Otra bomba en el corazón del PSOE. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, falsedad y tráfico de influencias ha devuelto a los socialistas y al Ejecutivo de Pedro Sánchez a la zozobra de los peores días. Las caras de este martes en Moncloa tras el Consejo de Ministros hablaban por sí solas para evidenciar que el golpe al expresidente supone, en realidad, un mazazo durísimo para todo el partido, para el Gobierno, para Pedro Sánchez e, incluso, para el conjunto de la izquierda.

Durante gran parte de este martes, de hecho, en el Ejecutivo se contuvo la respiración. Las primeras noticias que llegaban de la Audiencia Nacional desataban un terremoto de primera magnitud, porque el juez definía a Zapatero como “líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. Una terminología que hacía temer lo peor antes de conocer el contenido del auto y que retrotraía incluso a las sensaciones vividas cuando estalló el escándalo de Santos Cerdán.

Sin embargo, el paso de las horas contribuyó a calmar las aguas. Según fuentes de Moncloa, el presidente y su equipo dedicaron la tarde del martes a analizar en profundidad el auto del juez Calama. Y la conclusión, según esas mismas fuentes, en que no hay argumentos suficientes en ese escrito del juez para concluir que Zapatero delinquió. “Es un auto serio. Lo hemos analizado con detalle y estamos muy tranquilos después de leerlo”, aseguran en el Gobierno, donde sostienen que ese auto no aporta pruebas de que Zapatero incurriera en un delito de tráfico de influencias ni tampoco de que tenga vinculación societaria con el entramado empresarial a la que se investiga por blanqueo de capitales.

Por eso, adelantan esas mismas fuentes, el presidente del Gobierno reivindicará este miércoles la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, cerrará filas con él y reclamará a la oposición respetar el principio básico de la presunción de inocencia. “Lo que quede por aclarar, estamos convencidos de que el expresidente lo aclarará. Todo lo que se expone en el auto lo vemos legal al cien por cien”.

Aun así, el mazazo político es aún de consecuencias imprevisibles. Porque Zapatero es, en primer término, el legado socialista que con más orgullo se enarbola en el partido. Idolatrado por las bases, estrella de las campañas electorales y con mucho tirón también entre los votantes progresistas en general, de su paso por Moncloa reivindica el PSOE la aprobación del matrimonio igualitario o el final de la banda terrorista ETA. Hitos históricos que lo convierten en una figura fundamental en los casi 140 años de vida del Partido Socialista. Y hoy es, además, una de las personas de mayor confianza personal y política para Pedro Sánchez, al que ha defendido contra y viento y marea hasta convertirse en uno de sus mayores activos.

El paso de las horas este martes, desde que se conocieron la imputación y los registros hasta que fueron públicos los detalles del auto, hizo variar el ánimo y la reacción en el partido y en la Moncloa. A primera hora, Ferraz emitió un comunicado airado con insinuaciones directas de 'lawfare'. Una respuesta que modulaba hasta los protocolarios “respeto a la justicia” y a la “presunción de inocencia” que se limitó a emitir la ministra portavoz en rueda de prensa a mediodía.

Esa comparecencia posterior al Consejo de Ministros coincidió con la publicación de los primeros indicios apuntados por el juez. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama describe al expresidente como “líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. Una información que dejaba en 'shock' al Ejecutivo, que apenas atinaba en público a insistir en el legado político de la figura de Zapatero y a pedir un poco de tiempo para conocer más detalles de la investigación.

“Le tengo tanto afecto personal a Zapatero como inquina le tiene la derecha, a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Desde aquí traslado mi orgullo por su legado, porque sus dos legislaturas supusieron la mayor transformación social del país por los avances en derechos. Y bajo su presidencia derrotó a ETA. Ese es José Luis Rodríguez Zapatero”, reivindicó Elma Saiz.

Un rato antes, en el chat de 'WhatsApp' de la Ejecutiva Federal, había sido el propio Pedro Sánchez el que pedía expresamente a su partido que respaldara sin fisuras al expresidente, una de las pocas personas de total confianza que le quedan y también uno de sus más firmes defensores. “Hoy más que nunca, debemos reafirmarnos en nuestra tarea de seguir luchando por hacer avanzar a nuestro país y defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista”, trasladó Sánchez en ese chat en un mensaje que adelantó la Cadena Ser y confirmó este periódico.

En ese mismo chat, la secretaria de organización, Rebeca Torró, apostilló al secretario general. “PIE EN PARED, compañeras y compañeros. No soportan ni perdonan que hayamos dotado de derechos este país y hoy sigamos haciéndolo. No atacan a nuestros presidentes y sus familias, sino al proyecto que representan, al PSOE. Nos atacan a todos. Pero no lo vamos a permitir. Ahora más que nunca: cabeza alta y orgullo por lo conquistado y por todo lo que nos queda por lograr. Se lo debemos a la gente de este país”.

En público, y cuestionada expresamente por ello, la portavoz del Ejecutivo no quiso refrendar la acusación de Ferraz de que todo se debe a una campaña orquestada. “Desde esta mesa, máximo respeto a la justicia. Creo que la justicia hará justicia. Y, por nuestra parte, máxima colaboración”.

Esa sensación, la de la campaña orquestada, seguía aún extendida a última hora del martes entre muchos dirigentes del PSOE, que se preguntaban las razones de que Zapatero sea el primer presidente del Gobierno de la historia democrática de España en ser imputado con los precedentes, políticos y en algunos casos privados, de Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy. “La respuesta está clara: porque levantó las elecciones generales de 2023 y tienen miedo de que vuelva a levantarla”, traslada uno de esos dirigentes, que admite que la caída de una figura como la del expresidente supondría algo parecido a un tiro de gracia para el partido.

El PP descarta una moción de censura

A pesar de la imputación de Zapatero, uno de los principales bastiones políticos del Gobierno, el PP no tiene intención de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez: “Nos faltan cuatro votos”, repitió este martes la portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, quien recurrió al argumento que el PP utiliza desde hace muchos meses para justificar su negativa a lanzar la única iniciativa que, hoy por hoy, podría terminar con el mandato de Pedro Sánchez.

Muñoz criticó al líder de Vox, Santiago Abascal, por exigir “a sabiendas” al PP que presente una moción de censura “que saben que está condenado al fracaso”. “Lo tiene que explicar”, añadió. La portavoz también arremetió contra los socios de Sánchez, a los que pidió que den el paso de abandonar públicamente al líder socialista, algo que no ha ocurrido, al menos este martes.

El PP se limitó así a exigir elecciones, algo que los de Alberto Núñez Feijóo han pedido de forma insistente desde el arranque mismo de la legislatura y por diferentes motivos, desde la aprobación de la amnistía a los casos judiciales investigados que salpican a Sánchez y por otros asuntos que luego han quedado diluidos o directamente en nada. “Solo le queda una salida digna. No seguir manchando ni un minuto más el buen nombre de la política, de la Justicia y de España”, dejó escrito en Twitter el líder del PP, sin dar más detalles.

En la dirección del PP sostienen que, al menos hasta este martes, no se habían establecido contactos con los aliados “nacionalistas” de Sánchez, en referencia a Junts y PNV. Como llevan diciendo desde 2024, “queda todavía mucho por saberse” y “hay tiempo” por delante para encontrar el momento adecuado para lanzar esa hipotética moción de censura que replique a la que Sánchez ganó el 1 de junio de 2018.

Cierre de filas de los socios

Tanto Sumar como los socios parlamentarios del Gobierno evitaron cargar frontalmente contra Zapatero, y los aliados progresistas incluso cerraron filas con el Ejecutivo y deslizaron abiertamente la posibilidad de que el expresidente esté siendo víctima de 'lawfare'. Ese fue el caso de Sumar, que por boca de su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez, expresó las “sospechas” que le genera la investigación y aseguró que “a nadie que siga las noticias de la prensa y las imputaciones de dirigentes de la izquierda le puede sorprender que algunos tengamos dudas sobre el origen de estas acusaciones”.

“Tengo un mensaje para según qué jueces: el PP ya está ganando las elecciones autonómicas de forma continuada, no hace falta que hagan política”, ironizó por su parte su homólogo de ERC, Gabriel Rufián. Y el líder de los republicanos catalanes, Oriol Junqueras, “la experiencia nos ha enseñado que, en algunas ocasiones, algunas de estas acusaciones se han demostrado absolutamente falsas”, y recordó que él mismo, al igual que otros dirigentes independentistas, fue objeto de este tipo de acusaciones durante el procés. “Siempre contra la corrupción”, pero “no le sorprenderá a nadie” que ERC sea escéptica, afirmó Junqueras.

En la misma línea que Martínez y Rufián se expresó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que aseguró que “la derecha tiene muchas ganas” a Zapatero y planteó que “no deja de ser sorprendente que, teniendo a expresidentes como Mariano Rajoy, que montó la policía política; a José María Aznar, que es un criminal de guerra; a Felipe González, que montó los GAL; o a Adolfo Suárez, que ha resultado ser un agresor sexual, el primer presidente imputado sea el expresidente Zapatero”. Y la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, señaló que “no sería extraño” que el exmandatario socialista pudiera ser víctima de lawfare.

Más tibios se mostraron Junts y el PNV, que aunque no se sumaron al PP y Vox en su crítica a Zapatero, tampoco plantearon la posibilidad de que esté siendo objeto de un proceso judicial injusto en su contra. La portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Maribel Vaquero, se limitó a comunicar que su grupo va a estar “a la espera” de cómo se desarrollen las investigaciones, y aunque calificó de “graves” las acusaciones contra el expresidente, también recordó que “hay mucho ruido” en torno a su persona. Por su parte, los independentistas catalanes afirmaron por boca de su portavoz en el Parlament de Catalunya, Salvador Vergés, pidió “que se aclaren los hechos y que se respete la presunción de inocencia”, y afirmó que Junts ha “sufrido la no presunción de inocencia en estos últimos años”.

Principio de acuerdo entre el Ministerio de la Seguridad Social y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, para desbloquear la jubilación parcial de los empleados públicos laborales, que quedó imposibilitada tras la última reforma de pensiones. El Ministerio que dirige Elma Saiz está ultimando un decreto ley con la medida, pero quiere incorporar más elementos en la norma, como el acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas, pero que aún no están del todo cerrados y algunos sobre los que aún no hay consenso, explican fuentes sindicales.

Junto a acabar con el recorte “de golpe” en la jubilación anticipada de las pensiones máximas, resuelto hace unas semanas, los sindicatos mayoritarios exigieron al departamento de Saiz desbloquear por fin la jubilación parcial de los empleados públicos laborales para seguir negociando cualquier otra cuestión con la Seguridad Social.

Hace dos años, la jubilación parcial de los laborales de la Administración Pública se vio bloqueado por los requisitos que la nueva normativa ponía para mejorar las condiciones laborales en la incorporación de los relevistas. Esta obliga a que los relevistas se incorporen con contratos indefinidos y a tiempo completo. Algo posible en el sector privado, pero imposible en la Administración sin una convocatoria de empleo público que ofrezca las garantías de igualdad, mérito y capacidad.

Se permitirá que los relevistas sean interinos

Este lunes, y tras muchos meses de conversaciones para tratar de alcanzar una solución, CCOO y UGT han anunciado que la medida está a punto de cerrarse, posibilitando que el puesto de relevista se cubra con trabajadores temporales interinos vinculados a una próxima convocatoria de empleo público, una opción que reclamaban los sindicatos desde el inicio.

“Se ha alcanzado un principio de acuerdo entre las organizaciones sindicales CCOO y UGT y los Ministerios de Seguridad Social y Función Pública para garantizar el acceso a la jubilación parcial del personal laboral garantizando que el personal que se incorpora como relevista tenga una relación laboral fija a jornada completa, bien procedente de un proceso selectivo ya superado, bien a través de su vinculación como interino hasta la cobertura definitiva de la plaza que ocupa mediante la correspondiente oferta pública de empleo”, explica Comisiones Obreras en un comunicado.

CCOO ha reclamado que la medida sea aprobada “sin demora” en un real decreto ley, en el que considera que también debería quedar solventada la misma situación para los trabajadores funcionarios y estatutarios de la Administración Pública. El sindicato plantea una reforma “ya” del artículo “67 del Estatuto Básico del Empleado Público”, de manera que no se espere a la reforma integral del TREBEP que está tramitándose enel Parlamento.

Viudedad de parejas de hecho sin registrar y otras medidas

Los sindicatos explican que el Ministerio de la Seguridad Social está preparando un real decreto ley con la jubilación parcial de los laborales públicos, pero en el que quiere incluir más medidas pendientes en materia de pensiones y algunas otras referentes a la incapacidad temporal (las bajas laborales por enfermedad).

Entre las primeras destaca el acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas formalmente que tengan hijos en común o que acrediten una larga convivencia. Aunque los detalles de la medida están por cerrar, en los sindicatos consideran que se podría culminar en breve y que se incluyera la medida en el real decreto ley.

Sin embargo, hay otras cuestiones menos avanzadas e, incluso, aún controvertidas que también se está debatiendo si formarán parte de la norma, lo que podría retrasarla un poco todavía. Principalmente, propuestas sobre incapacidad temporal, que el Ministerio de la Seguridad Social querría incluir para tratar abordar el gran aumento de las bajas laborales por enfermedad.

Desde los sindicatos explican que hay algunas medidas que sí podrían salir adelante, relativas a la agilización de procedimientos, como “la reordenación de los recursos humanos y técnicos de la Inspección Médica del INSS para conformar un Equipo de Valoración de Incapacidad (EVI) centralizado”, pero hay otras que creen que requieren más debate y que deberían abordarse con más calma para otra futura ley.

En UGT han insistido por su parte en que se modifique también de manera urgente el reglamento que da acceso a la jubilación anticipada por penosidad en el sector aéreo y que excluye ahora a las azafatas (tripulantes de cabina). Una “situación absurda” y “discriminatoria” que afecta al colectivo, muy feminizado, frente a otros más masculinizados, como el de los pilotos, ha denunciado el sindicato.

La regularización llevaba solo media hora en marcha cuando las primeras cien solicitudes fueron registradas. Un día después, se superaban las 13.000 peticiones telemáticas presentadas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, llega a la redacción de elDiario.es con un punto de euforia contenida ante la “normalidad” que, defiende, ha caracterizado a la entrada en vigor de una medida que la derecha mira con lupa y ya intenta frenar en los tribunales.

“Cuando el Gobierno escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado”, dice la también portavoz del Ejecutivo para referirse a un proceso de negociación particular: tras el pacto con Podemos, el movimiento impulsor de la iniciativa, Regularización YA, ha sido otro de los actores clave en el resultado final de un real decreto que ha mantenido la esencia de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 personas, aunque ha acabado excluyendo algunas de sus demandas.

Elma Saiz hace balance en caliente de ese arranque y habla de los obstáculos a los que podrá enfrentarse la medida. La regularización, presentada como un hito por el Gobierno, nace también rodeada de resistencias: ayuntamientos que amenazan con no colaborar, críticas de la oposición y dudas sobre cómo aterrizará en la práctica un procedimiento que depende, en parte, de informes sociales y del acompañamiento de organizaciones sobre el terreno.

Acaba de entrar en vigor la regularización. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es su balance?

Está yendo con total normalidad. Como estaba previsto, dando respuesta a la vía telemática y también a la solicitud de cita con total normalidad. A modo de anécdota, en la primera media hora de este proceso, que ha empezado a la medianoche, ya había 100 solicitudes telemáticas presentadas. Llevamos muchas semanas preparando este procedimiento con muchísimo cariño, sabiendo que tenía que estar a la altura de este hito para nuestro país.

Uno de los requisitos de última hora que está generando angustia a parte de los solicitantes es el informe de vulnerabilidad, exigido a los migrantes sin papeles [que no puedan probar vinculación laboral ni hijos menores], que deben ser por servicios sociales y ONG. Algunos ayuntamientos critican que no han recibido instrucciones por parte del Ministerio y mucha gente no logra conseguirlo. ¿Se ha coordinado este punto con todos los actores?

En este plan operativo se ha caminado de la mano del papel que tienen las entidades colaboradoras con el Ministerio, no solamente las entidades que ya vienen desde atrás colaborando, sino más allá, a través del nuevo registro de entidades colaboradoras de Extranjería, donde ya están más de 200 entidades que han dado un paso hacia adelante. Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. El informe de vulnerabilidad va a ser un informe tipo, al que se puede acceder a través de la web del Ministerio, sencillo de rellenar y fácil, comprensible, accesible. A partir de ahí las diferentes entidades que tienen presencia en todo el país van a poder revisarlo y validarlo. 

Hemos sido muy conscientes de que no podíamos permitir que ningún trámite burocrático obstaculizara este importantísimo proceso que va a dar respuesta a muchísima gente. Vamos a mantener reuniones constantes con las entidades sociales para monitorizar cómo ir solventando cualquier dificultad que pueda aparecer en el camino.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado que no va a colaborar en ningún trámite y otros ayuntamientos se han posicionado en ese sentido. ¿Temen que muchos ayuntamientos del PP puedan obstaculizar la emisión de esos informes sociales y que no sea suficiente con las ONG? ¿Hay un ‘plan B’ en este caso?

El boicot que pretenden hacer desde el Partido Popular es un boicot que no se lo hacen al Gobierno, se lo están haciendo a miles de ciudadanos que tienen sus esperanzas, su dignidad, sus proyectos de vida detrás de este procedimiento. Esta medida es tan potente que va a salir bien a pesar del Partido Popular. 

Estamos hablando de un hito. No voy a permitir el boicot del PP ni de quien quiera poner piedras en el camino de esta regularización. Cuando, además, es absolutamente incoherente. Quiero recordar que el Partido Popular hace dos años dio luz verde a esta ILP de la que cogemos el testigo. Ese giro en política migratoria, por ser preso de Vox en sus políticas nacionales e internacionales, no va a conseguir torpedear un procedimiento que nos hace mejor país y que da respuesta a miles de ciudadanos.

El Gobierno no solo ha mantenido en el cajón durante gran parte de la legislatura esta iniciativa legislativa popular, sino que llegó a calificar como inviable una regularización masiva. Han defendido ustedes en el pasado que las regularizaciones se estudiaran caso a caso. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora sí es viable?

La política migratoria del Gobierno de España es absolutamente coherente. Esta iniciativa se votó en el Congreso hace dos años con 310 votos a favor, solo votó en contra Vox. Pero el Partido Popular, con un giro de 180 grados en su política migratoria precisamente por ser preso de Vox la tenía paralizada. Por eso no teníamos el consenso suficiente para sacarla adelante. Este es un paso más de una política migratoria que es mucho más completa. Llevamos a cabo un procedimiento de regularización en Valencia tras la dana. Y todos los días damos respuesta y se regularizan a personas en nuestro país por las vías de arraigo, que ampliamos hace año y medio. El PP ha votado en el Congreso para eliminar la figura del arraigo. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar

El PP parece haber cambiado de opinión, pero es verdad que también hay una evolución sobre este tema en el discurso del Gobierno. Sus adversarios políticos dicen que esa evolución es oportunismo político.

Insisto, todos los días llevamos a cabo procesos de regularización caso a caso. Es muy importante que el texto haya visto la luz porque estamos viendo ese discurso racista y xenófobo que intenta abrirse camino. Y sabemos lo que quieren hacer porque cada vez que han tenido oportunidad han intentado implementar un discurso racista vinculando inmigración con delincuencia o poniendo piedras en el camino, negando servicios o documentos a personas que están queriendo regularizarse. Por eso hemos trabajado con rigor y por eso es tan importante ese aval recibido por parte del Consejo de Estado con un texto garantista, serio, riguroso.

Esta regularización fue negociada con Podemos en el marco también de un diálogo a tres bandas con Junts para la cesión de competencias migratorias. ¿Este proceso vuelve a abrir la puerta a esa negociación pendiente con Junts?

Yo querría separar las cuestiones. El Gobierno cumple sus acuerdos, que se trabajan muchísimo porque no son sencillos, son materias delicadas. Pero este texto coge el testigo de esa ILP que tiene una triple legitimidad: la de 900 entidades sociales y 700.000 firmas, la legitimidad política de 310 votos a favor y una legitimidad económica, porque la apoyan los empresarios. Lo hablamos con un grupo político como Podemos, que tiene un contacto especialmente intenso con determinados colectivos, y se alcanzó este acuerdo que hoy es una realidad y que nos hace ser un país mejor.

La derecha ha dicho que lo hacen para ganar votantes en el futuro, Feijóo ha calificado el texto de “inhumano” y ha llegado a decir también que ustedes van a darle papeles a hombres que han abusado de mujeres. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar, que llevó a cabo bajo su presidencia un proceso de regularización. Debería conocer un poquito mejor la normativa que rige en nuestro país y dejar de alimentar un marco que no voy a alimentar ni por un segundo. Este proceso de regularización es para personas en situación irregular, no para delincuentes. Carecer de antecedentes penales es un requisito imprescindible. Ya está bien por parte del señor Feijóo de intentar comprar un discurso claramente xenófobo y racista. Así que no voy a entrar ni por un segundo en ese marco. Pediría al señor Feijóo que fuera un poco más responsable en sus declaraciones. 

No solo hay una ofensiva política, también judicial contra esta medida. El Supremo ha inadmitido las medidas cautelarísimas que pedía una asociación ultra. ¿Le inquieta desde un punto de vista meramente técnico, legal o jurídico lo que pueda suceder con la regularización en los juzgados?

Este es un texto sólido, riguroso, que ha pasado todos los trámites preceptivos con el aval del Consejo de Estado. Afrontamos con total tranquilidad este procedimiento.

Han quedado fuera de la regularización los solicitantes de apatridia, que en España la mayoría son saharauis. ¿Por qué se ha tomado esta decisión?

Este procedimiento es para personas en situación irregular y también para solicitantes de protección internacional, y es diferente. España es uno de los pocos países que, fruto de ese compromiso con el pueblo saharaui y de los acuerdos internacionales, tiene un estatuto específico desde el año 2001 para proteger la situación de los apátridas. Y de hecho, todos los años miles de personas que lo solicitan, muchas de ellas saharauis, tienen esa protección por ese estatuto. Es importante diferenciar ambas situaciones, como por ejemplo también en lo que se refiere a los ucranianos, que tienen una protección temporal internacional y que tampoco entran en este procedimiento porque no están en situación irregular. 

En el caso de los solicitantes, aún no son apátridas y no tienen esa protección que usted menciona. Su resolución suele tardar unos dos años. Por tanto, esa justificación no encaja con la protección real que tienen en el día a día los solicitantes de apatridia, que son quienes necesitan pedir la regularización. Si no se corrige la norma, ¿se plantea solucionar esa situación?

Lo que puedo asegurar es que con este procedimiento se van a liberar recursos, con el compromiso de que haya una mayor celeridad, acortando plazos y siendo mucho más exigentes a la hora de poder tramitar y resolver expedientes. Es importante precisamente que esto se lleve a cabo para acortar esos plazos de los que me habla.

Durante este Gobierno ha habido varias decisiones que han afectado al pueblo saharaui, como el cambio de posición con respecto al Sáhara Occidental. Algunos saharauis y activistas dicen que puede deberse a una presión de Marruecos. ¿Tiene algo que ver?

De ninguna manera. Era una de las recomendaciones esenciales del Consejo de Estado y era muy importante que este texto estuviera muy armado jurídicamente.

Hay otro colectivo sobre el que han mostrado preocupación las ONG: los migrantes con arraigo que están en estos momentos encerrados en los CIE. En elDiario.es hemos publicado varios casos de personas que tenían un arraigo documentado y que iban a ser igualmente expulsados. ¿Abrirán algún tipo de vía para que estas personas puedan pedirla con garantías para no ser discriminados?

Son personas que, si cumplen los requisitos, claro que van a poder pedir esta regularización. Estar en un CIE no es una decisión unilateral del Gobierno, sino que es una cuestión que viene de un procedimiento judicial. Pero efectivamente podrán pedir y acogerse a este proceso de regularización quienes cumplan los requisitos. 

¿Cómo? Porque estando en el CIE es muy difícil acceder a toda esa documentación que se pide…

Hay muchísimas entidades acreditadas que van a poder dar respuesta. Y al margen de eso tenemos una vía telemática, una vía presencial y se establecerá la posibilidad de que, quien cumpla los requisitos, pueda acceder. De hecho, ha puesto usted un ejemplo [el de Oussama, que finalmente fue liberado a horas de su repatriación] que demuestra la colaboración interministerial. Somos un Gobierno. Esto es una regularización extraordinaria, un proceso de un Gobierno. Así que estaremos a la altura para dar respuesta a todos los que cumplan los requisitos.

La oposición critica también la regularización apelando a la economía. ¿Qué les dicen sus datos sobre cómo va a afectar el proceso de regularización al mercado laboral y también a nivel social?

En primer lugar, tras la última regularización con el presidente Zapatero se multiplicaron por cuatro las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Anualmente. En los últimos días, antes de la regularización, ya hemos batido récords en afiliación extranjera con 3,2 millones de afiliados extranjeros. Con su aporte, estamos consiguiendo las cifras de paro más bajas de los últimos 18 años y reducir la temporalidad. Todos los datos son positivos. El 42% del empleo creado desde la reforma laboral procede de trabajadores extranjeros con cada vez más presencia en sectores altamente cualificados. Esta es la España por la que estamos trabajando muchísima gente.

¿Qué España quiere el Partido Popular? Estas personas ya están aquí, ya llevan a sus hijos al colegio, ya caminan por nuestras calles, ya viven en nuestros barrios. El Partido Popular, que los quiere silenciados, escondidos, con miedo, sin derechos. Pues no.

¿Cómo lleva lo de ser portavoz y tener que meterse no solo en sus propios charcos, sino en los charcos de todo el Gobierno?

Me parece un honor contar la acción de un Gobierno, rendir cuentas, contestar a sus preguntas aunque muchas veces no sean fáciles. Le dedico mucho trabajo para estar a la altura. 

Con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto del juez Peinado que son inauditos y que van más allá de lo jurídico

Vamos a aprovechar ese honor para preguntarle por esos otros charcos. Óscar Puente ha hablado de la posibilidad de que haya instrucciones judiciales enfocadas a violentar a representantes elegidos democráticamente y no a hacer justicia. Lo decía en el contexto de la instrucción del juez Peinado sobre la pareja del presidente. ¿Usted cree que hay lawfare contra el Gobierno?

Yo creo en la inocencia de Begoña Gómez, en su trayectoria impecable, profesional y personal. Tengo formación jurídica, soy licenciada en Derecho y he ejercido la abogacía. Y con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto que son inauditos y que van más allá de lo jurídico. 

¿Pero que un auto vaya más que lo jurídico, que es a lo que a lo que se debería ceñir un auto, no es otra cosa que prevaricar, no?

Mire, yo le digo que no solamente le hablo como ministra portavoz, sino desde mi formación jurídica: no son pocos los profesionales de mi mundo jurídico, también de su mundo periodístico, que coinciden en afirmar esto que le digo y que hay pasajes que son inauditos y que van mucho más allá de lo jurídico. Yo creo en la Justicia, en que la Justicia tiene que hacer su trabajo y en que lo hará.

No quiere decir entonces que el juez Peinado prevarique. 

Creo que he sido bastante clara con mis afirmaciones.

Apuesto a que, desde que usted es ministra portavoz, la pregunta que más le han hecho los medios es si va a haber Presupuestos.

Pues creo que gana usted la apuesta.

¿Y cuánto tiempo más lo vamos a tener que seguir preguntando?

Estamos dando respuesta a lo que necesita la gente con unos presupuestos prorrogados. No es lo mismo tener un presupuesto prorrogado de un Gobierno que recorta que un presupuesto prorrogado que está permitiendo, por ejemplo, desplegar un paquete de cinco mil millones de euros para proteger a la ciudadanía frente a la guerra de Irán. Dicho esto, vamos a presentarlos. 

¿No le parece una anomalía política que vayamos hacia el cuarto ejercicio sin ni siquiera presentar unas cuentas?

Lo que me parece una anomalía es que haya comunidades autónomas que, por esperar un acuerdo entre el PP y Vox, estén paralizadas y no estén poniendo en marcha medidas que acompañen este importante paquete que ha desplegado el Gobierno de España. Eso sí que es una anomalía, porque eso es hacer daño a la gente. Tener un presupuesto prorrogado no está siendo un problema para seguir teniendo una política social coherente, de acompañamiento y respuesta a la situación mundial que estamos viviendo tan complicada.

16 mujeres han sido asesinadas por parejas o exparejas en lo que va de año. El caso de esta semana en Córdoba es bastante paradigmático de hasta qué punto hemos normalizado un fallo sistémico. La víctima hizo todo lo que se le 'pide': denunció y se dispuso a acudir a un juicio por malos tratos, pero fue asesinada en la víspera. ¿Qué está haciendo mal el Gobierno para que esto ocurra y además parezca que no pasa absolutamente nada?

No, no, sí que pasa. En este contexto todavía es más inexplicable que podamos estar viendo cómo el Partido Popular y Vox ahí donde gobiernan alcanzan acuerdos negacionistas de la violencia de género. Vox es un partido que no acude a los homenajes, a los minutos de silencio.

Intento extrapolar esta situación a cualquier otra consideración de asesinados o asesinadas y seguramente se paralizaría el país. Cuando una víctima hace todo lo que le estamos diciendo que tiene que hacer para proteger su vida y en el proceso la matan es que aquí están fallando la policía, los jueces, las administraciones públicas, el Gobierno central. Por eso le decía que la sensación es de fallo sistémico y no se paraliza nada. ¿No tiene la sensación de que minusvaloramos este asunto?

Lo que le puedo decir es que no podemos bajar los brazos, no podemos ser tibios, no podemos seguir como si nada pasara. Tenemos que ser mucho más contundentes, con pedagogía desde la educación de los más pequeños. No vamos a dejar de trabajar ni un minuto para acabar con esta lacra.

¿Cómo asiste al juicio contra su excompañero José Luis Ábalos, al que le piden 25 años de cárcel?

Lo veo con repulsa, con asco. Porque cuando hay mucha gente que se está dejando la piel por construir un país mejor y por demostrar que las políticas públicas sirven, funcionan y mejoran la vida de la gente, ver determinados comportamientos hace daño, porque hacen que la gente se aleje de la política, que nos metan a todos en el mismo saco y que haya un descrédito. Pero también siento orgullo de la contundencia con la que se responde en el PSOE ante cualquier atisbo de corrupción. Eso no es un eslogan, sino que es una realidad. El Partido Popular de hoy sigue celebrando y homenajeando a M. Rajoy.

Sobre las pensiones se está empezando a consolidar un debate de guerra generacional que sostiene que la culpa de que los jóvenes tengan bajos salarios es de los pensionistas que tienen una pensión digna. ¿Dónde se sitúa en ese debate? ¿Es necesaria una reforma de las pensiones o la sostenibilidad está garantizada?

Está garantizada. Y en ese debate me sitúo donde está el Gobierno, en el rigor de los datos. Puedo lanzar el mensaje de tranquilidad de la sostenibilidad de las pensiones públicas. La reforma la hicimos con la mirada a largo plazo, no con la mirada cortoplacista de quien intenta embarrar también esto. ¿Sabe quién intenta enfrentar a nietos con abuelos? Los que defienden la privatización. Feijóo prometió a los autónomos bajarles la cuota si se abrían un plan de pensiones privado. Frente a quien quiere el descrédito de lo público y hace solamente política para unos pocos, datos, rigor y una reforma de pensiones que transmite certidumbre a los miles de pensionistas de hoy y también a los que los seremos un día.

A usted le ha tocado ser ministra-portavoz en un mundo en guerra. ¿Cómo vive la tensión diplomática con aliados tradicionales de España, como pueden ser Estados Unidos o Israel, ante la política exterior lanzada por su Gobierno del ‘no a la guerra’?

Me siento absolutamente orgullosa de pertenecer a un gobierno coherente que siempre ha defendido la paz, el multilateralismo, el respeto al orden internacional. Hemos alzado la voz y hemos llegado los primeros, pero cada vez nos siguen más países. España es un faro y cada vez que acudimos a un foro internacional son muchísimos los países de cualquier latitud que nos preguntan, que se interesan y que ponen como ejemplo al Gobierno de España y a sus políticas.

Volviendo a la regularización para acabar. Ha sido particular porque, además de Podemos, también ha tenido un gran papel el movimiento Regularización YA. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Este jueves hemos tenido un encuentro con el presidente del Gobierno donde estaban desde la Iglesia Católica, sindicatos, patronal, organizaciones de entidades del Tercer Sector y entidades colaboradoras en materia de extranjería. Y, viendo el unánime aplauso a esta iniciativa, me quedo con algo: lo importante que es para miles de personas. Esto demuestra que el Gobierno, cuando escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado. Y esa es la manera de gobernar. 

El último paso de Juan Carlos Peinado ha terminado de borrar cualquier atisbo de contención en el Gobierno respecto a su forma de actuar con la pareja del presidente. La decisión del juez de sentar en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria, es sustentada en un auto en el que el magistrado llega a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII. Un hito que ha abierto de par en par la puerta a que los miembros del Ejecutivo se lancen en tromba a reprender su instrucción.

El fuego, este martes, lo abrió el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Afortunadamente hoy España es un Estado de Derecho, no como en tiempos de Fernando VII, y, por tanto, tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho”.

Bolaños se reafirmó así en su primera reacción pública del lunes tras conocer el auto. Una opinión, aseguró, compartida por la opinión pública y por la carrera judicial. “Claro que se puede opinar sobre resoluciones judiciales. Eso es la democracia. El ministro de Justicia no tiene limitada su derecho fundamental a la libertad de expresión. Al revés, si cabe, tendrá una preocupación mayor y una opinión, si cabe, más cualificada, porque conoce la materia. Y les aseguro que es muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española y por una muy buena parte también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas decisiones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia”.

Por eso, prosiguió el ministro, lo que espera ahora el Ejecutivo es que instancias superiores corrijan la deriva de Peinado. “Quiero manifestar una vez más mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores, que de hecho en la práctica ya han dado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento”.

Aunque ningún periodista le había preguntado por ello, ni la ministra portavoz le había dado la palabra, pidió intervenir sobre el tema el otro miembro del Gobierno presente en la sala: el ministro de Transportes, Óscar Puente. “Me vais a perdonar, pero quedarme sin opinar de esto me va a costar un poquito”, dijo ante la sorpresa de Saiz y Bolaños.

Puente llevó entonces la reacción del Gobierno a la instrucción de Peinado un paso más allá, hasta situarla justo como un posible riesgo a la democracia. “En una democracia sana no deben existir espacios de impunidad. Los cargos públicos y sus familiares deben estar sometidos al imperio de la ley. Pero, tan importante como eso, es que los cargos públicos y sus familiares no sean perturbados por el mero hecho de serlo”, comenzó a exponer para, inmediatamente después, elevar un peldaño la crítica al magistrado.

“¿Estamos ante causas judiciales que tratan de eliminar espacios de impunidad o ante causas que pretenden violentar a los representantes elegidos democráticamente? De la respuesta depende el presente y futuro de la democracia. Es bueno que esta pregunta nos la respondamos todos”, dijo el ministro de Transportes. Óscar Puente añadió que prefería no dar su propia respuesta. No hacía falta.

En medio de esa tesitura, con un ministro a cada lado, se encontró la portavoz del Gobierno, que no tuvo más remedio que sumarse al rejonazo colectivo al juez Peinado de los representantes del Consejo de Ministros en la sala de prensa de Moncloa y defender, de paso, a la pareja del presidente del Gobierno. “Creo en la inocencia de Begoña Gómez, es una mujer de una trayectoria profesional y personal intachable. El auto tiene párrafos que van más allá de lo jurídico. Confío en la justicia, pero no es incompatible con criticar algunos procedimientos que la desprestigian profundamente”, aseveró Elma Saiz.

Toda la pólvora contra el procesamiento de Begoña Gómez la pusieron, en realidad, los ministros de Pedro Sánchez, puesto que el propio presidente prefirió jugar un papel más mesurado en su respuesta pública desde China, donde conoció la noticia. “Estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio. No tengo que decir nada más”, zanjó.

“Que alguien ponga orden”

Preguntados en el Ejecutivo por la postura del Consejo General del Poder Judicial, que este martes exigía respeto a las decisiones judiciales, en la Moncloa afirman que les gustaría “que alguien ponga orden” respecto a instrucciones como las del juez Peinado, sin que sea necesario elevar una queja por ello y que sea, por tanto, el Ejecutivo el que tenga que dar el paso.

Mientras, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abordaron las primeras declaraciones que Bolaños realizó este lunes contra Peinado en la reunión ordinaria de la Comisión Permanente celebrada a primera hora este martes. Aunque la voluntad del bloque conservador era que se hiciera una declaración institucional específica en clave de repulsa, finalmente los miembros de esa Comisión acordaron no hacer un pronunciamiento público, pero sí recordar la necesidad de que se respeten las resoluciones judiciales sin citar expresamente al ministro.

Las fuentes consultadas afirman que, tras mantener un debate, la decisión fue remitirse a los acuerdos previos en los que el órgano ha advertido de la importancia de “salvaguardar” la independencia judicial. El pasado mayo, la Permanente aprobó por unanimidad una declaración en la que reclamó “responsabilidad institucional” a los políticos después de que Bolaños cuestionara la decisión de una jueza de Badajoz de proponer llevar a juicio al hermano de Pedro Sánchez por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz.

Las palabras de Bolaños también han sido criticadas por las asociaciones de jueces que cubren el espacio de la derecha y el centroderecha. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, calificó de “inadmisibles” las críticas del ministro de Justicia. “Los jueces y magistrados españoles no necesitan que el poder ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos. Lo que necesitan es respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno”, recoge esta asociación en un comunicado.

También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que se autodefine como independiente, mostró su “profunda preocupación” por el “descrédito” que, a su juicio, “tales manifestaciones suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran”.

En un comunicado, la asociación afirmó que “este tipo de declaraciones supone un ataque directo” a la independencia judicial y a la separación de poderes y exigió “responsabilidad institucional” a los poderes públicos, “en especial de quienes integran el Gobierno”, para que contribuyan “al clima de respeto institucional que la ciudadanía exige y que la Constitución garantiza”.

Por su parte, el PP ha bajado el tono contra Begoña Gómez en las últimas semanas. Pero no porque consideren que la esposa de Sánchez no merezca escuchar gravísimas acusaciones contra ella y su familia (como que su padre regentaba una red de prostíbulos), sino por la coincidencia temporal con un juicio muy importante, el de la trama Kitchen, la organización parapolicial ideada por el Gobierno de Mariano Rajoy para eliminar las pruebas de la corrupción del PP.

A ese juicio están llamados a declarar como testigos, entre otros, el propio Rajoy y el senador Javier Arenas, hoy uno de los principales asesores de Feijóo. En el banquillo de los acusados se sientan el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Este lunes compareció ante la prensa la dirigente Alma Ezcurra, una de las más duras del PP. Con el procesamiento de Gómez recién conocido, Ezcurra obvió el tema en su presentación inicial. Solo a preguntas de los periodistas, la también eurodiputada se limitó a declarar: “Solo cabe decir una cosa. La tetraprocesada está en Pekín. Es una situación absolutamente increíble. Y como no puede ser de otra forma, respetamos el trabajo de la justicia”.

Este martes fue Feijóo quien se refirió al asunto en un discurso ante sus diputados y senadores en el que tildó a Sánchez de “Orbán del sur”. “Ni en Hungría ni en ningún otro lugar de Europa es aceptable tener a un presidente con su mujer procesada”, dijo, para arremeter contra la reacción del Ejecutivo ante el auto de Peinado: “Le ha durado su euforia por la separación de poderes en Hungría, lo que la justicia ha tardado de procesar a su esposa en España”. Y ya.

Una posible explicación a la rebaja en el tono del PP la pudo dar este martes el representante de Manos Limpias en la investigación contra Gómez, y asesor a sueldo del propio PP en el Senado. En un hilo en Twitter, Víctor Soriano siembra dudas sobre la instrucción de Peinado, cree prematuro el procesamiento de la esposa de Sánchez, sostiene que hay diligencias importantes sin hacer y anticipa “el riesgo de una sentencia parcial o totalmente absolutoria”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes en situación administrativa irregular en España, una medida que podría beneficiar a unas 3.000 personas en Extremadura, según las estimaciones de la Fundación Ciudadanía Global, entidad impulsora de la iniciativa legislativa popular que dio origen a esta propuesta.

De acuerdo con los cálculos de esta organización, en la comunidad extremeña residen alrededor de 69.500 personas nacidas en el extranjero, de las cuales unas 5.000 se encontrarían en situación irregular. En este contexto, se prevé que la regularización extraordinaria genere unas 4.500 solicitudes en la región, de las que aproximadamente dos tercios podrían resolverse favorablemente.

A nivel estatal, la Fundación Ciudadanía Global estima que podrían presentarse unas 751.200 solicitudes, con una previsión de en torno a 503.000 regularizaciones efectivas. La medida se enmarca en una respuesta institucional a una demanda social y política que llevaba años sobre la mesa y que finalmente ha cristalizado en este real decreto aprobado por el Ejecutivo.

Por territorios, Extremadura se situaría entre las comunidades autónomas con menor número de regularizaciones previstas, junto a Cantabria (3.500) y La Rioja (4.000). En el extremo opuesto se encuentran Cataluña, donde se estiman unas 135.000 regularizaciones; la Comunidad de Madrid, con unas 90.000; y Andalucía y la Comunidad Valenciana, con alrededor de 60.000 cada una.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado que el real decreto establece como requisitos carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos. El Ejecutivo calcula que la medida permitirá regularizar la situación de alrededor de medio millón de personas en todo el país.

Esta regularización extraordinaria supone uno de los procesos más amplios de este tipo en España en los últimos años y busca dar respuesta a una realidad estructural vinculada a la presencia de población migrante sin autorización administrativa, facilitando su acceso a derechos laborales y sociales.

Gobierno central

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado este miércoles que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reforzará las oficinas encargadas de tramitar la regularización extraordinaria de personas migrantes. Estos puntos de atención se habilitarán en dependencias de la Seguridad Social en Cáceres y Badajoz, así como en oficinas de Correos en ambas ciudades y en Mérida.

Según ha detallado, las solicitudes podrán presentarse por vía telemática a partir de este jueves, mientras que la atención presencial comenzará el próximo 20 de abril. Quintana ha subrayado que se trata de un procedimiento “relativamente sencillo” y ha destacado la implicación de numerosas ONG en el acompañamiento a las personas solicitantes.

En el caso de Extremadura, la tramitación presencial se realizará en las oficinas de la Seguridad Social de Cáceres y Badajoz, y en las de Correos de Cáceres, Badajoz y Mérida, al tratarse de las principales ciudades de la región. Para acceder a este servicio será necesario solicitar cita previa, bien a través del teléfono 060 o del portal de regularización, ambos disponibles desde el 16 de abril.

Por otro lado, el delegado ha calificado de “difícil de entender” que algunos sectores critiquen esta medida mientras, al mismo tiempo, reclaman mano de obra y la regularización de personas migrantes. “Resulta sorprendente que quienes cuestionan la normativa sean los mismos que señalan la necesidad de trabajadores”, ha insistido.

Finalmente, Quintana ha valorado esta iniciativa como “muy bien recibida” y ha recordado que actualmente más de tres millones de personas extranjeras cotizan a la Seguridad Social en España, contribuyendo a que el país supere los 22 millones de ocupados y alcance, por primera vez, más de 10,5 millones de mujeres trabajando.

Ya hay fecha para hacer efectiva la marcha atrás en el recorte “de golpe” en la pensión máxima por jubilación anticipada que la Seguridad Social está aplicando desde el pasado 1 de enero, en lugar de las penalizaciones progresivas pactadas en la reforma de 2021. Como adelantó elDiario.es, el Ministerio de Elma Saiz decidió revertir este criterio tras las quejas de sindicatos, con el apoyo de la patronal, aunque hasta el momento no había aclarado cuándo estaría en vigor. Fuentes del Ministerio responden a este medio que trabajan para que esté listo este mes de marzo.

“Estamos terminando el análisis jurídico sobre este asunto y esperamos que esté resuelto lo antes posible”, afirman en la Seguridad Social. “Nuestra intención es que esté en este mismo mes”, indican a preguntas de este medio.

La cuestión afecta a las penalizaciones (o coeficientes reductores) que se aplican a los trabajadores que se jubilan de manera anticipada y que tienen derecho a recibir la pensión máxima. En la reforma de pensiones de 2021 se pactó que esta penalización aumentara, dado que era en la práctica inferior respecto a los empleados con salarios más bajos, y se acordó un incremento progresivo de 2024 a 2033.

Sin embargo, a finales de año, la Seguridad Social comunicó de manera sorpresiva en la página web de su Simulador de la pensión que a partir del 1 de enero dejaban de ser de aplicación estos coeficientes progresivos. Desde esa fecha, el organismo público está aplicando las penalizaciones previstas para 2033 “de golpe”, como denunciaron varios trabajadores afectados por el cambio a este medio.

En la práctica, esto puede significar un gran —y repentino— aumento de las penalizaciones por retiro anticipado para quienes cobran la pensión máxima. En el caso más extremo, el recorte puede alcanzar un extra de 400 euros al mes. “En mi caso pueden ser 300 euros menos de pensión al mes”, denuncia Íñigo Pastor, que tiene que jubilarse en los próximos meses, cuando cumpla los 63 años, fruto de una prejubilación acordada en su empresa.

Fuentes sindicales esperan también que el nuevo criterio de la Seguridad Social esté listo de manera inminente, antes de que termine marzo. CCOO y UGT exigieron al Ministerio de Elma Saiz que solucionara esta cuestión, además del desbloqueo de la jubilación parcial para los empleados públicos, para seguir negociando cualquier otra cuestión en la mesa de diálogo de la Seguridad Social.

Un nuevo criterio para volver a aplicar los recortes progresivos

La solución por el momento se concretará en un nuevo criterio interno de la Seguridad Social que corrija la instrucción previa que se está aplicando en estos momentos, explican fuentes del diálogo social. Es decir, no tiene que pasar por el Parlamento y puede aplicarse de manera inmediata una vez se dicte.

El foco del conflicto es la interpretación de la Seguridad Social de la ley pactada con los sindicatos y los empresarios en 2021 sobre estos coeficientes reductores. En la disposición transitoria 34 de la Ley de la Seguridad Social se plasmó el periodo transitorio para elevar, poco a poco, estas penalizaciones. Sin embargo, se incluyó un 'pero'.

En el apartado uno se contempló —en un artículo de difícil comprensión— que estos coeficientes “solo resultarán de aplicación” cuando la pensión reconocida no resultase en ningún caso inferior a la que habría correspondido con la aplicación de las normas vigentes en 2021.

La Seguridad Social había interpretado que esta condición ya se había superado. Es decir, que la pensión máxima ya era en todo caso superior a la de 2021, debido a su aumento en los últimos años de elevada inflación. Ahora, el organismo público trabaja en la argumentación jurídica para justificar que se vuelva a aplicar el recorte progresivo.

Quejas por la “incertidumbre” y las pensiones ya recortadas

Varios trabajadores y pensionistas afectados por esta situación han denunciado a elDiario.es la gran “incertidumbre” y la “ansiedad” que están viviendo en relación a la cuantía de sus pensiones. “Que es para siempre”, subraya Íñigo Pastor.

Primero, por un cambio de criterio sin apenas antelación ni comunicación a los afectados por parte de a Seguridad Social, que supone diferencias sustanciales en las cuantías de las prestaciones. Y, después, una vez el Ministerio afirmó a este medio que daba marcha atrás en este recorte de golpe, por la falta de respuestas en este sentido en las oficinas y otros canales de información de la Seguridad Social, donde han seguido diciendo a los afectados que las penalizaciones progresivas ya no son de aplicación.

“La opacidad no puede ser una política pública. Quienes cumplimos los requisitos legales para una jubilación anticipada voluntaria tenemos derecho a que una decisión del tal calado como el cese de la vida laboral pueda tomarse con confianza basada en información veraz y transparente del órgano gestor, tal y como marca la ley y nuestra Constitución”, dice Juan (nombre ficticio), en una queja presentada a la Seguridad Social.

Varios afectados están demorando la jubilación unos meses, hasta que se solucione esta situación. En los sindicatos recuerdan que la pensión se puede pedir con efecto retroactivo de 90 días, por lo que estaban recomendando por el momento aplazar las citas con la Seguridad Social hasta que se aclare este aspecto.

Pero hay algunas personas que no han tenido opción —o suficiente información— y se han jubilado desde el 1 de enero con este mayor recorte en su pensión. Por ejemplo, es el caso de las personas que tenían salidas pactadas en procesos de ERE y prejubilaciones, explica Íñigo Pastor, como algunos de sus compañeros, que tenían que jubilarse cuando cumplieran los 63 años de manera obligada.

Para estas personas que ya se han jubilado durante este primer trimestre, fuentes sindicales indican que han exigido al Ministerio “que puedan revisar la cuantía de su pensión”, algo sobre lo que son optimistas. Eso sí, por el momento no saben qué solución dará el departamento de Saiz: si una revisión de oficio de la Seguridad Social de las pensiones aprobadas en este lapso de tiempo o si las personas afectadas tendrán que pedir de manera proactiva que se les revise su prestación.

El Congreso ha aprobado este jueves, a la segunda, la revalorización de las pensiones para 2026, después de que decayera el Real Decreto-Ley ómnibus que aprobó el Gobierno a finales del año pasado, lo que forzó al Ejecutivo a desgajar la subida de las jubilaciones del resto del escudo social para asegurar su éxito parlamentario.

La norma ha recibido el apoyo casi unánime de la Cámara -solo Vox se ha descolgado-, ya que su convalidación estaba garantizada con el apoyo del PP. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha defendido que la revalorización es “una medida trascendental que afecta directamente al bienestar y a la seguridad económica de millones de personas”, ya que aseguran que las pensiones mantienen su valor real y da “estabilidad y certidumbre” a quienes “han contribuido durante toda su vida”.

“La actualización de las pensiones conforme al IPC es un derecho y, digo bien, que garantiza la dignidad y el poder adquisitivo de los mayores y es también un compromiso inquebrantable del Gobierno con quienes contribuyeron al sistema de la Seguridad Social”, ha defendido la ministra.

Pero esta política no es solo para los mayores, ha dicho Saiz, sino también es relevante para la juventud, a quien ha querido dirigirse: “Esto va de fortalecer al sistema público de la Seguridad Social para que las siguientes generaciones encuentren al menos la misma protección que hoy en día existe”.

En la misma idea ha coincido el portavoz de Sumar en el debate, el diputado Lander Martínez, que ha denunciado que “la derecha y la extrema derecha” tratan de instalar la idea de un “conflicto intergeneracional”. “No hay conflicto intergeneracional, hay conflicto de clases: usan a jóvenes precarios contra sus abuelos”, ha dicho.

Críticas del PNV al Gobierno y de Bildu a las derechas

El Gobierno ha recibido críticas de socios importantes como el PNV, que les acusó de llevar a cabo una “estrategia de trinchera permanente” al unir muchísimas medidas dispares en un mismo decreto-ley, como hizo el Ejecutivo a finales del año pasado, lo que PP y Junts utilizaron para argumentar su rechazo.

“Trataron de utilizar derechos tan sensibles como las pensiones como herramienta de tensión política”, ha dicho la diputada jeltzale Idoia Sagastizabal, que ha advertido a Saiz que esto “erosiona la confianza” de los grupos parlamentarios.

A la derecha ha criticado el diputado de EH Bildu Oskar Matute, que ha reprochado a PP y Junts su giro copernicano en las pensiones. “No puedo dejar de señalar la paradoja de este debate con respecto al anterior. Parece que alguien se olvida, seguramente de manera premeditada, que muchas de las medidas que se votaban en el anterior Real Decreto-Ley que se ha debatido [el escudo social], son medidas que, en buena parte, vienen siendo recibidas por pensionistas. Hoy aquí alguno dirá que defiende a los pensionistas, que no teman, que con ellos están seguros, pero hace nada han votado para que les corten la luz, el agua y la electricidad, para que desahucien a quien no puede pagar el alquiler porque sus pensiones son exiguas”, ha dicho.

El diputado de Junts Josep Maria Cervera Pinart ha defendido que el Gobierno haya tenido que aprobar dos veces la revalorización de las pensiones por la “incapacidad reincidente”, la “ineptitud” y la “incompetencia” del propio Ejecutivo. “Si esta revalorización no se ha hecho en tiempo y forma, generando incertidumbre y haciendo sufrir a la gente, solo es culpa del mal hacer y del abuso de Gobierno, del Gobierno de España, y no de Junts”, ha replicado a las críticas del PSOE y Sumar.

Por el PP ha defendido su postura el diputado Miguel Ángel Paniagua, que ha celebrado que La Moncloa optase por separar las pensiones del resto del escudo social. Sin embargo, ha reprochado que el Gobierno no asegura el poder adquisitivo de los pensionistas, mezclando en su argumento la no deflactación del IRPF y la subida del precio de la cesta de la compra.

Las pensiones suben un 2,7% en general y las mínimas, hasta un 11,4%

Con la convalidación del decreto, en 2026, las pensiones crecen en general un 2,7%, que es el dato de inflación media del año anterior y la referencia aprobada en la reforma de pensiones de 2021 para mantener el poder adquisitivo de sus beneficiarios. Hay más de 9,4 millones de pensionistas en España y, aunque la gran mayoría son jubilados, estas prestaciones incluyen más tipos: incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La subida del 2,7% supondrá, aproximadamente, “572 euros adicionales al año” para las personas con la pensión media de jubilación, que se sitúa alrededor de los 1.500 euros al mes. Son casi 41 euros más al mes, ya que las pensiones se abonan en 14 pagas, con la extra de verano y la de Navidad.

Para las pensiones mínimas, el Gobierno ha aprobado un incremento del 7%, que en las “pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares” alcanza el 11,4%, según indica la Seguridad Social. El mismo pocentaje que suben las pensiones no contributivas.

Así, en 2026, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez íntegra, en su modalidad no contributiva, aumenta en 64 euros al mes y queda establecida en 629 euros mensuales, frente a los 564,7 euros al mes de 2025.

La pensión máxima del sistema rozará los 3.360 euros al mes, en 14 pagas, o 47.034 euros anuales. Se trata de 92 euros más al mes que en 2025, un 2,815% más respecto a los 3.268 euros mensuales de este año.

El Consejo de Ministros ha iniciado los trámites para la regularización extraordinaria de migrantes que pactó este lunes con Podemos en el marco de las negociaciones para la convalidación de los decretos del escudo social y del abono de transportes. La estimación es que unas 500.000 personas podrán acogerse a la regularización. “Esta es una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria”, ha afirmado la portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión: “Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social”.

Las personas extranjeras en situación irregular, que pidieran asilo o que llevaran más de cinco meses en España el 31 de diciembre de 2025, podrán solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. Uno de los requisitos es que no tengan antecedentes penales. La Administración tendrá 15 días para responder a las solicitudes y una vez admitidas las personas podrán trabajar “en cualquier sector y en cualquier parte” del país. “Esto beneficia al trabajador o trabajadora que gana derechos, pero también a las empresas que ganan seguridad jurídica”, ha dicho Saiz.

“El mecanismo que se está trabajando en su diseño es sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”, ha dicho Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la medida, que sigue el “espíritu” de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que firmaron más de 700.000 personas y que fue admitida a trámite en el Congreso con el voto favorable de todos los grupos, excepto Vox.

Las personas que cumplan con los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. “Transcurrido ese plazo, podrán incorporarse a las figuras previstas en el propio Reglamento de la Ley de Extranjería, lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema”, ha apuntado.

En el caso de los menores, la regularización se llevará a cabo “simultáneamente” a los progenitores y, en su caso, se otorgará por un periodo inicial de cinco años, según ha explicado la ministra: “Sabemos que la integración no es individual, es familiar”.

La medida supone un revulsivo en materia de inmigración en un momento en el que la extrema derecha ha doblado su ofensiva contra los extranjeros tanto en España con Vox como a nivel internacional. El anuncio se produce apenas unos días después de un nuevo asesinato de la policía antiinmigración de Donald Trump en Minneapolis.

“No solamente pretendemos seguir siendo faro, sino que quiero pensar que vamos a ser semilla y germen para luchar contra el avance de esa ola ultraderechista que intenta abrirse paso y contra en que vamos a poner todo lo que está en nuestras manos para frenarla, con coherencia, con valores y con lo que ha sido siempre nuestro país, un país que tiene memoria, un país que ha sido inmigrante, que hoy es un país de oportunidades”, ha dicho la portavoz.

Al mismo tiempo, supone un acercamiento del Gobierno a Podemos, que se había distanciado en los últimos meses. No obstante, la formación de Ione Belarra ha asegurado que no supone un intercambio por los Presupuestos y mantiene otras exigencias, como bajar los alquileres por ley y no subir el gasto militar. No obstante, la exministra Irene Montero sí ha abierto la puerta a negociar el traspaso de competencias migratorias a Catalunya tras lograr desbloquear la regularización.

La cesión de las competencias a la Generalitat es una de las condiciones impuestas por Junts a Pedro Sánchez y figura en el listado de incumplimientos que llevó a Carles Puigdemont a la ruptura en octubre. Podemos tumbó la ley, en buena medida por el contenido xenófobo de la exposición de motivos de la propuesta de Junts, que tiene una dura competencia con la fuerza ultraderechista Aliança Catalana. “Nosotras siempre hemos estado dispuestas a negociar un texto para que no tenga ningún contenido racista y siempre dijimos que antes de hablar de competencias había que hablar de derechos”, ha dicho Montero este martes en una entrevista en Ser Catalunya. No obstante, Junts sigue en el 'no' al decreto del escudo social que se vota este martes porque se opone a la prohibición de los desahucios de personas vulnerables.

El Gobierno, en paralelo, está trabajando en la publicación de las balanzas fiscales y en la oficialidad del catalán en la UE, que son otras dos de las grandes exigencias de Puigdemont. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que la semana pasada hubo una reunión “importante” para convencer a uno de los países recelosos (Alemania) hacia esa medida, que requiere de la unanimidad de los 27 y acusó al PP de torpedearla: “Cada vez que nos vamos acercando al objetivo, lo único que conseguimos es que el Partido Popular se active y empiece a llamar a sus socios europeos con auténticas patrañas”.

La portavoz y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, ha explicado que la regularización extraordinaria de migrantes que el Gobierno ha pactado con Podemos permitirá a las personas extranjeras en situación irregular solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El compromiso del Ejecutivo es resolver los expedientes en un plazo de tres meses. “Somos muy conscientes de que la Administración tiene que dar una respuesta ágil, eficaz, garantista y segura”, ha afirmado.

La ministra ha explicado que la admisión a trámite de las solicitudes por parte de la Administración se producirá en quince días y que una vez admitida las personas podrán trabajar “en cualquier sector y en cualquier lugar del país”. “También esto va a dar derechos a esos menores que están con los titulares, para que tengan esa regularización de su situación”, ha agregado la ministra en una entrevista en La Mañana de la 1 (TVE).

La estimación del Gobierno es que la regularización extraordinaria pueda llegar a unas 500.000 personas. Entre los requisitos, esas personas tendrán que haber solicitado protección internacional o llevar un minimo de cinco meses en España (acreditado con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos) antes del 31 de diciembre de 2025.

“Lo que estamos haciendo es reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”, ha dicho Saiz, que ha recordado que la inmigración es uno de los motores del crecimiento económico en España: “El impacto real positivo de la migración en nuestro país lo constatamos todos los días. El 14% de los afiliados son extranjeros, con lo cual es indiscutible ese aporte positivo de la de la migración al conjunto de la sociedad”.

Minutos antes de entrar en la reunión del Consejo de Ministros que iniciará los trámites para la regularización extraordinaria, la ministra ha asegurado que se trata de un “día histórico” y ha reconocido el papel de Podemos para que finalmente se lleve a cabo. “Podemos ha sido uno de los grupos que más ha trabajado para que esto viera la luz. También el Gobierno”, ha expresado la ministra que ha justificado que la decisión se lleve a cabo a través de un real decreto que modifique el reglamento de extranjería, sin pasar por el Congreso, para que “vea la luz cuanto antes” tras reconocer que “esa iniciativa estaba en un cajón”.

“Siempre buscamos acuerdos, siempre buscamos consensos, siempre buscamos entornos de confianza, porque el Gobierno cumple sus acuerdos y, desde luego, con fuerzas con las que compartimos objetivos comunes, como en este caso con total transparencia y con total rotundidad”, ha aseverado Saiz sobre el acercamiento a Podemos, que se produce a las puertas de que el Gobierno presente los Presupuestos Generales del Estado, pero sobre todo la víspera de una nueva votación en el Congreso en la que Pedro Sánchez se expone a una nueva derrota parlamentaria por la ruptura de Junts.

El Parlamento tiene que convalidar los decretos del escudo social, que incluye la revalorización de las pensiones, y del abono de transporte. En Moncloa dan por hecho que la tarifa plana para cercanías, media distancia y Rodalies saldrá adelante, pero asume que el decreto del escudo social lo tiene complicado. Junts rechaza la prohibición de los desahucios que se prorroga este año a través de ese decreto y exige que la revalorización de las pensiones se haga por separado.

La portavoz no ha querido entrar en la posible derrota en el Congreso y se ha limitado a decir que hay que esperar a que pase el día de hoy. También ha aprovechado para arremeter contra el PP por oponerse a la aprobación de esas medidas sociales.

Igualmente, ha cargado contra los populares por su oposición a la regularización extraordinaria, a pesar de que votó a favor de la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llegó al Congreso con más de 700.000 firmas. “Estamos viendo otro capítulo más de Feijóo contra Feijóo, porque en esto también hay hemeroteca. Cuando se votó la toma en consideración en abril del año pasado, el Partido Popular votó a favor de esa toma, en consideración de esta iniciativa de regularización extraordinaria. Además, el propio Feijóo verbalizó que el Partido Popular sería sensible a la situación de estas personas”, ha recordado la portavoz, que se ha referido a regularizaciones llevadas a cabo en los gobiernos de José María Aznar.

“La disyuntiva que tiene el Partido Popular es clara: ¿está con la sociedad, está con la Iglesia Católica, está con la CEOE que pone en valor esta medida, o está con Vox?”, se ha preguntado.

En julio de 2006, José Luis Rodríguez Zapatero llegó a India para iniciar una visita de dos días. A uno de los países más importantes del mundo en el que la diplomacia y las empresas españolas siempre habían tenido una presencia reducida. Asistió a una cena con el primer ministro el día 2 y al día siguiente recibió la noticia del accidente del Metro de Valencia con 43 muertos. De inmediato, tomó la decisión de suspender la visita y regresar a España cuanto antes. Las autoridades indias no daban crédito. Ya les había sorprendido que la visita estuviera limitada a 48 horas cuando el objetivo final era abrir un nuevo y gigantesco mercado para las empresas de España.

Es la actitud que se ha impuesto en la política española. Incluso si el cargo político no tiene una responsabilidad directa en la respuesta a la tragedia, resulta imprescindible parar por respeto a las víctimas. A veces, suspendiendo actos oficiales o de campaña. O la celebración de un pleno, aunque los parlamentarios no tengan ninguna función específica que realizar. Es una forma de expresar el duelo y la solidaridad con los familiares de fallecidos y heridos. Ahí entraría lo que estos días se ha llamado una tregua en la pelea enconada entre Gobierno y oposición, que al final ha durado menos que el duelo oficial, como era de temer.

No siempre está claro de qué sirve que el presidente de un Gobierno —central o autonómico— visite el lugar de los hechos. Hay otras formas de recabar la información necesaria y con frecuencia la gestión de esos momentos cuenta con otros responsables directos que van a hacer su trabajo con o sin visita de sus jefes. Tampoco se puede negar que tiene un elemento de apoyo a los equipos de emergencia y compromete al líder político con las habituales promesas de que se utilizarán los fondos públicos necesarios para reparar los destrozos o ayudar a los damnificados.

Ante la catástrofe del choque de trenes en Adamuz, que ha causado 42 muertos, se ha pensado que la gente no aceptaría que la escala de prioridades de los políticos colocara la misión de atacar al rival por encima del momento de dolor compartido. Influyó en ello la actitud de Juanma Moreno, presidente de Andalucía, que el lunes por la mañana marcó los límites: “En una situación así no cabe disputa política, sino que toca que todos arrimemos el hombro”. Elogió la colaboración entre administraciones, lo que también hizo Pedro Sánchez en su visita a la zona.

El ministro Óscar Puente confirmó horas más tarde ese espíritu de colaboración. “Cero reproches que hacer (a los responsables de la Junta), todo lo contrario. Han actuado correctísimamente y no puedo, ni en la forma ni en el fondo, hacer más que alabanzas al señor Moreno Bonilla”, dijo en una entrevista con este diario.

Ana Rosa Quintana intentó en Telecinco que Moreno se sumara a los reproches a Puente en la mañana del lunes. El presidente andaluz no mordió el anzuelo y se mantuvo en su posición conciliadora.

En su visita a Córdoba, Alberto Núñez Feijóo también destacó esa colaboración entre gobiernos, aunque deslizó una frase que no es la primera vez que utiliza: “El Gobierno no nos ha dado ninguna información”. Como líder de la oposición, no cuenta con ninguna responsabilidad administrativa. Quienes deben colaborar, y eso incluye compartir información, son los gobiernos implicados. Moreno siempre podía informar luego a Feijóo, como así hizo.

La extrema derecha no aceptó silenciar su armamento. Su estrategia consiste únicamente en denunciar que todo es un desastre y que todo es culpa del Gobierno. No necesita pruebas ni indicios para ello. Si alguien piensa que eso genera alarma, sus dirigentes responderán que eso es lo que están buscando precisamente.

Hubo tiempo para resucitar el viejo bulo de que España paga los trenes a Marruecos y otros países del Tercer Mundo mientras escatima con los de España. Se trata de créditos condicionados a que se compren trenes a empresas españolas, una forma de subvencionar a la industria local sin provocar la intervención de Bruselas. No conviene olvidar que Feijóo utilizó ese bulo en el Congreso hace casi un año.

Un momento recurrente en estas situaciones es cuando alguien denuncia que el adversario está intentando politizar una catástrofe. El funcionamiento de los servicios públicos está politizado por definición. Son las prioridades políticas de los gobiernos las que marcan cómo es su gestión. Otra cosa distinta es politizar el dolor de las víctimas en beneficio propio, una acusación habitual al PP en relación a las víctimas del terrorismo de ETA, a veces por parte de algunas asociaciones de víctimas.

Exigir responsabilidades después de un accidente de estas dimensiones, buscar formas de que una tragedia como esta no se repita y aprobar fondos públicos para financiar las mejoras necesarias en las infraestructuras no son intentos rastreros de politizar, sino reacciones totalmente lógicas. Pero es necesario conocer con exactitud las razones del accidente para concretar todos esos pasos, y eso a veces es imposible 24 o 48 horas después del siniestro.

Si no, te puede pasar como al ABC, que colocó el martes encabezando su portada el titular “Descarriló tras saltar la soldadura del raíl 23117” —con lo que ya había descubierto el origen del accidente sin género de dudas— para pasar a una versión distinta horas más tarde en su página web: “Investigan si la vía reventó por una pieza que arrastraba el tren Iryo e hizo palanca en el descarrilamiento de Adamuz”. Ya no estaba claro, porque a fin de cuentas la investigación está muy lejos de estar cerrada.

Para los amantes del combate cuerpo a cuerpo, las aguas volvieron a su cauce por la tarde. La portavoz del Gobierno había prolongado la distensión. “Me quiero quedar con las palabras del líder de la oposición con su mensaje de que reconoce el trabajo y la coordinación sobre el terreno”, dijo Elma Saiz. Pero una portavoz gubernamental dijo después que el jefe de gabinete de Sánchez había estado en contacto con la jefa de gabinete de Feijóo, y no para echarle una bronca. El PP estaba molesto porque Puente no había acompañado a Feijóo en su visita. El ministro respondió que nadie le había avisado de su llegada.

Eso causó la indignación en el principal partido de la oposición. Fuentes de la dirección del PP enviaron un mensaje a varios periodistas: “No somos el partido del 'pásalo'. Ni el que llama asesino a un político cuando su gestión genera inseguridad o fallecimientos, pero no consentimos engaños de los que engañan siempre”. Lo de un político que causa “inseguridad o fallecimientos” debe de ser por Carlos Mazón.

Los partidarios de declarar la guerra al Gobierno hasta el fin de los tiempos pueden estar tranquilos. La tregua no ha durado ni dos días. Vuelven los navajazos y las lanzadas en el vientre. El orden natural de las cosas no ha sido vulnerado. Cayetana Álvarez de Toledo no tardó en aprovechar la oportunidad y saltó para afirmar que el Ministerio de Transportes es “un cortijo de mordidas, amaños y corrupción” y denunciar que “enchufaron a Koldo en Renfe y a prostitutas en ADIF”. Lo de todos los días antes del accidente. Se acabó lo que decía Moreno de arrimar el hombro.

Los medios de comunicación volverán a disfrutar de su dieta básica. Al menos, se puede confiar en que no aticen la alarma social y la preocupación de los ciudadanos por la seguridad en el tren que se desprende de algunas opiniones. Desde el año 2000, 156 personas han fallecido en accidentes ferroviarios. El número de muertos en accidentes de carretera ha sido de 73.500.

Apuntar a una causa del accidente resulta, aún hoy, precipitado. Ese es el mensaje principal que lanza el Gobierno en mitad del aluvión de informaciones y teorías que ya intentan precipitar conclusiones de la tragedia ferroviaria ocurrida este domingo en Adamuz (Córdoba) y que, por el momento, ha costado la vida de 41 personas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que la investigación sobre las causas del accidente no ha hecho más que empezar. Y que por eso es imprudente apuntar todavía a que el fallo pudiera producirse en el tren o, por el contrario, en la vía.

“Todas las hipótesis están abiertas”, ha afirmado Marlaska dos días después del accidente, mientras los servicios de rescate y emergencias siguen trabajando para rescatar a posibles víctimas y para dilucidar las causas del descarrilamiento del Iryo Málaga-Madrid, con el que luego chocó el Alvia Madrid-Huelva en Adamuz (Córdoba).

El ministro ha trasladado que los técnicos de la comisión de investigación han trabajado en las últimas horas para inspeccionar tanto el punto del descarrilamiento como los daños producidos a causa del siniestro. “Tras las inspecciones sobre el terreno, ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los rieles en el punto de inicio del descarrilamiento e inspeccionar la rodadura del tren Iryo”.

Marlaska también ha explicado que la comisión también ha solicitado a Adif información sobre los registros de circulación por Adamuz en los dos días anteriores al suceso y va a realizar inspecciones en la rodadura de otros trenes que circularon antes por ese tramo de la vía.

Junto al ministro del Interior ha comparecido la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, que ha expresado las condolencias del Gobierno a las familias de las víctimas y el agradecimiento a todos los servicios de emergencia y vecinos del pueblo que se lanzaron a ayudar. “Lo mejor que tiene nuestro país es su gente. Desde el primer momento se pusieron en marcha todos los mecanismos del Estado y la coordinación de las instituciones”, ha dicho la ministra, que ha alertado sobre los bulos y las mentiras.

En ese contexto, la portavoz ha acusado a la ultraderecha de intentar sacar rédito político de la tragedia ferroviaria de Adamuz tras descolgarse de la unidad institucional y política de las últimas 48 horas. “La actitud de Abascal y la ultraderecha es una actitud ruin. Utilizar la tragedia para generar caos y desconfianza es una actitud antidemocrática e inhumana”, ha asegurado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Saiz ha pedido a la ciudadanía “huir de los bulos” y que tenga en cuenta que quienes intentan rentabilizar una desgracia de esta magnitud son los enemigos del servicio público. “Es el mayor ejercicio de antiservicio público. Pero somos mayoría los que estamos enfrente, en el servicio público, en la lealtad, en la verdad. Eso es lo que nos demanda la sociedad”, ha concluido.

La ministra portavoz no ha querido confrontar, sin embargo, con el líder de la oposición. Alberto Núñez Feijóo aseguró este lunes que el Partido Popular recibía información del suceso “por los medios de comunicación y por la Junta de Andalucía, pero no del Gobierno”. Según ha podido saber elDiario.es, los jefes de gabinete de Sánchez y Feijóo contactaron en la misma tarde del lunes para compartir la información disponible en una conversación que, según fuentes de la Moncloa, se produjo en tono “cordial”.

El ala socialista del Gobierno se escuda en un informe de la Abogacía del Estado para rechazar la intervención en el mercado del alquiler a través de la prórroga de los contratos que vencen este año como reclaman Sumar y el resto de socios de izquierdas de la coalición. Pedro Sánchez anunció nuevas medidas para intentar paliar la subida de los precios de la vivienda, que se ha convertido en el principal problema para los españoles, y una de ellas fue la bonificación fiscal a los propietarios que no suban los alquileres en la renovación de los contratos. Sumar rechaza que sea inconstitucional y recuerda que en la legislatura pasada ya se aprobaron varios decretos con una prórroga similar a la que ahora proponen. También han criticado la postura socialista ERC o Podemos, anticipando una nueva batalla para la aprobación del nuevo paquete en materia de vivienda.

“Hay informe del abogado del Estado que no le da la seguridad jurídica necesaria que tiene que tener una medida de ese calado”, ha respondido en una entrevista en RNE la portavoz, Elma Saiz, sobre la nueva pugna dentro del Gobierno de coalición. La ministra ha dicho que al cuerpo de letrados del Estado se le piden informes que “son absolutamente rigurosos”. Lo que sostienen en Moncloa es que la intervención en el mercado a través de la prórroga de los contratos, que en la práctica supondría la prohibición de subir los alquileres vigentes, es “inconstitucional”, según las fuentes consultadas.

La propuesta de Pedro Sánchez y el Ministerio de Vivienda para dar respuesta a los 1,6 millones de contratos que caducan este año es una bonificación en el IRPF de hasta el 100% para quienes mantengan o bajen el alquiler. Lo que argumentan en Moncloa es que esa medida compensaría en buena medida la ganancia que tendrían los caseros en el caso de que subieran los precios ante el vencimiento de los contratos. También sostienen que tiene unos beneficios intangibles para ellos, como evitar el riesgo de tener unos nuevos inquilinos o evitar el pago a una agencia si se produce el cambio, de acuerdo a esas fuentes.

“No enfrenta a propietarios e inquilinos”, defendió Pedro Sánchez en una rueda de prensa el lunes en la que dio por hecho que la medida acabará contando con el respaldo parlamentario, a pesar del cisma que ha provocado con los socios. Por ahora en Moncloa no dan ningún signo de pretender modificar la propuesta. “Una cosa es estar en contra y otra verlo insuficiente”, señalan fuentes gubernamentales, que ven factible convencer al resto de fuerzas.

La portavoz ha restado importancia al nuevo desencuentro en la coalición y lo ha enmarcado en la “normalidad”. “Lo importante es el objetivo común”, ha dicho Saiz, que ha puesto en énfasis en la negativa del PP a aplicar la ley de vivienda donde gobierna y ha recordado que contempla bonificaciones del IRPF en las zonas tensionadas.

“Tenemos el problema de que las comunidades autónomas del PP están incumpliendo la ley. Si no se declaran zonas tensionadas, no se pueden hacer esas bonificaciones”, ha expresado la portavoz, que ha asegurado que están planteado “una intervención inteligente y eficaz del mercado de alquiler”. “Esta no es una medida aislada, forma parte de un paquete de medidas que se están poniendo en marcha para afrontar el principal desafío que es la vivienda. Las comunidades autónomas tienen competencias directas en materia de vivienda. Por eso pediría al principal partido de la oposición deje de comportare como oposición al Gobierno y que se arremangue y se ponga a trabajar donde gobierna porque tiene competencias directas en materia de vivienda”, ha señalado Saiz: “Lo primero hacer cumplir la ley de vivienda”.

Sumar niega que sea inconstitucional: “Ya se ha hecho antes”

Desde el socio minoritario del Gobierno, muy enfadados con el anuncio unilateral que lanzó Sánchez este lunes, rechazan que la medida sea inconstitucional como argumentan los socialistas y recuerdan que en la anterior legislatura se aprobó en hasta ocho decretos diferentes, cinco de ellos fuera del paraguas del estado de alarma.

Durante la pandemia, el Gobierno aprobó hasta tres reales decretos que prorrogaban durante seis meses la vigencia de los contratos. Pero el Ejecutivo que entonces conformaban PSOE y Unidas Podemos también aplicó esta medida sin el paraguas jurídico del estado de alarma, con cuatro decretos consecutivos en esta línea, aunque atados argumentalmente todavía a la situación de emergencia por la pandemia. Aquellos años fueron los únicos en el último tiempo en el que los precios de la vivienda dejaron de subir.

Pero en Sumar recuerdan que el Gobierno volvió a aprobar una prórroga de lo contratos ya acabada la pandemia, en el marco de la respuesta que dio el Ejecutivo a la crisis de precios derivada de la guerra en Ucrania.

“Insistimos, por tanto, en que la prórroga es una medida necesaria y que ya se ha aprobado en ocho ocasiones en el Consejo de Ministros y convalidado en el Congreso de los Diputados y no solo bajo el paraguas de la crisis sanitaria”, defienden desde el Ministerio de Derechos Sociales que lidera Pablo Bustinduy. “La emergencia habitacional que existe en este momento y ha sido declarada por el presidente del gobierno es un contexto más que necesario para que se lleve a cabo otra prórroga de alquileres”, argumentan.

En Sumar desconfían de ese informe de la Abogacía del Estado que ni siquiera ellos han podido ver y que la parte socialista del Gobierno no ha hecho público hasta ahora. Por eso, creen que las resistencias dentro de los socialistas son más ideológicas que legales. “La medida del PSOE es dar dinero público a los caseros por cumplir el mandato constitucional. Es el mundo al revés”, defendió este miércoles en Televisión Española la propia Yolanda Díaz.

El ala del PNV del Gobierno vasco sostiene que sus socios de coalición, el PSE-EE, comparten exactamente el mismo sentimiento de “malestar” o “desazón” (la palabra textual ha sido 'ezinegona', en euskera) con Pedro Sánchez por el incumplimiento del compromiso para cerrar todas las transferencias pendientes del Estatuto de 1979 en 2025, algo que ya no se va a producir. La portavoz del Ejecutivo de Imanol Pradales y consejera que lidera las conversaciones estatutarias, María Ubarretxena, ha remarcado que los traspasos más relevantes encima de la mesa recaen precisamente en áreas dirigidas por los socialistas, particularmente todo lo relativo a la gestión económica de la Seguridad Social, y que el vicelehendakari y consejero del ramo, Mikel Torres, ha estado muy implicado en el intercambio de papeles.

Fuentes del equipo de Torres indican que “la única inquietud” es por los motivos “técnicos” y no por cuestiones “políticas”, porque ven claro el “compromiso” de ambas partes en que los traspasos se hagan “de la mejor forma posible”. Insisten en que el objetivo es que la Seguridad Social o el Sepe, una vez cedidos, ofrezcan “un servicio igual o mejor al que viene prestándose en la actualidad”.

Este lunes 29 de diciembre iba a celebrarse una comisión mixta para la firma de cinco transferencias, tres de ellas relacionadas ya con la Seguridad Social, aunque no todavía las pensiones. Es la primera vez que esta materia iba a ser gestionada por una comunidad autónoma y, según Ubarretxena, esto ha generado “miedo” de última hora en el Estado. Ha recordado que Sánchez y Pradales, en primera persona, cerraron los primeros acuerdos políticos en julio y que luego, en septiembre, se ampliaron a Sumar, que dirige el área de Trabajo. Esto propició la cesión del Sepe, esto es, de las políticas pasivas o prestaciones y subsidios de paro, aunque ahora se ha visto retrasada.

La consejera Ubarretxena, que en estos meses ha realizado viajes casi semanales a Madrid, ha personalizado en el secretario de Estado Borja Suárez, 'número dos' de la ministra Elma Saiz, el bloqueo repentino de la comisión mixta y las trabas en torno a financiación y personal. Ubarretxena, a preguntas de los periodistas, no ha querido nombrarlo directamente pero ha insistido en que Sánchez tiene que poner “orden” en su casa. “No puede ser que haya secretarios de Estado que manden más que los ministros”, ha repetido sobre este alto cargo socialista.

Y ha añadido también que los vascos cumplen siempre con la palabra dada y en que sería deseable que los españoles también lo hicieran. Y, además, “en letra y en espíritu”. “No ocultamos nuestra sorpresa por cómo se han desencadenado los hechos”, ha apuntado Ubarretxena, que antes de la rueda de prensa había ofrecido también una entrevista en Euskadi Irratia en términos muy similares.

Se da la circunstancia de que las cinco materias que se iban a firmar no cerrarían tampoco todos los asuntos pendientes. En lo tocante a la Seguridad Social, por ejemplo, falta por acordar la parte principal, el traspaso de la gestión de las pensiones. Euskadi, en todo caso, será mero cajero, ya que normativa y cuantías seguirían siendo fijadas por el Estado. Siempre se ha recalcado que la transferencia respetará la denominada 'caja única' para toda España, algo que recoge expresamente el Estatuto.

Y hay otros temas colgando, desde los paradores de turismo hasta la matriculación de vehículos. Ubarretxena, que ahora se tomará unos días de vacaciones tras haber estado intentando cerrar estos temas “hasta el día de Navidad”, asegura que las negociaciones seguirán en marcha. El nuevo horizonte es el 16 de enero, una fecha de consenso para las cinco transferencias iniciales pero para el que el PNV no es especialmente optimista. Para el resto de materias no hay calendario, aunque Pradales y Sánchez tenían comprometido verse a finales de enero a modo de “reválida”, es decir, como un examen para ver qué estaba cerrada y qué no de entre todo lo comprometido.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se ha enzarzado con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a cuenta del desalojo de migrantes del instituto B9 de la ciudad de hace doce días. Tras acusar la ministra al alcalde de haber actuado con “inhumanidad, racismo y xenofobia”, Albiol ha replicado tildando al Ejecutivo de “irresponsables”.

La negativa de Albiol, en contra de lo que prevé la ley, de realojar a las personas que echó del instituto abandonado en el que malvivían desde hacía más de dos años derivó en un problema social sin precedentes en Badalona. Instigados por el alcalde, varios vecinos incluso protestaron contra la apertura de una iglesia para acoger a los migrantes.

En una entrevista en la Cadena SER este lunes, la ministra y portavoz Saiz ha acusado a Albiol de haber actuado con “inhumanidad, racismo y xenofobia” en el desalojo del B9 y de “dejar durmiendo en la calle a familias y niños”.

Saiz también ha lamentado que la actuación de Albiol se haya producido con el “silencio atronador” del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha sido “incapaz de decir nada” a un alcalde que “no es la primera vez que tiene actitudes de este tipo”.

Tal y como ya hiciera el día del desalojo, en el que Albiol culpó al Gobierno de la situación, el alcalde, en un mensaje en X, ha replicado a Saiz y ha tildado al Ejecutivo de “Gobierno de irresponsables”.

“Ministra, cumplir la ley no es racismo. No hay nada más racista e inhumano que lanzar el mensaje que la inmigración ilegal es bienvenida y después dejarlos tirados en medio de la plaza Catalunya, además de fomentar la okupación ilegal en contra de la convivencia de los vecinos. España necesita inmigración, pero que venga a trabajar y a contribuir como el resto de ciudadanos”, ha aseverado Albiol.

Doce días después del desalojo, una treintena de personas (están tanto desalojados del B9 como otras personas sin hogar) permanecen acampadas en un puente bajo la carretera C-31 de Badalona. La cifra de personas que ya han sido realojadas por la Generalitat y entidades sociales ha ascendido a 153. Menos de 20 fueron realojadas por el Ayuntamiento de Badalona (antes del desalojo del B9).

La voluntad del Ejecutivo catalán es seguir trabajando con otras administraciones y entidades sociales para buscar alojamiento a personas desalojadas del instituto que se encuentran en una situación especialmente vulnerable.

Según los datos de la Generalitat, la conselleria de Derechos Sociales y entidades sociales consiguieron realojar el pasado día 23 a 35 personas; el día 24, a otras 20; y entre el día de Navidad y el viernes, a nueve más, que se sumaban a las 83 a las que ya se había ofrecido alojamiento los días previos.

El Gobierno cree que Alberto Núñez Feijóo debe dimitir tras haberse conocido los mensajes que se intercambió con el entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la dana. “Lleva un año mintiendo. Ya solo por eso debería dimitir”, ha dicho la portavoz, Elma Saiz, en una entrevista en La Hora de TVE en referencia a las palabras del líder del PP tras la catástrofe, cuando dijo que había estado informado en tiempo real sobre lo que ocurría con las riadas.

Los mensajes evidencian que el primer mensaje se produjo a las 20 horas, una vez que Mazón se incorporó al trabajo tras horas en una comida en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, y que fueron puntuales hasta las 23.59. El primer mensaje lo envía Feijóo a las 19.59 para interesarse, aunque los que él manda no los ha incorporado a la causa, y a las 20.08 horas llega la primera respuesta de Mazón. “Gracias Presi”, respondió. “Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto”, continuó el dirigente valenciano que, sobre las 20.15 horas, le mandó otro mensaje: “Noche larga por delante”. Mazón le llamó para pedirle el teléfono del expresidente de Telefónica, José María-Álvarez Pallete.

La portavoz del Gobierno ha cuestionado la “forma y el fondo” de los mensajes que se intercambiaron y ha reprochado que Feijóo no haya remitido su parte. “Me pregunto si Feijóo no da a conocer sus mensajes de respuesta porque tienen ese mismo tono”, ha expresado Saiz. “Tendrá ocasión de comparecer ante la jueza de la dana, donde no tendrá más remedio que decir la verdad”, ha recordado sobre su paso por el juzgado como testigo previsto para el próximo 9 de enero. Feijóo ha solicitado comparecer por videoconferencia.

“Ha faltado a la verdad”

“Se acredita lo que venimos denunciando: ha faltado a la verdad”, ha dicho Saiz, que considera que “lo único que le obsesiona a Feijóo que venía a hacer política para adultos” es “hacer daño al Gobierno”. “No le interesa el dolor de las víctimas”, ha apuntado la portavoz. Feijóo remitió, además, los mensajes al Juzgado de Instrucción de Catarroja en la tarde de Nochebuena. La portavoz de una de las asociaciones de víctimas, Rosa Álvarez, ha asegurado que si buscaba hacerles daño “lo ha conseguido” y ha reprochado que no les diera esa información en la reunión que mantuvieron en Génova en marzo: “Necesitamos no contexto, verdades”.

El Gobierno ha pedido la dimisión de Feijóo después del discurso navideño del rey en el que alertó de una “crisis de confianza” en las democracias que “nutre” a los “extremismos”. “Extremismo no es solo Vox, también el Partido Popular”, ha dicho Saiz, que se ha referido a los pactos con quienes quieren “socavar las instituciones”, a Xavier García Albiol por tratar de manera “inhumana” a los migrantes, a Isabel Díaz Ayuso por “estar fagocitando la sanidad pública”, y ha acusado al PP de “mentir a las víctimas de la dana”.

Carga contra el “hooligan” Albiol

La portavoz del Gobierno ha cargado especialmente contra el alcalde de Badalona por haber dejado en la calle a migrantes que estaban en un antiguo instituto en pleno mes de diciembre. “¿Dónde está el moderado Feijóo ante un alcalde que se está comportando como un hooligan?”, se ha preguntado antes de recordar que es competencia del ayuntamiento dar una alternativa habitacional a esas personas.

“Este tipo de actuaciones, de racismo y xenofobia, de trato inhumano, ¿qué tipo de respuesta está recibiendo por parte del moderado Feijóo?”, ha insistido Saiz, que ha recordado que el lema de Albiol en una campaña electoral fue “limpiando Badalona” y que “apelaba a las cacerías de migrantes” antes de los sucesos de Torrepacheco.

En contraposición, la portavoz ha reivindicado la gestión del Gobierno: “Estamos todos los días trabajando y poniendo encima de la mesa importantes medidas que están dando respuesta a los problemas de nuestro país”. Se ha reafirmado en que presentarán los Presupuestos en el primer trimestre del año y ha restado importancia a la prórroga al recordar que se están impulsando iniciativas, como el escudo social, a pesar de esa situación. “Tenemos claro el camino, las recetas políticas y queda mucho por hacer”, ha rematado.

Último Consejo de Ministros del año con aprobación de un decreto ley que ampliará las ayudas sociales que caducaban el 31 de diciembre de 2025, prórroga de los Presupuestos ante la debilidad parlamentaria del Gobierno, y estreno de la nueva portavoz, Elma Saiz, a quien Pedro Sánchez propuso este lunes, sin haber hecho siquiera la digestión del varapalo que se llevaron los socialistas en Extremadura. La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha agradecido al confianza de estos años y “concretamente ahora”, cuando una sensación de fin de ciclo que se apodera del PSOE. Pero Pedro Sánchez no está en eso y aspira a terminar el mandato convencido de que su Gobierno es “más necesario que nunca” ante el aplastante crecimiento de la ultraderecha.

Entre los argumentos que esgrimen en Moncloa para esa continuidad están los avances sociales y las medidas de protección, como los que recoge el decreto ley. Además de la revalorización de las pensiones, el Gobierno ha aprobado la prohibición de los desahucios para las familias vulnerables que está vigente desde la pandemia y que caducaba a final de mes. También se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 la compensación a los arrendatarios afectados por la suspensión de los desahucios y podrán solicitarla hasta el 31 de enero de 2027. Lo que queda fuera es la exigencia de Sumar de prorrogar los contratos de alquiler que vencen este año, unos 600.000.

También se ampliarán durante todo el año que viene los descuentos del bono social energético para consumidores domésticos vulnerables de energía eléctrica, que alcanzan el 42,5% para los consumidores vulnerables y el 57,5%, para los vulnerables severos. La prohibición del corte de suministros d agua, gas natural y energía eléctrica también se ampliará hasta final de 2026.

Igualmente, se mantendrán en 2026 los incentivos fiscales para particulares y empresas a la hora de comprar un vehículo eléctrico, instalar un punto de recarga eléctrica –como la deducción del 15% en el IRPF– o abordar actuaciones de eficiencia energética en la edificación.

En materia fiscal, “se prorrogan durante 2026 los límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA” y “se extiende a todo 2026 para los pequeños autónomos los límites cuantitativos que delimitan en el IRPG el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva (conocidos como ”módulos“), con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos”, expresan fuentes gubernamentales.

Las empresas beneficiarias de ayudas directas recogidas en ese decreto ley, que tendrá que convalidar el Congreso en enero, no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos.

Lo que no se ha producido por ahora es la subida del Salario Mínimo Interprofesional al que se ha comprometido el Gobierno y que se está negociando internamente, pero “se prorroga, por seguridad jurídica, la vigencia del actual SMI (39,47 euros/día o 1184 euros/mes), hasta que se determine nueva cuantía previa consulta con agentes sociales”, según fuentes gubernamentales.

En materia fiscal, se declaran exentas del IRPF las ayudas concedidas por daños personales ocasionados por los incendios forestales de este verano y se aprueban exenciones a determinadas ayudas concedidas a perjudicados por la dana (dirigidas al mantenimiento del empleo y la reactivación económica de las empresas afectadas, así como las ayudas urgentes aprobadas por la Generalitat destinadas a autónomos). “Se posibilita en 2026 renunciar a la llevanza de libros registro del IVA por medios a través de la Sede Electrónica, así como posibilidad de baja extraordinaria en el registro de devolución mensual IVA para el año 2026”, agregan en el Gobierno.

“Se mantiene el porcentaje de imputación de rentas inmobiliarias con objeto de evitar un incremento de la tributación por tener inmuebles en 2025 (respecto a 2024) y se actualizan para 2026 los importes máximos de los coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno para determinar la cuantía a pagar en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”, recoge el decreto ley.

A pesar de las quejas del PNV, el Gobierno ha decidido incluir todas las medidas en un mismo decreto ley, que también recoge la subida de las pensiones mínimas de entre un 7% y un 11,4%, y de las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV). También se prorrogan las actuales cuotas de los autónomos, que de momento se mantienen congeladas.

Lo que se ha aprobado en otro decreto aparte es el nuevo abono único de transporte, que permitirá usar trenes de Renfe –de Cercanías y de media distancia– y autobuses de concesión estatal a cambio de una tarifa plana mensual. También ha ampliado a 2026 las ayudas al transporte público vigentes. “Son tus impuestos”, ha defendido Óscar Puente, que ha anticipado que “un Gobierno de PP y Vox lo primero que suprimiría sería esta ayuda”.

Y es que lo que ha planeado durante la rueda de prensa ha sido la debacle de los socialistas en Extremadura y la victoria de María Guardiola, a quien el PSOE y el Gobierno responsabilizan de que Vox se haya disparado. “Me duele que la participación haya sido la mínima histórica, ha caído más de ocho puntos y me duele cómo la ultraderecha ha duplicado su presencia en el Parlamento. El PP, Guardiola, decidió esa convocatoria porque quería desprenderse de Vox y lo que ha conseguido es estar más unido que nunca. Apelo a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas de preservar de la presencia en las instituciones de aquellos que quieren acabar con las instituciones”, ha dicho Saiz.

En el Gobierno descartan, no obstante, que esas palabras supongan que los socialistas permitan gobernar a Guardiola para mantener un cordón sanitario a la ultraderecha. “Responsabilidad hay que pedir al responsable y, en este caso, tiene nombres y apellidos: el PP de Feijóo y de Guardiola. No solo está pactando con la ultraderecha, está llevando a cabo políticas de ultraderecha”, ha agregado la portavoz, que explica en buena medida el auge de esas dos fuerzas, que suman el 60% en Extremadura, en que “quizás la ciudadanía no está sufriendo las consecuencias de esos gobiernos, no están sufriendo las consecuencias de esa involución” de esas políticas. “El Gobierno está saliendo al rescate”, dicen en Moncloa.

A menos de un mes para que empiece 2026, los autónomos siguen sin saber qué cuotas pagarán el próximo año a la Seguridad Social. La negociación para avanzar hacia unas cotizaciones más vinculadas a las ganancias de los trabajadores por cuenta propia está “parada”, según los tres colectivos de autónomos que se sientan en la mesa de negociación con el Ministerio de Elma Saiz. Por ello, cada vez se impone más la idea de que el Gobierno prorrogará las actuales cotizaciones, incumpliendo los plazos legales de la reforma aprobada en 2022.

El Ministerio de la Seguridad Social planteó un primer escenario de cuotas para los próximos tres años, 2026 a 2028, con un aumento de las cotizaciones para todos los autónomos que generó muchas reacciones contrarias, tanto a derecha como a izquierda. Solo una semana después, el departamento de Elma Saiz presentó otra propuesta de mínimos, muy distante de su primer planteamiento. Alcanzaba solo 2026 e implicaba congelar las cuotas más bajas y subir muy poco las más altas, un 2,5%, incluso por debajo de la inflación.

El volantazo de la Seguridad Social tampoco contentó a nadie y, tras el ruido de varias semanas por el tema, se ha instalado el silencio. El Ministerio de la Seguridad Social insiste públicamente en su voluntad de alcanzar un acuerdo, y que trabaja “discretamente” para alcanzarlo. “Nuestra mano está tendida porque sabemos que las medidas que estamos planteando son beneficiosas y refuerzan el escudo social”, responden en el Ministerio.

Pero los tres colectivos de autónomos sentados en la mesa de negociación (ATA, UPTA y UATAE) niegan a este medio que exista contactos ni diálogo tras la última oferta del Gobierno. “No hay nada, ni contactos bilaterales”, sostiene Miguel Vila, portavoz de UATAE, asociación de autónomos afín al sindicato CCOO.

Los colectivos progresistas denuncian la “inacción” del Gobierno

“Ahora mismo hay una sensación de hastío total y de desconcierto sobre la postura del Ministerio”, sostiene Eduardo Abad, presidente de UPTA, colectivo de autónomos vinculado al sindicato UGT, que denuncia la “inacción” de la Seguridad Social. Las asociaciones progresistas de autónomos recuerdan que la cotización va ligada a la protección social (cuanto más se cotiza más pensión o permiso de maternidad se percibe, por ejemplo), por lo que esta mejora para los trabajadores autónomos también se queda en un cajón.

“En conjunto, los autónomos están mucho más protegidos hoy que hace cuatro años. Pero tenemos que seguir. Hay que seguir desplegando el sistema de cotización por ingresos reales y hay que conseguir que la brecha se siga cerrando. Hemos de seguir ampliando la acción protectora de los autónomos y nuestro deseo es que sea con consenso”, indican desde el departamento de Saiz.

Sin embargo, tanto en UPTA como en UATAE denuncian la parálisis del Ministerio de Elma Saiz tras las críticas a sus primeros planteamientos de cuotas para los próximos años, que consideran que no ha sabido defender ni replantear para llegar a un acuerdo en la materia. O al menos para intentarlo.

“El temor a una opinión pública manipulada les impide tomar decisiones”, critica Abad. “Y 2026 es año electoral”, recuerda Miguel Vila, un escenario que en UPTA y UATAE creen que está detrás de la congelación de esta reforma por parte del Gobierno (y no solo del Ministerio). “Parece que van a dejar las cuotas como están para que no haya ruido”, lamenta Vila, que al igual que Abad considera que “no se está pensando en los autónomos”.

En ATA, el colectivo de autónomos dentro de la patronal de empresarios CEOE, también confirman que “no hay ningún contacto con el Ministerio”, pero ven con buenos ojos la congelación de las actuales cuotas, que ya habían reclamado. De hecho, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha afirmado que “los autónomos ya cotizamos por ingresos fiscales” y ha dado por “cumplido” el pacto suscrito, saliéndose del consenso alcanzado en 2022 y pese a la gran brecha de cotización que todavía persiste, sobre todo entre quienes más ganan.

Compromiso de un calendario antes del 1 de enero

Si se impone el escenario que prevén todas las asociaciones de autónomos, la prórroga de las actuales cuotas de 2025, el Gobierno estaría incumpliendo su propia reforma hacia la cotización por ingresos reales de estos trabajadores.

En 2022 se pactó que las cotizaciones fueran aproximándose gradualmente a las ganancias reales de los autónomos en un periodo máximo de nueve años. El entonces ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, acordó las cuotas de los tres primeros años, hasta 2025, y el compromiso legal de que “antes del 1 de enero de 2026” el Gobierno determinaría “el calendario de aplicación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, el cual contemplará el despliegue de la escala de tramos de ingresos y bases de cotización a lo largo del siguiente período, con un máximo de seis años”.

Más allá de qué sucederá con las cuotas en el mes de enero, que todo parece indicar que ya no dará tiempo a cambiar, los colectivos de autónomos UPTA y UATAE exigen al Gobierno que retome la negociación para intentar un acuerdo cuando sea posible. En ATA indican que cuando se quiera negociar “con tiempo y bien”, “ahí estarán”. “Que no nos veamos en las mismas en octubre o noviembre de 2026. Es todo un poco lamentable y una oportunidad perdida”, lamenta Miguel Vila.

La alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, ha confirmado que el Estado ha aceptado que futuro centro de protección y acogida al refugiado de la capital, ubicado en Arana, tenga finalmente con un total de 200 plazas frente a las 350 inicialmente previstas. Según la alcaldesa, es una “buena noticia” y así podrá “ajustarse mejor a la capacidad de los servicios sociales y recursos públicos de la capital alavesa”. Asimismo, ha destacado que llegarán “familias” y niños.

En rueda de prensa, Etxebarria ha agradecido este viernes “la receptividad y compromiso” de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de su propio partido, al aceptar todas “las propuestas de mejora” planteadas por la alcaldesa en la reunión que mantuvieron el pasado mes de septiembre, al tratarse de “un paso importante, fruto del diálogo y la colaboración institucional”, informa Europa Press.

Así, el centro de protección internacional tendrá una “apertura progresiva con un número máximo de 200 plazas”, una cifra que, según la alcaldesa, permitirá “habilitar los servicios sociales” de la ciudad, ya que, ha afirmado, que “sí se van a poder atender” desde el municipio. Tal y como ha explicado, “serán las instituciones vascas”, Ayuntamiento, Diputación alavesa y Gobierno vasco, quienes tendrán que “adecuar los servicios sociales para la cobertura de estas personas”. Aparte de la rebaja en el número final de plazas, el Ministerio también ha aceptado que algunas dependencias del centro puedan ser utilizadas por el vecindario, tales como instalaciones deportivas y otros espacios, para “facilitar la convivencia, el encuentro y la interrelación entre las personas refugiadas y los vecinos”.

Por otra parte, “el Ministerio se ha comprometido a coordinar con las instituciones competentes”, Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Vasco, “todas las cuestiones que afecten de una u otra manera al centro”. Por último, Etxebarria ha señalado “el interés de que el centro reciba refugiados agrupados en torno a núcleos familiares, con especial atención a la infancia”, asimismo ha dicho desconocer los plazos de apertura del recurso. “El Ministerio ha aceptado las propuestas de mejora planteadas y habilitará los recursos a las necesidades de la ciudad, lo que mejorará la atención al refugiado. Mientras, avanza en la construcción del centro con el objetivo de ofrecer techo, atención, ayuda y dignidad a los solicitantes de asilo, personas vulnerables que necesitan reconstruir su vida, ya que lo han perdido todo y se han visto en la obligación de huir de su país”, ha manifestado.

Etxebarria ha destacado que “algunas de las opciones políticas, hasta ahora muy críticas con el proyecto, se hayan acercado al mismo, apostando por un diálogo constructivo entre instituciones”, en alusión a EH Bildu, para agradecer que “ya no está sola defendiendo el proyecto”. “Así quedo reflejada en la enmienda presentada en el Parlamento Vasco por PSE-EE, EH Bildu y Sumar que, aunque finalmente no pudo debatirse, quiero subrayar el gran valor que tiene que la crítica haya dado un paso al frente del compromiso, ya que es un gran avance en la defensa de los derechos humanos y la acogida responsable”, ha valorado, para añadir: “Me he visto sola y con mucho orgullo de defender este proyecto, pero ya no estoy sola”. Cuestionada por la demanda del PNV, su socio de Gobierno, para “paralizar” el proyecto, Etxebarria se ha ceñido a la gestión municipal, para resaltar que “mantiene una estupenda relación” con los nacionalistas.

El PNV mantiene su rechazo

La presidenta del PNV de Álava, Jone Berriozabal, ha reiterado la oposición del partido 'jeltzale' y ha denunciado que la reducción de las plazas de este recursos desde las 350 inicialmente anunciadas a 200 es “una decisión unitaleral”, por lo que ha insistido en reclamar la paralización del proyecto. Berriozabal, a través de un comunicado, ha recordado que el PNV se opuso “desde el primer momento” a este centro, al considerar que se trata de un recurso de una dimensión excesiva y que una adecuada integración de las personas requiere de centros más pequeños.

“Ni con 350 plazas, ni con 200; el redimensionamiento anunciado hoy es una nueva imposición del Gobierno de España”, ha criticado la dirigente del PNV, que ha recordado que el anuncio de este redimensionamiento por parte de la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, se produce un día después de que el PSE-EE acordara, junto a EH Bildu y Sumar, un texto en el Parlamento Vasco reclamando un diálogo institucional sobre el proyecto.

“Estamos ante una nueva decisión unilateral que no responde a ningún proceso de consenso ni diálogo compartido”, ha afirmado. Además, ha mostrado su “sorpresa” ante el “cambio de postura” que, según ha dicho, han tenido EH Bildu y Sumar respecto a este proyecto. “Hasta ahora solo el PSE defendía este proyecto impuesto por el Gobierno de España; ahora se le suman Bildu y Sumar por puro tacticismo”, ha manifestado. El PNV ha reiterado su apuesta por centros “que respondan al modelo vasco de acogida, que prioriza recursos más pequeños y atención personalizada”, y ha denunciado que el centro proyectado en el barrio vitoriano de Arana “no cuenta con consenso institucional ni social”.

La marcha atrás del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el incremento de las cuotas de los autónomos en 2026 pone en riesgo parte de los fondos de recuperación. La cotización a la Seguridad Social de los autónomos según sus ingresos reales es uno de los hitos por los que España recibió el tercer pago de los fondos, con 6.000 millones de euros en 2023. Esta medida se aprobó para que fuera implementada de forma gradual hasta 2032, pero su práctica paralización el año que viene y, probablemente, en 2027, cuando hay previstas unas elecciones, complica su ejecución final. A preguntas de elDiario.es sobre este hito del plan de recuperación, un portavoz de la Comisión Europea responde que “si un Estado miembro revierte un hito o un objetivo cumplido satisfactoriamente, la Comisión podrá retirar los fondos inicialmente desembolsados en virtud del marco general del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. El incumplimiento le podría costar a España hasta 1.400 millones de euros.

El Gobierno alcanzó un acuerdo de reforma para que los autónomos cotizaran por sus ganancias, con un periodo de transición de diez años, hasta 2032. El entonces ministro José Luis Escrivá cerró el acuerdo de subida de cuotas entre 2023 y 2025. La actual ministra Elma Saiz hizo una propuesta inicial que posteriormente revirtió ante las quejas de una asociación de autónomos, la patronal y el guirigay político montado por el PP, aunque los populares votaron en 2022 a favor de esta medida en el Congreso.

La Comisión Europea puede penalizar a un país por el incumplimiento de los hitos por los que ha recibido dinero de los fondos europeos. De hecho, en 2023 Bruselas ya lanzó una advertencia a España centrada en un posible incumplimiento de la reforma de las pensiones con la modificación del sistema de infracciones. Con este cambio se quería dejar claro que el incumplimiento de hitos no se iba a castigar de la misma manera, la multa dependería de su relevancia y de su impacto en reformas de calado.

España aspira a un volumen de fondos de 163.000 millones de euros, entre subvenciones y préstamos, para los que tiene que cumplir 595 hitos. Los incumplimientos se castigan dividiendo la cuantía de los fondos por el número de hitos, de manera que cada hito supone unos 275 millones, pero la Comisión añade unos coeficientes según la importancia del hito, que multiplican la multa entre un 0,5 para los hitos intermedios y por 5 a los hitos y objetivos relacionados con la entrada en vigor de una reforma. La sostenibilidad del sistema de las pensiones es una de las reformas principales y la cotización de las cuotas de la Seguridad Social de los autónomos según sus ingresos reales es fundamental para su cumplimiento, con lo que no alcanzar este hito podría desembocar en una multa de hasta 1.400 millones.

Aunque en la reforma pactada hace solo tres años todas las partes se comprometieron a culminar la cotización por ingresos netos de los autónomos en 2032, en la CEOE y el colectivo de autónomos ATA (dentro de la patronal) afirman ahora que “ya han cumplido” y que los trabajadores por cuenta propia “ya cotizan por ingresos fiscales”, en palabras de Lorenzo Amor, presidente de ATA. En realidad, solo lo hacen por una parte, pero no por el total, con una gran brecha respecto a los asalariados, especialmente en los autónomos con mayores ganancias.

“El actual contexto político lo hace muy difícil”

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social explican que “se va a cumplir con la medida en 2032. En ningún caso se está claudicando en la cotización de autónomos por ingresos reales. Sería deseable un escenario más ambicioso, pero el actual contexto político lo hace muy difícil. Hay que recordar que la medida se aprobó con un amplio respaldo en el Congreso y en ningún caso se va a dejar de cumplir con el compromiso con la Unión Europea”. Sin embargo, fuentes del diálogo social no lo ven tan claro.

“Este freno puede afectar a los fondos europeos. Hay un compromiso de adecuar las cotizaciones a sus ingresos reales, pero en 2026 no avanzamos. No se actualiza ni con la inflación. No se están haciendo las tareas pendientes. Estamos hablando de una medida que es una pata muy importante de la reforma de pensiones, que interesa mucho a Bruselas. Se pone en riesgo el equilibrio conjunto de la reforma de pensiones. Bruselas nos puede decir algo y que se pongan en juego parte de los fondos”, explica un miembro del diálogo social conocedor de las negociaciones de esta reforma.

“La situación es muy complicada”, lamenta por su parte María José Landaburu, secretaria general de UATAE, colectivo de autónomos vinculado a CCOO, que recuerda que “el año que viene es electoral”, un contexto en el que suele ser más todavía complejo armar consensos en temas delicados como este. Mientras, el tiempo pasa y, si no se avanza en la cotización por ingresos reales, luego la adaptación sería más abrupta en los últimos años para cumplir con la meta de 2032, algo que tampoco parece muy factible políticamente.

Desde el Ministerio se admite que “se decidió un horizonte de nueve años para su implementación porque el 85% de los autónomos cotizaba el mínimo y había que darles un margen para que se fueran adaptando y el cambio no fuera tan abrupto. Además, se necesitaba tiempo para que el nuevo sistema fuera implantado por la Seguridad Social y se monitorizara su éxito, algo que ha sido así en los tres primeros años en los que se ha llevado a cabo”.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, el colectivo de autónomos ligado a UGT, pide “responsabilidad” a todas las partes. “Los acuerdos para algo son acuerdos”, insiste y recuerda que uno de sus objetivos principales es la mejora de la protección social de los autónomos a futuro.

No sería la primera vez que España deja escapar fondos de recuperación. La Comisión Europea suspendió el desembolso de 626 millones de euros de estos fondos por el trato de España a los interinos y algo más de 500 millones por incumplir dos reformas: la equiparación del impuesto entre la gasolina y el diésel y la digitalización de las entidades locales, en el pago del quinto desembolso de los fondos de recuperación (22.900 millones). En el caso de la equiparación de impuestos de carburante fue la presión de un socio de la legislatura como el PNV la que hizo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidiera aparcar la reforma. Los más de 1.100 millones se pueden recuperar para las arcas españolas si el Gobierno cumple con estos hitos.

El Partido Popular alienta la sospecha de que existe una Caja B en el PSOE e insiste en la financiación irregular de los socialistas, después de que el último informe de la UCO de la Guardia Civil avisara de un descuadre en las cuentas del partido de miles de euros y pagos en metálicos a José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García durante cinco años.

Mientras, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para desarrollar y ampliar las medidas de la ley ELA, justo un año después de su publicación en el BOE. Ante las peticiones de los familiares y pacientes, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha intentado aumentar la financiación para su implementación con 500 millones de euros. Por otro lado, ni la oposición ni los socios ni los colectivos terminan de estar convencidos por la nueva propuesta de la ministra de Seguridad Social para las cuotas de autónomos. Elma Saiz anunció este lunes que congelará las cuotas más bajas e incrementará las de quienes más ganan en un 2,5%, después de las quejas de la ciudadanía, derecha e izquierda. Sin embargo, el paso adelante tampoco convence.