El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha abogado este martes en el Congreso por que el “crecimiento brutal” que vive el sector de defensa, al que su departamento ha concedido en dos meses 14.000 millones en préstamos al 0% para proyectos seleccionados por el Ministerio de Defensa, sea “saludable”, porque “hasta ahora no ha sido así”.

En su debut en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso tras su nombramiento el pasado julio, García Brustenga ha revelado que esos 14.000 millones para los próximos ejercicios (4.500 millones para este año), que su departamento ha aprobado mediante los denominados programas especiales de modernización (PEM), son un parte muy relevante (cerca del 40%) de la prefinanciación concedida por sucesivos gobiernos con esta fórmula desde 1996, que ha cifrado en 35.000 millones.

La prefinanciación de los PEM la otorga Industria, aunque los proyectos los selecciona previamente sin concurrencia (a dedo) el Ministerio de Defensa, que “lo que hace es articular proyectos, programas, para servir a las Fuerzas Armadas en tiempo y calidad la tecnología necesaria para sus usos. En esto no nos metemos”. Pero “desarrollar un ecosistema que está en un crecimiento brutal de tamaño” requiere “que sea, como otros sectores maduros, un ecosistema saludable, donde haya espacio para todos”.

Ha reclamado que las empresas tractoras “que estamos construyendo a nivel nacional” con estos programas sean “líderes naturales del desarrollo territorial y sectorial” y tengan “compromiso” respecto a pymes, territorios, la “gobernanza de su cadena de valor” y otras variables como empleo femenino, “para que el desarrollo del ecosistema esté bien hecho”. “Hasta ahora no ha sido así”, pero los requisitos que impone el Ministerio de Industria son “vinculantes”, ha subrayado.

En la réplica, ha insistido en que “Defensa determina las empresas tractoras”, que deben ser “competitivas” e incorporar criterios de autonomía estratégica. “También hay un tema de seguridad nacional y de confianza con el ejército”. Y deben tener “voz en Europa y en el mundo”. Pero “nuestra lucha” es “que esto tiene que llegar a todos”.

Además de prefinanciar al sector con los PEM, Industria quiere “aprovechar toda la capacidad industrial” de España con este boom de la defensa para que “toda pyme, todo sector, todo territorio que tenga capacidades se pueda sumar”. 

“Lo que tenemos seguro es que va a haber dinero para defensa a nivel europeo y español en los próximos años”. Y “quizá la única forma de abordar grandes retos tecnológicos o de capacidad productiva de algunos sectores sea metiéndose en esto”. “La mayoría” de la tecnología que se va a desarrollar “es dual”, no solo de defensa.

En una comparecencia a petición propia, García Brustenga ha pedido a los diputados que aprueben la Ley de Industria y Autonomía Estratégica que el Ejecutivo aprobó en forma de anteproyecto hace ya casi tres años, con Reyes Maroto como ministra. El proyecto de ley se envió a la Cámara Baja el pasado diciembre.

Ha abogado por una norma con “consenso” y que “nos dure”, dado que la actual ley de Industria, de 1992, data de un momento que nada tiene que ver con el actual, “sin internet, sin emergencia climática, deslocalizando, armonizando con Europa”. Ante el contexto geopolítico mundial, “cada mes que pasa, más oportuno es” aprobarla. Y ha pedido diálogo a los diputados.

El secretario de Estado ha afirmado que “con la que está cayendo a nivel planetario”, la industria presenta grandes oportunidades para España. Se ha hecho eco de un reciente artículo en Financial Times sobre el “espectacular” momento de la economía española pese a los casos de corrupción.

Nuevo Plan Auto

Ha avanzado que el Plan Auto 2030, el nuevo marco de ayudas al sector de la automoción, será presentado el próximo 3 de diciembre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha explicado que los estudios previos realizados junto a las principales patronales calculan que el sector de componentes puede perder un 35% de producción y empleo si no se toman medidas adecuadas, o aumentarlas un 33% si se incentivan las baterías y nuevos desarrollos tecnológicos vinculados al vehículo eléctrico.

Ha apostado por “salvaguardar los años que podamos para que no nos coma el coche chino” y “a la vez incentivar y comprometernos con el privado que va a transformarse, que va a tener parte del pastel nuevo”, trabajando con China “para que sea un win-win”.

Ha indicado que es prioridad de este Gobierno poner a la Industria “donde tenía que estar”. Ha recordado que entre 2014-2016 la política industrial contaba con 2.000 millones de los Presupuestos y que, tras la aprobación del Plan de Recuperación, ha pasado a contar desde 2022 con una media de 8.500 millones anuales, partida que este año será de unos 12.000 millones por “la nueva política de Defensa”.

Un incremento “excepcional” que tendría que tener visos de ser “estructural”, aunque las partidas van a descender. “Hay que mantener una línea que idealmente” supondría “acercanos” a los niveles de Italia, porque “Alemania y Francia están un poco más lejos”. “Asegurar un mínimo” de “1.500 millones adicionales” a los 2.000 millones que se destinaban entre 2014 y 2017, a los que se sumaría “otra cifra similar desde Europa” para llegar a algo “asimilable a otros países de Europa” y “tener voz” en la UE. “Es un objetivo de país”.

Entre sus prioridades, también ha fijado “acabar con éxito el plan de Recuperación en España. Que las empresas transformen, que se pueda ver, palpar”. Sepides, ya convertida en entidad pública empresarial, va a lanzar todo lo que queda, “institucionalizando” a esta entidad como “brazo ejecutor” de la política industrial: “Que nadie con un proyecto” se quede sin fondos del plan y que a Europa llegue el mensaje de que “España vale la pena” como motor industrial.

La red troncal de distribución de hidrógeno verde movilizará en Euskadi entre 350 millones y 400 millones de inversión en su primera fase, y afectará a 50 municipios vascos, uno de cada cinco. En total, serán 163 kilómetros repartidos en dos tramos conectados con el resto del eje de la cornisa cantábrica: el Reocín-Arrigoriaga, con alrededor de 38 km en territorio vasco; y el Arrigoriaga-Haro, con aproximadamente 125 km, que convertirá a Euskadi en un centro neurálgico del mercado del hidrógeno, con un potencial nodo de agregación en la proximidad de Bilbao y Vitoria, donde se agrupan futuros proyectos de producción y consumo, relacionados con el ámbito industrial. En esta primera fase está previsto que arranquen las obras en 2028 y que esté ultimada en 2030, para arrancar después las redes de hidroductos que conectarán con el valle de Ayala y sus industrias, y la conexión de Bergara-Irún y después con Francia.

Representantes de los Gobiernos central, vasco y Enagás han escenificado este lunes la apuesta por la generación de hidrógeno verde como fuente de energía renovable en el objetivo de dar pasos hacia la descarbonización de cara al año 2050 y de Euskadi como uno de los centros neurálgicos del desarrollo de esta energía, arropando al más alto nivel institucional la apertura del proceso de partipación pública de la Red Troncal de Hidrógeno en Euskadi, es decir, de un periodo en el que organizaciones, entidades, personas físicas o municipios afectados por el paso de la red, en total 50, podrán realizar las aportaciones o alegaciones que consideren oportunas. En principio, el 80% de la red de hidroaductos en Euskadi discurrirá por el subsuelo de forma paralela a la de los conductos del gas, lo que minimiza el impacto ambiental.

Aún así, dentro del Plan de Participación Pública (PCPP), que estará abierto hasta el mes de diciembre se han organizado una serie de encuentros en los diferentes municipios afectados para explicar el proyecto: 30 en Bizkaia, 7 en Gipuzkoa y 13 Álava. En Bizkaia los municipios afectados por la red son Muskiz, Zierbena, Santurtzi, Abanto Zierbena, Ortuella, Valle de Trápaga, Galdames, Barakaldo, Güeñes, Alonsotegi, Bilbao, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Ugao-Miraballes, Zaratamo, Zeberio, Usansolo, Bedia, Lemoa, Igorre, Amorebieta- Etxano, Dima, Durango, Iurreta, Garai, Izurtza, Abadiño, Berriz, Elorrio y Atxondo. En Gipuzkoa Elgeta, Bergara, Oñati, Arrasate-Mondragón, Aretxabaleta, Eskoriatza y Leintz-Gatzaga; y en Álava, Okondo, San Millán, Barrundia, Elburgo, Arrazua-Ubarrundia, Legutio, Zigoitia, Vitoria, Iruña de Oca, Armiñón, Berantevilla, Zambrana y Labastida.

El acto institucional ha tenido lugar en el Puerto de Bilbao, una elección que no es casual, ya que en esas instalaciones se está construyendo la planta de Petronor, la electrolizadora, con una potencia de 10 MW, destinada a la fabricación de hidrógeno verde. La presentación ha contado con la participación del lehendakari, Imanol Pradales, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, y el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo. Además, han participado alcaldes y concejales de las localidades por las que transcurrirá la red, además de representantes de los principales actores industriales y empresas de la cadena de valor del hidrógeno de Euskadi.

El lehendakari ha defendido la necesidad de descarbonizar lo más rápidamente posible el modelo económico y de desarrollo vasco sin perder competitividad. “Nos jugamos nuestro empleo, la cohesión social, el progreso tecnológico y el equilibrio ambiental” y “nuestra autonomía estratégica”, ha dicho. Pradales ha señalado que Euskadi está dando pasos para situarse en la vanguardia de la transformación  energética y ha apuntado que “el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno es una de las apuestas estratégicas de Euskadi”. Ha ratificado la voluntad decidida del Gobierno vasco por participar activamente en el desarrollo de esta red a través del Ente Vasco de la Energía (EVE).

Ha recordado, además, que el desarrollo de la economía del hidrógeno además de la descarbonización supone una oportunidad de poder generar nueva industria en torno a los combustibles renovables y de transformar algunas infraestructuras energéticas que favorezcan la descarbonización como la que afecta a la planta de BBE (Bahía de Bizkaia Electricidad)  ubicada en el puerto de Bilbao, que actualmente genera electricidad partiendo del gas como combustible. La nueva infraestructura de hidrógeno abre la puerta a que el gas sea sustituido por el hidrogeno verde lo cual reduciría las emisiones de Euskadi y le acercaría a los objetivos de cero emisiones a 2050.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha apuntado que “el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del IDAE, ha movilizado ya más de 3.000 millones de euros en ayudas para el desarrollo del hidrógeno renovable”. “Es una apuesta materializada ya en más de 100 proyectos, nueve de ellos en Euskadi, que están movilizando unos 6.000 millones en inversión. Pero el potencial de estos proyectos, grandes y pequeños, se desplegará cuando estén interconectados entre sí con la red troncal de hidrógeno, que actuará como el eje vertebrador del sistema. Este proceso no sería posible sin la coordinación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y Enagás, designada por el Consejo de Ministros como operador de la red troncal. Y el proceso de participación pública que iniciamos hoy es una parte esencial de este camino”, ha señalado.

Por su parte, el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, ha destacado que “Euskadi ya es hoy un hub energético e industrial clave en Europa y reforzará este posicionamiento gracias a su rol crucial en la Red Troncal de Hidrógeno”. “A través del Plan de Participación Pública, los municipios, administraciones y la ciudadanía vasca contribuirán al desarrollo de esta infraestructura y a la descarbonización. El hidrógeno verde tendrá un impacto económico y social muy relevante en Euskadi”, ha dicho.

El Gobierno ha repartido a dedo (sin concurso público) en mes y medio 14.223,8 millones de euros en préstamos al 0% de interés a una decena de empresas de la industria militar para financiar el desarrollo de 32 programas de armamento. Los créditos, a un interés del 0% no revisable, no exigen garantías para librar los fondos, con carácter general, y se liberarán conforme se cumplan determinados hitos en anualidades que en algún caso alcanzan hasta 2032.

Estos préstamos se han triangulado a través del Ministerio de Industria, aunque los destinatarios los ha elegido Defensa, en el marco del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa que lanzó el Ejecutivo de Pedro Sánchez en abril, en respuesta a la amenaza rusa, el complejo contexto geopolítico internacional, la aparición de nuevas amenazas híbridas y “el replanteamiento de la alianza atlántica”.

Ese plan contemplaba un compromiso de invertir en Defensa 10.471 millones para 2025 para alcanzar el objetivo del 2% del PIB adquirido ante la UE y la OTAN hace años, que España elevó al 2,1% para este año. Muy lejos del 5% que exige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en las últimas semanas ha redoblado la presión a España por no suscribir ese compromiso, que el Gobierno considera inasumible.

Entre las medidas de ese plan industrial, que según el Gobierno “tendrá efectos positivos en el empleo e impulsará una nueva ola de innovación tecnológica y desarrollo industrial”, están los nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM), que Industria prefinancia con esos préstamos, habituales en el sector hace décadas. Con ellos, se evita la financiación bancaria, que encarece el multimillonario coste de estos programas, y los créditos no computan como déficit en las cuentas públicas. Se canalizan a través de Industria al tener un componente de I+D.

Pere Ortega, presidente honorario del Centro Delàs de Estudios por la Paz, recuerda al teléfono que esos créditos al 0% se lanzaron en época de José María Aznar para financiar los programas de armamento de los cazas Eurofighter, los aviones A400M o los blindados Leonard y Pizarro. Este experto los define como “un sistema de creatividad contable” para prefinanciar a la industria y plantea dudas sobre la recuperación de esos importes en algún caso, teniendo en cuenta experiencias pasadas. Recuerda las continuas pérdidas de los astilleros estatales Navantia, uno de los principales beneficiados, que solo en la última década han perdido 1.720 millones y llevan en números rojos desde 2007.

El importe adjudicado en las últimas semanas con esta fórmula no tiene precedentes, si se compara con las cifras de los últimos ejercicios (ver gráfico). Los decretos de adjudicación de estas ayudas, aprobados por el Consejo de Ministros entre el 3 de septiembre y el 14 de octubre, aluden a “razones de interés público” para no hacerlo por concurso. “La necesidad de proteger intereses esenciales de la defensa y seguridad nacionales y dirigirse a actuaciones de naturaleza militar”, según el Gobierno, “dificultan efectuar una convocatoria pública de las ayudas”. Además, “las entidades beneficiarias han sido consideradas por el Ministerio de Defensa como aquellas capaces de proveer la alternativa óptima para cada uno de los programas”.

El Ejecutivo se ampara en el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que exime a los Estados miembros de algunas obligaciones, especialmente en lo relativo a la seguridad nacional, la producción y el comercio de armas, y les permite tomar medidas para proteger sus intereses esenciales de seguridad, incluso si eso implica excepciones a las normas del mercado único, especialmente en contratos de defensa.

El Gobierno asegura que ha atendido “a los principios de buena regulación” y apela a “razones de interés general, dada la necesidad de garantizar a las Fuerzas Armadas unas capacidades renovadas”. Afirma también que cada decreto “cumple con el principio de transparencia habiéndose efectuado los trámites de consulta pública previa y audiencia al interesado”. Las memorias justificativas de estos decretos no son públicas.

Ese dinero no se entregará de una tacada. El 31% de esa cifra, unos 8.500 millones, se ha comprometido para 2025 y el resto se irá repartiendo progresivamente entre 2026 y 2032, especialmente, en el primer cuatrienio (a razón de unos 2.200 millones por ejercicio), a medida que se vayan cumpliendo los hitos establecidos. De incumplirse ese calendario, el Consejo de Ministros deberá aprobar las correspondientes adendas a los contratos. Estos deberán formalizarse en las próximas semanas.

En algunas empresas españolas del sector ha causado malestar el reparto de ese dinero, superior al gasto mensual en pensiones contributivas (13.620 millones en agosto de 2025), y que ha ido a parar a un número muy reducido de empresas, con Indra como mayor beneficiaria. Más de la mitad de esos préstamos (6.754 millones) se han adjudicado a programas en los que participa esta empresa del Ibex, cuyo mayor accionista es el Estado (28%) a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El porcentaje que ha recibido Indra alcanza el 60% si se tiene en cuenta a Hisdesat, filial de Hispasat (empresa que presidió Jordi Hereu hasta su nombramiento como ministro de Industria), cuya compra a Redeia (dueña de Red Eléctrica) pactó Indra en febrero pasado por 725 millones, operación que la compañía confía en que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorice en las próximas semanas.

En varios de esos programas subvencionados por Industria Indra se ha aliado con su primer accionista privado (14,3%), Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), con la que prepara una controvertida fusión, dado que los propietarios de esa empresa madrileña son el presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano, Javier Escribano, presidente de EM&E y a su vez consejero de la cotizada, lo que supone un claro conflicto de interés.

Una unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano se ha adjudicado los programas que más fondos reciben: 1.821 millones hasta 2031 para la “Fabricación Avanzada en Movilidad Terrestre Sostenible II-ATP CADENAS, que supone la adquisición de 6 grupos de artillería, 109 obuses, 109 vehículos de municionamiento, 56 vehículos de mando y control, 6 vehículos de recuperación y 6 vehículos de mantenimiento”. Y 1.181 millones para la “Fabricación Avanzada en Movilidad Terrestre Sostenible II-ATP RUEDAS, que implica la adquisición de un sistema obús autopropulsado (ATP) de ruedas a fin de mejorar las capacidades de artillería, rapidez, movilidad y precisión en los desplazamientos y despliegue de la artillería”.

Esa UTE también se ha adjudicado un préstamo al 0% de 150 millones para desarrollar un Sistema Integral de Proyección Anfibia Eficiente: 34 Vehículos Anfibios de Combate de Infantería de Marina (VACIM) sobre ruedas 8x8, en cuatro configuraciones distintas. Y otros 17 millones para un sistema “crítico” para proporcionar a las Fuerzas Armadas la capacidad “de detección, identificación, rastreo y neutralización de drones no autorizados tanto en la zona de operaciones como para la protección de infraestructuras críticas”.

En solitario, Indra se ha adjudicado ocho préstamos por 2.000 millones. Destacan 820 millones para un programa de “Conectividad Multidisciplinar en Seguridad Aérea-Sistema Centro Operaciones Artillería A/A (COAAAS)”; y 768 millones para un Sistema Conjunto Radio Táctica-SCRT, “cuyo objeto es la obtención un sistema que garantice el intercambio fiable y seguro de información requerido en las operaciones nacionales e internacionales”.

Con Telefónica, que preside desde este año el anterior presidente de Indra, Marc Murtra (y en la que la SEPI es primer accionista con el 10%), el grupo que preside Ángel Escribano se ha garantizado otros 380 millones de financiación al 0% para desarrollar un sistema de Conectividad Multidisciplinar (MC3) “que responde a la necesidad de dotar a las Fuerzas Armadas de capacidades operativas y unificarlas en un único sistema e incluirá la adquisición de estaciones de transmisiones, plantas de energía y cifradores”.

788 millones ha recibido el consorcio Tess Defence, en el que Indra es primer accionista desde este año (51%) junto a Escribano y Santa Bárbara Sistemas (de la estadounidense General Dynamics), responsable de la fabricación de los nuevos blindados 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra, que acumulan importantes retrasos.

El objetivo es desarrollar el Vehículo de Apoyo Cadenas, que “responde a una necesidad operativa prioritaria de las Fuerzas Armadas”: dotar al Ejército de Tierra “de una familia de vehículos cadena multipropósito capaz de llevar a cabo las misiones operativas y logísticas que actualmente realiza el Transporte Oruga Acorazado (TOA) que han superado ampliamente su ciclo de vida previsto”.

Y otros 67 millones ha recibido otra UTE formada entre Cipherbit (del grupo Oesía) y Epicom, cuyos socios son la SEPI, Indra y la propia Oesía, protagonista de más de una decena de fichajes de ex cargos del Ejército en los últimos años, en plena explosión del gasto militar. Esa UTE se encargará de un programa de Capacidad Cripto Multipropósito y Multidominio (CCMM) que desarrollará un cifrador nacional embarcado sobre plataformas aéreas, en cooperación con el Centro Criptológico Nacional.

Subcontratación

Indra ha destacado que la subcontratación de estos encargos (que no puede asumir por sí sola) “movilizará a la industria nacional y generará más de 3.000 empleos directos de alto valor añadido” como resultado de estos préstamos. Con una red nacional de proveedores actualmente compuesta “por un variado ecosistema en el que un 65% son pymes, startups, y centros tecnológicos o de investigación”, Indra ya está subcontratando en la actualidad cerca del 77% de sus encargos a la industria nacional.

Según la compañía, “gracias a los PEM, Indra ampliará notablemente su cadena de valor, contribuyendo a desarrollar tecnologías innovadoras y modernas capacidades de producción que fortalecerán la defensa nacional y europea”. “Las estimaciones iniciales apuntan a que Indra ampliará el ecosistema actual de más de 1.000 colaboradores con otras 200 nuevas incorporaciones entre proveedores y socios industriales distribuidos por toda la geografía española”.

Otro nombre muy destacado es el gigante aeronáutico europeo Airbus, del que la SEPI tiene un 5%. En solitario se ha adjudicado 3.680 millones en préstamos al 0% para el desarrollo de seis de estos programas, y otros 80 millones para uno que desarrollará con Indra. A continuación figuran la estatal Navantia (2.292 millones), 100% de la SEPI y, ya con cifras mucho menores, otras empresas como General Dynamics, Aertec y Urovesa.

Navantia se ha adjudicado el tercer programa que más fondos recibe, 1.280 millones para el desarrollo de “Nuevas Tecnologías Aplicadas en Plataformas Marítimas (Modernización Media Vida F-100), consistente en la modernización de las Fragatas de la clase Álvaro de Bazán (F-100), que entraron en servicio entre 2002 y 2006, y que requieren la actualización de sus capacidades operativas para extender su vida operativa, al menos, durante veinte años”.

Cerca de 2.500 vecinos y vecinas de Motilla del Palancar han participado en una manifestación convocada por CCOO y UGT en esta población conquense para protestar por el ERE anunciado por la multinacional Mahle que pondrá en la calle a 550 personas.

La protesta no será la última, según la presidenta del comité de empresa, Claudia Navarro, a preguntas de los medios de comunicación. Esta primera acción reivindicativa no persigue otro fin que “mover a la gente de la comarca y dar una imagen de fuerza”, ha comentado.

De forma previa, los trabajadores y trabajadoras de la empresa han celebrado una asamblea para conocer el alcance de la drástica medida y debatir las medidas para evitar los despidos por parte de esta empresa que produce piezas de automóviles, y cuya sede central está ubicada en Stuttgart, Alemania. También tiene factoría en la Comunitat Valenciana.

En la primera asamblea a la que han asistido medio millar de personas donde se ha expuesto el calendario del proceso y se han resuelto las dudas de la plantilla. “Hasta el 30 de octubre es el periodo de consultas. Haremos reuniones y negociaremos con la empresa hasta entonces” ha dicho.

El secretario provincial de CCOO Cuenca, Carlos Hortelano, ha agradecido públicamente al Ayuntamiento de Motilla del Palancar la cesión del espacio al igual que a la asociación de lucha contra el cáncer que tenía previsto hoy allí un acto benéfico. “Estos 550 trabajadores y trabajadoras son un 6% de la tasa de desempleo en esta provincia. Estamos hablando de un impacto social y económico devastador” Hortelano ha denunciado que, en los últimos días, han conocido “cómo empresas subcontratadas de Mahle están ofertando puestos fijos discontinuos para trabajar a través de ETT”.

Por su parte, el secretario de UGT FICA Cuenca, Jesús Laín, ha recordado que “hay familias enteras que llevan toda una vida en una empresa a la que se ha puesto la alfombra roja para crear empleo y que no ha estado a la altura”. El dirigente sindical ha abogado por encontrar soluciones alternativas en las que las administraciones ya están trabajando para que la gente “no se tenga que ir de aquí”. A la empresa le trasladaba la siguiente reflexión: “igual hay que coger proyectos más pequeños y no megaproyectos. Estamos preocupados porque esta planta siga siendo productiva y trataremos de revertir este ERE que puede hacer mucho daño”.

Desde la secretaría general de la Federación de Industria de CCOO CLM, Juan Antonio Cuevas ha destacado el éxito de la convocatoria ciudadana recordando que “tenemos 550 dramas de muchas familias que han venido de fuera y han comprado sus pisos y ven como un proyecto industrial en una zona rural, por una decisión de una multinacional, se puede ver truncado”.

En mitad de la manifestación se ha leído un manifiesto en el que tanto CCOO como UGT, el comité de empresa y el conjunto de la plantilla trasladan a la empresa el rechazo unánime y rotundo ante este ERE, el mayor en la historia de la provincia de Cuenca, y exigen que reconsideren su postura. “Se deben buscar otras alternativas menos traumáticas y más justas para todos” ;“¡No a los despidos masivos! ¡No al ERE en Mahle!”, concluye.

Calendario de la negociación

Este pasado jueves se daba traslado de los integrantes de la comisión negociadora. Serán 6 de la planta de Paterna, todos de CCOO, y 7 de Motilla del Palancar, siendo 5 de ellos de CCOO y los 2 restantes de UGT.

A partir de ahora la empresa podrá iniciar el periodo de consultas por un máximo de 30 días. La representación sindical analizará con los gabinetes técnicos de ambos sindicatos si las causas del despido colectivo están o no justificadas en base a la documentación que se presente. Transcurrido el periodo de consultas la empresa comunicará a la autoridad laboral el resultado.

Esta misma semana el secretario general de CCOO Unai Sordo enviaba un mensaje de solidaridad a la plantilla. “Vamos a exigir a la empresa responsabilidad y, a las instituciones, implicación para salvaguardar un proyecto de empleo ligado a un sector con mucho futuro como es el coche eléctrico”, decía, al tiempo que recordaba que una decisión unilateral de una empresa “no puede llevar a la calle a cientos de trabajadores y ser un problema para toda una comarca”.

En la misma línea se pronunciaba el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, para el que todo objetivo pasa por evitar “una atrocidad de esta magnitud” y conseguir que se salven todos los empleos posibles. El Consejo Regional del sindicato aprobaba una resolución en apoyo a la plantilla durante su última reunión.

En un comunicado la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT afirmaba que, además de los puestos de trabajo, “lo que también está en juego es el desarrollo de Motilla del Palancar y su comarca, algo que tilda de incomprensible en un sector con futuro como es el del coche eléctrico”.

Grupo de trabajo con Mahle, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Ministerio de Industria

Los gobiernos central y autonómico están manteniendo reuniones con la firma alemana encaminadas a encontrar “alternativas de reindustrialización que aminoren el efecto negativo sobre el empleo”, decía el ministro de Industria, Jordi Hereu, mientras que la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, afirmaba que la mesa de seguimiento perseguirá “salvaguardar la actividad industrial en la zona”.

Y es que esta semana se anunciaba la constitución de un grupo de trabajo entre la Comunidad Autónoma, la Comunitat Valenciana -a la que también afecta el ERE-, el Ministerio de Industria y la empresa Mahle para trabajar en “mantener la actividad industrial” de la empresa “y, por supuesto, el empleo”, decía Franco.

“La prioridad absoluta del Gobierno regional es mantener las capacidades industriales pero, sobre todo, también mantener los empleos en una comarca y en un municipio que tiene algo más de 6.000 habitantes y donde una decisión tan drástica podría afectar, sin duda, la vida de muchas personas y muchas familias”, señaló.

El Ministerio de Industria y turismo ha declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional las ancestrales mascaradas del Macizo ourensán. Las mázcaras de Manzaneda y los boteiros de Viana do Bolo y Vilariño de Conso, muncipios de la montaña suroriental gallega, obtienen así una distinción con la que ya contaban otras célebres muestras del rico Entroido de la comunidad: los cigarrones de Verín y los peliqueiros de Laza. El Gobierno ha valorado que estos festejos “se hayan preservado en mayor medida que en otros lugares”.

Pero no solo coloridas máscaras componen los entroidos montañeses. El folión, agrupación de vecinos que acompañan con bombos e instrumentos de percusión fabricados a partir de utensilios cotidianos, escoltan a estas figuras encargadas de imponer una ley que es distinta a a ley habitual. Durante la época álgida de las celebraciones, de origen pagano y relacionadas con la salida de la oscuridad y la llegada de la luz, es decir, con los ciclos agrícolas, ese sonido grave y ceremonial inunda los valles de la comarca.

La mázcara de Manzaneda suele girar con movimientos que recuerdan a los derviches giróvagos de Oriente Medio. Los boteiros proceden de otra manera: saltan y abren paso al folión sin demasiados miramientos. Porque durante el Entroido son los que mandan, la autoridad.

El ministerio ha valorado “la unión de los tres ayuntamientos” para solicitar la declaración y ha destacado su “carácter ancestral y valores culturales”. Se trata de la undécima fiesta declarada de Interés Turístico Nacional en Galicia.

El Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha nombrado a Javier Rosell presidente de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides). Hasta la fecha, el nuevo presidente ocupaba el cargo de director general de Empresas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cargo en el que ha sido relevado por Santiago Baeza.

Rosell es licenciado en Derecho, máster en Dirección y Gestión en Comercio Exterior y máster en Administración y Dirección de empresas. En la Dirección General de Empresas ha sido el responsable, desde 2015, de las políticas de desarrollo empresarial, fortalecimiento industrial y atracción de inversión, así como de los instrumentos de financiación industrial y apoyo a la internacionalización del tejido productivo regional.

Anteriormente, entre otros cargos, ostentó la Dirección Estratégica de Programas de apoyo a la innovación empresarial y al emprendimiento tecnológico en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Albacete, donde también fue director de proyectos europeos.

Según información de la SEPI consultada por Europa Press, el nuevo presidente sucederá en el cargo al asturiano Francisco Antonio Blanco Ángel, en cuyo mandato “ha impulsado y liderado la transformación de la sociedad en Entidad Pública Empresarial, como palanca estratégica para el desarrollo industrial de España, reforzando su papel en la gestión de fondos europeos, la promoción de inversiones industriales productivas y la revitalización de espacios industriales estratégicos en nuestro país”.

La Audiencia de Sevilla ha condenado al empresario Antonio Morera Vallejo por un delito de fraude de subvenciones, tras defraudar más de seis millones de euros en ayudas públicas al Ministerio de Industria. El presidente y fundador del Grupo Morera & Vallejo obtuvo una subvención de 6.150.000 euros en 2013 para construir un proyecto agroindustrial en Cádiz que nunca se llegó a materializar, según consta en la sentencia firme, a la que ha tenido acceso este periódico.

El empresario reconoció los hechos y llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para evitar que se celebrase el juicio, previsto para el 29 de enero de 2025. Además de tener que indemnizar al Gobierno con más de 6,6 millones de euros (correspondientes al reintegro total del préstamo más los intereses acumulados), la sentencia de conformidad condena a Morera Vallejo a tres meses de prisión (sustituidos por una sanción económica de 1.800 euros); inhabilitación a sufragio pasivo; multa de 1.230.000 euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de nueve meses.

El presidente del holding Morera y Vallejo, natural de Chucena (Huelva), se enfrentaba a una “pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del importe defraudado”, según reza el artículo 308 del Código Penal sobre fraude de ayudas públicas, que ha evitado admitiendo el delito e indemnizando al Estado en los términos acordados. Este periódico se ha puesto en contacto con el empresario, que ha rehusado valorar la sentencia condenatoria.

Antonio Morera Vallejo preside una multinacional andaluza que aglutina en su estructura una veintena de empresas vinculadas a diferentes sectores, destacando el de los seguros. Además, está presente en el área inmobiliaria, de consultoría, inversiones financieras, energías renovables, agroalimentaria, medio ambiente, gestión patrimonial, ocio y deporte y comunicación. El Grupo Morera y Vallejo cerró el ejercicio de 2024 con una facturación de 347 millones de euros, con un crecimiento global del 33%.

Hechos probados

La sentencia, fechada el pasado 29 de enero, considera probado que el empresario sevillano, como administrador de la sociedad beneficiaria y solicitante de la subvención pública, “destinó el importe de la ayuda en forma de préstamo a fines distintos a los establecidos en la resolución de concesión”, en perjuicio de la Administración del Estado.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo concedió en noviembre de 2013 a una de las empresas de Morera y Vallejo (hoy denominada MAGNUM DINING, S.L.) un préstamo por importe de 6.150.000 euros para llevar a cabo el proyecto “Complejo Agroindustrial y de Desarrollo Científico Tecnológico de Alimentos Cocinados con Destino a la Exportación,” que se pretendía desarrollar en El Puerto de Santa María (Cádiz). La cantidad que la empresa se comprometía a invertir para la ejecución del complejo agroindustrial ascendía a 9.465.000 euros.

El Gobierno abonó el préstamo un mes después, con el requisito de que se ejecutara el proyecto en un plazo de 18 meses contados desde la fecha de resolución de la concesión. Terminado el plazo de ejecución, el Ministerio de Industria inició la fase de justificación técnico-económica de las inversiones.

Sin embargo, tras varios requerimientos de justificación en 2015 y 2016, el Ministerio constató que la entidad beneficiaria “no destinó importe alguno a la realización del proyecto financiado”, toda vez que la documentación presentada por la empresa de Morera Vallejo “resultó de todo punto insuficiente para acreditar que el préstamo concedido se había invertido en el proyecto”.

Según recoge la sentencia, la entidad no aportó ninguno de los justificantes de pago de las facturas presentadas, cuyo importe, además, era “muy inferior” al comprometido, y correspondía a “conceptos no financiables o a pagos no justificados”.

Pago de la deuda antes del juicio

Dada la falta de documentación y que la sociedad tampoco accedió a que se llevara a cabo una visita a sus instalaciones para comprobar el estado del proyecto y las inversiones realizadas, el Ministerio emitió un informe que exigía la devolución íntegra de la ayuda, al no haberse acreditado el destino del dinero.

Con fecha de 26 de enero de 2017, la administración dictó resolución de reintegro total por incumplimiento, exigiendo la devolución al Tesoro Público de 6.150.000 euros por el principal del préstamo, además de 826.774,83 euros por los intereses de demora y 23.214,80 euros por los intereses financieros, lo que elevó la cifra total a casi siete millones de euros (en concreto, 6.999.989,63 euros).

En diciembre de ese mismo año, el Estado logró recuperar 1,23 millones mediante una garantía (seguro de caución) incautada. Descontada la garantía, el importe de la deuda pendiente de reintegro se fijó en 6.678.652,13 euros.

El presidente del Grupo Morera y Vallejo ingresó esa cantidad en la cuenta de consignaciones del Juzgado un día antes del juicio, previsto para el 29 de enero de 2025, a fin de reparar el daño causado y de evitar el litigio judicial por el perjuicio ocasionado a la administración del Estado.

La presidenta de Navarra, María Chivite, el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, y la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Mari Carmen Maeztu, mantendrán el próximo lunes una reunión, en la que también participará el Ministerio de Industria, con la dirección del fabricante de electrodomésticos BSH para tratar de revertir el cierre de la planta de Esquíroz, que emplea a más de 660 personas, previsto para el próximo 16 de junio.

Desde el comité de empresa, que este jueves ha mantenido un pequeño encuentro con los representantes del Ejecutivo navarro que acudirán a la reunión con BSH, insisten en que existen “proyectos para que se pueda materializar una alternativa industrial factible” en la fábrica navarra que permita mantener el empleo a las más de 660 personas que trabajan en la planta de Esquíroz. Para ello han reclamado a la presidenta Chivite que pida a la dirección de BSH “flexibilizar” el plazo de cierre, previsto para dentro de diez días.

“La presidenta nos ha reafirmado su compromiso en la defensa de los mil puestos de trabajo, de las mil familias y nos ha dicho que se está trabajando para buscar una posibilidad de reindustrialización que sea una alternativa factible y fiable”, ha señalado el presidente del comité de empresa, Juanjo Hermoso de Mendoza, a la salida de su encuentro con los miembros del Gobierno de Navarra en el Parlamento foral. Fuera del Legislativo navarro se han concentrado más de 200 empleados de la planta de BSH de Esquíroz, que han gritado mensajes como 'BSH no se cierra', 'Chivite escucha, Esquíroz está en lucha' o 'Ya no hay amigos en Balay'.

El presidente del comité de empresa también ha pedido a Chivite “un compromiso inequívoco” para que la empresa, que ha destacado cuenta con una trayectoria “de más de 50 años en Navarra”, pueda tener “una continuidad de la forma que sea” en la comunidad foral. Ha valorado que la presidenta y sus consejeros han mostrado “receptividad en ese compromiso” y han llamado a “mantener la coordinación” tanto con el Gobierno de Navarra como con el Ministerio de Industria.

El comité de BSH quiere implicar también a la Comisión Europea en la lucha por los empleos y por ello una “pequeña representación” de la plantilla viajará la próxima semana a Bruselas para “buscar y recabar el apoyo del comisario de Industria y de la comisaria de Empleo”. “Necesitamos que empujen en esa orientación de la flexibilización del plazo porque no se puede permitir que haya un proceso de deslocalización en la Unión Europea de estas características”, ha aseverado Juanjo Hermoso de Mendoza.

El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha ratificado que Altri se ha quedado fuera de las ayudas del PERTE (plan de recuperación, transformación y resiliencia) de descarbonización al no haber obtenido “la puntuación mínima para la evaluación”.

En declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, Hereu aseguró que “Greenfiber —la sociedad impulsada por Altri y el CEO de la energética Greenalia para poner en marcha la macrocelulosa—, como otras empresas, en este caso no han obtenido la puntuación mínima para la evaluación ni tampoco han sacado la puntuación en todos y cada uno de los parámetros”. Optaba a una subvención de 30 millones de euros en este apartado, pero todavía aspira a otros casi 200 millones de ayudas europeas.

El ministro recordó que el PERTE se concede por una “evaluación estrictamente técnica” y añadió que las compañías “tienen derecho a alegar como en cualquier otro proceso”. La confirmación por parte del ministro de Industria llega horas después de que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, la gallega Yolanda Díaz, asegurase a través de redes sociales que el Gobierno no daría ayudas a Altri para su descarbonización, compartiendo la exclusiva de 'elDiario.es'.

Las cinco empresas que sí entran en el PERTE

Este miércoles “salen las resoluciones provisionales de la línea 4 del PERTE de descarbonización”, según ha destacado el titular del ministerio. Este plan “es uno de los grandes instrumentos, multisectorial y trasversal” y “es un acto reglado sujeto a las normas de las bases de las convocatorias”. “Por tanto esto ha habido un trabajo estrictamente técnico y hoy salen las cinco resoluciones provisionales que afectan a cinco empresas”, ha expuesto.

Al respecto, ha citado a las cinco compañías: Hydnum en Puertollano (Ciudad Real), que recibe 60 millones para una acería verde; Alier en Zaragoza recibe 9,7 millones para un proceso de placas de yeso; Çimsa Cementos en Buñol, en Valencia (3,7 millones), que también tiene un proceso de placas de hieso y prefabricados y Biotérmica Villanueva, “que es una empresa andaluza que en dos poblaciones hace procesos de secado en base al vapor que sale de calderas de biomasa”.

El ministerio ha precisado en un comunicado que Biotérmica Villanueva, en Villanueva de los Castillejos (Huelva) ha obtenido 12 millones de euros para una planta de biomasa, para producir energía a partir de los residuos de la naranja y en Lebrija (Sevilla) ha logrado 4,6 millones para generar energía renovable a partir de orujo de la aceituna.

“En total son cinco proyectos que reciben 90 millones”, ha destacado Hereu. “Estas son las empresas que han ganado en función de un criterio objetivo”, ha dicho. “En cualquier PERTE —ha ahondado— hay empresas que ganan y hay otras que no llegan a la puntuación debida”.

Casi 100 empresas beneficiadas por los PERTES en Galicia

“Hablando del caso de Galicia, de Altri, que es un proceso que está sujeto a un gran debate social y político, el papel del Ministerio de Industria, nuestra obligación y deber y vocación es evaluar de manera objetiva todos y cada uno de los proyectos industriales”, ha proseguido, ante las preguntas de la prensa.

Así, Jordi Hereu ha constatado que “las empresas tienen todo el derecho a presentarse” y el ministerio tiene “la obligación de evaluar desde el punto de vista técnico”. Ello, ha apostillado, “afecta a Altri y a cualquier otra propuesta industrial que se haga”.

Por su parte, ha recordado “que en Galicia hay más de 97 empresas que han recibido ayudas de los distintos PERTES por valor de 160 millones y que la política industrial activa desde el Gobierno de España en los últimos años, desde 2019, ha supuesto una inversión de 2.000 millones en política industrial activa en Galicia”.

De este modo, ha evidenciado que “el desarrollo industrial de cualquier región es fundamental” para su departamento, pero ha insistido en que lo busca “desde la gestión rigurosa de fondos públicos, de origen europeo” y que su “obligación es gestionarla como se está haciendo”.

Ante las cuestiones de los periodistas, ha reiterado que “sencillamente unos ganan los criterios objetivos y otros proyectos no lo ganan”. “A veces también ha habido PERTES que en una primera convocatoria una empresa no ha ganado y ha vuelto a presentarse”. “Seguiremos haciendo convocatorias y las empresas tienen todo el derecho a presentarse”, ha concluido.

Sobre los fondos Next Generation, ha opinado que “España es uno de los países que con mayor eficacia está ejecutando” estos fondos europeos y ello ha visto que es uno de los factores que está “detrás del crecimiento económico de España”.

“No estoy escurriendo el bulto”. El ministro de Industria, Jordi Hereu, trató de despejar este viernes las acusaciones sobre la ambigüedad del Gobierno en torno a la macrocelulosa impulsada por la empresa Altri en Palas de Rei (Lugo). La compañía portuguesa aspira a obtener una subvención de 250 millones de euros del PERTE de descarbonización, más de la cuarta parte de la inversión prevista. Tras dar luz verde a la declaración ambiental, la Xunta —que ahora descarta apoyarlo económicamente— ha traspasado a Madrid toda la responsabilidad sobre el futuro de la iniciativa.

En su intervención en la V Jornada de Fondos Europeos de elDiario.es —donde, este jueves, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz rechazaba la posibilidad de financiarlo con dinero de la Unión—, Hereu se refirió a Altri como “el típico proyecto que en Galicia genera un gran debate”. Tal y como reconoció la pasada semana en el Congreso, a preguntas del BNG, “nació como un proyecto de fibras y ahora es de celulosa” por lo que “se ha sometido a una transformación”. Sobre la declaración de impacto ambiental, “muy condicionada” incidió en que “hay muchos elementos para tener en cuenta” en el entorno. La ubicación prevista para la macrocelulosa linda con el espacio protegido de la Serra do Careón.

El ministro insistió en su “obligación” de “gestionar este expediente como otros”. “No estoy ni en el sí ni en el no, no estoy escurriendo el bulto”. Según afirmó, el proyecto, “como cualquier otro, lo analizamos y nos pronunciamos con toda claridad y objetividad”. Y como es un “proceso reglado”, por el momento siguen “a la espera”.

El Gobierno central analiza el proyecto de Altri para instalar una macrocelulosa en el corazón geográfico de Galicia “como analiza cualquier otro”, afirmó este miércoles en el Congreso de los Diputados el ministro de Industria, Jordi Hereu. Respondía a una pregunta del BNG, que solo un día antes afirmaba que el apoyo a la iniciativa por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez es una línea roja para los nacionalistas. Hereu mantuvo la ambigüedad y se escudó en “criterios técnico ambientales” para no desvelar su opinión política sobre una pastera que ha despertado una enorme contestación vecinal y ecologista en la comunidad y el respaldo hasta ahora entusiasta del Gobierno gallego.

La declaración de impacto ambiental que la Xunta de Alfonso Rueda aprobó la pasada semana tampoco ha incidido en las consideraciones del gabinete de Sánchez. Es un documento “más que dudoso, firmado por una directora general vinculada al lobby de la celulosa”, denunció Néstor Rego, diputado del BNG en las Cortes. Se refería a la responsable de Calidade Ambiental de la Consellaría de Medio Ambiente, María José Echevarría, cuyo marido es alto directivo de Ence, compañía propietaria de otra discutida celulosa, la que se encuentra en la ría de Pontevedra desde los años 60.

El ministro de Industria aseguró que la mencionada declaración es “independiente” de la concesión de ayudas vinculadas al PERTE de descarbonización, que es al que opta el proyecto de Altri. “Es un proceso abierto de concurrencia competitiva, ahora en fase de evaluación a cargo de la comisión técnica, siempre en atención a las normativas española y europea”, fue todo lo que dijo Hereu en su primer turno de respuesta.

Ante la decepción de Rego -“ya no valen ambigüedades, es franquismo industrial, una factoría de enclave y contaminante, una línea roja en la relación del BNG con su Gobierno”-, el ministro fue un poco más allá y replicó algunos de los argumentos que suele deslizar el Partido Socialista de Galicia, cuya opinión tampoco ha sido hasta ahora del todo contundente. “Es cierto que cuando se anunció el proyecto hace ya años se hablaba de una fábrica de fibras textiles sostenibles y ahora hemos constatado diferencias importantes”, aseguró, “ahora la mayor parte de la producción será de celulosa”. También apuntó que la localización elegida por Altri “es un entorno con altos valores paisajístico, fluviales y ambientales”.

La postura del Ministerio de Industria resulta análoga a la del departamento para la Transición Ecológica. A preguntas de elDiario.es, fuentes del mismo aducen que “por el momento” no van a decir nada sobre Altri. La macrocelulosa ocuparía 366 hectáreas en una parcela en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo), consumiría cada año 1,2 millones de toneladas de eucaliptos y cada día 46.000 metros cúbicos de agua extraídos del río Ulla a relativamente pocos kilómetros de su nacimiento -devolverá al cauce fluvial 30.000, pero como máximo a 3 grados más de temperatura. Produciría 400.000 toneladas anuales de celulosa soluble y 200.000 de lyocell. Aunque Núñez Feijóo, presidente de la comunidad cuando se hizo público el plan, habló de 2.500 puestos de trabajo, en la actualidad las previsiones no alcanzan los 500.

Una línea roja. Eso es lo que ha trazado el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, horas antes de preguntarle al ministro de Industria, Jordi Hereu, si está dispuesto a rechazar la concesión de fondos del PERTE de descarbonización a la macrocelulosa que la empresa Altri proyecta en Palas de Rei (Lugo). Según Rego, de la respuesta de Hereu depende “la relación” del Bloque con el Gobierno y el PSOE. Si financian la planta que los nacionalistas han definido como una “bomba ambiental” esa relación se vería “claramente afectada”.

En una comparecencia en la Cámara, previa a la sesión de control de este miércoles, Rego anunció que “exigirá” al Ministerio “que no libere esos fondos”. “Es el colmo que tengamos que soportar un proyecto altamente contaminante y que, por encima, pueda financiarse con dinero público”.

El diputado recordó que Altri ha solicitado 250 millones de fondos europeos para poner en marcha el llamado Proyecto GAMA. Esa cantidad supone algo más de la cuarta parte de los 900 millones de inversión. Este lunes, tras meses de ambigüedades, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, firme defensor de la iniciativa, descartó por primera vez con claridad la posibilidad de que parte de esos fondas puedan salir de la Xunta. Como viene haciendo desde el pasado viernes, cuando el Diario Oficial de Galicia publicó la declaración de impacto ambiental favorable de la macrocelulosa, Rueda deposita toda la responsabilidad sobre el futuro de la planta en el tejado del Gobierno central.

A ese mismo ejecutivo, Rego le reclamó “abandonar la ambigüedad en esta materia”. “Hoy hay sobre la mesa una declaración de impacto más que cuestionable y no cabe ya nunca más ponerse de perfil ante un proyecto como éste. Sólo cabe el rechazo frontal”, aseveró antes de considerar que “no tiene ningún sentido” que empresa que sí apuestan por la economía sostenible y la lucha contra el cambio climático “se queden sin fondos porque se dan a una empresa contaminante”. Los 250 millones que pide Altri son todos los que existen en esa línea del PERTE.

“Mañana, la única respuesta que nos va a satisfacer, no sólo a nosotros, sino a la mayoría de la sociedad gallega, es que este proyecto que incumple no puede salir adelante con fondos públicos”. Rego concluyó mostrando su convencimiento en que “la presión politica y sobre todo la presión social, las movilizaciones populares. van a tumbar este proyecto tan negativo para nuestro país”.

El BNG no es el único que pide a Industria que no abra la caja a Altri. Sumar, el socio de gobierno del PSOE, registrará unha iniciativa en el Congreso para que se le denieguen los fondos europeos a la macrocelulosa. Además, propone la realización de un referéndum en todos los municipios afectados “directa o indirectamente” por la instalación, lo que abre la puerta a incluir a los que se encuentran en toda la cuenca del río Ulla e, incluso a los de la ría de Arousa.

PSdeG: “A veces hay que dar licencias sin compartir la filosofía”

La financiación de Altri ha centrado también la actividad en la junta de portavoces del Parlamento de Galicia, previa al pleno de la próxima semana donde tanto BNG como PSOE preguntarán al presidente de la Xunta por la macrocelulosa tras la autorización ambiental, según informa Europa Press.

En su comparecencia, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha asegurado que si el Gobierno otorga fondos a Altri “iría en contra de los gallegos”, mientras que la viceportavoz del Grupo Socialista, Lara Méndez, ha insistido en que tiene “serias dudas” de que la fábrica cumpla los requisitos establecidos por la Unión Europa, como “la mitigación del cambio climático” o la protección de los recursos sostenibles y la economía circular.

Cuestionada sobre si vería un error que el Ejecutivo central concediese ayudas públicas a Altri, Méndez ha señalado que a veces hay que “dar licencias” a pesar de “no compartir la filosofía” o que no guste “lo que allí se apruebe”, y ha ejemplificado: “Que un edificio pueda pintar su fachada de negro, no hay ninguna norma que lo impida; la instalación de un negocio de juego, nadie lo quiere en su calle ni en su barrio, pero si cumple los requisitos las licencias hay que darlas”.

Tanto PSdeG como BNG centrarán las preguntas de sus portavoces al presidente de la Xunta en el próximo pleno del Parlamento en este tema. En concreto, el portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro, preguntará a Rueda si cree que se ha tramitado “con normalidad, transparencia y plena legalidad” los procedimientos que tienen que ver con el proyecto que Altri pretende implantar en Galicia, mientras que la líder del Bloque, Ana Pontón, preguntará “por qué quiere imponer el PP desde la Xunta la macrocelulosa que no quieren en Portugal”.

Por su parte, el portavoz de los populares, Alberto Pazos, preguntado por los expertos que discrepan de la autorización ambiental —la última, la que fue directora de Innovación de la Axencia Forestal Galega hasta el mes pasado—, ha manifestado que respeta “el criterio de los expertos”, pero ha insistido en que tiene “un enorme respeto por los expertos de la Xunta” que son, ha añadido, “los que tienen la obligación legal de elaborar los informes”.

“Como no puede ser de otra manera, tendremos que atender al criterio que nos marcan los expertos predeterminados por ley para emitir esos informes. El resto, los tenemos en cuenta, pero estamos obligados a atender al criterio de expertos que tienen la obligación de emitir esos informes”, ha zanjado.

La presidenta de Navarra, María Chivite, mantendrá el próximo viernes, 10 de enero, una reunión sobre el futuro de la planta de BSH en Esquíroz, después de que el fabricante alemán de electrodomésticos anunciase su intención de cerrar esta fábrica. El encuentro se desarrollará en la sede del Ministerio de Industria y Turismo en Madrid y en él participarán el ministro, Jordi Hereu, y la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Mariola Torró, así como representantes del grupo BSH en Alemania.

Como representantes de BSH estarán Christian Prenzel, director de BSH para Europa, y Jörg Ulrich, jefe de producción global. Por parte del Gobierno de Navarra acompañarán a la presidenta el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, y la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, según ha informado el Gobierno foral en una nota.

La reunión se produce tras una solicitud conjunta del Gobierno de Navarra y el Gobierno de España a la dirección del grupo BSH en Alemania tras conocer la intención de la empresa de iniciar el proceso de cierre de la planta de fabricación de frigoríficos y lavavajillas compactos de Esquíroz.

Esta será la primera reunión entre las tres partes tras esa comunicación de la empresa y se tratará de trabajar en escenarios y alternativas que permitan mantener la actividad industrial y el empleo, según ha explicado el Gobierno de Navarra. En este sentido, el Ministerio destaca el compromiso del Gobierno de España con el tejido productivo y la reindustrialización, particularmente, en un territorio con gran peso industrial como es Navarra.

El pasado 18 de diciembre el Gobierno foral mantuvo sendos encuentros con la dirección de la planta de BSH en Esquíroz y con su comité de empresa, al que se le trasladó el apoyo institucional y el inicio de un trabajo conjunto que trate de impedir el cierre de la planta.

El Consejo de Ministros ha aprobado la hoja de ruta que marcará por dónde va a ir la política farmacéutica de los próximos años en España. El Gobierno, a través de la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028 elaborada por los ministerios de Sanidad, Hacienda, Industria y Ciencia, pretende fijar unas nuevas reglas del juego basadas en la “colaboración público-privada” pero más favorables al Estado. El plan se basa en el mismo paradigma que la nueva ley de Industria, aprobada también este martes.

“Se implantarán medidas legislativas y no legislativas que favorezcan un mayor liderazgo público en toda la cadena del medicamento, una mayor prioridad de la salud del paciente en la investigación y una mayor autonomía estratégica del sector”, ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, en declaraciones remitidas por el Ministerio a los medios.

La estrategia busca acabar con un modelo centrado “en la capacidad de oferta de la industria” –una relación “cliente-proveedor”– para transformarlo en un “sistema donde las necesidades de salud de la población sean el motor principal”, de manera que sean las instituciones públicas las que “orienten las prioridades de la próxima década” en enfermedades crónicas, terapias avanzadas o medicina de precisión.

“La demandas de los pacientes –ha añadido García– están por encima de la oferta de las compañías”. Esto se traduce, en la práctica, en que el Estado tendrá más capacidad para impulsar líneas de investigación que interesen a España mediante contratos de colaboración o “memorandos de trabajo” con las grandes farmacéuticas, concreta la estrategia.

Un comité para evitar el bilateralismo

El documento crea dos comités interministeriales. Uno de seguimiento para supervisar que la estrategia se cumple a nivel gubernamental y otro mixto, donde Sanidad, Hacienda, Industria y Ciencia puedan discutir con la industria en un marco de “cooperación y el diálogo entre el sector público y privado”. Este último comité aterriza como un modo de neutralizar las presiones bilaterales de algunas marcas con los ministerios. También se funda una Alianza para la Estrategia: “un espacio que reúne al Comité Interministerial con agentes públicos y privados para impulsar la participación y el trabajo conjunto”.

La estrategia incluye estas seis medidas fundamentales, que irán aterrizándose normativamente en diferentes leyes y reales decretos: “Crear un sistema para la evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias y la financiación y fijación de precio de medicamentos”, “fomentar el uso de medicamentos genéricos y biosimilares”, “incrementar la financiación en investigación clínica y preclínica”, “reforzar las estructuras de soporte críticas en investigación clínica y preclínica” e “impulsar la regulación y la autonomía estratégica”.

España es el cuarto mercado farmacéutico de la Unión Europea en términos de facturación y el noveno a nivel mundial. La industria farmacéutica invirtió 1.400 millones de euros en investigación y desarrollo en 2022, sobre todo en investigación clínica (834 millones de euros). Además, el territorio español además es el tercero del mundo –solo por detrás de Estados Unidos y China– donde más ensayos clínicos se realizan.

El Ministerio de Sanidad ha manifestado en varias ocasiones su intención de mejorar la transparencia en las relaciones entre el Estado y la industria, de manera que el primero tenga un mayor margen de control y decisión en las negociaciones. En los próximos meses, una vez se apruebe el nuevo real decreto de evaluación de tecnologías sanitarias, las compañías tendrán que rendir cuentas sobre cuánto les cuesta producir, investigar y desarrollar un producto como parte del proceso ordinario de evaluación para incluirlo en el Sistema Nacional de Salud. Las negociaciones entre las instituciones sanitarias y las farmacéuticas encierran todavía opacos procesos.

Tras una larga negociación, Sumar ha logrado convencer a sus socios del PSOE para que el proyecto de Ley de Industria que va a aprobar este martes el Consejo de Ministros incluya en el texto fórmulas para evitar las deslocalizaciones de empresas industriales.

Según fuentes de la formación, tras la negociación liderada por la vicrepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “la Ley pone trabas decisivas a este fenómeno a través de dos medidas muy importantes”. La primera, que “quien se va fuera del espacio económico europeo tiene que devolver el 100% de las ayudas públicas que ha recibido”, incluidos los ERE y el conocido como mecanismo RED.

Además, “en ningún caso” una deslocalización puede ser la justificación “para medidas traumáticas como un despido, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o un descuelgue de un convenio ni individuales ni colectivos”.

Con ello, los fondos de inversión especulativos que trasladan las empresas de España a a África o Asia, después de recibir importantes ayudas públicas, “no podrán beneficiarse de las medidas de flexibilidad interna recogidas en nuestra legislación”, destacan fuentes de la negociación.

El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que “hay un elemento de política activa para proteger” la actividad industrial “una vez agotadas todas las líneas de diálogo con las empresas”.

Según fuentes de la negociación, había mucha resistencia en el Ministerio de Asuntos Económicos para incluir en el texto la devolución de las ayudas públicas por parte de las empresas que se vayan de la zona Euro. Pese a “la resistencia del socio de Gobierno”, Sumar ha logrado que el proyecto “haga frente a las deslocalizaciones, condicione las ayudas y sitúe la transición ecológica en el centro”. En la negociación también se ha reducido a la mitad, hasta 3 millones de euros, el umbral del total de subvenciones recibidas requerido para que las empresas que desmantelen su actividad de forma abrupta tengan que reintegrarlas.

“La Vicepresidencia segunda ha logrado que se incorpore a la Ley el principio de condicionalidad a la política industrial en nuestro país. De esta forma, la colaboración público privada en España estará condicionada siempre a criterios como el mantenimiento del empleo o la responsabilidad medioambiental”, destacan fuentes de Sumar.

El objetivo es situar “la transición ecológica en el centro de la política industrial para que nuestro país aproveche la ventaja que proporcionan las energías renovables como palanca para la reindustrialización reforzando también la cohesión territorial”.

La primera en 32 años

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley, que presentó como anteproyecto en 2022 la entonces ministra Reyes Maroto. Fuentes del departamento que encabeza Hereu han calificado esta norma de “histórica” y fruto del “consenso” con los agentes sociales. El texto será la primera ley sectorial de este siglo. Sustituirá la ley actual, que data de 1992. La futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica, la que será la primera ley sectorial para esta actividad en 32 años, “pretende asegurar las inversiones realizadas en España”, subraya el ministerio.

El texto que ahora el Ejecutivo remite a las Cortes deberá ser el punto de partida para la creación de una reserva de productos relacionados con sectores como el farmacéutico, de defensa, energía o materias primas.

El proyecto de ley establece la creación de esa Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial, denominada RECAPI, para asegurar en tiempos de crisis o pandemias el suministro de recursos de primera necesidad o de carácter estratégico. El anteproyecto persigue “que la industria pueda afrontar a día de hoy los retos tecnológicos y alcanzar los objetivos que nos marcamos como gobierno y que nos marca europa” en materia de industrialización, señalan desde el ministerio de Hereu.

El texto, subraya Industria, “ha recibido aportaciones de toda la sociedad: empresas, agentes sociales, administraciones públicas y el resto de sectores implicados”. Cuenta con dictamen favorable del Consejo de Estado desde el pasado 28 de noviembre y ha sido sometido a las observaciones de sindicatos, patronal o el Consejo Económico y Social (CES).

El objetivo es que “suponga un antes y un después para la industria española, que dote a nuestra industria de instrumentos efectivos para afrontar los retos tecnológicos”, y en concreto la Inteligencia Artificial (IA), “e impulsar la reindustrialización, la innovación y la transformación de nuestro tejido productivo”.

Entre las principales novedades del texto está la creación de un Consejo Estatal de Política Industrial y de los llamados proyectos industriales estratégicos, para facilitar los trámites de aquellas inversiones que sean de interés general para el país.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado este martes la concesión de 133 millones de euros a Stellantis Figueruelas dentro de la línea A de baterías del PERTE VEC III. Con esta ayuda, el Grupo Stellantis podrá hacer la segunda inversión más importante en los últimos años en el sector de la automoción. Esta subvención se suma a los 14 millones de euros del PERTE de descarbonización que avanzó ayer el propio ministro. Así, el Grupo Stellantis ha recibido cerca de 300 millones de euros, más de 272 millones de euros en subvenciones y de 26 millones de euros en préstamos.

La resolución, que se publicará en los próximos días, recoge otras ayudas: 2 millones de euros a Stellantis Vigo; 3 millones de euros a Mahle Behr Spain de Tarragona; y 2,5 millones de euros a Ficosa de Barcelona.

Además, el Ministerio de Industria y Turismo ha ampliado la subvención para la gigafactoría de PowerCo en Santunto, que mejora su proyecto, y pasa de los 98 millones de euros a los 152 millones.

Para el ministro de Industria, todo el sector y la ciudadanía están de acuerdo en que la electrificación de la industria del automóvil no tiene vuelta atrás. “Por eso estamos dedicando buena parte de los Fondos al sector de la automoción, con el programa industrial de mayor dotación económica de nuestra historia de apoyo a la industria del automóvil”.

Tras felicitar a los premiados por su esfuerzo y visión que están impulsando la excelencia en el sector de la automoción, Hereu ha invitado a los asistentes a que presenten nuevos proyectos al PERTE VEC. Antes de fin de año está prevista la cuarta convocatoria dotada con 1.250 millones de euros.

Agradecimiento de Jorge Azcón

Tras conocer la noticia, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha celebrado “el impulso extraordinario” que supone la resolución. “Aragón agradece a Europa y al Ministerio de Industria que se hayan resuelto las ayudas para que venga una gigafactoría a Aragón. Se ha hecho justicia y se ha dotado al proyecto de una cantidad suficiente para mirar al futuro”, ha apuntado el jefe del Ejecutivo.

“La industria de la automoción en España y en Aragón es extremadamente importante. Supone el 6% del PIB en Aragón, cuyo mercado laboral presenta 34.000 puestos de trabajo ligados a este sector. Además, el sector tiene aproximadamente 300 empresas. De darse, la construcción de la gigafactoría significará un verdadero impulso para la automoción aragonesa”.

El Ministerio de Industria, junto al Gobierno del Principado, está “trabajando en posibles soluciones alternativas” para mantener en Asturias el ciclo integral del acero en caso de que ArcelorMittal no confirme la ejecución del proyecto de descarbonización con la construcción de una planta de reducción directa de mineral de hierro.

Lo ha reconocido, este martes, en la Junta General del Principado, la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, a una pregunta formulada por el diputado de Foro, Adrián Pumares.

Roqueñí ha subrayado que la primera opción es que ArcelorMittal, que ya ha iniciado la construcción del horno híbrido de arco eléctrico en Gijón, confirme su proyecto para la ejecución de la planta de reducción directa de mineral de hierro, una iniciativa para la que tiene a su disposición una subvención estatal de 450 millones de euros.

Pero en el caso de que la multinacional siderúrgica no confirme su proyecto podría ser “otro operador cualificado” el que lo acometiera teniendo en cuenta el carácter estratégico de la siderurgia integral, reconocido tanto por el Gobierno central como por el Ejecutivo asturiano. En este sentido, la consejera ha recordado que el único ciclo integral del acero que hay en España es el de Asturias y que el mantenimiento de este tipo de actividad en Europa pasa por la descarbonización de los procesos.

A pesar de que es la primera vez que el Gobierno asturiano se lanza a hablar de alternativas si Arcelor no confirma su descarbonización, Roqueñí ha insistido en que realizar este tipo de conjeturas es, por el momento, “entrar en el terreno de las especulaciones”, y ha remarcado que el Gobierno del Principado prefiere trabajar en un escenario donde prima la discreción, la seriedad y la certidumbre, tal y como manifestaba el pasado viernes, tras su reunión en Moncloa, el presidente del Principado, Adrián Barbón.

Así las cosas la consejera asturiana ha incidido en que las dos administraciones, central y autonómica, trabajan “codo con codo” para mantener abiertas las negociaciones sobre plazos y condiciones para que el gigante asiático confirme finalmente la ejecución del proyecto.

Por su parte el diputado de Foro ha criticado “la política del ya veremos” de ambos gobiernos y ha criticado las “declaraciones irresponsables” del ministro de Industria, Jordi Hereu, en su última visita a Asturias. Esta situación coloca a Asturias en una situación muy comprometida, ha dicho, dada la dependencia económica que tiene con ArcelorMittal y tras el reciente cierre de Alcoa.

Bilbao también acogió un ministerio del primer Gobierno ilegítimo de Francisco Franco, constituido en 1938, en plena Guerra Civil. La presidencia de ese gabinete se ubicó en Burgos, pero el pretendido “nuevo Estado” de los sublevados repartió su presencia en otras ciudades ya ocupadas como Valladolid, Salamanca, Santander y dos capitales vascas, Vitoria y Bilbao. En la primera iniciaron su trabajo los ministerios de Educación y Justicia, que fijaron las bases de un nuevo modelo de enseñanza adoctrinador de clara inspiración fascista y nazi y desmontaron los derechos civiles que fueron aprobados en el período republicano, como el divorcio y el matrimonio no religioso. Bilbao pujó por las carteras de Hacienda y Organización Sindical, pero finalmente se tuvo que conformar con la de Industria y Comercio, que se instaló en el palacio de la Diputación, en la Gran Vía de Don Diego López de Haro, entre marzo de 1938 y octubre de 1939. Algunas fuentes apuntan a que tuvo una zona auxiliar habilitada en el hotel Carlton, que unos meses antes fue la sede del primer Gobierno autonómico de Euzkadi, con José Antonio de Aguirre como lehendakari.

Hubo dos ministros en Bilbao. El primer titular de Industria y Comercio fue Juan Antonio Suanzes, un cargo paralelo al del titular legítimo de la cartera, que era Juan López, propuesto por la CNT. Nacido en Ferrol, como el dictador, Suanzes era amigo personal de la familia Franco. Tras la campaña de bombardeos aéreos acometidos por las aviaciones de la Italia de Benito Mussolini y la Alemania de Adolf Hitler en la primavera de 1937, incluido el de Gernika, los sublevados ocuparon Bilbao en junio de ese año. Desde una ciudad que tenía que ser reconstruida por las consecuencias de la guerra, de la que había tenido que exiliarse miles de personas -muchos niños fueron evacuados en barco- y que padecía una gravísima crisis económica, Suanzes sentó las bases de la autarquía que caracterizó la primera etapa de la dictadura.

Cesó como ministro cuando, terminada la guerra, Franco reorganizó el Gobierno ya en Madrid en agosto de 1939, pero regresó al cargo en 1941 para otro período en el que presidió el INI (Instituto Nacional de Industria), la herramienta de la que surgieron industrias como Pegaso, Seat, Endesa o Sidenor. Falleció en 1977 y hasta 1963 fue alto cargo del régimen. Entre agosto y octubre de 1939, temporalmente, el Ministerio siguió operando desde Bilbao con un nuevo titular, Luis Alarcón, que adoptó como una de sus primeras decisiones el nombramiento de su hermano como mano derecha. Venía de ser el primer gobernador civil en Madrid después de la conquista, una durísima etapa de represión.

Cuando se instaló el Ministerio de Industria y Comercio, Bilbao ya iba por el segundo alcalde desde la llegada de los franquistas. El regidor que hizo las “gestiones” para la llegada de Suanzes fue José María de Careaga. El primer alcalde después de la ocupación de junio de 1937, José María de Areilza, fue precisamente alto cargo de Industria y Comercio -alargó su carrera política hasta la democracia reconvertido en moderado de UCD- y el propio De Careaga disfrutaría de una puerta giratoria en esa cartera después de salir del Ayuntamiento unos años después. El regidor explicó a la corporación en marzo de 1938 que tener un ministerio en la villa era el “más feliz resultado”. Se indicó entonces que las “fuerzas vivas” de la ciudad y de la provincia se iban a hacer cargo de los costes que iba a suponer acondicionar el palacio foral para su nuevo cometido ya que era una inversión que merecía la pena.

Suanzes dispuso en Bilbao de un equipo “120 funcionarios”, muy lejos de la plantilla normal del Ministerio en la época, de unas 800 personas. Cuarenta de ellos eran locales fichados y pagados por la Cámara de Comercio. El primer acto fue “una misa del Espíritu Santo en el salón del trono” de la Diputación, según recogió el periódico 'Pensamiento Alavés'. Participó “todo el personal”. Había allí una cruz decorada con los colores de la bandera española no oficial, roja, amarilla y roja, y “la españolísima silueta” de la virgen del Pilar. El ministro acudía al rezo todos los días antes de iniciar su jornada.

“Después de esta nota de religiosidad seria y madrugadora, otra doble característica del Ministerio que presentamos es la puntualidad del personal y su aislamiento del público. Suena un gran timbre en la secretaría y todo el mundo ocupa su puesto”, explicaba la crónica periodística, que indicaba que se había colgado un “reloj americano” para dar la hora. La Guardia Civil destinó un destacamento a proteger las instalaciones ministeriales. Irónicamente, le llamaron “el cinturón de hierro”, como se llamó poco antes a la infraestructura ideada para la defensa de Bilbao frente a la ocupación. Los agentes no eran “una decorativa escolta”. Como en Vitoria, donde se forzó a la población a colaborar con los ministerios de Educación y de Justicia bajo amenaza de un procesamiento por “rebelión”, en Bilbao se recordó a la ciudadanía que “no se molestase” en acercarse a las oficinas salvo por una causa justificada.

El Ministerio de Industria y Comercio operaba en turno de mañana y de tarde, con una pausa para comer. A las 13.00 horas sonaba el timbre y el personal bajaba al sótano, habilitado como cantina. El comedor estaba presidido por “un gran retrato del Caudillo”. Había “mesitas pequeñas con flores y unas ”muchachas de uniforme“ ofrecían un ”servicio correcto“. Estaba ”prohibido el convidar“ y se pagaba ”con tickets“ que recibían en la oficina. ¿Cómo se financiaban? ”Como no es necesario comer mucho ni digno comer gratis, los empleados pagan una de las tres pesetas que vale el cubierto de dos buenos platos y postre, vino tinto y pan, más un aceptable café por cuarenta céntimos de plus. El resto lo subvenciona la industria hotelera bilbaína“ porque ”un ministerio es una fuente de ingresos para muchos“.

“Todo el mundo se agrupa como quiere en las mesas idénticas ante idéntico menú. Y hay una alegría familiar en todas, empezando por la del ministro, que suele bajar tarde”, contaba la crónica. Los funcionarios, a la entrada de Suanzes, se levantaban, se cuadraban y realizaban el saludo fascista. Lo mismo cuando abandonaba la estancia. A las 14.00 horas volvía a sonarles el timbre a los funcionarios para que siguieran trabajando hasta las 18.00 horas. “Como el personal es insuficiente, el trabajo es agotador”, sentenciaba el 'Pensamiento Alavés'.

Durante los meses en que el Ministerio de Industria y Comercio estuvo en Bilbao quedó imbricado en el día a día de la ciudad. Los funcionarios entendieron que eran una casta privilegiada y solicitaron al Ayuntamiento una “exención del pago de los impuestos” y una “rebaja” en el coste de los suministros como el agua o la luz. Pero la ciudad dijo que no. “No es aconsejable que se concedan exenciones especiales de imposición a estos funcionarios”, valoró la corporación, según consta en un expediente que obra en poder del Archivo Municipal.

El Ayuntamiento, sumido en una profundísima crisis, les dijo que tenía una “necesidad” de “realizar todos los ingresos” para poder atender todos los “cuantiosos gastos” que tenía por delante. Y seguía: “El precedente que esto constituiría... Con análogo derecho podrían pretender exenciones otros funcionarios del Estado y aún locales, complicándose con ello la administración recta y normal de la economía municipal”. ¿Y mediar con las compañías para rebajar los suministros? “Hacerlo la corporación municipal parecería en cierta manera uso de los medios de coacción sobre las entidades interesadas”.

No fue éste el único punto de fricción entre el Ministerio de Industria y Comercio y Bilbao. Aunque de puertas para fuera se vendió como una gran operación para Bilbao y aunque Alarcón, al marcharse, escribió una carta de agradecimiento, todavía en los años posteriores el Ayuntamiento reclamó dinero al Gobierno central. En concreto, mantuvieron un litigio de meses porque Suanzes y Alarcón se marcharon sin pagar el coste del agua que habían consumido esas oficinas. Dejaron a deber casi 5.800 pesetas. En contraste, en la época un camión podía rondar las 21.000 pesetas.

El 21 de mayo de 1940 un alto funcionario hizo los números. Hasta 965 pesetas por mes de pufo. Cuando Bilbao envió los recibos por correo, el Gobierno respondió con contundencia. “No creemos que este Ministerio tenga que satisfacer los recibos que en dicha instancia se relacionan ya que el edificio de la Diputación nos fue cedido sin habérsenos hecho indicación alguna de que la cesión se hacía sin agua o que ésta era por nuestra cuenta. No se nos habló de contrato ni tuvimos conocimiento siquiera de las tarifas sobre este suministro”, alegaba el Ejecutivo, que recodaba el compromiso de que las “fuerzas vivas” de Bizkaia costearan la instalación, es decir, que la Cámara de Comercio, la Asociación de Navieros, la Cámara Minera y la asociación de Hostelería iban a poner dinero.

Las autoridades locales insistieron en cobrar ya que los argumentos de Industria y Comercia “carecían de consistencia”. Al principio, razonaban, sí habían pagado el agua durante cuatro meses. Pero Alarcón fue obstinado también en el 'no'. “La señorita Pilar, a quien estoy dictando estas líneas, que ya prestaba sus servicios en Bilbao, me manifiesta que el servicio de agua era pésimo y que el líquido elemento brillaba en general por su ausencia”, escribía un alto cargo ya desde Madrid, insistiendo en que las “fuerzas vivas” lo pagaban todo De Careaga, en última instancia, dio su brazo a torcer. “Tal compromiso verbal se dio para mayor facilidad de instalación en Bilbao por entender que, de este modo y a costa de pequeños dispendios, se beneficiaba grandemente Bilbao”, redactó en la última carta del cruce de correspondencia.

Magyar Vagon ha registrado este jueves la solicitud ante la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) para adquirir Talgo por 619 millones de euros, pidiendo al Gobierno la autorización expresa de esta operación. Según ha comunicado la empresa húngara al supervisor, el pasado 22 de marzo solicitó ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la autorización del Consejo de Ministros a la inversión extranjera directa en Talgo.

La autorización del Gobierno es un requisito indispensable para seguir adelante con la operación, en aplicación del escudo antiopas que aprobó con motivo del Covid-19, así como por la Ley 19/2003 sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. Por el momento, el Ejecutivo se ha mostrado reacio a dar 'luz verde' a la toma de control de una empresa española estratégica por parte de inversores húngaros, argumentando posibles nexos rusos y de extrema derecha.

Magyar Vagon también ha pedido las respectivas autorizaciones en materia de derecho de la competencia ante la Comisión Europea y ante las autoridades de competencia de Albania, Kosovo, Montenegro, Serbia, Egipto y Arbia Saudí, así como de la Autoridad de Negocios danesa. Los húngaros cumplen así con el plazo máximo de 30 días marcado desde la presentación formal ante la CNMV de la Oferta Pública de Adquisición (OPA), que finalizaba el próximo domingo, 7 de abril. Magyar Vagon defendía su operación alegando que el precio de 5 euros por acción ofrecido representaba una prima del 41,4% respecto a la media de la cotización de Talgo durante los seis meses anteriores a la presentación de la oferta.

Colaboración de Talgo

Magyar Vagon lleva desde el pasado mes de diciembre en conversaciones confidenciales con el principal accionista de la compañía, Trilantic (con el 40% del capital), y con la propia Talgo, que dio su consentimiento para compartir información con el comprador.

De hecho, ambas partes pactaron una cláusula que obligará a Talgo a pagar 3 millones de euros a Magyar Vagon si la oferta es autorizada pero finalmente no prospera por la presentación de una oferta competidora, en concepto de compensación por los costes y gastos incurridos en la preparación de la OPA.

Además, el consejo de administración de Talgo ya declaró que se trata de una OPA amistosa y que colaborará con los húngaros para su éxito, incluso para buscar financiación si alguna entidad resuelve sus créditos por el cambio de control.

Con todo ello, Pegasus Transportation International (la sociedad industrial de Trilantic) confirmó que su intención es aceptar la oferta con la totalidad de su participación, por lo que los húngaros ya se asegurarían un 40% de aceptación gracias a su estrecha colaboración con la compañía y sus principales accionistas.

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha remitido hoy una carta al ministro de Industria, Jordi Hereu, en la que le solicita una reunión para tratar de conocer el estado real del proceso de descarbonización de Arcelor en Asturias.

Para Queipo todas las alarmas han saltado después de las últimas declaraciones del delegado de la siderúrgica en Europa, Geert van Poelvoorde, en las que afirmaba que “se ha desmoronado” el plan para abastecer de hidrógeno a la anunciada acería verde de la siderurgia asturiana.

En la carta, el presidente de los populares asturianos señala que se dirige al titular de Industria ante la falta de cualquier tipo de información o explicación que el jefe del ejecutivo del Principado, Adrián Barbón, ofrece al principal partido de la oposición. Quiepo asegura que el presidente no aportó ningún dato en la comparecencia que tuvo este miércoles en el parlamento autonómico donde se le interpeló por el proceso de descarbonización de la siderúrgica.

Esta falta de información no hace más que aumentar la incertidumbre en su formación y en la sociedad asturiana. Una incertidumbre que se ha acrecentado con las últimas palabras desde la dirección de ArcelorMittal. El líder del PP de Asturias le traslada al ministro que el consejero delegado para Europa ha declarado que en las plantas asturianas haría falta una inversión de 8.000 millones de euros y que no se puede utilizar hidrógeno “porque nos expulsaría completamente fuera del mercado”.

El Gobierno de España ha aprobado para el plan verde de Arcelor en la factoría de Gijón una subvención de 450 millones de euros que aún no ha sido valorada por la multinacional. Queipo señala en su misiva la importancia vital que, para España, y muy en especial para Asturias, tiene la única siderurgia integral del país en términos de actividad industrial y empleo. Por ello “con el único afán de defender los intereses de Asturias y poder despejar en la medida de lo posible las dudas que asaltan a los asturianos sobre el futuro de Arcelor”, solicita el encuentro.