El consejero de Salud, Alberto Martínez, tiene ya listo el borrador de un decreto por el que se creará en Euskadi un organismo llamado Osasungintza, el Instituto Vasco de Salud Pública. Se trata una nueva agencia con, entre otros objetivos, la coordinación de la respuesta a epidemias o pandemias, la realización de seguimiento estadístico de enfermedades, la vigilancia alimentaria y ambiental (aire, agua de consumo o zonas de baño), la prevención de adicciones o la realización de análisis de laboratorio.

El Instituto Vasco de Salud Pública fue regulado por ley en 2023. Se hablaba entonces de un plazo de año y medio para su configuración por decreto. En 2025, la oposición denunció en el Parlamento los retrasos en la puesta en marcha de la iniciativa. La portavoz de EH Bildu, Rebeka Ubera, llegó a manifestar también en ese debate en la Cámara que el Gobierno de Imanol Pradales había contratado a la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) la elaboración del borrador de los estatutos (66.308,00 euros) y a LKS un plan de acción.

Medio año después de aquella sesión y casi tres años después la aprobación de la ley, el consejero Martínez ha firmado ya la orden con la aprobación con “carácter previo” del decreto de creación de Osasungintza. Lo hizo este martes a las 12.23 horas, según la documentación consultada. El decreto consiste en una exposición de motivos, en unos pocos artículos que regulan la subrogación de los medios y personal de la actual dirección de Salud Pública por parte del nuevo ente llamado Osasungintza y en los estatutos, de más de 30 páginas.

Osasungintza quiere ofrecer “de forma integral” una respuesta a todas las necesidades de salud pública de la comunidad autónoma. Tendrá un alto cargo al frente, no se especifica dónde estará su sede y plantea operar en euskera y castellano, pero también en otras lenguas “cuando así lo requiera la mejor atención a las personas residentes en Euskadi”. Los estatutos aluden a la importancia de la “universalidad” en las prestaciones sanitarias y cuelan también una idea que lleva tiempo repitiendo el consejero Martínez, el concepto “one health” o 'una sola salud', en castellano, que implica también prestar atención a la salud de animales y ecosistemas porque ello incide en la de los seres humanos.

El nuevo organismo tendrá un consejo de administración en el que se situará al frente el propio consejero. Habrá también un vicepresidente, que será el viceconsejero, y siete vocales, uno de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), uno de Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud en el Trabajo), uno de Educación, uno de Seguridad, uno de Medio Ambiente, uno de Agricultura y otro de Patrimonio. Asimismo, habrá una dirección, un alto cargo de “reconocida experiencia” en la materia designado por el consejero de Salud y equivalente al puesto que ahora ocupa Guillermo Herrero, director de Salud Pública dentro del equipo de Martínez.

Osasungintza tendrá cinco áreas o subdirecciones. Son “Vigilancia, prevención y control de enfermedades” (todo lo tocante a virus, infecciones de transmisión sexual y alertas), “Protección de la salud” (seguridad alimentaria, zoonosis, aguas, legionela, sanidad mortuoria, calidad del aire y químicos o playas), “Promoción de la salud y prevención de adicciones” (información y educación desde “el enfoque de salud en todas las políticas”), “Laboratorio” (analíticas e informes) y “Administración y Servicios Generales” (informes, sanciones y recursos). También habrá una delegación por territorio, en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

El decreto prevé que Osasungintza asuma los “derechos y obligaciones” de la actual dirección de Salud Pública. “El personal funcionario, de carrera o interino, y el laboral que, en la fecha de entrada en funcionamiento de Osasungintza ejerza en el Departamento Salud [sic] funciones técnicas o administrativas coincidentes o vinculadas con las que tiene asignadas Osasungintza, se integrará en [él] manteniendo su condición originaria y las condiciones que ostenta”, se indica.

Como detalle, Salud trasfiere a la nueva agencia todas las atribuciones de “planificación, gestión, evaluación y optimización” de los registros estadísticos. Este periódico ha publicado que el del cáncer, la patología con mayor incidencia en Euskadi, lleva sin datos nuevos desde 2019 y que el de anomalías congénitas está parado desde 2015. Ambos serán ahora gestionados por Osasungintza, incluido el segundo aunque Martínez dijera en el Parlamento, cuando preguntó por ello EH Bildu, que no iban a retomarlo porque no era “obligatorio”. Los estatutos de Osasungintza, en concreto, prevén también registros de enfermedades de declaración obligatoria, vigilancia microbiológica, mortalidad, altas hospitalarias, abortos, adicciones y enfermedades raras.

La ley que regula Osasungintza es de la pasada legislatura, con Gotzone Sagardui al frente de Salud. Salió adelante merced a la mayoría de PNV y PSE-EE en la Cámara, pero sin la oposición. La propuesta original del Gobierno no contemplaba la creación de un Instituto de Salud Pública pero se acordó en el trámite de enmiendas. La consejera consideró esta norma “todo un hito”, aunque lo que se destacó de ella es la cláusula que permitía la contratación de médicos extracomunitarios.

OPA Herri Plataformak, que aglutina plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública, se han manifestado este sábado en las tres capitales vascas para denunciar que la sanidad pública se basa en “un modelo que intencionadamente debilita lo público para alimentar el negocio privado”, y criticar que “ocho meses después” el Pacto de Salud, no hay “soluciones reales”. Además, ha pedido la dimisión del consejero de Salud, Alberto Martínez, por su “intención clara de minimizar y ocultar” el alcance en el caso de las vacunas caducadas.

Las marchas de Bilbao y Vitoria han partido a las 12.00 horas desde el Sagrado Corazón y la Plaza Bilbao, respectivamente, mientras que la de San Sebastián saldrá desde el Boulevard a las 17.00 horas.

Cientos de personas han acudido a la convocatoria del mediodía, y concretamente en la de Bilbao se les ha unido el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, quienes han hecho suyas las reivindicaciones de OPA Herri Plataformak y los han recibido con aplausos poco después de iniciar el recorrido.

Antes de iniciarse marcha en la capital vizcaína, que ha transcurrido bajo el lema 'Osasungintza publikoaren alde! ¡Por la sanidad pública! Promesarik ez! ¡Soluciones ya!', los representantes de la entidad convocante, Mireia Saiz y José Ignacio Martínez, han advertido de que “la sanidad pública está en peligro” y requiere “cambios estructurales” que terminen con los recortes.

Según han denunciado, los denominados “planes de contingencia” son, en su opinión, “recortes durante cinco meses al año disfrazados”, que derivan en cierres de servicios, reducción de horarios, falta de personal y centros sin personal médico o atendidos por residentes todavía en formación.

Tras lamentar que “la atención primaria está desbordada” pese a ser “uno de los ejes del pacto” y que las listas de espera cuentan con tiempos de atención “inasumibles”, han recordado que las condiciones laborales “siguen deteriorándose” con una “sobrecarga asistencial” y una temporalidad “superior al 40%” debido, entre otros factores, a que las OPE no crean “empleo real y fracasan al no cubrir los puestos de difícil cobertura”.

También han denunciado la falta de transparencia en la gestión de los casos de vacunas caducadas. “Han terminado por afectar a 21 tipos de vacunas y prácticamente a todas las OSIS, lo que pone de manifiesto que ha habido por parte del consejero (de Salud) una intención clara de minimizar y ocultar este grave problema, por lo que exigimos responsabilidades y, por lo tanto, su dimisión”, han señalado.

Respecto al Pacto de Salud han pedido a Alberto Martínez, quien “ha presumido de que ha cumplido con el 85% del pacto, que aclare a la ciudadanía qué se ha hecho exactamente”, ya que “ocho meses después no vemos ninguna mejora en salud”.

Tras sus respectivos recorridos, las marchas han finalizado con la lectura de un manifiesto en la que han enumerado sus exigencias y críticas, y está previsto que en San Sebastián, donde se celebra esta tarde, se haga de igual manera.

Preguntados por la decisión del personal facultativo vasco de no realizar actividad extraordinaria en los turnos de tarde a partir de este lunes, han explicado que parten de que las “horas extras no son medidas estructurales, sino temporales” que se aplican “desde la década de los 90 y no han resuelto ninguno de los problemas”.

“Sigue habiendo falta de personal”, han señalado, para añadir que la “única” solución es “reforzar” la sanidad pública. “El consejero tiene competencias suficientes para abrir una negociación colectiva, por lo que instamos a que abra una negociación con todos los trabajadores, con los sindicatos del sector, y llegue a un acuerdo que lleva 15 años obsoleto”, ha concluido.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha expuesto este viernes que las listas de espera quirúrgicas en Euskadi van a pasar de 54 a 74 días, es decir, dos meses y medio o tres semanas más, como consecuencia de la menor actividad por la acumulación de huelgas médicas. El Gobierno vasco insiste en que se trata de una protesta “contra el Ministerio de Sanidad”, que es el que tiene las competencias para regular el estatuto marco de la profesión médica, y que las comunidades autónomas son las paganas, particularmente las que tienen más proporción de asistencia pública (98% en Euskadi, según los datos de Martínez).

Las movilizaciones, hasta la fecha, han consistido en huelgas de una semana cada mes. Ahora, el consejero no ha negado que puedan incluir también reducción de las llamadas “peonadas”, las autoconcertaciones consistentes en aligerar actividad pendiente por las tardes con horas extraordinarias, como ha publicado 'El Correo' citando fuentes del MUD, un movimiento corporativo sin representanción en Osakidetza y que suma al SME, el sindicato que sí está en la convocatoria de las protestas. Fuentes sanitarias, en privado, asimilan este movimiento al que en su día se produjo en la Ertzaintza con 'Ertzainas en lucha'.

Martínez ha indicado que “los más sufridores” de estos nuevos retrasos, que van a dar por tierra los costosos avances tras la pandemia de la COVID-19, serán los pacientes con “patologías que pueden esperar”, porque la actividad urgente o la oncológica, por ejemplo, siempre tiene prioriodad. “Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que este conflicto no perjudique a la asistencia y podamos atender sus necesidades de manera efectiva”, ha añadido también, en el Parlamento Vasco, el titular de Salud.

Martínez insiste en que la “competencia” para desatascar las demandas del colectivo médico “es exclusiva del Ministerio de Sanidad”. Ha indicado también que Euskadi ya ofrece mejores condiciones que otras comunidades en la parte que le corresponde a Osakidetza. “En Euskadi tenemos implantadas las 35 horas desde hace mucho tiempo”, ha puesto como ejemplo.

Los datos de la semana de huelga de marzo apuntaban a un seguimiento de la huelga por debajo del 20%. Martínez, sin embargo, ha indicado que, para ser un colectivo, es una cifra “muy importante” que impacta de lleno en la atención. La primera semana de paros fue asumible con reprogramaciones, pero a partir de la segunda la cosa empezó a torcerse, ha indicado. Y ha urgido a que la ministra Mónica García, con la que mantiene una tensa relación desde que accedió al cargo en 2024, ponga toda la carne en el asador para desatascar el conflicto.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha informado esta semana al Parlamento Vasco de que han sido hasta 22 los tipos diferentes de vacunas pasadas de fecha que ha administrado en 2023, 2024 y 2025. La directora general, Lore Bilbao, ha matizado que en algunas de ellas se emplean varias marcas comerciales, lo que explica la elevada cifra.

En esta última versión, el total de afectados no difiere en exceso con lo ya conocido, con 89 en 2023, 7 en 2024 y 274 en 2025. El último dato referido al pasado año era del entorno de 260 personas erróneamente vacunadas incluyendo los primeros días de 2026, cuando trascendió este asunto. Sí es relevante, dado que el dato no había trascendido, que ha habido incidencias en las trece OSI o comarcas sanitarias de la red. En marzo ya se informó de casos de 2017.

La información ha llegado a la Cámara a solicitud de la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera, que fue la que en su día lo denunció y motivó que, 'a posteriori', se confirmara públicamente. La triple vírica de Priorix es la que más veces se ha ofrecido pasada de fecha, 84 veces en 2023, 6 en 2024 y 44 en 2025. Después están la tetravalente Tetraxim, con 55, y la hexavalente Vaxelis, con 36, que fue la primera que originó la revisión de inoculaciones anteriores. En el listado, en cambio, hay muchos más tipos de vacunas, algunas con una sola incidencia, como la Rotatez, la Boostrix o la Engerix B. Esta revisión no afecta a los dos productos más comunes, la inmunización contra la gripe estacional y la COVID-19.

Ubera ha insistido en que Osakidetza tiene un problema “estructural” con este asunto. “No es un error aislado o suelto, como lo han querido vender. No hay trazabilidad”, ha indicado a los medios de comunicación. También el PP se ha mostrado crítico y ha asegurado que el problema “no está encarrilado” todavía, según Laura Garrido.

Esto ha sido desmentido con rotundidad por el consejero, Alberto Martínez. Ha asegurado que los partidos políticos son libres para estirar el chicle pero que el Gobierno ya lo da como “tema zanjado”. “Para los pacientes está resuelto” y se han implementado ya las medidas para evitar que se pueda volver a repetir, principalmente el sistema “datamatrix” y de “los siete correctos” -en referencia a un protocolo de comprobaciones de siete pasos-, así como la cartilla de vacunación digital. “El 98,5% de las vacunas administradas en 2025 se hicieron de forma correcta”, ha dicho también Bilbao. El Ejecutivo recalca que no se le puede acusar de opacidad cuando hubo una incidencia “en diciembre y enero” en un centro y se han revisado muchos más meses y tipos de vacunas “en toda la red”.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) asume que es poco aceptable que, en su web de citas, se ofrezcan consultas para dentro de muchas semanas en su red de atención primaria. Ahora, por ejemplo, “para el 8 de mayo”. Y buscará una fórmula para adecuar el sistema informático y que eso no ocurra. La directora general, Lore Bilbao, la autora de la fecha de ejemplo, ha explicado que la web solamente tiene en cuenta la agenda del médico asignado a cada paciente y que, si está de baja o vacaciones, demora hasta su vuelta automáticamente la primera fecha disponible. Se soluciona con una llamada o una visita al ambulatorio, insiste Osakidetza, pero ajustarán, de acuerdo con los sindicatos, la parte informática para que las quejas continuadas desaparezcan. El deseo que es que en no más de “48 ó 72 horas” se resuelvan todas las peticiones.

Bilbao ha expuesto esta cuestión a los periodistas, así como la idea de empezar con un piloto en Elgoibar un cribado de prevención de riesgos cardiovasculares, tras la reunión de seguimiento denominado “pacto vasco de salud”, el catálogo de medidas para mejorar Osakidetza acordado en junio de 2025 en la mesa creada con oposición, sindicatos, universidades, colegios profesionales, asociaciones de pacientes y otras entidades y que, aparentemente, en un 85% de las 332 iniciativas ya está en marcha. A su lado, el consejero de Salud y principal muñidor del pacto, Alberto Martínez, ha destacado la “ilusión” de quienes se han sentado otra vez en el palacio de congresos Europa de Vitoria para repasar el grado de cumplimiento de lo acordado. Incluso se ha atrevido a felicitarse por tener ahora “más respaldo” que hace diez meses porque las centrales Satse -el mayoritario en la Sanidad vasca-, UGT y CCOO han participado no habiendo firmado en 2025 el acuerdo final, como el conjunto de la representación sindical con la excepción del pequeño SAE.

En la cita ha estado, igualmente, EH Bildu. El principal partido de la oposición en Euskadi tampoco posó en la fotografía final del acuerdo, pero desea participar en el seguimiento, según ha explicado su portavoz, Rebeka Ubera. Ha considerado que Martínez hace “marketing, marketing y marketing” con este foro porque se presentan como novedades medidas ya planteadas por anteriores consejeros o que proceden del Ministerio de Sanidad, como el análisis de las aguas para detectar problemas de salud pública. Diagnostica Ubera que el objetivo actual del PNV con Osakidetza es exclusivamente “cambiar la percepción” del deterioro de la Sanidad pública pero no adoptar los cambios “estructurales” que precisa el sistema.

Ubera, de hecho, ha anunciado la “adhesión” de EH Bildu a las protestas convocadas para este fin de semana en Bilbao, Vitoria y Donostia en defensa de una Sanidad pública de calidad. Esas movilizaciones, que han tenido un aperitivo en la puerta misma del Europa mientras se celebraba la reunión, incluyen una petición de dimisión del consejero Martínez, particularmente por la crisis de las vacunas caducadas. Preguntada por los periodistas, la representante de la coalición abertzale ha precisado que ellos piden por el momento que la dirección política asuma sus “responsabilidades”, en general, pero aclarando que “no es ningún ultimátum”.

El PP también ha estado en la reunión. En su día, acordó 14 de las 24 líneas del pacto, según ha recordado Laura Garrido. La portavoz 'popular' ha sido también muy crítica con la gestión de Osakidetza y ha hablado de “precipitación”, “improvisación” o incluso de “poca utilidad” del foro. Sumar ya se descolgó totalmente del pacto en 2025 y no ha regresado y Vox, el otro partido de la oposición, nunca fue invitado.

Se da la circunstancia de que la propia composición del equipo de Martínez ha cambiado de raíz tras la firma del pacto. A las pocas semanas, en julio del pasado año, salieron el viceconsejero Enrique Peiró y fue promocionado Gontzal Tamayo, precisamente uno de los dinamizadores de este foro. Y, entre otros movimientos, la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna, dejó paso a la actual, a Lore Bilbao.

En el ambiente ha flotado también el efecto de la huelga de médicos que está teniendo lugar en España una semana al mes. El Gobierno vasco la identifica como una protesta contra la ministra, Mónica García, que es de Sumar, pero los efectos los notan los sistemas autonómicas. Se da por hecho que cuando se actualicen las listas de espera en mayo habrá un empeoramiento en las tres mediciones -operaciones, pruebas y consultas especializadas- por este motivo. “Es una de nuestras mayores preocupaciones”, ha reconocido Bilbao, que ha considerado que “va a afectar seriamente” a las mejoras que se habían ido consiguiendo lentamente tras el deterioro ocurrido como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

El próximo sábado 18 de abril plataformas ciudadanas a favor de la Sanidad pública saldrán a la calle para denunciar la falta de avances del pacto vasco de salud de 2025. Habrá tres manifestaciones: en Bilbao, a las 12.00 horas desde el Sagrado Corazón, en Vitoria, a las 12.00 horas desde la Plaza Bilbao y en Donostia, a las 17.00 horas desde el Boulevard. “El derecho a la salud está seriamente amenazado en la comunidad autónoma vasca. Asistimos a un deterioro y una privatización sostenidos del sistema público de salud. Ocho meses después de aprobarse el llamado pacto vasco de salud, sin consenso y rechazado por sindicatos, partidos políticos y numerosas organizaciones sociales, el consejero de Salud continúa vendiendo balances triunfalistas mientras los problemas estructurales continúan intactos”, lamentan los convocantes.

Según critican, “cada año se aplican recortes durante cinco meses” vacacionales “disfrazados de planes de contingencia: cierres de servicios, reducción de horarios, centros sin personal médico o atendidos con profesionales residentes sin haber completado su formación y servicios de urgencias colapsados”. “Este deterioro empeora la calidad asistencial y las condiciones laborales del personal de Osakidetza, con sobrecargas de trabajo, temporalidad superior al 40% y modelos de gestión autoritarios que limitan la participación social y profesional”, defienden.

En este sentido, denuncian que las OPE “no crean empleo real”. “Son un fracaso porque no logran cubrir los puestos de difícil cobertura. Posteriormente, cuando el sistema se desborda, se vuelve a la misma receta: más horas extras, en lugar de reforzar las plantillas. La Atención Primaria, pilar del sistema sanitario, es la principal perjudicada. Listas de espera en aumento. Más de una semana para acceder a medicina de familia, demoras superiores a un año en algunas especialidades y profesionales agotados por la sobrecarga asistencial”, aseguran.

En cuanto a la privatización de Osakidetza, los manifestantes critican que este año “500 millones de euros irán a parar a empresas privadas y no hay voluntad de recuperar servicios externalizados. Además, una de cada tres personas tiene ya un seguro médico privado. El objetivo es claro: se debilita lo público para fortalecer el negocio privado”. “Fondos de inversión y grandes empresas sanitarias consolidan un modelo en el que la sanidad privada se queda con lo rentable económicamente, mientras la pública asume lo complejo y costoso. Así privatizan los beneficios y socializan las pérdidas”, aseveran.

Entre las críticas que sacarán a la calle el próximo sábado está la de que el consejero de Salud, Alberto Martínez, “a través de una campaña de propaganda sin precedentes anuncia grandes infraestructuras, pero faltan profesionales para atenderlas”. “Confunde ladrillos con soluciones y las inversiones anunciadas apenas llegan a la Atención Primaria, la prevención y a la salud comunitaria, consolidando un modelo hospitalocentrista centrado en el tratamiento de la enfermedad y no en su prevención”, señalan.

Por todo ello y por la “preocupante falta de transparencia, evidenciada recientemente por la ocultación de vacunas caducadas y los fallos de control detectados hasta en 12 OSIs”, que describen como “un escándalo sanitario y político grave”, exigen la dimisión del consejero Martínez. “Defendemos otra Osakidetza: pública, universal y gratuita. Con la Atención Primaria en el centro, cercana, accesible y humana. Basada en la prevención y promoción de la salud, que actúe sobre los determinantes sociales, que garantice consultas presenciales, tiempo suficiente para atenderlas y continuidad asistencial por los mismos profesionales”, indican.

Entre las cuestiones que solicitarán el próximo sábado en las manifestaciones están “frenar la privatización y recuperar servicios externalizados; poner fin a los recortes y reabrir servicios cerrados; aumentar la financiación pública; reforzar la Atención Primaria, la salud comunitaria y la Salud Mental; garantizar plantillas suficientes y estables; implantar un modelo de gestión transparente y participativo; garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía en la sanidad pública, así como la normalización real del uso del euskera en el seno de Osakidetza”. “No necesitamos más propaganda, ni más titulares. Necesitamos hechos. Necesitamos soluciones a los problemas estructurales de Osakidetza. No vamos a normalizar recortes, ni privatizaciones. Porque la sanidad pública es de todas y todos. Y no estamos dispuestos a que nos la roben”, concluyen.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha puesto en marcha una nueva red, denominada HaurSare, de atención especializada y coordinada a niños y adolescentes con patologías crónicas complejas y necesidades de cuidados paliativos. Tras la polémica suscitada el pasado año, se pretende garantizar “atención continuada 24 horas al día, 7 días a la semana en toda Euskadi y también en el domicilio”. El nuevo modelo “conecta todo el sistema sanitario”, contará con equipos multidisciplinares hospitalarios, incorporará la figura de la enfermera gestora de casos y tendrá guardias localizadas y, si es preciso, con atención presencial.

HaurSare se ha presentado este miércoles en una comparecencia en Bilbao en la que han participado el consejero de Salud, Alberto Martínez, la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, y la responsable de Pediatría, Iratxe Salcedo. En función de los datos de Osakidetza, los niños y adolescentes con patología crónica compleja representan el 6,8% de la población pediátrica y alrededor de 90 de cada 10.000 menores necesitan cuidados paliativos. No obstante, su impacto sobre el sistema sanitario es “mucho mayor”, dado que concentran aproximadamente el 20% de las hospitalizaciones pediátricas, más de la mitad de las estancias en UCI y ocho de cada diez fallecimientos hospitalarios pediátricos, informa Europa Press.

Detrás de estas cifras, ha remarcado Alberto Martínez, están “familias que necesitan acompañamiento continuado, respuestas rápidas y cercanas, y coordinación real”. Además, gracias a los avances de la medicina, cada vez más menores sobreviven con enfermedades graves, crónicas y complejas, que requieren “una atención más prolongada, más integrada y mejor coordinada” entre atención primaria, hospitales, domicilio, servicios sociales y ámbito educativo.

En este marco, se pone en marcha HaurSare, que responde a los compromisos del Pacto Vasco de Salud al “reforzar una forma de trabajar más integrada, más humana y más orientada a las necesidades reales de las personas” y se enmarca en el Plan Estratégico de Cuidados Paliativos. La red, ha apuntado el consejero, “no parte de cero”, sino del trabajo que ya realizan numerosos profesionales de Osakidetza y que “ahora contarán con una estructura clara, organizada y sostenible”. El nuevo modelo organiza la atención como “un continuo asistencial” que se adapta a la fase de la enfermedad y al nivel de complejidad de cada menor, para lo que se utilizarán herramientas de valoración validadas (como PaPas y PedCom).

El proyecto incorpora como “figura fundamental”, para mejorar la coordinación y la continuidad asistencial, la enfermera gestora de casos en cronicidad compleja y cuidados paliativos pediátricos. Esta profesional, especialista en pediatría y con alto nivel de conocimiento en paliativos, liderará la gestión de casos complejos, realizará atención domiciliaria avanzada y servirá de enlace entre hospital, atención primaria, familia, escuela y servicios sociales. En total, el despliegue prevé una red de 16 enfermeras distribuidas en las distintas comarcas sanitarias, con el objetivo de reforzar la capacidad de seguimiento, apoyo y acompañamiento a lo largo de todo el proceso de enfermedad.

Por otro lado, también se da un papel específico al acompañamiento emocional, de manera que, para la atención de cuidados paliativos pediátricos y duelo perinatal, se prevé contar con un psicólogo por territorio en Bizkaia y Gipuzkoa y con atención compartida con la unidad de paliativos de adultos en Álava. El objetivo es ofrecer apoyo especializado tanto a los niños y adolescentes como a sus familias, en todas las fases del proceso.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) pretende desterrar “de aquí a verano”, es decir, en menos de tres meses, la práctica “de siglos pasados” de que las farmacias tengan que recortar el código de barras de la caja del medicamento y luego pegarlo para poder justificar ante la Administración el abono de la diferencia entre el coste real y el costeado por el paciente. Técnicamente, el nuevo sistema de pagos totalmente digitalizado se llama “implantación del sistema de facturación por código datamatrix”.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, el director de Farmacia, Iñaki Betolaza y, entre otros, la responsable de los farmacéuticos alaveses, Milagros López de Ocáriz han realizado el anuncio este lunes delante de la farmacia Puente del centro de Vitoria, que cumple dos siglos este 2026. López de Ocáriz, presidenta del colegio de farmacéuticos de Álava, ha señalado que la receta electrónica llegó a Osakidetza en 2013, pero que luego se ha tenido que extender a las prescripciones de la red privada, a las mutualidades y a la dispensación veterinaria. Ahora se está desarrollando un proyecto piloto con las mutuas laborales (en este caso con la entidad Mutualia) y también “queda el datamatrix”.

El consejero Martínez ha puesto en valor la labor de las farmacias, a las que ha definido como “el primer contacto de la ciudadanía con el sistema sanitario”, particularmente para personas mayores y vulnerables. Ha apostado por un modelo más “comunitario” y “asistencial”. “En los momentos de duda o enfermedad, alguien entra con una inquietud y sale con una respuesta”, ha dicho sobre las boticas. Ha puesto el ejemplo de la pandemia de la COVID-19: “Estuvisteis siempre ahí”. López de Ocáriz ha puntualizado que, en Euskadi, las farmacias atienden diariamente a 150.000 personas.

El responsable de Salud, que se ha visto interrumpido en su acto por una paseante que se ha negado a rodear el lugar donde se estaban ofreciendo los discursos justo en la entrada de la farmacia, ha enumerado los programas de colaboración con las farmacias como 'Mumsad', iniciado en 2009, y que atiende a domicilio a 3.000 personas cada mes, la farmacia rural en zonas de poca población de Álava o los planes para asma, VIH, metadona o jeringuillas. También hay un sistema de “comunicación frente a desabastecimientos” desde 2024, para “gestionar incidencias de suministro”, que fueron 318 en 2025 (135 de las cuales fueron elevadas a la Agencia Española del Medicamento).

Martínez quiere también que las farmacias colabora en la dispensación de medicación hospitalaria y mejoren el seguimiento a diabéticos. Euskadi gasta al año 1.000 millones en medicamentos, una cantidad más alta que, por ejemplo, el presupuesto de toda la Ertzaintza.

Un total de 144.743 personas han dado ya su consentimiento a Osakidetza para recibir comunicaciones a través de WhatsApp, tras haber recibido un SMS informativo oficial en sus móviles, en el que se les invita a habilitar esta vía de comunicación. A lo largo de esta semana, el Servicio Vasco de Salud seguirá enviando a los móviles un mensaje que facilita el acceso al formulario donde se puede otorgar dicha autorización.

Con esta iniciativa, incluida en el Plan de Gestión y Objetivos de Atención Priomaria 2026, y alineada con el Pacto Vasco de Salud, el Departamento de Salud del Gobierno vasco avanza en el proceso de transformación digital de Osakidetza, ofreciendo “una vía sencilla, cercana y accesible para mantener informada a la ciudadanía, sin necesidad de descargar nuevas aplicaciones y mediante una herramienta integrada en el día a día de gran parte de la población”.

Así, con la puesta en marcha de WhatsApp, Osakidetza ofrece a la ciudadanía una vía de información “más directa, ágil y conectada” con los canales habituales de mensajería que utiliza habitualmente la población. Sin embargo, sin esta autorización expresa, no será posible recibir comunicaciones por WhatsApp.

El consentimiento puede otorgarse de manera sencilla a través del formulario habilitado en la web oficial de Osakidetza o también mediante una llamada telefónica al 945 00 65 00, en la que un sistema de respuesta interactiva guía a la persona usuaria durante el proceso. Este consentimiento podrá modificarse en cualquier momento utilizando las mismas vías. De forma complementaria, Osakidetza está enviando un SMS informativo para facilitar el acceso directo al formulario de consentimiento. El envío SMS por parte de Osakidetza se está realizando a la población mayor de 18 años, y se desarrollará hasta el próximo viernes, 20 de marzo.

En este sentido, el Servicio Vasco de Salud recuerda que, en caso de recibir mensajes solicitando datos personales o con enlaces no oficiales, no se debe interactuar con ellos. Los mensajes enviados a través de WhatsApp tendrán carácter exclusivamente informativo y estarán relacionados con contenidos generales de interés sanitario, como avisos, campañas, recomendaciones o recordatorios útiles para el cuidado de la salud. En ningún caso se incluirán datos clínicos ni información personal. Más adelante, Osakidetza incorporará el recordatorio de citas, que ahora realiza a través de SMS.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) dio por bueno el título universitario falso presentado por quien era el único aspirante al puesto de jefe de seguridad en un proceso abierto en 2023, el ertzaina Juan José Quiñones, porque venía “cotejado” por el Ayuntamiento de Getxo. En una respuesta a nuevas preguntas formuladas por el PP en el Parlamento Vasco sobre la destitución en diciembre de este agente al constatarse el fraude, el consejero Alberto Martínez insiste en que tiene que operar un principio de confianza entre instituciones. “No hubo, por tanto, motivos para dudar de la copia compulsada por funcionario del Ayuntamiento”, agrega.

Sin aclarar por qué se decidió a finales de 2025 volver a revisar la documentación de un nombramiento de 2023, Osakidetza insiste en que se hizo “dada la trascendencia y relevancia” de ese puesto dentro de la mayor empresa pública vasca, desde el que también se gestionaban adjudicaciones de vigilancia de hospitales y ambulatorios, por ejemplo. La directora general, Lore Bilbao, se “interesó” por ese nombramiento y fue entonces cuando se conoció el fraude. Bilbao fue nombrada ese mismo 2025 después de haber estado un año como viceconsejera, siempre en el equipo de Martínez.

Sostiene el Gobierno que las revisiones son algo “habitual” en este tipo de cargos, “sin olvidar los procesos de auditoría que se desarrollan en Osakidetza”. El Servicio Vasco de Salud recuerda que, tras comprobar de modo fehaciente que el título de la EHU esgrimido no era real, procedió a la salida del responsable de seguridad y a denunciar los hechos en el Tribunal de Instancia de Vitoria.

“¿Cómo ha sido posible que durante más de dos años — desde el 20 de noviembre de 2023, fecha de su nombramiento, hasta el 11 de diciembre de 2025, fecha de su cese— nadie de la estructura de Osakidetzahaya realizado investigación o comprobación alguna sobre la autenticidad de la titulación aportada en su día por el señor Quiñones?”, se pregunta el PP sobre este caso.

Osakidetza ha aclarado, a través de una nota, que la OSI Araba, la comarca sanitaria en la que se enmarca el hospital de Txagorritxu de Vitoria, mantiene “abiertos” los canales de diálogo para apuntalar el servicio de cocina del centro hospitalario. La plantilla ha anunciado este miércoles una serie de movilizaciones para protestar, puesto que ve como amenaza el posible despido de cinco trabajadores, que consideran que supondría un “deterioro de la calidad y salubridad del servicio”. Desde Osakidetza, por el contrario, se asegura que “la asistencia está plenamente garantizada”, de tal manera que no habrá impacto “en la calidad del servicio, en los tiempos de distribución de las comidas ni en la atención a los pacientes”.

Con la reorganización de los dos principales hospitales de Vitoria, el de Txagorritxu y el de Santiago, se crearon cinco nuevos puestos. La OSI Araba subraya que aquellos “refuerzos” respondieron a “contrataciones temporales vinculadas a una sitaución excepcional derivada de las obras en 2025”, así como a “necesidades organizativas puntuales del servicio”. “Una vez finalizado este periodo y alcanzado el límite legal de contratación, se está llevando a cabo un análisis de las cargas de trabajo y de la organización del servicio con el objetivo de definir la solución más adecuada”, se abunda en la nota.

Los trabajadores lamentan que se pretenda dejar a la plantilla como si todos los días fueran “de huelga”. “Es cuestión de lógica: si durante todo este tiempo ha sido necesario el trabajo de esas cinco operarias y operarios de servicio y el número de dietas diarias no ha disminuido, esas cinco personas van a seguir siendo imprescindibles, y no hay otra solución que no sea la de incluirlas de manera forman en la plantilla”, plantean. Ante las quejas de la junta de personal de la OSI Araba, la dirección ha recalcado que están “abiertos los canales de diálogo” con los sindicatos.

Los consejeros de Salud de Euskadi, Castilla-La Mancha y Canarias, de PNV, PSOE y Coalición Canaria, han enviado de forma conjunta a la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, una carta en la que proponen una mediación independiente para desbloquear la huelga médica estatal motivada por los desacuerdos sobre el Estatuto Marco, según ha informado el Gobierno vasco este viernes. En el caso vasco, también se había pedido la cesión de competencias a las comunidades autónomas para que puedan regular de manera autónoma las demandas del colectivo de facultativos.

Los firmantes, Alberto Martínez, Jesús Fernández y Esther Monzón, respectivamente, plantean la designación de una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico y desbloquear la huelga de ámbito estatal motivada por los desacuerdos en torno al Estatuto Marco. En la misiva, los responsables autonómicos de Salud de estas tres comunidades proponen valorar la designación de una figura de mediación independiente que actúe como marco neutral para el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga. Esta figura tendría como objetivo “abrir un espacio de negociación constructiva, generar un clima de confianza mutua y ayudar a encauzar una solución dialogada que evite prolongar los efectos del conflicto sobre los y las pacientes y sobre los servicios sanitarios autonómicos”, informa Europa Press.

A título propositivo, la carta señala que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes podría ser “una entidad adecuada para ejercer este papel mediador, dada su reconocida independencia y su compromiso con el interés general”. En cualquier caso, los consejeros subrayan que la elección concreta de la figura mediadora corresponde al ámbito estatal, insistiendo en “la urgencia de activar cuanto antes un mecanismo eficaz de mediación”.

Los consejeros de Salud recuerdan que la huelga de profesionales médicos y médicas en toda España está motivada por los desacuerdos entre el colectivo y el Ministerio de Sanidad en torno al Estatuto Marco. Aunque se trata de un conflicto de alcance estatal, la carta advierte de que las consecuencias “recaen directamente en los pacientes y en los servicios sanitarios autonómicos, que están soportando una tensión creciente”. Según señalan, el impacto asistencial en el conjunto comunidades autónomas “ya es muy relevante, con una presión añadida sobre los sistemas de salud autonómicos”. Por ello, consideran imprescindible “avanzar hacia una solución dialogada que garantice la continuidad y la calidad de la atención sanitaria”.

La carta traslada a la ministra la “gran preocupación” de los Gobiernos autonómicos por la falta de “avances significativos” en el diálogo entre el Ministerio y el colectivo médico e insisten en que la apertura de un canal de mediación independiente puede “contribuir a un escenario de mayor entendimiento”. Finalmente, los responsables autonómicos de Salud se ponen a disposición del Ministerio para “trabajar conjuntamente en una resolución positiva del conflicto, en beneficio tanto de los profesionales como de la ciudadanía”. En el caso vasco, según los datos oficiales facilitados, el lunes y miércoles tuvo más impacto esta protesta que la huelga general celebrada este martes.

EH Bildu continúa presionando al consejero de Salud, Alberto Martínez, para que aclare qué ha pasado con el Registro del Cáncer de Euskadi en los últimos años. Como adelantó este periódico en diciembre tras consultar documentos internos de Osakidetza, no se dispone de información sobre incidencia desde 2019 y recientes explicaciones ofrecidas en el Parlamento Vasco constatan que las series estadísticas no se actualizan desde ese momento. El cáncer es la principal causa de muerte en varones y menores de 15 años, y la segunda en mujeres.

La coalición pidió amparo a la Mesa la pasada semana al ver que no se le habían enviado informes sobre la prevalencia de los diferentes tipos de cáncer en los últimos años, como había requerido. Poco después, el consejero ofreció una respuesta “complementaria” con algunas consideraciones adicionales. En ella, sí se alude a entregas de datos recientes, pero con “los datos procesados más actualizados”, sin aclarar el detalle de las fechas.

Ahora la portavoz de EH Bildu en la comisión de Salud, Rebeka Ubera, ha registrado una nueva iniciativa para que Martínez aclare qué material envió realmente Euskadi al REDECAN, el registro estatal, en octubre del pasado año. Y también desea conocer qué se compartió con el ENCR europeo en 2024. En enero de 2026 estaba prevista también una entrega al IACR internacional.

El consejero Martínez, por el contrario, insiste en que “Euskadi es de las pocas comunidades que han aportado datos durante el año 2025”. En todo caso, defiende la calidad del Registro del Cáncer de Euskadi, el “único” con “información integrada de la incidencia en hospitales y atención primaria”. Según el consejero, es “un referente en la detección, la atención, el seguimiento, el registro y la transparencia en información oncológica”.

Los operarios de servicio de la cocina del hospital de Txagorritxu de Vitoria han dado comienzo este miércoles a una serie de movilizaciones para protestar por la amenaza de despido de cinco trabajadores. La plantilla —tal y como ha transmitido en un comunicado la junta de personal de la comarca sanitaria de Álava, la OSI Araba— exige que se mantengan los puestos que se crearon con la reorganización de los centros de Txagorritxu y Santiago y teme que la pérdida de estos empleos acarree también un “deterioro de la calidad y salubridad del servicio”.

Fuentes de Osakidetza explican que este mismo miércoles se ha celebrado una reunión con los sindicatos para tratar de buscarle una solución a la situación.

En la nota de los trabajadores, se cifran en 300 las dietas de diferentes tipos que se preparaban antes de la reorganización de los dos principales hospitales de la capital alavesa. Explican los manifestantes que aquella reorganización supuso un “incremento de 150 diarias”, lo que conllevó la contratación de cinco trabajadores adicionales. “A día de hoy se realizan 450 dietas diarias en total y en breve se pretende dejar la plantilla para todos los días como si fueran días de huelga”, se quejan.

“Es cuestión de lógica: si durante todo este tiempo ha sido necesario el trabajo de esas cinco operarias y operarios de servicio y el número de dietas diarias no ha disminuido, esas cinco personas van a seguir siendo imprescindibles, y no hay otra solución que no sea la de incluirlas de manera forman en la plantilla”, resumen. Achacan la situación actual a “años de abuso de la temporalidad” en un servicio que catalogan como “esencial para el correcto funcionamiento del hospital y determinante para el bienestar de los y las usuarias”.

Tildan, asimismo, de “inaceptable” que se pretendan “perpetuar los servicios mínimos”. “Esta cuestión no solo incidirá en el funcionamiento de las plantas de hospitalización al retrasar la entrega de dichas dietas, sino que además tendrá repercusiones en la limpieza y desinfección de todo el aparataje, ya sea estrictamente de cocina [o] de utensilios utilizados para el transporte de estas dietas a las diferentes plantas. Cuestión sumamente importante en el ámbito hospitalario, poniendo en riesgo la seguridad del paciente”, avisan.

EH Bildu ha solicitado amparo a la Mesa del Parlamento Vasco después de que el consejero de Salud, Alberto Martínez, no haya enviado datos sobre la incidencia del cáncer en Euskadi más actuales que los de 2019. La parlamentaria Rebeka Ubera había requerido información sobre tres tipos de cáncer en menores de 50 años entre 2020 y 2024, pero el informe entregado hace referencia solamente al período comprendido entre 2001 y 2019.

En el fondo de este debate está que el denominado Registro del Cáncer de Euskadi, como publicó este periódico en diciembre, no dispone de información más reciente. La oficina fue creada en 1986 y cuelga del Departamento de Salud, pero no tiene información actualizada sobre la prevalencia real de la patología que es la principal causa de muerte en varones y menores de 15 años y la segunda en mujeres. Los últimos datos consolidados de toda la comunidad autónoma son precisamente de 2019. En aquel momento, a finales de 2025, la comunidad autónoma no pudo entregar los requeridos por el sistema REDECAN, la red española de registros autonómicos, y estaban en el aire las solicitudes tanto europea (ENCR) como mundial (IACR).

Sobre este asunto, a comienzos de 2026 el consejero Martínez, precisamente a preguntas de EH Bildu, indicó en la Cámara que “a partir del primer trimestre” se empleará “exclusivamente” un nuevo sistema informático llamado “AC59” para poder transmitir en tiempo y forma los datos de la incidencia del cáncer tanto al registro estatal REDECAN como a los sistemas europeo y mundial. El presupuesto para la actualización tecnológica ha sido de 421.000 euros. Públicamente, Martínez ha defendido que Euskadi dispone de uno de los mejores sistemas estadísticos sobre cáncer de España. Esto se suma a que Euskadi no actualiza desde 2015 otro registro, el de las anomalías congénitas.

Desde la oposición, EH Bildu quiere ahora que el Parlamento pida expresamente al Gobierno que atienda la solicitud de datos. Recuerda que el reglamento de la Cámara faculta a los parlamentarios a recibir información del Ejecutivo en los términos que se deseen. “No es de la información por la que había preguntado”, protesta Ubera en su escrito a la Mesa. En el órgano de dirección del Parlamento, eso sí, tienen mayoría PNV y PSE-EE, los partidos del Ejecutivo. No obstante, hay un precedente muy reciente en el que se le dio la razón a EH Bildu al serle denegada información solicitada a la Diputación de Bizkaia.

La portavoz sanitaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, ha elevado el listón y ha pedido ya “responsabilidades” en la cúpula del Departamento de Salud por la crisis de las vacunas caducadas. Esta semana ha trascendido que ha habido casos desde 2017. En la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco, Ubera ha remarcado que mes y medio después de que desde un ambulatorio de Errenteria se diera la primera alerta no se ha abierto un solo expediente. “¿Quién va a asumir las responsabilidades? ¿La directora de Osakidetza? ¿Usted? ¿Quién es el responsable de este caos? ¿Aquí nadie ha sentido la necesidad de abrir un expediente?”, ha lanzado desde la tribuna. Se da la circunstancia de que otra fuerza de la oposición, el PP, ya había manifestado también esta semana la necesidad de que se depuren “responsabilidades” en el Servicio Vasco de Salud.

Ubera ha lamentado que el Gobierno siga llamando “incidencia” a un problema que es “estructural” y que se repite desde hace años. Ha indicado, asimismo, que el comité de investigación creado 'ad hoc' solamente ha revisado los problemas con un tipo de inyección, la hexavalente, cuando los ha habido también con la triple vírica, una tetravalente y una pentavalente. La mayoría de receptores de esas dosis son bebés y niños de muy corta edad. “Incidencia, incidencia, incidencia. Minimizan un problema sistemático. Lo esconden con medias verdades”, ha insistido la parlamentaria de EH Bildu, que fue quien informó públicamente del asunto antes de que lo hiciera la propia Osakidetza.

El consejero, Alberto Martínez, no se ha salido del guion y ha insistido en que “el 99,85%” de las vacunas administradas en 2025 fueron correctas. “No resto importancia a lo sucedido, pero simplemente lo sitúo en su dimensión. No ha habido daño [para la salud de los afectados] y no consta dolo”, ha agregado en la Cámara.

Martínez ha indicado que la cifra más desfavorable de casos estaría “por debajo” de la horquilla más baja de afectados por vacunas caducadas en el único país que ha hecho un estudio similar, el Reino Unido. Además, ha defendido que se irán adoptando “medidas correctoras” para intentar hacer desaparecer los fallos. Ha apelado a que los profesionales tengan en cuenta los “siete correctos” -siete pasos que hay que cumplir- a la hora de inocular una vacuna,ha recordado que en mayo habrá una cartilla totalmente digital con alertas frente a los procedimientos manuales que se puedan mantener y ha asegurado que logísticamente se trabajará para ofrecer antes las dosis que tengan una fecha más corta.

Según Martínez, el Gobierno ha sido “proactivo” en la resolución de la “incidencia”. Ha insistido en que tras la alerta en Errenteria se pasó a mirar si el problema se había podido dar en los cerca de 400 ambulatorios de Osakidetza y que, en vez de quedarse con los “dos meses” en que estuvo circulando la hexavalente pasada de fecha, se miraron 170.000 actos vacunales de 2025 y, sin que haya aclarado el cómo, también de años anteriores. “En ningún país del mundo se ha hecho”, ha recalcado.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha admitido ahora la administración de vacunas caducadas en Euskadi desde 2017. Se ha indicado que son casos “esporádicos”, que más del 99% de las inoculaciones se hacen con todas las garantías, pero la crisis abierta en enero ha llevado a encontrar casos que afectan a los tres consejeros precedentes a Alberto Martínez, Jon Darpón, Nekane Murga y Gotzone Sagardui. En concreto, hay 17 casos de una vacuna pentavalente administrada fuera de fecha en 2017 la comarca sanitaria del Alto Deba (OSI Debagoiena) y, sobre todo, 89 casos de una triple vírica caducada en la zona de la OSI Uribe tanto en 2023 como en 2024, alguno de cuyos ejemplos adelantó este periódico. Los afectados son, en su gran mayoría, bebés y niños de muy corta edad.

Esto se suma a 266 casos ya confirmados de 2025 y que son de tres tipos de vacunas diferentes, la hexavalente, una tetravalente y la triple vírica, una vez completadas todas las revisiones. Euskadi insiste en compararse con un estudio del Reino Unido en el que se encontraron del orden de 170-250 casos por cada 100.000 habitantes cuando, en 2025, habrían sido 157 en el caso vasco.

El Departamento de Salud ha dado estos datos después de una larguísima comparecencia para explicar las conclusiones de un comité de investigación creado 'ad hoc' para analizar una parte de las incidencias conocidas en enero, un documento ya adelantado para este periódico. Después de más 60 minutos de exposición del consejero, de la directora de Osakidetza, Lore Bilbao, del coordinador del comité, David Cantero, de la doctora Margarita Viciola y del viceconsejero Aritz Uriarte. Solamente en el turno del viceconsejero Gontzal Tamayo han salido estas cifras nuevas.

El “patrón” que explica estos episodios, según las autoridades sanitarias vascas, es que se hicieron en variados momentos compras de gran volumen de dosis, “por encima de las necesidades reales”. Y que para darles salida y aprovechar el presupuesto se siguen suministrando. Eso es también lo que explica que en la OSI Donostialdea (la que afecta a zonas como Donostia o la cercana Errenteria) en los últimos meses se hayan administrado hexavalentes de la marca Vaxelis fuera de fecha, según se estima.

El consejero no ha terminado de aclarar qué conscuencias tendrá la detección de casos tan antiguos o si se exigirán responsabilidades por ello. Sin embargo, sí ha indicado que las familias afectadas han sido contactadas en todos los supuestos, llamando a la revacunación cuando es necesario. El sistema “funciona” y es “robusto” aunque haya “margen para el error”. Por ello, asume las medidas propuestas por el comité investigador y también las ya anunciadas, sobre todo para ir a una trazabilidad digital y garantizar el sistema de “siete correctos” para comprar siete pasos del proceso.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha abierto un expediente informativo a uno de los responsables del área de Emergencias, Asier López, según confirman fuentes oficiales. El motivo principal es que López, con plaza en propiedad en el parque móvil de Bilbao, ejerció durante meses como gerente de la empresa de ambulancias de Bizkaia, denominada Bizkanb, valiéndose de una excedencia “para el cuidado de familiares”. El expediente está ya “en marcha” y comunicado y analizará todas las circunstancias antes de que se adopten posibles medidas.

En paralelo, el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha informado recientemente al Parlamento Vasco, en respuesta a una iniciativa de Rebeka Ubera de EH Bildu sobre la trayectoria profesional a caballo entre la Sanidad pública y la privada de López, que tomó posesión en marzo de 2024 de su plaza como “personal estatutario fijo” de Emergencias, lograda en la OPE de vacantes de 2018 y 2019. Después, a las 24 horas, “inició el desempeño de funciones de superior categoría” al ser nombrado “jefe de área de Servicios Generales”. Ocupó ese puesto hasta el 26 de enero de 2025. El 28 de enero hizo efectiva una “situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares”.

Entre medias, en noviembre de 2024 se creó la empresa Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) y la local Baztan-Bidasoa. Esta marca se constituyó 'ad hoc' para gestionar el servicio de ambulancias externalizadas de Osakidetza en Bizkaia, tanto la red de transporte urgente como la del programado. Y es que se rescindió precipitadamente el acuerdo con la anterior contratista, la catalana Grup La Pau, que arrastraba un cúmulo de infracciones, impagos y otras irregularidades. La figura del último gerente de Grup La Pau también generó controversia al ser igualmente un excargo de Salud, en este caso Ibon Etxeberria, que en su momento tuvo que dimitir por saltarse las restricciones de la pandemia de la COVID-19 por ir a jugar al golf.

En diciembre de 2025, este periódico publicó una reestructuración de Bizkanb y la salida de López. Sanir, en una carta, destacaba la labor “ejemplar” de su anterior gerente, pero optaba por un nuevo equpo. Así las cosas, el 12 de ese mes se dio por finalizada la excedencia y el 13 López se reincorporó a Emergencias como “conductor”. Eso sí, según otras fuentes, en las últimas semanas López ha asumido tareas de mayor responsabilidad. Por ejemplo, ha participado en el proceso de integración en la red de Osakidetza de las ambulancias privadas de Elgoibar y Tolosa como apoyo a la gerencia, tareas similares a sus anteriores funciones de responsable de parque móvil.

Estas fuentes internas indican que fue el propio responsable de Emergencias, Eleder Ríos, que lleva pocos meses en el cargo, el que comunicó personalmente la apertura de la investigación a López el pasado viernes. Osakidetza confirma oficialmente la incoación del expediente informativo. EH Bildu, en su iniciativa, hacía constar también que ya antes López había ocupado cargos de responsabilidad en otra contrata, Ambulancias Bizkaia, con idas y venidas de la Administración. Ahora mismo está abierto un proceso selectivo la provisión 'de iure' de la jefatura de parque móvil de Emergencias y López es uno de los candidatos.

Se da la circunstancia de que este viernes, en el Parlamento Vasco, el consejero Martínez tuvo que dar explicaciones, a instancias del PP, por el caso del exjefe de Seguridad de Osakidetza, que tuvo que ser apartado porque había falsificado su título universitario. El ertzaina había ejercido durante dos años. Ahora ha sido denunciado en los tribunales. En esa comparecencia, el titular dijo que opera con “tolerancia cero ante cualquier caso de fraude”. “El sistema público vasco detecta, corrige y denuncia la corrupción, venga de donde venga y afecte a quien afecte. Ése es el compromiso de este Gobierno”, señaló también.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha concertado una cita para revacunar en los próximos días en un ambulatorio de una localidad próxima a Bilbao a un niño que recibió en agosto de 2023 una dosis caducada de la vacuna M-M-RvaxPro, la conocida como triple vírica por inmunizar a la vez contra sarampión, rubéola y parotiditis. Este periódico ha podido comprobar esta circunstancia con documentación oficial. Según el testimonio de la familia del menor, no sería el único caso en esa zona. Se estima en cuatro los posibles niños afectados por este lote U026075 pasado de fecha.

La crisis de las vacunas caducadas en Osakidetza se conoció el 27 de enero, cuando EH Bildu lo denunció desde la oposición. En realidad, una enfermera de Errenteria dio la voz de alerta doce días antes, el 15 de enero. En un primer momento, se detectó un lote de la hexavalente de la casa Vaxelis, aunque luego aparecieron casos de la triple vírica y de otra vacuna tetravalente. Las incidencias se circunscribían al tramo final de 2025 y el arranque del nuevo año, pero el consejero de Salud, Alberto Martínez, anunció una revisión de todos los actos vacunales de 2025 para conocer posibles nuevos casos. Se revisaron 168.841 pinchazos, todos salvo los de la gripe estacional y la COVID-19, que son campañas anuales con suministros 'ad hoc'. Su concusión, expuesta el lunes en el Parlamento Vasco, fue que hubo 132 casos asociados a las denuncias de enero, otros 19 confirmados de la revisión y 137 adicionales pendientes de más comprobaciones.

En ningún momento se habló de revisiones de años anteriores ni, desde luego, de posibles incidencias nuevas. La familia entrevistada por este periódico, en cambio, refiere que el 6 de febrero recibió una llamada de su enfermera de referencia en la que le exponía que había saltado una “alarma en el ordenador” en relación a la primera dosis de la triple vírica, que se inocula al cumplir el año y que, en este caso, fue administrada el 21 de agosto de 2023, hace dos años y medio. Se les recomendó comprobarlo 'in situ' con la cartilla. “Fue mi mujer y, efectivamente, estaba caducada”, expone el padre del menor sobre esa consulta. Se les indicó que lo iban a notificar y analizar y que esperaran una nueva llamada. “Estábamos tranquilos porque esto de las vacunas no iba con nosostros. Tenemos otra hija pequeña y las suyas están bien. Pensábamos que ya estaba”, cuentan.

El 11 de febrero acudieron con la otra hija al ambulatorio y, estando allí, recibieron una llamada de un “administrativo” de Osakidetza en la que les confirmaban que tendrían que “revacunar” a su hijo. Preguntaron en el acto a la enfermera y desconocía la información. Solamente una hora después les llamó para confirmarles que, en efecto, había recibido la orden.

Un compañero de colegio del menor, de la misma edad, está en la misma situación. En su caso, sus padres no pudieron atender la llamada del administrativo. La devolvieron y nadie les atendió. Hasta ahora. “Estamos desconcertados. No sabíamos que estaban mirando eso”, aseguran desde la familia del niño. Añaden que, en principio, les han indicado que en agosto debería recibir una nueva dosis de la triple vírica con normalidad, la habitual de los cuatro años.

Después de casi tres semanas sin respuesta a la primera notificación, la Fiscalía ha optado por enviar a la Ertzaintza a la dirección general de Osakidetza para que le sea entregada con carácter inmediato toda la documentación relativa a la crisis de las vacunas caducadas. El ministerio fiscal abrió una investigación tras una petición de la entidad de Madrid Defensor del Paciente, que estima que la administración de productos pasados de fecha puede comportar riesgos de salud y, por lo tanto, constituir un delito.

“No habíamos llegado a recibir la notificación”, ha argumentado el consejero de Salud, Alberto Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación. A la luz del requerimiento en mano de este miércoles, según ha expuesto, este mismo jueves “se va a mandar todo”. Y se hará por dos vías, telemáticamente y en papel, para que no haya problemas. “Disposición a todo lo que haga falta”, ha agregado el titular de Salud.

Según 'El Mundo', fue un agente de Policía el que entregó en mano a Lore Bilbao, la directora general del Servicio Vasco de Salud, el segundo requerimiento. Fuentes judiciales “quieren entender” que, en efecto, la primera notificación se perdió en el sistema telemático y confían en que, ahora sí, puedan recabar los datos requeridos. El plazo máximo es de diez días pero, a la luz de las explicaciones del Gobierno, se resolverá mucho más rápido.

Se da la circunstancia de que la Fiscalía y Osakidetza ya tuvieron un encontronazo en otra causa penal de relevancia. En 2018, cuando arrancó la investigación por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas, la misma fiscal ahora lidera estas diligencias, Carmen Adán, pidió la información relativa a las actuaciones internas sobre los exámenes. En aquel caso, el equipo del entonces consejero, Jon Darpón, le envió una conclusiones propias exculpatorias y no el contenido íntegro de sus entrevistas y actuaciones, donde había testimonios que alertaban de la existencia de irregularidades.

Debate parlamentario

Martínez ha dado estas explicaciones justo antes del arranque de la sesión parlamentaria de este jueves en la que, como primer punto, EH Bildu y PP planteaban precisamente nuevas medidas para evitar casos como el sucedido. Por el contrario, la mayoría del Gobierno, PNV y PSE-EE, han contraprogramado con un texto genérico. En él se apunta a “agilizar” las medidas ya anunciadas por el consejero esta semana en la propia Cámara, en la comisión de Salud. “Ante hipotéticos casos de incidencias sanitarias vinculadas a vacunas, [se insta a] establecer un protocolo de comunicación ciudadana en el que se garanticen criterios científicos, de seguridad sanitaria y de prudencia, con el fin de transmitir una máxima confianza y seguridad hacia el sistema de salud, evitando incertidumbre que pudiera generar una alarma desproporcionada e innecesaria”, se puede leer en la resolución.

Desde la oposición, Rebeka Ubera de EH Bildu, quien destapó el asunto, ha insistido en que el Ejecutivo intentó “tapar” que existían estas vacunas caducadas. “Ni siquiera se ha habilitado un teléfono para las familias”, ha asegurado. Por eso, no confía en que esas medidas correctoras vaya a implementarse. Laura Garrido, del PP, ha criticado la falta de colaboración con la Fiscalía por parte de Osakidetza. “El asunto es grave”, ha apostillado, desde Sumar, Jon Hernández.