El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, una oficina administrativa dependiente del Gobierno vasco conocida por sus siglas OARC, ha suspendido de manera cautelar la doble licitación abierta por Osakidetza para la regularización del servicio de ambulancias, tanto las urgentes como las programadas. Se trata del mayor contrato de la Sanidad vasca y probablemente de la comunidad autónoma con un coste que el Ejecutivo cifró inicialmente en 650 millones de euros pero que los sindicatos elevan a más de 1.300 incluyendo el IVA y todas las posibles prórrogas.

Los pliegos presentados por el equipo del consejero Alberto Martínez en julio fueron recurridos por hasta cinco sindicatos, LAB, ESK, ELA, UGT y LSB-USO, y fuentes sanitarias añadieron a este periódico que también había llegado otro de empresas del sector, en concreto de la asociación AE Trans Sanit. El Gobierno de Imanol Pradales quería disponer de adjudicatarias del servicio de ambulancias desde el 1 de enero de 2027 y esta resolución, que impide avanzar en el proceso hasta que se resuelva el fondo de las alegaciones de las partes, retrasará esos planes.

Sostiene el OARC, en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, que la suspensión permite que no se “consoliden” actuaciones “procedimientales” que luego podrían quedar anuladas, con el consiguiente desaguisado. Ahora bien, matiza que “la adopción de la suspensión no implica apreciar, siquiera indiciariamente, la procedencia de los motivos de impugnación”. Osakidetza pidió al OARC que no adoptara esa medida por no haber apariencia alguna de “ilegalidad” en la licitación y porque no deseaba prorrogar la provisionalidad del servicio en Álava y en Bizkaia.

Euskadi vive un período de excepcionalidad en este servicio sanitario básico desde noviembre de 2024, cuando Osakidetza rescindió antes de tiempo sus contratos con la catalana Grup La Pau, prestataria del servicio en Bizkaia y en Álava. Se realizaron adjudicaciones directas de emergencia para salvar la situación. Así, Ambulancias Gipuzkoa se mantuvo en ese territorio y pasó también a gestionar Álava, y en Bizkaia se creó 'ad hoc' la marca Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) con Baztan-Bidasoa.

Ahora, con la mirada puesta en 2027, se buscaba regularizar la situación con un doble concurso, por un lado para las ambulancias urgentes (las de color amarillo) y por otro para las programadas (las blancas y azules). El Gobierno vasco mencionó la cifra de 650 millones como presupuesto orientativo, pero es el cálculo sin IVA para los cuatro años estimados para el nuevo servicio, hasta 2030. Los sindicatos, en cambio, lo elevan a 1.359 millones si se tienen en cuenta todos los conceptos y los tres años de posible prórroga, hasta finales de 2033.

Hay un total de 386 ambulancias de Osakidetza externalizadas, 76 amarillas y 310 para servicios programados. Sí son de gestión enteramente pública las denominadas UVI móvil. El Gobierno explicó que de cara al futuro contrato se han introducido importantes mejoras, sobre todo para evitar el pago de servicios retrasados.

El Gobierno pide celeridad

Conocida la resolución, el viceconsejero Aritz Uriarte, que fue quien presentó los pliegos a comienzos de julio, ha urgido al OARC a que “se pronuncie a la mayor brevedad” sobre el fondo para no retrasar más la entrada en servicio de los nuevos contratos de ambulancias. “Lamentamos que esta licitación se vaya a demorar, ya que este pliego no trae sino ventajas, tanto para la calidad del servicio como para las condiciones laborales”, apunta. “Urge que los recursos se resuelvan a la mayor brevedad, de manera que los pacientes puedan beneficiarse de todas las mejoras previstas y acordadas con las asociaciones de pacientes, que han participado de manera activa en la elaboración de los pliegos”, insiste.

Agrega el Ejecutivo que “la resolución del OARC no entra a valorar la motivación de los recursos presentados y se circunscribe estrictamente a las medidas cautelares solicitadas por los recurrentes”. “No se debe, por lo tanto, interpretar como indicio de impugnación del procedimiento, así lo manifiesta expresamente el propio OARC. De hecho, el OARC ya ha inadmitido uno de los recursos presentados. Confiamos en que los recursos se resuelvan cuanto antes para avanzar en la licitación”, estima Uriarte.

El Departamento de Salud del Gobierno vasco y Osakidetza iniciarán el próximo 31 de agosto las obras del futuro centro de salud de Elgoibar, que será dos veces mayor que el actual. En el proyecto se invertirán 9,1 millones de euros y se espera que el nuevo centro pueda iniciar su actividad en el segundo trimestre de 2029. La obra está recogida en el Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios de Osakidetza 2025-2032, dotado de 1.600 millones de euros, y se alinea con el Plan Vasco de Salud.

Tal y como han recordado desde Osakidetza, el nuevo centro se ubicará en la plaza Kalebarren, en uno de los principales ejes del municipio guipuzcoano. Concretamente, se trata de una parcela de 400 metros cuadrados ubicados en un punto central del casco histórico, donde confluyen las tres calles más importantes de Elgoibar: la calle de San Francisco, la calle Errosario y la calle de San Bartolomé. El nuevo centro pasará a sustituir al actual, situado en la calle Bernardo Ezenarro, que data del año 1983 y ha quedado pequeño para dar cobertura a los habitantes de la zona, según recoge Europa Press. Este futuro centro permitirá ampliar la cartera de servicios, ofreciendo una atención más cercana a las personas residentes en Elgoibar, Mendaro y Soraluze, una población cercana a las 18.000 personas. Con una superficie construida de 2.200 metros cuadrados, duplicará las dimensiones del actual, que cuenta con 960 metros cuadrados útiles.

El nuevo edificio contará con seis plantas: dos plantas bajo rasante y cuatro plantas sobre rasante, siguiendo el modelo constructivo aplicado en otros municipios. Estará dotado de un área administrativa, la zona de medicina familiar y de pediatría, un área de atención a la mujer, un espacio destinado a la fisioterapia y una zona para el personal de Osakidetza. En total, dispondrá de alrededor de 26 consultas médicas y de enfermería, así como una sala de cura, la sala de ecografía, la sala de extracciones, salas de urgencias, sala de lactancia, sala de preparación al parto y una sala de fisioterapia.

Para la realización de este proyecto, antes es necesario llevar a cabo el derribo de la edificación existente en la parcela, unos trabajos que arrancan este viernes y que finalizarán a comienzos del año 2027. El próximo mes de septiembre se iniciará la licitación de las obra del nuevo edificio de manera que, una vez finalizado el derribo, puedan arrancar de manera inmediata los trabajos de construcción, que tienen un plazo de ejecución de 24 meses. Una vez equipado el centro, se espera que pueda arrancar la actividad en el segundo semestre de 2029.

Un estudio de Osakidetza ha demostrado que el cribado mediante una prueba de heces ha reducido en 20 años un 50,1% la mortalidad por cáncer de colon entre las personas de 50 a 69 años, según ha informado este jueves el Gobierno vasco en un comunicado. El estudio, publicado por la revista científica internacional JAMA Network Open este pasado miércoles, ha confirmado que, desde la implantación del programa de cribados en 2009, ha evitado más de 6.000 muertes por cáncer de colon.

La investigación ha sido liderada por el doctor Luis Bujanda, clínico del hospital universitario Donostia, junto a un equipo de investigadores de Osakidetza, y de los institutos de investigación sanitaria Biobizkaia y Biogipuzkoa. Tras analizar más de 438.000 fallecimientos entre 2004 hasta 2024 registrados en Euskadi, los datos han registrado un descenso del 50% en la mortalidad por este tipo de cáncer desde 2012, tres años después del inicio del proyecto.

De esta manera, el estudio ha asociado esta bajada al programa de cribado bienal que consiste en una prueba inmunoquímica fecal (FIT), una prueba de heces para detectar esta enfermedad. La participación media en la iniciativa ha alcanzado el 70% y la adherencia al programa ha llegado al 77%, frente al 43% de la media estatal. Más del 70% de los cánceres detectados mediante este sistema han sido diagnosticados en los primeros estadios, “lo que mejora de forma notable las posibilidades de tratamiento curativo”. Asimismo, País Vasco ha sido la primera comunidad autónoma del Estado en ampliar el cribado de cáncer colorrectal a la población de 70 a 74 años.

El Gobierno vasco enmarca “este logro en su compromiso con la prevención”, una de las líneas prioritarias del Pacto Vasco de Salud, y ha destacado que la publicación en JAMA Network Open “reconoce, no solo el impacto clínico del programa, sino también la calidad de la planificación, la continuidad de la inversión pública y la capacidad de coordinación del sistema sanitario vasco”.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha señalado que “este estudio confirma que el cribado de cáncer colorrectal es una política pública eficaz, equitativa y de enorme impacto en la salud de la población”. “Euskadi fue pionera en su implantación y hoy vemos que la apuesta ha sido acertada. Estamos salvando vidas”, ha asegurado. Por su parte, la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha destacado que “la calidad del proceso, la accesibilidad y la confianza de la ciudadanía son fundamentales”. “Este estudio demuestra que el esfuerzo de nuestros profesionales tiene resultados reales y medibles para la salud de la población vasca”, ha añadido.

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha felicitado por los resultados. “Los datos hablan por sí solos: el programa de cribado de cáncer colorrectal de Osakidetza reduce la mortalidad un 50% entre la población de 50 a 69 años. Detrás de ese dato hay miles de vidas salvadas, diagnósticos precoces, menos cirugías, menos tratamientos agresivos y un sistema sanitario más eficaz y sostenible”, ha escrito en la red social X. “Cuando se combinan investigación, prevención, políticas de largo plazo, participación basada en la responsabilidad ciudadana y la confianza institucional junto con un sistema público fuerte, los resultados llegan. Euskadi sigue consolidándose como un referente internacional en la prevención y detección precoz del cáncer colorrectal”, ha añadido.

Ya es definitivo. Este jueves, finalmente, el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado los términos concretos del acuerdo entre Osakidetza y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) para mejorar exclusivamente las condiciones laborales del personal facultativo. Osakidetza lleva sin convenio actualizado desde 2018 y ahora esta modificación deja fuera al resto de categorías profesionales, que son la inmensa mayoría en la Sanidad pública.

Se trata de un pacto que responde a las dinámicas de movilizaciones corporativas en toda España a lo largo de 2026 y que, a la vez, ha soliviantado al resto de sindicatos, que tienen también mayoría en la mesa sectorial del Servicio Vasco de Salud y que anuncian un otoño caliente en forma de protestas y huelgas. El consejero Alberto Martínez ha argumentado que la profesión médica, que es la suya, tiene una “singularidad” especial por sus funciones, responsabilidades y formación. He aquí las claves del nuevo marco laboral.

Los argumentos

El Gobierno, en el decreto que recoge el acuerdo, expone que “en los últimos años se ha destacado la especial dificultad de captación y fidelización del personal médico y facultativo especialista, tanto por factores demográficos como por la creciente competencia por atraer y retener profesionales altamente cualificados entre los servicios sanitarios”. Por eso, “se considera necesario impulsar medidas específicas para mejorar las condiciones de la actividad profesional del personal médico y facultativo especialista, favoreciendo al mismo tiempo la estabilidad de las plantillas, la continuidad asistencial y la calidad de la atención a la ciudadanía”. Se indica que había una “necesidad objetiva” de mejorar la posición de los médicos para “garantizar” esa “continuidad asistencial” que se repite en seis ocasiones en el texto publicado.

Las guardias

Como gran medida, desaparecen las guardias de 24 horas. Se trata de “facilitar una transición progresiva hacia modelos alternativos a las guardias prolongadas de 24 horas, promoviendo fórmulas organizativas más modernas, sostenibles”, dice el decreto. ¿Cómo? “Con el objetivo de avanzar hacia modelos menos prolongados de atención continuada, se permitirá que las y los profesionales puedan acordar voluntariamente fórmulas de distribución de las guardias de fin de semana en turnos diferenciados de 12 horas, siempre que dicha organización resulte compatible con las necesidades asistenciales y cuente con validación organizativa del servicio correspondiente”, se indica.

Además, “se creará un grupo de trabajo donde Osakidetza analizará la situación de los diferentes centros, unidades y servicios de cada OSI [comarca sanitaria] con representantes de personal facultativo hospitalario, con el objetivo de establecer un calendario de acciones que permitan revisar y modificar las estructuras organizativas existentes para establecer medidas de transición progresiva hacia modelos alternativos a las guardias de 24 horas, garantizando en todo caso la asistencia sanitaria de la población y siempre y cuando sea organizativamente viable y sostenible”. Ese estudio “se realizará en el plazo máximo de seis meses tras el cual se planteará un cronograma de un máximo de cinco años de aplicación de los modelos que se acuerden”. Se buscan “fórmulas organizativas que permitan avanzar hacia esquemas más sostenibles y compatibles con el bienestar profesional y la seguridad asistencial”.

Las libranzas

Se ha buscado también una mejora en los tiempos de descanso. Algunos artículos acordados aluden a que “cada guardia presencial (o localizada con actividad presencial nocturna a partir de las 22:00 horas) dará lugar a su libranza, que computará como jornada efectiva de trabajo, no siendo recuperable en ningún caso” o a que “las libranzas de los viernes, sábados y vísperas de festivos podrán disfrutarse en los 25 días posteriores a la realización de la citada guardia”.

Se añade que, “a efectos de libranza, se considerará activación presencial nocturna de guardia localizada aquella situación en la que la o el profesional deba desplazarse físicamente al centro sanitario para la realización de actividad asistencial urgente o no demorable a partir de las 22:00 horas o bien aquella en la que la actividad que venía haciendo se prolongue más allá de esa hora”. “Se posibilitará, de forma voluntaria y con la aprobación de la jefatura o mando intermedio, que las y los profesionales que realicen actividad asistencial de guardia puedan incorporarse a dicha actividad en horario de tarde, a partir de las 15:00 horas, compensando la actividad ordinaria no realizada durante la mañana mediante su recuperación en módulos de actividad vespertina”, se indica.

Igualmente, el decreto prevé que “teniendo en cuenta la penosidad que supone la acumulación de las guardias”, se active “la puesta en marcha de un sistema de hasta dos días de libranza adicionales por acumulación de guardias siempre y cuando se garantice cobertura asistencial. Así, con ”más de 48 guardias“ al año habrá ”un día de libranza adicional“ y, si se pasa de 60, serán dos.

La autoconcertación

Las 'peonadas' o autoconcertación no son guardias, pero sí son turnos extraordinarios para aligerar listas de espera. Las movilizaciones médicas los habían dejado fuera de la ecuación y la demora quirúrgica se ha disparado esta primavera. Ahora se confía en que el acuerdo devuelva a los médicos a esta práctica.

“En lo que a autoconcertación se refiere, mientras se lleva a cabo el estudio y la modificación organizativa que permita reducirla progresivamente, se evaluarán los plazos máximos para procedimientos quirúrgicos programados y no urgentes y plazos máximos de acceso a consultas de cardiología, oncología y pruebas complementarias no urgentes para garantizar una atención de calidad respetando dichos indicadores”, se indica. Sobre las retribuciones de este servicio, “se acuerda la implantación de módulos de autoconcertación de cuatro horas, con una retribución de 328 euros por módulo”.

Más dinero y límite de edad

Además, se mejora el abono de las guardias. El incremento respecto del valor actualmente retribuido se repartirá en tres períodos, 2026, 2027 y 2028, con un variable ahora e incrementos de 150 euros en el complemento de productividad en los dos ejercicios siguientes“, se expone. Hay mejoras en otros puntos del convenio igualmente. Se puede consultar aquí el documento completo. El consejero Martínez cifró en 75 millones de euros el coste total del nuevo plan de mejoras laborales.

Asimismo, se reducirá hasta los 50 la edad para hacer guardias. “Se realizará un informe sobre el impacto en la actividad asistencial de la reducción de la edad de exención de guardias con el objetivo de iniciar el 2027 una reducción progresiva anual de la edad para dicha exención hasta los 50 años”, apunta textualmente el decreto. En 2027 bajará ya de 55 a 54 años, en 2028 a 53, en 2029 a 52 y en 2030 se quedará ya en los 50.

Para los ambulatorios

El SME y Osakidetza han acordado medidas para atención primaria también. Por ejemplo, se quiere disminuir la burocracia con un sistema “inminente” de “transcripción de voz” de las consultas en los ambulatorios así como que el personal de enfermería haga “triaje” de pacientes para no saturar a los facultativos. Y se añade un “pilotaje de actividad asistencial limitada a cinco horas con autogestión de las agendas y un máximo de 30 actos médicos al día (150/semana)”.

También se prevé la autoconcertación para reducir esperas en las citas. Se habla de “módulos de cuatro horas, con una actividad de seis pacientes por hora (24 pacientes por módulo)”. En los PAC, ambulancias y Urgencias, se podrán hacer “módulos de cuatro horas, con una actividad asistencial adaptada a las características de cada dispositivo y a la franja horaria correspondiente”.

El camino hacia la regularización de la mayor contrata de Osakidetza, la de las ambulancias, se le puede complicar al Gobierno vasco. Los sindicatos LAB, ESK y ELA han formalizado ya recursos administrativos contra los pliegos de la licitación y fuentes de UGT y de LSB-USO indican que están estudiando hacer lo propio. Este periódico ha conocido también que un grupo de trabajadores se está organizando con los mismos fines. Igualmente, son posibles los recursos de empresas del sector y, de hecho, en la vecina Cantabria la asociación AE Trans Sanit ya logró una paralización cautelar del correspondiente concurso.

El plazo se termina este viernes. Después, la pelota quedará en el tejado del denominado OARC (Órgano Administrativo de Recursos Contractuales). Es un organismo dependiente del Ejecutivo vasco que tiene capacidad para paralizar la licitación si ve base en las alegaciones recibidas. El objetivo de Salud, según expuso el viceconsejero Aritz Uriarte, era que los nuevos contratos entrasen en vigor el 1 de enero de 2027.

Euskadi vive un período de excepcionalidad en este servicio sanitario básico desde noviembre de 2024, cuando Osakidetza rescindió antes de tiempo sus contratos con la catalana Grup La Pau, prestataria del servicio en Bizkaia y en Álava. Se realizaron adjudicaciones directas de emergencia para salvar la situación. Así, Ambulancias Gipuzkoa se mantuvo en ese territorio y pasó también a gestionar Álava, y en Bizkaia se creó 'ad hoc' la marca Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) con Baztan-Bidasoa.

Ahora, con la mirada puesta en 2027, se busca regularizar la situación con un doble concurso, por un lado para las ambulancias urgentes (las de color amarillo) y por otro para las programadas (las blancas y azules). El Gobierno vasco mencionó la cifra de 650 millones como presupuesto orientativo, pero es el cálculo sin IVA para los cuatro años estimados para el nuevo servicio, hasta 2030. Los sindicatos, en cambio, lo elevan a 1.359 millones si se tienen en cuenta todos los conceptos y los tres años de posible prórroga, hasta finales de 2033.

En una rueda de prensa en Vitoria este jueves, el sindicato ESK ha explicado el motivo de sus recursos. Consideran que la experiencia pasada con Grup La Pau —el Gobierno vasco acaba de personarse en el juzgado de Barcelona que gestiona su concurso de acreedores porque debe 13,6 millones de su etapa en Euskadi— hace más evidente la necesidad de no externalizar estos servicios públicos. “La gestión directa es mucho más eficiente”, ha dicho Patxi Nicolau. ESK denuncia también que las adjudicaciones temporales para tapar la salida de La Pau a Bizkanb y Ambulancias Gipuzkoa “se han prolongado mucho más de lo debido, casi dos años”, y ha lamentado que el modelo, en esencia, no ha sufrido grandes cambios porque las nuevas empresas “siguen acumulando denuncias y sanciones”.

En un comunicado, el sindicato LAB también ha criticado esta licitación y alude a que el PNV mantiene un “modelo neoliberal” gracias a “colaboración” del PSE-EE, su socio en el Gobierno vasco. “Convierten un derecho fundamental en un nicho de negocio y actuación empresarial”, entienden. “Estos contratos suman más de 1.000 millones de euros. Esa cantidad de recursos representa una oportunidad perdida de dimensiones históricas. Con esa inmensa cantidad de recursos públicos no sólo se podría prestar el servicio de ambulancias de forma directa, pública y eficiente, sino que aún quedarían recursos para implementar mejoras estructurales urgentes en el conjunto de la Sanidad pública vasca y reforzarla en beneficio de toda la sociedad”, añade LAB.

En el caso de ELA, ya presentó un primer recurso y el OARC ha comunicado el cierre de ese expediente porque el sindicato desistió. Ahora interpondrán otro porque, según indican, les faltaban algunas cuestiones que han querido incoporar. Las secciones sindicales de ELA en Ambulancias Gipuzkoa y Bizkanb entienden que la licitación “vulnera los derechos laborales” del personal. “No vamos a admitir más empresas piratas”, claman también desde la central, que recuerda que cada trabajador tiene una deuda media de 2.000 arrastrada desde los tiempos de Grup La Pau. “Lo tenemos claro: la publificación es la única solución”, estima ELA.

En UGT, que presentó en 2024 el recurso que supuso el primer hito en el largo proceso que acabó con la rescisión de La Pau unos meses después, explican que se hallan “estudiando” la posibilidad de ir al OARC. Lo mismo trasladan desde LSB-USO, donde ven en los pliegos algunos puntos contrarios a los derechos laborales de la plantilla e incluso a la prevención de riesgos. “Somos trabajadores 'low cost' de Osakidetza: más horas, menos precio y las mismas exigencias”, ironizan desde esta central.

Asimismo, este periódico ha accedido a un escrito de un grupo de trabajadores que también está considerando presentar un recurso. Este colectivo afirma que el consejero Alberto Martínez se comprometió a no ampliar el perímetro de externalizaciones en el marco de su pacto de sal y, al contrario, a ir publificando contratos en la medida de lo posible y entienden que en los pliegos, cuando se crean nuevos servicios y se presentan como mejoras, se está incumpliendo esta premisa.

Hay un total de 386 ambulancias de Osakidetza externalizadas, 76 amarillas y 310 para servicios programados. Sí son de gestión enteramente pública las denominadas UVI móvil. El Gobierno explicó que de cara al futuro contrato se han introducido importantes mejoras, sobre todo para evitar el pago de servicios retrasados. Asimismo, en un documento oficial enviado al Parlamento Vasco, el consejero Martínez indicó que los pliegos han incorporado propuestas de asociaciones de pacientes pero también de los sindicatos LAB y UGT.

Los responsables médicos de Osakidetza están informando a su personal de que está en vigor el acuerdo alcanzado entre la dirección política y el Sindicado Médico de Euskadi (SME) para mejorar las condiciones laborales de los facultativos exclusivamente (y no del resto de los sanitarios), dotado con 75 millones de euros. Por ello, están ya pidiendo nombres de voluntarios para que se retome la denominada “autoconcertación”, que son las horas extraordinarias de quirófanos que se hacen para reducir las listas de espera y que habían desaparecido por las huelgas médicas que se han sucedido desde comienzos de 2026.

El conflicto con los médicos tiene dos escenarios, Madrid y Vitoria. En la capital de España, la ministra de Sanidad, Mónica García, acordó un estatuto marco para regular las condiciones de todo el personal y lo pactó con la mayoría sindical del Sistema Nacional de Salud (SNS), conformada por Satse, CCOO, UGT y CSIF. Los sindicatos médicos y otros movimientos sin representación (como el MUD) lo rechazaron y demandaron una regulación propia y diferenciada para los facultativos e iniciaron huelgas de una semana al mes y, además, decidieron no hacer servicios de “autoconcertación”, también conocido como “peonadas”.

La consecuencia, en Euskadi, es que las listas de espera se han disparado, al igual que las derivaciones a la privada. A finales de mayo, cuando se dieron los últimos datos, la demora para pasar a quirófano se situaba en 77,4 días, muy por encima de los 54,2 de finales de 2025.

El consejero vasco de Salud, el doctor Alberto Martínez, se ha opuesto desde el inicio a las propuestas de García —hasta el punto de liderar a comunidades autónomas de todos los partidos políticos contra la ministra de Sumar— y, además, ha negociado con el SME, que no tiene mayoría en la mesa sectorial, una mejora de las condiciones laborales solamente para los médicos por su “singularidad”. El movimiento puede desactivar huelgas médicas o al menos el plante con la “autoconcertación”, pero aboca a un otoño caliente de movializaciones de la mayoría sindical.

En todo caso, la cadena de mando interna de Osakidetza ya se ha puesto a trabajar y se han enviado correos electrónicos y mensajes de WhatsApp a los facultativos, según constatan fuentes internas, para ir organizando de inmediato turnos de “autoconcertación” a partir de septiembre, a la vuelta de las vacaciones. El SME manifestó que el final de las huelgas depende más de las decisiones en relación al Ministerio de Sanidad, pero sí concedió que el acuerdo en Osakidetza serviría, al menos, para retomar esas “peonadas”.

“Leed el acuerdo. Es necesario que os pronunciéis individualmente cada uno de vosotros si vais a hacer AC [autoconcertación] a partir del 7 de septiembre en el grupo de 'watsap' de AC antes del viernes 31 de julio a las 8 horas”, se puede leer en una de esas comunicaciones internas que han empezado a ser enviadas a las 24 horas de que el consejero Martínez hiciera oficiales las mejoras.

Según las fuentes consultadas, el nuevo modelo está ya en vigor con carácter retroactivo a 28 de julio, el momento de su aprobación por parte del Consejo de Gobierno. Sin embargo, no se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) hasta el 4 de agosto. Entre sus mejoras está la desaparición de las guardias de 24 horas, mejoras en el pago de las horas fuera de los turnos y nuevos sistemas de libranzas.

La mayoría sindical en Osakidetza, conformada por los sindicatos Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT —y apoyada por ESK desde fuera—, ha respondido este miércoles al acuerdo de mejora de condiciones laborales exclusivamente para el colectivo médico, aprobado ya definitivamente este martes, con el anuncio de una “dinámica de huelgas y movilizaciones” en otoño. El calendario, eso sí, no ha sido definido y se hará “después del verano”.

El consejero Alberto Martínez confirmó ya la entrada en vigor del pacto alcanzado con el SME y que tendrá una dotación total de 75 millones de euros. Para el resto de organizaciones con representación en Osakidetza, en cambio, “no da respuesta a las reivindicaciones del colectivo ni afronta los retos estructurales del sistema sanitario público vasco” y consolida un modelo de “autoconcertación”, es decir, de abono de horas extraordinarias para reducir listas de espera sin ampliar la plantilla estructural.

Asimismo, critican que Osakidetza ha operado “fuera de los cauces ordinarios de negociación colectiva, debilitando el papel de la mesa sectorial”, tras unas conversaciones bilaterales con el SME, “que no puede ser considerado como único interlocutor válido del colectivo médico”. “El futuro de Osakidetza no puede construirse mediante respuestas parciales ni acuerdos que afecten únicamente a una parte de la plantilla. Cualquier reforma del sistema sanitario debe abordarse de manera global, contando con la representación de todos los colectivos profesionales y garantizando la cohesión de los equipos asistenciales”, han dicho.

La plataforma de la unidad sindical incluye la exigencia de un convenio para toda Osakidetza —el anterior es de 2008—, políticas para “mejorar” el sistema sanitario público y “respeto” para las mayorías representativas. Satse y los cuatro sindicatos de clase, en una rueda de prensa en Bilbao, han querido recalcar también que sus reclamaciones “no se dirigen contra ningún colectivo” aunque el consejero Martínez haya buscado, a su juicio, “enfrentar” a los diferentes grupos.

El Consejo de Gobierno, este martes, ha dado forma legal al acuerdo alcanzado la pasada semana entre la dirección política de Osakidetza y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) para mejorar las condiciones laborales de los facultativos del Servicio Vasco de Salud. Finalmente, según los datos aportados por el consejero, Alberto Martínez, la dotación económica de los cambios supondrá un desembolso de 75 millones de euros al final del período de vigencia, en 2029. Como ya se sabía, los primeros 13 serán inmediatos, este mismo 2026.

En la presentación del decreto, que entrará en vigor a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), el consejero del PNV no ha querido “obviar” la “reacción” que este pacto ha causado en el resto de la plantilla de Osakidetza. El SME es la cuarta fuerza sindical, no tiene mayoría y el resto de sindicatos ha anunciado movilizaciones al entender que es una concesión “clasista” que privilegia solamente a uno de los grupos profesionales. Osakidetza lleva 18 años sin actualizar el convenio.

Martínez ha insistido en defender la “singularidad” de la profesión médica —él mismo trabajaba en Osakidetza antes de saltar a la política en 2024— y ha recalcado que. mientras el resto de colectivos trabajan no más de 35 horas semanales. las jornadas de los facultativos pueden ser de “60 u 80 horas” para garantizar la asistencia “24/7”, es decir, en todo momento. Hasta ahora las guardias se pagaban por debajo de la hora ordinaria y ahora se introducen mejoras horarias y de conciliación, una reducción de la obligatoriedad de hacer guardias hasta que progresivamente se quede en los 50 años, según ha enumerado Martínez, convencido de la bondad del acuerdo.

El consejero ha insistido en contraponer este modelo de acuerdos con la política de la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar. De hecho, el pacto con los médicos en Euskadi responde a una huelga en el conjunto del Sistema Nacional de Salud promovida por sindicatos corporativos que reclaman un estatuto marco propio y diferenciado del del resto de categorías. En verdad, el Gobierno central ya tiene acordado un estatuto marco global con la mayoría sindical, pero Martínez ha liderado una rebelión autonómica contra ese modelo.

El responsable vasco de Salud ha afeado también a García que apruebe planes sin “memoria económica” ni informes jurídicos. “Es un don sin din”, ha ironizado. Cree Martínez que los apoyos a las propuestas de la ministra “se han ido debilitando por momentos” en estos meses, mientras que él ha logrado un clima de entendimiento con la plantilla de Osakidetza. “24 acuerdos en la mesa sectorial”, ha recordado.

Ante la previsión de que el resto de sindicatos vayan a la huelga para denunciar el acuerdo exclusivo para médicos, Martínez ha señalado que “este acuerdo [con el SME] no supone el cierre de ninguna negociación” con otros colectivos y, a la vez, ha lanzado carantoñas al sindicato principal, Satse, haciendo un “reconocimiento expreso” de su “extraordinario trabajo” e invitándole a buscar acuerdos bilaterales también. A la vez, ha recordado que los sindicatos de clase tienen también médicos afiliados que saldrán beneficiados. Asimismo, ha rechazado la idea de que Euskadi tenga una Sanidad pública “precaria”. Ha señalado que es la comunidad autónoma con más gasto por habitante en profesionales sanitarios y que, junto con Navarra, es también la única que invierte en este capítulo “por encima de la media” de Europa.

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, “se ha metido en un lío”, según un observador de los últimos movimientos en Osakidetza. El equipo de Martínez, anestesista que hasta estrenarse en política en 2024 trabajaba en el hospital de Cruces, ha acordado en encuentros “bilaterales” con el SME (Sindicato Médico de Euskadi) una mejora de las condiciones laborales exclusivamente de los facultativos, unos 8.500 de una plantilla de 34.000. Esto está consensuado también con un nuevo movimiento llamado MUD que carece de representación legal.

El resto de los sindicatos, una amplísima mayoría en el foro legal de negociación, la mesa sectorial, ha avisado de que el plan es “clasista” y que este intento de arreglar el objetivo problema de las demandas de los facultativos, con huelgas intermitentes desde comienzos de 2026 y las listas de espera disparándose, ha podido generar un gran incendio en el resto de la plantilla, númericamente muchos más que los facultativos. Se prepara ya un “otoño caliente” y una potencial huelga general tendría un seguimiento mucho mayor y unas consecuencias imprevisibles en la asistencia sanitaria. Es más, ni siquiera el acuerdo garantiza que el SME se descuelgue de las convocatorias de huelga, que son de ámbito español.

1 - Cuál es el contexto

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acordado con la mayoría sindical en el Sistema Nacional de Salud (Satse, CCOO, UGT y CSIF) un estatuto marco para regular las condiciones laborales de todas las categorías profesionales. Sin embargo, las organizaciones corporativas se han opuesto con firmeza, demandando un estatuto propio para los médicos. En el Colegio de Médicos de Vitoria, por ejemplo, lleva meses colgado un cartel con esa reivindicación.

Así, se han ido celebrando huelgas de una semana de duración todos los meses hasta junio. Igualmente, parte del personal médico ha dejado de hacer las denominadas 'peonadas', que son turnos adicionales o 'autoconcertaciones' para reducir las listas de espera fuera del horario ordinario. A finales de mayo, la demora quirúrgica en Osakidetza se estaba acercando ya al pico de 85 días alcanzado en agosto de 2022, tras la finalización de las oleadas de la COVID-19, muy por encima de los 54,2 de hace medio año. Se han incrementado las derivaciones a la privada de modo notable.

Desde el principio, el consejero Martínez ha secundado esta demanda y criticado que la ministra García, de Sumar, no se avenga a negociar. No es el único frente abierto con ella, ya que también mantienen un conflicto con las liquidaciones de los fondos de compensación entre comunidades autónomas. Es más, Martínez se ha erigido en portavoz de las 17 comunidades autónomas en sus críticas a García, también anestesista. Le ha llegado a pedir que delegue las competencias del estatuto marco para resolver el entuerto desde Euskadi.

Como detalle, cuando Osakidetza informa del seguimiento de las huelgas médicas, las notas siempre vienen encabezadas con la frase de que son convocatorias “contra el Ministerio de Sanidad”. La última de ellas tuvo lugar el 19 de junio con la siguiente participación: 16,92% de seguimiento en el turno matinal y 7,85% en el vespertino. El SME asume que los datos están cayendo conforme pasan los meses.

2 - Quién ha firmado el acuerdo

En Euskadi, el último convenio en Osakidetza se firmó en 2008. Era consejero Gabriel Inclán y lehendakari Juan José Ibarretxe, ambos del PNV. Desde entonces, han pasado muchas cosas. En Salud, por ejemplo, estuvo el socialista Rafael Bengoa y los nacionalistas Jon Darpón, Nekane Murga y Gotzone Sagardui.

Ahora, sin haber actualizado el acuerdo regulador, se ha firmado una mejora solamente para una parte de la plantilla y se ha añadido que es un paso “histórico”. El enfado en el resto de la organización es mayúsculo, a la luz de las declaraciones de diferentes representantes sindicales de Satse, de los cuatro sindicatos de clase (ELA, LAB, CCOO y UGT) e incluso de otras organizaciones minoritarias.

Las últimas elecciones en Osakidetza fueron en 2024. Satse fue la ganadora con 89 delegados de 361 posibles. ELA quedó como segunda fuerza con 81, LAB fue la tercera con 44 y en cuarto lugaron empataron, con 34 representantes, UGT y el SME. El acuerdo, por lo tanto, tiene un respaldo de menos del 10% de la representación de la plantilla. En votos, la central médica logró un porcentaje algo mayor, del entorno del 15%. Según datos del propio SME, incluso el 80% del personal médico en Osakidetza no es del sindicato.

Quien no tiene ninguna representación es el MUD, aunque una portavoz de ese colectivo ha ofrecido declaciones en TVE destacando que hay medidas que son de “justicia” y de “dignidad”, no “privilegios”. Algunas voces asimilan esta situación a la del movimiento 'Ertzainas en lucha' de 2023. Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue muy diferente. Se insistió en que había una representación legal y mayoritaria que había que respetar y unos foros tasados para el debate. Finalmente, se acordó un convenio precisamente con todos los sindicatos salvo el más próximo a aquel movimiento.

En el caso del SME, Mabel Arciniega ha llegado a decir que “en la mesa sectorial no se aprueban las cosas por mayoría”, que basta con que las refrende el Consejo de Gobierno, y ha argumentado que los facultativos tienen una “problemática específica”. “Sí, somos una parte pequeña, pero somos el eje del sistema”, añadió. Satse no ha dudado en tildar de “ilegal” el pacto. LAB introdujo también otro elemento para la reflexión: ¿están pidiendo algunos médicos más descansos en la Sanidad pública cuando a la vez trabajan en la privada?

3 - Qué se ha acordado

El mejor reflejo del acuerdo es la documentación facilitada por el SME. La central pone el énfasis en el final de las guardias de 24 horas. Igualmente, hay mejoras en las libranzas y en los pagos de esas horas de guardia. “Así, el precio hora guardia supera a la hora ordinaria y, además, con la actualización de las tablas retributivas anuales, conlleva un incremento progresivo hasta llegar a un 38% en el precio de la guardia en 2028 de tal forma que hacer dos guardias equivaldrá a hacer tres guardias en la actualidad”, sostiene el sindicato. Igualmente, “se va a ir disminuyendo paulatinamente la edad de exención, hasta llegar en 2030, hasta los 50 años”. “Es decir, que un profesional de 46 años en la actualidad, podrá dejar de hacer guardias y optar por los módulos compensatorios dentro de cuatro años”, se indica.

“Somos conscientes de que, a día de hoy, eliminar las guardias de un plumazo”es imposible de cara a garantizar una atención 24/7/365 a la ciudadanía. Requiere de un análisis profundo del sistema y redimensionamiento de la plantilla así como de un cronograma de implementación de medidas hasta alcanzar el objetivo. Mientras esto se lleva a cabo, se ha propuesto que, de forma voluntaria y de mutuo acuerdo con el equipo y la jefatura, la persona pueda optar, entre semana, por no trabajar la mañana del día de guardia (recuperando esa jornada ordinaria otro día por la tarde) o, partir la guardia de fin de semana en dos 'medias guardias' de 12 horas, explica el SME.

Asimismo, los médicos tendrán un “incremento salarial de 300 euros mensuales, de forma paulatina” y “a partir del 1 de julio de 2027”. Hay otros ajustes sobre los horarios o la autoconcertación. El acuerdo, según el SME, incluye que el Gobierno defienda públicamente la singularidad del colectivo médico. “Si bien la propuesta no recoge el 100% de nuestras demandas, desde el Sindicato Médico la valoramos positivamente, ya que incluye medidas de aplicación inmediata que van a suponer una mejora en las condiciones laborales del colectivo en cuanto a descansos, reconocimiento de la penosidad de las guardias, conciliación y equiparación de los distintos niveles asistenciales se refiere”, añaden.

El Gobierno aún no ha precisado el coste económico de las mejoras. Simplemente ha dado el dato de que se pondrán sobre la mesa 13 millones ya en 2026. Lo hizo la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, que fue la encargada de escenificar, con fotografía incluida, la firma del pacto con el SME.

4 - Y ahora qué

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha echado un capote a su compañero Martínez y ha defendido los últimos movimientos. Es algo “bueno” para el colectivo médico, que tiene una “singularidad muy concreta”, y “la ciudadanía lo va a notar muy pronto”. Además, esto no “excluye” que se planteen a futuro mejoras para el resto de la plantilla. Obviando el plantón dispensado ya por las centrales, el Ejecutivo asegura que está “trabajando” con ellas para alcanzar nuevos acuerdos.

Con todo, Ubarretxena ha insistido en que “el origen de todo esto está en Madrid”. “Ante el inmovilismo y la cerrazón, nos ha tocado movernos. Hemos hecho nuestras 'etxeko-lanak', los deberes”, ha explicado. En el Parlamento Vasco, la coalición de la ministra solamente tiene un escaño, pero lo ha usado para criticar al consejero Martínez. “Ignora al conjunto de la plantilla, vulnera derechos sindicales y rompe con las mayorías representativas”, ha lamentado Jon Hernández, portavoz vasco de Sumar.

A tenor de las palabras de Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT, se trabaja ya en una movilización de cara al otoño. Deducen que solamente las huelgas han forzado a la dirección de Osakidetza a moverse y entienden que ellos han de aprovechar también esa herramienta. En paralelo, el SME no ha llegado a desmarcarse aún de las nuevas convocatorias médicas previstas en septiembre, que son ya indefinidas. Asegura que no depende de ellos. En todo caso, sí han recomendado a sus afiliados retomar las 'peonadas' para no seguir comprometiendo las listas de espera.

Para el SME, es “lamentable” que “organizaciones que se hacen llamar sindicatos monten un pollo” porque un colectivo logre mejoras laborales. “También somos trabajadores”, ha subrayado en Radio Euskadi. Además, ha considerado “injusto” que facultativos “tengan que hacer unas 1.000 horas más” que un trabajador “normal” de Osakidetza.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, del PNV y anestesista de profesión, ha causado un incendio de grandes dimensiones -y de imprevisibles consecuencias- entre la plantilla de Osakidetza. Persuadido de que el colectivo médico, que es el suyo, tiene que ver reconocida su “singularidad” en una mejora de las condiciones laborales, ha firmado un acuerdo exclusivamente con el SME (Sindicato Médico de Euskadi, cuarta fuerza sindical y sin mayoría) y exclusivamente centrada en mejoras para ese colectivo que tendrán un primer impacto presupuestario de 13 millones en 2026.

El movimiento busca desactivar una huelga periódica que viene arrastrándose desde el inicio del año y también la negativa a hacer 'peonadas' o turnos adicionales para aliviar las listas de espera, pero la realidad es que la mayoría sindical (Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT) se ha plantado en la reunión en que se ha presentado el acuerdo y amenaza ya con una huelga de mucho mayor volumen en el conjunto del Servicio Vasco de Salud.

El contexto del incendio viene de la polémica por el estatuto marco acordado por el Ministerio de Sanidad con la mayoría sindical en España para regular las condiciones de todo el personal sanitario. Los sindicatos corporativos y un nuevo movimiento llamado MUD, que en Euskadi carece de representación legal, plantearon una huelga que tiene como premisa principal que demandan una regulación propia para los facultativos. Las huelgas se inicieron en enero, después se sumó la negativa a las 'peonadas' y el resultado son unas listas de espera disparadas en quirófanos, consultas y pruebas, echando al tras el terreno recuperado tras la pandemia de la COVID-19.

Políticamente, el consejero Martínez se ha erigido en vanguardia contra la ministra Mónica García, que es de Sumar. Ha llegado a actuar como portavoz de las 17 comunidades autónomas y también a plantear que el Estado transfiera a Euskadi las competencias sobre el estatuto marco. En paralelo, en casa, Osakidetza lleva desde 2008 sin un convenio propio.

A finales de la pasada semana trascendió que Osakidetza había alcanzado un acuerdo con el SME para mejorar las condiciones del colectivo médico. La central, que dice representar a un 20% de los facultativos de Osakidetza y que obtuvo del orden del 15% de los votos en las últimas elecciones sindicales, destaca que el documento firmado combate la “penosidad” de las guardias, incrementa los salarios, mejora la conciliación y homogeneiza el trato al personal de ambulatorios y hospitales. Se acabaron, por ejemplo, los turnos de 24 horas seguidas.

El pacto, cerrado de modo bilateral entre el Gobierno y el SME, ha sido sometido este lunes al escrutinio de la mesa, el órgano supremo de representación en Osakidetza, con presencia de todas las fuerzas sindicales elegidas por la plantilla. La cita ha estado dirigida por la responsable de Recursos Humanos, Josune Retegi. A los pocos minutos, todos los sindicatos menos el SME se han levantado, airados y avisando de que se avecina un “otoño caliente”. El SME se ha quedado y se ha firmado el acuerdo.

“Sí, somos una parte pequeña de la plantilla, pero somos el eje del sistema. A los hechos me remito. Tenemos que trabajar más que los demás y tenemos una casuística diferente”, ha justificado en la puerta de la sede central de Osakidetza en Vitoria Mabel Arciniega, portavoz del SME. ¿El acuerdo es válido teniendo en cuenta sus circunstancias? “En la mesa sectorial no se aprueban las cosas por mayoría”, ha dicho Arciniega a preguntas de los periodistas. Y ha asegurado que entrará en vigor cuando lo vise el Consejo de Gobierno. ¿Les ha ayudado que el consejero sea del colectivo? “Eso lo tendrá que contestar él”, ha despejado la responsable del SME.

Según la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, se trata de un paso adelante para mejorar la calidad asistencial o al menos para intentar evitar que se sigan disparando las demoras. Frente a la “confrontación” en el Estado, en Euskadi hay “negociación”, ha señalado, aunque el estatuto marco estatal sí tiene detrás el respaldo de una mayoría, a diferencia del nuevo acuerdo en Osakidetza. Para Bilbao, eso sí, estas mejoras no implican que no pueda haberlas para el resto de la plantilla, pero tocaba reconocer la “singularidad” de los facultativos.

El sindicato mayoritario en Osakidetza es Satse, la central de enfermería. Amaia Mayor, su portavoz, ha sido muy dura. Extremadamente dura. Cree que ha sido una negociación “clandestina” y “clasista” que crear profesionales “de primera y de segunda”. Es un “grave precedente” que rompe todos los equilibrios y que, además, es “ilegal”. Según Mayor, Martínez opera como “portavoz directo” de los médicos y no como consejero de todos. Y ha pedido transparencia con el coste del acuerdo: “La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gastan sus impuestos”.

Esther Saavedra, de ELA, ha sido clara también: “Viendo el talante y que sólo se hace caso a los que están en huelga, la movilización es el camino”. Su llamada a la huelga de cara a otoño está sobre la mesa y el guante lo recogen otras organizaciones con potencial de movilizar a mucha más gente que el SME y MUD, que tenían un seguimiento de no más del 20%.

Desde LAB, Jesús Oñate se ha dicho “muy enfadado”. Ha llamado “sindicato vertical” al SME y ha recordado que esto se produce cuando pasan “casi veinte años” desde el último convenio en Osakidetza. Ha pedido también tener en cuenta que tocaría analizar cuántos facultativos se quejan de la falta de descansos en la pública mientras trabajan también en la privada.

“Lo que mueve [al Gobierno] es ir a la huelga, ¿no?”, ha razonado Carmen Rayo, de CCOO. Jasone Pérez, de UGT, ha apelado a la “unión sindical” y ha asumido que son una central pactista y poco dada a las movilizaciones, pero que esta vez toca cambiar de estrategia por la gravedad de lo sucedido. “Tenemos fama de ser blandos. Es difícil convencer a la gente de ir a la huelga. Pero en este caso no va a serlo”, ha manifestado la representante ugetista.

La pregunta latente es si, a la vuelta de las vacaciones, volverá a haber huelgas médicas. Pero este paso ni siquiera garantiza eso. El SME ha recordado que son convocatorias estatales, aunque admite que ha recomendado retomar las 'peonadas' para no seguir incrementando las esperas. Desde Osakidetza, también se confía en que no se mantenga la “misma actitud” dadas las circunstancias, aunque las potenciales movilizaciones tendrían un alcance mucho mayor con el respaldo expreso de Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT e incluso de otras organizaciones más pequeñas como ESK.

El consejero de Salud Alberto Martínez ha asegurado que fueron los “protocolos establecidos” por Osakidetza para garantizar la seguridad de los procesos de vacunación los que permitieron detectar problemas con la cadena del frío en dos centros de salud muy distantes, el de Arangoiti en Bilbao y el Lasarte-Oria. En respuesta a una pregunta formulada en el Parlamento Vascopor la representante de EH Bildu Rebeka Ubera sobre las incidencias en estos ambulatorios después de la crisis de las vacunas caducadas de comienzos de año, Martínez da a entender no solamente que el sistema no falló sino que fueron sus controles los que permitieron aflorar el problema.

Este caso trascendió, como en su momento la crisis por la inoculación de dosis pasadas de fecha, porque EH Bildu desde la oposición dio la voz de alerta. Posteriormente, Salud confirmó que en dos centros de la red se habían producido problemas en las neveras que tienen que preservar las dosis a temperaturas concretas.

En detalle, la información final sobre este episodio apunta a problemas en Lasarte-Oria en los días 30 y 31 de mayo y en Bilbao entre el 28 de mayo y el 4 de junio. Eso implicó que su tuviera que revacunar a 17 personas, doce de Bilbao y el resto en la localidad guipuzcoana. En su momento, el consejero Martínez añadió a los medios de comunicación que la consecuencia del fallo en las cámaras frigoríficas había sido la misma pero, curiosamente, por motivos contrarios. En un caso la nevera enfrió más de lo debido y en el otro se superó la temperatura recomendada por los fabricantes.

“Las neveras que usa Osakidetza para mantener las vacunas cuentan con diferentes mecanismos para detectar anomalías de temperatura. La comprobación de estos mecanismos es lo que detectó la rotura de la cadena del frío. Por lo tanto, las incidencias pudieron detectarse gracias al correcto funcionamiento de los protocolos de prevención”, insiste Martínez.

La crisis de las vacunas caducadas, que terminó con el reconocimiento de que durante años se habían dado problemas similares, motivó que Osakidetza lanzara la idea de extremar los controles en la inoculación de estos productos, lo que se vino a llamar los “siete correctos”, en referencia a siete requisitos imprescindibles que han de ser revisados. “El propósito del Departamento de Salud [es el de] seguir analizando los protocolos y procesos relacionados con la administración de vacunas para detectar posibles incidencias e incluir nuevas mejoras”, sostiene Martínez. Hace unas semanas ya se presentó una herramienta digital que ofrece alertas cuando caduque algún vial.

En la reunión de ese viernes del Consejo Interterritorial que sienta al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, Euskadi ha rechazado el pago de otros 51 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de los ejercicios 2023 y 2024 de los fondos FCS (Fondo de Cohesión Sanitaria) y FOGA (Fondo de Garantía Asistencial). El consejero, Alberto Martínez, del PNV, que mantiene varios frentes abiertos con la ministra Mónica García, de Sumar, pidió ya en 2025 una revisión del modelo de este mecanismo para ajustar los gastos derivados de atenciones de pacientes de un servicio autonómico en el resto del Sistema Nacional de Salud al mostrar que Euskadi había puesto 169 millones, el 60% con un 5% de población, “superando incluso la suma de trece comunidades autónomas”.

“No podemos respaldar un modelo de compensación de esta magnitud sobre una base legal tan frágil y tan poco clara. Sería irresponsable con Euskadi y con el propio Sistema Nacional de Salud”, opina el consejero Martínez. Insiste en que el FCS y el FOGA tienen “importantes deficiencias jurídicas” y “mecanismos poco transparentes” que hacen que las estimaciones no sean homogéneas y que, según temen en privado en Euskadi, las comunidades cumplidoras que declaran todos los casos se vean penalizadas.

¿Qué son estos fondos? El FCS está regulado mediante un decreto de 2006 y cubre gastos de servicios a pacientes de una comunidad comunidad autónoma cuando en su sistema no hay centros de referencia para determinados servicios o patologías y tienen que ser atendidos. El FOGA, de 2012, cubre los desplazamientos temporales, como unas vacaciones.

Martínez recalca que no es una “discrepancia coyuntural”, sino una enmienda estructural al modelo. Lamenta, en ese sentido, que en 2025 el secretario de Estado, Javier Padilla, viera “de vital importancia” repensar el modelo y que, un año después, se mantenga el “extraordinario desequilibrio”. O que se haya hecho caso omiso al Tribunal de Cuentas del Estado. O que no se haya creado el grupo de trabajo anunciado. “No se ha producido ningún avance en este ámbito”, recalca el Gobierno vasco, que incide en que se “perpetúa” un problema “sin ningún tipo de cobertura legal”.

“No cuestionamos la existencia de mecanismos de cohesión y garantía, sino la forma en la que se están calculando y liquidando, sin el rigor normativo que exigen sus importantes repercusiones económicas”, ha explicado Martínez, que asegura haber sumado a “otras comunidades” a su postura, por ejemplo la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP. “Madrid se suma al no”, se ha felicitado la parte vasca. El consejero vasco ya se erigió en la anterior reunión como líder de la oposición frente a la postura de la ministra García en relación al estatuto marco y las demandas del colectivo médico.

Sin darle publicidad, el Gobierno vasco ha dado ya el primer paso para poner en marcha la doble licitación de la contrata de ambulancias de Osakidetza, la mayor externalización de la Sanidad pública. El Consejo de Gobierno, fuera del orden del día, aprobó este martes una doble de autorización de gasto por tratarse, en ambos casos, de contratos por un valor superior a los 5 millones de euros. Se espera que los pliegos se conozcan antes del parón vacacional, aunque la resolución definitiva podría tardar todavía meses.

Osakidetza tiene externalizados dos tipos de ambulancias. Por un lado, está el servicio de emergencias (vehículos amarillos) y, por otro, las ambulancias programadas (azules y blancas). Las UVI móviles sí son un servicio con personal propio. Cada licitación va por separado y ambas son millonarias, con un coste que supera holgadamente los 10 millones de euros mensuales.

La importancia especial de esta renovación de la contrata es que vendrá a regularizar la situación de interinidad que vive el sector desde finales de 2024, cuando fueron rescindidos antes de tiempo los acuerdos con la catalana Grup La Pau, que gestionaba las dos redes en Bizkaia y en Álava y era la principal contratista de Osakidetza. La cooperativa, ahora en concurso de acreedores, acumuló decenas de sanciones de la Inspección de Trabajo y otras incidencias que incluyeron el impago de nóminas.

Desde entonces, Ambulancias Gipuzkoa mantiene la adjudicación que ya tenía desde el concurso anterior en ese territorio, ya que no le afectó para nada la crisis con La Pau. Pero se tuvieron que firmar dos contratos de emergencia, es decir, directos y sin concurso, para solventar el hueco en Bizkaia y en Álava. En el caso alavés, se optó por ampliar el radio de acción de Ambulancias Gipuzkoa; en el vizcaíno, por el contrario, se creó 'ad hoc' una UTE llamada Bizkanb y que es la suma de la rama sanitaria de Alsa (conocida como Sanir) y de la navarra Baztan-Bidasoa.

Inicialmente se aludió a un posible plazo de catorce meses con un presupuesto total de 110 millones de euros, pero llegó enero de 2026, el momento del final de ese tiempo estimado, y se mantuvieron los servicios tal cual. Fuentes de Osakidetza aclararon que, pese a la confusión, las adjudicaciones de emergencia a Bizkanb y Ambulancias Gipuzkoa eran indefinidas.

Ahora se acerca ya la regularización, aunque por el momento solamente se ha dado el primer paso de muchos. La tramitación durará meses. Lo que ha hecho el Consejo de Gobierno es autorizar al consejero de Salud, Alberto Martínez, a que pueda poner en marcha dos concursos por un importe superior a los 5 millones de euros. Un decreto de 2016 obliga a que sea el máximo órgano colegiado de la Administración vasca el que dé inicio a las licitaciones más importantes.

A partir de ahora, se activarán los dos expedientes de contratación, el 16/2026/PS (relativo a las ambulancias urgentes) y el 17/2026-PS (el del servicio programado). Fuentes de Osakidetza indican que antes del verano se harán públicos los pliegos y luego vendrá el período de presentación de ofertas. No es descartable que puedan presentarse recursos que demoren la resolución del concurso. Como referencia, en la anterior ocasión los pliegos se lanzaron en diciembre de 2023 y no fue hasta el verano de 2024 cuando se adjudicaron los nuevos contratos.

El sindicato mayoritario de Osakidetza, SATSE, ha advertido al consejero de Salud, Alberto Martínez, de que puede “provocar un otoño caliente” de movilizaciones, entre las que no descarta la huelga, si “rompe” la negociación colectiva y apuesta por pactar “al margen” de la mesa sectorial “con un solo colectivo”, el de los médicos. Se refieren a las conversaciones en torno al estatuto marco que Martínez mantiene con el SME e incluso con el denominado MUD, que no tiene representación.

En un comunicado, la central sindical ha denunciado que el consejero está manteniendo reuniones bilaterales semanales con el esta central “al margen de la mesa sectorial, el único órgano legítimo de negociación colectiva”. Para Satse, “esta forma de actuar supone un ataque crítico” a la negociación colectiva, además de “un trato de favor hacia un único colectivo profesional en perjuicio del resto de trabajadoras y trabajadores que sostienen diariamente el sistema sanitario vasco”, informa Europa Press.

“El consejero de Salud debe gobernar para todo el personal de Osakidetza y no actuar como interlocutor privilegiado de un único colectivo. La Sanidad pública se sostiene gracias al trabajo de equipos multidisciplinares y no puede construirse otorgando privilegios a unos cuantos como el Sindicato Médico y asociaciones emergentes, que no cuentan con representatividad legítima, mientras se ignoran las reivindicaciones del resto”, ha denunciado la central.

El Sindicato de Enfermería considera preocupante que “estas negociaciones paralelas se produzcan mientras la mesa sectorial lleva cerca de un año esperando abordar cuestiones fundamentales” como las retribuciones del personal. “El propio Departamento de Salud está incumpliendo el calendario de negociación que había fijado para abordar cuestiones fundamentales que afectan al conjunto de la plantilla”, ha censurado SATSE. Osakidetza lleva 18 años sin un convenio actualizado.

Para la central, no es posible “aceptar que se utilicen problemas que afectan a toda la plantilla para construir privilegios de un único colectivo ni para jerarquizar las condiciones laborales dentro de Osakidetza”. “Si el consejero Martínez mantiene esta deriva y continúa debilitando la negociación colectiva, Osakidetza se encontrará con un otoño de creciente conflictividad laboral”, ha señalado SATSE, que no descarta impulsar movilizaciones conjuntas con otras organizaciones sindicales ni la convocatoria de huelgas “si se sigue vulnerando un derecho fundamental como es la negociación colectiva”.

El Departamento de Salud espera cubrir “a la mayor brevedad posible” la posición vacante del responsable del Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Vacunas, uno de los puestos clave del área de Salud Pública. El consejero, Alberto Martínez, admite que ha habido varios intentos fallidos. En junio se marchó el que ocupaba interinamente esas funciones, Pello Latasa, una persona de prestigio fichada del Gobierno de La Rioja por cuatro años y al que se le acabó el contrato. Pasado ya un mes, nada se conoce de su sustituto.

Martínez hace estas reflexiones en una respuesta enviada al Parlamento Vasco, donde EH Bildu, a través de Rebeka Ubera, había pedido información sobre esta situación. “En 2022, cuando se jubiló Txema Arteagoitia, su puesto de trabajo no fue ofertado ni cubierto. Y, de forma indirecta, mediante otro contrato, se le asignó a Pello Latasa la responsabilidad del Servicio de Vigilancia y Vacunas de la Dirección de Salud Pública. [...] A Pello Latasa se le ha terminado el contrato. Desde nuestro punto de vista, es muy grave estar sin responsable del Servicio de Vigilancia y Vacunas. El Departamento de Salud debería ser consciente de la importancia de dicha responsabilidad en la Salud Pública”, señalaba Ubera en su iniciativa.

Según Martínez, que nada dice de la salida de Latasa, “la rotación o los cambios de personal en la Administración pública es un fenómeno continuo, que responde a diferentes causas organizativas, laborales y personales”. Sobre Arteagoitia, solamente indica que las jubilaciones “implican la salida natural de trabajadores”.

El consejero señala que en Salud Pública trabajan “aproximadamente 30 personas” y que, entre todos, “facilitan la continuidad, la adaptación y el correcto funcionamiento” del puesto vacante. “La labor de este conjunto de profesionales se basa en la epidemiología, el manejo de datos, la capacidad analítica, los conocimientos sanitarios y de inmunización, el diseño y desarrollo de protocolos y la coordinación con el sistema sanitario (coordinación con atención primaria y hospitales)”, expone Martínez.

No obstante, Salud “intentó cubrir esta plaza, que requiere de unas condiciones especiales” en al menos tres ocasiones y sin éxito. Fueron dos comisiones de servicios y también “en la última OPE”. El consejero insiste en que se siguen haciendo “las actuaciones necesarias” para cubrir la vacante “a la mayor brevedad posible”, pero también teniendo en cuenta que, en Euskadi, pronto se va a poner en marcha Osasungintza, el nuevo Instituto de Salud Pública que asumirá también las competencias relativas a vigilancia epidemiológica y vacunación.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) tiene once pacientes con epidermólisis bullosa, la enfermedad genética rara e incurable que se conoce comúnmente como piel de mariposa. En tres casos, uno en el hospital de Basurto de Bilbao y dos de Donostia, ha habido solicitudes para acceder a Vyjuvek, un tratamiento génico pionero. Estas solicitudes, se indica desde Osakidetza, no se han podido estimar porque el medicamento no está financiado por el Ministerio de Sanidad.

Los datos se desprenden de la respuesta del consejero de Salud, Alberto Martínez, a una solicitud de información documentada presentada en el Parlamento Vasco por Laura Garrido, del PP. “Según normativa farmacéutica estatal para la financiación pública de los medicamentos será necesaria su inclusión en la prestación farmacéutica del [Sistema Nacional de Salud] mediante la correspondiente resolución expresa de la unidad responsable del Ministerio de Sanidad”, explica el consejero.

Vyjuvek es una terapia génica que trabaja con un principio activo conocido como beremagene geperpavec, un virus modificado genéticamente. Los pacientes de piel de mariposa tienen un gen defectuoso que provoca que falte una proteína y las capas de la piel no se unan correctamente entre sí, lo que hace que la piel se vuelva muy frágil y propensa a sufrir ampollas. “Vyjuvek se ha modificado para que el virus contenga copias funcionales del gen defectuoso detectado en pacientes con [piel de mariposa]. El medicamento introduce estas copias funcionales del gen en las células de la herida para ayudar a la piel a cicatrizar. El virus modificado y el material genético de este medicamento no modifican su propio ADN”, explica la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

El laboratorio que desarrolla el tratamiento, que puede administrarse desde el nacimiento, es neerlandés, el Krystal Biotech. El Ministerio de Sanidad, en su nomenclátor más reciente, el de junio, recoge que aún se encuentra o en estudio o sin petición de financiación. El consejero Martínez subraya que esta información ya se ha trasladado a los dos hospitales, el de Basurto y el Donostia, para que el profesional responsable se encargue de trasladarle la información a los pacientes.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha asegurado este viernes que un 62% de los centros de salud y consultorios de atención primaria mantendrán su actividad habitual durante el periodo estival. La otra cara de la moneda es que “solo” -en palabras del Gobierno- el 30% reducirá su horario en tres y un 8% llegará a tener cierres totales durante algunos días.

Según ha indicado el Ejecutivo en un comunicado, se adecuarán los horarios para hacer compatible el mantenimiento de una asistencia sanitaria de calidad con el descanso de sus profesionales y con la supuesta menor demanda de servicios que se da en estos meses, aunque ha explicado que no se contemplan “grandes cambios ya que la mayor parte de los centros mantendrá su horario habitual”, de modo que “la atención sanitaria a la población sanitaria durante los meses de verano está garantizada”.

Como resumen de la previsión actual de horarios de los centros de salud, Osakidetza ha detallado que son 210 de un total de 337 (el 62%) los que no prevén ningún cambio, mientras que 100 (el 29,67%) realizará algún ajuste horario en algún momento del verano, básicamente el cambio de 20.00 a 17.00 horas, mientras que 27 consultorios (el 8%) pueden cerrar al menos un día dentro del periodo vacacional. Son diez consultorios menos que en el verano de 2025, ha defendido Osakidetza.

“Y para poder responder a las necesidades de cobertura habituales en estas fechas de verano, se han activado distintas medidas adicionales como el programa de rejuvenecimiento y fidelización”, como poder contratar a personal MIR que finaliza la residencia a comienzos de verano o la OPE de plazas de dificíl cobertura de atención primaria “que ha permitido afrontar estos meses con una mayor estabilización en las plazas que resulta más difícil de cubrir, como pueden ser los de las zonas rurales o los turnos de tarde”, ha explicado.

Crisis de las vacunas

Por otro lado, el consejero, Alberto Martínez, ha defendido en el Parlamento Vasco la gestión de su equipo para corregir los “problemas” detectados en la gestión de vacunas y ha reprochado a EH Bildu que utilice este tema para “generar inseguridad y tratar de alarmar”. Martínez ha respondido este viernes, en el pleno de control, a una pregunta de Rebeka Ubera sobre los casos de administración de vacunas caducadas y sobre los fallos detectados en las neveras de dos centros de salud en las que se guardaban dosis de diversas vacunas.

“Cuando no se reconoce la gravedad de un problema es difícil solucionarlo, sobre todo si los problemas son estructurales”, se ha quejado Ubera, que informó de ambos casos desde la oposición antes de que lo hiciera Osakidetza. “La diferencia es clara: ustedes generan ruido, nosotros introducimos soluciones; y en Sanidad lo importante no es el titular, sino que cada paciente reciba una atención segura, fiable y de calidad”, ha replicado Martínez, informa Europa Press.

El Gobierno de Imanol Pradales cumple ya dos años, la mitad de la legislatura. Es una coalición de PNV y PSE-EE que tienen sus tiras y aflojas, sus idas y venidas. Ahora, oficialmente, los socios están en tregua. Pero en los próximos días volverán a separar sus caminos en lo tocante a la reforma de la normativa del euskera en el empleo público, como antes han chocado en Vivienda, en política migratoria o en otras materias. elDiario.es/Euskadi repasa, uno por uno, los hitos principales del lehendakari y de sus quince consejeros.

Imanol Pradales

Lehendakari (PNV)

El lehendakari, dos años después, es el político vasco más valorado. El Sociómetro le da una nota de 5,8 sobre 10, que además ha ido creciendo en los últimos meses conforme avanzaba el mandato. Pradales, poco a poco, va esculpiendo su propio perfil. Está cuidando mucho la política internacional, con el hito de la visita del presidente de Alemania a finales de 2025, Frank-Walter Steinmeier, quien pidió disculpas por el bombardeo nazi de Gernika en 1937. También ha querido rescatar el alma más católica del PNV, con dos encuentros con el papa León XIV esta primavera, uno en el Vaticano y otro en Canarias, una carta a los obispos para prometerles remar juntos y la asistencia a eucaristías. Ha repetido que el nuevo pontífice es uno de sus faros. En materia migratoria, Pradales insiste, eso sí, en que los migrantes tienen “derechos”, pero también “obligaciones”. Lo planteó el discurso de Navidad y lo volvió a repetir en las entrevistas en ETB por el segundo aniversario: “Este país tiene una identidad, una lengua y unos valores que queremos seguir preservando”. El lehendakari entiende que la situación en España tiene una “pinta horrorosa” por las investigaciones de corrupción que se suceden, pero, tirando de pragmatismo, asegura que mientras Pedro Sánchez siga en el Gobierno tiene que ser aprovechada la ventana de oportunidad. En julio espera celebrar una reunión para cerrar acuerdos pendientes, como el del traspaso completo de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. ¿Y la reforma del Estatuto? Supuestamente, PNV y PSE-EE lo negocian con EH Bildu. Se anunció para junio algún movimiento por parte de Pradales que aún no ha llegado.

Ibone Bengoetxea

Vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística (PNV)

Tras unos primeros meses con un perfil más bajo, Bengoetxea ha reforzado su peso político en el segundo año. En estos meses, ha encabezado la fallida petición de que el 'Guernica' de Pablo Picasso pueda exhibirse en el Guggenheim de Bilbao temporalmente por el nonagésimo aniversario del bombardeo nazi. Igualmente, ha quedado enterrado el intento de levantar un nuevo Guggenheim en Urdaibai, el mismo que iba a hacerse “sí o sí”, según el PNV. Asimismo, sigue abierto el debate sobre la reforma legislativa para blindar las exigencias de euskera en las oposiciones a raíz de la cascada de fallos judiciales. El asunto ha generado una brecha con el socio de Gobierno, el PSE-EE, y la propuesta del PNV solamente prosperará si EH Bildu lo permite. Bengoetxea ha amagado con regularlo por decreto si esa vía falla. En materia de deportes, la selección vasca de pelota compitió oficialmente -y se enfrentó a la de España- y se ha abierto el melón de la oportunidad de organizar la Copa del Mundo de fútbol masculina de 2030 en Bilbao y Donostia.

Mikel Torres

Vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo (PSE-EE)

Torres también ha ganado en peso político como cabeza de la parte socialista del Gobierno de coalición y ha empezado a cuestionar algunas decisiones del socio, como recientemente lo tocante a la nueva reforma fiscal de Bizkaia, un papel antes reservado en exclusiva a Eneko Andueza. Su cartera, Economía, Trabajo y Empleo, tiene funciones relevantes, pero, si se completan las transferencias pendientes, las tendrá aún más. Ha ganado ya lo relativo a las autorizaciones laborales de trabajadores extranjeros, en 2027 Lanbide integrará las políticas activas y la RGI/IMV con las prestaciones y subsidios de paro con la desaparición del SEPE estatal y se negocia que Euskadi asuma también el pago de pensiones, unos 12.000 millones anuales. En materia laboral, Torres defiende que Euskadi tiene “bases sólidas” con la cifra más alta de cotizantes a la Seguridad Social de la historia, por encima del millón. “Pero tenemos que hablar menos de las cifras de empleo y más de la calidad”, asume. La mayoría sindical sigue fuera de los foros de diálogo social.

Noël d'Anjou

Hacienda (PNV)

En contraste, D'Anjou sale bien parado. En junio ya ha empezado a preparar los presupuestos de 2027. El Parlamento Vasco los aprobará en tiempo y forma, antes de que acabe el año. Serán los terceros en tres años de legislatura. Es algo impensable en España, que tuvo en 2022 su último debate presupuestario y que sigue con los de 2023 prorrogados. Más allá de eso, D'Anjou ejerce una suerte de bicefalia con Torres en lo tocante al liderazgo de la política económica. Técnicamente, las previsiones son cosa del PSE-EE, que además controla el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. Está por ver la ejecución real de la gran inyección de 1.000 millones para proyectos del pasado año, que además iba a venir completada con 3.000 de capital privado.

María Ubarretxena

Portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno (PNV)

Ubarretxena puede colgarse la medalla de haber visto cómo el Parlamento ha aprobado, tras tres intentos fallidos en otras tantas legislaturas, la primera ley vasca de Transparencia. Euskadi deja de ser la única comunidad autónoma sin ese mecanismo. Y no sólo es poder obtener información, sino poder denunciar prácticas irregulares. “Todas las personas que deseen denunciar tendrán la oportunidad de hacerlo y su anonimato y su protección estarán garantizados”, explicó en una entrevista con este periódico. Ubarretxena es, además, la principal negociadora con el Estado de las transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Está en el aire aún la más relevante, la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, pero ya ha habido otros acuerdos relacionados, como el de las prestaciones del paro o el del seguro escolar. Dio mucho que hablar, igualmente, la negociación para la creación de un órgano bilateral con el que las instituciones vascas puedan tener voz en la gestión de los aeropuertos, aunque Loiu, Hondarribia y Foronda siguen siendo de titularidad estatal.

Más información: Entrevista con María Ubarretxena

Mikel Jauregi

Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (PNV)

Jauregi tiene pendiente, y es una herencia de otras legislaturas, el denominado PTS de renovables, el documento que ordenará de manera definitiva el despliegue de parques solares y eólicos. Ahora, se multiplican las propuestas y se van analizando una a una, no sin contestación social. Euskadi está ultimando el primer proyecto con molinos de viento en veinte años. Es una comunidad muy dependiente en lo energético y con un 'mix' con mucho menos peso verde que el entorno. El consejero ha acuñado el concepto 'cuadrilla' para definir a la suma de esfuerzos públicos y privados para participar en proyectos empresariales. El gran hito fue la recuperación de la sede social de Talgo de la mano de José Antonio Jainaga, de Sidenor. Fue elegido empresario del año sin importar su investigación en la Audiencia Nacional por las ventas a Israel. En Nochevieja, al filo de las campanadas, la 'cuadrilla' recuperó la antigua Ibermática. Más dolores de cabeza está ofreciendo Tubos Reunidos, ahora en concurso de acreedores. El PNV insiste en que la SEPI estatal, su principal acreedor, propicie una quita de la deuda, 112,8 millones de principal y 40 en intereses, pero ese rescate otorgado en 2021 está siendo investigado por sospechas de corrupción. Hasta la empresa ha admitido que pagó unas cantidades al expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.

Bingen Zupiria

Seguridad (PNV)

El final de su segundo año ha estado marcado por las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu tras la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Zupiria hasta empleó el inglés para insistir en que es algo que no tenía que haber ocurrido. Eso sí, a la vez insiste en que hay un humus en la sociedad vasca que no acata la autoridad de la Policía. Este debate sobre el “modelo policial” se repite periódicamente. Sigue pendiente, eso sí, que la Ertzaintza alcance la plantilla prometida de 8.000 efectivos, comprometida desde 2004. En los últimos meses, la situación sindical en la Policía vasca ha dado un vuelco con la victoria de Euspel en las elecciones internas y el desplome de Erne. Y la academia de Arkaute ha vivido su particular crisis con la salida de Miren Dobaran y la necesidad de rescatar a Jon Goikolea.

Begoña Pedrosa

Educación (PNV)

Las propuestas de fusiones de centros públicos y cierres han acarreado los momentos más controvertidos en los últimos meses para Pedrosa. Familias y sindicatos han lanzado críticas. Los motivos esgrimidos son la caída de la natalidad y la necesidad de optimizar recursos, pero también seguir reduciendo la brecha de segregación entre colegios. La consejera logró la paz social con los sindicatos de la red pública en 2025, logrando un acuerdo valorado en 100 millones que ponía fin a lustros sin convenio. Pero ahora están empezando a avisar de retrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En Euskadi, casi el 50% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada. Finalmente, este año se ha conocido la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia sobre los problemas en el servicio de transporte escolar en la pasada legislatura. Han multado con 900.000 euros a 31 empresas por “boicotear” al Gobierno vasco para ganar más con los autobuses.

Más información: Entrevista con Begoña Pedrosa

Denis Itxaso

Vivienda (PSE-EE)

El reciente Sociómetro es contundente: la vivienda es el primer problema de la sociedad vasca y, además, apenas un 8% confía en las políticas del Gobierno vasco. Itxaso es un consejero omnipresente. Insiste en que está en actitud de “combate” y que la emergencia habitacional “tiene solución” si se toman medidas. En diciembre llegó la reforma legislativa con cambios en varias normas para agilizar la construcción de vivienda y ahora ya hay una nueva reforma anunciada. En medio, aprobó un decreto “urgente” con medidas que han tenido tirón -como las mejoras de las prestaciones para jóvenes Gaztelagun- pero que tardó más de un año en ser una realidad. “Lo lamento muchísimo. Hemos puesto alma. Hemos trabajado a destajo. Muchos informes. Al final tenemos una burocracia que nos hace polvo”, alegó. La cartera de Vivienda es del PSE-EE, aunque el PNV busca lanzar sus propios planes, como la línea de avales a la compra de casas de hasta 400.000 euros o las ayudas Emantzipa, paralelas a Gaztelagun. A la vez, son recurrentes las tensiones con EH Bildu, principal fuerza de la oposición y que lidera decenas de municipios.

Alberto Martínez

Salud (PNV)

Si el estado de salud de Osakidetza era el gran problema heredado de la pasada legislatura, ya no lo es. Pero el segundo año de Alberto Martínez ha sido mucho más tortuoso que el primero. Hace un año, por ejemplo, logró la fotografía del denominado Pacto Vasco de Salud, pero sin la mayoría sindical y, sobre todo, con un gran cambio de caras en su equipo a las pocas semanas. Se fue el viceconsejero, Enrique Peiró, y la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna. Apenas duraron un año en el cargo. En enero, además, tuvo que hacer frente a la crisis de las vacunas caducadas, que parece tener una pequeña réplica cuyo alcance se desconoce ahora en junio. Sin embargo, lo que más tiempo ocupa a Martínez es la huelga intermitente de médicos que está obligando a posponer consultas y que ha echado por tierra la mejora de la lista de espera quirúrgica tras los años de la pandemia de COVID-19. El consejero ha liderado a sus colegas de otras comunidades en una cruzada contra la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, a la que acusa de no sentarse a negociar un estatuto marco propio para los facultativos.

Nerea Melgosa

Bienestar, Juventud y Reto Demográfico (PNV)

El año de Melgosa ha estado marcado por la reforma legislativa exprés y por la anunciada aprobación de un decreto -que técnicamente aún no ha llegado- para endurecer el control de los campamentos de verano a raíz de la veintena de denuncias de violencia sexual conocidas el pasado año en torno a la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo. Asimismo, se han aprobado las mejoras en las ayudas por crianza, 200 euros mensuales que ahora se cobrarán durante cuatro años y no durante tres. Se mantiene la posibilidad de que las perciban quienes han inscrito a un bebé nacido por gestación subrogada, una práctica no legal en España. Melgosa es también la consejera competente en materia de migración y ha mantenido firme su 'no' al centro de refugiados de Vitoria que proyecta al Estado. Al PNV le da igual que las plazas vayan a ser 120 y no las 350 inicialmente planteadas.

Susana García Chueca

Movilidad Sostenible (PSE-EE)

Sin noticias sobre si la 'Y vasca' se conectará con Pamplona por Vitoria o por Ezkio/Itsaso y sin fecha para el estreno de los trenes de alta velocidad cuando se cumplen veinte años del inicio de las obras, García Chueca podrá inaugurar en breve el nuevo Topo de Donostia -aunque empiezan a florecer los titulares sobre los millonarios sobrecostes-, la 'metrización' del servicio. También se ha desbloqueado la línea 4 del metro de Bilbao, la de Rekalde, iniciado una nueva ampliación del tranvía de Vitoria, la de Zabalgana, y anunciado que las líneas de Cercanías de Renfe, ya gestionadas por el Gobierno autonómico, pasarán a llamarse en algún momento Lottu. En cartera hay más proyectos en estudio, como la llegada del Topo no ya a Hendaya sino a Baiona o una ampliación más del tranvía de Vitoria hasta el Fernando Buesa Arena. Se ha posicionado en contra de que el puerto de Pasaia pierda la etiqueta de infraestructura de “interés general”, como plantea el PNV, para que sea transferido y gestionado por las instituciones vascas.

Entrevista con Susana García Chueca

Juan Ignacio Pérez Iglesias

Ciencia, Universidades e Innovación (PNV)

Hay un nuevo rector en la EHU, la Universidad pública vasca, Joxerramon Bengoetxea, y un exrector al frente de la cartera de Universidades del Gobierno vasco. Y los últimos meses han sido de enfrentamiento. El más fuerte, en otoño de 2025, tuvo como eje de la discusión en torno a la financiación. “¿Se trata quizás de enmascarar la ausencia de un proyecto académico? ¿O de ocultar la incapacidad para ejercer la responsabilidad y tomar decisiones presupuestarias difíciles? [...] Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político”, llegó a escribir el consejero sobre Bengoetxea. Pero ha habido más. El cierre en febrero del campus de Vitoria por un acto de Vox y recientemente las correcciones de la Selectividad han motivado encontronazos que no se habían visto cuando en el rectorado de Leioa había personas más afines al Gobierno. Los avances de Donostia como capital de la computación cuántica han sido noticia este año. Pérez Iglesias es el único consejero independiente, aunque participa en los actos del PNV, el partido que le propuso para el cargo.

Javier Hurtado

Turismo, Comercio y Consumo (PSE-EE)

El consejero que más años lleva de continuo en el mismo cargo ha ganado peso político ya que, desde 2025, es también el líder de su partido en Álava. Aunque la medida es foral, sí puede sumar a su haber que esté ya aprobada la denominada 'tasa turística', en realidad un impuesto más que grava las estancias y que es variable en función del tipo de alojamiento. No está en vigor, porque tienen que desarrollarla los municipios, pero lo estará en 2027. Tramita una reforma legislativa sobre el sector, aunque su principal medida, la de prohibir más apartamentos turísticos en zonas tensionadas, ya está en vigor por otra vía, la normativa de Vivienda. Hurtado ha manifestado con insistencia su deseo de “desestacionalizar” y “descentralizar” el flujo de visitantes, esto es, que no se concentren ni en el mismo punto ni en la misma época del año. Donostia, con nuevo alcalde, es siempre el centro de las miradas en este debate.

Amaia Barredo

Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca (PNV)

La consejera Barredo ha puesto mucho empeño en llevar cajeros a zonas con poca población y ha inaugurado el nuevo edificio del Basque Culinary Center de Donostia, el conocido como GOe, y puesto las primeras piedras de las dos sedes de EDA, en Vitoria y en la Rioja Alavesa. Pero también se ha visto obligada a retocar la normativa de pesca de la angula o la de asignación de amarres en los puertos deportivos, donde hay que buscar 774 'aparcamientos' para cubrir la lista de espera y, a la vez, sentencias desfavorables por la gestión de la sociedad portuaria EKP. En 2026, se han convertido en firmes también las sentencias sobre el proyecto Valogreene Paper de Bergara anulando la autorización firmada por Barredo cuando era viceconsejera. Han sido cuatro las resoluciones del Tribunal Supremo, aunque la vía penal quedó cerrada. Y hay más sentencias: en Semana Santa se conoció la condena al dueño de la empresa La Gilda del Norte por delitos contra trabajadores extranjeros, a los que tenía sin dar de alta y obligaba a esconderse en caso de inspecciones. A los pocos días, fue una de las marcas invitadas al pabellón de Euskadi de la feria Salón Gourmets de Madrid.

María Jesús San José

Justicia y Derechos Humanos (PSE-EE)

Si de presentación de proyectos se trata, San José ya puede dar por cumplida la apertura de la nueva cárcel de Donostia, la de Zubieta. Eso sí, ha acumulado años de retraso imputables al Gobierno central, el responsable de las obras. Pero no es ése el principal foco de titulares en lo tocante a la gestión penitenciaria. Las flexibilizaciones de grado y semilibertades concedidas a presos de ETA le han granjeado las críticas de la oposición de derechas y de asociaciones de víctimas, sobre todo en los casos de exdirigentes como Soledad Iparragirre 'Anboto' o Garikoitz Azpiazu 'Txeroki'. Siempre ha defendido que se está cumpliendo con la legalidad y que se siguen criterios técnicos. En algunos casos, la Justicia ha enmendado las decisiones adoptadas. Menos eco ha tenido que se haya concedido la semilibertad a los cuatro excargos del PNV encarcelados por corrupción en el marco del 'caso De Miguel' sin que hayan llegado siquiera a la mitad de la condena efectiva. Eso sí, fue contra el criterio de Prisiones y por orden judicial. En materia de Derechos Humanos, fue muy simbólica la petición de “perdón” por los GAL viniendo de un equipo socialista y se han hecho actos para exponer el sufrimiento causado por ETA entre jóvenes o para conmemorar aniversarios, como el quincuagésimo de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

Es la OPE “más grande de la historia” de Osakidetza. Tiene 101.693 aspirantes para 3.764 plazas y se ha iniciado este viernes en el BEC de Barakaldo. El Servicio Vasco de Salud asegura haber adoptado las medidas oportunas para realizar los exámenes en condiciones optimas en plena ola de calor, como el acondicionamiento de los pabellones en los que se desarrollarán las pruebas o la instalación de dispositivos de agua en el recinto.

Según ha explicado el consejero, Alberto Martínez, que ha acudido al BEC junto a la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, y la directora de Recursos Humanos, Josune Retegi, este año Osakidetza celebrará las OPE correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, con una oferta total de 5.425 plazas. En la primera fase, que se inicia este viernes y concluirá el domingo, se celebrarán los exámenes de las nueves categorías más numerosas: Enfermero, Tecae (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería), auxiliares administrativos, celador, operario de servicios, fisioterapeuta y técnico superior de administración y gestión.

“Vamos a vivir un fin de semana histórico con récord de participación, un acontecimiento realmente importante tanto para nuestro mercado laboral como para el sistema sanitario de Euskadi”, ha dicho. En total, se han presentado 101.693 aspirantes, una cifra muy similar a la de población total de la propia Barakaldo, para 3.764 plazas en esta primera fase, “una muestra de que Osakidetza es atractiva”. Según los datos aportados por Martínez, Osakidetza protagoniza este fin de semana “la cita profesional más destacada del año en lo que a congregación de personas se refiere”, ya que el equivalente un 10% de la población activa de Euskadi aspira a ser parte de la plantilla del Servicio Vasco de Salud.

El consejero ha recordado que la OPE está “inspirada en principios del consenso” y responde “en cierta medida, a los compromisos adquiridos con los agentes en el Pacto Vasco de Salud”. Según ha explicado, se trata de un sistema de selección y provisión “para estabilizar la plantilla y fidelizar el talento”. Además, ha añadido, “mantiene el espíritu del consenso de la mesa sectorial” ya que se funcionamiento ha sido acordado entre Osakidetza y los agentes sociales.

Del total de aspirantes, 55.959 proceden de Bizkaia, 20.926 de Gipuzkoa y 20.584 de Álava. El 4,1% restante proceden de otras comunidades autónomas y de otros países, entre los que destacan 3.777 personas de Cantabria, 2.161 de Burgos, 1.422 de León, 1.357 de Navarra y 1.310 de Salamanca. También concurren 78 ciudadanos franceses, 11 de Estonia o 10 de Alemania. “Insisto, Okidetza es atractiva”, ha apuntado.

El 75% de las personas aspirantes son mujeres y el grupo más numeroso está entre los 40 y 50 años. Además, se van a realizar cerca de 700 adaptaciones para atender distintas necesidades durante la realización de los exámenes, con el objetivo de “garantizar la igualdad real de oportunidades”. Por ello, habrá salas específicas para personas con dificultades auditivas, visuales o de movilidad. intérpretes de lengua de signos, cabinas individuales y acondicionadas para madres lactantes y 70 hospitalizados.

Un total de 900 profesionales serán movilizados para garantizar “el correcto desarrollo” de la OPE“, lo que supone ”un dispositivo organizativo sin precedentes, un dispositivo especial de accesos, seguridad, información y atención a aspirantes“. Por otra parte, se ha referido a los dos años de ”enorme esfuerzo en la gestión de la estabilización de la plantilla“, con cerca de 11.000 plazas estabilizadas y una ampliación con 2.160 nuevas plazas. Además, ha citado las 34.000 plazas estructurales y 46.000 contrataciones anuales y una nueva OPE con más de 5.425 plazas. ”Las cifras hablan por sí solas“, ha defendido.

Ante la ola de calor prevista en Euskadi, que alcanzará sus valores más altos el domingo, Osakidetza ha garantizado la “condiciones adecuadas” de los pabellones, con aire acondicionado, para realizar los exámenes. Además, ante la jornada del domingo, “en el que se esperan unas temperaturas más elevadas”, se colocarán en el recinto dispositivos de agua. También se han redoblado los servicios de emergencias “por si acaso, debido a esa ola de calor, hay algún incidente”.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha administrado vacunas después de romperse la cadena del frío que garantiza su seguridad clínica en dos ambulatorios, el de Lasarte-Oria, cerca de Donostia, y el de Arangoiti, en Bilbao. Según ha confirmado en el Parlamento Vasco el consejero de Salud, Alberto Martínez, los afectados son cinco pacientes de Lasarte-Oria y doce en Bilbao, pero ha insistido en que en “ningún” caso están en riesgo y que, de hecho, algunas revacunaciones se programarán “dentro de un mes”.

El asunto llega después de la crisis de las dosis caducadas de comienzos de año y, nuevamente, el primer aviso púbico ha sido a través de una denuncia de EH Bildu desde la oposición antes de que el Departamento de Salud haya hecho ninguna comunicación pública. Eso sí, fuentes internas indican que internamente se lleva tiempo trabajando en el asunto. El protocolo se activó desde los propios centros, que distan en decenas de kilómetros entre sí y que no pertenecen a la misma comarca sanitaria, y después Vigilancia Epidemiológica emitió una circular interna para gestionar la posible revacunación de los 17 afectados potenciales.

Según ha indicado Martínez a los medios de comunicación, en un caso la nevera de las vacunas estaba más fría que lo recomendado y, en el otro, sucedió a la inversa. “Hemos actuado con celeridad. De forma inmediata”, ha manifestado el consejero. Según ha indicado, conoció las incidencias estando “en Madrid”, “a mediados de la pasada semana”. Ha indicado que ya ha analizado el asunto con laboratorios, con el CAVE (el órgano asesor autonómico de vacunas) y también con la Agencia Española del Medicamento.

Con insistencia, Martínez ha recalcado que no hay “ningún riesgo” para la salud de los afectados, que son adultos y menores porque el problema no era un lote de un producto concreto sino en las neveras donde se guardan viales de varios tipos. No se han detallado las marcas. El consejero ha indicado que se está trabajando en “diferentes medidas de seguridad” en los sistemas de “medición de temperatura” de los aparatos donde se conservan las vacunas.

La denuncia de EH Bildu

EH Bildu ha registrado preguntas para que el consejero Martínez dé más explicaciones en el Parlamento Vasco. “Es sabido que la gestión de la cadena del frío es uno de los principales indicadores que influyen en la seguridad de las vacunas”, insiste la portavoz sanitaria de la formación abertzale, Rebeka Ubera. Añaden que, durante el anterior episodio, se emitió un dictamen que destacaba la relevancia de los “siete correctos”, es decir, de garantizar siete pasos para preservar la seguridad clínica. Uno de ellos era garantizar precisamente la conservación de los preparados. “Son productos biológicos sensibles a las variaciones de luz, humedad, tiempo y fundamentalmente de temperatura”, señalaba aquel informe.

Denuncia EH Bildu que “no ha pasado tanto tiempo” desde la crisis de las vacunas caducadas como para que ahora se repita un nuevo “incidente grave”. Por ello, demandan “aclaraciones” al consejero Martínez. Entre las explicaciones que se solicitan, además del detalle de los casos, se inciden en cómo se ha gestionado la incidencia y en cómo se ha comunicado a los posibles afectados. “Han sido inoculadas tanto a menores como a adultos”, apuntaba Ubera en su pregunta parlamentaria.

El asunto de las vacunas caducadas llegó a ser investigado en la vía penal por la Fiscalía. La fiscal Carmen Adán lo archivó por falta de indicios de delito, pero sí recogió en su resolución que el alto cargo Guillermo Herrero, responsable de Salud Pública, manifestó sus críticas sobre cómo se gestionó internamente esa crisis. Apuntó que hubo momentos de tensión porque la dirección política retrasó las explicaciones públicas para contener el asunto mientras desde su equipo recomendaban actuar con celeridad.