nivel de estudios alcanzado, ingresos brutos, características de la vivienda, calidad de vida, consumo de tabaco y alcohol, dieta, actividad física, antecedentes familiares, actividad laboral, hábitos de sueño, memoria y consumo de tabaco.

Precisamente, al día siguiente de que el consejero de Salud anunciase la colaboración con el laboratorio farmacéutico con sede en Boston, Cohorte envió una comunicación a los miles de voluntarios cántabros anunciando que recibirán una llamada para concertar una cita que se enmarca en la segunda fase del proyecto, que comienza ahora.

Javier Crespo ha tomado el relevo de Marcos López Hoyos como director científico y el mensaje también recuerda el partido benéfico a favor de Cohorte Cantabria, que se jugará en Suances el 25 de abril entre el San Martín Veteranos y el Real Madrid Leyendas. Financiado con medio millón de euros anuales, Cohorte necesita más dinero.

Por su parte, el proyecto Valdata concluirá a finales de junio sin que las explicaciones oficiales dadas por el Gobierno de Cantabria a las preguntas parlamentarias que ha hecho el PRC arrojen claridad sobre qué ha hecho exactamente este proyecto, a quién se ceden los datos de los voluntarios y en qué condiciones.

A Esther, a sus 55 años, la vida se le escapaba de las manos en apenas unos días. Esta granadina, que había acudido a las urgencias hospitalarias del Hospital San Cecilio de Granada por una simple caída el pasado mes de enero, empeoró notablemente en unas horas críticas que estuvieron a punto de acabar en tragedia. “Podría haber muerto”, reconoce tras haber vivido en primera persona cómo la situación asistencial de las urgencias en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) da pie a episodios como el suyo.

La segunda semana laboral completa de huelga convocada por los sindicatos médicos contra el Estatuto Marco del Gobierno de España afronta su recta final. Mientras, la cuestión sanitaria ha entrado de lleno, si no lo había hecho ya, en la precampaña electoral a tres meses de los comicios. El caso de Esther es extremo, pero representa el sentir de profesionales, pacientes y sindicatos de la sanidad pública andaluza. Porque la falta de personal en todos los ámbitos da pie a jornadas maratonianas que extenúan a los profesionales porque no pueden dar abasto con el volumen de usuarios que reciben, especialmente en los periodos de alta frecuentación que se producen en invierno por las patologías asociadas a las enfermedades respiratorias fruto del frío. En la historia de Esther se cruzan todos los factores que explican lo que para los sindicatos de la mesa sectorial es, desde hace años, el “desmantelamiento” de la sanidad pública.

Porque Esther, que desarrolló asma crónica por culpa del tabaco, estuvo a punto de perder la vida por una neumonía no diagnosticada. “Llegué a despedirme de mi marido y cuando me dijeron que tendría que entrar en la UCI pensaba que me moría”. No se equivocaba, puesto que el personal médico que la atendió advirtió a sus familiares de que el cuadro clínico que presentaba era muy malo y que podía pasar lo peor. Afortunadamente, sobrevivió, pero el relato de los cuatro días que pasaron entre su caída y el ingreso en la UCI desvelan la falta de recursos que hay incluso en hospitales tan importantes como el San Cecilio de Granada.

Sin estadísticas oficiales ni un tiempo de respuesta determinado por decreto, las urgencias hospitalarias y de centros de salud responden a la buena voluntad de los profesionales, a la afluencia de usuarios y, a veces, a la suerte. El caso de Esther es paradigmático: se cayó y notó una fuerte presión en el pecho por la que acudió a urgencias. Una vez allí, se limitaron a hacerle una exploración sin rayos que no detectó un grave hematoma que tenía. Tras pasar varias horas en urgencias, fue derivada a su casa con antiinflamatorios, pero seguía sufriendo “dolores insoportables”. Tras otras dos visitas los siguientes días en urgencias, acabó siendo hospitalizada porque había contraído una gripe que le había generado una neumonía que no le habían diagnosticado y que, por poco, casi le cuesta la vida.

Historias como la de Esther no son las únicas. Pilar, de 88 años, vivió un proceso aún más prolongado antes de recibir un diagnóstico correcto. Desde que su médica de cabecera la derivó a urgencias el 21 de octubre hasta que finalmente fue ingresada en la UCI el 13 de diciembre con un diagnóstico de síndrome coronario agudo, transcurrieron casi dos meses. Durante ese tiempo acudió en tres ocasiones al servicio de urgencias y regresó a casa sin un diagnóstico claro ni un tratamiento que aliviara sus síntomas. Fueron semanas de dolor, sufrimiento y desconcierto en las que su estado fue empeorando progresivamente pese a que su edad avanzada y sus antecedentes coronarios podían haber alertado de un posible problema cardíaco.

La situación cambió el 13 de diciembre, cuando el agravamiento de los síntomas la obligó a regresar de nuevo a urgencias. Esta vez fue ingresada de inmediato y trasladada a la UCI. A pesar de la dureza del proceso, Pilar reconoce el trabajo del personal sanitario que finalmente la atendió. “Ese día apareció la sanidad pública que recordaba, la atención y la profesionalidad con la que mi familia y yo siempre habíamos contado”.

Su experiencia, sin embargo, le deja preguntas que van más allá de su propio caso. “¿Qué ocurre con las urgencias? ¿Cuáles son sus protocolos y criterios para atender a las personas? ¿Quién decide sobre los profesionales y los equipos que están al frente? ¿Son más importantes los planteamientos de rentabilidad económica que los de atención a las personas?”. “Estas preguntas no son retóricas”, advierte. “Tienen respuesta. Y víctimas”.

Profesionales al límite

Quienes trabajan en primera línea reconocen que la saturación de las urgencias no siempre tiene su origen en los propios hospitales, sino en las dificultades de acceso a la atención primaria. Marta es médica en el centro de salud de Atarfe, en el área metropolitana de Granada. Según explica, el dispositivo de urgencias de este centro atiende a una población que supera los 40.000 habitantes y que incluye municipios y zonas dispersas como Albolote, Colomera, El Chaparral o el entorno del pantano de Cubillas. Además, a partir de las tres de la tarde las urgencias de Albolote se derivan a Atarfe, lo que incrementa aún más la presión asistencial.

A pesar de ese volumen de población, el servicio funciona con solo dos equipos de guardia. “Con que uno salga a un aviso domiciliario, el otro se queda solo atendiendo todo lo que entra, y eso revienta el servicio”, explica. La situación se agrava, según relata, por las dificultades para conseguir cita en la atención primaria. “Si te dan cita para dentro de dos semanas, entiendo que la gente vaya a urgencias, aunque no sea el sitio. Cuando tienes un problema de salud, lo que quieres es que se solucione”.

El personal sanitario llevaba tiempo reclamando la incorporación de un tercer equipo de urgencias para poder repartir la carga asistencial. Sin embargo, la petición ha sido denegada por la administración autonómica. “Ese tercer equipo estaba previsto, pero al final lo han rechazado. Lo decide Sevilla y nosotros nos quedamos con dos equipos para una población enorme”, lamenta. En ese contexto, las guardias se convierten en jornadas extenuantes. Según explica, cada médico puede llegar a atender cerca de un centenar de pacientes durante una sola guardia. “Es un trabajo a destajo. Durante la madrugada tampoco paran de venir pacientes. Con dos médicos es inasumible”.

La presión asistencial también se deja sentir en los hospitales comarcales, donde la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población añaden dificultades adicionales. Mar trabaja desde hace siete años en las urgencias del Hospital de Baza y explica que la demanda no ha dejado de crecer en ese tiempo. Este centro sanitario da servicio a una amplia comarca del norte de Granada, con numerosos municipios pequeños y una población especialmente envejecida. “Aquí la gente es muy mayor y eso supone una mayor carga asistencial”, señala.

A su juicio, el principal problema vuelve a estar en la saturación de la atención primaria, que debería actuar como primer filtro del sistema sanitario. Cuando ese primer nivel no puede absorber la demanda, los pacientes terminan acudiendo directamente a urgencias. “Si la primaria falla, todo acaba degenerando aquí, porque la gente busca una solución”. Aunque actualmente la plantilla del hospital está completa, el volumen de trabajo ha crecido hasta el punto de hacer los turnos cada vez más exigentes. “Ahora mismo estamos todos los médicos, pero aun así los turnos son mucho peores porque hay muchísima más demanda”.

Ese incremento de pacientes se traduce en tiempos de espera más largos, sobre todo para los casos menos urgentes. Situaciones que antes podían resolverse en aproximadamente una hora ahora se alargan considerablemente más. La prolongación de esas esperas también tiene impacto en la relación con los pacientes. “Cuando la gente tiene que esperar más tiempo llega más enfadada y se genera una especie de retroalimentación negativa que hace más difícil el trato”, explica.

Desde los sindicatos reconocen que la presión asistencial en las urgencias varía según el momento del año y el centro sanitario. Victorino Girela, portavoz de sanidad de CSIF en Andalucía, señala que los tiempos de espera no siempre responden a un colapso estructural, sino a picos de demanda asociados sobre todo a las epidemias invernales de gripe y otras infecciones respiratorias.

“El tiempo medio de espera en urgencias es muy variable. Depende del centro y del momento epidémico en que nos encontremos”, explica. Según indica, una vez superados los picos de alta frecuentación propios del invierno, “no hay más que las demoras habituales”. El representante sindical asegura que no tiene constancia de retrasos generalizados fuera de esos periodos, aunque sí señala casos concretos donde los tiempos se han alargado por falta de personal. “El Hospital Virgen del Mar de Cádiz ha mantenido tiempos de espera más altos por falta de profesionales”, apunta.

Donde sí reconoce una presión más evidente es en la atención primaria. En muchos centros de salud, los pacientes pueden esperar más de una semana para ser atendidos por su médico de cabecera. “Los tiempos medios de espera superan los ocho o diez días para ver a tu propio médico, y en muchos casos la consulta es incluso telefónica”, afirma.

La respuesta de la Junta

La Consejería de Salud y Consumo no ha respondido directamente a las preguntas de este medio sobre el posible colapso de las urgencias ni sobre los tiempos medios de atención en el sistema sanitario andaluz. En su lugar, se han remitido a una intervención del consejero de Salud, Antonio Sanz, durante una sesión parlamentaria en la que defendió el funcionamiento general del sistema sanitario.

En esa intervención, el consejero pidió analizar la situación a partir de “indicadores objetivos” y no de casos concretos. Según explicó, el sistema sanitario andaluz gestiona cada año 588 millones de datos sanitarios, por lo que considera inevitable que puedan producirse incidencias puntuales. En el ámbito de la atención primaria, cuyo colapso denuncian sindicatos y profesionales como la clave de bóveda que genera el resto de problemas, aseguró que el tiempo medio de respuesta “no supera los cinco días”, una cifra que, según defendió, refleja la media del sistema.

Sanz reconoció, no obstante, que pueden existir demoras en procesos no urgentes o programados y defendió que la Junta está adoptando medidas para reforzar el sistema sanitario andaluz, entre ellas la aprobación de 3.983 nuevas plazas en el Servicio Andaluz de Salud o la puesta en marcha de un decreto para facilitar la cobertura de puestos de difícil acceso en zonas rurales. También señaló que el sistema sanitario andaluz, con más de 130.000 profesionales, 1.514 centros de salud y más de medio centenar de hospitales para atender a una población de 8,6 millones de personas, es el mayor del país, lo que a su juicio explica que puedan producirse incidencias en la actividad asistencial.

Mientras tanto, para pacientes como Esther o Pilar, la cuestión no se mide en estadísticas ni en indicadores de gestión, sino en el tiempo que pasa entre el momento en que acuden a urgencias y el instante en que alguien consigue poner nombre a lo que les ocurre. Un tiempo que, en algunos casos, puede marcar la diferencia entre una recuperación difícil y una tragedia.

El tejado del consultorio de Cueto, en Santander, se ha desplomado sin lamentar daños personales dado que el incidente se ha producido este viernes, el único día de la semana en que no se pasa consulta. En el momento del suceso no había pacientes y tampoco estaban ni el médico ni la enfermera del Servicio Cántabro de Salud que trabajan allí de lunes a jueves.

El local, propiedad de la Asociación de Vecinos de Cueto, llevaba semanas afectado por las goteras hasta que finalmente en la mañana del viernes parte del tejado se ha desplomado sobre una placa de hormigón, en una superficie de unos cuatro metros cuadrados, además de que el agua ha causado daños en la habitación que ocupa la enfermera del centro y la sala de curas.

El consultorio de Cueto se inauguró en diciembre de 1978 con dos médicos, un pediatra, una enfermera, un practicante y un celador para atender a todos los vecinos de la zona y evitar que se tuviesen que trasladar en autobús hasta el entonces denominado 'ambulatorio' de la calle Isabel II, en el centro de Santander. Con el paso del tiempo comenzó también a atender a los vecinos de El Sardinero y a los nuevos residentes de Valdenoja.

En junio de 2003 se inauguró el Centro de Salud de El Sardinero y la Consejería de Sanidad redujo el personal médico del consultorio, que quedó limitado a un doctor, una enfermera y un celador para atender a los vecinos que lo desearan todos los días de la semana de 8.00 a 15.00 horas.

En 2009, la Consejería de Sanidad ordenó el cierre del consultorio, lo que provocó una oleada de reclamaciones, protestas e incluso una manifestación. Aun así, el centro no abrió hasta que los decidió la legislatura siguiente el nuevo Gobierno del PP, una decisión que se tomó en 2014, aunque volvió a cerrar temporalmente durante la pandemia.

Año y medio después desde que la Junta de Andalucía decidiese desprenderse de tres fundaciones de investigación, una de ellas ha decidido llevar al Ejecutivo regional ante los tribunales. En concreto, el comité de empresa de la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO) ha denunciado al Gobierno andaluz ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por lo que consideran un trato desigual y denigrante si se les compara con personal equivalente del Servicio Andaluz de Salud (SAS): cobran hasta 30.000 euros menos por hacer las mismas funciones.

Así, la precariedad se ceba con los investigadores biomédicos que son esenciales para que la sanidad pública andaluza esté a la vanguardia en el tratamiento a los ciudadanos y en el avance científico. Aunque oficialmente la Junta se desligó de la fundación, lo cierto es que el control público de la misma es mayoritario y la intervención directa del SAS es tan evidente como que estos profesionales están integrados en los hospitales públicos y en proyectos relacionados con el propio sistema público para que se ofrezcan los mejores cuidados a los usuarios. Pero, paradójicamente, es el sistema el que no les cuida a ellos, al menos a tenor de las denuncias procedentes desde el comité de empresa de FIBAO.

La demanda, impulsada por la CGT -sindicato mayoritario en la fundación-, es el primer conflicto colectivo en España que reclama judicialmente la equiparación retributiva del personal investigador de una fundación biosanitaria con las categorías estatutarias del sistema sanitario público. El sindicato sostiene que la situación vulnera el principio de igualdad y la propia Ley de Investigación Biomédica de 2007, cuyo artículo 85 contempla la equiparación salarial con categorías equivalentes del sistema sanitario. “Se debería haber aplicado hace casi dos décadas”, sostiene Sonia Morales, presidenta del comité de empresa de FIBAO.

Trabajadores “low cost”

La brecha no es menor. Según los datos aportados por el comité, coordinadores de ensayos clínicos o personal investigador con titulación en biología o farmacia perciben en algunos casos alrededor de 18.000 euros brutos anuales. En el Servicio Andaluz de Salud, categorías equivalentes pueden alcanzar los 50.000 o 60.000 euros. “Tenemos profesionales cobrando entre la mitad y un tercio de lo que se percibe en el SAS”, resume Morales.

La paradoja, dicen, es que desarrollan su labor en los propios hospitales públicos andaluces, comparten equipos y espacios con el personal estatutario y trabajan con pacientes del sistema sanitario público. “Somos personal subrogado low cost del SAS”, denuncia la representante sindical. FIBAO forma parte de la red de fundaciones gestoras de la investigación del sistema sanitario público andaluz y, aunque en 2023 dejó de estar formalmente integrada en el sector público autonómico, el comité insiste en que el control público sigue siendo determinante.

Ese cambio jurídico se produjo tras el decreto aprobado por el Gobierno andaluz que sacó del sector público a tres fundaciones sanitarias -entre ellas FIBAO- en un movimiento que la Junta defendió como una forma de “agilizar” la gestión y captar más fondos de I+D+i. La decisión afectó también a FISEVI y FIMABIS y supuso una modificación de la composición de sus patronatos, con mayor presencia de universidades y entidades privadas. Los sindicatos ya advirtieron entonces del riesgo de mercantilización de la investigación y del impacto sobre las condiciones laborales.

En el caso de FIBAO, el comité recuerda que hasta 2023 el patronato estuvo compuesto mayoritariamente por miembros vinculados al SAS y que en la actualidad su presidencia recae en la directora del propio Servicio Andaluz de Salud. “Trabajamos en hospitales del SAS, con medios del SAS y bajo la dirección funcional del SAS”, argumenta Morales, que cuestiona que la fundación pueda presentarse como un ente completamente ajeno a la administración sanitaria.

Hacia un nuevo convenio

La respuesta oficial a las preguntas de elDiario.es Andalucía no ha llegado desde la Consejería de Salud, que ha derivado la contestación a la propia FIBAO. La fundación señala que las seis entidades biosanitarias andaluzas -FISEVI, FIBAO, FIMABIS, FIBICO, FCÁDIZ y FABIS- están negociando un convenio colectivo común para fijar un marco laboral homogéneo. Añade que desde 2012 no consta ninguna reclamación sobre las tablas salariales vigentes, que están aprobadas por sus respectivos patronatos, y que resulta “difícil” establecer equiparaciones con el SAS porque sus categorías no tienen reflejo directo en las estatutarias.

El comité de empresa rebate ese argumento. Morales recuerda que, en otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, se aprobó un decreto ley para establecer comparativas y aplicar la equiparación retributiva en las fundaciones sanitarias. En la Comunidad de Madrid, añade, se hicieron equiparaciones parciales para determinados perfiles. “Categorías como biólogos, farmacéuticos o personal administrativo existen en el SAS. No es que no haya equivalencia, es que no se ha querido aplicar”, sostiene.

Además, el sindicato rechaza que no haya habido reclamaciones previas. Según su relato, en 2014 se inició la negociación de un convenio colectivo para las fundaciones que entonces formaban parte del sector público andaluz. El texto se remitió a Hacienda en 2021, pero nunca llegó a entrar en vigor. En 2023, tras la salida de las fundaciones del sector público, el proceso tuvo que reiniciarse desde cero. El resultado, denuncian, son tablas salariales incluso inferiores a las planteadas años atrás.

La CGT asegura que planteó una equiparación progresiva en cuatro años para garantizar la estabilidad presupuestaria, propuesta que, según el comité, fue rechazada por la patronal y no contó con el respaldo de otros sindicatos presentes en la mesa negociadora. FIBAO, por su parte, insiste en que será el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que se pronuncie sobre la demanda presentada.

Más allá de la batalla judicial, los investigadores alertan de las consecuencias de esta brecha salarial. La investigación clínica, financiada en parte por farmacéuticas, ofrece condiciones más atractivas en el sector privado, mientras que la investigación básica depende casi en exclusiva de fondos públicos. “Las condiciones actuales favorecen la fuga de talento”, advierte Morales. A su juicio, el modelo andaluz mantiene una estructura pública de investigación apoyada en personal con salarios mileuristas y contratos vinculados a proyectos, lo que dificulta la estabilidad y la planificación a largo plazo.

El caso de FIBAO, que ahora llega a los tribunales, pone el foco sobre un debate más amplio: si la investigación biomédica que sostiene a la sanidad pública andaluza puede seguir apoyándose en un modelo laboral que, según los trabajadores, les sitúa en una posición de desigualdad frente a sus propios compañeros de hospital. Será el TSJA quien tenga la última palabra jurídica, pero la discusión sobre el modelo de investigación ya está sobre la mesa.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y el exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa, han declarado ante el juez que ellos no tuvieron un papel relevante en la reunión que preparó el camino para que el Gobierno de Juan Manuel Moreno retirara el mecanismo de fiscalización previa para los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de coronavirus.

El Tribunal de Instancia 13 de Sevilla investiga las irregularidades en los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas de 2021 a 2024. La declaración de García y Ochoa, ambos como testigos, había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, y se esperaba con interés después de que García fuera señalada por la exinterventora general de la Junta de Andalucía, Amelia Martínez (que hoy es viceconsejera de Hacienda), como la persona que decidió retirar el control previo. Martínez le dijo al juez que la retirada de los controles previos no formaba parte de la propuesta que ella misma había elevado por escrito a la Consejería de Hacienda, ni venía avalado por un informe preceptivo.

Sin embargo, García y Ochoa han coincidido en señalar que los equipos técnicos de ambas viceconsejerías negociaron la propuesta de nuevo mecanismo y que ambos se limitaron a ratificar la sustitución del modelo de fiscalización propuesto por la Intervención de la Junta de Andalucía, según fuentes presentes en la declaración de este martes citadas por Europa Press.

El exviceconsejero defiende que el nuevo sistema es más completo

Ochoa ha comparecido en primer lugar ante el titular del Juzgado, José Antonio Gómez, durante una hora y treinta minutos, mientras que la declaración de la hoy consejera de Sostenibilidad ha oscilado entre el cuarto de hora y los veinte minutos.

La declaración de Catalina García ha apuntado a que las directrices sobre los contratos, cuando ejerció de viceconsejera de Salud, las marcaba quien fuera director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda, quien también declaró el 18 de noviembre en la primera de las testificales celebradas en estas diligencias previas, al tiempo que ha indicado que su rol se centraba en salvar vidas.

El exviceconsejero de Hacienda, que ejerció este cargo entre el 8 de septiembre de 2020 y el 9 de agosto de 2022, ha defendido en su declaración que el control financiero permanente, adoptado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020, es más completo frente al muestreo de los contratos en que se fundamenta la fiscalización previa, según han indicado fuentes presenciales.

Ese acuerdo no está sustentado por un informe de la Intervención ni se desprende de la memoria que redactó una semana antes la propia Martínez, con una lista de los gastos y servicios de la Junta que podían prescindir del control previo, donde no aparecían los contratos del SAS.

Fuentes en el procedimiento, citadas por Europa Press, han remarcado que ese acuerdo del Consejo de Gobierno de octubre de 2020 para sustituir la fiscalización previa por el control financiero para los contratos del SAS vino precedido de un informe de la Intervención de la Junta de agosto de 2020 que comportó la suspensión de un contrato del SAS cercano a los 30 millones de euros.

El origen del cambio de sistema, según la exinterventora

La comparecencia de ambos en estas diligencias previas sobre los contratos de emergencia del SAS venía precedido del protagonismo que les atribuyó la hoy viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Amelia Martínez, durante su testifical de 18 de noviembre de 2025, quien sostuvo que la inclusión de los contratos del SAS para otra modalidad de fiscalización fue fruto de una conversación entre ambos y que venía sin el respaldo de una memoria preceptiva de la propia Intervención.

Martínez declaró en noviembre por su pasado como interventora general de la Junta de Andalucía, cargo que desempeñaba cuando el Consejo de Gobierno acordó el 6 de octubre de 2020 modificar el modelo de fiscalización para los contratos del SAS durante la pandemia del Covid y a posteriori.

La hoy viceconsejera de Economía y Hacienda rubricó como interventora general el 29 de septiembre de 2020 un informe anexo al expediente del Consejo de Gobierno donde hacía un repaso de la implantación de la fiscalización previa.

En el caso del SAS recordaba que en septiembre de 2003 se amplió el control financiero permanente a nuevos centros periféricos, así como abogaba por “un régimen mixto de fiscalización” para los gastos de personal sanitario y educativo.

Investigados los tres últimos gerentes del SAS

En estas diligencias previas que se siguen en un Juzgado de Sevilla están siendo formalmente investigados la actual gerente del SAS, Valle García, así como sus antecesores en el cargo Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, quienes comparecieron en el juzgado dentro de una testifical que se celebró el 25 de noviembre.

La declaración de los sucesivos responsables del SAS tuvo como hilo conductor el argumento de que su gestión se encaminó a afrontar las necesidades sanitarias del momento y la convicción de que su trabajo como gestores tenía el respaldo de informes jurídicos.

Las diligencias previas ponen el foco en la adjudicación de 242 millones de euros en contratos. El SAS aprobó un marco excepcional para la adjudicación de contratos sanitarios en plena pandemia. Para facilitar su agilidad, el sistema canalizaba los contratos por la vía de emergencia, sin publicidad ni concurrencia competitiva, amparándose en la normativa de excepción aprobada para la pandemia. Sin embargo, el SAS prorrogó este mecanismo hasta bien entrado 2024, pasando de los 70 millones adjudicados inicialmente a 242,3, ignorando las advertencias de Hacienda y una decena de informes de los interventores que advertían de que no había cobertura legal para ello, pues el marco excepcional ya estaba derogado. El juez trata de esclarecer por qué y si la extensión de esa prórroga puede constituir una prevaricación administrativa.

La actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán [noviembre de 2019 - julio de 2022] y Diego Vargas [que ocupó este puesto hasta diciembre de 2023], están imputados en una causa judicial que salpica de lleno al Gobierno de Juan Manuel Moreno.

“En Huéscar estamos desorientadas. No hay matronas, no hay apoyo, no hay información”, cuenta Lucía sobre la experiencia traumática que ella misma ha vivido en primera persona al quedarse embarazada. No es su nombre real, pues prefiere guardar el anonimato al vivir en un entorno rural en el que no quiere sentirse señalada ni ser foco de represalias por denunciar algo compartido entre miles de mujeres de la comarca de Huéscar (Granada): la falta de recursos públicos convierte en una tarea titánica tener un embarazo. Algo que desmiente la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, alegando que la atención está “garantizada” y que se están haciendo esfuerzos por mejorarla.

Pero la Asociación de Mujeres de Galera, uno de los principales municipios de esta zona rural situada al norte de la provincia de Granada, está movilizándose para reclamarle al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que se cumpla con lo que dicen ofrecer: una atención digna y de calidad para las más de 2.000 mujeres en edad fértil que habitan este entorno (en la comarca viven alrededor de 18.000 personas). Encabezadas por Raquel Molina, no solo están reclamando recursos ante el Ejecutivo regional, sino recogiendo testimonios que desmienten el triunfalismo de Salud y que dibujan la dura realidad que atraviesan quienes no tienen acceso a lo más básico: el seguimiento de su embarazo.

Porque el plan de seguimiento del embarazo que está estipulado en la normativa del SAS se incumple en esta zona de Granada. Según explica Molina, “solamente nos ven en las semanas 12, 20 y 34 de embarazo”, para lo que han de desplazarse hasta Baza, a una distancia mínima de media hora de algunas localidades y hasta una hora de otras. Algo anómalo, teniendo en cuenta que el plan de seguimiento contempla una visita obligatoria antes de las diez primeras semanas, cinco controles prenatales y una ecografía, al menos, cada trimestre. Sin embargo, la ausencia de matronas en los ambulatorios y centros de salud de la comarca de Huéscar hace que esto sea imposible de llevar a cabo. Mientras, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que debería haber una por cada 400 mujeres, lo que haría que en esta zona rural tendría que haber cuatro.

“Desde que te quedas embarazada, el plan sanitario del embarazo no se lleva a cabo. No tenemos seguimiento. Nadie nos ve”, denuncia Raquel Molina. Sabe bien de lo que habla porque está embarazada de su segundo hijo y vive en primera persona la falta de recursos que elevan la preocupación de las más de 2.000 mujeres que viven en la comarca. “Las hay que dicen abiertamente que no quieren quedarse embarazadas aquí y que se irían”, añade. Una realidad que, de paso, abona el terreno para que los entornos rurales acaben perdiendo población, dando paso a la España vaciada.

Empujadas a la sanidad privada

No en vano, entre una de las tres revisiones que se hacen al embarazo -cuando deberían ser cinco- pueden pasar tres meses sin que ningún profesional médico atienda a estas mujeres. “Lo que ocurre en muchas ocasiones es que acabamos fingiendo dolores y problemas para que nos vean en las urgencias del Hospital de Baza”, explica Raquel. De hecho, como tampoco hay especialistas en la comarca, ni siquiera se les toma la tensión o se les hacen analíticas periódicas, claves para que la propia madre no ponga en peligro su vida. Al mismo tiempo, según denuncian las mujeres de Huéscar, “no hay información sobre las vacunas que deben suministrarse”.

Un compendio de agravios con respecto al de quienes viven en entornos urbanos o mejor dotados de recursos, que aleja la maternidad de este tipo de comarcas. De ello sabe bien Silvia, cuyo nombre es ficticio para evitar sentirse señalada. Vivió un embarazo que ya fue calificado de riesgo a las tres semanas porque acudió a una clínica privada. Sin embargo, en la sanidad pública le dijeron que esperase hasta la semana 11 del embarazo, lo que le obligó a hacer continuos desplazamientos en coche hasta Granada capital -a más de una hora de distancia- para acudir a los recursos privados.

“Un informe decía que debía ponerme heparina desde el primer día, pero aquí me dijeron que no. Que esperara a Baza”, desvela Silvia. Afortunadamente para ella, se negó a hacerle caso al SAS y tomó la decisión de acudir a la medicina privada, empujada ante la necesidad de información: “Mi embarazo siguió adelante gracias a que fui al privado, porque el embarazo era de riesgo y nadie aquí me ponía la medicación”. Recurrió al ambulatorio de su zona en alguna ocasión para ser vista al menos por una enfermera, “que hacía lo que podía”, pero que, ante la peligrosidad de su embarazo, no era atención suficiente. Así, acabó teniendo que recurrir a una cesárea de emergencia en Baza que resultó “traumática”.

“En el parto casi me quedo allí mismo. La anestesia se me subió hasta la garganta”, cuenta Silvia. “Estuve más de tres horas en reanimación sin que nadie viniera a decirme nada de mi bebé”. Tras aquello, la situación no mejoró cuando su hijo ya estaba con ella en casa porque se sintió olvidada por la sanidad pública de nuevo: “Después de una cesárea de urgencia, no tienes ninguna revisión. Si tienes molestias, o pagas o vas por urgencias”.

Experiencias traumáticas

La historia de Lucía, que es la mujer con la que arrancamos este reportaje, no es mejor. De hecho, ha tenido un doble mal final. Esta mujer, cuyo nombre también es falso para preservar su identidad, ha sufrido dos abortos en apenas dos años. Dos abortos que retratan lo que, a su juicio, es un “trato humillante” que también deriva de la falta de recursos. En su primer aborto, ocurrido en 2023, Lucía afirma que sufrió un trato denigrante por el ginecólogo que le atendía en las escasas visitas rutinarias del plan de seguimiento en Baza. “No me daba apenas información. A veces decía que no había nada y otras que sí había latido”.

Angustiada y cansada del hermetismo, también recurrió a la sanidad privada de Granada capital en la que le dieron la mala noticia: el feto ya estaba perdido. Lucía recuerda cómo el trato del ginecólogo le hizo sentir mal: “Me mandaba a mi casa como un perro”. En el segundo aborto, la atención mejoró, pero el seguimiento continuó siendo lento y escaso. Además, aunque ella, de momento, no ha dado a luz, también ha padecido el otro problema añadido de las mujeres de Huéscar: como no hay matronas ni especialistas, tampoco tienen acceso a clases preparación al parto ni más información que la que entre las propias madres gestantes se proporcionan entre sí.

Así, como cuenta Raquel Molina, “muchas mujeres van a urgencias por los nervios, porque pasan meses sin que nadie las vea”. Cansadas de la situación, han remitido escritos a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía e incluso las matronas de Granada han hecho lo propio, de momento sin éxito. El desamparo que sienten es total y la pérdida de población es paulatina ante la realidad que padecen en la comarca.

Una comarca que, como reconoce el SAS, no tiene ninguna matrona. Sin embargo, fuentes oficiales de la sanidad pública andaluza dicen que se está trabajando en la contratación de la primera matrona de la zona -aún faltarían otras tres para llegar al estándar de la OMS-. Un refuerzo que va en línea de lo anunciado por el consejero de Salud, Antonio Sanz, para cubrir 364 puestos sanitarios en entornos rurales a partir de diciembre. Siendo ese, el de la falta de matronas, el único problema que se reconoce desde el Ejecutivo regional. Según el SAS, la atención y el seguimiento del parto está “garantizado” para las mujeres en edad fértil que viven en esta zona de Granada.

“Las gestantes de la comarca reciben seguimiento por los equipos de atención primaria, siete en la zona, con su profesional de medicina de familia y enfermería (en total 14 profesionales) y por el Área Hospitalaria de referencia, tal y como establece el protocolo vigente”, explican desde la Junta de Andalucía. “Las gestantes de la comarca reciben seguimiento por los equipos de Atención Primaria, siete en la zona, con su profesional de medicina de familia y enfermería (en total 14 profesionales) y por el Área Hospitalaria de referencia, tal y como establece el protocolo vigente”. Un argumento triunfalista que choca con la realidad que describe, y sobre todo viven, las mujeres de esta comarca.

Los informes oficiales a los que ha tenido acceso la formación política Podemos, tras una denuncia en Transparencia, desvelan que la Consejería de Salud había decidido privatizar los cribados del cáncer de mama y colon cuatro meses antes de anunciarlo. Pese a ello, el propio consejero eludió informar de ello cuando se le preguntó meses más tarde de forma directa qué servicios sanitarios incluía el convenio singular con el hospital religioso privado de Santa Clotilde.

Cuando el consejero de Salud César Pascual (PP) dió una rueda de prensa sobre el convenio para privatizar servicios sanitarios con el Hospital Santa Clotilde de Santander dijo desconocer qué servicios sanitarios se iban a privatizar. Evitó precisar si el hospital privado continuaría realizando la lectura de mamografías que le ha encargado el Servicio Cántabro de Salud (SCS) para solventar el retraso en los informes de casi 4.000 mujeres y no quiso confirmar si se ampliaría el actual catálogo de prestaciones.

Esto sucedió el 16 de octubre. Sin embargo, tres semanas antes, el 22 de septiembre, esta información que negó conocer el consejero ya aparecía detallada en la Memoria Económica del convenio singular, firmada por la subdirectora de Gestión Económica e Infraestructuras. Es más, también aparece perfectamente descrito en otro informe oficlal anterior del mes de julio: la memoria técnica, que ya incluía en la cartera de servicios la privatización de las unidades de cribado de cáncer de mama y de colon. Cuestión que, tres meses después, el consejero negó conocer ante los medios.

En esa comparecencia, Pascual admitió que se había calculado la cifra del convenio sin concretar todavía los servicios. Semanas después anunció lo que ya estaba escritoe n papel oficial desde julio: que las unidades de cribado de mama y colon pasaban a privatizarse.

Pese a ello, cuando en octubre se conoció el atasco de 3.900 mamografías sin diagnóstico, el consejero Pascual anunció que se “externalizaba” la lectura de parte de las pruebas de manera puntual a Santa Clotilde por los retrasos que atribuyó a “la falta de radiólogos, a bajas prolongadas y al aumento de la población diana”.

Posteriormente, elDiario.es desveló que era algo que ya estaba haciendo con anterioridad. Nueve meses antes el Gobierno cántabro había privatizado la lectura de mil mamografías. Pero no se dijo nada de ese contrato que entró en vigor en enero de este año.

La información salta ahora la luz ahora, gracias a que Podemos ha conseguido que el Gobierno de Cantabria le remita los documentos oficiales que había estado pidiendo sin éxito. Hasta el punto de que la formación morada lo denunció ante Transparencia -el organismo que vela por el acceso público a la información- que abrió un expediente de reclamación contra la Consejería por no haber entregado la documentación requerida.

Finalmente, Podemos ha recibido la documentación que constata que la decisión de ampliar el catálogo de servicios sanitarios públicos privatizados se tomó mucho antes, se mantuvo en silencio, se presentó como una solución puntual para aliviar un atasco y finalmente se privatizó, junto con el cribado de colon.

Olga Cacicedo abrió su farmacia hace cinco años en Las Rozas de Valderroyo, un pueblo de 300 habitantes supervivientes del éxodo que hace sesenta años les expulsó de sus casas para construir el pantano del Ebro. Pasó de ser farmaceútica adjunta en Palencia a tener su propio negocio a 80 kilómetros de Santander. Hasta entonces los vecinos tenían que ir con sus recetas hasta Reinosa para comprar sus medicamentos.

En el pueblo nunca había habido una farmacia. La suya fue una farmacia de nueva apertura catalogada como VEC. Es decir, de Viabilidad Económica Comprometida. Una de las 33 que salieron a concurso en el año 2018. Algunas no las quiso nadie. Eso sucedió en Los Tojos, Valdeprado del Río y Pesaguero, donde apenas hay habitantes.

Aquel verano alquiló un local que servía de almacén a la ferroviaria ADIF y a los seis meses llegó la pandemia. Desde el mostrador veía el consultorio de enfrente cerrado. Sin médicos ni sanitarios en el entorno Olga tuvo que resolver “muchos problemas por teléfono con el médico”. Aunque no necesitó prestar atención farmacéutica domiciliaria, porque sus pacientes, la mayoría jubilados, solían venir a la farmacia: “Aquí no hay tiendas y era el único sitio al que podían salir”, recordaba en un testimonio recogido en 2021 por Correo Farmacéutico.

Cinco años después, esta primavera, la farmacia de Las Rozas cerró sus puertas. El médico pasa consulta con suerte una vez a la semana, así que los vecinos van a Reinosa y es frecuenten que ya vengan de la capital campurriana con las medicinas compradas. Tampoco contribuye mucho, en este entorno rural aislado, que el funcionamiento de Internet sea deficiente.

A raiz de esta situación, el Gobierno de Cantabria convocó un procedimiento para abrir un botiquín farmacéutico en la zona. Una figura que se aplica ya en ocho pueblos de difícil acceso o con población escasa, difícil comunicación con respecto a la oficina de farmacia más cercana o altas concentraciones estacionales, entre otras singularidades.

Es una solución intermedia para no desatender a los vecinos, pero sin el servicio completo en horario que hace una farmacia convencional. “El objetivo es asegurar una cobertura farmacéutica donde no es viable una farmacia convencional”, apunta la presidenta del Colegio de Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, María García del Hierro.

Botiquines farmacéuticos: una década funcionando en Cantabria

Los botiquines farmacéuticos -algunos tienen ya más de una década- funcionan desde que en 2001 entró en vigor la nueva normativa autonómica en la Ley de Ordenación Farmacéutica de Cantabria. Los ocho que existen actualmente se han ido poniendo en marcha gradualmente en Quintanilla de Lamasón, La Hermida, Cabezón de Liébana, Villayuso, Mirones, Valle de Villaverde, Cotillo de Anievas y Santiurde de Toranzo.

Según la normativa, cada botiquín debe estar vinculado a una oficina de farmacia existente, que actúa como farmacia de referencia, normalmente la más próxima dentro de la zona farmacéutica. Cada oficina de farmacia no puede tener vinculado más de un botiquín. “Su función es garantizar la continuidad del servicio farmacéutico en zonas rurales, fomentando la seguridad y equidad en el acceso a los medicamentos”, subraya la presidenta.

En apariencia, el negocio es idéntico: se dispensan medicamentos y productos sanitarios. La normativa exige que en el acceso al botiquín deberá haber un rótulo donde figure con caracteres grandes y visibles “Botiquín Farmacéutico”, así como una placa situada a la entrada del local con el nombre completo del farmacéutico titular de la oficina de farmacia responsable del botiquín, el horario del mismo y la dirección de la oficina de farmacia a la que está vinculado.

Actualmente hay 278 farmacias en Cantabria. La última se abrió en 2022. “Existe una planificación de la Ordenación Sanitaria, la Administración se encarga de estudiar y analizar las necesidades de la población y su distribución para designar los servicios correspondientes”, precisa la responsable del Colegio de Farmacéuticos.

Programas de las farmacias en zonas despobladas

Desde hace cuatro años, conscientes del despoblamiento en las zonas rurales, se han puesto en marcha diferentes acciones que contribuyen a fijar la población. “Las oficinas de farmacia han contribuido con diferentes programas como por ejemplo la Escuela Rural de Salud, la colaboración con Programa Viernes en Soledad no deseada y con Fundación Unate para la promoción de hábitos saludables”, enumera María García del Hierro.

La presidenta también destaca la colaboración con la Guardia Civil para la detección de personas vulnerables y el Programa de Sistemas Personalizado de Dosificación “cuyo objetivo es la preparación y estabilización de los tratamientos farmacológicos de pacientes vulnerables mediante atención farmacéutica y un seguimiento farmacoterapéutico que promueve la desinstitucionalización de nuestros mayores favoreciendo su voluntad de permanecer en su domicilio durante el tiempo que deseen”, explica.

En este contexto, la renuncia de la farmacéutica de Las Rozas abrió un proceso para instalar un botiquín. En un principio se mostraron interesados los titulares de dos farmacias que finalmente desistieron de sus pretensiones. La paradoja es que las farmacias no quieren abrir porque probablemente no resultan rentables. Pero los botiquines, la solución creada para aliviar este efecto, tampoco.

El Tribunal de Cuentas recomienda reforzar los controles financieros sobre el Servicio Cántabro de Salud, dado el volumen del presupuesto que gestiona. El informe de fiscalización de las cuentas de Cantabria, correspondiente a 2023 y publicado el 27 de noviembre, pone en evidencia “la existencia reiterada de gastos realizados que no disponen de dotación presupuestaria” en este organismo dependiente de la Consejería de Salud por “deficiencias en la adecuación del presupuesto inicial”.

El análisis indica que resulta relevante el hecho de que el SCS, en virtud de lo que disponen sus estatutos, no está sometido a la función interventora, la cual ha sido sustituida por el control financiero que a su juicio resulta insuficiente.

El Tribunal aconseja modificar las normas reguladoras del régimen de funcionamiento del Servicio Cántabro de Salud, el Servicio Cántabro de Empleo y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales para que sea obligatorio que tengan presupuestos propios y rindan cuentas independientes respecto de la Cuenta Anual de la Administración General.

De manera especial pone el acento en que el presupuesto del Servicio Cántabro de Salud se adapte a las necesidades reales de gasto de cada año para evitar gastos extras sin dotación y reducir, al mismo tiempo, la necesidad de endeudarse.

Una recomendación recurrente que se hace cada año. El informe de las cuentas de 2022 subrayaba que las necesidades reales de gasto del SCS habían requerido incrementar su presupuesto en 130 millones de euros.

De hecho, el análisis actual señala una irregularidad –salvedad, en términos contables– en la gestión de las cuentas de Cantabria porque se imputaron al presupuesto de 2023 gastos procedentes de ejercicios anteriores –y que, por tanto, se debían haber reconocido en tales ejercicios– por importe de 115 millones de euros, un 36,3 % más que en 2022. Fecha en la que ya se había producido un aumento interanual del 4,7 %.

De este importe, 64 millones corresponden al Servicio Cántabro de Salud (SCS). Son gastos que se hacen sin disponer de crédito y que se han reconocido –erróneamente desde el punto de vista contable y fiscal– como si se tratara de obligaciones ordinarias de ese año. Todos ellos proceden de obligaciones comprometidas sin disponer de dinero suficiente en el ejercicio en el que se generaron.

El análisis también señala que, en sentido contrario, no se imputaron a presupuesto 109 millones de euros correspondientes a obligaciones generadas en el ejercicio, de los que 61.926 miles corresponden al SCS. En consecuencia, las obligaciones reconocidas están sobrevaloradas en 5,7 millones de euros.

En el análisis de la liquidación del presupuesto de Cantabria de 2023 el Tribunal de Cuentas detecta algunas incidencias más. En primer lugar, se presenta una sucesión de partidas presupuestarias sin ordenar ni agregar por capítulos, secciones y programas, “lo que resta claridad a la información suministrada y dificulta el análisis”, reprocha.

Las recomendaciones que hace el informe son, en general, recurrentes y muy técnicas. El documento evidencia algunos datos relevantes como que en 2023 se dejaron de gastar 228 millones de euros que quedaron sin ejecutar. De igual modo, tampoco se gestionaron otros 216 millones de euros correspondientes al fondo de Recuperación y Resiliencia.

Salvedades

El informe reprocha las modificaciones financiadas con créditos del programa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que han sido “una práctica habitual en lugar de excepcional como prevé la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023”. Es decir, que se ha utilizado ese dinero para modificar gastaos presupuestarios, lo cual no es un procedimiento correcto desde el punto de vista contable y financiero.

Al tiempo, censura que no adjunta información sobre los presupuestos de la Universidad de Cantabria, ni los correspondientes a las sociedades Aberekin, S.A., Parque Empresarial de Cantabria, S.L. y Gran Casino del Sardinero, S.A. que no están sometidos a control.

Añade que en los organismos “sobre los que no se ejerce la función interventora” y, en especial, sobre el Servicio Cántabro de Salud y sobre el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, las actuaciones de control financiero “resultan insuficientes”.

De hecho, subraya que no se realizan controles sobre la Universidad de Cantabria, ni tampoco sobre tres de las once fundaciones públicas autonómicas, ni sobre 18 de las 19 empresas públicas, pese a que –precisa– todas estas instituciones han sometido a auditoría sus correspondientes cuentas anuales. En resumen, el Gobierno de Cantabria solo acreditó informes de control de eficacia sobre la actividad de 8 entidades públicas.

El análisis subraya algunas otras cuestiones menores como que el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) no tiene registrada la cesión gratuita por la Consejería de Economía y Hacienda de las instalaciones en las que desarrolla su actividad, o que la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) no ha acreditado el registro contable de la cesión de uso de un inmueble y de un despacho de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.

Por parte de la Universidad de Cantabria destaca que no ha incluido en su memoria económica la obligatoria explicación del grado de cumplimiento de los objetivos programados y de las desviaciones entre las partidas inicialmente aprobadas y las ejecutadas por lo que las considera “cuestionables”.

Los lunes por la tarde es estadísticamente el peor momento de la semana, cuando más personas acuden a Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Desde la pandemia ha ido creciendo la demanda y actualmente llegan cien pacientes más al día. Lo que antes era un pico extraordinario hoy se ha convertido en una cifra cotidiana: todos los días hay más de 400 y en las jornadas más complicadas se han sobrepasado los 500.

A pesar de ello, sigue habiendo el mismo número de sanitarios y el mismo espacio físico, lo que inevitablemente deriva en una sobrecarga de trabajo, saturación de las instalaciones y demoras en la atención. “Estamos acostumbrados a trabajar en el caos”, lamenta el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) en Cantabria Luis Prieto, en conversación con elDiario.es.

Pese a estas circunstancias, Cantabria es la única comunidad autónoma que ha rechazado las dos plazas de formación en el nuevo MIR de Medicina de Urgencias asignadas por el Ministerio de Sanidad sin que haya quedado claro el motivo. Máxime cuando habían sido reclamadas por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), que había insistido, sin ningún éxito y sin ninguna respuesta, en mantener una reunión con la Consejería de Salud a través de escritos y mails para explicar la situación.

En el servicio de Urgencias de Valdecilla trabajan actualmente menos de 40 médicos procedentes de otras especialidades que se han especializado por su cuenta, pagando formación de su bolsillo. A partir de 2024 se ha creado la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. El Ministerio de Sanidad ha repartido las primeras plazas de formación MIR en este campo -a las que se han sumado todas las autonomías excepto Cantabria- para reforzar la atención de Urgencias en hospitales y servicios de emergencia. La especialidad ya cuenta con respaldo normativo por lo que el rechazo de las plazas no responde a una falta de necesidad, sino a una decisión política.

El asunto llegó a debatirse en el Parlamento de Cantabria por iniciativa del diputado socialista y exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera, quien denunció que Cantabria “se queda sola” porque es “la única comunidad que no va a formar médicos de esta especialidad”. En respuesta a sus críticas, el consejero de Salud, César Pascual (PP), justificó el rechazo de Cantabria a las plazas de Médico Interno Residente (MIR) de Urgencias y Emergencias porque hay “un excedente de 11 especialistas acreditados” y “no hay urgencia”, ya que “sacar esas plazas hubiera supuesto renunciar a otras”. Pascual justifica el rechazo a las dos plazas MIR de Urgencias porque hay “excedente” y “no hay urgencia”.

A preguntas de elDiario.es, la Consejería de Salud dice que Cantabria “no ha rechazado nada” porque no tenía ninguna plaza MIR de Urgencias. “Ante la falta de rigor y seriedad del Ministerio de Sanidad, y dado que no existía ni programa de la especialidad, ni decreto de acreditación de unidades docentes, el pasado año, decidió no ofertar dos plazas de MIR de Urgencias”, precisa. A día de hoy -añade la versión del Gobierno de Cantabria- el Ministerio aún no ha resuelto las cuestiones planteadas. Por último, consideran que “con las homologaciones de títulos, Cantabria tampoco tiene una necesidad de especialistas en los próximos años y que este año se han creado plazas para la oferta del próximo”.

“Mi lista de espera se mide en horas”

El presidente de SEMES Cantabria, considera que el hecho de que Cantabria sea la única comunidad en rechazar las plazas supone “un retroceso” en la mejora del sistema de atención urgente cuando los servicios de urgencias hospitalarios y extrahospitalarios “se han convertido en un pilar fundamental del sistema sanitario”.

“Mi lista de espera se mide en horas”, dice Luis Prieto. En Urgencias no vale dar cita para ocho o quince días como en un centro de salud de atención primaria. Allí hay que consultar a todo el que entra por la puerta, y cada vez lo hacen más. “Es un trabajo intenso y de mucha presión”, subraya.

El número de pacientes se incrementa como consecuencia del envejecimiento de la población: a diario se atienden pacientes mayores de 90 años e incluso centenarios. Pero no es la única causa. Los centros de salud sin médico, las demoras en las citas de atención primaria, las listas de espera en las consultas especializadas y cierta cultura -especialmente entre los más jóvenes- de recurrir directamente a Urgencias, contribuyen a derivar al hospital cuestiones que a menudo podría resolver el médico de cabecera.

“Esta fuera de control: todo lo que no pueden asumir recae en el hospital” -señala el doctor Prieto- “el servicio de Urgencia es la válvula de escape del sistema de salud nacional”.

En cualquier caso, el sistema de cribado de acceso a Urgencias proporciona a los pacientes graves atención “en minutos”, explica el médico adjunto Fran Mateos a este periódico. Todo ello con una plantilla precaria claramente insuficiente que provoca algunas renuncias de facultativos que ante el volumen de trabajo y las jornadas laborales aleatorias -turnos de mañana y tarde, guardias y sustituciones por bajas de compañeros que se cubren sobre la marcha- buscan una plaza con mejores condiciones en otros destinos.

Una de las debilidades es precisamente esa: que no hay plantilla extra, cuando falta algún médico se quita de otro turno o directamente se hace con uno menos. A ello se añade que los médicos de este servicio no cobran esta 'autocobertura', como otros profesionales sanitarios. Otra reivindicación pendiente. A ello se suma que en cada turno hay diez residentes de guardia, pero si uno causa baja no existe la obligación de sustituirle porque se trata de personal en formación. Así que ese día, se abre con un médico menos.

Al tiempo, los responsables de SEMES llaman la atención sobre otra cuestión. Si ahora ya solo hay un par de personas disponibles en la lista, la escasez de especialistas se agudizará a medio plazo porque entre el 40 y el 50% de la plantilla de médicos de urgencia tiene más de 55 años y los futuros residentes tardan cuatro en formarse.

Presión sanitaria turística

Los flujos de pacientes en Urgencias responden a algunos patrones. Mientras se juega un partido de fútbol importante, durante las competiciones olímpicas más relevantes o mientras se retransmitía el funeral de la reina de Inglaterra las salas de espera están vacías. En esas circunstancias solo llegan unos pocos casos graves.

En verano sube el volumen de gente y baja la gravedad. Aunque la afluencia de turistas se deja sentir de manera intensa -puede haber entre 80 y 100 pacientes más de los habituales- hay más patologías menores por golpes o contusiones. No obstante, también acuden pacientes de otras comunidades con enfermedades oncológicas y otras patologías crónicas a quien es muy difícil atender por los problemas para consultar su historial o acceder a la receta electrónica.

Así con todo, los médicos de urgencias “ni siquiera podemos meter presión”, lamenta Luis Prieto. La huelga, en su caso, implica unos servicios mínimos del 100% lo que en la práctica neutraliza el efecto de la convocatoria. Es más, a ellos les repercuten otras protestas laborales sanitarias. Dentro de unas semanas hay convocado un paro de cuatro días después del puente de la Constitución que cerrará los centros de salud, quirófanos y consultas durante nueve días. Ya saben que eso supone más afluencias de pacientes a Urgencias.

Falta de espacio

A raíz del derrumbe del edificio donde se alojaba anteriormente el servicio de Urgencias, estrenó instalaciones tras la construcción del nuevo hospital. El día que se inauguraron, los gestores presumían de que ya no iba a haber pacientes por los pasillos. La realidad ha sido distinta. El espacio se ha quedado pequeño.

El pabellón 13 que ocupa está completo, no se puede ampliar, y está compartido con el servicio de urgencias pediátricas que originalmente se iba a instalar en la Torre D. Una decisión de última hora robó espacio a la urgencia general, por lo que no hay posibilidad de acometer la necesaria ampliación. La propia saturación del hospital provoca que a su vez se sature Urgencias. “Si hay 26 boxes y 23 están ocupados por ingresos que no tienen cama por mucho que quieras correr atendiendo pacientes no puedes” -explica el doctor Mateos- “si tuviésemos el doble de espacio no habría nadie en los pasillos”.

El Gobierno de Cantabria privatizó la lectura de los informes de las mamografías en diciembre de 2024. Aunque se anunció nueve meses después, sin precisar la fecha del acuerdo, cuando se desveló que había 3.900 pruebas sin diagnóstico.

El consejero de Salud, César Pascual, informó entonces que se había encargado al hospital privado Santa Clotilde un millar de informes, supuestamente como reacción al “atasco” por falta de radiólogos puntual al que aludió, sin aclarar que este servicio ya se estaba prestando -o al menos ya estaba contratado- desde principios de año.

Eso sí, con un contrato menor de seis meses que entró en vigor en enero y había caducado a final de junio. Es decir, las mil lecturas a las que aludía el consejero tenían ya que haber estado hechas.

El 21 de octubre, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, habló de “casos concretos” de retraso por las vacaciones de verano del personal y anunció la derivación de un millar de lecturas al hospital privado de Santa Clotilde. “Cuando se ha visto que esas lecturas se están demorando, no por un problema estructural, sino por un problema sobrevenido, por falta de un radiólogo del plan de mama, o de dos durante el verano, cuando se ve que se acumulan las lecturas y que puede haber un plazo de espera más de lo deseable de dos meses, se toman medidas inmediatamente”, insistió Buruaga a preguntas de la prensa.

La cuestión es que las medidas ya se habían tomado en diciembre del año anterior, sin ningún efecto positivo a la vista de que diez meses más tarde se detectó esa bolsa de miles de mamografías sin diagnóstico.

El contrato para la lectura de mamografias con el hospital privado Santa Clotilde se firmó en diciembre de 2024, coincidiendo con la inauguración de su nuevo tomógrafo, aunque no se conoció hasta que en octubre saltó a la luz el retraso en la comunicación de los resultados de las pruebas de cribado de cáncer de mama.

No fue una solución tras detectarse la bolsa de mamografías pendientes, sino que las demoras se produjeron a pesar de que la lectura de mil pruebas debía de haber estado ya concluida.

El día que se inauguraron las nuevas instalaciones de radiología del hospital religioso Santa Clotilde, el 17 de enero de este año, el consejero de Salud ya había firmado un contrato para externalizar la lectura de más de mil mamografías en el centro médico privado.

César Pascual acudió a la presentación bendecida por el obispo de Santander Arturo Ros, elogió la inversión de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y anunció la firma del polémico convenio singular. Pero no hizo ninguna referencia a que su nuevo programa de IA para detectar y clasificar la densidad mamaria iba a diagnosticar las pruebas hechas a mil cántabras en la sanidad pública.

Un contrato menor de seis meses por 14.900 euros

La adjudicación se hizo por un contrato menor, por importe de 14.900 euros, con una duración de seis meses (desde enero a junio) para leer e informar mamografías antes la existencia de “una demora importante” en la respuesta a las mujeres. De hecho, se justificó en que el SCS “no dispone de medios personales propios y suficientes para la realización de este servicio”.

El acuerdo obligaba a que los informes se hubiesen realizado como máximo a los ocho días de haber recibido la prueba en Santa Clotilde desde el Servicio Cántabro de Salud. El centro privado cobraba 14 euros por informe.

El contrato, al que ha tenido acceso elDiario.es, incluía las lecturas de mamografías realizadas a mujeres participantes en el programa de cribado de mama, la interpretación de imágenes mamográficas, hallazgos sospechosos y categorización así como informes detallados para cada mujer incluyendo recomendaciones para seguimiento o procedimientos adicionales.

La Consejería de Salud pidió ofertas a tres empresas: Quirónsalud Bizkaia, Affidea y HTmédica. Esta última es la empresa privada con la que se presentó el hospital Santa Clotilde que gestiona el servicio de radiodiagnóstico dirigido por el radiólogo Antonio Luna.

El único criterio para adjudicar el contrato fue presentar el mayor número de servicios dentro del presupuesto estipulado en el contrato. Es decir, al que ofreciese hacer más informes.

Estipulaba, además, que el centro médico presentaría facturas mensuales especificando los servicios concretos realizados. Un contrato sin penalización ni causas especiales de resolución formulado por la gerencia del Servicio Cántabro de Salud.

De atasco “puntual” a 16 años de externalización

Por ese importe de 14.900 euros Quirón se comprometió a hacer 500 informes y Affidea 1.042. Ganó HTmédica con 1.050. El contrato se firmó el 20 de diciembre y entraba en vigor en enero. Esto implica, por tanto, que el hospital privado Santa Clotilde llevaba seis meses haciendo los informes de las mamografías públicas cuando el consejero de Salud anunció que se le había encargado este servicio.

De hecho, en principio, el consejero Pascual negó un “retraso” sistemático en el cribado y aseguró que era una solución “puntual”. Aunque a las pocas semanas cambió la perspectiva cuando se desveló el contrato singular de 256 millones de euros para privatizar servicios públicos sanitarios con el centro religioso.

Un acuerdo que incluye la externalización de las unidades de cribado de cáncer de mama y colon durante los próximos 16 años, prorrogables hasta los 20. Aunque el contrato está firmado con Santa Clotilde, el centro de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, la gestión de este servicio está en manos de HTmédica que se encarga del área de radiodiagnóstico.

Precisamente el hospital religioso dispone de un mamógrafo 3D con tomosíntesis de última generación que está diseñado para una mayor comodidad porque comprime menos la mama y más seguridad para las pacientes porque necesita hasta un 30% menos de radiación respecto a otros equipos de mamografía. Este equipo incluye un programa de Inteligencia Artificial que detecta y clasifica de forma automática la densidad mamaria.

En cualquier caso, el convenio singular con Santa Clotilde no será el único. El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Salud de César Pascual, ha anunciado la intención de establecer acuerdos similares con el centro Padre Menni de Santander especializado en salud mental.

“Por ahora no hay más información”

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria ha declinado a elDiario.es valorar y aportar datos sobre esta información. Este periódico ha preguntado por el cumplimiento del contrato menor para la lectura de 1.050 mamografías con Santa Clotilde (HTmedical) que comenzó en enero y duraba seis meses y si, en ese plazo, se ha leído esa cifra de pruebas. También se ha cuestionado al departamento que dirige César Pascual si, dado que estas mil mamografías ya estaban contratadas desde diciembre de 2024, hay otro contrato menor más reciente para contribuir a aligerar el atasco de las 3.900 pendientes de diagnóstico, como anunció el propio consejero.

Otras de las preguntas han sido: cuántas quedan pendientes de lectura actualmente, cuántas mamografías se hacen al mes por término medio, cuántos días se tarda en comunicar el resultado a la paciente y cuántos días se demora una segunda prueba en el caso de ser necesaria. La respuesta a todo ello por parte de la Consejería de Salud ha sido textual y únicamente “por ahora no hay más información”.