El Supremo hace firme por triplicado la anulación de la autorización de Amaia Barredo al proyecto Valogreene Paper

El Tribunal Supremo ha dictado en lo que va de mes de febrero tres resoluciones en las que inadmite a trámite otros tantos recursos del Gobierno vasco para tratar de salvar la autorización ambiental concedida en su día por la ahora consejera Amaia Barredo, del PNV, al proyecto Valogreene Paper de Bergara, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Se suman a una cuarta providencia, adelantada por este periódico en diciembre, y que va en la misma dirección.

¿Cuáles son las implicaciones jurídicas? Queda anulada de forma firme y definitiva la rúbrica estampada en su momento por Barredo, cuando era viceconsejera de Medio Ambiente con Arantxa Tapia, al controvertido proyecto de valorización de residuos en la localidad guipuzcoana. Además, el cuádruple intento fallido de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico implicará un coste adicional de unos 10.000 euros para las arcas públicas, ya que cada uno de los pronunciamientos del Supremo incorpora la condena en costas a la Administración vasca, de 2.000 euros más IVA por recurso.

En su día, la empresa Greene Waste to Energy planteó un proyecto en el polígono Larramendi de Bergara. La controversia surgió porque, inicialmente, recibió el visto bueno del Ayuntamiento, en manos de EH Bildu. Pero al entender que la naturaleza del plan había sido cambiada de forma sustancial, de un proyecto aparentemente industrial a otro de gestión de residuos, la institución municipal que dirige Gorka Artola emitió un dictamen negativo 'a posteriori'. Pese a ello, Medio Ambiente del Gobierno vasco, en manos del PNV, concedió igualmente la autorización ambiental con la firma de Barredo.

Así las cosas, se lanzaron cuatro recursos contencioso-administrativos ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Los recurrentes fueron Ekologistak Martxan, el Ayuntamiento de Bergara, una funcionaria municipal a título individual y un particular. Todos ellos ganaron en primera instancia, pero el Ejecutivo decidió mantener la batalla judicial. Y fue al Supremo. Pero no ha tenido éxito.

Ha perdido los cuatro intentos. Los últimos días se han ido notificando tres de las resoluciones, dos meses después de la primera. Y todas, machaconamente, inadmiten la pretensión del Gobierno vasco de que se revisara la sentencia del Superior. Ni siquiera entran al fondo. Aprecian una “inobservancia” de los requisitos para elevar el asunto al alto tribunal, es decir, no hay “interés casacional” y simplemente se buscaba en otra instancia enmendar la plana a un tribunal que ya ha valorado todos los hechos.

Las providencias son de la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo, compuesta por los magistrados Pablo Lucas como presidente -hermano de Enrique Lucas, en su momento vocal del CGPJ a propuesta del PNV y ahora presidente de la Comisión de Control de la Policía vasca-, Ángeles Huet como ponente, José Luis Requero, Sandra María González de Lara y Pilar Cancer.

En paralelo, la Fiscalía vio indicios de que esta autorización de Valogreene Paper pudo constituir un delito de prevaricación. Sin embargo, el caso quedó totalmente archivado después de una suerte de partido de tenis de mesa entre el juzgado de Vitoria que inició las actuaciones y la sala para asuntos civiles y penales del Superior, a la que en 2024 le cayó el asunto al convertirse Barredo en miembro del Gobierno y, por lo tanto, en aforada. No consta que en esta instancia se practicara ninguna diligencia.

Sí sigue vivo formalmente otro proceso. En este caso parte de un recurso de la empresa promotora, también por la vía de lo contencioso-administrativo, contra el Ayuntamiento de Bergara. Un juzgado de Donostia le dio la razón y anuló el cambio de parecer municipal. El PNV lo presentó como un triunfo. En su día, la ahora presidenta del partido en Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga, llegó a plasmar por escrito que la prevaricación la habría cometido Artola, el alcalde, al echarse para atrás. Sin embargo, será el Superior el que revise en segunda instancia esa resolución del Tribunal de Instancia donostiarra y, salvo giro copernicano en su jurisprudencia, sustentada en cuatro fallos anteriores, mantendrá el veto a Valogreene Paper, indican fuentes conocedoras del caso.