Continúa la investigación de la presunta trama de fraude de prótesis vasculares en el seno del Servicio Murciano de Salud (SMS). El magistrado del Tribunal de Instancia de Murcia (sección de Instrucción, plaza 7) José Fernández Ayuso ha encomendado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que examine la totalidad de las intervenciones quirúrgicas practicadas por el cirujano investigado en la trama. “Esto es, un análisis exhaustivo de las treinta intervenciones que ya se disponen de la muestra proporcionada, a la que se sumarian las otras 462 intervenciones que el servicio de inspección informó que habría realizado ese doctor”, ha detallado el auto, al que ha tenido acceso este diario.

Ahora, la Consejería de Salud tendrá que facilitar a la UDEF la documentación del resto de intervenciones del cirujano. Deberá aportar el informe de alta de los pacientes, la totalidad de los partes de implante que consten, los pedidos realizados a raíz de estas intervenciones y las facturas emitidas, además de todos los informes posteriores.

“Una vez que se haya realizado esa investigación y se haya determinado el total de cirugías en las que se hubieran implantado supuestamente prótesis o material caducado es cuando se llevará a cabo la oportuna pericial médica para determinar si el hecho de la implantación de esas prótesis o material caducado, en su caso, hubiera afectado al estado de salud de los pacientes intervenidos”, ha detallado el juez instructor.

El juez ha citado a declarar a doce de los catorce investigados a los que hasta ahora no ha tomado declaración. Han sido citados para mediados de septiembre todos los investigados menos el cirujano Rubén T. M. y el comercial de Logimed. Entre las personas que deberán prestar declaración está el exjefe de Servicio de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), Vicente F. G.; el jefe de sección de la UAI, Manuel N. G.; y el exjefe de la Sección de Radiología Vascular Intervencionista de La Arrixaca, Antonio C. A.

Lo que ya se considera como el mayor escándalo de la sanidad pública de la Región de Murcia dejó a lo largo de siete años un agujero en las arcas públicas por valor de unos 6,9 millones de euros. Esta es tan solo una estimación, por lo que el juez encomendó a la Intervención General del Estado una pericial para poder detallar el alcance del perjuicio económico sufrido por el SMS.

Dos posibles afectados

Hasta el momento la UDEF solo había podido analizar un total de 30 intervenciones realizadas por R.T.M. En esa muestra, hallaron irregularidades “en la totalidad de la muestra”: al cotejar los informes de alta con los partes quirúrgicos se descubrieron discrepancias sistemáticas entre el material efectivamente utilizado y el facturado.

La UDEF encontró cinco productos etiquetados de Logimed “que a la fecha de implantación se encontraban caducados” e identificó un historial en concreto en cuya alta “se le pone una prótesis y en el parte quirúrgico constan dos, estando ambas caducadas”. En los cuatro casos restantes de etiquetas caducadas, “al existir más productos pagados que utilizados, no puede saberse con seguridad si se han utilizado los caducados o no, debido a la ambigüedad con que se rellena el parte de alta”, advirtieron los investigadores.

Por el momento la UDEF ha identificado dos pacientes a los que posiblemente se les implantó una prótesis caducada. Uno de los afectados, de 65 años, reclama 150.000 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS). Tras la primera intervención, el paciente tuvo complicaciones graves que derivaron en otras dos cirugías en pocos meses, incluyendo un bypass y una intervención de urgencia. Según un comunicado del Defensor del Paciente, “en lugar del bypass previsto, se le practicó una angioplastia con un stent cuya fecha de caducidad (febrero de 2022) constaba en las propias pegatinas adheridas a la hoja de implante, llevando al menos un mes caducado. Así lo recoge el informe de la UDEF, que identifica expresamente a este paciente como el caso paradigmático de producto caducado implantado”.

El Gobierno de Cantabria subvenciona el transporte en taxi a los cántabros de zonas rurales donde en verano cierran los consultorios médicos. La garantía de un transporte alternativo solo se ofrece a los pueblos que no tienen autobús, porque entiende que los pacientes ya se pueden desplazar por su cuenta hasta los consultorios y centros de salud de cabecera.

El Boletín Oficial de Cantabria publica el decreto de concesión de estas ayudas municipales al transporte para que los usuarios afectados puedan acudir a sus centros de salud de referencia desde los municipios donde no habrá médico en verano.

En el listado publicado con este motivo aparecen referenciados 114 consultorios, solo en 9 habrá médico durante todo el verano. El resto, 105, o están cerrados o no tendrán médico durante algunos días entre junio y septiembre, en una horquila amplia: hay consultorios sin pasar consulta durante 37, 32 ó 27 días -alternos- y otros entre tres y diez días.

Aunque el consejero de Salud ha insistido en que no se cerrará ningún consultorio en el listado de más de un centenar -que aparece en la publicación oficial- hay ocho consultorios cerrados o sin médico asignado porque su plaza está vacante. Es el caso de Bejes, Castillo, Cillorigo, Cueto, La Gándara de Soba, Lamadrid, Polientes, Vega de Liébana y Villanueva de la Nía.

Si se excluyen estos 10 que están cerrados desde antes de este verano, según el listado del BOC resultaría que 97 consultorios no tendrán médico en algún momento del verano.

Un solo médico en zonas de alta afluencia turística

En otra decena de consultorios faltará en algunos momentos del verano algunos de los médicos asignados a estos centros, pero seguirán funcionando al menos con un solo facultativo. Lo cierto es que es una situación que precisamente afecta a algunas zonas de gran afluencia turística que aumentan su población en los meses de verano como Noja, Somo, Ajo-Bareyo, Comillas, Marina de Cudeyo, Miengo, Santillana del Mar o Unquera. Además de los consultorios de Puente Arce, San Felices, Castañeda, Mataporquera y Guriezo.

Solo 9 consultorios tendrán médico todo el verano

En realidad, de los 114 consultorios que hay en Cantabria solo nueve tendrán médico todo el verano: Arenas de Iguña, Cartes, Bostronizo, Cartes, Casar de Periedo, y Rasines. También se seguirá pasando consulta en Carmona, Pesquera y San Miguel de Aguayo, tres municipios donde de ordinario solo hay médico un día a la semana.

Los vecinos del resto de los ayuntamientos de Cantabria con consultorio no tendrán consultas médicas durante algunos días del verano. En Bóo de Piélagos, Cudón, Camaleño y Suesa estarán por lo menos treinta días sin médico entre junio y septiembre. Los vecinos de Ruiloba, Penagos, Solórzano, Campóo de Suso y Cóbreces también pasarán 27 días sin facultativo. 22 días en San Pedro del Romeral, 23 en Vargas, 25 en Herrerías y 24 en La Hermida.

Las ausencias afectan de distinta manera. Por ejemplo, en Espinama y Galizano solo habrá 6 y 4 días respectivamente sin médico pero de ordinario solo hay consulta una vez a la semana, con lo que el efecto es diferente a otros pueblos. Lo mismo sucede en Pujayo y Queveda donde solo se pasa consulta los jueves y que estarán tres y cuatro días sin atención médica.

En otros puntos como La Penilla, La Cavada, Entrabasaguas, Campóo de Suso, Casatablas, Treto, Ogarrio o San Pedro del Romeral los pacientes tendrán que desplazarse hacia otros centros de salud durante más de veinte días a lo largo del verano.

La gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, (Córdoba, 1975), ha presentado su renuncia al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; un “cambio que estaba previsto y pactado”. Fuentes de la Consejería ha confirmado así la renuncia de Valle García, adelantada por la SER.

La ya exdirectora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus antecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, comparecieron en enero de este año como investigados en las diligencias previas por un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas.

La directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, se personó en el juzgado para “defenderse” de la querella presentada por los diputados del PSOE en el Parlamento andaluz por “posibles irregularidades” en la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021, que admitió a trámite el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.

Contratos sanitarios

En aquel momento, avalaron aquel sistema de control que se realizó después del gasto de dinero público, pero ninguno de los cuatro se hizo responsable directo ni admitió ante el juez ser el autor intelectual del cambio en el método de fiscalización de los contratos a dedo con la sanidad privada, clave en una investigación en la que está imputada por prevaricación la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores.

Los abogados de PSOE y Podemos, personados en la causa como acusación popular, les preguntaron qué funcionarios o cargos intermedios de Salud y de Hacienda pudieron adoptar una decisión de carácter político, que tuvo que pasar por el consejillo antes de ser elevada al Consejo de Gobierno para su aprobación. Pero ni Ochoa ni García recordaron los nombres y se limitaron a explicar el procedimiento ordinario.

Archivo de la causa

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla renunció en febrero a recurrir el archivo de la causa de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas que instruía un Juzgado de Sevilla. La decisión del fiscal fue anunciada antes por la portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, que aseguró que el Ministerio Público “no recurrirá el archivo de la causa” judicial de Sevilla, la primera de las tres investigaciones que salpican al Gobierno de Juan Manuel Moreno por irregularidades en la contratación a dedo del SAS entre 2020 y 2024.

Valle García fue nombrada en diciembre de 2023 cuando era directora gerente en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, tras sustituir a Diego Vargas en el cargo. Además, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba (UCO) desde 1998, hizo la residencia en el Hospital Universitario Reina Sofía y es especialista en Aparato Digestivo desde 2003.

Un paciente de 65 años reclama 150.000 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS) tras denunciar que le implantaron un stent vascular supuestamente caducado en un hospital concertado de Murcia. El caso forma parte de la investigación de la llamada trama de las prótesis, destapada por la UDEF, que indaga posibles irregularidades en el uso y gestión de material sanitario en la sanidad pública murciana.

Según la denuncia, el stent habría sido colocado cuando ya había superado su fecha de caducidad, algo que el informe policial considera un caso representativo dentro de la investigación. Tras la primera intervención, el paciente tuvo complicaciones graves que derivaron en otras dos cirugías en pocos meses, incluyendo un bypass y una intervención de urgencia.

El paciente afectado, “de 65 años y con arteriopatía periférica severa, fue intervenido el 21 de marzo de 2022”, apunta el comunicado del Defensor del Paciente. Según la asociación, “en lugar del bypass previsto, se le practicó una angioplastia con un stent cuya fecha de caducidad (febrero de 2022) constaba en las propias pegatinas adheridas a la hoja de implante, llevando al menos un mes caducado. Así lo recoge el informe de la UDEF, que identifica expresamente a este paciente como el caso paradigmático de producto caducado implantado”.

Lesiones, secuelas funcionales y daño moral

Pero “la intervención fracasó y cuatro meses después necesitó un bypass; al día siguiente del alta sufrió una trombosis completa del injerto por un vendaje compresivo contraindicado, que obligó a una tercera cirugía urgente”. Según la asociación, “la reclamación cifra el daño en 150.000 euros, incluyendo lesiones temporales, secuelas funcionales y un apartado específico de daño moral por la angustia de portar un stent caducado alojado permanentemente en su organismo con riesgos futuros indeterminados”. Y destaca que “la caducidad no era un vicio oculto: bastaba con leer las pegatinas. Es un incumplimiento flagrante de la obligación más básica de seguridad clínica”, continúan desde el Defensor del Paciente.

El mayor escándalo de la sanidad pública de la Región de Murcia ha dejado un agujero a los fondos públicos de 6,9 millones de euros y trece personas investigadas por delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal. Para materializar el fraude, la trama tenía distribuidas personas implicadas en la práctica totalidad del proceso de comercialización, compra e implantación de implantes vasculares.

Tras el escándalo del fraude de las prótesis vasculares en la Región de Murcia, la cúpula sanitaria, administrativa y gestora del Hospital Virgen de la Arrixaca ha defendido la “trayectoria ejemplar” del centro sanitario. Han rechazado “la presunta actuación irregular” de la trama, que afecta a la Sección de Radiología Vascular Intervencionista y al Servicio de Cirugía Cardiovascular.

“Rechazamos con firmeza la presunta actuación irregular de personas concretas, y compartimos la exigencia de transparencia y depuración de responsabilidades”, han reclamado en un comunicado. Al tiempo, han apelado a la “responsabilidad” y “rigor” de quienes realizan manifestaciones públicas, “con el fin de evitar mensajes que puedan generar desconcierto o alarma injustificada en la población”.

El manifiesto lo han firmado treinta y cinco jefes de los Servicios Médicos, cinco supervisores de Enfermería, once jefes de los Servicios Administrativos y quince miembros de la Dirección -entre ellos el gerente, Amancio Marín-, en representación de “los servicios asistenciales del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca”.

“El prestigio de este Hospital se ha construido durante más de cincuenta años y no pertenece a unas pocas personas; sino que es el resultado del esfuerzo, dedicación, sacrificio y vocación de generaciones de profesionales, consagrados al cuidado de la salud de todos los murcianos”, han recordado en el documento.

Los firmantes han recordado que el hospital tiene una “trayectoria ejemplar” de excelencia asistencial, docente e investigadora, reconocida a nivel regional, nacional e internacional, “procurando dar la mejor atención a pacientes de toda la Región, incluidos los de mayor complejidad y gravedad”.

El manifiesto concluye solicitando a las distintas administraciones públicas que pongan de su parte para la mejora del centro hospitalario: “Pedimos que desde las Instituciones se acometan en la Arrixaca todas las inversiones esperadas, y tan necesarias, para poder así afrontar los retos presentes y futuros con el máximo nivel de exigencia, y seguir dando a la sociedad murciana todo lo que espera de nuestro Hospital y sus profesionales”-

El mayor escándalo de la sanidad pública de la Región de Murcia ha dejado un agujero a los fondos públicos de 6,9 millones de euros y trece personas investigadas por delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal. Para materializar el fraude, la trama tenía distribuidas personas implicadas en la práctica totalidad del proceso de comercialización, compra e implantación de implantes vasculares. Algunos de los implicados eran personal de este centro médico, ahora apartados del servicio.

Pablo Martínez Tielve, presidente del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Cantabria, está temporalmente en Houston participando en un programa de investigación. La semana pasada, tres personas se acercaron a preguntarle por el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y explica que “somos privilegiados por tener la sanidad pública que tenemos”. “Esperemos que Cantabria, próximamente esté a la misma altura en el ámbito de la nutrición”, apostilla porque es una de las cuatro comunidades que no han dado el paso de incorporar a los especialistas en su sistema sanitario. La nutrición es un concepto que todo el mundo evoca pero el acceso a un especialista depende del código postal: “nos estamos convirtiendo en una excepción a nivel mundial”. Graduado en nutrición humana y dietética con dos másteres en coaching nutricional y nutrición avanzada, considera que su especialidad es una pieza esencial de la sanidad. Pese a ello, siendo la alimentación uno de los principales determinantes de salud, en las 170 páginas del Plan de Salud de Cantabria 2025-2029 no aparece la palabra nutrición.

Con frecuencia en la atención primaria se detectan problemas de azúcar, de colesterol ¿se les ofrece a estos pacientes la dieta adecuada? ¿hay profesionales que les atiendan?

Muchos profesionales sanitarios realizan una labor extraordinaria dentro de sus competencias. El problema es que la atención nutricional especializada la presta, en muchos casos, personal que no tiene una formación específica y reglada en Nutrición Humana y Dietética. Igual que no le pediríamos a un dietista-nutricionista que ejerciera como fisioterapeuta o enfermero, entendemos que el abordaje nutricional debería estar liderado por los profesionales específicamente formados para ello. La inmensa mayoría de profesionales sanitarios realizan un trabajo excelente, dentro de sus competencias y con los recursos disponibles. El problema no es que otros profesionales lo hagan mal, sino que la nutrición clínica y dietética es una disciplina compleja que, cuenta con profesionales específicamente formados para desarrollarla. Del mismo modo que un médico no sustituye a un fisioterapeuta o un enfermero no sustituye a un psicólogo, no parece razonable que la atención nutricional especializada, recaiga de forma habitual en profesionales cuya formación principal está orientada a otras áreas. La incorporación del dietista-nutricionista no viene a sustituir a nadie, sino a complementar y reforzar los equipos sanitarios para ofrecer una atención más completa y eficiente.

¿Cómo está la situación de los nutricionistas en el Servicio Cántabro de Salud?

Lo resumo en una sola frase: la nutrición en Cantabria sigue estando prácticamente circunscrita al ámbito privado, y seguimos sin dietistas-nutricionistas integrados de forma efectiva en la sanidad pública.  

¿Qué sucede en el resto de España? ¿la situación es idéntica?

No, y ese es precisamente el problema. Mientras la mayoría de comunidades autónomas ya han incorporado dietistas-nutricionistas a su sistema sanitario, Cantabria sigue estando entre las pocas que aún no han dado ese paso, a pesar de la evidencia científica y del beneficio que supone para pacientes y sistema sanitario. Es decir, el acceso a la atención nutricional pública depende actualmente, en gran medida, del código postal. Un ciudadano cántabro sigue sin disponer de ese mismo recurso de forma estructurada. Esto genera una desigualdad asistencial, difícil de justificar cuando hablamos de la prevención y el tratamiento de enfermedades, tan prevalentes como la obesidad, la diabetes o la desnutrición relacionada con la enfermedad.

¿Fuera de Europa ocurre lo mismo, es decir, también tienen dietista-nutricionista implementado en la sanidad pública? 

Efectivamente, por ejemplo, si miramos a Latinoamérica vemos que en numerosos países la figura del nutricionista está plenamente integrada en hospitales públicos, programas comunitarios y estrategias de salud pública. Por eso siempre decimos que esta no es una reivindicación extraña ni excepcional. Estamos hablando de una figura sanitaria que, ya está integrada con normalidad en buena parte del mundo, tanto en Europa como en Latinoamérica. La pregunta no es si hace falta un dietista-nutricionista en la sanidad pública, porque eso ya lo han respondido muchos sistemas sanitarios, la pregunta es, por qué todavía existen cuatro territorios españoles, Cantabria entre ellos, donde la integración sigue pendiente.   

Chile lleva incorporando nutricionistas a su sistema sanitario desde 1939. En Brasil los nutricionistas forman parte, desde hace décadas, tanto de los hospitales públicos como de las estrategias nacionales de salud pública y alimentación escolar. Si miramos a Reino Unido, los dietitians forman parte del NHS desde hace décadas y trabajan en hospitales, atención primaria, salud mental, oncología o pediatría. Y si observamos Canadá, ocurre algo similar: los dietistas están plenamente integrados en el sistema público y participan activamente en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas. Cuando países tan diferentes entre sí, llegan a la misma conclusión, parece evidente que la nutrición es una pieza esencial de la atención sanitaria.

La nutrición en Cantabria sigue estando prácticamente circunscrita al ámbito privado

Pero en los hospitales españoles sí existen endocrinos y nutricionistas, ¿no?

Sí, por supuesto que existe Endocrinología y Nutrición en los hospitales, y también realiza una labor fundamental. Pero conviene aclarar que estamos hablando de una especialidad médica. En la mayor parte de países europeos, Reino Unido, Francia o Alemania, las tareas están separadas, y el médico se suele enfocar casi al 100% en el sistema endocrino, y la nutrición clínica de los hospitales queda en manos de dietistas universitarios especializados. Es interesante mencionar el reciente avance realizado por el Ministerio de Sanidad, con el Real Decreto 239/2026, de 25 de marzo, donde define la oferta asistencial de la unidad de “Nutrición y Dietética” como aquella que, “bajo la responsabilidad de un graduado en Nutrición Humana y Dietética o un especialista en Endocrinología y Nutrición, se encarga de la adecuada nutrición de las personas en la atención sanitaria”. En relación con lo expuesto, lo que planteamos es incorporar al dietista-nutricionista en Cantabria, como ocurre en estos países y que estamos observando paulatinamente en casi todas las comunidades de España. Nos estamos convirtiendo en una excepción a nivel mundial, y este tipo de directrices no se pueden implementar, mientras la categoría profesional no sea creada.

¿Qué opina la Consejería de Salud al respecto? ¿Existe comunicación con el Colegio? 

En los últimos dos años he solicitado dos reuniones con el consejero y, a mi juicio, aporté documentación suficiente para acreditar la necesidad urgente de la creación de la categoría profesional. Tras nuestras conversaciones, el titular que ofreció la prensa fue: “El consejero, César Pascual, ha trasladado al presidente del Colegio Profesional, la importancia de esta especialidad en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad a través de la alimentación”. Agradezco que el consejero reconozca públicamente la importancia de la nutrición, pero ese titular es de 2024 y creemos que ha llegado el momento de que ese reconocimiento se traduzca en medidas concretas. 

¿No ha habido ninguna actualización a raíz de esas conversaciones? 

Me remito a dos puntos importantes. El primero es el Plan de Salud de Cantabria 2025-2029. Resulta llamativo que, siendo la alimentación uno de los principales determinantes de salud, la palabra nutrición no se encuentre en las más de 170 páginas del documento, por lo que denota una presencia más que limitada dentro de las líneas estratégicas del plan. El segundo es la creación de la Unidad de Enfermedades Raras de Valdecilla, la cual estima que realizará cerca de 2.000 atenciones al año. En su publicación indica que, “ofrece atención multidisciplinar coordinada por una enfermera gestora de casos, donde participarán médicos de al menos doce disciplinas, apoyados por fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales y farmacéuticos”. Como puede apreciarse, el dietista-nutricionista no forma parte de ese equipo asistencial, pese a que muchas enfermedades raras presentan importantes implicaciones nutricionales. Son ejemplos que ilustran cómo la nutrición, continúa teniendo una presencia insuficiente dentro de determinadas estructuras asistenciales.    

¿Cada vez desarrollamos más alergias alimentarias?

Sí. Las evidencias epidemiológicas muestran un aumento sostenido en la prevalencia de alergias alimentarias en las últimas décadas, un fenómeno que la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica cataloga como de proporciones epidémicas, especialmente en población infantil. Este incremento no responde a un único factor, sino a una compleja interacción genético-ambiental. Destaca la 'hipótesis de la higiene' -entornos excesivamente asépticos en etapas tempranas que alteran el desarrollo del sistema inmune-) y los profundos cambios en la microbiota intestinal derivados del parto por cesárea, el uso temprano de antibióticos y el abandono de patrones dietéticos tradicionales en favor de dietas occidentalizadas.

Hay casos como los celíacos que dependen de las asociaciones de pacientes para tener información sobre los alimentos que pueden consumir y para conocer qué es la contaminación cruzada ¿deberían ocuparse los nutricionistas desde lo público?

Rotundamente sí. El papel de las asociaciones de pacientes es y ha sido encomiable, pero la prescripción dietética y la educación nutricional en patologías crónicas no pueden externalizarse fuera del Sistema Nacional de Salud. La dieta sin gluten es el único tratamiento médico para la enfermedad celíaca. El control de la contaminación cruzada, la interpretación del etiquetado y la monitorización de déficits nutricionales asociados -como las caídas crónicas de hierro o vitamina B12- requieren seguimiento clínico especializado. La incorporación del dietista nutricionista en Atención Primaria y Especializada es una necesidad urgente de salud pública para garantizar la equidad y la seguridad del paciente, evitando que dependan exclusivamente de recursos privados o del tejido asociativo.

Aunque hoy gozamos de la mayor seguridad alimentaria de la historia, hemos sufrido una profunda 'transición nutricional'

¿Comemos peor ahora que las generaciones anteriores?

Desde la perspectiva del patrón alimentario, sí. Aunque hoy gozamos de la mayor seguridad alimentaria de la historia, hemos sufrido una profunda 'transición nutricional'. Hemos desplazado la dieta mediterránea tradicional -basada en materias primas locales, vegetales, legumbres y cocinados lentos- por un patrón dietético occidentalizado. La dieta actual se caracteriza por una alta densidad calórica, un consumo excesivo de azúcares libres, grasas de baja calidad y una alarmante presencia de productos ultraprocesados. Estudios en España, como el estudio ENPE, evidencian un abandono de las recomendaciones nutricionales tradicionales, impactando directamente en la morbimortalidad.

Cada vez incorporamos más alimentos nuevos a la dieta: desde el aguacate, la quinoa o el humus hasta el te matcha, ¿Lo hacemos influidos por las modas o realmente son buenos desde el punto de vista nutricional?

Ambas cosas. Desde el punto de vista nutricional, alimentos como el aguacate -rico en grasas monoinsaturadas-, la quinoa -excelente perfil de aminoácidos- o el té matcha -alto en antioxidantes- son excelentes materias primas. Sin embargo, su consumo está fuertemente impulsado por el marketing y la industria bajo la peligrosa etiqueta de 'superalimentos'. La ciencia de la nutrición no reconoce los 'superalimentos'. Ningún producto aislado, por exótico que sea, puede compensar una dieta globalmente insana. Son opciones válidas y saludables, pero no imprescindibles ni mágicas.

En las redes sociales proliferan los consejos sobre nutrición de personas sin formación específica, ¿hay mucho intrusismo en este sector?

El intrusismo en nutrición es masivo y supone un grave riesgo para la salud pública. En las redes sociales se confunde constantemente la libertad de expresión con la libertad de prescripción clínica. Basar recomendaciones en la 'experiencia personal', promover dietas restrictivas sin evidencia o vender planes nutricionales sin titulación oficial no solo es un fraude, sino que fomenta el desarrollo de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), desnutrición y el empeoramiento de patologías crónicas. La prescripción dietética es un acto sanitario que legalmente corresponde a profesionales titulados y colegiados.

¿Están bien controlados, por ejemplo, los menús escolares?

La realidad es heterogénea. Existen documentos de consenso de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre la alimentación escolar, pero su cumplimiento efectivo varía. A menudo, el diseño y la gestión de los menús recaen en las empresas de restauración colectiva (cátering). Aunque cumplen rigurosos controles higiénicosanitarios, la calidad nutricional y organoléptica a veces queda relegada por criterios económicos. Para garantizar menús verdaderamente saludables y adaptados a alergias o patologías, la validación y firma de estos pliegos debería ser competencia exclusiva y obligatoria de un dietista-nutricionista.

¿Quién se encarga de ello?

Depende de la comunidad autónoma. Como presidente del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cantabria no me corresponde a mí realizar una radiografía de cómo se está gestionando esta competencia en el resto del territorio nacional, pero sí debo hablar con rotundidad de lo que ocurre en nuestra región, y en Cantabria, lamentablemente, el diseño, la validación y el control de los menús escolares no los hacen los dietistas-nutricionistas.

Reducir la obesidad a una simple falta de fuerza de voluntad para estar delgado es un estigma obsoleto

Cuando se habla de nutrición a menudo se relaciona con la delgadez, ¿somos una sociedad más obesa a pesar de que estamos más informados y tenemos al alcance más alimentos?

Sí, porque la información no modifica por sí sola el comportamiento en un entorno hostil. Vivimos inmersos en un 'entorno obesogénico', diseñado para el sedentarismo y rodeados de una oferta alimentaria hipercalórica, hiperpalatable y de bajo coste. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la obesidad como una enfermedad crónica compleja y multifactorial: genética, metabólica, socioeconómica y psicológica. Reducir la obesidad a una simple falta de fuerza de voluntad para estar delgado es un estigma obsoleto. Tener acceso a información no sirve de nada si el entorno empuja constantemente en la dirección contraria.

Se habla mucho de las grasas y del azúcar, ¿qué es lo más dañino para nuestro organismo?

El debate científico actual ha superado el reduccionismo de aislar nutrientes. No obstante, el exceso de azúcares libres y el consumo de grasas trans de origen industrial son altamente perjudiciales por su impacto directo en el riesgo cardiovascular y metabólico. Lo verdaderamente dañino no es el nutriente en sí, sino la matriz alimentaria que los contiene: los productos ultraprocesados. Consumir grasas naturalmente presentes en el aceite de oliva, frutos secos o pescado es fundamental para la salud. El problema surge cuando grasas refinadas de mala calidad se combinan con azúcares libres y harinas refinadas en productos industriales.

Los riesgos para la salud pública actual no derivan del consumo de verduras cultivadas de forma moderna, sino precisamente de no consumirlas

¿Los propios alimentos -carne, pescado, verduras- son menos sanos que antes por efecto de la contaminación en el mar o de las sustancias presentes en la dieta de los animales que se crían para carne?

Falso. Hoy consumimos los alimentos más seguros y sometidos a mayores controles de la historia gracias a los marcos regulatorios de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la AESAN. Es cierto que la contaminación ambiental obliga a monitorizar parámetros como los metales pesados en pescados de gran tamaño -mercurio- o los plásticos, emitiendo recomendaciones específicas de consumo. Sin embargo, el valor nutricional intrínseco de los alimentos frescos -carne, pescado, verduras- sigue siendo incuestionable. Los riesgos para la salud pública actual no derivan del consumo de verduras cultivadas de forma moderna, sino precisamente de no consumirlas

¿Cuáles son los principales objetivos del Colegio de Dietistas Nutricionistas de Cantabria para los próximos años? 

Nuestro objetivo es sencillo, que la nutrición deje de ser la gran olvidada de la sanidad pública cántabra. Queremos que los dietistas-nutricionistas estén presentes allí donde pueden mejorar la salud de la población, hospitales, atención primaria, colegios, residencias y programas de salud pública. Además, seguiremos trabajando para que se reconozcan plenamente nuestras competencias profesionales y para que cualquier ciudadano, viva donde viva, tenga acceso a una atención nutricional segura, basada en la evidencia científica, y prestada por los profesionales específicamente formados para ello. Por supuesto, seguiremos denunciando aquellas situaciones en las que, personas sin la titulación sanitaria habilitante, ofrecen servicios dietético-nutricionales que pueden poner en riesgo la salud de la población.  

La comparecencia en el Parlamento murciano de la consejera de Salud de la Región de Murcia, Isabel Ayala, por el escándalo del fraude en las prótesis vasculares, ha sido una reiteración del relato que la Consejería ha mantenido desde que el caso salió a la luz. En el hemiciclo el ambiente ha sido bronco, la presidenta de Asamblea Regional, Visitación Martínez, ha tenido que pedir silencio en la totalidad de las intervenciones.

La consejera ha defendido que el caso se destapó gracias “al exhaustivo trabajo del Servicio de Inspección de Centros y Servicios Sanitarios” del SMS. Ha ido más allá, declarando a Salud “víctima” del presunto fraude.

Pese a que el fraude se extendió en el tiempo durante más de una década, Ayala ha defendido que el destape de la trama demuestra que “los sistemas de control interno funcionan”: “Desde el Área uno, donde se detectaron estas supuestas irregularidades, rápidamente se pusieron en manos de la Inspección de Centros para la realización de una auditoría interna y posteriormente se trasladó a la autoridad judicial para que continuara la investigación”. Tal y como reconoce la propia consejera, la auditoría interna no tuvo lugar hasta noviembre de 2024.

Tras esa investigación interna, recuerda, se cesaron a dos responsables de la Unidad de Aprovisionamiento Integral y al jefe de Sección de Radiología Vascular e Intervencionista del Área uno: “Se acometió una importante renovación de diversos puestos del Servicio Murciano de Salud para reforzar los controles en este tipo de procedimientos. Hemos actuado con diligencia y transparencia”, ha defendido.

“Hay 13 personas investigadas y saben que entre ellos no hay ningún cargo político. Dejen a la Fiscalía y al juez que haga su trabajo y dejen de confundir a la población”, ha insistido.

Fraude “económico”

Ayala ha recalcado que el fraude es puramente “económico”, y que se limita a la adquisición y facturación de material sanitario“ y ha reiterado que ”no se ha constatado que existan episodios clínicos que estén relacionados con la implantación de material caducado“. En sus investigaciones, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional detectó la implantación de, al menos, un 'stent' caducado a un paciente. Este hallazgo tuvo lugar después de que la Policía Nacional analizase solo 8% de las 492 intervenciones que practicó uno de los cirujanos implicados en la trama. 

También ha explicado que las prótesis no homologadas son “seguras”: “El hecho de que el material implantable no esté homologado no significa que no sea válido y que no se pueda usar en los pacientes. Son perfectamente viables para implantarse porque están autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios”

Un informe interno de inspección alertaba del “grave riesgo para los pacientes” por el uso de prótesis homologadas por parte de la trama, no porque sean inseguras, sino porque se utilizaron para inflar los precios en la facturación. Para poder materializar el fraude recogían en la facturación el producto más caro sin homologar, e implantaban el producto homologado. El peligro que esto suponía para el paciente, detalla el documento, reside en las discrepancias entre lo facturado en el programa de gestión económica -conocido como SAP- y la historia clínica del paciente. Ante una alerta sanitaria decretada por la Agencia Española del Medicamento, se vería comprometida la trazabilidad del producto.

Ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población, recordando que desde el servicio sanitario correspondiente “se han revisado las historias clínicas” de los posibles pacientes afectados: “Como saben, se sigue revisando de forma exhaustiva a los pacientes que fueron atendidos por el médico implicado en un centro concertado y no se ha constatado que existan episodios clínicos que estén relacionados con la implantación de material caducado”.

La consejera ha aprovechado su intervención para adelantar la creación del Registro Regional de Prótesis Implantables “como elemento fundamental en la trazabilidad”. Asimismo, desde 2025 “se ha reforzado el servicio de Inspección sanitaria con la incorporación de 15 profesionales más”, entre inspectores, médicos, farmacéuticos y enfermeros. Además, se ha puesto en marcha dentro del Servicio de Inspección Sanitaria una unidad específica “para reforzar el control económico del Sistema Regional de Salud, con cuatro inspectores dedicados en exclusiva a este asunto”.

Respecto a la oposición, les ha acusado de instrumentalizar el fraude de las prótesis con fines políticos: “Les pido que dejen de hacer su trabajo a la policía y a la justicia en lugar de pretender utilizar la salud de las personas como una herramienta política”.

“Es una irresponsabilidad que solo se puede entender desde el intento de desviar la atención de la corrupción que invade al Partido Socialista”, ha concluido.

La comparecencia, un día más tarde

En teoría, la consejera debería haber comparecido el pasado jueves. Los socialistas modificaron el orden del día con los votos a favor de Podemos, Izquierda Unida y Vox con el fin de incluir la comparecencia de Ayala. El cambio se vio frustrado tres horas después del inicio del pleno, cuando la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, levantó la sesión prematuramente, alegando la disposición de la consejera. “Si ayer me hubieran convocado con normalidad cuando estaba en el Pleno y no aprovechando que ya me había ido, habríamos solventado esta comparecencia”, ha reprochado este viernes.

Martínez leyó un escrito de Ayala, en el que esta señaló que había sido informada de la votación una vez había abandonado la Asamblea tras responder a las preguntas parlamentarias, y ha defendido que, si existía interés en su comparecencia, la modificación del orden del día debía haberse planteado mientras permanecía en el hemiciclo. Tras la suspensión, se agendó la comparecencia para este viernes.

“Miente abiertamente”

La oposición en su conjunto ha cuestionado que ningún órgano político supiera de una trama de esta envergadura: “Usted ha sido gerente del Servicio Murciano de Salud desde septiembre de 2023 hasta el pasado mes, y como tal, era usted la responsable del aprovisionamiento de material y autorización de los planes de pedidos, y entre otras cuestiones, responsable de comprar las prótesis cardiovasculares”, le ha recordado la diputada del Grupo Parlamentario Socialista María Soledad Sánchez Jódar.

En esta línea, la portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín, ha acusado a toda la cúpula del SMS y al presidente regional, Fernando López Miras, de mentir “abiertamente” en el pleno de control del pasado jueves, y ha apuntado asimismo hacia el exsecretario general técnico del Salud y actual consejero de Fomento, Jorge García Montoro, cuyo nombre aparece en los correos intervenidos por la UDEF. “Ustedes conocían perfectamente el abuso de los contratos sin procedimiento de licitación pública. Contratos y concursos a dedo a los que se han desviado cientos de millones de euros y que han permitido la existencia de algo tan oscuro y sucio como la trama de las prótesis. Y las que están por venir, porque esto es solo la punta del iceberg”, ha proseguido.

Por su parte, el diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos, ha preguntado a Ayala si el SMS “ha revisado a todos los pacientes” que se han podido ver afectados por la trama. “¿Está en condiciones de asegurar aquí públicamente de que no hay ningún riesgo de que alguien pueda tener un implante caducado?”.

Izquierda Unida ha denunciado el “bloqueo sistemático” de los Consejos de Salud en Cantabria y ha exigido su convocatoria inmediata, al considerar una “anomalía democrática” que estos órganos de participación ciudadana no se reúnan con regularidad pese a estar contemplados por ley desde hace más de 20 años.

Así lo ha trasladado el coordinador de IU en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, quien ha criticado que el Ejecutivo autonómico “siga sin cumplir con una obligación básica de la Ley 7/2002 de Ordenación Sanitaria, que establece claramente la existencia y funcionamiento de los Consejos de Salud de Área y de Zona”.

“Ningún gobierno desde entonces, incluyendo los de PRC, PSOE y PP, ha desarrollado esta herramienta imprescindible para dar voz a los profesionales, colectivos y ciudadanía en general en una materia tan sensible como es la salud”, argumenta Ruiz Salmón. Esto contrasta con la existencia “aunque con funciones muy limitadas” de otros consejos como el de la Juventud, la Mujer o el Económico y Social.

A su juicio, la falta de convocatoria de estos consejos responde a un intento de evitar el debate público sobre las carencias estructurales del sistema. “Los Consejos de Salud son incómodos para los gestores porque en ellos se visibilizan problemas como las listas de espera, la falta de profesionales o el cierre de consultorios”, ha afirmado.

Desde la Red de Salud de la formación han advertido de que la falta de estos órganos “desmantela en la práctica el control democrático de la Atención Primaria” y favorece una gestión “cada vez más tecnocrática, vertical y, desgraciadamente, privatizadora, como vemos con el convenio con Santa Clotilde que Buruaga y Pascual han firmado”.

En este sentido, Ruiz Salmón ha subrayado que “la participación ciudadana no es un adorno democrático ni un complemento decorativo, sino un derecho legalmente reconocido que el Gobierno de Cantabria está incumpliendo de forma reiterada”.

IU ha recordado que el artículo 53 de la ley autonómica obliga a establecer estos espacios de participación, en los que ayuntamientos, sindicatos y colectivos sociales pueden fiscalizar la política sanitaria. Sin embargo, la coalición considera que la Consejería de Salud está optando por “relegar a los pacientes a meros clientes y usuarios, en lugar de reconocerlos como protagonistas de su propia sanidad”.

Especial incidencia en las zonas rurales

Asimismo, la formación ha advertido de que este “apagón en la participación” debilita de forma directa a la Atención Primaria y afecta especialmente a las zonas rurales. “Comarcas como Campoo, Liébana, Saja-Nansa o el Asón tienen realidades sanitarias que no se pueden evaluar exclusivamente desde los despachos de Santander”, ha señalado Ruiz Salmón.

Frente a esta situación, IU ha puesto como ejemplo experiencias como los Consejos de Salud de Barbastro, que han permitido canalizar propuestas vecinales y profesionales en defensa del sistema público.

Por todo ello, Ruiz Salmón ha reclamado la activación inmediata de todos los canales de participación previstos en la ley. “La sanidad se defiende también democratizándola: menos participación significa menos transparencia y menor capacidad de respuesta colectiva ante el deterioro del sistema que el tripartito y, especialmente el PP, ha llevado a cabo”, ha concluido.

Una ley incumplida desde hace 24 años

El artículo 52 de la Ley 7/2002 de Ordenación Sanitaria dice que el Consejo Asesor de Salud de Cantabria “es el órgano superior de carácter consultivo y de participación dentro del Sistema Sanitario Público de Cantabria”.

A continuación, el artículo 53 regula los consejos de Salud de Área, que estarán coordinados por el Consejo Asesor de Salud de Cantabria, como órganos “colegiados de participación ciudadana, con carácter consultivo y de asesoramiento, con la finalidad de efectuar, en su ámbito, el seguimiento de la ejecución de la política sanitaria, evaluación de la misma y asesoramiento a los órganos de dirección y gestión de aquél”.

Además, apunta que la Consejería será la encargada de facilitar la documentación y los medios precisos y que se establecerá “reglamentariamente” la composición, organización, atribuciones y funcionamientos de los Consejos de Salud de Área “garantizando en todo caso la participación de las Administraciones Locales, las organizaciones sindicales más representativas en materia sanitaria, las organizaciones, empresariales más representativas y las organizaciones sociales del Área correspondiente”.

Comisiones Obreras ha exigido la puesta en marcha inmediata del quinto equipo de atención social comprometido para el Servicio de Apoyo a la Discapacidad de la Fundación Marqués de Valdecilla (el antiguo servicio tutelar), es decir, una trabajadora social y tres auxiliares administrativas más para aliviar la sobrecarga laboral que asegura existe en la actualidad y que afecta tanto a las condiciones de trabajo de la plantilla como a la calidad de la atención prestada a los usuarios.

La necesidad de ampliar el personal es una reivindicación con más de 10 años de recorrido, pero ahora, con más del triple de usuarios, se ha convertido en “una demanda urgente”. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha señalado en un comunicado que en la actualidad el servicio atiende a 741 personas y sólo hay cuatro trabajadoras sociales en la plantilla y dos auxiliares administrativos, “una cifra que impide realizar sus tareas como debieran”.

“Mientras que el número de personas atendidas casi se han cuadriplicado desde 2010, el número de trabajadoras sociales sigue siendo el mismo en un servicio donde cerca del 70% de las personas usuarias presentan problemas graves de salud mental, por lo que es más imprescindible si cabe hacer un seguimiento continuo a cada una de ellas”, ha manifestado el coordinador de empresas públicas en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, Guillermo Villegas.

Para CCOO, es fundamental la incorporación de una trabajadora social y de tres auxiliares administrativos para poder reorganizar los recursos existentes y completar cinco equipos de atención social. Además, de cara al verano y a las vacaciones, no hay sustituciones, ni tampoco para las bajas, salvo que estas sean de larga duración, ha apuntado.

Vinculado a los presupuestos autonómicos

De hecho, Villegas ha criticado que, “a finales del pasado año la dirección trasladó al comité de empresa que el patronato ya había aprobado la creación de un quinto equipo y que sólo estaba pendiente de la aprobación de los presupuestos de Cantabria. Asimismo, en octubre, coincidiendo con el traslado del servicio a la avenida de Los Castros, el consejero de Salud, César Pascual, anunció públicamente el refuerzo. Sin embargo, más de medio año después no se ha producido ninguna contratación y eso que los presupuestos ya están más que aprobados”.

Lo peor de todo es, a juicio de la representación sindical, que la falta de personal está provocando situaciones de estrés, ansiedad, depresión y “deterioro general de la salud de la plantilla”, y también está repercutiendo en la propia organización, porque hay un mayor número de incapacidades temporales, mientras que los usuarios del servicio “carecen de la atención individualizada que requieren y de menos tiempo para el seguimiento de sus casos”.

“Los y las trabajadoras no son máquinas y, a consecuencia de la sobrecarga de trabajo, es inevitable que disminuya la calidad en la valoración, el diagnóstico y la intervención social. No es una reivindicación nueva sino una necesidad que la propia Administración ha reconocido públicamente y que, por eso, debería ser ya una realidad”, ha subrayado.

Un servicio de apoyo individualizado

El Servicio de Apoyo a la Discapacidad de la Fundación Marqués de Valdecilla desarrolla una labor de apoyo a personas con enfermedad mental, adultos con discapacidad intelectual y del desarrollo, daño cerebral sobrevenido y deterioro cognitivo y que necesitan ayuda para el ejercicio de su capacidad jurídica al carecer de apoyos familiares o sociales adecuados.

Entre las funciones del Área Social se encuentran la elaboración, seguimiento y evaluación de planes individualizados de atención, visitas domiciliarias y a centros residenciales, acompañamientos sanitarios, planificación económica, así como su seguimiento y evaluación, gestión de prestaciones y recursos sociales, elaboración de informes sociales, orientación a familias, seguimiento integral de cada caso, etcétera.

La lista de espera quirúrgica en Cantabria asciende a 15.294 personas a cierre de mayo, 252 más que el mes anterior, lo que supone un incremento mensual del 1,68%, y la demora media ha subido en 2,6 días, hasta alcanzar los 137,3 (más de 4 meses y medio), según datos del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

De esta manera, la comunidad autónoma encadena tres meses de incrementos: en marzo, abril y mayo.

Sin embargo, en el último mes han bajando tanto la lista de espera de consultas como la de pruebas diagnósticas, aunque en ambos casos ha subido la demora media.

Concretamente, en la de consultas, a cierre de mayo, figuraban 37.895 pacientes, 1.825 menos que en abril (-4,6%), pero la demora media ha subido, pasando de 54,6 días (casi 1 mes y 25 días) a 56,1, lo que supone 1,5 días más.

Y la de pruebas diagnósticas ha bajado en el último mes en 1.127 (-2,5%), situándose en 43.383 pacientes. En este caso, la demora media se sitúa en 71,8 días, 3,6 días más.

La Policía Nacional ha confirmado que, en el marco de la investigación sobre una presunta red de corrupción en el Servicio Murciano de Salud (SMS), se implantó al menos un stent caducado. El dato procede del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso el diario La Verdad. Pese a la versión de la Policía Nacional, la Consejería de Salud continúa insistiendo en que no se operó a pacientes con prótesis caducadas.

En el atestado consta que se empleó en un paciente material caducado. Al afectado, que fue operado en un centro concertado después de ser remitido desde el hospital público Virgen de La Arrixaca, se le implantaron dos stent. Los muelles metálicos caducaron en febrero de 2022 pero el informe del paciente no se redacta hasta un mes después, en marzo.

De acuerdo con la Policía Nacional, en estos momentos no se puede determinar si se intervino a más pacientes con material caducado. Tal y como detalla el informe de la UDEF, los investigadores han analizado apenas el 8% de las intervenciones realizadas por un cirujano cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca en un centro concertado. En esa pequeña muestra ya detectaron la facturación de 59 productos caducados. La investigación se complica, además, por la “ambigüedad” a la hora de completar los informes médicos de los pacientes por parte de los implicados en la trama.

Una trama transversal

La trama presuntamente implicó a responsables de la empresa distribuidora de prótesis vasculares Logimed, la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) del SMS, de la unidad de compras del SMS y médicos del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca. Once personas han sido detenidas hasta la fecha.

La Policía ha apuntado que los partes de alta firmados por uno de los implicados, el cirujano del servicio del Virgen de la Arrixaca, Rubén T. M., no habrían podido pasar los controles de la UAI sin que miembros de este organismo conocieran que estaban “permitiendo la facturación de productos no homologados”

Permeados en el recorrido de comercialización, adquisición e intervención de las prótesis, los implicados en la trama usaron códigos de productos homologados en el sistema SAP para cobrar por materiales no autorizados o directamente no utilizados. Esto permitía márgenes de beneficio de hasta el 342% respecto a los precios de mercado. El fraude es patente en la documentación médica: mientras que en los partes de alta de la muestra analizada por la Policía Nacional se registra el implante de 17 prótesis, el SMS abonó 165. En más de la mitad de los casos analizados, no se implantó ninguna prótesis al paciente.

El perjuicio económico estimado supera los 6,8 millones de euros, aunque la UDEF reconoce que la cifra real aún no puede determinarse y recomienda una auditoría forense completa. Salud ha insistido en que han logrado recuperar un monto económico, aunque desconocen cuánto.

La Consejería, que denunció la trama ante la Fiscalía, sostiene que el servicio de Cirugía Cardiovascular de La Arrixaca ya ha revisado su bolsa de pacientes. De cara a verano esperan haber podido efectuar una segunda revisión de los 378 pacientes que podrían estar afectados. El PSOE ha pedido el cese inmediato del consejero de Salud y ha anunciado la solicitud de una comisión de investigación en la Asamblea Regional.

La Consejería intenta “encapsular el problema”

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública han expresado este martes a este diario su “máxima preocupación” por el “intento” de la Consejería de Salud de “encapsular el problema como una trama de corrupción de unos pocos individuos”. Su portavoz, Abel Novoa, ha apuntado a que “han fallado todos los sistemas de control administrativo y organizativo, de compra de materiales y de la actividad desarrollada en los hospitales concertados”.

Novoa insiste en que es “muy complicado” que circunstancias de este tipo se reproduzcan en hospitales públicos “porque hay muchos controles”. En cuanto a la insistencia de la Consejería de Salud en presentarse como denunciante, “es cierto que están colaborando con la justicia pero de forma reactiva no proactiva, porque fue una enfermera anónima la denunciante”.

Novoa sospecha que las informaciones de la UDEF “son solo la punta del iceberg”. El “problema” es que “por el momento sabemos que han evaluado a unos 300 pacientes pero es probable que sean más; no sabemos qué criterios se están siguiendo para evaluar a los pacientes, ni qué protocolos de control se están siguiendo”.

“El problema de este tipo de material, si está caducado, es la biodegradabilidad”, anota: “Es más probable que no resista el tiempo para el que están diseñadas las prótesis o que puedan desarrollar rechazo; y es posible que no se detecte ahora pero sí en unos años”, advierte.

UGT ha denunciado este viernes “el trato claramente discriminatorio escandaloso” del Servicio Cántabro de Salud (SCS) a los técnicos sanitarios en los servicios mínimos decretados en la huelga convocada por el colectivo de técnicos superiores sanitarios y de cuidados auxiliares de enfermería para este lunes, 25 de mayo.

Los servicios mínimos -para la huelga del 25 de mayo y para otra prevista el 15 de junio en este colectivo- fueron aprobados el jueves por el Gobierno regional y publicados el mismo día en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria.

En un comunicado, el sindicato ha criticado que la comparación de los servicios mínimos de esta huelga de los técnicos sanitarios y los de la huelga médica “resulta demoledora y evidencia criterios completamente distintos”.

A su juicio, ello “reafirma que sigue habiendo trabajadores de primera y de segunda en la sanidad pública”.

El secretario de Sandad de UGT Cantabria, Fernando Carmona, ha explicado que, “mientras para los médicos de familia se fijaron servicios mínimos cercanos al 12% y para pediatría alrededor del 21%; en el caso de los técnicos sanitarios se imponen coberturas del 66%, 70% e incluso del 100% en numerosos servicios hospitalarios”.

“Es decir, mientras aproximadamente uno de cada diez médicos podía ser obligado a trabajar durante la huelga, en el caso de los técnicos sanitarios la Administración obliga a permanecer en sus puestos a siete de cada diez profesionales, llegando en algunos servicios a impedir completamente el ejercicio efectivo del derecho de huelga”, ha reprochado.

Además, ha señalado que en urgencias, quirófanos y unidades críticas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Hospital Sierrallana o Tres Mares, los mínimos fijados para la huelga de técnicos sanitarios “coinciden prácticamente con la totalidad de la plantilla habitual, y todo ello, mientras el propio decreto reconoce expresamente que sin técnicos sanitarios se comprometería gravemente el funcionamiento del sistema sanitario público”.

El secretario de Sanidad de UGT en Cantabria se pregunta si “interesa que el sistema sanitario colapse cuando la huelga la convocan unos profesionales, pero deja de interesar cuando quienes ejercen su derecho son los técnicos sanitarios”.

Falta de reconocimiento profesional

“La propia Administración admite que estos profesionales sostienen laboratorios, radiología, farmacia hospitalaria, actividad quirúrgica, urgencias y cuidados básicos, pero después les impone los servicios mínimos más abusivos y continúa negándoles el reconocimiento económico y profesional que les corresponde”, ha censurado Carmona.

El responsable autonómico de Sanidad de UGT ha subrayado que “miles de técnicos superiores y medios siguen encuadrados en una clasificación profesional obsoleta, pese a existir un compromiso firmado para su reclasificación profesional en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI”.

“No puede seguir existiendo personal imprescindible para sostener el sistema sanitario, pero invisible cuando se trata de reconocer derechos, salarios y clasificación profesional”, ha reivindicado Carmona, que ha reclamado, en nombre de UGT, “la revisión inmediata de los servicios mínimos, el desbloqueo urgente de la reclasificación profesional y el fin de la discriminación histórica que sufren los técnicos sanitarios”.

El hospital privado de Santa Clotilde pondrá en funcionamiento una unidad de cuidados intensivos (UCI) por “el aumento de la complejidad” de las operaciones quirúrgicas que hará dentro del convenio con la sanidad pública, según ha reconocido el consejero de Salud, César Pascual. Un acuerdo por el que el hospital religioso recibirá 256 millones de euros en los próximos 16 años y que podría prorrogarse hasta 2046.

Pascual ha asegurado que la nueva UCI que se proyecta en el centro privado no está pensada para derivar pacientes críticos de los hospitales de la red pública —como Valdecilla o Sierrallana—, sino para dar cobertura a los pacientes de la sanidad pública que se operen en ese centro privado. Como ha explicado el consejero, esta infraestructura es necesaria para aquellos pacientes que, tras ser intervenidos en Santa Clotilde, requieran una reanimación más compleja o cuidados intensivos que el hospital no podía ofrecer hasta ahora.

El convenio singular con Santa Clotilde empezó a funcionar el uno de enero aunque el hospital todavía no cumple los requisitos exigidos en el acuerdo en cuanto a personal e instalaciones. De hecho, proyecta una ampliación del actual edificio para poder alcanzar las exigencias técnicas de un acuerdo que ya está en vigor.

La externalización de cribados de cáncer “no es una obligación”

Una de las cuestiones más polémicas del acuerdo fue que incluía los programas de cribado de cáncer de mama y de colon que se realizan en la sanidad pública. El consejero justificó esta circunstancia por la demora en la lectura de las pruebas de mamografías, aunque fue una situación puntual que ya se ha resuelto. De tal manera que se sigue ocupando de ello el Servicio Cántabro de Salud.

El consejero de Salud ha confirmado que estos cribados se seguirán haciendo en la sanidad pública aunque están recogidos en el convenio con Santa Clotilde. Según el consejero, implica que “tenemos la posibilidad de hacerlo, puede haber momentos punta que en un momento determinado pueda ser necesario, y lo que contempla el convenio es esa posibilidad, pero no significa que se vayan a mandar. De hecho, no se están mandando”, ha zanjado a preguntas de elDiario.es en una comparecencia de prensa para presentar la reforma y ampliación del Hospital de Día Médico de Sierrallana.

El convenio singular suscrito con el hospital privado establece el montante fijo de 256 millones de euros de dinero público en los próximos 16 años, con la única salvedad de rebajar el 1% por incumplimiento. Es decir, que el centro privado seguirá cobrando el 99% del dinero aunque no cumpla los objetivos del convenio o no realice los cribados. Que se hayan incluido servicios sanitarios que no se están prestando no representa inconveniente para Pascual ni va a reducir el dinero que perciba el centro privado.

El “bulo” de las derivaciones y las listas de espera

Respecto a la derivación de pacientes de la sanidad pública a Santa Clotilde, que ya se está haciendo, el consejero ha asegurado que pueden elegir entre operarse en lo privado o en lo público y que no pierden su puesto en las listas de espera en el caso de rechazar una derivación a Santa Clotilde para adelantar su operación o prueba diagnóstica. Según Pascual, se trata de un “bulo lanzado interesadamente”. “No es retirado de la lista en absoluto, sigue esperando a que le toque en su hospital”, ha insistido a preguntas de los medios de comunicación sobre esta cuestión.

Compraban productos sanitarios sin homologar a precios inflados y los empleaban en centros sanitarios de la Región de Murcia. Así operaban, presuntamente, los once detenidos por fraude millonario en el Servicio Murciano de Salud (SMS). Se les han imputado delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. De acuerdo con la Policía Nacional, los investigados han podido generar un agujero económico en los caudales públicos de casi siete millones de euros.

De acuerdo con el diario local La Verdad, entre los detenidos se encuentra el antiguo comercial de la empresa del sector médico Logimed, dos exjefes de la central de compras del SMS y dos médicos del Hospital Virgen de la Arrixaca. Según la investigación de la Policía Nacional, que comenzó en enero del año 2025, el fraude se realizaba sobre todo en operaciones médicas derivadas desde el Servicio Murciano de Salud a centros concertados y en las que se habrían pagado sobrecostes de entre un 100 y un 1.287 por ciento. Se facturaban servicios que “debían ser gratuitos” y por material sanitario que “no había sido utilizado”. En operaciones médicas, incluso, se llegaron a emplear productos sanitarios “caducados”: “Un riesgo para la salud pública”, han definido desde la Policía Nacional.

El presunto entramado criminal introducía datos falsos en el sistema contable “con el objetivo de utilizar productos sanitarios no autorizados y que no habían sido incorporados al catálogo único de productos”, fijando unos precios de compra muy elevados, y dejando de utilizar los productos que sí estaban autorizados y que tenían un coste muy inferior. En total, la investigación ha identificado al menos treinta productos no homologados y facturados de forma fraudulenta, “desde prótesis vasculares hasta material sanitario fungible”.

Según las investigaciones, los implicados tenían un conocimiento exacto de los puntos sensibles del sistema informático contable, y contaban con el auxilio de funcionarios con responsabilidades en la central de compras del Servicio Murciano de Salud, así como en puestos del sistema de facturación: “Junto con la ausencia de licitaciones públicas habrían permitido negociaciones directas y arbitrarias con la principal mercantil investigada, todo ello en contra de la Ley de Contratos del Sector Público”, ha explicado la Policía Nacional. Fue la propia Consejería de Salud de la Región de Murcia la que puso en conocimiento de la Fiscalía los supuestos hechos tras detectar indicios de irregularidades en una de las auditorías realizadas por el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.

Se han solicitado medidas cautelares patrimoniales a la autoridad judicial respecto de los principales investigados, bloqueando cuentas bancarias, inmuebles y vehículos.

El PSOE ha advertido que el Servicio Cántabro de Salud ha vuelto a externalizar un servicio esencial. Se trata de las biopsias del Hospital Comarcal de Laredo. La licitación publicada, cercana al millón de euros, confirma una tendencia que ya resulta imposible ignorar, según han denunciado los socialistas en un comunicado. “La Consejería está desmantelando progresivamente la capacidad pública del sistema sanitario, sustituyendo recursos propios por contratos privados”, han advertido.

Para el grupo municipal socialista, esta decisión no es un hecho aislado. En su opinión “responde a una política sostenida del Partido Popular caracterizada por la falta de inversión, la ausencia de planificación y el abandono de los servicios públicos, especialmente en áreas críticas como el diagnóstico, la atención primaria o la gestión de las listas de espera”.

Los socialistas aseguran que “cuando un hospital comarcal deja de poder realizar ni siquiera sus propias biopsias, el problema no es puntual, es estructural”. Que la externalización se presente como una solución “eficiente”, en realidad supone, “un paso más en la pérdida de autonomía, capacidad y calidad del sistema sanitario público”, según la formación.

Desde el PSOE lamentan que “lo que hoy se externaliza por 'necesidad' se convierte mañana en una dependencia permanente. Cada contrato privado es un parche que tapa la herida… pero agranda la dependencia del sistema respecto a empresas externas. En lugar de reforzar los equipos, modernizar el equipamiento o planificar a medio plazo, se opta por licitaciones que cubren carencias inmediatas a costa del futuro del sistema público”.

El sistema público de Salud de Cantabria necesita, según el PSOE, “refuerzos, no recortes encubiertos”. La formación ha cuestionado al alcalde de Laredo, Miguel González, la defensa del sistema sanitario público, frente a “un modelo que se va vaciando pieza a pieza”.

al Necesita profesionales, equipamiento y planificación, no más contratos que sustituyen lo que antes se hacía desde lo público. La ciudadanía merece una Sanidad fuerte, cercana y capaz, no “un modelo que se va vaciando pieza a pieza”.

Podemos Cantabria ha presentado nuevas alegaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno después de que la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria defendiese formalmente su negativa a facilitar el expediente relativo al convenio singular de vinculación con Mutua Montañesa para la realización de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas destinadas a reducir las listas de espera.

La formación considera “especialmente grave” que el Ejecutivo autonómico “pretenda declarar inaccesible la totalidad del expediente administrativo”, incluyendo informes jurídicos, memorias económicas y documentación preparatoria relacionada con la derivación de actividad sanitaria pública a una entidad privada, ha señalado.

En sus alegaciones, Podemos recuerda que el artículo 90 bis de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria exige para este tipo de convenios la existencia de informes justificativos, memoria económica, informe jurídico y acreditación de disponibilidad presupuestaria. A juicio de la formación, ello demuestra que existen documentos administrativos sustantivos “y no simples notas internas o documentación auxiliar, como sostiene la Consejería en sus alegaciones ante el CTBG”, ha explicado en un comunicado.

Podemos sostiene además que la Consejería de Salud está repitiendo la misma pauta seguida en el precedente del convenio singular con el Hospital Santa Clotilde. En aquel caso, “la documentación relevante únicamente fue facilitada tras múltiples reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y de forma progresiva, una vez avanzado el procedimiento administrativo”, ha indicado.

La formación ha incorporado precisamente ese precedente reciente del CTBG a sus alegaciones, destacando que finalmente la propia Consejería terminó entregando la documentación del expediente del convenio con Santa Clotilde tras la intervención del Consejo. Según Podemos, ello demuestra “que la documentación preparatoria y justificativa de este tipo de convenios sí tiene carácter de información pública y puede ser objeto de acceso”.

Además, Podemos advierte de que parte de la documentación del convenio con Santa Clotilde solo fue entregada una vez transcurridos los plazos ordinarios de impugnación, lo que según el Consejo de Transparencia “limitó de forma efectiva el control democrático y la capacidad de fiscalización pública”.

Para Pablo Gómez, miembro del consejo ciudadano de Podemos Cantabria, considera que el convenio proyectado con Mutua Montañesa “afecta directamente al modelo de gestión sanitaria, al uso de fondos públicos y a la derivación de actividad asistencial a entidades privadas”, por lo que “existe un evidente interés público en conocer los informes, memorias y criterios técnicos que están sirviendo de base para seguir avanzando en la privatización de la sanidad pública”.

Los pacientes que necesiten acudir a Urgencias del Hospital Valdecilla desde la próxima semana tendrán que explicar sus síntomas a un asistente virtual a través de mensajes SMS por su teléfono móvil. El sistema se extenderá a todos los hospitales y centros de salud de Cantabria.

En paralelo, ya se está probando el sistema en pacientes de diabetes y depresión a quienes -antes de la consulta- una inteligencia artificial propone “un plan de acción” que el médico “puede validar, ajustar o desestimar según su criterio clínico”, explica el Gobierno de Cantabria.

El Ejecutivo dice que este asistente tecnológico reducirá las esperas en Urgencias, un servicio saturado que recibe cien pacientes más al día que antes de la pandemia. Lo que antes era un pico extraordinario hoy se ha convertido en una cifra cotidiana: todos los días hay más de 400 personas y en las jornadas más complicadas se han sobrepasado los 500 pacientes. A pesar de ello, sigue habiendo el mismo número de sanitarios y el mismo espacio físico, lo que inevitablemente deriva en una sobrecarga de trabajo, saturación de las instalaciones y demoras en la atención.

La Consejería de Salud ya ha ensayado esta iniciativa -bautizada como 'circuito digital'- que entra en funcionamiento en siete días. Cuando un paciente entra en Urgencias se registrará en la ventanilla, como es habitual, y después recibirá dos mensajes SMS a su móvil o al de su acompañante: uno tras la admisión y otro tras el triaje.

En el primer mensaje tendrá que responder un cuestionario con información sobre su historia clínica. Es decir, aquello que normalmente pregunta el médico al paciente cuando entra ya en un box. El paciente tiene que explicar el motivo de la consulta, episodios previos, último ingreso hospitalario o la medicación que toma, “lo que permite a los profesionales detectar señales de alarma y determinar con mayor profundidad lo que le ocurre al paciente”, explica la Consejería de Salud en una nota de prensa difundida a los medios de comunicación.

Además, desde el registro del paciente en admisión entra en acción un ‘agente de acompañamiento digital’. Otro asistente virtual telefónico -también a través de mensajes SMS- “con enlace a un visor-web en el móvil” que va informando al paciente de las pruebas que le han hecho, de su situación clínica o de dónde se encuentra el propio paciente. Según la Consejería así se podrá conocer en todo momento cuál es “la situación física y clínica”.

El Gobierno de Cantabria dice que este 'agente de acompañamiento' sirve para “restar incertidumbre, mejorar el estado de ánimo, generar empatía y acompañamiento, y persigue, sobre todo, reducir la angustia y aportar tranquilidad en un área tan sensible como las urgencias”. Durante las pruebas piloto desde el Servicio de Urgencias -dice la nota oficial- apuntan los beneficios de este método para agilizar las consultas y reducir tiempos de espera “que se convierten en proactivos, muy útiles para los profesionales”, recalcan.

El 'circuito digital' -aclaran- no sustituye la valoración profesional ni modifica los criterios de atención. “Complementa el proceso asistencial, con información aportada por el propio paciente, que hace la estancia en urgencias más segura”, subraya el comunicado oficial. “Optimizar el seguimiento y atención a los pacientes, o lo que es lo mismo, tratar de acortar y mejorar la seguridad durante los tiempos de atención en los casos de mayor espera, es el objetivo del nuevo circuito digital implantado en Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla”, concluyen desde el Gobierno.

Urgencias, diabetes y depresión

Esta iniciativa frma parte del Plan de Atención Digital Personalizada del Servicio Cántabro de Salud (SCS) que se desplegará en todos los hospitales públicos y centros de salud de Cantabria. En las unidades de Endocrinología y Salud Mental se encuentra en fase de prueba un sistema similar para el seguimiento de pacientes con diabetes y depresión que reciben, también vía SMS, cuestionarios clínicos para informar sobre su evolución, síntomas, adherencia al tratamiento y otros aspectos relevantes antes de la valoración sanitaria.

Según la Consejería de Salud de César Pascual, el proyecto “está permitiendo” reducir la variabilidad en la práctica clínica, reforzar la continuidad asistencial entre niveles y mejorar la comunicación entre profesionales y pacientes, contribuyendo a una atención más segura, eficiente y de mayor calidad“.

En el caso de la diabetes, se recoge información antes de la consulta para proponer un plan de acción que el profesional sanitario puede validar, ajustar o desestimar según su criterio clínico.

En el caso de los pacientes con depresión, el seguimiento se realiza mediante cuestionarios periódicos y comunicaciones previas a la valoración clínica, para detectar cambios relevantes y actuar con mayor rapidez si se identifican señales de empeoramiento.

Mensajes oficiales y seguros

El SCS recuerda que estos SMS son comunicaciones oficiales y que no solicitan datos bancarios ni pagos. En caso de duda sobre el mensaje recibido, las personas usuarias pueden contrastar la información a través de los canales oficiales del SCS o de su centro sanitario de referencia.

El SCS da así un paso más en la incorporación de herramientas digitales para atender a los pacientes “con el uso inteligente de la tecnología”. Una solución tecnológica “que funciona como un GPS clínico”, que se integra con las historias clínicas electrónicas del SCS y permite un seguimiento remoto, continuo y seguro de los pacientes, “anticipando posibles descompensaciones clínicas y facilitando intervenciones tempranas por parte del equipo médico”, explica la Consejería de Salud.

La huelga del sindicato médico, que ha hecho que decenas de profesionales del Hospital Universitario de Navarra se hayan negado a realizar las horas extra voluntarias, conocidas como peonadas, ha disparado en el mes de abril las listas de espera en el Servicio Navarro de Salud. Actualmente, son 62.187 pacientes los que aguardan para una primera consulta para un especialista, 1.197 más que en marzo.

La huelga agrandó la crisis generada en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en los últimos meses por los malos datos en las listas de espera.  En verano el consejero anunció que intervendría el área para tratar de reducir las listas, y hace unas semanas anunció un proyecto piloto de pago de incentivos a médicos por atender a más pacientes. Dos medidas que no se consultaron con el personal de Osasunbidea y que han generado rechazo entre la plantilla, que este fin de semana ha anunciado que no hará horas extra.

La lista de espera ha aumentado considerablemente en Traumatología, la especialidad con más demanda, que se incrementa hasta los 14.818 pacientes el mes de abril, 357 más que en marzo, y una lista de espera que se prolonga hasta los 150 días, 19 más que el pasado mes. Quintuplica el máximo recogido en la ley foral de garantías, que establece un máximo de 30 días de espera.

Sin embargo, en cuanto a la lista de espera para cirugía, se ha reducido en 180 personas en abril. Son un total de 10.093 los pacientes que esperan una operación no urgente. A pesar de este descenso, el tiempo medio de espera para acceder al quirófano ha aumentado 2 días, prolongándose a 94 días.

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual (PP) ha anunciado este martes el llamado marco estratégico para el cuidado de la salud de las personas en Cantabria (MeSCan), para tener un sistema de trabajo, en un contexto de población envejecida y longeva en la comunidad autónoma. Aunque ha dicho que quiere que sea “uno de los grandes hitos del legado” de la legislatura, lo ha presentado durante una actividad, de la que se ha informado posteriormente en un comunicado, sin detallar las características del modelo, ni precisar cómo será su aplicación ni tampoco como funcionará en la práctica.

Del marco estratégico, el consejero de Salud ha dicho que está “basado en entender que no hay un problema de profesionales o de falta de esfuerzo, sino de modelo, que es brillante para curar episodios agudos, pero insuficiente para cuidar vidas complejas”.

Según el comunicado, Pascual ha dicho que el marco estratégico orientará planes de acción, decisiones estratégicas y procesos de mejora continua “donde la tecnología se pone al servicio de las personas”, en la que profesionales sanitarios y cuidadores “deben participar de forma activa”. En este sentido, ha asegurado que este modelo de cuidados “no añade carga” a los profesionales.

El día antes de participar en las jornadas anuales de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), para hablar de gobernanza “en tiempos de transformación”, precisamente Pascual ha dicho que “gobernar la sanidad del siglo XXI no va de sumar recursos solamente; va de diseñar sistemas que cuiden mejor”. En este sentido, ha defendido que se trata “de entender que la longevidad sin cuidados integrados es sufrimiento prolongado”, por lo que ha reivindicado la necesidad de “asumir que la verdadera sostenibilidad no está en recortar”.

A la actividad, han asistido altos cargos de Salud, además de representantes de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), del Colegio Oficial de Enfermeras y del hospital privado Santa Clotilde, con los que ha realizado una mesa “ de reflexión”, según el comunicado.

Más de 50.000 cántabros han participado hasta la fecha de manera desinteresada en el proyecto Cohorte aportando sus datos personales y médicos para la investigación, tal y como se concibió en su origen. En paralelo, el proyecto Cohorte se ha desdoblado en otro denominado Valdata para “facilitar la transferencia al mercado” de los datos sanitarios, según señala la web del Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla (IDIVAL), impulsor de la iniciativa. “Potenciar la utilización de datos clínicos”, en el lenguaje administrativo que utiliza el Gobierno de Cantabria.

Los datos son el gran valor de este proyecto, con los recelos que genera su tratamiento en una coyuntura social y económica donde tienen un extraordinario valor.

A principios de febrero, el Gobierno de Cantabria inició el derribo de la vieja estructura de la Residencia Cantabria donde se proyecta el futuro Parque Científico y Tecnológico de la Salud de carácter público-privado. El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, consideró “un despropósito inadmisible” esta privatización y expresó el temor de que se esté abriendo la puerta “a la comercialización de datos sensibles” y “para que la sanidad privada y las empresas de biomedicina hagan su dinero”.

El consejero de Salud, César Pascual (PP), negó estas prácticas. A raíz de estas declaraciones empezaron a llegar mensajes a Cohorte de personas que querían darse de baja. El consentimiento para participar en el estudio y el almacenamiento de sus muestras y datos “podrá ser revocado en cualquier momento” pero, no obstante, “puede incluir alguna restricción sobre el uso o acceso de sus muestras y datos”, explica el documento que firman los voluntarios.

Un mes después, el Gobierno de Cantabria acaba de anunciar que esos datos se pondrán a disposición de un laboratorio farmacéutico estadounidense para hacer investigaciones genómicas. Pero que la empresa privada no pagará por ellos, se le facilitarán gratis e incluso costarán dinero a Cohorte, que tendrá que pagar los gastos de enviar las muestras a Estados Unidos. Esta colaboración podría ser resultado del viaje a Estados Unidos para divulgar el programa que hicieron hace un tiempo el consejero de Salud y otros tres directivos sanitarios, que también visitaron recientemente Panamá.

Para qué sirve Valdata

Pero la duda es para qué se ha constituido concretamente Valdata. Un proyecto financiado con 1,6 millones de euros, cuyo investigador principal es Joaquín Cayón, experto en derecho sanitario y bioético, subvencionado por el Ministerio de Transformación Digital con fondos europeos para crear “un mercado común de datos” que garantice el liderazgo europeo mediante el libre flujo de datos “en beneficio de empresas, investigadores y administraciones”.

Es decir, que Valdata -un proyecto que presentó el IDIVAL a esta convocatoria ministerial y que finaliza en junio- permitiría, según esta explicación, poner los datos de los voluntarios cántabros a disposición de empresas. Con la particularidad de que el proyecto es de carácter europeo y, por tanto, tiene como objetivo principal la creación de un mercado común de datos “que garantice el liderazgo de la Unión Europea en la economía global de los datos”.

“El proyecto Valdata tiene como finalidad estratégica facilitar el uso secundario de los datos sanitarios, orientado a mejorar la investigación, la innovación, la planificación sanitaria y la eficiencia del sistema público de salud, siempre bajo un modelo de gobernanza pública y control institucional”, asegura el Gobierno autonómico. “Persigue justamente garantizar y testear que los datos sanitarios se utilicen de forma segura e interoperable”, específica a preguntas del Grupo Parlamentario Regionalista consultadas por elDiario.es.

La respuesta del Gobierno de Cantabria define a Valdata como “repositorio, plataforma de integración o herramienta de análisis” y que opera “a modo de sandbox o piloto sobre ecosistemas sanitarios de datos, entre los cuales se encuentran los lagos de datos asistenciales”. A través de esta terminología resulta complicado descifrar que hace exactamente Valdata.

A qué datos tiene acceso

Lo cierto es que Valdata tiene acceso a datos procedentes del sistema sanitario público de Cantabria: las historias clínicas electrónicas de atención hospitalaria y atención primaria, datos de plataformas de investigación, de los sistemas corporativos del Servicio Cántabro de Salud “y otras fuentes sanitarias públicas que puedan incorporarse de forma progresiva”, añade el Gobierno de Cantabria.

Por su parte, los voluntarios de Cohorte han contribuido desinteresadamente con un análisis de sangre y un exhaustivo cuestionario sobre hábitos de salud y de vida, patologías y hasta enfermedades de la familia. Los voluntarios firmaban un contrato cediendo sus datos a la iniciativa liderada por el inmunólogo Marcos López Hoyos, que contribuyó a infundir la confianza en esta iniciativa entre los ciudadanos.

Se han recogido datos relativos a su salud, formación, trabajo, hábitos de vida, además de otros que se obtienen de registros oficiales (historia clínica, receta electrónica, Seguridad Social, sede electrónica del catastro e Instituto Nacional de Estadística), además de las entrevistas. Rellenar el cuestionario supone aproximadamente 50 minutos. Ahí se pide información sobre el nivel de estudios alcanzado, ingresos brutos, características de la vivienda, calidad de vida, consumo de tabaco y alcohol, dieta, actividad física, antecedentes familiares, actividad laboral, hábitos de sueño, memoria y consumo de tabaco.

Precisamente, al día siguiente de que el consejero de Salud anunciase la colaboración con el laboratorio farmacéutico con sede en Boston, Cohorte envió una comunicación a los miles de voluntarios cántabros anunciando que recibirán una llamada para concertar una cita que se enmarca en la segunda fase del proyecto, que comienza ahora.

Javier Crespo ha tomado el relevo de Marcos López Hoyos como director científico y el mensaje también recuerda el partido benéfico a favor de Cohorte Cantabria, que se jugará en Suances el 25 de abril entre el San Martín Veteranos y el Real Madrid Leyendas. Financiado con medio millón de euros anuales, Cohorte necesita más dinero.

Por su parte, el proyecto Valdata concluirá a finales de junio sin que las explicaciones oficiales dadas por el Gobierno de Cantabria a las preguntas parlamentarias que ha hecho el PRC arrojen claridad sobre qué ha hecho exactamente este proyecto, a quién se ceden los datos de los voluntarios y en qué condiciones.