El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, “se ha metido en un lío”, según un observador de los últimos movimientos en Osakidetza. El equipo de Martínez, anestesista que hasta estrenarse en política en 2024 trabajaba en el hospital de Cruces, ha acordado en encuentros “bilaterales” con el SME (Sindicato Médico de Euskadi) una mejora de las condiciones laborales exclusivamente de los facultativos, unos 8.500 de una plantilla de 34.000. Esto está consensuado también con un nuevo movimiento llamado MUD que carece de representación legal.

El resto de los sindicatos, una amplísima mayoría en el foro legal de negociación, la mesa sectorial, ha avisado de que el plan es “clasista” y que este intento de arreglar el objetivo problema de las demandas de los facultativos, con huelgas intermitentes desde comienzos de 2026 y las listas de espera disparándose, ha podido generar un gran incendio en el resto de la plantilla, númericamente muchos más que los facultativos. Se prepara ya un “otoño caliente” y una potencial huelga general tendría un seguimiento mucho mayor y unas consecuencias imprevisibles en la asistencia sanitaria. Es más, ni siquiera el acuerdo garantiza que el SME se descuelgue de las convocatorias de huelga, que son de ámbito español.

1 - Cuál es el contexto

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acordado con la mayoría sindical en el Sistema Nacional de Salud (Satse, CCOO, UGT y CSIF) un estatuto marco para regular las condiciones laborales de todas las categorías profesionales. Sin embargo, las organizaciones corporativas se han opuesto con firmeza, demandando un estatuto propio para los médicos. En el Colegio de Médicos de Vitoria, por ejemplo, lleva meses colgado un cartel con esa reivindicación.

Así, se han ido celebrando huelgas de una semana de duración todos los meses hasta junio. Igualmente, parte del personal médico ha dejado de hacer las denominadas 'peonadas', que son turnos adicionales o 'autoconcertaciones' para reducir las listas de espera fuera del horario ordinario. A finales de mayo, la demora quirúrgica en Osakidetza se estaba acercando ya al pico de 85 días alcanzado en agosto de 2022, tras la finalización de las oleadas de la COVID-19, muy por encima de los 54,2 de hace medio año. Se han incrementado las derivaciones a la privada de modo notable.

Desde el principio, el consejero Martínez ha secundado esta demanda y criticado que la ministra García, de Sumar, no se avenga a negociar. No es el único frente abierto con ella, ya que también mantienen un conflicto con las liquidaciones de los fondos de compensación entre comunidades autónomas. Es más, Martínez se ha erigido en portavoz de las 17 comunidades autónomas en sus críticas a García, también anestesista. Le ha llegado a pedir que delegue las competencias del estatuto marco para resolver el entuerto desde Euskadi.

Como detalle, cuando Osakidetza informa del seguimiento de las huelgas médicas, las notas siempre vienen encabezadas con la frase de que son convocatorias “contra el Ministerio de Sanidad”. La última de ellas tuvo lugar el 19 de junio con la siguiente participación: 16,92% de seguimiento en el turno matinal y 7,85% en el vespertino. El SME asume que los datos están cayendo conforme pasan los meses.

2 - Quién ha firmado el acuerdo

En Euskadi, el último convenio en Osakidetza se firmó en 2008. Era consejero Gabriel Inclán y lehendakari Juan José Ibarretxe, ambos del PNV. Desde entonces, han pasado muchas cosas. En Salud, por ejemplo, estuvo el socialista Rafael Bengoa y los nacionalistas Jon Darpón, Nekane Murga y Gotzone Sagardui.

Ahora, sin haber actualizado el acuerdo regulador, se ha firmado una mejora solamente para una parte de la plantilla y se ha añadido que es un paso “histórico”. El enfado en el resto de la organización es mayúsculo, a la luz de las declaraciones de diferentes representantes sindicales de Satse, de los cuatro sindicatos de clase (ELA, LAB, CCOO y UGT) e incluso de otras organizaciones minoritarias.

Las últimas elecciones en Osakidetza fueron en 2024. Satse fue la ganadora con 89 delegados de 361 posibles. ELA quedó como segunda fuerza con 81, LAB fue la tercera con 44 y en cuarto lugaron empataron, con 34 representantes, UGT y el SME. El acuerdo, por lo tanto, tiene un respaldo de menos del 10% de la representación de la plantilla. En votos, la central médica logró un porcentaje algo mayor, del entorno del 15%. Según datos del propio SME, incluso el 80% del personal médico en Osakidetza no es del sindicato.

Quien no tiene ninguna representación es el MUD, aunque una portavoz de ese colectivo ha ofrecido declaciones en TVE destacando que hay medidas que son de “justicia” y de “dignidad”, no “privilegios”. Algunas voces asimilan esta situación a la del movimiento 'Ertzainas en lucha' de 2023. Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue muy diferente. Se insistió en que había una representación legal y mayoritaria que había que respetar y unos foros tasados para el debate. Finalmente, se acordó un convenio precisamente con todos los sindicatos salvo el más próximo a aquel movimiento.

En el caso del SME, Mabel Arciniega ha llegado a decir que “en la mesa sectorial no se aprueban las cosas por mayoría”, que basta con que las refrende el Consejo de Gobierno, y ha argumentado que los facultativos tienen una “problemática específica”. “Sí, somos una parte pequeña, pero somos el eje del sistema”, añadió. Satse no ha dudado en tildar de “ilegal” el pacto. LAB introdujo también otro elemento para la reflexión: ¿están pidiendo algunos médicos más descansos en la Sanidad pública cuando a la vez trabajan en la privada?

3 - Qué se ha acordado

El mejor reflejo del acuerdo es la documentación facilitada por el SME. La central pone el énfasis en el final de las guardias de 24 horas. Igualmente, hay mejoras en las libranzas y en los pagos de esas horas de guardia. “Así, el precio hora guardia supera a la hora ordinaria y, además, con la actualización de las tablas retributivas anuales, conlleva un incremento progresivo hasta llegar a un 38% en el precio de la guardia en 2028 de tal forma que hacer dos guardias equivaldrá a hacer tres guardias en la actualidad”, sostiene el sindicato. Igualmente, “se va a ir disminuyendo paulatinamente la edad de exención, hasta llegar en 2030, hasta los 50 años”. “Es decir, que un profesional de 46 años en la actualidad, podrá dejar de hacer guardias y optar por los módulos compensatorios dentro de cuatro años”, se indica.

“Somos conscientes de que, a día de hoy, eliminar las guardias de un plumazo”es imposible de cara a garantizar una atención 24/7/365 a la ciudadanía. Requiere de un análisis profundo del sistema y redimensionamiento de la plantilla así como de un cronograma de implementación de medidas hasta alcanzar el objetivo. Mientras esto se lleva a cabo, se ha propuesto que, de forma voluntaria y de mutuo acuerdo con el equipo y la jefatura, la persona pueda optar, entre semana, por no trabajar la mañana del día de guardia (recuperando esa jornada ordinaria otro día por la tarde) o, partir la guardia de fin de semana en dos 'medias guardias' de 12 horas, explica el SME.

Asimismo, los médicos tendrán un “incremento salarial de 300 euros mensuales, de forma paulatina” y “a partir del 1 de julio de 2027”. Hay otros ajustes sobre los horarios o la autoconcertación. El acuerdo, según el SME, incluye que el Gobierno defienda públicamente la singularidad del colectivo médico. “Si bien la propuesta no recoge el 100% de nuestras demandas, desde el Sindicato Médico la valoramos positivamente, ya que incluye medidas de aplicación inmediata que van a suponer una mejora en las condiciones laborales del colectivo en cuanto a descansos, reconocimiento de la penosidad de las guardias, conciliación y equiparación de los distintos niveles asistenciales se refiere”, añaden.

El Gobierno aún no ha precisado el coste económico de las mejoras. Simplemente ha dado el dato de que se pondrán sobre la mesa 13 millones ya en 2026. Lo hizo la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, que fue la encargada de escenificar, con fotografía incluida, la firma del pacto con el SME.

4 - Y ahora qué

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha echado un capote a su compañero Martínez y ha defendido los últimos movimientos. Es algo “bueno” para el colectivo médico, que tiene una “singularidad muy concreta”, y “la ciudadanía lo va a notar muy pronto”. Además, esto no “excluye” que se planteen a futuro mejoras para el resto de la plantilla. Obviando el plantón dispensado ya por las centrales, el Ejecutivo asegura que está “trabajando” con ellas para alcanzar nuevos acuerdos.

Con todo, Ubarretxena ha insistido en que “el origen de todo esto está en Madrid”. “Ante el inmovilismo y la cerrazón, nos ha tocado movernos. Hemos hecho nuestras 'etxeko-lanak', los deberes”, ha explicado. En el Parlamento Vasco, la coalición de la ministra solamente tiene un escaño, pero lo ha usado para criticar al consejero Martínez. “Ignora al conjunto de la plantilla, vulnera derechos sindicales y rompe con las mayorías representativas”, ha lamentado Jon Hernández, portavoz vasco de Sumar.

A tenor de las palabras de Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT, se trabaja ya en una movilización de cara al otoño. Deducen que solamente las huelgas han forzado a la dirección de Osakidetza a moverse y entienden que ellos han de aprovechar también esa herramienta. En paralelo, el SME no ha llegado a desmarcarse aún de las nuevas convocatorias médicas previstas en septiembre, que son ya indefinidas. Asegura que no depende de ellos. En todo caso, sí han recomendado a sus afiliados retomar las 'peonadas' para no seguir comprometiendo las listas de espera.

Para el SME, es “lamentable” que “organizaciones que se hacen llamar sindicatos monten un pollo” porque un colectivo logre mejoras laborales. “También somos trabajadores”, ha subrayado en Radio Euskadi. Además, ha considerado “injusto” que facultativos “tengan que hacer unas 1.000 horas más” que un trabajador “normal” de Osakidetza.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, del PNV y anestesista de profesión, ha causado un incendio de grandes dimensiones -y de imprevisibles consecuencias- entre la plantilla de Osakidetza. Persuadido de que el colectivo médico, que es el suyo, tiene que ver reconocida su “singularidad” en una mejora de las condiciones laborales, ha firmado un acuerdo exclusivamente con el SME (Sindicato Médico de Euskadi, cuarta fuerza sindical y sin mayoría) y exclusivamente centrada en mejoras para ese colectivo que tendrán un primer impacto presupuestario de 13 millones en 2026.

El movimiento busca desactivar una huelga periódica que viene arrastrándose desde el inicio del año y también la negativa a hacer 'peonadas' o turnos adicionales para aliviar las listas de espera, pero la realidad es que la mayoría sindical (Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT) se ha plantado en la reunión en que se ha presentado el acuerdo y amenaza ya con una huelga de mucho mayor volumen en el conjunto del Servicio Vasco de Salud.

El contexto del incendio viene de la polémica por el estatuto marco acordado por el Ministerio de Sanidad con la mayoría sindical en España para regular las condiciones de todo el personal sanitario. Los sindicatos corporativos y un nuevo movimiento llamado MUD, que en Euskadi carece de representación legal, plantearon una huelga que tiene como premisa principal que demandan una regulación propia para los facultativos. Las huelgas se inicieron en enero, después se sumó la negativa a las 'peonadas' y el resultado son unas listas de espera disparadas en quirófanos, consultas y pruebas, echando al tras el terreno recuperado tras la pandemia de la COVID-19.

Políticamente, el consejero Martínez se ha erigido en vanguardia contra la ministra Mónica García, que es de Sumar. Ha llegado a actuar como portavoz de las 17 comunidades autónomas y también a plantear que el Estado transfiera a Euskadi las competencias sobre el estatuto marco. En paralelo, en casa, Osakidetza lleva desde 2008 sin un convenio propio.

A finales de la pasada semana trascendió que Osakidetza había alcanzado un acuerdo con el SME para mejorar las condiciones del colectivo médico. La central, que dice representar a un 20% de los facultativos de Osakidetza y que obtuvo del orden del 15% de los votos en las últimas elecciones sindicales, destaca que el documento firmado combate la “penosidad” de las guardias, incrementa los salarios, mejora la conciliación y homogeneiza el trato al personal de ambulatorios y hospitales. Se acabaron, por ejemplo, los turnos de 24 horas seguidas.

El pacto, cerrado de modo bilateral entre el Gobierno y el SME, ha sido sometido este lunes al escrutinio de la mesa, el órgano supremo de representación en Osakidetza, con presencia de todas las fuerzas sindicales elegidas por la plantilla. La cita ha estado dirigida por la responsable de Recursos Humanos, Josune Retegi. A los pocos minutos, todos los sindicatos menos el SME se han levantado, airados y avisando de que se avecina un “otoño caliente”. El SME se ha quedado y se ha firmado el acuerdo.

“Sí, somos una parte pequeña de la plantilla, pero somos el eje del sistema. A los hechos me remito. Tenemos que trabajar más que los demás y tenemos una casuística diferente”, ha justificado en la puerta de la sede central de Osakidetza en Vitoria Mabel Arciniega, portavoz del SME. ¿El acuerdo es válido teniendo en cuenta sus circunstancias? “En la mesa sectorial no se aprueban las cosas por mayoría”, ha dicho Arciniega a preguntas de los periodistas. Y ha asegurado que entrará en vigor cuando lo vise el Consejo de Gobierno. ¿Les ha ayudado que el consejero sea del colectivo? “Eso lo tendrá que contestar él”, ha despejado la responsable del SME.

Según la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, se trata de un paso adelante para mejorar la calidad asistencial o al menos para intentar evitar que se sigan disparando las demoras. Frente a la “confrontación” en el Estado, en Euskadi hay “negociación”, ha señalado, aunque el estatuto marco estatal sí tiene detrás el respaldo de una mayoría, a diferencia del nuevo acuerdo en Osakidetza. Para Bilbao, eso sí, estas mejoras no implican que no pueda haberlas para el resto de la plantilla, pero tocaba reconocer la “singularidad” de los facultativos.

El sindicato mayoritario en Osakidetza es Satse, la central de enfermería. Amaia Mayor, su portavoz, ha sido muy dura. Extremadamente dura. Cree que ha sido una negociación “clandestina” y “clasista” que crear profesionales “de primera y de segunda”. Es un “grave precedente” que rompe todos los equilibrios y que, además, es “ilegal”. Según Mayor, Martínez opera como “portavoz directo” de los médicos y no como consejero de todos. Y ha pedido transparencia con el coste del acuerdo: “La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gastan sus impuestos”.

Esther Saavedra, de ELA, ha sido clara también: “Viendo el talante y que sólo se hace caso a los que están en huelga, la movilización es el camino”. Su llamada a la huelga de cara a otoño está sobre la mesa y el guante lo recogen otras organizaciones con potencial de movilizar a mucha más gente que el SME y MUD, que tenían un seguimiento de no más del 20%.

Desde LAB, Jesús Oñate se ha dicho “muy enfadado”. Ha llamado “sindicato vertical” al SME y ha recordado que esto se produce cuando pasan “casi veinte años” desde el último convenio en Osakidetza. Ha pedido también tener en cuenta que tocaría analizar cuántos facultativos se quejan de la falta de descansos en la pública mientras trabajan también en la privada.

“Lo que mueve [al Gobierno] es ir a la huelga, ¿no?”, ha razonado Carmen Rayo, de CCOO. Jasone Pérez, de UGT, ha apelado a la “unión sindical” y ha asumido que son una central pactista y poco dada a las movilizaciones, pero que esta vez toca cambiar de estrategia por la gravedad de lo sucedido. “Tenemos fama de ser blandos. Es difícil convencer a la gente de ir a la huelga. Pero en este caso no va a serlo”, ha manifestado la representante ugetista.

La pregunta latente es si, a la vuelta de las vacaciones, volverá a haber huelgas médicas. Pero este paso ni siquiera garantiza eso. El SME ha recordado que son convocatorias estatales, aunque admite que ha recomendado retomar las 'peonadas' para no seguir incrementando las esperas. Desde Osakidetza, también se confía en que no se mantenga la “misma actitud” dadas las circunstancias, aunque las potenciales movilizaciones tendrían un alcance mucho mayor con el respaldo expreso de Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT e incluso de otras organizaciones más pequeñas como ESK.

El consejero de Salud Alberto Martínez ha asegurado que fueron los “protocolos establecidos” por Osakidetza para garantizar la seguridad de los procesos de vacunación los que permitieron detectar problemas con la cadena del frío en dos centros de salud muy distantes, el de Arangoiti en Bilbao y el Lasarte-Oria. En respuesta a una pregunta formulada en el Parlamento Vascopor la representante de EH Bildu Rebeka Ubera sobre las incidencias en estos ambulatorios después de la crisis de las vacunas caducadas de comienzos de año, Martínez da a entender no solamente que el sistema no falló sino que fueron sus controles los que permitieron aflorar el problema.

Este caso trascendió, como en su momento la crisis por la inoculación de dosis pasadas de fecha, porque EH Bildu desde la oposición dio la voz de alerta. Posteriormente, Salud confirmó que en dos centros de la red se habían producido problemas en las neveras que tienen que preservar las dosis a temperaturas concretas.

En detalle, la información final sobre este episodio apunta a problemas en Lasarte-Oria en los días 30 y 31 de mayo y en Bilbao entre el 28 de mayo y el 4 de junio. Eso implicó que su tuviera que revacunar a 17 personas, doce de Bilbao y el resto en la localidad guipuzcoana. En su momento, el consejero Martínez añadió a los medios de comunicación que la consecuencia del fallo en las cámaras frigoríficas había sido la misma pero, curiosamente, por motivos contrarios. En un caso la nevera enfrió más de lo debido y en el otro se superó la temperatura recomendada por los fabricantes.

“Las neveras que usa Osakidetza para mantener las vacunas cuentan con diferentes mecanismos para detectar anomalías de temperatura. La comprobación de estos mecanismos es lo que detectó la rotura de la cadena del frío. Por lo tanto, las incidencias pudieron detectarse gracias al correcto funcionamiento de los protocolos de prevención”, insiste Martínez.

La crisis de las vacunas caducadas, que terminó con el reconocimiento de que durante años se habían dado problemas similares, motivó que Osakidetza lanzara la idea de extremar los controles en la inoculación de estos productos, lo que se vino a llamar los “siete correctos”, en referencia a siete requisitos imprescindibles que han de ser revisados. “El propósito del Departamento de Salud [es el de] seguir analizando los protocolos y procesos relacionados con la administración de vacunas para detectar posibles incidencias e incluir nuevas mejoras”, sostiene Martínez. Hace unas semanas ya se presentó una herramienta digital que ofrece alertas cuando caduque algún vial.

En la reunión de ese viernes del Consejo Interterritorial que sienta al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, Euskadi ha rechazado el pago de otros 51 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de los ejercicios 2023 y 2024 de los fondos FCS (Fondo de Cohesión Sanitaria) y FOGA (Fondo de Garantía Asistencial). El consejero, Alberto Martínez, del PNV, que mantiene varios frentes abiertos con la ministra Mónica García, de Sumar, pidió ya en 2025 una revisión del modelo de este mecanismo para ajustar los gastos derivados de atenciones de pacientes de un servicio autonómico en el resto del Sistema Nacional de Salud al mostrar que Euskadi había puesto 169 millones, el 60% con un 5% de población, “superando incluso la suma de trece comunidades autónomas”.

“No podemos respaldar un modelo de compensación de esta magnitud sobre una base legal tan frágil y tan poco clara. Sería irresponsable con Euskadi y con el propio Sistema Nacional de Salud”, opina el consejero Martínez. Insiste en que el FCS y el FOGA tienen “importantes deficiencias jurídicas” y “mecanismos poco transparentes” que hacen que las estimaciones no sean homogéneas y que, según temen en privado en Euskadi, las comunidades cumplidoras que declaran todos los casos se vean penalizadas.

¿Qué son estos fondos? El FCS está regulado mediante un decreto de 2006 y cubre gastos de servicios a pacientes de una comunidad comunidad autónoma cuando en su sistema no hay centros de referencia para determinados servicios o patologías y tienen que ser atendidos. El FOGA, de 2012, cubre los desplazamientos temporales, como unas vacaciones.

Martínez recalca que no es una “discrepancia coyuntural”, sino una enmienda estructural al modelo. Lamenta, en ese sentido, que en 2025 el secretario de Estado, Javier Padilla, viera “de vital importancia” repensar el modelo y que, un año después, se mantenga el “extraordinario desequilibrio”. O que se haya hecho caso omiso al Tribunal de Cuentas del Estado. O que no se haya creado el grupo de trabajo anunciado. “No se ha producido ningún avance en este ámbito”, recalca el Gobierno vasco, que incide en que se “perpetúa” un problema “sin ningún tipo de cobertura legal”.

“No cuestionamos la existencia de mecanismos de cohesión y garantía, sino la forma en la que se están calculando y liquidando, sin el rigor normativo que exigen sus importantes repercusiones económicas”, ha explicado Martínez, que asegura haber sumado a “otras comunidades” a su postura, por ejemplo la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP. “Madrid se suma al no”, se ha felicitado la parte vasca. El consejero vasco ya se erigió en la anterior reunión como líder de la oposición frente a la postura de la ministra García en relación al estatuto marco y las demandas del colectivo médico.

Sin darle publicidad, el Gobierno vasco ha dado ya el primer paso para poner en marcha la doble licitación de la contrata de ambulancias de Osakidetza, la mayor externalización de la Sanidad pública. El Consejo de Gobierno, fuera del orden del día, aprobó este martes una doble de autorización de gasto por tratarse, en ambos casos, de contratos por un valor superior a los 5 millones de euros. Se espera que los pliegos se conozcan antes del parón vacacional, aunque la resolución definitiva podría tardar todavía meses.

Osakidetza tiene externalizados dos tipos de ambulancias. Por un lado, está el servicio de emergencias (vehículos amarillos) y, por otro, las ambulancias programadas (azules y blancas). Las UVI móviles sí son un servicio con personal propio. Cada licitación va por separado y ambas son millonarias, con un coste que supera holgadamente los 10 millones de euros mensuales.

La importancia especial de esta renovación de la contrata es que vendrá a regularizar la situación de interinidad que vive el sector desde finales de 2024, cuando fueron rescindidos antes de tiempo los acuerdos con la catalana Grup La Pau, que gestionaba las dos redes en Bizkaia y en Álava y era la principal contratista de Osakidetza. La cooperativa, ahora en concurso de acreedores, acumuló decenas de sanciones de la Inspección de Trabajo y otras incidencias que incluyeron el impago de nóminas.

Desde entonces, Ambulancias Gipuzkoa mantiene la adjudicación que ya tenía desde el concurso anterior en ese territorio, ya que no le afectó para nada la crisis con La Pau. Pero se tuvieron que firmar dos contratos de emergencia, es decir, directos y sin concurso, para solventar el hueco en Bizkaia y en Álava. En el caso alavés, se optó por ampliar el radio de acción de Ambulancias Gipuzkoa; en el vizcaíno, por el contrario, se creó 'ad hoc' una UTE llamada Bizkanb y que es la suma de la rama sanitaria de Alsa (conocida como Sanir) y de la navarra Baztan-Bidasoa.

Inicialmente se aludió a un posible plazo de catorce meses con un presupuesto total de 110 millones de euros, pero llegó enero de 2026, el momento del final de ese tiempo estimado, y se mantuvieron los servicios tal cual. Fuentes de Osakidetza aclararon que, pese a la confusión, las adjudicaciones de emergencia a Bizkanb y Ambulancias Gipuzkoa eran indefinidas.

Ahora se acerca ya la regularización, aunque por el momento solamente se ha dado el primer paso de muchos. La tramitación durará meses. Lo que ha hecho el Consejo de Gobierno es autorizar al consejero de Salud, Alberto Martínez, a que pueda poner en marcha dos concursos por un importe superior a los 5 millones de euros. Un decreto de 2016 obliga a que sea el máximo órgano colegiado de la Administración vasca el que dé inicio a las licitaciones más importantes.

A partir de ahora, se activarán los dos expedientes de contratación, el 16/2026/PS (relativo a las ambulancias urgentes) y el 17/2026-PS (el del servicio programado). Fuentes de Osakidetza indican que antes del verano se harán públicos los pliegos y luego vendrá el período de presentación de ofertas. No es descartable que puedan presentarse recursos que demoren la resolución del concurso. Como referencia, en la anterior ocasión los pliegos se lanzaron en diciembre de 2023 y no fue hasta el verano de 2024 cuando se adjudicaron los nuevos contratos.

El sindicato mayoritario de Osakidetza, SATSE, ha advertido al consejero de Salud, Alberto Martínez, de que puede “provocar un otoño caliente” de movilizaciones, entre las que no descarta la huelga, si “rompe” la negociación colectiva y apuesta por pactar “al margen” de la mesa sectorial “con un solo colectivo”, el de los médicos. Se refieren a las conversaciones en torno al estatuto marco que Martínez mantiene con el SME e incluso con el denominado MUD, que no tiene representación.

En un comunicado, la central sindical ha denunciado que el consejero está manteniendo reuniones bilaterales semanales con el esta central “al margen de la mesa sectorial, el único órgano legítimo de negociación colectiva”. Para Satse, “esta forma de actuar supone un ataque crítico” a la negociación colectiva, además de “un trato de favor hacia un único colectivo profesional en perjuicio del resto de trabajadoras y trabajadores que sostienen diariamente el sistema sanitario vasco”, informa Europa Press.

“El consejero de Salud debe gobernar para todo el personal de Osakidetza y no actuar como interlocutor privilegiado de un único colectivo. La Sanidad pública se sostiene gracias al trabajo de equipos multidisciplinares y no puede construirse otorgando privilegios a unos cuantos como el Sindicato Médico y asociaciones emergentes, que no cuentan con representatividad legítima, mientras se ignoran las reivindicaciones del resto”, ha denunciado la central.

El Sindicato de Enfermería considera preocupante que “estas negociaciones paralelas se produzcan mientras la mesa sectorial lleva cerca de un año esperando abordar cuestiones fundamentales” como las retribuciones del personal. “El propio Departamento de Salud está incumpliendo el calendario de negociación que había fijado para abordar cuestiones fundamentales que afectan al conjunto de la plantilla”, ha censurado SATSE. Osakidetza lleva 18 años sin un convenio actualizado.

Para la central, no es posible “aceptar que se utilicen problemas que afectan a toda la plantilla para construir privilegios de un único colectivo ni para jerarquizar las condiciones laborales dentro de Osakidetza”. “Si el consejero Martínez mantiene esta deriva y continúa debilitando la negociación colectiva, Osakidetza se encontrará con un otoño de creciente conflictividad laboral”, ha señalado SATSE, que no descarta impulsar movilizaciones conjuntas con otras organizaciones sindicales ni la convocatoria de huelgas “si se sigue vulnerando un derecho fundamental como es la negociación colectiva”.

El Departamento de Salud espera cubrir “a la mayor brevedad posible” la posición vacante del responsable del Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Vacunas, uno de los puestos clave del área de Salud Pública. El consejero, Alberto Martínez, admite que ha habido varios intentos fallidos. En junio se marchó el que ocupaba interinamente esas funciones, Pello Latasa, una persona de prestigio fichada del Gobierno de La Rioja por cuatro años y al que se le acabó el contrato. Pasado ya un mes, nada se conoce de su sustituto.

Martínez hace estas reflexiones en una respuesta enviada al Parlamento Vasco, donde EH Bildu, a través de Rebeka Ubera, había pedido información sobre esta situación. “En 2022, cuando se jubiló Txema Arteagoitia, su puesto de trabajo no fue ofertado ni cubierto. Y, de forma indirecta, mediante otro contrato, se le asignó a Pello Latasa la responsabilidad del Servicio de Vigilancia y Vacunas de la Dirección de Salud Pública. [...] A Pello Latasa se le ha terminado el contrato. Desde nuestro punto de vista, es muy grave estar sin responsable del Servicio de Vigilancia y Vacunas. El Departamento de Salud debería ser consciente de la importancia de dicha responsabilidad en la Salud Pública”, señalaba Ubera en su iniciativa.

Según Martínez, que nada dice de la salida de Latasa, “la rotación o los cambios de personal en la Administración pública es un fenómeno continuo, que responde a diferentes causas organizativas, laborales y personales”. Sobre Arteagoitia, solamente indica que las jubilaciones “implican la salida natural de trabajadores”.

El consejero señala que en Salud Pública trabajan “aproximadamente 30 personas” y que, entre todos, “facilitan la continuidad, la adaptación y el correcto funcionamiento” del puesto vacante. “La labor de este conjunto de profesionales se basa en la epidemiología, el manejo de datos, la capacidad analítica, los conocimientos sanitarios y de inmunización, el diseño y desarrollo de protocolos y la coordinación con el sistema sanitario (coordinación con atención primaria y hospitales)”, expone Martínez.

No obstante, Salud “intentó cubrir esta plaza, que requiere de unas condiciones especiales” en al menos tres ocasiones y sin éxito. Fueron dos comisiones de servicios y también “en la última OPE”. El consejero insiste en que se siguen haciendo “las actuaciones necesarias” para cubrir la vacante “a la mayor brevedad posible”, pero también teniendo en cuenta que, en Euskadi, pronto se va a poner en marcha Osasungintza, el nuevo Instituto de Salud Pública que asumirá también las competencias relativas a vigilancia epidemiológica y vacunación.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) tiene once pacientes con epidermólisis bullosa, la enfermedad genética rara e incurable que se conoce comúnmente como piel de mariposa. En tres casos, uno en el hospital de Basurto de Bilbao y dos de Donostia, ha habido solicitudes para acceder a Vyjuvek, un tratamiento génico pionero. Estas solicitudes, se indica desde Osakidetza, no se han podido estimar porque el medicamento no está financiado por el Ministerio de Sanidad.

Los datos se desprenden de la respuesta del consejero de Salud, Alberto Martínez, a una solicitud de información documentada presentada en el Parlamento Vasco por Laura Garrido, del PP. “Según normativa farmacéutica estatal para la financiación pública de los medicamentos será necesaria su inclusión en la prestación farmacéutica del [Sistema Nacional de Salud] mediante la correspondiente resolución expresa de la unidad responsable del Ministerio de Sanidad”, explica el consejero.

Vyjuvek es una terapia génica que trabaja con un principio activo conocido como beremagene geperpavec, un virus modificado genéticamente. Los pacientes de piel de mariposa tienen un gen defectuoso que provoca que falte una proteína y las capas de la piel no se unan correctamente entre sí, lo que hace que la piel se vuelva muy frágil y propensa a sufrir ampollas. “Vyjuvek se ha modificado para que el virus contenga copias funcionales del gen defectuoso detectado en pacientes con [piel de mariposa]. El medicamento introduce estas copias funcionales del gen en las células de la herida para ayudar a la piel a cicatrizar. El virus modificado y el material genético de este medicamento no modifican su propio ADN”, explica la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

El laboratorio que desarrolla el tratamiento, que puede administrarse desde el nacimiento, es neerlandés, el Krystal Biotech. El Ministerio de Sanidad, en su nomenclátor más reciente, el de junio, recoge que aún se encuentra o en estudio o sin petición de financiación. El consejero Martínez subraya que esta información ya se ha trasladado a los dos hospitales, el de Basurto y el Donostia, para que el profesional responsable se encargue de trasladarle la información a los pacientes.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha asegurado este viernes que un 62% de los centros de salud y consultorios de atención primaria mantendrán su actividad habitual durante el periodo estival. La otra cara de la moneda es que “solo” -en palabras del Gobierno- el 30% reducirá su horario en tres y un 8% llegará a tener cierres totales durante algunos días.

Según ha indicado el Ejecutivo en un comunicado, se adecuarán los horarios para hacer compatible el mantenimiento de una asistencia sanitaria de calidad con el descanso de sus profesionales y con la supuesta menor demanda de servicios que se da en estos meses, aunque ha explicado que no se contemplan “grandes cambios ya que la mayor parte de los centros mantendrá su horario habitual”, de modo que “la atención sanitaria a la población sanitaria durante los meses de verano está garantizada”.

Como resumen de la previsión actual de horarios de los centros de salud, Osakidetza ha detallado que son 210 de un total de 337 (el 62%) los que no prevén ningún cambio, mientras que 100 (el 29,67%) realizará algún ajuste horario en algún momento del verano, básicamente el cambio de 20.00 a 17.00 horas, mientras que 27 consultorios (el 8%) pueden cerrar al menos un día dentro del periodo vacacional. Son diez consultorios menos que en el verano de 2025, ha defendido Osakidetza.

“Y para poder responder a las necesidades de cobertura habituales en estas fechas de verano, se han activado distintas medidas adicionales como el programa de rejuvenecimiento y fidelización”, como poder contratar a personal MIR que finaliza la residencia a comienzos de verano o la OPE de plazas de dificíl cobertura de atención primaria “que ha permitido afrontar estos meses con una mayor estabilización en las plazas que resulta más difícil de cubrir, como pueden ser los de las zonas rurales o los turnos de tarde”, ha explicado.

Crisis de las vacunas

Por otro lado, el consejero, Alberto Martínez, ha defendido en el Parlamento Vasco la gestión de su equipo para corregir los “problemas” detectados en la gestión de vacunas y ha reprochado a EH Bildu que utilice este tema para “generar inseguridad y tratar de alarmar”. Martínez ha respondido este viernes, en el pleno de control, a una pregunta de Rebeka Ubera sobre los casos de administración de vacunas caducadas y sobre los fallos detectados en las neveras de dos centros de salud en las que se guardaban dosis de diversas vacunas.

“Cuando no se reconoce la gravedad de un problema es difícil solucionarlo, sobre todo si los problemas son estructurales”, se ha quejado Ubera, que informó de ambos casos desde la oposición antes de que lo hiciera Osakidetza. “La diferencia es clara: ustedes generan ruido, nosotros introducimos soluciones; y en Sanidad lo importante no es el titular, sino que cada paciente reciba una atención segura, fiable y de calidad”, ha replicado Martínez, informa Europa Press.

El Gobierno de Imanol Pradales cumple ya dos años, la mitad de la legislatura. Es una coalición de PNV y PSE-EE que tienen sus tiras y aflojas, sus idas y venidas. Ahora, oficialmente, los socios están en tregua. Pero en los próximos días volverán a separar sus caminos en lo tocante a la reforma de la normativa del euskera en el empleo público, como antes han chocado en Vivienda, en política migratoria o en otras materias. elDiario.es/Euskadi repasa, uno por uno, los hitos principales del lehendakari y de sus quince consejeros.

Imanol Pradales

Lehendakari (PNV)

El lehendakari, dos años después, es el político vasco más valorado. El Sociómetro le da una nota de 5,8 sobre 10, que además ha ido creciendo en los últimos meses conforme avanzaba el mandato. Pradales, poco a poco, va esculpiendo su propio perfil. Está cuidando mucho la política internacional, con el hito de la visita del presidente de Alemania a finales de 2025, Frank-Walter Steinmeier, quien pidió disculpas por el bombardeo nazi de Gernika en 1937. También ha querido rescatar el alma más católica del PNV, con dos encuentros con el papa León XIV esta primavera, uno en el Vaticano y otro en Canarias, una carta a los obispos para prometerles remar juntos y la asistencia a eucaristías. Ha repetido que el nuevo pontífice es uno de sus faros. En materia migratoria, Pradales insiste, eso sí, en que los migrantes tienen “derechos”, pero también “obligaciones”. Lo planteó el discurso de Navidad y lo volvió a repetir en las entrevistas en ETB por el segundo aniversario: “Este país tiene una identidad, una lengua y unos valores que queremos seguir preservando”. El lehendakari entiende que la situación en España tiene una “pinta horrorosa” por las investigaciones de corrupción que se suceden, pero, tirando de pragmatismo, asegura que mientras Pedro Sánchez siga en el Gobierno tiene que ser aprovechada la ventana de oportunidad. En julio espera celebrar una reunión para cerrar acuerdos pendientes, como el del traspaso completo de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. ¿Y la reforma del Estatuto? Supuestamente, PNV y PSE-EE lo negocian con EH Bildu. Se anunció para junio algún movimiento por parte de Pradales que aún no ha llegado.

Ibone Bengoetxea

Vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística (PNV)

Tras unos primeros meses con un perfil más bajo, Bengoetxea ha reforzado su peso político en el segundo año. En estos meses, ha encabezado la fallida petición de que el 'Guernica' de Pablo Picasso pueda exhibirse en el Guggenheim de Bilbao temporalmente por el nonagésimo aniversario del bombardeo nazi. Igualmente, ha quedado enterrado el intento de levantar un nuevo Guggenheim en Urdaibai, el mismo que iba a hacerse “sí o sí”, según el PNV. Asimismo, sigue abierto el debate sobre la reforma legislativa para blindar las exigencias de euskera en las oposiciones a raíz de la cascada de fallos judiciales. El asunto ha generado una brecha con el socio de Gobierno, el PSE-EE, y la propuesta del PNV solamente prosperará si EH Bildu lo permite. Bengoetxea ha amagado con regularlo por decreto si esa vía falla. En materia de deportes, la selección vasca de pelota compitió oficialmente -y se enfrentó a la de España- y se ha abierto el melón de la oportunidad de organizar la Copa del Mundo de fútbol masculina de 2030 en Bilbao y Donostia.

Mikel Torres

Vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo (PSE-EE)

Torres también ha ganado en peso político como cabeza de la parte socialista del Gobierno de coalición y ha empezado a cuestionar algunas decisiones del socio, como recientemente lo tocante a la nueva reforma fiscal de Bizkaia, un papel antes reservado en exclusiva a Eneko Andueza. Su cartera, Economía, Trabajo y Empleo, tiene funciones relevantes, pero, si se completan las transferencias pendientes, las tendrá aún más. Ha ganado ya lo relativo a las autorizaciones laborales de trabajadores extranjeros, en 2027 Lanbide integrará las políticas activas y la RGI/IMV con las prestaciones y subsidios de paro con la desaparición del SEPE estatal y se negocia que Euskadi asuma también el pago de pensiones, unos 12.000 millones anuales. En materia laboral, Torres defiende que Euskadi tiene “bases sólidas” con la cifra más alta de cotizantes a la Seguridad Social de la historia, por encima del millón. “Pero tenemos que hablar menos de las cifras de empleo y más de la calidad”, asume. La mayoría sindical sigue fuera de los foros de diálogo social.

Noël d'Anjou

Hacienda (PNV)

En contraste, D'Anjou sale bien parado. En junio ya ha empezado a preparar los presupuestos de 2027. El Parlamento Vasco los aprobará en tiempo y forma, antes de que acabe el año. Serán los terceros en tres años de legislatura. Es algo impensable en España, que tuvo en 2022 su último debate presupuestario y que sigue con los de 2023 prorrogados. Más allá de eso, D'Anjou ejerce una suerte de bicefalia con Torres en lo tocante al liderazgo de la política económica. Técnicamente, las previsiones son cosa del PSE-EE, que además controla el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. Está por ver la ejecución real de la gran inyección de 1.000 millones para proyectos del pasado año, que además iba a venir completada con 3.000 de capital privado.

María Ubarretxena

Portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno (PNV)

Ubarretxena puede colgarse la medalla de haber visto cómo el Parlamento ha aprobado, tras tres intentos fallidos en otras tantas legislaturas, la primera ley vasca de Transparencia. Euskadi deja de ser la única comunidad autónoma sin ese mecanismo. Y no sólo es poder obtener información, sino poder denunciar prácticas irregulares. “Todas las personas que deseen denunciar tendrán la oportunidad de hacerlo y su anonimato y su protección estarán garantizados”, explicó en una entrevista con este periódico. Ubarretxena es, además, la principal negociadora con el Estado de las transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Está en el aire aún la más relevante, la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, pero ya ha habido otros acuerdos relacionados, como el de las prestaciones del paro o el del seguro escolar. Dio mucho que hablar, igualmente, la negociación para la creación de un órgano bilateral con el que las instituciones vascas puedan tener voz en la gestión de los aeropuertos, aunque Loiu, Hondarribia y Foronda siguen siendo de titularidad estatal.

Más información: Entrevista con María Ubarretxena

Mikel Jauregi

Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (PNV)

Jauregi tiene pendiente, y es una herencia de otras legislaturas, el denominado PTS de renovables, el documento que ordenará de manera definitiva el despliegue de parques solares y eólicos. Ahora, se multiplican las propuestas y se van analizando una a una, no sin contestación social. Euskadi está ultimando el primer proyecto con molinos de viento en veinte años. Es una comunidad muy dependiente en lo energético y con un 'mix' con mucho menos peso verde que el entorno. El consejero ha acuñado el concepto 'cuadrilla' para definir a la suma de esfuerzos públicos y privados para participar en proyectos empresariales. El gran hito fue la recuperación de la sede social de Talgo de la mano de José Antonio Jainaga, de Sidenor. Fue elegido empresario del año sin importar su investigación en la Audiencia Nacional por las ventas a Israel. En Nochevieja, al filo de las campanadas, la 'cuadrilla' recuperó la antigua Ibermática. Más dolores de cabeza está ofreciendo Tubos Reunidos, ahora en concurso de acreedores. El PNV insiste en que la SEPI estatal, su principal acreedor, propicie una quita de la deuda, 112,8 millones de principal y 40 en intereses, pero ese rescate otorgado en 2021 está siendo investigado por sospechas de corrupción. Hasta la empresa ha admitido que pagó unas cantidades al expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.

Bingen Zupiria

Seguridad (PNV)

El final de su segundo año ha estado marcado por las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu tras la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Zupiria hasta empleó el inglés para insistir en que es algo que no tenía que haber ocurrido. Eso sí, a la vez insiste en que hay un humus en la sociedad vasca que no acata la autoridad de la Policía. Este debate sobre el “modelo policial” se repite periódicamente. Sigue pendiente, eso sí, que la Ertzaintza alcance la plantilla prometida de 8.000 efectivos, comprometida desde 2004. En los últimos meses, la situación sindical en la Policía vasca ha dado un vuelco con la victoria de Euspel en las elecciones internas y el desplome de Erne. Y la academia de Arkaute ha vivido su particular crisis con la salida de Miren Dobaran y la necesidad de rescatar a Jon Goikolea.

Begoña Pedrosa

Educación (PNV)

Las propuestas de fusiones de centros públicos y cierres han acarreado los momentos más controvertidos en los últimos meses para Pedrosa. Familias y sindicatos han lanzado críticas. Los motivos esgrimidos son la caída de la natalidad y la necesidad de optimizar recursos, pero también seguir reduciendo la brecha de segregación entre colegios. La consejera logró la paz social con los sindicatos de la red pública en 2025, logrando un acuerdo valorado en 100 millones que ponía fin a lustros sin convenio. Pero ahora están empezando a avisar de retrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En Euskadi, casi el 50% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada. Finalmente, este año se ha conocido la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia sobre los problemas en el servicio de transporte escolar en la pasada legislatura. Han multado con 900.000 euros a 31 empresas por “boicotear” al Gobierno vasco para ganar más con los autobuses.

Más información: Entrevista con Begoña Pedrosa

Denis Itxaso

Vivienda (PSE-EE)

El reciente Sociómetro es contundente: la vivienda es el primer problema de la sociedad vasca y, además, apenas un 8% confía en las políticas del Gobierno vasco. Itxaso es un consejero omnipresente. Insiste en que está en actitud de “combate” y que la emergencia habitacional “tiene solución” si se toman medidas. En diciembre llegó la reforma legislativa con cambios en varias normas para agilizar la construcción de vivienda y ahora ya hay una nueva reforma anunciada. En medio, aprobó un decreto “urgente” con medidas que han tenido tirón -como las mejoras de las prestaciones para jóvenes Gaztelagun- pero que tardó más de un año en ser una realidad. “Lo lamento muchísimo. Hemos puesto alma. Hemos trabajado a destajo. Muchos informes. Al final tenemos una burocracia que nos hace polvo”, alegó. La cartera de Vivienda es del PSE-EE, aunque el PNV busca lanzar sus propios planes, como la línea de avales a la compra de casas de hasta 400.000 euros o las ayudas Emantzipa, paralelas a Gaztelagun. A la vez, son recurrentes las tensiones con EH Bildu, principal fuerza de la oposición y que lidera decenas de municipios.

Alberto Martínez

Salud (PNV)

Si el estado de salud de Osakidetza era el gran problema heredado de la pasada legislatura, ya no lo es. Pero el segundo año de Alberto Martínez ha sido mucho más tortuoso que el primero. Hace un año, por ejemplo, logró la fotografía del denominado Pacto Vasco de Salud, pero sin la mayoría sindical y, sobre todo, con un gran cambio de caras en su equipo a las pocas semanas. Se fue el viceconsejero, Enrique Peiró, y la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna. Apenas duraron un año en el cargo. En enero, además, tuvo que hacer frente a la crisis de las vacunas caducadas, que parece tener una pequeña réplica cuyo alcance se desconoce ahora en junio. Sin embargo, lo que más tiempo ocupa a Martínez es la huelga intermitente de médicos que está obligando a posponer consultas y que ha echado por tierra la mejora de la lista de espera quirúrgica tras los años de la pandemia de COVID-19. El consejero ha liderado a sus colegas de otras comunidades en una cruzada contra la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, a la que acusa de no sentarse a negociar un estatuto marco propio para los facultativos.

Nerea Melgosa

Bienestar, Juventud y Reto Demográfico (PNV)

El año de Melgosa ha estado marcado por la reforma legislativa exprés y por la anunciada aprobación de un decreto -que técnicamente aún no ha llegado- para endurecer el control de los campamentos de verano a raíz de la veintena de denuncias de violencia sexual conocidas el pasado año en torno a la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo. Asimismo, se han aprobado las mejoras en las ayudas por crianza, 200 euros mensuales que ahora se cobrarán durante cuatro años y no durante tres. Se mantiene la posibilidad de que las perciban quienes han inscrito a un bebé nacido por gestación subrogada, una práctica no legal en España. Melgosa es también la consejera competente en materia de migración y ha mantenido firme su 'no' al centro de refugiados de Vitoria que proyecta al Estado. Al PNV le da igual que las plazas vayan a ser 120 y no las 350 inicialmente planteadas.

Susana García Chueca

Movilidad Sostenible (PSE-EE)

Sin noticias sobre si la 'Y vasca' se conectará con Pamplona por Vitoria o por Ezkio/Itsaso y sin fecha para el estreno de los trenes de alta velocidad cuando se cumplen veinte años del inicio de las obras, García Chueca podrá inaugurar en breve el nuevo Topo de Donostia -aunque empiezan a florecer los titulares sobre los millonarios sobrecostes-, la 'metrización' del servicio. También se ha desbloqueado la línea 4 del metro de Bilbao, la de Rekalde, iniciado una nueva ampliación del tranvía de Vitoria, la de Zabalgana, y anunciado que las líneas de Cercanías de Renfe, ya gestionadas por el Gobierno autonómico, pasarán a llamarse en algún momento Lottu. En cartera hay más proyectos en estudio, como la llegada del Topo no ya a Hendaya sino a Baiona o una ampliación más del tranvía de Vitoria hasta el Fernando Buesa Arena. Se ha posicionado en contra de que el puerto de Pasaia pierda la etiqueta de infraestructura de “interés general”, como plantea el PNV, para que sea transferido y gestionado por las instituciones vascas.

Entrevista con Susana García Chueca

Juan Ignacio Pérez Iglesias

Ciencia, Universidades e Innovación (PNV)

Hay un nuevo rector en la EHU, la Universidad pública vasca, Joxerramon Bengoetxea, y un exrector al frente de la cartera de Universidades del Gobierno vasco. Y los últimos meses han sido de enfrentamiento. El más fuerte, en otoño de 2025, tuvo como eje de la discusión en torno a la financiación. “¿Se trata quizás de enmascarar la ausencia de un proyecto académico? ¿O de ocultar la incapacidad para ejercer la responsabilidad y tomar decisiones presupuestarias difíciles? [...] Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político”, llegó a escribir el consejero sobre Bengoetxea. Pero ha habido más. El cierre en febrero del campus de Vitoria por un acto de Vox y recientemente las correcciones de la Selectividad han motivado encontronazos que no se habían visto cuando en el rectorado de Leioa había personas más afines al Gobierno. Los avances de Donostia como capital de la computación cuántica han sido noticia este año. Pérez Iglesias es el único consejero independiente, aunque participa en los actos del PNV, el partido que le propuso para el cargo.

Javier Hurtado

Turismo, Comercio y Consumo (PSE-EE)

El consejero que más años lleva de continuo en el mismo cargo ha ganado peso político ya que, desde 2025, es también el líder de su partido en Álava. Aunque la medida es foral, sí puede sumar a su haber que esté ya aprobada la denominada 'tasa turística', en realidad un impuesto más que grava las estancias y que es variable en función del tipo de alojamiento. No está en vigor, porque tienen que desarrollarla los municipios, pero lo estará en 2027. Tramita una reforma legislativa sobre el sector, aunque su principal medida, la de prohibir más apartamentos turísticos en zonas tensionadas, ya está en vigor por otra vía, la normativa de Vivienda. Hurtado ha manifestado con insistencia su deseo de “desestacionalizar” y “descentralizar” el flujo de visitantes, esto es, que no se concentren ni en el mismo punto ni en la misma época del año. Donostia, con nuevo alcalde, es siempre el centro de las miradas en este debate.

Amaia Barredo

Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca (PNV)

La consejera Barredo ha puesto mucho empeño en llevar cajeros a zonas con poca población y ha inaugurado el nuevo edificio del Basque Culinary Center de Donostia, el conocido como GOe, y puesto las primeras piedras de las dos sedes de EDA, en Vitoria y en la Rioja Alavesa. Pero también se ha visto obligada a retocar la normativa de pesca de la angula o la de asignación de amarres en los puertos deportivos, donde hay que buscar 774 'aparcamientos' para cubrir la lista de espera y, a la vez, sentencias desfavorables por la gestión de la sociedad portuaria EKP. En 2026, se han convertido en firmes también las sentencias sobre el proyecto Valogreene Paper de Bergara anulando la autorización firmada por Barredo cuando era viceconsejera. Han sido cuatro las resoluciones del Tribunal Supremo, aunque la vía penal quedó cerrada. Y hay más sentencias: en Semana Santa se conoció la condena al dueño de la empresa La Gilda del Norte por delitos contra trabajadores extranjeros, a los que tenía sin dar de alta y obligaba a esconderse en caso de inspecciones. A los pocos días, fue una de las marcas invitadas al pabellón de Euskadi de la feria Salón Gourmets de Madrid.

María Jesús San José

Justicia y Derechos Humanos (PSE-EE)

Si de presentación de proyectos se trata, San José ya puede dar por cumplida la apertura de la nueva cárcel de Donostia, la de Zubieta. Eso sí, ha acumulado años de retraso imputables al Gobierno central, el responsable de las obras. Pero no es ése el principal foco de titulares en lo tocante a la gestión penitenciaria. Las flexibilizaciones de grado y semilibertades concedidas a presos de ETA le han granjeado las críticas de la oposición de derechas y de asociaciones de víctimas, sobre todo en los casos de exdirigentes como Soledad Iparragirre 'Anboto' o Garikoitz Azpiazu 'Txeroki'. Siempre ha defendido que se está cumpliendo con la legalidad y que se siguen criterios técnicos. En algunos casos, la Justicia ha enmendado las decisiones adoptadas. Menos eco ha tenido que se haya concedido la semilibertad a los cuatro excargos del PNV encarcelados por corrupción en el marco del 'caso De Miguel' sin que hayan llegado siquiera a la mitad de la condena efectiva. Eso sí, fue contra el criterio de Prisiones y por orden judicial. En materia de Derechos Humanos, fue muy simbólica la petición de “perdón” por los GAL viniendo de un equipo socialista y se han hecho actos para exponer el sufrimiento causado por ETA entre jóvenes o para conmemorar aniversarios, como el quincuagésimo de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

Es la OPE “más grande de la historia” de Osakidetza. Tiene 101.693 aspirantes para 3.764 plazas y se ha iniciado este viernes en el BEC de Barakaldo. El Servicio Vasco de Salud asegura haber adoptado las medidas oportunas para realizar los exámenes en condiciones optimas en plena ola de calor, como el acondicionamiento de los pabellones en los que se desarrollarán las pruebas o la instalación de dispositivos de agua en el recinto.

Según ha explicado el consejero, Alberto Martínez, que ha acudido al BEC junto a la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, y la directora de Recursos Humanos, Josune Retegi, este año Osakidetza celebrará las OPE correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, con una oferta total de 5.425 plazas. En la primera fase, que se inicia este viernes y concluirá el domingo, se celebrarán los exámenes de las nueves categorías más numerosas: Enfermero, Tecae (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería), auxiliares administrativos, celador, operario de servicios, fisioterapeuta y técnico superior de administración y gestión.

“Vamos a vivir un fin de semana histórico con récord de participación, un acontecimiento realmente importante tanto para nuestro mercado laboral como para el sistema sanitario de Euskadi”, ha dicho. En total, se han presentado 101.693 aspirantes, una cifra muy similar a la de población total de la propia Barakaldo, para 3.764 plazas en esta primera fase, “una muestra de que Osakidetza es atractiva”. Según los datos aportados por Martínez, Osakidetza protagoniza este fin de semana “la cita profesional más destacada del año en lo que a congregación de personas se refiere”, ya que el equivalente un 10% de la población activa de Euskadi aspira a ser parte de la plantilla del Servicio Vasco de Salud.

El consejero ha recordado que la OPE está “inspirada en principios del consenso” y responde “en cierta medida, a los compromisos adquiridos con los agentes en el Pacto Vasco de Salud”. Según ha explicado, se trata de un sistema de selección y provisión “para estabilizar la plantilla y fidelizar el talento”. Además, ha añadido, “mantiene el espíritu del consenso de la mesa sectorial” ya que se funcionamiento ha sido acordado entre Osakidetza y los agentes sociales.

Del total de aspirantes, 55.959 proceden de Bizkaia, 20.926 de Gipuzkoa y 20.584 de Álava. El 4,1% restante proceden de otras comunidades autónomas y de otros países, entre los que destacan 3.777 personas de Cantabria, 2.161 de Burgos, 1.422 de León, 1.357 de Navarra y 1.310 de Salamanca. También concurren 78 ciudadanos franceses, 11 de Estonia o 10 de Alemania. “Insisto, Okidetza es atractiva”, ha apuntado.

El 75% de las personas aspirantes son mujeres y el grupo más numeroso está entre los 40 y 50 años. Además, se van a realizar cerca de 700 adaptaciones para atender distintas necesidades durante la realización de los exámenes, con el objetivo de “garantizar la igualdad real de oportunidades”. Por ello, habrá salas específicas para personas con dificultades auditivas, visuales o de movilidad. intérpretes de lengua de signos, cabinas individuales y acondicionadas para madres lactantes y 70 hospitalizados.

Un total de 900 profesionales serán movilizados para garantizar “el correcto desarrollo” de la OPE“, lo que supone ”un dispositivo organizativo sin precedentes, un dispositivo especial de accesos, seguridad, información y atención a aspirantes“. Por otra parte, se ha referido a los dos años de ”enorme esfuerzo en la gestión de la estabilización de la plantilla“, con cerca de 11.000 plazas estabilizadas y una ampliación con 2.160 nuevas plazas. Además, ha citado las 34.000 plazas estructurales y 46.000 contrataciones anuales y una nueva OPE con más de 5.425 plazas. ”Las cifras hablan por sí solas“, ha defendido.

Ante la ola de calor prevista en Euskadi, que alcanzará sus valores más altos el domingo, Osakidetza ha garantizado la “condiciones adecuadas” de los pabellones, con aire acondicionado, para realizar los exámenes. Además, ante la jornada del domingo, “en el que se esperan unas temperaturas más elevadas”, se colocarán en el recinto dispositivos de agua. También se han redoblado los servicios de emergencias “por si acaso, debido a esa ola de calor, hay algún incidente”.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha administrado vacunas después de romperse la cadena del frío que garantiza su seguridad clínica en dos ambulatorios, el de Lasarte-Oria, cerca de Donostia, y el de Arangoiti, en Bilbao. Según ha confirmado en el Parlamento Vasco el consejero de Salud, Alberto Martínez, los afectados son cinco pacientes de Lasarte-Oria y doce en Bilbao, pero ha insistido en que en “ningún” caso están en riesgo y que, de hecho, algunas revacunaciones se programarán “dentro de un mes”.

El asunto llega después de la crisis de las dosis caducadas de comienzos de año y, nuevamente, el primer aviso púbico ha sido a través de una denuncia de EH Bildu desde la oposición antes de que el Departamento de Salud haya hecho ninguna comunicación pública. Eso sí, fuentes internas indican que internamente se lleva tiempo trabajando en el asunto. El protocolo se activó desde los propios centros, que distan en decenas de kilómetros entre sí y que no pertenecen a la misma comarca sanitaria, y después Vigilancia Epidemiológica emitió una circular interna para gestionar la posible revacunación de los 17 afectados potenciales.

Según ha indicado Martínez a los medios de comunicación, en un caso la nevera de las vacunas estaba más fría que lo recomendado y, en el otro, sucedió a la inversa. “Hemos actuado con celeridad. De forma inmediata”, ha manifestado el consejero. Según ha indicado, conoció las incidencias estando “en Madrid”, “a mediados de la pasada semana”. Ha indicado que ya ha analizado el asunto con laboratorios, con el CAVE (el órgano asesor autonómico de vacunas) y también con la Agencia Española del Medicamento.

Con insistencia, Martínez ha recalcado que no hay “ningún riesgo” para la salud de los afectados, que son adultos y menores porque el problema no era un lote de un producto concreto sino en las neveras donde se guardan viales de varios tipos. No se han detallado las marcas. El consejero ha indicado que se está trabajando en “diferentes medidas de seguridad” en los sistemas de “medición de temperatura” de los aparatos donde se conservan las vacunas.

La denuncia de EH Bildu

EH Bildu ha registrado preguntas para que el consejero Martínez dé más explicaciones en el Parlamento Vasco. “Es sabido que la gestión de la cadena del frío es uno de los principales indicadores que influyen en la seguridad de las vacunas”, insiste la portavoz sanitaria de la formación abertzale, Rebeka Ubera. Añaden que, durante el anterior episodio, se emitió un dictamen que destacaba la relevancia de los “siete correctos”, es decir, de garantizar siete pasos para preservar la seguridad clínica. Uno de ellos era garantizar precisamente la conservación de los preparados. “Son productos biológicos sensibles a las variaciones de luz, humedad, tiempo y fundamentalmente de temperatura”, señalaba aquel informe.

Denuncia EH Bildu que “no ha pasado tanto tiempo” desde la crisis de las vacunas caducadas como para que ahora se repita un nuevo “incidente grave”. Por ello, demandan “aclaraciones” al consejero Martínez. Entre las explicaciones que se solicitan, además del detalle de los casos, se inciden en cómo se ha gestionado la incidencia y en cómo se ha comunicado a los posibles afectados. “Han sido inoculadas tanto a menores como a adultos”, apuntaba Ubera en su pregunta parlamentaria.

El asunto de las vacunas caducadas llegó a ser investigado en la vía penal por la Fiscalía. La fiscal Carmen Adán lo archivó por falta de indicios de delito, pero sí recogió en su resolución que el alto cargo Guillermo Herrero, responsable de Salud Pública, manifestó sus críticas sobre cómo se gestionó internamente esa crisis. Apuntó que hubo momentos de tensión porque la dirección política retrasó las explicaciones públicas para contener el asunto mientras desde su equipo recomendaban actuar con celeridad.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, del PNV, ha indicado este viernes en el Parlamento Vasco que será en “octubre” cuando arranque un programa “piloto” por el cual Osakidetza empezará a asumir, como estaba prometido, el grueso de los abortos, ahora derivados en un 95% a clínicas privadas concertadas. Después de que EH Bildu denunciara el retraso en el compromiso de publificación del servicio lanzado en 2025, otra formación de la oposición, Sumar, ha preguntado este viernes en la sesión de control -de la que se ha ausentado el lehendakari, Imanol Pradales- por la misma cuestión al titular de Salud, que ha insistido en que el Gobierno “cumplirá” con su palabra, aunque a partir de otoño.

El consejero Martínez ha iniciado sus explicaciones recalcando que, ora en la pública ora en la privada, “Osakidetza cumple de forma estricta con la ley orgánica” que regula el derecho a la interrupción del embarazado porque “es una línea roja”. Ha indicado que la Sanidad pública asume ya las intervenciones “por causa médica”, por suponer un “grave riesgo para la vida” de la madre o porque son embarazos “con enfermedades fetales graves e incurables”. Y ha añadido que, en el resto, hay una “derivación” precedida de “financiación pública” y “acompañamiento”. Ha mencionado, por ejemplo, el papel de las matronas, un colectivo que ha anunciado una huelga de

Históricamente, según recogen tozudamente las memorias anuales, el 95% de los abortos no han sido asumidos por Osakidetza. Fue en 2025 cuando, dentro de los planes para reducir la externalización de servicios exigidos en la mesa del pacto de salud, se incluyó el compromiso de publificar los abortos. Sin embargo, los datos de 2026 indican que nada ha cambiado por el momento. En los cuatro primeros meses del año, el Servicio Vasco de Salud ha destinado 322.372 euros a costear la derivación a clínicas privadas de 1.352 mujeres. Es un ritmo muy similar al de otros años, con unos 4.200 abortos totales.

Si EH Bildu, al ver estas estadísticas, lamentó que esto era uno más de los “muchos anuncios” de Martínez “que luego no acaban materializándose”, Sumar ha insistido en el “gran retraso” del Gobierno. Según Jon Hernández, “Osakidetza está de sobra preparada” para revetir con todas las garantías la “alta privatización” de esta prestación.

El consejero, en dos turnos, ha dicho que Osakidetza iniciará un “pilotaje” en octubre. La “progresiva” publificación del servicio arrancará con la asunción de las interrupciones “farmacológicas tempranas”, es decir, las que se han en las primeras diez semanas de gestación. Son el 88% de los abortos totales.

Actualmente, los centros concertados son dos en Álava, Askabide y Aluak, tres en Bizkaia, Askabide, Aluak y Emilli Giménez Garay, y cuatro en Gipuzkoa, Askabide, Aluak, Prada Laya y Emilli Giménez Garay. Es Askabide, con 756 de las 1.352 intervenciones en 2026, la más relevante de este grupo. Ha facturado en el primer tercio de 2026 una cuantía de 208.048 euros. Aluak ha gestionado 319, Emilli Giménez Garay 224 y Prada Laya 53.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, mantiene la “confianza” en el director de Salud Pública, Guillermo Herrero, a pesar de que declarara en la Fiscalía, en el marco de la investigación por la crisis de las vacunas caducadas administradas a bebés, que en los momentos iniciales, antes de que el caso trascendiera a la opinión pública, recibió “reproches” de sus “superiores” por querer actuar con más celeridad. Martínez ha explicado, a preguntas de los periodistas, que lo que se buscó fue una “información contrastada” y con el “máximo aval científico” antes de tomar las decisiones.

La crisis de las vacunas pasadas de fecha estalló en enero. El Gobierno no hizo públicas las primeras sospechas hasta que, desde la oposición, EH Bildu registró una pregunta sobre ello en el Parlamento Vasco. Internamente, según constata la Fiscalía, se hicieron más consultas de las que tenían “sentido” tras tener ya un dictamen que avalaba iniciar la revacunación de los afectados y que motivaron un “retraso” en las medidas paliativas, siempre según la tesis que sostuvo en sede judicial el responsable de Salud Pública. Herrero planteó responder “de inmediato, vacunar cuanto antes” y crear un “gabinete de crisis”.

Herrero lleva en el cargo desde 2024, es decir, desde que Martínez es consejero de Salud. Sobrevivió, por lo tanto, a la profunda renovación del equipo del verano de 2025, en el que salieron el viceconsejero Enrique Peiró o la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna, entre otros cargos. Es el primer veterinario de formación en esa posición y antes de ser alto cargo fue técnico de Salud Pública durante casi tres décadas.

Martínez, en una comparecencia convocada en la Presidencia vasca, ha asegurado desconocer el “detalle” de la declaración de su colaborador ante la Fiscalía. Sin embargo, ha querido destacar que la causa penal está cerrada y, sobre todo, que se haya “avalado” que no hubo “daño para los pacientes”. El consejero ha insistido en que fue prudente hacer consultas a diferentes organismos, como el laboratorio o la Agencia Española del Medicamento, es decir, tomarse un “tiempo” para encontrar la mejor “respuesta” desde la “evidencia científica”. “Y todos nos decían que no había un riesgo inmediato”, ha manifestado también para justificar la espera en la reacción.

La fiscal superior vasca, Carmen Adán, ha completado su investigación por el caso de la inoculación de vacunas caducadas a bebés en Osakidetza, que estalló en enero de 2026 y que luego se ha mostrado con un problema prolongado en el tiempo. La mejor noticia para el consejero de Salud, Alberto Martínez, del PNV, es que, como ha adelantado 'El Correo', las responsabilidades penales quedan totalmente archivadas. La entidad Defensor del Paciente pidió analizar si estos hechos podían ser delictivos, pero se entiendeo no solamente que no es así sino que ni siquiera cabe recurso. Ahora bien, el mismo informe de Adán remarca que en la gestión de esta crisis se dieron “retrasos” en la revacunación de los afectados. Y también se recoge el testimonio del director de Salud Público, Guillermo Herrero, alto cargo de Martínez, en la que revela la “tensión” entre la cúpula política de Salud, que quiso gestionar la crisis a su manera y no atendiendo los criterios que planteaba Salud Pública.

El decreto, de cuatro páginas, fue emitido el 21 de mayo por la fiscal Adán. Explica que los denunciantes entendían que la administración de vacunas caducadas pudo constituir “una negligencia grave de naturaleza penal” porque “suponía un riesgo para la salud, por reacciones adversas o por pérdida de eficacia en las vacunas”. Se recordaba que la “mayoría” de afectados eran bebés. La Fiscalía, posteriormente, recabó otras denuncias de familias directamente concercinas. En algunos casos pidieron “anonimato” por temor a las “consecuencias” en sus “tratamientos” en Osakidetza.

La Fiscalía requirió a Osakidetza una relación detalla de las vacunas suministradas. Adán se queja de que la información no es completa y que hay dudas de la “trazabilidad” de algunas de las comunicaciones. Es público que tuvo que enviar a la Ertzaintza a la sede central del Servicio Vasco de Salud porque no se atendió en tiempo y forma el primer requerimiento. Esto tiene un antecedente: en 2008, cuando se inició la causa de las filtraciones de exámenes médicos en la OPE de Osakidetza, la dirección de entonces tampoco aportó todo el material requerido.

Entiende la Fiscalía que la administración de dosis pasadas de fecha no fue algo aislado. “El hecho de que las vacunas de lotes caducados fueron administradas en varios centros de salud pertenecientes a diferentes OSI [comarcas sanitarias], apoya la versión de una cuestión estructural concatenada que inicialmente generó una situación de desprotección inicial de salud por exposición a los virus y enfermedades que las vacunas contrarrestan, siendo relevante que ello afectó a colectivos muy significados (lactantes o personas en situación de vulnerabilidad específica)”, afirma.

Después se expone la respuesta que dio Salud tras conocer los hechos. Se activó el protocolo habitual para estos casos y la respuesta fue también la habitual. ¿Cuál fue? “Se dice claramente que las dosis administradas tras las fechas de caducidad no son válidas y deben repetirse, así como que no hay problemas de seguridad porque tratarse de una vacuna de virus vivos, no hay riesgo para la salud y se puede repetir la vacunación en cualquier momento”, expone Adán.

Salud Pública, con Herrero al frente, “elaboró un posicionamiento técnico, por el cual se consideraba prioritario identificar los casos y revacunar cuanto antes, porque se trataba de lactantes y población de riesgo”. “Sin embargo, indican también los testigos, que, aunque desde el punto de vista técnico no había riesgo para la salud por razón de la revacunación, por indicación superior se pidieron otras valoraciones, paralizando la revacunación a la espera de esas respuestas. Más concretamente se expresa que no sólo no se ordenó la revacunación, sino que se indicó que se solicitaran más informes, que se volviera a consultar a la Agencia Española de Medicamento, y otra vez al laboratorio”, relata la Fiscalía.

“El director de Salud Pública aclara en su declaración que él solicitó expresamente el día 20 de enero que se convocara al Consejo Asesor de Vacunas, convocatoria que no fue bien recibida, que hubo bastante tensión, que no se quería que se convocara y que recibió reproches por haberlo pedido. Que hubo una primera deliberación rápida el día 21, una segunda reunión el día 26 y una definitiva el día 28. En esta declaración, consta aportado por el testigo que el día 21 por la noche elaboró una propuesta de hoja de ruta en la que insiste en actuar de inmediato, vacunar cuanto antes, comunicar a las familias y coordinar Salud Pública, Osakidetza y Comunicación, incluso la necesidad de un gabinete de crisis. Hoja de ruta que no se acepta, optando sus superiores por esperar a más informes”, se expone desde Fiscalía.

Y se agrega: “Llama la atención de las declaraciones y la documental que la Agencia Española que primero ha indicado que se contacte con el laboratorio traslada, a través de un correo del director de Farmacia, Iñaki Betolaza, que no consideran necesaria la revacunación. Correo que, según los testigos, distorsiona todo el proceso de respuesta, puesto que hasta ese momento todas las valoraciones (laboratorio, técnicos, Consejo Asesor) iban en la misma línea, y lo que hizo fue retrasar decisiones, obligando a convocar de nuevo al Consejo Asesor, a pesar de que, en opinión técnica del testigo, no tenía sentido volver a preguntar. Correo, que dio lugar, en opinión del testigo, a un retraso en la revacunación, aumento la presión, genero desconfianza y complicó enormemente la gestión, a pesar de haberse insistido que el tiempo jugaba en contra”.

Por el contrario, no se aprecia que estas anomalías alcancen la categoría de delito. “Es evidente que sí se produce, por razón de dichas dosis caducadas, y así lo indican los técnicos, una situación de riesgo por carecer del efecto de protección que dispensa la vacuna. Pero esta situación es discutible que pueda traspasar la barrera penal, salvo que se acreditara que por razón de la desprotección producida se hayan concretado en alguno de los afectados síntomas de las enfermedades a evitar con la vacuna, lo que llevaría a la correspondiente calificación jurídica”, se puede leer en la resolución. “A pesar de los retrasos constatados en la revacunación, en este momento, no constan acreditados los elementos del delito en los términos expuestos”, recalca también la Fiscalía.

El Defensor del Paciente ha recogido con enfado el cierre de la causa. “La falta de atención de no comprobar la caducidad ya es motivo para responsabilizar a aquellos que deben vigilar la caducidad”, sostiene Carmen Flores, portavoz de esa asociación madrileña.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha destinado 322.372 euros a costear la derivación a clínicas privadas de 1.352 abortos entre enero y finales de abril de 2026, según consta en un breve informe remitido al Parlamento Vasco por el consejero Alberto Martínez en respuesta a una solicitud de documentación de la representante de EH Bildu Rebeka Ubera. El coste medio por intervención es de 238,44 euros, a la luz de estos datos.

Históricamente, Euskadi ha derivado a la Sanidad privada un porcentaje altísimo de las interrupciones del embarazo, siempre del entorno del 95%. Se da la circunstancia de que el Gobierno de Imanol Pradales anunció en 2025 que, en aplicación de una de las medidas incorporadas al pacto de salud firmado con diferentes agentes, iba a asumir “progresivamente” la atención de “todas” las mujeres que quisieran ejercer este derecho reconocido por ley aunque solamente un año atrás defendiera el modelo externalizado. Entonces se habló de un volumen anual del entorno de 4.200 casos. Con las cifras de derivaciones formalizadas en 2026 conocidas ahora no se aprecia un cambio de tendencia en la privatización de este servicio.

Los centros concertados son dos en Álava, Askabide y Aluak, tres en Bizkaia, Askabide, Aluak y Emilli Giménez Garay, y cuatro en Gipuzkoa, Askabide, Aluak, Prada Laya y Emilli Giménez Garay. Es Askabide, con 756 de las 1.352 intervenciones, la más relevante de este grupo. Ha facturado en el primer tercio de 2026 una cuantía de 208.048 euros. Aluak ha gestionado 319, Emilli Giménez Garay 224 y Prada Laya 53.

Askabide estuvo precisamente en el ojo del huracán porque grupos de ultracatólicos organizaron protestas contra el derecho al aborto en la entrada de sus centros, principalmente en el de Vitoria. El caso fue denunciado en aplicación de la nueva ley que castiga las coacciones a las mujeres y a los sanitarios que las atienden y se celebró en Álava el primer juicio en España por este tipo de situaciones. La sentencia se conoció en diciembre de 2025 y los 21 imputados quedaron absueltos. Actualmente se mantienen este tipo de iniciativas, pero en plazas alejadas de la entrada de las clínicas. Ya se buscan 'voluntarios' para hacer rezos en Vitoria y Bilbao a la vuelta del verano. La organización asegura que controlará que no haya nunca más de “19 personas” a la vez, el tope legal para que no sea considerado como manifestación y haya obligación de comunicarlo a la Ertzaintza.

“Se llega a la conclusión de que no están cumpliendo lo que anunciaron”, dice EH Bildu a la luz de las estadísticas. Y añade Ubera: “Solicitamos dicha información el 24 de abril al consejero de Salud para saber si estaban cumpliendo realmente su anuncio de octubre de 2025 de que de manera progresiva iban a dejar de derivar las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas para realizarlas en hospitales de Osakidetza. [Pero] Tenemos una Consejería que nos ha acostumbrado a muchos anuncios y promesas que luego no acaban materializándose. Los antecedentes nos hacían sospechar que podíamos estar otra vez ante un caso así y, lamentablemente, los datos remitidos por el Departamento no hacen sino confirmar nuestras sospechas”.

Las listas de espera quirúrgicas en Osakidetza se están acercando al pico de 85 días alcanzado en agosto de 2022, tras la finalización de las oleadas de la COVID-19. El último dato semestral, conocido este jueves, sitúa la demora media en 77,4 días, muy por encima de los 54,2 de hace medio año. Traducido, son dos meses, dos semanas y media. El Gobierno vasco culpa de este cambio repentino de tendencia a la huelga de los médicos contra el estatuto marco de la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, que son de una semana al mes desde comienzos de 2026, aunque los datos de seguimiento nunca superan el 20%, según los datos que reporta la propia Osakidetza.

La alternativa que se está planteando es incrementar las derivaciones a la Sanidad privada. De hecho, aunque por decreto desde 2006 es una posibilidad automática cuando un paciente supera los 180 días, Osakidetza asegura que ya lo está aplicando desde los 150, esto es, cuando pasan cinco meses y no seis.

“El plan de choque puesto en marcha por Osakidetza y la derivación a centros concertados de pacientes para garantizar en la medida de lo posible que la espera no sea de más de seis meses y que se derivan desde los 150 dias, y que hasta la fecha se cifra en 1.721 personas, ha favorecido que la listas no se desborden en exceso. Aun así, el tiempo medio de espera ha aumentado en veinte días desde finales de noviembre pasado, aunque Euskadi sigue siendo una de las comunidades autónomas con mejores datos en tiempos de espera”, ha explicado el Ejecutivo.

Dice Osakidetza que, en el marco de las huelgas, “el número de pacientes en lista de espera quirúrgica ha pasado de 24.103 a 28.672 personas, con una demora media que aumenta desde los 54,19 días de espera, a los 77,40 días”. “La demora media hace un año, en mayo de 2025, era de 56,61 días”, abunda el Ejecutivo.

Los alrededor de 55 días sin huelgas de finales de 2025, en todo caso, seguían lejos de los registros previos a la pandemia, con 47,9 días de promedio justo antes de los primeros casos de coronavirus, que obligaron a priorizar toda la actividad asistencial y a suspender intervenciones de otras patologías. Justo después del confinamiento el salto fue hasta los 68 días, mejor que ahora también, y siguió empeorando hasta el pico de 85 del verano de 2022. En 2023 cambió la tendencia y bajó ya a 61,9 a finales de ese año.

Las listas de espera son tres. Además de la quirúrgica, está la de consultas especializadas y la de pruebas diagnósticas. Tampoco evolucionan bien. “El tiempo medio de asistencia es de 74,80 días, frente a los 56,54 días de espera media que había a finales de noviembre” en las consultas, expone la información oficial. Se añade que “traumatología y oftalmología son las especialidades que acumulan más tiempo de espera, mientras que hay que destacar que no hay espera en pacientes oncológicos ni de cirugía cardíaca, y que la espera es mínima en servicios como medicina nuclear o radiodiagnóstico”.

Según Osakidetza, “las pruebas complementarias también reflejan el impacto del conflicto laboral” y “la espera media es de 63,74 días frente a los 42,23 de espera media que había a finales de noviembre”. “No todas las pruebas se han visto afectadas de la misma manera ya que, por ejemplo, el acceso a las resonancias magnéticas, equipamiento que se emplea principalmente en el campo de la oncología y de la cardiología, se ha visto reducido en un 19% en los últimos seis meses”, informa el Servicio Vasco de Salud.

Las huelgas, a lo que se suman estrategias de no hacer horas extraordinarias, están generando un conflicto político entre el Gobierno vasco y el español. El PNV lleva meses criticando la postura de la ministra de Sumar y reclamando que si no desea negociar las condiciones laborales en primera persona ceda las competencias a las comunidades autónomas. En Osakidetza, sin embargo, no se ha renovado el convenio desde 2008.

El Departamento de Salud ultima los pliegos de la nueva contrata de ambulancias de Osakidetza, según confirman fuentes oficiales. Es el servicio externalizado de mayor volumen, con un coste actualmente de unos 8 millones de euros mensuales sin contar la red de Gipuzkoa. De abrirse ahora la licitación, las nuevas contratas podrían estar asignadas a la vuelta del verano, salvo que medien recursos u otras incidencias. El Gobierno subraya, como novedad, que ha recogido “aportaciones de las asociaciones de pacientes” para mejorar el servicio.

El actual contrato tiene una relevancia singular porque vendría a regularizar el servicio después de la convulsa etapa de la catalana Grup La Pau, la adjudicataria en Bizkaia y Álava que vio rescindido su contrato antes de su finalización por un rosario de incumplimientos laborales, salariales y asistenciales negados en un inicio por la Administración. Aquello se produjo en noviembre de 2024 y, para garantizar la continuidad asistencial, se optó por contrataciones de emergencia con la nueva marca Bizkanb (la UTE de la rama sanitaria de Alsa, Sanir, y la local Baztan-Bidasoa) en Bizkaia y con una extensión de la contratista guipuzcoana, Ambulancias Gipuzkoa, para cubrir también Álava. En un inicio se habló de un parche para catorce meses con un coste de 110 millones totales pero, al llegar enero de 2026, se conoció que la duración de las adjudicaciones directas era en realidad indefinida.

La oposición está urgiendo ya al consejero de Salud, Alberto Martínez, a que explique por qué no está abierto el nuevo concurso. Rebeka Ubera, de EH Bildu, que realiza un estrecho marcaje de la política sanitaria, señala que las últimas noticias que tenían apuntaban al “primer cuatrimestre” de 2026, un plazo ya superado. Ubera ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento Vasco y, entre otros puntos, pide que se aclaren plazos y las reuniones mantenidas para la confección de los pliegos y si han incluido a los sindicatos.

Denuncias en Álava

De hecho, la renovación de la contrata coincide con nuevas denuncias de irregularidades, en este caso del comité de Ambulancias Gipuzkoa en Álava. Los sindicatos CCOO, LAB, ELA y ESK explican que la compañía ha acumulado 18 requerimientos de la Inspección de Trabajo por “incumplimientos” de variados tipos desde la contratación de emergencia. Apuntan, igualmente, ha que “hay abiertos varios casos de agresión verbales o físicas a personas trabajadoras por parte de pacientes o familiares” sin que Ambulancias Gipuzkoa haya respaldado a sus profesionales.

El comité cuestiona también el estado de la flota. Aluden a “fallos electrónicos de motor”, “sillas de traslado sujetas con bridas” o incluso a “tuberías de oxígeno” con pérdidas. Además, las unidades de reserva “no cumplen con los pliegos” del contrato anteriores. Los sindicatos desconocen si Salud ha realizado “algún tipo de control para verificar el cumplimiento” de las condiciones de la contrata en Álava e ironizan que, en principio, se hablaba de catorce meses de recambio temporal para Grup La Pau.

“En los últimos diez años, han pasado tres empresas distintas por la provincia de Álava, dejando todas ellas deudas con las personas trabajadoras [y] acumulando todas ellas innumerables sanciones e incumplimientos en Inspección de Trabajo [y] sentencias en contra, vulnerando derechos de las personas trabajadoras. Y todo con el beneplácito del Gobierno vasco, que [...] ha permitido la desprotección de la ciudadanía con estas empresas piratas”, añaden CCOO, LAB, ELA y ESK. Contactada por este periódico, Ambulancias Gipuzkoa no ha atendido a la petición de aclaraciones.

El servicio de transporte sanitario de Osakidetza tiene tres modalidades diferencias. Las UVI móvil, con la excepción de Donostia, están gestionadas directamente con recursos públicos. Por el contrario, la red urgente (vehículos amarillos) y la red de traslados programados o no asistenciales (azules y blancos) están externalizadas. El nombre de la empresa adjudicataria aparece siempre en la puerta.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha confirmado finalmente al Parlamento Vasco que Euskadi, en 2025, únicamente envió al registro oncológico estatal, llamado REDECAN, información con diagnósticos hasta 2019, sin ofrecer datos actualizados de casos de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ó 2025. Como adelantó este periódico en diciembre, el registro autonómico no tiene estadísticas más recientes.

Martínez, en respuesta a varias solicitudes de información de la representante de EH Bildu Rebeka Ubera y a preguntas de los medios de comunicación, había insistido desde que trascendió esta situación en que, en octubre, Euskadi había sido de las pocas comunidades autónomas en aportar datos al REDECAN. Sin embargo, el contenido de esa entrega facilitado ahora a la Cámara, de nuevo a instancias de la formación abertzale, detalla que el último caso diagnosticado registrado es del 26 de diciembre de 2019, un paciente de Gipuzkoa.

El REDECAN pidió a Euskadi el 3 de octubre de 2025 datos para su séptima oleada. Este registro persigue “obtener y proporcionar de forma periódica a las autoridades sanitarias y a la comunidad científica los resultados sobre incidencia, supervivencia, mortalidad y prevalencia del cáncer en España”. También “promover, facilitar, realizar y publicar investigaciones sobre cáncer con datos de los registros poblacionales de cáncer”.

El propio escrito de petición demandaba que la entrega se haga con un nombre de fichero muy concreto. Así, al analizar lo enviado ya se da la pista de que no hay diagnósticos más recientes que los de 2019, aunque el cáncer es una de las patologías con mayor prevalencia en Euskadi y una de las principales causas de fallecimientos en ambos sexos. Sí constan algunos registros actualizados en 2020, 2021 ó 2022, pero no casos nuevos.

Se da la circunstancia de que, en 2024, Euskadi recibió un requerimiento similar del equivalente europeo al REDECAN, llamado ENCR. Los nombres de los tres ficheros entregados muestran, igualmente, que la estadística se corta en 2019. Existe también un registro internacional, llamado IACR.

En su momento, fuentes internas hacían constar que el motivo de la no actualización del Registro del Cáncer, creado en 1986, se debía a falta de personal y a problemas con el aplicativo informático. En enero, el consejero Martínez comprometió una inversión de 421.000 euros para un nuevo 'software' que permitiera actualizar el registro. Textualmente, se indicaba que “a partir del primer trimestre de 2026” se emplearía “exclusivamente” un nuevo sistema informático llamado “AC59”.

Ahora, en mayo, Martínez dice que, “en la actualidad, el Registro del Cáncer sigue utilizando la aplicación antigua K43 para la recogida de datos, ya que la aplicación AC59 ”todavía no está operativa“. Explica que está ”en fase de desarrollo“. Martínez insiste en que el K43 ”se sustituye por cuestiones técnicas“ y que la nueva permitirá una recogida ”automatizada“ de información, así como ”cruces“ con otras bases de datos como la de mortalidad, ”actualización del seguimiento de los casos“ y una opción para ”extraer datos conforme a los formatos solicitados para los distintos envíos oficiales, incluido el Ministerio de Sanidad del Estado español“. No se dan fechas.

En febrero, este periódico también informó de que el Registro de Anomalías Congénitas de Euskadi (conocido por las siglas RACAV) está abandonado desde hace años y no hay información actualizada de posibles casos de cardiopatías, incidencias cromosómicas como el síndrome de Down o problemas de visión, entre muchos otros, en “nacidos vivos, mortinatos e interrupciones voluntarias del embarazo”. La última memoria, con estadísticas de 2010 a 2015, fue publicada en 2019, con Jon Darpón de consejero.

A este respecto, Martínez dijo que no había planes para actualizarlo porque no es una base de datos “obligatoria”. Sin embargo, en el nuevo organismo que se va a crear, llamado Osasungintza y que ejercerá como agencia vasca de salud pública, se pretenden centralizar todos los registros, incluido el oncológico y el de anomalías congénitas. La inexistencia de estadísticas actualizadas no implica cambios en la parte asistencial de estas patologías.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha informado de que 800 pacientes han sido derivados a la Sanidad privada en las últimas semanas en aplicación de un decreto de 2006 que garantiza una espera quirúrgica general de menos de 180 días en Osakidetza, que se reduce a 90 días en casos de patologías cardíacas y 30 para pacientes oncológicos. “Vamos a continuar en esta línea”, ha asegurado en el Parlamento durante la sesión de control al Gobierno.

Martínez, que presentó esta posibilidad vigente desde hace dos décadas como novedad en abril, ha defendido que las derivaciones han logrado “frenar la tendencia creciente” en las listas de espera en Euskadi, motivadas por la huelga corporativa de médicos en toda España que implica paros de una semana cada mes. El consejero ha vuelto a lamentar que, por esa movilización, los buenos datos alcanzados en noviembre de 2025, los mejores desde la llegada de la COVID-19, se hayan ido al traste. Ha insistido en que 1.800 personas se han visto obligadas a esperar más de seis meses.

El PNV repite que la responsabilidad es de la ministra de Sanidad. El lehendakari, Imanol Pradales, ha lanzado también en la Cámara una dura crítica a Mónica García, de Sumar. El consejero de Salud ha vuelto a plantear una “transferencia” de las competencias en torno al estatuto marco médico para resolver desde Euskadi el conflicto. Según Martínez, el problema no es que no haya “avances” en la negociación, sino que “ni siquiera ha habido reuniones” para intentarlo. Lo ha contrapuesto con los acuerdos que él alcanza con los sindicatos. Ha citado uno reciente con SME, Satse y CCOO. Sin embargo, Osakidetza no renueva su convenio desde 2008.

Martínez ha intervenido en el pleno de control en respuesta a una pregunta del PP. Laura Garrido ha argumentado que el problema de la Sanidad vasca es muy previo a la huelga y ha añadido que las esperas van mucho más allá de las operaciones. Ha insistido con ejemplos en que se está demorando igualmente las citas en los ambulatorios. El consejero ha negado la mayor, señalando que la media es de “1,7 días” desde que se solicita.