Una investigación de Asuntos Internos provocó el fin del operativo especial de la Guardia Civil en El Estrecho

La muerte de dos guardias civiles el pasado viernes en Barbate (Cádiz), embestidos a propósito por una lancha de narcotraficantes, ha incorporado a la confrontación política una decisión que el Ministerio del Interior adoptó hace 16 meses y que apenas tuvo eco entonces en los medios de comunicación nacionales, el desmantelamiento del dispositivo especial de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en El Estrecho, OCON-Sur. 

El Partido Popular y las asociaciones de guardias civiles han puesto el foco en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Llegan hasta él partiendo de la premisa de que el dispositivo especial de 150 agentes de OCON-Sur desmantelado en octubre de 2022 les habría hecho desistir de resguardarse del temporal el pasado viernes en el puerto de Barbate, a la espera de salir al mar a por cargamentos de droga. 

Desde el Ministerio del Interior defienden que la eliminación de OCON-Sur fue una simple reestructuración para optimizar los recursos y que los utilizados en la lucha contra el narcotráfico no han dejado de crecer, antes y después del dispositivo especial de guardias civiles. Pero esta versión obvia el motivo que desencadenó dicha reestructuración, la investigación judicial al teniente coronel al frente del dispositivo especial, David Oliva.

“Ministro, esto va a saltar”. El mensaje trasladado a Fernando Grande-Marlaska en octubre de 2022 por los responsables de la Guardia Civil motivó la desmantelación de OCON-Sur para disgusto de las asociaciones locales de la lucha contra la droga en el Campo de Gibraltar. La decisión última fue del ministro, que se plegó a la recomendación de la cúpula de la Guardia Civil. 

La idea del dispositivo especial para la zona empezó a gestarse en el instituto armado en tiempos del Gobierno del PP y se materializó con el cambio de Gobierno, según explican fuentes del instituto armado. Las aprehensiones crecían, acompañadas de sus correspondientes notas de prensa, y en los comicios de 2019, el PSOE designó a Marlaska candidato al Congreso por la provincia de Cádiz. El Plan Especial del Gobierno para la zona, en el que se enmarcaba OCON-Sur, era la mejor carta de presentación de Marlaska en campaña. En los apenas cuatro años que estuvo desplegado, el dispositivo sumó más de 10.000 detenciones y la incautación de 1.400 toneladas de droga. 

La penetración del narco en todas las capas de la sociedad y los conatos de atentados a los agentes del orden estuvieron en el origen de la reacción del Ministerio del Interior en 2018. La Guardia Civil reclutó a 150 agentes para el dispositivo especial: especialistas en seguimientos, captación de fuentes, con experiencia frente al narcotráfico… La mayoría procedían del sur de España y muchos conocían la zona. 

Entre los designados había un número considerable de “gente de Oliva”, el teniente coronel ahora imputado con una larga trayectoria de éxitos contra el narcotráfico. La sola idea de la creación del OCON ya había despertado recelos en otras unidades especializadas de la Guardia Civil y en la Policía Nacional, enfrascados ambos cuerpos en una rivalidad por quién suma más detenidos e incautaciones. 

A esas suspicacias hay que añadir que los agentes destinados en OCON podían ganar hasta 18.000 euros anuales más que en sus anteriores destinos por el pago de dietas. “Trabajaban siete días a la semana, 24 horas al día. Había un entusiasmo y un empuje que recordaba a los tiempos de la lucha contra ETA”, resume un agente conocedor del dispositivo. El perfil de Oliva, admirado, casi idolatrado, por unos; y detestado por otros, por su carácter hosco y por el modo en el que, denuncian, llevaba sus investigaciones al límite, no hacían sino contribuir a la polémica interna. 

Pero esos desencuentros no provocaron que se repensara la existencia del OCON hasta la investigación a su teniente coronel. Cuando se desmanteló el dispositivo hace tiempo que la investigación de Asuntos Internos era un rumor extendido. La decisión de Interior se ejecutó en octubre de 2022 y en diciembre, dos meses después, Asuntos Internos realizó una primera fase de la operación, con registro y detención de uno de los tenientes al mando de Oliva. Hasta abril de 2023 no trascendió la imputación de Oliva y algunos detalles de las pesquisas.

El origen del caso contra el teniente coronel es un atestado de la unidad antidroga de la Policía Nacional de septiembre de 2021 que vincula a Oliva con el clan de los Ariza, unos narcotraficantes que operarían en la playa de Bolonia (Tarifa), popular entre los turistas por su imponente duna de arena blanca. Oliva y dos tenientes a su cargo continúan a día de hoy imputados por cohecho y revelación de secretos en un juzgado de Parla (Madrid). 

La acusación judicial no tiene que ver con la supuesta relación de los agentes con los narcos sino con la obtención de información por parte de Oliva acerca de la investigación que llevaba contra él Asuntos Internos, con la presunta ayuda de un teniente destinado allí y al que habría recompensado con un puesto en el OCON. La sustracción de la información de la sede de Asuntos Internos se cometió en la sede que el Servicio tiene en la localidad madrileña de Valdemoro, próxima a Parla, y por eso, un juzgado de esta localidad se ha terminado haciendo cargo de la investigación tras un conflicto de competencia con la Audiencia Nacional. 

“Con el OCON, la situación no estaría descontrolada y las lanchas no habrían estado ahí el viernes. Y si esas gomas no hubieran estado ahí, el coronel de Cádiz no tendría que haber pedido que entraran a echarlas en condiciones muy adversas”, asegura otro agente sobre la muerte de dos de sus compañeros, uno adscrito al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el otro miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR).

La Voz de Cádiz ha publicado que la decisión última de que la pequeña lancha de los GEAS se echara al agua fue tomada por el capitán del Servicio Marítimo destacado en Barbate con la única intención de disuadir a los ‘narcos’ para que abandonaran el muelle de Barbate. Las narcolanchas no llevaban cargamento pero su sola posesión o uso es un delito desde 2018. En cualquier caso, la consigna no era practicar detenciones o abordarlas con los medios que se disponían. El resto de embarcaciones o estaban fuera de servicio por averías o no podían llegar a la zona a causa del temporal. 

Nadie contaba con que una de las potentes narcolanchas enfilara en línea recta contra la zodiac y la embistiera. Una jueza de Barbate ha decretado el ingreso en prisión provisional de los seis ocupantes acusados de dos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado agravado, un delito de contrabando y un delito de resistencia grave a la autoridad. Han quedado en libertad con cargos el padre y el hijo que acudieron a su encuentro en una playa de La Línea. 

Desde el Ministerio del Interior defienden que el fin de OCON-Sur no supuso una merma de efectivos y medios sino una reestructuración “para integrar a sus integrantes en las unidades territoriales de Policía Judicial”. Eso implicó que las competencias del dispositivo especial regresaran a las comandancias y sus unidades de Policía Judicial. El pleno del Senado debatirá y votará la reprobación del ministro Marlaska, una más, que saldrá adelante solo con la mayoría del PP. Si Podemos se suma en el Congreso, el ministro también podría ser reprobado por la Cámara baja. Los votos de Vox están garantizados. 

La visita de Feijóo

Desde el viernes, cualquier explicación en profundidad ha sucumbido a la tentación política de atribuir la muerte de los guardias a un error político. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se desplazó a Barbate el lunes para responsabilizar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al Gobierno en general, por no haber declarado la zona de “especial singularidad”, lo que conllevaría, entre otros extremos, mejores retribuciones para los agentes y más medios materiales y humanos.

En su intervención, Feijóo confundió varias veces la implantación de un “plan especial” de seguridad, que ya existe y está operativo desde 2018, con el de “zona de especial singularidad”. También afirmó que el programa del PP ya proponía de forma “específica” esto último. En realidad, el texto de su partido decía: “Analizaremos la posibilidad de declarar zonas de especial singularidad como el Campo de Gibraltar”. El resto de partidos ni hicieron mención en sus programas. 

La pregunta que surge es si con OCON-Sur o sin él, y con todo ese volumen de arrestos e incautaciones, se desincentiva el narcotráfico. Los partidarios de despenalizar el tráfico de hachís creen que se trata de intentar poner puertas al campo, pero incluso con la legalización del cannabis y sus derivados surge otro problema: la utilización del Estrecho como ruta de entrada de la cocaína a Europa. 

La Fiscalía denuncia falta de medios

La Fiscalía Antidroga de Andalucía alertó en su última memoria de que en 2022 habían bajado a la mitad sus incautaciones y que eso se debía a “una menor presión policial”, en referencia a la desaparición de OCON-Sur. Algunas voces de la Guardia Civil replican que es responsabilidad de la Fiscalía y los juzgados que las operaciones policiales, con decenas de detenidos y toneladas de droga aprehendida, no acabe en altas condenas. 

En la misma memoria, la propia Fiscalía Antidroga de Andalucía advertía igualmente: “En la situación actual de los Juzgados del Campo de Gibraltar, el colapso ha alcanzado cuotas muy altas, que no se pueden manejar laboralmente”.

La polémica suscitada hizo que el Gobierno facilitara ayer la implicación de cada Ministerio en la zona. Según Moncloa, se han creado doce nuevos juzgados en la provincia de Cádiz desde 2018, dos plazas en la Audiencia de Cádiz con sede en Algeciras y diez plazas de fiscales y otras siete más para 2024. 

La Fiscalía añade en su memoria anual: “La investigación no cuenta con los medios adecuados, incluida la seguridad de sus miembros y la especialización de jueces, magistrados, fiscales, letrados judiciales y funcionarios”. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dijo este miércoles en Onda Cero que Interior no informó al Ministerio Público del desmantelamiento de OCON-SUR

'Los Castaña', el paradigma

El caso paradigmático es el del clan de los Castaña, juzgado a consecuencia de una gran operación del OCON-Sur, desarrollada entre febrero y septiembre de 2020. El mes pasado, Antonio Tejón, su líder, fue condenado a seis años de cárcel, lejos de la pena a la que aspiraba la Fiscalía, que solicitaba 15 años de reclusión para él. De los 150 acusados, 46 fueron absueltos y la Fiscalía pactó penas menores de las que solicitaba antes del juicio y una veintena no llegaron a sentarse en el banquillo. 

En ámbitos judiciales se viene demandando desde hace tiempo la transferencia de estos grandes casos de narcotráfico en El Estrecho a la Audiencia Nacional, cuestión que llevó Núñez Feijóo a su intervención en Barbate donde pidió la dimisión de Marlaska. El tribunal especializado solo es competente si se demuestra que el tráfico de drogas investigado afecta a varias regiones. El del Estrecho, pese a que su destino final desborda en muchas ocasiones las fronteras españolas, no es asumido por la Audiencia Nacional.