El último paso de Juan Carlos Peinado ha terminado de borrar cualquier atisbo de contención en el Gobierno respecto a su forma de actuar con la pareja del presidente. La decisión del juez de sentar en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria, es sustentada en un auto en el que el magistrado llega a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII. Un hito que ha abierto de par en par la puerta a que los miembros del Ejecutivo se lancen en tromba a reprender su instrucción.

El fuego, este martes, lo abrió el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Afortunadamente hoy España es un Estado de Derecho, no como en tiempos de Fernando VII, y, por tanto, tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho”.

Bolaños se reafirmó así en su primera reacción pública del lunes tras conocer el auto. Una opinión, aseguró, compartida por la opinión pública y por la carrera judicial. “Claro que se puede opinar sobre resoluciones judiciales. Eso es la democracia. El ministro de Justicia no tiene limitada su derecho fundamental a la libertad de expresión. Al revés, si cabe, tendrá una preocupación mayor y una opinión, si cabe, más cualificada, porque conoce la materia. Y les aseguro que es muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española y por una muy buena parte también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas decisiones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia”.

Por eso, prosiguió el ministro, lo que espera ahora el Ejecutivo es que instancias superiores corrijan la deriva de Peinado. “Quiero manifestar una vez más mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores, que de hecho en la práctica ya han dado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento”.

Aunque ningún periodista le había preguntado por ello, ni la ministra portavoz le había dado la palabra, pidió intervenir sobre el tema el otro miembro del Gobierno presente en la sala: el ministro de Transportes, Óscar Puente. “Me vais a perdonar, pero quedarme sin opinar de esto me va a costar un poquito”, dijo ante la sorpresa de Saiz y Bolaños.

Puente llevó entonces la reacción del Gobierno a la instrucción de Peinado un paso más allá, hasta situarla justo como un posible riesgo a la democracia. “En una democracia sana no deben existir espacios de impunidad. Los cargos públicos y sus familiares deben estar sometidos al imperio de la ley. Pero, tan importante como eso, es que los cargos públicos y sus familiares no sean perturbados por el mero hecho de serlo”, comenzó a exponer para, inmediatamente después, elevar un peldaño la crítica al magistrado.

“¿Estamos ante causas judiciales que tratan de eliminar espacios de impunidad o ante causas que pretenden violentar a los representantes elegidos democráticamente? De la respuesta depende el presente y futuro de la democracia. Es bueno que esta pregunta nos la respondamos todos”, dijo el ministro de Transportes. Óscar Puente añadió que prefería no dar su propia respuesta. No hacía falta.

En medio de esa tesitura, con un ministro a cada lado, se encontró la portavoz del Gobierno, que no tuvo más remedio que sumarse al rejonazo colectivo al juez Peinado de los representantes del Consejo de Ministros en la sala de prensa de Moncloa y defender, de paso, a la pareja del presidente del Gobierno. “Creo en la inocencia de Begoña Gómez, es una mujer de una trayectoria profesional y personal intachable. El auto tiene párrafos que van más allá de lo jurídico. Confío en la justicia, pero no es incompatible con criticar algunos procedimientos que la desprestigian profundamente”, aseveró Elma Saiz.

Toda la pólvora contra el procesamiento de Begoña Gómez la pusieron, en realidad, los ministros de Pedro Sánchez, puesto que el propio presidente prefirió jugar un papel más mesurado en su respuesta pública desde China, donde conoció la noticia. “Estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio. No tengo que decir nada más”, zanjó.

“Que alguien ponga orden”

Preguntados en el Ejecutivo por la postura del Consejo General del Poder Judicial, que este martes exigía respeto a las decisiones judiciales, en la Moncloa afirman que les gustaría “que alguien ponga orden” respecto a instrucciones como las del juez Peinado, sin que sea necesario elevar una queja por ello y que sea, por tanto, el Ejecutivo el que tenga que dar el paso.

Mientras, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abordaron las primeras declaraciones que Bolaños realizó este lunes contra Peinado en la reunión ordinaria de la Comisión Permanente celebrada a primera hora este martes. Aunque la voluntad del bloque conservador era que se hiciera una declaración institucional específica en clave de repulsa, finalmente los miembros de esa Comisión acordaron no hacer un pronunciamiento público, pero sí recordar la necesidad de que se respeten las resoluciones judiciales sin citar expresamente al ministro.

Las fuentes consultadas afirman que, tras mantener un debate, la decisión fue remitirse a los acuerdos previos en los que el órgano ha advertido de la importancia de “salvaguardar” la independencia judicial. El pasado mayo, la Permanente aprobó por unanimidad una declaración en la que reclamó “responsabilidad institucional” a los políticos después de que Bolaños cuestionara la decisión de una jueza de Badajoz de proponer llevar a juicio al hermano de Pedro Sánchez por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz.

Las palabras de Bolaños también han sido criticadas por las asociaciones de jueces que cubren el espacio de la derecha y el centroderecha. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, calificó de “inadmisibles” las críticas del ministro de Justicia. “Los jueces y magistrados españoles no necesitan que el poder ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos. Lo que necesitan es respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno”, recoge esta asociación en un comunicado.

También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que se autodefine como independiente, mostró su “profunda preocupación” por el “descrédito” que, a su juicio, “tales manifestaciones suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran”.

En un comunicado, la asociación afirmó que “este tipo de declaraciones supone un ataque directo” a la independencia judicial y a la separación de poderes y exigió “responsabilidad institucional” a los poderes públicos, “en especial de quienes integran el Gobierno”, para que contribuyan “al clima de respeto institucional que la ciudadanía exige y que la Constitución garantiza”.

Por su parte, el PP ha bajado el tono contra Begoña Gómez en las últimas semanas. Pero no porque consideren que la esposa de Sánchez no merezca escuchar gravísimas acusaciones contra ella y su familia (como que su padre regentaba una red de prostíbulos), sino por la coincidencia temporal con un juicio muy importante, el de la trama Kitchen, la organización parapolicial ideada por el Gobierno de Mariano Rajoy para eliminar las pruebas de la corrupción del PP.

A ese juicio están llamados a declarar como testigos, entre otros, el propio Rajoy y el senador Javier Arenas, hoy uno de los principales asesores de Feijóo. En el banquillo de los acusados se sientan el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Este lunes compareció ante la prensa la dirigente Alma Ezcurra, una de las más duras del PP. Con el procesamiento de Gómez recién conocido, Ezcurra obvió el tema en su presentación inicial. Solo a preguntas de los periodistas, la también eurodiputada se limitó a declarar: “Solo cabe decir una cosa. La tetraprocesada está en Pekín. Es una situación absolutamente increíble. Y como no puede ser de otra forma, respetamos el trabajo de la justicia”.

Este martes fue Feijóo quien se refirió al asunto en un discurso ante sus diputados y senadores en el que tildó a Sánchez de “Orbán del sur”. “Ni en Hungría ni en ningún otro lugar de Europa es aceptable tener a un presidente con su mujer procesada”, dijo, para arremeter contra la reacción del Ejecutivo ante el auto de Peinado: “Le ha durado su euforia por la separación de poderes en Hungría, lo que la justicia ha tardado de procesar a su esposa en España”. Y ya.

Una posible explicación a la rebaja en el tono del PP la pudo dar este martes el representante de Manos Limpias en la investigación contra Gómez, y asesor a sueldo del propio PP en el Senado. En un hilo en Twitter, Víctor Soriano siembra dudas sobre la instrucción de Peinado, cree prematuro el procesamiento de la esposa de Sánchez, sostiene que hay diligencias importantes sin hacer y anticipa “el riesgo de una sentencia parcial o totalmente absolutoria”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes en situación administrativa irregular en España, una medida que podría beneficiar a unas 3.000 personas en Extremadura, según las estimaciones de la Fundación Ciudadanía Global, entidad impulsora de la iniciativa legislativa popular que dio origen a esta propuesta.

De acuerdo con los cálculos de esta organización, en la comunidad extremeña residen alrededor de 69.500 personas nacidas en el extranjero, de las cuales unas 5.000 se encontrarían en situación irregular. En este contexto, se prevé que la regularización extraordinaria genere unas 4.500 solicitudes en la región, de las que aproximadamente dos tercios podrían resolverse favorablemente.

A nivel estatal, la Fundación Ciudadanía Global estima que podrían presentarse unas 751.200 solicitudes, con una previsión de en torno a 503.000 regularizaciones efectivas. La medida se enmarca en una respuesta institucional a una demanda social y política que llevaba años sobre la mesa y que finalmente ha cristalizado en este real decreto aprobado por el Ejecutivo.

Por territorios, Extremadura se situaría entre las comunidades autónomas con menor número de regularizaciones previstas, junto a Cantabria (3.500) y La Rioja (4.000). En el extremo opuesto se encuentran Cataluña, donde se estiman unas 135.000 regularizaciones; la Comunidad de Madrid, con unas 90.000; y Andalucía y la Comunidad Valenciana, con alrededor de 60.000 cada una.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado que el real decreto establece como requisitos carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos. El Ejecutivo calcula que la medida permitirá regularizar la situación de alrededor de medio millón de personas en todo el país.

Esta regularización extraordinaria supone uno de los procesos más amplios de este tipo en España en los últimos años y busca dar respuesta a una realidad estructural vinculada a la presencia de población migrante sin autorización administrativa, facilitando su acceso a derechos laborales y sociales.

Gobierno central

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado este miércoles que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reforzará las oficinas encargadas de tramitar la regularización extraordinaria de personas migrantes. Estos puntos de atención se habilitarán en dependencias de la Seguridad Social en Cáceres y Badajoz, así como en oficinas de Correos en ambas ciudades y en Mérida.

Según ha detallado, las solicitudes podrán presentarse por vía telemática a partir de este jueves, mientras que la atención presencial comenzará el próximo 20 de abril. Quintana ha subrayado que se trata de un procedimiento “relativamente sencillo” y ha destacado la implicación de numerosas ONG en el acompañamiento a las personas solicitantes.

En el caso de Extremadura, la tramitación presencial se realizará en las oficinas de la Seguridad Social de Cáceres y Badajoz, y en las de Correos de Cáceres, Badajoz y Mérida, al tratarse de las principales ciudades de la región. Para acceder a este servicio será necesario solicitar cita previa, bien a través del teléfono 060 o del portal de regularización, ambos disponibles desde el 16 de abril.

Por otro lado, el delegado ha calificado de “difícil de entender” que algunos sectores critiquen esta medida mientras, al mismo tiempo, reclaman mano de obra y la regularización de personas migrantes. “Resulta sorprendente que quienes cuestionan la normativa sean los mismos que señalan la necesidad de trabajadores”, ha insistido.

Finalmente, Quintana ha valorado esta iniciativa como “muy bien recibida” y ha recordado que actualmente más de tres millones de personas extranjeras cotizan a la Seguridad Social en España, contribuyendo a que el país supere los 22 millones de ocupados y alcance, por primera vez, más de 10,5 millones de mujeres trabajando.

Ya hay fecha para hacer efectiva la marcha atrás en el recorte “de golpe” en la pensión máxima por jubilación anticipada que la Seguridad Social está aplicando desde el pasado 1 de enero, en lugar de las penalizaciones progresivas pactadas en la reforma de 2021. Como adelantó elDiario.es, el Ministerio de Elma Saiz decidió revertir este criterio tras las quejas de sindicatos, con el apoyo de la patronal, aunque hasta el momento no había aclarado cuándo estaría en vigor. Fuentes del Ministerio responden a este medio que trabajan para que esté listo este mes de marzo.

“Estamos terminando el análisis jurídico sobre este asunto y esperamos que esté resuelto lo antes posible”, afirman en la Seguridad Social. “Nuestra intención es que esté en este mismo mes”, indican a preguntas de este medio.

La cuestión afecta a las penalizaciones (o coeficientes reductores) que se aplican a los trabajadores que se jubilan de manera anticipada y que tienen derecho a recibir la pensión máxima. En la reforma de pensiones de 2021 se pactó que esta penalización aumentara, dado que era en la práctica inferior respecto a los empleados con salarios más bajos, y se acordó un incremento progresivo de 2024 a 2033.

Sin embargo, a finales de año, la Seguridad Social comunicó de manera sorpresiva en la página web de su Simulador de la pensión que a partir del 1 de enero dejaban de ser de aplicación estos coeficientes progresivos. Desde esa fecha, el organismo público está aplicando las penalizaciones previstas para 2033 “de golpe”, como denunciaron varios trabajadores afectados por el cambio a este medio.

En la práctica, esto puede significar un gran —y repentino— aumento de las penalizaciones por retiro anticipado para quienes cobran la pensión máxima. En el caso más extremo, el recorte puede alcanzar un extra de 400 euros al mes. “En mi caso pueden ser 300 euros menos de pensión al mes”, denuncia Íñigo Pastor, que tiene que jubilarse en los próximos meses, cuando cumpla los 63 años, fruto de una prejubilación acordada en su empresa.

Fuentes sindicales esperan también que el nuevo criterio de la Seguridad Social esté listo de manera inminente, antes de que termine marzo. CCOO y UGT exigieron al Ministerio de Elma Saiz que solucionara esta cuestión, además del desbloqueo de la jubilación parcial para los empleados públicos, para seguir negociando cualquier otra cuestión en la mesa de diálogo de la Seguridad Social.

Un nuevo criterio para volver a aplicar los recortes progresivos

La solución por el momento se concretará en un nuevo criterio interno de la Seguridad Social que corrija la instrucción previa que se está aplicando en estos momentos, explican fuentes del diálogo social. Es decir, no tiene que pasar por el Parlamento y puede aplicarse de manera inmediata una vez se dicte.

El foco del conflicto es la interpretación de la Seguridad Social de la ley pactada con los sindicatos y los empresarios en 2021 sobre estos coeficientes reductores. En la disposición transitoria 34 de la Ley de la Seguridad Social se plasmó el periodo transitorio para elevar, poco a poco, estas penalizaciones. Sin embargo, se incluyó un 'pero'.

En el apartado uno se contempló —en un artículo de difícil comprensión— que estos coeficientes “solo resultarán de aplicación” cuando la pensión reconocida no resultase en ningún caso inferior a la que habría correspondido con la aplicación de las normas vigentes en 2021.

La Seguridad Social había interpretado que esta condición ya se había superado. Es decir, que la pensión máxima ya era en todo caso superior a la de 2021, debido a su aumento en los últimos años de elevada inflación. Ahora, el organismo público trabaja en la argumentación jurídica para justificar que se vuelva a aplicar el recorte progresivo.

Quejas por la “incertidumbre” y las pensiones ya recortadas

Varios trabajadores y pensionistas afectados por esta situación han denunciado a elDiario.es la gran “incertidumbre” y la “ansiedad” que están viviendo en relación a la cuantía de sus pensiones. “Que es para siempre”, subraya Íñigo Pastor.

Primero, por un cambio de criterio sin apenas antelación ni comunicación a los afectados por parte de a Seguridad Social, que supone diferencias sustanciales en las cuantías de las prestaciones. Y, después, una vez el Ministerio afirmó a este medio que daba marcha atrás en este recorte de golpe, por la falta de respuestas en este sentido en las oficinas y otros canales de información de la Seguridad Social, donde han seguido diciendo a los afectados que las penalizaciones progresivas ya no son de aplicación.

“La opacidad no puede ser una política pública. Quienes cumplimos los requisitos legales para una jubilación anticipada voluntaria tenemos derecho a que una decisión del tal calado como el cese de la vida laboral pueda tomarse con confianza basada en información veraz y transparente del órgano gestor, tal y como marca la ley y nuestra Constitución”, dice Juan (nombre ficticio), en una queja presentada a la Seguridad Social.

Varios afectados están demorando la jubilación unos meses, hasta que se solucione esta situación. En los sindicatos recuerdan que la pensión se puede pedir con efecto retroactivo de 90 días, por lo que estaban recomendando por el momento aplazar las citas con la Seguridad Social hasta que se aclare este aspecto.

Pero hay algunas personas que no han tenido opción —o suficiente información— y se han jubilado desde el 1 de enero con este mayor recorte en su pensión. Por ejemplo, es el caso de las personas que tenían salidas pactadas en procesos de ERE y prejubilaciones, explica Íñigo Pastor, como algunos de sus compañeros, que tenían que jubilarse cuando cumplieran los 63 años de manera obligada.

Para estas personas que ya se han jubilado durante este primer trimestre, fuentes sindicales indican que han exigido al Ministerio “que puedan revisar la cuantía de su pensión”, algo sobre lo que son optimistas. Eso sí, por el momento no saben qué solución dará el departamento de Saiz: si una revisión de oficio de la Seguridad Social de las pensiones aprobadas en este lapso de tiempo o si las personas afectadas tendrán que pedir de manera proactiva que se les revise su prestación.

El Congreso ha aprobado este jueves, a la segunda, la revalorización de las pensiones para 2026, después de que decayera el Real Decreto-Ley ómnibus que aprobó el Gobierno a finales del año pasado, lo que forzó al Ejecutivo a desgajar la subida de las jubilaciones del resto del escudo social para asegurar su éxito parlamentario.

La norma ha recibido el apoyo casi unánime de la Cámara -solo Vox se ha descolgado-, ya que su convalidación estaba garantizada con el apoyo del PP. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha defendido que la revalorización es “una medida trascendental que afecta directamente al bienestar y a la seguridad económica de millones de personas”, ya que aseguran que las pensiones mantienen su valor real y da “estabilidad y certidumbre” a quienes “han contribuido durante toda su vida”.

“La actualización de las pensiones conforme al IPC es un derecho y, digo bien, que garantiza la dignidad y el poder adquisitivo de los mayores y es también un compromiso inquebrantable del Gobierno con quienes contribuyeron al sistema de la Seguridad Social”, ha defendido la ministra.

Pero esta política no es solo para los mayores, ha dicho Saiz, sino también es relevante para la juventud, a quien ha querido dirigirse: “Esto va de fortalecer al sistema público de la Seguridad Social para que las siguientes generaciones encuentren al menos la misma protección que hoy en día existe”.

En la misma idea ha coincido el portavoz de Sumar en el debate, el diputado Lander Martínez, que ha denunciado que “la derecha y la extrema derecha” tratan de instalar la idea de un “conflicto intergeneracional”. “No hay conflicto intergeneracional, hay conflicto de clases: usan a jóvenes precarios contra sus abuelos”, ha dicho.

Críticas del PNV al Gobierno y de Bildu a las derechas

El Gobierno ha recibido críticas de socios importantes como el PNV, que les acusó de llevar a cabo una “estrategia de trinchera permanente” al unir muchísimas medidas dispares en un mismo decreto-ley, como hizo el Ejecutivo a finales del año pasado, lo que PP y Junts utilizaron para argumentar su rechazo.

“Trataron de utilizar derechos tan sensibles como las pensiones como herramienta de tensión política”, ha dicho la diputada jeltzale Idoia Sagastizabal, que ha advertido a Saiz que esto “erosiona la confianza” de los grupos parlamentarios.

A la derecha ha criticado el diputado de EH Bildu Oskar Matute, que ha reprochado a PP y Junts su giro copernicano en las pensiones. “No puedo dejar de señalar la paradoja de este debate con respecto al anterior. Parece que alguien se olvida, seguramente de manera premeditada, que muchas de las medidas que se votaban en el anterior Real Decreto-Ley que se ha debatido [el escudo social], son medidas que, en buena parte, vienen siendo recibidas por pensionistas. Hoy aquí alguno dirá que defiende a los pensionistas, que no teman, que con ellos están seguros, pero hace nada han votado para que les corten la luz, el agua y la electricidad, para que desahucien a quien no puede pagar el alquiler porque sus pensiones son exiguas”, ha dicho.

El diputado de Junts Josep Maria Cervera Pinart ha defendido que el Gobierno haya tenido que aprobar dos veces la revalorización de las pensiones por la “incapacidad reincidente”, la “ineptitud” y la “incompetencia” del propio Ejecutivo. “Si esta revalorización no se ha hecho en tiempo y forma, generando incertidumbre y haciendo sufrir a la gente, solo es culpa del mal hacer y del abuso de Gobierno, del Gobierno de España, y no de Junts”, ha replicado a las críticas del PSOE y Sumar.

Por el PP ha defendido su postura el diputado Miguel Ángel Paniagua, que ha celebrado que La Moncloa optase por separar las pensiones del resto del escudo social. Sin embargo, ha reprochado que el Gobierno no asegura el poder adquisitivo de los pensionistas, mezclando en su argumento la no deflactación del IRPF y la subida del precio de la cesta de la compra.

Las pensiones suben un 2,7% en general y las mínimas, hasta un 11,4%

Con la convalidación del decreto, en 2026, las pensiones crecen en general un 2,7%, que es el dato de inflación media del año anterior y la referencia aprobada en la reforma de pensiones de 2021 para mantener el poder adquisitivo de sus beneficiarios. Hay más de 9,4 millones de pensionistas en España y, aunque la gran mayoría son jubilados, estas prestaciones incluyen más tipos: incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La subida del 2,7% supondrá, aproximadamente, “572 euros adicionales al año” para las personas con la pensión media de jubilación, que se sitúa alrededor de los 1.500 euros al mes. Son casi 41 euros más al mes, ya que las pensiones se abonan en 14 pagas, con la extra de verano y la de Navidad.

Para las pensiones mínimas, el Gobierno ha aprobado un incremento del 7%, que en las “pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares” alcanza el 11,4%, según indica la Seguridad Social. El mismo pocentaje que suben las pensiones no contributivas.

Así, en 2026, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez íntegra, en su modalidad no contributiva, aumenta en 64 euros al mes y queda establecida en 629 euros mensuales, frente a los 564,7 euros al mes de 2025.

La pensión máxima del sistema rozará los 3.360 euros al mes, en 14 pagas, o 47.034 euros anuales. Se trata de 92 euros más al mes que en 2025, un 2,815% más respecto a los 3.268 euros mensuales de este año.

El Consejo de Ministros ha iniciado los trámites para la regularización extraordinaria de migrantes que pactó este lunes con Podemos en el marco de las negociaciones para la convalidación de los decretos del escudo social y del abono de transportes. La estimación es que unas 500.000 personas podrán acogerse a la regularización. “Esta es una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria”, ha afirmado la portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión: “Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social”.

Las personas extranjeras en situación irregular, que pidieran asilo o que llevaran más de cinco meses en España el 31 de diciembre de 2025, podrán solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. Uno de los requisitos es que no tengan antecedentes penales. La Administración tendrá 15 días para responder a las solicitudes y una vez admitidas las personas podrán trabajar “en cualquier sector y en cualquier parte” del país. “Esto beneficia al trabajador o trabajadora que gana derechos, pero también a las empresas que ganan seguridad jurídica”, ha dicho Saiz.

“El mecanismo que se está trabajando en su diseño es sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”, ha dicho Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la medida, que sigue el “espíritu” de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que firmaron más de 700.000 personas y que fue admitida a trámite en el Congreso con el voto favorable de todos los grupos, excepto Vox.

Las personas que cumplan con los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. “Transcurrido ese plazo, podrán incorporarse a las figuras previstas en el propio Reglamento de la Ley de Extranjería, lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema”, ha apuntado.

En el caso de los menores, la regularización se llevará a cabo “simultáneamente” a los progenitores y, en su caso, se otorgará por un periodo inicial de cinco años, según ha explicado la ministra: “Sabemos que la integración no es individual, es familiar”.

La medida supone un revulsivo en materia de inmigración en un momento en el que la extrema derecha ha doblado su ofensiva contra los extranjeros tanto en España con Vox como a nivel internacional. El anuncio se produce apenas unos días después de un nuevo asesinato de la policía antiinmigración de Donald Trump en Minneapolis.

“No solamente pretendemos seguir siendo faro, sino que quiero pensar que vamos a ser semilla y germen para luchar contra el avance de esa ola ultraderechista que intenta abrirse paso y contra en que vamos a poner todo lo que está en nuestras manos para frenarla, con coherencia, con valores y con lo que ha sido siempre nuestro país, un país que tiene memoria, un país que ha sido inmigrante, que hoy es un país de oportunidades”, ha dicho la portavoz.

Al mismo tiempo, supone un acercamiento del Gobierno a Podemos, que se había distanciado en los últimos meses. No obstante, la formación de Ione Belarra ha asegurado que no supone un intercambio por los Presupuestos y mantiene otras exigencias, como bajar los alquileres por ley y no subir el gasto militar. No obstante, la exministra Irene Montero sí ha abierto la puerta a negociar el traspaso de competencias migratorias a Catalunya tras lograr desbloquear la regularización.

La cesión de las competencias a la Generalitat es una de las condiciones impuestas por Junts a Pedro Sánchez y figura en el listado de incumplimientos que llevó a Carles Puigdemont a la ruptura en octubre. Podemos tumbó la ley, en buena medida por el contenido xenófobo de la exposición de motivos de la propuesta de Junts, que tiene una dura competencia con la fuerza ultraderechista Aliança Catalana. “Nosotras siempre hemos estado dispuestas a negociar un texto para que no tenga ningún contenido racista y siempre dijimos que antes de hablar de competencias había que hablar de derechos”, ha dicho Montero este martes en una entrevista en Ser Catalunya. No obstante, Junts sigue en el 'no' al decreto del escudo social que se vota este martes porque se opone a la prohibición de los desahucios de personas vulnerables.

El Gobierno, en paralelo, está trabajando en la publicación de las balanzas fiscales y en la oficialidad del catalán en la UE, que son otras dos de las grandes exigencias de Puigdemont. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que la semana pasada hubo una reunión “importante” para convencer a uno de los países recelosos (Alemania) hacia esa medida, que requiere de la unanimidad de los 27 y acusó al PP de torpedearla: “Cada vez que nos vamos acercando al objetivo, lo único que conseguimos es que el Partido Popular se active y empiece a llamar a sus socios europeos con auténticas patrañas”.

La portavoz y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, ha explicado que la regularización extraordinaria de migrantes que el Gobierno ha pactado con Podemos permitirá a las personas extranjeras en situación irregular solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El compromiso del Ejecutivo es resolver los expedientes en un plazo de tres meses. “Somos muy conscientes de que la Administración tiene que dar una respuesta ágil, eficaz, garantista y segura”, ha afirmado.

La ministra ha explicado que la admisión a trámite de las solicitudes por parte de la Administración se producirá en quince días y que una vez admitida las personas podrán trabajar “en cualquier sector y en cualquier lugar del país”. “También esto va a dar derechos a esos menores que están con los titulares, para que tengan esa regularización de su situación”, ha agregado la ministra en una entrevista en La Mañana de la 1 (TVE).

La estimación del Gobierno es que la regularización extraordinaria pueda llegar a unas 500.000 personas. Entre los requisitos, esas personas tendrán que haber solicitado protección internacional o llevar un minimo de cinco meses en España (acreditado con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos) antes del 31 de diciembre de 2025.

“Lo que estamos haciendo es reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”, ha dicho Saiz, que ha recordado que la inmigración es uno de los motores del crecimiento económico en España: “El impacto real positivo de la migración en nuestro país lo constatamos todos los días. El 14% de los afiliados son extranjeros, con lo cual es indiscutible ese aporte positivo de la de la migración al conjunto de la sociedad”.

Minutos antes de entrar en la reunión del Consejo de Ministros que iniciará los trámites para la regularización extraordinaria, la ministra ha asegurado que se trata de un “día histórico” y ha reconocido el papel de Podemos para que finalmente se lleve a cabo. “Podemos ha sido uno de los grupos que más ha trabajado para que esto viera la luz. También el Gobierno”, ha expresado la ministra que ha justificado que la decisión se lleve a cabo a través de un real decreto que modifique el reglamento de extranjería, sin pasar por el Congreso, para que “vea la luz cuanto antes” tras reconocer que “esa iniciativa estaba en un cajón”.

“Siempre buscamos acuerdos, siempre buscamos consensos, siempre buscamos entornos de confianza, porque el Gobierno cumple sus acuerdos y, desde luego, con fuerzas con las que compartimos objetivos comunes, como en este caso con total transparencia y con total rotundidad”, ha aseverado Saiz sobre el acercamiento a Podemos, que se produce a las puertas de que el Gobierno presente los Presupuestos Generales del Estado, pero sobre todo la víspera de una nueva votación en el Congreso en la que Pedro Sánchez se expone a una nueva derrota parlamentaria por la ruptura de Junts.

El Parlamento tiene que convalidar los decretos del escudo social, que incluye la revalorización de las pensiones, y del abono de transporte. En Moncloa dan por hecho que la tarifa plana para cercanías, media distancia y Rodalies saldrá adelante, pero asume que el decreto del escudo social lo tiene complicado. Junts rechaza la prohibición de los desahucios que se prorroga este año a través de ese decreto y exige que la revalorización de las pensiones se haga por separado.

La portavoz no ha querido entrar en la posible derrota en el Congreso y se ha limitado a decir que hay que esperar a que pase el día de hoy. También ha aprovechado para arremeter contra el PP por oponerse a la aprobación de esas medidas sociales.

Igualmente, ha cargado contra los populares por su oposición a la regularización extraordinaria, a pesar de que votó a favor de la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llegó al Congreso con más de 700.000 firmas. “Estamos viendo otro capítulo más de Feijóo contra Feijóo, porque en esto también hay hemeroteca. Cuando se votó la toma en consideración en abril del año pasado, el Partido Popular votó a favor de esa toma, en consideración de esta iniciativa de regularización extraordinaria. Además, el propio Feijóo verbalizó que el Partido Popular sería sensible a la situación de estas personas”, ha recordado la portavoz, que se ha referido a regularizaciones llevadas a cabo en los gobiernos de José María Aznar.

“La disyuntiva que tiene el Partido Popular es clara: ¿está con la sociedad, está con la Iglesia Católica, está con la CEOE que pone en valor esta medida, o está con Vox?”, se ha preguntado.

En julio de 2006, José Luis Rodríguez Zapatero llegó a India para iniciar una visita de dos días. A uno de los países más importantes del mundo en el que la diplomacia y las empresas españolas siempre habían tenido una presencia reducida. Asistió a una cena con el primer ministro el día 2 y al día siguiente recibió la noticia del accidente del Metro de Valencia con 43 muertos. De inmediato, tomó la decisión de suspender la visita y regresar a España cuanto antes. Las autoridades indias no daban crédito. Ya les había sorprendido que la visita estuviera limitada a 48 horas cuando el objetivo final era abrir un nuevo y gigantesco mercado para las empresas de España.

Es la actitud que se ha impuesto en la política española. Incluso si el cargo político no tiene una responsabilidad directa en la respuesta a la tragedia, resulta imprescindible parar por respeto a las víctimas. A veces, suspendiendo actos oficiales o de campaña. O la celebración de un pleno, aunque los parlamentarios no tengan ninguna función específica que realizar. Es una forma de expresar el duelo y la solidaridad con los familiares de fallecidos y heridos. Ahí entraría lo que estos días se ha llamado una tregua en la pelea enconada entre Gobierno y oposición, que al final ha durado menos que el duelo oficial, como era de temer.

No siempre está claro de qué sirve que el presidente de un Gobierno —central o autonómico— visite el lugar de los hechos. Hay otras formas de recabar la información necesaria y con frecuencia la gestión de esos momentos cuenta con otros responsables directos que van a hacer su trabajo con o sin visita de sus jefes. Tampoco se puede negar que tiene un elemento de apoyo a los equipos de emergencia y compromete al líder político con las habituales promesas de que se utilizarán los fondos públicos necesarios para reparar los destrozos o ayudar a los damnificados.

Ante la catástrofe del choque de trenes en Adamuz, que ha causado 42 muertos, se ha pensado que la gente no aceptaría que la escala de prioridades de los políticos colocara la misión de atacar al rival por encima del momento de dolor compartido. Influyó en ello la actitud de Juanma Moreno, presidente de Andalucía, que el lunes por la mañana marcó los límites: “En una situación así no cabe disputa política, sino que toca que todos arrimemos el hombro”. Elogió la colaboración entre administraciones, lo que también hizo Pedro Sánchez en su visita a la zona.

El ministro Óscar Puente confirmó horas más tarde ese espíritu de colaboración. “Cero reproches que hacer (a los responsables de la Junta), todo lo contrario. Han actuado correctísimamente y no puedo, ni en la forma ni en el fondo, hacer más que alabanzas al señor Moreno Bonilla”, dijo en una entrevista con este diario.

Ana Rosa Quintana intentó en Telecinco que Moreno se sumara a los reproches a Puente en la mañana del lunes. El presidente andaluz no mordió el anzuelo y se mantuvo en su posición conciliadora.

En su visita a Córdoba, Alberto Núñez Feijóo también destacó esa colaboración entre gobiernos, aunque deslizó una frase que no es la primera vez que utiliza: “El Gobierno no nos ha dado ninguna información”. Como líder de la oposición, no cuenta con ninguna responsabilidad administrativa. Quienes deben colaborar, y eso incluye compartir información, son los gobiernos implicados. Moreno siempre podía informar luego a Feijóo, como así hizo.

La extrema derecha no aceptó silenciar su armamento. Su estrategia consiste únicamente en denunciar que todo es un desastre y que todo es culpa del Gobierno. No necesita pruebas ni indicios para ello. Si alguien piensa que eso genera alarma, sus dirigentes responderán que eso es lo que están buscando precisamente.

Hubo tiempo para resucitar el viejo bulo de que España paga los trenes a Marruecos y otros países del Tercer Mundo mientras escatima con los de España. Se trata de créditos condicionados a que se compren trenes a empresas españolas, una forma de subvencionar a la industria local sin provocar la intervención de Bruselas. No conviene olvidar que Feijóo utilizó ese bulo en el Congreso hace casi un año.

Un momento recurrente en estas situaciones es cuando alguien denuncia que el adversario está intentando politizar una catástrofe. El funcionamiento de los servicios públicos está politizado por definición. Son las prioridades políticas de los gobiernos las que marcan cómo es su gestión. Otra cosa distinta es politizar el dolor de las víctimas en beneficio propio, una acusación habitual al PP en relación a las víctimas del terrorismo de ETA, a veces por parte de algunas asociaciones de víctimas.

Exigir responsabilidades después de un accidente de estas dimensiones, buscar formas de que una tragedia como esta no se repita y aprobar fondos públicos para financiar las mejoras necesarias en las infraestructuras no son intentos rastreros de politizar, sino reacciones totalmente lógicas. Pero es necesario conocer con exactitud las razones del accidente para concretar todos esos pasos, y eso a veces es imposible 24 o 48 horas después del siniestro.

Si no, te puede pasar como al ABC, que colocó el martes encabezando su portada el titular “Descarriló tras saltar la soldadura del raíl 23117” —con lo que ya había descubierto el origen del accidente sin género de dudas— para pasar a una versión distinta horas más tarde en su página web: “Investigan si la vía reventó por una pieza que arrastraba el tren Iryo e hizo palanca en el descarrilamiento de Adamuz”. Ya no estaba claro, porque a fin de cuentas la investigación está muy lejos de estar cerrada.

Para los amantes del combate cuerpo a cuerpo, las aguas volvieron a su cauce por la tarde. La portavoz del Gobierno había prolongado la distensión. “Me quiero quedar con las palabras del líder de la oposición con su mensaje de que reconoce el trabajo y la coordinación sobre el terreno”, dijo Elma Saiz. Pero una portavoz gubernamental dijo después que el jefe de gabinete de Sánchez había estado en contacto con la jefa de gabinete de Feijóo, y no para echarle una bronca. El PP estaba molesto porque Puente no había acompañado a Feijóo en su visita. El ministro respondió que nadie le había avisado de su llegada.

Eso causó la indignación en el principal partido de la oposición. Fuentes de la dirección del PP enviaron un mensaje a varios periodistas: “No somos el partido del 'pásalo'. Ni el que llama asesino a un político cuando su gestión genera inseguridad o fallecimientos, pero no consentimos engaños de los que engañan siempre”. Lo de un político que causa “inseguridad o fallecimientos” debe de ser por Carlos Mazón.

Los partidarios de declarar la guerra al Gobierno hasta el fin de los tiempos pueden estar tranquilos. La tregua no ha durado ni dos días. Vuelven los navajazos y las lanzadas en el vientre. El orden natural de las cosas no ha sido vulnerado. Cayetana Álvarez de Toledo no tardó en aprovechar la oportunidad y saltó para afirmar que el Ministerio de Transportes es “un cortijo de mordidas, amaños y corrupción” y denunciar que “enchufaron a Koldo en Renfe y a prostitutas en ADIF”. Lo de todos los días antes del accidente. Se acabó lo que decía Moreno de arrimar el hombro.

Los medios de comunicación volverán a disfrutar de su dieta básica. Al menos, se puede confiar en que no aticen la alarma social y la preocupación de los ciudadanos por la seguridad en el tren que se desprende de algunas opiniones. Desde el año 2000, 156 personas han fallecido en accidentes ferroviarios. El número de muertos en accidentes de carretera ha sido de 73.500.

Apuntar a una causa del accidente resulta, aún hoy, precipitado. Ese es el mensaje principal que lanza el Gobierno en mitad del aluvión de informaciones y teorías que ya intentan precipitar conclusiones de la tragedia ferroviaria ocurrida este domingo en Adamuz (Córdoba) y que, por el momento, ha costado la vida de 41 personas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que la investigación sobre las causas del accidente no ha hecho más que empezar. Y que por eso es imprudente apuntar todavía a que el fallo pudiera producirse en el tren o, por el contrario, en la vía.

“Todas las hipótesis están abiertas”, ha afirmado Marlaska dos días después del accidente, mientras los servicios de rescate y emergencias siguen trabajando para rescatar a posibles víctimas y para dilucidar las causas del descarrilamiento del Iryo Málaga-Madrid, con el que luego chocó el Alvia Madrid-Huelva en Adamuz (Córdoba).

El ministro ha trasladado que los técnicos de la comisión de investigación han trabajado en las últimas horas para inspeccionar tanto el punto del descarrilamiento como los daños producidos a causa del siniestro. “Tras las inspecciones sobre el terreno, ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los rieles en el punto de inicio del descarrilamiento e inspeccionar la rodadura del tren Iryo”.

Marlaska también ha explicado que la comisión también ha solicitado a Adif información sobre los registros de circulación por Adamuz en los dos días anteriores al suceso y va a realizar inspecciones en la rodadura de otros trenes que circularon antes por ese tramo de la vía.

Junto al ministro del Interior ha comparecido la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, que ha expresado las condolencias del Gobierno a las familias de las víctimas y el agradecimiento a todos los servicios de emergencia y vecinos del pueblo que se lanzaron a ayudar. “Lo mejor que tiene nuestro país es su gente. Desde el primer momento se pusieron en marcha todos los mecanismos del Estado y la coordinación de las instituciones”, ha dicho la ministra, que ha alertado sobre los bulos y las mentiras.

En ese contexto, la portavoz ha acusado a la ultraderecha de intentar sacar rédito político de la tragedia ferroviaria de Adamuz tras descolgarse de la unidad institucional y política de las últimas 48 horas. “La actitud de Abascal y la ultraderecha es una actitud ruin. Utilizar la tragedia para generar caos y desconfianza es una actitud antidemocrática e inhumana”, ha asegurado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Saiz ha pedido a la ciudadanía “huir de los bulos” y que tenga en cuenta que quienes intentan rentabilizar una desgracia de esta magnitud son los enemigos del servicio público. “Es el mayor ejercicio de antiservicio público. Pero somos mayoría los que estamos enfrente, en el servicio público, en la lealtad, en la verdad. Eso es lo que nos demanda la sociedad”, ha concluido.

La ministra portavoz no ha querido confrontar, sin embargo, con el líder de la oposición. Alberto Núñez Feijóo aseguró este lunes que el Partido Popular recibía información del suceso “por los medios de comunicación y por la Junta de Andalucía, pero no del Gobierno”. Según ha podido saber elDiario.es, los jefes de gabinete de Sánchez y Feijóo contactaron en la misma tarde del lunes para compartir la información disponible en una conversación que, según fuentes de la Moncloa, se produjo en tono “cordial”.

El ala socialista del Gobierno se escuda en un informe de la Abogacía del Estado para rechazar la intervención en el mercado del alquiler a través de la prórroga de los contratos que vencen este año como reclaman Sumar y el resto de socios de izquierdas de la coalición. Pedro Sánchez anunció nuevas medidas para intentar paliar la subida de los precios de la vivienda, que se ha convertido en el principal problema para los españoles, y una de ellas fue la bonificación fiscal a los propietarios que no suban los alquileres en la renovación de los contratos. Sumar rechaza que sea inconstitucional y recuerda que en la legislatura pasada ya se aprobaron varios decretos con una prórroga similar a la que ahora proponen. También han criticado la postura socialista ERC o Podemos, anticipando una nueva batalla para la aprobación del nuevo paquete en materia de vivienda.

“Hay informe del abogado del Estado que no le da la seguridad jurídica necesaria que tiene que tener una medida de ese calado”, ha respondido en una entrevista en RNE la portavoz, Elma Saiz, sobre la nueva pugna dentro del Gobierno de coalición. La ministra ha dicho que al cuerpo de letrados del Estado se le piden informes que “son absolutamente rigurosos”. Lo que sostienen en Moncloa es que la intervención en el mercado a través de la prórroga de los contratos, que en la práctica supondría la prohibición de subir los alquileres vigentes, es “inconstitucional”, según las fuentes consultadas.

La propuesta de Pedro Sánchez y el Ministerio de Vivienda para dar respuesta a los 1,6 millones de contratos que caducan este año es una bonificación en el IRPF de hasta el 100% para quienes mantengan o bajen el alquiler. Lo que argumentan en Moncloa es que esa medida compensaría en buena medida la ganancia que tendrían los caseros en el caso de que subieran los precios ante el vencimiento de los contratos. También sostienen que tiene unos beneficios intangibles para ellos, como evitar el riesgo de tener unos nuevos inquilinos o evitar el pago a una agencia si se produce el cambio, de acuerdo a esas fuentes.

“No enfrenta a propietarios e inquilinos”, defendió Pedro Sánchez en una rueda de prensa el lunes en la que dio por hecho que la medida acabará contando con el respaldo parlamentario, a pesar del cisma que ha provocado con los socios. Por ahora en Moncloa no dan ningún signo de pretender modificar la propuesta. “Una cosa es estar en contra y otra verlo insuficiente”, señalan fuentes gubernamentales, que ven factible convencer al resto de fuerzas.

La portavoz ha restado importancia al nuevo desencuentro en la coalición y lo ha enmarcado en la “normalidad”. “Lo importante es el objetivo común”, ha dicho Saiz, que ha puesto en énfasis en la negativa del PP a aplicar la ley de vivienda donde gobierna y ha recordado que contempla bonificaciones del IRPF en las zonas tensionadas.

“Tenemos el problema de que las comunidades autónomas del PP están incumpliendo la ley. Si no se declaran zonas tensionadas, no se pueden hacer esas bonificaciones”, ha expresado la portavoz, que ha asegurado que están planteado “una intervención inteligente y eficaz del mercado de alquiler”. “Esta no es una medida aislada, forma parte de un paquete de medidas que se están poniendo en marcha para afrontar el principal desafío que es la vivienda. Las comunidades autónomas tienen competencias directas en materia de vivienda. Por eso pediría al principal partido de la oposición deje de comportare como oposición al Gobierno y que se arremangue y se ponga a trabajar donde gobierna porque tiene competencias directas en materia de vivienda”, ha señalado Saiz: “Lo primero hacer cumplir la ley de vivienda”.

Sumar niega que sea inconstitucional: “Ya se ha hecho antes”

Desde el socio minoritario del Gobierno, muy enfadados con el anuncio unilateral que lanzó Sánchez este lunes, rechazan que la medida sea inconstitucional como argumentan los socialistas y recuerdan que en la anterior legislatura se aprobó en hasta ocho decretos diferentes, cinco de ellos fuera del paraguas del estado de alarma.

Durante la pandemia, el Gobierno aprobó hasta tres reales decretos que prorrogaban durante seis meses la vigencia de los contratos. Pero el Ejecutivo que entonces conformaban PSOE y Unidas Podemos también aplicó esta medida sin el paraguas jurídico del estado de alarma, con cuatro decretos consecutivos en esta línea, aunque atados argumentalmente todavía a la situación de emergencia por la pandemia. Aquellos años fueron los únicos en el último tiempo en el que los precios de la vivienda dejaron de subir.

Pero en Sumar recuerdan que el Gobierno volvió a aprobar una prórroga de lo contratos ya acabada la pandemia, en el marco de la respuesta que dio el Ejecutivo a la crisis de precios derivada de la guerra en Ucrania.

“Insistimos, por tanto, en que la prórroga es una medida necesaria y que ya se ha aprobado en ocho ocasiones en el Consejo de Ministros y convalidado en el Congreso de los Diputados y no solo bajo el paraguas de la crisis sanitaria”, defienden desde el Ministerio de Derechos Sociales que lidera Pablo Bustinduy. “La emergencia habitacional que existe en este momento y ha sido declarada por el presidente del gobierno es un contexto más que necesario para que se lleve a cabo otra prórroga de alquileres”, argumentan.

En Sumar desconfían de ese informe de la Abogacía del Estado que ni siquiera ellos han podido ver y que la parte socialista del Gobierno no ha hecho público hasta ahora. Por eso, creen que las resistencias dentro de los socialistas son más ideológicas que legales. “La medida del PSOE es dar dinero público a los caseros por cumplir el mandato constitucional. Es el mundo al revés”, defendió este miércoles en Televisión Española la propia Yolanda Díaz.

El ala del PNV del Gobierno vasco sostiene que sus socios de coalición, el PSE-EE, comparten exactamente el mismo sentimiento de “malestar” o “desazón” (la palabra textual ha sido 'ezinegona', en euskera) con Pedro Sánchez por el incumplimiento del compromiso para cerrar todas las transferencias pendientes del Estatuto de 1979 en 2025, algo que ya no se va a producir. La portavoz del Ejecutivo de Imanol Pradales y consejera que lidera las conversaciones estatutarias, María Ubarretxena, ha remarcado que los traspasos más relevantes encima de la mesa recaen precisamente en áreas dirigidas por los socialistas, particularmente todo lo relativo a la gestión económica de la Seguridad Social, y que el vicelehendakari y consejero del ramo, Mikel Torres, ha estado muy implicado en el intercambio de papeles.

Fuentes del equipo de Torres indican que “la única inquietud” es por los motivos “técnicos” y no por cuestiones “políticas”, porque ven claro el “compromiso” de ambas partes en que los traspasos se hagan “de la mejor forma posible”. Insisten en que el objetivo es que la Seguridad Social o el Sepe, una vez cedidos, ofrezcan “un servicio igual o mejor al que viene prestándose en la actualidad”.

Este lunes 29 de diciembre iba a celebrarse una comisión mixta para la firma de cinco transferencias, tres de ellas relacionadas ya con la Seguridad Social, aunque no todavía las pensiones. Es la primera vez que esta materia iba a ser gestionada por una comunidad autónoma y, según Ubarretxena, esto ha generado “miedo” de última hora en el Estado. Ha recordado que Sánchez y Pradales, en primera persona, cerraron los primeros acuerdos políticos en julio y que luego, en septiembre, se ampliaron a Sumar, que dirige el área de Trabajo. Esto propició la cesión del Sepe, esto es, de las políticas pasivas o prestaciones y subsidios de paro, aunque ahora se ha visto retrasada.

La consejera Ubarretxena, que en estos meses ha realizado viajes casi semanales a Madrid, ha personalizado en el secretario de Estado Borja Suárez, 'número dos' de la ministra Elma Saiz, el bloqueo repentino de la comisión mixta y las trabas en torno a financiación y personal. Ubarretxena, a preguntas de los periodistas, no ha querido nombrarlo directamente pero ha insistido en que Sánchez tiene que poner “orden” en su casa. “No puede ser que haya secretarios de Estado que manden más que los ministros”, ha repetido sobre este alto cargo socialista.

Y ha añadido también que los vascos cumplen siempre con la palabra dada y en que sería deseable que los españoles también lo hicieran. Y, además, “en letra y en espíritu”. “No ocultamos nuestra sorpresa por cómo se han desencadenado los hechos”, ha apuntado Ubarretxena, que antes de la rueda de prensa había ofrecido también una entrevista en Euskadi Irratia en términos muy similares.

Se da la circunstancia de que las cinco materias que se iban a firmar no cerrarían tampoco todos los asuntos pendientes. En lo tocante a la Seguridad Social, por ejemplo, falta por acordar la parte principal, el traspaso de la gestión de las pensiones. Euskadi, en todo caso, será mero cajero, ya que normativa y cuantías seguirían siendo fijadas por el Estado. Siempre se ha recalcado que la transferencia respetará la denominada 'caja única' para toda España, algo que recoge expresamente el Estatuto.

Y hay otros temas colgando, desde los paradores de turismo hasta la matriculación de vehículos. Ubarretxena, que ahora se tomará unos días de vacaciones tras haber estado intentando cerrar estos temas “hasta el día de Navidad”, asegura que las negociaciones seguirán en marcha. El nuevo horizonte es el 16 de enero, una fecha de consenso para las cinco transferencias iniciales pero para el que el PNV no es especialmente optimista. Para el resto de materias no hay calendario, aunque Pradales y Sánchez tenían comprometido verse a finales de enero a modo de “reválida”, es decir, como un examen para ver qué estaba cerrada y qué no de entre todo lo comprometido.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se ha enzarzado con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a cuenta del desalojo de migrantes del instituto B9 de la ciudad de hace doce días. Tras acusar la ministra al alcalde de haber actuado con “inhumanidad, racismo y xenofobia”, Albiol ha replicado tildando al Ejecutivo de “irresponsables”.

La negativa de Albiol, en contra de lo que prevé la ley, de realojar a las personas que echó del instituto abandonado en el que malvivían desde hacía más de dos años derivó en un problema social sin precedentes en Badalona. Instigados por el alcalde, varios vecinos incluso protestaron contra la apertura de una iglesia para acoger a los migrantes.

En una entrevista en la Cadena SER este lunes, la ministra y portavoz Saiz ha acusado a Albiol de haber actuado con “inhumanidad, racismo y xenofobia” en el desalojo del B9 y de “dejar durmiendo en la calle a familias y niños”.

Saiz también ha lamentado que la actuación de Albiol se haya producido con el “silencio atronador” del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha sido “incapaz de decir nada” a un alcalde que “no es la primera vez que tiene actitudes de este tipo”.

Tal y como ya hiciera el día del desalojo, en el que Albiol culpó al Gobierno de la situación, el alcalde, en un mensaje en X, ha replicado a Saiz y ha tildado al Ejecutivo de “Gobierno de irresponsables”.

“Ministra, cumplir la ley no es racismo. No hay nada más racista e inhumano que lanzar el mensaje que la inmigración ilegal es bienvenida y después dejarlos tirados en medio de la plaza Catalunya, además de fomentar la okupación ilegal en contra de la convivencia de los vecinos. España necesita inmigración, pero que venga a trabajar y a contribuir como el resto de ciudadanos”, ha aseverado Albiol.

Doce días después del desalojo, una treintena de personas (están tanto desalojados del B9 como otras personas sin hogar) permanecen acampadas en un puente bajo la carretera C-31 de Badalona. La cifra de personas que ya han sido realojadas por la Generalitat y entidades sociales ha ascendido a 153. Menos de 20 fueron realojadas por el Ayuntamiento de Badalona (antes del desalojo del B9).

La voluntad del Ejecutivo catalán es seguir trabajando con otras administraciones y entidades sociales para buscar alojamiento a personas desalojadas del instituto que se encuentran en una situación especialmente vulnerable.

Según los datos de la Generalitat, la conselleria de Derechos Sociales y entidades sociales consiguieron realojar el pasado día 23 a 35 personas; el día 24, a otras 20; y entre el día de Navidad y el viernes, a nueve más, que se sumaban a las 83 a las que ya se había ofrecido alojamiento los días previos.

El Gobierno cree que Alberto Núñez Feijóo debe dimitir tras haberse conocido los mensajes que se intercambió con el entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la dana. “Lleva un año mintiendo. Ya solo por eso debería dimitir”, ha dicho la portavoz, Elma Saiz, en una entrevista en La Hora de TVE en referencia a las palabras del líder del PP tras la catástrofe, cuando dijo que había estado informado en tiempo real sobre lo que ocurría con las riadas.

Los mensajes evidencian que el primer mensaje se produjo a las 20 horas, una vez que Mazón se incorporó al trabajo tras horas en una comida en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, y que fueron puntuales hasta las 23.59. El primer mensaje lo envía Feijóo a las 19.59 para interesarse, aunque los que él manda no los ha incorporado a la causa, y a las 20.08 horas llega la primera respuesta de Mazón. “Gracias Presi”, respondió. “Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto”, continuó el dirigente valenciano que, sobre las 20.15 horas, le mandó otro mensaje: “Noche larga por delante”. Mazón le llamó para pedirle el teléfono del expresidente de Telefónica, José María-Álvarez Pallete.

La portavoz del Gobierno ha cuestionado la “forma y el fondo” de los mensajes que se intercambiaron y ha reprochado que Feijóo no haya remitido su parte. “Me pregunto si Feijóo no da a conocer sus mensajes de respuesta porque tienen ese mismo tono”, ha expresado Saiz. “Tendrá ocasión de comparecer ante la jueza de la dana, donde no tendrá más remedio que decir la verdad”, ha recordado sobre su paso por el juzgado como testigo previsto para el próximo 9 de enero. Feijóo ha solicitado comparecer por videoconferencia.

“Ha faltado a la verdad”

“Se acredita lo que venimos denunciando: ha faltado a la verdad”, ha dicho Saiz, que considera que “lo único que le obsesiona a Feijóo que venía a hacer política para adultos” es “hacer daño al Gobierno”. “No le interesa el dolor de las víctimas”, ha apuntado la portavoz. Feijóo remitió, además, los mensajes al Juzgado de Instrucción de Catarroja en la tarde de Nochebuena. La portavoz de una de las asociaciones de víctimas, Rosa Álvarez, ha asegurado que si buscaba hacerles daño “lo ha conseguido” y ha reprochado que no les diera esa información en la reunión que mantuvieron en Génova en marzo: “Necesitamos no contexto, verdades”.

El Gobierno ha pedido la dimisión de Feijóo después del discurso navideño del rey en el que alertó de una “crisis de confianza” en las democracias que “nutre” a los “extremismos”. “Extremismo no es solo Vox, también el Partido Popular”, ha dicho Saiz, que se ha referido a los pactos con quienes quieren “socavar las instituciones”, a Xavier García Albiol por tratar de manera “inhumana” a los migrantes, a Isabel Díaz Ayuso por “estar fagocitando la sanidad pública”, y ha acusado al PP de “mentir a las víctimas de la dana”.

Carga contra el “hooligan” Albiol

La portavoz del Gobierno ha cargado especialmente contra el alcalde de Badalona por haber dejado en la calle a migrantes que estaban en un antiguo instituto en pleno mes de diciembre. “¿Dónde está el moderado Feijóo ante un alcalde que se está comportando como un hooligan?”, se ha preguntado antes de recordar que es competencia del ayuntamiento dar una alternativa habitacional a esas personas.

“Este tipo de actuaciones, de racismo y xenofobia, de trato inhumano, ¿qué tipo de respuesta está recibiendo por parte del moderado Feijóo?”, ha insistido Saiz, que ha recordado que el lema de Albiol en una campaña electoral fue “limpiando Badalona” y que “apelaba a las cacerías de migrantes” antes de los sucesos de Torrepacheco.

En contraposición, la portavoz ha reivindicado la gestión del Gobierno: “Estamos todos los días trabajando y poniendo encima de la mesa importantes medidas que están dando respuesta a los problemas de nuestro país”. Se ha reafirmado en que presentarán los Presupuestos en el primer trimestre del año y ha restado importancia a la prórroga al recordar que se están impulsando iniciativas, como el escudo social, a pesar de esa situación. “Tenemos claro el camino, las recetas políticas y queda mucho por hacer”, ha rematado.

Último Consejo de Ministros del año con aprobación de un decreto ley que ampliará las ayudas sociales que caducaban el 31 de diciembre de 2025, prórroga de los Presupuestos ante la debilidad parlamentaria del Gobierno, y estreno de la nueva portavoz, Elma Saiz, a quien Pedro Sánchez propuso este lunes, sin haber hecho siquiera la digestión del varapalo que se llevaron los socialistas en Extremadura. La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha agradecido al confianza de estos años y “concretamente ahora”, cuando una sensación de fin de ciclo que se apodera del PSOE. Pero Pedro Sánchez no está en eso y aspira a terminar el mandato convencido de que su Gobierno es “más necesario que nunca” ante el aplastante crecimiento de la ultraderecha.

Entre los argumentos que esgrimen en Moncloa para esa continuidad están los avances sociales y las medidas de protección, como los que recoge el decreto ley. Además de la revalorización de las pensiones, el Gobierno ha aprobado la prohibición de los desahucios para las familias vulnerables que está vigente desde la pandemia y que caducaba a final de mes. También se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 la compensación a los arrendatarios afectados por la suspensión de los desahucios y podrán solicitarla hasta el 31 de enero de 2027. Lo que queda fuera es la exigencia de Sumar de prorrogar los contratos de alquiler que vencen este año, unos 600.000.

También se ampliarán durante todo el año que viene los descuentos del bono social energético para consumidores domésticos vulnerables de energía eléctrica, que alcanzan el 42,5% para los consumidores vulnerables y el 57,5%, para los vulnerables severos. La prohibición del corte de suministros d agua, gas natural y energía eléctrica también se ampliará hasta final de 2026.

Igualmente, se mantendrán en 2026 los incentivos fiscales para particulares y empresas a la hora de comprar un vehículo eléctrico, instalar un punto de recarga eléctrica –como la deducción del 15% en el IRPF– o abordar actuaciones de eficiencia energética en la edificación.

En materia fiscal, “se prorrogan durante 2026 los límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA” y “se extiende a todo 2026 para los pequeños autónomos los límites cuantitativos que delimitan en el IRPG el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva (conocidos como ”módulos“), con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos”, expresan fuentes gubernamentales.

Las empresas beneficiarias de ayudas directas recogidas en ese decreto ley, que tendrá que convalidar el Congreso en enero, no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos.

Lo que no se ha producido por ahora es la subida del Salario Mínimo Interprofesional al que se ha comprometido el Gobierno y que se está negociando internamente, pero “se prorroga, por seguridad jurídica, la vigencia del actual SMI (39,47 euros/día o 1184 euros/mes), hasta que se determine nueva cuantía previa consulta con agentes sociales”, según fuentes gubernamentales.

En materia fiscal, se declaran exentas del IRPF las ayudas concedidas por daños personales ocasionados por los incendios forestales de este verano y se aprueban exenciones a determinadas ayudas concedidas a perjudicados por la dana (dirigidas al mantenimiento del empleo y la reactivación económica de las empresas afectadas, así como las ayudas urgentes aprobadas por la Generalitat destinadas a autónomos). “Se posibilita en 2026 renunciar a la llevanza de libros registro del IVA por medios a través de la Sede Electrónica, así como posibilidad de baja extraordinaria en el registro de devolución mensual IVA para el año 2026”, agregan en el Gobierno.

“Se mantiene el porcentaje de imputación de rentas inmobiliarias con objeto de evitar un incremento de la tributación por tener inmuebles en 2025 (respecto a 2024) y se actualizan para 2026 los importes máximos de los coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno para determinar la cuantía a pagar en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”, recoge el decreto ley.

A pesar de las quejas del PNV, el Gobierno ha decidido incluir todas las medidas en un mismo decreto ley, que también recoge la subida de las pensiones mínimas de entre un 7% y un 11,4%, y de las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV). También se prorrogan las actuales cuotas de los autónomos, que de momento se mantienen congeladas.

Lo que se ha aprobado en otro decreto aparte es el nuevo abono único de transporte, que permitirá usar trenes de Renfe –de Cercanías y de media distancia– y autobuses de concesión estatal a cambio de una tarifa plana mensual. También ha ampliado a 2026 las ayudas al transporte público vigentes. “Son tus impuestos”, ha defendido Óscar Puente, que ha anticipado que “un Gobierno de PP y Vox lo primero que suprimiría sería esta ayuda”.

Y es que lo que ha planeado durante la rueda de prensa ha sido la debacle de los socialistas en Extremadura y la victoria de María Guardiola, a quien el PSOE y el Gobierno responsabilizan de que Vox se haya disparado. “Me duele que la participación haya sido la mínima histórica, ha caído más de ocho puntos y me duele cómo la ultraderecha ha duplicado su presencia en el Parlamento. El PP, Guardiola, decidió esa convocatoria porque quería desprenderse de Vox y lo que ha conseguido es estar más unido que nunca. Apelo a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas de preservar de la presencia en las instituciones de aquellos que quieren acabar con las instituciones”, ha dicho Saiz.

En el Gobierno descartan, no obstante, que esas palabras supongan que los socialistas permitan gobernar a Guardiola para mantener un cordón sanitario a la ultraderecha. “Responsabilidad hay que pedir al responsable y, en este caso, tiene nombres y apellidos: el PP de Feijóo y de Guardiola. No solo está pactando con la ultraderecha, está llevando a cabo políticas de ultraderecha”, ha agregado la portavoz, que explica en buena medida el auge de esas dos fuerzas, que suman el 60% en Extremadura, en que “quizás la ciudadanía no está sufriendo las consecuencias de esos gobiernos, no están sufriendo las consecuencias de esa involución” de esas políticas. “El Gobierno está saliendo al rescate”, dicen en Moncloa.

A menos de un mes para que empiece 2026, los autónomos siguen sin saber qué cuotas pagarán el próximo año a la Seguridad Social. La negociación para avanzar hacia unas cotizaciones más vinculadas a las ganancias de los trabajadores por cuenta propia está “parada”, según los tres colectivos de autónomos que se sientan en la mesa de negociación con el Ministerio de Elma Saiz. Por ello, cada vez se impone más la idea de que el Gobierno prorrogará las actuales cotizaciones, incumpliendo los plazos legales de la reforma aprobada en 2022.

El Ministerio de la Seguridad Social planteó un primer escenario de cuotas para los próximos tres años, 2026 a 2028, con un aumento de las cotizaciones para todos los autónomos que generó muchas reacciones contrarias, tanto a derecha como a izquierda. Solo una semana después, el departamento de Elma Saiz presentó otra propuesta de mínimos, muy distante de su primer planteamiento. Alcanzaba solo 2026 e implicaba congelar las cuotas más bajas y subir muy poco las más altas, un 2,5%, incluso por debajo de la inflación.

El volantazo de la Seguridad Social tampoco contentó a nadie y, tras el ruido de varias semanas por el tema, se ha instalado el silencio. El Ministerio de la Seguridad Social insiste públicamente en su voluntad de alcanzar un acuerdo, y que trabaja “discretamente” para alcanzarlo. “Nuestra mano está tendida porque sabemos que las medidas que estamos planteando son beneficiosas y refuerzan el escudo social”, responden en el Ministerio.

Pero los tres colectivos de autónomos sentados en la mesa de negociación (ATA, UPTA y UATAE) niegan a este medio que exista contactos ni diálogo tras la última oferta del Gobierno. “No hay nada, ni contactos bilaterales”, sostiene Miguel Vila, portavoz de UATAE, asociación de autónomos afín al sindicato CCOO.

Los colectivos progresistas denuncian la “inacción” del Gobierno

“Ahora mismo hay una sensación de hastío total y de desconcierto sobre la postura del Ministerio”, sostiene Eduardo Abad, presidente de UPTA, colectivo de autónomos vinculado al sindicato UGT, que denuncia la “inacción” de la Seguridad Social. Las asociaciones progresistas de autónomos recuerdan que la cotización va ligada a la protección social (cuanto más se cotiza más pensión o permiso de maternidad se percibe, por ejemplo), por lo que esta mejora para los trabajadores autónomos también se queda en un cajón.

“En conjunto, los autónomos están mucho más protegidos hoy que hace cuatro años. Pero tenemos que seguir. Hay que seguir desplegando el sistema de cotización por ingresos reales y hay que conseguir que la brecha se siga cerrando. Hemos de seguir ampliando la acción protectora de los autónomos y nuestro deseo es que sea con consenso”, indican desde el departamento de Saiz.

Sin embargo, tanto en UPTA como en UATAE denuncian la parálisis del Ministerio de Elma Saiz tras las críticas a sus primeros planteamientos de cuotas para los próximos años, que consideran que no ha sabido defender ni replantear para llegar a un acuerdo en la materia. O al menos para intentarlo.

“El temor a una opinión pública manipulada les impide tomar decisiones”, critica Abad. “Y 2026 es año electoral”, recuerda Miguel Vila, un escenario que en UPTA y UATAE creen que está detrás de la congelación de esta reforma por parte del Gobierno (y no solo del Ministerio). “Parece que van a dejar las cuotas como están para que no haya ruido”, lamenta Vila, que al igual que Abad considera que “no se está pensando en los autónomos”.

En ATA, el colectivo de autónomos dentro de la patronal de empresarios CEOE, también confirman que “no hay ningún contacto con el Ministerio”, pero ven con buenos ojos la congelación de las actuales cuotas, que ya habían reclamado. De hecho, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha afirmado que “los autónomos ya cotizamos por ingresos fiscales” y ha dado por “cumplido” el pacto suscrito, saliéndose del consenso alcanzado en 2022 y pese a la gran brecha de cotización que todavía persiste, sobre todo entre quienes más ganan.

Compromiso de un calendario antes del 1 de enero

Si se impone el escenario que prevén todas las asociaciones de autónomos, la prórroga de las actuales cuotas de 2025, el Gobierno estaría incumpliendo su propia reforma hacia la cotización por ingresos reales de estos trabajadores.

En 2022 se pactó que las cotizaciones fueran aproximándose gradualmente a las ganancias reales de los autónomos en un periodo máximo de nueve años. El entonces ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, acordó las cuotas de los tres primeros años, hasta 2025, y el compromiso legal de que “antes del 1 de enero de 2026” el Gobierno determinaría “el calendario de aplicación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, el cual contemplará el despliegue de la escala de tramos de ingresos y bases de cotización a lo largo del siguiente período, con un máximo de seis años”.

Más allá de qué sucederá con las cuotas en el mes de enero, que todo parece indicar que ya no dará tiempo a cambiar, los colectivos de autónomos UPTA y UATAE exigen al Gobierno que retome la negociación para intentar un acuerdo cuando sea posible. En ATA indican que cuando se quiera negociar “con tiempo y bien”, “ahí estarán”. “Que no nos veamos en las mismas en octubre o noviembre de 2026. Es todo un poco lamentable y una oportunidad perdida”, lamenta Miguel Vila.

La alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, ha confirmado que el Estado ha aceptado que futuro centro de protección y acogida al refugiado de la capital, ubicado en Arana, tenga finalmente con un total de 200 plazas frente a las 350 inicialmente previstas. Según la alcaldesa, es una “buena noticia” y así podrá “ajustarse mejor a la capacidad de los servicios sociales y recursos públicos de la capital alavesa”. Asimismo, ha destacado que llegarán “familias” y niños.

En rueda de prensa, Etxebarria ha agradecido este viernes “la receptividad y compromiso” de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de su propio partido, al aceptar todas “las propuestas de mejora” planteadas por la alcaldesa en la reunión que mantuvieron el pasado mes de septiembre, al tratarse de “un paso importante, fruto del diálogo y la colaboración institucional”, informa Europa Press.

Así, el centro de protección internacional tendrá una “apertura progresiva con un número máximo de 200 plazas”, una cifra que, según la alcaldesa, permitirá “habilitar los servicios sociales” de la ciudad, ya que, ha afirmado, que “sí se van a poder atender” desde el municipio. Tal y como ha explicado, “serán las instituciones vascas”, Ayuntamiento, Diputación alavesa y Gobierno vasco, quienes tendrán que “adecuar los servicios sociales para la cobertura de estas personas”. Aparte de la rebaja en el número final de plazas, el Ministerio también ha aceptado que algunas dependencias del centro puedan ser utilizadas por el vecindario, tales como instalaciones deportivas y otros espacios, para “facilitar la convivencia, el encuentro y la interrelación entre las personas refugiadas y los vecinos”.

Por otra parte, “el Ministerio se ha comprometido a coordinar con las instituciones competentes”, Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Vasco, “todas las cuestiones que afecten de una u otra manera al centro”. Por último, Etxebarria ha señalado “el interés de que el centro reciba refugiados agrupados en torno a núcleos familiares, con especial atención a la infancia”, asimismo ha dicho desconocer los plazos de apertura del recurso. “El Ministerio ha aceptado las propuestas de mejora planteadas y habilitará los recursos a las necesidades de la ciudad, lo que mejorará la atención al refugiado. Mientras, avanza en la construcción del centro con el objetivo de ofrecer techo, atención, ayuda y dignidad a los solicitantes de asilo, personas vulnerables que necesitan reconstruir su vida, ya que lo han perdido todo y se han visto en la obligación de huir de su país”, ha manifestado.

Etxebarria ha destacado que “algunas de las opciones políticas, hasta ahora muy críticas con el proyecto, se hayan acercado al mismo, apostando por un diálogo constructivo entre instituciones”, en alusión a EH Bildu, para agradecer que “ya no está sola defendiendo el proyecto”. “Así quedo reflejada en la enmienda presentada en el Parlamento Vasco por PSE-EE, EH Bildu y Sumar que, aunque finalmente no pudo debatirse, quiero subrayar el gran valor que tiene que la crítica haya dado un paso al frente del compromiso, ya que es un gran avance en la defensa de los derechos humanos y la acogida responsable”, ha valorado, para añadir: “Me he visto sola y con mucho orgullo de defender este proyecto, pero ya no estoy sola”. Cuestionada por la demanda del PNV, su socio de Gobierno, para “paralizar” el proyecto, Etxebarria se ha ceñido a la gestión municipal, para resaltar que “mantiene una estupenda relación” con los nacionalistas.

El PNV mantiene su rechazo

La presidenta del PNV de Álava, Jone Berriozabal, ha reiterado la oposición del partido 'jeltzale' y ha denunciado que la reducción de las plazas de este recursos desde las 350 inicialmente anunciadas a 200 es “una decisión unitaleral”, por lo que ha insistido en reclamar la paralización del proyecto. Berriozabal, a través de un comunicado, ha recordado que el PNV se opuso “desde el primer momento” a este centro, al considerar que se trata de un recurso de una dimensión excesiva y que una adecuada integración de las personas requiere de centros más pequeños.

“Ni con 350 plazas, ni con 200; el redimensionamiento anunciado hoy es una nueva imposición del Gobierno de España”, ha criticado la dirigente del PNV, que ha recordado que el anuncio de este redimensionamiento por parte de la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, se produce un día después de que el PSE-EE acordara, junto a EH Bildu y Sumar, un texto en el Parlamento Vasco reclamando un diálogo institucional sobre el proyecto.

“Estamos ante una nueva decisión unilateral que no responde a ningún proceso de consenso ni diálogo compartido”, ha afirmado. Además, ha mostrado su “sorpresa” ante el “cambio de postura” que, según ha dicho, han tenido EH Bildu y Sumar respecto a este proyecto. “Hasta ahora solo el PSE defendía este proyecto impuesto por el Gobierno de España; ahora se le suman Bildu y Sumar por puro tacticismo”, ha manifestado. El PNV ha reiterado su apuesta por centros “que respondan al modelo vasco de acogida, que prioriza recursos más pequeños y atención personalizada”, y ha denunciado que el centro proyectado en el barrio vitoriano de Arana “no cuenta con consenso institucional ni social”.

La marcha atrás del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el incremento de las cuotas de los autónomos en 2026 pone en riesgo parte de los fondos de recuperación. La cotización a la Seguridad Social de los autónomos según sus ingresos reales es uno de los hitos por los que España recibió el tercer pago de los fondos, con 6.000 millones de euros en 2023. Esta medida se aprobó para que fuera implementada de forma gradual hasta 2032, pero su práctica paralización el año que viene y, probablemente, en 2027, cuando hay previstas unas elecciones, complica su ejecución final. A preguntas de elDiario.es sobre este hito del plan de recuperación, un portavoz de la Comisión Europea responde que “si un Estado miembro revierte un hito o un objetivo cumplido satisfactoriamente, la Comisión podrá retirar los fondos inicialmente desembolsados en virtud del marco general del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. El incumplimiento le podría costar a España hasta 1.400 millones de euros.

El Gobierno alcanzó un acuerdo de reforma para que los autónomos cotizaran por sus ganancias, con un periodo de transición de diez años, hasta 2032. El entonces ministro José Luis Escrivá cerró el acuerdo de subida de cuotas entre 2023 y 2025. La actual ministra Elma Saiz hizo una propuesta inicial que posteriormente revirtió ante las quejas de una asociación de autónomos, la patronal y el guirigay político montado por el PP, aunque los populares votaron en 2022 a favor de esta medida en el Congreso.

La Comisión Europea puede penalizar a un país por el incumplimiento de los hitos por los que ha recibido dinero de los fondos europeos. De hecho, en 2023 Bruselas ya lanzó una advertencia a España centrada en un posible incumplimiento de la reforma de las pensiones con la modificación del sistema de infracciones. Con este cambio se quería dejar claro que el incumplimiento de hitos no se iba a castigar de la misma manera, la multa dependería de su relevancia y de su impacto en reformas de calado.

España aspira a un volumen de fondos de 163.000 millones de euros, entre subvenciones y préstamos, para los que tiene que cumplir 595 hitos. Los incumplimientos se castigan dividiendo la cuantía de los fondos por el número de hitos, de manera que cada hito supone unos 275 millones, pero la Comisión añade unos coeficientes según la importancia del hito, que multiplican la multa entre un 0,5 para los hitos intermedios y por 5 a los hitos y objetivos relacionados con la entrada en vigor de una reforma. La sostenibilidad del sistema de las pensiones es una de las reformas principales y la cotización de las cuotas de la Seguridad Social de los autónomos según sus ingresos reales es fundamental para su cumplimiento, con lo que no alcanzar este hito podría desembocar en una multa de hasta 1.400 millones.

Aunque en la reforma pactada hace solo tres años todas las partes se comprometieron a culminar la cotización por ingresos netos de los autónomos en 2032, en la CEOE y el colectivo de autónomos ATA (dentro de la patronal) afirman ahora que “ya han cumplido” y que los trabajadores por cuenta propia “ya cotizan por ingresos fiscales”, en palabras de Lorenzo Amor, presidente de ATA. En realidad, solo lo hacen por una parte, pero no por el total, con una gran brecha respecto a los asalariados, especialmente en los autónomos con mayores ganancias.

“El actual contexto político lo hace muy difícil”

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social explican que “se va a cumplir con la medida en 2032. En ningún caso se está claudicando en la cotización de autónomos por ingresos reales. Sería deseable un escenario más ambicioso, pero el actual contexto político lo hace muy difícil. Hay que recordar que la medida se aprobó con un amplio respaldo en el Congreso y en ningún caso se va a dejar de cumplir con el compromiso con la Unión Europea”. Sin embargo, fuentes del diálogo social no lo ven tan claro.

“Este freno puede afectar a los fondos europeos. Hay un compromiso de adecuar las cotizaciones a sus ingresos reales, pero en 2026 no avanzamos. No se actualiza ni con la inflación. No se están haciendo las tareas pendientes. Estamos hablando de una medida que es una pata muy importante de la reforma de pensiones, que interesa mucho a Bruselas. Se pone en riesgo el equilibrio conjunto de la reforma de pensiones. Bruselas nos puede decir algo y que se pongan en juego parte de los fondos”, explica un miembro del diálogo social conocedor de las negociaciones de esta reforma.

“La situación es muy complicada”, lamenta por su parte María José Landaburu, secretaria general de UATAE, colectivo de autónomos vinculado a CCOO, que recuerda que “el año que viene es electoral”, un contexto en el que suele ser más todavía complejo armar consensos en temas delicados como este. Mientras, el tiempo pasa y, si no se avanza en la cotización por ingresos reales, luego la adaptación sería más abrupta en los últimos años para cumplir con la meta de 2032, algo que tampoco parece muy factible políticamente.

Desde el Ministerio se admite que “se decidió un horizonte de nueve años para su implementación porque el 85% de los autónomos cotizaba el mínimo y había que darles un margen para que se fueran adaptando y el cambio no fuera tan abrupto. Además, se necesitaba tiempo para que el nuevo sistema fuera implantado por la Seguridad Social y se monitorizara su éxito, algo que ha sido así en los tres primeros años en los que se ha llevado a cabo”.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, el colectivo de autónomos ligado a UGT, pide “responsabilidad” a todas las partes. “Los acuerdos para algo son acuerdos”, insiste y recuerda que uno de sus objetivos principales es la mejora de la protección social de los autónomos a futuro.

No sería la primera vez que España deja escapar fondos de recuperación. La Comisión Europea suspendió el desembolso de 626 millones de euros de estos fondos por el trato de España a los interinos y algo más de 500 millones por incumplir dos reformas: la equiparación del impuesto entre la gasolina y el diésel y la digitalización de las entidades locales, en el pago del quinto desembolso de los fondos de recuperación (22.900 millones). En el caso de la equiparación de impuestos de carburante fue la presión de un socio de la legislatura como el PNV la que hizo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidiera aparcar la reforma. Los más de 1.100 millones se pueden recuperar para las arcas españolas si el Gobierno cumple con estos hitos.

El Partido Popular alienta la sospecha de que existe una Caja B en el PSOE e insiste en la financiación irregular de los socialistas, después de que el último informe de la UCO de la Guardia Civil avisara de un descuadre en las cuentas del partido de miles de euros y pagos en metálicos a José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García durante cinco años.

Mientras, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para desarrollar y ampliar las medidas de la ley ELA, justo un año después de su publicación en el BOE. Ante las peticiones de los familiares y pacientes, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha intentado aumentar la financiación para su implementación con 500 millones de euros. Por otro lado, ni la oposición ni los socios ni los colectivos terminan de estar convencidos por la nueva propuesta de la ministra de Seguridad Social para las cuotas de autónomos. Elma Saiz anunció este lunes que congelará las cuotas más bajas e incrementará las de quienes más ganan en un 2,5%, después de las quejas de la ciudadanía, derecha e izquierda. Sin embargo, el paso adelante tampoco convence.

Giro de 180 grados del Ministerio de la Seguridad Social en su propuesta de cuotas de los autónomos, con los mismos –“o incluso peores”– resultados, apuntan fuentes de la negociación: sigue sin contentar a casi nadie. El departamento dirigido por Elma Saiz ha pasado en solo una semana de plantear un escenario de aumentos para todos los tramos, con cuotas de entre 217 y 796 euros en 2026 (y de 252 a 1.200 euros en 2028), a una propuesta que solo aborda 2026, que congela la cuota a quienes menos ganan, pero que apenas la sube para todo el resto. Tampoco a los trabajadores con mayores ingresos, algo que ha indignado a sindicatos y organizaciones progresistas de autónomos, sin ganarse el apoyo de la parte patronal.

La medida objeto de debate son las cuotas a la Seguridad Social de los próximos años, aquellas que luego dan derecho a prestaciones como la baja por enfermedad, el permiso de maternidad y la futura pensión. En 2022, se pactó que las cuotas se vayan aproximando a los ingresos reales de los trabajadores, como ocurre con los asalariados, una reivindicación histórica del colectivo ante sus escasas prestaciones. Los autónomos podían elegir por cuánto cotizar y la inmensa mayoría (85%) lo hacía por la mínima, lo que luego se traducía en menores prestaciones. La brecha en las pensiones todavía ronda el 40%, unos 650 euros menos al mes.

Bajo el mandato de José Luis Escrivá, el Gobierno alcanzó un acuerdo de reforma para que los autónomos cotizaran por fin por sus ganancias, con un periodo de transición de diez años, hasta 2032. Escrivá pactó las cuotas de los tres primeros años, de 2023 a 2025, y ahora la ministra Elma Saiz tenía la tarea de dar continuidad a esa senda.

Aunque el pasado lunes planteó incrementos para los siguientes tres años, 2026 a 2028, con la que recibió multitud de críticas, esta mañana la Seguridad Social ha rectificado con una nueva tabla de cuotas, que solo aborda 2026 y que recoge alzas muy limitadas: entre el 1% y el 2,5%. Por debajo incluso de la inflación, situada en el 3% en septiembre.

La primera propuesta recibió dos frentes de críticas. En líneas generales, varios partidos y colectivos progresistas mostraron sus reticencias a la subida de cuotas planteada para los autónomos con menos ganancias y pedían “más progresividad”, con mayores aumentos para quienes más ganan. En la derecha política y económica se calificó la medida de “sablazo”, con un rechazo generalizado al aumento de las cuotas, que en muchas ocasiones confundían en sus mensajes con una “subida de impuestos”.

La ministra Elma Saiz ha afirmado que la nueva propuesta “recoge todas las sensibilidades” que les llegaron tras su primer oferta. Su número dos, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, ha afirmado que el Ministerio ha optado por dar “un paso más prudente”: ceñirse solo a 2026, sin aumentar la cuota a quienes menos ganan y con alzas progresivas muy limitadas para el resto de tramos de ingresos.

Decepción y preocupación en colectivos progresistas

Este lunes, la única que ha recibido con mejores palabras la nueva propuesta de Saiz ha sido la vicepresidenta Yolanda Díaz, que cargó contra el primer planteamiento de la Seguridad Social por considerarlo “regresivo” y “penalizar” a los autónomos que menos ganan. Díaz ha considerado una “buena noticia” que la Seguridad Social cambie esta propuesta, aunque también ha reconocido que no conocía el detalle de este nuevo planteamiento.

Las voces progresistas que se sientan en la mesa de diálogo social con la Seguridad Social han reaccionado con “decepción” y la “perplejidad” ante la marcha atrás del Ministerio, según varias fuentes consultadas. UATAE, colectivo de autónomos vinculado a CCOO, ha calificado de “incomprensible y profundamente injusto” que la Seguridad Social mantenga su intención de congelar las cuotas de los tramos inferiores. Defienden “reducir la cuota al colectivo de menores ingresos, manteniéndola en los tramos medios y aumentando en los tramos de mayores ingresos”, ha afirmado María José Landaburu, secretaria general de UATAE.

Desde UPTA, el colectivo de autónomos vinculado a UGT, también han lamentado que se “ha perdido una oportunidad importante para mejorar las pensiones de futuro de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia”, ha afirmado su presidente, Eduardo Abad, que ha tildado de “patada hacia delante” la demora de la negociación de las cuotas para los próximos años.

En los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han visto con buenos ojos la congelación de las cuotas más bajas, pero también han sido muy críticos con el resto de las cuotas planteadas. “Hoy se ha dado un paso atrás en el acuerdo de 2022 del RETA”, ha afirmado la secretaria ejecutiva de UGT, Cristina Estévez. “Los tramos superiores que deberían cotizar porque están muy alejados de sus ingresos reales. Con un incremento que apenas cubre el IPC, estamos malversando el acuerdo de 2022”, ha añadido.

En los términos similares se ha expresado Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y protección Social de CCOO, que ha afirmado que una subida de entre el 1 y el 2,5% significa “que no avanzamos hacia la convergencia en la cotización por ingresos reales”. Bravo ha señalado que para las rentas más altas, ahora con una gran infracotización respecto a lo que ingresan, el aumento debería ser “del 18-20% anual”.

En la esfera política, Sumar se ha mostrado cauta hasta ver los detalles de la nueva propuesta, pero Podemos ya ha afirmado que no la apoyará y ha reclamado que las cuotas más bajas se reduzcan y que aumenten más las de quienes tienen mayores ingresos.

La patronal celebra parar “el sablazo”, pero no apoya

En el lado opuesto, la asociación de autónomos ATA, dentro de la patronal CEOE, ha celebrado como un triunfo propio haber frenado el “sablazo” a los autónomos, en palabras de su presidente Lorenzo Amor, contra el que estaba cargando en la última semana. ATA había pedido que las cuotas, incluso las de quienes ganan más de 6.000 euros al mes, subieran como mucho en línea con el IPC, un indicador que se ha quedado incluso por encima del planteamiento del Ministerio.

Pese a todo, y la alegría palpable por las nuevas cuotas, ATA y la patronal ni siquiera han apoyado la propuesta del Ministerio de este lunes. Lorenzo Amor ha afirmado que es “insuficiente” porque el Gobierno no ha cumplido con “la equiparación de la protección social” de autónomos y asalariados, ya que la mejora de prestaciones sociales anunciadas no incluye el subsidio de paro para mayores de 52 años. Amor considera que “tampoco se han corregido” algunas de sus demandas del actual sistema, como que los autónomos en pluriactividad no coticen por encima de la base máxima.

Desde el Congreso de los Diputados, formaciones conservadoras y ultra como Junts y Vox han reiterado también este lunes su rechazo al nuevo planteamiento de Saiz. Miriam Nogueras (Junts) ha afirmado que esta nueva propuesta “no es suficiente” para su grupo parlamentario, cuyos votos son cruciales para aprobar la propuesta en su paso por el Congreso.

El Ministerio de la Seguridad Social, que dirige Elma Saiz, ha corregido su primera propuesta de aumento de las cuotas de los autónomos según sus ingresos, que había planteado para los próximos tres años. De cara a 2026, planteaba cuotas de entre los 217 y 796 euros al mes. El Ministerio ha explicado a los agentes sociales una nueva propuesta, que ha podido conocer elDiario.es por fuentes de la negociación, ahora solo para 2026, y que mantiene congeladas las cuotas de los autónomos con menos ganancias y eleva las del resto, pero mucho menos de lo propuesto inicialmente. Los trabajadores que más ganan aumentarían su cuota un 2,5% (frente al 35% inicial), incluso por debajo de la inflación, que se situó en el 3% en septiembre.

Así, las nuevas cuotas propuestas van de los 200 euros a los 605 euros mensuales en 2026, estas últimas en el caso de los trabajadores que ganan más de 6.000 euros al mes, explican desde el diálogo social.

La nueva propuesta recoge la congelación de las cuotas de los autónomos que se sitúan en los tres primeros tramos de ingresos, con ganancias por debajo del salario mínimo interprofesional. En los consiguientes tramos, se propone una subida progresiva del 1%, 1,5%, 2% y 2,5%, como refleja la siguiente tabla.

Así, como mucho, los aumentos mensuales de cuota en 2026 serían de 15 euros en el tramo más alto. El nuevo escenario que ha trasladado la Seguridad Social a los agentes sociales es muy distinto al planteado hace una semana. Por un lado, mantienen sin cambios las cuotas de los autónomos que menos ganan, frente a los incrementos entre el 8,5% y 4% propuestos de inicio, contra los que se habían dirigido las críticas de formaciones de izquierdas como Sumar, incluida la propia vicepresidenta Yolanda Díaz, y ERC, por ejemplo, así como el colectivo progresista de autónomos UATAE (vinculado a CCOO). La medida tampoco gustó a la derecha, que la tildó de “subida de impuestos” generalizada al colectivo, aunque la cotización a la Seguridad Social no es ningún impuesto.

Las modificaciones no solo se dirigen a los autónomos que ganan menos, sino a todos. La propuesta de incrementos de cuotas para 2026 explicada este lunes recoge alzas mucho más pequeñas que en la tabla anterior para todos los tramos, también para los de rendimientos más altos, como muestra la siguiente tabla.

Si en el primer planteamiento de la Seguridad Social los aumentos iban del 4% al 35% para el resto de tramos con ganancias por encima del salario mínimo, ahora el departamento de Elma Saiz ha ido a la mesa de negociación con alzas de entre el 1% y el 2,5%. Destacan los incrementos del 2,5% para los autónomos con más ganancias, ya que queda por debajo incluso de la inflación (3%), la referencia que había pedido el colectivo de autónomos ATA, dentro de la patronal de empresarios.

La ministra Elma Saiz ha afirmado en un acto en Barcelona que el nuevo planteamiento “recoge todas las sensibilidades” de los distintos colectivos y ha apelado a la “responsabilidad de los representantes de los colectivos autónomos y también de los grupos políticos” para sacar adelante la medida, que debe pasar por el Parlamento.

Además, ahora el Ministerio plantea abordar solo las cuotas de 2026, en lugar de las de los próximos tres años (2026 a 2028), en línea con lo aprobado en el pistoletazo de salida del nuevo sistema de cotización por ingresos reales. La reforma aprobada en 2022 pactó las cuotas de tres ejercicios, 2023 a 2025, y recogió en la propia ley la meta final: la cotización por los ingresos reales de los trabajadores en 2032.

La intención era ir pactando poco a poco un aumento de las cuotas para que esta se aproximara progresivamente a los ingresos de los trabajadores al final del periodo, pero ahora el Ministerio se ciñe en su propuesta solo a 2026 y con un incremento reducido.

Desde UATAE indican que una “profunda preocupación y desacuerdo con el ministerio de Seguridad Social tras la reunión mantenida esta mañana”. El colectivo de autónomos califica de “incomprensible y profundamente injusto” que Seguridad Social mantenga su intención de congelar las cuotas de los tramos inferiores. Defienden “reducir la cuota al colectivo de menores ingresos, manteniéndola en los tramos medios y aumentando en los tramos de mayores ingresos”, apunta María José Landaburu, secretaria general de UATAE.

Desde UPTA, el colectivo de autónomos vinculado a UGT, también han expresado que se “ha perdido una oportunidad importante para mejorar las pensiones de futuro de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia”, ha afirmado su presidente, Eduardo Abad. En la organización progresista consideran que una subida de cotizaciones “muy pequeña, muy leve” de las cuotas más bajas permitiría mejorar la protección de los trabajadores con menos ganancias y aproximarse al espíritu de la reforma pactada en 2022, y consideran “muy bajo” el incremento del 2.5% para los trabajadores con mayores ingresos.

En la asociación conservadora ATA, su presidente Lorenzo Amor ha celebrado la marcha atrás del Ministerio en el aumento de las cuotas, pero tampoco apoya el nuevo planteamiento porque demandan “la equiparación de la protección social”, por ejemplo, con el derecho al subsidio para desempleados mayores de 52 años. Amor ha afirmado que quienes indican que “hay que cotizar más para tener más protección social se equivocan”, ya que ha sostenido que “la protección social es un derecho”.

Sin embargo, la protección social de la Seguridad Social es contributiva. Es decir, se reconocen bajas por enfermedad, permisos de maternidad o pensiones de jubilación, por ejemplo, en función de lo que los trabajadores cotizan al sistema. El sistema es también solidario: hay algunas prestaciones mínimas asistenciales, como pensiones, a las que ya tienen derecho los autónomos.

Mejora de varias prestaciones

El departamento dirigido por Elma Saiz ha acudido este lunes a la mesa negociadora además insistiendo en la “mejora de la acción protectora” del sistema. Es decir, de varias de las prestaciones a las que da derecho la cotización a la Seguridad Social.

Por un lado, como ya había anunciado, el Ministerio se compromete a una nueva reforma de la prestación por cese de actividad (el llamado 'paro de los autónomos), que actualmente recibe muchas quejas por las dificultades para acceder a él, con un 60% de las solicitudes rechazadas por parte de las mutuas.

El departamento de Saiz pretende que la prestación llegue a más gente y “de forma homogénea”, es decir, evitando diferencias de criterio entra las mutuas, así como “reducir los plazos de resolución”, según fuentes de la negociación.

Respecto al permiso por nacimiento y cuidado del menor –todavía denominados de paternidad y maternidad por muchos ciudadanos–, la Seguridad Social plantea calcularla según “los tres últimos meses” de cotización (en lugar de los seis actuales), lo que el departamento de Elma Saiz indica que “permitirá ajustar mejor la cuantía de la prestación” y evitar problemas en el proceso de regularización. El Ministerio también se ha abierto a estudiar fórmulas para la protección de la lactancia.

Además, el equipo de Saiz se ha comprometido a mejorar la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (la llamada CUME). El Ministerio se ofrece a permitir la adaptación de la base reguladora de la prestación “en función de la duración de la enfermedad” del pequeño.

En UPTA, Eduardo Abad sí ha celebrado la mejora propuesta en varias prestaciones. “Estamos satisfechos porque cumple el requisito que nos habíamos puesto”.

El Ministerio de Seguridad Social ha trasladado este lunes su propuesta de reforma de la cotización de los autónomos a las mesas de diálogo social y autónomos, donde han participado las organizaciones sindicales, patronales y representantes de los trabajadores por cuenta propia. Durante el encuentro, desde el departamento que dirige Elma Saiz se han planteado las cotizaciones por tramos para el periodo 2026-2028, “con el objetivo de igualar progresivamente” las cotizaciones de este último colectivo con los asalariados con ingresos similares “para garantizar un trato justo”, señalan fuentes ministeriales.

La propuesta del Gobierno pasa por un nuevo esquema por tramos, en el que cada nivel deba hacer frente a una cuota mensual diferente, en función de sus ingresos. Según este plan, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) marcará la base mínima de cotización para 2031, cuando finalice la transición al nuevo sistema. “La propuesta asegura que nadie cotice por debajo de lo que realmente gana para evitar que después tenga prestaciones muy inferiores a las que recibe un trabajador por cuenta ajena”, indican fuentes de la Seguridad Social.

Según los cálculos del ministerio, casi 1,4 millones de autónomos, el 40%, se encontrarían en los tres tramos más bajos de la tabla de cotización, por debajo de los 1.166 euros al mes. Su cuota para 2016 estaría entre los 217 y los 271 euros, una cantidad “más baja que la mínima en 2022, que era de 294 euros”, explican.

Al otro lado de la tabla, el 15% de los autónomos, unas 570.000 personas, estarían en los tramos de cotización por encima de los 3.620 euros. “En estos tramos la subida de cuotas es más notable, teniendo en cuenta la cuantía de su base de cotización”, indican estas fuentes, que cifran la cuota a pagar entre los 592 y los 796 euros. Este incremento tiene un impacto en las prestaciones por cese de actividad o por nacimiento de cuidado de menores. En 2022, con una cotización mínima de 960 euros, las prestaciones eran de 672 y 960 euros, respectivamente, frente a los 1.355 y los 1.937 que plantea este modelo.

Para 2027, la cuota mensual en el primer tramo de la tabla reducida, por debajo de los 670 euros, subiría a 234,73 euros y en 2028 escalaría a 252,10 euros. Para los autónomos en base mínima con rendimientos netos de entre 670 y 900 euros al mes, la cuota mensual subiría desde los 220 euros actuales a 234,85 euros en 2026; a 249,70 euros en 2027 y a 264,56 euros en 2028. La propuesta para rendimientos netos superiores a los 900 euros y hasta los 1.166,70 euros pasaría por elevar la cuota actual de 260 euros a 271,24 en 2026; a 282,47 euros en 2027 y a 293,71 euros en 2028.

En la tabla general, que parte de rendimientos netos de más de 1.166,7 euros mensuales y consta de 12 tramos, las cuotas si se cotiza por base mínima irían desde los 302 euros al mes en el primer tramo (rendimientos netos de entre 1.166,7 y 1.300 euros mensuales) hasta los 796,24 euros del decimosegundo tramo (ingresos superiores a los 6.000 euros), en contraste con los 291 y los 590 euros, respectivamente, que pagan ahora los autónomos.

Para 2027, las cuotas en estos 12 tramos de la tabla general si se cotiza por la base mínima oscilarían entre los 313 y los 1.002,49 euros, mientras que para 2028 irían desde los 324,01 a 1.208,73 euros al mes, de acuerdo con la propuesta entregada hoy por el Ministerio a organizaciones de autónomos y sindicatos.

El Departamento que dirige Elma Saiz plantea que las bases mínimas y cuotas asociadas sigan la misma evolución lineal entre 2028 y 2031.

La propuesta ha sido recibida de forma desigual entre los representantes de los autónomos. Mientras el presidente de ATA, Lorenzo Amor, lo ha definido como un “nuevo sablazo”, el de UPTA, Eduardo Abad, ha indicado que la nueva tabla de tramos se parece bastante a la acordada en 2022 entre sindicatos, patronal y Gobierno, aunque ha señalado que harían “observaciones”.