En un giro imprevisto, los policías que investigaron el caso Kitchen volverán al trabajo en los próximos días. Con el fin del juicio previsto para el 30 de julio, el actual juez instructor de la causa, Antonio Piña, ha aceptado que la Unidad de Asuntos Internos elabore un informe sobre las comunicaciones entre el comisario José Manuel Villarejo, María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro acerca de las presuntas entregas de dinero de la antigua secretaria general del PP y su entonces marido al policía.

En el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, Piña también ordena que la emisora RAC1 entregue unas grabaciones cuya publicación en marzo de 2025 no consiguió que fueran valoradas por la justicia, permitiendo que María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy se hayan paseado por la vista de Kitchen como testigos, en algunos momentos olvidadizos y en otros, incluso displicentes.

Uno de esos audios muestra cómo el 15 de septiembre de 2014, aproximadamente un año después del grueso de la operación Kitchen, el comisario Villarejo visita a Cospedal en su despacho de la planta séptima de la sede nacional del Partido Popular.

Villarejo: Se ha encontrado hace un mes una documentación complicada… Yo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente

Cospedal: ¿Pero la habéis encontrado vosotros o el CNI?

Villarejo: No. La hemos encontrado nosotros.

Cospedal: Vosotros. No, porque yo sé que han encontrado. Lo del último mes no lo sé; yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado a este [Bárcenas] todo lo que tenía

Villarejo: Bueno, pues eso…

Cospedal: A mí me lo ha dicho el presidente. No me lo ha dicho nadie más.

Uno de los secretos que quedaba por aclarar de la macrocausa Villarejo era –sigue siendo– el de la pieza 34. El segundo instructor del caso, Manuel García Castellón, decidió abrirla como una suerte de almacén de todos los audios de Villarejo publicados por medios de comunicación, los que fueron volcados en Telegram por el ultra Alvise y los entregados en el juzgado por el empresario Javier Pérez Dolset. Aún es un misterio si todas estas horas de grabación pertenece al aproximadamente 50% de los audios de Villarejo que siguen encriptados en la Audiencia Nacional.

La pieza permaneció inaccesible para las partes durante dos años. En su interior escondía un informe de Asuntos Internos que a punto estuvo de pasar desapercibido. En él, la Policía advertía de que adjuntaba un anexo con unos audios denominados MDCospedal “para su adecuada valoración sobre su posible vinculación con los hechos objeto de investigación (pieza 7 [Kitchen]) por parte de su autoridad”. Esa valoración nunca se produjo.

La acusación popular del PSOE analizó los audios y solicitó, antes del juicio, la imputación de María Dolores de Cospedal, de su exmarido Ignacio López del Hierro y del Partido Popular como persona jurídica. El actual instructor, Antonio Piña, rechazó de plano las aspiraciones de los socialistas con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. La acusación popular del PSOE ha conseguido que algunos extractos se reproduzcan en el juicio de Kitchen, pero sin apenas alcance: ni Cospedal ni Rajoy llegaron a la vista como acusados.

Tras insistir, la representación del PSOE ha logrado que el juez Piña dicte un auto de aclaración a aquel que denegó la imputación de Cospedal admitiendo las dos diligencias citadas: que se requiera a RAC1 los audios y que Asuntos Internos elabore un nuevo informe. Si este apreciara indicios de delito y el juez asumiera su tesis se abriría una causa independiente del caso Kitchen sobre los nuevos investigados, explican fuentes jurídicas.

Entre los audios que tendrá que analizar Asuntos Internos existen algunos sobre los que la unidad ya se ha pronunciado. En la pieza 34 está el contenido de la grabación publicada por El País en la que Cospedal ordena a Villarejo que detenga la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad B del Partido Popular. Anticorrupción, con el informe de Asuntos Internos, solicitó que Cospedal volviera a ser imputada, pero García Castellón se negó.

En otro de los audios, Cospedal confiesa a Villarejo que el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz le hace entrega de los informes de la UDEF sobre la caja B y Gürtel con solo un día de antelación a que lo tenga el juez. Como el anterior, se trata de grabaciones de 2017.

Un tercer audio es posterior, de 12 de septiembre de 2017. Cospedal suma a su puesto de secretaria general del PP el de ministra de Defensa. Villarejo se ve rodeado por todos los escándalos sobre su patrimonio oculto y sus maniobras extraoficiales. El marido de Cospedal lo recoge en un punto del centro de Madrid y lo conduce al despacho de su esposa. Villarejo le pide ayuda. Cospedal contesta: “Yo hablo con quien tenga que hablar”.

La verdad sobre los pagos encubiertos de Cospedal a Villarejo

De otro lado está el informe que ya ha encargado a Asuntos Internos. La Policía se centrará en uno de los asuntos más graves y en que menos se detuvo el juez García Castellón: las alusiones en la agenda de Villarejo y en las grabaciones a los pagos de Cospedal bajo cuerda al comisario.

El 6 de diciembre de 2012, por ejemplo, Villarejo anotó en su agenda “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. “José L. Orti” es José Luis Ortiz, jefe de gabinete de Cospedal entonces y quien también fue investigado en Kitchen antes de que la causa contra él se archivara.

Menos de dos años después, Villarejo volvería a escribir el resumen de su cita con Cospedal en el hotel Orfila el 14 de septiembre de 2014: “18:15 en Orfila [hotel próximo a Génova]. Cambio al final a la sede 7ª [planta de la sede del PP]. Pide que haga un análisis de Esquerra. Comprende que quiera jubilarme. Promete pagar la deuda de 100”.

En el juicio del caso Kitchen, el inspector jefe de Asuntos Internos que ha dirigido toda la investigación contra Villarejo explicó que su método de trabajo sobre las agendas del comisario consistió en cotejar las anotaciones con hechos constatables. La conclusión fue la siguiente: “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. Eran para consumo interno”,

Ahora, el juez Piña ordena a Asuntos Internos que “identifique si entre el material incautado al señor Villarejo se identifican conversaciones con contenido que pueda aportar indicios de criminalidad de este con la señora Cospedal o el señor López [del Hierro], correos electrónicos o transferencias bancarias”.

La presumpta trama corrupta orquestrada al si de la Guàrdia Civil per un tinent coronel pertanyent al Cos Militar d'Intervenció es va aprofitar, mitjançant una xarxa d'empresaris afins, de les febleses internes de la burocràcia de l'Institut Armat per a desviar fons públics d'obres en casernes a la butxaca de l'uniformat, amb forts sobrecostos, contractes fraccionats sistemàticament i factures inflades artificialment. El tinent coronel va adquirir posteriorment habitatges ruïnosos per reformar-los amb les mateixes mercantils contractistes i revendre'ls. La presumpta xarxa va ser desarticulada gràcies a les sospites inicials d'un sergent primer de la Guàrdia Civil, que va detectar una cridanera divergència entre els treballs facturats i l'estat de les obres executades, i a la confessió posterior del treballador subcontractat pel principal empresari investigat, que va confirmar l'amistat de més de tres dècades entre l'adjudicatari i el tinent coronel Miguel Ángel E. T.

L'Equip de Delictes Econòmics de la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de la comandància de la Guàrdia Civil de València va trobar “indicis sòlids de corrupció interna” i va traslladar les diligències a Assumptes Interns, el servei que es va encarregar de continuar les pesquises sobre la presumpta xarxa, colze a colze amb la Fiscalia Anticorrupció.

L'uniformat, cap de la Unitat de Gestió Econòmica (UGE) de la VI Zona de la Guàrdia Civil, va utilitzar el “vector crític de vulnerabilitat institucional” que suposa l'àmbit de la contractació pública, “especialment susceptible a pràctiques corruptes”, segons indica un informe d'Assumptes Interns del qual ha informat elDiario.es. Miguel Ángel E. T. va veure una finestra d'oportunitat en l’“ecosistema de gestió centralitzat” dels anticips de caixa fixa, sota el seu control com a cap de la UGE, i va maximitzar així la “promiscuïtat” en les funcions administratives, tot creant “xarxes de confiança que, torticerament utilitzades, van permetre l'encobriment d'irregularitats”, afirma Assumptes Interns.

El tinent coronel investigat, doctor en Dret amb una tesi sobre les sancions privatives de llibertat en l'Administració militar (especialment en l'Institut Armat), va ser condecorat el 2013, quan era comandant, amb la Creu de l'Orde del Mèrit de la Guàrdia Civil amb distintiu blanc.

Els investigadors van comptar amb l'auxili judicial de l'Agència Valenciana Antifrau, que va elaborar informes pericials sobre els enormes sobrecostos en les obres executades en diverses casernes —en alguns casos de fins a un 348 %— i que van detectar fins i tot “portes inexistents”, entre altres despropòsits.

Una empresa adjudicatària sense empleats

Una de les principals empreses implicades en la trama (Destino Empresarial SL, vinculada a l'investigat Carlos G. M., que servia de “vehicle” dels tripijocs del seu amic tinent coronel) declarava només un empleat, segons consta en els seus últims comptes dipositats davant el Registre Mercantil, malgrat ser receptora de nombrosos contractes públics adjudicats directament per Miguel Ángel E. T. com a cap de la UGE de la VI Zona de la Guàrdia Civil.

Carlos G. M. va rebre el 82 % dels ingressos totals de dues de les seues empreses “exclusivament” de contractes gestionats pel tinent coronel investigat. Des del 2008, va ingressar 952.664,89 euros en adjudicacions públiques de la Guàrdia Civil.

La causa, a càrrec de la plaça número 3 de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de València, ha aconseguit acreditar que el tinent coronel va adquirir tres habitatges a la localitat de Set Aigües, reformats pels mateixos empresaris als quals adjudicava contractes per a obres en casernes.

Un empresari amb dues pistoles il·legals

Per altra banda, en el registre de l'habitatge d'un dels empresaris imputats, els investigadors van trobar una pistola Star del calibre nou mil·límetres llarg i una semiautomàtica Smith&Wesson de nou mil·límetres Parabellum, així com munició, ambdues sense cap llicència.

L'empresari, tal com va informar aquest diari, va arribar a un pacte de conformitat amb el Ministeri Fiscal i va acceptar una pena de sis mesos de presó.  

La presunta trama corrupta orquestada en el seno de la Guardia Civil por un teniente coronel perteneciente al Cuerpo Militar de Intervención se aprovechó, mediante una red de empresarios afines, de las debilidades internas de la burocracia del Instituto Armado para desviar al bolsillo del uniformado fondos públicos de obras en cuarteles, con fuertes sobrecostes, contratos fraccionados sistemáticamente y facturas hinchadas artificialmente. El teniente coronel adquirió posteriormente viviendas ruinosas para reformarlas con las mismas mercantiles contratistas y venderlas posteriormente. La presunta red fue desarticulada gracias a las sospechas iniciales de un sargento primero de la Guardia Civil, que detectó una llamativa divergencia entre los trabajos facturados y el estado de las obras ejecutadas, y la confesión posterior del albañil que subcontrataba el principal empresario investigado, que confirmó la amistad de más de tres décadas entre el adjudicatario y el teniente coronel Miguel Ángel E. T. 

El Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la comandancia de la Guardia Civil de València halló “indicios sólidos de corrupción interna” y transfirió las diligencias a Asuntos Internos, el servicio que se encargó de seguir con las pesquisas sobre la presunta red codo con codo con la Fiscalía Anticorrupción. 

El uniformado, jefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona de la Guardia Civil, usó el “vector crítico de vulnerabilidad institucional” que supone el ámbito de la contratación pública, “especialmente susceptible a prácticas corruptas”, según indica un informe de Asuntos Internos del que ha informado elDiario.es. Miguel Ángel E. T. vio una ventana de oportunidad en el “ecosistema de gestión centralizado” de los adelantos de caja fija, bajo su control como jefe de la UGE, maximizando así la “promiscuidad” en las funciones administrativas y creando “redes de confianza que, torticeramente usadas, permitieron el encubrimiento de irregularidades”, afirma Asuntos Internos. 

El teniente coronel investigado, doctor en Derecho con una tesis sobre las sanciones privativas de libertad en la Administración militar (especialmente en el Instituto Armado) fue condecorado en 2013, cuando era comandante, con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.  

Los investigadores contaron con el auxilio judicial de la Agencia Valenciana Antifraude, que elaboró informes periciales sobre los tremendos sobrecostes en las obras ejecutadas en varios cuarteles (en algunos casos de hasta un 348%) y que detectaron incluso “puertas inexistentes”, entre otros desmanes. 

Una empresa adjudicataria sin empleados

Una de las principales empresas implicadas en la trama (Destino Empresarial SL, vinculada al investigado Carlos G. M., que servía de “vehículo” de los trapicheos de su amigo teniente coronel) declaraba apenas un empleado, según consta en sus últimas cuentas depositadas ante el Registro Mercantil, a pesar de ser receptora de numerosos contratos públicos adjudicados directamente por Miguel Ángel E. T. como jefe de la UGE de la VI Zona de la Guardia Civil.

Carlos G. M. recibió el 82% de los ingresos totales de dos de sus empresas“exclusivamente” de contratos gestionados por el teniente coronel investigado. Desde 2008, ingresó 952.664,89 euros en adjudicaciones públicas de la Guardia Civil. 

La causa, a cargo de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, ha logrado acreditar que el teniente coronel adquirió tres viviendas en la localidad de Siete Aguas, reformadas por los mismos empresarios a los que adjudicaba contratos para obras en cuarteles.

Un empresario con dos pistolas ilegales

Por otro lado, en el registro de la vivienda de uno de los empresarios imputados, los investigadores hallaron una pistola Star del calibre nueve milímetros largo y una semiautomática Smith&Wesson de nueve milímetros Parabellum, así como munición, ambas sin licencia alguna.

El empresario, tal como informó este diario, alcanzó un pacto de conformidad con el Ministerio Fiscal y aceptó una pena de seis meses de prisión.  

El Servei d'Assumptes Interns de la Guàrdia Civil acusa el tinent coronel interventor Miguel Ángel E. T. d'armar una presumpta trama de “corrupció sistèmica” amb sobrecostos de fins a un 348% en obres en casernes de l'Institut Armat per a després adquirir tres habitatges ruïnosos amb fons en metàl·lic i reformar-los a càrrec dels empresaris adjudicataris de la xarxa., segons indica un informe al qual ha tingut accés elDiario.es. Es tracta del cap de la Unitat de Gestió Econòmica (UGE) de la VI Zona de la Guàrdia Civil, que comprén les comandàncies de les províncies de València, Alacant i Castelló.

L'uniformat controlava, al capdavant de l'UGE, els anticips de caixa fixa i l'adjudicació de contractes d'obra en els quarters, a més de la facturació, i figura com investigat davant la plaça número 3 de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de València des que, en 2022, es van iniciar les indagacions d'Assumptes Interns i de la Fiscalia Anticorrupció.

Els investigadors compten amb “indicis sòlids de corrupció” i consideren que el tinent coronel hauria comés els presumptes delictes de malversació de cabals públics, prevaricació administrativa, frau en la contractació pública, suborn, falsedat documental i, eventualment, delictes contra la Hisenda Pública o blanqueig de capitals.

L'investigat, pertanyent al Cos Militar d'Intervenció i doctor en Dret, “posseïa el control discrecional de l'adjudicació i la validació d'obres, actuant simultàniament com a gestor dels fons i beneficiari d'aquests”, segons Assumptes Interns. Miguel Ángel E. T., postil·la l'informe, “va utilitzar la seua posició de cap de l'UGE per a afavorir una xarxa d'empresaris que, a canvi, van assumir els costos d'adquisició, reforma i equipament del seu patrimoni immobiliari privat, generant un benefici patrimonial il·lícit finançat per fons públics”.

El tinent coronel es va aprofitar de la seua posició jeràrquica per a propiciar “sobrecostos sistemàtics i facturació d'obres no executades” amb una xarxa de mercantils contractistes que li abonaven presumptes mossegades, especialment Carlos G. M., les mercantils del qual van arribar a obtindre adjudicacions per un import de quasi un milió d'euros

“Relació d'amistat molt forta” amb l'empresari

El cap de l'UGE de la VI Zona de la Guàrdia Civil encomanava les obres en casernes “directament” a Carlos G. M. (vinculat a les mercantils Destino Empresarial SL i Works Pretor SL), amb fraccionament sistemàtic de les factures i “desmesurats sobrecostos” respecte al preu real de l'execució, a més de partides per treballs “mai realitzats”. L'empresari, per la seua banda, “extreia part de l'excedent i l'entregava al tinent coronel, eliminant així qualsevol rastre en els seus actius bancaris”.

Rares L., el paleta subcontractat per l'empresari, va confessar que Carlos G. M. mantenia amb el tinent coronel Miguel Ángel E. T. una “relació d'amistat molt forta” des de feia més de tres dècades. També va declarar que l'empresari i el guàrdia civil planejaven “muntar” una mercantil junts una vegada el segon es jubilara. De fet, la investigació d'Assumptes Interns ha acreditat que el tinent coronel i el contractista es van allotjar el 2018, amb les seues respectives parelles, en un hotel de quatre estreles al Mar Menor de Múrcia.

El paleta va confirmar que el tinent coronel “donava el vistiplau” als imports continguts en els pressupostos. A més, va aportar missatges de WhatsApp amb al·lusions al reconeixement de deutes per suposades obres privades facturades a la Guàrdia Civil. D'altres missatges intervinguts pels investigadors —“Em diu que 500 són d'ell”— es desprén que el tinent coronel “rebia quantitats de diners en efectiu procedents de l'entramat”.

“La mecànica del frau es fonamenta en la discrepància premeditada entre la realitat física de les obres i la seua ficció documental”, rebla l'informe.

La investigació també va obtindre un correu electrònic i informes fotogràfics sobre fons cobrats per Carlos G. M. per obres no realitzades. El paleta va manifestar que va ser “instruït” per l'empresari per simular obres amb la finalitat de “repartir el romanent” del pressupost anual de la unitat i “finançar reformes privades” del tinent coronel, que també mantenia una “doble” relació professional i personal amb la mercantil Germans Tronchoni Navarro SL i amb Gustavo William R. R.

No obstant això, Carlos G. M. va ser el contractista que més fons va rebre en obres adjudicades per la Guàrdia Civil: 952.664,89 euros des del 2008. El 82 % dels ingressos totals de les seues empreses provenien “exclusivament” de contractes gestionats pel tinent coronel investigat, que mantenia un “coneixement directe i detallat de l'operativa il·lícita”, segons abunda Assumptes Interns.

Desviament de 144.730 euros per a compra i reforma d'habitatges

Els informes pericials elaborats per l'Agència Valenciana Antifrau (AVA), en funcions d'auxili judicial a la Fiscalia Anticorrupció i a la jutgessa instructora, van detectar un desviament de fons per un import de 144.730 euros per a l'adquisició i reforma de tres habitatges a la localitat de Setaigües, situada a la comarca de la Foia de Bunyol.

Assumptes Interns compta amb evidències de l'“ús recurrent de diners en efectiu d'origen desconegut” en l'adquisició dels béns. També va trobar una “discrepància massiva” entre els costos reals de les obres i els imports declarats, “confirmant l'aprofitament il·lícit de recursos públics”. En definitiva, l'informe veu una “operativa de prevaliment i frau orientada a la transformació d'actius personals amb fons de l'erari” (d'aquí que li imputi indiciàriament un presumpte delicte de blanqueig de capitals).

Miguel Ángel E. T. va comprar el 2020 un habitatge en “ruïna tècnica”, construït el 1900 i amb una superfície de parcel·la de 115 metres quadrats, per 15.000 euros, sense que conste cap moviment bancari als seus comptes que justifique la seua adquisició, per la qual cosa “es desconeix” l'origen d'aquesta quantitat.

L'execució de la reforma es va fer a càrrec de l'empresa Hermanos Tronchoni Navarro SLU, adjudicatària de 19 contractes de la Guàrdia Civil per un import total de quasi 100.000 euros. La mercantil va utilitzar una “infrarepresentació de costos massiva” (va declarar 15.919 euros tot i que, segons la taxació pericial d'Antifrau, el valor real de l'obra va ser de 104.505,35 euros).

A més, “l'habitatge va ser condicionat per una xarxa de contractistes recurrents de la Guàrdia Civil”, afirma l'informe d'Assumptes Interns. Cinc dels set proveïdors de la reforma (de reixes, finestres, armaris, mobles de cuina i saló o d'aire condicionat) no van rebre cap pagament per part del tinent coronel. Per contra, van resultar adjudicataris d'un total de 102 contractes públics.

“La vam reformar i a guanyar diners”

El segon habitatge al mateix municipi (en “clar estat de deteriorament”) va ser adquirit un any més tard, el 2021. Es tracta d'un immoble construït el 1910 en una parcel·la de 150 metres quadrats i adquirit per un total de 12.000 euros (2.000 euros van ser lliurats en efectiu en concepte de penyora), amb un “component especulatiu” per a la seua revenda després de la “reconstrucció quasi total”. En una conversa intervinguda en el marc de la investigació, el tinent coronel afirmava davant la seua família: “La reformem i a guanyar diners... Després la venem”.

Assumptes Interns va detectar que l'habitatge, una vegada reformat, va ser finalment posat a la venda en un conegut portal immobiliari per 115.000 euros. De nou, l'informe destaca que va ser adquirit originalment amb fons d'origen desconegut, a tenor de l'anàlisi dels comptes bancaris de l'investigat.

Els proveïdors de la reforma van sumar 66 contractes públics durant les obres privades en l'immoble adquirit pel tinent coronel. La valoració pericial de l'habitatge reformat va xifrar el seu valor en 67.428 euros (en aquest període l'empresa Hermanos Tronchoni Navarro SLU es va fer amb 25 contractes públics per un import de 92.295 euros).

El tercer habitatge, un corral d'ús industrial en una parcel·la de 115 metres quadrats construït originalment el 1898, va ser adquirit el 2021 pel tinent coronel i la seua dona, Subirana P., per un preu de 3.000 euros, abonats íntegrament en efectiu, seguint el “mateix esquema d'irregularitat financera i aprofitament directe de fons públics”, segons Assumptes Interns. Es va repetir el “patró” de les reformes anteriors, aquesta vegada amb treballs encarregats a Gustavo William R. R.

Quan la Guàrdia Civil va registrar l'habitatge reformat es va trobar amb ferramentes adquirides en una coneguda superfície comercial, les factures originals dels quals havien sigut carregades a l'erari. L'investigat va abonar 2.500 euros pels treballs de reforma, tot i la valoració tècnica els va xifrar en 4.243 euros.

Sobrecàrrecs per “portes inexistents”

Els fons, presumptament, van ser sostrets del pressupost de la Guàrdia Civil per a obres en les seues instal·lacions. Antifrau també va analitzar els “sobrecostos sistemàtics” en els contractes d'obres executades en diversos quarters de l'Institut Armat.

Al quarter de Benimaclet, seu de la VI Zona de la Guàrdia Civil, van detectar sobrecostos “extrems” d'un 348%, mentre que als habitatges logístics de l'edifici de Font de Sant Lluís, també a València, va ser d'un 72% (entre actuacions en el subsòl no verificables o “portes inexistents”).

A la residència de descans Almardà de Sagunt, l'AVA va destapar sobrecostos del 122%, amb facturació de desbrossament sobre arbrat “inexistent”. Assumptes Interns constata un “entorn d'impunitat” propiciat pel tinent coronel Miguel Ángel E. T., amb facturació d'“actuacions repetides o concurrents” o un “excessiu nombre d'hores de treball respecte a l'entitat real de les obres”, entre altres mecanismes per a inflar el frau comès contra l'Institut Armat.

El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil acusa al teniente coronel interventor Miguel Ángel E. T. de armar una presunta trama de “corrupción sistémica” con sobrecostes de hasta un 348% en obras en cuarteles del Instituto Armado para luego adquirir tres viviendas ruinosas con fondos en metálico reformadas por los empresarios adjudicatarios de la red, según indica un informe al que ha tenido acceso elDiario.es. Se trata del jefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona de la Guardia Civil, que comprende las comandancias de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.

El uniformado controlaba al frente de la UGE los anticipos de caja fija y la adjudicación de contratos de obra en los cuarteles, además de la facturación, y figura como investigado ante la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València desde que, en 2022, se iniciaron las pesquisas de Asuntos Internos y de la Fiscalía Anticorrupción.

Los investigadores cuentan con “indicios sólidos de corrupción” y consideran que el teniente coronel habría cometido los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública, cohecho, falsedad documental y, eventualmente, delitos contra la Hacienda Pública o blanqueo de capitales.

El investigado, perteneciente al Cuerpo Militar de Intervención y doctor en Derecho, “poseía el control discrecional de la adjudicación y la validación de obras, actuando simultáneamente como gestor de los fondos y beneficiario de los mismos”, según Asuntos Internos. Miguel Ángel E. T., apostilla el informe, “utilizó su posición de jefe de la UGE para favorecer a una red de empresarios que, en contrapartida, asumieron los costes de adquisición, reforma y equipamiento de su patrimonio inmobiliario privado, generando un beneficio patrimonial ilícito financiado por fondos públicos”.

El teniente coronel se aprovechó de su posición jerárquica para propiciar “sobrecostes sistemáticos y facturación de obras no ejecutadas” con una red de mercantiles contratistas que le abonaban presuntas mordidas, especialmente Carlos G. M., cuyas firmas llegaron a obtener adjudicaciones por un importe de casi un millón de euros.

“Relación de amistad muy fuerte” con el empresario

El jefe de la UGE de la VI Zona de la Guardia Civil encomendaba las obras en cuarteles “directamente” a Carlos G. M. (vinculado a las mercantiles Destino Empresarial SL y Works Pretor SL), con fraccionamiento sistemático de las facturas y “desmedidos sobrecostes” respecto al precio real de la ejecución, además de partidas por trabajos “nunca realizados”. El empresario, por su parte, “extraía parte del excedente y se lo entregaba al teniente coronel, eliminando así cualquier rastro en sus activos bancarios”.

Rares L., el albañil subcontratado por el empresario, confesó que Carlos G. M. mantenía con el teniente coronel Miguel Ángel E. T. una “relación de amistad muy fuerte” desde hace más de tres décadas. También declaró que el empresario y el guardia civil planeaban “montar” una mercantil juntos una vez el segundo se jubilara. De hecho, la investigación de Asuntos Internos ha acreditado que el teniente coronel y el contratista se alojaron en 2018, con sus respectivas parejas, en un hotel de cuatro estrellas en el Mar Menor de Murcia.

El albañil confirmó que el teniente coronel “daba el visto bueno” a los importes contenidos en los presupuestos. Además, aportó mensajes de WhatsApp con alusiones al reconocimiento de deudas por supuestas obras privadas facturadas a la Guardia Civil. De otros mensajes intervenidos por los investigadores —“Me dice que 500 son de él”— se desprende que el teniente coronel “recibía cantidades de dinero en efectivo del entramado”.

“La mecánica del fraude se fundamenta en la discrepancia premeditada entre la realidad física de las obras y su ficción documental”, remacha el informe.

La investigación también obtuvo un correo electrónico e informes fotográficos sobre fondos cobrados por Carlos G. M. por obras no realizadas. El albañil manifestó que fue “instruido” por el empresario para simular obras con el fin de “repartir el sobrante” del presupuesto anual de la unidad y “financiar reformas privadas” del teniente coronel, que también mantenía una “doble” relación profesional y personal con la firma Hermanos Tronchoni Navarro SL y con Gustavo William R. R.

Sin embargo, Carlos G. M. fue el contratista que más fondos recibió en obras adjudicadas por la Guardia Civil: 952.664,89 euros desde 2008. El 82% de los ingresos totales de sus empresas provenían “exclusivamente” de contratos gestionados por el teniente coronel investigado, que mantenía un “conocimiento directo y detallado de la operativa ilícita”, según abunda Asuntos Internos.

Desvío de 144.730 euros para compra y reforma de viviendas

Los informes periciales elaborados por la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), en funciones de auxilio judicial a la Fiscalía Anticorrupción y a la jueza instructora, detectaron un desvío de fondos por un importe de 144.730 euros para la adquisición y reforma de tres viviendas en la localidad de Siete Aguas, situada en la comarca de la Hoya de Buñol.

Asuntos Internos cuenta con evidencias del “uso recurrente de dinero en efectivo de origen desconocido” en la adquisición de los bienes. También halló una “discrepancia masiva” entre los costes reales de las obras y los importes declarados, “confirmando el aprovechamiento ilícito de recursos públicos”. En definitiva, el informe ve una “operativa de prevalimiento y fraude orientada a la transformación de activos personales con fondos del erario” (de ahí que le impute indiciariamente un presunto delito de blanqueo de capitales).

Miguel Ángel E. T. compró en 2020 una vivienda en “ruina técnica”, construida en 1900 y con una superficie de parcela de 115 metros cuadrados, por 15.000 euros, sin que conste movimiento bancario alguno en sus cuentas que justifique su adquisición, por lo que “se desconoce” el origen de esa cantidad.

La ejecución de la reforma se hizo a cargo de la empresa Hermanos Tronchoni Navarro SLU, adjudicataria de 19 contratos de la Guardia Civil por un monto total de casi 100.000 euros. La firma usó una “infrarepresentación de costes masiva” (declaró 15.919 euros a pesar de que, según la tasación pericial de Antifraude, el valor real de la obra fue de 104.505,35 euros).

Además, “la vivienda fue acondicionada por una red de contratistas recurrentes de la Guardia Civil”, afirma el informe de Asuntos Internos. Cinco de los siete proveedores de la reforma (de rejas, ventanas, armarios, muebles de cocina y salón o de aire acondicionado) no recibieron abono alguno por parte del teniente coronel. Por el contrario, fueron adjudicatarias de un total de 102 contratos públicos.

“La reformamos y a ganar dinero”

La segunda vivienda en el mismo municipio (en “claro estado de deterioro”) fue adquirida un año más tarde, en 2021. Se trata de un inmueble construido en 1910 en una parcela de 150 metros cuadrados y adquirida por un total de 12.000 euros (2.000 euros fueron entregados en efectivo en concepto de arras), con un “componente especulativo” para su reventa tras la “reconstrucción casi total”. En una conversación intervenida en el marco de la investigación, el teniente coronel afirmaba ante su familia: “La reformamos y a ganar dinero... Luego la vendemos”.

Asuntos Internos detectó que la vivienda, una vez reformada, fue finalmente puesta a la venta en un conocido portal inmobiliario por 115.000 euros. De nuevo, el informe destaca que fue adquirida originalmente con fondos de origen desconocido, a tenor del análisis de las cuentas bancarias del investigado.

Los proveedores de la reforma sumaron 66 contratos públicos durante las obras privadas en el inmueble adquirido por el teniente coronel. La valoración pericial de la vivienda reformada cifró su valor en 67.428 euros (en ese periodo la empresa Hermanos Tronchoni Navarro SLU se hizo con 25 contratos públicos por un importe de 92.295 euros).

La tercera vivienda, un corral de uso industrial en una parcela de 115 metros cuadrados construido originalmente en 1898, fue adquirida en 2021 por el teniente coronel y su esposa, Subirana P., por un precio de 3.000 euros, abonados íntegramente en efectivo, siguiendo el “mismo esquema de irregularidad financiera y aprovechamiento directo de fondos públicos”, según Asuntos Internos. Se repitió el “patrón” de las reformas anteriores, esta vez con trabajos encargados a Gustavo William R. R.

Cuando la Guardia Civil registró la vivienda reformada se topó con enseres cuyas facturas originales de una conocida superficie comercial habían sido cargadas al erario. El investigado abonó 2.500 euros por los trabajos de reforma, a pesar de que la valoración técnica los cifró en 4.243 euros.

Sobrecostes por “puertas inexistentes”

Los fondos, presuntamente, fueron birlados al presupuesto de la Guardia Civil para obras en sus instalaciones. Antifraude también analizó los “sobrecostes sistemáticos” en los contratos de obras ejecutadas en varios acuartelamientos del Instituto Armado.

En el cuartel de Benimaclet, sede de la VI Zona de la Guardia Civil, detectaron sobrecostes “extremos” de un 348%, mientras que en las viviendas logísticas del edificio de Fuente de San Luis, también en València, fue de un 72% (entre actuaciones en el subsuelo no verificables o “puertas inexistentes”).

En la residencia de descanso Almardá de Sagunt, la AVA destapó sobrecostes del 122%, con facturación de desbroce sobre arbolado “inexistente”.

Asuntos Internos constata un “entorno de impunidad” propiciado por el teniente coronel Miguel Ángel E. T., con facturación de “actuaciones repetidas o concurrentes” o un “excesivo número de horas de trabajo respecto a la entidad real de las obras”, entre otros mecanismos para hinchar el fraude cometido contra el Instituto Armado.

Un teniente coronel de la Guardia Civil figura como investigado en una causa de la Audiencia Nacional contra la trata de seres humanos y el blanqueo de capitales que vuelve a tener el prostíbulo Vive Madrid, uno de los más grandes de la capital, entre los principales objetivos de las pesquisas. Los agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) del instituto armado detuvieron la pasada semana a cuatro personas, entre ellas la pareja del teniente coronel, y el dueño de Vive Madrid, Ángel Crispín Gilaranz, pendiente de ser juzgado en otro caso por un gigantesco fraude a Hacienda mediante el cobro con tarjeta a los clientes.

El teniente coronel, que responde a las iniciales de J.L.G.M., no fue arrestado y ha prestado declaración este miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, que mantiene secretas las actuaciones. Tras la declaración, el juez ha impuesto al oficial la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.

La causa se instruye por los delitos de explotación sexual, blanqueo de capitales, organización criminal y delitos fiscales. Fuentes próxima al caso apuntan a que el teniente coronel no está investigado por trata ni por pertenecer a la organización criminal sino por la gestión de los beneficios de los delitos cometidos por su pareja, una mujer de nacionalidad búlgara y socia del dueño de Vive Madrid. El juez De Jorge dictó el pasado viernes prisión incondicional para los cuatro detenidos, entre ellos la pareja del teniente coronel y el dueño de Vive Madrid.

Los registros y las detenciones de la semana pasada se extendieron por Madrid, Barcelona, Gijón y Castellón. Las pesquisas abarcan a prostíbulos ubicados en las tres primeras de estas ciudades. La Audiencia Nacional es el tribunal competente para investigar el caso porque el blanqueo de capitales se habría realizado a nivel internacional, con la implicación de terceros países, caso de República Dominicana.

El teniente coronel investigado tiene su destino en la Jefatura de Fiscal y Fronteras de la Dirección General de la Guardia Civil. Su imputación provocará la apertura de una información reservada, previa al expediente. La normativa interna indica que la instrucción de ese pendiente se detendrá a la espera de una resolución judicial firme.

Los agentes de Asuntos Internos han detectado consultas en las bases de datos del Cuerpo por parte del teniente coronel acerca de posibles investigaciones a su mujer antes de que fuera detenida. La pareja mantenía un alto nivel de vida en una localidad del noroeste de Madrid. Entre los investigados no detenidos también están los padres de K. K, iniciales de la pareja del guardia civil, y un hijo de la mujer, fruto de una relación anterior. También han quedado en libertad con cargos y sin pasaporte.

Vive Madrid y la Operación Pompeya

El prostíbulo Vive Madrid, uno de los más grandes de la capital, está ubicado en el distrito de Tetuán y ya fue el epicentro de la operación Pompeya, desarrollada en 2016 y pendiente aún de juicio. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Crispín Gilaranz por la trama de fraude en el cobro a los clientes con tarjeta. Estos pagaban un 10% adicional y, a cambio, no facturaba el local de alterne, sino una madeja de sociedades en el extranjero con los que la sociedad que regía el prostíbulo defraudaba a Hacienda.

El magistrado José Luis Calama abrió en junio de 2023 juicio oral contra treinta personas, entre ellas Gilaranz, por delitos fiscales que superaban los 111 millones de euros. En la operativa fraudulenta habrían participado otros cuatro dueños de prostíbulos repartidos por España. Están acusados de haber instalado un sistema de pago con tarjeta, con 136 terminales de cobro, que dirigía las ganancias a una sociedad instrumental.

En total, según el sumario de aquella operación, la trama controlaría a 2.000 mujeres que eran vigiladas por un software de lectura de huella digital para saber el tiempo que pasaban con cada cliente. Gilaranz aparece en las escuchas telefónicas hablando de los clientes VIP que frecuentaban los servicios de prostitución, en el local o a domicilio, entre los que había un torero y varios futbolistas.

Según publicó El Español en 2016, Gilaranz comenzó en el negocio de la prostitución en los años noventa y ya fue investigado por introducir mujeres ucranianas, rusas y polacas en España para prostituirlas.

Turno para las víctimas de la operación Kitchen. Este lunes declaran en el juicio el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y su esposa, Rosalía Iglesias, objetivos principales del operativo diseñado presuntamente en el Ministerio del Interior para arrebatarles pruebas de la financiación irregular de la formación que presidía Mariano Rajoy. Una pregunta coronará la declaración de Bárcenas: ¿Existe la grabación realizada por él al expresidente del Gobierno hablando de la caja B del PP?

Bárcenas ha ofrecido versiones contradictorias sobre el audio. La periodista Marisa Gallero publicó en enero de 2016 un libro con el título Bárcenas: la caja fuerte. En él se afirmaba que el extesorero del PP había grabado a Rajoy, una vez había estallado el caso Gürtel, en una reunión en la que el primero entregaba a su jefe 4.900 euros de sobresueldo y una copia con las anotaciones de la caja B que el presidente del partido habría destruido en su presencia. 

Luis Bárcenas mantuvo esa versión hasta que el 29 de mayo de 2018, en el periódico El Mundo, negó que existiera la grabación. El contexto es importante. Bárcenas estaba a punto de ingresar en prisión por su condena del caso Gürtel, pero mantenía la esperanza de que su mujer, Rosalía Iglesias, nunca llegara a pisar la cárcel. Creía que estaba en la mano del partido en el Gobierno, el PP. Tres días después triunfó la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy. Rosalía Iglesias pasó tres años en la cárcel.

Con posterioridad, Bárcenas regresó a la versión inicial. Tanto a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, como al juez García Castellón, les trasladó que las grabaciones existían, que fueron borradas de la nube porque el PP se prestó a negociar con él, pero que guardó otra copia, en un pendrive. Se trataría de la grabación sustraída por la brigada política en el marco de la operación Kitchen.

En el juicio del caso de la caja B, en 2020, Bárcenas aseguró que la grabación recoge cómo él entrega los apuntes de la caja B a Rajoy y este, “espantado”, le reprocha que conste ese material. Según aquel relato de Bárcenas, Rajoy cogió los papeles, se giró en su silla y los destruyó en la máquina que para tal efecto tenía detrás. Sobre esa grabación y la de Arenas, Bárcenas añadió en el juicio la tesis del robo de la copia en el estudio de su mujer: “El señor Gómez Gordo [próximo a Cospedal y acusado en Kitchen], que se los llevó, debería aportarlos”.

La Kitchen en prisión

Esas supuestas grabaciones son uno de los misterios del caso Kitchen que la instrucción, prematuramente cerrada por el juez Manuel García Castellón, no pudo aclarar. En la última jornada del juicio afloró el pasado jueves de nuevo el asunto con el testimonio de un preso de Soto del Real al que Bárcenas habría ordenado esconderlas para, quizá, luego destruirlas. Sin embargo, las contradicciones de Isidro Sánchez, el antiguo recluso, no ayudaron a descifrar el enigma. 

Sánchez es de nacionalidad colombiana y presume de tener conocimientos informáticos. En el juicio explicó que el chófer de los Bárcenas entregó 5.000 euros a un amigo suyo en libertad para que cuando él saliera de permiso alojara en la ‘nube’, concretamente en el espacio del que dispondría una cuenta de correo electrónico previamente creada, un material relacionado con el anterior trabajo de Bárcenas, esto es, el de tesorero del PP. En fase de instrucción, Sánchez había contado otra cosa: que el encargo era únicamente para borrar el rastro de Rosalía Iglesias en noticias negativas de Youtube, un trabajo adicional, según afirmó el pasado jueves. 

El presunto espionaje en la cárcel a Bárcenas reúne algunos de los episodios más intrigantes de todo el caso Kitchen. Los funcionarios de Soto del Real dieron cuenta de la incautación a Isidro Sánchez de una nota donde supuestamente Bárcenas había escrito: “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso…”. 

El entorno de Bárcenas no reconoce la letra del tesorero en esa nota, Sánchez ha declarado dos veces que a él no le incautaron nada, el director de la prisión reconoció el hallazgo en el juicio y, para rematar, el informático colombiano se llama Isidro, no Álex. Una nota interna de la prisión añade que Isidro Sánchez presumía de tener un socio ruso en el exterior también con altas habilidades informáticas. 

¿Tuvo en su poder Isidro Sánchez la supuesta grabación de Rajoy y la destruyó? Todos los testimonios confluyen en que la respuesta es no. Sánchez ha declarado que fue detenido después de pasar la primera noche del permiso penitenciario durante el cual iba a hacer el trabajo. Unos policías se presentaron en el hotel donde se alojaba porque tenía una requisitoria pendiente por otros delitos distintos a su condena. Se lo llevaron a Plaza Castilla y de ahí a la cárcel de vuelta. No pudo salir más en un año y medio. 

Fuentes jurídicas aseguran que la requisitoria no condujo a ningún enjuiciamiento posterior de Sánchez. Un policía ha declarado en el juicio que la reclamación saltó en el sistema cuando el hotel informó de los alojados esa noche, entre ellos el colombiano. Pero él añade que esa mañana firmó en dependencias de la Guardia Civil y que si hubiera tenido algo pendiente no habría salido libre del cuartel. 

Por otra parte, Enrique García Castaño, ‘El Gordo’, declaró ante el juez de instrucción que sus agentes siguieron a Sánchez desde que puso un pie en la calle, a la salida de Soto del Real, porque él había sido avisado del permiso. En las agendas de Villarejo, Sánchez aparece como “colaborador” entre una maraña de anotaciones con el nombre de otros presos compañeros de Bárcenas. Todos estos interrogantes provocan una confusión tras la que se oculta la supuesta grabación de Mariano Rajoy confesando la caja B. Una grabación de la que hablaban también en las grabaciones El Gordo y Villarejo, pero que nadie ha escuchado. 

Declaración del agente 81.067

Durante la sesión del lunes está prevista también la declaración de Manuel Morocho, uno de los testimonios más adversos para la mayoría de los acusados. En fase de instrucción Morocho relató las presiones y chantajes que sufrió para que el caso de la caja B, que él investigaba a las órdenes del juez Pablo Ruz, no afectara a la cúpula del PP. Esa declaración sostiene, por ejemplo, la imputación de José Luis Olivera. 

Pero la importancia para la causa de la declaración de Morocho radica en que el policía certificará que todos los seguimientos y maniobras sobre la familia de Luis Bárcenas no estaban destinados a localizar el dinero del extesorero u otras pruebas contra él en el caso Gürtel, sino que perseguía únicamente limitar los efectos que la investigación de Ruz en la Audiencia Nacional tuviera contra el PP, poniendo fuera de su alcance pruebas del dinero negro en la formación política. 

Las coartadas con que los mandos policiales de la época del Partido Popular pretenden hacer pasar la operación Kitchen por una actuación legal comenzaron a aflorar en la sesión del juicio de este martes, tras más de siete horas de declaraciones. Uno de los testigos, el inspector jefe jubilado Juan Vicente Galán, ha asegurado que uno de los acusados, el antiguo jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas le dio la orden de vigilar a Rosalía Iglesias, la esposa de Luis Bárcenas, cuando éste entró en la cárcel. Y añadió que no se trataba de espiarla sino de protegerla “sin ser detectados”.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía, dedicada a perseguir delitos cometidos por otros agentes, reconvertida a labores de protección de la mujer de Bárcenas es tan increíble como la imagen que pretendió ofrecer este martes Galán. De 68 años, el policía estuvo imputado en el caso Kitchen, aunque luego decayeron las acusaciones contra él. Ante el tribunal ha intentado aparecer como un simple subordinado de Martín Blas, si bien su perfil es muy distinto: Jesús Vicente Galán fue miembro de la brigada política y no solo participó en Kitchen, también atacó a Podemos y fue recompensado con un destino en la Embajada de Mauritania (más de 11.000 euros mensuales) y una medalla pensionada, pasando a ingresar en el 'club de los diezmileuristas' que el PP organizó entre mandos afines.

La Audiencia Nacional juzga el dispositivo parapolicial con objeto de encontrar y sacar de la circulación el material de la caja B del PP que pudiera guardar Luis Bárcenas o su familia después de que el tesorero entrara en prisión. El Ministerio del Interior hizo de la Unidad de Asuntos Internos en tiempos del PP un grupo operativo sobre el terreno en la Operación Cataluña. Y según aparece en el sumario de Kitchen repitió la operación para espiar a la familia del tesorero.

“Marcelino me dijo que Rosalía Iglesias estaba en peligro y que teníamos que darle protección sin ser detectados”, ha afirmado esta tarde ante el tribunal Jesús Vicente Galán. Se da la circunstancia de que Iglesias, Bárcenas y el hijo del matrimonio, Guillermo, ejercen la acusación particular porque creen que el único peligro que soportaron fue el que representaban policías como Martín Blas o el propio testigo.

Galán ha dicho que trasladó a sus subordinados la instrucción de Martín Blas y que ellos reaccionaron como lo había hecho él a recibirla, “con extrañeza”, la de unos policías que tienen que proteger a alguien sin que ese alguien se entere.

Comienzan las delaciones

Con la declaración del inspector jefe jubilado llegaron los 'cuchillos voladores' al juicio. En la sesión de este martes y en la de ayer, la defensa de Martín Blas se había afanado en restar importancia a los indicios de la participación de Asuntos Internos en el operativo Kitchen. Apenas unos coches y unos agentes que podían haber pasado casualmente cerca de los escenarios del espionaje. Todo eso se derrumbó con el testimonio de Jesús Vicente Galán quien, por otra parte, negó enemistad alguna con Martín Blas. Aunque parece que no es recíproco.

El abogado de Martín Blas ha preguntado a Galán por la denuncia que el comisario de Asuntos Internos de la época puso contra él en 2016, relacionada con un conflicto con los agentes que investigaban el caso del Pequeño Nicolás. Galán dijo que desconocía que su ex jefe le hubiera denunciado. “Siempre hemos tenido un trato correcto. De inferior a subordinado. Y le estoy agradecido por haberme llevado a la unidad, donde yo había estado hacía años”, ha declarado. Mientras, Martín Blas, sentado al lado de su abogado, se afanaba en pasarle papeles y señalarle párrafos.

Para terminar de romper el falso aroma de cordialidad, el abogado de Martín Blas ha recordado a Galán sus declaraciones en fase de instrucción. En las tres aseguró que “jamás había recibido una orden de Martín Blas para vigilar a Rosalía Iglesias”, según el letrado. Justo lo contrario de lo que acababa de declarar.

Jesús Vicente Galán ha asegurado que decidió retirar las vigilancias, que se prolongaron durante una o dos semanas, cuando detectó a otros policías haciendo lo mismo. Está acreditado que hasta 70 agentes del Área Especial de Seguimientos de la estructura antiterrorista de la Policía se repartieron las vigilancias de la familia Bárcenas durante meses 24 horas al día.

Tres años después del inicio de la operación Kitchen, el 18 de abril de 2016, Jesús Vicente Galán y otros de los acusados por el espionaje a Bárcenas, Bonifacio Díez Sevillano, se reunieron “con una fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad” y así lo dejaron por escrito. Se trata del venezolano que fabricó el bulo de la cuenta falsa de Pablo Iglesias en el Caribe a cambio de un permiso de residencia en España. Así consta en la investigación que se sigue en el juzgado de Santiago Pedraz.

Ese mismo año, Jesús Vicente Galán fue recompensado con el puesto de agregado de Interior en Mauritania. Ya había sido condecorado con la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo, que supone un incremento del 15% del sueldo mensual de por vida. Al regresar de Mauritania fue destinado a una sección operativa de una comisaría de Madrid y en 2023 se jubiló. Ha pasado por la brigada política del PP sin que siquiera se haya conocido su rostro.

No hubo fisura por la que pudiera colarse una flecha de la acusación, aunque no era momento de lanzar una sola. Los acusados en el juicio de Kitchen desfilaron por la primera sesión como una legión romana, dejando que sus rencillas descansaran en la silla que quedaba habilitada como distancia entre cada uno de ellos. Abogados con clientes irreconciliables, caso de los letrados de Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz, llegaron a repartirse los argumentos para pedir al tribunal que se anule el juicio. Tiempo habrá para que la inocencia de unos dependa de la culpabilidad de otros y la formación se descomponga.

“¿Qué hace una operación parapolicial como tú ante un tribunal como este?”, vinieron a exponer los abogados de los acusados para defender que la operación Kitchen debería haber sido investigada en un juzgado ordinario. A la cabeza, Jesús Mandri, letrado del exministro del Interior. Fue el primero en preguntarse cómo puede estar juzgando el tribunal del caso Villarejo un operativo que nada tiene que ver con los encargos que la élite del país hacía al policía a cambio de dinero y que protagonizan cada una del resto de piezas de la macrocausa. 

Aquí, de haber, siguió el letrado, hay una operación desde el Ministerio del Interior para robar información comprometedora para el PP que guardaría la familia de Bárcenas. En esa operación habría participado Villarejo. Pero por una vez, el comisario habría sido únicamente otro actor más del operativo. 

Mandri continuó que si lo único que une la Kitchen con otras piezas como la King, la Carol, la Pit o la Land es el propio comisario Villarejo. Y eso justificaría la competencia de la Audiencia Nacional siempre, según establece la Ley, que los delitos a investigar en Kitchen fueran competencia de la Audiencia Nacional, algo que a juicio de este y el resto de los abogados de la defensa no ocurre. 

Ni en el encubrimiento –para provocar que la investigación judicial de la caja B avanzara–, ni la malversación de fondos –por los pagos de fondos reservados al chófer de los Bárcenas–, ni la revelación de secretos –por la documentación robada al hijo y la mujer del extesorero–, ni el cohecho —por el dinero que recibió Villarejo– son algo de lo que se deba encargar, sin más, la Audiencia Nacional, argumentó el abogado sobre los delitos de los que acusa la Fiscalía. 

Según esta tesis, la operación Kitchen debería haber sido investigada en un juzgado ordinario de Plaza de Castilla y no en el especializado de la Audiencia Nacional. “¿Si se hubiera encontrado droga en el domicilio del señor Villarejo se habría investigado en la misma causa?”, dijo el abogado de Fernández Díaz. “Bien traído”, le aplaudiría poco después el de Francisco Martínez.

Esa sintonía entre letrados distó de la relación entre dos acusados que evitaron mirarse a la cara durante toda la mañana. Ya lo hicieron durante el careo que organizó el juez García Castellón en 2020, cuyas imágenes desveló elDiario.es la pasada semana. “Me has llamado idiota integral, me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta, me has llamado miserable…”, le soltó el exministro a su antiguo número dos. 

Fernández Díaz se sienta en el banquillo porque Martínez acudió a un notario con unos mensajes que delataban que el ministro sabía de la operación Kitchen, incluso antes que él. Al borde de la imputación tras ser señalado por uno de los comisarios, y harto de que su antiguo jefe diera entrevistas diciendo que no sabía nada de ningún operativo, Martínez se buscó un escudo protector. 

El resto de abogados de la defensa fue adhiriéndose a este motivo de nulidad del juicio y el resto de los presentados por los abogados de Fernández Díaz y Martínez. Hay dos comisarios que se profesan un odio todavía mayor que los dos anteriores. Son Villarejo y Marcelino Martín-Blas, ex jefe de Asuntos Internos. Sus abogados también coincidieron en los primeros compases de esta estrategia de defensa. 

Este martes será el turno para que la Fiscalía y el resto de las acusaciones rebatan jurídicamente los argumentos de la defensa pidiendo la nulidad. Y con el resto de trámites de cuestiones previas y petición de prueba se ira completando la vista hasta el jueves. La semana que viene comenzará con el responsable policial de la investigación de Kitchen, el investigador jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga.

Será la primera prueba para el plan de cordialidad y unidad de acción de los acusados. Fue el campeón mundial del peso pesado Mike Tyson quien popularizó en los noventa la siguiente frase: “Todo el mundo tiene un plan. Hasta que le dan un puñetazo en la boca”.

Nota de la sesión: Eugenio Pino, artífice de la brigada política, fue el mandamás de la Policía durante los cuatro años de guerra sucia sin muertos y se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel en Kitchen. Este lunes llegó a la Audiencia Nacional y al alcanzar el control de seguridad, un policía nacional le pidió, como a todos, el DNI. Pino “tiró de placa”. De placa de jubilado, concretamente. La única que puede usar desde 2016. El policía le insistió por el DNI. Y Pino le espetó que si no sabía quién era. “Sí, usted fue DAO. ¿Me deja el DNI, por favor?”.

El principal investigador policial del caso Villarejo ha declarado este martes en la Audiencia Nacional que el comisario se refería a Javier López Madrid como “cliente” en documentos incautados al policía durante su detención en noviembre de 2017. El inspector jefe de Asuntos Internos ha establecido algunas coincidencias con otros proyectos efectuados por Villarejo a clientes privados mientras era funcionario público y también diferencias, como el hecho de que no se haya encontrado reflejo de pagos de López Madrid o sus empresas a la agencia de detectives de Villarejo.

El inspector jefe Gonzalo Fraga ha declarado durante la segunda sesión del juicio a López Madrid, Villarejo y un socio de este, Rafael Redondo, que responden del delito de cohecho por la contratación del comisario por parte del empresario en el conflicto personal que mantenía con la doctora Elisa Pinto. La acusación popular solicita seis años para el empresario y el policía jubilado y cuatro para Redondo.

Fraga comparecía a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que no presenta acusación porque considera que no hay prueba del encargo. El fiscal, Jorge Andújar, ha preguntado al inspector jefe de Asuntos Internos si el supuesto encargo a Villarejo por parte de López Madrid respondía al “patrón común” de otros trabajos que realizó ilegalmente el comisario. El policía ha respondido que había “elementos, documentos” que coinciden, pero que faltan otros como los de presupuestos o acerca de los medios empleados para satisfacer el encargo que no han sido localizados por la Policía. Tampoco el “informe tipo” que elaboraba Villarejo al principio de su trabajo.

Sin embargo, ha admitido Fraga, se han encontrado “bastantes anotaciones” en relación con los hechos que se juzgan. Entre ellas ha destacado una anotación del 4 de septiembre de 2013, al día siguiente de que conste la primera reunión entre López Madrid y Villarejo, en el que este último escribe “10 a cuenta”. “Es la anotación más significativa”, ha declarado el inspector jefe a preguntas del fiscal Andújar.

A preguntas de la abogada de Pinto, que ejerce la acusación popular, el policía ha respondido afirmativamente a la pregunta de si Villarejo utilizaba la letra “K” para referirse en sus documentos a los clientes, lo que ocurre también con López Madrid. No se encontró el documento habitual de presupuesto donde se reflejaba esa cantidad “a cuenta”.

Juicio por la contratación

El juicio en la Audiencia Nacional no entrará al fondo del asunto, que radica en las acciones de acoso y la agresión con un objeto punzante en el costado que sufrió en 2014 la doctora Pinto presuntamente a manos del comisario Villarejo, en presencia de uno de sus hijos, entonces de diez años. Esos hechos se juzgarán el próximo febrero en un Juzgado de lo Penal de Madrid y es allí donde policía y empresario se enfrentan a las penas más altas, 13 años de cárcel.

La pieza 24 del caso Villarejo se ciñe a la contratación del comisario por parte de López Madrid, cuando Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. En esa época, bajo el Gobierno del Partido Popular, Villarejo compaginaba los encargos a la brigada política contra la oposición con otros particulares de los que obtenía importantes beneficios, según acredita la investigación. Uno de esos encargos habría sido el de López Madrid, motivo por el cual la doctora Pinto acusa al empresario de cohecho activo –sobornar a un funcionario público– y al policía de cohecho pasivo –recibir dinero–. 

La Audiencia Nacional tiene en su poder desde octubre de 2023 un informe de la la Policía que incluye las grabaciones de tres conversaciones del comisario Villarejo con María Dolores de Cospedal en las que queda de manifiesto la implicación de la secretaria general del PP en las maniobras para sabotear la investigación judicial de la caja B del partido. Ni el anterior juez de la macrocausa contra Villarejo, Manuel García Castellón, ni el actual, Antonio Piña, adoptaron ninguna diligencia a partir del citado oficio policial, cuyo conocimiento ha sido hurtado estos dos años a las partes personadas en la pieza separada Kitchen.

Se trata del Oficio UAI (Unidad de Asuntos Internos) 3334/23 de 27 de octubre de 2023. En su página seis, el inspector jefe al frente de la investigación informa al juzgado de los audios que acompañan a su escrito. “La publicación consta de 18 carpetas, y en ella se incluyen todos los archivos de audio anteriormente subidos a la plataforma WeTransfer, otros que a continuación se enumeran, de los que se adjunta como Anexo 01 los denominados MDCospedal, para su adecuada valoración sobre su posible vinculación con los hechos objeto de investigación (pieza 7) por parte de su autoridad”. Esa valoración que solicita el policía nunca se hizo. 

El número 7 se identifica con la pieza separada del caso Villarejo conocida como Kitchen. En ella se investiga el sabotaje policial de la investigación judicial de la caja B del PP con cargo a los fondos reservados, unas maniobras acontecidas durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. La pieza será juzgada la próxima primavera. En el banquillo se sentarán un grupo de mandos policiales junto al secretario de Estado de Seguridad de la época, Francisco Martínez, y el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Para los dos políticos, la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de prisión. 

Quien estuvo brevemente imputada y escapó de la investigación y el banquillo fue María Dolores de Cospedal. En contra del criterio de los fiscales Anticorrupción, el juez García Castellón archivó la querella contra ella en julio de 2021. Aquella decisión también supuso frenar en seco los indicios que apuntaban a Mariano Rajoy, que nunca llegó a estar investigado. Al año siguiente, cuando El País reveló nuevos audios que incriminaban a la ex secretaria general del PP, el juez se negó a reabrir el caso contra ella porque esas grabaciones publicadas no formaban parte de la causa. Ahora se conoce que la Policía incorporó los audios con posterioridad al procedimiento y entonces el juez García Castellón tampoco los investigó. 

Uno de esos audios fue publicado por El País. En la grabación, la número dos del PP habla con el comisario el 13 de enero de 2013: “La libretita sería mejor poderlo parar”. Cospedal se refiere a los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, la prueba manuscrita de que el PP manejó una caja B durante al menos veinte años nutrida con dinero negro de los empresarios, tal y como han acreditado ya varias sentencias judiciales, y que todavía no había salido a la luz.

Tras más de dos años en un cajón, el pasado 13 de noviembre, por fin las partes tuvieron acceso al oficio de Asuntos Internos. Los abogados fueron obligados a leerlo en el propio Juzgado y no se le dio traslado del mismo, pese a no estar secretas las actuaciones. Una vez pudo consultar el informe, la representación del PSOE, que actúa como acusación popular, solicitó la declaración del inspector jefe que firma el oficio.

La declaración del policía se produjo finalmente el pasado 25 de noviembre. Durante la misma, el inspector jefe Gonzalo Fraga explicó cómo Asuntos Internos incorporó a su informe los tres archivos “por si pudieran tener relación y para que los valorara una autoridad judicial y fiscal”. “Esos archivos de audio se escucharon por mi equipo y se incorporaron en el anexo íntegramente. No me consta que exista una transcripción de los mismos en el procedimiento”, declaró el mando policial. 

El juez actual al policía: “¡La pieza está cerrada!”

El inspector jefe relató que eran tres audios de Cospedal con Villarejo, uno de una hora de duración y fechado en 2017, y dos del año 2013. Contó que la responsable política y el policía hablan de varios temas y entre ellos de algunos que se podían “referir a los hechos” de la pieza 7 o caso Kitchen. Antes de que pudiera extenderse más, el actual titular del Juzgado de Instrucción número 6, Antonio Piña, le interrumpió bruscamente. “¡No, no la pieza número 7 está valorada, enviada y cerrada!”, exclamó el juez, según un escrito que ha presentado la representación del PSOE. 

Los socialistas acaban de solicitar formalmente que Cospedal, López del Hierro y el Partido Popular, como persona jurídica, sean imputados en el caso Kitchen. “Se ignoró y se ignora deliberadamente y sin motivación alguna todas las pruebas de cargo que la Policía situó encima de la mesa de sus señorías y de la Fiscalía Anticorrupción relativas a la participación de la señora Cospedal en esta trama delictiva. No es una teoría conspirativa, tampoco una opinión, es desgraciadamente un hecho”, reza el escrito del PSOE.

En septiembre de 2022, al mismo tiempo que rechazaba reabrir la investigación contra Cospedal, García Castellón ordenó la apertura de una pieza nueva del caso Villarejo, la número 34, donde irían a parar el cúmulo de grabaciones publicadas por medios de comunicación, un canal de Telegram del ultra Alvise Pérez y las aportadas al propio juzgado por el empresario Javier Pérez Dolset, todas ellas realizadas por el comisario y cuyo contenido no ha sido nunca investigado. 

La única intención del juez era comprobar si todos esos audios figuraban entre el material intervenido a Villarejo –del que solo se ha desencriptado aproximadamente el 50%– o si se trataba de grabaciones que no estaban en la causa, según explicaba el propio García Castellón en su auto. 

La maniobra de García Castellón

Pero de la pieza número 34 nunca más se volvió a saber. Ninguna de las partes personadas en la causa han tenido acceso a esas grabaciones. Ahora, el escrito del PSOE plantea que la número 34 “no fue una pieza procesal sino una caja fuerte donde depositar aquello que no debía ver la luz”. Los socialistas hablan en su escrito de “una artimaña procesal para evitar la reapertura de la pieza separada 7 Kitchen o la apertura de una nueva para investigar estos hechos con claras apariencias de relevancia penal”.

El 18 de abril de 2024, García Castellón levantó el secreto sobre la pieza 34, pero el Oficio UAI 3334/23, donde los policías adjuntan los tres audios sobre Cospedal, “se excluyó del índice de la causa” y no se subió a la plataforma digital a la que acceden las partes personadas, según denuncia el PSOE. Solo una diligencia solicitada por los socialistas para prorrogar la investigación y que no prescribiera permitió aflorar el oficio policial el pasado mes de noviembre. 

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón a García Castellón en su negativa a reabrir el caso Kitchen pero dejó una puerta abierta a las revelaciones que pudieran surgir en el marco de la pieza 34. Sin embargo, los audios quedaron aparcados sin que llegara a ser valorado su contenido. “Estas expectativas de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, compartidas por las acusaciones, se han visto defraudadas por la inacción y ocultación realizadas tanto por el Juzgado de Instrucción como por la propia Fiscalía Anticorrupción”, dice el PSOE en su escrito. 

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se había negado a que sus subordinados recurrieran la negativa de García Castellón a reabrir el caso, pero la Sala de lo penal se tuvo que pronunciar por la petición de la acusación popular. El actual juez del caso, Antonio Piña, fue advertido de la “inacción y ocultación” en ocho escritos presentados por la acusación que ejerce el PSOE. “No hizo nada, salvo manifestar reiteradamente en la declaración prestada [por el policía de Asuntos Internos] que la pieza separada 7 estaba cerrada, pero sin valorar los posibles hechos nuevos que parecía desconocer”, añaden los socialistas. 

Tres conversaciones entre Cospedal y Villarejo

20 de enero de 2013. El contexto más amplio de esta conversación hay que buscarlo años atrás, en julio de 2009, fecha a la que se remonta la primera reunión entre el mando policial en activo y la número dos del PP. Villarejo acude a Génova para encontrarse con Cospedal y su entonces marido, Ignacio López del Hierro. Ambos le encargan “trabajos puntuales” y le prometen una remuneración. En ese momento no saben que los problemas que les han surgido por el caso Gürtel y la “imputación provisional” de Luis Bárcenas terminarían estallando con el encarcelamiento del tesorero del partido. 

El Mundo publica el 18 de enero de 2013 que “Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP”. Circula el rumor que la caja B del partido está recogida en “una libretita”. Dos días después, en la primera grabación que la Audiencia Nacional no ha investigado, la número dos del PP llama desde un teléfono fijo al policía, que está destinado en la Dirección Operativa de la Policía, y le dice que quiere esas anotaciones y que hay que “pararlas”. No lo consiguió. Unos días después, el 31 de enero, El País publica los papeles de Bárcenas y estalla el escándalo de corrupción más grave en la historia del PP.  

26 de abril de 2013. De nuevo, Cospedal evita los móviles. No es casual. Ella misma explica a Villarejo que no ha realizado la llamada antes porque “no tenía un fijo a mano”. Durante la conversación explica que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le ha entregado a ella antes que al juez del caso de la caja B un informe de la UDEF. “Me llama ayer por a noche diciéndome que voy a tener un día hasta que lo vea el juez”, afirma Cospedal al policía.

El comisario da cuenta a Cospedal de sus movimientos para abortar los avances del caso de la caja B. El presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, no puede estar entre los salpicados por el escándalo. Villarejo asegura haber estado con el inspector jefe al cargo de las investigaciones, Manuel Morocho, y con el jefe de este, el comisario José Luis Olivera, procesado en Kitchen y autor del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. “Estuve tomando una copa y luego se quedó José Luis comiéndole el tarro porque en el informe iba el nombre del presidente… No sé si sabes”, dice Villarejo. A lo que Cospedal responde que lo desconocía. 

Efectivamente, tres días después Morocho entrega el informe 39199/13. Solo aparece Rajoy de pasada: “Mariano Rajoy 2º trimestre” y “Trajs. Mariano”. Los apuntes de Bárcenas sobre el presidente no se desarrollan en el atestado policial. Morocho ha denunciado públicamente las presiones que sufrió durante su investigación de los casos Gürtel y PP. Lo ha hecho en sede judicial y en el Congreso de los Diputados. “Buscaban doblegarnos”, dijo en la Audiencia Nacional. 

12 de septiembre de 2017. Cuatro años después de los encargos para destruir el caso de la caja B, Villarejo sigue teniendo relación con Cospedal y el marido de ésta. El contexto ahora es el desafío independentista en Cataluña, pero Villarejo también está preocupado por su situación. Ya ha saltado su implicación en varios casos. El marido de Cospedal, para quien el PSOE vuelve a pedir la imputación, lo recoge y lo lleva hasta Cospedal, que ahora además de número dos del partido también es ministra de Defensa. “Yo hablo con quien tenga que hablar”, le dice Cospedal a Villarejo para su tranquilidad. 

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha realizado una defensa expresa de la actuación de Asuntos Internos de la Ertzaintza en la investigación del operativo del partido de Champions League en Anoeta entre la Real Sociedad y el PSG francés en el que una mujer, Amaya Zabarte, denunció haber recibido el impacto de un proyectil de 'foam' en la cabeza. Ante las críticas de la comisión de control y transparencia de la Policía, formuladas en su memoria bienal de 2023 y 2024 adelantada por este periódico, y en respuesta a una batería de preguntas parlamentarias de EH Bildu, Zupiria señala que Asuntos Internos, “tanto en ésta como en otras investigaciones, ha mostrado una voluntad de colaboración proactiva” y asegura que no puede hablarse de “obstáculo” a su decisión de no enviar sin autorización judicial toda la documentación del caso a este organismo externo, cuyo presidente es el magistrado Juan Luis Ibarra.

La comisión de control, un órgano relativamente nuevo e inexistente en otros cuerpos de España, emitió hace unas semanas se segunda memoria, correspondiente a los casos tratados en 2023 y 2024. Ibarra, además, compareció en el Parlamento y denunció igualmente falta de medios para realizar con diligencias las funciones que la ley encarga a este foro. Uno de los casos que tiene sobre la mesa es la carga de Anoeta, de principios de 2024. Es el expediente 3/24. En éste y en otros casos, la comisión afeó a la Ertzaintza falta de colaboración en las peticiones realizadas, lo que generó retrasos, y discrepa con la tesis de que haya que requerir a la autoridad judicial un mandamiento expreso para que Asuntos Internos entregue sus actuaciones.

Zupiria, en su respuesta al parlamentario Gorka Ortiz de Guinea, insiste en que “a quien corresponde determinar, de manera explícita verbal o escrita”, si se tiene que realizar la entrega de datos es al juez de cada caso. “Un planteamiento de diferente tenor, además de discutible jurídicamente, acarrearía una inseguridad jurídica a los actores policiales implicados”, sostiene la Policía sobre el criterio de un organismo cuyo máximo responsable fue durante dos mandatos presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Insiste Zupiria en que la comisión tiene la “obligación” de dirigirse al juzgado y “en buena lógica tiene que existir un pronunciamiento judicial que de manera individualizada pondere los hechos”. En este caso concreto, la magistrada instructora accedió a facilitar la documentación pero “estableció ciertos límites”. Si no se hubiese pasado ese filtro, la comisión habría “laminado” determinados derechos. El consejero insiste en que “comparte el criterio técnico” de Asuntos Internos para estos casos. E insiste en que la Ertzaintza es “proactiva” para colaborar con estos expedientes.

Es ya público que cuatro de los seis integrantes de la comisión de control serán relevados en breve, ya que agotan su mandato quinquenal. El presidente Ibarra, en cambio, continuará. En paralelo, en relación al caso de Zabarte, esta semana están previstas nuevas declaraciones en la investigación judicial, incluidos cinco ertzainas imputados. Inicialmente, la causa fue cerrada sin responsabilidades y se ordenó la reapertura tras un recurso de la familia de la víctima. La Ertzaintza siempre ha negado el uso de proyectiles de 'foam', a pesar de que Zabarte acabó en la UCI esa noche. Hay otras dos denuncias de lesiones de ese mismo día.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha enviado al Parlamento Vasco, en respuesta a iniciativas de EH Bildu y de Sumar, contestación a decenas de preguntas sobre la visita de Falange Española y de las JONS, el que fuera partido único de la dictadura, el pasado 12 de octubre a Vitoria, coincidiendo con la fiesta nacional de España. Las contramanifestaciones se saldaron con graves disturbios y hubo 19 imputados por desórdenes públicos, ninguno de ellos falangista. Un joven local denunció haber sufrido lesiones graves por la intervención policial. Un mes después, Zupiria reconoce que la Ertzaintza nunca llegó a cachear a los dos centenares de visitantes de la formación parafascista, a pesar de que se enfrentaron con palos y otros objetos contundentes cuerpo a cuerpo con los grupos antifascistas y a pesar de que había sospechas previas de que incluso portaran “armas”.

“Ante la posibilidad de que las personas asistentes portaran armas u objetos potencialmente peligrosos, se había previsto realizar un registro de sus pertenencias, [pero] no se pudo llevar a cabo a consecuencia de los actos violentos protagonizados por los asistentes a las concentraciones no comunicadas, que requirieron la participación de la totalidad de los efectivos policiales desplegados”, expone el responsable de Seguridad. Se refiere a contramanifestantes, a los que encuadra en grupos “alegales” y describe como personas “vestidos de colores oscuros, encapuchados y con sus rostros parcialmente ocultos”.

Los falangistas, unos 200, llegaron “en vehículos particulares” al centro de Vitoria sobre las 11.50 horas. Habían comunicado que se movilizarían a mediodía en la Plaza de la Provincia, junto a la Diputación. En su parte trasera hay un monumento en memoria de las víctimas del franquismo. El propio edificio fue sede del primer Ministerio de Justicia de la dictadura, desde donde se sentaron las bases del nuevo régimen represivo en ámbitos como el carcelario o los derechos civiles.

El Gobierno vasco estaba sobre aviso desde septiembre e insiste en que existe un derecho a realizar este tipo de actos sin necesidad de autorización alguna. Un mando de la Policía vasca conversó con un dirigente falangista 48 horas antes para conocer detalles de la concentración y “se acordó retomar la comunicación si surgía alguna cuestión relevante”. EH Bildu ha querido saber si se les recordaron los límites contra la exaltación de la dictadura de la normativa autonómica pero Zupiria se limita a apuntar que “se les plantearon las obligaciones generales” para toda entidad que quiera ejercer el derecho de reunión y manifestación.

La Ertzaintza “no realizó ningún tipo de acompañamiento previo” a la llegada de los falangistas al centro de Vitoria. En el exterior del aparcamiento de Juan de Ayala, donde estacionaron sus coches, había presencia policial “al objeto de proceder al registro y ocupación de posibles armas u objetos peligrosos”. Pero, como comenzaron los incidentes, la “totalidad” de los ertzainas tanto de la comisaría de Vitoria como de la Brigada Móvil y de la unidad de Vigilancia y Rescate fueron desplazados a otros puntos. “Los recursos del dispositivo de la Ertzaintza encargados de esa tarea fueron requeridos para hacer frente a los disturbios ocasionados por manifestantes de grupos alegales que habían convocado movilizaciones que no habían sido debidamente comunicadas. El inicio de los desórdenes públicos obligó al personal del dispositivo a mitigarlos y a evitar agresiones entre los colectivos enfrentados”, agrega el consejero.

Las imágenes de la jornada mostraron cómo, en todo caso, la línea policial de contención fue sobrepasada y que llegó a producirse un cuerpo a cuerpo entre personas de ambos bandos. El partido falangista se ha jactado en sus redes sociales en las últimas semanas de que fueron capaces de responder con contundencia. Los detenidos y posteriormente imputados fueron 19, todos ellos contramanifestantes. En esa lista está también la persona que ha denunciado que la Ertzaintza le causó lesiones aparentemente con un proyectil de 'foam', el material antidisturbios que se emplea en la actualidad.

Ahora mismo hay una investigación abierta de esta actuación, tanto de Asuntos Internos como de la comisión de control externa, pero, con anterioridad, la Ertzaintza contactó varias veces con esta persona -incluso yendo a su domicilio- para informarle de los cargos que pesaban contra él “por la presunta autoría de diferentes delitos” durante los altercados. Los heridos fueron dos entre los falangistas, el denunciante, un fotógrafo que acabó hospitalizado y veinte agentes, según los datos oficiales.

Zupiria expone que “varios” de los ertzainas intervinientes llevaban cámaras subjetivas en sus uniformes. Por lo tanto, “realizaron grabaciones” durante esa jornada y “están siendo objeto de análisis y estudio”. Asuntos Internos, por otro lado, investiga el origen de una noticia publicada en 'El Correo' sobre la presunta financiación de la contramanifestación, no así el propio despliegue, muy criticado incluso por los sindicatos policiales. El consejero sostiene que “la actuación de los ertzainak fue correcta dadas las circunstancias a las que tuvieron que hacer frente”, por lo que no caben mayores indagaciones.

Lo que sí recopila la Ertzaintza son datos sobre las “banderas, expresiones, cánticos y gestos” de Falange Española y de las JONS para que el Instituto de la Memoria (Gogora) pueda analizar si se contravino la normativa autonómica de memoria histórica. No obstante, se indica que tampoco en el momento se recogió ningún dato sobre los falangistas, más allá de denunciar al comunicante -en su momento se dijo que era el propio “jefe nacional” del partido, Norberto Pico- por vulneración de la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley mordaza'. Las actuaciones, eso sí, se iniciaron “con posterioridad” porque, durante la manifestación, donde se cantó el 'Cara al sol', por ejemplo, la Policía vasca estaba “inmersa” en otras labores, “en particular las agresiones que estaban sufriendo” los uniformados de manos de los contramanifestantes.

“Todo Ceuta sabe lo que pasa en el puerto”. La frase de uno de los detenidos en el contexto de la Operación Hades señala directamente a la connivencia de agentes de la Guardia Civil con las tramas de narcotráfico radicadas en la ciudad autónoma. Una decena de agentes aparecen como sospechosos a lo largo del extenso sumario de la causa, la mayoría con el teléfono pinchado. Cuatro de ellos han sido detenidos por recibir presuntamente pagos de entre 70.000 y 120.000 euros a cambio de hacer la vista gorda con los semirremolques cargados de droga que pasaban el control de la estación marítima de la localidad sin ser revisados.

Dos organizaciones criminales compartían según las investigaciones del Servicio de Asuntos Internos (SAI) una red de seguridad en el puerto ceutí, integrada por efectivos de la Compañía Fiscal y de Fronteras y de Aduanas que aseguraban el paso de grandes cantidades de la sustancia estupefaciente. Esta había sido traída previamente de Marruecos a través de la frontera del Tarajal y de un narcotúnel encontrado en febrero de este año —cuando ya se habían producido los arrestos— en una nave ubicada a pocos metros de la valla que separa España de su país vecino.

De las vigilancias realizadas por los investigadores se desprende que la droga permanecía pocas horas en la citada área industrial y pasaba después a otra nave situada en el puerto. Según los atestados, todo con la colaboración de empresas de transporte, congelados y hasta una conocida cadena de supermercados. El día señalado por los agentes corruptos, cuando a estos les tocaba trabajar juntos, las organizaciones cargaban la sustancia estupefaciente en semirremolques y cruzaban el puerto sin ser apenas revisados. Los vehículos, que según la investigación fueron vistos anteriormente en un hangar de Mairena del Alcor (Sevilla), contaban con dobles fondos para ocultar la mercancía ilícita.

Gracias a las pesquisas pudieron realizarse tres incautaciones. Las dos primeras, en junio y diciembre de 2023, superaron las cinco toneladas. Y la última, este enero, de 1.337 kilogramos. Sin embargo, la confesión de uno de los cabecillas confirmó que hasta la primera aprehensión, una de las tramas realizaba un pase exitoso al mes. Tónica que había logrado mantener durante un extenso periodo de tiempo.

El primer entramado

Este investigado, que se dedicaba a la exportación de tabaco de cachimba, por lo que viajaba frecuentemente a Marruecos, se sitúa a la cabeza del grupo criminal que aparece antes cronológicamente en las investigaciones. Según sus propias palabras, compartía las decisiones con el dueño de una agencia de viajes —al que se le encontró una pistola sin licencia en su domicilio— y con un tercero ahora fugado de la justicia, que sería el enlace con el propietario de la mercancía, un célebre narco marroquí que aparece frecuentemente en operaciones similares en Ceuta.

También con capacidad de decisión dentro de la organización, un primer camionero que era el encargado de pagar a los guardias civiles del puerto, en concreto a R.G.V (alias ‘Calambre), mecánico de la Compañía Fiscal y de Fronteras. Este repartía luego el dinero con sus compañeros A.A.A., R.A.C.P. (alias ‘Fanta’) y R.A.P., también detenidos, a los que cohesionaba para facilitar la acción de los narcos.

Como enlaces entre los presuntos líderes aparece un dúo constantemente retratado en las escuchas realizadas por la Guardia Civil, que había colocado un micrófono en el vehículo de uno de ellos. Dos varones con antecedentes por delitos varios —incluyendo contra la salud pública, conspiración para homicidio o tenencia ilícita de armas— que se dedicaban a labores de vigilancia y coordinación.

Los semirremolques los preparaba un mecánico sevillano en una nave de Mairena del Alcor, con la ayuda directa en este caso de al menos otras dos personas, una detenida y otra en busca y captura. Por último, un conocido transportista local era el encargado de llevar el camión ‘preñado’ —término coloquial que utilizaban para la introducción de hachís en su interior—hacia la provincia de Málaga, donde se produjo la primera incautación, el día 27 de junio de 2023.

Para esa operación, la Guardia Civil desplegó un control de carretera ficticio, para evitar que los supuestos implicados sospecharan de la investigación a la que estaban siendo sometidos. Esta maniobra permitió además comprobar la connivencia de varios agentes que estaban de servicio en el Puerto de Ceuta en la jornada de autos.

Tras aquel golpe, la organización cambió de método y en diciembre trató de pasar tres toneladas de hachís ocultas en el camión que traslada los animales muertos de Ceuta a la Península. Un método que creían infalible. “Nunca lo revisan”, decían los implicados, sabedores de que la localidad norteafricana carece de medios para abrir con seguridad un vehículo que por su contenido supone un importante riesgo biológico y que también carece de escáner. Además, este sistema permitía que no fuera necesario pagar a los guardias del puerto.

Lo que no esperaban es que uno de los agentes bajo sospecha a lo largo del sumario recibiría un chivatazo y lo comunicaría a sus superiores. Al camión ya lo estaban esperando en el momento del embarque y aunque no pudo ser abierto en Ceuta, solo permitieron que pasara hacia Algeciras para ser escaneado allí, donde encontraron el alijo.

Los agentes, nexo de unión entre tramas

Esta organización no volvería a operar, a pesar de intentar organizar un nuevo pase sin éxito, y la actividad quedó en manos de un segundo entramado, que tenía como nexo común con el anterior el uso del narcotúnel —descubierto después de las detenciones— y la connivencia de muchos de los mismos agentes que empleaba la primera agrupación criminal.

Especialmente señalado a lo largo del sumario, el ‘Calambre’ trataba con ambas tramas, reuniéndose con sus miembros según evidencian las vigilancias realizadas por Asuntos Internos. También sería el encargado de recibir el dinero y repartirlo con los otros compañeros compinchados.

Otro de los detenidos, A.A.A., agente destinado en la Aduana portuaria, fue también identificado en numerosos encuentros con otros investigados y señalado en conversaciones telefónicas. A estos hay que sumar hasta otros ocho agentes, seis de ellos nunca detenidos, pero sí ampliamente mencionados a lo largo del sumario por sus presuntas relaciones con las organizaciones.

El cártel de la familia de un diputado y funcionario de prisiones

Tanto ‘Calambre’ como A.A.A. cooperaban supuestamente con esta segunda agrupación criminal cuya actividad llegó a conocimiento de Asuntos Internos en mayo de 2024 gracias a una conversación escuchada en un pub de la provincia de Cádiz. En ella, el supuesto cabecilla del entramado presumía de estar en capacidad de introducir hachís desde Marruecos a Ceuta y después de poder pasarlo a Algeciras a través del puerto gracias a una serie de agentes sobornados. Solo le faltaba disponer de camión y conductor para ejecutar la operativa.

En ese punto, los investigadores decidieron infiltrar a dos efectivos. El agente encubierto ‘Noray’, que sería encargado de ofrecer a la trama los servicios de ‘Génova’, el segundo infiltrado, quien dispondría de un semirremolque de una empresa ya conocida por la organización para realizar el pase. Luego se incorporaría un tercero, ‘Mástil’, para conducir el camión cargado de droga.

Durante seis meses, ambos encubiertos participaron en las reuniones del cártel y descubrieron que estaba integrado por el diputado en la Asamblea de Ceuta y funcionario de prisiones, Mohamed Mohamed Ali Duas, del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), una formación localista que le ha suspendido de militancia, aunque él no ha entregado aún su acta. También por su hermano, transportista y teórico líder del grupo, que compartía atribuciones con un corredor de seguros muy amigo del agente A.A.A.

También colaboraban en la organización el sobrino del representante político y otras tres personas que fueron vistas en la carga y descarga del camión aprehendido el 30 de enero con 1.337 kilos de hachís en una nave de Villanueva del Trabuco. El semirremolque había llegado a las instalaciones la noche previa conducido por uno de los infiltrados. Hasta seis agentes encubiertos y presuntos narcos durmieron juntos en el mismo polígono industrial a la espera de vender la mercancía a un cliente francés el día de los arrestos.

Los miembros de este cártel fueron los primeros en caer como parte de la Operación Hades, que tuvo semanas después una segunda ronda de detenciones, elevando la cuenta de arrestados por encima de la docena. También aparecería en el mes de febrero, en concreto el día 19, un narcotúnel ubicado en el polígono de Alborán de Ceuta, cuya existencia fue revelada a la Guardia Civil por uno de los investigados, el exportador de tabaco. Actualmente, el hombre al que se achaca su construcción y uso se encuentra en busca y captura.

Un billete de 20 dírhams para señalar a los corruptos

La preparación del último traslado de droga, el que el 30 de enero acabó por explotar la operación, contó en su transcurso con un suceso singular. El agente encubierto ‘Noray’ exigió a la organización —que no solo le pidió el camión, sino que ejecutara los dobles fondos en su interior— que se practicara una prueba de seguridad para garantizar la fidelidad de los guardias civiles del puerto. Una maniobra que sirvió en realidad para poder identificarlos.

Manifestó el infiltrado esta exigencia a la trama en una reunión en un restaurante de Cádiz, cortando entonces un billete a la mitad y entregándoselo al corredor de seguros, quien debería dárselo a sus contactos policiales en la estación marítima. La idea era que el mismo ‘Noray’ o ‘Mástil’, el encubierto encargado de conducir el camión con la droga, pasaran días antes por el control de seguridad del puerto. En ese momento, los guardias corruptos entregarían de vuelta la mitad del billete, que debía coincidir con la otra en posesión del grupo criminal, para confirmar así su visto bueno a las condiciones planteadas. Por la prueba de seguridad el diputado Ali Duas, encargado siempre de los pagos a la Guardia Civil, abonó 10.000 euros. Por dejar pasar la carga, 120.000.

Así lo hicieron y fue ‘Mástil’ quien tras llegar a Ceuta con el semirremolque que luego se usaría en el pase, atravesó de vuelta el puerto con un coche sin la ITV en regla, deteniéndole ‘Calambre’. Este hizo como que revisaba el vehículo, dejando en el interior la mitad de un billete de dirhams —moneda de Marruecos—, un movimiento que confirmó así la existencia de connivencia policial con los narcos en el embarcadero ceutí.

Los agentes de la unidad de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra que investigaron la fuga de Carles Puigdemont el pasado mes de agosto han explicado a la jueza que centraron sus pesquisas tan solo en otros tres uniformados, sin incluir a ningún cargo político de Junts.

Así lo han señalado cinco agentes a la magistrada que investiga a los tres mossos por presuntamente colaborar en la huida de Puigdemont, según han indicado fuentes jurídicas. Antes de empezar las comparecencias, la jueza Maria Antònia Coscollola ha advertido a las partes de que relevar datos de unas pesquisas reservadas está castigado con multas de hasta 10.000 euros.

La fugaz aparición y fuga de Puigdemont en Barcelona del pasado 8 de agosto desembocó en un enfado del Tribunal Supremo y querellas varias de Alvise Pérez, Vox o Hazte Oír. La Justicia ha descartado por ahora imputar al antiguo conseller de ERC Joan Ignasi Elena y a su cúpula policial, como reclamaba la extrema derecha, y se centra tan solo en tres agentes.

Los mossos de Asuntos Internos (la unidad policial destinada a investigar a otros policías) han explicado a la jueza que, el mismo día 8 de agosto, recibieron el encargo de sus superiores de investigar a los tres mossos imputados, que ese día estaban de baja o de vacaciones.

En su declaración, los agentes han ratificado los informes que implican a los mossos imputados por ayudar a Puigdemont a evitar ser detenido tras su intervención, facilitándole el turismo con el que abandonó la zona del Arc de Triomf de Barcelona y llevando a cabo otras gestiones que permitieron que burlara a la policía.

Las pesquisas, por indicación de sus superiores, se limitaron a analizar varios vídeos de las cámaras de seguridad del centro de Barcelona en los que se veía a los agentes acompañar a Puigdemont.

Sin embargo, desde el momento inicial, la investigación no incluyó a ningún cargo político de Junts, han indicado los agentes. Temporalmente, además, las pesquisas se limitaron al día anterior a la aparición pública de Puigdemont y no se investigó si el expresident pudo llegar antes.

En el marco de la investigación desplegada por Asuntos Internos, no se tomó declaración a los agentes de paisano que estaban desplegados cerca del escenario del Arc de Triomf en el que Puigdemont se dirigió a sus fieles, uno de los cuales trató de perseguir al expresidente catalán en su huida, aunque sin éxito.

La falta de concreción de las pesquisas ha llevado a la entidad ultracatólica Hazte Oír, que ejerce la acusación popular del caso, a pedir una nueva batería de pruebas a la magistrada.

La asociación ha reclamado que comparezcan como testigos el president en funciones de la Generalitat el pasado mes de agosto, Pere Aragonès; el presidente del Parlament, Josep Rull; el exconseller de Interior Joan Ignasi Elena; el exdirector general de los Mossos Pere Ferrer y el exjefe del cuerpo Eduard Sallent (cuya testifical ya fue acordada por la jueza para el próximo 30 de junio).

En su informe del caso, Sallent admitió que los Mossos pensaron que Puigdemont intentaría entrar en el Parlament para asistir al pleno, como había anunciado, y no previeron la “maniobra de distracción” del expresident.

Pese a la falta de detalles, por ahora solo ha prosperado esta investigación que la propia policía catalana tras el fracaso de su operativo para detener a Puigdemont el día del debate de investidura de Salvador Illa. El expresident, que había prometido acudir al debate de investidura, se limitó a dar un breve discurso bajo el Arco del Triunfo para a renglón seguido subirse a un coche y huir de nuevo a Bélgica.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge atribuye ya la condición de investigado a Alejandro Salgado, alias 'El Tigre', al que la Policía considera el mayor narcotraficante español del momento. El magistrado cita Salgado a declarar en el marco de la causa judicial en la que está igualmente investigado Óscar Sánchez Gil, quien fuera jefe de la UDEF de Madrid y al que Asuntos Internos encontró 20 millones de euros escondidos en las paredes de su domicilio.

Salgado se refugiaba en Qatar de otra reclamación judicial en un juzgado de Algeciras. Llegó a ser detenido en 2022 pero las autoridades del país no autorizaron su entrega a España. Después de producirse la operación en la que fue detenido el inspector jefe de la UDEF y el supuesto máximo responsable de la organización en España, Ignacio T., Salgado podría haber salido de Dubái con dirección a Rusia.

Ha sido el abogado de Salgado quien solicitó personarse en la causa al conocer que en el sumario se incluían varios indicios contra él por liderar desde el extranjero la organización a la que se incautaron 13 toneladas de cocaína en el Puerto de Algeciras en noviembre pasado, a lo que siguió la detención del mando policial. La citación del Tigre es para el próximo 13 de mayo a las 13:00 horas, según consta en la providencia dictada ayer martes, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Alejandro Salgado aparece en comunicaciones aportadas a la causa y que fueron realizadas a través del sistema de telefonía encriptada Sky ECC. En una de ellas se puede apreciar cómo organiza presuntamente una introducción de cocaína en el puerto de Algeciras desde su refugio a miles de kilómetros. En Dubái, Salgado habría entrado en contacto con la élite de los narcotraficantes mundiales que huyen de la justicia de sus países en los Emiratos Árabes.

Precisamente su salida de Dubái se habría producido por desavenencias con el poderoso clan de los Balcanes, que le reprocharía la incautación del cargamento de droga en Algeciras y lo relacionaría con un soplo a la Policía. La UDYCO española recibió la información de la llegada de la droga de sus colegas colombianos y a través de una fuente original en Ecuador.

La organización desarticulada en esa operación contaba con la colaboración clave del inspector jefe de la UDEF, que introducía en las bases de datos policiales datos de los contenedores que contenían la cocaína para saber si eran investigados por sus compañeros o por otros cuerpos policiales.

Como en otras muchas investigaciones por narcotráfico ha sido clave la aportación de información procedente de los servidores encriptados, en este caso de Sky ECC. En la misma providencia por la que el juez cita al Tigre, Francisco de Jorge ordena a la UDYCO averiguar quién está tras la idetnidad de otros tres usuarios en clave de números y letras y un cuarto que se hace llamar 'Chinchón'.

La Fiscalía ha pedido seis años y medio de cárcel para el que fuera jefe de Antidroga para el Estrecho de Gibraltar David Oliva, teniente coronel de la Guardia Civil. por presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho. En concreto, por tratar supuestamente de obtener información sobre una investigación de Asuntos Internos en su contra por estar favoreciendo el narcotráfico a cambio de dinero.

En su escrito de conclusiones provisionales, recogido por Europa Press, la Fiscalía Antidroga pide que también se sienten en el banquillo de los acusados un subordinado y un teniente del Instituto Armado. Para el teniente solicita cinco años de cárcel por cohecho y revelación de secretos, mientras que para el subordinado pide tres años y seis meses de prisión únicamente por revelación de secretos.

El Ministerio Público sostiene que Oliva y el teniente trabajaron entre 2018 y 2022 en el Órgano de Coordinación contra el narcotráfico (OCON Sur), la unidad especial de la Guardia Civil creada en el año 2018 con la finalidad de luchar contra el especial incremento de la actividad de narcotráfico que en los últimos años se había detectado en la región del Campo de Gibraltar, en Cádiz.

“A partir del año 2011, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil empezó a recibir diversas informaciones que ponían de manifiesto que los acusados pudieran estar favoreciendo el narcotráfico a cambio de dinero”, apunta la Fiscalía.

“Con la finalidad de comprobar las informaciones referidas”, continúa el escrito, “el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil inició el 15 de noviembre de 2019 una investigación al respecto bajo el nombre 'Operación Varea'”.

“Buscaba su impunidad”

La Fiscalía sostiene que “con el fin de conocer el contenido de la investigación y articular su defensa para lograr la impunidad”, Oliva contactó con el teniente, que “prestaba sus servicios en la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil y estaba buscando la forma de obtener un destino profesional en la provincia de Cádiz por motivos familiares”.

Oliva, según el relato del fiscal, le ofreció “conseguirle un destino profesional en el OCON SUR, con sede en Castellar de la Frontera (Cádiz), a cambio de que” éste “le proporcionara toda la información que, sobre él, pudiera existir en las investigaciones que venía desarrollando el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil en el que estaba destinado”.

Antidroga asegura que ambos acusados eran “plenamente conscientes de la ilegalidad del ofrecimiento y de la contraprestación”. “La posibilidad de conseguir el traslado al OCON SUR, radicado en la provincia de Cádiz, estaba dentro de las facultades profesionales de Oliva quien, como comandante al mando del OCON SUR, podía proponer el destino en comisión de servicios de cualquier miembro de la Guardia Civil que reuniera las condiciones para el puesto”, añade.

Para cumplir su parte del acuerdo, relata la Fiscalía, el teniente del Instituto Armado “se descargó de los ordenadores centrales y bases de datos del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil toda la información que pudo encontrar sobre los otros dos acusados, a pesar de ser en todo momento consciente de la ilegalidad de su actuación, por tratarse de información reservada y secreta”.

Un puesto a cambio de información

“Una vez sustraída la información sensible y reservada, el teniente, ya en las primeras semanas del año 2022, hizo entrega de la misma, en un soporte digital, a Oliva y este, en cumplimiento del compromiso asumido”, propuso a su subordinado “para la comisión de servicios que habría de desarrollar en el OCON SUR, en Castellar de la Frontera (Cádiz), comisión de servicios que finalmente se aprobó y fue efectiva a partir del día 27 de enero de 2022 y que suponía una mejora en sus condiciones económicas”.

Oliva, según Antidroga, “hizo entrega de una copia de la información reservada y secreta recibida” a su subordinado, “a quien también afectaba la 'Operación Varea', siendo ambos acusados plenamente conscientes del carácter secreto y reservado de esa información y de la ilegalidad de su obtención y difusión”.

“Como consecuencia de la filtración y transmisión de la información reservada y secreta existente en las bases de datos sobre las posibles actividades delictivas desarrolladas en el ejercicio de sus funciones” por Oliva y su subordinado, “quedó frustrada toda investigación sobre los mismos”.

Eso, concluye el Ministerio Público, provocó el cierre de la 'Operación Varea' en enero de 2022, lo que supuso un grave perjuicio para el adecuado funcionamiento de la Guardia Civil.

La Ley establece que los delitos de cohecho en funcionarios públicos deben pasar por un tribunal del jurado. Los guardias civiles han planteado multitud de recursos pero la jueza de Parla que les investiga los ha rechazado. Falta que la Audiencia Provincial haga lo propio con el último para despejar la vía a la celebración de la vista oral.

Los agentes del instituto armado denunciaron un montaje de la Policía Nacional para vincularles con el denominado 'clan de los Ariza' que operaba en la Playa de Bolonia, en Cádiz. La Audiencia Nacional rechazó investigar esos supuestos indicios y los guardias civiles presentaron una querella contra el policía al frente de la investigación en un juzgado de Madrid. El magistrado la archivó pero con posterioridad, la Audiencia Provincial le obligó a reabrirla. Por el momento, esa causa sigue su curso.

La primera vez que se detuvo el perro fue junto a la cama del dormitorio. Uno de los policías levantó el canapé y el animal marcó una funda de rifle y unos edredones. Eran poco más de las 5.30 horas de la mañana del pasado 6 de noviembre y ninguno de los 13 agentes que participaban en el registro imaginaba que aquellos billetes eran una porción insignificante de los 20 millones de euros que iban a encontrar durante las 16 horas que duraría el registro en el domicilio del inspector jefe Óscar Sánchez Gil. 

La cifra de dinero incautado y el destino del policía, jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid, provocaron un escándalo dos días después, cuando trascendió el hallazgo. La escena de los agentes derribando paredes que escupían billetes pertenece a una trama donde ningún fotograma desmerece: muy lejos del chalé del policía en Villalbilla (al noreste de Madrid) el hilo de la misma organización conduce a un mar de plásticos verdes que envolvían 13 toneladas de cocaína incautadas en el Puerto de Algeciras, el mayor alijo de la historia de España. Y mucho más lejos, lleva hasta un español al que apodan ‘El Tigre’ y que se sienta a la mesa de los grandes capos internacionales de la droga que se refugian en Dubai. 

La versión oficial de la investigación dice que todo empezó con la información recibida acerca de un policía de nombre Óscar que colaboraba con una organización de narcotraficantes. La siguiente pista estaba en las propias bases de datos de la Policía. El fichero GATI está destinado a evitar duplicidades. Si una unidad abre unas pesquisas debe introducir ahí las matrículas de los coches de los sospechosos, un número de teléfono o el nombre de una empresa. También las matrículas de los contenedores que llegan a puerto. Si hay otra unidad que ha volcado el dato antes salta una coincidencia. 

Óscar Sánchez Gil utilizaba un par de investigaciones abiertas en su unidad como justificante para volcar ahí todos los datos de su organización: luz verde para el alijo si no había duplicidades y alerta roja para sus compinches si aparecía que les estaban ya investigando. Asuntos Internos comprobó que la UDEF de Madrid había introducido matrículas de 551 contenedores desde que Óscar Sánchez llegó a la unidad como jefe, en julio de 2020. Los contenedores son el medio por el que las bandas introducen la droga a través de los puertos. Antes de eso, la unidad dedicada al blanqueo y la corrupción en el ámbito de la Comunidad de Madrid no había introducido un solo dato acerca de un contenedor.

Vuelta al 6 de noviembre. Al chalet de Villabilla. Los agentes llegan a la buhardilla. En la parte alta de los trasteros hay 14 paquetes. En cada paquete hay diez bloques de billetes. De 500, de 200, de 100… Hace tiempo que ya se ha incorporado a la búsqueda un segundo perro de Guías Caninos. A las 13:42 se persona un policía con una máquina de contar billetes. Los perros andan desbocados.

Se suman al registro los policías del Grupo Operativo de Investigaciones Técnicas (GOIT). Si hay escondites ocultos cuentan con tecnología para descubrirlos. Pican las paredes de la buhardilla y allí, en una columna, aparecen nueve paquetes más. Tras el armario del hall de entrada, Óscar Sánchez y su mujer –policía nacional destinada en el grupo de familia y menores de Alcalá– han construido otro escondite. Más billetes. También hay en el cobertizo del jardín. Y en un macetero. En el techo del garaje, tras el plafón, aparecen nuevos fajos envasados al vacío.

A través del inspector jefe, la Unidad de Asuntos Internos y la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) habían llegado a Ignacio T., con antecedentes por narcotráfico. Se trata del número uno de la organización, al menos en España, según cree la Policía. En los informes aparece fotografiado en el aeropuerto de Barajas. Ha ido a recoger a José Ángel C., que viene de Dubái. Ambos se van a comer y son fotografiados por la Policía. José Ángel es un treintañero acusado de ser el cerebro de la compleja trama de blanqueo de dinero a través de sociedades, que también utilizaba el inspector jefe. 

La Fiscalía habla de “un campo de minas”

Óscar Sánchez había establecido alrededor de sus colaboradores lo que la Fiscalía Antidroga llama en su querella “un campo de minas”. Si alguien se acercaba estallarían. A Ignacio, a José Ángel y a José Luis L. R, el inspector jefe los había incluido en el fichero como “confidentes”. En 2021, un contenedor con 1.605 kilos de cocaína llegó al Puerto de Algeciras en dirección a una empresa de importación de plátanos en Campello, Alicante. El encargado de recoger la mercancía debía ser Jose Luis R. Nunca apareció por allí. Estuvo un año huido hasta que se entregó en un juzgado de Algeciras. 

Otro de los nombres que había incluido en el fichero el inspector Sánchez Gil era el de la empresa importadora Abadix Fruits. El matrimonio al frente se entregó esta semana por ser la receptora de las 13 toneladas incautadas en octubre pasado. Estaban hartos de huir y de que Miguel, de 58 años, tuviera que buscar en cada nuevo destino un lugar donde recibir su sesión diaria de diálisis. 

Aquel envío de 2021 que nadie pasó a recoger tenía detrás a un español que había pasado bajo el radar de las Fuerzas de Seguridad hasta entonces. El 10 de mayo de ese año, la Policía colombiana trasladó un cable a sus colegas españoles con la información que “una fuente humana” les había dado del cargamento de 1.605 kilos que nadie fue a recoger. “Detrás del contenedor está una organización criminal liderada por un ciudadano español de nombre Alejandro, conocido con el alias de Tigre, quien dirige las operaciones criminales desde Dubai”, decía la comunicación. 

Efectivamente, en los archivos policiales constaba un madrileño con antecedentes que ya ha cumplido 46 años. También le llamaban 'Don Máquina'. La Policía le situaba en varias operaciones antidroga, pero desconocía el ascenso en la empresa criminal que había experimentado Alejandro Salgado, un madrileño en la cuarentena y de buena familia, que cosecha una ristra de antecedentes y del que todavía queda por reconstruir su discreto camino a la cima del narcotráfico.

En la investigación a la trama del Tigre, Ignacio T. y el inspector jefe Sánchez ha jugado un relevante papel Sky ECC, el sistema de telefonía encriptado, que como ocurriera primero con Encrochat, fue intervenido por la policía francesa, originando la mayor crisis de la historia en el narcotráfico internacional. Un informe policial de los mensajes intervenidos a la organización muestra a Salgado dirigiendo en directo una operación de descarga de droga en el puerto de Algeciras desde Dubai, a 8.000 kilómetros de donde se estaba produciendo. “Coronado, Tigre”, le anuncia su interlocutor en el terreno cuando terminan.

La última vez que consta un viaje a España de Alejandro Salgado desde Dubai es 2019. En 2022 fue detenido en Emiratos Árabes en una lujosa casa donde se celebraba una fiesta. Las autoridades del país islámico son muy severas con el consumo y Salgado fue uno de los arrestados. La Guardia Civil lo publicitó como un éxito de la cooperación entre ambos países, pero a día de hoy no hay esperanza de que sea extraditado. Emiratos Árabes llena de trabas burocráticas cualquier entrega.

Salgado llevaba una vida de lujo, pero discreta en la capital del estado árabe, donde sigue tejiendo alianzas con otros líderes de organizaciones internacionales, según fuentes policiales. El juez Francisco de Jorge, que instruye la causa contra el grupo español, investiga su maquinaria para lavar “miles de millones de euros” de los beneficios del narcotráfico, tanto propios como de esas otras organizaciones con sus jefes escondidos en Emiratos Árabes.

Cuenta atrás para el mayor de los alijos

Uno de esos clanes, conocido como de los Balcanes, habría pedido explicaciones al Tigre por la pérdida de las 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, según publicó el medio especializado narcodiario.com. Lo que sigue es la cuenta atrás de la incautación de la droga y la caída del inspector jefe Óscar Sánchez Gil.

Diez días antes. Es 4 de octubre y el inspector jefe hace una foto con su teléfono oficial a lo que aparece en la pantalla de otro móvil. Se trata de un cuadro con códigos que identifican 16 contenedores, su “mercancía” –banana y piña– y las sociedades que las exportan. Entre esos 16 contenedores está el que tiene por matrícula TCLU1210545.

Queda una semana. Alguien entra en el fichero GATI e introduce el identificador de los 16 contenedores justificándose en el marco de una operación policial denominada Unagui, abierta en 2020. Aparece como titular de la operación el jefe de un grupo de la UDEF de Madrid, la unidad que dirige Óscar Sánchez Gil. 

Seis días antes. Los agentes de Vigilancia Aduanera en Algeciras habían bautizado una operación sobre unos contenedores con el nombre de ‘Sobotka’, por el protagonista de la segunda temporada de la serie The Wire, ambientada en el puerto de Baltimore. El sistema alerta de que uno de esos contenedores ha sido introducido en la base de datos por la UDEF de Madrid. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado acuerda que ambas investigaciones pueden seguir por separado.

A 72 horas. El 11 de octubre, viernes, los agentes de Vigilancia Aduanera utilizan en secreto un escáner móvil que han bautizado como ‘Medusa’. El artilugio realiza “reconocimientos no intrusivos”, lo que evita que los narcotraficantes conozcan las sospechas sobre un determinado contenedor. Parece que el que lleva la numeración TCLU1210545 no solo contiene piñas. Será necesario abrirlo. 

El día del alijo. Es 14 de octubre. Las piñas viajan en cajas de cartón de 20 kilos. En su interior se descubren 11.525 tabletas recubiertas de plástico verde. Son 13.062 kilos de clorhidrato de cocaína.

Esa misma tarde, el inspector jefe Óscar Sánchez tiene en su poder un vídeo de los funcionarios de Vigilancia Aduanera inspeccionando el cargamento de cocaína. Uno de sus subordinados le llama para informarle. Sánchez quiere saber si el importador es una empresa llamada Abadix Fruitx, radicada en El Campello (Alicante). 

Poco antes de las siete de la tarde, el inspector jefe logra hablar con un responsable de Vigilancia Aduanera en Madrid, que le confirma que Abadix en la destinataria del contenedor con la droga. El policía había dado de alta una investigación con el nombre de la sociedad y nadie le había avisado de que iba a estallar la operación. 

El responsable de Vigilancia Aduanera le explica que su enlace en Colombia ha recibido una información procedente de Ecuador y que han tenido que actuar, que sus compañeros de Algeciras tampoco le habían informado, se disculpa. “Lo que pasa es que yo no sabía ni que estaba propuesto para revisión, ni hostias, ni nada”, se enfada el policía.

Sánchez Gil habla a su vez con Ignacio T., el líder de la organización en España. “¿Qué hacemos?”, le pregunta al policía su interlocutor. “Nada, esperar”, responde él. A las 5:30 de la madrugada del 6 de noviembre sonará el timbre de su casa en Villalbilla. Son sus compañeros de Asuntos Internos y la Udyco. Sánchez Gil no se inmuta. No llama la atención ni siquiera en una situación así. Sus compañeros lo apodaron 'El Anodino'. Entre los 20 millones de euros en billetes apareció uno de 50 que ha resultado ser falso.

El coronel de la Guardia Civil retirado Francisco García Santaella ingresó el pasado 3 de diciembre en el módulo de seguridad de la cárcel de Estremera, en Madrid, para cumplir una condena de siete años y dos meses por tráfico de drogas y cohecho. Fin de trayecto para una causa que arrancó en 2014, cuando un guardia civil de Antidroga, entre horas y horas de pinchazos telefónicos, reparó en la alusión que unos narcotraficantes hacían a un tal “Padre”. En abril de 2015, elDiario.es desveló que un juez de Granada investigaba en secreto al coronel Santaella. Horas después, Santaella era destituido del puesto que ocupaba en la Dirección General de la Guardia Civil.

La suerte del coronel estaba definitivamente echada desde que el pasado septiembre el Tribunal Supremo rechazara el último recurso del coronel contra su condena por la Audiencia de Granada. El ingreso en la cárcel de Santaella es el paradigma de las dificultades para que un uniformado, más aún si detenta alto rango y está condecorado, pague por los delitos cometidos, de sobra acreditados en su caso.

Las sospechas de corrupción se cernían en la propia Guardia Civil sobre Santaella desde los años 90, pero para que su historia haya acabado en prisión se ha dado por el camino una absolución en primera instancia que produjo “cierto sonrojo”, según la calificó el Tribunal Supremo. También un ejemplo de corporativismo y posible encubrimiento de otros mandos y amigos que derivó en un enfrentamiento encarnizado en el seno del instituto armado. Pese a su cese en 2015, Santaella gozó de residencia oficial hasta su procesamiento, dos años después. La publicación de su imputación, cuando aún la causa estaba secreta, abortó su ascenso a general. Tres meses antes de su imputación había vuelto a ser condecorado.

El principio del fin de Santaella comenzó a escribirse el 12 de noviembre de 2014. Ese día, agentes del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Drogas (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil en Granada escuchaban la conversación que mantuvieron por teléfono dos presuntos traficantes a los que investigaban con autorización judicial. Se quejaban de que los “intermediarios” no valoraban el riesgo de la operación de introducción de hachís por la costa que planeaban y de que “los chicos” solo pensaban en “la ganancia”. En un momento dado, comentaron: “El Padre nunca nos ha pedido por adelantado”.

El comentario hizo saltar un resorte en la mente de los investigadores. Tres días después, los dos narcos fueron detenidos y revelaron la verdadera identidad de “Padre”. Se trata del comandante García Santaella, quien fuera jefe de la Policía Judicial e Información en esa Comandancia casi una década antes.

La sentencia del caso estableció que el coronel colaboraba con la introducción de hachís por la costa de Granada y que entre 2005 y 2006 recibió 360.000 euros por ello.

Pese a las abrumadoras pruebas contra García Santaella, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial le absolvió. Los tres jueces de Granada alegaban que el delito había prescrito. Según ellos, no se podía aplicar el tipo “superagravado” que ampliaría el plazo de prescripción a diez años entre la comisión del mismo y la apertura de una investigación judicial. ¿Por qué? La jurisprudencia del Supremo establece en más de 2.000 kilos la cantidad aprehendida para aplicar este tipo, pero el tribunal de Granada consideró que las cuatro toneladas encontradas en una “guardería” –costo 'apaleao', de mala calidad– no se podía contabilizar como tráfico de drogas porque estaban destinadas a su incautación por la Guardia Civil.

La Fiscalía y la acusación popular, que ha ejercido la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), recurrieron y el caso llegó a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La ponencia recayó en Andrés Martínez Arrieta, el juez que sentó en el banquillo hace 40 años a los policías que mataron a Santiago Corella, 'El Nani'. “Causa cierto sonrojo declarar probado que la tercera entrega de la droga, la de los 4.000 kilogramos, era un 'regalo' al Estado, del que nunca podría obtener ningún beneficio, tratándose de una conducta enmarcada en una operación de narcotráfico”, resolvió Martínez Arrieta en el caso del coronel Santaella. Con el fallo del Supremo, los jueces de Granada volvieron a redactar la sentencia y, esta vez sí, condenaron al coronel. Su recurso al Supremo se volvió a encontrar en septiembre pasado con el rechazo del Alto Tribunal.

El objetivo 'Angola' y las resistencias internas

La investigación al coronel Santaella fue obra del EDOA de la Comandania de la Guardia Civil en Granada y del Servicio de Asuntos Internos (SAI) del instituto armado. Pero estos últimos no siempre tuvieron la colaboración de sus jefes. La investigación a Santaella puso de manifiesto el encubrimiento del que se había beneficiado. Un antiguo jefe del SAI, el coronel Francisco Ortiz Clavero, fue llamado a declarar como investigado por no haber elevado dos informes que ya en 2006 y 2008 advertían de los indicios contra Santaella. Ortiz Clavero culpó de que no prosperara una investigación contra Santaella al teniente general Solís, su superior entonces, quien nunca fue imputado.

elDiario.es tuvo acceso a una nota informativa del Servicio de Información de la Guardia Civil con fecha de 20 de diciembre de 1990. Su destino, la Dirección General de la Guardia Civil. Bajo la clasificación de “confidencial” relataba “posibles actividades irregulares de un capitán”. En ese documento se enumeraban las adquisiciones de García Santaella, al que los investigadores se referían con el alias de 'Angola', desde que en septiembre de 1988 fuera destinado a Tráfico en la Comandancia de Málaga: una moto de gran cilindrada, un turismo, otro vehículo de alta gama (un Mercedes que aseguraba había traído de Alemania), un terreno cerca de la carretera con Córdoba, inversión en una empresa de construcciones y una entrega de tres millones de pesetas como anticipo para dos pisos de una cooperativa.

Conclusión de aquella investigación, bautizada como 'Operación Al Capone': “No es descartable que las actividades del referido capitán tengan por finalidad real el servirle de cobertura para el caso de aparecer involucrado en un servicio de drogas, obteniendo mientras un servicio económico”. El informe es la prolongación de una nota del 22 de enero de 1991 en el que se revelan otras sospechas contra Santaella: “Apropiación del dinero recuperado de un atraco y sustracción de dinero utilizando la tarjeta de cajero automático de un detenido”. Han tenido que pasar 35 años desde aquella primera investigación para que el coronel García Santaella haya ingresado en prisión.

La Policía Nacional ha detenido a seis personas presuntamente vinculadas a la operación contra el narcotráfico en la que fue arrestado el exjefe de Delitos Económicos de la Brigada provincial de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid, Óscar S.G, quien supuestamente cobraba un millón de euros por facilitar la entrada de cargamentos de droga en España.

Los arrestos se han producido en la segunda fase de la operación dirigida por la Audiencia Nacional contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales y el cohecho, según ha avanzado ‘ABC’ y han confirmado a EFE fuentes policiales.

De estos seis detenidos tres han pasado a disposición del juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, quien les ha enviado a prisión por un presunto delito de blanqueo, han informado a EFE fuentes jurídicas.

El inspector fue arrestado en noviembre junto a su mujer, también agente de policía, en una primera redada en la que en total fueron detenidas 15 personas.

Previamente había sido detenida su cuñada, que era la titular de las 70 licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) con las que presuntamente el entramado lavaba el dinero procedente del narcotráfico.

En total han sido detenidas 22 personas vinculadas a la supuesta trama de blanqueo de capitales.

En los registros practicados por Asuntos Internos se hallaron 20 millones de euros escondidos en la casa del inspector de Alcalá de Henares (Madrid) y casi otro millón escondido en su despacho de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

El juez decretó prisión provisional para todos ellos en una causa presuntamente relacionada con la intervención en el puerto de Algeciras de trece toneladas de cocaína procedentes de Ecuador, el mayor alijo descubierto hasta la fecha en la historia del narcotráfico en España.