El consejero de Salud, Alberto Martínez, mantiene la “confianza” en el director de Salud Pública, Guillermo Herrero, a pesar de que declarara en la Fiscalía, en el marco de la investigación por la crisis de las vacunas caducadas administradas a bebés, que en los momentos iniciales, antes de que el caso trascendiera a la opinión pública, recibió “reproches” de sus “superiores” por querer actuar con más celeridad. Martínez ha explicado, a preguntas de los periodistas, que lo que se buscó fue una “información contrastada” y con el “máximo aval científico” antes de tomar las decisiones.

La crisis de las vacunas pasadas de fecha estalló en enero. El Gobierno no hizo públicas las primeras sospechas hasta que, desde la oposición, EH Bildu registró una pregunta sobre ello en el Parlamento Vasco. Internamente, según constata la Fiscalía, se hicieron más consultas de las que tenían “sentido” tras tener ya un dictamen que avalaba iniciar la revacunación de los afectados y que motivaron un “retraso” en las medidas paliativas, siempre según la tesis que sostuvo en sede judicial el responsable de Salud Pública. Herrero planteó responder “de inmediato, vacunar cuanto antes” y crear un “gabinete de crisis”.

Herrero lleva en el cargo desde 2024, es decir, desde que Martínez es consejero de Salud. Sobrevivió, por lo tanto, a la profunda renovación del equipo del verano de 2025, en el que salieron el viceconsejero Enrique Peiró o la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna, entre otros cargos. Es el primer veterinario de formación en esa posición y antes de ser alto cargo fue técnico de Salud Pública durante casi tres décadas.

Martínez, en una comparecencia convocada en la Presidencia vasca, ha asegurado desconocer el “detalle” de la declaración de su colaborador ante la Fiscalía. Sin embargo, ha querido destacar que la causa penal está cerrada y, sobre todo, que se haya “avalado” que no hubo “daño para los pacientes”. El consejero ha insistido en que fue prudente hacer consultas a diferentes organismos, como el laboratorio o la Agencia Española del Medicamento, es decir, tomarse un “tiempo” para encontrar la mejor “respuesta” desde la “evidencia científica”. “Y todos nos decían que no había un riesgo inmediato”, ha manifestado también para justificar la espera en la reacción.

La fiscal superior vasca, Carmen Adán, ha completado su investigación por el caso de la inoculación de vacunas caducadas a bebés en Osakidetza, que estalló en enero de 2026 y que luego se ha mostrado con un problema prolongado en el tiempo. La mejor noticia para el consejero de Salud, Alberto Martínez, del PNV, es que, como ha adelantado 'El Correo', las responsabilidades penales quedan totalmente archivadas. La entidad Defensor del Paciente pidió analizar si estos hechos podían ser delictivos, pero se entiendeo no solamente que no es así sino que ni siquiera cabe recurso. Ahora bien, el mismo informe de Adán remarca que en la gestión de esta crisis se dieron “retrasos” en la revacunación de los afectados. Y también se recoge el testimonio del director de Salud Público, Guillermo Herrero, alto cargo de Martínez, en la que revela la “tensión” entre la cúpula política de Salud, que quiso gestionar la crisis a su manera y no atendiendo los criterios que planteaba Salud Pública.

El decreto, de cuatro páginas, fue emitido el 21 de mayo por la fiscal Adán. Explica que los denunciantes entendían que la administración de vacunas caducadas pudo constituir “una negligencia grave de naturaleza penal” porque “suponía un riesgo para la salud, por reacciones adversas o por pérdida de eficacia en las vacunas”. Se recordaba que la “mayoría” de afectados eran bebés. La Fiscalía, posteriormente, recabó otras denuncias de familias directamente concercinas. En algunos casos pidieron “anonimato” por temor a las “consecuencias” en sus “tratamientos” en Osakidetza.

La Fiscalía requirió a Osakidetza una relación detalla de las vacunas suministradas. Adán se queja de que la información no es completa y que hay dudas de la “trazabilidad” de algunas de las comunicaciones. Es público que tuvo que enviar a la Ertzaintza a la sede central del Servicio Vasco de Salud porque no se atendió en tiempo y forma el primer requerimiento. Esto tiene un antecedente: en 2008, cuando se inició la causa de las filtraciones de exámenes médicos en la OPE de Osakidetza, la dirección de entonces tampoco aportó todo el material requerido.

Entiende la Fiscalía que la administración de dosis pasadas de fecha no fue algo aislado. “El hecho de que las vacunas de lotes caducados fueron administradas en varios centros de salud pertenecientes a diferentes OSI [comarcas sanitarias], apoya la versión de una cuestión estructural concatenada que inicialmente generó una situación de desprotección inicial de salud por exposición a los virus y enfermedades que las vacunas contrarrestan, siendo relevante que ello afectó a colectivos muy significados (lactantes o personas en situación de vulnerabilidad específica)”, afirma.

Después se expone la respuesta que dio Salud tras conocer los hechos. Se activó el protocolo habitual para estos casos y la respuesta fue también la habitual. ¿Cuál fue? “Se dice claramente que las dosis administradas tras las fechas de caducidad no son válidas y deben repetirse, así como que no hay problemas de seguridad porque tratarse de una vacuna de virus vivos, no hay riesgo para la salud y se puede repetir la vacunación en cualquier momento”, expone Adán.

Salud Pública, con Herrero al frente, “elaboró un posicionamiento técnico, por el cual se consideraba prioritario identificar los casos y revacunar cuanto antes, porque se trataba de lactantes y población de riesgo”. “Sin embargo, indican también los testigos, que, aunque desde el punto de vista técnico no había riesgo para la salud por razón de la revacunación, por indicación superior se pidieron otras valoraciones, paralizando la revacunación a la espera de esas respuestas. Más concretamente se expresa que no sólo no se ordenó la revacunación, sino que se indicó que se solicitaran más informes, que se volviera a consultar a la Agencia Española de Medicamento, y otra vez al laboratorio”, relata la Fiscalía.

“El director de Salud Pública aclara en su declaración que él solicitó expresamente el día 20 de enero que se convocara al Consejo Asesor de Vacunas, convocatoria que no fue bien recibida, que hubo bastante tensión, que no se quería que se convocara y que recibió reproches por haberlo pedido. Que hubo una primera deliberación rápida el día 21, una segunda reunión el día 26 y una definitiva el día 28. En esta declaración, consta aportado por el testigo que el día 21 por la noche elaboró una propuesta de hoja de ruta en la que insiste en actuar de inmediato, vacunar cuanto antes, comunicar a las familias y coordinar Salud Pública, Osakidetza y Comunicación, incluso la necesidad de un gabinete de crisis. Hoja de ruta que no se acepta, optando sus superiores por esperar a más informes”, se expone desde Fiscalía.

Y se agrega: “Llama la atención de las declaraciones y la documental que la Agencia Española que primero ha indicado que se contacte con el laboratorio traslada, a través de un correo del director de Farmacia, Iñaki Betolaza, que no consideran necesaria la revacunación. Correo que, según los testigos, distorsiona todo el proceso de respuesta, puesto que hasta ese momento todas las valoraciones (laboratorio, técnicos, Consejo Asesor) iban en la misma línea, y lo que hizo fue retrasar decisiones, obligando a convocar de nuevo al Consejo Asesor, a pesar de que, en opinión técnica del testigo, no tenía sentido volver a preguntar. Correo, que dio lugar, en opinión del testigo, a un retraso en la revacunación, aumento la presión, genero desconfianza y complicó enormemente la gestión, a pesar de haberse insistido que el tiempo jugaba en contra”.

Por el contrario, no se aprecia que estas anomalías alcancen la categoría de delito. “Es evidente que sí se produce, por razón de dichas dosis caducadas, y así lo indican los técnicos, una situación de riesgo por carecer del efecto de protección que dispensa la vacuna. Pero esta situación es discutible que pueda traspasar la barrera penal, salvo que se acreditara que por razón de la desprotección producida se hayan concretado en alguno de los afectados síntomas de las enfermedades a evitar con la vacuna, lo que llevaría a la correspondiente calificación jurídica”, se puede leer en la resolución. “A pesar de los retrasos constatados en la revacunación, en este momento, no constan acreditados los elementos del delito en los términos expuestos”, recalca también la Fiscalía.

El Defensor del Paciente ha recogido con enfado el cierre de la causa. “La falta de atención de no comprobar la caducidad ya es motivo para responsabilizar a aquellos que deben vigilar la caducidad”, sostiene Carmen Flores, portavoz de esa asociación madrileña.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha destinado 322.372 euros a costear la derivación a clínicas privadas de 1.352 abortos entre enero y finales de abril de 2026, según consta en un breve informe remitido al Parlamento Vasco por el consejero Alberto Martínez en respuesta a una solicitud de documentación de la representante de EH Bildu Rebeka Ubera. El coste medio por intervención es de 238,44 euros, a la luz de estos datos.

Históricamente, Euskadi ha derivado a la Sanidad privada un porcentaje altísimo de las interrupciones del embarazo, siempre del entorno del 95%. Se da la circunstancia de que el Gobierno de Imanol Pradales anunció en 2025 que, en aplicación de una de las medidas incorporadas al pacto de salud firmado con diferentes agentes, iba a asumir “progresivamente” la atención de “todas” las mujeres que quisieran ejercer este derecho reconocido por ley aunque solamente un año atrás defendiera el modelo externalizado. Entonces se habló de un volumen anual del entorno de 4.200 casos. Con las cifras de derivaciones formalizadas en 2026 conocidas ahora no se aprecia un cambio de tendencia en la privatización de este servicio.

Los centros concertados son dos en Álava, Askabide y Aluak, tres en Bizkaia, Askabide, Aluak y Emilli Giménez Garay, y cuatro en Gipuzkoa, Askabide, Aluak, Prada Laya y Emilli Giménez Garay. Es Askabide, con 756 de las 1.352 intervenciones, la más relevante de este grupo. Ha facturado en el primer tercio de 2026 una cuantía de 208.048 euros. Aluak ha gestionado 319, Emilli Giménez Garay 224 y Prada Laya 53.

Askabide estuvo precisamente en el ojo del huracán porque grupos de ultracatólicos organizaron protestas contra el derecho al aborto en la entrada de sus centros, principalmente en el de Vitoria. El caso fue denunciado en aplicación de la nueva ley que castiga las coacciones a las mujeres y a los sanitarios que las atienden y se celebró en Álava el primer juicio en España por este tipo de situaciones. La sentencia se conoció en diciembre de 2025 y los 21 imputados quedaron absueltos. Actualmente se mantienen este tipo de iniciativas, pero en plazas alejadas de la entrada de las clínicas. Ya se buscan 'voluntarios' para hacer rezos en Vitoria y Bilbao a la vuelta del verano. La organización asegura que controlará que no haya nunca más de “19 personas” a la vez, el tope legal para que no sea considerado como manifestación y haya obligación de comunicarlo a la Ertzaintza.

“Se llega a la conclusión de que no están cumpliendo lo que anunciaron”, dice EH Bildu a la luz de las estadísticas. Y añade Ubera: “Solicitamos dicha información el 24 de abril al consejero de Salud para saber si estaban cumpliendo realmente su anuncio de octubre de 2025 de que de manera progresiva iban a dejar de derivar las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas para realizarlas en hospitales de Osakidetza. [Pero] Tenemos una Consejería que nos ha acostumbrado a muchos anuncios y promesas que luego no acaban materializándose. Los antecedentes nos hacían sospechar que podíamos estar otra vez ante un caso así y, lamentablemente, los datos remitidos por el Departamento no hacen sino confirmar nuestras sospechas”.

Las listas de espera quirúrgicas en Osakidetza se están acercando al pico de 85 días alcanzado en agosto de 2022, tras la finalización de las oleadas de la COVID-19. El último dato semestral, conocido este jueves, sitúa la demora media en 77,4 días, muy por encima de los 54,2 de hace medio año. Traducido, son dos meses, dos semanas y media. El Gobierno vasco culpa de este cambio repentino de tendencia a la huelga de los médicos contra el estatuto marco de la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, que son de una semana al mes desde comienzos de 2026, aunque los datos de seguimiento nunca superan el 20%, según los datos que reporta la propia Osakidetza.

La alternativa que se está planteando es incrementar las derivaciones a la Sanidad privada. De hecho, aunque por decreto desde 2006 es una posibilidad automática cuando un paciente supera los 180 días, Osakidetza asegura que ya lo está aplicando desde los 150, esto es, cuando pasan cinco meses y no seis.

“El plan de choque puesto en marcha por Osakidetza y la derivación a centros concertados de pacientes para garantizar en la medida de lo posible que la espera no sea de más de seis meses y que se derivan desde los 150 dias, y que hasta la fecha se cifra en 1.721 personas, ha favorecido que la listas no se desborden en exceso. Aun así, el tiempo medio de espera ha aumentado en veinte días desde finales de noviembre pasado, aunque Euskadi sigue siendo una de las comunidades autónomas con mejores datos en tiempos de espera”, ha explicado el Ejecutivo.

Dice Osakidetza que, en el marco de las huelgas, “el número de pacientes en lista de espera quirúrgica ha pasado de 24.103 a 28.672 personas, con una demora media que aumenta desde los 54,19 días de espera, a los 77,40 días”. “La demora media hace un año, en mayo de 2025, era de 56,61 días”, abunda el Ejecutivo.

Los alrededor de 55 días sin huelgas de finales de 2025, en todo caso, seguían lejos de los registros previos a la pandemia, con 47,9 días de promedio justo antes de los primeros casos de coronavirus, que obligaron a priorizar toda la actividad asistencial y a suspender intervenciones de otras patologías. Justo después del confinamiento el salto fue hasta los 68 días, mejor que ahora también, y siguió empeorando hasta el pico de 85 del verano de 2022. En 2023 cambió la tendencia y bajó ya a 61,9 a finales de ese año.

Las listas de espera son tres. Además de la quirúrgica, está la de consultas especializadas y la de pruebas diagnósticas. Tampoco evolucionan bien. “El tiempo medio de asistencia es de 74,80 días, frente a los 56,54 días de espera media que había a finales de noviembre” en las consultas, expone la información oficial. Se añade que “traumatología y oftalmología son las especialidades que acumulan más tiempo de espera, mientras que hay que destacar que no hay espera en pacientes oncológicos ni de cirugía cardíaca, y que la espera es mínima en servicios como medicina nuclear o radiodiagnóstico”.

Según Osakidetza, “las pruebas complementarias también reflejan el impacto del conflicto laboral” y “la espera media es de 63,74 días frente a los 42,23 de espera media que había a finales de noviembre”. “No todas las pruebas se han visto afectadas de la misma manera ya que, por ejemplo, el acceso a las resonancias magnéticas, equipamiento que se emplea principalmente en el campo de la oncología y de la cardiología, se ha visto reducido en un 19% en los últimos seis meses”, informa el Servicio Vasco de Salud.

Las huelgas, a lo que se suman estrategias de no hacer horas extraordinarias, están generando un conflicto político entre el Gobierno vasco y el español. El PNV lleva meses criticando la postura de la ministra de Sumar y reclamando que si no desea negociar las condiciones laborales en primera persona ceda las competencias a las comunidades autónomas. En Osakidetza, sin embargo, no se ha renovado el convenio desde 2008.

El Departamento de Salud ultima los pliegos de la nueva contrata de ambulancias de Osakidetza, según confirman fuentes oficiales. Es el servicio externalizado de mayor volumen, con un coste actualmente de unos 8 millones de euros mensuales sin contar la red de Gipuzkoa. De abrirse ahora la licitación, las nuevas contratas podrían estar asignadas a la vuelta del verano, salvo que medien recursos u otras incidencias. El Gobierno subraya, como novedad, que ha recogido “aportaciones de las asociaciones de pacientes” para mejorar el servicio.

El actual contrato tiene una relevancia singular porque vendría a regularizar el servicio después de la convulsa etapa de la catalana Grup La Pau, la adjudicataria en Bizkaia y Álava que vio rescindido su contrato antes de su finalización por un rosario de incumplimientos laborales, salariales y asistenciales negados en un inicio por la Administración. Aquello se produjo en noviembre de 2024 y, para garantizar la continuidad asistencial, se optó por contrataciones de emergencia con la nueva marca Bizkanb (la UTE de la rama sanitaria de Alsa, Sanir, y la local Baztan-Bidasoa) en Bizkaia y con una extensión de la contratista guipuzcoana, Ambulancias Gipuzkoa, para cubrir también Álava. En un inicio se habló de un parche para catorce meses con un coste de 110 millones totales pero, al llegar enero de 2026, se conoció que la duración de las adjudicaciones directas era en realidad indefinida.

La oposición está urgiendo ya al consejero de Salud, Alberto Martínez, a que explique por qué no está abierto el nuevo concurso. Rebeka Ubera, de EH Bildu, que realiza un estrecho marcaje de la política sanitaria, señala que las últimas noticias que tenían apuntaban al “primer cuatrimestre” de 2026, un plazo ya superado. Ubera ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento Vasco y, entre otros puntos, pide que se aclaren plazos y las reuniones mantenidas para la confección de los pliegos y si han incluido a los sindicatos.

Denuncias en Álava

De hecho, la renovación de la contrata coincide con nuevas denuncias de irregularidades, en este caso del comité de Ambulancias Gipuzkoa en Álava. Los sindicatos CCOO, LAB, ELA y ESK explican que la compañía ha acumulado 18 requerimientos de la Inspección de Trabajo por “incumplimientos” de variados tipos desde la contratación de emergencia. Apuntan, igualmente, ha que “hay abiertos varios casos de agresión verbales o físicas a personas trabajadoras por parte de pacientes o familiares” sin que Ambulancias Gipuzkoa haya respaldado a sus profesionales.

El comité cuestiona también el estado de la flota. Aluden a “fallos electrónicos de motor”, “sillas de traslado sujetas con bridas” o incluso a “tuberías de oxígeno” con pérdidas. Además, las unidades de reserva “no cumplen con los pliegos” del contrato anteriores. Los sindicatos desconocen si Salud ha realizado “algún tipo de control para verificar el cumplimiento” de las condiciones de la contrata en Álava e ironizan que, en principio, se hablaba de catorce meses de recambio temporal para Grup La Pau.

“En los últimos diez años, han pasado tres empresas distintas por la provincia de Álava, dejando todas ellas deudas con las personas trabajadoras [y] acumulando todas ellas innumerables sanciones e incumplimientos en Inspección de Trabajo [y] sentencias en contra, vulnerando derechos de las personas trabajadoras. Y todo con el beneplácito del Gobierno vasco, que [...] ha permitido la desprotección de la ciudadanía con estas empresas piratas”, añaden CCOO, LAB, ELA y ESK. Contactada por este periódico, Ambulancias Gipuzkoa no ha atendido a la petición de aclaraciones.

El servicio de transporte sanitario de Osakidetza tiene tres modalidades diferencias. Las UVI móvil, con la excepción de Donostia, están gestionadas directamente con recursos públicos. Por el contrario, la red urgente (vehículos amarillos) y la red de traslados programados o no asistenciales (azules y blancos) están externalizadas. El nombre de la empresa adjudicataria aparece siempre en la puerta.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha confirmado finalmente al Parlamento Vasco que Euskadi, en 2025, únicamente envió al registro oncológico estatal, llamado REDECAN, información con diagnósticos hasta 2019, sin ofrecer datos actualizados de casos de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ó 2025. Como adelantó este periódico en diciembre, el registro autonómico no tiene estadísticas más recientes.

Martínez, en respuesta a varias solicitudes de información de la representante de EH Bildu Rebeka Ubera y a preguntas de los medios de comunicación, había insistido desde que trascendió esta situación en que, en octubre, Euskadi había sido de las pocas comunidades autónomas en aportar datos al REDECAN. Sin embargo, el contenido de esa entrega facilitado ahora a la Cámara, de nuevo a instancias de la formación abertzale, detalla que el último caso diagnosticado registrado es del 26 de diciembre de 2019, un paciente de Gipuzkoa.

El REDECAN pidió a Euskadi el 3 de octubre de 2025 datos para su séptima oleada. Este registro persigue “obtener y proporcionar de forma periódica a las autoridades sanitarias y a la comunidad científica los resultados sobre incidencia, supervivencia, mortalidad y prevalencia del cáncer en España”. También “promover, facilitar, realizar y publicar investigaciones sobre cáncer con datos de los registros poblacionales de cáncer”.

El propio escrito de petición demandaba que la entrega se haga con un nombre de fichero muy concreto. Así, al analizar lo enviado ya se da la pista de que no hay diagnósticos más recientes que los de 2019, aunque el cáncer es una de las patologías con mayor prevalencia en Euskadi y una de las principales causas de fallecimientos en ambos sexos. Sí constan algunos registros actualizados en 2020, 2021 ó 2022, pero no casos nuevos.

Se da la circunstancia de que, en 2024, Euskadi recibió un requerimiento similar del equivalente europeo al REDECAN, llamado ENCR. Los nombres de los tres ficheros entregados muestran, igualmente, que la estadística se corta en 2019. Existe también un registro internacional, llamado IACR.

En su momento, fuentes internas hacían constar que el motivo de la no actualización del Registro del Cáncer, creado en 1986, se debía a falta de personal y a problemas con el aplicativo informático. En enero, el consejero Martínez comprometió una inversión de 421.000 euros para un nuevo 'software' que permitiera actualizar el registro. Textualmente, se indicaba que “a partir del primer trimestre de 2026” se emplearía “exclusivamente” un nuevo sistema informático llamado “AC59”.

Ahora, en mayo, Martínez dice que, “en la actualidad, el Registro del Cáncer sigue utilizando la aplicación antigua K43 para la recogida de datos, ya que la aplicación AC59 ”todavía no está operativa“. Explica que está ”en fase de desarrollo“. Martínez insiste en que el K43 ”se sustituye por cuestiones técnicas“ y que la nueva permitirá una recogida ”automatizada“ de información, así como ”cruces“ con otras bases de datos como la de mortalidad, ”actualización del seguimiento de los casos“ y una opción para ”extraer datos conforme a los formatos solicitados para los distintos envíos oficiales, incluido el Ministerio de Sanidad del Estado español“. No se dan fechas.

En febrero, este periódico también informó de que el Registro de Anomalías Congénitas de Euskadi (conocido por las siglas RACAV) está abandonado desde hace años y no hay información actualizada de posibles casos de cardiopatías, incidencias cromosómicas como el síndrome de Down o problemas de visión, entre muchos otros, en “nacidos vivos, mortinatos e interrupciones voluntarias del embarazo”. La última memoria, con estadísticas de 2010 a 2015, fue publicada en 2019, con Jon Darpón de consejero.

A este respecto, Martínez dijo que no había planes para actualizarlo porque no es una base de datos “obligatoria”. Sin embargo, en el nuevo organismo que se va a crear, llamado Osasungintza y que ejercerá como agencia vasca de salud pública, se pretenden centralizar todos los registros, incluido el oncológico y el de anomalías congénitas. La inexistencia de estadísticas actualizadas no implica cambios en la parte asistencial de estas patologías.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha informado de que 800 pacientes han sido derivados a la Sanidad privada en las últimas semanas en aplicación de un decreto de 2006 que garantiza una espera quirúrgica general de menos de 180 días en Osakidetza, que se reduce a 90 días en casos de patologías cardíacas y 30 para pacientes oncológicos. “Vamos a continuar en esta línea”, ha asegurado en el Parlamento durante la sesión de control al Gobierno.

Martínez, que presentó esta posibilidad vigente desde hace dos décadas como novedad en abril, ha defendido que las derivaciones han logrado “frenar la tendencia creciente” en las listas de espera en Euskadi, motivadas por la huelga corporativa de médicos en toda España que implica paros de una semana cada mes. El consejero ha vuelto a lamentar que, por esa movilización, los buenos datos alcanzados en noviembre de 2025, los mejores desde la llegada de la COVID-19, se hayan ido al traste. Ha insistido en que 1.800 personas se han visto obligadas a esperar más de seis meses.

El PNV repite que la responsabilidad es de la ministra de Sanidad. El lehendakari, Imanol Pradales, ha lanzado también en la Cámara una dura crítica a Mónica García, de Sumar. El consejero de Salud ha vuelto a plantear una “transferencia” de las competencias en torno al estatuto marco médico para resolver desde Euskadi el conflicto. Según Martínez, el problema no es que no haya “avances” en la negociación, sino que “ni siquiera ha habido reuniones” para intentarlo. Lo ha contrapuesto con los acuerdos que él alcanza con los sindicatos. Ha citado uno reciente con SME, Satse y CCOO. Sin embargo, Osakidetza no renueva su convenio desde 2008.

Martínez ha intervenido en el pleno de control en respuesta a una pregunta del PP. Laura Garrido ha argumentado que el problema de la Sanidad vasca es muy previo a la huelga y ha añadido que las esperas van mucho más allá de las operaciones. Ha insistido con ejemplos en que se está demorando igualmente las citas en los ambulatorios. El consejero ha negado la mayor, señalando que la media es de “1,7 días” desde que se solicita.

Osakidetza garantiza que no comparte datos clínicos privados en los mensajes de WhatsApp que envía a los pacientes. Este nuevo sistema complementario de contacto con la ciudadanía, estrenado este 2026, “únicamente” informa de cuestiones “de carácter administrativo”, como las citas, y solamente después de haber “obtenido el consentimiento explícito de los interesados”, insiste el Servicio Vasco de Salud.

El consejero Alberto Martínez ha enviado al Parlamento Vasco un primer balance del nuevo sistema en respuesta a una solicitud de información realizada por la representante de EH Bildu Lore Martínez Axpe, que hace seguimiento de los asuntos tecnológicos. Fue a finales de 2025 cuando Osakidetza informó del lanzamiento de la nueva plataforma de comunicación y en marzo ya se activó oficialmente. En ese momento se indicó que “un total de 144.743 personas” habían dado ya su consentimiento “tras haber recibido un SMS informativo oficial en sus móviles”.

Según promocionó entonces el Gobierno, esta medida forma parte del proceso de “transformación digital” de Osakidetza y sería especialmente interesante porque utiliza la aplicación de mensajería para teléfonos móviles más popular y envía alertas “sin necesidad de descargar nuevas aplicaciones”. “Ahora, más cerca de ti” es el lema de la campaña de promoción de este servicio.

Martínez responde a EH Bildu que Osakidetza “no fomenta ninguna nueva dependencia tecnológica”. Insiste, en primer lugar, en que las comunicaciones por WhatsApp son “estrictamente opcionales” y que, en segundo lugar, son “complementarias” a otros sistemas. Cita la carpeta de salud -el repositorio digital de la información clínica-, los SMS que llevan tiempo empleándose para una función similar a la actual del WhatsApp, las cartas en papel que se siguen enviando por correo postal, los trámites presenciales y, desde luego, los teléfonos 112, 900 20 30 50 (el denominado Consejo Sanitario) o los de los diferentes hospitales y ambulatorios.

“WhatsApp se incorpora únicamente como un canal adicional para quienes libremente y a través de su consentimiento deseen utilizarlo, sin generar obligación alguna para la ciudadanía ni condicionar el acceso a los servicios sanitarios. Osakidetza ha asumido la aplicación de comunicación de uso mayoritario en la sociedad vasca [y] por eso no se han considerado aplicaciones minoritarias”, expone Salud. No obstante, sí existen canales de Telegram, una alternativa a WhatsApp, para otros usos como la comunicación institucional oficial.

Se subraya, en todo caso, que esos nuevos mensajes que se están enviando “no incorporan datos de salud”. “Su contenido se limita estrictamente a avisos generales, tales como recordatorio de cita u otras notificaciones de naturaleza administrativa”, insiste Martínez en la respuesta parlamentaria. La información clínica “de carácter sensible” se gestiona “exclusivamente” en recursos “propios y seguros”. Esos datos están “sometidos a las correspondientes medidas de seguridad, confidencialidad y protección de datos”.

Osakidetza, en todo caso, dice estar empleando la versión “empresarial” de la aplicación del icono verde, propiedad del gigante Meta (Facebook o Instagram son algunas de sus otras plataformas). Supuestamente, esa versión ofrece más “medidas concretas y específicas” de seguridad de las comunicaciones que la ordinaria, así como “gestión” de “incidentes” y “vulnerabilidades”. Meta, además, tiene prohibido “estrictamente” por contrato comercializar los datos que pueda conocer de sus clientes, en este caso de Osakidetza.

Además, hay un proveedor adicional llamado Salesforce, que “proporciona un entorno seguro a nivel empresarial” para canalizar y automatizar los mensajes. Los intercambios están “cifrados”. “En ningún momento se produce cesión de datos de salud a Meta, ni se habilita acceso a información clínica por parte de dicha empresa”, insiste Martínez.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) busca con urgencia, exactamente para dentro de una semana, médicos interinos que puedan trabajar como mínimo seis meses y que cubran las numerosas vacantes en tres especialidades, pediatría, psiaquiatría y anestesiología. Según el Sindicato Médico de Euskadi (SME), próximamente se harán también llamamientos para captar médicos de familia, radiólogos, psicólogos clínicos y facultativos para Urgencias.

El personal que está en listas de contratación de las tres primeras categorías está recibiendo ya en las últimas horas la oferta por correo electrónico y se les da un plazo de apenas siete días, hasta el 15 de mayo, para que puedan optar a los destinos ofertados. La dirección de Osakidetza les indica que son “nombramientos de larga duración”, de como poco seis meses. Y se añade que no vale echarse atrás: “El nombramiento adjudicado es irrenunciable, lo que implica que, si se te adjudica un nombramiento y posteriormente lo rechazas, se te excluirá de las listas largas de contratación durante los periodos establecidos”.

En principio, la oferta se ha remitido “a un número mayor de personas que las plazas ofertadas”, a “todas las personas que se consideren en situación de disponibles”. Sin embargo, si hubiese vacantes, “las ofertas de nombramientos que no hayan sido seleccionadas por ninguna de las personas aspirantes o que no hayan sido adjudicadas a nadie, se asignarán de oficio”. También “la renuncia a la asignación de oficio supondrá la penalización correspondiente”, avisa el Servicio Vasco de Salud.

El consejero Alberto Martínez lleva desde que accedió al cargo alertando de la escasez de facultativos y de las dificultades para cubrir las vacantes. Es algo más acentuado en los hospitales comarcales, por ser zonas menos atractivas para quienes vienen de fuera. Esta convocatoria, además, se produce en el contexto de las huelgas de médicos, convocadas una semana de cada mes, a lo que se suman las negativas a hacer 'peonadas', las horas extraordinarias para aliviar listas de espera bajo autoconcertación. La demora quirúrgica y otros indicadores están empeorando en los últimos meses por este motivo.

Se da la circunstancia de que, en plena discusión política por las exigencias de euskera en la Administración, en una de las ofertas, la correspondiente a la búsqueda de anestesistas, en 21 de las 34 vacantes ofertadas no se solicita ningún conocimiento de la lengua vasca. Es el 61,76%. Más en detalle, las dos plazas en el Alto Deba, en Gipuzkoa, no tienen fecha de preceptividad, pero sí se requiere euskera en las dos que salen en la la comarca de Donostialdea, por ejemplo.

En Euskadi se han registrado, al menos, 391 posibles casos de mujeres víctimas de mutilación genital desde 2013 hasta el 30 de abril de 2026. Son los datos facilitados por el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) al Parlamento Vasco, aunque se ha omitido la información relativa a 2015 que podría cambiar la suma final. 115 de las atendidas tenían menos de 13 años y otras 17 eran menores de 20.

A solicitud de Vox, el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha remitido un informe con estadísticas sobre la mutilación genital femenina en los últimos trece años. Los casos en lo que va de año han sido 17 y 2025 fue el año con más desde que se inició la serie de datos, con 76 víctimas potenciales.

Desde la pandemia se ha apreciado un incremento, con un máximo de 26 atenciones anuales antes de 2020 y un mínimo de 27 después de ese año.

Por edades, las mujeres más afectadas son las niñas de hasta 13 años, que concentran el 29% de los casos totales. A ellas se suman otras 17 por debajo de 20 años y que podrían ser también menores de edad en muchos supuestos. Por lo demás, son 102 veinteañeras, 115 treintañeras, 36 cuarentañeras y seis mujeres de 50 o más años. Por países de origen, hay 102 víctimas con nacionalidad de Nigeria y 95 españolas. El siguiente país en la lista sería Malí, con 43 casos detectados.

El Servicio Vasco de Salud dispone de una guía para responder ante casos de mutilación genital femenina desde 2016 y que está realizada en colaboración con Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer. En su frontispicio indica que es una “práctica perversa” y “una grave vulneración de los derechos de las mujeres y de la infancia”. En aquel momento se mencionaba que podría haber en Euskadi 1.000 niñas en riesgo por tener su origen en países donde es una práctica tolerada.

Según la Organización Mundial de la Salud, existen diferentes tipos de mutilación en función de su gravedad. El protocolo ofrece detalles de cada uno de ellos para que los profesionales de Osakidetza los conozcan. Esta práctica puede generar problemas por “complicaciones” en el momento, pero también alteraciones a largo plazo, tanto físicas como mentales. Es algo “éticamente inadmisible”, insiste el protocolo, que remarca que respetar culturas y costumbres extranjeras no implica aceptar prácticas contrarias a los derechos sexuales más elementales. Desde hace una década, el personal de Osakidetza se está formando para detectar posibles situaciones de riesgo.

Imanol Pradales y catorce de los quince consejeros del Gobierno vasco -se ha ausentado por motivos de agenda el de Salud, Alberto Martínez- han rendido homenaje, este mediodía en el palacio presidencial de Ajuria Enea de Vitoria, al fallecido lehendakari Carlos Garaikoetxea, el primero tras la aprobación del Estatuto de Gernika en 1979 y en el cargo hasta 1985. “Euskadi perdió ayer mucho más que un gran lehendakari. Perdió un referente. Un navarro. Un euskaldun. Un abertzale. Un demócrata y firme defensor de la dignidad y la vida de las personas, los derechos humanos y la justicia social. Euskadi perdió ayer al arquitecto de nuestro autogobierno”, ha solemnizado Pradales.

Garaikoetxea, que representó al PNV durante su mandato aunque luego fundó y lideró EA, falleció este lunes de un infarto en Pamplona, su localidad natal y de residencia. Desde pocas horas después, Euskadi inició un período de luto oficial. Las banderas en los edificios institucionales ondean ya a media asta, también en Ajuria Enea. La agenda también queda condicionada y, de hecho, Pradales ha suspendido un primer desplazamiento a Bolonia este miércoles y queda en el aire otro a Venecia, previsto para el jueves.

El acto, iniciado con un minuto de silencio con el gabinete de PNV y PSE-EE puesto en pie en señal de respeto, ha consistido en una lectura de una declaración institucional, primero en euskera y luego en castellano, por parte de Pradales en una sala presidida por una ikurriña con un crespón negro y otra, protegida por cristales, con los colores de la bandera de Francia, porque fue la empleada por los vascos que ayudaron en la liberación de París tras la ocupación nazi, ha sido el único en intervenir. Delante de él, ocupando las dos primeras filas, atendían los vicelehendakaris y los otros doce consejeros presentes, muchos de ellos con ropa de tonos oscuros.

“Euskadi perdió ayer al arquitecto de nuestro autogobierno”, ha recalcado Pradales. Y ha continuado: “[Perdió] A la persona que lideró el diseño y ejecutó sus planos, construyendo los pilares de la Euskadi del futuro, gracias al Estatuto de Gernika que le tocó negociar y lograr. La Euskadi moderna de hoy de la que todas y todos disfrutamos y nos orgullecemos. Euskadi perdió ayer a uno de los grandes artífices del renacer de la identidad y del bienestar vasco. A la persona que representó con la máxima altura la continuidad histórica y la legitimidad política de un Gobierno que sostuvieron en el exilio los lehendakaris [José Antonio de] Aguirre y [Jesús María de] Leizaola”.

“Este lunes -ha proseguido- perdimos al líder que dio un paso adelante para tomar las riendas de una Euskadi en ruinas. Un país sin esperanza, con una economía sumida en una grave crisis, una industria decadente, elevadísimas tasas de paro y toda una arquitectura institucional por levantar. En momentos de enormes dificultades no tuvo dudas, con sacrificio e ilusión y, acompañado de un gran equipo, se puso manos a la obra. Dio la cara por este país, también cuando el cielo cayó sobre Bilbao y Euskadi en las inundaciones de 1983”.

Para Pradales, se ha ido con Garaikoetxea “un demócrata que lideró Euskadi con orgullo durante momentos muy complicados, dejando detrás una dictadura que combatió, y mostrando su rechazo frontal al terrorismo de ETA y a cualquier manifestación de violencia”. “Porque ese no era el camino que defendía para la construcción de nuestra nación”, ha dicho sobre ETA, a la que siempre condenó.

“El camino era la palabra, el diálogo, los principios éticos y la democracia. Garaikoetxea fue un lehendakari pragmático. También soñador. Siempre imaginó una Euskadi libre. Zazpiak bat”, ha apostillado, destacando también su “firme” compromiso con la Euskadi “bilingüe”. De cara al futuro, ha prometido preservar su legado y ha recordado sus palabras en el propio jardín de Ajuria Enea hace menos de un año, cuando se le rindió tributo por los 45 años del primer Gobierno vasco. “Perdemos a una figura institucional y política de primer orden, a un líder del nacionalismo vasco”, ha añadido antes de volver a trasladar sus condolencias a la familia y allegados. “Eskerrik asko por habernos mostrado el camino. Izan zinelako gara. Agur eta ohore, Carlos Garaikoetxea lehendakaria!”, ha concluido. Entre los oyentes estaba también una asesora de la Presidencia vasca, la única que se mantiene desde aquella primera época. Se jubilará en pocos días.

Estas palabras, sumadas al homenaje de 2025, completan el desagravio pleno del PNV a la figura de Garaikoetxea, que salió de manera tempestuosa del Gobierno en 1985 y después del partido en 1986. Ajuria Enea se volverá a abrir este miércoles, previsiblemente de 10 a 14 horas, para acoger la capilla ardiente del lehendakari. El formato será similar al empleado en 2024 tras el fallecimiento de José Antonio Ardanza. El funeral, por el contrario, será en Pamplona.

El consejero Alberto Martínez prepara una reorganización de la estructura del Departamento de Salud que implicará, entre otras medidas, un cambio de nombre en la actual viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias (a partir de ahora de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitaria) y la desaparición de las históricas delegaciones territoriales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y de la figura de los delegados, tres altos cargos. En este segundo caso, el objetivo principal es centralizar los contratos de concertación de servicios sanitarios para evitar que se produzcan condiciones diferentes en función de los territorios.

En paralelo al decreto de creación del nuevo Instituto Vasco de Salud Pública, que se llamará Osasungintza, adelantado por este periódico, el consejero tiene ya un borrador de otro decreto para modificar la estructura del Salud. El viceconsejero Aritz Uriarte, ahora de Administración y Financiación Sanitarias pero próximamente de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitaria, explica a este periódico que se busca acomodar el organigrama a los compromisos adquiridos en el denominado pacto vasco de salud, alumbrado en el verano de 2025.

En el caso de las delegaciones territoriales, se van a reconvertir en “sedes” de Salud en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Estará destinado en ellas el “mismo personal”, pero ya no habrá un delegado del que dependan jerárquicamente. Actualmente hay 607 funcionarios destinados en estos servicios, 259 en la delegación vizcaína, 231 en la guipuzcoana y 117 en la alavesa. La importancia del cambio, más allá de lo simbólico, es que permitirá la “homogeneización” de contrataciones de servicios concertados.

Ahora, en lugar de hacerse adjudicaciones en cada provincia para cada servicio, habrá un único expediente de licitación con varios lotes, lo que permitirá evitar “inequidades”, ahorrar costes en derivaciones y “controlar más de cerca” los servicios externalizados, según expone el viceconsejero. Actualmente, los delegados son José Antonio Beltrán de Salazar en Álava, José Ramón Aranbarri en Gipuzkoa y Andoni Gamboa en Bizkaia, según el directorio del Departamento de Salud.

Las delegaciones colgaban hasta ahora de la viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias, que a la aprobación del decreto pasará a ser de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitaria. El cambio de denominación, según Uriarte, tiene que ver con la nueva fiolosofía política que se le quiere imprimir mirando a “sostenibilidad, cultura participativa o resultados en salud”.

Además del cambio de los delegados, se creará una nueva subdirección de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades, coordinada con la nueva institución Osasungintza, el Instituto Vasco de Salud Pública. Igualmente, se articulará la participación de los pacientes en el sistema con un “plan director” y un “registro vasco de organizaciones de pacientes”, según indica el viceconsejero. Igualmente, se adscribirá a la nueva estructura de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitaria todo lo relativo al área sociosanitaria, de coordinación entre el sistema de salud y las residencias de mayores, de gestión foral.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha presentado como novedad para combatir los efectos en las listas de espera quirúrgicas de la huelga corporativa de médicos, que está ya en 78 días de media por 54 de finales de 2025, la derivación a centros privados concertados por Osakidetza de aquellos pacientes que superen los seis meses de demora, que son ahora prácticamente diez veces más que antes de las protestas, 1.794 frente a 89. “Ofreceremos a las personas que lleven más de 180 días la opción voluntaria de ser operados en centros concertados. Daremos la opción a los más vulnerables. Pueden elegirlo si así lo consideran”, ha explicado a los periodistas en el Parlamento Vasco el titular de Salud.

Sin embargo, se da la circunstancia de que un decreto aprobado en 2006 por el entonces consejero Gabriel Inclán ya prevé que quienes estén más de 180 días en espera puedan ser derivados a la privada con cargo a los presupuestos públicos. Baja incluso a 90 días para pacientes con problemas cardíacos y a 30 en el caso de los oncológicos. Este periódico informó en 2023 de que en 2021 y 2022, dos años de incremento de las esperas a causa de los efectos de la pandemia, de que Osakidetza había destinado del orden de 8,3 millones de euros en 21.960 actos médicos derivados a centros privados.

El consejero Martínez ha dado a entender que la novedad será la actitud proactiva de Osakidetza para informar de ese derecho existente desde hace veinte años. “Vamos a llamar a esas personas”, ha asegurado. El titular de Salud, del PNV, insiste en hacer ver que los problemas en los sistemas autonómicos causados por la huelga son consecuencia directa de la inacción de la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar. “La llave no está en nuestra mano”, ha repetido a los medios de comunicación.

Martínez, que lleva enfrentado a García prácticamente desde que accedió al cargo en 2024, se ha preguntado: “¿Hay alguien en el Ministerio de Sanidad?”. El consejero nacionalista ha repetido que Euskadi se ofrece a asumir todas las competencias para negociar el estatuto marco de los facultativos. “¿Para qué necesitamos un Ministerio de Sanidad?”, ha lanzado ironizando que García parece estar pensando exclusivamente en su carrera como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, confirmada ya por ella misma.

El consejero, según ha explicado, está manteniendo reuniones con profesionales de diferentes hospitales, especialidades y “generaciones” para conocer directamente su opinión. Teme que las protestas -que duran una semana y que se repiten cada mes- se sucedan en mayo “e incluso en junio” por la falta de capacidad de diálogo de la ministra. Como contraste, ha enumerado “catorce” acuerdos profesionales alcanzados en los últimos tiempos y ha anunciado todavía más, aunque siendo consciente que la huelga es de ámbito superior al autonómico. Osakidetza, eso sí, aprobó su último convenio en 2008, hace 18 años.

Este lunes, primer día de la nueva tanda de huelgas, los paros fueron seguidos por un 16% en el turno de mañana y por un 4% en el vespertino. Osakidetza ha subido los servicios mínimos y garantiza que no hay demoras para casos de cáncer o patologías “tiempodependientes”. Como detalle, Martínez ha señalado que el interlocutor legítimo es el SME, cuarta fuerza sindical tras elecciones internas de 2024, y no el movimiento MUD, que algunas voces asemejan a 'Ertzainas en lucha', el movimiento asindical de la Ertzaintza de 2023.

Los médicos están llamados a la huelga en Euskadi esta semana, la tercera en lo que va de año. Reclaman un estatuto marco propio para regular sus condiciones. El seguimiento de este lunes en el turno de mañana en Osakidetza ha sido del 16,02%, según los datos provisionales aportados por el Gobierno vasco. Oscila entre el 17,67% de Bizkaia y el 11,15% de Álava. Las protestas, además, se están extendiendo a no hacer 'peonadas' o autoconcertaciones, es decir, a rebajar las listas de espera por las tardes. De momento, de 54 días de demora para una operación se ha subido ya por lo menos a 74 en lo que va de año.

Los huelguistas han indicado que la política del Ministerio de Sanidad, de quien es la competencia del estatuto marco, “parece ser la de echar balones fuera y responsabilizar a otros de su propio inmovilismo” y ha incidido en que “esta falta de rigor dificulta seriamente la posibilidad de avanzar hacia una solución a un conflicto”, por lo que ha pedido que se establezca una “verdadera negociación a nivel estatal” con el fin de alcanzar un pacto que “dé salida” a sus “justas reivindicaciones”. Convocados por el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y por la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), personal médico y facultativo se ha concentrado este lunes tanto en el hospital Donostia como en Cruces, en Barakaldo, informa Europa Press.

Según ha detallado, el acuerdo debe contemplar, entre otras cuestiones, “un ámbito de negociación propio con un sistema de representación y negociación específico para el personal médico y facultativo” y una nueva clasificación profesional “basada en los créditos universitarios (sistema MECES), la especialización y el nivel de responsabilidad”. El personal médico y facultativo también reclama una jornada ordinaria de 35 horas semanales en las que “las horas que superen esta jornada ordinaria sean voluntarias, se consideren exceso de jornada, se retribuyan por encima de la hora ordinaria máxima y computen para jubilación, tanto en atención primaria como en hospitalaria”.

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha mostrado “muy preocupado” con la huelga y ha pedido al Ministerio de Sanidad y a su titular, Mónica García, que “sigan en la mesa” hasta que se solucione el conflicto. En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Pradales ha lamentado que, tras casi dos años “trabajando para dar la vuelta y mejorar muchos de los indicadores” en Osakidetza, “llega este conflicto desde que ha surgido porque el Ministerio no ha gestionado bien las cosas”.

“Estoy muy preocupado con este asunto, y a Madrid hay que pedirle que, por favor, siga en la mesa hasta que esto se solucione. Lo que no podemos admitir es escuchar a la ministra decir que 'yo me levanto de la mesa y allá vosotros'. No, aquí hay una huelga, y para nosotros es muy preocupante”, ha asegurado. “Madrid encendió la huelga y Madrid debe solucionarla. Madrid tiene la llave, y por eso el debe del Ministerio y de la ministra es permanecer en esa mesa hasta que esto se solucione”, ha insistido.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, tiene ya listo el borrador de un decreto por el que se creará en Euskadi un organismo llamado Osasungintza, el Instituto Vasco de Salud Pública. Se trata una nueva agencia con, entre otros objetivos, la coordinación de la respuesta a epidemias o pandemias, la realización de seguimiento estadístico de enfermedades, la vigilancia alimentaria y ambiental (aire, agua de consumo o zonas de baño), la prevención de adicciones o la realización de análisis de laboratorio.

El Instituto Vasco de Salud Pública fue regulado por ley en 2023. Se hablaba entonces de un plazo de año y medio para su configuración por decreto. En 2025, la oposición denunció en el Parlamento los retrasos en la puesta en marcha de la iniciativa. La portavoz de EH Bildu, Rebeka Ubera, llegó a manifestar también en ese debate en la Cámara que el Gobierno de Imanol Pradales había contratado a la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) la elaboración del borrador de los estatutos (66.308,00 euros) y a LKS un plan de acción.

Medio año después de aquella sesión y casi tres años después la aprobación de la ley, el consejero Martínez ha firmado ya la orden con la aprobación con “carácter previo” del decreto de creación de Osasungintza. Lo hizo este martes a las 12.23 horas, según la documentación consultada. El decreto consiste en una exposición de motivos, en unos pocos artículos que regulan la subrogación de los medios y personal de la actual dirección de Salud Pública por parte del nuevo ente llamado Osasungintza y en los estatutos, de más de 30 páginas.

Osasungintza quiere ofrecer “de forma integral” una respuesta a todas las necesidades de salud pública de la comunidad autónoma. Tendrá un alto cargo al frente, no se especifica dónde estará su sede y plantea operar en euskera y castellano, pero también en otras lenguas “cuando así lo requiera la mejor atención a las personas residentes en Euskadi”. Los estatutos aluden a la importancia de la “universalidad” en las prestaciones sanitarias y cuelan también una idea que lleva tiempo repitiendo el consejero Martínez, el concepto “one health” o 'una sola salud', en castellano, que implica también prestar atención a la salud de animales y ecosistemas porque ello incide en la de los seres humanos.

El nuevo organismo tendrá un consejo de administración en el que se situará al frente el propio consejero. Habrá también un vicepresidente, que será el viceconsejero, y siete vocales, uno de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), uno de Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud en el Trabajo), uno de Educación, uno de Seguridad, uno de Medio Ambiente, uno de Agricultura y otro de Patrimonio. Asimismo, habrá una dirección, un alto cargo de “reconocida experiencia” en la materia designado por el consejero de Salud y equivalente al puesto que ahora ocupa Guillermo Herrero, director de Salud Pública dentro del equipo de Martínez.

Osasungintza tendrá cinco áreas o subdirecciones. Son “Vigilancia, prevención y control de enfermedades” (todo lo tocante a virus, infecciones de transmisión sexual y alertas), “Protección de la salud” (seguridad alimentaria, zoonosis, aguas, legionela, sanidad mortuoria, calidad del aire y químicos o playas), “Promoción de la salud y prevención de adicciones” (información y educación desde “el enfoque de salud en todas las políticas”), “Laboratorio” (analíticas e informes) y “Administración y Servicios Generales” (informes, sanciones y recursos). También habrá una delegación por territorio, en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

El decreto prevé que Osasungintza asuma los “derechos y obligaciones” de la actual dirección de Salud Pública. “El personal funcionario, de carrera o interino, y el laboral que, en la fecha de entrada en funcionamiento de Osasungintza ejerza en el Departamento Salud [sic] funciones técnicas o administrativas coincidentes o vinculadas con las que tiene asignadas Osasungintza, se integrará en [él] manteniendo su condición originaria y las condiciones que ostenta”, se indica.

Como detalle, Salud trasfiere a la nueva agencia todas las atribuciones de “planificación, gestión, evaluación y optimización” de los registros estadísticos. Este periódico ha publicado que el del cáncer, la patología con mayor incidencia en Euskadi, lleva sin datos nuevos desde 2019 y que el de anomalías congénitas está parado desde 2015. Ambos serán ahora gestionados por Osasungintza, incluido el segundo aunque Martínez dijera en el Parlamento, cuando preguntó por ello EH Bildu, que no iban a retomarlo porque no era “obligatorio”. Los estatutos de Osasungintza, en concreto, prevén también registros de enfermedades de declaración obligatoria, vigilancia microbiológica, mortalidad, altas hospitalarias, abortos, adicciones y enfermedades raras.

La ley que regula Osasungintza es de la pasada legislatura, con Gotzone Sagardui al frente de Salud. Salió adelante merced a la mayoría de PNV y PSE-EE en la Cámara, pero sin la oposición. La propuesta original del Gobierno no contemplaba la creación de un Instituto de Salud Pública pero se acordó en el trámite de enmiendas. La consejera consideró esta norma “todo un hito”, aunque lo que se destacó de ella es la cláusula que permitía la contratación de médicos extracomunitarios.

OPA Herri Plataformak, que aglutina plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública, se han manifestado este sábado en las tres capitales vascas para denunciar que la sanidad pública se basa en “un modelo que intencionadamente debilita lo público para alimentar el negocio privado”, y criticar que “ocho meses después” el Pacto de Salud, no hay “soluciones reales”. Además, ha pedido la dimisión del consejero de Salud, Alberto Martínez, por su “intención clara de minimizar y ocultar” el alcance en el caso de las vacunas caducadas.

Las marchas de Bilbao y Vitoria han partido a las 12.00 horas desde el Sagrado Corazón y la Plaza Bilbao, respectivamente, mientras que la de San Sebastián saldrá desde el Boulevard a las 17.00 horas.

Cientos de personas han acudido a la convocatoria del mediodía, y concretamente en la de Bilbao se les ha unido el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, quienes han hecho suyas las reivindicaciones de OPA Herri Plataformak y los han recibido con aplausos poco después de iniciar el recorrido.

Antes de iniciarse marcha en la capital vizcaína, que ha transcurrido bajo el lema 'Osasungintza publikoaren alde! ¡Por la sanidad pública! Promesarik ez! ¡Soluciones ya!', los representantes de la entidad convocante, Mireia Saiz y José Ignacio Martínez, han advertido de que “la sanidad pública está en peligro” y requiere “cambios estructurales” que terminen con los recortes.

Según han denunciado, los denominados “planes de contingencia” son, en su opinión, “recortes durante cinco meses al año disfrazados”, que derivan en cierres de servicios, reducción de horarios, falta de personal y centros sin personal médico o atendidos por residentes todavía en formación.

Tras lamentar que “la atención primaria está desbordada” pese a ser “uno de los ejes del pacto” y que las listas de espera cuentan con tiempos de atención “inasumibles”, han recordado que las condiciones laborales “siguen deteriorándose” con una “sobrecarga asistencial” y una temporalidad “superior al 40%” debido, entre otros factores, a que las OPE no crean “empleo real y fracasan al no cubrir los puestos de difícil cobertura”.

También han denunciado la falta de transparencia en la gestión de los casos de vacunas caducadas. “Han terminado por afectar a 21 tipos de vacunas y prácticamente a todas las OSIS, lo que pone de manifiesto que ha habido por parte del consejero (de Salud) una intención clara de minimizar y ocultar este grave problema, por lo que exigimos responsabilidades y, por lo tanto, su dimisión”, han señalado.

Respecto al Pacto de Salud han pedido a Alberto Martínez, quien “ha presumido de que ha cumplido con el 85% del pacto, que aclare a la ciudadanía qué se ha hecho exactamente”, ya que “ocho meses después no vemos ninguna mejora en salud”.

Tras sus respectivos recorridos, las marchas han finalizado con la lectura de un manifiesto en la que han enumerado sus exigencias y críticas, y está previsto que en San Sebastián, donde se celebra esta tarde, se haga de igual manera.

Preguntados por la decisión del personal facultativo vasco de no realizar actividad extraordinaria en los turnos de tarde a partir de este lunes, han explicado que parten de que las “horas extras no son medidas estructurales, sino temporales” que se aplican “desde la década de los 90 y no han resuelto ninguno de los problemas”.

“Sigue habiendo falta de personal”, han señalado, para añadir que la “única” solución es “reforzar” la sanidad pública. “El consejero tiene competencias suficientes para abrir una negociación colectiva, por lo que instamos a que abra una negociación con todos los trabajadores, con los sindicatos del sector, y llegue a un acuerdo que lleva 15 años obsoleto”, ha concluido.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha expuesto este viernes que las listas de espera quirúrgicas en Euskadi van a pasar de 54 a 74 días, es decir, dos meses y medio o tres semanas más, como consecuencia de la menor actividad por la acumulación de huelgas médicas. El Gobierno vasco insiste en que se trata de una protesta “contra el Ministerio de Sanidad”, que es el que tiene las competencias para regular el estatuto marco de la profesión médica, y que las comunidades autónomas son las paganas, particularmente las que tienen más proporción de asistencia pública (98% en Euskadi, según los datos de Martínez).

Las movilizaciones, hasta la fecha, han consistido en huelgas de una semana cada mes. Ahora, el consejero no ha negado que puedan incluir también reducción de las llamadas “peonadas”, las autoconcertaciones consistentes en aligerar actividad pendiente por las tardes con horas extraordinarias, como ha publicado 'El Correo' citando fuentes del MUD, un movimiento corporativo sin representanción en Osakidetza y que suma al SME, el sindicato que sí está en la convocatoria de las protestas. Fuentes sanitarias, en privado, asimilan este movimiento al que en su día se produjo en la Ertzaintza con 'Ertzainas en lucha'.

Martínez ha indicado que “los más sufridores” de estos nuevos retrasos, que van a dar por tierra los costosos avances tras la pandemia de la COVID-19, serán los pacientes con “patologías que pueden esperar”, porque la actividad urgente o la oncológica, por ejemplo, siempre tiene prioriodad. “Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que este conflicto no perjudique a la asistencia y podamos atender sus necesidades de manera efectiva”, ha añadido también, en el Parlamento Vasco, el titular de Salud.

Martínez insiste en que la “competencia” para desatascar las demandas del colectivo médico “es exclusiva del Ministerio de Sanidad”. Ha indicado también que Euskadi ya ofrece mejores condiciones que otras comunidades en la parte que le corresponde a Osakidetza. “En Euskadi tenemos implantadas las 35 horas desde hace mucho tiempo”, ha puesto como ejemplo.

Los datos de la semana de huelga de marzo apuntaban a un seguimiento de la huelga por debajo del 20%. Martínez, sin embargo, ha indicado que, para ser un colectivo, es una cifra “muy importante” que impacta de lleno en la atención. La primera semana de paros fue asumible con reprogramaciones, pero a partir de la segunda la cosa empezó a torcerse, ha indicado. Y ha urgido a que la ministra Mónica García, con la que mantiene una tensa relación desde que accedió al cargo en 2024, ponga toda la carne en el asador para desatascar el conflicto.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha informado esta semana al Parlamento Vasco de que han sido hasta 22 los tipos diferentes de vacunas pasadas de fecha que ha administrado en 2023, 2024 y 2025. La directora general, Lore Bilbao, ha matizado que en algunas de ellas se emplean varias marcas comerciales, lo que explica la elevada cifra.

En esta última versión, el total de afectados no difiere en exceso con lo ya conocido, con 89 en 2023, 7 en 2024 y 274 en 2025. El último dato referido al pasado año era del entorno de 260 personas erróneamente vacunadas incluyendo los primeros días de 2026, cuando trascendió este asunto. Sí es relevante, dado que el dato no había trascendido, que ha habido incidencias en las trece OSI o comarcas sanitarias de la red. En marzo ya se informó de casos de 2017.

La información ha llegado a la Cámara a solicitud de la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera, que fue la que en su día lo denunció y motivó que, 'a posteriori', se confirmara públicamente. La triple vírica de Priorix es la que más veces se ha ofrecido pasada de fecha, 84 veces en 2023, 6 en 2024 y 44 en 2025. Después están la tetravalente Tetraxim, con 55, y la hexavalente Vaxelis, con 36, que fue la primera que originó la revisión de inoculaciones anteriores. En el listado, en cambio, hay muchos más tipos de vacunas, algunas con una sola incidencia, como la Rotatez, la Boostrix o la Engerix B. Esta revisión no afecta a los dos productos más comunes, la inmunización contra la gripe estacional y la COVID-19.

Ubera ha insistido en que Osakidetza tiene un problema “estructural” con este asunto. “No es un error aislado o suelto, como lo han querido vender. No hay trazabilidad”, ha indicado a los medios de comunicación. También el PP se ha mostrado crítico y ha asegurado que el problema “no está encarrilado” todavía, según Laura Garrido.

Esto ha sido desmentido con rotundidad por el consejero, Alberto Martínez. Ha asegurado que los partidos políticos son libres para estirar el chicle pero que el Gobierno ya lo da como “tema zanjado”. “Para los pacientes está resuelto” y se han implementado ya las medidas para evitar que se pueda volver a repetir, principalmente el sistema “datamatrix” y de “los siete correctos” -en referencia a un protocolo de comprobaciones de siete pasos-, así como la cartilla de vacunación digital. “El 98,5% de las vacunas administradas en 2025 se hicieron de forma correcta”, ha dicho también Bilbao. El Ejecutivo recalca que no se le puede acusar de opacidad cuando hubo una incidencia “en diciembre y enero” en un centro y se han revisado muchos más meses y tipos de vacunas “en toda la red”.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) asume que es poco aceptable que, en su web de citas, se ofrezcan consultas para dentro de muchas semanas en su red de atención primaria. Ahora, por ejemplo, “para el 8 de mayo”. Y buscará una fórmula para adecuar el sistema informático y que eso no ocurra. La directora general, Lore Bilbao, la autora de la fecha de ejemplo, ha explicado que la web solamente tiene en cuenta la agenda del médico asignado a cada paciente y que, si está de baja o vacaciones, demora hasta su vuelta automáticamente la primera fecha disponible. Se soluciona con una llamada o una visita al ambulatorio, insiste Osakidetza, pero ajustarán, de acuerdo con los sindicatos, la parte informática para que las quejas continuadas desaparezcan. El deseo que es que en no más de “48 ó 72 horas” se resuelvan todas las peticiones.

Bilbao ha expuesto esta cuestión a los periodistas, así como la idea de empezar con un piloto en Elgoibar un cribado de prevención de riesgos cardiovasculares, tras la reunión de seguimiento denominado “pacto vasco de salud”, el catálogo de medidas para mejorar Osakidetza acordado en junio de 2025 en la mesa creada con oposición, sindicatos, universidades, colegios profesionales, asociaciones de pacientes y otras entidades y que, aparentemente, en un 85% de las 332 iniciativas ya está en marcha. A su lado, el consejero de Salud y principal muñidor del pacto, Alberto Martínez, ha destacado la “ilusión” de quienes se han sentado otra vez en el palacio de congresos Europa de Vitoria para repasar el grado de cumplimiento de lo acordado. Incluso se ha atrevido a felicitarse por tener ahora “más respaldo” que hace diez meses porque las centrales Satse -el mayoritario en la Sanidad vasca-, UGT y CCOO han participado no habiendo firmado en 2025 el acuerdo final, como el conjunto de la representación sindical con la excepción del pequeño SAE.

En la cita ha estado, igualmente, EH Bildu. El principal partido de la oposición en Euskadi tampoco posó en la fotografía final del acuerdo, pero desea participar en el seguimiento, según ha explicado su portavoz, Rebeka Ubera. Ha considerado que Martínez hace “marketing, marketing y marketing” con este foro porque se presentan como novedades medidas ya planteadas por anteriores consejeros o que proceden del Ministerio de Sanidad, como el análisis de las aguas para detectar problemas de salud pública. Diagnostica Ubera que el objetivo actual del PNV con Osakidetza es exclusivamente “cambiar la percepción” del deterioro de la Sanidad pública pero no adoptar los cambios “estructurales” que precisa el sistema.

Ubera, de hecho, ha anunciado la “adhesión” de EH Bildu a las protestas convocadas para este fin de semana en Bilbao, Vitoria y Donostia en defensa de una Sanidad pública de calidad. Esas movilizaciones, que han tenido un aperitivo en la puerta misma del Europa mientras se celebraba la reunión, incluyen una petición de dimisión del consejero Martínez, particularmente por la crisis de las vacunas caducadas. Preguntada por los periodistas, la representante de la coalición abertzale ha precisado que ellos piden por el momento que la dirección política asuma sus “responsabilidades”, en general, pero aclarando que “no es ningún ultimátum”.

El PP también ha estado en la reunión. En su día, acordó 14 de las 24 líneas del pacto, según ha recordado Laura Garrido. La portavoz 'popular' ha sido también muy crítica con la gestión de Osakidetza y ha hablado de “precipitación”, “improvisación” o incluso de “poca utilidad” del foro. Sumar ya se descolgó totalmente del pacto en 2025 y no ha regresado y Vox, el otro partido de la oposición, nunca fue invitado.

Se da la circunstancia de que la propia composición del equipo de Martínez ha cambiado de raíz tras la firma del pacto. A las pocas semanas, en julio del pasado año, salieron el viceconsejero Enrique Peiró y fue promocionado Gontzal Tamayo, precisamente uno de los dinamizadores de este foro. Y, entre otros movimientos, la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna, dejó paso a la actual, a Lore Bilbao.

En el ambiente ha flotado también el efecto de la huelga de médicos que está teniendo lugar en España una semana al mes. El Gobierno vasco la identifica como una protesta contra la ministra, Mónica García, que es de Sumar, pero los efectos los notan los sistemas autonómicas. Se da por hecho que cuando se actualicen las listas de espera en mayo habrá un empeoramiento en las tres mediciones -operaciones, pruebas y consultas especializadas- por este motivo. “Es una de nuestras mayores preocupaciones”, ha reconocido Bilbao, que ha considerado que “va a afectar seriamente” a las mejoras que se habían ido consiguiendo lentamente tras el deterioro ocurrido como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

El próximo sábado 18 de abril plataformas ciudadanas a favor de la Sanidad pública saldrán a la calle para denunciar la falta de avances del pacto vasco de salud de 2025. Habrá tres manifestaciones: en Bilbao, a las 12.00 horas desde el Sagrado Corazón, en Vitoria, a las 12.00 horas desde la Plaza Bilbao y en Donostia, a las 17.00 horas desde el Boulevard. “El derecho a la salud está seriamente amenazado en la comunidad autónoma vasca. Asistimos a un deterioro y una privatización sostenidos del sistema público de salud. Ocho meses después de aprobarse el llamado pacto vasco de salud, sin consenso y rechazado por sindicatos, partidos políticos y numerosas organizaciones sociales, el consejero de Salud continúa vendiendo balances triunfalistas mientras los problemas estructurales continúan intactos”, lamentan los convocantes.

Según critican, “cada año se aplican recortes durante cinco meses” vacacionales “disfrazados de planes de contingencia: cierres de servicios, reducción de horarios, centros sin personal médico o atendidos con profesionales residentes sin haber completado su formación y servicios de urgencias colapsados”. “Este deterioro empeora la calidad asistencial y las condiciones laborales del personal de Osakidetza, con sobrecargas de trabajo, temporalidad superior al 40% y modelos de gestión autoritarios que limitan la participación social y profesional”, defienden.

En este sentido, denuncian que las OPE “no crean empleo real”. “Son un fracaso porque no logran cubrir los puestos de difícil cobertura. Posteriormente, cuando el sistema se desborda, se vuelve a la misma receta: más horas extras, en lugar de reforzar las plantillas. La Atención Primaria, pilar del sistema sanitario, es la principal perjudicada. Listas de espera en aumento. Más de una semana para acceder a medicina de familia, demoras superiores a un año en algunas especialidades y profesionales agotados por la sobrecarga asistencial”, aseguran.

En cuanto a la privatización de Osakidetza, los manifestantes critican que este año “500 millones de euros irán a parar a empresas privadas y no hay voluntad de recuperar servicios externalizados. Además, una de cada tres personas tiene ya un seguro médico privado. El objetivo es claro: se debilita lo público para fortalecer el negocio privado”. “Fondos de inversión y grandes empresas sanitarias consolidan un modelo en el que la sanidad privada se queda con lo rentable económicamente, mientras la pública asume lo complejo y costoso. Así privatizan los beneficios y socializan las pérdidas”, aseveran.

Entre las críticas que sacarán a la calle el próximo sábado está la de que el consejero de Salud, Alberto Martínez, “a través de una campaña de propaganda sin precedentes anuncia grandes infraestructuras, pero faltan profesionales para atenderlas”. “Confunde ladrillos con soluciones y las inversiones anunciadas apenas llegan a la Atención Primaria, la prevención y a la salud comunitaria, consolidando un modelo hospitalocentrista centrado en el tratamiento de la enfermedad y no en su prevención”, señalan.

Por todo ello y por la “preocupante falta de transparencia, evidenciada recientemente por la ocultación de vacunas caducadas y los fallos de control detectados hasta en 12 OSIs”, que describen como “un escándalo sanitario y político grave”, exigen la dimisión del consejero Martínez. “Defendemos otra Osakidetza: pública, universal y gratuita. Con la Atención Primaria en el centro, cercana, accesible y humana. Basada en la prevención y promoción de la salud, que actúe sobre los determinantes sociales, que garantice consultas presenciales, tiempo suficiente para atenderlas y continuidad asistencial por los mismos profesionales”, indican.

Entre las cuestiones que solicitarán el próximo sábado en las manifestaciones están “frenar la privatización y recuperar servicios externalizados; poner fin a los recortes y reabrir servicios cerrados; aumentar la financiación pública; reforzar la Atención Primaria, la salud comunitaria y la Salud Mental; garantizar plantillas suficientes y estables; implantar un modelo de gestión transparente y participativo; garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía en la sanidad pública, así como la normalización real del uso del euskera en el seno de Osakidetza”. “No necesitamos más propaganda, ni más titulares. Necesitamos hechos. Necesitamos soluciones a los problemas estructurales de Osakidetza. No vamos a normalizar recortes, ni privatizaciones. Porque la sanidad pública es de todas y todos. Y no estamos dispuestos a que nos la roben”, concluyen.