España, junto a Francia y Kenia, han impulsado la creación de una alianza que integrarán una veintena de países con el objetivo de garantizar una inteligencia artificial “respetuosa y saludable” para la infancia. La iniciativa, constituida este martes en Ginebra bajo el amparo de Naciones Unidas, se denomina Coalición Internacional para los Derechos y la Protección de la Infancia en la Era de la Inteligencia Artificial.

“Algunos milmillonarios han estado haciendo mucho dinero con los datos de nuestros niños. Esto debe terminarse. Es hora de que sean responsables”, ha declarado durante la presentación de la coalición el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

El representante del Gobierno español también ha expresado la necesidad de impedir que la inteligencia artificial reproduzca las dinámicas de captación masiva de datos personales, así como de imponer medidas que frenen que “niños y adolescentes” puedan “acceder a sitios donde les pueden hacer daño” en Internet.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha emprendido una campaña a nivel internacional para defender que los magnates tecnológicos deben ser responsables legales de los daños que ocasionan sus plataformas. También de imponer la verificación de edad digital, una medida que en España se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria y que se ejecutaría a través de la aplicación Cartera Digital Beta.

La alianza formalizada hoy en Ginebra cuenta con el respaldo de Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, República Checa, El Salvador, Estonia, Indonesia, Italia, Japón, Luxemburgo, Marruecos y Países Bajos. Asimismo, se han sumado la UE, Unicef (la agencia de la ONU de protección a la Infancia), la Unesco (su homóloga para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

La propuesta regulatoria de la Coalición pretende “desarrollar sistemas de IA seguros, fiables, dignos de confianza, respetuosos con los derechos de la infancia y con un enfoque centrado en las personas”. También se comprometen a “garantizar” que las opiniones de los menores “contribuyan de forma significativa al diseño, el despliegue y la gobernanza de los sistemas de Inteligencia Artificial que les afectan, en consonancia con su derecho a ser escuchados”.

El documento ratificado hoy se sustenta en las conclusiones del primer informe del Panel Científico de la IA, que confirma que “estas tecnologías crean nuevas oportunidades, pero también amplifican riesgos como la manipulación, el contenido dañino, la generación de pornografía y material de abuso sexual infantil a partir de deepfakes y la segmentación algorítmica de menores”, explica el Ministerio en un comunicado.

La inciativa de la Coalición coincide con la aprobación en Consejo de Ministros de la nueva ley de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, con la que busca combatir la difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial, los conocidos como deepfakes, entre otras cuestiones. Tras la luz verde del Gobierno, el documento está listo para empezar su tramitación parlamentaria en el Congreso.

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, y la directora general de Grandes Inversiones, Marta Ríos, han visitado este martes las instalaciones que la compañía estadounidense Diamond Foundry está desarrollando en el polígono Empresarium de la Cartuja Baja (Zaragoza), un proyecto industrial que prevé una inversión total de 1.300 millones de euros y la creación de 300 puestos de trabajo directos.

El proyecto sitúa a Aragón dentro de la cadena global de valor de los semiconductores, uno de los sectores más estratégicos y con mayor proyección de crecimiento de la economía mundial. Durante la visita, Eva Valle ha subrayado que la implantación de Diamond Foundry confirma el atractivo de Aragón para las inversiones tecnológicas de vanguardia y refuerza el posicionamiento de la comunidad como uno de los principales polos industriales y tecnológicos emergentes del sur de Europa.

La consejera ha señalado que “Diamond Foundry permite posicionar a Aragón dentro de una nueva cadena global de valor, en este caso la cadena de los semiconductores, y complementar el ecosistema de inversiones tecnológicas que estamos consiguiendo atraer a nuestra comunidad autónoma”.

Valle ha añadido que “una de las razones por las que Diamond Foundry viene aquí es precisamente por este ecosistema que estamos creando, además del talento y de otras condiciones que ofrece nuestra comunidad autónoma”. La titular de Economía ha destacado además que el futuro pasa por consolidar un entramado productivo capaz de combinar grandes inversiones tecnológicas, capacidades industriales avanzadas y empleo cualificado concluyendo que “desde el Gobierno de Aragón estamos realmente entusiasmados con este proyecto muy innovador y vamos a seguir impulsándolo para que sea una realidad lo antes posible”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón ha recordado que la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, formalizó recientemente con Diamond Foundry una inversión de 752 millones de euros para fabricar en España componentes para microchips, parte de los cuales van a la planta de Zaragoza.

Diamond Foundry es una compañía tecnológica estadounidense especializada en la producción de diamante sintético avanzado para aplicaciones tecnológicas y está considerada una de las empresas más innovadoras en el ámbito de los nuevos materiales para semiconductores.

La empresa desarrolla diamantes monocristalinos sintéticos que ofrecen propiedades muy superiores a las del silicio tradicional para determinadas aplicaciones tecnológicas. El proyecto de la Cartuja Baja (Zaragoza) forma parte de la apuesta de la multinacional por España y complementa la actividad que la compañía desarrolla en Trujillo (Cáceres), donde se producen los lingotes de diamante sintético que servirán posteriormente como materia prima para los procesos industriales que se realizarán en Aragón.

La planta desarrollará una de las fases más sofisticadas y estratégicas de la cadena de valor de los semiconductores. En las instalaciones de Empresarium se llevará a cabo el procesamiento de las obleas de diamante sintético a partir de los lingotes producidos en la localidad extremeña de Trujillo. En concreto, la factoría se especializará en el corte de obleas, el lapeado, el pulido de precisión, la inspección y el control de calidad de los materiales, así como en su preparación para aplicaciones de electrónica avanzada.

Se trata de procesos de alto valor añadido y elevada complejidad tecnológica que convierten a Zaragoza en un eslabón fundamental dentro de la futura cadena de producción de materiales avanzados para semiconductores.

Inicio de actividad en 2027

Las obleas obtenidas en la planta aragonesa servirán como sustrato para la fabricación de chips de alta potencia destinados a sectores estratégicos para la economía digital, contribuyendo además a reforzar la autonomía tecnológica europea en un ámbito considerado prioritario por la Unión Europea y el Gobierno de Aragón.

La compañía ya ha formalizado la compra de las instalaciones de Empresarium y ha iniciado los trabajos previos para su puesta en marcha, además de continuar incorporando personal y estructura directiva para la futura planta.

Según las previsiones de la empresa, la actividad comenzará durante 2027, mientras que la planta alcanzará su funcionamiento a pleno rendimiento a lo largo del año siguiente, consolidando una de las inversiones industriales tecnológicas más relevantes que se están desarrollando actualmente en Aragón.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este miércoles en la Moncloa a los máximos responsables de Telefónica, Banco Santander y ACS, los socios principales del consorcio público-privado recién constituido para desarrollar la primera gigafactoría de inteligencia artificial avanzada en España. Una infraestructura, de las que como máximo habrá cinco en toda la UE, con las que Bruselas quiere superar su brecha con EEUU y China en esta tecnología.

Como ha venido adelantando elDiario.es, las tres multinacionales españolas serán la base privada del proyecto, que aspira a desarrollar en un mismo lugar enormes cantidades de potencia de cálculo (hasta 100.000 chips avanzados cada una) con los datos, energía, red y personal especializado para entrenar y desplegar modelos avanzados de IA.

En la reunión con Sánchez, además del presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra; el presidente de ACS, Florentino Pérez; y el consejero delegado del Grupo Santander, Héctor Grisi; también han estado presentes el director ejecutivo de la firma de software Multiverse Computing, Enrique Lizaso; el primer responsable ejecutivo del consorcio, Francesc Fajula (ex consejero delegado de Mobile World Capital); así como el ministro para la Transformación Digital, Óscar López; y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.

La estructura accionarial definitiva de consorcio otorga el control efectivo de la sociedad al bloque privado, que retiene el 51% del capital. Telefónica, ACS y Banco Santander cuentan con una participación individual del 15,67% cada una, mientras que la startup Multiverse Computing posee el 4% restante. El sector público gestiona el 49% de las acciones a través de la Sociedad Española para la Transición Tecnológica (SETT), que ostenta el 47,99%, y de la Generalitat de Catalunya, que aporta el 1%.

El encuentro oficializa los primeros pasos de la candidatura española para albergar estas infraestructuras, que tendrán una inversión final de unos 5.000 millones de euros cada una. En el caso español, el Consejo de Ministros ya ha aprobado inversiones superiores a los 1.000 millones de euros: 720 para aportar el capital público del consorcio y otros 300 como “aportación voluntaria” para el EuroHPC, el organismo europeo que gestiona la inversión europea en IA.

El proyecto español presentará una candidatura multisede con dos polos principales. Uno se localizará en Móra la Nova, en Tarragona, y el otro en San Fernando de Henares, en Madrid.

El objetivo de las gigafactorías es elevar a un nuevo nivel la iniciativa europea de las IA Factories para el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje soberanos. España cuenta actualmente con dos de estas últimas, ubicadas en el Centro de Supercomputación de Galicia y en el Barcelona Supercomputing Center, donde opera el superordenador MareNostrum 5. El nuevo centro multisede pretende abrir el acceso a estas herramientas avanzadas a universidades, pequeñas empresas y centros de investigación locales.

El Gobierno exigirá a las compañías de telecomunicaciones una garantía de al menos cuatro horas de cobertura móvil para el 75% de la población española en caso de apagón. Así lo ha anunciado este jueves el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante el encuentro DigitalES Summit, organizado por una de las principales patronales de las empresas de tecnología y telecomunicaciones.

La medida formará parte del Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales, que está preparando su Ministerio, y cuyo texto definitivo se espera para antes de que concluya este año 2026.

Según ha explicado López, las normas del Real Decreto entrarán en vigor de manera paulatina para facilitar que las operadoras instalen las baterías de respaldo necesarias progresivamente. Durante el primer año de vigencia, las compañías tendrán la obligación de contar con baterías para mantener la señal móvil durante cuatro horas para, al menos, la mitad de la población del país. En el segundo año, ese porcentaje mínimo aumentará al 65%, llegando al 75% final durante el tercero.

El Ejecutivo y las telecos llevan un año negociando cómo asegurar la cobertura móvil durante el máximo tiempo posible en caso de un apagón como el de 2025. En este sentido, las operadoras han expresado los problemas de masificar el uso de baterías en las antenas e instalaciones de red, debido al peso (muchas están colocadas en tejados de edificios) y a los posibles robos en zonas rurales menos transitadas.

Finalmente, la normativa establecerá obligaciones diferenciadas según el nivel estratégico de la instalación, ha informado el ministro. Las infraestructuras de nivel intermedio, como los centros de gestión cuyo fallo afecte a varias comunidades autónomas, tendrán que permanecer operativas un mínimo de 12 horas en caso de fallo del suministro eléctrico. Los centros de control esenciales de primer nivel, que concentran la inteligencia centralizada de las redes y donde un fallo afectaría a todo el país, deberán asegurar una autonomía de funcionamiento de al menos 24 horas.

López ha especificado a su vez que el Real Decreto contendrá medidas especiales sobre las comunicaciones de emergencia de los centros del 112 y las alertas públicas. Las compañías que provean la red de estos servicios estarán obligadas a confeccionar planes de seguridad y a disponer de estrategias de redundancia, como sistemas que combinen el uso de redes fijas y móviles para evitar la caída total.

Estas medidas afectarán a los operadores en España y a los gestores de infraestructuras digitales como cables submarinos, satélites, centros de datos y puntos de intercambio de internet que cuenten con más de medio millón de usuarios o superen los 50 millones de euros en ingresos. La regulación se extenderá a operadores críticos y servicios de emergencia, quedando excluidas las redes vinculadas con la Defensa y la Seguridad Nacional.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes destinar otros 300 millones de euros al proyecto para traer una gigafactoría de inteligencia artificial (IA) europea a España, una infraestructura de supercomputación con varios centros de datos y cientos de miles de chips avanzados diseñada para entrenar y operar modelos de vanguardia de IA a escala industrial. Se trata de la segunda inversión consecutiva en esta iniciativa, después de que los 719 millones de euros aprobados la semana pasada para constituir la sociedad público-privada que sostendrá la infraestructura.

Las gigafactorías de IA forman parte de un de la UE para impulsar tanto la uso comercial como la investigación en esta tecnología en el continente. Bruselas ha puesto encima de la mesa 20.000 millones de euros que se adjudicarán repartirán entre tres y cinco gigafactorías distribuidas por los países miembros. El proyecto español presentará una candidatura multisede repartida entre Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid.

La inversión aprobada hoy por el Gobierno es una “aportación voluntaria” a la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (EuroHPC), ha explicado el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López. La misión de esta empresa comunitaria es coordinar los esfuerzos gubernamentales y privados para crear la infraestructura que permita que “Europa llegue a ser líder en supercomputación”.

“La Unión Europea tenía que reducir su dependencia exterior para la supercomputación. Estas gigafactorías son mucho más que centros de datos. Serán grandes polos de investigación, polos generadores de riqueza en torno a la IA”, ha manifestado López en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El objetivo, ha continuado, es que no solo las grandes empresas puedan acceder a la IA avanzada y la computación cuántica, sino “democratizar el acceso” para que estas estén disponibles también para las pymes.

Se espera que la Comisión Europea lance la convocatoria oficial de las gigafactorías en las próximas semanas. El Gobierno lleva meses preparando el terreno y en las últimas semanas ha acelerado la confirmación de fondos públicos al proyecto. “La candidatura española está lista y seremos una de las primeras gigafactorías”, confía López.

Consorcio público-privado

La inversión de 719 millones de euros aprobados la semana pasada constituyen la aportación del Gobierno para la creación del consorcio público-privado que conforma la candidatura española. Representan el 48% del capital de la sociedad y se articularán a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

Según avanzó la semana pasada la Generalitat de Catalunya (que pondrá el 1%), las empresas privadas participantes principales serán Telefónica, ACS, el Banco Santander, con una participación individual del 15,67% cada una, llegando al 47% del capital.

El 4% restante corresponderá a Multiverse Computing, una startup con sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA, reduciendo los costes y su consumo energético sin perder rendimiento. El núcleo privado llegará así al 51% del capital y tendrá el control efectivo del consorcio.

El Gobierno ha aprobado también en este Consejo de Ministros aumentar su participación en Multiverse Computing con otros 107 millones de euros. Se trata de la segunda inversión pública en esta empresa tras una primera participación de unos 52 millones de euros. También se articulará a través de la SETT, conocida como la SEPI digital, la empresa pública que está agrupando las diferentes inversiones estatales en compañías tecnológicas de última generación con el objetivo de anclarlas al territorio y evitar la fuga de talento.

Por último, López ha anunciado una tercera inversión de la SETT, de 24,5 millones de euros, en la empresa valenciana Attypics Photonics, diseñadora de chips fotónicos. Esta compañía, surgida de la Universidad Politécnica de Valencia, está desarrollando un método para aplicar fotones (luz) en lugar de electrones (electricidad) para transmitir y procesar datos en los chips, aumentando la velocidad y reduciendo el consumo energético.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una inversión de 719 millones de euros del Ministerio para la Transformación Digital en el consorcio público-privado que desarrollará una gigafactoría avanzada de Inteligencia Artificial (IA). Se trata de una gran infraestructura de supercomputación con varios centros de datos y cientos de miles de chips avanzados diseñada para entrenar y operar modelos avanzados de IA a escala industrial.

La Unión Europa ha puesto encima de la mesa 20.000 millones de euros que se adjudicarán a entre tres y cinco gigafactorías repartidas por el continente. El proyecto español opta a ser una de ellas con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid. “Es una apuesta por la soberanía tecnológica e industrial”, ha defendido la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Elma Saiz.

El núcleo privado del consorcio lo forman Telefónica, ACS, el Banco Santander y Multiverse Computing, una startup con Sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA usando técnicas inspiradas en la computación cuántica, reduciendo costes y consumo energético sin perder rendimiento.

Banco Santander, ACS y Telefónica, controlarán de forma conjunta el 47% del capital de dicha sociedad, con una participación individual del 15,67% cada uno. Con la entrada de Multiverse Computing, que contará con un 4%, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y asumirá el control de la sociedad.

El Gobierno ostentará una participación del 47,99% a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). Esta entidad, conocida como la SEPI digital, agrupa las diferentes inversiones estatales en empresas tecnológicas de última generación con el objetivo de anclarlas al territorio y evitar la fuga de talento. Una de ellas es la propia Multiverse Computing. La Generalitat de Catalunya también contará con un 1% del capital de la gigafactoría en una fase inicial.

Fuentes del Ejecutivo detallan que aún no se conocen los plazos en los que la UE resolverá las candidaturas a las que adjudicará finalmente los fondos. El primero paso será la publicación del concurso oficial por parte de la Comisión Europea, algo que se espera que ocurra en julio. Hasta entonces, España continúa dando pasos para demostrar su compromiso con el proyecto.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha iniciado el trámite de audiencia pública para un nuevo Real Decreto que busca actualizar el Servicio Universal de Telecomunicaciones. El proyecto plantea un salto en la velocidad mínima de conexión fija a Internet, pasando de los 10 megas por segundo (Mbps) actuales a los 100 Mbps. Fuentes del departamento que dirige Óscar López aseguran que España se convertiría en el primer país europeo en integrar esta capacidad dentro del paraguas de servicios básicos garantizados por ley.

El cambio se incluirá en la propuesta de renovación del Servicio Universal de Telecomunicaciones, es el mecanismo legal que asegura que todos los ciudadanos tengan acceso a telefonía fija e Internet con independencia de su ubicación geográfica, bajo unos estándares de calidad y a un precio asequible. Según la propuesta, este nuevo régimen entraría en vigor el 1 de enero de 2027.

Otra de las novedades del reglamento es el cambio en la designación de los operadores encargados de prestar el servicio. Hasta ahora, Telefónica era la única compañía designada para garantizar esta cobertura. El nuevo texto propone que todos los operadores tengan la obligación de ofrecer el servicio universal dentro de sus zonas de cobertura y con las características técnicas que establezca el Real Decreto.

Fuentes de Transformación Digital exponen que esta modificación responde a que “la extensa red de telecomunicaciones”, con “el despliegue de redes de fibra óptica, tecnología móvil 5G y la mejora de las prestaciones satelitales” permite liberar de esa obligación exclusiva a Telefónica para extenderla a todos los operadores. “Con ello, se refuerza la capacidad del usuario de elegir libremente al operador que en una zona esté prestando estos servicios”, añaden las mismas fuentes.

Ampliación del bono social y nuevas ayudas

En el plano económico, el proyecto amplía el paraguas de protección social al incluir a las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital entre los colectivos con derecho a tarifas bonificadas. El Gobierno propone que todos los operadores apliquen un descuento mínimo del 25% en sus tarifas para usuarios con rentas bajas, una medida que Transformación Digital estima que podrá beneficiar a unos 800.000 hogares.

La normativa también establece requisitos en materia de accesibilidad, obligando a las empresas a disponer de una oferta suficiente de terminales para personas con discapacidad. Además, tanto los operadores como las plataformas del servicio de emergencias 112 deberán incorporar la funcionalidad de texto en tiempo real antes de junio de 2027 para facilitar la comunicación a personas con dificultades auditivas o de habla.

El Ministerio para la Transformación Digital ha aprobado una orden ministerial que impide realizar cualquier comunicación comercial telefónica a través de números que no comiencen por el prefijo 400. La medida, que forma parte del Plan Antiestafas, fija octubre como fecha límite para que las operadoras bloqueen cualquier intento de contacto publicitario que no utilice esta nueva numeración.

“En el día de hoy hemos publicado en el BOE una instrucción que va a obligar a que todas las operadoras telefónicas obliguen a todas las empresas a hacer las llamadas comerciales, siempre con un número 400”, ha detallado el ministro Óscar López este martes en un evento de AMETIC, la patronal tecnológica. “Esta medida entrará en vigor a partir de octubre y por lo tanto, todos los ciudadanos que sepan que a partir de octubre solo podrán recibir llamadas comerciales que entren de un número 400 y el resto serán bloqueadas”.

Los nuevos números 400 serán unidireccionales. Esto significa que los ciudadanos podrán recibir la comunicación, pero el sistema les impedirá devolver la llamada a ese mismo número. Con esta restricción, el Gobierno busca neutralizar las estafas de rellamada, en las que los ciberdelincuentes intentan que la víctima contacte con números de tarificación especial dejándole un gancho en un primer contacto.

Además de la imposición del nuevo prefijo, las operadoras de telecomunicaciones también deberán permitir que sus clientes restrinjan totalmente cualquier contacto comercial vinculado a los números 400.

Registro de nombres contra el fraude por SMS

El paquete de medidas también incluye la mensajería móvil. Con el objetivo de frenar las suplantaciones de identidad de empresas e instituciones a través de SMS, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) creará un registro oficial donde todos los organismos deberán inscribir los códigos alfanuméricos que utilizan como remitentes.

“A partir de junio, se acabaron los SMS suplantando la personalidad de compañías”, ha afirmado López, señalando que el objetivo es conseguir que “solamente las empresas y las entidades que estén en ese registro de la CNMC podrán hacer esos envíos masivos”. A partir del 7 de junio, las operadoras tienen la orden de bloquear cualquier mensaje cuyo remitente no figure en esta base de datos verificada.

Estas medidas se suman a un protocolo previo que, desde marzo de 2025, prohíbe el uso de numeración móvil para servicios de atención al cliente, obligando al uso de números cortos, fijos locales o rangos gratuitos (800 y 900).

El ministro ha defendido que esas primeras medidas han servico para frenar millones de contactos publicitarios y estafas. “Con las medidas que hemos puesto hasta ahora, hemos conseguido bloquear ya 192 millones de llamadas y 17 millones de SMS”. Según datos del sector, compañías como Telefónica interceptan actualmente cerca de 500.000 llamadas fraudulentas cada día antes de que lleguen al terminal del usuario final.

La nueva normativa se aplicará a todas las compañías, con la única excepción de las pequeñas operadoras de luz, gas y teléfono que posean menos de un 5% de cuota de mercado, cuenten con menos de 250 trabajadores o facturen menos de 50 millones de euros anuales. En caso de incumplimiento tras la entrada en vigor, los ciudadanos podrán denunciar directamente ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o la CNMC.

Al voltant de 16 milions d'euros destinats a implementar la intel·ligència artificial en la sanitat valenciana hauran d'esperar fins a la signatura d'un conveni, a causa de la falta d'entesa entre administracions. El Ministeri de Transformació Digital i de la Funció Pública pretenia celebrar el passat 26 de març un acte amb mitjans de comunicació a La Fe de València, però la impossibilitat d'assistir del conseller Marciano Gómez per qüestions d'agenda va provocar que la presentació i, per tant, la signatura del conveni no pogueren realitzar-se. La Conselleria de Sanitat no va contestar a la possibilitat de l'ús de les instal·lacions públiques de l'hospital sense el conseller i l'acte es va anul·lar.

«El conveni és amb la Generalitat, per la qual cosa no tenia gaire sentit fer una presentació sense la Generalitat», argumenten fonts de la Conselleria, que precisen que mai es va negar l'espai de La Fe i que va ser el ministeri el que «no va proposar una data alternativa».

Fonts del Ministeri de Transformació Digital van lamentar la «manca d'esperit de cooperació» de la Conselleria de Sanitat, i consideren que ni tan sols es va arribar a valorar la sol·licitud d'un espai «per a la presentació d'un projecte que beneficia tots els valencians i valencianes». «Entenem que aquesta nul·la voluntat de cooperació opera únicament en detriment dels interessos de la ciutadania valenciana», asseguren en unes paraules que també van ser traslladades a l'equip del conseller.

La petició formal del ministeri amb la data proposada es va realitzar el passat 20 de març. En haver-hi un cap de setmana pel mig, la resposta va arribar el dilluns, gairebé al migdia. En ella, la Conselleria al·legava que ni el conseller ni el secretari autonòmic podrien assistir el dia 26 a la presentació. Hores després, aquest mateix dia 23, el ministeri va reiterar la sol·licitud de la sala a l'Hospital La Fe i va plantejar la possibilitat que acudira un altre representant de Sanitat. Aquesta vegada no va obtindre resposta. El 25 de març, el ministeri va enviar un altre correu en què retreia la falta de col·laboració i va haver de desistir en la seva intenció de celebrar l'acte de presentació del conveni de Serveis Digitals Intel·ligents en el Sistema Nacional de Salut amb la Generalitat Valenciana.

Fonts de la Conselleria de Sanitat van mostrar el seu malestar amb la situació: “El conseller tenia compareixença a les Corts i el secretari autonòmic, una roda de premsa. El conveni és amb la Generalitat, per la qual cosa no tenia gaire sentit fer una presentació sense la Generalitat. Van insistir que el ministre tenia una agenda molt complicada i que no podia un altre dia. Nosaltres reiterem que l'agenda ja estava tancada. El següent va ser un correu dient-nos que no la feien per la 'poca col·laboració'”, van explicar des del departament de Marciano Gómez.

Sobre la possibilitat que l'arribada dels 16 milions d'euros puguen bloquejar-se, des de la Conselleria assenyalen que «aquest mateix conveni s'ha signat amb altres comunitats autònomes telemàticament, sense condicionar-lo a un acte de presentació».

Des del Ministeri de Transformació Digital també van mostrar el seu malestar per no poder presentar el conveni. Entenen que, tractant-se d'una inversió tan elevada, resulta inapropiat signar de manera telemàtica. «Cal explicar-ho perquè no és la primera vegada que s'apropien de fons que vénen de l'Estat com si foren seus», ironitzen.

En el rerefons d'aquesta polèmica es troba l'intensa batalla política a la Comunitat Valenciana i l'ús, per part del Consell, de l'argument del greuge per la manca d'inversió del Govern central al territori que el Govern vol revertir. Ambdues administracions necessiten traslladar a la ciutadania el seu compromís amb els valencians i valencianes.

Alrededor de 16 millones de euros destinados a implementar la inteligencia artificial en la sanidad valenciana tendrán que esperar hasta la firma de un convenio, debido a la falta de entendimiento entre administraciones. El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública pretendía celebrar el pasado 26 de marzo un acto con medios de comunicación en La Fe de València, pero la imposibilidad de asistir del conseller Marciano Gómez por cuestiones de agenda provocó que la presentación y, por tanto, la firma del convenio no pudieran realizarse. La Conselleria de Sanidad no contestó a la posibilidad del uso de las instalaciones públicas del hospital sin el conseller y el acto se anuló.

«El convenio es con la Generalitat, por lo que no tenía mucho sentido hacer una presentación sin la Generalitat», argumentan fuentes de la Conselleria, que precisan que nunca se negó el espacio de La Fe y que fue el ministerio el que «no propuso una fecha alternativa».

Fuentes del Ministerio de Transformación Digital lamentaron la «falta de espíritu de cooperación» de la Conselleria de Sanidad, y consideran que ni siquiera se llegó a valorar la solicitud de un espacio «para la presentación de un proyecto que beneficia a todos los valencianos y valencianas». «Entendemos que esta nula voluntad de cooperación opera únicamente en detrimento de los intereses de la ciudadanía valenciana», aseguran en unas palabras que también fueron trasladadas al equipo del conseller.

La petición formal del ministerio con la fecha propuesta se realizó el pasado 20 de marzo. Al haber un fin de semana de por medio, la respuesta llegó el lunes, casi al mediodía. En ella, la Conselleria alegaba que ni el conseller ni el secretario autonómico podrían asistir el día 26 a la presentación. Horas después, ese mismo día 23, el ministerio reiteró la solicitud de la sala en el Hospital La Fe y planteó la posibilidad de que acudiera otro representante de Sanidad. Esta vez no obtuvo respuesta. El 25 de marzo, el ministerio envió otro correo en el que afeaba la falta de colaboración y tuvo que cejar en su intención de celebrar el acto de presentación del convenio de Servicios Digitales Inteligentes en el Sistema Nacional de Salud con la Generalitat Valenciana.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad mostraron su malestar con la situación: “El conseller tenía comparecencia en Les Corts y el secretario autonómico, una rueda de prensa. El convenio es con la Generalitat, por lo que no tenía mucho sentido hacer una presentación sin la Generalitat. Insistieron en que el ministro tenía una agenda muy complicada y que no podía otro día. Nosotros reiteramos que la agenda ya estaba cerrada. Lo siguiente fue un correo diciéndonos que no la hacían por la 'poca colaboración'”, explicaron desde el departamento de Marciano Gómez.

Sobre la posibilidad de que la llegada de los 16 millones de euros pueda bloquearse, desde la Conselleria señalan que «ese mismo convenio se ha firmado con otras comunidades autónomas telemáticamente, sin condicionarlo a un acto de presentación».

Desde el Ministerio de Transformación Digital también mostraron su malestar por no poder presentar el convenio. Entienden que, tratándose de una inversión tan elevada, resulta inapropiado firmarlo de manera telemática. «Hay que explicarlo porque no es la primera vez que se apropian de fondos que vienen del Estado como si fueran suyos», ironizan.

En el trasfondo de esta polémica se encuentra la intensa batalla política en la Comunitat Valenciana y el uso, por parte del Consell, del argumento del agravio por la falta de inversión del Gobierno central en la región que el Gobierno quiere revertir. Ambas administraciones necesitan trasladar a la ciudadanía su compromiso con los valencianos y valencianas.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado la celebración del primer “Encuentro Internacional de Derechos Digitales”, que tendrá lugar los próximos 13 y 14 de mayo en la ciudad de Barcelona. En el evento, organizado por el Observatorio de Derechos Digitales y la fundación Mobile World Capital (vinculada a la feria Mobile World Congress), reunirá a “expertos, instituciones y representantes de la sociedad civil” para tratar impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial, ha declarado López.

El ministro ha vuelto a incidir el debate que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto en las últimas semanas al señalar la responsabilidad de las grandes plataformas en los daños que causan a las personas y las sociedades. “Los algoritmos priorizan mensajes de odio o muy polarizadores”, ha destacado, enumerando sus “efectos perversos” y “penosos”, como el “retorno de discursos ultras”. También en la salud mental, provocando “suicidios”, especialmente en los más jóvenes, con “muchos niños y niñas con ansiedad que están teniendo tratamientos psicológicos”.

Barcelona, la sede elegida por el Ejecutivo, se ha convertido en una de las capitales tecnológicas de Europa impulsada por su entorno emprendedor y por el Mobile World Congress. Además de esta cita, centrada en la industria digital, la ciudad ha acogido eventos dirigidos a tratar su impacto social, como el Mozilla Festival, centrado en derechos digitales, privacidad y tecnologías abiertas. Este llegó a la capital catalana por primera vez en 2025 y se quedará al menos hasta 2027.

Para López, este tipo de debates que pongan encima de la mesa “la ley de la selva” que se impone en el terreno digital se han convertido en fundamentales. “Nos prometieron una Arcadia feliz, donde la democracia se iba a multiplicar porque iba a haber muchas más opiniones” pero “años después hemos descubierto que no es oro todo lo que reluce y que el 30 o el 40% de las opiniones en redes son bots, o compradas o creadas artificialmente”, ha manifestado.

Frente a esto, el ministro ha reivindicado medidas como la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial o el impulso de la Carta de Derechos Digitales, que han llevado a España al 7º lugar del Índice de desarrollo de la IA que elabora la Universidad de Stanford, en Silicon Valley. Un informe que analiza más de 40 indicadores, desde la investigación y la inversión hasta la regulación, y que ha colocado al país en el segundo puesto del ranking europeo por detrás del Reino Unido.

Tirón de orejas a empresas y fondos: “En Europa falta inversión privada”

López también ha aprovechado para señalar lo que, a su juicio, está ralentizando a Europa respecto a EEUU o China en materia tecnológica: “Lo que ha faltado ha sido inversión privada, riesgo privado que sí ha habido en Estados Unidos”. Señala que el problema “no es la regulación”, sino la fragmentación del mercado, que impide a las empresas nacer con el tamaño de consumidores suficiente para competir globalmente.

Por ello, el titular de Transformación Digital también ha tirado de las orejas a empresas y fondos por no asumir los “riesgos” que tiene la inversión en nuevas tecnologías hasta no ver un rendimiento económico claro. “Está pasando ahora con la cuántica. Hay mucha gente que todavía no invierte en cuántica porque todavía no ve el uso comercial”, ha enfatizado.

“No hay un problema de inversión pública en Europa, no hay un problema de apuesta ni de voluntad política, hay un problema de inversión privada”, ha recalcado.

Confianza en la “responsabilidad” de la oposición para prohibir el acceso de los menores a redes

Una de las medidas estrella sobre el ámbito digital que el Gobierno quiere sacar adelante este 2026 es la prohibición del acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. “Me dirijo a todos los grupos del Congreso [...] Espero que nadie sea tan irresponsable como para paralizar esta ley”, ha dicho López sobre la norma en la que va incluido el veto.

El ministro ha criticado a quienes “en el espacio público se llenan la boca diciendo que hay que hacer esto”, para después poner palos en las ruedas a su aprobación legislativa. “Al margen de jugadas parlamentarias y disputas políticas diarias, espero que no se les ocurra a nadie paralizar una ley tan importante para nuestros niños y niñas”, ha enfatizado.

La III Jornada de Inteligencia Artificial y Tecnología de elDiario.es ha arrancado este jueves con una premisa clara: España puede ser un país competitivo en la integración de la inteligencia artificial gracias, precisamente, a la manera en la está implantando -con cautela–.

Ignacio Escolar, director de elDiario.es, ha inaugurado el encuentro remontándose a la primera jornada que organizó este medio, hace tres años. “Hablábamos casi con asombro, como si la IA fuera todavía un fenómeno cercano a la ciencia ficción. Hoy la situación es muy distinta”, ha afirmado. “Hoy es una tecnología que está transformando profundamente la sociedad, el tejido empresarial, la educación, la medicina, la movilidad, y de forma muy directa también el ecosistema informativo y la conversación pública”.

En este sentido, ha resumido la convulsión que está sufriendo el ecosistema mediático, que es ya “el cambio más importante para el oficio que se ha vivido desde la llegada de Internet”. Pese a que en muchos medios provocará despidos, ha asegurado que el tipo de periodismo “que importa a la sociedad” va a seguir siendo necesario, imprescindible, insustituible. 

“Nos va a ayudar muchísimo a que nuestro trabajo, el importante, lo podamos hacer mejor aún. Ayer tuvimos un ejemplo fantástico. Nos cayeron de golpe todas las toneladas de PDF del 23F. Esto antes suponía poner a todo el mundo, desde el becario hasta el subdirector, a leer por trozos. Ayer fue completamente diferente. Subimos todo a un motor de IA. Nos ayudó a encontrar palabras clave, contextos, conexiones”, ha explicado.

Y ha dado paso a Alberto Órfão, jefe de Fin de Semana de elDiario.es y moderador de la primera mesa de expertos, tras destacar el contexto actual, enmarcado en el despliegue de la Ley de Inteligencia Artificial de la UE, “el primer intento serio de poner reglas claras a esta tecnología”. “Se trata de impulsar la innovación sin renunciar a la protección de derechos fundamentales, y España tiene un papel importante en este proceso”.

El papel de la ética en la innovación tecnológica

Alberto Gago Fernández, director general de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha explicado que “los derechos de los ciudadanos son un activo para una sociedad mejor, pero también para una oferta comercial mejor de las propias empresas”.

“Y sabemos que sin confianza, una empresa no vende y, si una empresa no vende, el mercado no escala. Con lo cual necesitamos aportar esta seguridad jurídica a las empresas, pero sobre todo basándonos en los derechos de los ciudadanos. El CIS establece que el 93% de los españoles tenían miedo con respecto a la inteligencia artificial. Lo que quiere el gobierno es montar este marco institucional que permita rebajar ese porcentaje de ciudadanos que desconfían de la IA”, ha proseguido.

“Desde la AESIA tenemos que tener un equipo multidisciplinar que pueda entender cómo aterrizar todo esto y sobre todo también acompañar a las empresas en su transición hacia esta IA responsable. Ayer ya anunciamos que íbamos a montar un laboratorio de ideas, la llamamos ‘la inteligencia de la inteligencia artificial’, para entender cuál es el impacto de esta tecnología en diferentes ámbitos que le preocupan a la ciudadanía (mercado laboral, igualdad de género, desinformación, menores, etc.)”.

Beatriz Arias, directora de Transformación Digital de la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) ha enfatizado en que la IA debe ir acompañada de un marco ético desde el diseño, porque no puede modelar valores humanos. 

“La innovación no es ir más rápido. Es incorporar nuevas tecnologías de forma segura y responsable. En este sentido el marco de la UE nos ha ayudado mucho”, ha defendido, por su parte, Ferrán García Rigau, director de Data, IA e Innovación de la aerolínea Iberia. 

España como líder del debate de la IA

España es un país que está liderando todo el debate de la IA, han asegurado los expertos. “Según un informe de la Stanford University, somos el séptimo país en efervescencia de IA, porque tenemos los marcos institucionales adecuados pero también porque tenemos a las empresas que de verdad quieren adoptar esta tecnología, ponerla al servicio de sus clientes, pero siempre respetando como hemos dicho sus derechos. Somos el primer país de la UE en este indicador. Además somos el sexto país del mundo en referencia en cuanto a gobernanza de la IA”, han explicado desde la AESIA.

“Nos han intentado trasladar una narrativa de elegir entre innovación y regulación, porque las dos no son posibles, y España ha demostrado que eso no es así”, han continuado.

España, han afirmado, lo tiene todo para ser un país competitivo y pionero, sobre todo, en infraestructuras de conectividad. Está por encima de la media europea en este sentido.

Desde DigitalES han explicado que los sectores más maduros en este sentido son el tecnológico, el financiero, el sector del márketing digital, el del e-commerce, y el sanitario. “¿Dónde nos queda por poner aún esfuerzos? En introducir la IA en toda la cadena de valor, pero no porque ya lo estén haciendo todos, sino donde tenga sentido y de la manera que tenga sentido”.

Otro reto para nuestro país es el del talento. “Estamos escasos de talento. Así es muy difícil que podamos avanzar y ser más competitivos que otros países. Tenemos que hacer algo para despertar esas vocaciones. Y hace falta invertir en infraestructuras de computación”, han profundizado.

La IA en el día a día de las empresas

García Rigau ha contado cómo están aprovechando la IA en la aerolínea: “En Iberia donde más la utilizamos es en mejorar la experiencia de los clientes y los empleados; en eficientar nuestros procesos; y en ser más sostenibles. Tenemos un caso ‘perfecto’, que toca los tres factores, que es el de cómo llenamos los aviones, porque, cuanto más balanceados estén, menos consumen. Con la IA vemos que en cuestión de segundos podemos optimizar y encontrar la mejor solución a este problema”

Silvia Núñez Rivero, responsable de Transformación Digital de la empresa energética Iberdrola, ha asegurado que es algo que “ya todos esperamos tener en el trabajo. ”A mí me gusta asemejarlo a la calculadora. Cuando se inventó la calculadora, pues tú tenías tu calculadora en casa y no te imaginabas ir al trabajo y tener que usar un ábaco“. 

La IA sí está sustituyendo tareas -sobre todo las repetitivas-, pero no personas: “Pero en todo esto la clave es ver cuál es el trabajo en el que el humano sigue siendo más relevante, que es el trabajo más creativo. Ahí es donde surge la innovación”. Y es ahí donde están las nuevas oportunidades de empleo.

“Lo que tenemos que asegurar es que ponemos los necesarios planes de formación para que aquellos perfiles que puedan ser sustituidos se conviertan en otro tipo de perfiles de transición hacia, por ejemplo, la supervisión humana. Para asegurar que la IA lo haga todo de forma ética”, por ejemplo, han señalado desde Iberia.

Entre los perfiles más demandados, los prompt-engineers, o los expertos en ciberseguridad, aquellos profesionales muy capaces de tener pensamiento crítico, o perfiles multidisciplinares (que puedan responder a los retos sectoriales particulares).

La privacidad como uno de los principales retos

Otro de los aspectos imprescindibles en este nuevo escenario es el de la privacidad. “La tecnología no es per se mala, sino el uso que le vas a dar. En cuanto a privacidad estamos maduros, pero todo lo nuevo que está apareciendo lo estamos incorporando de forma proactiva”, han afirmado desde Iberdrola. “A nivel reputación el daño que sufre una empresa que se ha visto atacada y le han robados datos, por ejemplo de sus clientes es enorme”, han señalado desde DigitalES.

Uno de los retos, han concluido desde la AESIA, es el de aprender a conjugar diferentes reglamentos de manera coordinada y fácil: “El Reglamento General de Protección de Datos está aquí desde hace muchos años, pero hay otros que también tenemos que conjugar, como los de ciberesiliencia o de gobernanza del dato, que te dan la confianza no solo para proteger los datos personales, sino para compartir los datos en confianza y para poder recoger los datos sin sesgos, sin ruido, que permita que la IA sea, de verdad, representativa de la democracia que tenemos”. 

Una foto que ha escocido que ha escocido a los afectados. Las principales asociaciones de usuarios de Internet de España han reiterado este jueves ante el Defensor del Pueblo su queja por los bloqueos indiscriminados del tráfico de red instados por LaLiga, motivadas por un reciente acuerdo entre el Ministerio de Trasformación Digital y la patronal dirigida por Javier Tebas. El pacto, ratificado la pasada semana, pone en marcha diversas medidas para desarrollar un “ciberespacio confiable”.

“La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones se ha reunido con La Liga y, aparentemente preocupados por el uso responsable de Internet, han firmado una campaña de 'colaboración', mientras una calla y la otra ejecuta impunemente medidas de censura y control de las redes en España”, denuncian la Asociación de Internautas, la Fundación España Digital y la Asociación de Usuarios de Internet en un comunicado conjunto.

Las asociaciones denuncian la “intolerable pasividad” del Ejecutivo y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante la situación, que se repite desde hace un año. Cada fin de semana, la patronal del fútbol ordena a los operadores censurar grandes paquetes de datos que circulan por sus redes si detecta que, entre ellos, circula una retransmisión pirata.

Debido al método de bloqueo, este provoca que cientos de webs y servicios digitales queden inaccesibles debido a esas emisiones ilegales, con las que no tienen ninguna relación. “Ni la Secretaría de Estado ni la CNMC han atendido las peticiones de los internautas ante los bloqueos de Internet que cada fin de semana ordena La Liga indiscriminadamente”, continúan las asociaciones: “Las han ignorado deliberadamente y tampoco actúan de oficio. El Gobierno prefiere mantener la impunidad de los ataques de denegación de servicio, los daños a terceros y la censura arbitraria de contenidos”.

El Gobierno recomienda la vía legal

El Ejecutivo, en una respuesta por escrito de ERC, instó a los afectados a utilizar la vía judicial. “El Gobierno anima a cualquier persona o entidad afectada a ejercer sus derechos por las vías legales y seguirá con atención la evolución de la situación para valorar posibles medidas en el marco de sus competencias”, afirmó el pasado octubre.

LaLiga, por su parte, echa la culpa de los daños colaterales de sus bloqueos a Cloudflare, una multinacional estadounidense que, en la práctica, es la responsable de agrupar servicios digitales en paquetes de datos que se mueven juntos por la red. Con todo, asegura que sus bloques están amparados por la justicia y son “proporcionados” y “quirúrgicos”.

La resolución a la que se refiere la patronal es una sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona, que habilita a solicitar a los operadores de telecomunicaciones que censuren esos paquetes de datos cuando exista una retransmisión pirata entre ellos. No obstante, el juez afirma en el texto que esa maniobra no debe “perjudicar a terceros”. Los afectados han llevado el caso al Tribunal Constitucional.

LaLiga insiste también en delegar la responsabilidad de la situación en Cloudflare, y recuerda que recientemente la compañía ha sido multada en Italia con un 1% de su facturación global por no tomar “medidas efectivas para impedir el uso de sus servicios en la difusión de contenidos ilícitos, pese a haber recibido órdenes para desactivar el acceso a determinadas páginas web y direcciones señaladas por los titulares de derechos”.

Cloudflare niega esta responsabilidad y ha protestado por la situación ante la Casa Blanca, entendiendo que España está dificultando el comercio internacional. “Los reguladores y tribunales españoles han permitido procesos que interrumpen la prestación de servicios digitales para favorecer los intereses comerciales de entidades locales”, recalca.

El Defensor del Pueblo, que ya tenía una primera queja de las asociaciones de usuarios registrada en junio de 2025, afirma que este se encuentra “en fase de estudio”. “Dada la confidencialidad de las quejas que se reciben en la institución, cualquier novedad que se produzca en las actuaciones se comunicará directamente a las asociaciones que se han dirigido al Defensor del Pueblo”, añaden fuentes oficiales.

Mientas tanto, los usuarios y empresas afectadas siguen atrapados en una maraña de bloqueos de Internet pese a que no tienen relación con la piratería. “Lo más grave, es que esto sienta un peligroso precedente para futuras intervenciones privadas sobre la red y los derechos digitales de todos los ciudadanos, inadmisible en cualquier Estado de Derecho”, ha denunciado la abogada Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Transformación Digital, ha anunciado este miércoles que ha llegado a un acuerdo con LaLiga, la patronal del fútbol profesional. El pacto, cuyo objetivo es “impulsar una cultura de la ciberseguridad y prevenir ciber riesgos tecnológicos que pudieran afectar a los Clubes, aficionados al fútbol y a la sociedad en general”, se produce mientras el Tribunal Constitucional dirime sobre una de las principales estrategias de LaLiga en este ámbito: los bloqueos masivos de Internet para frenar la piratería que dejan inaccesibles miles de webs y servicios digitales sin relación con las retransmisiones ilegales.

La organización dirigida por Javier Tebas ejecuta esta estrategia desde comienzos de 2025 apoyada en una sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona, que habilita a LaLiga a solicitar a los operadores de telecomunicaciones que censuren grandes paquetes de datos que circulan por Internet si se detectan emisiones pirata entre ellos. No obstante, afirma que esta maniobra no debe “perjudicar a terceros”. Los afectados han llevado el caso al Constitucional, mientras que asociaciones de internautas han pedido amparo al Defensor del Pueblo.

En este contexto, Tebas y José Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones, han ratificado un “memorándum de entendimiento” entre el Gobierno y la patronal del fútbol para “crear un ciberespacio confiable y seguro”. Mediante el acuerdo, LaLiga se compromete también a promocionar el 017, el teléfono gratuito contra las estafas digitales gestionado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

“El fútbol profesional tiene una responsabilidad social que va más allá del terreno de juego, como hemos demostrado con múltiples iniciativas. Este acuerdo con INCIBE refuerza nuestro compromiso con un entorno digital seguro, basado en el respeto y la confianza, y nos permite trabajar de forma coordinada para concienciar, prevenir riesgos y proteger a nuestra comunidad”, afirma Tebas, según el comunicado distribuido por el Ejecutivo.

Apagones cada fin de semana

Pese a que LaLiga insiste en que sus bloqueos “son proporcionales, quirúrgicos y acotados temporalmente durante los partidos de la competición”, cada fin de semana los afectados por su maniobra vuelcan su indignación en redes sociales. Sus negocios quedan desconectados de la red, lo que en ocasiones se traduce en una web inaccesible, pero en otras, supone fallos en la operatividad digital.

“Este fin de semana nos impactó de lleno porque cortó la comunicación de nuestro servidor con Miravia y Aliexpress. Ha sido un desastre porque ha provocado que vendamos más unidades de las que tenemos en stock. Con cada venta no había un retorno para reducir la cifra de unidades disponibles, ya que no había comunicación con el servidor”, explicaba uno de los afectados en un reportaje de elDiario.es sobre esta situación. “Cada fin de semana intentamos buscar soluciones, pero técnicamente no las hay. Si te cortan, te cortan”.

Estos bloqueos aleatorios son una consecuencia del método que LaLiga utiliza para frenar las retransmisiones pirata. Cuando detecta una emisión ilegal, pide a las operadoras que bloqueen la dirección IP entera por la que esta discurre. El problema es que la IP es como el código postal de un servicio digital y, al igual que este, puede agrupar miles de webs o servicios digitales. Cuando cae una de ellas, cae la emisión pirata, pero también todos aquellos servicios que estuvieran compartiendo dirección IP con ella en ese momento.

LaLiga echa la culpa de los daños colaterales de sus bloqueos a Cloudflare, una multinacional estadounidense que, en la práctica, es la responsable de agrupar servicios digitales en las distintas IPs. Se trata de una práctica habitual en negocios como el suyo, que se centran en acelerar la carga de los dominios web que lo contratan, protegerlos de tráfico malicioso (como bots) y ofrecer otras funciones de ciberseguridad. Cloudflare también ha llevado el caso a los tribunales y lo ha incluido en un informe enviado a la Casa Blanca como un ejemplo de proteccionismo estatal. “Los reguladores y tribunales españoles han permitido procesos que interrumpen la prestación de servicios digitales para favorecer los intereses comerciales de entidades locales”, recalca.

El Gobierno, consultado por una pregunta por escrito de ERC, instó a los afectados a utilizar la vía judicial. “El Gobierno anima a cualquier persona o entidad afectada a ejercer sus derechos por las vías legales y seguirá con atención la evolución de la situación para valorar posibles medidas en el marco de sus competencias”, afirmó en su respuesta, emitida el pasado octubre.

Según uno de los últimos análisis de los afectados, los bloqueos de LaLiga afectaron en diciembre a 3,8 millones de dominios, que quedaron inaccesibles mientras se disputaban los partidos de fútbol de primera y segunda división. Debido a la distribución horaria de estos, la afectación puede extenderse desde las 16.00 horas hasta las 00.00 horas del día siguiente tanto los sábados como los domingos.

Con la llegada Internet, Europa se dejó arrastrar por el método estadounidense, que a su vez se había dejado arrastrar por el método de Silicon Valley: implanta primero y mide las consecuencias después. Es una práctica que promovió una digitalización rápida, pero que trajo consecuencias como la extracción masiva de datos personales sin control por parte de las multinacionales digitales durante años, o la exposición de los menores a los efectos nocivos de los algoritmos de las redes sociales.

En medio de una nueva revolución, la de la inteligencia artificial, Europa ha quedado atrapada entre dos visiones. Por un lado, la estadounidense, que sigue priorizando el método Silicon Valley; y por otro, la china, caracterizada por el férreo control estatal tanto de la tecnología como de los ciudadanos. Son dos potencias que han puesto sus respectivas locomotoras a toda máquina para lograr la supremacía en la inteligencia artificial, mientras que Europa, con pocos desarrolladores destacados, apostó por la regulación.

“Europa está muy atrasada en inteligencia artificial y tiene que desarrollar su propio programa tecnológico y su propio programa industrial”, pide Manuel Castells, uno de los sociólogos más citados del mundo por sus análisis sobre cómo la revolución digital ha reconfigurado el poder, la economía y la vida social. “Pero no necesariamente como lo están haciendo Estados Unidos o China”.

“Vamos con retraso en los contenidos, los usos de la inteligencia artificial y las precauciones a tener con respecto a la velocidad con la que se está desarrollando. Porque aquí hay un tema geopolítico: la inteligencia artificial hoy en día es poder. Estados Unidos está invirtiendo mucho más que en ninguna otra tecnología o industria desde hace mucho tiempo. China también lo ha hecho, es su prioridad absoluta. ¡Incluso un país como Corea del Sur ha proclamado que quiere ser la tercera potencia del mundo! Corea del Sur, no Europa”, ha destacado.

Parte de la ciudadanía está en contra de la IA porque cree que es una máquina que los va a controlar. Pero no es una máquina, son personas. Personas con intereses económicos y políticos que, utilizando una tecnología muy poderosa, nos pueden controlar toda la vida

Manuel Castells

“Una gran parte de la ciudadanía está en contra de la IA porque cree que es una máquina que los va a controlar. Pero no es una máquina, son personas. Son personas con intereses económicos y políticos que, utilizando una tecnología muy poderosa, nos pueden controlar toda la vida”.

Castells ha hecho estas declaraciones tras la reunión del Consejo Asesor Internacional de IA, un órgano consultivo del Gobierno, del que es miembro junto a otros investigadores internacionales como Kate Crawford (cofundadodora de AI Now Institute y autora de El Atlas de la IA), Jerome A. Feldman (Universidad de Berkeley, EEUU), Luciano Floridi (Universidad de Yale), Jeroen van den Hoven (Universidad de Delft, Países Bajos), Carissa Véliz (Universidad de Oxford), Erika Staël Von Holstein (Reimaginar Europa) o Niklas Lundblad (Google).

Para Castells, hay una tercera vía entre la estadounidense y la china. “Incorporando lo que, de manera confusa pero que todo el mundo entiende, llamamos los valores europeos. Los valores de civilización y democráticos, que no sean solamente ni la ganancia de la empresa ni el poder del Estado”, pide el investigador y exministro de Universidades. “Es vital incluir los objetivos sociales y de usos positivos en el propio modelo de desarrollo de inteligencia artificial. No buscar solo la competitividad política o económica, sino la realización social y ética”.

Discernir en qué consiste esa visión “humanística” de la IA, y cómo permitir que dirija su desarrollo tanto en la industria como en la regulación española y europea, es uno de los objetivos del Consejo Asesor. Se trata de una ambición que ya quedó marcada en la ley de IA de la UE, la primera de su tipo en el mundo, aprobada bajo la presidencia rotativa de España.

Una norma que ahora Bruselas ha propuesto recortar. El objetivo, afirma la Comisión, es facilitar el desarrollo de esta tecnología en el continente. La medida, no obstante, llega en medio de una enorme presión por parte de Donald Trump y de las multinacionales tecnológicas estadounidenses.

Sería un mensaje desastroso que la primera ley de inteligencia artificial que se hace en el mundo vaya para atrás

Óscar López — sobre la propuesta de Bruselas de recortar la ley europea sobre IA

“Sería un mensaje desastroso que la primera ley de inteligencia artificial que se hace en el mundo vaya para atrás”, ha declarado Óscar López, ministro para la Transformación Digital, encargado de organizar las reuniones del Consejo Asesor y recibir sus recomendaciones. “El camino debe ser el contrario. De hecho, en septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se acordó que se cree un grupo de alto nivel para que haya una discusión mundial sobre la inteligencia artificial y regulación, un estándar lo más internacional posible”.

El ministro ha revelado que, como impulsora de la redacción inicial, España apoya la actual ley. “El Gobierno de España está de acuerdo con simplificar pero no con desregular. Nuestra posición es 'sí' a la simplificación administrativa. Europa no puede ser un bosque de 27 leyes diferentes que compliquen el desarrollo tecnológico. Pero 'no' a la desregulación”, ha enfatizado.

El papel de España

Carissa Véliz, profesora de la Universidad de Oxford especializada en privacidad e inteligencia artificial, ha destacado el papel de España en la regulación del continente europeo y promover encuentros como el del Consejo Asesor, cuyos miembros no reciben una remuneración económica por su participación.

“España tiene una cultura muy autocrítica, y me parece muy bien y muy sano, pero también hay que identificar cuándo se está haciendo un esfuerzo por hacer las cosas mejor. Por supuesto que se cometerán errores. Por supuesto que los desafíos a los que nos estamos enfrentando son absolutamente titánicos. Pero la ética no sucede por casualidad, sucede porque alguien se sienta a pensar en qué puede pasar, qué puede ir mal y cómo lo evitamos”, ha destacado la especialista: “Estas son las conversaciones más interesantes, más filosóficas y más humanistas que se están teniendo en este ámbito. Y de eso hay que estar orgullosos”.

El cualquier caso, la profesora ha pedido no caer en el determinismo tecnológico al tratar los problemas de la inteligencia artificial. “Todos somos muy conscientes de que hay problemas a los que nos enfrentamos, que son políticos y sociales, y que la tecnología no los va a resolver. Ahí la pregunta es: ¿cómo gestionamos a la tecnología para tener esas respuestas sociales a problemas sociales?”, ha indicado.

Véliz, nacida en México y con nacionalidad española y británica, también ha destacado la encrucijada en la que se encuentra Europa. “Me preocupa, por una parte, la actitud de Estados Unidos, que ha cambiado mucho. Y me preocupa que Europa no tenga suficiente energía para plantarle cara en esa lucha constante”.

Me preocupa que no apoyemos suficiente a las empresas europeas para ser innovadoras. Yo no quiero utilizar Google. Yo quiero una empresa europea que tenga mis valores y que proteja mi democracia

Carissa Véliz

“También me preocupa que no apoyemos suficiente a las empresas europeas para ser innovadoras y para que realmente tengamos alternativas. Yo no quiero utilizar Google. Yo quiero una empresa europea que tenga mis valores y que proteja mi democracia”, ha enfatizado.

Con todo, la especialista ha querido concluir recordando que no todo está perdido. “Lo que me parece positivo es que estamos viendo más valentía por parte de las administraciones públicas de tener un frente que defienda a la ciudadanía. Y eso incluso hace dos años yo no lo veía tan claro”. “Me encanta ver el ánimo de un frente común de decir: bueno, aquí hay una democracia que defender, ¿qué vamos a hacer al respecto?”.

El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha afirmado este lunes que la subida salarial del 11% para los funcionarios en el periodo 2025-2028 que se le ha ofrecido a los sindicatos se ha realizado teniendo en cuenta la evolución de la inflación de este año y de los tres siguientes para que el colectivo no pierda poder adquisitivo.

“El Gobierno es coherente. El Gobierno siempre ha practicado el diálogo social, siempre ha llegado a acuerdos con los sindicatos”, ha dicho López en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, apenas unas horas antes de que el Ministerio vuelva a reunirse con CCOO, UGT y CSIF para cerrar la subida salarial de los empleados públicos para el periodo 2025-2028.

“Estamos hablando de que los funcionarios no pierdan poder adquisitivo, estamos hablando de la inflación para estos cuatro años”, ha recalcado el ministro.

El Ministerio de Función Pública volverá a reunirse este lunes a las 16.00 horas con CCOO, UGT y CSIF para conocer su respuesta a la oferta de subida salarial del 11% para los funcionarios en el periodo 2025-2028 que les realizó la semana pasada después de una primera oferta, del 10%, que fue rechazada por los sindicatos.

Esta subida del 11%, que ya ha recibido el visto bueno de UGT, ha sido calificada desde el Ministerio como “inamovible”, aunque desde CSIF le han pedido que en la reunión de este lunes presente una nueva oferta salarial que permita a los más de tres millones de empleados públicos recuperar y mantener el poder adquisitivo.

El encuentro de este lunes apunta a ser el definitivo en lo que respecta al marco salarial del acuerdo plurianual sobre condiciones laborales que está negociando el Ministerio con los sindicatos y que abarca otras materias, como la agilización y mejora de los procesos selectivos, la promoción interna y el desarrollo profesional, la planificación de efectivos, la atención a la ciudadanía y servicios públicos, la igualdad y la no discriminación.

Según explicaron los sindicatos, la oferta de subida del 11% propuesta por el Ministerio se repartiría en los cuatro años del periodo 2025-2028, sin que las subidas salariales puedan superar el 4% entre 2025 y 2026.

El mayor programa de ayudas a la digitalización de las pymes y autónomos puesto en marcha en España ha cerrado su plazo de solicitudes con cifras récord. El Kit Digital, financiado con fondos europeos del plan de recuperación, ha concluido su período de solicitud con más de 860.000 ayudas concedidas y 3.400 millones de euros repartidos, un 127% del objetivo marcado por Bruselas. Hay beneficiarios de la ayuda en el 92% de los municipios españoles.

Es un programa en el que el Gobierno ha desplegado la mayor automatización de solicitudes hasta la fecha, con hasta un 45% de las solicitudes concedidas directamente por los 39 robots potenciados con inteligencia artificial. Aun así, no logra librarse del todo la crítica por la “burocracia excesiva” por parte de las organizaciones de pymes y autónomos, que con todo hacen una “valoración positiva global” del programa.

“Ha supuesto una gran movilización de recursos públicos en favor de una de nuestras demandas históricas, mejorar la digitalización de autónomos y autónomas”, dicen desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae). “Gracias al modelo de difusión que se ha usado se ha conseguido una gran capilaridad, consiguiendo llegar a municipios de ámbito rural, que suelen ser los más necesitados de este tipo de políticas”, continúan.

Hasta el punto de que ya están pensando en el siguiente. “Cepyme considera necesario contar con un Kit Digital 2.0 que permita a la pyme evolucionar hacia un grado de digitalización medio-alto”, piden desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa a elDiario.es.

Un experimento de automatización pública

“El Kit Digital nos ha permitido digitalizar para transformar: hemos pasado de incorporar tecnología a cambiar la forma en que la Administración presta servicios y las pymes compiten. Es una prueba clara de que lo público puede innovar, actuar con agilidad y generar confianza”, ha destacado Óscar López, ministro de Transformación Digital.

Los 39 robots encargados de esa automatización no son máquinas físicas, sino programas avanzados de software basados en inteligencia artificial. Su función ha sido tramitar y revisar de forma automática la masiva cantidad de solicitudes. Estos 39 robots han ejecutado millones de comprobaciones automáticas sobre los solicitantes, verificando requisitos como si la pyme estaba al corriente de pagos con la Seguridad Social o Hacienda o más de 570.000 comprobaciones de titularidad real para prevenir el fraude.

Ha habido demasiada burocracia y tiempos de respuesta excesivos por parte de la administración

Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores

La automatización a través de estos robots de IA “ha permitido reducir los tiempos de tramitación en más del 90%”, asegura Transformación Digital, disminuyendo el tiempo medio de comprobación de cada expediente a tres minutos. También ha permitido desarrollar una “política de cero papeles”, basada en “suprimir la tramitación en papel y minimizar la documentación electrónica a presentar por parte de los solicitantes de la ayuda”, evitando la impresión en papel de más de 14 millones de documentos.

Un esfuerzo que no ha resultado suficiente para que los destinatarios del Kit Digital hayan superado las históricas críticas por la dificultad de relacionarse con la administración. “Ha habido demasiada burocracia y tiempos de respuesta excesivos por parte de la administración”, se queja Uatae, una de las únicas “partes negativas” del programa que señala desde esta asociación, junto al hecho de que las ayudas “para los autónomos con menos ingresos eran demasiado bajas y daba para pocos servicios”.

Aumento de ventas y plantilla

En términos de resultados empresariales, el balance elaborado por el Ministerio señala un impacto significativo entre pymes y autónomos. Más del 65% de las compañías afirman haber incrementado sus ventas tras implantar las soluciones del programa y el 40% ampliaron plantilla, con un crecimiento medio del 10% entre las empresas analizadas. Un 12% duplicó su facturación entre 2021 y 2023.

Los autónomos —que representan el 63% de los beneficiarios totales del programa— han utilizado la mayor parte del bono que la ayuda planteaba para su categoría. El 68% de quienes tienen más de seis meses de actividad gastaron entre el 75% y el 100% del importe disponible. Las soluciones más demandadas en este colectivo fueron “Puesto de trabajo seguro” (28%), “Sitio web y presencia en internet” (23%) y “Gestión de procesos” (16%).

En el caso de las pymes, la categoría de digitalización más demandada ha sido “Sitio Web y presencia en internet”, con más de 302.000 acuerdos firmados. Le siguen de cerca la categoría de “Puesto de trabajo seguro, con más de 273.000 acuerdos”, y “Gestión de procesos”, que suma más de 223.000 acuerdos firmados. Además de estas soluciones principales, el catálogo cubría otras áreas como Comercio Electrónico, Gestión de Redes Sociales, Factura Electrónica, Comunicaciones Seguras y Business Intelligence y analítica.

Desde Cepyme, inciden en que una segunda parte del programa debe centrarse en mejorar esta última área. “Los fondos del Plan de Recuperación deberán estar ejecutados, salvo excepciones, en el verano de 2026. Esto obliga a actuar con rapidez para dar continuidad a determinadas iniciativas, como es el caso del Kit Digital, clave en un momento en el que resulta estratégico que la pyme integre la IA en su actividad, pero también que haga mayor uso de los sistemas en la nube o de herramientas de gestión más avanzada”, exponen.

El Kit Digital se ha apoyado en empresas y profesionales del sector tecnológico para dar los servicios que requerían los beneficiarios de la ayuda. Según los datos del Ministerio de Transformación Digital, más de 11.000 empresas han firmado al menos un contrato bajo el paraguas del plan. El 27,2% de ellas han reportado crecimientos de su facturación por encima del 50%. El programa ha contribuido a crear más de 8.000 empleos y ha permitido que el 66% de estas empresas captara nuevos clientes.

Estos efectos han llegado a todas las provincias y al 92% de los municipios, con especial penetración en zonas rurales. Un 21% de las pymes beneficiarias proceden de la llamada “España vaciada” y el programa ha alcanzado al 90,5% de los municipios rurales (más de 6.000 localidades). Además, el 27,6% de las ayudas concedidas corresponde a sectores tradicionalmente rezagados en digitalización, como la construcción o la agricultura.

Desde la Cámara de Comercio, que ha colaborado con la difusión y tramitación del programa, destacan cómo la red de 83 cámaras territoriales ha jugado un papel clave “ayudando a miles de empresas a solicitar las ayudas y seleccionar las soluciones más adecuadas según su nivel de madurez digital”, destaca en un comunicado enviado a este medio José Luis Bonet, presidente de la institución.

“La penetración del Programa, que ha llegado a 1,2 millones de pymes, tiene mucho que ver con la capilaridad del sistema cameral que nos permite llegar a las empresas de cualquier rincón de España. El éxito de este Programa nos anima a impulsar nuevas medidas que ayuden al tejido productivo a mejorar su competitividad en ámbitos como la internacionalización, la transición ecológica, la innovación y la formación y atracción de talento”, concluye.

Relevo sorpresa en el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Consuelo Sánchez como nueva secretaria de Estado de Función Pública, tras cesar a la actual secretaria Clara Mapelli. Esta marcha no se produce por motivos personales, ni a petición propia, sino que fuentes del departamento que dirige Óscar López la enmarcan en una “renovación del equipo” con la que pretenden dar “un nuevo impulso”.

Para esa renovación, López no ha recurrido a caras nuevas, ya que Consuelo Sánchez ejercía en la actualidad como subsecretaria del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y era directora del Instituto Nacional de Administración Pública. Como Mapelli, es funcionaria de carrera de la Administración General del Estado y ha desempeñado diferentes puestos en la administración.

Mapelli había sido nombrada secretaria de Estado de Función Pública el 9 de enero de 2024, todavía con el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, al frente del Ministerio. En este tiempo, el ministerio tuvo que hacer frente a la renovación de Muface, en una crisis sin precedentes para la mutualidad que da sanidad privada a los funcionarios públicos; presentó el plan del Gobierno para modernizar la administración; y se convocaron dos ofertas públicas de empleo, una de ellas “histórica”.

El relevo se produce en un momento de tensión entre el Ministerio y los principales sindicatos, CSIF, UGT y CCOO, que han anunciado un calendario de movilizaciones y han amenazado con una huelga de funcionarios si el Gobierno no se abre a negociar las subidas salariales de 2025. Una negativa que, fuentes sindicales, desvinculan totalmente de Mapelli. “Es una decisión que viene de más arriba”, aclaran estas voces.

Óscar López ya realizó varios cambios en el organigrama de su departamento poco después de tomar el relevo. En septiembre de 2024, dio entrada Antonio Hernando, hasta entonces director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. El movimiento ya se leyó entonces en clave de dotar a la estructura de mayor peso político. En paralelo, movió a María González Veracruz a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y cesó a Mayte Ledo, mientras mantuvo a Mapelli en la secretaría que ostentaba hasta este Consejo de Ministros.

ING ha inaugurado este lunes un nuevo centro de desarrollo tecnológico en Madrid, un hub en el que prevé crear hasta 1.000 puestos de trabajo para ingenieros y otros perfiles tecnológicos en los próximos cuatro años. “La ubicación del nuevo hub de ING en España consolida al país como un activo estratégico para la transformación digital del Grupo”, asegura la entidad.

El centro es el sexto de la red global de ING y contará con equipos especializados en tecnología, datos, operaciones y riesgos. “Quiero daros las gracias por sumar más de mil profesionales al mercado laboral español en los próximos 4 años. Sobre todo, por hacerlo en áreas de enorme valor para la revolución digital como la ingeniería informática, el análisis de datos o la arquitectura de sistemas”, ha declarado el ministro de Transformación Digital, Óscar López, que ha participado en la inauguración junto a los responsables del banco y el embajador de Países Bajos, lugar de origen de la entidad.

ING cuenta con una trayectoria de 25 años en España y una plantilla global de más de 60.000 profesionales en 36 países. Este tipo de centros tienen “un papel clave en la prestación de soluciones escalables y el fomento de la innovación, permitiendo soluciones más eficientes y seguras para los clientes del banco”, ha añadido el Ministerio en un comunicado.

En España y Portugal, la entidad logró en 2024 un beneficio neto de 356 millones, un 13 % más que el año previo, y unos ingresos ordinarios de 1.167 millones. A nivel global, cerró el año con un beneficio neto de 6.392 millones de euros y unos ingresos totales de 22.600 millones, impulsados especialmente por comisiones, que superaron los 4.000 millones por primera vez. Fue el segundo mejor ejercicio del banco tras el de 2023.

El ministro López ha aprovechado su intervención para destacar la apuesta del Gobierno por el desarrollo del talento, mencionando el nuevo sistema de Formación Profesional basado en la modalidad dual. Subrayó que se seguirá “trabajando en esa dirección, invirtiendo en más formación y en I+D para consolidar un ecosistema lleno de talento disruptivo”. Además, resaltó el crecimiento del país, afirmando que España recibe “inversiones sobresalientes porque somos una economía sobresaliente”, gracias a factores como la energía limpia, unas infraestructuras de las “mejores del mundo” y la alta conectividad, con el 100% de banda ancha.

López también aseguró que el país está experimentando “un cambio de modelo productivo”, con cuatro de cada diez nuevos empleos desde 2019 pertenecientes a sectores de alto valor añadido como las telecomunicaciones, el doble que en el lustro anterior.

Cuando se le pregunta a los principales actores de la industria tecnológica europea por qué las startups locales tienen tan difícil llegar a convertirse en gigantes del sector, una parte de la respuesta siempre trata de dinero. Acceso al capital que les permita crecer. “El apetito por el riesgo es mucho mayor en EEUU que en el europeo medio. Tienen más capital riesgo y todo el ecosistema, todos los ingredientes que necesitas para dar grandes impulsos cada vez que hay una nueva tecnología, como la inteligencia artificial”, explicaba el cofundador de una startup de ciberseguridad belga en un reciente reportaje de este medio.

La falta de ese capital riesgo europeo no solo provoca que las tecnológicas jóvenes tengan más dificultades para crecer, sino que también permite a los fondos estadounidenses pescar los peces europeos más apetecibles y llevárselos a su territorio.

El mercado único de capitales en el que trabaja Bruselas sería una solución a este problema, pero lleva años bloqueado. España ha ido proponiendo medidas para sortearlo, una de las cuales ha entrado en acción este año y tiene que ver con el acceso al capital de las startups. Funciona como un andamiaje público que soporta parte del riesgo mientras la tecnología de estas empresas se desarrolla, incentivando a otros inversores a unirse.

Se trata de la SETT. Son las siglas de Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, una empresa pública creada para invertir directamente en startups estratégicas. “Nuestro objetivo es generar soberanía tecnológica”, avanza su director, Javier Ponce. “Que esa tecnología se quede en el territorio y no venga un fondo extranjero, como ha ocurrido en el pasado, compre la empresa y se lleve la tecnología fuera”, añade.

La SETT comenzó sus inversiones en enero de 2025 y ha cerrado hasta el momento su entrada en el capital de 10 startups, por un importe total de unos 150 millones de euros. Una serie de operaciones que han empezado a dibujar el mapa de la tecnología con más potencial de España.

La SETT funciona de manera similar a como lo haría un fondo soberano. No otorga subvenciones, sino que opera mediante un estricto procedimiento de coinversión. Esto significa que la entidad está obligada a invertir en empresas junto con inversores privados, nunca en solitario, y alcanzando como máximo el 49% del capital que se suscriba. La idea es precisamente empujar a esos inversores a apoyar a las startups bajando el riesgo de las operaciones, ya que este es compartido por el Estado.

“Buscamos tecnologías disruptivas o novedosas, o bien tecnologías que son un poco más maduras, pero que tienen potencial de convertir a la entidad que la tiene en un líder internacional”, detalla Ponce en conversación con elDiario.es. “Cuando identificamos estas oportunidades, buscamos inversores privados que nos puedan acompañar. En la medida que podemos, intentamos que sean inversores españoles e industriales”.

Con este mecanismo, las operaciones en las que ha participado la SETT han movilizado un total de 1.000 millones de euros de dinero público y privado, según los datos que facilita el organismo. La cifra incluye sus actuaciones en otros sectores que también se le ha encargado impulsar, como la industria audiovisual.

Proyectos académicos

Wooptix, la primera startup en la que invirtió la SETT, es un buen ejemplo del modelo. Es una empresa española nacida de la investigación académica en la Universidad de La Laguna (Tenerife) sobre óptica adaptativa, una técnica que se utiliza en astronomía para corregir las distorsiones de la atmósfera y mejorar las observaciones. Wooptix utiliza ese conocimiento para monitorizar con una precisión subnanométrica (por debajo de una milmillonésima parte de un metro) que las obleas de silicio donde se imprimen los chips sean perfectamente planas.

La empresa captó algo más de 10 millones de euros, de los que 4 los puso la SETT. El resto vino de inversores como Samsung, el segundo productor de chips del mundo; o Tokyo Electron, que fabrica equipos para la producción de semiconductores y pantallas planas. “La tendencia de las de las fábricas de chips es ir a obleas cada vez más grandes. Pero cuanto más grande, más difícil es que sea perfectamente plana y mayor riesgo de que haya partes no utilizables”, explica Ponce.

Varias de las inversiones de la SETT tienen relación con los chips. La empresa ha integrado en una sola estructura varios programas de ayudas, de los que el principal es PERTE Chip, dotado de 12.500 millones de euros de los fondos de recuperación. En total, dispone de 16.000 millones de euros para sus actuaciones.

En ese marco se enmarcan también las inversiones anunciadas en Murcia y Vigo. En Murcia, la empresa ha participado en una ronda de financiación de Quantix, una startup que se enfoca en el diseño de chips ciberseguros con el objetivo de permitir identificar si el chip ha sido alterado, un factor clave para sectores críticos como ciberseguridad y defensa. La SETT ha invertido 20 millones de euros en este proyecto.

Sparc, por su parte, ubicada en Vigo, será la primera fábrica de chips fotónicos en España y producirá circuitos integrados fotónicos. Estos chips utilizan la luz para procesar datos, lo que permite un mayor ancho de banda y la miniaturización de componentes. Aquí la operación ha llegado hasta los 17 millones de euros.

Una gran esperanza en la IA

La mayor inversión hasta el momento ha sido la de Multiverse, con casi 60 millones de euros. Es una empresa vasca de inteligencia artificial que se enfoca en hacer que los grandes modelos de lenguaje sean mucho más eficientes y sostenibles. Lo consigue reduciendo drásticamente su tamaño, hasta en un 97%, con una pérdida mínima de precisión. Esto hace que sean entre 4 y 12 veces más rápidos, reduce los costes y posibilita que el modelo se pueda operar desde dispositivos pequeños como teléfonos móviles, sin necesidad de recurrir a los gigantescos centros de datos que suele requerir esta tecnología.

Su ronda de financiación alcanzó los 185 millones de euros en total, de los que una parte llegaron de empresas como HP o Toshiba.

“El equipo de Multiverse ha resuelto un problema profundamente complejo con implicaciones de gran alcance. La empresa está bien posicionada para ser una capa fundamental de la infraestructura de IA. Multiverse representa un avance espectacular para la implementación y aplicación global de modelos de IA, permitiendo una IA más inteligente, económica y ecológica. Esto es solo el comienzo de una enorme oportunidad de mercado”, ha declarado Damien Henault, director general de Forgepoint Capital International, otro de los fondos participantes.

La SEPI digital

La entrada en el accionariado de las empresas a las que apoya la SETT le granjeó el sobrenombre de SEPI Digital. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre ella y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. “Nuestro plan es ayudar a que estas empresas se puedan convertir en multinacionales y luego desinvertir”, avisa Javier Ponce. “No tenemos intención de participar en la gestión del día a día de las compañías más allá de ejercer nuestros derechos para que se queden en el territorio”.

“Solo en el caso de que sea considerada una tecnología muy estratégica”, continúa el director de la SETT, “se valoraría en el Consejo de Ministros conservar una participación minoritaria, en torno al 10%”.

La nueva empresa pública ya trabaja en nuevas operaciones, algunas de ellas de “cientos de millones”, adelanta su responsable. Los próximos meses servirán para medir hasta qué punto este modelo de coinversión puede atraer capital privado y convertir la apuesta pública en un verdadero tejido industrial tecnológico.