La Fiscalía alertó en su última memoria sobre el “colapso” de los juzgados del Campo de Gibraltar por los narcos

La muerte de dos guardias civiles tras ser arrollados con una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) ha vuelto de nuevo todas las miradas sobre el Campo de Gibraltar. La comarca, ubicada en el extremo sur de Andalucía, lleva décadas arrastrando el estigma de ser uno de los epicentros del tráfico de drogas en la península. Una realidad a la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces y fiscales hacen frente con “un esfuerzo incansable”, pero con una endémica falta de recursos materiales y personales que, en el ámbito de los tribunales, tiene a los juzgados en una situación de “colapso”. 

Es parte del diagnóstico que realizó en su última memoria la Fiscalía Especial Antidroga, que advertía de que el narcotráfico y la delincuencia organizada son fenómenos que se extienden rápidamente y requieren “una respuesta urgente, no solo policial sino también desde la organización judicial”. En ese análisis, plagado de datos sobre causas abiertas, incautaciones y operaciones, el Ministerio Público alertó sin medias tintas de la comprometida situación en la que se encuentran los juzgados de la comarca, que incluyen los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque. 

“En la situación actual de los Juzgados del Campo de Gibraltar, el colapso ha alcanzado cuotas muy altas, que no se pueden manejar laboralmente”, recoge ese documento, publicado el pasado septiembre. De hecho, la memoria destaca que en la comarca es “cada vez más común” el inicio de investigaciones sobre “verdaderas organizaciones criminales” que no se pueden investigar como tales por la dificultad de tramitar las pesquisas. 

Una situación, afirma la Fiscalía, que también da lugar a “fracasos” como el ocurrido hace unos meses en el juicio contra el clan de Los Castaña, una de las principales tramas vinculadas al narcotráfico en el Estrecho. De los 15 acusados, sólo uno resultó condenado, tras un “tedioso procedimiento” que duró más de cuatro meses. El Ministerio Público señaló que había faltado “una prueba total y absoluta para determinar la acusación”, según contó El País. 

Un “cuello de botella” judicial

La Fiscalía denuncia un “cuello de botella” en el plano judicial con un “volumen” y “magnitud” de procedimientos que hacen que para los cuatro fiscales antidroga que trabajan en la comarca sea “inasumible” llevar los procedimientos como “verdaderamente” les gustaría, con un “mayor control” sobre los mismos. Por ejemplo, en lo relativo a las intervenciones telefónicas de los encausados, que son una prueba fundamental en muchas causas. En los últimos años se ha detectado, además, que estas organizaciones criminales no sólo se dedican al tráfico de hachís, sino que también trafican con personas migrantes a las que ofrecen trasladar el hachís como “billete” para entrar en España. 

De los cuatro fiscales citados, que asumen todas las causas de droga de los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque y también los juicios posteriores, sólo la fiscal delegada tiene exclusividad en la materia. Los otros tres compaginan los asuntos de drogas con la asistencia al Juzgado de Violencia de Género o las incidencias que puedan surgir sobre otras materias penales, civiles e incluso sociales. 

La fiscal Ana Villagómez, delegada autonómica en materia antidroga, puso voz a esta situación el pasado viernes en varias entrevistas. “La lucha es totalmente desigual. Ellos [los narcos] tienen todos los medios a su disposición y la Guardia Civil no cuenta con medios similares para combatirlos, está en absoluta inferioridad. Además, el problema es que hay muchas operaciones policiales que acaban en un cuello de botella en los juzgados por un sistema procesal del siglo XIX. Los procedimientos se eternizan y no hay una respuesta inmediata, que es lo que realmente operaría unos efectos de prevención”, dijo en una entrevista a la agencia Efe.   

La jueza Cristina Meré, titular de un juzgado mixto de La Línea, hace hincapié en la falta de medios materiales y personales para afrontar la lucha contra el narcotráfico que sufre esta zona. “No deja de ser un pueblo que tiene un crimen organizado bastante elevado y complejo, pero con los medios de un juzgado mixto de pueblo”, afirma. Y alude especialmente a las carencias en el ámbito policial. “Les faltan medios materiales. Hemos visto, por ejemplo, que sus embarcaciones rápidas no están al mismo nivel que las narcolanchas”, añade. 

Meré sostiene que la fuerte carga de trabajo que sufren los juzgados de la zona no es diferente a la de otros territorios, aunque el Campo de Gibraltar sí tiene la particularidad de tener que hacer frente a operaciones complejas que añaden saturación. Todo ello, además, con juzgados mixtos (civiles y penales) que tienen que atender una diversidad de asuntos y con la particularidad de que es “un sitio de primer destino” y con una alta rotación. “Cuando llegué, mi juzgado tuvo adscritos tres fiscales en un mes”, dice esta jueza, que afirma que todos los juzgados de La Línea y San Roque están compuestos por jueces de las últimas promociones, como es su caso. 

La competencia de la Audiencia Nacional

La muerte de dos guardias civiles en Barbate también ha reabierto el debate sobre las “limitadas” competencias de la Audiencia Nacional, que sólo asume las grandes causas sobre tráfico de drogas si son interregionales. Esto es, si los posibles delitos despliegan efectos sobre varias provincias. Pese a lo que se suele pensar, la mayoría de los casos más relevantes de narcotráfico, los relativos a organizaciones que disponen de recursos financieros y manejan mayor volumen de sustancias estupefacientes, no se investigan en la Audiencia Nacional. “Y, por tanto, la investigación no cuenta con los medios adecuados, incluida la seguridad de sus miembros y la especialización de jueces, magistrados, fiscales, letrados judiciales y funcionarios”, sostiene la Fiscalía. 

Esto provoca que muchas de esas causas sean asumidas por los juzgados mixtos (civiles y penales) de las ciudades costeras gaditanas, que se caracterizan por una alta rotación de profesionales, que además suelen recalar en esos destinos en el inicio de sus carreras, como decía la jueza Meré. A este respecto, la memoria de la Fiscalía destaca que esas macrocausas o causas complejas exigen una atención y seguimiento –por ejemplo, en lo relativo a las autorizaciones y seguimientos de las medidas tecnológicas de investigación– que son “imposibles de compatibilizar con las tareas de un juzgado mixto”. 

También apunta a que mientras no se modifique el sistema procesal penal se debería abordar “con urgencia” un cambio en la definición de las competencias de la Audiencia Nacional en materia de narcotráfico, para atribuir al tribunal especial la investigación y enjuiciamiento de las grandes causas transnacionales y no sólo las interregionales. Esa propuesta, que el Ministerio Público lleva años defendiendo, también fue esbozada este lunes por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que reclamó un cambio legal para derivar al tribunal especial “los sumarios más graves” relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.