Un informe elaborado por juristas para la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública advierte que el proyecto de Ley de Salud Digital que tramita el Gobierno de Cantabria expone el historial médico de los ciudadanos a empresas privadas, carece de controles suficientes y podría ser inconstitucional.

Tras analizar a fondo el texto legal, la Plataforma concluye “que abre la puerta de par en par a un tratamiento masivo y comercial de los datos de los cántabros sin dar las garantías mínimas que exige la Constitución ni la normativa europea”.

Entre las cuestiones “más preocupantes” destacan la venta o rentabilización de los datos médicos. La Ley encarga a la Consejería de Salud “promover el retorno económico” del dato sanitario público. Esto facilita ceder historiales a empresas privadas sin dejar claro para qué, ni permitir que el paciente se oponga.

La Plataforma lanza la voz de alarma también sobre la conexión entre sanidad pública y privada regulada en otro de los artículos. Se permite que centros públicos y privados compartan el acceso a las historias clínicas. Sin embargo, no se garantiza el derecho del paciente a bloquear este acceso ni a saber quién consulta sus datos.

Por otro lado, el proyecto Cohorte Cantabria se posiciona como la vía principal de investigación “sin fijar reglas claras para proteger muestras biológicas o datos genéticos, rozando el límite de la Ley de Investigación Biomédica”, advierte el informe.

Respecto al uso de Inteligencia Artificial y datos 'sintéticos', la norma intenta declarar estos datos fuera de las leyes de protección de datos “ignorando que para crearlos se utilizan historiales médicos reales de personas”, apostilla el análisis.

El problema es lo que deja sin regular

Según el informe, el problema del proyecto de Ley –aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido en septiembre al Parlamento de Cantabria– no es lo que prohíbe, sino “lo que habilita sin garantías y lo que deja sin regular”. Es decir, lo que permite hacer sin control adecuado.

Según doctrina fijada por el Tribunal Constitucional (Sentencia 76/2019), la protección de datos tan sensibles como las enfermedades, tratamientos o análisis genéticos debe quedar completamente blindada dentro de la propia ley “y no dejarse para que los políticos o la Consejería lo regulen más adelante mediante reglamentos o decretos”, estima el análisis jurídico.

“Cantabria no puede rebajar los derechos de los pacientes”, estima la Plataforma que recuerda que ya existe un precedente clave en los tribunales. En 2019, el Tribunal Supremo confirmó la anulación de una norma del Gobierno cántabro (la Orden SAN/38/2015). “Aquella sentencia dejó muy claro el límite: Cantabria puede mejorar las leyes de salud de España, pero nunca empeorarlas ni quitar derechos básicos fijados por el Estado, como la Ley de Autonomía del Paciente”, explican desde el colectivo ciudadano. “Decidir quién, cómo y cuándo se entra a una historia médica forma parte de ese núcleo de derechos sagrados que la ley autonómica no puede recortar”, reivindican.

“Fallos graves” en su tramitación

El análisis detecta además importantes irregularidades debido a “fallos graves en su tramitación”: no hay informe de Protección de Datos y falta el dictamen obligatorio de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Tampoco propone sanciones para los fallos de la IA. La ley exige registrar los sistemas de Inteligencia Artificial, pero no fija sanciones ni aclara quién responde en caso de fuga de datos o errores médicos causados por algoritmos.

Se escucha a las empresas, no a los ciudadanos: El órgano de participación da espacio a asociaciones empresariales, pero excluye a sindicatos y colectivos en defensa de la sanidad pública.

De la vía parlamentaria a los tribunales

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública pedirá a los partidos políticos de la oposición en el Parlamento de Cantabria que presenten una enmienda a la totalidad “para frenar la ley tal y como está redactada”.

De ser aprobada sin cambios, el colectivo adelanta que promoverá un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y que acudirá a los tribunales autonómicos para suspender cualquier reglamento que vulnere la intimidad o los derechos de los pacientes.

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha licitado por 415.729 euros las obras de modernización integral del Centro de Salud de Medio Cudeyo, que permitirán reparar las deficiencias que presenta el edificio, mejorar sus accesos y acometer diferentes reformas interiores para ampliar y mejorar los espacios destinados a la atención sanitaria.

La licitación, ya publicada, contempla un plazo estimado de ejecución de cinco meses, durante los cuales el centro mantendrá su actividad asistencial, ha informado este martes el Gobierno de Cantabria.

El proyecto incluye la reparación de las patologías que han ido apareciendo y agravándose durante los últimos años, especialmente las relacionadas con el deterioro de la fachada y la cubierta, así como la mejora de los accesos al centro.

Junto a estas intervenciones, se acometerá una reordenación de diferentes espacios interiores para crear dos nuevas consultas. Una de ellas se habilitará en la planta baja, aprovechando el espacio ocupado actualmente por el archivo, mientras que la segunda se ubicará en la primera planta, en parte de la actual zona de espera de pacientes y acompañantes.

Las obras permitirán también adecuar y reconfigurar la sala de fisioterapia, además de realizar otras actuaciones de acondicionamiento interior y sustituir diferentes instalaciones y sistemas constructivos afectados por el estado de conservación del inmueble.

El Centro de Salud de Medio Cudeyo fue construido en 1994 y cuenta con una superficie construida de 1.352 metros cuadrados. El inmueble dispone de dos plantas sobre rasante destinadas a Atención Primaria, además de zona de urgencias, área de rehabilitación fisioterapéutica y una planta sótano en la que se encuentran las instalaciones técnicas.

La necesidad de acometer esta intervención viene determinada por el deterioro generalizado de diferentes elementos de la fachada y la cubierta, donde se han detectado diversas patologías relacionadas con la envolvente y otros elementos exteriores del inmueble. De hecho, el pasado mes de julio se produjo el desprendimiento de una parte de la fachada, que generó un riesgo para las personas e hizo necesaria la ejecución de una actuación con carácter de urgencia.

El nuevo proyecto permitirá ahora abordar de forma conjunta las necesidades del inmueble mediante un único expediente que engloba tanto las reparaciones exteriores como las mejoras de accesibilidad y las actuaciones de acondicionamiento y reorganización de los espacios interiores.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 3 de noviembre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que el consejero de Salud, César Pascual, ha incumplido el acuerdo suscrito en 2025 para mejorar las condiciones laborales de la profesión.

A este respecto, ha señalado que “la práctica totalidad” de los compromisos adquiridos hace 14 meses siguen “sin desarrollarse ni materializarse”, lo que ha generado “una profunda decepción” entre las enfermeras y enfermeras especialistas del Servicio Cántabro de Salud.

En una nota de prensa, ha subrayado que las profesionales continúan sin percibir mejoras “reales” derivadas del acuerdo, que fue presentado como un “avance significativo” para resolver importantes reivindicaciones laborales y profesionales del colectivo.

Además, ha confirmado que ha solicitado una reunión urgente con Pascual para abordar este incumplimiento y ha anunciado que no asistirá a la próxima convocatoria de la Mesa Sectorial de Sanidad.

En este sentido, la secretaria general de SATSE Cantabria, Ana Samperio, ha afirmado que “resulta difícil justificar nuestra participación en nuevos procesos de negociación cuando los ya firmados permanecen prácticamente sin ejecutar. Antes de abrir nuevas negociaciones es imprescindible cumplir lo comprometido”.

En criterio del sindicato, la situación actual en la que se encuentra el acuerdo es “una auténtica tomadura de pelo hacia quienes sostienen, día a día, la sanidad pública de Cantabria”.

Finalmente, la organización ha indicado que en estos catorce meses ha mantenido “una actitud permanente de diálogo y colaboración” para impulsar el desarrollo de las medidas acordadas, trasladar propuestas y buscar soluciones que permitieran avanzar en el cumplimiento efectivo del acuerdo.

Permanente sobrecarga y tensión asistencial

Sin embargo, según denuncia el Sindicato, esa voluntad de diálogo no se ha traducido en resultados tangibles para las enfermeras y fisioterapeutas de Cantabria. “Solo nos estamos encontrando con barreras y dificultades que imposibilitan avanzar en el desarrollo de medidas muy necesarias para una profesión que trabaja en condiciones muy precarias y con una permanente sobrecarga y tensión asistencial”, ha agregado Samperio.

SATSE considera que la situación actual está deteriorando gravemente la confianza de los profesionales en la palabra dada por la Administración y advierte de que la falta de avances ha generado una sensación generalizada de engaño entre quienes esperaban que el pacto firmado en junio de 2025 supusiera un verdadero punto de inflexión para la profesión.

“Enfermeras y fisioterapeutas están cansados de anuncios y compromisos que no llegan a concretarse. Más de un año después, la percepción de muchos profesionales es que, en la práctica, el acuerdo ha quedado en papel mojado. Es una situación que el colectivo vive como una auténtica tomadura de pelo y una falta de respeto hacia quienes sostienen día a día la sanidad pública de Cantabria.”, apunta.

Exige explicaciones

SATSE exige una reunión urgente con el consejero de Salud para conocer las razones que han impedido el desarrollo de los compromisos adquiridos, reclamar explicaciones sobre los incumplimientos producidos y exigir un calendario concreto, público y verificable para la ejecución de cada una de las medidas pendientes.

El Sindicato advierte de que la confianza de las enfermeras y fisioterapeutas se encuentra seriamente dañada y que no puede seguir pidiéndose paciencia a unos profesionales que llevan más de un año esperando el cumplimiento de unos acuerdos que fueron firmados y anunciados públicamente por la propia Administración.

Por último, SATSE Cantabria reafirma su compromiso con la defensa de los intereses de las enfermeras y fisioterapeutas y no descarta la adopción de nuevas medidas de presión si la Consejería continúa sin ofrecer respuestas ni avances reales en el cumplimiento del pacto suscrito el 25 de junio de 2025.

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha dado el visto bueno al proyecto de Ley de Salud Digital que pretende aprobar en el Parlamento antes de que acabe la legislatura a finales de marzo y en paralelo a otras leyes también anunciadas: vivienda, carreteras, startups, función pública, autoridad del profesorado, entre otras iniciativas.

Con este documento la Consejería de Salud quiere regular, entre otras cuestiones, el uso de la Inteligencia Artificial aplicada a la sanidad y la protección de datos, tras alguna polémica como la cesión gratuita de las muestras de 50.000 cántabros del proyecto de salud pública Cohorte a una farmacética estadounidense.

Según el Gobierno, el texto será un marco jurídico “sólido” que dé seguridad a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos. El consejero de Salud, César Pascual (PP) ha anunciado que se va a remitir inmediatamente al Parlamento autonómico y del que espera que reciba luz verde “lo antes posible”.

El tiempo de tramitación depende de la Mesa de la Cámara, pero el consejero considera que hay plazo “más que suficiente” para sacarla adelante en esta legislatura aunque el Parlamento cierra a final de marzo.

Sobre la ley ha detallado que trata sobre “personas: sus derechos, sus datos y sus decisiones” y sobre la relación entre paciente y profesional sanitario.

De este modo, Pascual ha explicado que, prácticamente en diez capítulos, aborda toda la cadena de la salud digital: desde la teleasistencia hasta las aplicaciones, un espacio autonómico de datos, la historia clínica electrónica, neurotecnologías, investigación y la inteligencia artificial (IA).

El consejero ha indicado que es una legislación sobre “quién queremos que gobierne la sanidad del futuro: si las personas utilizando la tecnología o la tecnología condicionando a las personas”.

“Ya no es ciencia ficción (la tecnología), ya está y por eso precisamente necesitamos reglas y necesitamos regularlo, porque digitalizar no es poner una pantalla donde antes había un papel, eso es informatizar burocracia”, ha apostillado, para aseverar que digitalizar significa “cambiar la manera de prestar asistencia aprovechando inteligentemente las posibilidades de la tecnología”.

Algo, ha recalcado, para lo que se necesita un marco jurídico integral. En este punto, ha lamentado que el Ministerio de Sanidad ha anunciado un proyecto de Ley de Salud Digital que “ni siquiera lo ha sacado a consultas todavía y ni lo ha presentado”. Por ello, la cántabra identifica una regulación estatal “todavía fragmentada e inexistente”, ha dicho el consejero.

Enmarcada en el Plan de Salud Digital 2024-2027 de Cantabria, entre las novedades de la ley está la regulación de la teleasistencia bajo “el principio básico” de que “lo digital no desplaza a lo presencial”; “ordena” las aplicaciones de salud y distingue entre las sanitarias y las que no lo son; incide en el tratamiento y protección de datos y de las historias clínicas; o trata la incorporación de la IA.

Registro de sistemas de IA empleados

Sobre la IA, Pascual ha aseverado que la posición del Ejecutivo autonómico es “inequívoca”. Ha asegurado que no la tiene “miedo”, pero “tampoco” la va a convertir en “una nueva religión tecnológica”. “Ayuda a decidir, pero eso no significa apropiarse de la decisión”.

Al respecto, se creará un registro autonómico de sistemas de inteligencia artificial en salud en el que deberán inscribirse los sistemas empleados en los centros públicos y privados de Cantabria.

Por último, el titular de Salud ha destacado que la ley “expresa el deseo del Gobierno” de que la sanidad digital “sea más inteligente para que sea más humana”.

En este sentido, ha asegurado que se están regulando “algoritmos, datos, nubes, inteligencia artificial, neurotecnologías... Para proteger algo que no es digital; la confianza, la autonomía, la intimidad y la relación entre quien necesita ser cuidado y quien tiene la responsabilidad de cuidarle”.

Además, ha subrayado que la ley necesitará, y además recoge, que su desarrollo sea reglamentario dado que se están regulando tecnologías que “evolucionan muy rápido”, por tanto, identifica “perfectamente” el riesgo de obsolescencia.

El Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, cuyo centro de cabecera es el hospital comarcal, ha celebrado este jueves las IV Jornadas Provinciales de Seguridad del Paciente, coincidiendo con el Día Mundial del Paciente y bajo el lema “atención segura a lo largo de la vida”.

La celebración de las jornadas, difundida en redes, ha recibido la crítica pública del sindicato CSIF, mayoritario en el centro y en la sanidad andaluza, porque se produce mientras la Fiscalía investiga el posible uso de reactivos en mal estado en el laboratorio del hospital, lo que podría generar resultados erróneos en pruebas analíticas, y sin que el gerente del hospital, Miguel Moreno Verdugo, haya adoptado ninguna medida cautelar que garantice la seguridad de los pacientes desde que en enero el propio sindicato expuso hechos e indicios que apuntan a esta práctica, a mediados de enero.

Las jornadas, que se han celebrado este jueves, ponen el foco en la continuidad asistencial y la coordinación, además de en la promoción de la “cultura de seguridad y prevención”. Para la central sindical, es “especialmente grave” que la gerencia del centro actúe con normalidad mientras permanece abierta una investigación de la Fiscalía sobre unos hechos directamente relacionados con la seguridad del paciente. Es un “ejercicio de cinismo institucional” que “demuestra una preocupante falta de sensibilidad hacia los pacientes” y hacia el personal y profesionales del hospital, lamenta el sindicato en un comunicado.

Pregunta parlamentaria de Adelante Andalucía

CSIF denunció el posible uso irregular de reactivos utilizados en las pruebas diagnósticas en el hospital de la Axarquía, que da servicio a unos 150.000 pacientes, a principios de enero. PEl sindicato puso en manos de la Fiscalía al menos cinco testimonios de trabajadores, fotografías y mensajes de WhatsApp indicativos de que en el laboratorio se usaron de forma habitual reactivos caducados o con pérdida de estabilidad, que debían ser desechados siguiendo las instrucciones del fabricante.

“Si sale caducado no lo tiréis, yo los aprovecharé en rutina”, decía uno de esos mensajes en el grupo de WhatsApp del laboratorio, entre otros que animaban a “cambiar” la fecha de caducidad proporcionada por el fabricante, desvelados por este medio. Las fotos muestran envases envueltos en film con la inscripción “caducado”. “Es el único sitio donde he vivido algo así”, contó un facultativo a este medio. El fiscal ha abierto una investigación y ha solicitado documentación al hospital.

También Adelante Andalucía, que ha presentado una pregunta parlamentaria al Gobierno andaluz por esta cuestión, ha criticado las jornadas. Es una auténtica falta de respeto a la ciudadanía que el mismo hospital que está siendo investigado por poner en riesgo la salud de sus pacientes se presente ahora como escaparate de la seguridad clínica“, ha señalado Luis Rodrigo, parlamentario andaluz.

Sin investigación interna

CSIF lamenta en su nota que no se haya revisado internamente el alcance de su denuncia, identificado las pruebas dudosas o informado a los pacientes potencialmente afectados. El posible uso de reactivos en mal estado durante años podría afectar a miles de pruebas, pero es casi imposible contrastar los resultados dudosos con otros fiables.

El gerente archivó la denuncia en menos de un mes, sin motivación, y sin explicar al sindicato qué averiguaciones había realizado. En aquellos días hubo un inusual trasiego de personas ajenas al servicio, según han contado fuentes hospitalarias a este medio. “La actuación de la gerencia generó aún más dudas y preocupación”, advierte el sindicato.

El SAS ofrece un sistema de recompensas retributivas para trabajadores que alcancen determinados objetivos de productividad y ahorro. El plus aumenta a medida que se sube de categoría, pudiendo rondar los 15.000 euros para los jefes de servicio.

Este medio desveló que el laboratorio se había marcado como objetivo “no superar el presupuesto asignado para la Unidad en reactivos”. A nivel individual se valoraba “no tirar reactivos por pérdida de estabilidad en el analizador”, una práctica desaconsejada por los fabricantes. La pérdida de estabilidad se puede producir cuando, sin haber superado la fecha de caducidad, el reactivo lleva en uso un tiempo superior al pautado. De 2023 a 2024 el laboratorio redujo su objetivo de consumo de reactivos en un 30%. 

La denuncia de CSIF apunta a dos cargos intermedios que ahora han recibido nuevas responsabilidades, sumando una de ellas la jefatura de servicio de Anatomía Patológica. En cambio, al menos dos trabajadoras han denunciado ante la Inspección de Trabajo la situación de acoso que dicen sufrir por otras compañeras, que las señalan como las denunciantes de la situación irregular en el laboratorio. “Me siento amenazada y observada. Me tienen desquiciada. Trabajo con pánico”, contó una trabajadora a elDiario.es.  

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria (PP) está tramitando un convenio con Mutua Montañesa para derivar a dicho centro cirugías de la especialidad de Traumatología y pruebas de resonancia y escaner que hasta ahora se hacían en la sanidad pública.

El acuerdo que se pretende firmar es otro convenio singular, como el aplicado en el hospital religioso Santa Clotilde, con un presupuesto mucho más moderado de 6,5 millones como máximo, frente a los 256 millones del centro privado, y una vigencia de cuatro años. En el caso del Hospital de la Orden de San Juan de Dios la privatización sanitaria se prolongará durante veinte años, hasta 2046, hipotecando la futuro gestión en la comunidad durante las próximas dos décadas.

Los convenios singulares permiten adjudicar servicios sanitarios sin concurso.

El acuerdo ha sido adelantado por El Diario Montañes y confirmado por fuentes del Gobierno a Europa Press.

Este segundo convenio no será el último que firmen los responsables de la sanidad pública. Falta un tercer acuerdo -todavía pendiente- con el Centro Hospitalario Padre Menni, que atiende a personas con enfermedad mental.

Mutua Montañesa se define a sí misma como una asociación de empresarios sin ánimo de lucro que colabora con la Seguridad Social “en la misión de cuidar de la salud y el bienestar de los trabajadores, gestionando la salud y las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, así como las prestaciones económicas relativas a la incapacidad laboral por enfermedad común y aquellas otras prestaciones encomendadas por la Seguridad Social.

La entidad da cobertura a más de 30.000 empresas y autónomos a través de 21 delegaciones y 340 profesionales distribuidos por todo el país. Aunque su referencia y presencia principal está en Cantabria con su hospital, especializado en Medicina Rehabilitadora y Traumatología, situado en la avenida del Faro de Santander.

Privatización sanitaria con Santa Clotilde

El convenio singular con Santa Clotilde no se anunció públicamente y pasó desapercibido en los acuerdos del Consejo de Gobierno porque la inversión no se reflejó en la nota de prensa que se suministró a los medios de comunicación. La noticia la adelantó elDiario.es y el ejecutivo de Buruaga justificó que no se había hecho público porque “estaba pendiente de firmarse”.

Lo cierto es que el convenio entró en vigor el 1 de enero de este año y nunca hubo una firma pública ni una fotografía oficial de un acuerdo polémico que desató numerosas críticas por parte de partidos políticos, sindicatos y asociaciones como la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública.

A raíz de este acuerdo se va a pagar al hospital privado más del doble de lo que venía percibiendo por las prestaciones de hospitalización, cirugía y rehabilitación que ya realizaba el centro médico dependiente de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

elDiario.es también desveló que un informe oficial advirtió que el convenio para la privatización sanitaria aprobado por el PP compromete el presupuesto de Cantabria hasta 2042. El documento alertaba del “elevado compromiso presupuestario” para las cuentas públicas del acuerdo firmado con el hospital Santa Clotilde: “Obligará a adoptar medidas de priorización del gasto público”.

Críticas del PSOE

“Es un paso más hacia la privatización y un golpe más a la sanidad pública” -denuncia Marcos Agudo, secretario de Salud del PSOE de Cantabria- “una nueva vuelta de tuerca en esa carrera privatizadora de la sanidad pública”.

En su opinión, es “absolutamente incomprensible” que el Gobierno de Cantabria “siga transitando por una senda que no ha demostrado otra cosa que inutilidad y despilfarro, sin ningún beneficio para el conjunto de la ciudadanía; sólo numerosos beneficios para unas pocas manos: los que hacen negocio a costa de la salud de todos”.

Agudo sostiene que detrás de las privatizaciones hay un incremento de casi 2.000 personas en la lista de espera respecto a noviembre de 2025 y un aumento de 20 días de demora para hacerse una intervención quirúrgica. Esta situación “es todo un desastre” para la ciudadanía de Cantabria que ha visto “regalados” 256 millones de hacia la sanidad privada, y de 65 millones de un plan de reducción de listas de espera que no han servido para absolutamente nada más que para incrementar las demoras. “Un desastre para los cántabros y un buen negocio para la empresa privada”, ha concluido.

El Gobierno de Cantabria ha pagado 4,2 millones de euros al hospital religioso Santa Clotilde por los servicios sanitarios -estancias de pacientes y operaciones- corrrespondientes a los tres primeros meses del año. La cantidad facturada de enero a marzo es la mitad de lo que se venía pagando hasta ahora -8,4 millones- antes de que entrase en vigor el contrato singular de privatización impulsado por la Consejería de Salud que incrementa notablemente esta cantidad hasta los 16 millones al año.

El acuerdo, según expresó el propio consejero César Pascual, se firmó para “dar estabilidad” a la orden religiosa “que quiere hacer una inversión muy importante de casi 60 millones”, y que “pronto empezará a construir un bloque con nuevos quirófanos” y a dotarse “de tecnología que hasta ahora no tenían”. Una tecnología y unas dotaciones exigidas en el convenio y que el hospital está lejos de cumplir porque todavía no ha empezado las obras de ampliación del centro sanitario necesarias.

Las intervenciones quirúrjicas realizadas en Santa Clotilde son sobre todo operaciones de rodilla y cadera, varices, hernias y lesiones cutáneas. Además de 470 operaciones de cataratas, según los datos aportados por el Gobierno de Cantabria al Parlamento.

Aunque estaba incluido inicialmente en el convenio, y justificó el incremento del precio, no se están realizando cribados de cáncer de mama y de colon como anunció el propio consejero. Ambos programas de prevención de cáncer se siguen haciendo en la sanidad pública.

La cantidad facturada por Santa Clotilde se desglosa de la siguiente forma. Los meses de enero y febrero han sido prácticamente idénticos, con 1,3 milllones, mientras que en marzo el coste ha subido hasta superar de largo los 1,5 millones de euros.

El convenio singular para privatizar servicios sanitarios públicos con el Hospital Santa Clotilde estima abonar 16 millones anuales durante los próximos 16 años, lo que hace un total de 256 millones. Existe, además, la posibilidad de prorrogar la privatización de servicios sanitarios durante cuatro anualidades más, hasta el año 2046.

La Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO ha denunciado “deficiencias” en la nueva unidad móvil de cribado del cáncer de mama en las zonas rurales y ha acusado al Gobierno de Cantabria (PP) de poner “en riesgo” este programa “con su deterioro progresivo”.

El sindicato ha realizado esta denuncia con motivo de la puesta en marcha de esta nueva unidad móvil que comenzó a operar hace unos días en Selaya y que fue visitada allí por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y por el consejero de Salud, César Pascual.

CCOO ha apuntado que esta unidad móvil, que, según señala, es alquilada, no supone una más sino que sustituye a una que ya existía y que se ha averiado “por falta de mantenimiento”.

En ella, aprecia “falta de seguridad en la custodia y protección de datos de las personas usuarias, con los datos del mamógrafo custodiados solo por una mampara de cristal, así como importantes deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, e incluso falta de servicio de limpieza desde que ha iniciado su actividad”.

Además, ha señalado que el personal ha comenzado a trabajar coincidiendo con el inicio de las citaciones de las mujeres de la zona, “sin una adaptación previa al puesto, con escasa formación en el nuevo mamógrafo, sin evaluación de riesgos laborales ni plan de prevención, obligatorio al tratarse de una nueva unidad de trabajo”.

Las condiciones del espacio “tampoco garantizan unas condiciones adecuadas para profesionales y usuarias”, aseguran desde el sindicato.

“Las profesionales no disponen, ni siquiera, de una silla para desarrollar su trabajo, mientras que el acceso mediante escaleras y la propia configuración de la unidad generan incomodidad para las mujeres y requieren mantener posturas que complican la técnica de la mamografía y la posibilidad de tener que repetir por falta de claridad”, ha apuntado la delegada de CCOO en el programa de prevención del cáncer de mama, Leire Aguirre.

“Este Gobierno parece pensar que cualquier cosa vale en zonas rurales”, ha censurado.

Para Aguirre, el “buque insignia” de la prevención del cáncer de mama en Cantabria era un equipo humano altamente especializado, una organización que permitía realizar las citaciones sin demoras excesivas y unos recursos técnicos muy avanzados “que han dejado en el olvido”.

Y es que, según ha indicado, en la actualidad, “falta personal y una organización del programa que respete los derechos de la plantilla en cuestión de horarios y planificación”.

En este sentido, el sindicato ha criticado que se pretenda ampliar la franja de edad del cribado, algo que CCOO llevaba tiempo reclamando, “sin incrementar los recursos del programa”.

Además, ha advertido de que “la obsolescencia de los propios equipos y la falta de mantenimiento están provocando retrasos y, sobre todo excusas”. Por todo ello, teme que “se trate de otra maniobra para privatizar otra joya más de la salud de las cántabras”.

Los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Servicio Cántabro de Salud (SCS) han incrementado más de un 40% su actividad durante este verano y las urgencias en los hospitales han subido un 24%, con Valdecilla a la cabeza. Además, las UVI móviles del 061 Cantabria han aumentado sus traslados un 39%. En cuanto a la Atención Primaria ordinaria, ha registrado un crecimiento del 11%, siendo del 7% en Pediatría y Enfermería.

El consejero de Salud, César Pascual, ha ofrecido estos datos este viernes, a preguntas de los periodistas, en su visita a la inauguración de las obras del Centro de Salud de Cazoña (Santander), donde ha asegurado que la presión asistencial “está siendo igual” que otros veranos, pero que en los SUAP “ha aumentado muchísimo” y que son los que “están soportando de verdad los incrementos”.

Pascual ha detallado que la actividad “se está manteniendo con tensión, porque hay muchísima más población y un tercio de la plantilla está de vacaciones”. En esta línea, ha asegurado que la decisión de la Gerencia de Atención Primaria de dedicar las contrataciones veraniegas a reforzar algunos SUAP con doble turno “ha dado resultado porque son los que están absorbiendo toda esta demanda”.

En cuanto a las urgencias hospitalarias, ha indicado que, para atajar ese incremento del 24% en la actividad, “también se han reforzado mucho en Valdecilla y Laredo, y algo menos en Sierrallana”.

Por otro lado, ha puntualizado que se ha mantenido la complejidad de las urgencias, que hay “muchísimas urgencias de escasa complejidad” y que “no está siendo un verano especialmente complicado, de urgencias graves ni muy complejas”, que no han aumentado porcentualmente respecto de otros años.

Mientras tanto, ha destacado que la ciudadanía “se ha ido acostumbrando” a las vacaciones de los profesionales de los consultorios y “están utilizando el transporte para ir al centro de salud”. Por otra parte, preguntado por los servicios rurales de taxi, ha afirmado que “el año pasado lo utilizaron muy poco, un 30%, y la mayoría turistas”: “Es paradójico que vengan de cualquier punto de la Península en su coche, pero le tenemos que poner taxi”, ha ironizado.

La avería del aparato de la unidad móvil de detección de cáncer de mama de la zona de Selaya ha provocado retrasos en las mamografías desde abril, la fecha en la que se produjo la incidencia. La Consejería de Salud resolvió alquilar otro aparato, tras tratar sin éxito de reparar el anterior. El problema es que el personal no está familiarizado con el funcionamiento del nuevo mamógrafo y no se le ha facilitado formación, lo que ha generado un retraso en el funcionamiento de la unidad y, por tanto, del programa de cribado para las pacientes de la zona.

Hace unos días, la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, y el consejero de Salud, César Pascual, anunciaron públicamente que en unos días llegaría a Selaya “un nuevo mamógrafo de última tecnología”, cuando en teoría el aparato -presumiblemente de alquiler- ya estaba en la unidad móvil de la zona donde “serán examinadas cerca de 900 mujeres y se utilizará para garantizar la continuidad del programa mientras se dota de un nuevo mamógrafo de última tecnología y se actualiza la anterior”. La nota oficial no aclara si se trata del mismo equipo, de otro nuevo o de la reparación del mamógrafo que se averió hace cuatro meses.

Ante estas dudas, la diputada del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) Paula Fernández ha registrado unas preguntas sobre este asunto en el Parlamento autonómico para conocer, en primer lugar, si el aparato con tecnología de tomosíntesis de la unidad móvil de cribado de cáncer de mama de Selaya que se incorporó recientemente ha sido comprado, alquilado o cedido, cuál es el periodo previsto de utilización y que pasará con el anterior.

La regionalista también ha solicitado documentación de las incidencias técnicas y averías, el expediente de la compra o alquiler del aparato y las modificaciones, suspensiones o reprogramaciones del calendario de citas que se hayan producido desde abril “como consecuencia de incidencias en su equipamiento”.

Además, la candidata regionalista a la presidencia de Cantabria ha pedido información sobre el personal destinado actualmente al Programa de Detección Precoz del Cáncer de mama y si se han producido variaciones en la plantilla desde principios de año.

Al hilo de esta cuestión, también quiere conocer si se le ha dado formación específica al nuevo personal contratado para manejar los nuevos equipos de mamografías.

Marcha atrás privatización

Tras el intento de privatización de la realización de mamografías con el convenio singular firmado con el hospital privado de Santa Clotilde, la sanidad pública sigue encargándose por ahora del programa de cribado que el consejero de Salud, César Pascual, anunció que se derivaría al centro religioso y cuyo coste ya estaba contemplado en los 256 millones de euros que recibirá en las próximas dos décadas.

El cambio de opinión no se refleja en una disminución de la cantidad que percibirá Santa Clotilde que incluía la prestación de este servicio. Tampoco se ha anunciado oficialmente la renuncia del Gobierno de Cantabria ni se han explicado los motivos, cuando anteriormente se insistía en la imposibilidad de realizarlo con medios públicos.

La única circunstancia que ha cambiado tiene relación con el acuerdo entre el Gobierno del Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria para aprobar los presupuestos de la comunidad correspondientes al año en curso. El PRC puso, entre otras, la condición de que se destinasen cinco millones de euros para reforzar los programas públicos de prevención y detección precoz del cáncer de mama. De esta exigencia, podría derivar el cambio de planes del ejecutivo popular y la decisión de que la sanidad pública siga prestando este servicio de cribado.

Continúa la investigación de la presunta trama de fraude de prótesis vasculares en el seno del Servicio Murciano de Salud (SMS). El magistrado del Tribunal de Instancia de Murcia (sección de Instrucción, plaza 7) José Fernández Ayuso ha encomendado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que examine la totalidad de las intervenciones quirúrgicas practicadas por el cirujano investigado en la trama. “Esto es, un análisis exhaustivo de las treinta intervenciones que ya se disponen de la muestra proporcionada, a la que se sumarian las otras 462 intervenciones que el servicio de inspección informó que habría realizado ese doctor”, ha detallado el auto, al que ha tenido acceso este diario.

Ahora, la Consejería de Salud tendrá que facilitar a la UDEF la documentación del resto de intervenciones del cirujano. Deberá aportar el informe de alta de los pacientes, la totalidad de los partes de implante que consten, los pedidos realizados a raíz de estas intervenciones y las facturas emitidas, además de todos los informes posteriores.

“Una vez que se haya realizado esa investigación y se haya determinado el total de cirugías en las que se hubieran implantado supuestamente prótesis o material caducado es cuando se llevará a cabo la oportuna pericial médica para determinar si el hecho de la implantación de esas prótesis o material caducado, en su caso, hubiera afectado al estado de salud de los pacientes intervenidos”, ha detallado el juez instructor.

El juez ha citado a declarar a doce de los catorce investigados a los que hasta ahora no ha tomado declaración. Han sido citados para mediados de septiembre todos los investigados menos el cirujano Rubén T. M. y el comercial de Logimed. Entre las personas que deberán prestar declaración está el exjefe de Servicio de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), Vicente F. G.; el jefe de sección de la UAI, Manuel N. G.; y el exjefe de la Sección de Radiología Vascular Intervencionista de La Arrixaca, Antonio C. A.

Lo que ya se considera como el mayor escándalo de la sanidad pública de la Región de Murcia dejó a lo largo de siete años un agujero en las arcas públicas por valor de unos 6,9 millones de euros. Esta es tan solo una estimación, por lo que el juez encomendó a la Intervención General del Estado una pericial para poder detallar el alcance del perjuicio económico sufrido por el SMS.

Dos posibles afectados

Hasta el momento la UDEF solo había podido analizar un total de 30 intervenciones realizadas por R.T.M. En esa muestra, hallaron irregularidades “en la totalidad de la muestra”: al cotejar los informes de alta con los partes quirúrgicos se descubrieron discrepancias sistemáticas entre el material efectivamente utilizado y el facturado.

La UDEF encontró cinco productos etiquetados de Logimed “que a la fecha de implantación se encontraban caducados” e identificó un historial en concreto en cuya alta “se le pone una prótesis y en el parte quirúrgico constan dos, estando ambas caducadas”. En los cuatro casos restantes de etiquetas caducadas, “al existir más productos pagados que utilizados, no puede saberse con seguridad si se han utilizado los caducados o no, debido a la ambigüedad con que se rellena el parte de alta”, advirtieron los investigadores.

Por el momento la UDEF ha identificado dos pacientes a los que posiblemente se les implantó una prótesis caducada. Uno de los afectados, de 65 años, reclama 150.000 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS). Tras la primera intervención, el paciente tuvo complicaciones graves que derivaron en otras dos cirugías en pocos meses, incluyendo un bypass y una intervención de urgencia. Según un comunicado del Defensor del Paciente, “en lugar del bypass previsto, se le practicó una angioplastia con un stent cuya fecha de caducidad (febrero de 2022) constaba en las propias pegatinas adheridas a la hoja de implante, llevando al menos un mes caducado. Así lo recoge el informe de la UDEF, que identifica expresamente a este paciente como el caso paradigmático de producto caducado implantado”.

El Gobierno de Cantabria subvenciona el transporte en taxi a los cántabros de zonas rurales donde en verano cierran los consultorios médicos. La garantía de un transporte alternativo solo se ofrece a los pueblos que no tienen autobús, porque entiende que los pacientes ya se pueden desplazar por su cuenta hasta los consultorios y centros de salud de cabecera.

El Boletín Oficial de Cantabria publica el decreto de concesión de estas ayudas municipales al transporte para que los usuarios afectados puedan acudir a sus centros de salud de referencia desde los municipios donde no habrá médico en verano.

En el listado publicado con este motivo aparecen referenciados 114 consultorios, solo en 9 habrá médico durante todo el verano. El resto, 105, o están cerrados o no tendrán médico durante algunos días entre junio y septiembre, en una horquila amplia: hay consultorios sin pasar consulta durante 37, 32 ó 27 días -alternos- y otros entre tres y diez días.

Aunque el consejero de Salud ha insistido en que no se cerrará ningún consultorio en el listado de más de un centenar -que aparece en la publicación oficial- hay ocho consultorios cerrados o sin médico asignado porque su plaza está vacante. Es el caso de Bejes, Castillo, Cillorigo, Cueto, La Gándara de Soba, Lamadrid, Polientes, Vega de Liébana y Villanueva de la Nía.

Si se excluyen estos 10 que están cerrados desde antes de este verano, según el listado del BOC resultaría que 97 consultorios no tendrán médico en algún momento del verano.

Un solo médico en zonas de alta afluencia turística

En otra decena de consultorios faltará en algunos momentos del verano algunos de los médicos asignados a estos centros, pero seguirán funcionando al menos con un solo facultativo. Lo cierto es que es una situación que precisamente afecta a algunas zonas de gran afluencia turística que aumentan su población en los meses de verano como Noja, Somo, Ajo-Bareyo, Comillas, Marina de Cudeyo, Miengo, Santillana del Mar o Unquera. Además de los consultorios de Puente Arce, San Felices, Castañeda, Mataporquera y Guriezo.

Solo 9 consultorios tendrán médico todo el verano

En realidad, de los 114 consultorios que hay en Cantabria solo nueve tendrán médico todo el verano: Arenas de Iguña, Cartes, Bostronizo, Cartes, Casar de Periedo, y Rasines. También se seguirá pasando consulta en Carmona, Pesquera y San Miguel de Aguayo, tres municipios donde de ordinario solo hay médico un día a la semana.

Los vecinos del resto de los ayuntamientos de Cantabria con consultorio no tendrán consultas médicas durante algunos días del verano. En Bóo de Piélagos, Cudón, Camaleño y Suesa estarán por lo menos treinta días sin médico entre junio y septiembre. Los vecinos de Ruiloba, Penagos, Solórzano, Campóo de Suso y Cóbreces también pasarán 27 días sin facultativo. 22 días en San Pedro del Romeral, 23 en Vargas, 25 en Herrerías y 24 en La Hermida.

Las ausencias afectan de distinta manera. Por ejemplo, en Espinama y Galizano solo habrá 6 y 4 días respectivamente sin médico pero de ordinario solo hay consulta una vez a la semana, con lo que el efecto es diferente a otros pueblos. Lo mismo sucede en Pujayo y Queveda donde solo se pasa consulta los jueves y que estarán tres y cuatro días sin atención médica.

En otros puntos como La Penilla, La Cavada, Entrabasaguas, Campóo de Suso, Casatablas, Treto, Ogarrio o San Pedro del Romeral los pacientes tendrán que desplazarse hacia otros centros de salud durante más de veinte días a lo largo del verano.

La gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, (Córdoba, 1975), ha presentado su renuncia al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; un “cambio que estaba previsto y pactado”. Fuentes de la Consejería ha confirmado así la renuncia de Valle García, adelantada por la SER.

La ya exdirectora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus antecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, comparecieron en enero de este año como investigados en las diligencias previas por un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas.

La directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, se personó en el juzgado para “defenderse” de la querella presentada por los diputados del PSOE en el Parlamento andaluz por “posibles irregularidades” en la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021, que admitió a trámite el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.

Contratos sanitarios

En aquel momento, avalaron aquel sistema de control que se realizó después del gasto de dinero público, pero ninguno de los cuatro se hizo responsable directo ni admitió ante el juez ser el autor intelectual del cambio en el método de fiscalización de los contratos a dedo con la sanidad privada, clave en una investigación en la que está imputada por prevaricación la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores.

Los abogados de PSOE y Podemos, personados en la causa como acusación popular, les preguntaron qué funcionarios o cargos intermedios de Salud y de Hacienda pudieron adoptar una decisión de carácter político, que tuvo que pasar por el consejillo antes de ser elevada al Consejo de Gobierno para su aprobación. Pero ni Ochoa ni García recordaron los nombres y se limitaron a explicar el procedimiento ordinario.

Archivo de la causa

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla renunció en febrero a recurrir el archivo de la causa de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas que instruía un Juzgado de Sevilla. La decisión del fiscal fue anunciada antes por la portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, que aseguró que el Ministerio Público “no recurrirá el archivo de la causa” judicial de Sevilla, la primera de las tres investigaciones que salpican al Gobierno de Juan Manuel Moreno por irregularidades en la contratación a dedo del SAS entre 2020 y 2024.

Valle García fue nombrada en diciembre de 2023 cuando era directora gerente en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, tras sustituir a Diego Vargas en el cargo. Además, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba (UCO) desde 1998, hizo la residencia en el Hospital Universitario Reina Sofía y es especialista en Aparato Digestivo desde 2003.

Un paciente de 65 años reclama 150.000 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS) tras denunciar que le implantaron un stent vascular supuestamente caducado en un hospital concertado de Murcia. El caso forma parte de la investigación de la llamada trama de las prótesis, destapada por la UDEF, que indaga posibles irregularidades en el uso y gestión de material sanitario en la sanidad pública murciana.

Según la denuncia, el stent habría sido colocado cuando ya había superado su fecha de caducidad, algo que el informe policial considera un caso representativo dentro de la investigación. Tras la primera intervención, el paciente tuvo complicaciones graves que derivaron en otras dos cirugías en pocos meses, incluyendo un bypass y una intervención de urgencia.

El paciente afectado, “de 65 años y con arteriopatía periférica severa, fue intervenido el 21 de marzo de 2022”, apunta el comunicado del Defensor del Paciente. Según la asociación, “en lugar del bypass previsto, se le practicó una angioplastia con un stent cuya fecha de caducidad (febrero de 2022) constaba en las propias pegatinas adheridas a la hoja de implante, llevando al menos un mes caducado. Así lo recoge el informe de la UDEF, que identifica expresamente a este paciente como el caso paradigmático de producto caducado implantado”.

Lesiones, secuelas funcionales y daño moral

Pero “la intervención fracasó y cuatro meses después necesitó un bypass; al día siguiente del alta sufrió una trombosis completa del injerto por un vendaje compresivo contraindicado, que obligó a una tercera cirugía urgente”. Según la asociación, “la reclamación cifra el daño en 150.000 euros, incluyendo lesiones temporales, secuelas funcionales y un apartado específico de daño moral por la angustia de portar un stent caducado alojado permanentemente en su organismo con riesgos futuros indeterminados”. Y destaca que “la caducidad no era un vicio oculto: bastaba con leer las pegatinas. Es un incumplimiento flagrante de la obligación más básica de seguridad clínica”, continúan desde el Defensor del Paciente.

El mayor escándalo de la sanidad pública de la Región de Murcia ha dejado un agujero a los fondos públicos de 6,9 millones de euros y trece personas investigadas por delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal. Para materializar el fraude, la trama tenía distribuidas personas implicadas en la práctica totalidad del proceso de comercialización, compra e implantación de implantes vasculares.

Tras el escándalo del fraude de las prótesis vasculares en la Región de Murcia, la cúpula sanitaria, administrativa y gestora del Hospital Virgen de la Arrixaca ha defendido la “trayectoria ejemplar” del centro sanitario. Han rechazado “la presunta actuación irregular” de la trama, que afecta a la Sección de Radiología Vascular Intervencionista y al Servicio de Cirugía Cardiovascular.

“Rechazamos con firmeza la presunta actuación irregular de personas concretas, y compartimos la exigencia de transparencia y depuración de responsabilidades”, han reclamado en un comunicado. Al tiempo, han apelado a la “responsabilidad” y “rigor” de quienes realizan manifestaciones públicas, “con el fin de evitar mensajes que puedan generar desconcierto o alarma injustificada en la población”.

El manifiesto lo han firmado treinta y cinco jefes de los Servicios Médicos, cinco supervisores de Enfermería, once jefes de los Servicios Administrativos y quince miembros de la Dirección -entre ellos el gerente, Amancio Marín-, en representación de “los servicios asistenciales del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca”.

“El prestigio de este Hospital se ha construido durante más de cincuenta años y no pertenece a unas pocas personas; sino que es el resultado del esfuerzo, dedicación, sacrificio y vocación de generaciones de profesionales, consagrados al cuidado de la salud de todos los murcianos”, han recordado en el documento.

Los firmantes han recordado que el hospital tiene una “trayectoria ejemplar” de excelencia asistencial, docente e investigadora, reconocida a nivel regional, nacional e internacional, “procurando dar la mejor atención a pacientes de toda la Región, incluidos los de mayor complejidad y gravedad”.

El manifiesto concluye solicitando a las distintas administraciones públicas que pongan de su parte para la mejora del centro hospitalario: “Pedimos que desde las Instituciones se acometan en la Arrixaca todas las inversiones esperadas, y tan necesarias, para poder así afrontar los retos presentes y futuros con el máximo nivel de exigencia, y seguir dando a la sociedad murciana todo lo que espera de nuestro Hospital y sus profesionales”-

El mayor escándalo de la sanidad pública de la Región de Murcia ha dejado un agujero a los fondos públicos de 6,9 millones de euros y trece personas investigadas por delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal. Para materializar el fraude, la trama tenía distribuidas personas implicadas en la práctica totalidad del proceso de comercialización, compra e implantación de implantes vasculares. Algunos de los implicados eran personal de este centro médico, ahora apartados del servicio.

Pablo Martínez Tielve, presidente del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Cantabria, está temporalmente en Houston participando en un programa de investigación. La semana pasada, tres personas se acercaron a preguntarle por el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y explica que “somos privilegiados por tener la sanidad pública que tenemos”. “Esperemos que Cantabria, próximamente esté a la misma altura en el ámbito de la nutrición”, apostilla porque es una de las cuatro comunidades que no han dado el paso de incorporar a los especialistas en su sistema sanitario. La nutrición es un concepto que todo el mundo evoca pero el acceso a un especialista depende del código postal: “nos estamos convirtiendo en una excepción a nivel mundial”. Graduado en nutrición humana y dietética con dos másteres en coaching nutricional y nutrición avanzada, considera que su especialidad es una pieza esencial de la sanidad. Pese a ello, siendo la alimentación uno de los principales determinantes de salud, en las 170 páginas del Plan de Salud de Cantabria 2025-2029 no aparece la palabra nutrición.

Con frecuencia en la atención primaria se detectan problemas de azúcar, de colesterol ¿se les ofrece a estos pacientes la dieta adecuada? ¿hay profesionales que les atiendan?

Muchos profesionales sanitarios realizan una labor extraordinaria dentro de sus competencias. El problema es que la atención nutricional especializada la presta, en muchos casos, personal que no tiene una formación específica y reglada en Nutrición Humana y Dietética. Igual que no le pediríamos a un dietista-nutricionista que ejerciera como fisioterapeuta o enfermero, entendemos que el abordaje nutricional debería estar liderado por los profesionales específicamente formados para ello. La inmensa mayoría de profesionales sanitarios realizan un trabajo excelente, dentro de sus competencias y con los recursos disponibles. El problema no es que otros profesionales lo hagan mal, sino que la nutrición clínica y dietética es una disciplina compleja que, cuenta con profesionales específicamente formados para desarrollarla. Del mismo modo que un médico no sustituye a un fisioterapeuta o un enfermero no sustituye a un psicólogo, no parece razonable que la atención nutricional especializada, recaiga de forma habitual en profesionales cuya formación principal está orientada a otras áreas. La incorporación del dietista-nutricionista no viene a sustituir a nadie, sino a complementar y reforzar los equipos sanitarios para ofrecer una atención más completa y eficiente.

¿Cómo está la situación de los nutricionistas en el Servicio Cántabro de Salud?

Lo resumo en una sola frase: la nutrición en Cantabria sigue estando prácticamente circunscrita al ámbito privado, y seguimos sin dietistas-nutricionistas integrados de forma efectiva en la sanidad pública.  

¿Qué sucede en el resto de España? ¿la situación es idéntica?

No, y ese es precisamente el problema. Mientras la mayoría de comunidades autónomas ya han incorporado dietistas-nutricionistas a su sistema sanitario, Cantabria sigue estando entre las pocas que aún no han dado ese paso, a pesar de la evidencia científica y del beneficio que supone para pacientes y sistema sanitario. Es decir, el acceso a la atención nutricional pública depende actualmente, en gran medida, del código postal. Un ciudadano cántabro sigue sin disponer de ese mismo recurso de forma estructurada. Esto genera una desigualdad asistencial, difícil de justificar cuando hablamos de la prevención y el tratamiento de enfermedades, tan prevalentes como la obesidad, la diabetes o la desnutrición relacionada con la enfermedad.

¿Fuera de Europa ocurre lo mismo, es decir, también tienen dietista-nutricionista implementado en la sanidad pública? 

Efectivamente, por ejemplo, si miramos a Latinoamérica vemos que en numerosos países la figura del nutricionista está plenamente integrada en hospitales públicos, programas comunitarios y estrategias de salud pública. Por eso siempre decimos que esta no es una reivindicación extraña ni excepcional. Estamos hablando de una figura sanitaria que, ya está integrada con normalidad en buena parte del mundo, tanto en Europa como en Latinoamérica. La pregunta no es si hace falta un dietista-nutricionista en la sanidad pública, porque eso ya lo han respondido muchos sistemas sanitarios, la pregunta es, por qué todavía existen cuatro territorios españoles, Cantabria entre ellos, donde la integración sigue pendiente.   

Chile lleva incorporando nutricionistas a su sistema sanitario desde 1939. En Brasil los nutricionistas forman parte, desde hace décadas, tanto de los hospitales públicos como de las estrategias nacionales de salud pública y alimentación escolar. Si miramos a Reino Unido, los dietitians forman parte del NHS desde hace décadas y trabajan en hospitales, atención primaria, salud mental, oncología o pediatría. Y si observamos Canadá, ocurre algo similar: los dietistas están plenamente integrados en el sistema público y participan activamente en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas. Cuando países tan diferentes entre sí, llegan a la misma conclusión, parece evidente que la nutrición es una pieza esencial de la atención sanitaria.

La nutrición en Cantabria sigue estando prácticamente circunscrita al ámbito privado

Pero en los hospitales españoles sí existen endocrinos y nutricionistas, ¿no?

Sí, por supuesto que existe Endocrinología y Nutrición en los hospitales, y también realiza una labor fundamental. Pero conviene aclarar que estamos hablando de una especialidad médica. En la mayor parte de países europeos, Reino Unido, Francia o Alemania, las tareas están separadas, y el médico se suele enfocar casi al 100% en el sistema endocrino, y la nutrición clínica de los hospitales queda en manos de dietistas universitarios especializados. Es interesante mencionar el reciente avance realizado por el Ministerio de Sanidad, con el Real Decreto 239/2026, de 25 de marzo, donde define la oferta asistencial de la unidad de “Nutrición y Dietética” como aquella que, “bajo la responsabilidad de un graduado en Nutrición Humana y Dietética o un especialista en Endocrinología y Nutrición, se encarga de la adecuada nutrición de las personas en la atención sanitaria”. En relación con lo expuesto, lo que planteamos es incorporar al dietista-nutricionista en Cantabria, como ocurre en estos países y que estamos observando paulatinamente en casi todas las comunidades de España. Nos estamos convirtiendo en una excepción a nivel mundial, y este tipo de directrices no se pueden implementar, mientras la categoría profesional no sea creada.

¿Qué opina la Consejería de Salud al respecto? ¿Existe comunicación con el Colegio? 

En los últimos dos años he solicitado dos reuniones con el consejero y, a mi juicio, aporté documentación suficiente para acreditar la necesidad urgente de la creación de la categoría profesional. Tras nuestras conversaciones, el titular que ofreció la prensa fue: “El consejero, César Pascual, ha trasladado al presidente del Colegio Profesional, la importancia de esta especialidad en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad a través de la alimentación”. Agradezco que el consejero reconozca públicamente la importancia de la nutrición, pero ese titular es de 2024 y creemos que ha llegado el momento de que ese reconocimiento se traduzca en medidas concretas. 

¿No ha habido ninguna actualización a raíz de esas conversaciones? 

Me remito a dos puntos importantes. El primero es el Plan de Salud de Cantabria 2025-2029. Resulta llamativo que, siendo la alimentación uno de los principales determinantes de salud, la palabra nutrición no se encuentre en las más de 170 páginas del documento, por lo que denota una presencia más que limitada dentro de las líneas estratégicas del plan. El segundo es la creación de la Unidad de Enfermedades Raras de Valdecilla, la cual estima que realizará cerca de 2.000 atenciones al año. En su publicación indica que, “ofrece atención multidisciplinar coordinada por una enfermera gestora de casos, donde participarán médicos de al menos doce disciplinas, apoyados por fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales y farmacéuticos”. Como puede apreciarse, el dietista-nutricionista no forma parte de ese equipo asistencial, pese a que muchas enfermedades raras presentan importantes implicaciones nutricionales. Son ejemplos que ilustran cómo la nutrición, continúa teniendo una presencia insuficiente dentro de determinadas estructuras asistenciales.    

¿Cada vez desarrollamos más alergias alimentarias?

Sí. Las evidencias epidemiológicas muestran un aumento sostenido en la prevalencia de alergias alimentarias en las últimas décadas, un fenómeno que la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica cataloga como de proporciones epidémicas, especialmente en población infantil. Este incremento no responde a un único factor, sino a una compleja interacción genético-ambiental. Destaca la 'hipótesis de la higiene' -entornos excesivamente asépticos en etapas tempranas que alteran el desarrollo del sistema inmune-) y los profundos cambios en la microbiota intestinal derivados del parto por cesárea, el uso temprano de antibióticos y el abandono de patrones dietéticos tradicionales en favor de dietas occidentalizadas.

Hay casos como los celíacos que dependen de las asociaciones de pacientes para tener información sobre los alimentos que pueden consumir y para conocer qué es la contaminación cruzada ¿deberían ocuparse los nutricionistas desde lo público?

Rotundamente sí. El papel de las asociaciones de pacientes es y ha sido encomiable, pero la prescripción dietética y la educación nutricional en patologías crónicas no pueden externalizarse fuera del Sistema Nacional de Salud. La dieta sin gluten es el único tratamiento médico para la enfermedad celíaca. El control de la contaminación cruzada, la interpretación del etiquetado y la monitorización de déficits nutricionales asociados -como las caídas crónicas de hierro o vitamina B12- requieren seguimiento clínico especializado. La incorporación del dietista nutricionista en Atención Primaria y Especializada es una necesidad urgente de salud pública para garantizar la equidad y la seguridad del paciente, evitando que dependan exclusivamente de recursos privados o del tejido asociativo.

Aunque hoy gozamos de la mayor seguridad alimentaria de la historia, hemos sufrido una profunda 'transición nutricional'

¿Comemos peor ahora que las generaciones anteriores?

Desde la perspectiva del patrón alimentario, sí. Aunque hoy gozamos de la mayor seguridad alimentaria de la historia, hemos sufrido una profunda 'transición nutricional'. Hemos desplazado la dieta mediterránea tradicional -basada en materias primas locales, vegetales, legumbres y cocinados lentos- por un patrón dietético occidentalizado. La dieta actual se caracteriza por una alta densidad calórica, un consumo excesivo de azúcares libres, grasas de baja calidad y una alarmante presencia de productos ultraprocesados. Estudios en España, como el estudio ENPE, evidencian un abandono de las recomendaciones nutricionales tradicionales, impactando directamente en la morbimortalidad.

Cada vez incorporamos más alimentos nuevos a la dieta: desde el aguacate, la quinoa o el humus hasta el te matcha, ¿Lo hacemos influidos por las modas o realmente son buenos desde el punto de vista nutricional?

Ambas cosas. Desde el punto de vista nutricional, alimentos como el aguacate -rico en grasas monoinsaturadas-, la quinoa -excelente perfil de aminoácidos- o el té matcha -alto en antioxidantes- son excelentes materias primas. Sin embargo, su consumo está fuertemente impulsado por el marketing y la industria bajo la peligrosa etiqueta de 'superalimentos'. La ciencia de la nutrición no reconoce los 'superalimentos'. Ningún producto aislado, por exótico que sea, puede compensar una dieta globalmente insana. Son opciones válidas y saludables, pero no imprescindibles ni mágicas.

En las redes sociales proliferan los consejos sobre nutrición de personas sin formación específica, ¿hay mucho intrusismo en este sector?

El intrusismo en nutrición es masivo y supone un grave riesgo para la salud pública. En las redes sociales se confunde constantemente la libertad de expresión con la libertad de prescripción clínica. Basar recomendaciones en la 'experiencia personal', promover dietas restrictivas sin evidencia o vender planes nutricionales sin titulación oficial no solo es un fraude, sino que fomenta el desarrollo de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), desnutrición y el empeoramiento de patologías crónicas. La prescripción dietética es un acto sanitario que legalmente corresponde a profesionales titulados y colegiados.

¿Están bien controlados, por ejemplo, los menús escolares?

La realidad es heterogénea. Existen documentos de consenso de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre la alimentación escolar, pero su cumplimiento efectivo varía. A menudo, el diseño y la gestión de los menús recaen en las empresas de restauración colectiva (cátering). Aunque cumplen rigurosos controles higiénicosanitarios, la calidad nutricional y organoléptica a veces queda relegada por criterios económicos. Para garantizar menús verdaderamente saludables y adaptados a alergias o patologías, la validación y firma de estos pliegos debería ser competencia exclusiva y obligatoria de un dietista-nutricionista.

¿Quién se encarga de ello?

Depende de la comunidad autónoma. Como presidente del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cantabria no me corresponde a mí realizar una radiografía de cómo se está gestionando esta competencia en el resto del territorio nacional, pero sí debo hablar con rotundidad de lo que ocurre en nuestra región, y en Cantabria, lamentablemente, el diseño, la validación y el control de los menús escolares no los hacen los dietistas-nutricionistas.

Reducir la obesidad a una simple falta de fuerza de voluntad para estar delgado es un estigma obsoleto

Cuando se habla de nutrición a menudo se relaciona con la delgadez, ¿somos una sociedad más obesa a pesar de que estamos más informados y tenemos al alcance más alimentos?

Sí, porque la información no modifica por sí sola el comportamiento en un entorno hostil. Vivimos inmersos en un 'entorno obesogénico', diseñado para el sedentarismo y rodeados de una oferta alimentaria hipercalórica, hiperpalatable y de bajo coste. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la obesidad como una enfermedad crónica compleja y multifactorial: genética, metabólica, socioeconómica y psicológica. Reducir la obesidad a una simple falta de fuerza de voluntad para estar delgado es un estigma obsoleto. Tener acceso a información no sirve de nada si el entorno empuja constantemente en la dirección contraria.

Se habla mucho de las grasas y del azúcar, ¿qué es lo más dañino para nuestro organismo?

El debate científico actual ha superado el reduccionismo de aislar nutrientes. No obstante, el exceso de azúcares libres y el consumo de grasas trans de origen industrial son altamente perjudiciales por su impacto directo en el riesgo cardiovascular y metabólico. Lo verdaderamente dañino no es el nutriente en sí, sino la matriz alimentaria que los contiene: los productos ultraprocesados. Consumir grasas naturalmente presentes en el aceite de oliva, frutos secos o pescado es fundamental para la salud. El problema surge cuando grasas refinadas de mala calidad se combinan con azúcares libres y harinas refinadas en productos industriales.

Los riesgos para la salud pública actual no derivan del consumo de verduras cultivadas de forma moderna, sino precisamente de no consumirlas

¿Los propios alimentos -carne, pescado, verduras- son menos sanos que antes por efecto de la contaminación en el mar o de las sustancias presentes en la dieta de los animales que se crían para carne?

Falso. Hoy consumimos los alimentos más seguros y sometidos a mayores controles de la historia gracias a los marcos regulatorios de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la AESAN. Es cierto que la contaminación ambiental obliga a monitorizar parámetros como los metales pesados en pescados de gran tamaño -mercurio- o los plásticos, emitiendo recomendaciones específicas de consumo. Sin embargo, el valor nutricional intrínseco de los alimentos frescos -carne, pescado, verduras- sigue siendo incuestionable. Los riesgos para la salud pública actual no derivan del consumo de verduras cultivadas de forma moderna, sino precisamente de no consumirlas

¿Cuáles son los principales objetivos del Colegio de Dietistas Nutricionistas de Cantabria para los próximos años? 

Nuestro objetivo es sencillo, que la nutrición deje de ser la gran olvidada de la sanidad pública cántabra. Queremos que los dietistas-nutricionistas estén presentes allí donde pueden mejorar la salud de la población, hospitales, atención primaria, colegios, residencias y programas de salud pública. Además, seguiremos trabajando para que se reconozcan plenamente nuestras competencias profesionales y para que cualquier ciudadano, viva donde viva, tenga acceso a una atención nutricional segura, basada en la evidencia científica, y prestada por los profesionales específicamente formados para ello. Por supuesto, seguiremos denunciando aquellas situaciones en las que, personas sin la titulación sanitaria habilitante, ofrecen servicios dietético-nutricionales que pueden poner en riesgo la salud de la población.  

La comparecencia en el Parlamento murciano de la consejera de Salud de la Región de Murcia, Isabel Ayala, por el escándalo del fraude en las prótesis vasculares, ha sido una reiteración del relato que la Consejería ha mantenido desde que el caso salió a la luz. En el hemiciclo el ambiente ha sido bronco, la presidenta de Asamblea Regional, Visitación Martínez, ha tenido que pedir silencio en la totalidad de las intervenciones.

La consejera ha defendido que el caso se destapó gracias “al exhaustivo trabajo del Servicio de Inspección de Centros y Servicios Sanitarios” del SMS. Ha ido más allá, declarando a Salud “víctima” del presunto fraude.

Pese a que el fraude se extendió en el tiempo durante más de una década, Ayala ha defendido que el destape de la trama demuestra que “los sistemas de control interno funcionan”: “Desde el Área uno, donde se detectaron estas supuestas irregularidades, rápidamente se pusieron en manos de la Inspección de Centros para la realización de una auditoría interna y posteriormente se trasladó a la autoridad judicial para que continuara la investigación”. Tal y como reconoce la propia consejera, la auditoría interna no tuvo lugar hasta noviembre de 2024.

Tras esa investigación interna, recuerda, se cesaron a dos responsables de la Unidad de Aprovisionamiento Integral y al jefe de Sección de Radiología Vascular e Intervencionista del Área uno: “Se acometió una importante renovación de diversos puestos del Servicio Murciano de Salud para reforzar los controles en este tipo de procedimientos. Hemos actuado con diligencia y transparencia”, ha defendido.

“Hay 13 personas investigadas y saben que entre ellos no hay ningún cargo político. Dejen a la Fiscalía y al juez que haga su trabajo y dejen de confundir a la población”, ha insistido.

Fraude “económico”

Ayala ha recalcado que el fraude es puramente “económico”, y que se limita a la adquisición y facturación de material sanitario“ y ha reiterado que ”no se ha constatado que existan episodios clínicos que estén relacionados con la implantación de material caducado“. En sus investigaciones, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional detectó la implantación de, al menos, un 'stent' caducado a un paciente. Este hallazgo tuvo lugar después de que la Policía Nacional analizase solo 8% de las 492 intervenciones que practicó uno de los cirujanos implicados en la trama. 

También ha explicado que las prótesis no homologadas son “seguras”: “El hecho de que el material implantable no esté homologado no significa que no sea válido y que no se pueda usar en los pacientes. Son perfectamente viables para implantarse porque están autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios”

Un informe interno de inspección alertaba del “grave riesgo para los pacientes” por el uso de prótesis homologadas por parte de la trama, no porque sean inseguras, sino porque se utilizaron para inflar los precios en la facturación. Para poder materializar el fraude recogían en la facturación el producto más caro sin homologar, e implantaban el producto homologado. El peligro que esto suponía para el paciente, detalla el documento, reside en las discrepancias entre lo facturado en el programa de gestión económica -conocido como SAP- y la historia clínica del paciente. Ante una alerta sanitaria decretada por la Agencia Española del Medicamento, se vería comprometida la trazabilidad del producto.

Ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población, recordando que desde el servicio sanitario correspondiente “se han revisado las historias clínicas” de los posibles pacientes afectados: “Como saben, se sigue revisando de forma exhaustiva a los pacientes que fueron atendidos por el médico implicado en un centro concertado y no se ha constatado que existan episodios clínicos que estén relacionados con la implantación de material caducado”.

La consejera ha aprovechado su intervención para adelantar la creación del Registro Regional de Prótesis Implantables “como elemento fundamental en la trazabilidad”. Asimismo, desde 2025 “se ha reforzado el servicio de Inspección sanitaria con la incorporación de 15 profesionales más”, entre inspectores, médicos, farmacéuticos y enfermeros. Además, se ha puesto en marcha dentro del Servicio de Inspección Sanitaria una unidad específica “para reforzar el control económico del Sistema Regional de Salud, con cuatro inspectores dedicados en exclusiva a este asunto”.

Respecto a la oposición, les ha acusado de instrumentalizar el fraude de las prótesis con fines políticos: “Les pido que dejen de hacer su trabajo a la policía y a la justicia en lugar de pretender utilizar la salud de las personas como una herramienta política”.

“Es una irresponsabilidad que solo se puede entender desde el intento de desviar la atención de la corrupción que invade al Partido Socialista”, ha concluido.

La comparecencia, un día más tarde

En teoría, la consejera debería haber comparecido el pasado jueves. Los socialistas modificaron el orden del día con los votos a favor de Podemos, Izquierda Unida y Vox con el fin de incluir la comparecencia de Ayala. El cambio se vio frustrado tres horas después del inicio del pleno, cuando la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, levantó la sesión prematuramente, alegando la disposición de la consejera. “Si ayer me hubieran convocado con normalidad cuando estaba en el Pleno y no aprovechando que ya me había ido, habríamos solventado esta comparecencia”, ha reprochado este viernes.

Martínez leyó un escrito de Ayala, en el que esta señaló que había sido informada de la votación una vez había abandonado la Asamblea tras responder a las preguntas parlamentarias, y ha defendido que, si existía interés en su comparecencia, la modificación del orden del día debía haberse planteado mientras permanecía en el hemiciclo. Tras la suspensión, se agendó la comparecencia para este viernes.

“Miente abiertamente”

La oposición en su conjunto ha cuestionado que ningún órgano político supiera de una trama de esta envergadura: “Usted ha sido gerente del Servicio Murciano de Salud desde septiembre de 2023 hasta el pasado mes, y como tal, era usted la responsable del aprovisionamiento de material y autorización de los planes de pedidos, y entre otras cuestiones, responsable de comprar las prótesis cardiovasculares”, le ha recordado la diputada del Grupo Parlamentario Socialista María Soledad Sánchez Jódar.

En esta línea, la portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín, ha acusado a toda la cúpula del SMS y al presidente regional, Fernando López Miras, de mentir “abiertamente” en el pleno de control del pasado jueves, y ha apuntado asimismo hacia el exsecretario general técnico del Salud y actual consejero de Fomento, Jorge García Montoro, cuyo nombre aparece en los correos intervenidos por la UDEF. “Ustedes conocían perfectamente el abuso de los contratos sin procedimiento de licitación pública. Contratos y concursos a dedo a los que se han desviado cientos de millones de euros y que han permitido la existencia de algo tan oscuro y sucio como la trama de las prótesis. Y las que están por venir, porque esto es solo la punta del iceberg”, ha proseguido.

Por su parte, el diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos, ha preguntado a Ayala si el SMS “ha revisado a todos los pacientes” que se han podido ver afectados por la trama. “¿Está en condiciones de asegurar aquí públicamente de que no hay ningún riesgo de que alguien pueda tener un implante caducado?”.

Izquierda Unida ha denunciado el “bloqueo sistemático” de los Consejos de Salud en Cantabria y ha exigido su convocatoria inmediata, al considerar una “anomalía democrática” que estos órganos de participación ciudadana no se reúnan con regularidad pese a estar contemplados por ley desde hace más de 20 años.

Así lo ha trasladado el coordinador de IU en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, quien ha criticado que el Ejecutivo autonómico “siga sin cumplir con una obligación básica de la Ley 7/2002 de Ordenación Sanitaria, que establece claramente la existencia y funcionamiento de los Consejos de Salud de Área y de Zona”.

“Ningún gobierno desde entonces, incluyendo los de PRC, PSOE y PP, ha desarrollado esta herramienta imprescindible para dar voz a los profesionales, colectivos y ciudadanía en general en una materia tan sensible como es la salud”, argumenta Ruiz Salmón. Esto contrasta con la existencia “aunque con funciones muy limitadas” de otros consejos como el de la Juventud, la Mujer o el Económico y Social.

A su juicio, la falta de convocatoria de estos consejos responde a un intento de evitar el debate público sobre las carencias estructurales del sistema. “Los Consejos de Salud son incómodos para los gestores porque en ellos se visibilizan problemas como las listas de espera, la falta de profesionales o el cierre de consultorios”, ha afirmado.

Desde la Red de Salud de la formación han advertido de que la falta de estos órganos “desmantela en la práctica el control democrático de la Atención Primaria” y favorece una gestión “cada vez más tecnocrática, vertical y, desgraciadamente, privatizadora, como vemos con el convenio con Santa Clotilde que Buruaga y Pascual han firmado”.

En este sentido, Ruiz Salmón ha subrayado que “la participación ciudadana no es un adorno democrático ni un complemento decorativo, sino un derecho legalmente reconocido que el Gobierno de Cantabria está incumpliendo de forma reiterada”.

IU ha recordado que el artículo 53 de la ley autonómica obliga a establecer estos espacios de participación, en los que ayuntamientos, sindicatos y colectivos sociales pueden fiscalizar la política sanitaria. Sin embargo, la coalición considera que la Consejería de Salud está optando por “relegar a los pacientes a meros clientes y usuarios, en lugar de reconocerlos como protagonistas de su propia sanidad”.

Especial incidencia en las zonas rurales

Asimismo, la formación ha advertido de que este “apagón en la participación” debilita de forma directa a la Atención Primaria y afecta especialmente a las zonas rurales. “Comarcas como Campoo, Liébana, Saja-Nansa o el Asón tienen realidades sanitarias que no se pueden evaluar exclusivamente desde los despachos de Santander”, ha señalado Ruiz Salmón.

Frente a esta situación, IU ha puesto como ejemplo experiencias como los Consejos de Salud de Barbastro, que han permitido canalizar propuestas vecinales y profesionales en defensa del sistema público.

Por todo ello, Ruiz Salmón ha reclamado la activación inmediata de todos los canales de participación previstos en la ley. “La sanidad se defiende también democratizándola: menos participación significa menos transparencia y menor capacidad de respuesta colectiva ante el deterioro del sistema que el tripartito y, especialmente el PP, ha llevado a cabo”, ha concluido.

Una ley incumplida desde hace 24 años

El artículo 52 de la Ley 7/2002 de Ordenación Sanitaria dice que el Consejo Asesor de Salud de Cantabria “es el órgano superior de carácter consultivo y de participación dentro del Sistema Sanitario Público de Cantabria”.

A continuación, el artículo 53 regula los consejos de Salud de Área, que estarán coordinados por el Consejo Asesor de Salud de Cantabria, como órganos “colegiados de participación ciudadana, con carácter consultivo y de asesoramiento, con la finalidad de efectuar, en su ámbito, el seguimiento de la ejecución de la política sanitaria, evaluación de la misma y asesoramiento a los órganos de dirección y gestión de aquél”.

Además, apunta que la Consejería será la encargada de facilitar la documentación y los medios precisos y que se establecerá “reglamentariamente” la composición, organización, atribuciones y funcionamientos de los Consejos de Salud de Área “garantizando en todo caso la participación de las Administraciones Locales, las organizaciones sindicales más representativas en materia sanitaria, las organizaciones, empresariales más representativas y las organizaciones sociales del Área correspondiente”.

Comisiones Obreras ha exigido la puesta en marcha inmediata del quinto equipo de atención social comprometido para el Servicio de Apoyo a la Discapacidad de la Fundación Marqués de Valdecilla (el antiguo servicio tutelar), es decir, una trabajadora social y tres auxiliares administrativas más para aliviar la sobrecarga laboral que asegura existe en la actualidad y que afecta tanto a las condiciones de trabajo de la plantilla como a la calidad de la atención prestada a los usuarios.

La necesidad de ampliar el personal es una reivindicación con más de 10 años de recorrido, pero ahora, con más del triple de usuarios, se ha convertido en “una demanda urgente”. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha señalado en un comunicado que en la actualidad el servicio atiende a 741 personas y sólo hay cuatro trabajadoras sociales en la plantilla y dos auxiliares administrativos, “una cifra que impide realizar sus tareas como debieran”.

“Mientras que el número de personas atendidas casi se han cuadriplicado desde 2010, el número de trabajadoras sociales sigue siendo el mismo en un servicio donde cerca del 70% de las personas usuarias presentan problemas graves de salud mental, por lo que es más imprescindible si cabe hacer un seguimiento continuo a cada una de ellas”, ha manifestado el coordinador de empresas públicas en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, Guillermo Villegas.

Para CCOO, es fundamental la incorporación de una trabajadora social y de tres auxiliares administrativos para poder reorganizar los recursos existentes y completar cinco equipos de atención social. Además, de cara al verano y a las vacaciones, no hay sustituciones, ni tampoco para las bajas, salvo que estas sean de larga duración, ha apuntado.

Vinculado a los presupuestos autonómicos

De hecho, Villegas ha criticado que, “a finales del pasado año la dirección trasladó al comité de empresa que el patronato ya había aprobado la creación de un quinto equipo y que sólo estaba pendiente de la aprobación de los presupuestos de Cantabria. Asimismo, en octubre, coincidiendo con el traslado del servicio a la avenida de Los Castros, el consejero de Salud, César Pascual, anunció públicamente el refuerzo. Sin embargo, más de medio año después no se ha producido ninguna contratación y eso que los presupuestos ya están más que aprobados”.

Lo peor de todo es, a juicio de la representación sindical, que la falta de personal está provocando situaciones de estrés, ansiedad, depresión y “deterioro general de la salud de la plantilla”, y también está repercutiendo en la propia organización, porque hay un mayor número de incapacidades temporales, mientras que los usuarios del servicio “carecen de la atención individualizada que requieren y de menos tiempo para el seguimiento de sus casos”.

“Los y las trabajadoras no son máquinas y, a consecuencia de la sobrecarga de trabajo, es inevitable que disminuya la calidad en la valoración, el diagnóstico y la intervención social. No es una reivindicación nueva sino una necesidad que la propia Administración ha reconocido públicamente y que, por eso, debería ser ya una realidad”, ha subrayado.

Un servicio de apoyo individualizado

El Servicio de Apoyo a la Discapacidad de la Fundación Marqués de Valdecilla desarrolla una labor de apoyo a personas con enfermedad mental, adultos con discapacidad intelectual y del desarrollo, daño cerebral sobrevenido y deterioro cognitivo y que necesitan ayuda para el ejercicio de su capacidad jurídica al carecer de apoyos familiares o sociales adecuados.

Entre las funciones del Área Social se encuentran la elaboración, seguimiento y evaluación de planes individualizados de atención, visitas domiciliarias y a centros residenciales, acompañamientos sanitarios, planificación económica, así como su seguimiento y evaluación, gestión de prestaciones y recursos sociales, elaboración de informes sociales, orientación a familias, seguimiento integral de cada caso, etcétera.

La lista de espera quirúrgica en Cantabria asciende a 15.294 personas a cierre de mayo, 252 más que el mes anterior, lo que supone un incremento mensual del 1,68%, y la demora media ha subido en 2,6 días, hasta alcanzar los 137,3 (más de 4 meses y medio), según datos del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

De esta manera, la comunidad autónoma encadena tres meses de incrementos: en marzo, abril y mayo.

Sin embargo, en el último mes han bajando tanto la lista de espera de consultas como la de pruebas diagnósticas, aunque en ambos casos ha subido la demora media.

Concretamente, en la de consultas, a cierre de mayo, figuraban 37.895 pacientes, 1.825 menos que en abril (-4,6%), pero la demora media ha subido, pasando de 54,6 días (casi 1 mes y 25 días) a 56,1, lo que supone 1,5 días más.

Y la de pruebas diagnósticas ha bajado en el último mes en 1.127 (-2,5%), situándose en 43.383 pacientes. En este caso, la demora media se sitúa en 71,8 días, 3,6 días más.