La población ciudadrealeña del Viso del Marqués estuvo sin suministro eléctrico desde las ocho de la mañana de este miércoles 28 de enero hasta pasada la medianoche, cuando la luz regresó al pueblo.

Fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha explicaban ayer elDiario.es Castilla-La Mancha, que el aviso de la falta de suministro se recibió a las 16:00 horas. Las aldeas que dependen del municipio no se vieron afectadas. Esta mañana desde el ayuntamiento han confirmado que la luz se recuperó sobre las 12.30 de la noche.

Se quedaron sin luz, pero también sin cobertura telefónica. La alcaldesa Fátima Victoria Ginés ha explicado a este medio que Unión Fenosa que suministra luz a este pueblo confimó incidencias en las dos líneas que surten, tanto la que llega desde Santa Cruz de Mudela como una segunda vía Almuradiel. La primera tuvo una incidencia subterránea y la segunda ocurrió en una zona en la carretera de Almuradiel en la que los operarios no pudieron actuar hasta que no amainó el viento. “Pudieron entonces hacer el bypass a la torre”.

La edil ha explicado que tanto el centro de salud, para dar servicio a las urgencias, como la vivienda de mayores tuvieron suministro gracias a los grupos electrógenos proporcionados por el ayuntamiento.

Muchos vecinos y vecinas se desplazaron durante la jornada hasta la cercana localidad de Almuradiel para cargar los teléfonos móviles.

Se trata de una de las más de 200 incidencias que ha dejado la borrasca Kristin en la provincia de Ciudad Real.

La Junta Directiva del Grupo de Desarrollo Rural ADEL Sierra Norte, en la provincia de Guadalajara, ha exigido poner fin a “los continuos cortes de luz y de cobertura digital que sufren los municipios de esta zona”. Así se puso de manifiesto durante una reunión celebrada este viernes, y que se convirtió en foro de reivindicación para lo que califican de situación “insostenible para la comarca”.

El último caso se produjo hace escasos días y la falta de servicio - a cargo de Telefónica y Movistar- se prologó durante más de diez días. Ahora piden que se actúe “de manera inmediata” para que no vuelva a ocurrir.

El Grupo de Desarrollo Rural ADEL Sierra Norte subraya que estos fallos, muchos de ellos microcortes repetidos cada semana, “paralizan la vida diaria, dañan equipos, dejan a los vecinos incomunicados y lastran cualquier oportunidad de desarrollo”.

En pleno 2025 seguimos teniendo microcortes prácticamente todas las semanas y, con ellos, se viene abajo la cobertura, la fibra, el teléfono… Todo se apaga y hay que volver a empezar

Pilar Moreno — Teniente de alcalde de Cantalojas

Durante la sesión, la Junta escuchó el testimonio directo de varios representantes de los municipios más afectados. “No podemos seguir en las mismas condiciones que en los años 80. En pleno 2025 seguimos teniendo microcortes prácticamente todas las semanas y, con ellos, se viene abajo la cobertura, la fibra, el teléfono… Todo se apaga y hay que volver a empezar”, denunció Pilar Moreno, teniente de alcalde de Cantalojas y vocal de ADEL.

Según explicó, estos cortes —de segundos o minutos— no siempre quedan registrados como averías, lo que deja sin respuesta las reclamaciones vecinales incluso cuando provocan daños en aparatos eléctricos. “Estamos reivindicando desde hace años mejoras en las líneas. Sabemos que existen soluciones, que hay medios y tecnología, pero no llegan. Si ahora hay inversión para el medio rural, lo primero debe ser esto: luz e internet”, añadió.

El alcalde de Galve de Sorbe: “Es un problema estructural”

En la misma línea se pronunció Javier López Lorenzo, vocal de ADEL y alcalde de Galve de Sorbe, uno de los municipios donde la situación es más grave. “No hablamos de algo puntual, hablamos de un problema estructural que afecta a la vida diaria, a la actividad económica y a la seguridad. Necesitamos que Iberdrola, o en general las eléctricas y las compañías de telecomunicaciones asuman su responsabilidad y ejecuten las mejoras que llevan años pendientes. No podemos pedir que la gente apueste por nuestros pueblos mientras seguimos con infraestructuras del siglo pasado”.

La presidenta de ADEL, María Jesús Merino, respaldó estas demandas en nombre de la entidad. “ADEL está para impulsar proyectos y oportunidades, pero el desarrollo rural no se sostiene sin servicios básicos. Luz, comunicaciones y mantenimiento de las infraestructuras son la condición imprescindible para fijar población y garantizar igualdad. La comarca no puede esperar más, porque estos fallos se están convirtiendo en una amenaza directa para su futuro”.

Alumnos, profesores y familias del CEIP Arias Montano, en Sevilla, han sacado este martes los pupitres a la calle para denunciar que los continuos cortes de luz hacen “inviable dar clase” en el interior del centro. Este acto de protesta recrea una situación real que vivieron los docentes el pasado viernes, cuando decidieron vaciar las clases y llevarse al alumnado al patio, ya que en las aulas superaban los 30º C y no podían encender los ventiladores debido a “los fallos que está provocando la nueva instalación eléctrica”.

El motivo por el que este colegio ubicado en el barrio de la Macarena ha comenzado el curso sin luz, sin pizarras digitales y sin ventiladores conecta con unas obras que “se han alargado más de la cuenta”. El curso pasado, la comunidad educativa del Arias Montano convivió con los trabajos de renovación de la instalación eléctrica, una reforma que debía poner fin a los problemas de suministro que arrastraba el centro desde hacía años. “Se suponía que este curso ya iba a estar terminado, pero a la vuelta del verano nos hemos encontrado con que la luz salta constantemente”, explica Bernat Costa, portavoz de las familias de este centro sevillano.

Después de notificar el problema a la administración local, y viendo que persiste dos semanas después del inicio de las clases, la asociación de madres y padres del alumnado ha decidido movilizarse con una protesta organizada al finalizar la jornada escolar, que ha contado con la participación de toda la comunidad educativa. “Sin luz no se puede aprender” o “queremos aulas, no saunas” son algunas de las reivindicaciones que se podían leer en las pancartas que sostenían los pequeños, elaboradas por ellos mismos en casa.

Desde el Ayuntamiento –responsable del mantenimiento de los colegios públicos– aseguran que los trabajos de renovación del sistema eléctrico del CEIP Arias Montano encaran ya “su recta final”, a falta de unas actuaciones que acometerá Endesa. Sin concretar fechas, la delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, ha garantizado que este colegio público va a contar con una “instalación totalmente modernizada y con mayor potencia de uso”, según ha expresado en una nota de prensa difundida horas antes de la protesta convocada para este martes.

Aulas saturadas

El anuncio de la delegada no ha frenado la movilización que tenía prevista el AMPA. “Nos da igual de quién sea la responsabilidad, queremos que haya luz para que puedan dar clases en condiciones dignas y el servicio de comedor esté garantizado, pues los cortes también dejan sin funcionar los frigoríficos, hornos y lavavajillas”, reivindica Bernat en nombre del resto de familias.

A la falta de suministro eléctrico, se suma otro problema que preocupa a la comunidad educativa: la saturación de las aulas. “Este curso se ha cerrado una línea en Infantil de 5 años y otra en 1º de Primaria, una medida que la Consejería de Educación justifica en la bajada de la natalidad, cuando desde el centro se lleva años pidiendo una bajada de ratios en lugar de la supresión de clases, que provoca que las aulas estén abarrotadas y ahora, además, a oscuras”, lamentan desde el AMPA del Arias Montano.

Al hilo, Bernat Costa recuerda que el “exceso de alumnos en las clases” genera un problema que afecta sobre todo al alumnado con necesidades educativas especiales. “Se necesitan más recursos para que los niños que necesiten un apoyo extra no vean sus necesidades desatendidas porque el profesorado está desbordado con aulas masificadas”, defiende este padre que lleva 11 años vinculado al centro.

Con la protesta de este martes, las familias del CEIP Arias Montano han querido manifestar que están “cansadas de sufrir el abandono por parte de las instituciones públicas”. “Patios peligrosos, retirada de líneas en pleno verano (con el aumento en la ratio que eso implica), y por supuesto, un sistema eléctrico que se ha demostrado deficiente”, resumen desde el AMPA de este colegio sevillano.

La concentración del Arias Montano no es un caso aislado, sino que comparte las mismas reivindicaciones que otros centros de Sevilla que han celebrado acciones de protesta desde que arrancó el curso el pasado 10 de septiembre. Esta misma mañana, la comunidad educativa del CEIP Pedro Garfias se ha manifestado para denunciar la falta de apoyo educativo en las aulas para el alumnado NEE y NEAE, mientras que la semana pasada fue la del CEIP Borbolla la que denunció la “falta de climatización digna para los niños y profesores”.

Por todo ello, las familias perciben que las deficiencias de los colegios de sus hijos son el reflejo de las carencias que arrastra la escuela pública en Andalucía: aulas masificadas, falta de climatización, retirada de líneas y obras “interminables” que convierten la educación en “un cuento de nunca acabar”.

Los vecinos de la barriada Santa Isabel, en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), han convocado una manifestación nocturna este miércoles 20 de agosto a las 22:00 horas contra “los persistentes cortes eléctricos que sufre la zona” y han alertado de que “dado el estado obosleto de las instalaciones, nadie en el pueblo está a salvo de una situación similar”.

En una nota, el grupo interdistritos de Sevilla Barrios Hartos ha recordado que la situación de los cortes de luz afecta también a pueblos de la provincia, como Guillena o Alcalá del Río, y “se ha agravado en plena ola de calor”. Los residentes de la localidad han denunciado en el comunicado que han “llegado a padecer cortes de más de 30 horas, con graves consecuencias para la salud de personas mayores y bebés”. La manifestación de esta noche da continuidad, según ha comentado el grupo, a las protestas de la semana pasada, cuando los vecinos cortaron en varias ocasiones las calles del municipio.

La alcaldesa de la localidad, María Luisa Moya, en declaraciones a Europa Press, ha expresado su preocupación por este “problema social” que afecta a aquellas personas que “tienen sus contratos de luz, que pagan sus facturas y que se ven perjudicados”. Además, ha explicado que ha mantenido reuniones con los vecinos afectados, así como con la empresa eléctrica Endesa y con la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, de quien ha afirmado que no ha obtenido “ninguna solución ni respuesta” al respecto de la problemática.

El ayuntamiento, “desamparado”

Por ello, ha recalcado que la administración local está haciendo de “hidrotransmisor” entre los actores implicados, pero se siente “muy desamparada” ante la “falta de respuesta” por parte de la Subdelegación. “Actualmente no tenemos solución alguna ni ninguna respuesta por parte de la Subdelegación del Gobierno”, ha lamentado.

En ese sentido, ha reconocido que “es lógico que los vecinos de alguna manera se manifiesten ante la calor que están pasando”. Ante ello, ha expresado el dolor desde el Ayuntamiento por “todas esas personas que se ven afectadas y que sí tienen regularizada su situación”. “No vamos a parar de trabajar hasta poner encima de la mesa soluciones”, ha recalcado la alcaldesa.

Endesa apunta al fraude masivo derivado de la marihuana

Por su parte, Endesa asegura que los centros de transformación que abastecen a la zona cuentan con “potencia suficiente para más de 2.500 hogares”, en un lugar en el que hay “308 clientes con contrato de suministro en vigor”. Al hilo, ha subrayado que las instalaciones están afectadas por “el fraude masivo derivado de las plantaciones de marihuana en el interior de pisos, casas o edificios, las conocidas como plantaciones 'indoor', que utilizan sofisticadas instalaciones eléctricas enganchadas ilegalmente a la red con grandes consumos durante las 24 horas del día que causan estragos en las instalaciones eléctricas”.

Por último, ha indicado que en el mes de junio la empresa eléctrica desdobló las redes existentes para “intentar repartir las cargas de las líneas y así evitar las sobrecargas” y que “la actuación alivió momentáneamente la situación que se ha vuelto a registrar con el aumento de temperaturas”.

Críticas de la oposición

Desde el PSOE de San Juan de Aznalfarache han lamentado que sean los propios vecinos, ante la “incompetencia” y el “abandono” institucional, los que hayan tenido que “organizarse para sobrellevar una situación inhumana”. La secretaria general del PSOE de San Juan de Aznalfarache, Inmaculada Muñoz, ha exigido a la alcaldesa que “dé la cara y se haga cargo de los permanentes cortes de luz que vienen sufriendo casi 300 familias del municipio desde hace meses”.

“¿Dónde estaba la alcaldesa mientras los vecinos sufrían cortes de luz de hasta 26 horas, viéndose obligados muchos de ellos a refugiarse en casas de familiares?”, ha cuestionado Muñoz, para seguir preguntándose “dónde estaba cuando los comerciantes de la zona perdían dinero por la falta de suministro eléctrico”. Asimismo, la secretaria general del PSOE de San Juan de Aznalfarache ha confirmado que participará, como en ocasiones anteriores, en la manifestación ciudadana convocada este miércoles a las 22,00 horas, en la glorieta Angelita Vargas.

En la madrugada de este lunes ha salido ardiendo un centro de transformación de Endesa ubicado en la calle Mago de Oz, en el Polígono Sur de Sevilla, uno de los barrios más castigados por los apagones. La empresa explica que el incidente –que ha vuelto a dejar sin luz a los vecinos y comercios de la zona durante varias horas– obedece al “fraude masivo y a las plantaciones de marihuana”.

La instalación que ha quedado “completamente calcinada” por quinta vez (desde 2020 viene ardiendo una vez al año) tenía una potencia instalada de 2.000 kilovoltioamperios (KVA), a pesar de tener solo 111 contratos de suministro en vigor que “no superarían los 450 kilovatios de energía”, según ha explicado la compañía eléctrica.

En ese sentido, Endesa incide en que pese a estar “sobredimensionando” la instalación –que quedó completamente renovada el pasado año cuando en el mes de agosto se volvió a calcinar– esta no ha resistido la consecuencia del “fraude masivo” provocado por las plantaciones de marihuana que demandan energía las 24 horas, “afectando no solo a las instalaciones eléctricas, sino también a la seguridad de las personas que viven en estos entornos”, ha declarado.

Plan de acción tras el incidente

Para garantizar el suministro a los clientes con contrato en vigor, Endesa va a instalar dos grupos electrógenos de 1.600 y 1.200 KVA respectivamente, mientras lleva a cabo las tareas de revisión de la instalación. En total, la compañía invertirá más de 350.000 euros en la sustitución de este centro de transformación, ya que se tendrá que cambiar las máquinas transformadoras, volviendo a colocar dos transformadores con una potencia cada uno de 1.000 KVA, es decir, potencia suficiente como para 1.400 clientes, a pesar de que los contratos en vigor siguen siendo 111.

Asimismo, la empresa ha recordado que desde 2020 esta instalación “ha salido ardiendo una vez al año, a pesar de contar con 20 veces más potencia de los clientes con contrato que lejos de aumentar a lo largo de estos años ha disminuido de 119 a 111 clientes con contrato de suministro en vigor”.

En este contexto, Endesa ha explicado que “se trata de una zona sobredimensionada donde la problemática del fraude por cultivo de marihuana se vuelve cada vez más acuciante”. Al hilo, explica que una plantación de marihuana en una vivienda de unos 100 metros cuadrados “puede consumir como 80 viviendas a la vez”.

Además, desde la distribuidora han subrayado que la manipulación de las instalaciones para este fin y este consumo “desmesurado” son “las causas principales de los problemas de suministro que se registran en la zona”, y pueden suponer “un peligro para la seguridad e integridad de las personas”.

Nuevos centros de transformación en los barrios afectados

Por este motivo Endesa y el Ayuntamiento de Sevilla, hace tres años, llevaron a cabo un plan de refuerzo de las infraestructuras eléctricas y se instalaron doce nuevos centros de transformación en los barrios de Sevilla en los que se registraba más incidencias por fraude.

La medida se ha visto ampliada en la actualidad con la firma este verano de un nuevo protocolo de actuación con otros doce nuevos centros de transformación en estos barrios, con el fin de dotar de “más potencia y nuevas infraestructuras” a zonas que “ya cuentan con la última tecnología y el doble de potencia de los clientes que tienen contrato de suministro legalizado”.

Las ubicaciones de estas nuevas infraestructuras, concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla, se encuentra en Distrito Cerro Amate, donde se instalarán ocho nuevos centros de transformación; Distrito Este-Torreblanca con dos nuevos; Distrito Sur y Distrito Norte con uno respectivamente.

Igualmente, cada una de estas instalaciones contarán con un centro de transformación que albergará dos máquinas transformadoras de 1.000 KVA cada una, es decir, la potencia suficiente para abastecer a 800 nuevos suministros.

Finalmente, la compañía ha asegurado que “está trabajando ya en la instalación de varios de estos nuevos centros de transformación a la vez que se une el acompañamiento a las fuerzas de seguridad para la detección de estas plantaciones”, puesto que en los primeros seis meses del año “se han abierto 106 expedientes por plantaciones de marihuana en Sevilla, lo que supone cuatro expedientes a la semana en operaciones lideradas por Policía Nacional”.

En plena ola de calor, mientras muchos sevillanos amanecen con el aire acondicionado encendido y el café recién hecho, Mamen Caballero, vecina de Las Letanías (en el Polígono Sur) empieza el día con una carrera contrarreloj para garantizar que su hijo Jorge pueda seguir respirando: “Todo el mundo se levanta, va al baño, desayuna... yo me levanto y lo primero que hago es ir enchufando aparatos para que se vayan cargando”.

Jorge, de 32 años, es electrodependiente: su vida depende de cinco aparatos eléctricos. Entre ellos, un respirador y un convertidor de oxígeno. En uno de los barrios más castigados por los continuos cortes de luz, eso significa vivir en vilo las 24 horas del día. “Hasta de madrugada, si escucho que ha vuelto la luz, me levanto de la cama y corriendo enchufo las baterías porque no sabes a qué hora se va a ir de nuevo”, confiesa esta madre, que se ha gastado cientos de euros en baterías para mantener encendido el respirador y un ventilador que alivie el calor sofocante.

“Encima de que yo pago mis facturas, a mí me está costando el dinero que mi hijo pueda vivir”, lamenta Mamen. Al igual que ella, otros tantos vecinos de barrios obreros de Sevilla llevan años denunciando constantes interrupciones en el suministro eléctrico, pese a tener al día sus recibos. “Pagar la luz no garantiza el servicio, pues se presentan fallos reiterados en la electricidad cuando las altas temperaturas ponen en riesgo la salud y la vida de la población”, advierten desde la plataforma Nosotros también somos Sevilla, al término de una semana en la que los termómetros no han bajado de los 40 °C.

Bajo la amenaza de un apagón constante

El 28 de abril de 2025 España sufrió un gran apagón que, durante unas horas, dejó a millones de personas sin electricidad. Esa realidad es la que viven a diario familias del Polígono Sur, Su Eminencia, Torreblanca, Palmete, Padre Pío y La Plata en Sevilla capital. Para ellos, el gran apagón “fue un día más”. En estos barrios, los apagones son una constante durante todo el año, pero se disparan durante los episodios de intenso calor, como los que se han vivido durante la primera quincena de agosto. Manuel Rosa, miembro de la citada plataforma ciudadana, insiste en conversación con elDiario.es en Sevilla que “la ola de calor es algo coyuntural, pero nosotros hablamos de un problema estructural que nos afecta desde hace años”.

Así lo confirma Inma Jiménez, que vive en el mismo bloque sin ascensor que Mamen, junto a su hermana y sus padres (de 83 y 79 años). “Estamos aguantando como podemos, llevamos muchos años así, pero esta semana ha sido insoportable”, lo dice una tarde de agosto, tras varias horas sin luz. Durante la semana más calurosa del año, en el piso de Inma se han formado “colas en el baño para echarnos agua y así refrescarnos”. Su padre, también electrodependiente, es quien peor lo ha pasado: “Está siempre en alerta y se agobia mucho porque depende de sus máquinas para todo”.

Mientras el calor lo asfixia en una habitación donde “el ventilador solo mueve aire caliente”, su mujer, diabética, también convive con la preocupación de que los cortes prolongados echen a perder su medicación, que tiene que conservar en el frigorífico. La situación ha ido complicándose a lo largo de los años hasta el punto de llevar a Inma a decir: “Odio el verano”. Pero lo que más le afecta no son las noches tórridas ni que su casa parezca un horno, sino el estigma: “Nos toman como un barrio marginal cuando somos muchas familias las que sufrimos estas condiciones, estando al corriente de los pagos”.

A unos kilómetros de allí, en el barrio de Su Eminencia-La Plata, una de las zonas más vulnerables del distrito Cerro-Amate, Rocío Moreno también define su día a día como “un sinvivir”. Su marido tiene 49 años y un implante medular que requiere “un aparato siempre conectado”. Además, como depende de una grúa para moverse –y con los apagones no la puede utilizar–, fruto del calor y de estar “todo el día en la cama”, le ha salido una úlcera en la cadera. Rocío reconoce que las personas afectadas “psicológicamente estamos fatal” porque los cortes se producen siempre sobre la misma hora –las de mayor pico de consumo eléctrico– y, conforme se acerca el momento, “nos va entrando la angustia”.

Como estar de camping dentro de casa

Testimonios como los de Rocío, Inma y Mamen demuestran que “las personas electrodependientes están en situación de riesgo vital, y el resto de vecinos y vecinas se enfrentan a golpes de calor, deshidratación y un deterioro generalizado de su salud física y mental”, alertan desde Nosotros también somos Sevilla. “Hoy en día todos somos dependientes de la electricidad para cualquier función diaria, la energía eléctrica es indispensable para una vida digna”, defiende Manuel Rosa.

Durante el verano, las escenas cotidianas que se viven en los barrios afectados evocan un camping dentro de casa: colchones en las azoteas, cocinar en hornillas de gas, jóvenes estudiando a la luz de las linternas, camisetas mojadas para soportar los 40 grados... Así se sobrevive los meses de calor en pisos como el de Santos Piña, en Su Eminencia. Junto a esta vecina de 56 años, viven su nieto de 17 y su nieta de 5. “Cuando tenemos mucha calor durante el día, vamos al patio, abrimos la goma, nos ponemos la ropa mojada y nos sentamos en el sofá con dos plásticos, como el que se sienta a comer en la playa”, relata Santos, con la voz empapada de indignación.

Por las noches, “si no podemos dormir por el calor, subimos los colchones a la azotea”. Santos, además, se asegura de cargar las linternas “como la que carga un móvil”. Pero, más allá de cómo alteran los apagones su rutina diaria, lo que peor lleva es tener que tirar la comida. “Después del trabajo que me cuesta hacer la compra, hay veces que la comida se estropea porque se rompe la cadena de frío y eso me da mucha angustia”, reconoce.

Manuel, otro vecino afectado por los cortes de luz en el Polígono Sur, explica que “tenemos que vivir al día porque en el frigorífico no podemos tener comida” por el riesgo de que se eche a perder tras tantas horas sin suministro eléctrico. “Vivimos como si estuviéramos en un camping”, resume este vecino que lleva 40 años en el barrio. Se refiere a que “hemos tenido que comprar hornillas de gas para cocinar, de noche tenemos que andar por casa con linternas frontales y alumbramos las casas con focos recargables”. A todo ello se suma que las personas que, como él, precisan para dormir la máquina de la apnea del sueño, “cuando no podemos conectarla por las noches, nos levantamos reventados”.

“Nos sentimos estafados”

La reivindicación vecinal no se limita al día a día ni al calor del verano. Apuntan directamente a la falta de inversión en las infraestructuras eléctricas en las barriadas más desfavorecidas de la capital andaluza. “La solución es cambiar todo el cableado, que tiene 50 o 60 años, y lo único que hacen es parchear”, critica Santos, expresando un pensamiento extendido entre la mayoría de vecinos.

Endesa, por su parte, reconoce que las medidas adoptadas hasta ahora –como elevar la carga eléctrica o invertir en nuevos transformadores– son solo paliativos a corto plazo, ya que las soluciones de más calado “se escapan del ámbito de responsabilidad de una distribuidora”. En este punto, la compañía insiste en que la raíz del problema radica en los enganches ilegales vinculados con el cultivo de marihuana, que “cometen unos pocos”, pero terminan afectando a muchos clientes con contrato en vigor porque sobrecargan la red al demandar una potencia “excesiva”.

Mientras tanto, las familias afectadas siguen viviendo con el miedo permanente a un nuevo apagón. Según los datos recopilados por Nosotros también somos Sevilla, entre los meses de junio y julio se han registrado un 35% más de cortes que en el mismo periodo del año pasado. Y a esas cifras aún hay que sumar las relativas al mes de agosto. Como resume Rocío Moreno, “ha llegado un momento en el que contamos las horas de luz, en vez de las que no tenemos”. Por eso dice sentirse “estafada” al estar “pagando por un servicio que no me están dando”. En ese mismo sentido se expresa Inma Jiménez: “Exijo lo que pago”. Y concluye verbalizando el sentir compartido por el resto de sus vecinos: “Esto no es forma de vivir”.

La primera ola de calor del verano, con temperaturas que superan los 40 grados durante el día y que no bajan de los 25 por la noche, ha llevado a un grupo de vecinos de Palmete, organizado por la plataforma Barrios Hartos, a protagonizar una protesta en el centro de salud del barrio por los “continuos cortes de luz”, que vuelven a azotar a los barrios más desfavorecidos de Sevilla.

Los vecinos han explicado que el encierro en el centro de salud de Palmete, “que es el edificio público con aire acondicionado más cercano”, se debe a la “desesperación” provocada por las altas temperaturas y la falta de suministro eléctrico en sus hogares. “Somos un barrio con personas muy mayores, electrodependientes y sin medios para desplazarse”, lamenta. “Las casas son hornos; el agua sale caliente del grifo, y era o meternos aquí o nos morimos en nuestras casas”, asegura el portavoz de la paltaforma vecinal.

“Esta es la situación de muchos barrios obreros, con olas de calor insoportables, y mientras tanto, se está desarrollando una convención internacional para el desarrollo”, destacan desde Barrios Hartos, en alusión a la Cumbre de la ONU que se celebra estos días en el Fibes de la capital andaluza. Desde la plataforma aseguran que, durante los últimos 15 días, hay vecinos que han tenido apenas “dos o tres horas de luz al día”, sufriendo cortes de hasta 25 horas consecutivas en algunos casos.

No se iránhasta que las instituciones “den un paso adelante”

La plataforma Barrios Hartos ya ha llevado a cabo otras movilizaciones por esta situación desde que empezó el verano. Hace una semana, cortaron el tráfico en la rotonda junto a la avenida San José, en Palmete, para exigir soluciones. Además, el pasado viernes entregaron firmas en el Centro Cívico de La Plata y realizaron una manifestación por la zona de Su Eminencia. Desde la plataforma denuncian que la situación se está “extendiendo” a otras zonas de la ciudad, afectando a barrios como San Jerónimo, El Cerezo, Polígono Sur, Torreblanca, Bellavista, San Pablo, Padre Pío o El Cerro.

La protesta “no ha afectado a la asistencia sanitaria que se presta en este centro de salud”, uno de los que permanecerá cerrado por las tardes en los meses estivales, como señalan fuentes del SAS a Europa Press. Los vecinos que han protagonizado el encierro de este martes en señal de protesta insisten en que no se irán del centro de salud hasta que las instituciones “den un paso adelante” para aliviar la situación. “Estamos cansados de asambleas, movilizaciones y de que nada cambie, aquí resistiremos porque si nos echan de aquí, nos condenan a volver a un horno” aseveran desde Barrios Hartos.

A primera hora de la mañana de este miércoles, Juana (nombre ficticio), de 80 años, se levantó como cada día en su casa del municipio onubense de Cartaya, pero cuando fue a encender la lamparita de la mesilla de noche, no arrojó luz.

Lo primero que pensó fue en que había una avería, como ocurrió el pasado 28 de abril, pero sus hijas comprobaron que tanto en la escalera del bloque como en las casas de sus vecinas había suministro eléctrico sin problemas. Tras comprobar que todo estaba correcto en el cuadro de luces de la casa, llamó a la compañía suministradora, en este caso Endesa.

Pero cuando llamó le dijeron que le habían cortado la luz porque no había pagado un recibo con fecha límite del 16 de junio, cuando en realidad tiene tiempo aún hasta el 16 de julio. Juana se había acogido a la demora en el plazo de pago de facturas que marca la ley, de modo que, aunque tiene dos pendiente de pago, en realidad no tiene ninguna, porque puede pagarlas hasta el el 16 de julio, como se refleja en la documentación consultada por este periódico.

Sin embargo, alguien en Endesa confundió la fecha y pensó que dos días antes no había cumplido con el pago. Sin mediar palabra ni avisarla, a media mañana dejaron sin luz a esta mujer, viuda, de 80 años y con tres hijos a su cargo, dos de ellos en desempleo.

Horas de gestiones y mensajes contradictorios

A partir de saber lo que había sucedido comenzaron las gestiones con Endesa. Tuvo que hacer hasta tres llamadas hasta que le admitieron la reclamación. Algunos operadores le dijeron que tenía facturas pendientes desde enero, pero no era así. La carta que ha mostrado demuestra claramente que tiene dos facturas pendientes, una del 14 de marzo y otra del 14 de abril, y que tiene de plazo aún casi un mes para pagarlas.

A la situación se unía que en Cartaya no hay oficina comercial de Endesa, y una de las opciones que tenía era ir a la oficina más cercana, en Huelva capital, inviable para ella.

Poco después del mediodía, después de tres horas sufriendo el calor de ese día, volvió el suministro eléctrico a su vivienda tras demostrar por teléfono que todo estaba en regla.

Desde Endesa se ha explicado que el corte se realizó de forma telemática, y se ha podido deber, efectivamente, a un error en la lectura de los plazos.

Juana, por su parte, ha puesto el asunto en manos de un abogado para que delimite las responsabilidades en este asunto. “Imaginemos que yo necesito un respirador para vivir y de pronto me cortan la luz sin motivo, ¿la cortan y no pasa nada?”, se pregunta al lamentar el trato recibido.

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha anunciado este jueves que la Administración andaluza va a pedir al Gobierno central incorporarse al comité de expertos que investiga las causas del gran apagón que dejó sin electricidad y sin redes móviles a toda España el pasado 28 de abril. Desde el Gobierno andaluz consideran que “pueden aportar conocimiento técnico” y además, ha opinado que si Andalucía es una de las comunidades en las que se podría haber originado “tienen mucho que aportar”.

Esta petición llega después de que este miércoles la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, pusiese en el centro del tema dos provincias andaluzas en referencia al gran apagón, Sevilla y Granada. Según palabras de la propia ministra, hubo caídas en la generación de electricidad localizadas en Granada y Sevilla, además de en Badajoz, mientras que el CNI descartaba un ciberataque.

Asimismo, el consejero andaluz ha lamentado la falta de información oficial sobre el suceso, señalando que “no hay una comunicación por escrito” por parte del Gobierno de España, el Ministerio o Red Eléctrica Española, y ha insistido en que “se está confundiendo el dónde con el porqué” de los acontecimientos.

El responsable autonómico ha subrayado la necesidad de investigar las causas técnicas del incidente, planteando interrogantes como “¿había interferencias en la red?, ¿había una sobrecarga en la red de alta tensión?, ¿o había problemas en las propias plantas de generación?”, y ha reclamado que “se ponga el foco en las causas, no en el dónde”.

Críticas por señalar a Andalucía

Finalmente, ha propuesto desarrollar el almacenamiento energético, mejorar las redes de transporte eléctrico y reconsiderar el calendario de cierre de centrales nucleares “mientras no se desarrolle el almacenamiento energético y otros factores como tener una red de transporte eléctrico más robusta”.

Horas antes, el propio consejero de Industria recriminaba al Gobierno central que se haya señalado a Granada y Sevilla como puntos donde se produjeron pérdidas iniciales en la generación de electricidad. A su juicio, y teniendo en cuenta que “el mercado eléctrico funciona como un mercado único”, esto supone “desviar el foco de la cuestión principal: el mix energético”.

Estas críticas han llevado al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalar que “no entiende” la “confrontación permanente” de la Junta con el Ejecutivo central. “Lo de la Junta de Andalucía no tiene ya nombre, es una confrontación permanente con el Gobierno de España”, ha replicado al respecto el delegado en Andalucía, que ha defendido que lo que hizo este pasado miércoles en el Congreso la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica fue “un ejercicio de transparencia absoluto”.

Una semana después del histórico apagón masivo, los cortes de luz siguen afectando a Ourense. Tras los sucedidos durante la jornada del viernes, que afectaron principalmente al barrio de A Ponte durante más de dos horas, este lunes se han vuelto a suceder problemas en el suministro eléctrico en diferentes puntos de la ciudad y de Barbadás.

Durante la madrugada, según recoge Europa Press, tuvo lugar una avería en una línea de media tensión de Barbadás, que afectó a cerca de 500 usuarios, en un lapso de tiempo de entre 51 y 83 minutos, afectando principalmente a las calles de Santa Bárbara y Camelias de la capital.

Ya de mañana, un nuevo apagón volvió a afectar a vecinos de la ciudad, en este caso debido a una incidencia en un generador, que impactó en el suministro eléctrico de las calles de Santo Cristo y Ponte Sevilla, de la zona de Mariñamansa, según fuentes de Naturgy

Ambas incidencias están ya resueltas desde la mañana, pero los sucesivos cortes que acontecen en la ciudad desde que tuvo lugar el apagón masivo conciernen a la población ourensana, después de tener a puntos de la Capital Termal sin luz durante dos horas el viernes y durante más de una hora este lunes.

Estos cortes no han afectado únicamente a Ourense, ya que este mismo lunes se registraron apagones en el suministro eléctrico de Vigo, en zonas de Gran Vía, García Barbón y Malpica, y también en A Coruña, donde se registraron cortes de luz en la Plaza de Lugo.

La Junta de Andalucía calcula que el apagón eléctrico del pasado lunes, 28 de abril, ha causado un impacto en la economía andaluza “equivalente a 239 millones de euros”, según estimaciones iniciales pendientes de “afinar”. Así lo ha indicado este miércoles la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP), en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en el palacio de San Telmo.

España ha explicado que en dicha reunión ha informado del impacto del apagón en la economía andaluza tras estar “en contacto en las últimas horas con algunas de las empresas importantes asentadas en Andalucía”, y desde la premisa de que aún “es pronto para cifrar económicamente los daños”.

En todo caso, ha advertido de que, según lo que le han trasladado las empresas con las que ha contactado, “estamos hablando de pérdidas millonarias aquí en Andalucía”, al margen de “lo que es peor”, que es “el daño reputacional para España” derivado de este apagón, según ha abundado, y en esa línea ha tildado de “lamentable” la “imagen que hemos dado al mundo desde España”, que es “la cuarta economía de la Unión Europea”.

La consejera ha detallado que la estimación inicial del impacto del apagón en la economía andaluza parte del dato del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía del año 2024, que ascendió a 221.507 millones de euros. Ha explicado que si el apagón se hubiera traducido en “un día completo de paralización” de la actividad productiva, ese PIB “se reduciría en un 0,27%”, es decir, en “casi 600 millones de euros”, concretamente en 598 millones de euros“.

No obstante, la “paralización de la actividad” como consecuencia del apagón no fue “de un día completo, ya que se produjo a media mañana, a partir de las 12.30 horas”, y, además, no afectó “de forma uniforme a todos los sectores”, y la recuperación se fue produciendo “de forma gradual a lo largo del día”. Por ello, ha apuntado que se podría estimar que se perdió “el 40% de la jornada laboral” del lunes como consecuencia del apagón, que tendría así un “impacto” equivalente al 0,1% del PIB anual andaluz, es decir, “equivalente a 239 millones de euros”, con una mayor afectación a la industria, al comercio y a la hostelería“.

El ciberataque de Moreno

El Gobierno andaluz, asimismo, ha justificado este miércoles que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP), llegara a hablar de la posibilidad de un “ciberataque” una hora después de producir el apagón en la Península Ibérica, puesto que en ese momento no se descartaba “ninguna posibilidad” y el pasado martes el propio jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, “seguía sin descartarlo”.

En esta línea se han pronunciado tanto Carolina España como el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela. “Hay que tener en cuenta el contexto en el que hace esas declaraciones, justo una hora después de que ocurriese el apagón, y los técnicos de ciberseguridad hablaron de esa posibilidad”, ha indicado España, quien ha apuntado además que, en esos momentos, nadie del Gobierno central se había puesto en contacto con el Ejecutivo andaluz. Ha indicado además que “todavía, el presidente del Gobierno, 48 horas después, habla de esa opción”.

Por su parte, Jorge Paradela ha manifestado que ni el propio Pedro Sánchez “descartaba ninguna posible causa y de hecho ayer seguía sin descartar el ciberataque, en contraposición a las declaraciones de la propia Red Eléctrica, que sí que lo ha descartado”. Por tanto, “no es de extrañar que en un momento inicial se apuntara también esa posibilidad”, y ha señalado que hay que tener en cuenta además que el alcance inicial del apagón incluía también a Francia, que fue afectada de una manera más puntual en el tiempo, seis minutos, al tiempo que se barajaba también un impacto en otros países como Alemania, Italia o Grecia.

El Gobierno lamenta que generó “alarma social”

Asimismo, ha señalado que, en los primeros momentos, “fuentes de tanta solvencia como Financial Times expresaban que el Centro Nacional de Ciberseguridad estaba investigando también un posible ciberataque”. En este sentido, Paradela ha considerado que no hay que dar “muchas más vueltas al hecho de que el presidente de la Junta” planteara inicialmente esa posibilidad.

No es de la misma opinión el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha lamentado que Moreno generó “alarmas sociales absolutamente innecesarias”. “Es importante que mantengamos la lealtad institucional en todo momento. Quiero lamentarlo y quiero decirlo para que no vuelva a ocurrir. Es un momento de indagación, de investigación”, ha señalado Fernández, que ha criticado que “no es el momento” de “buscar de nuevo la confrontación con el Gobierno de España, cuando estamos en momentos de máxima colaboración”.

El “apagón informativo” del Ejecutivo central

Pese a ello, la portavoz de la Junta, Carolina España, ha reprochado que “España no sólo ha sufrido un apagón eléctrico”, sino también “un apagón informativo” del que ha culpado al Ejecutivo de España, y que “no es aceptable en ningún país occidental”, según ha sentenciado. En esa línea, ha criticado que pasaran “hasta seis horas” desde el corte de energía eléctrica “para que un miembro del Gobierno”; en concreto, el presidente, Pedro Sánchez, “saliera a dar alguna explicación”.

“Entendemos que hay que investigar lo ocurrido, y que esa investigación no puede estar en manos del propio Gobierno”, que “no puede ser juez y parte, y no puede echar balones fuera” como --según ha continuado la consejera portavoz-- “trató de hacer”, este pasado martes –el propio presidente, Pedro Sánchez– “señalando ya a las empresas eléctricas privadas”.

En ese punto, además, la consejera ha remarcado que Red Eléctrica de España “está participada en un 20% por la SEPI” y “está presidida por una exministra socialista”, por lo que “no se puede decir que sea una empresa privada”, ha agregado.

Ha indicado además que “si la presidenta de Red Eléctrica”, Beatriz Corredor, ha salido este miércoles “del agujero dos días después” del apagón “sólo para decir que el sistema eléctrico español es el mejor de Europa, que vuelva a esconderse, porque no son las declaraciones que esperamos” de dicho cargo, ha abundado. De paso, ha reclamado que “las cajas negras de Red Eléctrica” se abran “con luz y taquígrafos” tras producirse “una pérdida de credibilidad”, además de solicitar que la Unión Europea lleve a cabo una investigación independiente sobre lo ocurrido.

Sevilla, como el resto de España, vivió este lunes “una situación de caos como no había conocido”. Sin luz, sin semáforos, sin poder contactar con policías y bomberos de descanso para que reforzaran los servicios, el balance municipal es de alivio en una ciudad que a las 4 de la madrugada ya había recuperado el suministro eléctrico al 99%, aunque la normalidad no fue plena hasta las 6.30 de la mañana.

Durante esas horas de confusión, la Policía Local tuvo que hacer frente a 245 sucesos, incluidos 42 problemas de seguridad ciudadana. “Hubo un robo en una carnicería y poco más, nada relevante para lo que podía haber ocurrido”, ha resumido el alcalde, José Luis Sanz (PP), que ha hecho especial hincapié en que los autobuses urbanos no dejaron de funcionar pese a la ausencia de semáforos y en medio de “una situación de caos como Sevilla no ha conocido nunca”.

Los agentes también intervinieron en 63 incidencias de tráfico, pese a lo cual sólo se produjeron 13 accidentes de circulación. Hubo también 19 asistencias sanitarias, siete incendios, 29 auxilios a personas y 20 rescates, sobre todo de atrapados en ascensores. Aquí fue clave el papel de los bomberos, que hicieron 240 salidas y, entre otros servicios, tuvieron que atender numerosas subidas y bajadas de personas a sus domicilios.

La incomunicación de las primeras horas

En medio de la vorágine del apagón, ¿qué fue lo peor para el regidor hispalense? “La incomunicación de las primeras horas”, ya que no se podía ni contactar con policías y bomberos para que levantaran su día de descanso, una situación que se superó gracias a que la mayoría se incorporó por iniciativa propia. “Tenemos que darle una vuelta para que no vuelva a ocurrir”, sentido en el que ha avanzado próximas reuniones para sacar conclusiones y mejorar los actuales protocolos.

A media mañana había todavía tres puntos semafóricos sin funcionar, ninguno en cruces relevantes, todo ello tras una noche que fue especialmente larga para muchos comerciantes que “han dormido en sus negocios porque no podían cerrarlos y encima no había alumbrado público”. Los bomberos ayudaron en la bajada de persianas en establecimientos, además de forzar la entrada en algunas viviendas en las que se activó la alarma de teleasistencia.

Gracias a la hostelería

Así las cosas, Sanz ha agradecido a los sevillanos su “comportamiento ejemplar en un día caótico”, un reconocimiento que ha hecho extensible a los servicios municipales e incluso a los medios de comunicación por mantener informada a la ciudadanía. Mención especial también para el sector de la hostelería, que “haciendo gala de profesionalidad dio de comer” a muchas personas.

En cuanto al día a día del ayuntamiento hispalense en sí, la principal incidencia es que no funciona el portafirmas por un problema de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, por lo que no se pueden hacer trámites electrónicos “ni pagar la propia nómina, que estamos a final de mes”. Al margen, no se quiso mojar en cuanto a que la Maestranza celebrase una novillada la tarde del lunes pese a las recomendaciones en sentido contrario, cuestión que ha eludido con que “no es responsabilidad del ayuntamiento suspender un espectáculo taurino”.

Madrid trata de recuperar el ritmo en una jornada insólita, en la que muchos ciudadanos se han despertado con el regreso del suministro eléctrico después de horas de apagón, mientras que otros pudieron disfrutar de la luz ya en las últimos compases del lunes y en algunos puntos todavía no ha regresado la electricidad. Pero más allá de las viviendas, las calles dan cuenta de que se trata de un día excepcional, con diversas incidencias en el transporte y una actividad anómala en los comercios o los colegios (que han abierto sin retomar la actividad lectiva).

Pasadas las 7.00, multitud de viajeros desorientados se agolpaban en la plaza de Legazpi. A su intercambiador llegaban cientos de ciudadanos en autobuses repletos, pero que han podido circular con relativa normalidad una vez el sistema de señalización de tráfico ha estado plenamente operativo. Sin embargo, el cierre de la estación de Metro (con las líneas 3 y 6) ha pillado a muchas personas por sorpresa camino al trabajo.

Augusto vive en el municipio de Valdemoro y ha llegado a Legazpi sin demasiados problemas en autobús interurbano. En cambio, la clausura del Metro le ha impedido moverse hacia su puesto en García Noblejas, donde se dedica a la construcción e iniciaba jornada a las 8.00: “Estoy hablando con mis compañeros en otras zonas a ver cómo nos desplazamos, están en la misma situación y no sabemos muy bien qué hacer”. Daniel, aparejador en prácticas que debe desplazarse a Begoña, dice que sus jefes “son comprensivos” y mantiene la calma, aunque sabe que a las 8.30 no estará en la oficina. No es nada, dice, después de que ayer su padre viniera a buscarle en coche y tuvieran que enfrentarse a “un atasco de siete horas”.

Odiseas en el transporte y bares a medio gas

“Esto me recuerda a cuando decretaron el confinamiento”, dice Luci, que llegó ayer a las 5.00 de la mañana a Legazpi desde la residencia en la que trabaja, por la zona de Colombia. Regresó solo para recoger a su sobrino y llevárselo con ella a su trabajo, ya que la madre no ha podido hacerse cargo de él. Ahora trata de volver a Colombia con el niño, sin dormir y con el Metro cerrado. “Nos han dicho que abre a las 8.00 pero no tenemos nada seguro ni sabemos cómo va a funcionar”, lamenta. “Ayer la situación en la residencia fue muy dura. Tenemos una clínica y solo quedó encendida la parte de urgencias. Fue un caos, se vivió como el primer día de la pandemia y hubo mucho pańico”, narra.

Mientras, autobuses como el 247 que conecta Legazpi con Atocha han estado completamente repletos, con algunos pasajeros quedándose en las paradas por falta de espacio. Con el avance de la mañana el suburbano ha recuperado su actividad paulatinamente. Dos trabajadoras que salen con prisas de la estación de Arganzuela-Planetario apenas pueden deterse a hablar: “Venimos de Pacífico y llegamos tarde. Al Metro no lo hemos esperado mucho, pero llegar hasta allí en bus ha sido una odisea. Todos abarrotados y con un tráfico horroroso”.

En PicoTea, bar de la calle Bronce frente al Metro de Arganzuela, Lola atiende a Somos Madrid a falta de clientes a los que servir un café. En un día habitual el suburbano ya estaría abierto, con muchos de sus usuarios parando aquí a desayunar. Los profesores del colegio cercano o agentes de policía harían lo mismo.

“A ver si poco a poco todo vuelve a la normalidad”, dice Lola, que prefiere “ni recordar el día de ayer”. Durante la conversación con esta hostelera llega el primer cliente de la mañana. “Y porque vive aquí a lado”, dice Lola. Unos minutos después quien llega es Cecilia, camarera, que ha tenido muchas dificultades para desplazarse desde Carabanchel.

Más habitual está siendo la mañana de Ramsés, que regenta la librería y papelería NBC Libros en la plaza de la Beata María Ana de Jesús. Solo los periódicos, con titulares dedicados al “gran apagón” y portadas en las que reina el negro, dan cuenta de que estamos ante una fecha que quedará marcada en el recuerdo. “La afluencia de clientes está siendo bastante normal, ahora se animará la cosa imagino. Tenemos cierre manual así que no hubo problema para bajar la puerta”, explica.

En la farmaca de Inés y Bea también se impone “la normalidad”. Para cuando tuvieron que echar la persiana la luz ya había vuelto, así que pudieron cerrar aunque el mecanismo fuera electrónico. La mayor incidencia la ha sufrido Inés, que vive en Aranjuez y ha tardado el doble de lo habitual en llegar a Madrid: “No había Cercanías y los autobuses han tardado mucho, más por la afluencia de gente que por problemas con el tráfico”.

La vuelta a los coles: de la huelga a arrimar el hombro con preocupación

Ana vive por la calle Embajadores, pero trabaja en un colegio de Villanueva del Pardillo. Por suerte trasladan a los profesores con un autobús en ruta, pero cuenta que ayer tardaron tres horas en regresar a Madrid. Pese a que este martes los centros educativos abren sin actividad lectiva, espera una gran afluencia ya que la mayoría de niños de su colegio viven cerca de él. En cuanto a la jornada del lunes, explica que pudieron solventarla sin demasiadas incidencias. “Aunque es verdad que impartimos las clases con pizarras digitales y, claro, dejaron de funcionar”, apostilla.

Otro colegio, el CEIP Tirso de Molina de Arganzuela, trata de adaptarse a estas circunstancias excepcionales. Mariana, enfermera del centro, se preocupa especialmente por una niña diabética que necesita que se conserven sus bombas de insulina: “Ayer me pasé la tarde junto a ella, estaba muy preocupada”. Además, al no haber clases como tal este martes, anticipa que hoy le espera más trabajo del habitual: “Si los niños pasan más horas en el patio pueden producirse lesiones, aunque esperemos que no pase nada, suficiente tenemos ya con lo que hay”.

A las 8.30, minutos antes de que el entorno se llene de familias, Mercedes atraviesa la puerta de este colegio. Es la directora y en su charla con este diario ilustra varias preocupaciones: “No sabemos qué va a pasar con el comedor, tenemos que comprobar en qué estado se encuentran las cámaras frigoríficas”. Apunta además que, entre las dificultades para desplazarse y la huelga educativa convocada este lunes 28 y martes 29 de abril, esperan “la mitad del profesorado frente a una asistencia del alumnado prácticamente habitual”.

Elena encabeza un grupo de profesoras que tenían pensado secundar el paro educativo, pero han decidido acudir al centro para echar una mano en todo lo posible: “Para que luego digan que los profes no tenemos vocación”, replica una de sus compañeras. “Algunas cosas como las carreteras recuerdan a Filomena y otras como ver algunos comercios muy vacíos a la pandemia”, dice Elena sobre este apagón sin precedentes. Cuenta que ayer tardaron horas en localizar por teléfono a alguna madre. Cuando lo consiguieron, esa mujer acudió al colegio y recogió tanto a su hijo como a otros siete compañeros. Parte del equipo docente permaneció en el centro hasta las 21.00, cuando vinieron a por el último peque que quedaba.

Otra mujer llamada Elena, madre una alumna de 4º de Primaria, dice que ayer vinieron a por ella sus abuelos. Este martes su hija vuelve al colegio porque, aunque no hay clases como tal, prefiere “pasar el día con las amigas”. Elena se marcha con prisas a su trabajo, en Puerta del Ángel, desde donde regresó el lunes a pie hasta su casa en Delicias: “Me recorrí todo Madrid Río”, apunta.

Al filo de las 9.00, el colegio empieza a parecer un hervidero, casi podría decirse que es un día cualquiera. Solo algunos comentarios atestiguan la excepcionalidad: “Pensaba que no iba a venir nadie”, dice un niño a su grupo de amigos. “Me quiero ir a casa”, ruega una pequeña a su padre. “Te lo vas a pasar mejor en el cole”, le contesta. Retoman así la rutina chicos y chicas que a sus ocho o nueve años han vivido ya una pandemia global, una tormenta que paralizó Madrid y ahora un histórico apagón nacional.

Doce horas después del apagón que ha dejado sin luz a toda España, alrededor de 500 personas permanecían hacinadas en un AVE varado en un apeadero de la línea Madrid-Valencia a la altura de Ocaña (Toledo). Entre ellos, los periodistas de elDiario.es que iban a cubrir el congreso del PP Europeo previsto para el martes y el miércoles en esa ciudad. A las 23.40, medio día después de embarcar, un convoy remolcado por una locomotora diésel ha partido de regreso al origen. Finalmente, a la 1:25 de la madrugada del martes hacía su entrada en la estación de Atocha, que a esa hora daba cobijo a centenares de personas que también se habían quedado en tierra.

El AVE 5110 se detuvo, como toda España, al filo de las 12.30 en un apeadero de servicio de Adif, siete minutos después de que desaparecieran de la red esos 15 gigavatios, el misterio todavía sin resolver que sirvió para desconectar un país entero, a excepción de sus archipiélagos. Pocos segundos después, en paralelo, se paró otro tren con destino Madrid. Enseguida comenzaron a sonar los móviles. Todavía había cobertura. Uno de los pasajeros cantó en alto la noticia: “Se ha ido la luz en toda España”.

A las primeras reacciones de incredulidad y humor le siguió una riada de personas con destino al vagón-cafetería para intentar comprar algo que llevarse a la boca. A esa hora no estaba en la cabeza de nadie pasar tanto tiempo en mitad de los campos de Castilla-La Mancha, pero fue cuestión de minutos que se acabase la comida y la bebida a bordo. El personal de Renfe tomó una primera decisión para suavizar la espera: abrió las puertas para airear los vagones. El ambiente comenzaba a estar cargado y el olor de los baños ya era pestilente.

Muchos pasajeros decidieron bajar a tomar el aire, andar e incluso tumbarse al sol. El enfado y la resignación todavía no se habían hecho presentes. A pesar de la falta de información y de respuestas durante las horas siguientes, el pasaje mantuvo la calma en todo momento, salvo algunos momentos de tensión puntuales, sobre todo cuando se comunicó la decisión de regresar a Madrid. Los comentarios contra la gestión del Gobierno también irrumpieron muy pronto, aunque la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, se siguió, a trompicones, con mucha atención.

Un espejismo de buenas noticias llegó tres horas después del parón: una locomotora diésel se había desplazado hasta el lugar para, según explicó el personal a los pasajeros, enganchar el convoy detenido en sentido a Valencia y remolcarlo hasta Cuenca. La idea original era que los pasajeros del otro tren se subieran a este. 

Pero esa solución se hizo inviable durante horas por la imposibilidad de los operarios de enganchar la locomotora, ya que el mecanismo para levantar el morro del tren y alcanzar el enganche no funcionaba. Pese a intentar durante horas hacerlo a mano, incluso con una bomba manual que insuflara aire en el sistema hidráulico, no fueron capaces.

La solución tardó mucho más tiempo en llegar, después de horas sin que las autoridades hayan aparecido por allí. Los primeros en acercarse al convoy fueron dos agentes de la Guardia Civil a eso de las 18 horas. Según contaron a los pasajeros, no habían tenido conocimiento de la situación hasta media hora antes.

En el tren viajaban niños, personas mayores y enfermas que han recibido una paupérrima atención incluso en el momento de la evacuación, que tampoco priorizó a esos pasajeros vulnerables. Tras las primeras horas de espera, una mujer apareció por su cuenta en el andén del apeadero: había conducido en coche desde Valencia para rescatar a su hija pequeña y a los abuelos, con los que viajaban con destino a su casa. No han sido los únicos que han abandonado por sus medios el tren. 

El resto del pasaje ha esperado en un estado de tensa calma, sobre todo cuando se desvanecieron las comunicaciones por teléfono móvil: fueron horas en las que la información ha llegado con cuentagotas.

Pasadas las nueve de la noche, el personal de Renfe informó por fin a los pasajeros del cambio de planes: los viajeros con destino Valencia pasarían al tren con destino Madrid, que sería el remolcado. Para estupor de todos, la locomotora ha podido enganchar ese convoy a la primera sin problemas. La pregunta sin respuesta: ¿por qué no habían tomado esta decisión horas antes?

El trasbordo ha durado un par de horas casi en total oscuridad: más de 300 pasajeros, con sus respectivas maletas, bajando de un convoy por una única puerta, con una escalera precaria, para subir al otro también por un único acceso. Para entonces, varios operarios de Adif ya habían llegado al apeadero y, con ayuda de los dos guardias civiles y el resto del pasaje, comenzó el trasvase de personas. Una a una, y sin un orden lógico: a mitad de operación alguien se ha dado cuenta de que era una buena idea pasar primero a los pasajeros más vulnerables.

Una vez todos los pasajeros ya a bordo del convoy sentido Madrid, el tren ha permanecido otra media hora parado sin apenas información sobre la hora de salida o la duración del viaje. Con las puertas semiabiertas, un trabajador de Renfe en cada una de ellas y los dos agentes de la Guardia Civil en comunicación directa y continua con el maquinista gracias a un transmisor de radio, el tren ha arrancado hasta alcanzar su velocidad de crucero: 30 kilómetros por hora. El silencio en el tren, casi absoluto. El destino: la estación de Atocha, el punto de partida. 12 horas después de la hora prevista de llegada a Joaquín Sorolla.

En el barrio bilbaíno de Bolueta hay cuatro torres ya construidas -y otras dos más están en construcción- sobre lo que alguna vez fue la fábrica Santa Ana, una de las zonas más afectadas en las inundaciones que azotaron la ciudad y el territorio vizcaíno en 1983. El barrio ha sido renovado con la construcción de las torres, la más alta de 28 plantas. Esta crónica ha sido escrita en la azotea de una de esas torres, concretamente en el piso nueve, donde en una esquina llegaba a ratos internet a los móviles durante el apagón de electricidad y red móvil que sigue en la zona pasadas ya las seis de la tarde.

En el barrio, vecinos y propietarios de comercios han salido a las calles cuando sus locales y viviendas han quedado a oscuras. Primero, entre risas; horas más tarde, ya con preocupación. Quienes tienen menores a su cargo han optado por pasar el rato hasta que vuelva la luz en el parque con ellos mientras la carretera que pasa delante, la que va desde Miribilla hasta Basauri, está repleta de coches y de personas que deciden hacer el trayecto a casa -o al trabajo- andando.

“Intento llamar a mi madre, pero no contesta. Seguro que estará preocupada, espero que no haya salido de casa”, comenta una de las vecinas que se queja de su línea de móvil. “Hay otros que están consiguiendo llamar, pero mis llamadas no entran”, lamenta. Muchos optan por aprovechar el soleado día en el parque del barrio, otros van corriendo a hacer la compra. En el barrio hay cuatro supermercados, pero todos han cerrado menos uno de ellos que cuenta con un generador de energía que permite mantener las cámaras frigoríficas y los congeladores activos. “Por ahora no está viniendo más gente de lo normal ni vemos que hagan compras extrañas. No sabemos cuánto aguantará el generador, pero por lo pronto funcionan las cajas registradoras y las cámaras frigoríficas que es lo más importante”, reconoce la supervisora del supermercado.

Sara vive con su marido en el 22 de la torre más alta. Antes del apagón, ella, que está embarazada y sale de cuentas la semana que viene, planeaba dar un pequeño paseo con su perro mientras su marido trabajaba. Sin embargo, cuando se disponía a coger el ascensor ha visto que el portal no tenía luz. “No puedo subir andando 22 pisos embarazada, tengo que esperar a que mi marido vuelva y luego me tendré que ir con él a su trabajo”, lamenta la mujer.

La situación es más preocupante en en el centro de Salud de Bolueta, donde las enfermeras y pacientes esperan en la puerta a que la luz vuelva. Paola lleva un rato esperando sin saber si será atendida o no, la acompaña su hija y tiene una cita con su médico de cabecera a las 14.20. En otras partes del país la luz y la conexión a Internet y llamadas han vuelto tras apagarse sobre las 12.30, pero en el barrio bilbaíno las viviendas y locales siguen a oscuras. También dentro del centro de salud, donde los pasillos están vacíos y los pacientes son atendidos en una sala que tiene ventana a la calle. Algunos de los sanitarios entran y salen de esa sala, otros esperan sentados en la calle. Junto a Paola, una señora de avanzada edad entra preocupada. “Mi marido tiene una bomba de oxígeno y le quedan tres horas”, le dice a una sanitaria que espera en la entrada. “Pase dentro a ver si le pueden ayudar”, cuenta la sanitaria.

Ruth, como se llama la trabajadora de Osakidetza, que no ha podido aportar más datos a este periódico s petición de la dirección del centro de Salud, cuenta que minutos antes ha llegado otra mujer a la que en su caso a su marido le quedaban solo 30 minutos de oxígeno, y esta se ha marchado con una bomba que tenían en el centro. Sin embargo, al quedarle tres horas, supone que preferirán mandar a la mujer a un centro de salud más grande, como el de Santutxu o el Casco Viejo. “Esperemos que no venga más gente con ese problema porque aquí no tenemos para todos”, confiesa.

A los pocos minutos la mujer ha salido sin bombona de oxígeno nueva. “No sé qué voy a hacer, vuelvo corriendo con él y tendré que ir a Santutxu”, sostiene sin querer dar más detalles a este periódico. Paola también ha tenido que regresar a casa sin ser atendida. “Volveré más tarde u otro día, me han dicho que me darán otra cita”, indica.

“Atención, por favor, la estación tiene que ser evacuada. Rogamos que la abandonen de manera ordenada. Sigan las indicaciones de nuestro personal de seguridad”, suena en el altavoz del metro de Bolueta mientras trabajadores indican a los pasajeros que salgan sin correr de los vagones. Uno de ellos habla de tres personas encerradas en el ascensor, información que no confirma un trabajador de seguridad al que han llamado tras el apagón. “Viniendo hacia aquí la gente me preguntaba si iba el metro, pero el apagón ha sido en todo el país y hasta en Europa. Nosotros estamos bien, no quiero imaginarme cómo estarán en otras ciudades. Eso sí, tengo 50 años y no he visto nada parecido”, confiesa mientras coloca una banda roja y blanca para impedir el paso de los viandantes.

Al terminar la crónica se ha vuelto a ir la conexión a internet. A las 18.15 Con un 8% de batería en el teléfono móvil y poco más del 40% en el ordenador las alternativas son seguir esperando o moverse en coche mientras la interminable fila de vehículos no cesa y la red no se restablece ni siquiera en la esquina de la azotea en la que horas antes se podía hablar por teléfono, aunque las llamadas se cortasen y la voz no se escuchase correctamente. Poco más tarde de las 19.30 ha vuelto la conexión a internet al barrio, con lo que esta crónica ha podido ser entregada, pero la luz no ha vuelto a las viviendas de Bolueta. Eso sí, el parque está más vivo que nunca y los niños del barrio han sacado un balón para jugar al fútbol. “Dejando atrás lo trágico, nos ha servido para quitar los ojos de las pantallas”, apunta una vecina de avanzada edad mientras pasea con su hijo. Finalmente, después de una cena fría con linternas y velas en la terraza -quienes tienen la suerte de tener una- aplausos y gritos de alegría pasadas las diez de la noche han dado el aviso de que la luz y, con ella la normalidad, volvía a las torres de Bolueta.

Miles de personas en Andalucía –sobre todo en Sevilla, Granada y Almería– conviven desde hace años con interrupciones constantes en el suministro de luz, pese a estar pagándolo. Detrás de estos fallos en la red eléctrica subyace un “problema grave”, donde confluyen factores como el fraude eléctrico, la pobreza energética, la “proliferación” de plantaciones de marihuana, las dificultades que encuentran las fuerzas de seguridad para combatirlas o la “sensación de total abandono por parte de las instituciones” que se respira en los barrios afectados.

Mientras los vecinos denuncian falta de inversión en las infraestructuras eléctricas de las barriadas más desfavorecidas, Endesa insiste en que el problema radica en los enganches ilegales vinculados con el cultivo de marihuana que “cometen unos pocos”, pero perjudica a muchos clientes con contrato en vigor porque sobrecargan la red al demandar una potencia “excesiva”. Entre ambas versiones, cientos de familias siguen atrapadas en una situación “extrema”, especialmente para personas enfermas y electrodependientes, como denuncian colectivos vecinales como Barrios Hartos.

Tras recibir “numerosos escritos” de ciudadanos afectados e investigar el asunto, el Defensor del Pueblo Andaluz ha concluido que los apagones entrañan “un problema grave de salud pública y una vulneración del derecho” a un servicio “esencial” como es el suministro de energía. Por ello, a principios de 2025 instó a Endesa y a las administraciones implicadas (Junta de Andalucía, subdelegaciones del Gobierno y ayuntamientos) a adoptar “soluciones definitivas”, después de comprobar “los escasos resultados prácticos alcanzados” hasta ahora, cada vez que se ha intentado combatir este drama social.

La falta de “un enfoque coordinado de desarrollo y seguimiento” de las actuaciones desarrolladas por parte de las administraciones y la empresa ha llevado a que el problema siga enquistado en las barriadas que sufren mayor número de incidencias. Según Endesa, las zonas más afectadas por provincias son Pescadería, El Puche o La Chanca en la ciudad de Almería; la Zona Norte, Haza Grande y Caserío de Montijo en la capital granadina, y Pinos Puente, Iznalloz, Atarfe en la provincia de Granada; Polígono Sur, Su Eminencia, Torreblanca, Palmete, Padre Pío y La Plata en Sevilla capital.

El problema en cifras

De las “diversas causas” que provocan apagones en el suministro eléctrico de las barriadas afectadas, Endesa destaca “la proliferación en estas zonas de enganches fraudulentos que no solo hacen un uso indebido del suministro, sino que comportan un grave riesgo para la seguridad”, según recuerdan desde la compañía eléctrica. Dentro de esos enganches ilegales, hay que diferenciar entre los motivados por la pobreza energética –“mal atendida por el sistema público de servicios sociales”, según el Defensor del Pueblo– y los relacionados con actividades ilícitas como el cultivo de marihuana.

Este último factor es el que Endesa señala como “raíz del problema”, esgrimiendo que, aunque imputable a una minoría, tiene un impacto “desproporcionado” en el suministro eléctrico. En 2024, del total de la energía defraudada, el 43% procedía de plantaciones de cannabis en Almería; el porcentaje se elevó al 44,5% en Granada; mientras que en Sevilla representó un 7%, según datos de la compañía. Endesa explica que, aunque el índice sea menor en la capital andaluza, al estar concentrado en barrios concretos, se intensifica su impacto, ya que las plantaciones indoor de marihuana demandan una potencia equivalente al consumo de 80 viviendas, de forma “ininterrumpida” las 24 horas del día durante todo el año.

Se da la paradoja de que Sevilla es la provincia donde más energía se defrauda, pero la que cuenta con un porcentaje menor de fraude vinculado con marihuana (de los 113.672.502 kilovatios-hora defraudados en 2024, solo 8.145.421 procedían de plantaciones). Cifra que se refleja también en el número de expedientes por fraude que abrió la compañía en el ejercicio anterior: en Sevilla el 0,7% se relacionó con el cultivo de cannabis (144 de 19.448 de los expedientes por fraude). En Granada ese dato se eleva al 11%, mientras que en Almería el 6,6% de los expedientes por fraude se corresponden con marihuana.

De vuelta a Sevilla —la ciudad donde el problema ha cobrado más visibilidad al calor del movimiento vecinal organizado—, fuentes gubernamentales apuntan que este problema “poliédrico” no puede reducirse únicamente al cultivo de marihuana, pues en algunas de las zonas donde se registran continuos cortes no constan denuncias por plantaciones. Según datos proporcionados por la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y por la comisaria provincial de la Policía Nacional, ambos cuerpos intervinieron algo más de 10.000 kilos de marihuana en la provincia en 2024, en un total de 208 intervenciones (entre ambos cuerpos).

Expediente sancionador a Endesa

Desde Endesa insisten en que no se trata de un fallo de la red eléctrica, sino de un problema social derivado del uso fraudulento que se hace de ella. “La excesiva potencia que demandan estas actividades ilícitas, unida a las deficientes conexiones que utilizan y a la manipulación de las instalaciones para la defraudación del fluido eléctrico, provoca que salten las protecciones de seguridad, se produzcan interrupciones en el suministro y se ponga en riesgo la seguridad de personas y bienes”, señalan desde la empresa.

Sin pretender “estigmatizar” a los vecinos que habitan las zonas afectadas y están “en situación legal”, Endesa insiste en que se trata de “un problema social” y no de la instalación eléctrica, pues la sobrecarga de la red que provoca las incidencias “no tiene ninguna justificación ni explicación técnica”. En este sentido, fuentes de la empresa recuerdan que la red de distribución está “sobredimensionada” en esos barrios, puesto que se ha incrementado “la potencia instalada respecto de la necesaria” para tratar de “aliviar” los apagones.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía (como responsable de supervisar la distribución de la energía) encargó una auditoría externa (a Applus+, una subcontrata de Endesa) para evaluar el estado de las instalaciones eléctricas en las zonas más afectadas por los cortes de la capital andaluza. El resultado, hecho público en junio de 2024, vino a reafirmar la tesis de la compañía eléctrica, al descartar que la falta de potencia fuese la causante de las incidencias en el suministro eléctrico. No obstante, la auditoría detectó una serie de “anomalías en la red de distribución” atribuibles a la empresa distribuidora y se saldó con la apertura de un expediente sancionador a Endesa “ante la gravedad de algunas de las deficiencias encontradas”, según expresó el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela.

Un problema con rostro humano

El Defensor del Pueblo también ha apuntado a “la responsabilidad que recae sobre la empresa suministradora como titular de las redes de suministro y de las instalaciones eléctricas en estas zonas”, haciéndose eco del sentir de las familias que habitan estos barrios y que dicen sentirse “desatendidas” ante la falta de respuestas efectivas por parte de las administraciones.

De ello da cuenta la plataforma Barrios Hartos, que ha encabezado las protestas contra el “abandono” de los barrios obreros, en representación de cientos de vecinos afectados por no recibir “el servicio que están pagando”. “Las familias están desesperadas, se han comprado camping gas para cocinar, pero cuando llega el calor no saben dónde meterse... trabajan todo el día para volver a casa con ansiedad, porque no saben si tendrán luz”, relata una de sus portavoces.

Así lo trasladan también los vecinos del Polígono Sur asistidos por la Fundación Don Bosco, dedicada a atender a jóvenes en riesgo de exclusión social en esta zona, una de las más castigadas por los cortes de luz en Sevilla. “Es una realidad muy sangrante: la comida que se echa a perder, no poder cargar el móvil, dormir sin ventilación... hay personas electrodependientes que necesitan respiradores o maquinaria médica”, traslada el director territorial de la Fundación Don Bosco, Antonio Mengual, como conocedor de la “tragedia” que viven los vecinos del barrio.

Desde esta fundación, trabajan para mitigar los efectos de este problema, promoviendo el acceso al bono social eléctrico o ayudando a regularizar contratos con la compañía suministradora para evitar que los vecinos con necesidades económicas recurran a los enganches ilegales: “Muchas veces las personas no saben cómo gestionar las ayudas a las que tienen derecho y trabajamos para acompañarlas en ese proceso”, explica Mengual. Sin embargo, el director en Sevilla de la Fundación Don Bosco lamenta que su margen de actuación es limitado ante los cortes: “Percibimos mucho sufrimiento, pero nosotros poco más podemos hacer”.

Trabas para erradicar las plantaciones

Además de invertir en la mejora y sobredimensionamiento de la red (con la instalación de nueve transformadores nuevos en las zonas con más incidencias de Sevilla), desde la distribuidora indican que han intensificado la colaboración institucional para “atajar la raíz del problema”. Para ello, se están realizando inspecciones periódicas junto a la Policía Nacional como medida preventiva para detectar conexiones ilegales, como paso previo a desmantelar cultivos de marihuana.

Desde Endesa se asegura que la relación entre este tipo de plantaciones y la calidad del suministro en determinadas zonas es tal que, tras las redadas para desmantelar cultivos indoor, “el consumo eléctrico se desploma y las incidencias se reducen hasta un 90%”. No obstante, los descensos que se registran tras las intervenciones policiales solo son temporales, pues “a los pocos días vuelve a intensificarse”, demostrando que “el defraudador es reincidente”, en palabras de la empresa.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno aseveran que la Policía Nacional trabaja para desmantelar el cultivo indoor, que lleva aparejado “la defraudación del fluido eléctrico debido al alto consumo de energía necesaria para forzar el desarrollo de la planta”. Pero en su labor de combatir estas actividades delictivas interfieren diferentes trabas. Por un lado, señalan que las investigaciones se ven a menudo lastradas porque, para intervenir en una vivienda, primero es necesario que la compañía suministradora presente una denuncia formal y, posteriormente, que el juez autorice la entrada. “La protección jurídica de los domicilios es muy rigurosa, la orden de entrada y registro puede tardar semanas en llegar, y no siempre se concede”, explican las mismas fuentes.

Laxitud de las penas

A esto se suma otro factor clave: la legislación española es más laxa que la de otros países europeos, tanto en lo relativo a los delitos de defraudación de fluido eléctrico como al cultivo de cannabis. Mientras que en Alemania el fraude eléctrico puede acarrear penas de prisión de hasta cinco años, y en Francia se equipara al robo con condenas de hasta tres años y multas de 45.000 euros, en España este tipo de delitos apenas se castigan con sanciones económicas que no comportan un carácter disuasorio para la comisión del delito.

Así lo sostiene la Fiscalía de Andalucía en su última memoria anual de 2023, donde reitera su apuesta por endurecer las penas en los casos de “las defraudaciones de fluido eléctrico vinculadas a delitos de tráfico de drogas”. Lo justifica remarcando que, en la actualidad, se castigan con sanciones económicas que, en muchos casos, “no son pagadas por los condenados”, según recoge el documento.

En concreto, el artículo 255 del Código Penal establece que si la cuantía defraudada no supera los 400 euros, la pena será una multa de entre uno y tres meses. En los casos en que no se pueda determinar el importe exacto, se calcula aplicando el 100% de la potencia contratada durante seis horas al día durante el último año. El resultado, según fuentes judiciales y policiales, es que “las penas no tienen un carácter disuasorio y los reincidentes se multiplican”.

Qué pueden hacer las administraciones

Por todo ello, el Defensor del Pueblo ha concluido que “de poco sirven las intervenciones puntuales para incautación de marihuana en las viviendas donde se produce el delito de defraudación eléctrica, o las inversiones para mejorar las instalaciones de red de distribución eléctrica, si no se acompañan de una actuación de seguimiento continuo y coordinado” por parte de las distintas administraciones, que “siguen echando mano de las competencias ajenas para justificar que el problema se perpetúe”.

En ese sentido, esta institución aboga por llevar a cabo “un abordaje amplio y global, en el que se valore la situación a nivel de Andalucía y se formulen propuestas de intervención escalables desde un nivel de comunidad autónoma a un nivel local”. A la Junta de Andalucía, como administración competente en la supervisión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, el Defensor del Pueblo le ha reclamado que adopte las medidas necesarias para “impulsar un plan extraordinario de renovación y mejora de las redes eléctricas de las zonas y barriadas que lo precisen”.

En lo que respecta a los ayuntamientos, ha encomendado a los servicios sociales la tarea de informar y facilitar el acceso al bono social y otras ayudas para que las personas en situación de pobreza energética puedan regularizar su suministro eléctrico y no tengan que acudir a los enganches ilegales. Por parte de la Subdelegación del Gobierno, como responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Defensor del Pueblo aboga por “identificar todas las viviendas en las que se realiza la actividad delictiva dedicada a plantaciones de marihuana en el interior de viviendas y proceder al desmantelamiento”, así como por “mantener una función de acompañamiento de los técnicos de Endesa” en sus inspecciones.

Finalmente, ha solicitado a Endesa que garantice una potencia suficiente para evitar los cortes de luz y trabaje en “un plan especial y urgente de renovación y mejora de las redes e instalaciones eléctricas existentes en las zonas afectadas”. En resumen, el Defensor ha argumentado que la solución debe ir más allá de intervenciones puntuales y debe abordar también los problemas de infraestructuras, las desigualdades sociales y la pobreza energética.

Con este planteamiento, el Defensor del Pueblo Andaluz ha tratado de hacer “reflexionar” a las administraciones “sobre el grave problema social que afecta a miles de personas que residen en los barrios perjudicados por los cortes”. Hasta ahora, la “falta de coordinación” entre ellas y la “escasa efectividad” de las medidas adoptadas han contribuido a prolongar un problema que afecta directamente a la calidad de vida de los ciudadanos, en barrios donde cada día es una incógnita si habrá o no luz.

Una incidencia en el suministro eléctrico ha afectado esta tarde al centro de Logroño con cortes temporales. Se ha visto afectado comercios e incluso algunos semáforos. Así han quedado sin luz los escaparates en las zonas comerciales y en otros, la incidencia ha provocado que las luces parpadearan durante algunos minutos.

El Ayuntamiento de Logroño ha señalado que ha sido un problema con el suministro de Iberdrola. Esta empresa, por su parte, se ha remitido al mapa de averías, que en vez de al centro apuntan hacia la zona del Hospital San Pedro. Los técnicos están analizando el alcance de la incidencia y podrían generar cortes más puntuales de suministro. La fecha estimada de reparación eran las 20.00 horas en un primer momento, pero se ha extendido ya hasta las 22.00 horas.

El pasado jueves 25 de julio, el pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó (con el voto incluido del gobierno local del PP) la demanda efectuada por la plataforma Barrios Hartos para la creación de una Comisión de Emergencia Energética ante los continuos cortes eléctricos que se producen en barrios obreros de la ciudad. En la moción, presentada por el PSOE, se incluía la adopción inmediata de medidas paliativas.

Las propuestas habían sido abordadas y aprobadas previamente en una reunión en la que estuvieron representados los tres niveles de la administración (central, autonómica y local) y Barrios Hartos. La principal es la declaración del estado de emergencia energética en las zonas afectadas, una medida sobre la que todavía no se ha pronunciado el Gobierno andaluz, que es el que tiene las competencias para ello. Mientras tanto, se anuncia una nueva ola de calor en Sevilla y los vecinos de los barrios afectados por los cortes de luz siguen a la espera de una solución.

Las temperaturas previstas de más de 40 grados en la capital hispalense han hecho saltar las alarmas entre los vecinos, que han cargado contra el Consistorio hispalense acusándole de ignorar la emergencia. Demandan medidas provisionales, al menos, para poder soportar la situación en estas condiciones extremas, además de acusar al gobierno local de “tener más diligencia cuando se trata de reprimir protestas vecinales pacíficas que para combatir los efectos de los cortes de luz”. La asociación vecinal se queja de que, desde la semana pasada, toda la comunicación que tienen por parte del concejal de Derechos Sociales, José Luis García (PP), es que “están en ello” sin proporcionar ningún detalle más.

Empezar de cero

En un comunicado, la plataforma afirma que “reinicia el proceso de asambleas barriales donde se decidirán las acciones coordinadas para los próximos días”, con el convencimiento de que “la movilización y la organización de las familias afectadas es el único camino para que se aborde un escenario grotesco generado por la insuficiencia de las instalaciones”. Inciden en que los afectados “no pueden manejar los plazos” que se imponen desde la administración pública, ya que se trata de cuestiones de urgencia y necesidad humana.

Las convocatorias de la asociación se siguen sucediendo. Barrios Hartos ha extendido su lucha a Fuente del Rey, en Dos Hermanas, una zona también afectada por los problemas con el suministro de eléctrico. El llamamiento, a través de los grupos locales en redes sociales, cuenta con el apoyo de la población de la zona, que también denuncia un servicio deficitario por parte de Endesa.

El Ayuntamiento apunta a la Junta

Mientras tanto, el Ayuntamiento dice que su función es “meramente mediadora” y que es la Junta de Andalucía, junto con la compañía eléctrica, quien debe hacerse cargo de la situación del suministro en estos barrios. Entre las medidas asumidas por el alcalde, José Luis Sanz (PP), con la moción del PSOE está la declaración del estado de emergencia energética en la ciudad. Pero mientras el Ejecutivo autonómico no conceda este estatus y disponga los medios necesarios, el Consistorio lamenta no “tener capacidad de intervención directa en el problema”.

Mientras tanto, los vecinos de los barrios afectados por los cortes de luz imploran un “tratamiento humano”, ya que los plazos que se barajan y la “opacidad” en este proceso “son claramente insatisfactorios y hostiles”. Esto acaba generando en los vecinos la “sensación de un juego de la pelota que se pasa de una administración a otra, sin perspectivas reales de cambio”. En este sentido, lamentan que la táctica del Ayuntamiento y la Junta sea “escurrir el bulto hasta que pase el verano, que es el punto de máxima tensión, y luego hacer lo mismo en Navidad, que es el otro, así hasta que la gente se olvide”.

El verano continúa y los problemas con los cortes de luz en los barrios obreros de Sevilla, también. La reciente reunión entre la plataforma interdistritos Barrios Hartos y representantes de las administraciones local, autonómica y estatal concluyó con el compromiso del Gobierno andaluz de analizar la posibilidad de declarar el estado de emergencia energética en las zonas afectadas, mientras que tanto el Ayuntamiento como la Subdelegación del Gobierno en Sevilla mostraron su interés a contribuir en la medida de sus competencias a paliar esta situación lo antes posible. A la reunión no fue invitado ningún representante de Endesa por propia petición de la plataforma ciudadana, que argumenta que “sólo serviría para estancar las conversaciones”.

La pelota está ahora en el tejado de la Junta de Andalucía, cuyo delegado territorial de la Consejería de Industria y Energía acudió a la reunión y acordó “trasladar el estudio de la viabilidad del estado de emergencia” ya que desde este departamento se apunta que “no tiene las competencias para hacerlo”. Esto no significa que no sea una cuestión que corresponda al Gobierno andaluz, pero caería dentro de las funciones de la Consejería de la Presidencia, al menos según la interpretación que hacen desde Barrios Hartos, que apelan al decreto que regula la declaración de emergencia de interés general aprobado el pasado mes de marzo.

La Junta, por tanto, deberá decidir ahora si toma en consideración o no la propuesta que salió de la comisión de emergencia energética, constituida a instancias de Barrios Hartos con presencia de todas las administraciones y que la semana pasada celebró su primera reunión. La plataforma vecinal, mientras tanto, vuelve a reincidir en sus reivindicaciones: “No es el momento de discutir los porqués o las soluciones a largo plazo, es el momento de adoptar medidas inmediatas que palíen los efectos de esta situación a los vecinos que tienen que sufrirlas”, ha afirmado su portavoz, Juan García.

Desde el movimiento se ha hecho especial hincapié en el decreto aprobado en marzo, en el que se recoge incluso la excepción al protocolo si la situación así lo requiere. No obstante, el Gobierno andaluz aún está a la espera de que sean notificadas las medidas complementarias adoptadas en el pleno municipal de la semana pasada, en el que se aprobó instar a esta declaración del estado de emergencia energética.

Medidas que no salen del papel

La oferta del Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno de apoyar a los vecinos con medios y voz para intentar solucionar la emergencia también ha tenido un recorrido en los últimos actos. En la reunión de la comisión de emergencia energética, el gobierno local (PP) se comprometió a la creación de una red de “refugios habitacionales dignos” para los afectados por los apagones, una medida ratificada luego en la sesión plenaria, donde se puso sobre la mesa a propuesta del PSOE.

La iniciativa socialista aglutinaba un paquete de medidas en respuesta a la situación de emergencia provocada por los cortes de luz en los distintos distritos afectados. Todos los puntos de la propuesta fueron aprobados a excepción de uno menor, referente a los protocolos durante las incidencias. Sin embargo, desde Barrios Hartos denuncian que, “aprobado desde el jueves pasado, a lunes las medidas ya son papel mojado” y recalcan que estamos ante una situación de extrema necesidad por parte de los vecinos. Su portavoz, Juan García, acusa a las partes implicadas de “aprovecharse de que los efectos de los cortes de luz los sufre cada vecino dentro de su casa y no se ven”.

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno central en Sevilla también se declaró “a entera disposición” de los organismos, pudiendo aportar incluso medios si es que la Junta así lo requiriese. Sin embargo, todas estas propuestas pasan por la declaración del estado de emergencia energética, que corresponde únicamente al Gobierno andaluz. Sin esta condición, las demás administraciones declaran ser prácticamente impotentes, una situación que desde Barrios Hartos “ya sospechaban” y afirman que “temen que la pelota pase de un lado a otro sin que nunca se aplique ninguna medida”.

“Están jugando con nosotros”, cuenta Toñi Reyes, una de las vecinas afectadas por los continuos cortes de suministro eléctrico en los barrios obreros de Sevilla. “Endesa tiene conductas criminales y las Administraciones son cómplices, lo que está haciendo en los barrios es terrorismo”, afirmaba rotundamente tras relatar cómo el suministro de los vecinos de Padre Pío se interrumpe de manera intermitente cada día. La rabia que impregna sus palabras es compartida por el resto de vecinos que este lunes han acudido a la rueda de prensa que la plataforma vecinal Barrios Hartos ha dado en la sede del distrito de Cerro-Amate, donde el pasado viernes tuvo lugar un encierro que terminó con la detención de uno de sus representantes. Mientras, el Ayuntamiento asegura que sus competencias son “limitadas” y Endesa insiste en que en la zona “se está haciendo un consumo industrial en una zona doméstica”.

Un ambiente caldeado

La detención de Juan García, portavoz y principal cara visible de la organización, ha levantado ampollas en el colectivo, que consiguió, sin embargo, la creación de un Comité de Emergencia, cuya primera reunión está fijada ahora (tras dos retrasos) para el martes 23 de julio. Un arresto que, según Barrios Hartos, se produjo con la acusación de “allanamiento con violencia”. Pese a que García fue puesto en libertad unas horas después, los cargos se mantienen, aunque para el afectado “no se sostengan, ya que no hay parte de lesiones de nadie ni desperfectos en el edificio”.

Ángel Carrillo, en representación de la plataforma vecinal, ha querido recordar ante los medios que “los barrios están en una situación de urgencia”. Asimismo, ha recalcado que, además de la ola de calor y los problemas de sobrecarga en la red que se derivan de los aparatos de aire acondicionado, hay personas electrodependientes, que por cuestiones de salud dependen de la red eléctrica para su supervivencia por el uso de maquinaria como respiradores artificiales.

Barrios Hartos acusa de “complicidad” a las administraciones

Por su parte, Laura Cárdenas, otra de las representantes del colectivo que ha atendido este lunes a los medios en Cerro-Amate, ha denunciado públicamente “las desigualdades en la aplicación de la ley”. También ha aprovechado para recalcar lo “desmedido” de la actuación policial, que el viernes se personó con cinco furgones y 30 agentes para detener una acción “pacífica y legal” por parte de Barrios Hartos. Un despliegue que contrasta, según la plataforma, con las excusas habituales que reciben los mismos barrios donde se dan los cortes de luz, que “siempre andan cortos de personal cuando se necesita a la policía”.

La portavoz ha querido destacar la “complicidad” y “solidaridad” de las administraciones con Endesa, proveedora de los servicios, y el caso omiso que se hace a los movimientos ciudadanos: “Nuestro problema es que no tenemos a tres expresidentes ni una lista de altos cargos trabajando con nosotros”. Además, ha querido aludir a la auditoría realizada por la Junta de Andalucía para evaluar la calidad de la red en los barrios afectados por los cortes de luz y que vino a reafirmar la tesis que mantiene la compañía eléctrica de que “hay potencia suficiente” y que la principal causa de los apagones que llevan años denunciando los vecinos es el “fraude eléctrico”.

Los miembros de Barrios Hartos han expresado su malestar porque solo pueden acceder al resumen ejecutivo, “donde ya se ve que se cometen irregularidades para tapar las carencias de las infraestructuras”. Ante la negativa de los organismos competentes a mostrar el documento completo, Laura Cárdenas se ha reafirmado en su postura de que “no se nos toma en serio”.

El Ayuntamiento de Sevilla, interpelado por la plataforma y personado el pasado viernes con dos concejales, mantiene que su papel es el de ayudar a que se solucionen los problemas de suministros “como con cualquier otra emergencia básica de los sevillanos”. Sin embargo, explican que sus competencias a la hora de aportar soluciones son limitadas, y que ellos han participado en las negociaciones en las sucesivas mesas de trabajo que se han constituido durante el último año. Dicen “estar pendientes” de lo que ocurre en estos barrios y afirman “haber pedido a Endesa y a las autoridades competentes que intervengan en el problema”.

“Hay un grave problema con los cultivos de marihuana”

Desde la empresa eléctrica han querido hacer hincapié en que la infraestructura es suficiente, pero que sufren “una sobrecarga constante”. Fuentes de la empresa aluden al caso del último transformador quemado en la zona de Torreblanca, una estación que tenía capacidad para 1.400 clientes cuando solo existen 204 puntos de suministro contratados en ese área, pero que sufrió una sobrecarga que llevó a su incendio. También ha desmentido la obsolescencia del cableado, citando este último caso donde el centro de transformación apenas tenía un año de antigüedad.

Desde la compañía ha recalcado que “no quieren estigmatizar a los vecinos de la zona” pero existe “un grave problema con los cultivos de marihuana, porque cada una de las plantaciones consume como 80 viviendas”. Por tanto, explican, “se hace un consumo industrial en una zona doméstica. Pese a ello, desde Endesa aseguran que son los primeros interesados en arreglar el problema, pero que ”es necesaria la coordinación de todas las administraciones para atacar a la raíz del problema“.