Hay personas que acometen tareas intelectuales de dimensiones casi inconcebibles. Como, por ejemplo, Arnold Joseph Toynbee (1889-1975), que escribió Un estudio de la Historia: trece volúmenes en los que comparaba las causas del auge y decadencia de una veintena de “civilizaciones”. O William James Durant (1885-1991), que, junto a su esposa Ariel, acometió una Historia de la Civilización en once volúmenes. Pese a la longevidad de los Durant (su historia de amor es maravillosa), solo tuvieron tiempo de llegar a la era napoleónica.

Toynbee y los Durant ya no están de moda, por diversas razones. Conviene tenerles en cuenta, sin embargo, porque sus extensísimos estudios los llevaron a coincidir en un punto clave: la importancia esencial de la concentración de riqueza en el auge y decadencia de las sociedades (o “civilizaciones”).

Leamos a los Durant: “La concentración de la riqueza es natural e inevitable, y es periódicamente aliviada por una redistribución parcial, violenta o pacífica. Desde este punto de vista, toda la historia de la economía es el lento latido del organismo social, unos vastos sístole y diástole de riqueza concentrada y redistribución compulsiva”.

Toynbee, por su parte, señalaba como rasgo común en 21 civilizaciones finalmente fracasadas, empezando por la sumeria, la “concentración de la propiedad” y la incapacidad de las élites para resolverla.

Veamos el ejemplo del siglo XX. Empieza con el liberalismo tradicional (“laissez faire, laissez passer”) en pleno auge. Los grandes patrones de la economía estadounidense, los Vanderbilt, Morgan, Rockefeller, Carnegie, etcétera, (denominados “barones ladrones”) han acumulado fortunas colosales. Algo parecido sucede en los imperios británico y francés. Pero la catástrofe bursátil de 1929 acaba con aquel viejo mundo.

El mundo que nace entonces muestra rasgos muy variados (desde el “new deal” de Franklin Roosevelt en Estados Unidos al nazismo de Adolf Hitler en Alemania, desde el primer gobierno laborista en el imperio británico hasta el Frente Popular en Francia) y un importantísimo rasgo común: el auge del Estado como redistribuidor de la riqueza.

La “era socialdemócrata” posterior a la Segunda Guerra Mundial suele explicarse por dos motivos: la necesidad de pagar las deudas bélicas, con una altísima presión fiscal (pagar entre un 70% y un 90% de los ingresos en el impuesto sobre la renta se convirtió en la nueva normalidad de los ricos), y la “suavización” del capitalismo para evitar que la clase trabajadora se pasara en masa al comunismo. En realidad, el concepto del Estado redistributivo y algunos rasgos que podríamos llamar “iliberales” ya estaban vigentes antes de la guerra.

En los años 80, “la década de la codicia”, una socialdemocracia paralizada por el desempleo y la inflación se rinde ante el viejo liberalismo. Irrumpen Margaret Thatcher y Ronald Reagan, el “Consenso de Washington” es adoptado como doctrina por el Fondo Monetario Internacional y la oleada de privatizaciones y bajadas de impuestos desarma al Estado. Se dispara de nuevo, como en el siglo XIX y principios del XX, la acumulación de la propiedad en pocas manos.

El fenómeno ha proseguido hasta hoy. El 1% de la humanidad acumula más de la mitad de la riqueza generada. Quizá llegamos al momento que describe Toynbee en su historia comparativa de las civilizaciones: “Al principio, la Minoría Dominante intenta mantener por la fuerza (contra la razón y el derecho) una posición de privilegio heredado que ha dejado de merecer; y entonces el Proletariado repaga la injusticia con resentimiento, el miedo con odio y la violencia con violencia. Sin embargo, todo eso acaba en actos de creación positiva”.

Conviene fijar la atención en los tres puntos fundamentales del programa de gobierno de Xi Jinping, líder de la potencia emergente: innovación tecnológica, orden en el mercado y redistribución de la riqueza. Incluso China, políticamente comunista y económicamente capitalista, con tasas de crecimiento aún muy superiores a las del resto del mundo y un gobierno férreo, señala como gran problema la creciente concentración de la propiedad.

Resentimiento, odio y violencia: recuerden lo de Toynbee unas líneas atrás. Los estadounidenses han encumbrado a Donald Trump y su gobierno de ladrones. En Europa está en auge la ultraderecha. Atravesamos la etapa en que la minoría dominante de Toynbee azuza a los pobres (las antiguas clases medias, reales o aspiracionales) contra los más pobres (los inmigrantes) para mantener sus propios privilegios. Según los señores tecnofeudales, lo mejor para todos es que ellos se hagan cada vez más ricos.

Tiempos convulsos. Acabemos con una frase de William Durant: “La historia se repite, pero cada vez sale más cara”. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha inaugurado este jueves la Comisión Asesora de personas expertas para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), a la que ha pedido que realicen su informe en un tiempo más reducido de lo habitual –ante la intención de subir este mínimo salarial antes de las elecciones generales– y también que su recomendación de aumento garantice que el salario mínimo no pierde poder adquisitivo, con una elevación que compense al menos la inflación. Según los últimos datos, el IPC interanual está en “el 4,9%”, ha recordado Díaz.

La responsable de Trabajo ha añadido que el mandato de los expertos también incluye la petición habitual: que recomienden un aumento anual que garantice que el SMI cumple con la meta del 60% del salario medio del país, según la Carta Social Europea.

Pero, además, Díaz ha recordado que el Estatuto de los Trabajadores recoge varias variables macroeconómicas a tener en cuenta para acordar la subida del SMI, entre las que figura “el índice de precios de consumo” y la “coyuntura económica general”.

En este sentido, la ministra de Trabajo ha recordado que España es el país de la OCDE con mayor crecimiento económico, del 2,6%, y ha encargado a la Comisión Asesora que analice la evolución de los márgenes empresariales. “Duplican en España los europeos en todos los sectores. Lo vuelvo a decir, están en máximos. No son opiniones, son datos reales que, como siempre digo, deberíamos de proyectarlos”, ha afirmado.

Desde esa premisa de que “la economía va bien”, y ante el importante auge de precios, que perjudica sobre todo a los hogares más vulnerables, Yolanda Díaz ha puesto los moldes para defender una subida contundente. “Estamos en un escenario de crecimiento económico, por tanto, con más justicia si cabe, el paso es decidido a revalorizar el salario mínimo. Como siempre hemos hecho”, ha sostenido.

Sobre los tiempos para la subida, aunque no ha precisado cuándo se podrá aprobar, Díaz ha dado menos de un mes a los expertos para entregar su informe: a finales de octubre o en el puente de Todos los Santos (primeros días de noviembre). Con este documento, el Ministerio de Trabajo reunirá inmediatamente a los agentes sociales, con los que Díaz ha afirmado que le gustaría que hubiera “un acuerdo”, algo bastante impensable en estos momentos.

“Toca ajustarse un poco el cinturón por arriba”

Díaz ha insistido en el importante aumento de los márgenes empresariales en los últimos años para adelantarse a las previsibles críticas del ámbito empresarial sobre el incremento del salario mínimo que proponga su Ministerio.

“Los márgenes empresariales superan la serie histórica, por lo que sería conveniente que repartamos un poco la riqueza en nuestro país”, ha argumentado Díaz. “Creo que toca ajustarse el cinturón un poquito por arriba, no por abajo”, ha defendido.

Díaz ha recordado que “la mediana salarial se encuentra en 1.700 euros”, por lo que “estamos hablando de un país que necesita mejores salarios”.

Aunque el conjunto de salarios se negocia entre las empresas y los representantes de los trabajadores, Díaz ha enarbolado la competencia del Gobierno para fijar el salario mínimo, con un mandato de históricos aumentos a sus espaldas.

“El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente, por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, que van a volver a ver cómo subimos el salario mínimo en España”, ha asegurado.

La riqueza financiera de las familias españolas, la diferencia entre ahorros y deudas, aumentó un 12,2% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2025, a pesar de la inflación, con lo que pulverizó un nuevo récord y llegó a 2,81 billones.

Según las Cuentas Financieras de la Economía Española publicadas este jueves por el Banco de España, la riqueza financiera se elevó a finales de junio de 2026 exactamente hasta 2,812 billones de euros, una cifra inédita en la serie histórica. Mientras que la deuda de las familias se moderó hasta el 41,9% del PIB, valor mínimo desde el tercer trimestre de 1999.

El avance de la riqueza se explica principalmente por las revalorizaciones de los activos, especialmente las participaciones en el capital y fondos de inversión.

Los activos financieros de los hogares (dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta) aumentaron un 10,46% frente a un año antes, hasta los 3,64 billones.

En relación con el producto interior bruto (PIB), los activos financieros netos representaron un 209,7% al cierre del segundo trimestre de 2026, y la riqueza financiera neta, una vez descontadas las deudas, supuso el 161,8%.

El grueso de los activos financieros de los hogares españoles estaba en participaciones en el capital, que sumaban el 32,8% del total; seguido de efectivo y depósitos (32%); fondos de inversión (17,5%), y seguros y fondos de pensiones (11,5%).

Se observa un ligero aumento de las participaciones en el capital y en los fondos de inversión, compensado con la evolución a la baja de efectivo y depósitos.

La deuda de familias y empresas  

La deuda consolidada de los hogares y las empresas ascendió a 1,805 billones de euros a finales del segundo trimestre de 2026, un 1,8% más que un año antes.

En el caso de los hogares, la deuda aumentó y pasó de 718.495 millones de junio de 2025 a casi 728.820 millones a cierre del segundo trimestre de 2026.

Respecto al PIB, sin embargo, la ratio de deuda de los hogares disminuyó hasta el 41,9%, el nivel más bajo desde el tercer trimestre de 1999.

Por su parte, la deuda consolidada de las empresas aumentó desde los 1,055 billones de junio de 2025 a los 1,077 billones de cierre del segundo trimestre de 2026, lo que supone, sin embargo, el 61,9% del PIB, el porcentaje más bajo desde el tercer trimestre de 2001.

La evolución de la deuda consolidada de las empresas se explica, principalmente, por la menor emisión de acciones no cotizadas y otras participaciones, que fue más que compensada con la evolución de las operaciones en el caso del resto de instrumentos.

En cuanto a las Administraciones Públicas, las operaciones consolidadas de los activos en el segundo trimestre de 2026 alcanzaron el 0,8 % del PIB, por debajo del promedio desde 2022, que se explica principalmente por las transacciones de efectivo y depósitos y de los otros activos.

Las operaciones por el lado del pasivo en las Administraciones Públicas se situaron en el 3,2 % del PIB, por debajo del promedio desde 2022, debido a los valores representativos de deuda y los préstamos, añade el Banco de España.

Poner un límite a la concentración de riqueza en nuestro país podría movilizar hasta 357.500 millones de euros, un quinto del producto interior bruto (PIB) de la economía española, y prácticamente dos veces lo que la Seguridad Social abona por las pensiones en un año. Estas son las cifras de un estudio elaborado por The Wealth Cap Project, una asociación europea que defiende que hay ponerle un “techo” a lo que pueden acumular las fortunas.

El estudio, Un tope a la riqueza en España, presentado este lunes en el Congreso, hace una serie de simulaciones en las que se repiensa la tributación actual sobre la riqueza, con propuestas desde cambios en el impuesto de patrimonio hasta la puesta en marcha de ese “techo” a los millonarios.

Estos topes no equivalen a una recaudación potencial, como apuntan los autores del informe: Marina Alcázar (Paris School of Economics), la catedrática Olga Cantó y el investigador Francisco García Rodríguez (ambos de la Universidad de Alcalá). Esto es porque la captación por parte del fisco dependería, en gran parte, del comportamiento de las fortunas afectadas, de variaciones en los precios de los activos “y del margen existente para la elusión y la evasión fiscal”. Pero las cifras “ofrecen una medida transparente y comparable de la enorme magnitud de la riqueza concentrada actualmente en la parte más alta de la distribución española y de qué parte de esa riqueza permanece hoy fuera del alcance de la fiscalidad vigente”. 

Los investigadores justifican la propuesta por un problema, el de la desigualdad, que cada vez es más sangrante. Con datos de 2021, la mitad más pobre del mundo poseía tan solo el 2,2% de la riqueza global, en tanto que el 10% más acaudalado concentraba el 74%. En España, el 1% concentra en torno al 24% de la riqueza. 

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha arropado el lanzamiento de la iniciativa y ha defendido tomar medidas que limiten la desigualdad como vía para frenar el deterioro de la democracia. “La concentración obscena y acelerada de riqueza en unas pocas manos es lo que está detrás del asedio a las democracias que estamos viviendo”, ha advertido. “No se puede plantear una defensa digna de ese nombre de los sistemas democráticos si no somos capaces de desmembrar los mecanismos que hacen posible esa fagotización de la riqueza social para su acumulación en cada vez menos manos”, ha subrayado el representante de Sumar.

Más impuestos o un techo a las fortunas

Un impuesto como el propuesto por el economista francés Gabriel Zucman (de un 2% para toda la riqueza superior a los 100 millones) permitiría, de acuerdo con las proyecciones de los autores en base a los microdatos de la Agencia Tributaria de 2023, un potencial de movilización de 2.700 millones de euros de 538 individuos en nuestro país. Si el tipo sobre estas grandes fortunas se elevara hasta el umbral máximo del Impuesto de Patrimonio (3,5%), la cifra potencial sería de 4.800 millones anuales.

Un tercer escenario parte de la ampliación de la base de obligados tributarios al bajar el umbral de tributación hasta las fortunas por encima de los 100 millones de euros. En ese supuesto, y con un tipo del 2%, la eventual recaudación alcanzaría los 7.200 millones de algo menos de 15.000 individuos. Si el tipo fuera el 3,5%, la recaudación casi se duplicaría: 12.500 millones de euros.

Si bien ya hay trabajos previos sobre el potencial recaudatorio de una reforma del impuesto de patrimonio, la novedad es esa propuesta de un “techo” o un “tope” a la riqueza. “Este enfoque parte de la idea de que debería existir un límite superior a la cantidad de riqueza que un individuo puede poseer legalmente”, explica el estudio, que basa su idea en el concepto del Limitarismo, acuñado por la filósofa y economista belga Ingrid Robeyns.

Y, a partir de aquí, plantea tres escenarios, cada uno con un límite máximo diferente. El más modesto, a partir de los 1.000 millones de euros de riqueza, apenas afectaría a 23 grandes contribuyentes, con un potencial de 50.300 millones de movilización. Si el techo se rebajara a 100 millones, 538 individuos abonarían 136.000 millones.

El mayor potencial de recaudación se desplegaría con un tope a la riqueza de 10 millones de euros, lo que generaría 357.500 millones de algo menos de 15.000 contribuyentes. Esto, en términos relativos al PIB, supone un 20,5%, un quinto del total de la economía española, y pagaría el 183% del gasto en pensiones de un año. Es decir, prácticamente el doble, con los datos a cierre de 2025. Todas las cifras se pueden ver en la tabla a continuación.

La comparación con una variable como el gasto en pensiones, aducen los investigadores, permite “una ilustración concreta de lo que podrían financiar los recursos generados”, más pertinente en un momento en el que las presiones de gasto cada vez son mayores para la Seguridad Social.

Alcázar, una de las autoras del estudio, ha defendido que estas cifras, “incluso en el escenario más conservador”, están lejos de ser desdeñables. “En los escenarios más ambiciosos, la concentración de la riqueza es lo suficientemente elevada como para cambiar sustancialmente los términos del debate sobre cómo España funciona”, ha apuntado.

La catedrática Cantó ha subrayado que la concentración de la riqueza es “una dinámica” que no tiene freno. “El capitalismo tiene una capacidad enorme de generar capital y ese capital tiene una rentabilidad que supera claramente la tributación que eso supone”, ha abundado la experta durante la presentación del informe. En su opinión, “no es tanto pensar en 'vamos a intervenir sus cuentas y quedarnos una parte de su capital', sino que si no hacemos nada, la dinámica será muchísimo peor”.

Un impuesto para pagar una prestación por crianza

Un estudio previo de Cantó y García-Rodríguez ya avanzaba el potencial recaudatorio de una reforma del impuesto de patrimonio, que permitiría financiar políticas como una prestación universal por crianza de hasta 2.000 euros por hijo. En este sentido, otro estudio reciente, este del centro ISGlobal, apuntaba que una tasa del 3% a los cienmillonarios afloraría recursos suficientes para evitar 29,5 millones de muertes al año, dado que se podrían financiar políticas suficientes para economías en desarrollo.

Precisamente la semana pasada Sumar registró en el Congreso una proposición de ley para crear un gravamen a las grandes fortunas que destine su recaudación a un Fondo de Protección a la Crianza. El objetivo de este nuevo tributo sería tapar los agujeros que existen actualmente en el sistema tributario y que permiten que escape buena parte de su posible captación. Esta es, justo, una de las peticiones al PSOE de cara a la negociación de los Presupuestos.

Bustinduy ha hecho referencia a esta iniciativa aunque ha apuntado que, con el actual crecimiento económico, no sería necesario un gravamen extraordinario. Pero en la cuarta potencia del euro, todavía un tercio de los niños y adolescentes están en riesgo de pobreza, ha advertido. “Es evidente que una proporción enorme de esa riqueza [que crea el crecimiento económico] está siendo capturada: por la acumulación de beneficios y el reparto de dividendos, por la utilización de la vivienda como mecanismo extractivo, por el desmantelamiento del sistema de protección social que ejercían como colchones de salario indirecto para las clases trabajadoras y mecanismos de evasión y elusión fiscal que hacen que las grandes fortunas tributen a tipos efectivos que son inferiores a los que puede pagar un funcionario, un autónomo o una trabajadora media de este país”, ha zanjado el ministro.

En el primer trimestre de este año, la variable de coste salarial para Canarias ya fue mala o muy mala dentro de la comparativa española por comunidades autónomas que sirve el Instituto Nacional de Estadística (INE) con soporte en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral.

Entonces, Canarias estaba en el penúltimo lugar (puesto 16), con solo Extremadura por detrás y cerrando la tabla. Pero esta vez, con los datos más recientes publicados (segundo trimestre de 2026), los de este jueves, las islas ya han bajado el último escalón que les quedaba y ahora regresan al puesto más bajo entre las 17 comunidades autónomas españolas. El archipiélago canario es otra vez el peor, el que aparece en último lugar.

Hay que tener en cuenta que el coste salarial siempre es menor que el coste laboral, pues el segundo incluye las cotizaciones a la Seguridad Social y otras aportaciones tributarias, por ejemplo, las retenciones del impuesto de la renta (salario bruto).

Ese dato de coste salarial en Canarias se conoce en una coyuntura en la que el turismo no para de crecer en las islas (más de tres años en esta tónica, desde mediados de 2023) y de obtener cada vez mejores ingresos empresariales (son más de tres años así, aunque con cierta moderación en el actual ejercicio respecto al año récord histórico de 2025, con 18,4 millones de turistas totales). Esta actividad productiva, el sector servicios, con peores salarios promedios que en la industria y la construcción, es el motor económico indiscutible en Canarias (37% de su PIB).

Además, esa misma etapa ha sido en la que el archipiélago ha dominado dentro del país el crecimiento económico en términos de Producto Interior Bruto (PIB). También es cierto que esa variable de coste salarial se da a conocer (la del segundo trimestre de 2026) en un momento en que el llamado coste de la vida no ha dejado de empeorar, con una inflación anual récord en estos momentos, la medición de agosto de 2026 (la más reciente), que llega al 3,8%.

Canarias se convierte así en la región donde sus trabajadores ingresan la nómina promedio más baja de toda España, con solo 2.016 euros al mes (en 12 meses), lo que significa recibir casi 500 euros menos que la media nacional, el coste salarial del país, este en 2.513 euros al mes en el mismo periodo de análisis.

Con aquel registro, las islas pasan en el segundo trimestre de 2026 a ocupar el último lugar en la clasificación autonómica según salarios recibidos por las personas contratadas. Ese último puesto es peor que el del primer trimestre del año, cuando Extremadura, ahora penúltima, era el farolillo rojo.

El trabajador canario, siempre según las estadísticas servidas por el INE, ingresa una nómina media mensual de 2.016 euros, con un aumento de 4,1% respecto al mismo registro del segundo trimestre de 2025 (dato interanual). El valor promedio salarial de los canarios es algo menor que el de Extremadura (2.022 euros al mes), la habitual compañera de viaje en los fondos de la reseñada clasificación autonómica.

El salario pagado en las islas, el recibido en la cuenta bancaria por el trabajador, es casi 500 euros inferior al mes que el valor promedio español, con 2.513 euros, y más de 400 euros menor al registro concedido a Islas Baleares (2.428 euros). El umbral más elevado para esa variable vuelve a corresponder a Madrid, con 3.060 euros al mes, más de 1.000 euros que lo reflejado para el archipiélago canario.

En general, todos los registros aportados por el INE en el estudio que publica este jueves son negativos para Canarias (según los intereses del trabajador), pues al último puesto en coste salarial mensual en abril-junio de este año se une el pago salarial más reducido por hora efectiva de trabajo, con 15,46 euros en las islas, y el coste laboral por hora también más bajo para el contratador, con 21,37 euros.

Coste laboral en España y autonomías

Tal y como recoge el INE, el coste laboral de las empresas en España aumentó el 4% en el segundo trimestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior, 2025, y se situó en 3.388,15 euros por trabajador y mes.

Ese valor absoluto promedio incluye el pago de la Seguridad Social y otras obligaciones que también corresponden al contratador. Si se desagrega la variable nacional, se tiene que el coste salarial subió el 4%, hasta 2.512,68 euros, y los otros costes, el 4,2%. Las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, el principal componente de los otros costes, crecieron el 4,2%.

Por comunidades autónomas, fueron Principado de Asturias, Cataluña y Comunidad de Madrid las que presentaron los mayores aumentos del coste laboral en el segundo trimestre del año, con Extremadura, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja aportando los menores incrementos.

Fernando Alonso y Carlos Sainz no tuvieron su mejor tarde en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid, disputada el pasado 12 de septiembre. Ambos quedaron fuera en la Q1, la primera fase de la jornada que decidía los puestos de salida en la parrilla de cara a la carrera del domingo (en la que el asturiano terminó decimoséptimo y Sainz abandonó). Unos metros por encima del asfalto, en una de las zonas de lujo de Madring (donde estas áreas VIP cuentan con 20.000 plazas y se sitúan entre las más pobladas del Mundial), el decepcionante devenir de los pilotos españoles no perturbó la comodidad ni la tranquilidad de estos privilegiados espectadores. “Alonso fuera y Sainz fuera”, comentaba uno de ellos con una copa en la mano. Sus compañeros de mesa casi ni reaccionaron.

La Azotea, nombre con el que los promotores patrocinan este espacio de hospitality, es un mirador con vistas a La Monumental, la curva más pronunciada y desafiante del trazado. Su parte baja cuenta con hamacas a la sombra, eso que tanta falta se echaba en otras zonas de público (donde el calor causó la mayoría de las 45 actuaciones de Emergencias durante el fin de semana), en una especie de chill out. En el piso superior se encuentra un restaurante donde disfrutar de suculentos menús con el ruido de los monoplazas como banda sonora. Por último, la planta situada más arriba es la joya de la corona: barra libre, servicio de catering, un cortador de jamón ibérico, sofás que te agarran y no te sueltan o hasta servicios de masaje en una estructura al aire libre con una visión privilegiada de las carreras.

La atención quiropráctica es sin duda uno de los aspectos más llamativos del entorno. El servicio está incluido en el precio que quienes disfrutan de estas entradas especiales han abonado. La cifra asciende a 4.200 euros para los tres días, más de cuatro veces el precio de la localidad media en grada. Mientras que estas últimas sí se terminaron, las VIP (que más que entradas son acreditaciones) no se agotaron. Apostar a lo grande por el modelo hospitality, reservando para él en torno al 16% de la capacidad total del recinto, ha sido uno de los puntales de lanza de Ifema. De hecho, el presidente de su Consejo Ejecutivo y máximo responsable del consorcio público-privado, José Vicente de los Mozos, disfrutó de la qually desde La Azotea.

La cortesía del privilegio

Acceder a estos espacios no es fácil. Hay un control específico en su entrada que sigue al del propio circuito. Una persona de la organización recuerda a la prensa desplazada para sacar fotografías durante la clasificación que “son clientes VIP, lo ideal es molestarles lo menos posible”. Luego apostillan que se trata más de una advertencia que de un aviso desconfiado: “Lo decimos sobre todo por ellos, a veces se ponen muy tiquismiquis y les molesta cualquier cosa”. Una vez allí, no hay problema alguno. “Tranquilo. Es tu trabajo”, responde un joven con camisa de cuello alto cuando un fotógrafo se entromete entre dos espectadores asomados a la barandilla para captar una gran instantánea. La cortesía del privilegio y la despreocupación.

Solo las altas temperaturas —se alcanzaron 33 grados a la sombra durante el fin de semana— inquietan a estos bon vivants. De hecho, el golpe de calor que sufre una joven provoca un pequeño susto al inicio de la clasificación. Finalmente, sus allegados y el personal de la organización la colocan en un asiento bajo los toldos que dan sombra a parte de La Azotea. Tras tomar un poco de agua, dice estar bien y vuelve a disfrutar de los pequeños placeres.

Entre el zumbido persistente de los monoplazas, la temperatura asfixiante protagoniza la mayoría de conversaciones casuales. “A mí nunca me ha sabido tan bien un gin tonic como hoy con el calor que hace”, comenta un espectador mientras toma una copa de la bandeja de una trabajadora y deposita la que tenía vacía. También se suceden intercambios de opinión sobre el Real Madrid (su ciudad deportiva se vislumbra desde uno de los costados de la estructura) y charlas sobre inversiones económicas ventajosas repletas de anglicismos.

En la zona chill out, donde los menos fanáticos de la competición se tumban cómodamente bebida en mano para conversar bajo las sombrillas, dos hombres conversan sobre las zonas a las que su entrada les permite o no acceder. “Hombre, hemos pagado no sé cuantos miles de euros”, dice uno de ellos.

Match Hospitality, promotor de este tipo de servicios de lujo en el circuito a cambio de un contrato de 400 millones de euros durante diez años, ha lanzado unas 20.000 plazas VIP en el conjunto del circuito de entre los 120.000 espectadores en el conjunto de Madring. La mayoría de ellas incluyen “experiencias” gourmet y diferentes servicios asociados. La Azotea no es la más cara: la zona Club 91, en la zona de salida, va en cabeza con cantidades que superan los 6.000 euros. Esta zona incluía un menú con aportaciones de seis cocineros con estrella Michelín e invitación para una fiesta posterior a la competición.

El precio de La Azotea es similar al de algunos palcos VIP cercanos a los boxes o la línea de meta, otra de las áreas más demandadas por los seguidores gracias a su panorámica de un momento tan decisivo. En esos casos se añade además la cercanía al pit lane y el paddock, donde se concentran las escuderías y los pilotos, así como personalidades de la talla de Plácido Domingo, Rafa Nadal, David Beckham o el propio rey Felipe VI junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Podium Stand o Traction Club son los nombres con los que se han comercializado.

Un modelo de palcos en crecimiento

El plan de Ifema es ampliar estas áreas privilegiadas en los diez años de contrato que quedan para el Gran Premio, según el acuerdo alcanzado con la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Las 120.000 localidades de este 2026 aumentarían a 140.000 el próximo año y una parte de ese incremento se sustentará en los palcos. Un modelo similar al promovido por el Real Madrid en el Santiago Bernabéu o el Atlético en el Metropolitano.

Mientras, los compradores de las entradas más humildes (en torno a 300 euros) han visto cómo el prometido césped de la pelouse ha acabado siendo un “secarral” sin hierba. Y todavía más allá, ya fuera del recinto, los vecinos convocaron una manifestación contra los efectos del proyecto en cuanto a ruido, contaminación, movilidad o encarecimiento del precio de la vivienda. “Sacrificarnos un poquito”, animaron desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a residentes de los distritos de Hortaleza y Barajas. Para que algunos reciban masajes cervicales, otros deben hacer pequeñas o grandes cesiones.

Aumentar los impuestos a las grandes fortunas podría llegar a salvar 29,5 millones de vidas. Esa es la conclusión de un estudio publicado en la revista científica Lancet y liderado por el ISGlobal de Barcelona, que ha analizado el impacto que tienen las ayudas al desarrollo en las sociedades más vulnerables y ha calculado qué pasaría si hubiera una mayor distribución de la riqueza gracias a tasas más exigentes.

Los investigadores han analizado los datos de 59 países de renta baja y media-baja para ver cómo afectan las prestaciones a la lucha contra la pobreza. El análisis muestra que aumentar estas inversiones se asocia con una reducción de hasta el 24% de mortalidad general y del 33% de las muertes de niños menores de cinco años.

A pesar del impacto positivo que tienen los fondos humanitarios, se trata de una partida que se está viendo recortada. Diversos países, como el Reino Unido o Alemania, ya han anunciado que reducirán el dinero que aportan a esta causa.

El caso que más destaca es el de Estados Unidos, que ha asegurado que aplicará un tijeretazo del 83% a las ayudas. Eso, según otro estudio publicado por ISGlobal a principios de verano, se podría traducir en 14 millones de muertes.

En vista de esta tendencia, los investigadores han propuesto a los estados otras maneras de sufragar las ayudas. “Ante el creciente endeudamiento de los países donantes y la reasignación cada vez mayor hacia el gasto militar, financiar la ayuda humanitaria mediante la fiscalidad se perfila como una de las estrategias más viables”, asegura Lucio Expósito, economista principal del estudio.

Los investigadores han diseñado diez escenarios teniendo en cuenta diversos impuestos y diversos grupos a tasar. Desde el ISGlobal han identificado las grandes fortunas, las grandes empresas multinacionales, las transacciones financieras, las emisiones de carbono, las criptomonedas y los intereses generados por la deuda soberana como fuentes más “plausibles” de fondos.

La medida más efectiva, según apuntan los investigadores, sería gravar con un 3% las grandes fortunas (cienmillonarios). Si se empezara a aplicar este 2026, de cara a 2030 podría acabar financiando ayuda suficiente como para evitar la muerte de 29,5 millones de personas, entre ellas 3,4 millones de niños. Esa misma medida, si se aplicara un impuesto del 1%, salvaría 15 millones de vidas; 2,1 millones de niños.

La siguiente medida que recaudaría más es la Tasa Tobin. Se trata de la carga del 0,02% del importe efectivo de la compra en todas aquellas operaciones financieras que superen los 1.000 millones de euros. Sólo con eso se podría salvar la vida a 24,5 millones de personas.

“El mundo está experimentando niveles extremos de desigualdad”, apuntan los investigadores, que recuerdan que el 10% de la población más opulenta posee el 75% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre sólo tiene el 2%. Con todo, a día de hoy se cuentan 92.140 cienmillonarios en el planeta.

“Un reducido número de personas y grandes corporaciones acumula riqueza a un ritmo sin precedentes, mientras millones de personas vulnerables siguen muriendo por falta de acceso a intervenciones humanitarias básicas y, en muchos casos, de bajo coste”, afirma Davide Rasella, impulsor y coordinador del estudio.

El investigador apunta a que sus propuestas son medidas “moderadas” de distribución de la riqueza y, aun así, el efecto sería “enorme”.

Las propuestas impositivas de este informe no surgen de la nada, sino que están basadas en iniciativas que ya se han puesto encima de la mesa en diversos foros internacionales. Aumentar los impuestos a actividades contaminantes (como las de la industria fósil), a las grandes multinacionales o a las grandes fortunas son soluciones que han sido debatidas en el Marco Inclusivo de la OCDE o en la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo.

La propuesta más en firme en esta línea se dio en 2024, durante la presidencia brasileña del G-20, donde el economista francés Gabriel Zucman reclamó una tasa anual del 2% a los grandes millonarios. Su estudio apuntaba a que los multimillonarios apenas pagan un 0,3% de impuestos sobre sus fortunas y que, entre 1987 y 2004, el número de multimillonarios ha pasado del 3% al 14% a escala mundial.

También destacan las medidas que se están intentando sacar adelante en Estados Unidos por parte de rivales de Donald Trump. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, basó parte de su campaña en la necesidad de aumentar la carga impositiva a las grandes fortunas, mientras que en California habrá un referéndum este noviembre sobre la creación de un tributo del 5% a los milmillonarios.

Aumentar estos impuestos, reza el estudio, no sólo tendría un impacto positivo en las políticas humanitarias, sino que también ayudaría a acabar con la tendencia a la acumulación.

Sólo en España, en el último lustro la riqueza en manos del 1% más rico de la población ha crecido en seis puntos porcentuales. A mayor capital, mayor capacidad de inversión y eso genera más rendimientos. “Arreglar esta desviación no sólo sería más justo, sino que podría evitar millones de muertes”, zanjan los investigadores.

El primer ministro sueco en los años ochenta, Olof Palme, es una de las figuras políticas que más huella ha dejado en el país nórdico por su papel en la expansión del Estado del bienestar, basado en la defensa de los servicios públicos universales, la redistribución de la riqueza y la igualdad social, que se convirtieron en un referente internacional para la socialdemocracia.

Pero del mito de Suecia como paraíso del Estado del bienestar hoy más bien quedan unos pocos restos. Gran parte de la gestión de los servicios públicos en el país escandinavo se ha privatizado mediante un modelo en el que el Estado sigue financiándolos al 100%, pero las empresas que los gestionan pueden obtener beneficios sin apenas límites.

Como consecuencia de esto, en las próximas elecciones generales de septiembre, el Partido de la Izquierda, el Partido Verde y el partido socialdemócrata concurren a las urnas con la propuesta de prohibir que las empresas privadas se lucren mediante la prestación de servicios públicos. Esto pasa especialmente en la educación, donde el país ha permitido que cada vez más escuelas estén gestionadas por empresas con ánimo de lucro que cotizan en el mercado de valores de Estocolmo. También en la sanidad, donde casi la mitad de las clínicas de atención primaria son de propiedad privada, una tendencia que también se ve en la gestión de las residencias para la gente mayor.

Mientras tanto, la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando, con el número de multimillonarios pasando de 28 a 542 en 25 años, al mismo tiempo que ha aumentado la proporción de hogares con bajos ingresos. Suecia también encabeza la clasificación mundial de patrimonio acumulado por los millonarios en relación con el tamaño de su economía, seguida de Rusia. Unos multimillonarios que, a menudo, pagan menos impuestos que el resto, ya que en los últimos años se han abolido el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto de sucesiones y el impuesto sobre las donaciones.

Por todo esto, el periodista económico Andreas Cervenka, autor del libro Girig-Sverige (Suecia avariciosa), defiende que Suecia se ha convertido “en un paraíso para los superricos”. Cervenka sostiene en su libro que los ricos no se han beneficiado solamente por la baja fiscalidad, sino que argumenta que la liberalización y la privatización de los servicios públicos han creado nuevas oportunidades para hacer grandes fortunas. Esta tesis fue investigada por el periódico Aftonbladet, que concluyó que la riqueza de al menos 18 nuevos multimillonarios está vinculada a los negocios relacionados con el Estado del bienestar, incluyendo escuelas privadas, sanidad, farmacias online y otros servicios.

La privatización y las desigualdades territoriales han debilitado el funcionamiento del modelo de bienestar universal sueco

Åsa Plesner — Investigadora de la Universidad de Estocolmo

La investigadora de la Universidad de Estocolmo, Åsa Plesner, especializada en la gestión de los servicios públicos, explica a elDiario.es que Suecia continúa “teniendo formalmente un modelo de bienestar universal, pero la privatización y las desigualdades territoriales han debilitado su funcionamiento”.

La investigadora señala que, aunque esa privatización comenzó bajo gobiernos conservadores, los posteriores ejecutivos socialdemócratas no revirtieron el proceso y, en algunos casos, incluso lo profundizaron: “Comenzó como una decisión ideológica a finales de los años noventa y principios de los 2000. Pero en la última década el sector privado ha ejercido mucha presión mediante el lobby para mantener las cosas como están y, como consecuencia, ahora tenemos unos pocos grupos corporativos muy importantes que, básicamente, son demasiado grandes para dejarlos quebrar” explica Plesner.

Oligarcas del Estado del bienestar

Según la experta, la educación “es uno de los sectores donde se ha extendido más el modelo de privatización”. Desde las reformas introducidas en los años 1990, las familias pueden elegir libremente entre las escuelas públicas y las escuelas privadas o independientes (friskola). La particularidad del sistema es que, en las friskolor, el Estado sigue financiando la educación y los centros reciben más fondos públicos a medida que aumentan su número de alumnos, mientras que las empresas propietarias pueden tener incentivos para reducir costes y obtener más beneficios.

Los críticos también advierten de que este sistema aumenta el riesgo de segregación socioeconómica entre los alumnos de los centros públicos y los privados, ya que “son los padres con mayor nivel educativo, más comprometidos y con mayor ventaja socioeconómica quienes toman decisiones activas sobre el centro escolar, mientras que las familias más desfavorecidas suelen quedarse en las escuelas públicas”, argumenta Plesner. Mientras tanto, Suecia ha experimentado en los últimos años un acusado retroceso en el rendimiento escolar, según las clasificaciones del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA).

A todo esto, aproximadamente uno de cada 10 estudiantes de la escuela secundaria asiste a un centro gestionado por la empresa ArcadeMedia, la mayor empresa educativa en el norte de Europa, con más de 650 centros y que actualmente está en proceso de expansión por Noruega, Finlandia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido. Esta compañía es un ejemplo claro de lo que los medios del país escandinavo llaman “los oligarcas del Estado del bienestar”, (välfärdsoligarker), una expresión que se utiliza de forma crítica para referirse a los inversores que han acumulado grandes fortunas financiándose principalmente con dinero público.

Centros sanitarios al límite

Los cambios hacia un modelo más privatizado del Estado del bienestar también son evidentes en la sanidad. Los profesionales del sector se quejan de la falta permanente de personal, la prioridad por la eficiencia económica y el empeoramiento de las condiciones laborales. Además, los sindicatos alertan de que se está produciendo una concentración de médicos privados en las zonas urbanas más ricas donde a menudo resulta más económico atender a los pacientes, dejando para los centros públicos los casos más complejos o costosos de tratar de las zonas rurales.

“Los profesionales sanitarios en Suecia ya no disponen del tiempo necesario para proporcionar una atención médica segura”, alerta a elDiario.es Sophia Godau, presidenta del mayor sindicato de los trabajadores de la atención médica, Vårdförbundets. Según Godau, los problemas, como la presión constante para liberar camas y enviar los pacientes a casa lo más rápido posible, “son estructurales y se han ido acumulando en los últimos diez años por no priorizar la sanidad pública”.

Los profesionales sanitarios en Suecia ya no disponen del tiempo necesario para proporcionar una atención médica segura

Sophia Godau — Presidenta del mayor sindicato de los trabajadores de la atención médica, Vårdförbundets

En 2024, las administraciones públicas financiaron el 86% del gasto sanitario sueco, según Statistics Sweden, a pesar de que el 40% de los centros sanitarios ya son de propiedad privada y algunos de ellos están controlados por firmas de private equity, fondos que compran empresas que no cotizan en bolsa con el objetivo de mejorar el valor del negocio para luego venderlo más caro y generar grandes ganancias.

Auge de la extrema derecha

Finalmente, la investigadora Åsa Plesner señala que el deterioro de los servicios públicos ha causado un malestar social que ha sabido aprovechar el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia, a pesar de que en su programa electoral no defienden deshacer el modelo de privatización que ha contribuido a generar el malestar: “La derecha populista está atrayendo a votantes que, en general, están descontentos con el Gobierno y el sector público, pero no están abogando ni impulsando políticas para mejorar dicho sector”, afirma.

Por otro lado, el partido socialdemócrata, que lidera las encuestas para las elecciones de septiembre, durante la campaña electoral está recuperando la agenda para recobrar el buen nombre del Estado del bienestar sueco. Sin embargo, Plesner apunta que “el proceso tiene que ser hecho de forma gradual y puede tardar años en llegar”.

La cantidad que se espera que la generación boomer legue a sus descendientes a lo largo de los próximos años es tan grande que se ha etiquetado al fenómeno como “La Gran Sucesión”. Los escenarios más conservadores hablan de una transferencia media de 250.000 euros, equivalente a diez años de trabajo con salario mediano, y especialmente en forma de patrimonio inmobiliario. Eso significa que una cantidad enorme de riqueza está a punto de cambiar de manos precisamente en un momento en que resulta extraordinariamente difícil crear nueva riqueza mediante el trabajo.

Debemos comenzar señalando que, en general, hay tres formas por las que un individuo puede incrementar su riqueza: ganarla trabajando, haciendo “rendir” a propiedades que ya se poseen o recibirla de otra generación. Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que la primera puerta se ha ido cerrando, la segunda exige superar una barrera de entrada muy difícil y la tercera se ha convertido en un ascensor relativamente eficaz, pero injusto. Como consecuencia, la propiedad ha adquirido una importancia creciente para las familias, lo mismo que su desigual distribución entre los hogares para el conjunto de la economía.

Hemos analizado muchas veces la evolución del salario real en la economía española, cuya característica principal es que está prácticamente estancado desde hace décadas (aunque en los últimos años remonte ligeramente). También hemos hablado de lo engañoso que es hablar de un salario real promedio, cuando en la distribución salarial hay salarios muy elevados y salarios muy bajos al mismo tiempo. Pero adicionalmente podemos ampliar el foco y darnos cuenta de que también puede coexistir al mismo tiempo un trabajador con un salario alto y sin propiedades y, por otro lado, un trabajador con un salario modesto, pero con varias propiedades inmobiliarias que le proporcionan unos complementos que, dado el mercado de alquiler, pueden ser superiores incluso a su remuneración laboral. En esas circunstancias, es obvio que los ingresos laborales no nos ofrecen toda la información de lo que está sucediendo en nuestro país. Y lo cierto es que estamos asistiendo a una mutación en la forma del enriquecimiento de las familias, sobre todo entre lo que se llama convencionalmente clase media.

Piénsese que durante buena parte del capitalismo de posguerra en occidente existió un vínculo bastante estrecho entre crecimiento de la productividad, salarios reales y capacidad de acumulación de los hogares. Aunque no hay que idealizarlo, los trabajadores podían aumentar su riqueza a través de un canal que comenzaba con las mejoras de productividad en la economía, seguía con salarios reales más altos y consecuentemente con una cierta capacidad de ahorro, la compra de activos como una vivienda, y el resultado final era un incremento de patrimonio. Esta es, básicamente, la sucesión típica de una persona de la generación ‘boomer’ que, a día de hoy, ya ha terminado de pagar la hipoteca y dispone de un nivel importante de riqueza neta (activos menos deudas).

Pero el régimen de acumulación actual es mucho más problemático. Las reformas neoliberales de los años ochenta desmantelaron en todo Occidente la lógica anterior, provocando particularmente una ruptura en el canal que vincula el crecimiento de la productividad con el crecimiento salarial. Se trataba de un efecto buscado, en tanto el programa neoliberal se anclaba en la idea de que la competitividad sólo era posible con costes laborales unitarios más bajos, es decir, salarios baratos. La consecuencia ha sido que la capacidad de ahorro de los trabajadores ha disminuido mientras activos como la vivienda se han revalorizado, lo que ha dificultado el acceso a una vivienda en propiedad y desembocado en una disminución del patrimonio neto.

Dado que con los salarios no es posible acumular riqueza, entonces el rentismo se ha convertido en una opción atractiva. Especialmente del inmobiliario. Pero para convertirse en rentista primero hay que haber acumulado patrimonio, cosa que no está al alcance de todos. Dicho de otra forma: aunque el mercado de la vivienda ofrezca rentabilidades altísimas, hay que tener dinero para pagar la compra de una vivienda o, al menos, la entrada a una hipoteca. Y con los precios actuales se trata de una barrera de entrada altísima. Eso agrava el carácter desigual del rentismo, ya que la acumulación patrimonial acaba dependiendo de la propia acumulación patrimonial. En otro contexto, el economista y premio Nobel Gunner Myrdal habló de “causalidad circular acumulativa” para referirse a una dinámica como esa: bajo esas reglas, cuanto más rico eres, más rico serás.

Si tomamos la actualidad como punto de partida, la foto es horrible porque la riqueza en España está realmente mal distribuida. Según la Encuesta Financiera de las Familias, el 10% más rico de los hogares es propietario de más de la mitad de la riqueza neta (53%). Como vemos en el siguiente gráfico, además es una cifra superior a la de comienzos de siglo (43%). Pero ese incremento de casi diez puntos es principalmente el resultado del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que hundió el valor de las propiedades inmuebles de todos los hogares propietarios, pero afectó más a las clases medias —ya que las clases altas tienen una cartera más diversificada e invierten en otros activos—.

Esto abunda en la idea de que en España la riqueza y su desigual distribución están estrechamente asociadas a la evolución del mercado inmobiliario. Y, naturalmente, el cambio de manos dentro de una familia es una forma de reproducir en el tiempo esa desigualdad. Por ejemplo, según el trabajo de Pedro Salas-Rojo y Juan Gabriel Rodríguez, cerca del 70% de la desigualdad de riqueza en España está asociada a las herencias. Pero esto no sólo vale para las familias ricas, que heredan en cantidades monetarias muy elevadas, sino también para familias mucho más modestas aunque para ellos las cantidades operen más como alivio que como mecanismo de reproducción de élites.

Al fin y al cabo, ¿qué les queda a los trabajadores que, con salarios modestos y sin propiedades que rentabilizar, quieren incorporarse al circuito de la acumulación o simplemente prosperar? En efecto, heredar de sus padres y familiares. En un país donde la herencia es fundamentalmente inmobiliaria, la herencia no es tanto un reparto como una forma de determinar quién entra en el mercado de activos y quién se queda fuera de él para siempre.

Supongamos, para verlo con claridad, que mañana al despertar todas las viviendas de España valieran exactamente el doble. El patrimonio inmobiliario del país se habría duplicado en las estadísticas, los propietarios se sentirían más ricos, y, sin embargo, no habría ni una vivienda más ni una vivienda mejor: lo único que habría ocurrido es una transferencia de valor desde los compradores futuros hacia los propietarios presentes. Y los que no son propietarios estarían aún más lejos de acceder a ese circuito. Por eso se puede afirmar que la revalorización no crea riqueza, sino que redistribuye derechos. Una economía puede duplicar su riqueza contable mientras su inversión productiva neta se estanca, que es aproximadamente lo que ha pasado.

Pero esto es relativamente nuevo porque deriva del hecho de que la vivienda se ha revalorizado en cantidades muy elevadas. De hecho, que hoy trabajadores jubilados sean contablemente “ricos” es consecuencia de decisiones de compra de patrimonio hace décadas. Esas generaciones anteriores no sólo pudieron comprar porque ganaban proporcionalmente más, sino especialmente porque los activos inmobiliarios eran mucho más baratos. Comprar una vivienda en los años ochenta requería un esfuerzo económico mucho menor que en la actualidad, y debido a la revalorización del suelo esas viviendas ahora tienen mucho más valor; un “premio” que heredarán sus descendientes.

La pregunta del millón es por qué las viviendas se han encarecido tanto en estas últimas décadas. Desde luego no puede reducirse todo a una simplista lectura de oferta y demanda. Hay muchos factores que influyen, y la mayoría tienen que ver con las características propias del régimen de acumulación del capitalismo contemporáneo: un capitalismo financiarizado en el que el dinero no se dirige tanto a inversiones productivas como a inversiones especulativas. Dicho de otra forma: el capitalismo occidental tiene serias dificultades para encontrar oportunidades de inversión productiva que sean suficientemente rentables. Para el capital occidental, estrangulado crecientemente por la competencia internacional —especialmente de China— es mucho más atractivo invertir en actividades especulativas, y el resultado es una inflación de activos (especialmente inmobiliarios, pero no sólo). A ello cabe sumar otros factores, como los demográficos, regulatorios, etc.

Este contexto es importante, ya que el capitalismo occidental se encuentra ante una combinación de problemas: menor crecimiento de la productividad, menor dinamismo de la inversión que refleja menor rentabilidad, elevados niveles de endeudamiento, tensiones geopolíticas que expresan una mayor competencia internacional y restricciones energéticas y ecológicas. El resultado es un entorno de crecimiento mucho más débil que el de todos los periodos anteriores. Como se puede ver en el siguiente gráfico, con datos para países de la OCDE, el crecimiento medio anual del PIB por habitante ha descendido en forma de escalera a lo largo de tres períodos: la posguerra hasta 1974, el ciclo neoliberal hasta 2008 y la década larga posterior a la crisis financiera, que es la más mediocre de los tres.

Obsérvese que este desplazamiento desde un capitalismo anclado en la inversión productiva hacia un capitalismo financiarizado es el correlato macroeconómico del desplazamiento del enriquecimiento personal vía trabajo (donde cambiamos nuestro tiempo de trabajo por dinero) hacia el enriquecimiento vía rentismo (donde cambiamos dinero por más dinero). En realidad, se trata de un aspecto fetichizado, ya que en la narrativa convencional es equivalente invertir en finanzas o en industria, de la misma forma que tiene la misma legitimidad ganar dinero trabajando o por el alquiler que te pagan los inquilinos. Pero lo que hay detrás en todas las actividades financieras son los derechos de captura sobre el trabajo ajeno, también en esa “casa que se paga sola” para el pequeño propietario de clase media.

En definitiva, en una economía de bajo crecimiento, una proporción creciente de la población necesita que los activos se revaloricen para mantener su posición económica, precisamente porque los salarios ya no lo hacen suficientemente. Y eso ayuda a explicar por qué la exención sobre el impuesto de donaciones y sucesiones es apoyada no sólo por las elites sino también por importantes sectores de las clases medias y populares. De hecho, este impuesto no está de moda: en el conjunto de la OCDE la recaudación por este concepto ha caído con fuerza desde los años sesenta, y en ese mismo período siete países europeos lo han suprimido por completo, a los que hay que sumar fuera del continente casos como India o Rusia, mientras China nunca llegó a establecerlo. En España, donde la carga efectiva es prácticamente residual por el juego de bonificaciones autonómicas, sigue siendo objeto de un debate intermitente y desaforado en torno a lo que las derechas bautizaron como “impuesto a la muerte”.

Existe, desde luego, una élite cuyo enriquecimiento casi exponencial depende de que las transmisiones no se toquen. Es el tipo de comportamiento que criticaba un liberal como John Stuart Mill, quien estaba en contra de las “familias perpetuas” tanto por razones morales como de eficiencia —consideraba que los herederos eran más ociosos y menos dispuestos a trabajar duro—. Pero esa élite cuenta con aliados en una coalición de propietarios modestos cuyo único patrimonio es una o dos viviendas, y que perciben cualquier gravamen sobre el patrimonio como una amenaza a la poca seguridad que les queda fuera de un Estado social (sanidad, educación, pensiones…) amenazado por los recortes y la pérdida de calidad. Como ya dije en el análisis de la vivienda, esta oposición responde a incentivos materiales muy concretos, porque cuando el salario ya no es estable ni permite acumular riqueza, la vivienda familiar es literalmente la última frontera frente a la intemperie. Lo curioso es que la misma dinámica que concentra la riqueza arriba convierte a los de abajo en guardianes de la concentración. Los estudios al respecto han repetido una y otra vez que la propiedad de vivienda reduce el apoyo a la redistribución, y la revalorización lo reduce todavía más.

Es importante subrayar que esto no es una cuestión únicamente, ni principalmente, generacional. Los boomers no son culpables de la situación de las generaciones posteriores: ellos también fueron producto de unas condiciones económicas que les permitieron acumular patrimonio trabajando y comprando activos cuando eran relativamente baratos. Esas condiciones fueron el resultado no sólo de un capitalismo occidental más sólido y mejor posicionado, sino también de las luchas obreras que empujaron hacia una redistribución más justa del excedente. El asunto central es que esas condiciones ya no existen. Y no lo hacen porque el capitalismo occidental está perdiendo su lugar de honor en la economía-mundo, porque las luchas obreras han perdido capacidad de influencia y porque otras regiones del mundo se están desenvolviendo mejor en la lucha competitiva que impone el sistema. Como consecuencia, el capitalismo occidental está en una deriva decadente tal que el trabajo (y el salario) es cada vez menos importante y, sin embargo, lo es mucho más el aguijón especulativo que, paradójicamente, hace más pobre y débil a la economía.

El 17% dels habitatges de més d'un milió d'euros que es venen a Espanya són a les Balears, segons dades del portal immobiliari idealista.

Segons les mateixes dades, les Balears i altres províncies com Màlaga, Madrid, Barcelona, Alacant i Girona concentren fins al 86% de l'oferta d'habitatges de luxe.

Quant als habitatges d'ultraluxe, amb preus per sobre dels tres milions d'euros, l'arxipèlag acapara el 28% dels anuncis.

En concret, les dades del portal assenyalen que s'anuncien 8.060 habitatges de més d'un milió d'euros a les Balears i 2.942 de més de tres milions d'euros.

En termes generals, 48 de les 50 províncies espanyoles tenen almenys un habitatge de més d'un milió d'euros anunciat a idealista, però la distribució dels mateixos no és homogènia.

Espanya compta amb 46.454 habitatges de luxe al mercat amb preus superiors al milió d'euros. Màlaga i Madrid són les províncies on més habitatges d'aquest tipus es concentren, ja que tenen cadascuna el 20% del total nacional.

Les segueixen, molt de prop, les Balears amb el 17%, Barcelona (12%), Alacant (12%) i Girona (5%). Santa Cruz de Tenerife és la setena província en què s'acumula més producte per sobre del milió, amb el 3%, seguida per Cadis i València (2% en els dos casos).

El rànquing de les principals províncies amb més habitatges de luxe es completa amb Las Palmas (1%), i Guipúscoa i Biscaia (0,7% en els dos casos).

Per contra, a les províncies de Zamora i Terol amb prou feines hi ha 1 habitatge en venda per sobre d'aquest preu. Conca compta únicament amb 2, mentre que Jaén en té 3 i Lugo 5. A continuació se situen Salamanca, Valladolid i Albacete (6 habitatges en cadascuna). En aquests casos, el seu pes sobre el total nacional és insignificant. A les províncies de Sòria i Palència no hi ha cap habitatge per sobre del milió.

El 17% de las viviendas de más de un millón de euros que se venden en España están en Balears, según datos del portal inmobiliario idealista.

Según los mismos datos, Balears y otras provincias como Málaga, Madrid, Barcelona, Alicante y Girona concentran hasta el 86% de la oferta de viviendas de lujo.

En cuanto a las viviendas de ultralujo, con precios por encima de los tres millones de euros, el archipiélago acapara el 28% de los anuncios.

En concreto, los datos del portal señalan que se anuncian 8.060 viviendas de más de un millón de euros en Balears y 2.942 de más de tres millones de euros.

En términos generales, 48 de las 50 provincias españolas tienen al menos una vivienda de más de un millón de euros anunciada en idealista, pero la distribución de las mismas no es homogénea.

España cuenta con 46.454 viviendas de lujo en el mercado con precios superiores al millón de euros. Málaga y Madrid son las provincias donde más viviendas de este tipo se concentran, ya que tienen cada una el 20% del total nacional.

Le siguen, muy de cerca, Balears con el 17%, Barcelona (12%), Alicante (12%) y Girona (5%). Santa Cruz de Tenerife es la séptima provincia en la que se acumula más producto por encima del millón, con el 3%, seguida por Cádiz y València (2% en los dos casos).

El ranking de las principales provincias con más viviendas de lujo se completa con Las Palmas (1%), y Guipúzcoa y Vizcaya (0,7% en los dos casos).

Por el contrario, en las provincias de Zamora y Teruel apenas hay 1 vivienda en venta por encima de ese precio. Cuenca cuenta únicamente con 2, mientras Jaén tiene 3 y Lugo 5. A continuación se sitúan Salamanca, Valladolid y Albacete (6 viviendas en cada una). En estos casos, su peso sobre el total nacional es insignificante. En las provincias de Soria y Palencia no hay ninguna vivienda por encima del millón.

A raíz de los incendios que están devastando el país he recordado una de las siete “cavilaciones” que componen el pequeño tomo Pequeñas heridas mortales, de la escritora Belén Gopegui. En ella, trae a colación un viejo artículo de Fernando Cembranos Díaz, en el que, bajo el descriptivo título de Pérdidas que hacen crecer el PIB, examina 14 destrozos que, de manera solo en apariencia paradójica, cuentan positivamente en el PIB. Entre ellos, sin ir más lejos, se encuentran los incendios. Si un río contaminado por la industria obliga a los habitantes de una aldea a comprar agua embotellada, y así favorecer el PIB, un bosque quemado contribuye igualmente más que uno vivo: se contratan medios de extinción, se pagan salarios a bomberos, se compra maquinaria, se desarrollan trabajos de limpieza y retirada de árboles quemados, se diseñan proyectos de reforestación, se construyen infraestructuras preventivas, etc. El PIB crece a costa de una enorme pérdida.

A pesar de ello, aún hoy el Producto Interior Bruto (PIB) es uno de los indicadores económicos más utilizados para medir la actividad económica de un país, ya que calcula el valor total de los bienes y servicios producidos durante un período determinado. Sin embargo, aunque resulta muy útil para comparar el tamaño de las economías o analizar su crecimiento, queda claro que no constituye el mejor indicador para medir la riqueza o el bienestar real de una sociedad.

Un aumento de la actividad económica puede ir acompañado de contaminación, agotamiento de recursos naturales o pérdida de biodiversidad, factores que reducen la riqueza futura de un país aunque incrementen el PIB en el presente

En primer lugar, el PIB no refleja cómo se distribuye la riqueza entre la población. Un país puede registrar un PIB muy elevado y, al mismo tiempo, presentar grandes desigualdades económicas, de modo que una parte importante de sus habitantes viva con escasos recursos. Por tanto, un crecimiento del PIB no implica necesariamente una mejora en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Eso explica que cada vez que el Gobierno alardea de los buenos datos, mucha gente no entienda por qué no puede pagar, o siquiera encontrar, una vivienda.

Además, este indicador no tiene en cuenta actividades que generan valor social, pero que no pasan por el mercado, como el trabajo doméstico, el cuidado de familiares, el voluntariado, la cooperación en un centro social de gestión autónoma o las redes de solidaridad como las que hemos visto estos días en la crisis humanitaria de Ceuta. Estas tareas contribuyen al bienestar colectivo, aunque no aparezcan registradas en las estadísticas económicas.

Otra limitación importante es que el PIB ignora el impacto ambiental de la producción. Un aumento de la actividad económica puede ir acompañado de contaminación, agotamiento de recursos naturales o pérdida de biodiversidad, factores que reducen la riqueza futura de un país aunque incrementen el PIB en el presente. De nuevo lo vemos con los incendios de este año.

Para conocer el verdadero nivel de desarrollo y bienestar de una sociedad son necesarios indicadores que reflejen la distribución de la riqueza, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de la población

Asimismo, el PIB tampoco mide aspectos fundamentales del bienestar, como la salud, la educación, la seguridad, la esperanza de vida o la satisfacción personal. Por ello, organizaciones internacionales complementan este indicador con otros, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que incorpora variables sociales además de las económicas.

En suma, medir la riqueza por el PIB no tiene sentido, y ya desde los años setenta lo vienen advirtiendo destacados economistas. Para conocer el verdadero nivel de desarrollo y bienestar de una sociedad son necesarios indicadores que reflejen la distribución de la riqueza, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de la población.

Cuando lleguen las próximas elecciones el país seguirá ardiendo, en los bosques y en esas calles donde cada semana los especuladores de la vivienda expulsan a más y más personas. Pero no pasa nada, ya veréis como alguien del Gobierno nos dirá que España no deja de generar riqueza. Riqueza, sí, esa riqueza del PIB.

La riqueza financiera de las familias españolas, la diferencia entre ahorros y deudas, aumentó un 9,3% en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2025, a pesar de la inflación, con lo que pulverizó un nuevo récord y rozó los 2,66 billones de euros.

Según las Cuentas Financieras de la economía española publicadas este jueves por el Banco de España, la riqueza financiera se elevó a finales de marzo de 2026 exactamente hasta los 2,658 billones de euros y el avance se explica principalmente por las revalorizaciones de los activos, especialmente las participaciones en el capital y fondos de inversión.

Los activos financieros de los hogares -dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta- aumentaron un 8,15% frente a un año antes, hasta los 3,46 billones.

En relación con el producto interior bruto (PIB), los activos financieros netos representaron un 202,3% al cierre del primer trimestre de 2026, y la riqueza financiera neta, una vez descontadas las deudas, supuso el 155,3%, frente al 149,5% en promedio desde el 2022.

El grueso de los activos financieros de los hogares españoles se mantuvo en efectivo y depósitos, que sumaban el 33,3% del total; seguido de participaciones en el capital (32%); en fondos de inversión (17,3%), y seguros y fondos de pensiones (11,5%).

El Banco de España explica que se observa un ligero aumento de las participaciones en el capital y en los fondos de inversión, compensado con la evolución a la baja de efectivo y depósitos.

La deuda de familias y empresas

La deuda consolidada de los hogares y las empresas ascendió a 1,798 billones de euros a finales del primer trimestre de 2026, un 2,8% más que un año antes.

En el caso de los hogares, la deuda aumentó y pasó de 700.000 millones de marzo de 2025 a 728.000 millones a cierre del primer trimestre de 2026.

Respecto al PIB, sin embargo, la ratio de deuda de los hogares disminuyó hasta el 42,5%, el nivel más bajo desde finales de 1999.

Por su parte, la deuda consolidada de las empresas aumentó desde los 1,049 billones de marzo de 2025 a los 1,07 billones de cierre del primer trimestre de 2026, lo que supone, sin embargo, el 62,5 % del PIB, el porcentaje más bajo desde el tercer trimestre de 2001.

La evolución de la deuda consolidada de las empresas se explica, principalmente, por la menor emisión de acciones no cotizadas y otras participaciones, que fue más que compensada con la evolución de las operaciones en el caso del resto de instrumentos.

En cuanto a las Administraciones Públicas, las operaciones consolidadas de los activos en el primer trimestre de 2026 alcanzaron el 1,3 % del PIB, nivel en línea con el promedio desde 2022, que se explica principalmente por las transacciones de efectivo y depósitos y de los otros activos.

Las operaciones por el lado del pasivo en las Administraciones Públicas se situaron en el 3,6% del PIB, por debajo del promedio desde 2022, debido a los valores representativos de deuda y los préstamos, añade el Banco de España.

El viaje del avión propiedad del futbolista Sergio Ramos que coincide con los partidos de la Eurocopa es uno de los ejemplos más claros del uso intensivo de aviones privados como si fueran taxis, pero no el único.

Imagina un avión que despega de Pamplona al amanecer, llega a Cádiz antes del mediodía, a Madrid sobre las cuatro de la tarde y a las cinco ya está en Murcia, de donde sale a tiempo para regresar de nuevo a la capital navarra antes de las nueve de la noche. Es lo que hizo por ejemplo el Cessna Citation propiedad de Eduardo Anitua, dentista y amigo del Rey Juan Carlos I. Seis vuelos en un solo día, todos duraron menos de una hora. 

Estos viajes son tan solo un par de ejemplos que ilustran la realidad detrás de la investigación de elDiario.es, que revela el impacto ambiental del uso intensivo de los jets registrados en España entre 2024 y 2025. Más de la mitad de los 17.000 vuelos –el 55%– duraron menos de una hora. Uno de cada diez, menos de 30 minutos.

Los cálculos provienen de datos públicos proporcionados por Airplanes.Live, una plataforma de receptores independientes de señales ADS-B/Mode S/MLAT que no filtran las posiciones de los aviones privados que piden ocultar sus movimientos, una práctica cada vez más demandada. Las cifras son conservadoras ya que la cobertura de los datos es limitada en algunas zonas y algunos vuelos o partes de trayectos pueden no haber sido registrados por los receptores de Airplanes.Live.

Aunque estos aviones son propiedad de estas corporaciones, no son siempre los dueños o directivos quienes utilizan la aeronave. Según explican fuentes del sector a elDiario.es, el sistema funciona así: en la mayoría de los casos, el propietario firma un contrato para ceder el aparato a una compañía aérea especializada. Esta compañía se encarga de operar el avión y lo alquila a otras personas cuando el dueño no lo utiliza pero garantizándole un uso prioritario. 

En el siguiente gráfico puedes ver como de media la mayoría de trayectos de jets privados cubren una distancia de 424 km por vuelo. La mitad de los desplazamientos duraron menos de una hora y no llegaron a abandonar la Península. En cambio, los vuelos más largos, son inferiores y tienden a ser desplazamientos transatlánticos.

¿Por qué es relevante que los vuelos duren poco? Porque las fases de despegue y aterrizaje exigen más demanda de carburante que la fase de crucero. Por ejemplo, para un Bombardier Global Express, diez viajes de 500 kilómetros emitirían un 70% más que recorrer la misma distancia (un total de 5.000 kilómetros en un solo trayecto), según los datos de Eurocontrol a partir de muestras de consumo de combustible con vuelos reales. “Los trayectos cortos contaminan por la misma intensidad de los aviones”, argumenta Pablo Muñoz, coordinador del área de movilidad sostenible de Ecologistas en Acción. “Proporcionalmente, en las fases de despegue y aterrizaje son las de más intensidad en consumo de combustible”, añade. 

Se trata de vuelos de donde el jet privado funciona como un taxi al servicio de quien lo utiliza y que acaban siendo los que más contaminan por la demanda de carburante que exigen. Así, los jets propiedad de grandes empresas y fortunas españolas entre los que se encuentran el futbolista Sergio Ramos, el dentista de Juan Carlos I, Mercadona, grupo Damm, la familia Riberas o Inditex, contaminaron en dos años lo mismo que un millón de pasajeros comerciales. Rutas de dos horas en coche o tren en un avión privado pasan a durar tan solo 20 minutos, incluyendo los tiempos de despegue y aterrizaje. 

Madrid-Barcelona, el recorrido favorito

El recorrido favorito de los altos directivos y grandes fortunas ha sido la ruta Madrid-Barcelona (de 620 kilómetros de trayecto) con más de 1.000 vuelos acumulados para los años 2024 y 2025. Un recorrido que “no es normal”, según tildan desde Ecologistas en Acción. “Sobre todo en un sitio como España, donde no solo hay una infraestructura de alta velocidad muy desarrollada, sino que hay un transporte terrestre de autovías, autopistas que harían innecesarios muchos vuelos privados, teniendo en cuenta el impacto que tienen”, destacan desde la organización. 

España tiene muy buenas carreteras, tiene muy buenos trenes de alta velocidad. Eso hace que las alternativas a la aviación ejecutiva sean también muy buenas

Carlos Matallana — Director nacional de la empresa de alquiler de aeronaves LunaJets

En ese punto coincide Carlos Matallana, director nacional de la empresa de alquiler de aeronaves LunaJets. “España tiene muy buenas carreteras, tiene muy buenos trenes de alta velocidad. Eso hace que las alternativas a la aviación ejecutiva sean también muy buenas”, señala el broker. 

A pesar de ello, el 57% de los trayectos que se realizaron tuvieron como origen y destino un aeropuerto español. De hecho, un mismo avión ha llegado a recorrer en un día hasta cuatro veces la ruta Madrid-Valladolid, el trayecto entre Madrid-Santander o Barcelona-Valencia. Trayectos que no superan los 500 kilómetros de distancia. 

La mayoría de las rutas conectan directamente con la capital o con destinos como Sevilla o Mallorca. Otras directamente unen la ciudad condal con Ibiza o Valencia y, entre las más recurrentes, también figura la conexión Valencia–Oporto.

Frente a los trayectos de corta duración, los de larga distancia son excepcionales para quienes hacen uso de los jets privados. El siguiente gráfico muestra como los trayectos de más de tres horas de duración representan solo el 5% de los 17.000 vuelos realizados en los últimos dos años.

Entonces, ¿cuándo se considera necesario el uso de aviones privados? “Cuando es la única manera por tiempo para hacer las cosas. Esa es la parte de negocios, hablamos de gente cuyo tiempo vale mucho dinero”, argumenta Matallana. Ante uso del avión como si fuera un taxi también deriva otra consecuencia: cuatro de cada diez vuelos despegan sin pasajeros. Aunque se estima que un vuelo privado lleva unas cinco personas de media, el 41% irían sin viajeros, según los datos del propio sector.

Es lo que en el sector se denomina empty leg. “Son vuelos que van vacíos en los que yo necesito meter a personas para aprovecharlos. (...) Sí que se tiene en cuenta a la hora de alquilar que ese avión no haga un vuelo vacío. Hay que evitar todo eso por un tema de economicidad y por un tema de sostenibilidad, también”, detalla el directivo de alquiler de aeronaves.

Los datos analizados por este medio parecen confirmarlo, un tercio de los jets despega antes de las cuatro horas de haber aterrizado. Algunos tardan incluso menos, uno de cada diez despega antes de llevar una hora en tierra.

“Los vuelos privados deberían prohibirse cuando existan alternativas”

Según la European Business Aviation Association (EBAA), la aviación privada solo supone el 1% de las emisiones de todo el sector de la aviación y un 0,04% de las emisiones totales en la Unión Europea. “Es evidente que las emisiones de los aviones privados son una minoría de la aviación global. Lo que pasa es que corresponden a una parte muchísimo menor de la población mundial”, explican desde Ecologistas en Acción. “Al final, cada uno de los 17.000 vuelos supone lo mismo que todo lo que emite una sola persona en España en todo un año”, comenta Pablo Muñoz, representante del área de movilidad sostenible de la organización. Por su parte, la organización Transport & Environment (T&E) reclaman que los vuelos privados deberían prohibirse cuando existan alternativas, “como o vuelos comerciales o tren que no aumenten la duración del viaje en más de dos horas y media”.

El bróker Matallana asegura, sin embargo, que se utilizan solo cuando son necesarios: “Quien conoce la aviación ejecutiva desde dentro, se da cuenta de que ejerce un papel logístico mucho más mundano”, argumenta “pero creo que la mala fama le viene por la completamente equivocada visión de esto como el show off [exhibicionismo, en inglés] y la ostentación”. 

Asimismo, empresas del sector defienden sus iniciativas para reducir el impacto ambiental, como el uso de combustible que reduce los gases de efecto invernadero — el Sustainable Aviation Fuel (SAF) — el pago para compensar las emisiones generadas (bajo el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE) o el alquiler de vuelos a precio más barato para evitar que vayan vacíos, conocidos como “empty jets”

La empresa que dirige Matallana en España comenzó vendiendo este tipo de vuelos. “La pura venta de empty jets en sí es una acción tremendamente sostenible”, argumenta. Es, asegura, uno de los factores que hace que compañías como la suya hayan conseguido, “y lo digo con mucho orgullo, que la aviación ejecutiva no sea solo cosa de multimillonarios. Porque 1.000 € es mucho dinero, por supuesto, pero una clase media se lo puede permitir en un caso de necesidad extrema. Por ejemplo, se ha caído mi madre, se ha roto la cadera y tengo que ir corriendo...”.

Aunque matiza que no está diciendo que sea para todo el mundo: “Yo estoy convencido, y he hecho mis números, de que una familia que ingrese entre todas sus partes en torno a 150-160 mil euros anuales, es una familia que puede, sin lugar a dudas, plantearse la opción de la aviación privada de manera ocasional”. Según los datos de 2024 de la Encuesta de Condiciones de Vida, un hogar con esos ingresos brutos estaría en el 2% más rico de España. 

El sector defiende sus iniciativas para reducir el impacto ambiental

Las empresas que usan estos jets aseguran cumplir con las medidas de protección del medioambiente requeridas. Por ejemplo, Prosegur asegura que “integra la sostenibilidad como un pilar estratégico de su actividad (...) con un firme compromiso en la reducción del impacto medioambiental”, según remite a su ‘Plan Director de Sostenibilidad’ como prueba de la materialización de su compromiso. 

Mercadona afirma pagar sus derechos de emisión de CO2 acorde a la normativa vigente “en la que los operadores aéreos están obligados a medir sus emisiones de CO2 y entregar derechos de emisión equivalentes.” E Inditex, aunque rechaza hacer comentarios por “el carácter reservado de los datos”, señala que en sus memorias anuales se aprecia el “el avance en la reducción logrado” en sus emisiones. 

Ante esta modalidad de compensación de las emisiones, la organización Transport & Environment (T&E) reclama que “nunca será suficiente para hacer frente a las emisiones del sector del transporte más contaminante del mundo” y que “las únicas formas de reducir las emisiones generadas por los aviones privados son volar menos es invertir en ampliar la producción de combustibles más limpios, en particular el e-queroseno, así como en el desarrollo de aviones de hidrógeno y eléctricos”.

Otras figuras mencionadas en esta investigación como Nortia, cuya web está encabezada por la frase “comprometidos con un futuro sostenible”, Telefónica, Eduardo Anitua o Luis Gil han declinado hacer comentarios a elDiario.es. El resto no han respondido hasta el momento de esta publicación. 

El debate sobre los impuestos de los jets privados

La compra, alquiler y uso de un jet privado conlleva el pago de diferentes impuestos. Respecto al uso de carburante, el sector aéreo no está obligado a pagar impuestos sobre el combustible (queroseno principalmente) cuando los viajes no son “de recreo” y siempre que se justifique ante Hacienda que estos viajes son vuelos de negocios. Fuentes cercanas al sector aseguran que los propietarios prefieren pagar el impuesto antes que someterse a los controles que implicaría demostrar un uso exclusivamente profesional del jet. 

Esta excepción sobre el impuesto sobre los hidrocarburos es a nivel europeo, donde el debate sobre el pago del combustible llegó en 2021, cuando la Unión Europea comenzó a estudiar una propuesta para gravar los combustibles según su distinto impacto ambiental. Y ha llegado también a la política española. 

En 2025 Sumar presentó una proposición no de ley para crear un impuesto que grave las emisiones de CO2 generadas por el uso de “transportes de lujo” y Pedro Sánchez declaró en la cumbre del clima, COP2025, que estaban “avanzando junto a otros países para gravar los vuelos de clase premium y jets privados”. “Es lo justo que, quien más tiene, más contamina, pague por tanto lo que le corresponde”, recalcó. 

Los jets privados registrados en España por millonarios, grandes corporaciones y fortunas volaron más de 16 millones de kilómetros entre 2024 y 2025. El equivalente a dar 414 vueltas al mundo. La huella ambiental de esos vuelos —17.034 en total— es la misma que la de un millón de pasajeros en trayectos comerciales.

En total, los aviones propiedad de grandes empresas como Mercadona, Banco Santander, Inditex, grupo Damm, Prosegur o Telefónica, fortunas españolas como las familias Botín, Lao o Riberas; o celebridades como Sergio Ramos y el dentista de Juan Carlos I emitieron 81.253 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera.

Una investigación de elDiario.es revela por primera vez el impacto ambiental de 61 jets privados registrados en España y el uso intensivo de la aviación ejecutiva por parte de la jet set española: vuelos cortos de muy pocos kilómetros, un aumento de la actividad en los meses de verano, cientos de traslados a grandes eventos de ocio o repetición habitual de rutas en pocos días. 

Los cálculos provienen de datos públicos proporcionados por la plataforma Airplanes.Live, una comunidad de receptores independientes de señales ADS-B/Mode S/MLAT que no filtran los aviones privados que piden ocultar sus movimientos. Las cifras de horas de vuelo y emisión de CO₂ han sido estimadas a partir de más de 155 millones de posiciones recibidas por todos los modelos de jets —clasificados por la European Business Aviation Association (EBAA)— que estuvieron registrados en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea entre 2021 y 2025. Ver metodología completa.

El siguiente mapa muestra todos y cada uno de los trayectos realizados por estos aviones privados entre 2024 y 2025. Las cifras son conservadoras ya que la cobertura de los datos es limitada en algunas zonas y algunos vuelos o partes de trayectos pueden no haber sido registrados por los receptores de Airplanes.Live.

De los 61 aviones privados analizados, los 20 que más kilómetros han recorrido son los responsables del 60% de las emisiones de las aeronaves analizadas. Este medio ha identificado a sus propietarios a partir de los registros oficiales: compañías del Ibex-35, mega corporaciones, sociedades patrimoniales y grandes fortunas están detrás de los aparatos más contaminantes.

Entre ellos encontramos el Bombardier Global Express propiedad del Banco Santander, presidido por Ana Patricia Botín, que recorrió más de 646.000 kilómetros en 304 vuelos en esos dos años. La mayoría, en trayectos transatlánticos.

No es la única entidad vinculada a la familia Botín con intereses en la aviación privada. Javier Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea, consejero del banco y hermano de Ana Patricia Botín, también es propietario de un avión privado (modelo Cessna Citation XLS) a través de una sociedad —Grey Wind Investments SL— que forma parte de su ‘holding’ patrimonial, Agropecuaria El Castaño. Entre los aeropuertos más transitados por este avión está el aeródromo privado “El Castaño” en Ciudad Real, un trayecto de unos 20 minutos de vuelo desde Madrid.

Mercadona, de la familia Roig, tiene en propiedad al menos dos aviones privados (modelos Bombardier Global 5000 y 6000) que han realizado 1.457 viajes y han emitido lo mismo que 107.000 pasajeros haciendo esos mismos trayectos en rutas comerciales.

Además de Mercadona y del Banco Santander, otras grandes compañías españolas como Telefónica, grupo Damm, Inditex o Prosegur figuran entre algunos de los aviones con más kilómetros recorridos entre 2024 y 2025.

Aunque estos aviones son propiedad de estas corporaciones, no siempre los dueños o directivos viajan en la aeronave. Tal y como explican fuentes del sector a elDiario.es, el sistema funciona así: en la mayoría de los casos, el propietario firma un contrato para ceder el aparato a una compañía aérea especializada. Esta compañía se encarga de operar el avión y lo alquila a otras personas cuando el dueño no lo utiliza pero garantizándole un uso prioritario.

De los 20 con más kilómetros recorridos, 13 están cedidos a la aerolínea Gestair, centrada en la aviación ejecutiva, según los registros oficiales. Desde 2025, la compañía pertenece al fondo de capital riesgo Hyperion Fund, liderado por Pablo Casado, expresidente del PP, y el sobrino de Ana Botín, Ricardo Gómez-Acebo Botín.

“El sistema habitual es que una corporación multinacional compra un avión y lo cede a un operador aéreo. Cuando la empresa lo necesita lo utiliza y cuando no, lo alquila”, explica Miguel Ángel Sierra, abogado del despacho LegalLey, especializado en yates, aviones y sector inmobiliario. “Es un activo porque les permite comprar tiempo pero da pérdidas siempre. No es un capricho”, detalla.

Amancio Ortega, con un patrimonio estimado de 100.000 millones de euros según la revista Forbes, es la mayor fortuna de España, primer accionista y fundador de Inditex y habitual en el Top 10 de mayores fortunas mundiales. La compañía textil es propietaria de dos aviones privados que han volado 459 veces y han emitido el equivalente a 63.000 pasajeros de vuelos comerciales.

El Gulfstream G500 propiedad de la familia Riberas, octava mayor fortuna de España según el ranking de El Mundo y principales accionistas de la empresa de componentes de automoción Gestamp, ha recorrido más de 622.000 kilómetros en apenas 239 vuelos. Su avión privado figura a nombre de Caixabank y la sociedad patrimonial de la familia aparece como arrendatario financiero, una fórmula habitual usada en el sector para registrar aviones a través de un leasing para financiar la aeronave, según explican fuentes jurídicas a elDiario.es.

Mismo caso que el jet privado del exjugador de fútbol Sergio Ramos, que está registrado a nombre del Banco Santander como propietario aunque una sociedad del grupo patrimonial del futbolista (Davina Spain, S.L.) figura como arrendataria financiera. Con más de 600 vuelos en dos años, el avión privado del futbolista, que ha pasado por clubes como el Real Madrid, Sevilla o Paris Saint Germain, ha recorrido más de 500.000 kilómetros.

La familia Lao, históricamente vinculada al sector del juego (son los antiguos propietarios de Cirsa) y que figura también en la lista de mayores fortunas españolas con un patrimonio de 1.300 millones de euros, es propietaria de un Cessna Citation Latitude que ha emitido 2.338 toneladas de CO₂ en 700 vuelos en dos años. Fuentes de Nortia, cuya web está encabezada por la frase “comprometidos con un futuro sostenible”, han declinado hacer comentarios a elDiario.es.

Prosegur, controlada por la familia Revoredo a través del holding patrimonial Gubel S.L. y presidida por Helena Revoredo, es propietaria de un Dassault Falcon 2000 que ha recorrido más de 414.000 kilómetros en 251 vuelos. Entre ellos, varios trayectos entre España y Argentina, tierra natal de la familia. Desde la compañía de seguridad señalan que “la operativa de la aeronave está sujeta a un contrato de alquiler con Gestair que gestiona activamente la disponibilidad y comercialización de la aeronave cuando esta no está prestando servicio para la empresa”.

Entre las personalidades y fortunas menos conocidas que son propietarias de un jet privado también figura Luis Gil, fundador de Securitas Direct España. El avión, un Cessna Citation XLS, figura a nombre de Fast Aviation S.L., que tiene como administradora única a la esposa del empresario. 

El doctor Eduardo Anitua, conocido por ser dentista y amigo del rey emérito Juan Carlos, también es propietario de un jet privado a través de su compañía aérea NordJet Airlines. Según publicó El Mundo, el rey emérito utilizó este avión el 23 de septiembre de 2024 para viajar entre Cascais, Vitoria —donde está la clínica del doctor Anitua— y Vigo, para acudir a las regatas que se celebran en Sanxenxo. El avión, uno de los más activos, ha recorrido más de 400.000 kilómetros en 816 vuelos en apenas dos años.

Otro de los aviones analizados es propiedad de Baihas Baghdadi, empresario español de origen sirio y fundador de Baghdadi Capital, fondo que presume de ser el primer vehículo de inversión basado en la ley islámica y principal patrocinador de la Real Sociedad. Aunque no existen demasiados detalles en torno a su figura, trayectoria y procedencia, a través de su holding es propietario de un jet privado (modelo Gulfstream G200) que perteneció a Cristiano Ronaldo. La adquisición se firmó en agosto de 2024, según los registros oficiales, y en los dos últimos años ha volado 404 veces y recorrido 423.000 kilómetros.

Entre los aviones con más kilómetros figuran también el del Grupo Piñero, dueño de los hoteles Bahía Príncipe y Soltour, con decenas de trayectos entre Baleares y el Caribe; el de la farmacéutica Insud Pharma, que ha volado 308 veces en los dos últimos años; el de Aluminios Cortizo, uno de los mayores grupos industriales de Galicia; y los de empresas de alquiler de aviación ejecutiva como WeloJets o Clipper Jets.

Contaminaron lo mismo que un millón de pasajeros

Los 17.034 vuelos realizados por medio centenar de aviones privados entre 2024 y 2025 emitieron 81.253 toneladas de CO₂, según una estimación de elDiario.es usando la herramienta SET de Eurocontrol, que utiliza muestras de consumo de combustible de cada modelo de avión. Esta estimación se hace incluyendo los periodos de despegue y aterrizaje, que suelen consumir mucho más combustible que la fase de crucero. 

Estas emisiones equivalen a lo que habrían generado más de un millón de pasajeros comerciales en esos dos años, según los cálculos realizados por este medio a partir de los datos de Agencia Europea de Seguridad Aérea —83 gramos de CO₂ por kilómetro y pasajero— teniendo en cuenta el trayecto medio de los jets privados analizados: 974 kilómetros. 

¿Cuál fue el avión que más CO₂ emitió? El Bombardier Global 5000 de Mercadona. El avión propiedad de la compañía presidida por Juan Roig realizó un total de 789 viajes, la mayoría dentro de la Península, y contaminó lo mismo que casi 60.000 pasajeros entre 2024 y 2025.

Fuentes de la compañía explican a elDiario.es que “Mercadona utiliza el avión como una herramienta de trabajo más para el desplazamiento de sus trabajadores (igual que también tiene coches o furgonetas)”. “Lo más importante para la compañía es que esas horas que ahorran sus trabajadores, frente a la planificación en vuelos comerciales, puedan dedicarse a la conciliación personal y con sus familias”, añaden.

Según la European Business Aviation Association (EBAA), la aviación privada solo supone el 1% de las emisiones de todo el sector de la aviación y un 0,04% de las emisiones totales en la Unión Europea. “Es evidente que las emisiones de los aviones privados son una minoría de la aviación global. Lo que pasa es que corresponden a una parte muchísimo menor de la población mundial”, explica Pablo Muñoz, coordinador del área de movilidad sostenible de Ecologistas en Acción. “Al final, cada uno de los 17.000 vuelos supone lo mismo que todo lo que emite una sola persona en España en todo un año”, comenta.

“A medida que la sociedad aborda el cambio climático, es obvio que hay que cuestionar los vuelos privados, ya que transportan a pocos pasajeros a un coste medioambiental muy elevado”, defiende Denise Auclair, responsable de la campaña «Travel Smart» de la organización Transport&Environment. Según un estudio académico, las emisiones mundiales de la aviación privada aumentaron un 46 % entre 2019 y 2023.

El avión privado como transporte de recreo

El análisis de los patrones de uso de los jets privados apuntan al ocio como uno de los motores de su actividad. El primer indicador es su pico estacional: julio y agosto son los meses con más trasiego de viajes, según los datos analizados por elDiario.es. En julio de 2025 se registraron 1.009 vuelos que emitieron 4.257 toneladas de CO₂. En enero del mismo año, la cifra baja a la mitad. 

No es una excepción. Los informes mensuales de EBAA muestran cómo la aviación privada en Europa también se concentra en los meses de junio y julio y una reciente investigación de Nature (2024) documentó el mismo pico de llegadas a Ibiza y Niza durante el verano.

A la estacionalidad se suman los grandes eventos. En junio de 2024, ocho de los aviones analizados volaron a Reino Unido en los días previos a la final de la Champions League de fútbol en la que el Real Madrid derrotó al Borussia Dortmund.

El aumento se deja ver también en los destinos vacacionales como Ibiza: el 83% de los vuelos privados a la isla en los últimos dos años se realizaron en verano (entre el 1 de junio y el 30 de septiembre). Lo mismo ocurre con Menorca, que recibió 141 vuelos de 185 en los meses de calor. 

Los días y horas de salida apuntan en la misma dirección. Jueves y domingos están entre los días con mayor actividad de los jets privados registrados en España. Una actividad que concentra muchos despegues a primera hora de la mañana y a última de la tarde.

Carlos Matallana, director de LunaJets en España, una empresa de ‘brokers’ de jets privados en Europa, destaca el viraje en el modelo de negocio. “Es muy difícil tener datos contrastados. Pero yo en Madrid hice números el año pasado y estimo que en torno al 60% de nuestras operaciones son vuelos de negocio y 40% personales. ¿Qué ocurre? Que eso ha cambiado. El personal está ganando cuota en el mercado”, explica.

En el siguiente gráfico se muestran las horas de salidas de los 17.034 vuelos realizados entre 2024 y 2025 por los jets privados registrados en España. El sábado es el día que menos se vuela de la semana y el domingo, la mayoría de vuelos se concentran por la tarde.

El uso intensivo de los jets privados

Algunas rutas muestran mejor el uso real de los jets privados. El jet del grupo Damm —controlado por la familia Carceller— realizó en mayo de 2024, en el plazo de solo una semana, un viaje desde España a Estados Unidos, regresó pasando por Niza, volvió a Madrid y voló inmediatamente a Londres donde se celebraba la final de la Champions League.

El mismo avión se usó para viajar en fechas navideñas desde Madrid a la isla de Barbados y volver al día siguiente a la capital española.

Uno de los dos aviones de Inditex, un GulfStream G650, dio una vuelta al mundo en apenas 12 días. Recorrió más de 47.000 km para ir a Singapur, volvió a España, cruzó el Atlántico hacia San Francisco y Los Ángeles y tres días después regresó a Galicia.

Pero estos vuelos de larga distancia son la excepción: la mayoría de los desplazamientos de jets privados analizados por este medio suelen ser para trayectos cortos en vuelos nacionales y dentro de Europa. 

Es el caso de Mercadona: en un solo mes de 2024, uno de los jets de la cadena de supermercados voló 51 veces. La mayoría, en trayectos dentro de la Península Ibérica. O la familia Lao: en otro mes de 2025, el jet propiedad de su holding, Nortia Capital Investment, realizó 47 vuelos y recorrió 33.000 kilómetros. Entre los destinos que visitó su Cessna Citation Latitude están los aeropuertos de Malta, Menorca, Ibiza, Barcelona, Madrid, Azores, Málaga o Cannes.

La opacidad de la actividad de los jets privados

En los últimos años, los propietarios han aumentado los esfuerzos para bloquear el seguimiento público de sus vuelos. En 2022, el informático Jack Sweeney saltó a los titulares cuando Elon Musk, CEO de Tesla y de X, le ofreció 5.000 dólares por borrar la cuenta que seguía en directo la ubicación de su avión privado. La cuenta, ahora suspendida, rastreaba también los aviones privados de Jay-Z o Taylor Swift.

Desde entonces, se ha multiplicado el uso de un programa federal en Estados Unidos llamado Limiting Aircraft Data Displayed (LADD) que permite solicitar a las principales plataformas que bloqueen la información que publican plataformas como FlightRadar24.

De hecho, el seguimiento de los aviones privados de Mercadona, Banco Santander, Inditex, grupo Damm, Telefónica o Prosegur “no está disponible para rastreo público a pedido del propietario/operador” en la plataforma FlightAware. A diferencia de estas plataformas comerciales, que suelen filtrar los datos de los aviones privados que piden privacidad, Airplanes.Live no filtra ni bloquea las señales de ninguno de estos aviones.

A la escasa transparencia sobre la actividad de los jets, se une la polémica sobre sus niveles de contaminación y el debate sobre la fiscalidad. Desde el sector defienden sus iniciativas para reducir el impacto ambiental, como el uso de un combustible que reduce los gases de efecto invernadero, el Sustainable Aviation Fuel (SAF), la compra de derechos de emisión y la compensación de esas emisiones. A la espera del desarrollo de tecnologías más limpias, desde Transport&Environment defienden que las empresas y los particulares “deberían reducir sustancialmente el uso de aviones privados”.

Aun así, el debate ha llegado también a la política española. En mayo de 2025, Sumar presentó una proposición no de ley para crear un impuesto que grave las emisiones de CO₂ generadas por el uso de “transportes de lujo”. Ese mismo año, Pedro Sánchez declaró en la COP que estaban “avanzando junto a otros países para gravar los vuelos de clase premium y jets privados (...) Es lo justo que, quien más tiene, más contamina, pague por tanto lo que le corresponde”.

“Crecer primero, distribuir después”. Esta ha sido la premisa que, a lo largo de las cuatro últimas décadas, ha imperado en China y ha convertido al país en la segunda potencia económica mundial. Este éxito, sin embargo, ha situado al gigante asiático en un punto de inflexión. El Partido Comunista Chino (PCCh) debe gestionar la primera gran transferencia de riqueza privada entre generaciones de la historia del país sin generar más desigualdad, al tiempo que promueve la “prosperidad común”. Todo un reto existencial para la propia organización comunista.

El asunto no es menor y moldeará la estructura social del coloso asiático en los próximos años. Tener una fortuna que legar —sea grande o pequeña— o redactar un testamento son conceptos novedosos en China, que no dispone de un marco legal completo sobre sucesiones y patrimonio acumulado. Una carencia que deben subsanar los dirigentes de Pekín, que llevan décadas discutiendo como gravar la acumulación de capital. Un horizonte que choca con las directrices del presidente Xi Jinping, quien impulsa el concepto de “prosperidad común” para lograr un país más rico y poderoso capaz de cerrar la brecha de riqueza que divide a la población.

La urgencia del debate nace de una realidad demográfica y biológica ineludible. La primera generación de empresarios surgió a partir de 1978, tras las reformas impulsadas por Deng Xiaoping. Muchos de ellos transformaron pequeños talleres familiares en conglomerados globales que hoy exportan al mundo entero. Sin embargo, no fue hasta los años noventa, cuando se permitió la propiedad de la vivienda, que la población empezó a acumular activos. Ahora, esta generación ha alcanzado la edad de jubilación o ha empezado a fallecer, lo que sugiere que en los próximos años habrá un aluvión de traspasos de patrimonio.

Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. Según la revista Hurun, que confecciona la lista de los empresarios más ricos de China, la magnitud de esta transferencia será colosal. En 2025, el país contaba con 1.110 milmillonarios, de los cuales el 98% se hicieron a sí mismos. El 49% tiene más de 60 años y un patrimonio superior a 720 millones de dólares. El 10% de la población posee el 70% de la riqueza privada del país y prácticamente ninguna de esas fortunas es heredada. Se estima que entre 2025 y 2035, los multimillonarios chinos transmitirán un patrimonio neto superior a los 2 billones de dólares, según The Economist.

Muchas de estas transferencias no tendrán una gestión fácil. Las complicaciones en las herencias han aumentado en paralelo al crecimiento del país. Los problemas eran irrelevantes en 1978, cuando el patrimonio familiar promedio apenas llegaba a 1.500 dólares; ahora que ha alcanzado los 170.000 dólares los litigios son constantes. Esta mejoría económica, unida a las lagunas legales, está en el origen de numerosos conflictos judiciales. La ley china divide los bienes a partes iguales entre padres, cónyuges e hijos (incluidos los extramatrimoniales) pero a ellos se suman quienes desean legar su patrimonio a nietos o parejas no casadas. Una realidad que complica las adjudicaciones de herencias.

Algunos contenciosos actuales ya avanzan estas tensiones. Ese es el caso de la herencia del grupo de bebidas Wahaha, creado por el multimillonario Zong Qinghou. Su hija, Zong Fuli, heredó el emporio tras la muerte de su padre en 2024. Un año después, tres presuntos hermanastros impugnaron sus derechos y reclamaron más de 2.000 millones de dólares. La batalla legal aún no se ha resuelto.

Pero China vive una realidad económica compleja. Junto a esas élites convive un país cuya economía sigue sin despegar, con un desempleo juvenil que supera el 16% y un consumo estancado porque a las familias les cuesta llegar a fin de mes. El PCCh se opone a una redistribución significativa por temor a que las ayudas sociales vuelvan perezosa a la gente. Xi Jinping prefiere apostar por un crecimiento económico mediante el cual las ganancias se distribuyan de manera más equitativa y enriquezcan a toda la población.

Este contraste social vaticina una transición abrupta. Sugiere que los chinos están pasando de una era en la que creían que cualquiera podía prosperar trabajando duro, a otra en la que asumen que las conexiones y los orígenes familiares son las claves de la riqueza. Un cambio que avanza una fractura social más profunda.

Actualmente, China no cuenta con impuestos de sucesiones ni sobre la propiedad. El dedicado a las ganancias de capital está plagado de exenciones y el de la renta cuenta con un mínimo exento tan elevado que el 90% de los ciudadanos no paga. Esto, combinado con los recortes a los impuestos al consumo, ha provocado que la recaudación fiscal haya disminuido del 18% al 13% del PIB en la última década. Una realidad que Pekín quiere modificar gravando el capital.

Las autoridades discuten una normativa que intenta responder a esa dualidad china. La idea es utilizar ese capital para financiar la autosuficiencia tecnológica y la transición energética. Pero les inquieta la reacción del sector privado, responsable del 80% del empleo y del 60% del PIB. Temen que paralice las inversiones o genere una fuga de capitales.

Sin embargo, la cuestión es más política que económica. Una tributación eficaz sobre las herencias requiere transparencia y la divulgación del patrimonio es uno de los asuntos más delicados del país. Sin registros de propiedad transparentes ni mecanismos de auditoría independientes, resulta muy difícil implementar un sistema impositivo eficaz.

Además, en China la riqueza a menudo está ligada al poder político. Muchos funcionarios poseen múltiples propiedades de origen opaco. Implementar este control obligaría a las élites a reconocer una corrupción que podría desencadenar disturbios y la pérdida de confianza de la población. Un escenario temido por el PCCh.

En definitiva, en China no solo está en juego el dinero de las familias más poderosas. El país se halla ante una gran transferencia patrimonial sin herramientas para gestionarla. Si se hace sin control, no solo se heredará riqueza, sino una sociedad mucho más desigual, descontenta y proclive a las protestas.

El 10% de los hogares más pudientes concentran el 53% de los bienes en nuestro país, de acuerdo con los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España publicados esta semana. El 1% más rico, el que está en la cúspide, acumula el 21,6%, cerca de los máximos históricos registrados en 2020. Pero, más allá de los grandes datos que muestran que la desigualdad está lejos acabar, ¿dónde se concentra la riqueza de los hogares españoles?

La base de datos que ha actualizado el supervisor muestran que, si bien los ingresos de los hogares españoles han recuperado los niveles de 2001, el máximo de la serie histórica, en términos de riqueza neta —es decir, restadas las deudas— las cifras están aún lejos del máximo que se acumuló antes de la crisis financiera. Los efectos de esta recesión aún se notan en las posesiones de los hogares, una evolución que en la actualidad está marcada por la situación del mercado de la vivienda.

En 2008, la riqueza mediana —es decir, la que divide en dos mitades a la distribución, y es mucho más representativa que la cifra media— de los hogares españoles era de 236.960 euros, en cifras actualizadas con el valor de 2024. No eran los máximos en la serie histórica y aquí ya se estaban sintiendo los primeros coletazos de lo que luego se conocería como Gran Recesión. Pero es que en 2024 la riqueza mediana fue de 160.830 euros, muy lejos de la de aquel periodo.

Todos estos datos están actualizados con la inflación, lo que da la medida de cuál es la situación de los hogares españoles década y media después. El perfil de la riqueza de los hogares españoles se concentra en aquellos cuyo cabeza de familia está recién jubilado, de entre 65 y 74 años, con estudios universitarios y propietario de la vivienda en la que reside. Esto, dice el Banco de España, “responde al perfil de ciclo vital esperado y registra el nivel máximo en aquellos hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 65 y 74 años, esto es, un poco más tarde que la edad a la que se alcanza el máximo de renta”, y tiende a descender después. 

Pero se ve claramente la diferencia por grupos de edad. En 2008, la riqueza se concentraba en los tramos centrales de la vida, mientras, ahora, cada vez más lo hace en los hogares más mayores.

De hecho, por primera vez en la historia los hogares liderados por un jubilado son los que acumulan más riqueza. Ligeramente por encima de aquellos en los que la persona cabeza de familia trabaja por cuenta propia —los autónomos—, en los cuales el valor del negocio se imputa a la riqueza del hogar.

La generación millenial, descolgada

Esta brecha se ve con más claridad cuando hablamos de generaciones. El análisis elaborado por el propio Banco de España muestra que los baby boomers, de primera o segunda generación, han experimentado una evolución de su riqueza mucho mejor a los de generaciones posteriores. La generación millenial (1986-1995) es la que ha tenido un peor punto de partida, pero su evolución parece ir mucho mejor que la inmediatamente anterior (1976-1985), que sintieron de primera mano los efectos de la Gran Recesión cuando empezaban a incorporarse al mercado laboral.

La explicación más razonable parece estar en el mercado de la vivienda. En la encuesta de 2024, los hogares que poseen su vivienda cayeron al mínimo histórico: el 70,6%. Hay varios motivos detrás, explicaron en el Banco de España. Por un lado, que hay más hogares que apuestan por el alquiler. Y, por otro, que la accesibilidad de la vivienda cada vez es más difícil. Con 30 años, solo el 30% de los millenials nacidos entre 1986 y 1995 eran propietarios. De las generaciones inmediatamente anteriores (1966-1985), con la misma edad, el 65% poseía la casa en la que residía.

Más peso de los activos financieros

Mientras cae la proporción de los activos reales —es decir, el inmobiliario, joyas, obras de arte o negocios—, avanza la proporción de los activos financieros, que ya supone un 23% de la riqueza de los hogares. 

Pero esta composición es cada vez más sofisticada, como definió el director general de Economía de la institución, David López Salido. Ha caído la proporción de riqueza que los hogares mantienen en cuentas corrientes (30,1%) y ha aumentado la proporción en renta fija (2,8%), coincidiendo con el boom por las letras del Tesoro.

El 20,5% de los hogares cuenta, además, con su riqueza en “otros activos financieros”, en la que se incluyen opciones como criptomonedas o futuros. Esta sofisticación se produce, sobre todo, entre los hogares más jóvenes, con estudios universitarios… Y de rentas elevadas.

Los hogares humildes, los más favorecidos

En cuanto a los ingresos de las familias, la renta mediana de los hogares recuperó en 2024 los máximos registrados en 2021, impulsados por el crecimiento económico y el buen momento del mercado laboral, que ha llevado a mínimos el desempleo y a máximos los datos de empleo. Además, en los dos años de referencia para los datos fiscales (2022-2023) coincidieron políticas de rentas como la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones con la inflación o el impulso del Ingreso Mínimo Vital.

Esto permitió que los hogares situados en el 20% inferior de la distribución —es decir, el quinto con menores ingresos— incrementaron su renta mediana en un 14,6% (en torno a un 7% de crecimiento anual), un ritmo que duplica el experimentado por el conjunto de los hogares españoles (7,8%). Esto confirma que, a diferencia de periodos anteriores, fueron las clases más desfavorecidas las que se beneficiaron del ciclo económico.

A la sombra del encuentro entre los presidentes de Brasil y de España, Lula y Pedro Sánchez, el socialismo europeo celebra en Barcelona dos jornadas de mesas redondas con líderes políticos y académicos que intentan marcar una agenda común frente al trumpismo del odio y el neoliberalismo. En la Fira de Barcelona, el mismo escenario que acoge grandes cumbres empresariales de la ciudad como el Mobile, ministros del Gobierno (ninguno de Sumar, todos del PSOE) y voces progresistas de todo el mundo han marcado una dirección difícil de seguir cuando están en el ejecutivo: subir los impuestos a los megarricos para mejorar el estado del bienestar, intervenir el mercado de la vivienda, controlar la voracidad de la inteligencia artificial y las empresas tecnológicas y apostar por las renovables ante la crisis energética desencadenada por la guerra de Irán.

Algunos de estos asuntos pasan por encima en el memorando acordado por Lula y Sánchez, que ya se mostraron de acuerdo en gravar a las grandes fortunas con un 2% durante la presidencia brasileña del G20 en el 2024, de forma que se conseguirían 250.000 millones de euros. Este acuerdo, por supuesto, sigue sin plasmarse en un gran acuerdo mundial, pero sobre el papel todos los grandes pensadores y políticos progresistas están de acuerdo. El asunto fiscal a las fortunas quedó fuera del memorando, que se centró en asuntos económicos más bilaterales como la cooperación en transición energética ante la crisis del petróleo por la guerra de Irán o garantizar la cadena de suministro de los minerales críticos, necesarios para esta transición y para la electrónica.

Hace tan solo un día, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, hizo viral un vídeo en el que anunciaba que impondrá un nuevo impuesto a las segundas residencias de más de 5 millones de dólares. En los últimos meses, el economista francés Gabriel Zucman ha vuelto a popularizar la idea del impuesto a los megarricos con la publicación de sus últimos libros La riqueza oculta de las naciones: investigación sobre los paraísos fiscales y de El triunfo de la injusticia: cómo los ricos evaden impuestos y cómo hacerles pagar.

Boric con gafas de sol

En la conferencia del economista en la cumbre de Barcelona, el diálogo entre realpolitik y academia cobró cuerpo cuando apareció entre el público y con gafas de sol a modo incógnito un exmandatario sudamericano. “Hola, soy Gabriel Boric, hasta hace unos meses presidente de Chile”, irrumpió, y preguntó cómo delimitar el patrimonio exacto de los megarricos y si debería ser un impuesto destinado a un país o internacional.

“Los analistas financieros deben determinar el valor patrimonial, a partir de los beneficios de las cotizadas, la investigación de las no cotizadas y las tasaciones que hacen los seguros de bienes como yates”, respondió Zucman, al tiempo que expresó que se puede “a la vez” imponer gravámenes internos para beneficios de un país y “un fondo global para ayudar a la educación y la sanidad en países en vías de desarrollo o la transición energética”.

Un superrico, defendió Zucman, es alguien que tiene más de 100 millones de dólares en riqueza. “La riqueza extrema es real, pero cuentan el cuento de que es virtual”, denunció, y puso como ejemplo el día en que Elon Musk, “que decía que no tenía efectivo, encontró 44.000 millones de dólares para comprar Twitter, convertirla en una máquina de propaganda y después llegar a ser ministro”.

“La Unión Europea requiere una unanimidad de los 27 para aprobar este tipo de impuestos que jamás podrá existir. Pero cualquier país solo podría aplicar este impuesto, con el único riesgo de la migración de bienes”, dijo, y detalló que hay fórmulas para que los millonarios que se lleven fortunas sigan pagando impuestos en el país de origen. “Si uno es ciudadano de los Estados Unidos, sigue pagando impuestos allí toda la vida. Un francés se va a Suiza y deja de pagar. Esto no tiene ningún sentido, al menos deberían seguir pagando unos años, diez o quince, en Francia”, dijo, con un ejemplo que podría servir para los españoles que se llevan sus fortunas a Andorra.

En España, recientemente el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, propuso un impuesto de estas características, aunque ya existe en España un impuesto estatal de solidaridad a grandes fortunas desde el año 2022, que grava a partir del 1,7% a fortunas de entre 3 y 5,3 millones, un 2,1% entre 5,3 y 10,6 millones y un 3,5% a los que tienen más de esta cantidad. El impuesto a los megarricos se sumaría en las fortunas superiores a los 100 millones de euros.

El impuesto a los megarricos fue también motivo de debate en una de las primeras mesas de la jornada, en la que el economista Tommaso Faccio, experto en impuestos, recordó que Donald Trump propuso en 1999 un impuesto más ambicioso en términos cuantitativos a las grandes fortunas para acabar con la deuda pública estadounidense. “Para acabar con la deuda de Estados Unidos, hacen falta 39 billones de dólares y para acabar con la pobreza extrema, 10 veces menos, 318.000 millones”, detalló.

Faccio detalló que en los últimos 30 años, el 1% más rico ha visto aumentar su riqueza un 115% mientras los menos ricos lo hacían tan solo en un 65%, agrandando la desigualdad y ha querido desmentir un mito de la derecha contra las izquierdas: “No queremos acabar con la riqueza, sino con la pobreza”. “El 10% más rico concentra el 80% de la riqueza”, aportó la secretaria de política económica del Ministerio de Hacienda brasileña Deborah Freire. El exprimer ministro de Suecia, Stefan Lofven, también se mostró partícipe de gravar a las grandes fortunas.

Vivienda, IA y transición energética

Más allá del impuesto a las fortunas, otros temas centrales de la agenda económica como la vivienda, la IA o la transición energética han sido debatidas en el foro progresista con visiones más bien coincidentes. En la mesa sobre vivienda, sin presencia española, el más contundente fue el alcalde de Atenas, Haris Doukas, quien defendió la receta de “controlar precios, restringir la vivienda de corto plazo y turística, proteger contra desahucios y promover la inversión en vivienda social y asequible”, sin que nadie le rebatiera.

El líder de Vooruit en Bélgica, Conner Rousseau, diputado de 33 años, subrayó el hecho de que “hace unos años, un trabajador de la construcción y una limpiadora eran pobres, pero podían pagar una vivienda” y hoy en día “con dos carreras no puedes pagarte una”. Luca Menesini, presidente del Partido Europeo Socialista en el Comité Europeo de las Regiones, se mostró contundente con la idea de que “hay que intervenir el mercado ya”. “Solo eso no nos hará ganar las elecciones en Europa, pero es muy importante”, ha rematado.

En la mesa sobre Inteligencia Artificial, el investigador alemán Christian Kellerman, del German Research Centre for Artificial Intelligence, reconoció que todavía “no está claro” cómo será el impacto de la IA en el mundo laboral, entre visiones que muestran un “renacimiento de las clases medias”, una “canibalización de las clases trabajadoras” o un posible aumento del desempleo. Ante esta incertidumbre, defendió que “la socialdemocracia tiene un campo para crear políticas de rentas”. 

El eurodiputado italiano del Partido Democrático Brando Benifei defendió que las regulaciones “tienen que ser claras y evitar la discriminación” y combatir la visión de “unas empresas que quieren que no exista la regulación o la participación de sindicatos”. 

En el plano energético e industrial, las voces de izquierda coincidieron en defender la importancia de la transición ecológica para que Europa combata su dependencia de los combustibles fósiles, crítica en plena guerra de Irán, y, de paso, bajen los precios y se ayude a combatir el cambio climático.

La economista Mariana Mazzucato, una de las grandes expertas presentes, defendió que la sociedad “ha fallado” en los tipos de economía que ha permitido. “Las finanzas están en llamas y no tiene por qué ser así”, ha defendido, en una crítica al hecho de que vivamos “una sociedad en que los beneficios no son reinvertidos” en la mejora de las condiciones de vida. “La energía y la vivienda no pueden ser un juego de apuestas que hunden a miles de personas en la miseria”, sentenció.

Isabelle Huppert parece adicta al riesgo. El que la hace estar tres días subida en el escenario de los Teatros del Canal interpretando la experimental Berenice reimaginada por Romeo Castellucci. El que la hace buscar a los cineastas más radicales de todo el planeta para trabajar con ellos. El mismo que le hizo escoger un papel suicida como el de Elle, de Paul Verhoeven, y lograr una nominación al Oscar. El que la ha hecho trabajar con los mejores directores de la historia del cine francés y colocarse como una de las grandes actrices del cine europeo.

Pero a la Huppert, una de esas intérpretes a la que se le puede poner el artículo antes del apellido, también le gusta jugar de vez en cuando en productos más populares. Lo ha hecho muchas veces al lado de su amigo François Ozon, como demostró en Mi crimen, y ahora en La mujer más rica del mundo, la película dirigida por Thierry Klifa y que se basa, aunque cambiando los nombres, en la historia real de Liliane Bettencourt, dueña de L’Oreal cuya historia saltó a los medios cuando regaló 1.000 millones de euros a su amigo y fotógrafo François-Marie Banier. Su hija demandó a Banier e intentó lograr la incapacidad de su madre en un caso que se convirtió en la comidilla de toda Francia.

Huppert da vida a la mujer más rica del mundo y atiende a la prensa española pocas horas después de haberse quitado el traje de Berenice, una experiencia que describe como “formidable”. “Ha sido genial, ha habido una escucha del público especialmente intensa. Me encanta el teatro, pero también es verdad que trabajo con directores excepcionales. Vine aquí con Bob Wilson, y ahora con Castellucci, que es un visionario, un formalista, pero que me da una libertad extraordinaria. Pero me encanta pasar del teatro al cine, porque son dos experiencias muy diferentes”, señala.

La película de Klifa se pudo ver en el pasado Festival de Cannes, y para esta próxima edición, Huppert estará presente como una de las protagonistas de la nueva película de Asghar Farhadi, Parallel Tales. Una nueva muestra del poderío de una industria francesa cuyo modelo es envidiado en todos los países. Pero cuando a Huppert se le menciona esa envidia, realiza una exhibición de cinefilia y de defensa del cine español. “Sí, el cine francés tiene una gran vitalidad y tenemos un sistema bastante virtuoso que envidian muchos países y que contribuye al buen funcionamiento del cine francés, porque el 10% de cada entrada se reinvierte directamente en producir cine, por lo que no es dinero de los contribuyentes. Pero vosotros tenéis un cine con una buena vitalidad también”, dice la actriz.

Comienza una enumeración que deja claro que pasa mucho tiempo en una sala de cine: “Tenéis este año tres películas españolas en Cannes y estamos encantados de que estén. He visto una película buenísima que se llama Los domingos y hay jóvenes cineastas como Jonás Trueba, Rodrigo Sorogoyen, Carla Simón acaba de estrenar en Francia… Y yo no hago cumplidos al cine español porque sí, sino porque culturalmente creo que antes había una especie de eje evidente que unía a Francia e Italia y creo que desde hace tiempo está cambiando y hay más interés por el cine español. Un cine que cada vez es más fuerte. Cuando uno ama el cine como lo amamos nosotros, eso es una buena noticia”. 

Reírse de los ricos

La mujer más rica del mundo entronca con esa fascinación actual de la ficción por los ricos. Y más explícitamente, por reírse un poco de ellos. Huppert cree que el caso fascinó a la gente “por supuesto porque sucede en el entorno de los ricos”, pero cree que hay un elemento que la distinguía de otras historias, y era “la personalidad del fotógrafo”. “El encuentro entre estas dos personas es fascinante. Por supuesto, no sería igual de fascinante si fuera en otro entorno, pero a través de ese encuentro se cuestionan temas como la familia, el dinero o el sistema político. En ese encuentro surge un amor que les une y que me parece lo realmente interesante de esta película, la sinceridad en la relación. Se hacen reír”, dice del filme.

No cree que lo ocurrido en la película pueda tener un eco con lo que les ocurre a los actores famosos y reconocidos. “Quizás la gente se hace una idea con los actores más conocidos y creen que hay una relación entre eso y la riqueza… Los actores generan fantasías en la gente, ya sean ricos o no, porque el actor ofrece una cara que no es la suya y a través de la cual la gente puede imaginarse muchas historias, pero más allá de eso no creo que sea comparable”, asegura, y afirma con contundencia que no cree que nunca se hayan acercado a ella por interés: “No es una pregunta que me haga cuando alguien se acerca a mí, eso sería tener una visión un poco cerrada de la existencia. Si alguien se acerca puede ser por un interés… pero por un interés por la persona, por la inteligencia o por el talento”.

Así es como ella se aproxima a sus papeles. No los elige por el personaje, por la trama… sino por el talento del director. Entiende “el cine como una expresión de una visión individual, la perspectiva compartida de un director”. “Sí, por supuesto está el guion, los diálogos, la historia… pero eso viene después. La motivación primera siempre para mí es el director”. De momento no ha trabajado con ninguno español, pero quizá este momento de vitalidad que ella subraya sea la oportunidad perfecta.

Tenemos diagnosticado cómo mueren las democracias porque los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt nos lo explicaron de manera detallada hace casi ocho años. Ahora asistimos en directo al derrumbe de la de Estados Unidos, una involución que los expertos ya califican de autocratización, y al avance de la extrema derecha en Europa, impulsada por un programa común basado en la islamofobia. Este fenómeno solo consigue frenarse en las grandes ciudades que, ya sea París, Roma, Ámsterdam o Barcelona, se han convertido en refugios frente a la oleada totalitaria.

Hecha la breve constatación del sombrío panorama, y diagnosticado que el avance de Trump y de la extrema derecha en Europa tiene que ver también (aunque no solo) con el malestar que determinados colectivos expresan por sus condiciones económicas, la pregunta no es si hay alternativas. La pregunta es por qué no se aplican.

Una de ellas sería el impuesto a los ultrarricos cuyo principal teórico es el economista francés Gabriel Zucman. La socialdemocracia, siempre demasiado timorata cuando se trata de recetas para combatir el neoliberalismo, como recordaba con acierto el colega Enric González en su artículo de este domingo, debe remangarse de verdad. 

Zucman argumenta que necesitamos proteger la democracia del auge de la riqueza extrema, y que eso pasa por un impuesto a los megamillonarios. Se trataría de gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros. Ahora bien, las personas con un patrimonio por encima de esa cifra no tendrían que pagar nada adicional si, a través de otros impuestos, ya abonasen ese 2% del valor de sus activos. “Es el impuesto más selectivo y más justo que se pueda imaginar. No solo grava a los ultrarricos, sino únicamente a aquellos que escapan a los impuestos”, explica.

En el caso de España, estaríamos hablando de aproximadamente un millar de contribuyentes. El ministro Pablo Bustinduy calcula que los hasta 5.200 millones de euros adicionales que se recaudarían permitirían financiar una “prestación universal para erradicar la pobreza infantil”.

Zucman es discípulo de Thomas Piketty, y alumno aventajado, puesto que su propuesta para combatir la desigualdad llegó a la Asamblea Francesa, aunque no prosperó por el rechazo de los partidos conservadores y, claro está, por el de las grandes fortunas francesas.

“No debería permitirse que los multimillonarios paguen menos [impuestos] que el resto; es una violación de nuestros principios más básicos de igualdad ante la ley”, resumía Zucman hace unas semanas en esta entrevista. Estamos ante un fallo sistémico y como tal hay que intentar buscar soluciones. 

Ultrarricos es una palabra clave, aunque la verdaderamente importante —como ha estudiado Piketty con detalle— es igualdad. O quizá sería más acertado hablar de desigualdad, de ese 1% al que hizo famoso Joseph Stiglitz en su artículo de Vanity Fair hace ya 15 años: el 1% de estadounidenses que controlaba el 40% de la riqueza del país. De ahí surgieron un libro y el lema de Occupy Wall Street: “Nosotros somos el 99%”.

No es que la situación haya mejorado demasiado. El Informe Mundial sobre la Desigualdad, presentado el pasado mes de diciembre y cuyo prólogo firman Stiglitz junto a la economista india Jayati Ghosh, analiza en ocho capítulos cómo la desigualdad de oportunidades actual alimenta la desigualdad de resultados del futuro. Se trata de un exhaustivo trabajo en el que participan 200 expertos (entre ellos también Zucman) y que advierte de que la riqueza ha alcanzado máximos históricos, pero sigue estando muy desigualmente distribuida. El 0,001% más rico —menos de 60.000 multimillonarios— posee tres veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. En casi todas las regiones, el 1% más rico concentra más riqueza que el 90% más pobre en conjunto.

“Los impuestos y las transferencias son algunas de las herramientas más poderosas que tienen las sociedades para financiar bienes públicos y reducir la desigualdad. La tributación progresiva también fortalece la cohesión social y limita la influencia política de la riqueza extrema. Sin embargo, la progresividad tributaria se desmorona en la cima: los multimillonarios suelen pagar proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de la población. Esto no solo socava la justicia fiscal, sino que también priva a las sociedades de los recursos necesarios para la educación, la sanidad y la acción climática”, señala el informe.

Las grietas sociales siguen ahí, como los privilegios de ese 1%. Ya no se ocupa Wall Street ni tampoco las plazas españolas, pero no será porque falten motivos.