La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, tiene ya listo el borrador de un decreto de “convivencia positiva y entornos seguros”, que regula derechos y deberes de alumnado, familias y profesorado en los centros educativos no universitarios, incluidos los de titularidad privada concertados, es decir, los que se financian con dinero público. En él, se hace un reconocimiento expreso del docente como “autoridad” para reforzar su figura y se ha introducido un apartado para requerir a todos los colegios e institutos a que regulen “de forma expresa, diferenciada y obligatoria” y el uso de dispositivos móviles, muy cuestionados tras los negativos datos de comprensión lectora mostrados por el informe PISA.

Sobre lo primero, se puede leer en el decreto que “la norma se alinea con la legislación básica estatal en materia educativa [la 'ley Celaá' de 2020] en lo relativo a la convivencia, los planes de convivencia, la participación de la comunidad educativa, los protocolos de actuación y el reconocimiento de la autoridad pública del profesorado”. Por ello, en el capítulo de derechos del profesorado y del “personal no docente”, se recoge una disposición que manifiesta que estos trabajadores tienen derecho a “que se les reconozca la autoridad precisa para mantener un adecuado ambiente de convivencia durante las clases, el resto de las actividades y los servicios complementarios y extraescolares”.

Se indica que han de “desarrollar su labor educativa en un ambiente en el que se respeten sus derechos y su integridad física y moral”, y con derecho “a recibir respeto, trato adecuado y valoración por parte de la comunidad educativa del centro en el ejercicio de sus funciones”. Asimismo, se añade que pueden optar a “asesoramiento y defensa jurídicos en los procedimientos que pudieran derivarse del ejercicio legítimo de sus funciones”.

En el caso de los alumnos, tienen como deber “estudiar y esforzarse para alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades, poniendo el interés y el trabajo necesarios en la adquisición de las competencias que le permitan vivir y convivir con dignidad, así como favorecer su futura inserción laboral”. “Asimismo, deberá contribuir a la creación y mantenimiento de un ambiente adecuado al trabajo intelectual y evitar comportamientos perturbadores en el aula”, se puede leer en el reglamento. Y se añade: “El alumnado tiene la obligación de mantener una conducta de honradez académica en los exámenes, pruebas, ejercicios y trabajos, valiéndose exclusivamente del propio esfuerzo y de los libros, materiales e instrumentos autorizados por la profesora o profesor en cada caso”.

El artículo 47 viene a regular de modo 'sui generis' el derecho a la huelga a partir del segundo ciclo de Secundaria. Lo hace de esta manera: “Las decisiones colectivas que adopte el alumnado a partir del tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria respecto de la asistencia a clase no tendrán la consideración de conducta inadecuada, contraria a la convivencia positiva o que la perjudique gravemente, ni serán objeto de procedimientos para la aplicación de medidas de intervención educativa para el cambio de conductas, cuando se hayan adoptado como resultado del ejercicio del derecho de reunión y hayan sido comunicadas previamente a la dirección del centro”.

Las pantallas

Los centros, públicos o concertados, han de regular sí o sí variadas materias. Una de ellas es “el uso de los dispositivos móviles o análogos”. Es una cuestión “directamente vinculada a la convivencia positiva, al respeto entre todas las personas de la comunidad educativa y a la coherencia interna de las normas de uso aplicables en el centro”. “Dicha regulación deberá alcanzar tanto al alumnado como al profesorado y al resto del personal educativo, atendiendo a las funciones y responsabilidades propias de cada sector, y deberá responder a finalidades educativas, organizativas, preventivas, de bienestar digital, protección del alumnado y adecuado desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje”, se indica, sin dar más orientaciones o pautas.

En 2025, se conoció que todos los centros habían regulado el uso de pantallas. Pero con soluciones diferentes. En Primaria, un 83% se había inclinado por la prohibición “absoluta” y apenas un 14% abrió la puerta a su uso pero únicamente “con fines pedagógicos”. Por redes, la proporción de colegios libres de pantallas era algo más alta en la pública. Ascendía al 90%. Bajaba al 72% en colegios privados concertados.

En el primer ciclo de Secundaria (alumnos de 12 a 14 años), la prohibición bajaba al 36% en los institutos públicos y se quedaba en el 47% de los concertados. En el 53% de los centros públicos no se permitía su uso en horas lectivas salvo que sea con fines pedagógicos. Otro 11% había diseñado reglas con excepciones tasadas. En el caso de los concertados, un 37% sí permitía el uso educativo en horario lectivo y un 16% tenía normativas diversas, abriendo la puerta a su empleo en el comedor o en los recreos en algunos pocos casos. En el segundo ciclo de Secundaria (de 14 a 16 años), el 25% de los públicos y el 38% de los privados se inclinaban por la prohibición “absoluta”. El 51% y el 39% aceptaban los fines pedagógicos, respectivamente. El resto regulaban excepciones para el patio, las extraescolares o el comedor. En esa fecha, un 61% no había establecido pautas para el profesorado.

Iniciado por Bildarratz

La tramitación de este decreto ya se inició con Jokin Bildarratz de consejero y Pedrosa de viceconsejera, antes del verano de 2024. Y el documento al que ha tenido acceso este periódico tiene como fecha en borrador “2027”. Con él se busca configurar los centros como espacios “seguros y protectores”, al tiempo que “democráticos y participativos”. Se modifica un marco anterior de 2008 que creen que ha quedado desfasado. “Desde 2008 el marco educativo, social y normativo ha experimentado transformaciones profundas. La escuela actual debe responder a realidades más complejas, a nuevas formas de relación presencial y digital, a la necesidad de reforzar el bienestar socioemocional del alumnado y a una mayor conciencia social e institucional sobre la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a cualquier forma de violencia”, sostiene el texto.

Por ejemplo, se alude a prácticas “restaurativas”, a “ayuda entre iguales” o a “espacios de escucha y regulación emocional” como fórmulas para atajar conflictos. Se menciona la existencia de equipos BAT en todos los centros públicos o privados concertados, creados 'ad hoc' para esa “respuesta educativa” ante casos de acoso, violencia de género, malestar emocional o conductas suicidas, por ejemplo.

Como ejemplo de este enfoque menos punitivo se expone la existencia de “arnasgune”. “Los centros educativos dispondrán de medios organizativos adecuados para garantizar espacios de escucha y regulación emocional del alumnado, que podrán organizarse como espacios específicos denominados Arnasgune, con el fin de favorecer la expresión del malestar, la regulación emocional y el acompañamiento educativo en situaciones que lo requieran. Estos espacios deberán garantizar condiciones adecuadas de seguridad, discreción, confidencialidad y acompañamiento educativo. Estos espacios podrán utilizarse, con el acompañamiento de la profesora o profesor de referencia u otra persona adulta responsable del centro, cuando el alumnado precise un entorno de escucha, regulación emocional o apoyo educativo individualizado, especialmente en los siguientes supuestos: cuando exista un protocolo abierto por conductas suicidas del alumnado, acoso escolar o violencia contra las mujeres; cuando la alumna o alumno solicite ayuda por necesidades personales y socioemocionales; cuando la alumna o alumno solicite ayuda para comunicar una situación de desprotección, violencia o riesgo; [o] cuando la alumna o alumno se encuentre en una situación de crisis emocional o precise acompañamiento educativo inmediato”.

Supongo a la consejera de Educación del Gobierno Vasco preocupada, como si fuera Alicia, la protagonista de la segunda obra de Lewis Carroll, meditando cómo debe ser el mundo al otro lado del espejo de su casa. Y no es para menos, dados los enormes chaparrones recibidos desde este comienzo de curso escolar 2026-2027. Es de suponer que a la “nueva Alicia” le gustaría poder atravesar ese mágico espejo y observar con nervios el futuro de su Departamento. 

Un futuro incierto, porque la gestión desarrollada en estos años es cada vez más confusa, errática y genera desconfianza en propios —el conjunto de sus trabajadoras y trabajadores— y extraños —la propia sociedad vasca—. En el primer caso, la falta de seriedad en la aplicación de los acuerdos firmados en los distintos convenios está agotando la paciencia de los sindicatos de enseñanza. Lentitud, reinterpretación de lo escrito, encadenamiento de reuniones maratonianas con escasos avances reales son algunas de las principales quejas que no sirven sino para tensar unas relaciones nunca demasiado distendidas. 

En el caso de la sociedad vasca, el asombro está dejando vía libre a la indignación. En el escaso tiempo transcurrido de este nuevo curso, al menos dos medidas adoptadas por el Departamento de la “otra Alicia” han provocado comentarios desalentadores para las y los dirigentes de Lakua. El primero de ellos vino tras conocerse la noticia del incremento presupuestario que la Consejería de Educación destinaba a los centros educativos concertados: 15 millones de euros más, para alcanzar la cifra total de algo más de 322 millones, un 4,9% más para este ejercicio, con respecto al curso 25/26. Este dato se complementa con el del crecimiento de aulas de centros privados que se conciertan (48 unidades más) con una subida porcentual del 1,39%. Si no fuese suficiente, el problema se acentúa con la incapacidad de la consejera de eliminar el cobro de cuotas de mantenimiento a las familias, que los centros concertados aplican, aunque se comprometió a llevar a cabo hace ya más de un curso.  

Y, lejos de minimizar el problema, este aumenta cuando se relaciona con el cierre traumático de centros públicos (4 en Bizkaia, este último curso), bajo el argumento de la baja tasa de natalidad que viene sufriendo la sociedad vasca desde hace ya más de un quinquenio. Nunca como hasta ahora se había observado con tanta claridad el decantamiento en el trato dedicado por la administración vasca en favor de una de las dos redes educativas, la concertada. Es así muy recomendable recordar las palabras de Tony Judt ('Algo va mal', Santillana, 2011) al referirse a los bienes públicos, del que la Educación es una referencia ineludible: “Si los servicios públicos se devalúan a los ojos de los ciudadanos y son sustituidos por servicios privados al contado, perdemos el sentido de que los intereses y las necesidades comunes deben predominar sobre las preferencias particulares y el beneficio individual”.

Volviendo a la novela de Carroll, da la impresión de que la consejera se encuentra cómoda, moviéndose entre el absurdo y la lógica de decisiones que provocan continuas reacciones de protesta, pero que, aparentemente, no tuercen en absoluto su apuesta por este sector privado. 

La segunda noticia del Departamento de Educación tiene que ver con los resultados obtenidos por el alumnado vasco en el informe PISA 2025. Para ello cambiaré de espejo, abandonando con tristeza a nuestra agradable Alicia para sustituirla por el agente Fred Leiser, en la novela “El espejo de los espías”, inactivo espía británico en plena Guerra Fría, de escaso nivel educativo y nostálgico de la guerra europea.  

Comparto la valoración de quienes consideran PISA una herramienta que proporciona datos relevantes sobre una forma concreta de educar, una visión específica de entender la educación; la evaluación de la OCDE valora competencias del alumnado que demanda un mercado laboral capitalista, creando futuros trabajadores/as perfectamente alineados para un tipo de sociedad concreto. Este esquema queda alejado —por no decir enfrentado— a otro tipo de formación más humana, generadora de pensamiento crítico, políticamente comprometida con la democracia participativa y constructora de sociedades más solidarias. Es por ello que subscribo las palabras de Xavier Besalú al definir el nuevo capitalismo con el que convive la educación: “El nuevo capitalismo propugna un modelo de persona ente todo flexible y adaptable; individualista e independiente de los demás, sin proyectos a medio y largo plazo, porque lo único que importa es el presente y el futuro más inmediato, sin ataduras con el pasado, que constituirían sólo un estorbo, y sin hipotecas de futuro, que lo podrían condicionar todo”.

No obstante, como explican EsadeEcPol y Save The Children en su informe conjunto sobre PISA, como sistema de evaluación mundial, cada vez más gobiernos se involucran en este proceso (91 países, más de 760.000 jóvenes de 15 años), los datos de 2025 —además de indicar el valor estándar en matemáticas, lectura y ciencias— también diagnostican el estado de equidad o igualdad de oportunidades en la Educación, una cuestión que permite explorar sobre el famoso ascensor social atribuido al aprendizaje escolar. Lamentablemente, tampoco en este apartado los datos vascos consiguen cambiar el sentido decadente manifestado en pruebas anteriores y que lo han relegado a las últimas posiciones del listado español de CC.AA.  

John Lecarré plantea, de forma sarcástica, en “El espejo de los espías” la necesidad de recuperar el prestigio de un departamento de inteligencia diezmado investigando rumores sobre misiles soviéticos en la frontera alemana. Valga la metáfora para entender los intentos ímprobos de la Consejería que dirige Begoña Pedrosa por anticiparse a los datos de PISA con una intervención que pretendía celebrar los resultados de la última evaluación diagnóstica, datos que no eran tan buenos y que tan solo presentaban una mejoría en competencia lectora, especialmente en el alumnado que estudiaba en su lengua materna. Sin embargo, nada se hizo público, por ejemplo, sobre los desastrosos resultados de Euskadi en la prueba PIRLS 2016 (medición de la compresión lectora en alumnado de 4º de Primaria), ni de otras evaluaciones diagnósticas, poco afortunadas.  

Por cierto, desde entonces, Euskadi no ha vuelto a participar en PIRLS y se ha debido esperar a PISA para que el Departamento se vaya visto compelido a mover alguna ficha concreta con los planes específicos de lectura.  

Francisco Luna —una autoridad en la evaluación educativa, conocedor de las continuas pruebas de todo tipo realizadas, desde varios años atrás— recordaba recientemente que el sistema educativo vasco no va bien y poco —o nada— se ha intentado hasta la fecha para variar su tendencia: “… se presentan multitud de planes y proyectos con títulos enfáticos (estrategia integral para la mejora, plan estratégico integral para la transformación de la escuela pública…)” que no se evalúan, cuyos resultados se desconocen o que no transforman de forma evidente las carencias detectadas. 

La consejera también podría colocarse ante el espejo mágico que los hermanos Grimm atribuyen a la madrastra de Blancanieves, aunque en este caso, debería cambiar la célebre, pero narcisista pregunta por otra que le pudiera arrojar más luz ante el cariz deprimente en el que está inmerso su Departamento. Sugiero algunas de ellas: “Espejo, espejito mágico, dime una cosa ¿Qué podemos hacer para salir de una vez por todas del pozo en el que ha entrado nuestra educación? ¿A quién debemos dirigirnos para que cambie la actual tendencia? ¿Conoces algún programa/proyecto que haya dado buenos resultados y podamos implementar? ¿Tendremos que modificar la política lingüística a la que hemos dedicado tanto esfuerzo humano y económico? ¿Hasta cuándo podremos mantener el argumento de la sobreexposición a las pantallas como una de las justificaciones del deterioro de nuestros jóvenes? 

Los espejos de Alicia, Fred Leiser o la reina malvada de Blancanieves no son la solución. El único espejo al que el Departamento debería prestar atención es el que señalaba Josep Fontana en su obra 'Europa ante el espejo' (Crítica, 1994). Este maestro de historiadores/as señala las principales lagunas y malas enseñanzas de la historia del continente y para ello planteaba la siguiente reflexión: “Necesitamos salir de la galería de los espejos deformantes en que está atrapada nuestra cultura. Sólo entonces podremos empezar a estudiar las sociedades humanas en el gran libro del mundo y emprender la tarea de desmontar esa visión lineal del curso de la historia que interpreta mecánicamente cada cambio como una mejora, cada nueva etapa como un progreso…”. Atención, consejera, cuidado con los espejos deformantes, porque acaban distorsionando la realidad. Deberemos cambiar nuestra manera de ver y entender las cosas, aunque no sea fácil.  

Marina Garcés ('Escuela de aprendices', Galaxia Gutenberg, 2020) plantea también un espejo en el que no queremos mirarnos, con preguntas temerarias como “¿de qué sirve saber, cuando no sabemos cómo vivir? o ¿para qué aprender, cuando no podemos imaginar el futuro? Según la autora necesitamos preguntarnos como sociedad ¿para qué queremos ser educados? Y añado ¿tendrá la consejera la respuesta?

Opacada por la convocatoria de elecciones generales, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, del PNV, ha cumplido este lunes el trámite de comparecer en el Parlamento Vasco para explicar los malos resultados del sistema en la reciente entrega del informe PISA, la evaluación de mayor relevancia internacional y que dada a conocer en septiembre, aunque los resultados son de 2025. Si el gran titular fue que Euskadi, en comprensión lectora, sólo estaba mejor en España que Ceuta y Melilla, la consejera ha insistido en que ya están en marcha las sesiones extraordinarias que se habían anunciado con urgencia. Son “entre 30 y 55 minutos” cada semana y en todas las asignaturas los que se destinarán a lectura pausada, ha insistido Pedrosa, que ha indicado que ya se ha hecho llegar esta instrucción los centros, aunque no ha facilitado muchos más detalles.

“La lectura debe convertirse en una prioridad compartida por todas las materias”, ha manifestado la titular de Educación en la Cámara. Ha añadido que se hará una evaluación “específica” de la comprensión lectora en tres cursos, segundo y quinto de Primaria y primero de Secundaria, es decir, a los 7, 10 y 12 años. Según Pedrosa, ya se iba a hacer en algunos centros, pero se extiende “a todo el universo”. Ha mencionado la herramienta de nombre ITT para “evaluar las destrezas lectoras”. Ya han pasado el ITT 32.770 estudiantes y un 84% de los profesores, siempre según los datos oficiales, entiende que el instrumento sirve para “modificar o ajustar” el “trabajo de lectura”.

Ha mencionado también la cuestión de las pantallas y la atención. “Vamos a hacer una revisión del uso de pantallas en los centros educativos para poder ofrecer pautas concretas, en línea con las recomendaciones europeas sobre protección de menores y uso responsable de la tecnología”, ha insistido Pedrosa, en un mensaje que ya había lanzado también antes. Hasta ahora, Euskadi había dejado la regulación del manejo de los dispositivos en manos de cada centro, lo que ha derivado en diferentes formatos de trabajo.

En todo caso, Pedrosa ha dicho que “un resultado de PISA no es una conclusión sobre un sistema”, porque hay otras evaluaciones diagnósticas propias más favorables y con una muestra de medición mucho mayor. Y los datos son “complementarios”, pautas para adoptar “acciones educativas concretas”. “No debe utilizarse para formular diagnósticos generales sobre la educación”, ha implorado Pedrosa a la oposición. El portavoz del PNV, Aritz Abaroa, le ha echado un cable y ha prometido que no están jugando a buscar “el indicador que mejor encaje en el discurso” de que la escuela vasca no va tan mal como se podría deducir de la evolución de PISA en las últimas entregas.

Asimismo, Pedrosa ha pedido tener en cuenta igualmente algunas tendencias no tan malas de PISA, como las relacionadas con la equidad. Ha indicado que se ha reducido el 'gap' entre los resultados del alumnado autóctono y el extranjero, al menos el de segunda generación. Ha puesto en valor el gasto público que se destina a la enseñanza. Euskadi es la comunidad autónoma con más gasto por habitante en Educación. Igualmente, ha pedido ampliar el foco y pensar que Euskadi tiene la mejor Formación Profesional del entorno, por ejemplo.

Desde la oposición, la primera queja era de forma: no disponían de los informes detallados tanto de PISA como de la evaluación diagnóstica para afrontar la larga comparecencia parlamentaria con las mismas armas que el Gobierno. Después, han coincidido en lamentar la falta de “autocrítica” por parte de Pedrosa.

En la bancada de EH Bildu, Ikoitz Arrese ha señalado que es oportuno que Pedrosa pida “tiempo” para que se noten los cambios en el sistema, pero le ha recordado que desde 2012 el PNV dirige la cartera de Educación. “Muchas cosas, muchos planes en una pantalla. Pero los resultados nos muestran que no están funcionando muy bien”, ha lamentado. En la misma línea, Jon Hernández, de Sumar, ha señalado que “claro que hace falta tiempo” pero ha pedido no orillar que “el cronómetro empezó a correr hace mucho”. Por parte del PP, Muriel Larrea ha insistido en que la “inmersión” en euskera solamente va en “perjuicio” de los resultados académicos.

Llevamos meses que, por unas razones u otras, el euskara está siendo objeto permanente de controversia. PISA ha vuelto a ponerlo en el centro del debate, en este caso referido a la política lingüística en la educación. Todo ello nos habla de la dificultad de llegar a un acuerdo entre vascos. Pero para poder llegar a construirlo, a veces es necesario desbrozar el terreno sobre el que se quiere construir, limpiarlo de “matorrales” y “malas hierbas”, lo que ahora se diría deconstruir. Y eso es lo que voy a intentar hacer en las próximas líneas: desmontar algunas falacias que nos pueden impedir el avance. He aquí solo una muestra. Enseguida el lector o lectora podrá reconocer quiénes están detrás.  

“No hay un modelo D, se ha convertido en muchos modelos”. Puede haber disparidad en los resultados de salida, pero no hay un modelo D a la carta. Está definido por la normativa y supone el estudio de todas las materias en euskara. Por tanto, en la práctica, y solo es una constatación, es un café para todos. 

“El debate sobre los modelos lingüísticos es artificial y está superadísimo”. Esta falacia está extendida desde el poder. Entiendo que quien gobierna no quiere complicarse la vida con la modificación de normativas básicas, y por ello prefiere compatibilizar artificialmente lo que no es compatible: los modelos lingüísticos y el marco plurilingüe, es decir, la respuesta que nos dimos en los años a 80 en una situación concreta y la respuesta más actualizada que quiso dar el Acuerdo Escolar. Hay que recordar que el Acuerdo no cita los modelos lingüísticos para nada y, sin embargo, fue un arma arrojadiza entre partidos en la Ley de Educación. Basta con recordar lo ocurrido en la PAU para ver que no está superado.

“Lo importante es el Proyecto Lingüístico de centro que debe atender a su zona sociolingüística”. Esta es una afirmación calculadamente ambivalente. Cuando lo políticos dicen esto, hablan de la adaptación a las zonas sociolingüísticas, se están refiriendo a estrategias distintas y lo saben. El Proyecto Lingüístico de Centro es la fórmula con la que una Administración que no ha querido mojarse en la formulación más concreta del marco plurilingüe, pretende, sin más, endilgar la responsabilidad a los centros para que se alcancen los objetivos marcados por la Ley, hoy por hoy, verdaderas quimeras para un número considerable de ellos. 

“El modelo D es un modelo de inmersión lingüística”. Con esta afirmación se obvia que el sistema de modelos se creó, principalmente, para que el alumnado pudiera estudiar en su lengua materna, aunque eso no impedía que se pudiera elegir la enseñanza en una lengua distinta a la del hogar, convirtiéndose así en lo que hoy es para muchos alumnos de zonas castellanoparlantes: un modelo de inmersión. Pero no hay que olvidar que un 20% del alumnado viene con el euskara de casa. Ese alumnado estudia en la lengua de su hogar o de su entorno.

“El aprendizaje de una segunda lengua está en relación directa con el tiempo de exposición a ella”. La exposición a la lengua, sin duda, es un factor necesario para su adquisición, pero no suficiente, como estamos viendo en los resultados PISA y de las evaluaciones de diagnóstico. Los niveles de aprendizaje, no digamos de uso, del euskara no están creciendo por tratar de universalizar el modelo D. Además del tiempo de exposición al euskara, se necesita una buena implementación del modelo multilingüe. No basta con proscribir en toda etapa y momento cualquier otra lengua. Hay que saber cómo se construye el andamiaje de la adquisición de segundas y terceras lenguas, para aplicar las mejores estrategias lingüísticas, motivacionales y metodológicas. Hay programas bilingües exitosos con un 50% de exposición a la segunda lengua y otros con tiempos de exposición mayores que no los son tanto. 

“El euskera es el culpable de los malos resultados de aprendizaje”. Este tipo de reduccionismo olvida que las lenguas son solo instrumentos de comunicación, sin ideología ni propósitos perversos o excelsos. Somos los hablantes los que promovemos relaciones de poder. Digámoslo claro: el euskara no es el problema, ni tampoco cuestionar su revitalización por medio de la enseñanza, sino cómo hacerlo para evitar efectos colaterales inasumibles como sociedad, sobre todo para el alumnado más vulnerable, y para que no sea en perjuicio del propio euskara. 

“El debate sobre la lengua materna no se basa en evidencias, sino que tiene fines ideológicos”. Tanto quien defiende una mayor presencia de la lengua materna como quien la considera improcedente en la escuela lo hace desde sus posicionamientos y su ideología. No es que unos tienen ideología y otros no. Ahora bien, si lo que queremos es debatir evidencias, hagámoslo con todos los datos. No basta con coger un dato suelto y descontextualizado para argumentar diciendo que la prueba de euskara de la PAU la aprobó un pequeño porcentaje mayor de alumnado que la de castellano. Veamos qué nos está diciendo PISA sobre quienes hacen la prueba en una lengua distinta de la del hogar, lo que nos están diciendo los resultados de las evaluaciones del Departamento de Educación, por ejemplo, la última sobre el final de etapa, lo que, basándose en experiencias de múltiples países, nos dice la UNESCO y, sobre todo, lo que dice la investigación internacional. 

Finalmente, hagamos un esfuerzo por desarmar el lenguaje. La realidad demanda renovar acuerdos, incluso si de ello se derivasen cambios normativos de calado. Están fuera de lugar las injurias y las respuestas reactivas. Un representante público no puede quejarse del lodo que hay en Madrid y al mismo tiempo escribir este twit: “Para los euskarafobos habituales la caída mundial de PISA es culpa del euskara. ¿Maldad o psicopatía? Ambas”.

CCOO Irakaskuntza ha denunciado el cierre definitivo de cuatro colegios públicos de Bizkaia aprobado por el Gobierno vasco, según recoge un decreto del 17 de septiembre, que suprime el CEIP Ingeniero Orbegozo Gorostidi y el CEIP Tomás Camacho, en Bilbao; el CEIP Larrañazubi, en Getxo, y el CEIP Lamiako, en Leioa. Para el sindicato, no se trata de un “simple ajuste administrativo”, sino que, según ha denunciado, son “cuatro comunidades educativas desmanteladas y cuatro espacios que pierde una red pública que debería ser el eje del sistema educativo vasco”.

El sindicato ha acusado al Departamento de Educación de “usar la caída de natalidad como excusa para debilitar la escuela pública mientras protege a la concertada”. A su entender, “menos alumnado debería servir para reducir ratios y reforzar los apoyos, no para cerrar centros”, recoge Europa Press. La central sindical ha señalado que Euskadi encabeza el Estado en escolarización privada concertada, con un 48,9%, según el informe La mercantilización de la educación, de la Fundación 1o de Mayo de CCOO.

En 2023, ha apuntado, “el 29,15% del presupuesto educativo no universitario vasco fue a parar a conciertos y subvenciones” y en Bachillerato, “más de la mitad del alumnado estudia en centros concertados”. CCOO también ha rechazado que estos cierres combatan la segregación escolar, como sostiene el Gobierno Vasco, y ha recordado que el 87% de los centros concertados vascos cobra cuotas a las familias. “Cerrar escuelas públicas no reduce la desigualdad: desplaza al alumnado, rompe sus vínculos con el profesorado y deshace proyectos educativos construidos durante años”, ha advertido.

El sindicato ha recordado que lleva todo el curso alertando de este proceso. En enero denunció que la reordenación afectaba a doce centros, más de 1.500 estudiantes y más de 150 docentes, “sin negociación sindical”. En junio, ha indicado, la comunidad educativa de Larrañazubi tuvo que acudir a los tribunales por “falta de información”. CCOO exige ahora la reversión de los cuatro cierres y la apertura de un proceso público y participado entre las plantillas, las familias, el alumnado y las organizaciones defensoras de la escuela pública. “No basta con lamentar cada supresión por separado. Hay que cambiar el modelo educativo que las produce. Menos alumnado debe significar más calidad y más escuela pública, no cuatro centros menos”, ha concluido.

La debacle de la enseñanza vasca mostrada en el reciente informe PISA, la evaluación internacional más prestigiosa, ha monopolizado las críticas de la oposición al Gobierno de Imanol Pradales en la primera sesión de control tras el largo parón estival, de tres meses. El lehendakari ha asegurado que ya se han asumido “responsabilidades” en la medida en que se han anunciado “algunas” medidas para intentar revertir la situación. “No tenemos nada que esconder. Estamos aquí para mirar de frente a los problemas”, ha agregado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, a la que PP y ahora también Sumar empiezan a señalar políticamente. Asimismo, la vicelehendakari y responsable de Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha pedido que no se aproveche este debate para “atacar al euskera”.

PISA ofreció los peores datos de la historia de la enseñanza vasca, con especial énfasis en los problemas de comprensión lectora. Euskadi obtuvo los resultados más bajos de España, solamente por encima de las ciudades de Ceuta y Melilla, sin sistema propio y con una realidad social muy diferente. La caída en matemáticas y ciencias fue también muy significativa.

Las saetas contra el Ejecutivo han salido desde las cuatro bancadas de la oposición. El líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha pedido recuperar el espíritu del pacto de 2022, previo a la reforma legislativa, y crear una mesa con agentes y expertos para articular una respuesta compartida. También ha mostrado su preocupación por los mensajes del Ejecutivo deslizando que la inmersión del alumnado en modelos en euskera pueda ser un “problema” para los resultados. “El Gobierno no puede decir eso”, ha señalado. Pradales, que en lo que va de legislatura se ha caracterizado por crear mesas para materias tan variadas como Osakidetza, seguridad, la sequía, la industria o incluso la excelencia educativa (Eskola Bikaina Denontzat), ha despejado la propuesta de Otxandiano con una sentencia que ha atribuido al 'premier' británico, Winston Churchill: “Si usted quiere retrasar la solución a un problema, proponga una comisión”.

Desde el PP, Javier de Andrés ha insistido en que los resultados son “deplorables” y ha señalado que el problema ya se venía venir desde hace dos décadas. El PP lo atribuye fundamentalmente a un supuesto exceso del euskera en el sistema educativo porque “los mejores resultados” se dan cuando se estudia en la “lengua materna”. “Se han obcecado. Antes no había pantallas, que es en lo que ustedes se centran para poder escaquearse. Si no hacen autocrítica, no se resuelve el problema. Hay unos responsables. Son ustedes, el PNV. El proyecto ideológico del PNV ha fracasado. Asuman responsabilidades de verdad, no de palabra. Particularmente la señora Pedrosa. Escojan personas que lleven adelante un proyecto distinto”, ha agregado quien, hace una semana, ya solicitó la destitución de la titular de Educación, en el cargo desde 2024 y antes viceconsejera.

Pradales, desde luego, no ofrece ningún signo de querer modificar su equipo. Es más, ha anunciado que Pedrosa viajará a París en los próximos días para mantener una reunión con los representantes de la OCDE, la organización internacional responsable del informe PISA. Además, ha recordado que también se ha reunido con los centros y movilizado a los expertos del ISEI-IVEI, el organismo vasco encargado de la evaluación educativa. Y ha lanzado un último capote recordando que la evaluación propia realizada por el Ejecutivo, con una toma de datos posterior a PISA, ofrece una tendencia positiva que, según el Gobierno, hay que tener también muy en cuenta.

Sumar, con un único escaño, ha sido la única voz que ha recordado que Euskadi es la comunidad con un mayor peso de la enseñanza privada. Apenas un 51% del alumnado estudia en centros de titularidad pública. Según Jon Hernández, eso conduce a la “segregación” y a que la mitad del sistema asuma la mayoría de la vulnerabilidad.

Para Hernández, procedente de IU, han sido “dos años de matraca sobre la excelencia” por parte de Pedrosa cuando, en realidad, Euskadi se está quedando como “el último de la fila”. Ha pedido al PNV que rompa con el “relato autocomplaciente” y la “propaganda” de que la comunidad autónoma es referencia y ha criticado la “sobreoferta concertada” o las “inversiones que no se ejecutan” en los colegios públicos.

Pradales ha respondido que ha visto “tics” de “populismo” en Sumar, una “enmienda de totalidad” al modelo que no comparte. Es más, ha considerado “obsesión ideológica” contraponer la pública y la concertada. “El compromiso del Gobierno con la educación de calidad es incuestionable”, ha apostillado también, citando que PISA recoge igualmente los bajos niveles de abandono escolar y otros indicadores positivos. Ahora toca combinar “inclusión y equidad” con “excelencia” en los resultados.

Vox también ha mencionado la “debacle educativa”. Y ha sido la propia Pedrosa la que ha dado la réplica a la formación de ultraderecha. “Hablemos de educación. Pero hablemos de educación con seriedad. No son los resultados que queremos para Euskadi. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. No tenemos nada que esconder. Estamos aquí para mirar de frente a los problemas. Y este trabajo no empieza ahora”, ha manifestado de entrada.

Después, ha mostrado su preocupación por el exceso de uso de las pantallas. Cuando hacía ese comentario, en la bancada del Gobierno Pradales miraba el móvil, al igual que la portavoz, María Ubarretxena. Los vicelehendakaris Ibone Bengoetxea y Mikel Torres usaban su ordenador portátil, como también Bingen Zupiria. Las consejeras María Jesús San José y Amaia Barredo leían unos documentos. Solamente Alberto Martínez, titular de Salud, ha seguido con atención toda la intervención de Pedrosa, y eso que tenía dos móviles sobre su escaño.

Pedrosa ha insistido en la idea de que se lea “todos los días” en el aula durante una hora. Y en que “toda la sociedad” se implique en medir la adicción a los dispositivos. “No buscamos excusas. Buscamos respuestas. Que nuestros alumnos aprendan más y aprendan mejor”. También ha avisado de que la sociedad vasca está cambiando: hay ya 149 nacionalidades diferentes en los colegios.

Al hilo de los resultados de PISA, muy negativos para la enseñanza vasca, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, del PNV, ha reconocido que los exámenes realizados en lengua materna ofrecen mejores notas que cuando no se da esa circunstancia. En esta prueba, quienes son castellanoparlantes y han realizado la prueba en lengua vasca han tenido peores resultados y, de hecho, el organismo evaluador vasco, ISEI-IVEI, recomienda no emplear la lengua de estudio siempre que la prueba sea de contenidos no estrictamente curriculares.

Según Pedrosa, este dato es algo ya conocido de otras evaluaciones. “¿Eso quiere decir que hay que cambiar el sistema de inmersión lingüística? No lo sé. Desde hace tiempo estamos reflexionando”, ha manifestado Pedrosa en Euskadi Irratia este lunes. Ahora, prácticamente el 80% estudia en Euskadi en el modelo D, íntegramente en euskera. Sin embargo, PISA no ofrece resultados diferenciados por modelos al no haber una muestra representativa. Sí evidencia una brecha entre la escuela pública, que sale peor parada, y los centros concertados.

Según Pedrosa, es importante no hablar desde las “trincheras” sobre la política lingüística. En 2023, la ley de Educación decidió mantener los modelos A, B y D frente a una opción de ir a un marco plurilingüe que pudiera ser flexible a las necesidades del entorno. Con todo, la consejera ha insistido que ya no hay un único tipo de D, sino muchas variantes adaptadas.

En la entrevista, en todo caso, Pedrosa ha insistido en la necesidad de una “reflexión integral” sobre el uso de las pantallas, la atención y la lectura. Ha reclamado que vaya más allá de las aulas e implique a “sociedad y familas”. Ha explicado que, más allá de las peculiaridades vascas, este problema es un “patrón mundial”.

Una de las propuestas conocidas tras el varapalo de PISA es dedicar al menos una hora diaria a lectura “sosegada” en las aulas, así como revisar la regulación actual de móviles y otros dispositivos, ya que en Euskadi se dejó a criterio de los centros, sin una normativa general. El PSE-EE ha afectado en las últimas fechas al PNV, con quien cogobierna, que ponga el foco ahora en estos temas cuando hace dos años plantó al Gobierno de España, que quería coordinar una respuesta a esta cuestión.

¡Cómo cambia la realidad educativa vasca de jueves a jueves!

Todavía con la resaca de los excelentes resultados de la “Evaluación diagnóstica” que el departamento de Begoña Pedrosa, en voz de ella misma, presentaba hace exactamente una semana, el informe PISA resulta que nos pone en el vagón de cola del estado, sólo por delante de Ceuta y Melilla.

Respecto a la evaluación diagnóstica, que según algunas tertulias de EITB es “más real porque es propia, y porque está más ajustada a las peculiaridades de nuestro sistema educativo propio” decía el Deia el 3 de septiembre, día que la consejera Pedrosa presentó los resultados, en rueda de prensa y mucha propaganda, que “la estrategia para la mejora de los resultados educativos del Gobierno Vasco muestra sus primeros frutos en el rendimiento escolar”, “constata avances en matemáticas, lectura y ciencias en Euskadi”, y “muestra ya sus primeros impacto positivos en el día a di de las aulas”. Eso sí, el propio diario advertía que “al cruzar datos con el nivel socioeconómico de los centros (ISEC), la titularidad (pública o privada) el modelo lingüístico y el género, la evaluación diagnóstica dibuja una educación a dos velocidades”. ¿Nada que explicar al respecto por la consejera?

Pues bien, de jueves a jueves, la consejera, ahora claramente compungida, admitía que los resultados, comparativamente hablando, claro, “no son buenos”, que es la forma más reveladoramente eufemística de decir que son malos-malos. Y lo son especialmente en lectura, competencia en la que estamos definitivamente a la cola de las comunidades del estado, matemáticas, (cuidado en cómo se califica un puesto 10 en una lista de 16) y ciencias. Asombrosamente, afirma también, que, sin embargo, nos premia en “equidad del sistema”.

Así que ¿en qué quedamos? ¿No habíamos notado unos “primeros frutos”, “avances en mates, lectura y ciencias” (precisamente) e “impactos positivos”?

No es intención de este sindicato, ahora mismo, profundizar en el aspecto pedagógico, pero no podemos obviar la opinión profundamente crítica de ciertos grupos de docentes y pedagogas contra las apuestas irreflexivas por las nuevas pedagogías de amplia implantación en nuestro sistema (Eskola 2.0, aprendizaje autónomo, por proyectos, evaluación por competencias…) ni a Lucas Gortázar que dice que “en innovación es mejor estar a la penúltima”, y tampoco la influencia que en estos resultados puede tener la apuesta clara y generalizada por la inmersión lingüística en euskera, que, incuestionablemente, tiene ciertos costes.

Pero sí es nuestra intención hacer una observación desde el punto de vista laboral que es intrínseco a nuestra condición de sindicato. Una somera mirada histórica nos ayuda a descubrir que el inicio del descalabro de los resultados PISA de nuestro alumnado vasco puede datarse en 2012, momento exacto en el que Cristina Uriarte, es decir, el PNV, tomó las riendas de un departamento que había sido gestionado durante muchas décadas por otros partidos que gobernaban en coalición con ellos: PSE-EE y EA básicamente. Casualmente, es a partir de 2012, a partir de la huelga genera educativa de ese año, y a causa de las severas políticas de austeridad, recortes salariales, pérdida del complemento por IT, retrasos en las sustituciones y la congelación de las tasas de reposición, cuando se inicia un ciclo de huelgas y movilizaciones, intensificadas en el año 2022 y que culminaron con la firma de un acuerdo que Pedrosa ahora se resiste a aplicar o aplica de forma muy restrictiva, y que no termina de saciar las aspiraciones de un personal educativo cansado de tanto abuso.

Y qué decir de la educación concertada. La decisión de las patronales, especialmente Kristau Eskola, de aplicar de forma directa, contraria a ley, de los recortes en la financiación pública aplicada por el Departamento de Educación de Cristina Uriarte, tuvo como consecuencia varios ciclos de movilizaciones con más de 45 días de huelga, infinitas concentraciones, manifestaciones, eternizando un conflicto que a día de hoy sigue sin resolverse, con un acuerdo de fin de huelga que no ha sido cumplido por esta patronal.

Que las políticas neoliberales del Partido Nacionalista Vasco, sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión de las relaciones laborales, han contribuido claramente al deterioro de la calidad educativa de nuestro país, hasta niveles que no creíamos posibles, es una evidencia incontestable, que difícilmente tendrá remedio las políticas y actitudes de la actual consejería de educación.

Para CCCOO Irakaskuntza, la temporalidad, la falta de estabilidad de los equipos docentes, la precariedad en el empleo en los centros privados, la nefasta gestión de las relaciones laborales, de los riesgos psicosociales del profesorado, del descenso de natalidad y de la segregación escolar, la amortización de puestos de trabajo con cierres de centro por abandono e inanición y unificaciones, y la clara apuesta de las políticas neoliberales del PNV por el sostenimiento de un sistema educativo dual público-privado que deriva necesariamente en una educación a dos velocidades son clave, entre otras, de estos resultado PISA.

Menos mal que, como siempre, nuestra consejera, “ya tiene un plan”.

“Dejemos el currículum de lado y cojamos una hora de nuestro horario lectivo y hagamos lectura pausada, porque eso crea hábito”. La consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa, del PNV, ha planteado dedicar un tiempo de manera regular todos los días lectivos a la lectura para mejorar los datos de comprensión del alumnado a la luz del desplome mostrado por el informe PISA.

“¿Cuánto leen los adolescentes? Los datos oficiales nos dicen que se lee más que nunca. Sin embargo, cuando les ponemos delante de un texto más complejo, más técnico, más específico, hay algo que se nos escapa. Se habla de mantener la atención. Son cosas que nos tienen que llevar a plantear nuevas acciones en el centro educativo. Me parece que esta decisión de PISA nos ha traído una reflexión a toda la sociedad. El sistema educativo tiene que hacer los deberes, pero el informe interpela a toda la sociedad. Nos ha puesto a toda la sociedad en danza”, ha expuesto la consejera Pedrosa en una entrevista en Onda Vasca.

Pedrosa ha insistido en que Euskadi ya tiene activados planes de impulso de la lectura desde hace tiempo, pero ha asumido que toca hacer más. En todo caso, mantiene la tesis de que PISA solamente es una fotografía y que hay más informes que miden la calidad de la educación vasca. La pasada semana presentó una evaluación diagnóstica propia que ofrecía mejoras en todas las competencias, muy al contrario que PISA. Igualmente, ha demandado no “polarizar” el debate introduciendo discusiones sobre los modelos lingüísticos. PISA no ofrece dato alguno sobre posibles diferencias entre quienes estudian en euskera o quienes lo hacen en modelos mixtos o de castellano.

Educación, por el momento, ha celebrado dos reuniones tras el batacazo de PISA. En primer lugar, este jueves se convocó un foro de expertos en evaluación para analizar el detalle de los datos. En segundo lugar, este viernes se ha reunido a las direcciones de más de 600 centros públicos y privados en el BEC de Barakaldo. Según el comunicado que se ha facilitado desde el Gobierno vasco, se han activado ya “nuevas actuaciones para mejorar los aprendizajes, con la comprensión lectora como prioridad”, aunque ha insistido en que había ya muchas líneas de trabajo en marcha y que hay que tener en cuenta más informes que PISA, incluida la evaluación propia. “Proporciona información propia y más reciente sobre el alumnado de sexto de Primaria y cuarto de ESO.

Concedamos que el informe PISA es el oráculo contemporáneo de Delfos, aplicado a la educación, que cada tres años temen escuchar quienes tienen responsabilidades educativas; que es una prueba impulsada por una organización no filantrópica como la OCDE que tiene por objetivo mejorar la competitividad entre sus miembros, y, por tanto, tiene un sesgo muy orientado al desempeño; que es solo la fotografía de un momento y que los sistemas educativos son muy complejos; que evalúa cuantitativamente, aunque va incorporando variables cualitativas, por medio de meros cuestionarios; que está fomentando una competencia internacional que lleva a que en algunos sitios se preparen para salir bien en la foto de la prueba… Todo eso, y alguna crítica más, no pueden, sin embargo, ocultar el sonrojo de estar en el escaparate mundial mostrando desnudez. Porque no es una sola foto, sino la última de una serie.

¿Cómo son posibles estos resultados tan escasos habiendo casi duplicado en 20 años el número de profesionales mientras se va reduciendo drásticamente el alumnado, especialmente en Educación Infantil y Primaria? ¿Cómo son posibles si somos la comunidad autónoma que supera con creces a las demás en gasto por alumno y la muestra de alumnado con más nivel socioeconómico es la del País Vasco, solo por detrás de Madrid? La perplejidad y la incomodidad se dan la mano ante estas preguntas.

Como es lógico la primera mirada inquisitiva se dirige al sistema educativo. Hace tiempo que tenemos datos del uso intensivo de las nuevas tecnologías en las aulas de nuestra comunidad y PISA nos ha demostrado que, aunque parezca lo contrario, eso perjudica seriamente la salud educativa. Sabemos que la inmigración puede ser un factor de empeoramiento de resultados y en nuestra comunidad su llegada está creciendo exponencialmente, pero no somos la comunidad con más inmigración. Aunque el Gobierno vasco acaba de decirnos que la última evaluación propia muestra que las diferencias se van reduciendo es innegable que la segregación en nuestra comunidad es alta y junto con la marcada dualidad del sistema perjudica también seriamente los resultados.

Finalmente, nos falta más investigación, pero hay indicios abrumadores de que la política lingüística que se está llevando a cabo está condicionando mucho los resultados. Dos indicios claros los acaba de aportar el propio Departamento de Educación en el informe sobre la evaluación de final de etapa que acabo de citar: los euskaldunes de casa sacan mejores resultados que el resto y los que han hecho esa prueba de fin de etapa en su lengua materna sacan mejores resultados que el resto. Por no apuntar y terminar yo mismo señalado, saquen ustedes las conclusiones.

Hasta aquí las razones explicativas que nos llegan del análisis del sistema. ¿Tienen que algo que ver los responsables políticos, como para cargar despiadadamente aprovechando la coyuntura? Tengo para mí que las inercias de los sistemas pesan más que la capacidad transformadora de los políticos, por más prometeicos que estos sean. ¿Era mucho mejor o peor el sistema educativo en tiempos de la inmovilista Cristina Uriarte que en estos tiempos de la activista Begoña Pedrosa? Un consejero o consejera por sí solo no lleva a una cumbre a un sistema educativo, ni tampoco lo hunde. Contribuye, solo eso, aunque no es poco.

Sin exonerarles de su responsabilidad, y al final señalaré por dónde deben empezar, creo que la mirada debe ir más allá del sistema educativo y de sus responsables políticos. Hace tiempo vengo diciendo que la crisis de nuestro sistema educativo es la crisis de nuestra sociedad vasca. Los discursos idílicos sobre la educación como herramienta de transformación deben reconocer con humildad que la educación es también fuente de reproducción. Al menos no neguemos ninguno de los dos polos. ¿Qué nos pasa, entonces, como 'familia' vasca para salir así en la foto de PISA?

Pues que tenemos mucha desorientación. Que nuestra hipermodernidad trasmutada en posmodernismo relativista y líquido propicia la crisis de valores que padecemos, nos hace presas fáciles de una cultura capitalista que hace estragos y provoca encefalogramas planos, con los smartphones como epítome. Tras un proceso de emancipación necesario de instituciones, dictaduras y opresiones del pasado, hemos roto con los anclajes que daban sentido hace medio siglo y no hemos sabido sustituirlos por otros que mejoren nuestra salud mental y emocional. No es la única realidad vasca, pero sí tiene demasiado peso.

PISA también nos habla de ello cuando dice que nuestro alumnado tiene baja curiosidad por su entorno próximo o lejano, que es de los que más pierde el hilo por las distracciones con las tecnologías, que tiene poca perseverancia y que el clima de nuestras aulas no es bueno. Puede ser un problema compartido con todo Occidente y, por tanto, también con la Unión Europea, pero parece que vamos de avanzadilla a juzgar por los resultados. A alguien le parecerá un discurso rancio, pero allá cada cual con su lado adolescente.

Lo tienen difícil nuestros responsables políticos en educación. Quiero desearles acierto. Pero para que lo tengan es importante que el primer paso sea salir del postureo y de los discursos y maniobras defensivas. Deben salir de la seguridad de saberse protegidos por el pensamiento dominante, por los dogmas educativos aprendidos en la universidad y dejarse interpelar por los datos de la realidad. Es imprescindible que salgan del negacionismo y se pongan a dialogar con la realidad y a debatir sobre ella, incluso con los que piensan diferente.

El lehendakari, Imanol Pradales, planteó a comienzos de mes una ronda de contactos con partidos, sindicatos y patronal para dar comienzo al curso político y elaboró un guion con varias prioridades, a saber, situación internacional, economía, autogobierno, industria, euskera o vivienda, así como su agenda legislativa. El jefe de la oposición, Pello Otxandiano, planteó para este año siete grandes temas, concretamente vivienda, Osakidetza, industria, migración, cambio climático, inteligencia artificial y euskera. En las estadísticas del Parlamento, una referencia puramente cuantitativa, la educación figura como el décimo tema que más iniciativas ha generado en esta legislatura, muy por detrás de otros. Sin embargo, el hundimiento del sistema educativo vasco recogido en el último informe PISA ha motivado un cambio radical en la agenda vasca. Ahora la enseñanza “preocupa y ocupa”, como recalcó la consejera del ramo, Begoña Pedrosa, que afronta las horas más difíciles desde que accedió al cargo en el verano de 2024 como independiente, aunque ahora ya es del PNV. En esa ronda de reuniones, por ejemplo, se ha hecho inevitable la referencia a la situación en los colegios.

El lunes, un total de 280.386 alumnos iniciaron el curso escolar no universitario 2026/2027, es decir, las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. El 50,7% cursan sus estudios en la red pública, el porcentaje más bajo de todas las comunidades españolas. Un factor diferencial del modelo vasco es la fortaleza de la red privada financiada o concertada, que suma a los colegios religiosos, a las ikastolas, a cooperativas y a otros proyectos. Ese día, todo fueron buenos propósitos. De hecho, la consejera Pedrosa, en un acto en un centro de Amurrio en el que no admitió preguntas, defendió las propuestas para “la mejora de los aprendizajes, la competencia lectora, matemática y científica, el euskera y el plurilingüismo, la convivencia y el bienestar”. Unos días antes, el Gobierno publicitó una evaluación diagnóstica propia y destacó que los datos allí contenidos “reflejan una evolución positiva del sistema educativo en Euskadi”.

El jarro de agua fría llegó este martes a las 9.30 horas. Las notas del curso llegaron apenas un día después de iniciadas las clases. Y eran malas. Muy malas. PISA, que mide tres variables a estudiantes de 15 años, es decir, del último año de la enseñanza obligatoria, daba 419 puntos de 600 a Euskadi en comprensión lectora, por ejemplo. Son muchos menos que los 466 de 2022 y, desde luego, de los 498 alcanzados en 2012, el máximo de las ocho ediciones en que el más prestigioso de los estudios educativos internacionales ha ofrecido datos desagregados del sistema vasco.

Solamente Ceuta y Melilla, con una realidad social y económica radicalmente distinta y sin competencias propias en la materia, tienen peores datos en España. Los expertos estiman que 20 puntos es el equivalente a un curso escolar. Así, el nivel medio de los estudiantes vascos cuando deberían estar en cuarto de Secundaria es más propio, a la luz de estos datos, de segundo curso. O dicho de otra forma, se han perdido cuatro años de aprendizaje si se compara el nivel actual y el de hace catorce años, cuando la consejera vasca era la que luego sería primera ministra de Pedro Sánchez, Isabel Celaá. La media de España, de Europa y de la OCDE queda ya muy lejos.

El propio informe sostiene que Euskadi registra “resultados inferiores a los estimados para su contexto socioeconómico y cultural”. Y para su gasto. Educación dispone de 3.346,5 millones de presupuesto este 2026. En aquel 2003, eran 1.710 millones sumadas las inversiones universitarias, que ahora van desagregadas. Efe, en julio, indicaba que Euskadi “lidera” el gasto por habitante en Educación. El último dato es de 1.649 euros, “el más alto de las regiones y unos 510 euros más que la media estatal”.

Los de lectura, que son los peores del informe, tienen además claves adicionales. Hay una brecha de género. Los varones tienen una media de 402 puntos, por 438 de ellas. Solamente los chicos de Bulgaria, Chipre, Colombia, Grecia, Malta y Rumanía tienen un rendimiento peor en todo el universo analizado por PISA. Queda muy lejos la conclusión del informe de 2003, el primero en que había datos de Euskadi: “El rendimiento medio en lectura del alumnado de 15 años de Euskadi es superior a la media de la OCDE [...]. Además, los resultados de Euskadi son significativamente más altos que la media estatal”.

Las otras dos categorías medidas son las ciencias y las matemáticas. En ambas hay bajadas. En la primera la nota es de 459 puntos. Se alcanzaron los 506 en 2012. En la segunda, los 460 logrados quedan todavía más lejos de los 510 de mejor dato, en 2009.

Como añadido, PISA deja este aviso: “Continúan registrándose diferencias relativamente elevadas a favor de los centros privados en Comunidad Foral de Navarra, Melilla, Canarias, País Vasco, Ceuta y Comunitat Valenciana, lo que sugiere que en estos territorios existen otros factores asociados a la titularidad de los centros que siguen contribuyendo a las diferencias de rendimiento”. En efecto, los colegios que dependen directamente del Gobierno vasco y que históricamente han acogido a más alumnado vulnerable, reciben todavía peores notas.

El analista Lucas Gortazar ha escrito que Euskadi ha cosechado un resultado “sin precedentes”. “Las comunidades que encabezaban el sistema en 2012 son las que se desploman: el País Vasco pierde 57 puntos de media en las tres competencias y Navarra 55, con caídas acumuladas desde entonces”, ha apuntado. Este experto ya avisó en 2025 de lo que venía en una tribuna en este periódico. “Es indudable que lo ocurrido en los últimos 20 años va a suponer un enorme coste para nuestra sociedad en el largo plazo. Si los recientes intentos para darle la vuelta no funcionan, Euskadi entraría en un estado de emergencia educativa”, planteó en la primavera del pasado año, justo cuando se estaban haciendo las pruebas de PISA.

La consejera Pedrosa se ha agarrado precisamente a eso, a que su evaluación diagnóstica es una fotografía más reciente. En todo caso, ha convocado a un comité de expertos evaluadores y también a los centros para una reunión específica que se celebrará este viernes en el BEC de Barakaldo. Se espera la asistencia de 900 personas, aunque se ha aclarado que su contenido será enteramente a puerta cerrada.

De Pedrosa ha llamado la atención en algunos mentideros políticos, tanto del Gobierno como de la oposición, que no aclarará por qué Euskadi, en la anterior toma de PISA, no elaboró un informe de análisis de los datos, que ya fueron negativos, como se había hecho en 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018. La actual consejera era la 'número dos' de su predecesor, Jokin Bildarratz, y ella misma participó en la rueda de prensa de diciembre de 2023 en que se presentó aquel informe. Entonces se insistió en que la pandemia de la COVID-19 había condicionado enormemente el aprendizaje en aquellos años. Además, quedaban semanas para la aprobación de la reforma educativa vasca, que en efecto fue visada por el Parlamento Vasco en aquel final de 2023.

La consejera, preguntada por este periódico en relación a si la ley debería haber ofrecido ya resultados, insiste en que es una “autopista” para poner en marcha proyectos cuyos efectos llegarán a largo plazo. En estos meses ha trabajado en una mesa con los agentes sociales para combatir la segregación y se han desactivado los conflictos laborales de los docentes con más financiación, tanto en la pública como en las diferentes patas de la privada. Se puede leer aquí la entrevista que concedió a este periódico con motivo del segundo aniversario de la reforma.

Aquella ley generó mucho debate sobre lenguas, pero menos sobre contenidos. En realidad, casi todos los debates educativos en Euskadi acaban en discusiones sobre el euskera, como se vio con la Selectividad. El 80% del alumnado está matriculado en el modelo D, íntegramente en euskera. En 2023 se decidió expresamente mantener ese sistema, que también incluye el B mixto y el A en castellano, en detrimento de un marco único plurilingüe y variable en función de la realidad del centro que garantizase unos mínimos al término de la etapa obligatoria, en concreto el B2 a los 16 años en los dos idiomas oficiales y el B1 en el extranjero, generalmente el inglés. Una de las conclusiones de la evaluación diagnóstica propia es que los resultados mejoran cuando la lengua de aprendizaje es la materna. PISA, en cambio, no ofrece información desagregada por idiomas de enseñanza.

Lucía Torrealday, viceconsejera, ha señalado en Euskadi Irratia que no puede estar de acuerdo con quienes aprovechan los datos de PISA para cuestionar la enseñanza en euskera. Ha añadido que “en los primeros puestos” de la clasificación internacional hay también países que son bilingües. En su análisis, Torrealday ha mirado más a las pantallas y a la inteligencia artificial como posibles causas del descalabro.

Asume que “los estudiantes, cuando usan los dispositivos, tienen tendencia a perder la atención”. Euskadi decidió dar libertad a los centros para regular el uso de dispositivos móviles en las aulas y la viceconsejera ha subrayado que todos o casi todos los han prohibido “si no tienen sentido pedagógico”. Pero avisa: “En el colegio están cinco horas. El móvil no se usa en las aulas en principio. El uso se hace fuera. Es evidente que el papel de las familias es imprescindible. La actitud de los niños y jóvenes ya vemos cuál es. Están metidos en las redes, con faltas de ortografía, sin textos largos y con dificultades para mantener la atención. Esto tiene que ser un reto de la sociedad entera”.

Tanto Pedrosa como Torrealday han insistido en que PISA ofrece también algunas luces, como los datos sobre “equidad” o sobre bajo abandono escolar. Por ello, la viceconsejera ha demandado hacer una “lectura general” del resultado en Euskadi, “con todos los indicadores” encima de la mesa, “aunque sin obviar que hay que mejorar los resultados” de aprendizaje. El Gobierno vasco —es el PNV el que controla Educación— sí ha querido evitar asociar el incremento de la llegada de alumnado foráneo con los malos resultados, como sí ha hecho el Gobierno navarro, con los socialistas dirigiendo esta política. La oposición ha pedido al lehendakari “liderazgo” ante el escenario que se abre.

La consejera Begoña Pedrosa se ha quedado sola en sus esfuerzos por minimizar el impacto de la fotografía que ha ofrecido este martes el informe PISA, en el que los alumnos vascos se quedan prácticamente a la cola de las comunidades autónomas de España, superando casi solamente a Ceuta y Melilla. Euskadi es la peor de 17 en lectura, la segunda peor en ciencias y solamente sube a la posición 11 en matemáticas. Todos los partidos políticos vascos han coincidido en pedir responsabilidades al Gobierno por estos resultados. Desde la oposición, desde luego, pero también desde su propio socio en el Ejecutivo vasco, el PSE-EE, que ha instado a Educación, en manos del PNV, a “asumir su responsabilidad para dar la vuelta a la situación”.

La portavoz de Educación del PSE-EE, Estíbaliz Canto, ha sido la encargada de tomar distancia de la consejera Pedrosa, a la que ha pedido que “analice con rigor los resultados obtenidos por Euskadi” y adopte las medidas necesarias para “detectar y subsanar los fallos”. Canto ha considerado “preocupantes” los datos del informe y ha llamado la atención sobre la contradicción de estos números y “las condiciones de partida” de las diferentes comunidades. “Euskadi tiene el segundo índice socioeconómico y cultural más alto del Estado y, sin embargo, se sitúa en la parte baja en ciencias y en lectura”, ha destacado. Además, ha indicado que el sistema educativo vasco es “relativamente equitativo, con una menor tasa de repetición y una baja exposición al acoso”, que “no se corresponden con estos resultados”. “Las condiciones socioeconómicas de nuestra sociedad, la inversión en Educación y los recursos de que disponemos no deberían arrojar estos datos; es evidente que algo falla”, ha subrayado.

Por ello, ha apelado al Gobierno vasco a “asumir su responsabilidad para dar la vuelta a la situación, proceso en que el deberá ”contar con toda la comunidad educativa“. La portavoz socialista ha llamado la atención sobre una de las conclusiones de la evaluación diagnóstica 2026, recientemente presentada, que ”reconoce que el alumnado obtiene mejores resultados cuando se le evalúa o hace las pruebas en su lengua materna“.

Si el informe PISA ha servido al PSE-EE para dar un 'tirón de orejas' a la consejera, no lo iba a ser menos para el primer partido de la oposición. El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ya ha trasladado que llevará el tema educativo entre las cuestiones a tratar en su reunión con el lehendakari, Imanol Pradales, dentro de la ronda de contactos que ya se ha iniciado. “Haciendo lo que estamos haciendo, no avanzamos. Hay suficientes indicadores para afirmar que, para hacer frente a la complejidad de la situación, son necesarias otras políticas públicas. Los resultados del informe PISA que hemos conocido hoy mismo son un ejemplo de ello”, ha apuntado Otxandiano.

El secretario de Educación de la formación, Ikoitz Arrese, no ha dudado de que “la actual situación de la educación vasca y de los resultados obtenidos en PISA corresponden a la incapacidad manifiesta del Gobierno”. “Queremos mostrar nuestra preocupación ante los peores resultados de la historia en PISA en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y la nula autocrítica mostrada por el Gobierno vasco y la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ante esta alarmante situación”, ha señalado.

“Es incomprensible que en 2022 fuésemos capaces de alcanzar un acuerdo sobre las bases para la transformación del sistema educativo vasco en los tres territorios entre todas las fuerzas políticas excepto PP y Vox y que, en los últimos cuatro años claves, el Gobierno vasco haya sido incapaz de implementar ese acuerdo educativo”, ha señalado. Por eso, ha considerado que la “responsabilidad directa de la situación actual del sistema educativo vasco y, en concreto, de los peores resultados de la historia en PISA, es de la incapacidad manifiesta mostrada por el Gobierno vasco”.

Desde el PP, la portavoz de Educación en el Parlamento Vasco, Murial Larrea, ha señalado directamente a la “deriva ideológica” impuesta por el Ejecutivo autonómico en las aulas vascas como la causa principal del deterioro pedagógico. “Cuando se pone el sistema educativo y la educación al servicio de la ideología en lugar de al servicio del aprendizaje, esto es exactamente lo que sucede, que quedamos a la cola de toda España, únicamente por delante de Ceuta y Melilla, con los peores resultados en comprensión lectora”, ha denunciado la dirigente 'popular'. “Saber lo que se lee y lo que se escribe es un elemento vital” ha señalado. “Es de vital importancia paran el desarrollo de una vida profesional y para el avance de cualquier sociedad abierta y crítica. Es algo tan esencial como saber lo que lees y saber lo que escribes. Si un alumno no comprende un texto, difícilmente podrá asimilar materias científicas, técnicas o humanísticas, ni competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral”, ha agregado.

En este sentido, la representante del PP ha señalado que cuando “se pervierte el sentido de la educación, cuyo único fin debe ser la evolución, el conocimiento y el desarrollo integral de los jóvenes, las consecuencias son devastadoras”. “Nos encontramos ante una sociedad que en el futuro no va a entender ni siquiera lo que lee”, ha avisado.

Por este motivo, han exigido a Educación que asuma responsabilidades, deje a un lado la complacencia y rectifique de inmediato sus prioridades curriculares. “No podemos tolerar que los recursos de los contribuyentes y el esfuerzo de las familias acaben traduciéndose en un retroceso formativo constante. Es urgente devolver a la escuela vasca la exigencia académica, el refuerzo de las competencias básicas y la libertad pedagógica, desterrando cualquier intento de adoctrinamiento o imposición que lastre el porvenir de nuestros estudiantes”, ha concluido.

El presidente del PP, Javier de Andrés, también se ha referido a este tema tras su encuentro con el lehendakari este martes y ha reprochado la gestión política de “cuarenta años” de PNV y PSE-EE, que derivado en que Euskadi es la comunidad autónoma que “más dinero” destina en este ámbito de toda España y, sin embargo, tiene “los peores resultados de toda España”. “Las cosas no se hayan hecho bien”, ha señalado. De Andrés ha reclamado al Gobierno que “asuma su fracaso” en materia educativa, ya que, si no, “no se va a corregir”, aunque ha dudado que vaya a hacerlo, puesto que la política educativa en Euskadi está “vinculada al objetivo ideológico”.

Por su parte, desde Sumar han considerado los resultados de este informe como “una seria llamada de atención al Gobierno vasco y a las políticas educativas desarrolladas durante los últimos años”. “ Hay que señalar que Euskadi cuenta con más recursos y mejores condiciones de partida que otros territorios, por lo que un retroceso de esta magnitud exige explicaciones y, sobre todo, cambios”, entienden. En este sentido, han considerado que “no basta con buscar excusas ni atribuir los resultados únicamente a factores externos”. Además, han criticado que se continúe con “el triunfalismo y la autocomplacencia” cuando “es necesario analizar en profundidad qué está fallando y asumir responsabilidades”.

Su parlamentario Jon Hernández, procedente de IU, ha sido el primero en reunirse este martes con el lehendakari y la formación ha insistido en que “Euskadi necesita reforzar la pública y poner todos los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad que no deje a nadie atrás”, y ha considerado que “la falta de inversión suficiente en la escuela pública, la segregación escolar y una inclusión que demasiadas veces no cuenta con los recursos necesarios son cuestiones que deben formar parte de ese debate”. “Tal y como hemos denunciado en innumerables veces está legislatura y como evidencia el informe PISA no es la realidad lo que nos vende el Gobierno vasco”, entienden.

Desde los sindicatos, Steeilas no ha dado demasiada importancia a los resultados del informe, por considerar que “este tipo de evaluaciones estandarizadas no son indicadores adecuados para medir la calidad del sistema educativo”. “La calidad educativa nos preocupa más que los resultados y esto debe evaluarse teniendo en cuenta el desarrollo integral del alumnado, no sólo midiendo tres competencias”, opinan. Por otra parte, ha considerado que los resultados de PISA “generan rankings entre centros que no favorecen la educación pública, fomentan la competencia y no tienen debidamente en cuenta el contexto y la diversidad de cada centro”.

En cualquier caso el sindicato se ha mostrado muy crítico con la actuación del departamento, al que ha acusado de “poner en marcha la maquinaria de propaganda de inicio de curso para ocultar carencias y vender buenas intenciones”. “Escucharemos titulares y grandes pronósticos, pero la realidad cotidiana de los centros nos mostrará otra cosa. La consejera de Educación no deja de hablar de mejora, como si lo que ya se hace no fuera bueno. El deseo de mejora puede ser interesante, pero el Departamento de Educación también tiene algo que mejorar, le falta autocrítica y, en consecuencia, sus declaraciones son simples palabras insignificantes”, sostienen.

Aritz Villar, representante de LAB, tampoco ha dado demasiada importancia al informe PISA y ha considerado que es mejor centrarse en “los instrumentos de evaluación del conjunto del sistema educativo”. “Lo que se necesita es analizar las evidencias aportadas por estas evaluaciones que son más cercanas y luego tomar decisiones estrategias, planes y medidas para responder a los retos de la educación actual y por supuesto, recursos adicionales para llevarlos a cabo”, entiende.

Ha considerado que los datos “indican desde hace años que hay que centrarse más en el fortalecimiento del euskera, tanto en primaria como en secundaria”. “La potenciación de la competencia en euskera supondría mejores resultados tanto las competencias básicas como en el resto y en ello ha puesto la mirada LAB en los últimos años”, ha indicado. También cree Villar que los resultados de la evaluación “ponen de manifiesto otro debate”, como son las “decisiones y medidas adoptar ante el impacto del uso excesivo de móviles y tecnologías”.

Julen Llanos, secretario general de Educación en CCOO, ha recordado que la consejera hablaba la semana pasada de que con los resultados de la evaluación diagnóstica parecía que mejoraban todos los resultados en todas las asignaturas, sobre todo en las peor valoradas en el último informe PISA. “Esa información de la consejera era poco fiable porque sabemos la capacidad que tiene de retorcer los datos estadísticos para para ponerlos siempre a su favor”, ha señalado. Dicho eso, Llanos no se ha mostrado sorprendido por los resultados del informe PISA. “El Departamento de Educación tiene mucho trabajo que hacer, tiene muchas cuestiones que corregir”, ha señalado. Y ha criticado “el talante negociador, impositor y regulador que está llevando nuestro sistema educativo a un desequilibrio que no habíamos conocido antes”.

Por su parte, Roberto Casas, responsable de Educación de UGT, considera que hace hace falta “mayor inversión”. “Mayor número de profesores, bajar las ratios de de las aulas, etc”. Además, ha señalado que el hecho de que se estudie “en tres lenguas” y que en la muchas veces “la lengua vehicular no es la lengua materna” supone “una dificultad añadida sobre todo en los aspectos en los que más falla el en el informe PISA”. “Hay que ser valientes y ver cómo el garantizando la normalización del euskera, se garantiza el correctoaprendizaje”. “Está claro que como ahora se está abordando, no es la manera adecuada”.

El último informe PISA (Programme for International Student Assessment, por sus siglas en inglés), con datos de 2025, ubica al sistema educativo de Euskadi prácticamente a la cola de las comunidades autónomas de España. Es la peor de 17 en lectura, la segunda peor en ciencias y solamente sube a la posición 11 en matemáticas. Únicamente supera con claridad a Ceuta y a Melilla, gestionadas directamente por el Ministerio de Educación. Se pueden ver aquí los datos generales de España.

Euskadi obtiene 459 puntos sobre 600 en ciencias, por 480 y 483 puntos de las mediciones anteriores, con datos de 2022 y 2018. En comprensión lectora se queda en 419 puntos, frente a los 466 y 491, respectivamente. En matemáticas se queda en 460, por 482 y 492. Es el único ámbito por encima de la media española y, desde luego, el sistema educativo vasco se queda lejos de los parámetros medios de la Unión Europea y del conjunto de países de la OCDE examinados.

Como elemento de contexto, la conocida este martes es la primera entrega de PISA después de la reforma educativa de 2023. De hecho, la edición de 2022 se presentó en diciembre de 2023, justo a pocos días de que el Parlamento Vasco aprobara la nueva ley, que inicia ya su cuarto curso escolar en vigor. Entonces se dijo también que los malos resultados —que eran mejores que los actuales— venían muy condicionados por los problemas que para la presencialidad supuso la COVID-19 en los cursos anteriores. Se añadió que PISA es solamente una “fotografía”, muy condicionada por la elección de la muestra, y que hay que analizar todas las evaluaciones propias y externas para tener la visión general.

La fotografía actual del sistema educativo vasco muestra que mantiene su dualidad de siempre en cuanto a redes, con prácticamente la mitad del alumnado en centros de titularidad privada, el dato más alto de España. PISA constata que el rendimiento es menor en los colegios públicos. En concreto, en ciencias la brecha es de 35 puntos, en lectura de 31 y en matemáticas de 28. Históricamente, a pesar de los cambios normativos recientes, la pública ha absorbido más alumnado de bajo nivel socioeconómico y extranjero que la privada. En ciencias, los “nativos” tienen notas 46 puntos superiores, como también de 33 en lectura y de 51 en matemáticas.

“Continúan registrándose diferencias relativamente elevadas a favor de los centros privados en Comunidad Foral de Navarra, Melilla, Canarias, País Vasco, Ceuta y Comunitat Valenciana, lo que sugiere que en estos territorios existen otros factores asociados a la titularidad de los centros que siguen contribuyendo a las diferencias de rendimiento”, dice el informe PISA. Y se añade: “La Comunitat Valenciana, el País Vasco y Melilla registran resultados inferiores a los estimados para su contexto socioeconómico y cultural”. En 2024, Euskadi era la comunidad con mayor gasto por habitante en educación, casi 1.600 euros anuales.

Son 280.386 los alumnos en las etapas escolares no universitarias en Euskadi, con una caída constante por la bajada de la natalidad pero a la vez con los mayores niveles de matrícula viva de siempre, es decir, las llegadas una vez iniciado el curso. El 51% estudia en la red pública y el 49% en la red privada, que aglutina a colegios religiosos, ikastolas, cooperativas y otros proyectos financiados por la Administración. Respecto a los modelos lingüísticos, el modelo D (íntegramente en euskera) concentra el 79,4% de las matriculaciones, el modelo B (mixto) el 15,6% y el modelo A (en castellano) el 5%.

El Gobierno vasco pide tener en cuenta otras fotografías

Dos horas después de conocido el informe, la consejera Begoña Pedrosa ha comparecido ante los medios de comunicación. Ha admitido que los datos son malos —“no son los resultados que queremos para Euskadi” y ha tirado de la muletilla de “preocupación y ocupación”—, pero los ha enmarcado en un “descenso generalizado” en España, Europa y a nivel internacional y ha querido insistir en que ella dispone de una “fotografía más actualizada”, la de la evaluación diagnóstica propia presentada la pasada semana, que ofrece una “tendencia positiva” en “todas las competencias” tanto al final de Primaria como de Secundaria.

Según ha insistido Pedrosa, la prueba de PISA se hizo en la primavera de 2025 y se presenta ahora y la evaluación propia es de este mismo año. Asimismo, ha querido quedarse en que el informe internacional no deja mal parada a Euskadi en otros parámetros como la “equidad” o el aprendizaje digital. “La equidad es una fortaleza que tenemos que preservar, pero no compensa los resultados de aprendizaje”, ha apuntado la titular de Educación.

Pedrosa ha anunciado que esta misma semana se convocará al comité de expertos en evaluación para analizar el informe de PISA y que se elaborará un documento 'ad hoc' con los datos vascos y que lo presentará en el Parlamento. En 2022, con Pedrosa de viceconsejera de Jokin Bildarratz, no se realizó esa memoria por vez primera desde que Euskadi es evaluada por PISA, algo que se inició en 2003. También habrá un encuentro “privado” con los colegios, ha indicado.

Para la consejera vasca, hay que usar todas las “fotografías” de evaluación de modo “complementario”, sin caer en el catastrofismo por los resultados ahora conocidos. El gran valor de PISA, en todo caso, es su capacidad para la comparativa internacional y entre comunidades autónomas de indicadores homogéneos. Pedrosa ha pedido también más tiempo para que los cambios de la reforma educativa de 2023 tengan efecto —ha apuntado a “diez o veinte años” y ha asegurado que la ley es solamente una “autopista” para canalizar tendencias, no un bálsamo de efecto inmediato— y ha recordado que en 2027 se hará otro examen “censal” a todo el alumnado a la mitad de Primaria y Secundaria para estudiar la salud de la enseñanza vasca.

Preguntada por los periodistas, ha asegurado que no se puede comparar la educación “privada” de otros países con la vasca, pero ha admitido que la concertada ofrece mejores números en general que la pública, la que directamente depende de ella, aunque ha confiado en ir revertiendo esa tendencia. Asimismo, se ha felicitado de que la segunda generación de las familias extranjeras esté alcanzando niveles similares a la población autóctona

Un total de 280.386 alumnos han iniciado este lunes el curso escolar no universitario en Euskadi, es decir, las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato Son un 4,2% menos que el pasado curso con un descenso de 12.291 matriculaciones, una evidencia más de la caída de la natalidad.

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha facilitado estos datos con motivo del inicio del curso escolar 2026/2027 durante su visita al centro Mendiko Eskola de la localidad alavesa de Amurrio. Respecto a las matriculaciones en los diversos ciclos educativos, Infantil registra un total de 53.611 matriculaciones (-4,4%), Primaria 108.569 (-4,7%), Secundaria 87.065 (-2,8%) y Bachillerato 31.141 (-5,8%), informa Europa Press.

En una perspectiva de cinco cursos, el alumnado matriculado en estas cuatro etapas ha pasado de 309.405 en 2021 a 280.386 en 2026, un descenso de 29.019 alumnos, el 9,4%. La consejera ha explicado que la reducción es especialmente significativa en Infantil, con un 15,7% menos de alumnado, y en Primaria, con un 13,7% menos. En la ESO, en cambio, el número se mantiene prácticamente estable, con un descenso del 0,3%.

En cuanto a la distribución por redes, la red pública escolariza al 50,7% del alumnado, con 142.097 alumnas y alumnos, mientras que la red concertada reúne al 49,3%, con 138.289. Sigue siendo el dato de privatización más elevado de todas las comunidades autónomas de España.

Respecto a los modelos lingüísticos, el modelo D (íntegramente en euskera) concentra el 79,4% de las matriculaciones, con 222.578 alumnos, si se consideran conjuntamente Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. En las etapas de escolarización previa y obligatoria (Infantil, Primaria y ESO) el modelo D alcanza el 80,4%. El modelo B (euskera y castellano) representa el 15,6% del alumnado y el modelo A (castellano) el 5%.

Pedrosa ha especificado que la diferencia entre ambas cifras responde principalmente al peso del modelo A en Bachillerato, que representa el 21% del alumnado de esta etapa, frente al 1,4% en Educación Infantil, el 2,1% en Primaria y el 5% en ESO.

Por otro lado, ha indicado que la matrícula viva, que recoge las incorporaciones de alumnado al sistema educativo a lo largo del curso, se prevé que alcance este año los 6.500 alumnos. Asimismo, el Departamento de Educación ha dicho que ha reforzado los recursos destinados a dar una respuesta específica a la diversidad en las aulas. Este curso se incorporan 328 profesionales más, un 6,4% más que el curso anterior, con 5.476. Concretamente, serán 180 profesionales más de Pedagogía Terapéutica (PT), un 7,5% más que el curso anterior, con 2.580 profesionales.

También aumenta el número de profesionales EAE, que pasa de 2.589 a 2.657, y el de ALE generalista, que se incrementa en 77 profesionales, hasta alcanzar los 301. En conjunto, la red pública educativa vasca contará este curso 2026/2027 con más de 32.000 profesionales, entre personal docente y otros perfiles profesionales.

Este lunes 29 de junio, en un acto con la pompa y el boato que nos tiene acostumbrada la consejera de educación, Begoña Pedrosa, ha tenido lugar la última reunión de este curso de lo que se ha venido llamando “pacto anti-segregación escolar” oficial y pomposamente “Eskola Bikaina Denontzat”. Café para todos en un marco incomparable. 

Allá por octubre, el departamento, con gran eco mediático, y a imagen y semejanza del relativamente fallido “pacto por la salud”, hizo un llamamiento a organizaciones varias relacionadas directa o tangencialmente con el mundo educativo, a una mesa que quiso ser “plural” que abordara el grave problema que cuenta nuestro sistema educativo, el vasco, el de aquí. Un problema, el de la segregación escolar por motivos socioeconómicos, que no tiene reflejo en ninguna otra comunidad de Europa, por lo abultado y grave de sus índices, y que tiene como principal motivo, bajo nuestro punto de vista, y bajo la pura lógica, el reparto del alumnado de la reglada no universitaria al 50/50 entre la escuela pública (tenemos obligación de aclarar que es pública de titularidad pública) y la privada concertada, también sin reflejo en ninguna otra comunidad de Europa. 

Desde el comienzo las personas de CCOO Irakaskuntza ya expresamos que no compartíamos el planteamiento de la mesa por muchas razones. Por los escenarios elegidos, como por ejemplo ¡Lauaxeta Ikastola!, paradigma de centro de élite segregado. Por la elección de los participantes, como el director de un concertado de Santurtzi, que orgulloso, nos contaba cómo era “norma” del centro que el personal educativo saliera a diario a recibir al alumnado con una sonrisa; “esto es como una familia”, decía, mientras los sindicatos sabemos que el suyo es uno de los centros que incumplen, entre otras cosas, la reducción de una hora lectiva firmada por su patronal, Kristau Eskola, en el acuerdo de fin de huelga de 2024. 

Por la metodología impuesta, que ha ido atomizando las tareas y la propia mesa, en una suerte de equipos de trabajo reducidos, donde las voces discordantes (básicamente la nuestra) han quedado diluidas hasta niveles de homeopatía. Por el objetivo último de esta escenificación, que ha ido transitando de aliviar el “índice de disimilitud” de los centros más segregados, a justificar el reparto de recursos (financiación, personal, apoyos, subvenciones) y el desvío de alumnado vulnerable de la escuela pública a la privada, en nombre de la “equidad” y el “reparto de responsabilidades”, pero que encierra una clara intención de no dejar las aulas de ciertos centros privados vacías de alumnado por el bajo índice de natalidad. 

No compartíamos el planteamiento de la mesa porque no compartimos, de entrada, la lectura del departamento del diagnóstico del estudio del ISEI-IVEI del año 2023, que en su “resumen cualitativo” que ha servido de partida para “Eskola Bikaina Denontzat” afirmaba, entre otras lindezas, que “en los últimos cursos se han producido avances relevantes que marcan un cambio de rumbo en la política educativa vasca frente a la segregación escolar”. Y por supuesto porque veíamos, y con razón, que el “conjunto articulado de instrumentos de planificación, admisión, respuesta educativa y apoyo educativo y gobernanza” que se buscaba desarrollar, estaban básicamente encaminados a disfrazar de equidad un sistema educativo que, por su naturaleza dual, es segregador y no puede no serlo.

El tiempo ha traído una clara desbandada de sindicatos y de organizaciones como EHIGE, que comprendemos perfectamente, visto el cariz que ha ido tomando esta mesa “plural”, pero que ha provocado que la Escuela Pública Vasca haya ido perdiendo defensores en este foro (si es que podemos entender así a alguna organización que ha dejado de participar), perdiendo también, paulatinamente, su presencia, habiendo sido CCOO Irakaskuntza la única pero firme voz discordante, entre tanto compadreo y autocomplacencia, como así debieran reflejar las actas, si es que llega a haberlas. Porque esta ha sido otra de las características de esta mesa: la única transparencia que parecía autorizarse ha sido la de las recurrentes declaraciones de la consejera, que no ha dudado en reprender a CCOO Irakaskuntza por “no decir nada positivo”.

Pero poco positivo se puede decir de la escenificación de un pacto contra la segregación que dejó de serlo para convertirse en un “grupos de trabajo”; de una mesa de organizaciones educativas “plural”, que paulatinamente se ha ido convirtiendo en un foro de patronales de la educación concertada hablando de su financiación. Patronales que han aprovechado la ocasión brindada por el departamento, para hablar de cómo mantener el imposible equilibrio de reclamar igual financiación e iguales recursos que la “más cara escuela pública”, pero sin tocar la independencia de los “proyectos” que garantizan una “calidad educativa” que no quieren perder, porque disponer de la misma financiación no debería implicar “ser igualados a la baja”, identificando “a la baja” con “la educación pública”.

Porque, en el fondo, reunión a reunión, conversación a conversación, Eskola Bikaina Denontzat se ha ido convirtiendo en una suerte de lugar de encuentro de personas ajenas a la escuela pública, que no entienden los servicios públicos como esenciales para el desarrollo social, y mucho menos la escuela pública. Personas, muy majas y agradables, todas, todo hay que decirlo, pero que solo conciben una educación de calidad en base a la libertad total de elección de proyecto educativo y de centro, y que la aportación de dinero privado, las cuotas, que declaran imprescindibles, y que sostienen, sí o sí, una educación diferenciada, son perfectamente compatibles con una financiación pública que evite tener que pagar lo más caro, el salario del personal, y seguir así pudiendo pagar el transporte fuera de los pueblos y barrios, los comedores con menús de cercanía, la infinita oferta de extraescolares, los intercambios en el extranjero, o en el “intrajero”, que en precio lo mismo da, las caras actividades complementarias “imprescindibles”, los iPad y los uniformes: es decir, seguir pagando lo que diferencia. Eskola Bikaina Denontzat, si se ha caracterizado por algo ha sido por la ideología liberal que rezumaban sus debates, liderados, por quien más debiera preocuparse del bienestar de la Escuela Pública Vasca: su titular. Pedir al PNV, a consejeros y consejeras como Uriarte, Bildarratz o Pedrosa, que defiendan la Escuela Pública Vasca, que la lleven a su máximo posible, que la financien suficientemente, que garanticen una plaza pública en una escuela pública de titularidad pública, para todo aquel y toda aquella que lo desee, es pedir peras al olmo, lo sabemos. 

Por no por eso nos vamos a callar, y ya lo hemos dicho: en CCOO Irakaskuntza creemos firmemente que sólo una apuesta clara y decidida por una escuela pública vasca fuerte, bien dotada y que garantice una escolaridad universal es, no sólo el único camino posible para atacar de raíz el problema de la segregación escolar, sino que es también el único para garantizar una buena calidad educativa y la pervivencia y la transmisión de la lengua y la cultura vasca, que, de insistir por este camino, corre el riesgo de convertirse también en herramienta de segregación escolar y social. La mera coexistencia de las dos redes educativas en un escenario de paridad sostiene y garantiza una diferencia de disponibilidad de recursos que impide la lucha contra la segregación, y la educación diferenciada, base de la propia existencia de los centros privados sostenidos con fondos públicos; y eso no hay Eskola Bikaina Denontzat que lo cambie.

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, del PNV, ha vuelto a comprometer el final del cobro de cuotas en los colegios privados sostenidos con fondos públicos, esta vez con un “decreto de gratuidad” que, en todo caso, no llegará para el curso que arrancará en septiembre. Euskadi es la comunidad con más peso de la concertada, que aglutina a casi la mitad del alumnado total. Y estos pagos encubiertos, recurrentes durante años aunque técnicamente están ya prohibidos por la normativa estatal desde hace lustros y por la vasca desde 2023, han generado un sistema con problemas de segregación y guetización.

Según datos ofrecidos por 'Deia', la pública acoge casi el 70% del alumnado extranjero o el 60% de los becados incluso habiendo pasado ya tres años de la entrada en vigor de un nuevo sistema de admisión que estableció cupos para alumnado vulnerable en todos los centros sostenidos con dinero público, también los privados. Aquel movimiento soliviantó sobre todo a las ikastolas. La normativa es clara y estima que los centros concertados solamente pueden cobrar por lo mismo que cobraría uno público, nunca por el servicio educativo como tal, que es enteramente gratuito. Actualmente, la media es unos 100 euros mensuales.

El “decreto de gratuidad” es una de las principales medidas del foro Eskola Bikaina Denontzat, una mesa que desde septiembre ha reunido a diferentes agentes educativos en la búsqueda de consensos para mejorar el sistema educativo vasco. Sin embargo, como le ocurrió al denominado Pacto Vasco de Salud, la mesa para mejorar Osakidetza que tuvo una dinámica similar, aunque sí se han sumado al pacto sindicatos como CCOO y UGT, no lo ha hecho la mayoría del sector, Steilas, ELA y LAB. En lo político, sí ha llegado hasta el final del camino EH Bildu, pero no PP, Sumar o Vox, las otras fuerzas de la oposición. También se ha baado EHIGE, las familias de la pública. O la patronal Ikastolen Elkartea, dentro de esa mitad privada del sistema.

¿Qué ofrecerá el decreto frente a las medidas ya anunciadas años atrás? Según el documento de Eskola Bikaina Denontzat, supondrá condiciones para hacer “efectiva” esa obligación. “El proyecto plantea regular la gratuidad efectiva de las actividades educativas necesarias para la adquisición de las competencias curriculares, en condiciones de equidad. Para ello, parte de la necesidad de definir de forma precisa y transparente qué se entiende por gratuidad, delimitando qué elementos forman parte de ella y cuáles quedan fuera de su alcance. Esta definición permitirá evitar interpretaciones ambiguas, favorecer una aplicación homogénea y reforzar la seguridad jurídica y la transparencia. Asimismo, cualquier desarrollo normativo deberá partir de un conocimiento riguroso de los costes reales del sistema educativo, mediante la identificación, análisis y evaluación de dichos costes. El planteamiento vincula directamente la gratuidad con la equidad y la reducción de la segregación. Por ello, las medidas de organización, financiación y planificación deberán orientarse a promover la inclusión”, se puede leer. “La propuesta incorpora también la transparencia en la financiación y en las aportaciones económicas como elemento esencial. El uso de los recursos públicos, las fuentes de financiación y las aportaciones vinculadas a las familias deberán explicarse de forma clara y comprensible”, se indice.

En paralelo, se creará la denominada “mochila escolar”. “El coste de determinados elementos vinculados a la escolarización puede convertirse en una barrera para el alumnado en situación de vulnerabilidad y generar dinámicas de segregación. Para garantizar una equidad real, es necesario que este alumnado pueda acceder, permanecer y participar en la educación infantil y obligatoria sin que el coste limite sus oportunidades”, se argumenta. Así, “la Eskola Motxila se concibe como un instrumento estructural del sistema para garantizar la equidad real, y no como una ayuda puntual o asistencial”. “Se plantea desde un enfoque de derechos, con vocación de estabilidad y con un procedimiento de tramitación ágil”, se expone.

En definitiva, será una línea de crédito para todos “los elementos necesarios para participar plenamente en la educación obligatoria, comedor, transporte, material, libros, recursos digitales, actividades complementarias pedagógicas y salidas”. “La ayuda se canalizará a través de los centros educativos, lo que permitirá controlar el uso, simplificar la gestión y reducir la visibilidad individual”, se indica. Eso sí, aunque el dinero será público, podrá usarse igualmente en colegios privados concertados.

Educación también se abre a retocar el decreto de admisión de 2023, el que inició el reparto de alumnado vulnerable tanto en la matrícula ordinaria como durante el curso, la conocida como matrícula viva. Se trata de “ordenar la escolarización de manera equilibrada”. “En este marco, la reserva de plazas se mantiene como una herramienta central para favorecer una distribución equilibrada de la vulnerabilidad entre centros de una misma zona, si bien se considera necesario revisar o precisar algunos aspectos de su aplicación en la admisión ordinaria. En relación con la matrícula viva, se propone clarificar y jerarquizar los criterios de asignación, de modo que la incorporación de alumnado una vez iniciado el curso responda mejor a los objetivos de equilibrio y corresponsabilidad. Uno de los bloques con mayor grado de propuesta es el relativo a la planificación, el mapa escolar y la corrección de la sobreoferta. Se plantea incorporar criterios más objetivos vinculados a la prospectiva demográfica, la evolución de la matrícula, la matrícula viva y las necesidades específicas de apoyo educativo para fundamentar decisiones sobre oferta, continuidad, cierre, integración o fusión de centros”, se lee en el plan aprobado.

La mesa Eskola Bikaina Denontzat ha aprobado también programas de acogida de alumnado extranjero. “Se propone nombrar un equipo estable de profesionales, Harrera Taldea, liderado por la persona coordinadora de bienestar, encargado de planificar, organizar y acompañar los procesos de acogida en todos los centros”, se indica. Igualmente, se aboga por un “relato positivo” sobre el euskera. La ley de 2023 mantuvo formalmente los modelos A, B y D pero, a la vez, fijó un mínimo de nivel B2 a los 16 años en ambas lenguas oficiales, sin diferencias en función del origen del estudiante. La mesa entiende que hay que caminar a un marco plurilingüe con el euskera como eje, pero desde un “discurso esperanzador y cohesionador”. El plan se llama Keinua Elkarri.

Pedrosa se ha mostrado muy satisfecha por el resultado del foro. “Uno de los mayores logros de este proceso ha sido reunir a más de cien representantes de la comunidad educativa en torno a un objetivo común. El mejor resultado de este trabajo ha sido comprobar que es posible construir respuestas entre todos para seguir mejorando la educación con el alumnado siempre en el centro”, ha manifestado. Y ha añadido: “Hoy culmina una etapa importante de trabajo compartido, pero comienza otra igual de relevante como es la de convertir estos proyectos en actuaciones concretas que contribuyan a mejorar la equidad, la inclusión y la calidad de nuestro sistema educativo”.

No está teniendo un año tranquilo la consejera de Educación. Era esperable que el fin de las movilizaciones de la Escuela Pública tras la firma del nuevo Acuerdo regulador, en 2025, le diera el oxígeno necesario para impulsar con más tranquilidad los distintos proyectos en los que se encuentra embarcada la educación vasca. Pero no ha sido así. Citando algunos casos, el retraso inexplicable en la firma del mencionado Acuerdo, la información desdibujada de los resultados de la evaluación de diagnóstico, los problemas para trabajar las novedades que la ley educativa plantea, las ya obligadas quejas de los centros concertados sobre las plazas destinadas al personal vulnerable, o, por ir a episodios más recientes, el frente abierto con la propia EHU (antigua UPV-EHU) por las notas de la PAU en algunos tribunales han frustrado cualquier intento por tener lo que se llama un curso tranquilo.

Era de suponer que la consejera, con experiencia validada en el entorno administrativo, habría hecho acopio de fuerzas para tales imprevistos. Se habría rodeado de personas con experiencia suficiente para ayudarla a digerir determinadas malas digestiones. Habrá aprendido a surfear en aguas procelosas, desviando el objeto de atención con nuevas propuestas, a veces diametralmente ajenas a la problemática surgida. Pero lo que no esperábamos, al menos parte de la ciudadanía que sigue el devenir educativo vasco con suma atención, es el nuevo talante amenazante que empieza a utilizarse en el entorno docente. 

Da la impresión de que uno de los caminos que utiliza el Departamento cuando se encuentra con protestas públicas sobre su gestión (cierre o fusión de centros públicos, o valoraciones personales de indefensión ante amenazas del alumnado en algún instituto playero, por citar dos ejemplos de este mismo curso) es refugiarse en la apertura de expedientes disciplinarios para quienes hacen la crítica. En vez de ahondar en una información más detallada y transparente -que elimine sensaciones de abandono cada vez más recurrentes en la Escuela Pública- recurre a las sanciones.

Da la sensación de que, todo indica que las críticas son mal asumidas. Parece que se recurre a la forma más sencilla -la punitiva- para advertir de los riesgos en que incurre cualquiera cuando manifiesta su desacuerdo con las líneas marcadas desde instancias administrativas. Asustar con actos disciplinarios, aunque, en el mejor de los casos, pueda acabar en una simple llamada de atención, es poner el acento en que se lo planteen mejor aquellas personas díscolas que piensan en clave crítica.

La consejera debería saber mejor que nadie que formar al alumnado en el pensamiento crítico no puede ser sólo teoría, sino que debe ejercerse desde la práctica; ella y su equipo deben valorar que analizar la gestión, sopesar los aciertos y errores contribuye a mejorar la actuación; cualquier persona dirigente con un mínimo de experiencia -y los cargos del equipo de Pedrosa lo son- debe asumir que trabaja para mejorar un servicio público como es el educativo.

Si volvemos a los proyectos que tocaba desarrollar para este curso a punto de finalizar, la ley educativa de 2023 es precisamente uno de ellos. Si nos fijamos, ya en la exposición de motivos queda explícitamente señalado uno de los valores del sistema educativo vasco que también la Administración debería respetar: “El sistema educativo se propone formar personas que piensen por sí mismas” ¿Es posible trabajar en este principio con medidas sancionadoras como las mencionadas? No hay que avanzar mucho en la lectura de la ley para entender que en varios capítulos se insiste en la formación crítica y activa del alumnado (art.3j.) y en su preparación para el pleno ejercicio de la ciudadanía y su inserción activa en la sociedad. ¿Francamente entiende esta administración que con sanciones sobre opiniones críticas se acerca a la comunidad discente a conformar una ciudadanía plural?

No es sostenible coartar la libertad de expresión en ninguna situación. Menos aún si el motivo es que las críticas recibidas generan incomodidad. ¿Qué pretenden conseguir así?, ¿sumisión?, ¿silencio?... 

Volvamos la vista hacia el poeta ruso Y. Yevtushenko y asentimos con preocupación, compartiendo su afirmación: “Cuando la verdad es desplazada por el silencio, este es una mentira”. Este no es el camino.

La revisión de las notas del examen de euskera de la Selectividad, que tanta controversia generaron sobre todo en centros concertados del modelo A -el que tiene como lengua vehicular el castellano- del entorno de Bilbao por una acumulación de ceros, ha estimado que en alrededor un 80% de los casos la nota puede subir algo y no ser un “cero absoluto”, pero no más de dos puntos. Es decir, seguirá siendo un suspenso claro. Las calificaciones “apenas experimentarán variaciones relevantes”, ha señalado el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea. “En la mayoría de los casos las notas no han experimentado incrementos significativos y han permanecido próximas al cero. Como consecuencia, la distribución general de las calificaciones apenas ha registrado cambios relevantes”, ha añadido la Universidad.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Vitoria en la que aún no ha facilitado todos los datos de las revisiones solicitadas en toda la comunidad autónoma por 4.223 estudiantes y sobre 8.127 pruebas de todas las asignaturas, Bengoetxea ha puesto en valor las garantías del proceso de corrección de la prueba ahora conocida como PAU. Ha pedido no trasladar la idea de que se ha producido “arbitrariedad” contra determinados colectivos. “Las calificaciones no pueden determinarse por la presión social, política y mediática”, ha insistido.

Con la nueva corrección, inicialmente se hablaba de 168 ceros totales y de que se ha bajado a 110. Pero el dato queda superado solamente por el caso concreto del tribunal de la discordia de Bilbao, donde de 76 se han quedado en 11, más allá de que se mantengan notas muy bajas. 876 estudiantes -de todas las asignaturas- han visto mejorada su nota y a 442 se les ha bajado. Solamente si la variación entre la primera y la segunda nota es de más de dos puntos se activa de oficio una tercera y definitiva evaluación para fijar la nota. En el caso del euskera, solamente afectaría al entorno del 20%, siempre a falta de los datos definitivos. El rector ha añadido que también se han reclamado 1.193 notas del examen de castellano y 1.137 del de inglés, no tan alejado de los 1.778 de euskera.

¿Qué ha sucedido? Según el rector, la posibilidad de reducir hasta dos puntos por errores ortográficos, gramaticales o de “coherencia” puede ser una explicación. Podría darse el caso de tener una calificación de 1,9 que se quede en nada por la concatenación de fallos, ha manifestado el rector. “Lo que queremos decir es que, hacer cierto tipo de lecturas sobre el proceso, creemos que puede perjudicar a todos los implicados. Tenemos que ser serios. Conocer el proceso y el rigor que implica. Hacer las lecturas antes...”, ha planteado Bengoetxea, a quien convocaron a una reunión de “urgencia” la pasada semana por estos casos los consejeros de Educación, Begoña Pedrosa, y de Universidad, Juan Ignacio Pérez Iglesias.

Ha pedido también que se destierre ese “discurso” que ha calado en la sociedad de que “es muy difícil” sacar un cero solamente con presentarse a una prueba de alto nivel académico. La ley vasca de Educación de 2023 obliga a acabar la etapa obligatoria -es decir, a los 16 años y no a los 18- con un nivel B2 en ambas lenguas oficiales independientemente del modelo en que se cursen los estudios.

El rector ha destacado el sistema de “garantías” para estudiantes y familias que hay detrás de las notas de Selectividad, y ha recordado que bebe de una normativa “estatal”. Igualmente, ha recordado que los tribunales no dependen de la EHU exclusivamente, sino que son compartidos con personal de los institutos de Bachillerato. En el caso de los tribunales correctores de euskera, el 75% procedían de las enseñanzas no universitarias.

Casi a la misma hora, en el Parlamento ha comparecido la consejera Pedrosa. Ha señalado que la preocupación por los resultados no era “infundada” porque los ceros se han concretado sobremanera en un tribunal. Casi un 50% fueron impuestos por un mismo corrector. Ha pedido que se analicen “con rigor absoluto” las reclamaciones y ha insistido en que es la EHU la que coordina el proceso. “El Gobierno vasco no corrige exámenes, pero sí exige garantías”, ha añadido Pedrosa.

Ha planteado varias “líneas de mejora” de cara a años venideros. Son cuatro, mejorar la “comunicación interinstitucional” por la falta de “rapidez, formalidad y precisión” de este 2026, hacer pública la composición de los tribunales, distribuir el alumnado para que no se concentre un grupo del mismo origen en las mismas manos y evitar así interpretaciones de “desigualdad” y, finalmente, un reglamento más preciso. “La PAU debe ser una prueba exigente, pero también transparente”, ha zanjado.

Este conflicto es uno más de los surgidos entre la Universidad y el Gobierno desde que Bengoetxea ganó las elecciones con una candidatura alternativa y alejada de las posiciones del PNV. Desde que llegó al cargo, han chocado por la financiación y por otros temas y nada hace prever que esas diferencias se vayan a reducir tras la controversia en torno a la Selectividad.

El Gobierno de Imanol Pradales cumple ya dos años, la mitad de la legislatura. Es una coalición de PNV y PSE-EE que tienen sus tiras y aflojas, sus idas y venidas. Ahora, oficialmente, los socios están en tregua. Pero en los próximos días volverán a separar sus caminos en lo tocante a la reforma de la normativa del euskera en el empleo público, como antes han chocado en Vivienda, en política migratoria o en otras materias. elDiario.es/Euskadi repasa, uno por uno, los hitos principales del lehendakari y de sus quince consejeros.

Imanol Pradales

Lehendakari (PNV)

El lehendakari, dos años después, es el político vasco más valorado. El Sociómetro le da una nota de 5,8 sobre 10, que además ha ido creciendo en los últimos meses conforme avanzaba el mandato. Pradales, poco a poco, va esculpiendo su propio perfil. Está cuidando mucho la política internacional, con el hito de la visita del presidente de Alemania a finales de 2025, Frank-Walter Steinmeier, quien pidió disculpas por el bombardeo nazi de Gernika en 1937. También ha querido rescatar el alma más católica del PNV, con dos encuentros con el papa León XIV esta primavera, uno en el Vaticano y otro en Canarias, una carta a los obispos para prometerles remar juntos y la asistencia a eucaristías. Ha repetido que el nuevo pontífice es uno de sus faros. En materia migratoria, Pradales insiste, eso sí, en que los migrantes tienen “derechos”, pero también “obligaciones”. Lo planteó el discurso de Navidad y lo volvió a repetir en las entrevistas en ETB por el segundo aniversario: “Este país tiene una identidad, una lengua y unos valores que queremos seguir preservando”. El lehendakari entiende que la situación en España tiene una “pinta horrorosa” por las investigaciones de corrupción que se suceden, pero, tirando de pragmatismo, asegura que mientras Pedro Sánchez siga en el Gobierno tiene que ser aprovechada la ventana de oportunidad. En julio espera celebrar una reunión para cerrar acuerdos pendientes, como el del traspaso completo de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. ¿Y la reforma del Estatuto? Supuestamente, PNV y PSE-EE lo negocian con EH Bildu. Se anunció para junio algún movimiento por parte de Pradales que aún no ha llegado.

Ibone Bengoetxea

Vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística (PNV)

Tras unos primeros meses con un perfil más bajo, Bengoetxea ha reforzado su peso político en el segundo año. En estos meses, ha encabezado la fallida petición de que el 'Guernica' de Pablo Picasso pueda exhibirse en el Guggenheim de Bilbao temporalmente por el nonagésimo aniversario del bombardeo nazi. Igualmente, ha quedado enterrado el intento de levantar un nuevo Guggenheim en Urdaibai, el mismo que iba a hacerse “sí o sí”, según el PNV. Asimismo, sigue abierto el debate sobre la reforma legislativa para blindar las exigencias de euskera en las oposiciones a raíz de la cascada de fallos judiciales. El asunto ha generado una brecha con el socio de Gobierno, el PSE-EE, y la propuesta del PNV solamente prosperará si EH Bildu lo permite. Bengoetxea ha amagado con regularlo por decreto si esa vía falla. En materia de deportes, la selección vasca de pelota compitió oficialmente -y se enfrentó a la de España- y se ha abierto el melón de la oportunidad de organizar la Copa del Mundo de fútbol masculina de 2030 en Bilbao y Donostia.

Mikel Torres

Vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo (PSE-EE)

Torres también ha ganado en peso político como cabeza de la parte socialista del Gobierno de coalición y ha empezado a cuestionar algunas decisiones del socio, como recientemente lo tocante a la nueva reforma fiscal de Bizkaia, un papel antes reservado en exclusiva a Eneko Andueza. Su cartera, Economía, Trabajo y Empleo, tiene funciones relevantes, pero, si se completan las transferencias pendientes, las tendrá aún más. Ha ganado ya lo relativo a las autorizaciones laborales de trabajadores extranjeros, en 2027 Lanbide integrará las políticas activas y la RGI/IMV con las prestaciones y subsidios de paro con la desaparición del SEPE estatal y se negocia que Euskadi asuma también el pago de pensiones, unos 12.000 millones anuales. En materia laboral, Torres defiende que Euskadi tiene “bases sólidas” con la cifra más alta de cotizantes a la Seguridad Social de la historia, por encima del millón. “Pero tenemos que hablar menos de las cifras de empleo y más de la calidad”, asume. La mayoría sindical sigue fuera de los foros de diálogo social.

Noël d'Anjou

Hacienda (PNV)

En contraste, D'Anjou sale bien parado. En junio ya ha empezado a preparar los presupuestos de 2027. El Parlamento Vasco los aprobará en tiempo y forma, antes de que acabe el año. Serán los terceros en tres años de legislatura. Es algo impensable en España, que tuvo en 2022 su último debate presupuestario y que sigue con los de 2023 prorrogados. Más allá de eso, D'Anjou ejerce una suerte de bicefalia con Torres en lo tocante al liderazgo de la política económica. Técnicamente, las previsiones son cosa del PSE-EE, que además controla el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. Está por ver la ejecución real de la gran inyección de 1.000 millones para proyectos del pasado año, que además iba a venir completada con 3.000 de capital privado.

María Ubarretxena

Portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno (PNV)

Ubarretxena puede colgarse la medalla de haber visto cómo el Parlamento ha aprobado, tras tres intentos fallidos en otras tantas legislaturas, la primera ley vasca de Transparencia. Euskadi deja de ser la única comunidad autónoma sin ese mecanismo. Y no sólo es poder obtener información, sino poder denunciar prácticas irregulares. “Todas las personas que deseen denunciar tendrán la oportunidad de hacerlo y su anonimato y su protección estarán garantizados”, explicó en una entrevista con este periódico. Ubarretxena es, además, la principal negociadora con el Estado de las transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Está en el aire aún la más relevante, la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, pero ya ha habido otros acuerdos relacionados, como el de las prestaciones del paro o el del seguro escolar. Dio mucho que hablar, igualmente, la negociación para la creación de un órgano bilateral con el que las instituciones vascas puedan tener voz en la gestión de los aeropuertos, aunque Loiu, Hondarribia y Foronda siguen siendo de titularidad estatal.

Más información: Entrevista con María Ubarretxena

Mikel Jauregi

Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (PNV)

Jauregi tiene pendiente, y es una herencia de otras legislaturas, el denominado PTS de renovables, el documento que ordenará de manera definitiva el despliegue de parques solares y eólicos. Ahora, se multiplican las propuestas y se van analizando una a una, no sin contestación social. Euskadi está ultimando el primer proyecto con molinos de viento en veinte años. Es una comunidad muy dependiente en lo energético y con un 'mix' con mucho menos peso verde que el entorno. El consejero ha acuñado el concepto 'cuadrilla' para definir a la suma de esfuerzos públicos y privados para participar en proyectos empresariales. El gran hito fue la recuperación de la sede social de Talgo de la mano de José Antonio Jainaga, de Sidenor. Fue elegido empresario del año sin importar su investigación en la Audiencia Nacional por las ventas a Israel. En Nochevieja, al filo de las campanadas, la 'cuadrilla' recuperó la antigua Ibermática. Más dolores de cabeza está ofreciendo Tubos Reunidos, ahora en concurso de acreedores. El PNV insiste en que la SEPI estatal, su principal acreedor, propicie una quita de la deuda, 112,8 millones de principal y 40 en intereses, pero ese rescate otorgado en 2021 está siendo investigado por sospechas de corrupción. Hasta la empresa ha admitido que pagó unas cantidades al expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.

Bingen Zupiria

Seguridad (PNV)

El final de su segundo año ha estado marcado por las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu tras la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Zupiria hasta empleó el inglés para insistir en que es algo que no tenía que haber ocurrido. Eso sí, a la vez insiste en que hay un humus en la sociedad vasca que no acata la autoridad de la Policía. Este debate sobre el “modelo policial” se repite periódicamente. Sigue pendiente, eso sí, que la Ertzaintza alcance la plantilla prometida de 8.000 efectivos, comprometida desde 2004. En los últimos meses, la situación sindical en la Policía vasca ha dado un vuelco con la victoria de Euspel en las elecciones internas y el desplome de Erne. Y la academia de Arkaute ha vivido su particular crisis con la salida de Miren Dobaran y la necesidad de rescatar a Jon Goikolea.

Begoña Pedrosa

Educación (PNV)

Las propuestas de fusiones de centros públicos y cierres han acarreado los momentos más controvertidos en los últimos meses para Pedrosa. Familias y sindicatos han lanzado críticas. Los motivos esgrimidos son la caída de la natalidad y la necesidad de optimizar recursos, pero también seguir reduciendo la brecha de segregación entre colegios. La consejera logró la paz social con los sindicatos de la red pública en 2025, logrando un acuerdo valorado en 100 millones que ponía fin a lustros sin convenio. Pero ahora están empezando a avisar de retrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En Euskadi, casi el 50% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada. Finalmente, este año se ha conocido la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia sobre los problemas en el servicio de transporte escolar en la pasada legislatura. Han multado con 900.000 euros a 31 empresas por “boicotear” al Gobierno vasco para ganar más con los autobuses.

Más información: Entrevista con Begoña Pedrosa

Denis Itxaso

Vivienda (PSE-EE)

El reciente Sociómetro es contundente: la vivienda es el primer problema de la sociedad vasca y, además, apenas un 8% confía en las políticas del Gobierno vasco. Itxaso es un consejero omnipresente. Insiste en que está en actitud de “combate” y que la emergencia habitacional “tiene solución” si se toman medidas. En diciembre llegó la reforma legislativa con cambios en varias normas para agilizar la construcción de vivienda y ahora ya hay una nueva reforma anunciada. En medio, aprobó un decreto “urgente” con medidas que han tenido tirón -como las mejoras de las prestaciones para jóvenes Gaztelagun- pero que tardó más de un año en ser una realidad. “Lo lamento muchísimo. Hemos puesto alma. Hemos trabajado a destajo. Muchos informes. Al final tenemos una burocracia que nos hace polvo”, alegó. La cartera de Vivienda es del PSE-EE, aunque el PNV busca lanzar sus propios planes, como la línea de avales a la compra de casas de hasta 400.000 euros o las ayudas Emantzipa, paralelas a Gaztelagun. A la vez, son recurrentes las tensiones con EH Bildu, principal fuerza de la oposición y que lidera decenas de municipios.

Alberto Martínez

Salud (PNV)

Si el estado de salud de Osakidetza era el gran problema heredado de la pasada legislatura, ya no lo es. Pero el segundo año de Alberto Martínez ha sido mucho más tortuoso que el primero. Hace un año, por ejemplo, logró la fotografía del denominado Pacto Vasco de Salud, pero sin la mayoría sindical y, sobre todo, con un gran cambio de caras en su equipo a las pocas semanas. Se fue el viceconsejero, Enrique Peiró, y la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna. Apenas duraron un año en el cargo. En enero, además, tuvo que hacer frente a la crisis de las vacunas caducadas, que parece tener una pequeña réplica cuyo alcance se desconoce ahora en junio. Sin embargo, lo que más tiempo ocupa a Martínez es la huelga intermitente de médicos que está obligando a posponer consultas y que ha echado por tierra la mejora de la lista de espera quirúrgica tras los años de la pandemia de COVID-19. El consejero ha liderado a sus colegas de otras comunidades en una cruzada contra la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, a la que acusa de no sentarse a negociar un estatuto marco propio para los facultativos.

Nerea Melgosa

Bienestar, Juventud y Reto Demográfico (PNV)

El año de Melgosa ha estado marcado por la reforma legislativa exprés y por la anunciada aprobación de un decreto -que técnicamente aún no ha llegado- para endurecer el control de los campamentos de verano a raíz de la veintena de denuncias de violencia sexual conocidas el pasado año en torno a la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo. Asimismo, se han aprobado las mejoras en las ayudas por crianza, 200 euros mensuales que ahora se cobrarán durante cuatro años y no durante tres. Se mantiene la posibilidad de que las perciban quienes han inscrito a un bebé nacido por gestación subrogada, una práctica no legal en España. Melgosa es también la consejera competente en materia de migración y ha mantenido firme su 'no' al centro de refugiados de Vitoria que proyecta al Estado. Al PNV le da igual que las plazas vayan a ser 120 y no las 350 inicialmente planteadas.

Susana García Chueca

Movilidad Sostenible (PSE-EE)

Sin noticias sobre si la 'Y vasca' se conectará con Pamplona por Vitoria o por Ezkio/Itsaso y sin fecha para el estreno de los trenes de alta velocidad cuando se cumplen veinte años del inicio de las obras, García Chueca podrá inaugurar en breve el nuevo Topo de Donostia -aunque empiezan a florecer los titulares sobre los millonarios sobrecostes-, la 'metrización' del servicio. También se ha desbloqueado la línea 4 del metro de Bilbao, la de Rekalde, iniciado una nueva ampliación del tranvía de Vitoria, la de Zabalgana, y anunciado que las líneas de Cercanías de Renfe, ya gestionadas por el Gobierno autonómico, pasarán a llamarse en algún momento Lottu. En cartera hay más proyectos en estudio, como la llegada del Topo no ya a Hendaya sino a Baiona o una ampliación más del tranvía de Vitoria hasta el Fernando Buesa Arena. Se ha posicionado en contra de que el puerto de Pasaia pierda la etiqueta de infraestructura de “interés general”, como plantea el PNV, para que sea transferido y gestionado por las instituciones vascas.

Entrevista con Susana García Chueca

Juan Ignacio Pérez Iglesias

Ciencia, Universidades e Innovación (PNV)

Hay un nuevo rector en la EHU, la Universidad pública vasca, Joxerramon Bengoetxea, y un exrector al frente de la cartera de Universidades del Gobierno vasco. Y los últimos meses han sido de enfrentamiento. El más fuerte, en otoño de 2025, tuvo como eje de la discusión en torno a la financiación. “¿Se trata quizás de enmascarar la ausencia de un proyecto académico? ¿O de ocultar la incapacidad para ejercer la responsabilidad y tomar decisiones presupuestarias difíciles? [...] Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político”, llegó a escribir el consejero sobre Bengoetxea. Pero ha habido más. El cierre en febrero del campus de Vitoria por un acto de Vox y recientemente las correcciones de la Selectividad han motivado encontronazos que no se habían visto cuando en el rectorado de Leioa había personas más afines al Gobierno. Los avances de Donostia como capital de la computación cuántica han sido noticia este año. Pérez Iglesias es el único consejero independiente, aunque participa en los actos del PNV, el partido que le propuso para el cargo.

Javier Hurtado

Turismo, Comercio y Consumo (PSE-EE)

El consejero que más años lleva de continuo en el mismo cargo ha ganado peso político ya que, desde 2025, es también el líder de su partido en Álava. Aunque la medida es foral, sí puede sumar a su haber que esté ya aprobada la denominada 'tasa turística', en realidad un impuesto más que grava las estancias y que es variable en función del tipo de alojamiento. No está en vigor, porque tienen que desarrollarla los municipios, pero lo estará en 2027. Tramita una reforma legislativa sobre el sector, aunque su principal medida, la de prohibir más apartamentos turísticos en zonas tensionadas, ya está en vigor por otra vía, la normativa de Vivienda. Hurtado ha manifestado con insistencia su deseo de “desestacionalizar” y “descentralizar” el flujo de visitantes, esto es, que no se concentren ni en el mismo punto ni en la misma época del año. Donostia, con nuevo alcalde, es siempre el centro de las miradas en este debate.

Amaia Barredo

Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca (PNV)

La consejera Barredo ha puesto mucho empeño en llevar cajeros a zonas con poca población y ha inaugurado el nuevo edificio del Basque Culinary Center de Donostia, el conocido como GOe, y puesto las primeras piedras de las dos sedes de EDA, en Vitoria y en la Rioja Alavesa. Pero también se ha visto obligada a retocar la normativa de pesca de la angula o la de asignación de amarres en los puertos deportivos, donde hay que buscar 774 'aparcamientos' para cubrir la lista de espera y, a la vez, sentencias desfavorables por la gestión de la sociedad portuaria EKP. En 2026, se han convertido en firmes también las sentencias sobre el proyecto Valogreene Paper de Bergara anulando la autorización firmada por Barredo cuando era viceconsejera. Han sido cuatro las resoluciones del Tribunal Supremo, aunque la vía penal quedó cerrada. Y hay más sentencias: en Semana Santa se conoció la condena al dueño de la empresa La Gilda del Norte por delitos contra trabajadores extranjeros, a los que tenía sin dar de alta y obligaba a esconderse en caso de inspecciones. A los pocos días, fue una de las marcas invitadas al pabellón de Euskadi de la feria Salón Gourmets de Madrid.

María Jesús San José

Justicia y Derechos Humanos (PSE-EE)

Si de presentación de proyectos se trata, San José ya puede dar por cumplida la apertura de la nueva cárcel de Donostia, la de Zubieta. Eso sí, ha acumulado años de retraso imputables al Gobierno central, el responsable de las obras. Pero no es ése el principal foco de titulares en lo tocante a la gestión penitenciaria. Las flexibilizaciones de grado y semilibertades concedidas a presos de ETA le han granjeado las críticas de la oposición de derechas y de asociaciones de víctimas, sobre todo en los casos de exdirigentes como Soledad Iparragirre 'Anboto' o Garikoitz Azpiazu 'Txeroki'. Siempre ha defendido que se está cumpliendo con la legalidad y que se siguen criterios técnicos. En algunos casos, la Justicia ha enmendado las decisiones adoptadas. Menos eco ha tenido que se haya concedido la semilibertad a los cuatro excargos del PNV encarcelados por corrupción en el marco del 'caso De Miguel' sin que hayan llegado siquiera a la mitad de la condena efectiva. Eso sí, fue contra el criterio de Prisiones y por orden judicial. En materia de Derechos Humanos, fue muy simbólica la petición de “perdón” por los GAL viniendo de un equipo socialista y se han hecho actos para exponer el sufrimiento causado por ETA entre jóvenes o para conmemorar aniversarios, como el quincuagésimo de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

El sindicato educativo Steilas ha cargado contra la gestión del Departamento de Educación durante el curso 2025/2026, que finalizará en breve, y ha ironizado la consejera Begoña Pedrosa “no ha superado el curso”. Estas conclusiones parten de una evaluación realizada por el profesorado afiliado al sindicato, el de mayor implantación en la red pública. La central sostiene que las “decisiones y políticas públicas” del Ejecutivo “no muestran voluntad de reforzar la escuela pública vasca”, que aglutina a alrededor del 50% del alumnado total. Denuncian, por ejemplo, los cierres y fusiones.

Entre las principales críticas, Steilas ha señalado el incumplimiento del acuerdo laboral firmado con la mayoría sindical en mayo del pasado año, tras varias huelgas y movilizaciones. En dicho acuerdo se incluían medidas como la reducción de horas lectivas, la incorporación de alrededor de 800 trabajadores más, mejoras salariales y nuevos recursos para reforzar el euskera, la orientación y el bienestar emocional en los centros educativos.

Según el sindicato, Educación no ha aplicado parte de esos compromisos y mantiene una “interpretación restrictiva” del acuerdo. Explica que no se ha realizado la reducción de ratios en toda Primaria, ni se han reflejado los compromisos de creación de empleo en las relaciones de puestos de trabajo, ni se ha garantizado la frecuencia pactada para los reconocimientos médicos del profesorado. “El Departamento de Educación no tiene voluntad de cumplir el acuerdo firmado hace un año”, han afirmado representantes de Steilas. También han criticado las “respuestas poco receptivas y decisiones unilaterales” ante las discrepancias planteadas por la parte social. El sindicato ha acusado al Gobierno vasco de haber “bloqueado la negociación”.

Adicionalmente, ha criticado las políticas relacionadas con la red pública. “Poniendo como excusa la bajada de la natalidad”, el Departamento está impulsando “fusiones y cierres de centros públicos”, mientras mantiene un modelo “dual” que, según sostiene el sindicato, favorece a la enseñanza privada concertada. Estas políticas son denunciadas por la central debido a que alimentan “la segregación y ponen en riesgo la igualdad de oportunidades”. Es un problema que “ha aumentado en las últimas décadas”. Ha denunciado además que la mesa de segregación “no ha dado ningún resultado claro” y que se están impulsando propuestas de “cambios estéticos” que evitan medidas estructurales.

Steilas muestra preocupación, igualmente por las políticas lingüísticas. Ha acusado a Educación de “suspender los cursos R de Irale”, que el sindicato considera “herramientas eficaces” para la ‘euskaldunización’ y el perfeccionamiento lingüístico del profesorado. La consejera Pedrosa ya ha rechazado que esto sea cierto. Asimismo, ha denunciado que en la Formación Profesional “se siguen vulnerando los derechos lingüísticos del alumnado”.

Como balance final del curso, Steilas ha asegurado que el próximo año se adjudicarán “entre 750 y 1.000 plazas menos” y ha realizado una evaluación simbólica del departamento “por competencias”, otorgándole un “gran suspenso” en participación y cooperación y un “insuficiente” en comunicación y gestión de la diversidad cultural. Pese a ello, el sindicato sí ha reconocido un “notable” en digitalización, aunque ha criticado que esta se haya orientado “demasiado a los intereses de las multinacionales”.