El Partido Popular, que gobierna en minoría desde que rompiera la coalición con Vox en 2024, ha conseguido salvar los presupuestos municipales de 2026, que han quedado aprobados de manera definitiva este lunes en el pleno municipal, después de que la alcaldesa Cristina Ayala presentara en enero una cuestión de confianza, que perdió pero sirvió para asegurar las cuentas del ejercicio.

La falta de acuerdo con Vox, que votó en contra del presupuesto de 269 millones de euros (un 7,6 % más que en 2025) en un pleno el 29 de diciembre, lo mismo que el PSOE, abocó a la alcaldesa a someterse el 8 de enero a una cuestión de confianza, la segunda -y última posible- de este mandato municipal, para tratar de salvar las cuentas.

Cristina Ayala perdió la cuestión de confianza pero, dada la imposibilidad de un acuerdo entre PSOE y Vox para presentar una moción de censura -con un regidor alternativo- un mes más tarde, se garantizó la tramitación de los presupuestos, que han quedado aprobados definitivamente este lunes.

El pleno, en reunión extraordinaria, ha desestimado las alegaciones presentadas por un particular -con los votos del PP y la abstención de PSOE y Vox-, mientras que ha aprobado las del PSOE, que ha impuesto su mayoría de 11 concejales frente a los 10 del PP gracias a la abstención de los cuatro ediles de Vox.

Los socialistas han solicitado un informe técnico, a secretaría general o intervención, que determine cómo se van a incluir ahora sus alegaciones en el presupuesto diseñado por el equipo de Gobierno, mientras que la alcaldesa ha asegurado que tendrán “los efectos jurídicos que correspondan según legalidad”.

El PP acusa a PSOE y Vox de “estar compinchados”

El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo (PP), ha criticado la negativa de PSOE y Vox a desestimar las alegaciones, pese al escrito de Intervención que indica que no existe causa jurídica ni técnica que invalide el presupuesto, y considera las alegaciones “una cuestión de oportunidad política o previsión de futuro”.

Ha acusado a PSOE y Vox de “estar compinchados para decir no”, y ha insistido en que “o se está con la legalidad o con el bloqueo permanente al PP”, además de advertir a los de Abascal que con su abstención le “hacen el juego ” al PSOE, que “quiere paralizar” el Ayuntamiento de Burgos.

Desde Vox, el portavoz y exvicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, ha justificado su abstención en que se les obliga a tomar una decisión política sobre cuestiones técnicas, y ha recordado que lo que se votaba hoy no era la aprobación del presupuesto sino la resolución de las alegaciones, “que son técnicas”.

Mientras, el portavoz del PSOE, Josué Temiño, ha criticado la tardanza del PP en resolver las alegaciones, que ha llevado a retrasar la aprobación de las cuentas hasta mediados de abril, y que el PP sea incapaz de negociar, tanto con Vox como con el PSOE.

Con el presupuesto municipal ya aprobado definitivamente, el equipo de Gobierno salva el 2026, último ejercicio completo antes de las elecciones municipales de 2027, un año que afrontarán con un presupuesto prorrogado si no hay cambios en la relación de PP y Vox en los próximos meses.

El PP de Burgos ha utilizado este jueves un acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco para atacar al PSOE, secuestrado el 10 de julio de 1997. “Los testaferros de ETA tienen más poder político que nunca porque el Gobierno de España ha pactado con ellos para mantenerse en el poder”, ha leído la alcaldesa burgalesa (PP), Cristina Ayala, momento en el que varios cargos socialistas han decidido abandonar el evento.

El subdelegado del Gobierno, Pedro Luis de la Fuente, presente en el acto, ha abandonado el mismo y ha reprochado que se estuviera “haciendo política” de un acto “que tenía que ser exclusivamente civil”. “La política, cuando es tan rastrera, no merece la pena hacerla”, ha zanjado.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel de la Rosa, que también ha acudido al homenaje y ha abandonado el acto, ha calificado la intervención de la alcaldesa de “miserable” ya que se trataba de un acto institucional en memoria de Miguel Ángel Blanco, “cuyo legado es patrimonio de todos los demócratas que derrotamos el terrorismo”. “El resto de intervenciones (del presidente de Diputación y del delegado de la Junta) se han desarrollado en términos exclusivamente de reconocimiento”, ha añadido De la Rosa, secretario de Organización del PSOE autonómico.

Desde el Partido Popular responden que la alcaldesa se ha limitado a leer el manifiesto 'Somos Memoria' que ha redactado la Fundación Miguel Ángel Blanco con motivo de ese 28 aniversario, y que el único desplante es el que han hecho, tanto el subdelegado del Gobierno como el secretario de organización del PSOE de Castilla y León, ya que el manifiesto estaba publicado por la propia Fundación desde el pasado 2 de julio.

A través de redes sociales, De la Rosa ha afeado la “utilización” de Ayala del acto para “atacar” al Gobierno, lo que ha considerado “miserable”.

El PP de Burgos ha enviado un comunicado en el que ha afeado “el desplante” de los dos líderes socialistas y ha destacado que el texto de la fundación “se ha respetado en su literalidad”.

En otras ciudades de Castilla y León gobernadas por el Partido Popular no se ha producido esta tensión. En el acto de Segovia (PP) no se ha leído ningún manifiesto, solo se ha hecho un solemne minuto de silencio. Y en Valladolid, el Ayuntamiento que dirigen PP y Vox no ha organizado ningún acto institucional en recuerdo a Miguel Ángel Blanco este jueves porque lo realizará el próximo lunes.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), ha condenado la agresión LGTBIfóbica que el grupo de música Métrika ha sufrido durante una actuación en las fiestas de la ciudad y que provocó la suspensión del concierto el pasado sábado. Ayala ha rechazado, tres días después de suceder, “todos los insultos que pudo haber relacionados con motivo de la LGTBIfobia”.

Un grupo de hostiles empezó a insultar a los artistas, a los que también se les lanzó hielos y otros objetos mientras actuaban. El concierto estaba enmarcado en las fiestas de Burgos que se están celebrando estas semanas. Métrika volvió al escenario e intentó seguir con su actuación, pero al volver a ser agredidos sus miembros, decidieron suspender el concierto.

Ayala ha defendido que “cualquier administración pública no puede hacer otra cosa que condenarlo”. “Cada uno decide a quién quiere amar y nadie tiene derecho a opinar sobre ello”, ha reflexionado la alcaldesa. El Ayuntamiento no ha podido confirmar que vayan a programar otro posible concierto del grupo ante lo sucedido.

El Grupo Socialista de Burgos ha condenado y rechazado “los actos de odio” y ha reclamado “ser conscientes del daño que hacen los discursos de odio en adolescentes y jóvenes”.

Castilla y León fue el primer gobierno al que Vox pudo acceder, de la mano del Partido Popular y Alfonso Fernández Mañueco. La primera coalición en una institución entre el partido de ultraderecha y los populares que, sin embargo, se rompió tras la decisión del líder de Vox, Santiago Abascal. En las pasadas elecciones municipales, dos Ayuntamientos de capitales de provincia revivieron ese pacto y, en ambos casos, para impedir un gobierno municipal del PSOE.

En Burgos y en Valladolid, el PP le tendió la mano al partido ultra para conformar un gobierno de coalición que, pasados dos años de mandato, ha tenido diferentes resultados. En Burgos, la alcaldesa, Cristina Ayala (PP) expulsó a Vox del gobierno tras el voto en contra del partido ultra a los Presupuestos por incluir ayudas a las ONG de migrantes. Todo lo contrario que en Valladolid, donde Jesús Julio Carnero (PP) ha cumplido dos años de mandato junto a Irene Carvajal (Vox), a pesar de algunos enfrentamientos.

En noviembre de 2024, tras año y medio de coalición, Ayala decidió expulsar a Vox del equipo de gobierno municipal. La regidora sacó de su gobierno a los cuatro concejales de Vox tras el voto en contra a los Presupuestos del año 2025 por tener incluidas ayudas a diversas ONG que trabajan con migrantes. Estar organizaciones —que han fueron vandalizadas— se vieron en el centro del debate político después de que Vox y PP negociaran retirar las subvenciones, algo que finalmente el PP no incluyó en los Presupuestos de 2025 después de una multitudinaria manifestación por las calles de la ciudad.

Esta ruptura fue un ejemplo más de la línea roja marcada por Vox para continuar en los gobiernos: terminar con todas las ayudas humanitarias a migrantes. Idéntica situación en la que meses atrás Abascal había ordenado abandonar los gobiernos autonómicos. El causante, en Burgos, fueron 119.000 euros que iban destinados a estas ONG. Como consecuencia del cambio en el gobierno municipal, Ayala se sometió a una cuestión de confianza que perdió con el voto en contra de la oposición al completo, incluido Vox.

Enfrentamientos en Valladolid

La situación es diametralmente contraria en Valladolid, donde tras dos años de mandato continúa el gobierno municipal de coalición entre PP y Vox. Las declaraciones públicas de Carnero y Carvajal han señalado la “buena sintonía” en todo momento, pero la realidad apunta a que sí ha habido confrontación en diversos asuntos entre ambos partidos. La última, reciente en el tiempo, por el presupuesto aprobado en junta de gobierno local para el Zorrilla's Fest.

La concejala de cultura, Irene Carvajal, se pronunció en redes sociales sobre este asunto. Carvajal señaló que, al igual que sucedió en el 2024, el Grupo Municipal de Vox se opuso a la aprobación de la subvención para este festival. Los concejales de Vox también se han posicionado en diversos actos institucionales del Ayuntamiento, como el celebrado el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Con esta misma premisa, el Partido Popular dejó solo a Vox en un pleno del Consistorio en el que el partido ultra verbalizó una retahíla de alegatos machistas ante dos mociones presentadas por PSOE y Valladolid Toma la Palabra que fueron aprobadas gracias a los votos de los populares.

Pero los encontronazos también han existido en otras materias. El Concejal de Seguridad Ciudadana de Valladolid, Alberto Cuadrado Toquero, aprovechó su posición en el Ayuntamiento para montar un aquelarre ultra sobre seguridad e inmigración y cargar contra la policía de barrio. Días después, Carnero contradecía a su concejal, presente en esa misma comparecencia ante la prensa, para defender el cuerpo que Cuadrado había cuestionado.

Algunas declaraciones de los tres concejales de Vox, por el contrario, no han sido respondidas o matizadas por sus socios populares de gobierno en Valladolid. Víctor Martín, concejal de Comercio, Mercados y Consumo, solicitaba en un pleno municipal “encontrar un poco de luz” y “no teñir de negro” la dictadura franquista, bajo la atenta mirada de Carnero que no intervenía para censurar la proclama franquista de su compañero de gobierno.

En la tramitación de los presupuestos para 2025, momento en el que se derrumbó el gobierno en Burgos, Carnero y Carvajal presumieron de buena salud en su pacto. Carvajal justificó esa buena sintonía, al contrario de la ciudad burgalesa, por la no existencia de convenios o subvenciones a ONG que trabajan con migrantes. Con quien sí rubricó un convenio el Ayuntamiento de Valladolid fue con Red Madre, fundación antiabortista ligada al Partido Popular. El Consistorio vallisoletano le otorgó 10.000 euros.

El futuro en Burgos

La alcaldesa de Burgos ha insistido que está dispuesta a utilizar “tantas veces como sea necesario y legal” la fórmula de la cuestión de confianza para sacar adelante proyectos municipales. Ayala continúa al frente del Consistorio, en minoría, pero defiende la expulsión de Vox el pasado noviembre, una decisión tomada “pensando en lo mejor para la ciudad”. Más de seis meses después de aquella decisión, la regidora asegura que “no les va a temblar el pulso”, y están dispuestos a “volver a poner el gobierno a disposición”, si tienen que plantear de nuevo la cuestión de confianza para sacar las cuentas de 2026.

Desde el grupo municipal de Vox han acusado de “cinismo” al PP y se preguntan si los “readmitirán” en el equipo de gobierno después de que los populares hayan anunciado - a las puertas del congreso nacional - que van a defender la retirada de las ayudas a la migración irregular, propuesta de Vox que motivó su salida del gobierno municipal en noviembre.

El portavoz, y exvicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, ha criticado que el PP haga ahora “bandera” de la lucha contra la migración irregular, y que el mismo asunto que provocó su expulsión del gobierno de coalición se convierta ahora en su “ponencia estrella”. “Es tan sumamente cínico”, ha insistido Martínez-Acitores, que a Vox solo le queda preguntar al PP si “tienen idea de readmitirlos”, una pregunta que va con “sorna”, ha afirmado el portavoz, que recuerda que Ayala es alcaldesa “gracias a Vox”.

Las críticas desde la oposición califican a la alcaldesa de “fraude” para el Ayuntamiento y la ciudad. Daniel Ayala, portavoz socialista en el Consistorio, señala que “no está haciendo nada” y “solo acierta cuando rectifica”. De la Rosa ha asegurado que el del PP es “el mayor fracaso de un gobierno municipal en la historia” de Burgos, pues teniendo “todo a su favor” no ha materializado ningún proyecto relevante, y se ha dedicado a frenar los impulsados por el anterior gobierno.

El apoyo de los cuatro concejales de Vox ha facilitado al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Burgos, que gobierna en minoría, aprobar una modificación de crédito que permitirá incorporar 15 millones de euros al capítulo de inversiones.

Vox ha condicionado el apoyo a sus antiguos socios de gobierno a la incorporación de cuatro partidas, que suman 75.000 euros, para varias actuaciones, entre ellas la creación de una Oficina de Atención a la Maternidad y el apoyo económico a la Red Madre, una entidad que pretende evitar que mujeres opten por el aborto ante un embarazo no deseado.

Sin embargo, la principal modificación incluida por Vox en una enmienda presentada ‘in voce’ en el pleno celebrado esta mañana ha sido eliminar una partida de 60.000 euros para el proyecto y dirección de obra del ‘Proyecto Xpande’, que incluye un túnel bajo la calle Santander, en pleno centro de la ciudad.

Esa partida comprometía también más aportaciones en los próximos ejercicios, hasta llegar a 1,3 millones de euros, para dejar todo listo de cara a la inversión en ese proyecto, que se eleva hasta más de 30 millones de euros, según la previsión inicial.

El portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, ha asegurado que en negociaciones anteriores ya se habían introducido en ese modificado del presupuesto 3,7 millones de euros en varios proyectos cuya inclusión exigió Vox.

El concejal de Hacienda del equipo de Gobierno, Ángel Manzanedo ha explicado que han aceptado la enmienda de Vox para sacar adelante una modificación que es “esencial” para poder ejecutar varias actuaciones importantes para la ciudad que se incluyen en el listado de inversiones.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel de la Rosa, ha acusado a Vox de ser “la muleta del PP y no darse cuenta de que ya no son socios de gobierno y están en la oposición”.

Ha estimado que las inversiones de este modificado no se podrán llegar a ejecutar porque la capacidad de inversión anual del Ayuntamiento de Burgos no supera los 18 millones de euros y el presupuesto que se aprobó en febrero tras una Cuestión de Confianza que perdió la alcaldesa, Cristina Ayala, alcanza ya los 20 millones de euros.

Ha acusado a la alcaldesa, Cristina Ayala, de actuar con prepotencia por no querer aceptar la propuesta que hizo el PSOE el año pasado para aprobar el presupuesto a cambio de que PP y PSOE, que tiene un concejal más que el equipo de Gobierno, acordaran la asignación de los 15 millones de la modificación aprobada hoy a partes iguales. 

El Ayuntamiento de Burgos trabaja para sacar a licitación de manera “inminente” el proyecto para construir un túnel en la calle Santander, primera de las tres fases que componen 'Xpande Burgos', una iniciativa urbanística que pretende generar 23.000 metros cuadrados de zona peatonal, con una inversión de 60 millones de euros.

Los equipos técnicos municipales ya están trabajando en los pliegos de condiciones, con dos personas implicadas directamente, para poder “sacar cuanto antes” ese concurso, ha explicado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, a los periodistas antes de mantener una reunión con comerciantes para explicarles la iniciativa y 'Xpande Burgos'.

Ayala ha recordado que la intención del equipo de Gobierno es que la fase del túnel de la calle Santander, que conectaría la Plaza del Cid con la Avenida del Cid, este finalizada para la primavera de 2027, al menos en lo referente a la peatonalización en superficie, de ahí que sea una prioridad licitar el proyecto para poder iniciar las obras “cuanto antes”.

Un proyecto que está abierto a las aportaciones que pueda hacer la sociedad burgalesa, a través de las reuniones que se van a mantener para explicar la intervención, ha asegurado la regidora, quien ha insistido en que “así tiene que ser un proyecto de ciudad” y que si las aportaciones “merecen la pena porque mejoran el proyecto” se incluirán.

Primera ronda de contactos

Cristina Ayala, acompañada del concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, ha mantenido este martes por la tarde el primero de estos encuentros, al que han asistido asociaciones comerciales de la ciudad y vecinos de la calle Santander; y continuarán mañana con colegios profesionales y asociaciones como Andando Burgos y Burgos con Bici.

La intención del equipo de Gobierno es llegar a otros colectivos de la ciudad, de ahí que vaya a haber más reuniones para hablar con hostelería, peñas o el tercer sector, y que se mantenga también la exposición del proyecto 'Xpande' en el Teatro Principal para darla a conocer entre los ciudadanos.

Lo que sí rechaza Cristina Ayala es someter 'Xpande' y el túnel de la calle Santander a una consulta ciudadana, porque es un proyecto que “legítimamente” ha planteado el equipo de Gobierno, porque “se lo merece la ciudad”, aunque conlleve un presupuesto elevado de 60 millones de euros en su conjunto, 20 millones destinados al túnel.

“No podemos someter todas la medidas y todo lo que hacemos a un referéndum. Eso en política es de quien piensa en no hacer nada o de quien piensa en tener una excusa para no hacer nada”, ha asegurado, y ha defendido que han sido capaces de presentar un anteproyecto en año y medio de gobierno, que supondrá una transformació

El PP de Burgos ya tiene su proyecto de legislatura tras romper con Vox por un desacuerdo con los presupuestos y la financiación a ONGs. La alcaldesa Cristina Ayala (PP) presentó este jueves un plan llamado 'Xpande Burgos, un futuro a otro nivel'. Este es un proyecto municipal para reconversión del centro de la ciudad incluyendo la peatonalización de más de 23.000 metros cuadrados y la creación de un túnel para desviar el tráfico rodado. Todo ello con una inversión de 60 millones que aspira a comenzar este 2025 con la licitación del proyecto del túnel y finalizará su conjunto en diciembre de 2029, más allá de su mandato.

Ayala ha definido el proyecto “un centro histórico extendido” para potenciar el comercio, la hostelería y crear un espacio comercial céntrico con una mejora ambiental tras la supresión de los coches en superficie. El proyecto ha sido avanzado por Diario de Burgos, cuyo dueño es el polémico constructor Antonio Miguel Méndez Pozo.

Lo que la alcaldesa no ha explicado en el evento de presentación son las peripecias que va a tener que hacer para poder aprobar este proyecto con 11 concejales frente a los 12 del PSOE y los cuatro de Vox —que formaron parte del equipo de gobierno hasta la ruptura del pacto a finales de noviembre—. Los socialistas, en declaraciones realizadas a elDiario.es de su portavoz y exalcalde, Daniel de la Rosa, ya han avanzado su oposición contra el proyecto. El portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, ha asegurado que no valorarán su apoyo o su rechazo hasta que no tengan toda la documentación aunque ha criticado que lo quiera aprobar empleando “fórmulas poco democráticas”.

La solución para aprobar el proyecto: apoyo de Vox o moción de confianza en 2026

El vicealcalde de Burgos y concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, ha explicado la hoja de ruta que va a realizar el PP para sacar adelante el proyecto. Su primera opción pasa porque “alguno de los dos grupos políticos del ayuntamiento” puedan apoyar una modificación presupuestaria a cargo de los remanentes que permita licitarla de cara a finales del año 2025.

En caso de que no prospere esta opción, hay una posibilidad de cara a los presupuestos de 2026. Tendrán que meter la partida necesaria en las cuentas para las obras y que Ayala se vuelva a someter a una moción de confianza —en diciembre ya perdió otra— “en función al tema presupuestario”.

Esta posibilidad se puede hacer dos veces a lo largo de un mandato, como ha apuntado el vicealcalde. “Esta sería la segunda vez y tendríamos garantizada la licitación aun no teniendo apoyo, aunque no es la solución que más nos gusta”. Para el PP su idea es conseguir el apoyo de los grupos y vieran que “esto es como un proyecto de ciudad”.

El portavoz socialista ha recordado al PP que hay modificaciones que van a tener que ser votadas por el pleno y que no contarán con su apoyo. En concreto la revisión general del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Burgos, “que requiere también de votos de la mayoría del Pleno”, como ha explicado. Además, tendrán que abordar la revisión de ordenanzas fiscales como la de basuras o las modificaciones de crédito, a las que no se pueden vincular las cuestiones de confianza, como ha apostillado De la Rosa.

“La alcaldesa a pesar de estar en minoría desde finales del año pasado, sigue sin entender que, por mucho que tenga la competencia para poder aprobar proyectos técnicos de ejecución de obras, necesita pactar”, ha indicado De La Rosa para matizar que están pendientes de qué va a hacer Vox y que deje de ser “la muleta” del PP.

Otra crítica del PSOE es que la financiación para la obra afectará también a otros mandatos municipales y también “comprometa” a la corporación a partir del año 2027 por lo que el PP tendría que tener “la responsabilidad” para pactar este tipo de proyecto trascienden a una legislatura. Lo que sí que tienen claro los socialistas es que “es materialmente imposible que se comiencen a mover máquinas en este mandato”.

Oposición de los ciudadanos al proyecto

En enero de 2014 el barrio burgalés de Gamonal comenzó a manifestarse contra el plan del exalcalde Javier Lacalle, también del PP, para realizar un bulevar sobre la calle de Vitoria, una de las calles principales de la ciudad. Las protestas, que se tornaron en disturbios, radicaron en la oposición contra unas obras que consideraban caras y que no atajaban las necesidades de uno de los barrios más poblados de la localidad.

La historia de 'Xpande Burgos' de Ayala tiene reminiscencias a la del Bulevar de Lacalle. Entonces, primero salió a concurso el proyecto, que ganó una de las empresas de Méndez Pozo, MBG Ingeniería y Arquitectura S.L. Se suponía que esta adjudicación era un concurso anónimo, sin que el Ayuntamiento conociera a qué empresa correspondía cada propuesta. Sin embargo, un mes antes de que el Ayuntamiento convocase el concurso, el Diario de Burgos publicó una imagen del proyecto idéntica a la de MBG. El segundo concurso que convocó el consistorio fue la adjudicación de la obra de la calle Vitoria, que ganó una UTE de dos constructoras: Copsa y Aroasa. Las dos pertenecen a socios de Méndez Pozo en otros negocios.

De momento, la primicia de la noticia en Burgos la lleva el medio de Méndez Pozo que detalla en profundidad el anteproyecto presentado en la tarde noche del jueves. El exalcalde socialista Daniel de la Rosa recuerda que Burgos ya le ha mostrado su oposición en temas actuales como recientemente la construcción de un parking en altura en el propio Gamonal y, lo que dinamitó el pacto PP y Vox, las ayudas a ONG que trabajan con personas migrantes.

“No me cabe duda de que habrá una contestación mayoritaria para que ella —la alcaldesa— se dé cuenta, y no me cabe duda, porque sé que está viendo en las redes sociales, de que no es una obra prioritaria para nadie”, asegura el ahora portavoz municipal del PSOE. “Si preguntas a la gente por las 10 prioridades para Burgos en los próximos cuatro o cinco años en ningún caso se encontrará”, ha afirmado.

El PP desecha la oposición de los burgaleses. Los 'populares' “no tienen miedo a gobernar”, como ha aseverado el viceacalde. “Hemos iniciado una labor de explicación como nunca antes se había hecho en Burgos para explicar lo que queremos hacer, incluyendo realidad virtual para que los ciudadanos puedan ver cómo van a quedar las obras antes de hacerlas”, ha relatado Manso.

Para el concejal 'popular' el electorado les avala al gobernar Burgos —a pesar de no haber ganado las elecciones, ya que accedieron a la Alcaldía con los votos de Vox— y tiende la mano para convencer “a todo el mundo” que el proyecto es bueno “porque así lo estimamos y así lo dicen los estudios técnicos”.

“Si fracasamos y no somos capaces de explicarlo, pues será culpa nuestra. Pero lo que tenemos claro es que esto es un proyecto de ciudad y es prioritario para el equipo de gobierno”, ha remachado el vicealcalde.

Según Vox, varios ciudadanos les han consultado por la seguridad a la hora de hacer los túneles. “Nos están llegando mucha inquietud por parte de vecinos que viven en casas de la zona que algunas tienen mucha antigüedad”, ha explicado Fernando Martínez-Acitores.

“Si hubiese sido una peatonalización pura y dura sin túnel todavía tendría más gente en contra. Es un tema polémico y como ellos, el PP, eran conscientes que podía suscitar polémica lo han querido plantear todo junto”, ha valorado el edil de Vox.

Acto propagandístico

La presentación realizada ante 500 personas, tanto para PSOE como Vox, es un acto “propagandístico” propio de una “agencia de marketing”. Desde el PSOE no creen este proyecto porque aborda zonas con “calles pacificadas” donde hay un “tráfico amable” donde convive perfectamente con el peatón con los vehículos.

Lo único que nosotros hemos visto es con unas gafas que nos pusieron de realidad virtual“, indica el portavoz de Vox. El concejal reprocha ”las formas“ del PP por, como asegura, no haber presentado a la oposición ningún documento y haberse enterado por la prensa. En lo que han podido ver, relata Fernando Martínez-Acitores, ”hay cosas que están bien, pero hay alguna cosa que creo que se debería solucionar mucho mejor“.

Vox ha recordado también al PP que tienen 11 concejales de un total de 27. Martínez-Acitores ha señalado que los 'populares' saben que no habrá una moción de censura, algo que también confirma el portavoz socialista, al no haber acuerdos para poner un nuevo alcalde. Por eso, el edil de Vox acusa a Ayala de lo que quiera sacar por “sus narices” empleando “fórmulas poco democráticas”.

“Han encontrado una fórmula para hacer lo que les dé la gana cuando son minoritaria. Eso a mí no me parece nada democrático”, ha reprochado el anterior vicealcalde. Martínez-Acitores ha reconocido que espera a conocer la documentación para saber si van a ser necesarios trámites que necesiten de la aprobación del pleno.

El proyecto

El plan del equipo de Gobierno lleva la peatonalización de las calles de Santander, San Lesmes, plaza de España, plaza de Hortelanos y parte de la Plaza Mío Cid. Además, se realizará un túnel en la calle de Santander para el tráfico rodado.

Precisamente, el soterramiento del tráfico en la calle Santander, es el “corazón de este proyecto”, como ha señalado Ayala en declaraciones recogidas por Europa Press. La inversión prevista es de 60 millones de euros para toda la actuación y abarca 23.000 metros cuadrados, para toda la actuación, incluyendo el Mercado Norte y la posible financiación externa de este espacio comercial.

El túnel sería una vía de doble sentido que permitiría a los automovilistas ganar varios minutos al tráfico rodado y que también supondría que los peatones ganan espacio a los vehículos, el plan cuenta ya con un anteproyecto, después de los pertinentes estudios de tráfico y de geotecnia.

Esta nueva infraestructura tendría 363 metros de longitud y abarcaría entre la calle Vitoria y la avenida del Cid. El acceso se produciría por el primer tramo de la calle de Vitoria, la salida por la avenida de Arlanzón y por la avenida del Cid, tendría entrada y salida.

El Ayuntamiento encargó en el mes de marzo del año pasado un estudio por 114.950 euros. De ese estudio se ha derivado el anteproyecto que ahora ha presentado Ayala. El proyecto lo ha llevado a cabo el Estudio Colin Buchanan y la empresa Ingema

El proyecto se desarrolla en tres fases. Según ha explicado el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Manso, de Urba la fase primera “será el túnel, la segunda ”la correspondiente a la plaza España y Mercado Norte, con un intercambiador de autobuses.“ La tercera fase, la peatonalización de San Lesmes. Y la reurbanización de la plaza de San Juan.

El túnel y la urbanización de la calle Santander supondrá una inversión de 20 millones de euros; la nueva Plaza de España y San Lesmes, 13 millones; el Monasterio de San Juan se llevará cinco; la urbanización de plaza de Hortelanos, otros tres millones y la inversión para construir el Mercado Norte, supone una inversión de otros 24 millones.

En cuanto a los plazos, la calle Santander y el túnel -que incluye plaza Mío Cid, Santo Domingo, Santander y avenida del Cid- estará acabado en 2027; el entorno de la plaza de España, más el mercado y plaza Hortelanos, podrá estar culminado en 2028. La parte del Monasterio San Juan y calle de San Lesmes, será una realidad en 2029.

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha dado el visto bueno a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que va a permitir compatibilizar usos diferentes en parcelas dotacionales, además de que esta modificación que daría cobertura a la construcción de dos aparcamientos en altura en la capital burgalesa, como el de la calle María Amigo y el del Bulevar.

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Manso, ha explicado que el punto en el orden del día que se ha llevado al Pleno era “la modificación” del PGOU, y no la “construcción de aparcamientos en altura”.

No obstante, la posibilidad de plantear aparcamientos en altura en estas dos zonas de la ciudad ha encontrado el rechazo por parte de los vecinos del G-9, en el caso del aparcamiento de María Amigo; y de los padres de alumnos de la Escuela Infantil que se ubica en el entorno del Bulevar.

Aunque el propio Manso y la alcaldesa, Cristina Ayala, han asegurado que no tienen intención de “imponer” la construcción de los aparcamientos en altura de calle María Amigo y del Bulevar.

En este sentido, el portavoz de Urbanismo del PSOE, Gabriel Garabito, entiende que la aprobación del PGOU abre la posibilidad a que se construya “sobre la calzada” por lo que considera que “se vulnera el derecho” de la ciudadanía a disfrutar de las calles, ya que en el caso del aparcamiento de María Amigo se construiría sobre la vía pública.

Por ello, Garabito ha pedido al equipo de Gobierno que “dialogue” con los vecinos antes de que “se gaste” en unos proyectos que es posible que no se hagan.

Al resopecto, Juan Manuel Manso ha expuesto en el Pleno que este tipo de planes son “proyectos de barrio, no proyectos de ciudad” y que el Ayuntamiento no los construirá si los vecinos no los aceptan.

Por su parte, Vox, que ya voto a favor en la Comisión de Hacienda, ha reiterado su votado a favor de la modificación del PGOU aunque los concejales de esta formación quieren “conocer los proyectos” antes de pronunciarse a favor o en contra, como ha explicado Ignacio Peña.

En este sentido, tanto PP y Vox coinciden al considerar que que tener los proyectos “garantiza determinar las necesidades y la posibilidad de exponerlos a las comunidades de vecinos y las organizaciones ”que ahora los rechazan“.

Tanto Juan Manuel Manso como Cristina Ayala han apuntado que para hablar con la vecindad es “necesario contar con los proyectos ”para hablar sobre algo palpable.

Proposiciones

Por otro lado, el Pleno también ha debatido en el capítulo de proposiciones, la modificación de la Ordenanza para un mayor fomento de la práctica deportiva y por una mayor igualdad entre los clubes de la ciudad.

La moción presentada por el Grupo Socialista plantea la bonificación de un 75 por ciento para los alquileres de instalaciones deportivas tanto para entrenamientos como para partidos de competición oficial previstos en la ordenanza.

La propuesta socialista, no ha salido adelante, al igual que tampoco ha prosperado la modificación del reglamento de organización y funcionamiento de los distritos para que las Juntas Municipales de Distrito puedan asumir gasto corriente.

Por contral si ha salido adelante la propuesta del PSOE, con el apoyo de Vox, para que se llegue a un adecuado uso de las cuentas oficiales del Ayuntamiento en redes sociales y una adecuada representatividad institucional en actos sociales.

Por su parte, la proposición de Vox referente a la creación de islas de aparcamiento en el barrio de Gamonal ha salido adelante con el respaldo del PP y la abstención del PSOE.

La alcaldesa de Burgos, la 'popular' Cristina Ayala, ha perdido la cuestión de confianza celebrada este jueves en la sesión plenaria municipal, con 16 votos en contra y 11 apoyos, todos de su grupo político, después de que Vox se negara a aprobar el presupuesto con el PP que incluía a las ONG que trabajaban con personas migrantes y de que Ayala expulsara a los cuatro concejales del partido de extrema derecha. “Hoy pierdo la confianza del pleno, pero empiezo el proceso que dará como resultado la aprobación del Presupuesto para 2025. Hoy ganan Burgos y los burgaleses. Ese es mi objetivo”, ha manifestado al final del pleno Cristina Ayala.

A partir de ahora debe transcurrir un mes de plazo que tiene la oposición para estructurar una moción de censura —que no se va a producir— y después continuará el trámite para aprobar el Presupuesto del Partido Popular para 2025. Todavía no está claro si después de ese mes la aprobación será definitiva o inicial y será necesario someterlo a información pública. La alcaldesa de Burgos ha anunciado que va a pedir un informe al secretario para que “trace el camino a partir de ahora”.

“Está fuera de nuestro alcance. Será el secretario el que fijará negro sobre blanco cuál es el procedimiento a seguir”, ha apuntado Cristina Ayala, quien ha asegurado que la doctrina está “muy dividida” y que no hay una aplicación “clara” de cómo aprobar esos Presupuestos. “Sin ninguna polémica y nada más que cumplir con la legalidad vigente, pediremos al secretario que haga un informe y cumpliremos con esa legalidad”, ha manifestado en una rueda de prensa posterior al pleno.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista y exalcalde Daniel de la Rosa ha prometido que su oposición será “inflexible” mientras el Partido Popular “pretenda seguir gobernando” como si tuviera mayoría absoluta. “¿Ni siquiera nos va a decir lo que tienen pensado en hacer y escuchar a la oposición antes de llevar el dictamen a la comisión? Van a comprobar lo que es gobernar en minoría como hicimos nosotros”, ha manifestado De la Rosa, que augura que los 'populares' se arrepentirán del “desprecio” mantenido a los socialistas desde el inicio del mandato.

El PSOE pide la dimisión de Cristina Ayala

De la Rosa también ha pedido la dimisión a Cristina Ayala, incluso después de su turno de palabra y con el micrófono apagado. “Asuma su fracaso y dé paso al siguiente [en el PP]. Alguien tiene que haber ahí para llegar a acuerdos con la oposición”, ha reclamado.

El líder socialista ha recordado las condiciones que impuso la semana pasada: restaurar las ayudas para Cooperación al Desarrollo y para exhumaciones y trabajos de Memoria Democrática que se eliminaron el año pasado y un compromiso para pactar al 50% la próxima modificación de crédito presupuestario. “¿Esa es una condición leonina? ¡Tienen 11 concejales de 27, a ver si se enteran! Nosotros, doce; casi soy generoso haciendo esta oferta”, ha manifestado Daniel de la Rosa. 

Por su parte, el exvicealcalde burgalés Fernando Martínez-Acitores, de Vox, ha apostado por hacer “una oposición constructiva” que piense “en los burgaleses” pero ha garantizado que los cuatro concejales de Vox también serán “duros y contundentes” donde corresponda, puesto que primarán sus tres ejes de campaña: políticas de Familia, Seguridad e Infraestructuras.

Martínez-Acitores ha considerado “imposible” acordar una moción de censura con el PSOE cuando su líder municipal “se conforma con echar a Vox del equipo de gobierno”. “Qué objetivo más ruin y qué poco democrático”, ha afeado el portavoz de Vox, quien ha acusado a su homólogo socialista que habla “para las redes sociales”.

Ayala pide a PSOE y Vox que pongan por escrito que no habrá moción de censura

Cristina Ayala ha pedido a De la Rosa y Martínez-Acitores que no “hagan perder” todo el mes de plazo si no van a firmar una moción de censura. “Que lo pongan por escrito para que la ciudad no tenga que gastar un mes en este trámite”, ha reivindicado después del pleno, en rueda de prensa, en la que ha aclarado que es necesario que uno de los grupos ponga por escrito su intención de no participar en una moción de censura.

La alcaldesa ha agradecido a Vox el trabajo “leal” del último año y medio y augura una oposición en la misma línea. Sobre el PSOE, Cristina Ayala ha reprochado a Daniel de la Rosa que su oposición sea “postureo” y “victimización”. “¿Es un cursillo que les enseña [Pedro] Sánchez en Ferraz? Ha venido a tener el papel político en que le han puesto los ciudadanos. Habiendo ganado las elecciones, ser la oposición”, ha criticado la regidora burgalesa, que se ha abierto a negociar tanto con Vox como con el PSOE. 

“¿Cómo que solo podemos pactar con ustedes [en referencia al PSOE]? Pactaremos con quien esté dispuesto a aprobar cada proyecto de la ciudad. ¿No es democrático el grupo que se sienta ahí? [en alusión a Vox]. Nada de pactos globales ni chantaje. Iremos proyecto a proyecto y tendrán que decidir si quieren aprobarlos o no”, ha manfiestado Cristina Ayala, quien ha insistido ante los medios: “Nuestra idea es pactar los proyectos, no sé si uno a uno o en pequeños grupos; pero pactar cada proyecto”.

Nueva estructura de gobierno

Ayala ha reestructurado su equipo, después de que la semana pasad se rompiese el pacto de Gobierno con Vox, y se organizará “en torno a cuatro áreas” como son Gobierno de Desarrollo Urbano, Movilidad y Sostenibilidad, cuyo titular será Juan Manuel Manso; Promoción y Marca Burgos, dirigido por Andrea Ballesteros; de Gestión Pública y Seguridad, con Ángel Manzanedo al frente; y el de Ciudadanía, Participación y Buen Gobierno, con Milagros del Campo.

Además, como ha explicado la alcaldesa, Manso será el nuevo vicealcalde y primer teniente de alcalde y el nuevo presidente de la Sociedad de Aguas, informa Europa Press.

La primera de estas áreas será Gobierno de Desarrollo Urbano, Movilidad y Sostenibilidad, estará liderada por el Manso, y sus responsabilidades engloban Urbanismo, Obras y Licencias. En Medio Ambiente, Sanidad y Cementerio seguirá siendo Carlos Niño el responsable, mientras que para Ingeniería, Tráfico, Servicios y Movilidad, el encargado será José Antonio López.

Otra de las grandes áreas es Promoción y Marca de Ciudad, con Andrea Ballesteros al frente, que seguirá siendo, además, la portavoz municipal. También asume la Gerencia de Cultura y Turismo y ProBurgos mientras que César Barriada se hará cargo de Deportes, y Festejos lo encabezará Carolina Álvarez.

Gestión Pública y Seguridad será responsabilidad de Ángel Manzanedo, se ocupará de Seguridad Ciudadana, Emergencias, Bomberos e Industria. De Personal se hará cargo Yolanda Barriuso, mientras que Comercio es responsabilidad de César Barriada y Ciudadanía, Participación y Buen Gobierno lo llevará Milagros del Campo, más Servicios Sociales, Mujer, Inmigración y Cooperación.

Juventud estará gestionado por Carlos Niño; Mayores, Familia e Infancia es para César Barriada y Distritos y Participación, para Carolina Álvarez.

Estaba previsto. Los Presupuestos de Burgos para 2025 no contaba con el dictamen de la Comisión de Hacienda y no iban a aprobarse, lo que provocaría la ruptura del equipo de gobierno del Partido Popular y de Vox. Así lo avanzaba el hasta ahora vicealcalde burgalés, Fernando Martínez-Acitores cuando empezaba su intervención, y así ha sido. “Me levanto porque como además no sé lo que me queda...”, manifestaba el concejal de Vox que hasta ahora dirigía Familia en el Ayuntamiento de Burgos y que ha afeado “los golpes muy duros” del PP.

La alcaldesa de Burgos, la 'popular' Cristina Ayala, ha expulsado a los cuatro concejales de Vox del equipo de Gobierno durante el pleno de este viernes después de que rechazaran los Presupuestos que incluían las ayudas a las ONG que trabajan con Burgos. El PP de Burgos ha perdido la votación de sus cuentas de 2025 y evidencia su ruptura con Vox. “No les echamos, deciden no aprobar el presupuesto”, ha asegurado Cristina Ayala, quien ha agradecido uno a uno el trabajo y esfuerzo de los concejales de Vox en el último año y medio.

“Lamentamos que hoy cuatro concejales no hayan dado su apoyo al presupuesto y conlleva una decisión meditada de que no desean seguir perteneciendo a este equipo de gobierno”, ha manifestado la alcaldesa 'popular' durante el pleno, que todavía se desarrolla, y que solo ha intervenido en este punto del debate una vez se ha producido la votación y se han rechazado tanto las dos enmiendas del Grupo Socialista —que pedía restaurar las ayudas para Cooperación al Desarrollo y para exhumaciones y trabajos de Memoria Democrática que se eliminaron el año pasado— y los Presupuestos de 2025.

Las cuatro ONG—que han sido vandalizadas y defienden trabajar desde la legalidad— se han visto en el centro del debate político después de que Vox y PP negociaran retirar las subvenciones destinadas a estas ONG que ayudan a la integración de personas inmigrantes —salvo Cáritas, que rehusó aceptarlas si iban a ser excluyentes—, algo que finalmente el PP ha retirado de los Presupuestos de 2025 después de una multitudinaria manifestación la semana pasada.

“Ni justo ni inteligente ni humanitario”

La alcaldesa Cristina Ayala —que ha alterado la disposición del orden del día para que Vox le aprobara varias modificaciones parciales del Plan General de Ordenación Urbana— ha apostado por “cambiar unos grados el itinerario de la brújula” y gobernar a partir del lunes en minoría “con el mismo entusiasmo y honestidad”. “No era ni justo ni razonable ni inteligente ni asumible ni humanitario dejar sin ayuda ninguna a tres entidades que llevan muchos años colaborando con el Ayuntamiento de Burgos”, ha manifestado Ayala, que también ha criticado al Grupo Socialista su 'no' por sistema.

Cristina Ayala ha lamentado que en Burgos estos 119.000 euros para ONG que trabajan con personas migrantes —en un presupuesto de 250 millones de euros— hayan supuesto esta ruptura mientras en otros ayuntamientos se mantienen este tipo de ayudas. “Yo no he sido capaz de convencerles. En la Diputación, Vox Burgos ha votado a favor de un Presupuesto que otorgaba una partida a una de las ONG que aquí habían sido vetadas. No parecía tan complicada esa rectificación”, ha protestado Cristina Ayala.

La regidora 'popular' ha asegurado que eliminar esta partida de 119.000 euros suponía una “herida de muerte” para las ONG, que “ayudan a hacer de Burgos una ciudad más inclusiva, tolerante, diversa y próspera”, una decisión inicialmente apoyada por el PP, pero que Ayala ha calificado de “error” que estaban dispuestos a “rectificar”.

El 28 de noviembre Cristina Ayala se someterá una cuestión de confianza. Se celebrará un Pleno extraordinario en el que defenderá su gestión y la de su equipo de Gobierno. Tras ello, los tres grupos con representación municipal —PSOE con doce ediles, Partido Popular con once y cuatro de Vox— votarán sobre su confianza en la regidora. Si alcaldesa pierde esa votación, se abrirá un plazo de un mes, hasta el 28 de diciembre, para que los partidos de la oposición presenten una moción de censura. Si no la registran o si, llevada a Pleno, no sale adelante en votación, el presupuesto de 2025 quedaría aprobado de hecho.

En la misma línea, y ya durante el debate, se han pronunciado el concejal de Hacienda,  Ángel Manzanedo, que ha calificado de “incomprensible e injustificable” para “la mayoría de la sociedad burgalesa” con este “empecinamiento de Vox Madrid” —el propio vicealcalde de Vox ha reconocido que miembros de su partido han viajado desde Madrid, a los que pidió “consejo, apoyo y arrojo”—.

El PSOE pide al PP que rectifique

El exalcalde y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel de la Rosa, ha pedido a los 'populares' que rectifiquen en su actitud respecto al PSOE y ha recordado cómo gobernó en minoría el PP de Javier Lacalle con pactos puntuales con el PSOE y luego gobernó en minoría o en coalición el Grupo Socialista. “Para gobernar en minoría hay que tender puentes, ceder y negociar”, ha reclamado Daniel de la Rosa.

El líder municipal socialista ha considerado “ridículo” que el concejal de Hacienda haya “sacudido” al PSOE por su gestión municipal. “A pesar de haber ganado las elecciones, el PSOE ofreció apoyar desde la oposición al PP con tal de que no gobernara Vox. Y despreció esa posibilidad. No se extrañe de que usted haya provocado la mayor crisis de gobierno de esta ciudad en 23 años”, ha interpelado De la Rosa a Cristina Ayala. 

Vox ha afeado al Grupo Popular que les haya dejado “al pie de los caballos” después de acordar los Presupuestos para 2025 y ha insistido en que habían accedido a conceder la ayuda a las ONG siempre que “esas partidas sean siempre referidas a la inmigración legal, a la inmigración regular”. La extrema derecha condicionó la semana pasada que no se destinara “ni un euro a situaciones de inmigración ilegal”. 

“Nos han echado”, ha manifestado Martínez-Acitores, quien se ha mostrado convencido de que esta ruptura no ha sido deseada por el Grupo Municipal Popular, sino impuesta. “Estoy seguro de que ustedes no quieren, hay instrucciones”, ha interpelado.

Mañueco pide explicaciones a Vox por su “bandazos”

La ruptura del pacto de gobierno entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Burgos ha llevado al presidente de la Junta de la Junta de Castilla y León, y del PP en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco ha pedido explicaciones a Vox por sus “bandazos” en materia de pactos, y elegir “ser oposición”, al tiempo que ha trasladado su “cariño y respaldo” a Ayala.

Por su parte, el portavoz del grupo Vox en las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha tildado de “irresponsable” al PP, al que ha acusado de no cumplir los acuerdos con los socios de gobierno y no tener ninguna propuesta para combatir la inmigración masiva, recoge EFE.

El portavoz del Grupo Socialista en el parlamento autonómico, Luis Tudanca, ha mostrado su deseo de que Mañueco hubiera ofrecido su colaboración para el acogimiento de menores inmigrantes en su reunión con Sánchez en una materia “tan sensible y tan necesaria” para “resolver” el “crecimiento y progreso” de la comunidad.

El Ayuntamiento de Burgos retirará los 119.000 euros de ayudas a las ONG ACCEM, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural por considerar que  contribuyen “al efecto llamada” y a la “inmigración ilegal”. Así lo ha asegurado este viernes el vicealcalde de la ciudad, Fernando Martínez-Acitores (Vox) que ha comparecido en rueda de prensa para defender los presupuestos municipales para 2025.

Las cuentas municipales para 2025 contarán con la bonificación del IBI a familias numerosas, retrasar la entrada de la tasa de basuras a 2026, incorporación de la perspectiva de familia, estudio del plan de rebajas impositivas y bonificaciones para incentivar la implantación, conservación y transmisión de negocios. También 50.000 euros para “una feria taurina” que consistirá en una novillada.

El también portavoz de Vox en el Ayuntamiento burgalés ha definido a las cuentas para 2025 como “las más realistas de la historia” y que harán que, comparando con la “economía doméstica”, Burgos no viva “por encima de sus posibilidades”.

Del 'tijeretazo' a las ayudas a las ONG se libra Cáritas que contará con 19.000 euros. Sobre la entidad vinculada a la Iglesia, Martínez-Acitores no ha terminado de concretar los motivos aunque ha asegurado que no “colabora con el efecto llamada”. Para el vicealcalde, tras estudiar el objeto del convenio suscrito con las organizaciones y a qué destinaban las partidas, su “conclusión” es que “en un caso está justificada y en nosotros no”.

Durante su intervención, Martínez-Acitores ha querido quitar importancia a la cuantía suprimida a las ONG. “Estamos hablando de 119.000 euros sobre un presupuesto total de 250 millones de euros”, ha significado. Preguntado al respecto de la importancia de esta afirmación, el concejal de Vox ha apuntado que “en realidad dónde hay que hacer hincapié es en la dignidad, más que en la cantidad”.

La inmigración, “el grandísimo problema” en Burgos, según el Ayuntamiento

En la rueda de prensa, Martínez-Acitores ha tratado de justificar una nueva polémica contra los migrantes al señalar que tratan de poner su “granito de arena” al “grandísimo problema de la ”inmigración ilegal“. En junio de este año el vicealcalde trataba de hacer que la Policía Municipal realizase “inspecciones periódicas, visitas domiciliarias y controles de identidad” con el objetivo de detectar ”posibles casos de empadronamiento ilegal“. Todo esto sin sacar datos a la palestra para tratar de justificar una medida que, según Vox, evitase empadronamientos ”ilegales“ para ”recibir ayudas o intentar regularizar su situación“. También señaló un posible ”fraude electoral“ en estos empadronamientos además de apuntar que ”todas“ las causas están relacionadas ”con casos de inmigración ilegal“.

En esta ocasión la alcaldesa Cristina Ayala, del PP, tuvo desautorizar a su socio de gobierno y recordó que las órdenes a la Policía solo las da ella. La idea de Vox fue considerada por el Ministerio de Migraciones como una “intromisión” en materias que competen a la policía nacional y “con finalidades xenófobas”.

“La inmigración ilegal es la esclavitud del siglo XXI”

En la disertación de Martínez-Acitores para justificar retirar las ayudas de “119.000 euros sobre un presupuesto total de 250 millones de euros”, el concejal de Vox ha indicado que considera que “la inmigración ilegal es la esclavitud del siglo XXI”. “A nosotros el problema de que fallezca gente en el Mediterráneo nos preocupa mucho”, ha apostillado.

“A Vox nos votan muchos inmigrantes. No solo nos votan, sino que tenemos simpatizantes afiliados aquí mismo, en la ciudad de Burgos. Simpatizantes, afiliados, cargos orgánicos que son inmigrantes”, ha señalado.

“Que lleguen aquí y que estén en condiciones pésimas, que vivan en guetos, que no tengan casi para comer, nos preocupa mucho, pero queremos afrontarlo de raíz”. Desde el Ayuntamiento de Burgos, como ha explicado, quien “reducir el efecto llamada” para evitar esta situación. Para ello, el vicealcalde ha indicado que se han destinado “esas partidas presupuestarias” a otros fines sociales de la Concejalía de Mayores, Juventud, e Infancia.

Con esos “119.000 euros sobre un presupuesto total de 250 millones de euros”, como ha indicado el representante de Vox, la extrema derecha cercena dentro de las competencias municipales las ayudas a diferentes ONG burgalesas. El PP ha aceptado aunque es un acuerdo fruto de “una negociación, no un chantaje ni una amenaza”, como indicó este jueves la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros (PP).

“Fue una petición de Vox en la negociación de los presupuestos y el PP no está de acuerdo, porque esas ONG hacen una muy buena labor, pero este es un gobierno de coalición y seguramente el presupuesto que presentamos no es el ideal ni para el PP ni para Vox”, explicó Ballesteros.

Ballesteros detalló que en el borrador presupuestario mantienen en la misma cuantía que este año las ayudas a cooperación internacional, que también a petición de Vox se redujeron a la mitad, quedando en menos de 500.000, en la negociación del presupuesto de 2024, el primero del gobierno de coalición PP-Vox tras las elecciones de 2023. Lo único que recogerá el presupuesto de 2025 para las ONG será una partida para cumplir con la obligación derivada de este año, pues está pendiente de pago el 30 % de las ayudas, a la espera de que justifiquen los gastos.

PSOE ve en la medida “un perjuicio importantísimo a la ciudad”

La concejala del PSOE, Sonia Rodríguez, ha lamentado que la retirada de ayudas supone “un perjuicio importantísimo a la ciudad”, ya que “muchísimos vecinos y vecinas de Burgos van a dejar de recibir esos servicios especializados”.

La socialista ha señalado que el PP “no ha sido diligente en su defensa de los intereses municipales” y ha cedido a “las presiones de Vox” que sin más datos exclusivamente se basa “en eslóganes que vienen de Madrid”

En el PSOE han alertado de los recortes del PP y Vox en materia en las que la derecha radical populista está en contra, como la eliminación de ayudas a la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos y la Cátedra de la Universidad o la reducción a la mitad del presupuesto de la de cooperación internacional en los presupuestos para 2024.

Rodríguez ha reprochado a PP y Vox que rompan con convenios de colaboración que llevan “décadas” y que resultan “fundamentales” para el desarrollo normalizado de los servicios sociales de la ciudad. La concejala ha señalado el repentino “cambio de criterio” del equipo de gobierno puesto que el Ayuntamiento amplió los convenios el año pasado.

El trabajo de estas ONG, como ha explicado la edil socialista, “no solo se desarrolla gracias a la aportación municipal”, aunque son “imprescindibles” hay otras administraciones, empresas y particulares que contribuyen.“No se trata de cifras, de si es mucho o es poco, porque efectivamente el Ayuntamiento aporta poca cantidad para el beneficio que la ciudad y sus y sus ciudadanos obtienen”, ha matizado Rodríguez.

Sobre las palabras del vicealcalde en las que dice que las ONG contribuyen “al efecto llamado, la socialista ha aseverado que solo demuestran ”el desconocimiento asombroso de un responsable político municipal hacia el trabajo que realizan las asociaciones que trabajan en Burgos“.

La edil socialista ha indicado que la llegada de los inmigrantes a Burgos “siempre” ha estado vinculada a las oportunidades de trabajo. En una ciudad en la que la tasa de paro fue del 8,31% en septiembre de 2024, la relación entre ONG y empresas es necesaria para que las personas migrantes se incorporen al mercado de trabajo “con mayor eficacia con acciones de formación y asesoramiento de cara a la contratación”. “Las empresas también confían en estas entidades y recurren a ellas para mejorar su plantilla o porque tienen unas necesidades que no pueden cubrir con las ofertas actuales”, ha agregado.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel de la Rosa, ha ofrecido este mismo viernes al Partido Popular apoyar los presupuestos a cambio de que rompan con Vox. Este ofrecimiento también lo hizo el exalcalde de Burgos en septiembre pasado cuando en septiembre el secretario general de la formación, Ignacio Garriga quien advirtió que a su partido “no le temblará el pulso” de romper los pactos de gobiernos locales.

Las ONG estudian cómo atender a los migrantes tras la retirada de ayudas

Las ONG que atienden a migrantes en Burgos estudian cómo seguir atendiendo sin los recursos municipales a los cientos de personas vulnerables a las que ayudaban hasta ahora. Fuentes de Accem han señalado este viernes a EFE que la entidad recibió 28.188 euros el último año a través de este convenio, gracias al cual ha atendido de forma individualizada, desde hace más de 20 años, a 5.848 personas de 96 nacionalidades distintas. Esto ha posibilitado su plena inserción en la ciudad, “contribuyendo a la cohesión social y la convivencia intercultural en la sociedad burgalesa”. Otra ONG, Burgos Acoge atendió el año pasado a dos mil setecientas cuarenta y seis personas, según fuentes consultadas por este periódico.

Desde Accem han asegurado que les apena que se pierda “la larga y excelente” colaboración con la administración municipal, ya que considera que ha prestado “un gran servicio a la sociedad burgalesa en esta larga trayectoria”, que ha supuesto “un importante apoyo al tejido social de la ciudad”. Así ha sido reconocido, recalcan, con diferentes premios como el Reconocimiento Meninas Castilla y León 2023 de la Delegación del Gobierno.

Sobre qué pasará ahora, Accem ha subrayado que su prioridad “siempre son las personas”, por lo que estudia cómo solventar la situación para seguir atendiendo a los migrantes en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, la Asociación Atalaya Intercultural, adscrita al Servicio Jesuita al Migrante, recibió el último año 13.000 euros gracias a este convenio, con el que han atendido a 385 migrantes en situación de vulnerabilidad, según han señalado fuentes de la entidad. La mayoría de los beneficiarios de esta ayuda son personas latinoamericanas (sobre todo de Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador) y marroquíes, muchos de ellos en situación administrativa irregular.

Del total de personas atendidas, 343 son menores y jóvenes a los que prestan apoyo escolar: les proporcionan el material que sus familias no pueden darles y refuerzo educativo, además de otras actividades como campamentos de verano o recursos de ocio para adolescentes. La asociación también se encarga de dar techo a 42 migrantes sin recursos, en tres pisos en los que viven familias y una casa de acogida en la que residen otras personas sin cargas familiares.

Desde la entidad han asegurado sentir inseguridad e impotencia al ver recortados los recursos del Ayuntamiento y aseguran que, más allá de la aportación económica, lo peor para ellos es el riesgo de perder el nexo que han construido con la ciudadanía desde hace 21 años, cuando comenzaron con su labor en la capital burgalesa.

De cara al año que viene, sin los recursos de la corporación municipal, intentarán seguir atendiendo al mismo número de personas o “a todos los que se pueda”, aunque prevén que tendrán que recortar recursos, como el material escolar que proporcionan a las familias.

El vicealcalde de Burgos, Fernando Martínez Acitores, de Vox, ha asegurado a Europa Press que los pactos municipales en los que participa su formación política “están al margen” de la decisión tomada por el partido de Santiago Abascal y que sólo “afectan al ámbito autonómico”.

El que fuera cabeza de lista de Vox al Ayuntamiento de Burgos ha reconocido que desde su partido han pedido a los dirigentes locales que sean “prudentes y no hagan declaraciones”. Martínez-Acitores ha asegurado que tanto para él como para su formación este viernes “es un día normal, las cosas no cambian”.

Entre PP y Vox suman 15 concejales y mayoría absoluta (la formación que lidera Abascal logró cuatro escaños), frente a los 12 logrados por el PSOE.

El disenso más llamativo entre PP y Vox se produjo antes de las elecciones europeas, cuando el vicealcalde y el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, anunciaron en rueda de prensa que la Policía Local controlaría los empadronamientos de inmigrantes para evitar irregularidades con “visitas e inspecciones periódicas”. Algo que fue inmediatamente desmentido por la alcaldesa, Cristina Ayala, que desautorizó esa decisión y la echó para atrás al no obedecer al marco competencial.

El equipo de Gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Burgos “goza de buena salud”, ha asegurado la alcaldesa, Cristina Ayala (PP), que ha restado importancia a lo que ha calificado de “algunos desacuerdos puntuales”.

Ayala ha afirmado “sentirse cómoda” en el pacto municipal, del que se cumple justamente un año, ha enmarcado esos desacuerdos en el normal funcionamiento de un gobierno conformado por dos partidos distintos, que no siempre coinciden en sus puntos de vista.

El último desacuerdo se ha producido este mismo mes, cuando dos concejales de Vox, uno de ellos el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, presentaron una iniciativa para “frenar la inmigración irregular”, vinculada al control de lo que denominaron “empadronamientos ilegales”.

Aunque la alcaldesa anunció que abriría un diálogo con Vox porque no estaba de acuerdo con parte de su proposición, finalmente ambos partidos ha asegurado que no ha habido tal diálogo.

De hecho, Martínez-Acitores ha dicho ahora que aún están trabajando en la propuesta, con lo que se descarta que vaya a plantearla en el pleno municipal del próximo viernes.

La alcaldesa y el vicealcalde han ofrecido este lunes en rueda de prensa un balance de su primer año de gobierno local.

Ayala ha asegurado que parte de su esfuerzo se ha destinado a desbloquear temas pendientes del pasado mandato y diseñar los proyectos para poder avanzar en los años que queda en la ejecución de sus compromisos electorales.

Entre los compromisos a futuro ha destacado el proceso para asumir la gestión directa de los consorcios del Desvío del Ferrocarril y el Polígono de Villalonquéjar, que han supuesto asumir sus 200 millones de euros de deuda pero también los activos que aún no han vendido.

También ha destacado el giro en la sociedad municipal para el desarrollo, que ha cambiado el nombre de Promueve por el de ProBurgos y asumirá, además de sus fines turísticos y culturales, la marca de ciudad y la gestión de vivienda y suelo para gestionar los dos consorcios.

La alcaldesa ha valora como “positivo” este primer año, que se cierra con una “satisfacción moderada”, porque queda trabajo por hacer, aunque el equipo de Gobierno considera que la ciudad está “en marcha”, que ha conseguido salir del “letargo” al que le sumió el PSOE, cuyo mandato ha calificado de “perdido”.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), ha desmentido al vicealcalde de Burgos, Fernando Martínez-Acítores (Vox), al asegurar que “solo la alcaldesa puede dar instrucciones a la Policía Local”. La regidora ha hecho referencia al anuncio de su socio de coalición por el que anunciaba que tenía vía libre por parte de los 'populares' para usar a la Policía Local para buscar a inmigrantes ilegales en sus viviendas particulares para detectar “posibles casos de empadronamiento ilegal”, como indicó el vicealcalde.

Ayala, como ha avanzado BurgosNoticias, ha recordado a Vox que según la normativa básica de la Ley de Coordinación de Policías Locales y la Ley de Bases de Régimen Local, es el alcalde la autoridad máxima la que puede dar instrucciones a la Policía Local.

La regidora 'popular' ha asegurado que la Policía Local ya ejerce parte de esa actividad de regulación de los empadronamientos de acorde a su autoridad; sin embargo, otras muchas escapan a su control y son competencias de la Policía Nacional. La medida de Vox de erradicar los empadronamientos ilegales tendrá que pasar por la Reunión de Coordinación del Ayuntamiento

El Partido Popular se ha querido desvincular de la proposición que ha realizado su socio de Gobierno y se muestran contrarios varias de esas actuaciones, como ha matizado Ayala. La alcaldesa ha adelantado que tratarán este asunto en la Reunión de Coordinación del Ayuntamiento del próximo martes.

La intención de Vox en el Ayuntamiento de Burgos era usar a la Policía Local para buscar a inmigrantes ilegales en sus viviendas particulares, a pesar de que no está entre sus competencias, para localizar presuntos casos de empadronamientos ilegales en la capital. Martínez-Acitores y el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña reconocieron que no manejan datos de empadronamientos ilegales vinculados a la inmigración en Burgos y que su cruzada cuenta con el visto bueno de su socio de gobierno.

La propuesta de Vox choca contra el artículo 53 de la Lay 2/1986 que regula las competencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Este apartado restringe las competencias de la Policía Local a: Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones, ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación,  instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano, Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia, participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley.

También está entre sus funciones la prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil, efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad, vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello y cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. En ningún caso se le atribuyen competencias en inmigración y mucho menos pueden “inspeccionar” domicilios particulares sin una orden judicial.

La Junta elude pronunciarse

Preguntado por la colaboración del Ejecutivo autonómico con la propuesta de Vox, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha evitado adelantar si colaborarían con el Ayuntamiento en caso de salir la iniciativa y ha derivado al “debate municipal” esta política.

El vicealcalde señaló que la Policía tirará de los servicios sociales del Ayuntamiento o de la Gerencia de Servicios Sociales, dependiente de la Junta de Castilla y León, implicar a los ciudadanos como delatores anónimos y buscar la colaboración con la Policía Nacional, la Guardia Civil y los “servicios de inmigración” .

El delegado del Gobierno recuerda a Vox que el control de la inmigración irregular compete a la Policía Nacional

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha recordado este jueves que la inspección y control de la inmigración irregular compete al Cuerpo Nacional de Policía y no a la Local como pretende una propuesta de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, que ha calificado de “xenófoba”, como ya hiciera este miércoles el Ministerio de Migraciones, como adelantó elDiario.es.

“Es imposible identificar a simple vista si alguien está en situación irregular y hacerlo de forma aleatoria en función del color de la piel es algo claramente xenófobo”, ha argumentado el delegado del Gobierno en declaraciones recogidas por EFE. En todo caso, ha añadido, corresponde a la Policía Nacional cualquier intervención de ese tipo siempre que medie una investigación que no sea de tipo administrativo.

“Estoy en desacuerdo con esa intromisión en materias que competen a la Policía Nacional y con finalidades claramente xenófobas”, ha proseguido antes de subrayar que la obligación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de velar por el cumplimiento de la ley “sin criminalizar a ninguna persona por su raza, origen o color de la piel”.

VOX, representado en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos que preside como alcaldesa Cristina Ayala (PP), ha propuesto a su socio de coalición municipal un conjunto de medidas para combatir la inmigración ilegal, entre ellas la vigilancia sobre el empadronamiento, un canal para denuncias anónimas y controles de identidad en la calle para comprobar el estatus migratori

'Retrato de Dama', un cuadro que fue expoliado a la familia Sota, ya está en manos de sus legítimos dueños. Este martes el Ayuntamiento de Burgos ha entregado la obra a Ramón de la Sota, que ha recibido el cuadro casi 90 años después de que las fuerzas franquistas se llevaran gran parte de la colección de arte que poseía el entonces ya fallecido Ramón Sota Llano, un empresario vinculado al nacionalismo vasco.

Ramón de la Sota Chabault ha explicado en el acto de entrega que la familia tuvo tres copias de este Retrato de Dama, al menos dos de ellos atribuidos a Anton Raphael Mengs, un pintor neoclásico del siglo XVIII. Una original está en posesión del Rijksmuseum (Ámsterdam) y otra, también original, se donó a la Real Academia de San Fernando en 1931, un depósito temporal que acabó en donación, según ha explicado el funcionario que ha localizado el cuadro en el Ayuntamiento.

Aún está por confirmar si la copia que estaba en el Ayuntamiento de Burgos es también de Mengs o si es una copia del siglo XIX, como se sospecha. “Un técnico del Museo de Artes de Bilbao vino hace un mes y dijo que estaba en muy buen estado. Ahora hay que ver si es contemporáneo o si es una copia del siglo XIX y su autoría, si la hay”, ha manifestado Ignacio González.

“Botín de guerra”

'Retrato de Dama' fue uno de los cuadros tomados como “botín de guerra” en 1938. Cuando la familia intentó recuperarlo —junto a otros dos cuadros— en 1945, la petición fue denegada. En 1976, los técnicos encontraron uno de ellos, 'Dama con mantilla'. Y todavía falta por localizar un paisaje francés, cuyo paradero no es conocido por los técnicos.

'Retrato de Dama' estaba en el monasterio San Juan de Burgos, pero ha estado 'perdido' durante años. Así lo ha relatado el funcionario municipal de Cultura. “La ficha de Patrimonio del Ayuntamiento, y escrito de mi mano, pone 'Recibido desde Alcaldía'. Yo no me acordaba”, confiesa González, que asegura que la obra estaría en algún sitio, aunque no necesariamente en la Alcaldía. También se cree que en 1975 no estaba a la vista, porque si lo hubiera estado, habría sido devuelto junto a 'Dama con mantilla'. “Llegamos a sospechar que [Retrato de Dama] estaba en la Audiencia Provincial, pero no estaba allí. La devolución no es completa porque hay un pequeño paisaje francés que no aparece”, ha subrayado. 

Una exposición en Bilbao, el 25 de junio

Este cuadro y otros que pertenecieron a Ramón Sota Llano —como los dos cuadros expoliados que estaban en Paradores, ahora depositados en el Museo de Bilbao— van a integrar una exposición en el Museo de Artes de Bilbao de la colección de Sota Llano, que se inaugurará el 25 de junio.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha mostrado su “satisfacción personal” por “reparar la deuda” que tenía el Ayuntamiento con la familia Sota y devolver una obra cuya propiedad no ostenta el consistorio, no solo por la Ley de Memoria Democrática sino por “sentido común”. “Hay un marco legal, pero la decisión de la alcaldesa y del equipo de gobierno no se toma porque haya un marco normativo en particular, sino por sentido común, justicia y voluntad política”, ha insistido Ayala.

Ramón de la Sota Chalbaut ha valorado la “máxima voluntad, celeridad y ganas”. “Es de Justicia, se aplica una Ley de Memoria Democrática que está en vigor y es una reparación importante y espero que sirva de ejemplo a otros”, ha afirmado el portavoz de la familia, que ha recordado que todavía hay reclamaciones en curso en diferentes estamentos de la Administración pública. “Necesitamos buscar a gente como Ignacio González”, ha solicitado.

El Ayuntamiento de Burgos iniciará el proceso para disolver cuanto antes los consorcios suscritos en su día con las dos cajas de ahorro (Caja Círculo y Caja de Burgos) y asumirá su deuda de 200 millones y su gestión en solitario.

En rueda de prensa este lunes, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), ha insistido en que la creación del Consorcio de Villalonquéjar, decidida en 1997, y la del Desvío, acordada en 2002, fueron “decisiones acertadas en ese momento” para que las cajas colaboraran con el Ayuntamiento en dos actuaciones urbanísticas de gran entidad que el consistorio no podía asumir en solitario.

Sin embargo, tras la conversión de ambas cajas en fundaciones, Caja Círculo abandonó el consorcio hace unos años y la Fundación Caja de Burgos pidió a finales de 2023 salir de esta entidad.

“No tiene sentido mantener dos consorcios integrados solo por el Ayuntamiento, cuando solo en intereses se pagan 20.000 euros al día, unos 7,5 millones de euros al año”, ha explicado Ayala.

El plan del Ayuntamiento es reducir esa deuda, para lo que amortizarán unos 35 millones de euros; renegociar las condiciones de esa deuda para reducir los intereses; y cobrar intereses por los 20 millones de euros que están en la caja de reserva de los consorcios, fruto de la venta de terrenos.

Además, se reforzará la plantilla de la sociedad de promoción municipal, ProBurgos, para que pueda asumir la gestión de los consorcios, aunque hasta la disolución, en una fecha por determinar, la Fundación Caja de Burgos seguirá colaborando.

El concejal de Urbanismo, Manuel Manso, ha asegurado que al asumir el Ayuntamiento ambos consorcios tendrá “plena capacidad de decisión” y eso no influirá en la venta de suelo, que se podrá seguir haciendo en función de su calificación urbanística, si obligación de que se destine solo a vivienda protegida.

En este sentido, ha asegurado que no comprende el cambio de postura del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, que hasta ahora estaba decidido a respaldar la disolución pero el viernes pasado cambio de postura, en lo que el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores (Vox), ha calificado de “irresponsabilidad”.

No, el eurodiputado del Partido Social Demócrata portugués, Paulo Rangel, no pertenece al Grupo Socialista Europeo, pertenece al Grupo del Partido Popular Europeo. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, del PP, ha confundido a uno de sus socios en Bruselas, que además ejerce de vicepresidente de la formación en la cámara, con el fin de atacar al PSOE.

Al hilo del debate sobre el uso en Congreso de las lenguas oficiales, la regidora se hacía eco de una intervención de Rangel en el mes de enero en el que el luso criticaba que la derogación del delito de sedición o la modificación del de malversación, entre otras cuestiones. En un mensaje en X, Ayala aseguraba que “no es un eurodiputado español del PP, es uno portugués y socialista que cuenta en la tribuna del Parlamento Europeo lo mucho que le preocupa la situación de España, una democracia que fue ejemplo durante muchos años”.

Rangel no es un cualquiera en política, ni en Portugal ni en Europa. Es eurodiputado desde el año 2009, además de ser vicepresidente del Partido Popular Europeo. Además, este socio del PP en Europa pugnó dentro del PSD para concurrir a las elecciones generales del país vecino en 2021.

El Partido Social Demócrata portugués está integrado en el Grupo del Partido Popular Europeo, del que forma parte el PP español. Sobre este nuevo error en redes sociales -Ayala confundió un atardecer de Burgos con un amanecer en campaña- ha dado cuenta el líder del PSOE en Castilla y León. “Ya veréis cuando se entere que ese partido gracias al cual es alcaldesa no son los que se dedicaban a vender diccionarios sino un partido de extrema derecha”, ha ironizado.

PP y Vox, que forman equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Burgos, han defendido la creación de un coordinador de comunicación, un puesto eventual de libre designación que sustituye al puesto de director de comunicación recogido en la plantilla municipal, de funcionario a cubrir mediante oposición, al asegurar que es una “figura necesaria y urgente” frente a las críticas del PSOE, que les acusa de crear un “comisario político”.

En el pleno municipal celebrado este viernes se ha aprobado la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) y la plantilla presupuestaria para incluir un coordinador de comunicación, “un puesto de confianza” del equipo de Gobierno, que se cubrirá “a dedo”, ha denunciado el portavoz socialista, y anterior alcalde, Daniel de la Rosa.

De la Rosa ha recordado que un coordinador de comunicación, como el anterior puesto de director de comunicación que ahora desaparece de la plantilla municipal, es un puesto institucional que “debe representar a todos los corporativos”, a todo el Ayuntamiento, y por tanto debe ser “neutral” y ser elegido mediante un proceso público de oposición.

El socialista ha criticado, sin entrar a valorar la capacidad o profesionalidad de la persona que se vaya a convertir en coordinador, la “discrecionalidad”, que vayan a “colocar al frente de la comunicación del Ayuntamiento a uno de los suyos”, y le ha recordado que podían haber vuelto a convocar la plaza de director de comunicación.

Desde el equipo de Gobierno, el concejal Ángel Manzanedo (PP) ha asegurado que la figura del coordinador de comunicación “es necesaria y urgente” para el Ayuntamiento, “son puestos que hay que cubrir sí o sí”, pues de él depende la comunicación interior y exterior.

Manzanedo también le ha recordado al PSOE que “no fue diligente” en el pasado mandato, cuando gobernó con Ciudadanos, para sacar adelante la convocatoria del puesto de director de comunicación, que se quedó desierta, pero que “no le tembló la mano” para crear un asesor al vicealcalde, Vicente Marañón.

Igualmente, el concejal del PP ha defendido el cambio de nomenclatura, de director a coordinador, con un aumento de sueldo que llegará a los 68.000 euros, porque “necesita mayor experiencia y conocimiento”, y ha asegurado que la cobertura de puestos de comunicación mediante personal de libre designación es algo habitual en los ayuntamientos.

La decisión de la nueva corporación no sólo ha sido criticada por el PSOE, también por la Asociación de la Prensa de Burgos, que en una reunión con la alcaldesa, Cristina Ayala, ha trasladado su malestar por elegir varios puestos de comunicación por la vía de la libre designación, entre ellos el de la dirección de comunicación e instan a que las administraciones públicas lleven a cabo procedimientos que garanticen la estabilidad y la independencia de los periodistas que accedan a esas convocatorias.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, del Partido Popular, con sus declaraciones en el Pleno municipal, se ha convertido voluntariamente en la mejor exponente de la importancia y necesidad de la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022). En una decisión sin precedentes y a todas luces inconveniente para la imagen de partido de Estado o constitucionalista, ha decidido renunciar al convenio de colaboración que el Ayuntamiento mantenía con la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica, y al previsto con la Cátedra de Memoria Histórica y Democrática Eduardo de Ontañón, de la Universidad de Burgos. “Este equipo de gobierno no va a caer en eso”, ha afirmado.

La señora Ayala ha mostrado cómo opera el PP en relación a la Historia de España: de manera selectiva y tergiversadora, insensible, entendiéndola como mero guion para fastos y soflamas. Obsesionada con convertir la ciudad de Burgos en un parque temático sobre el Cid, a la alcaldesa le parece que no debería investigarse y estudiarse todo lo sucedido en el siglo XX español antes de 1978. Nada nuevo, la Transición convertida en una suerte de Sábana Santa que cubre y opaca todo lo acaecido entre 1898 y 1978, mantra que el PP repite a cada rato tratando de ofrecer un discurso positivo y cordial, el de la concordia a su negacionismo histórico. En esto no se diferencia en nada de Vox.

La Historia es una disciplina académica, sujeta a una metodología científica, que busca conocer el pasado en su complejidad y saber de las vidas de quienes vivieron tales momentos. Hoy en día, la Historia se hace desde el compromiso con los valores democráticos y de Derechos Humanos: se preocupa por los de abajo, por las víctimas, por las mujeres, por los oprimidos y minorías, por las mayorías anónimas…, y no sólo por las élites como se hacía antaño. Se hace historia social para alcanzar un sentido de historia total; porque el valor “democrático” nos enseña que toda experiencia es importante, toda vida cuenta.

La historia de España del siglo XX es la de una época sometida a muchos cambios y tensiones, conflictos y transformaciones. A diferencia de lo que piensa la alcaldesa de Burgos, la II República no fue ninguna anomalía o régimen perverso, fue la primera democracia española plena, absolutamente representativa de la Europa de su época. La anomalía histórica fue el franquismo, una dictadura militar de casi 40 años que supuso el envilecimiento y empobrecimiento del país, y la más importante pérdida de derechos y libertades que podamos imaginar. ¿Cuál es el interés malsano en investigar y conocer lo sucedido en este pasado? ¿Es algo necesario? La respuesta se la han dado a la puerta del Ayuntamiento decenas de familiares de víctimas del terrorismo franquista, muchos de ellos todavía sin saber dónde están los restos de sus familiares asesinados.

Con esta postura de rechazo al conocimiento del pasado, al encaramiento de los crímenes contra la Humanidad que supusieron los asesinatos de la represión franquista, al conocimiento de lo que fue la experiencia de sometimiento, desposesión y explotación de los vencidos de la Guerra Civil, el PP se convierte, muy benjaminianamente, en cómplice de la dictadura, en perpetuador de sus bulos sobre la II República y la Guerra, en continuador de la tergiversación histórica y desmemorización sistemática que promovió activamente el franquismo.

En Europa no comprende nadie, salvo la ultraderecha, que no se atienda y conozca el pasado conflictivo y traumático. Encararlo y conocerlo supone, justamente, una afirmación de los principios democráticos de respeto y convivencia, una defensa de la vida y el diálogo frente a la violencia, la opresión y la intolerancia.

Estas son las primeras medidas de los ayuntamientos del PP-Vox, instaurar el guerracivilismo, porque eso es lo que ellos hacen: erigirse en vencedores y negar los derechos de las víctimas y el valor del conocimiento de la Historia para las nuevas generaciones. Lo llaman concordia, pero se trata de ocultación y censura, de inhumanidad y negacionismo histórico.

Desde la Cátedra de Memoria Histórica y Democrática Eduardo de Ontañón de la Universidad de Burgos seguiremos trabajando para esclarecer y conocer el pasado, las pérdidas y desastres, toda la tergiversación, manipulación y fealdad del pasado, todo el sufrimiento de las víctimas, incluyendo la Transición. Nuestro equipo de investigación lleva décadas cumpliendo con este compromiso social con pleno conocimiento de su valor humanitario y científico. Hoy nos ha acusado una alcaldesa de usar la Historia para hacer política (qué franquista suena esto), para, inmediatamente, negar ella valor del conocimiento y la verdad.

Cuando no hay compromiso con la Memoria Democrática, cuando se la desprecia, el mensaje cala: se jalea la intolerancia, la deshumanización, el desprecio por la vida ajena. Y eso da alas a los ultras. Las declaraciones de la alcaldesa de Burgos son una demostración de lo lejos que estamos de asumir principios y valores democráticos. Lo repetiré una vez más: no se puede ser demócrata para el presente y franquista para el pasado.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), ha reivindicado “la concordia” y el “abrazo” que se 'dieron' “los españoles” en 1978, que ha justificado la anulación de los 15.000 euros que tenía previsto conceder el anterior equipo de gobierno (PSOE-Ciudadanos) a la Cátedra de Memoria Histórica y Democrática —Eduardo de Ontañón— de la Universidad de Burgos, una organización que no considera necesaria por específica.

“La Transición es ese momento que une a los españoles y deciden olvidarse de lo triste que ha sido el siglo XX y de las cosas terribles que han pasado; y decide superar ese momento. Por tanto, si tiene que haber una cátedra, puede ser de todo el siglo XX, pero en ningún caso de un momento histórico determinado. Porque no parece razonable y la historia hay que leerla en conjunto”, ha expresado en el pleno municipal este miércoles.

La regidora burgalesa y exsenadora se ha preguntado por qué los investigadores y algunos políticos hacen “este acotamiento en el tiempo”. “El siglo XX fue, hasta la Transición, terrorífico para España. ¿Hubo represión franquista? Aquí no la negaremos ¿Hubo una Segunda República lamentable? Claro. ¿Hubo episodios antes de la II República también muy lamentables? Los hubo. Pero hacer una cátedra exclusivamente de un momento histórico es hacer política con la historia. Y este equipo de gobierno no va a caer en eso”, se ha explayado Cristina Ayala.

Así ha respondido ante la pregunta del socialista y exalcalde, Daniel de la Rosa, que ha interpelado a Ayala y le ha preguntado si tiene intención de renovar el convenio con la Coordinadora de Memoria Histórica (que ha financiado exhumaciones desde 2016 y este año quería hacer un memorial en Estépar) y la Cátedra de Memoria de la Universidad de Burgos. En total, se trataba de 25.000 y 15.000 euros, respectivamente.

Cristina Ayala ha asegurado que el convenio con la Coordinadora de Memoria Histórica que firmó el PP en 2016 fue una condición sine qua non del Grupo Socialista para respaldar los presupuestos municipales (el PP gobernaba en minoría) y ha insistido en que los trabajos de exhumación de represaliados que salieron del penal de Burgos —salvo en 2022— se han desarrollado fuera del término municipal y por lo tanto, no van a financiar el memorial.

El PSOE fue el socio preferente en el mandato de Lacalle y PP y PSOE pactaron en varias ocasiones, pero desde el Grupo Socialista insisten en que era un punto más dentro de una cláusula y que el PP no se opuso a este punto. En 2015, el pleno municipal aprobó la firma del convenio con la abstención del PP —porque el convenio debía encajarse en las negociaciones de los Presupuestos de 2016— y el apoyo del resto de la corporación (PSOE, Imagina Burgos, Ciudadanos y una exedil no adscrita).

“No cree en la Memoria Democrática”

El director de la Cátedra de Memoria Histórica y Democrática “Eduardo de Ontañón”, Ignacio Fernández de Mata, ha reprochado que la alcaldesa diga a los especialistas 'lo que han de estudiar y lo que no'. “Hay tanta ignorancia como soberbia e intento de censura”, ha reprochado Fernández de Mata, que ha liderado un equipo de investigadores para elaborar el mapa de fosas comunes y está trabajando en un censo de víctimas de toda Castilla y León.“

“Le ha costado varios circunloquios quitarse el antifaz y reconocer que lo hace, no por supuestos argumentos administrativos como decían, sino porque no cree en la Memoria Democrática”, recrimina este investigador de la Universidad de Burgos.

Ayala pide a De la Rosa que 'entienda' que ya no es alcalde

Ayala ha pedido a Daniel de la Rosa que 'entienda' que él ya no es el alcalde porque “los burgaleses así lo han decidido”. El PSOE fue el partido más votado, pero obtuvo menos concejales que el PP y Vox, que han formado un gobierno de coalición. “Los burgaleses han decidido a través de la votación y ene este pleno, y la legitimidad la tiene otro alcalde; independientemente de que esté o no de acuerdo”, ha insistido Ayala, que durante la campaña electoral propuso al PSOE un acuerdo en toda España para que gobernara la lista más votada. Daniel de la Rosa aceptó aplicar ese acuerdo en Burgos pero Ayala lo rechazó si no era con el resto de municipios, comunidades y el Gobierno de España.

El socialista Daniel de la Rosa ha insistido en el pleno en que los restos de 96 personas que han sido exhumadas — habría otras fosas sin localizar correspondientes a ocho sacas— eran ciudadanos de Burgos y por eso le corresponde al Ayuntamiento financiar esos trabajos y esa dignificación a las víctimas. “Ha sido llegar vox al gobierno y el PP tener que tragarse este sapo, a no ser que sea una cuestión compartida, que sería una mayor decepción”, ha apuntado De la Rosa.

El concejal de Hacienda, Ángel Jesús Manzanedo, ha cargado contra la “herencia envenenada” y ha afeado que estas líneas de Memoria Histórica no estuvieran en el Presupuesto inicial de 2023, sino en la modificación de crédito, y que la anterior corporación se “olvidara” de este asunto.

El Grupo Socialista va a estudiar la posibilidad de recurrir los cambios que se han producido en la modificación de crédico porque consideran que no se puede aceptar parcialmente la alegación de la exconcejala Blasco porque era una alegación a la totalidad de la modificación y no a determinados puntos, y los convenios de Memoria Histórica eran meros ejemplos y no una alegación en sí mismos.

Minutos de silencio para “otras víctimas en el ámbito del hogar”

El Ayuntamiento ha incluido en el minuto de silencio con el que se inician los plenos municipales a “otras víctimas en el ámbito del hogar” y ha defendido que esas víctimas también “merecen ser honradas”.

La concejala socialista Estrella Paredes ha reclamado que el minuto de silencio no quede “diluido” por otros tipos de violencia. “Reconocer la violencia de género es esencial. Equipararla a otra es perder la capacidad de actuar sobre los factores que no tienen otro tipo de violencias”, ha zanjado la edil, a la que el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores (Vox), ha intentado interrumpir a la socialista cuando ha dicho que ningún hombre había fallecido en 2023 “por violencia de género”.

Según la estadística que elabora el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado 36.161 hombres fueron condenados (en firme) por violencia de género y otros 4.059 por violencia doméstica (que se puede ejercer por ejemplo entre un nieto y un abuelo, un primo, un hijo, etc.) frente a 2.963 mujeres con sentencias en firme por violencia doméstica.

“Un matiz técnico que me acaban de decir. Si no hay víctimas de violencia de género hombres es porque la Ley lo impide. Lo que más muertos hay en este país es de hombres contra hombres”, ha afirmado el vicealcalde de Burgos. Según la estadística que elabora el INE, en 2022 197 hombres y 106 mujeres fallecieron en un homicidio. Ese mismo año, 49 mujeres fueron víctimas de la violencia machista, casi la mitad de todas las mujeres que murieron asesinadas.

Poco antes de ese momento, Martínez-Acitores ha pedido al PSOE que no hable “en nombre de todas las mujeres”. “Se ha condenado expresamente la violencia contra las mujeres y se ha ampliado a otros casos”, ha afirmado. La 'popular' Andrea Ballesteros ha reivindicado que no ha cambiado “nada” en las políticas de Igualdad mientras ha reprochado las reducciones de condena derivadas de la Ley del Solo Sí es Sí.

Además, la concejala socialista Blanca Carpintero ha preguntado saber cómo se va a dotar a la unidad de Atención a la Diversidad y de Violencia de Género y el edil de Vox Ignacio Peña ha reconocido no tener claro cómo se va a proceder a partir de ahora. “No se va a eliminar esa unidad”, ha aclarado Peña.

“La violencia contra las mujeres existe sin perjuicio de que entendamos que no puedan quedar fuera otras violencias”, ha destacado Peña en el pleno.