María Ubarretxena, consejera vasca: “Con la ley de Transparencia, todas las personas que deseen denunciar podrán hacerlo”
María Ubarretxena (Urretxu, 1980) recibe a este periódico a los pocos minutos de que el Parlamento Vasco haya promulgado, por fin, la ley de Transparencia. Euskadi era la única comunidad autónoma sin una normativa de esas características y el liderado por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno en el equipo de Imanol Pradales ha sido el cuarto intento en otras tantas legislaturas. Satisfecha, Ubarretxena sostiene que la ley será “un paso más” y sostiene que Euskadi era ya “pionera” en esta materia a pesar del retraso. La norma crea Gardena, un nuevo organismo con la principal misión de canalizar las denuncias sobre posibles casos de corrupción o irregularidades y la de proteger a los informantes de represalias, algo muy habitual en el pasado. Finalmente, la presidencia de esa agencia será elegida al modo del Ararteko (la Defensoría del Pueblo), con una mayoría parlamentaria de tres quintos y no por designación política. En la Cámara, solamente los partidos del Ejecutivo, PNV y PSE-EE han votado a favor de la ley y la oposición ha lanzado críticas, aunque la consejera insiste en que han ajustado la redacción aceptando propuestas de otros grupos. La también portavoz del Ejecutivo analiza también el estado de las negociaciones del Estatuto, que tienen como gran hito pendiente la transferencia de la gestión de la Seguridad Social. No aporta sobre esto grandes novedades. “Discreción”, repite.
Por fin está aprobada la ley de Transparencia.
Sí. Euskadi ha sido pionera en transparencia. Aunque no haya tenido ley propia, ha sido pionera. Ha estado siempre en las mejores posiciones en los rankings internacionales, por delante incluso de otras comunidades autónomas que sí tenían una ley. Pero con esta ley damos un paso más. Nos va a ayudar a profundizar en la calidad democrática. Lo vemos como muy positivo.
Siendo líderes, siendo “pioneros”, como apunta, ¿cómo es posible que haya habido tres intentos fallidos, que hayan transcurrido más de diez años sin aprobar la ley y siendo la última de las 17 comunidades autónomas?
No voy a entrar en lo que ha ocurrido hasta ahora. No he sido parte de ese proceso. Sí puedo hablar del proceso que hemos hecho desde este Gobierno. Han sido dos años de trabajo. Uno dentro del propio Gobierno y otro en el Parlamento, donde hemos realizado un seguimiento muy detallado con nuestros grupos parlamentarios y también con la letrada. Tenemos un texto que se ha mejorado en sede parlamentaria con 47 enmiendas que se han aprobado. Son de los distintos grupos parlamentarios. Y hay cuatro enmiendas transaccionadas. Por lo tanto, el texto resultante está enriquecido en comparación con el inicial. Más allá de ser un Gobierno con mayoría suficiente para poder haber aprobado el texto tal cual, se ha visto la disposición y la voluntad de acordar. El texto resultante, independientemente del voto que hayan tenido otros partidos políticos, es un texto compartido. Muchas veces en el voto entran en juego otros factores.
Más allá del voto, los discursos de la oposición han sido duros, de mucha crítica.
Si este mismo texto se hubiera presentado en el Congreso de los Diputados, estoy segura de que más de un grupo parlamentario que hoy ha votado en contra habría votado a favor.
¿Cuáles?
Bueno, más de un grupo parlamentario.
No le veo a Vox, por ejemplo, apoyando leyes del Gobierno de Pedro Sánchez.
Hemos aprobado 47 enmiendas. En el propio proceso de las ponencias se ha visto la buena disposición y el buen ambiente, disposición a llegar a acuerdos. Después, bueno, entra también la teatralización que se hace en el hemiciclo. Muchas veces responde a otras cuestiones. A nadie se le escapa que queda un año para las municipales y forales.
¿Está queriendo decir que EH Bildu es más flexible en el Congreso de lo que lo es aquí en el Parlamento Vasco?
He dicho otros grupos, no sólo un grupo.
¿Y Sumar? Con ellos, se acordó la modificación de la forma de elección de Gardena para que no fuera una designación política. ¿Fue un error plantearlo en esos términos?
El texto era correcto, pero teníamos, por supuesto, las puertas abiertas a poder mejorarlo en el trámite parlamentario. No ha sido solamente la presidencia de Gardena con Sumar, que se hará por mayoría reforzada de tres quintos en el Parlamento Vasco, lo mismo que se hace ahora con el Ararteko. Incluso el propio grupo del PNV, también en sede parlamentaria, introdujo unas mejoras en cuanto a la gobernanza colaborativa y deliberativa, que era un apartado que el texto en origen no tenía. Por tanto, siempre hemos estado abiertos a que el texto se pudiera enriquecer.
¿Y tienen ya pensado el perfil de la persona que podría ocupar la primera presidencia de Gardena?
No. Lo que hay que hacer ahora es desarrollar por decreto los estatutos de Gardena. Tenemos seis meses para realizar ese trabajo. Nos tenemos que poner inmediatamente al desarrollo de los decretos en el marco de esta ley, que son varios. Además de Gardena, está el registro de la participación ciudadana o el registro de los ‘lobbies’.
La ley se va a aplicar a instituciones autonómicas y municipales, a organismos como la EHU o el Ararteko, a los partidos políticos e incluso a empresas privadas como los colegios concertados, por ejemplo. ¿Qué pasa con las diputaciones?
Las Juntas Generales sí que están también. Las diputaciones forales tienen su propia competencia foral, pero las Juntas Generales sí entrarían.
¿Por qué se quedan fuera las diputaciones?.
Lo que tendrán que hacer son sus desarrollos propios, tener una normativa propia. Como digo, esta ley recoge obligaciones de oficio para las instituciones, los partidos políticos, los sindicatos e incluso para empresas que prestan servicios, las que reciben subvenciones. Van a estar sujetas a esa publicidad activa que tienen que hacer. Va a haber una serie de información que se va a tener que dar. Hasta ahora el ámbito de aplicación de este tipo de leyes de Transparencia solamente miraba a la Administración pública. Esta ley va un poco más allá.
¿Y no es un poco raro que el Parlamento pueda legislar sobre lo que tiene o no tiene que hacer una empresa privada y no pueda entrar a regular a las diputaciones?
Son empresas que reciben fondos públicos… Si son recursos públicos, la ciudadanía también tiene derecho a saber cómo se usan.
La ley prevé sanciones de hasta 400.000 euros. ¿En qué casos se aplicarían?
Las sanciones son leves, graves y muy graves. Y se detallan en la ley. Las infracciones graves y muy graves podrán conllevar como sanción accesoria el reintegro total o parcial de la subvención concedida en el caso de que haya sido una empresa.
En el debate, la oposición ha denunciado que no es Gardena quien sanciona, sino la parte política del Gobierno.
Gardena realiza resoluciones y tiene potestad sancionadora en una parte. Pero la última sanción la tendrá que poner la persona responsable del departamento competente. No soy yo. Por ejemplo, si es el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca el que concede una subvención y hay una irregularidad en ese departamento y una resolución de Gardena, esa potestad sancionadora le tocaría a la ‘sailburu’ [Amaia] Barredo.
La ley crea un canal externo de denuncias. ¿Se va a garantizar que alguien pueda denunciar corrupción e irregularidades sin represalias?
Por supuesto. Éste es un canal que ya está en funcionamiento en otras comunidades autónomas, incluso en el Estado. Euskadi ahora va a tener el suyo propio. En nuestro caso, va a ser Gardena el que va a hacer la protección a las personas informantes. Pero también va a garantizar el acceso a la información. Gardena va a tener una mirada mucho más completa en comparación con lo que hay en otras comunidades autónomas. Ahí también podemos decir que Gardena va a ser un órgano pionero en el Estado. Incorpora esa parte de esa ley estatal básica sobre los informantes, pero además va a hacer muchísimas más funciones.
¿Y cómo se garantiza que no haya represalias?
Es un procedimiento reglado que viene en la ley estatal de 2023.
Ya ha habido casos de denuncias, algunos muy sonados. Por ejemplo, Ainhoa Alberdi, una empresaria que denunció el ‘caso de Miguel’, que acabó con cuatro dirigentes de su partido en la cárcel por corrupción. Dado que ahora se ha aprobado un canal para hacer denuncias seguras y evitar represalias, ¿ha llegado ya la hora de que alguien del PNV le reconozca a esta persona el servicio público que hizo?
Yo no me voy a meter en asuntos que no me competen y, además, en los que yo no estaba. Se ha aprobado una ley, se aprobará el decreto con los estatutos de Gardena, se pondrá en funcionamiento el órgano y estoy segura de que funcionará de manera correcta.
Seguro que hay muchos denunciantes de corrupción que hasta ahora no han tenido esta oportunidad que agradecerían un gesto por parte de dirigentes políticos.
Cuando Gardena esté en marcha, tendrá sus funciones y todas las personas que deseen denunciar tendrán la oportunidad de hacerlo y su anonimato y su protección estarán garantizados.
Ha mencionado antes a una consejera, a Amaia Barredo. En una entrevista en ‘El Correo’, esa consejera decía que aunque ha recibido varias sentencias no se ha hecho justicia. En ese caso también había unos denunciantes. ¿Cómo interpreta estas palabras? ¿Cómo interpreta que unos denunciantes que tenían razón tengan que leer a la consejera diciendo que no se ha hecho justicia?
No me voy a meter. Estamos hablando sobre la ley de Transparencia. He puesto el ejemplo de la ‘sailburu’ Barredo como podía haber puesto el ejemplo del ‘sailburu’ [Mikel] Jáuregui.
En la ley se va a crear el registro de los grupos de interés. ¿Qué es un ‘lobby’? ¿Se puede concretar?
La ley concreta cuáles son los grupos de interés y cuáles no.
¿Una petrolera? ¿Una consultora?
Depende. Está bastante tasado en la ley. No es que alguien pueda interpretar qué es un 'lobby' o qué no es. Se dice claramente. Leo: “Se consideran grupos de interés a los efectos de esta ley las personas y organizaciones que, con independencia de su forma o estatuto jurídico, realizan en interés de otras personas u organizaciones, actividades susceptibles de influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración de las políticas públicas o disposiciones normativas, en la aplicación de éstas o en las tomas de decisiones de las administraciones y entidades del sector público”. Lo que hay que hacer ahora es, como digo, un desarrollo vía decreto del registro de los grupos de interés y también de la participación ciudadana. Y habrá que atender al articulado de la ley para establecer los requisitos.
¿El Gobierno espera que con esta ley haya más participación ciudadana, que haya personas que propongan iniciativas reglamentarias?
Lo que se espera es regular la participación ciudadana existente. Y también establecer que de alguna manera se automaticen unos procesos que hagan mucho más fácil algo que es inherente a nuestra cultura democrática.
¿Qué tal va la relación con el PSE-EE, el socio de Gobierno?
Bien. Se ha demostrado con la aprobación de esta ley. Agradezco la participación y el comportamiento de todos los parlamentarios y parlamentarias socialistas que han participado en la tramitación de la ley. Es un reflejo de la buena relación que hay.
En el tema del euskera, con la reforma de la ley de empleo público, siguen estando en desacuerdo…
No es un proceso en el que yo esté participando. Son los grupos del Parlamento Vasco los que tienen que acordar. Me imagino que estarán hablando. Esas conversaciones serán discretas y no sé cómo están.
El lehendakari, Imanol Pradales, apeló a que todos los consejeros cumplan un decálogo de ejemplaridad que se presentó en 2024. Pero nunca ha sido aprobado en el Parlamento. Se envió y nunca se ha votado.
El lehendakari nos emplazó a que utilicemos ese decálogo, esa ejemplaridad en el ejercicio de la actividad pública. Creemos que es fundamental y más en los tiempos que corren. Está muy de actualidad en estos tiempos de desinformación y de formas que desde luego no son las que el lehendakari defiende para el ejercicio de la política.
Ustedes tienen mayoría absoluta. ¿Por qué no se ha aprobado en el Parlamento?
Eso debería preguntárselo usted a los grupos que conforman este Parlamento.
¿Cómo van las negociaciones de la Seguridad Social?
Como vengo diciendo, van con discreción y haciendo trabajo de cocina. Cuando tengamos algo que contar, ya lo contaremos. De momento, hemos preferido realizar las negociaciones de forma discreta y dentro de la confianza necesaria para que lleguen a buen puerto.
¿Hay agua en la piscina para que, en julio, cuando está prevista la siguiente reunión bilateral entre el presidente Pedro Sánchez y el lehendakari, puedan anunciar el acuerdo?
Discreción. Veremos.
"Hemos preferido realizar las negociaciones sobre la Seguridad Social de forma discreta y dentro de la confianza necesaria para que lleguen a buen puerto"
¿Sigue viendo más “remolona” a la parte de Sumar que a la del PSOE en este proceso?
Están remolones, sí. Creo que tiene que ver también mucho con que ya van a llegar pronto las elecciones y con que la señora vicepresidenta [Yolanda Díaz] ha dicho que no va a ser cabeza de la coalición. Me imagino que esos factores influyen también de alguna manera en las decisiones que quiera tomar desde su posición en el Gobierno.
¿Qué le pasa a ustedes con Sumar? Hay problemas con la ministra de Sanidad, con el tema del ‘Guernica’ con el ministro de Cultura y ahora también con el tema laboral.
Nosotros hacemos peticiones que son razonables. Estamos intentando solucionar problemas que tiene la ciudadanía vasca. Para eso pedimos colaboración. Habrá que preguntarle a la otra parte por qué no acepta esa colaboración o por qué no quiere llegar a esos acuerdos.
El acuerdo de aeropuertos ya se firmó. ¿Podría explicarle a un usuario normal de un aeropuerto en qué consiste esa nueva capacidad de gestión que tiene el Gobierno vasco?
El órgano aeroportuario ya ha echado a andar. Eso es la buena noticia. Yo no soy parte de ese órgano aeroportuario. Hay otras personas que ya están hablando, que están negociando. Ese órgano está funcionando. La primera tarea que tiene ese órgano termina a finales de este mes con la presentación de las inversiones o las posibles modificaciones para los aeropuertos vascos. Vamos a esperar a ese documento. En ese documento se plasmará cuál es la visión que tiene el Ejecutivo vasco también para nuestros tres aeropuertos. Los usuarios podrán ver claramente cuál es el la dirección que se le quiere dar a esto.
¿Una dirección a mejor?
Por supuesto.
El Estado ya les ha dicho que no a la transferencia del puerto de Pasaia. ¿En qué punto está esta cuestión?
También estamos hablando con el Gobierno del Estado, que es con quien tenemos que negociar. Discreción. Veremos si podemos llegar a un acuerdo.
Las quinielas preelectorales están ya abiertas. ¿Teme perder al viceconsejero Xabier Ochandiano por alguna candidatura importante?
Yo estoy muy centrada en las actividades de Gobierno y todo mi equipo está muy centrado en las actividades de Gobierno.
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