El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves instar al Gobierno vasco a “poner en marcha, junto con el sector y el resto de las instituciones un plan de adaptación al cambio climático para el sector agrario y ganadero”, con el fin de adelantarse a posibles situaciones de sequía como la vivida este verano. Esta medida, sin muchas más concreciones, se incluye en la enmienda a la totalidad presentada por PNV y PSE-EE a las mociones que se han debatido defendidas respectivamente por EH Bildu, sobre la adaptación al cambio climático de sector primario, y del PP, sobre la declaración de sequía, que han sido rechazadas por la Cámara.

Precisamente, este jueves, los agricultores y ganaderos se han concentrado en Vitoria ante el Gobierno vasco porque consideran insuficiente la respuesta que les está dando el Ejecutivo ante su situación. La moción de PNV y PSE-EE, que ha salido adelante solo con los votos de los partidos del Gobierno, y la abstención crítica de EH Bildu, también incluye pedir al Ejecutivo que trabaje para adelantar al 16 de octubre el anticipo de las ayudas de la PAC, de modo que los recursos lleguen antes a las explotaciones y contribuyan a aliviar la situación financiera del sector.

Además, se reconoce el compromiso del Gobierno vasco y el cumplimiento de este mediante la puesta en marcha de forma inmediata de ayudas por un importe superior a 5,9 millones de euros para paliar los efectos del cambio climático y de la crisis de Ormuz, reduciendo los plazos a través de la tramitación de oficio, siendo más ágil para los sectores agrario, ganadero y pesquero. Estas ayudas se anunciaron por parte de la consejera Amaia Barredo el pasado 3 de octubre, y también la consejera había adelantado la intención del Ejecutivo de poner en marcha el resto de las medidas.

Por otra parte, se pide seguir trabajando, junto con el resto de las comunidades autónomas y con el Ministerio, “en el impulso de medidas estructurales como la revisión de la zonificación climática que establece la consideración de zonas con limitaciones naturales, la revisión de las líneas de agroseguros y el apoyo a las inversiones destinadas a llevar agua a las explotaciones rurales, en el marco de un potencial fondo europeo adscrito a la Estrategia de Resiliencia Hídrica, con el objetivo de ayudar a las explotaciones a adaptarse mejor a los efectos del cambio climático”.

La enmienda de EH Bildu instaba al Gobierno a poner en marcha, “de forma urgente”, un plan de choque de adaptación al cambio climático para garantizar la supervivencia de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Además, se instaba al Gobierno a que su propuesta incida “directamente” en la posibilidad de acceso al agua, la diversificación de los cultivos y los contratos entre agricultores y ganaderos e incluir un fondo de compensación estable y paliatorio, con el fin de hacer frente a las pérdidas directas producidas por fenómenos climáticos extremos como la sequía. Por otra parte, se pedía que junto al sector se elaborara “conjuntamente una estrategia agroalimentaria basada en la soberanía alimentaria que garantice el incremento de la producción, la transformación, la comercialización y el consumo local justo y sostenible”. El parlamentario Mikel Díaz de Alda ha pedido un “pacto social para proteger el sector”.

El PP, por su parte, defendía ejecutar las obras hidráulicas pendientes, pagar las ayudas a la sequía antes del inicio de la nueva campaña agraria, hacer un seguimiento permanente de la disponibilidad de forrajes y realizar una nueva evaluación de las zonas de regadío, identificando las necesidades de modernización y mejora. La parlamentaria Ana Morales ha sido muy crítica con la falta de concreción del Ejecutivo sobre el momento en el que van a llegar al sector las ayudas anunciadas.

“Una limosna para acallar al sector”, dicen los sindicatos

El sindicato agroganadero EHNE se han concentrado este jueves frente al Gobierno vasco en Vitoria para exigir un “giro radical” de las políticas agrarias y un “plan de choque” contra la crisis climática. Además, ha criticado la “falta de sensibilidad” del Ejecutivo autonómico respecto a la situación del sector. En un manifiesto leído durante la concentración, los agricultores y ganaderos han recordado que la sequía “está teniendo influencia directa en la rentabilidad” de las explotaciones, ya que la falta de lluvias durante los últimos meses “ha provocado que la recogida de comida para el invierno haya sido la mitad de años anteriores, en el mejor de los casos”. “El pasto no ha crecido lo suficiente, dejando nuestros montes y fincas completamente abrasadas; y hemos tenido que empezar a alimentar al ganado con la comida recogida para el invierno o con piensos, en unos meses en los que, en situación normal, estarían paciendo en montes y fincas”, han señalado. Pese a ello, “desde el Gobierno no se ha querido reconocer dicha crisis, llegando incluso a alegar que debido a la lluviosa primavera se había recogido hierba suficiente”, han denunciado.

Respecto a las ayudas, de 5,9 millones de euros, han señalado que “más de medio millón (565.056) son ayudas extraordinarias por la crisis del estrecho de Ormuz. Por lo tanto, la ayuda total será de 4.958.469 euros. De esa partida, 430.650 euros van dirigidos a la Pesca para paliar los costes del gasoil. En definitiva, la cuantía real transferida por el Gobierno vasco para el sector agrario se traduce en apenas 1.600.000 euros por herrialde, una cifra menor respecto al esfuerzo presupuestario que realizan las Diputaciones Forales”, han denunciado. “Nos parece limosna para intentar contentar y acallar a nuestros baserritarras”.

Ante esta situación, han reclamado “un giro radical en las políticas agrarias” de Euskadi, para lo que ha subrayado la necesidad de “una reorientación del modelo”, un plan de choque contra la crisis climática, y la intervención pública “para hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, garantizando precios dignos que cubran los costes de producción”. En la misma línea, han pedido “medidas reales, suficientes y eficaces” que permitan el desarrollo de explotaciones “viables”. A su vez, han demandado precios “justos” para garantizar el futuro del sector.

El Gobierno vasco movilizará un paquete de ayudas extraordinarias por un importe total de 5.954.175,00 euros que se dirigirá los sectores agrario, ganadero y pesquero de Euskadi “para hacer frente a las circunstancias excepcionales registradas durante 2026”. La principal línea del paquete corresponde al sector agrario y ganadero, con una dotación máxima de 5.523.525,00 euros, mientras que la ayuda específica para la flota más pequeña y dependiente de la pesquería del verdel o la caballa será de máximo 430.650 euros.

Se trata de medidas anunciadas este sábado en rueda de prensa por la consejera de de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, que ha asegurado que “no estamos ante una situación ordinaria y la respuesta tampoco puede serlo”. “La escasez de lluvias, las olas de calor continuadas, otros efectos del cambio climático, y el incremento de los costes están teniendo consecuencias directas sobre las explotaciones y sobre la renta de quienes viven de estas actividades”, ha explicado, con lo que las ayudas buscan “contribuir a mantener la capacidad productiva y la continuidad de las explotaciones”, recoge Europa Press.

El paquete contempla 5.523.525,00 euros para explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por la falta de precipitaciones y por el incremento extraordinario de costes asociado a la crisis de Oriente Próximo, y 430.650 euros para compensar a la flota de menor tamaño y más dependiente del verdel por la mala costera de 2026. Del total de las ayudas agrarias y ganaderas, 5.128.910,00 euros serán aportados con cargo a los Presupuestos Generales de Euskadi, mientras que 394.615 euros procederán del FEAGA, ha detallado el departamento.

La ayuda para los sectores agrario y ganadero se articula en dos líneas en función de los orígenes de los fondos y la motivación de la ayuda. La primera, la ayuda extraordinaria Ormuz, estará destinada al vacuno de leche para compensar parcialmente los costes extraordinarios derivados del incremento de precios de combustibles y fertilizantes. Esta primera línea contará con 565.056 euros procedentes del FEAGA y de los Presupuestos Generales de Euskadi. La segunda, la ayuda extraordinaria por falta de precipitaciones, se dirige a las explotaciones ganaderas y agrícolas con una dotación inicial de 4.958.469,00 euros financiada íntegramente por Euskadi y ampliable hasta un 40% si fuera necesario.

Máximo de 15.000 euros

Estas dos líneas en conjunto podrán alcanzar a explotaciones de vacuno de carne, vacuno de leche, ovino, caprino y equino, así como a productores de patata de siembra y de consumo, alubia, girasol, manzana de sidra y maíz. La propuesta contempla importes específicos según la actividad y la afección, desde 60 euros por cabeza para el vacuno de carne de más de 24 meses, 36 euros para vacuno de leche, seis euros para ovino y caprino y 30 euros para equino, hasta ayudas por hectárea para los diferentes cultivos.

El importe máximo por persona o entidad beneficiaria será de 15.000 euros y solo se concederán ayudas cuya cuantía final sea superior a 300 euros. La distribución estimada refleja el impacto de la escasez de lluvias en la ganadería: 3.048.180 euros corresponden al bovino de carne, 788.352 euros al ovino, 621.000 euros al equino y 565.056 euros al bovino de leche, ha detallado. En lo relativo a los cultivos, los importes se establecerán en función de la superficie afectada. Se contemplan 150 euros por hectárea para patata de siembra, 100 euros para patata de consumo y alubia, 60 euros para maíz y 40 euros para girasol y manzana de sidra.

En términos totales, la propuesta contempla 154.776,80 euros para el cultivo de girasol, 79.270 euros para la patata de consumo, 62.022 euros para el maíz, 54.324 euros para la patata de siembra, 37.011 euros para horticultura y alubia y 26.407,20 euros para fruticultura y manzana de sidra.

Según las cifras aportadas, estas ayudas beneficiarán a 5.268 explotaciones de Euskadi, a las que hay que sumar 335 explotaciones de vacuno de leche. En total, se subvencionarán 15.695 animales de vacuno de leche, 50.802 de vacuno de carne, 131.391 de ovino, 14.520 de caprino y 20.699 de equino. En cuanto a las producciones agrícolas, las ayudas alcanzarán 370 hectáreas de alubia, 3.868 de girasol, 1.032 de maíz, 660 de manzana de sidra y 1.152 hectáreas de patata.

Por otro lado, se incorpora una ayuda específica para la flota más pequeña y dependiente de la pesquería del verdel o la caballa, afectada por la mala costera. La dotación máxima será de 430.650 euros y permitirá conceder 825 euros a cada tripulante que haya participado en la pesquería de la caballa, así como otros 825 euros por cada tripulante embarcado para el armador, con un límite máximo de 10.000 euros por empresa, ha detallado.

La medida alcanzará a 261 tripulantes embarcados en 73 buques con puerto base en Gipuzkoa y Bizkaia. El objetivo “es compensar parcialmente el impacto de una campaña especialmente complicada sobre una flota artesanal cuya actividad presenta una elevada dependencia de esta especie y un margen de adaptación limitado ante una reducción significativa de las capturas”, han explicado.

Por otra parte, y siempre y cuando el Ministerio no incremente la ayuda al gasóleo a la flota pesquera, el departamento encabezado por Barredo analiza la puesta en marcha de una ayuda complementaria al gasóleo pesquero de 15 céntimos por litro, que se sumaría a la ayuda estatal actualmente existente.

En ese sentido, han afirmado estar “en conversaciones” con el Ministerio de Agricultura y también con el sector “para hacer seguimiento a los compromisos, que en caso de no materializarse, terminarán en la estimación económica necesaria para concretar el coste de esta medida y determinar sus condiciones de aplicación”. “En el sector hay explotaciones, barcos, familias y personas que necesitan poder seguir trabajando, por eso estamos diseñando ayudas que respondan a situaciones concretas: a quienes han tenido que afrontar las altas temperaturas y escasez de lluvias que ha encarecido la alimentación de sus animales, a quienes han soportado un incremento extraordinario de los costes y a una flota artesanal que ha sufrido una mala costera del verdel”, ha añadido Barredo.

Estas medidas han sido contrastadas y acordadas con las organizaciones y agentes del sector y con las tres Diputaciones Forales, con el objetivo de ofrecer una respuesta coordinada. Estas ayudas se verán complementadas por las Diputaciones Forales, de manera que las distintas instituciones sumen sus recursos y capacidades para reforzar el apoyo a las explotaciones y actividades afectadas.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, ha dejado claro este viernes de nuevo en el Parlamento Vasco que no habrá declaración de sequía para Euskadi, como ya se lo transmitió en su día a los agricultores y ganaderos que se lo reclamaban. Barredo, en su intervención en pleno de control que ha tenido lugar en la Cámara vasca, ha indicado que la declaración “no depende del Gobierno vasco”, sino de “cada cuenca hidrológica”; y ha descartado, además, que esa declaración suponga un incremento de las ayudas o subvenciones para los agricultores.

La consejera ha tenido que responder en el pleno a tres preguntas -una del PP y dos de EH Bildu- relacionadas con el sector primario, en concreto con la crisis de ganaderos y agricultores y la que afecta a los pescadores de altura por el precio del gasóleo. Barredo ha vuelto a señalar que habrá ayudas “de oficio” para agricultores y ganaderos y que se entregarán este año, como anunció el lehendakari, Imanol Pradales, durante el pleno de política general, pero ni la parlamentaria del PP, Ana Morales, ni tampoco el de EH Bildu, Mikel Diaz de Alda, han conseguido con sus respectivas preguntas que la consejera concrete más sobre las cuantías, o el formato.

Sólo ha insistido en que se darán en función de las pérdidas que se hayan registrado en los diferentes subsectores, que es lo que están analizando en estos momentos. Las ayudas se darán en colaboración con las diputaciones, con las que ha asegurado que el Ejecutivo mantiene reuniones “casi a diario” para analizar las necesidades de cada subsector como consecuencia del calor y la falta de lluvias de este verano.

Eso sí, ha negado tajantemente Barredo que el Gobierno vasco “haya dado la espalda a los ganaderos” por las críticas, con petición de dimisión incluida, por parte de las organizaciones sindicales agrarias después de que el departamento rechazara la compra conjunta de forraje aunque se hubiese anunciado que lo haría. Barredo ha defendido de nuevo lo que transmitió a los ganaderos de que había suficiente 'stock' como para que no fuera necesario abordar por el momento esa compra conjunta, algo que en su día enfadó mucho a los ganaderos. Ha señalado también que ha trasladado al Ministerio varias cuestiones para apoyar las explotaciones como ayudas a la alimentación del ganado, la creación de un fondo de reserva solidario para crisis climáticas, la revisión de los seguros agropecuarios o la bonificación del gasóleo.

Precisamente el elevado precio del gasóleo mantiene amarrada la flota de altura con base en Ondarroa desde hace más de un mes. Una parlamentaria de EH Bildu, Naiara Fernández, ha cuestionado a la consejera si se va a tomar alguna medida por parte del Gobierno vasco. “Estamos en contacto constante con el sector”, ha señalado. Ha recordado que el Gobierno central puede subvencionar hasta el 70% el incremento del precio del combustible y que se ha pedido al Ministerio que suba la subvención de 0,20 céntimos por litro a 0,35 céntimos, como también han trasladado ya al Ministerio los representantes del sector. Se conocerá el 30 de septiembre cuál es la decisión del Gobierno central. “Después el Gobierno vasco se sentará con el sector y analizará a corto las necesidades complementarias que requiera”, ha señalado.

La asociación de defensa de la naturaleza Mutriku Natur Taldea ha pedido al Gobierno vasco la “prohibición expresa, total y absoluta del arte de cerco en el ámbito de las aguas interiores” de Euskadi, y, por tanto, la modificación del proyecto de decreto que el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca que dirige Amaia Barredo quiere aprobar, y que contempla permitir este tipo de pesca, hasta ahora prohibido con carácter general en aguas de jurisdicción vasca. En las alegaciones presentadas a este proyecto, el grupo ecologista considera que en el proyecto no se aportan estudios técnicos que contradigan los que llevaron a la prohibición de la explotación intensiva en aguas interiores, y considera que debe protegerse y blindarse en el nuevo texto “la protección estricta de los ecosistemas costeros”, así como “la extrema vulnerabilidad socioeconómica y defensa de la flota artesanal de los puertos vascos incluso dentro de las propias Cofradías donde son minoría ante las embarcaciones industriales”. Algo que consideran que el proyecto del departamento no hace.

En este sentido, este grupo pide además que se realicen informes técnicos sobre los que se basen las decisiones políticas futuras. Critica que el proyecto de decreto no incluye “evaluaciones técnicas recientes y de acceso público que contradigan los criterios de sobreexplotación realizados por Azti previos al Decreto 204/1994”, el que está vigente en estos momentos y que el Gobierno quiere reformar.

El proyecto de decreto que el Gobierno vasco ha tenido en exposición pública en el mes de agosto, pretende ampliar el abanico de artes de pesca permitidas en aguas de su jurisdicción -las conocidas como aguas interiores- e incluir el cerco. Una medida que el Gobierno justifica por la reducción del número de barcos en los últimos años y para garantizar la supervivencia de la flota.

Sin embargo, desde Mutriku Natur Taldea recalcan que “no consta en el expediente técnico ni se ha aportado evidencia científica pública que contradiga las conclusiones y los estudios de los años 90, que desaconsejaban la explotación intensiva en aguas interiores”. Recuerdan que las aguas interiores son hasta ahora para uso de las artes menores, la pesca artesanal, y critica que se plantee introducir el cerco “sin referencia ninguna a su impacto potencial en el ecosistema”.

Por ello piden que se presenten informes científicos, además de carácter doble, ya que no se fían de los realizados de forma exclusiva por Azti, por “el control absoluto del Gobierno vasco de la Fundación Azti”, señalan. Por otra parte, quieren que “se ponga en manos de los agentes interesados y la ciudadanía en general todos los informes científicos pagados con dinero público. Y que estos informes científicos se realicen ”antes de la aprobación del decreto de pesca profesional en aguas interiores, y no a posteriori, como parece dilucidarse en el texto del borrador de la orden“.

Por otra parte, alertan de la “extrema vulnerabilidad socioeconómica de la flota artesanal de los puertos vascos” y la necesidad de su defensa. “La flota de artes menores (pesca artesanal) constituye el motor socioeconómico y de cohesión social de puertos históricos como Hondarribia, Getaria, Mutriku, Ea, Elantxobe, Lekeitio o Bermeo. Estas embarcaciones de bajura dependen de forma absoluta de los recursos de las aguas interiores debido a su limitado radio operativo, tamaño, y limitado porte. Permitir la entrada de flotas de mayor escala puede suponer una competencia desleal y destructiva que aboca a la desaparición del tejido pesquero tradicional y a la pérdida de empleos locales directos”, señalan. Además, consideran que debería considerarse “la creciente demanda del uso del espacio marítimo que corresponde a las aguas interiores, tanto en forma de nuevas actividades de ocio como de otros servicios, cada vez más diversos y en auge, lo que podría impactar aún más en la que hay ya hoy por hoy en las zonas donde actualmente opera el sector pesquero artesanal (artes menores)”.

Por otra parte, consideran que “la flota de cerco moderna del Cantábrico cuenta con embarcaciones de gran porte, alta tecnología y autonomía suficiente para faenar con total seguridad en aguas exteriores (fuera de las líneas de base rectas y el mar territorial interior)”. Por lo tanto, entienden que “no existe una justificación técnica ni económica que requiera a los cerqueros entrar en espacios confinados a ellos”, salvo las excepciones que permite el decreto que está todavía en vigor. “La incorporación de la actividad de la pesca de cerco en aguas interiores no responde a una necesidad para la supervivencia de dicho sector, lo que sugiere un riesgo para la sobreexplotación de un espacio hasta ahora reservado por décadas a la pesca de anzuelo, trasmallos y artes de pequeña escala. Dicho de otro modo, permitir la actividad pesquera de cerco en aguas interiores podría suponer serios problemas de sobreexplotación y/o graves impactos a ciertas especies vulnerables ya en la actualidad, dado que tanto las dimensiones de la propia arte utilizando los DAP (dispositivos de agrupación de peces)... , como el tamaño de sus capturas supondrían una presión hasta ahora inexistente en dichos ecosistemas”.

Según los datos aportados por el Gobierno vasco, en el periodo entre 1998 y 2022 el número de barcos ha pasado de 143 a 64, lo que supone una reducción del 54,2%, es decir, se han perdido más de la mitad. Una disminución que ha supuesto “una reducción similar en la capacidad de pesca nominal de la flota, al haberse mantenido constantes las cantidades máximas de artes/aparejos de pesca en las regulaciones pesqueras en todo ese período” por no haberse variado la legislación, indican. “Para que la flota de Euskadi que pesca en las aguas interiores de la comunidad autónoma de Euskadi, pueda mantenerse, pueda mejorar, modernizarse y tener una producción óptima que asegure su supervivencia”, es necesario “optimizar el rendimiento de la flota que pesca que queda actualmente” permitiendo utilizar un mayor número de artes de pesca, regulando sus características y su ejercicio, señala el decreto.

La reunión de la Mesa del Forraje que se ha celebrado este 1 de septiembre no ha servido para tranquilizar a los ganaderos. Todo lo contrario. Aunque el pasado 7 de agosto el Gobierno vasco anunció que pondría en marcha la compra conjunta de forraje para hacer frente a la situación de falta de pastos motivada por la sequía de este verano, el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca que dirige Amaia Barredo, dice ahora que no habrá compras en grupo auspiciadas por el Ejecutivo, al menos de momento, y que continuarán con la “monitorización”, tanto de la evolución de la climatología como de las campañas productivas, porque en estos momentos, según el departamento, “en el mercado local hay forraje”, con unos precios que, si bien puedan ser “algo más caros, entran dentro de lo razonable”.

En concreto, el departamento considera que “existe disponibilidad de forraje suficiente en Euskadi y su entorno cercano para atender las necesidades detectadas a corto y medio plazo, asegurando la garantía de suministro en ratios de mercado en relación con productos, servicios y formatos”. Estas necesidades se sitúan en 9.000 toneladas de paja, 8.000 toneladas de maíz forrajero, 10.000 toneladas de alfalfa y 2.000 toneladas de concentrados, según se desprende de la encuesta que ha realizado el departamento entre los ganaderos en el mes de agosto. Unas necesidades que aseguran que se han contrastado con los diferentes suministradores locales de alimentación animal constatando que pueden cubrirse. Con esto, el departamento considera que “se atienden las demandas más urgentes y se ratifica el compromiso con el primer sector”. Los ganaderos, sin embargo, no lo ven así.

“Salimos totalmente decepcionados por la cerrazón del Gobierno vasco”, ha señalado tras la reunión el coordinador de ENBA en Gipuzkoa, Xabier Iraola. “Se alude a que en el mercado local hay forraje, y eso es así, pero lo que pasa es que en muchas explotaciones no tienen cash para hacer frente a esas compras suplementarias”, ha explicado. En este sentido, ha advertido de que los ganaderos van a afrontar “un coste adicional” mientras los precios del ganado “están a la baja”. “Hay forraje en los mercados cercanos, pero una parte del sector no va a poder acceder a él porque no tiene rentabilidad”, ha denunciado. “No cumplen nada de las medidas que el sector ganadero requiere”.

Iraola ha recordado que los ganaderos están insistiendo en reclamar la declaración de sequía para Euskadi, pese a que ha reconocido que “no se cumplen los indicadores requeridos” para dicha declaración, al menos de forma “oficial”, por lo que ha afirmado que les da “lo mismo” si esa medida se adopta aunque no sea oficialmente. “Lo que necesitamos son soluciones para el abastecimiento de agua para miles de caseríos -más de 5.000 consideran- que no están enganchados a la red y soluciones para la falta de agua en la cuenca”, ha dicho. Pero ante esta reclamación el departamento “también se cierra en banda”. Ante esta situación, ha considerado que los ganaderos tendrán que pensar cuál es su “respuesta” ante la “cerrazón” del Gobierno vasco ante sus demandas. UAGA ya reclamó a finales de agosto la dimisión de la consejera Amaia Barredo por la gestión de esta crisis.

El Gobierno vasco quiere ampliar el abanico de artes de pesca permitidas en aguas de su jurisdicción -las conocidas como aguas interiores- e incluir el cerco, práctica que estaba prohibida ahora con carácter general aunque el Ejecutivo podía conceder autorizaciones temporales. En el proyecto de decreto que el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca que dirige Amaia Barredo ha sacado a exposición pública de forma previa a su aprobación, el Gobierno justifica esta ampliación de las artes permitidas por la reducción del número de barcos en los últimos años y para garantizar la supervivencia de la flota.

Según los datos aportados por el Gobierno vasco, en el periodo entre 1998 y 2022 el número de barcos ha pasado de 143 a 64, lo que supone una reducción del 54,2%, es decir, se han perdido más de la mitad. Una disminución que ha supuesto “una reducción similar en la capacidad de pesca nominal de la flota, al haberse mantenido constantes las cantidades máximas de artes/aparejos de pesca en las regulaciones pesqueras en todo ese período” por no haberse variado la legislación, indican. “Para que la flota de Euskadi que pesca en las aguas interiores de la Comunidad Autónoma de Euskadi, pueda mantenerse, pueda mejorar, modernizarse y tener una producción óptima que asegure su supervivencia”, es necesario “optimizar el rendimiento de la flota que pesca que queda actualmente” permitiendo utilizar un mayor número de artes de pesca, regulando sus características y su ejercicio, señala el decreto.

En concreto, el proyecto de decreto incluye las artes menores, el palangre y el cerco como artes de pesca permitidos por el Gobierno vasco para su uso en aguas interiores, que son las que se incluyen en los límites de una línea recta imaginaria trazada entre los principales cabos del litoral vasco: Cabo Higuer, Cabo. San Antón, Cabo Matxitxako, Cabo Villano y Punta Cobarón. Fuera de esa línea imaginaria, hasta las 12 millas del mar territorial (zona conocida como aguas exteriores) la competencia en materia de ordenación pesquera corresponde al Estado. La principal novedad del decreto está la inclusión del cerco como arte habitual, ya que esta modalidad, con redes grandes sólo se permitía hasta ahora con autorizaciones temporales.

El cerco es una red con la que se rodea el cardumen o banco de peces, que se cierra y embolsa el pescado. El proyecto de decreto establece que las redes que se utilicen no podrán ser superiores a 600 metros, la altura no será superior a 130 metros y a abertura mínima de las mallas de los artes de cerco no será inferior a 14 milímetros. En cuanto su uso, está limitado a aquellas aguas cuya profundidad sea superior a 35 metros de bajamar escorada. “La utilización de fuentes de luz como elementos de atracción y concentración de las especies a capturar se considera parte de la maniobra de pesca y está prohibida en profundidades menores a 35 metros”, indican.

En lo que se refiere al palancre, constituido por una línea principal denominada madre, de longitud variable, de la que parten otros cabos o ramales secundarios más finos denominados brazoladas a los que se empatan los anzuelos, podrán llevar desde 1.000 anzuelos para un sólo tripulante enrolado y presente a bordo con una longitud máxima 4.000 metros, hasta 3.000 anzuelos para tres o más tripulantes enrolados y presentes a bordo con una longitud total máxima 8.000 metros. Se permite en todos los casos llevar 500 anzuelos de repuesto. Por otra parte, se recogen en el decreto el uso de las artes menores: artes de enmalle o enredo, artes de anzuelo y artes de trampa o nasas.

El Gobierno justifica este cambio en el hecho de que la flota de artes menores de Euskadi que pesca en estas aguas, compuesta por barcos que pescan y regresan a puerto en el día, “es relativamente reducida” en la actualidad y que la regulación se ha mantenido sin cambios respecto a la operativa de pesca de finales de los 90 del siglo pasado, cuando la flota tenía otra entidad. “Esta actualización permite optimizar la actividad de la flota que opera en aguas interiores, sin incrementar el esfuerzo pesquero global”, defiede el Ejecutivo.

También indica que los barcos “se han equipado tecnológicamente para dar respuesta a las necesidades de la sostenibilidad, competitividad y requerimientos regulatorios diversos”, y que “en los meses de verano el esfuerzo de pesca de la flota de artes menores se ha visto reducido durante los meses de verano de los últimos años en una magnitud por evaluar, asociado a la práctica de la pesca de bonito (Thunnus alalunga) a la cacea, en la época que la especie se ha acercado a las aguas del interior del Golfo de Bizkaia, propiciando que algunos barcos de artes menores participen en dicha pesquería (en general, los de mayores dimensiones)”.

Teniendo en cuenta la reducción de la flota “se considera asumible técnicamente incrementar los límites máximos de cantidades de artes de pesca actualmente, compensando la reducción de flota experimentada, si bien ponderándolos en función del número de tripulantes de los barcos y las prácticas operativas del día a día”. En cualquier caso, indica que “los nuevos límites estimados por tipos de artes de pesca deben de ir acompañados, entre otros, de un control estricto del número de buques que operan en este subsector para evitar incrementos no deseados de la capacidad pesquera propiciados por un aumento de la flota”.

El proyecto de decreto esta ahora en periodo de exposición pública y alegaciones. La fase de conclusiones se abrirá el próximo 7 de septiembre.

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El Gobierno vasco no convocará hasta septiembre la mesa para ultimar la compra conjunta de forraje como medida para contrarrestar, en parte, los efectos de la sequía, desoyendo las peticiones de urgencia de los ganaderos. La consejera, Amaia Barredo, ha decidido aplazar el encuentro para la toma de decisiones, pese a que las asociaciones ganaderas contaban con que se celebrara esta misma semana debido a lo apremiante de la situación: “El ganado no entiende de vacaciones”, recuerdan.

El departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha comunicado su decisión a través de una nota a los medios de comunicación sin previamente haberse puesto en contacto con las asociaciones ganaderas que participan en la mesa, que han manifestado por ello su “asombro y profundo malestar”. “No nos parece de recibo que este tipo de decisiones se tomen de manera unilateral y sin ningún tipo de comunicación con el sector”. “Un ejemplo más de la manera de trabajar del departamento de agricultura de Gobierno vasco, muestra de la lejanía con la realidad del sector ganadero”, han señalado.

Desde las asociaciones UAGA, ENBA y EHNE, han recordado que el “ganado está soportando una sequía histórica”, pero al departamento “no parece resultarle necesario agilizar la toma de medidas y propone retrasar la reunión al menos dos semanas más. Nuestro ganado no entiende de vacaciones de agosto y creemos necesario que se articulen medidas inminentes para paliar la grave situación que estamos atravesando”, han señalado, molestos con “las formas y con el fondo” de la decisión del departamento.

En este sentido, urgen de nuevo a “convocar cuanto antes la mesa de forrajes, trasladando los resultados de las encuestas realizadas y las propuestas de compra conjunta que se vayan a articular”. Aunque reconocen que el forraje que pueda comprarse ahora no será para uso inmediato, recuerdan que cuanto más tiempo se tarde, más tensionado estará el mercado y más subirán los precios. “La sequía no está afectando sólo a Euskadi”, recuerdan, por lo que competirán en la necesidad de hacer compras excepcionales con otras comunidades de la cornisa cantábrica y con Francia, también con explotaciones afectadas por la ausencia de lluvias de este verano.

Por otra parte, los ganaderos piden la declaración de Euskadi como zona de sequía, y hacer un seguimiento de la situación del agua en los montes y baserris. Aquí se enmarca la petición de una mesa interinstitucional para hacer llegar agua a las zonas más afectadas que lidere el lehendakari. Además, consideran necesario arbitrar, junto a las Diputaciones forales, mecanismos legales para permitir alimentar a nuestros animales en los montes comunales. “Creemos que es muy necesario plantear escenarios a medio plazo porque los episodios de sequía son cada vez más frecuentes, pero no debemos perder la perspectiva de la gravedad del momento que estamos viviendo”, insisten.

Frente a la urgencia que traslada el sector, el departamento considera que es suficiente empezar a planificar las compras en septiembre, una vez se analice y contrasten las cantidades extraordinarias que se han recogido en la encuesta remitida a los ganaderos de forma previa a definir las cantidades agregadas a contratar“.

“Concretar la demanda”

El Gobierno vasco decidió en la última reunión de la mesa de forraje realizar una encuesta entre los ganaderos para conocer las necesidades concretas y poner en marcha compras conjuntas. Según la información trasladada por el departamento de Amaia Barredo, la encuesta se ha cerrado con la participación de 435 explotaciones ganaderas de los tres territorios históricos. En concreto, 177 respuestas corresponden a Gipuzkoa, 160 a Bizkaia y 86 a Álava. Por orientación productiva, el 43% corresponde a explotaciones de vacuno de carne, el 18% a ganadería mixta, el 14% a vacuno de leche, el 13% a ovino y caprino y el 12% a equino.

“Las respuestas permitirán al departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca concretar la demanda y abordar de forma conjunta la búsqueda de suministro para esta campaña” han indicado desde la consejería. Las explotaciones participantes han trasladado sus necesidades extraordinarias de forrajes y otras materias primas, detallando tanto los productos requeridos como el formato de suministro, es decir, granel, fardo grande, fardo pequeño o taco. “Esta información permitirá ajustar la futura compra a las necesidades reales y a la capacidad de almacenamiento y manejo de las explotaciones”, hay que tener en cuenta en Euskadi hay algunas explotaciones que son muy pequeñas, y que tendrán dificultad de almacenaje. “El sector ha respondido y ahora tenemos una fotografía mucho más precisa de las necesidades extraordinarias de nuestras explotaciones. El siguiente paso es convertir esa información en capacidad de negociación y conseguir que el suministro llegue en las condiciones que necesita el sector”, ha señalado la consejera Amaia Barredo.

De momento, el Gobierno no se prevé alterar el calendario que se ha fijado, pese al malestar del sector. “A partir de ahora, el Departamento procederá a validar y agrupar las respuestas por producto, formato y ámbito geográfico. Paralelamente, se contactará con operadores, cooperativas y fabricantes para conocer la disponibilidad real, los plazos y las condiciones de suministro, priorizando la producción local frente a la compra exterior, tal y como estableció la Mesa de Forrajes”, que se convocará de nuevo la primera semana de septiembre. “En ella se presentará el resultado de este trabajo y se concretará el marco de disponibilidad, así como la logística necesaria para la adquisición y distribución de los productos”.

El Gobierno vasco ha pactado este viernes con los ganaderos promover la compra conjunta de forraje para paliar la crisis derivada de la sequía y la consecuente falta de pastos de este verano. La decisión se ha tomado en la denominada 'mesa de forrajes', que se ha reunido este viernes en Vitoria presidida por la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

Según han informado desde el Gobierno, durante la reunión se han analizado las diferentes alternativas disponibles, dando prioridad a todas aquellas que permitan incrementar la disponibilidad de forraje producido en Euskadi durante las próximas semanas. Y se ha acordado promover una compra conjunta de forrajes dirigida a los colectivos ganaderos más afectados, aquellos cuya actividad depende directamente del aprovechamiento de los pastos como base de su sistema productivo.

La implantación de las soluciones se retrasa, no obstante, una semana más. Y es que las medidas concretas se tomarán en otra reunión de la mesa que tendrá lugar la próxima semana. En ese encuentro se contará con los datos extraídos de la encuesta que se llevará a cabo por medio del Centro de Gestión Lursail entre las explotaciones ganaderas “con el fin de conocer las necesidades reales de forrajes y de otras materias primas necesarias para la presente campaña, así como los formatos de suministro más adecuados”. “Esta información permitirá dimensionar la compra conjunta y planificar una respuesta ajustada a las necesidades del sector”, expone el Ejecutivo.

“Nuestro objetivo es actuar antes de que el problema se agrave. Queremos que las explotaciones dispongan del alimento necesario para su ganado y hacerlo, siempre que sea posible, apoyándonos en la producción local y coordinando una respuesta conjunta con todo el sector”, ha señalado la consejera Barredo. Además, se trata de adelantarse a los acontecimientos: “por un lado, impulsando todas estas opciones disponibles, pero incrementando sobre todo también esa acción a futuro para producir forraje en Euskadi durante los próximos años”.

La consejera ha señalado que todavía hay paja en el campo, reservas de maíz en Francia, en Navarra y en Castilla y León, por lo que “hay suficientes materias primas como para plantear una garantía de suministro continuada”. Sin embargo, ha reconocido que no todos los ganaderos están en la misma situación. Por un lado, hay un colectivo que cuenta con instalaciones para bajar el ganado y tiene suministro para el año al contar con acuerdos de compra. Por otro lado, las explotaciones más pequeñas carecen de estas infraestructuras y tienen un ganado extensivo que aprovecha los pastos, por lo que cada vez tienen más problemas, porque no están acostumbrados a comprar forraje en esta época del año.

Además de la compra conjunta, la mesa ha barajado la posibilidad de cultivos de forraje. Según la consejera, “se han materializado algunos proyectos, sobre todo producciones de maíz y forraje para pienso, en las cooperativas y sobre todo en las producciones más grandes”, pero no en el sector extensivo.

En cuanto a la falta de agua para proveer al ganando en los montes, algo que han denunciado los sindicatos, ha recordado que la semana pasada en el Consejo Agrario acordaron que se trataría en una mesa específica a partir de septiembre y que los ayuntamientos son los responsables del abastecimiento de agua. Esto no ha gustado al sindicato alavés UAGA, que ha alertado de lo que están sufriendo las pequeñas explotaciones la falta de agua y piden “soluciones más urgentes”. “Una nueva reunión en una semana resta tiempo”, dicen desde el sindicato. “Se nos emplaza a otra semana más. Tenemos necesidad de agua y necesidad de comida y no tenemos respuestas, por lo menos a corto plazo”, protestan. En parecidos términos se ha expresado ENBA, que ha destacado que “los más urgente y grave es conseguir comida para el ganado que está sufriendo”. “La necesidad de alimentación para el ganado es generalizada, pero la problemática es muy diferente según el subsector, bien por diferencias de manejo, bien por falta de infraestructura en la explotación, si bien la situación es más acuciante en la ganadería extensiva”, precisan.

Por lo que respecta a la posibilidad de acordar subvenciones, la consejera ha afirmado que “no es el momento de hablar de ayudas” porque ha considerado que la situación es “una alerta inicial”. Por ello, se están monitorizando los sectores para ver cuáles van a estar más afectados a final de año y, en función de ello, la Administración tomará una decisión.

Euskadi ha perdido un 45,4% de las explotaciones ganaderas dedicadas a carne de vacuno de Eusko Label desde el año 2020. Ese año, justo en el arranque de la crisis de la COVID-19, había 662 explotaciones con 37.971 cabezas de ganado dedicadas a la producción de carne de Eusko Label, mientras que al cierre de mayo de este año hay 455, con 27.806 cabezas de ganado, según se desprende de una información enviada al Parlamento Vasco a petición de la parlamentaria del PP, Ana Morales.

Aunque en ese periodo cae el número de explotaciones de ganado vacuno en general, la reducción no es tan espectacular como en las que se dedican a la producción de carne que lleva el sello de calidad del Gobierno vasco. En concreto, en estos seis años las explotaciones de ganado vacuno en general han pasado de 4.653 a 3.986, lo que supone una reducción un 6,67%, una caída mucho menos acusada que la que ha afectado al Eusko Label. Pero además, también desciende el porcentaje de las explotaciones que se adhieren dentro de las generales, pasando de un 14,22% del total en 2020 hasta el 11% de explotaciones actuales dedicadas a carne con el sello de calidad, sobre las explotaciones totales.

Pese a estos datos, que muestran una caída significativa de los ganaderos que opta por la producción de carne de Eusko Label, sujeta a unas condiciones de calidad mucho más estrictas, y, por lo tanto, más costosas, el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, que dirige Amaia Barredo, ha considerado que esta cifra de 455 explotaciones, 207 menos que hace seis años, significa que el certificado con Euskolabel “mantiene una evolución estable en Euskadi y consolida un modelo de producción basado en el origen, la calidad y el valor añadido”.

En su valoración, el departamento ha obviado la caída respecto al año 2020, para destacar sólo la “estabilidad” respecto al año 2025. El año pasado había 467 explotaciones frente a las 455 de este mes de mayo, aunque habrá que esperar a cierre del año. “El número de cabezas de ganado Euskolabel apenas ha variado respecto al cierre de 2025 y el número de explotaciones adheridas se mantiene por encima de las 450, consolidando una red de productores comprometidos con la calidad y el origen”, han señalado desde el Departamento.

“Detrás de estos datos hay ganaderos que han apostado por diferenciarse a través de la calidad. Ese es el camino que queremos seguir impulsando desde el Gobierno vasco”, ha insistido Barredo, que ha indicado que el sello de Eusko Label “continúa siendo una herramienta estratégica para mejorar la competitividad de las explotaciones, garantizar el origen y la calidad del producto y responder a una demanda creciente de alimentos de proximidad”.

Pese al empeño del departamento en destacar la estabilización relativa respecto al año pasado la realidad muestra un descenso progresivo de las explotaciones que se da en los tres territorios. En Álava las explotaciones de Eusko Label han pasado de 119 en 2020 a 77 en 2026, mmientrasque las de vacuno en general se ha reducido de 587 a 567; en Bizkaia había 171 explotaciones de Eusko Label hace seis años y ahora hay 121, mientras que el vacuno en general ha pasado de 1.967 a 1.646 explotaciones; por su parte en Gipiuzkoa el Eusko Label ha pasado de 372 a 257 explotaciones, mientras que las explotaciones de vacuno en general han pasado de 2.099 a 1.773.

Los Gobiernos central y vasco han acordado este lunes la transferencia a Euskadi de nuevas materias pendientes del Estatuto de 1979. A falta de que se cierren los acuerdos más relevantes, los relativos a la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, se traspasarán los seguros agrarios, con la que el Gobierno de Euskadi gestionará las subvenciones para que los agricultores contraten las pólizas para sus explotaciones, y también han ratificado una ampliación de la transferencia de Tráfico en lo relativo a la autorización de los centros de reconocimiento de aptitudes psicofísicas de los conductores.

Así lo ha explicado este lunes la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, en declaraciones a los periodistas, después de la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias que ha mantenido en Madrid con la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez. “Estamos dos peldaños más cerca de culminar el Estatuto de Gernika”, ha celebrado tras una reunión en la que también han estado presentes el consejero de Hacienda y Finanzas, Noel d'Anjou, y la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

En cuanto a la transferencia de seguros agrarios, la consejera vasca ha explicado que permitirá al Gobierno de Euskadi gestionar directamente las subvenciones para que los agricultores y ganadores contraten las pólizas para sus explotaciones. Ubarretxena ha cuantificado en 2.535 pólizas las que se suscribieron en el último ejercicio, que protegen una superficie total de 60.500 hectáreas con un coste aproximado de 2,8 millones de euros.

Por tanto, el Gobierno vasco comenzará a asumir este traspaso a partir del 1 de enero de 2028, que será la fecha en la que se empezará a hacer cargo de esas cantidades. “Lo haremos en contacto permanente con los profesionales del sector agrario y ganadero vasco, lo que va a garantizar una atención mucho más cercana y mucho más adaptada a sus propias necesidades”, ha apuntado. El ajuste estimado en el cupo por la asunción de estas funciones asciende a 17,3 millones de euros, tal como ha desgranado.

El otro pacto alcanzado este lunes tiene que ver con la ampliación de funciones en materia de Tráfico y seguridad vial, que se suman a las capacidades que ya desempeña el Gobierno vasco desde 1982. En concreto, a partir del 1 de enero de 2027, comenzará a gestionar la autorización, inspección y sanción de los centros donde se realizan los exámenes psicotécnicos para obtener o renovar el carné de conducir y los centros de sensibilización y de reeducación vial en los que se imparten los cursos para recuperar puntos. En cuanto a la financiación de estas funciones, se cubrirá a través de las tasas y derechos que Euskadi va a percibir por la gestión de los centros.

Ubarretxena ha recordado que queda algo menos de un mes y medio para la reunión bilateral a la que se comprometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el lehendakari, Imanol Pradales. “Los plazos aprietan y el pacto obliga”, ha apostillado. Por ello, ha explicado que ahora mismo están inmersos en la negociación sobre algunas de las materias “de mayor calado” que quedan pendientes, como el ámbito de la Seguridad Social, la asunción de Fogasa o una mayor capacidad de gestión portuaria, aunque en este caso también es una transferencia ya realizada hace décadas.

En cuanto al traspaso de la Seguridad Social, Ubarretxena ha reconocido la “complejidad” que conlleva esta transferencia y ha sostenido que actualmente están centrados en la materia de control y tutela de las mutuas colaboradoras. “Uno de los aprendizajes más valiosos en estos dos años que llevamos negociando con el Estado es que la complejidad técnica y la administrativa siempre se supera cuando hay voluntad política y con mucho trabajo, tesón y esfuerzo por parte de los equipos negociadores”, ha sentenciado.

El Gobierno de Imanol Pradales cumple ya dos años, la mitad de la legislatura. Es una coalición de PNV y PSE-EE que tienen sus tiras y aflojas, sus idas y venidas. Ahora, oficialmente, los socios están en tregua. Pero en los próximos días volverán a separar sus caminos en lo tocante a la reforma de la normativa del euskera en el empleo público, como antes han chocado en Vivienda, en política migratoria o en otras materias. elDiario.es/Euskadi repasa, uno por uno, los hitos principales del lehendakari y de sus quince consejeros.

Imanol Pradales

Lehendakari (PNV)

El lehendakari, dos años después, es el político vasco más valorado. El Sociómetro le da una nota de 5,8 sobre 10, que además ha ido creciendo en los últimos meses conforme avanzaba el mandato. Pradales, poco a poco, va esculpiendo su propio perfil. Está cuidando mucho la política internacional, con el hito de la visita del presidente de Alemania a finales de 2025, Frank-Walter Steinmeier, quien pidió disculpas por el bombardeo nazi de Gernika en 1937. También ha querido rescatar el alma más católica del PNV, con dos encuentros con el papa León XIV esta primavera, uno en el Vaticano y otro en Canarias, una carta a los obispos para prometerles remar juntos y la asistencia a eucaristías. Ha repetido que el nuevo pontífice es uno de sus faros. En materia migratoria, Pradales insiste, eso sí, en que los migrantes tienen “derechos”, pero también “obligaciones”. Lo planteó el discurso de Navidad y lo volvió a repetir en las entrevistas en ETB por el segundo aniversario: “Este país tiene una identidad, una lengua y unos valores que queremos seguir preservando”. El lehendakari entiende que la situación en España tiene una “pinta horrorosa” por las investigaciones de corrupción que se suceden, pero, tirando de pragmatismo, asegura que mientras Pedro Sánchez siga en el Gobierno tiene que ser aprovechada la ventana de oportunidad. En julio espera celebrar una reunión para cerrar acuerdos pendientes, como el del traspaso completo de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. ¿Y la reforma del Estatuto? Supuestamente, PNV y PSE-EE lo negocian con EH Bildu. Se anunció para junio algún movimiento por parte de Pradales que aún no ha llegado.

Ibone Bengoetxea

Vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística (PNV)

Tras unos primeros meses con un perfil más bajo, Bengoetxea ha reforzado su peso político en el segundo año. En estos meses, ha encabezado la fallida petición de que el 'Guernica' de Pablo Picasso pueda exhibirse en el Guggenheim de Bilbao temporalmente por el nonagésimo aniversario del bombardeo nazi. Igualmente, ha quedado enterrado el intento de levantar un nuevo Guggenheim en Urdaibai, el mismo que iba a hacerse “sí o sí”, según el PNV. Asimismo, sigue abierto el debate sobre la reforma legislativa para blindar las exigencias de euskera en las oposiciones a raíz de la cascada de fallos judiciales. El asunto ha generado una brecha con el socio de Gobierno, el PSE-EE, y la propuesta del PNV solamente prosperará si EH Bildu lo permite. Bengoetxea ha amagado con regularlo por decreto si esa vía falla. En materia de deportes, la selección vasca de pelota compitió oficialmente -y se enfrentó a la de España- y se ha abierto el melón de la oportunidad de organizar la Copa del Mundo de fútbol masculina de 2030 en Bilbao y Donostia.

Mikel Torres

Vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo (PSE-EE)

Torres también ha ganado en peso político como cabeza de la parte socialista del Gobierno de coalición y ha empezado a cuestionar algunas decisiones del socio, como recientemente lo tocante a la nueva reforma fiscal de Bizkaia, un papel antes reservado en exclusiva a Eneko Andueza. Su cartera, Economía, Trabajo y Empleo, tiene funciones relevantes, pero, si se completan las transferencias pendientes, las tendrá aún más. Ha ganado ya lo relativo a las autorizaciones laborales de trabajadores extranjeros, en 2027 Lanbide integrará las políticas activas y la RGI/IMV con las prestaciones y subsidios de paro con la desaparición del SEPE estatal y se negocia que Euskadi asuma también el pago de pensiones, unos 12.000 millones anuales. En materia laboral, Torres defiende que Euskadi tiene “bases sólidas” con la cifra más alta de cotizantes a la Seguridad Social de la historia, por encima del millón. “Pero tenemos que hablar menos de las cifras de empleo y más de la calidad”, asume. La mayoría sindical sigue fuera de los foros de diálogo social.

Noël d'Anjou

Hacienda (PNV)

En contraste, D'Anjou sale bien parado. En junio ya ha empezado a preparar los presupuestos de 2027. El Parlamento Vasco los aprobará en tiempo y forma, antes de que acabe el año. Serán los terceros en tres años de legislatura. Es algo impensable en España, que tuvo en 2022 su último debate presupuestario y que sigue con los de 2023 prorrogados. Más allá de eso, D'Anjou ejerce una suerte de bicefalia con Torres en lo tocante al liderazgo de la política económica. Técnicamente, las previsiones son cosa del PSE-EE, que además controla el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. Está por ver la ejecución real de la gran inyección de 1.000 millones para proyectos del pasado año, que además iba a venir completada con 3.000 de capital privado.

María Ubarretxena

Portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno (PNV)

Ubarretxena puede colgarse la medalla de haber visto cómo el Parlamento ha aprobado, tras tres intentos fallidos en otras tantas legislaturas, la primera ley vasca de Transparencia. Euskadi deja de ser la única comunidad autónoma sin ese mecanismo. Y no sólo es poder obtener información, sino poder denunciar prácticas irregulares. “Todas las personas que deseen denunciar tendrán la oportunidad de hacerlo y su anonimato y su protección estarán garantizados”, explicó en una entrevista con este periódico. Ubarretxena es, además, la principal negociadora con el Estado de las transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Está en el aire aún la más relevante, la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, pero ya ha habido otros acuerdos relacionados, como el de las prestaciones del paro o el del seguro escolar. Dio mucho que hablar, igualmente, la negociación para la creación de un órgano bilateral con el que las instituciones vascas puedan tener voz en la gestión de los aeropuertos, aunque Loiu, Hondarribia y Foronda siguen siendo de titularidad estatal.

Más información: Entrevista con María Ubarretxena

Mikel Jauregi

Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (PNV)

Jauregi tiene pendiente, y es una herencia de otras legislaturas, el denominado PTS de renovables, el documento que ordenará de manera definitiva el despliegue de parques solares y eólicos. Ahora, se multiplican las propuestas y se van analizando una a una, no sin contestación social. Euskadi está ultimando el primer proyecto con molinos de viento en veinte años. Es una comunidad muy dependiente en lo energético y con un 'mix' con mucho menos peso verde que el entorno. El consejero ha acuñado el concepto 'cuadrilla' para definir a la suma de esfuerzos públicos y privados para participar en proyectos empresariales. El gran hito fue la recuperación de la sede social de Talgo de la mano de José Antonio Jainaga, de Sidenor. Fue elegido empresario del año sin importar su investigación en la Audiencia Nacional por las ventas a Israel. En Nochevieja, al filo de las campanadas, la 'cuadrilla' recuperó la antigua Ibermática. Más dolores de cabeza está ofreciendo Tubos Reunidos, ahora en concurso de acreedores. El PNV insiste en que la SEPI estatal, su principal acreedor, propicie una quita de la deuda, 112,8 millones de principal y 40 en intereses, pero ese rescate otorgado en 2021 está siendo investigado por sospechas de corrupción. Hasta la empresa ha admitido que pagó unas cantidades al expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.

Bingen Zupiria

Seguridad (PNV)

El final de su segundo año ha estado marcado por las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu tras la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Zupiria hasta empleó el inglés para insistir en que es algo que no tenía que haber ocurrido. Eso sí, a la vez insiste en que hay un humus en la sociedad vasca que no acata la autoridad de la Policía. Este debate sobre el “modelo policial” se repite periódicamente. Sigue pendiente, eso sí, que la Ertzaintza alcance la plantilla prometida de 8.000 efectivos, comprometida desde 2004. En los últimos meses, la situación sindical en la Policía vasca ha dado un vuelco con la victoria de Euspel en las elecciones internas y el desplome de Erne. Y la academia de Arkaute ha vivido su particular crisis con la salida de Miren Dobaran y la necesidad de rescatar a Jon Goikolea.

Begoña Pedrosa

Educación (PNV)

Las propuestas de fusiones de centros públicos y cierres han acarreado los momentos más controvertidos en los últimos meses para Pedrosa. Familias y sindicatos han lanzado críticas. Los motivos esgrimidos son la caída de la natalidad y la necesidad de optimizar recursos, pero también seguir reduciendo la brecha de segregación entre colegios. La consejera logró la paz social con los sindicatos de la red pública en 2025, logrando un acuerdo valorado en 100 millones que ponía fin a lustros sin convenio. Pero ahora están empezando a avisar de retrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En Euskadi, casi el 50% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada. Finalmente, este año se ha conocido la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia sobre los problemas en el servicio de transporte escolar en la pasada legislatura. Han multado con 900.000 euros a 31 empresas por “boicotear” al Gobierno vasco para ganar más con los autobuses.

Más información: Entrevista con Begoña Pedrosa

Denis Itxaso

Vivienda (PSE-EE)

El reciente Sociómetro es contundente: la vivienda es el primer problema de la sociedad vasca y, además, apenas un 8% confía en las políticas del Gobierno vasco. Itxaso es un consejero omnipresente. Insiste en que está en actitud de “combate” y que la emergencia habitacional “tiene solución” si se toman medidas. En diciembre llegó la reforma legislativa con cambios en varias normas para agilizar la construcción de vivienda y ahora ya hay una nueva reforma anunciada. En medio, aprobó un decreto “urgente” con medidas que han tenido tirón -como las mejoras de las prestaciones para jóvenes Gaztelagun- pero que tardó más de un año en ser una realidad. “Lo lamento muchísimo. Hemos puesto alma. Hemos trabajado a destajo. Muchos informes. Al final tenemos una burocracia que nos hace polvo”, alegó. La cartera de Vivienda es del PSE-EE, aunque el PNV busca lanzar sus propios planes, como la línea de avales a la compra de casas de hasta 400.000 euros o las ayudas Emantzipa, paralelas a Gaztelagun. A la vez, son recurrentes las tensiones con EH Bildu, principal fuerza de la oposición y que lidera decenas de municipios.

Alberto Martínez

Salud (PNV)

Si el estado de salud de Osakidetza era el gran problema heredado de la pasada legislatura, ya no lo es. Pero el segundo año de Alberto Martínez ha sido mucho más tortuoso que el primero. Hace un año, por ejemplo, logró la fotografía del denominado Pacto Vasco de Salud, pero sin la mayoría sindical y, sobre todo, con un gran cambio de caras en su equipo a las pocas semanas. Se fue el viceconsejero, Enrique Peiró, y la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna. Apenas duraron un año en el cargo. En enero, además, tuvo que hacer frente a la crisis de las vacunas caducadas, que parece tener una pequeña réplica cuyo alcance se desconoce ahora en junio. Sin embargo, lo que más tiempo ocupa a Martínez es la huelga intermitente de médicos que está obligando a posponer consultas y que ha echado por tierra la mejora de la lista de espera quirúrgica tras los años de la pandemia de COVID-19. El consejero ha liderado a sus colegas de otras comunidades en una cruzada contra la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, a la que acusa de no sentarse a negociar un estatuto marco propio para los facultativos.

Nerea Melgosa

Bienestar, Juventud y Reto Demográfico (PNV)

El año de Melgosa ha estado marcado por la reforma legislativa exprés y por la anunciada aprobación de un decreto -que técnicamente aún no ha llegado- para endurecer el control de los campamentos de verano a raíz de la veintena de denuncias de violencia sexual conocidas el pasado año en torno a la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo. Asimismo, se han aprobado las mejoras en las ayudas por crianza, 200 euros mensuales que ahora se cobrarán durante cuatro años y no durante tres. Se mantiene la posibilidad de que las perciban quienes han inscrito a un bebé nacido por gestación subrogada, una práctica no legal en España. Melgosa es también la consejera competente en materia de migración y ha mantenido firme su 'no' al centro de refugiados de Vitoria que proyecta al Estado. Al PNV le da igual que las plazas vayan a ser 120 y no las 350 inicialmente planteadas.

Susana García Chueca

Movilidad Sostenible (PSE-EE)

Sin noticias sobre si la 'Y vasca' se conectará con Pamplona por Vitoria o por Ezkio/Itsaso y sin fecha para el estreno de los trenes de alta velocidad cuando se cumplen veinte años del inicio de las obras, García Chueca podrá inaugurar en breve el nuevo Topo de Donostia -aunque empiezan a florecer los titulares sobre los millonarios sobrecostes-, la 'metrización' del servicio. También se ha desbloqueado la línea 4 del metro de Bilbao, la de Rekalde, iniciado una nueva ampliación del tranvía de Vitoria, la de Zabalgana, y anunciado que las líneas de Cercanías de Renfe, ya gestionadas por el Gobierno autonómico, pasarán a llamarse en algún momento Lottu. En cartera hay más proyectos en estudio, como la llegada del Topo no ya a Hendaya sino a Baiona o una ampliación más del tranvía de Vitoria hasta el Fernando Buesa Arena. Se ha posicionado en contra de que el puerto de Pasaia pierda la etiqueta de infraestructura de “interés general”, como plantea el PNV, para que sea transferido y gestionado por las instituciones vascas.

Entrevista con Susana García Chueca

Juan Ignacio Pérez Iglesias

Ciencia, Universidades e Innovación (PNV)

Hay un nuevo rector en la EHU, la Universidad pública vasca, Joxerramon Bengoetxea, y un exrector al frente de la cartera de Universidades del Gobierno vasco. Y los últimos meses han sido de enfrentamiento. El más fuerte, en otoño de 2025, tuvo como eje de la discusión en torno a la financiación. “¿Se trata quizás de enmascarar la ausencia de un proyecto académico? ¿O de ocultar la incapacidad para ejercer la responsabilidad y tomar decisiones presupuestarias difíciles? [...] Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político”, llegó a escribir el consejero sobre Bengoetxea. Pero ha habido más. El cierre en febrero del campus de Vitoria por un acto de Vox y recientemente las correcciones de la Selectividad han motivado encontronazos que no se habían visto cuando en el rectorado de Leioa había personas más afines al Gobierno. Los avances de Donostia como capital de la computación cuántica han sido noticia este año. Pérez Iglesias es el único consejero independiente, aunque participa en los actos del PNV, el partido que le propuso para el cargo.

Javier Hurtado

Turismo, Comercio y Consumo (PSE-EE)

El consejero que más años lleva de continuo en el mismo cargo ha ganado peso político ya que, desde 2025, es también el líder de su partido en Álava. Aunque la medida es foral, sí puede sumar a su haber que esté ya aprobada la denominada 'tasa turística', en realidad un impuesto más que grava las estancias y que es variable en función del tipo de alojamiento. No está en vigor, porque tienen que desarrollarla los municipios, pero lo estará en 2027. Tramita una reforma legislativa sobre el sector, aunque su principal medida, la de prohibir más apartamentos turísticos en zonas tensionadas, ya está en vigor por otra vía, la normativa de Vivienda. Hurtado ha manifestado con insistencia su deseo de “desestacionalizar” y “descentralizar” el flujo de visitantes, esto es, que no se concentren ni en el mismo punto ni en la misma época del año. Donostia, con nuevo alcalde, es siempre el centro de las miradas en este debate.

Amaia Barredo

Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca (PNV)

La consejera Barredo ha puesto mucho empeño en llevar cajeros a zonas con poca población y ha inaugurado el nuevo edificio del Basque Culinary Center de Donostia, el conocido como GOe, y puesto las primeras piedras de las dos sedes de EDA, en Vitoria y en la Rioja Alavesa. Pero también se ha visto obligada a retocar la normativa de pesca de la angula o la de asignación de amarres en los puertos deportivos, donde hay que buscar 774 'aparcamientos' para cubrir la lista de espera y, a la vez, sentencias desfavorables por la gestión de la sociedad portuaria EKP. En 2026, se han convertido en firmes también las sentencias sobre el proyecto Valogreene Paper de Bergara anulando la autorización firmada por Barredo cuando era viceconsejera. Han sido cuatro las resoluciones del Tribunal Supremo, aunque la vía penal quedó cerrada. Y hay más sentencias: en Semana Santa se conoció la condena al dueño de la empresa La Gilda del Norte por delitos contra trabajadores extranjeros, a los que tenía sin dar de alta y obligaba a esconderse en caso de inspecciones. A los pocos días, fue una de las marcas invitadas al pabellón de Euskadi de la feria Salón Gourmets de Madrid.

María Jesús San José

Justicia y Derechos Humanos (PSE-EE)

Si de presentación de proyectos se trata, San José ya puede dar por cumplida la apertura de la nueva cárcel de Donostia, la de Zubieta. Eso sí, ha acumulado años de retraso imputables al Gobierno central, el responsable de las obras. Pero no es ése el principal foco de titulares en lo tocante a la gestión penitenciaria. Las flexibilizaciones de grado y semilibertades concedidas a presos de ETA le han granjeado las críticas de la oposición de derechas y de asociaciones de víctimas, sobre todo en los casos de exdirigentes como Soledad Iparragirre 'Anboto' o Garikoitz Azpiazu 'Txeroki'. Siempre ha defendido que se está cumpliendo con la legalidad y que se siguen criterios técnicos. En algunos casos, la Justicia ha enmendado las decisiones adoptadas. Menos eco ha tenido que se haya concedido la semilibertad a los cuatro excargos del PNV encarcelados por corrupción en el marco del 'caso De Miguel' sin que hayan llegado siquiera a la mitad de la condena efectiva. Eso sí, fue contra el criterio de Prisiones y por orden judicial. En materia de Derechos Humanos, fue muy simbólica la petición de “perdón” por los GAL viniendo de un equipo socialista y se han hecho actos para exponer el sufrimiento causado por ETA entre jóvenes o para conmemorar aniversarios, como el quincuagésimo de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

El Gobierno vasco ha anunciado este viernes un plan de modernización del puerto de Donostia con una inversión total de 2,5 millones de euros. En realidad, la primera fase de las obras ya está en marcha con la construcción de las nuevas escaleras del embarcadero.

Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, ha señalado que el proyecto se distribuirá en tres obras que se esperan tener acabadas para 2028. Han empezado con las escaleras, seguirán con el muelle central –conocido como ‘Moya’– y terminarán el proyecto con el muelle del Real Club Naútico. Barredo ha defendido estas intervenciones como una respuesta frente al desgaste de las infraestructuras provocado por el mar y el “intenso uso ciudadano”. A su vez, el alcalde donostiarra, Jon Insausti, explicaba que estos trabajos “prepararán al muelle para el futuro”, aludiendo a los cambios climáticos.

Sobre los trabajos durante este verano, cuentan con un presupuesto de 107.343 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Barredo ha explicado que, actualmente, se está trabajando las escaleras en los talleres y que se espera instalarlas una vez terminadas. Aunque se trabaje fuera de la vía pública, su acceso se encuentra cerrado. A esto, la consejera ha argumentado que la situación de deterioro de las escaleras hacía que el cierre tuviera que ser “inminente” para garantizar la seguridad. Como alternativa para los usuarios, se mantienen habilitados un acceso lateral de escaleras y las rampas de la playa situadas a escasos metros. 

Una vez instaladas las nuevas escaleras, la planificación continuará a principios de 2027 con el refuerzo de la ‘Moya’. Con una inversión de 1,1 millones de euros y nueve meses de obras, se intervendrá en los 362 metros de esta infraestructura que separa la dársena pesquera de la deportiva. Los trabajos técnicos contemplan el refuerzo de la cimentación, la consolidación estructural y la reparación de los paramentos de piedra natural dañados por el uso constante.

Por último, se deja la actuación de mayor envergadura económica, superior a los 1,34 millones de euros. Se iniciará en el primer trimestre de 2028 para rehabilitar integralmente el muelle del Real Club Náutico. El proyecto abordará procesos de erosión y socavación en 100 metros de muelle afectados por el oleaje de la bahía de La Concha. La consejera ha añadido que, además de renovar pavimentos, se prevé recuperar elementos de mampostería para devolver el entorno a su “estado natural” y eliminar capas de cemento previas.

Insausti ha destacado el puerto de Donostia como “un punto de encuentro”; “un lugar con identidad”. Por ello, ha agradecido la implicación del Gobierno vasco, insistiendo en que las alianzas entre instituciones consiguen mejoras eficientes. Según el alcalde, las obras se realizarán con “sumo cuidado” para preservar la “personalidad” de un espacio que explica la historia de la ciudad.

Euskadi tiene competencias portuarias de 1982, con excepción de las instalaciones de “interés general”, Pasaia y Bilbao, que son del Estado. El programa de actuaciones en la capital guipuzcoana se integra en una estrategia más global de la Administración autonómica para modernizar dársenas frente al cambio climático. Así, también se trabaja en el recrecimiento de Bermeo y Ondarroa, así como en el refuerzo de la zona pesquera de Getaria. De la misma forma, en Orio se avanza en la rehabilitación del muelle y en la creación de un nuevo vial de acceso a la zona de las Rederas.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, que gestiona también la competencia de Puertos, ha anunciado este martes que para “finales” de 2026 estará listo el nuevo sistema de reparto de amarres en las instalaciones de gestión autonómica, que son 17. Han sido años de controversias y recursos judiciales, particularmente en Donostia, donde hasta tres sentencias judiciales han tumbado las últimas asignaciones, de 2021.

La sociedad autonómica EKP, que controla los puertos deportivos de titularidad autonómica, dispone de 3.343 plazas de amarre. La lista de espera es de 2.318 personas, aunque se ha hecho una “depuración” para conocer las necesidades reales. Se han enviado 2.221 cartas, 1.092 han respondido y se estima que es necesaria una ampliación de 774 'plazas de aparcamiento' para embarcaciones. La fórmula que se buscará es la denominada “marina seca”, es decir, habilitar espacios en tierra, y fondeos en zonas no portuarias aprovechando que desde 2025 el Gobierno vasco tiene también competencias sobre Costas y gestión del litoral.

Barredo, que entiende que el borrador del nuevo reglamento podría estar listo para finales de junio y aprobado antes de que acabe al año, confía en que el nuevo sistema sea menos “conflictivo” que el anterior, dado que se ha hecho tras reuniones con los amarristas y con los que están en lista de espera. Con todo, antes se tendrán que ejecutar las sentencias que anularon las adjudicaciones en Donostia y que apuntaban a que se modificaron los criterios durante el proceso, lo que generó perjuicios. La consejera ha prometido que será un proceso ordenado.

Entre los cambios ya confirmados, Barredo expone que habrá un nuevo cupo con entre un 40% y un 70% de plazas para personas del entorno del puerto, un ámbito que aún no se ha encontrado. Podría ser el municipio o incluso la comarca. Igualmente, como hay un volumen alto de amarristas mayores de 80 años, se evitará darles licencias de quince años y se buscarán fórmulas más cortas, de tres años ampliables hasta los cinco.

Las sentencias sobre los amarres se sumaron a otras controversias en torno a la sociedad EKP. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, indicó que nunca se habían sacado a concurso las compras de suministros como gasóleo, seguros o comunicaciones en los puertos de gestión autonómica, como ha ido publicando este periódico. Esas adjudicaciones directas han acumulado cientos de miles de euros. En paralelo, Barredo relevó a la que había sido directora de EKP durante más de una década, la dirigente del PNV guipuzcoano Edurne Egaña, aunque la recolocó como asesora.

Según Barredo, ya se han dado todas las “explicaciones” sobre la gestión de EKP. Cree que “las cosas se podían haber hecho mejor” pero que, en general, se han hecho “correctamente”. “No hay nada que criticar, aunque sí que mejorar”, ha dicho la consejera preguntada por los periodistas en relación a si es necesaria alguna autocrítica por la llevanza de EKP en los últimos años.

Euskadi tiene competencias en materia portuaria desde hace más de cuatro décadas, aunque recientemente se haya extendido en el debate público que es una transferencia “pendiente” del Estatuto de 1979. La comunidad autónoma gestiona las instalaciones que no son de “interés general”, es decir, todas salvo las de Bilbao y Pasaia. En estos casos, el Gobierno vasco propone a sus responsables, aunque forman parte de la red del Estado. El PNV demanda la retirada de la calificación de “interés general” de Pasaia para poderlo gestionar en su totalidad, pero el PSE-EE y el Gobierno central ya lo han rechazado.

En abril, después de años de espera, trascendió que la empresa española Sea Eight iba a ser la que criara lenguados en las antiguas instalaciones de la central nuclear de Lemoiz, que nunca llegó a ponerse en marcha. Se creará una filial llamada Aquacría Basordas y se ha anunciado una inversión del entorno de los 170 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno vasco descartó para Lemoiz otro proyecto de piscifactoría, en este caso de cría de salmones. Estaba detrás un grupo noruego llamado Haugland. El proyecto incluía la “demolición” de las instalaciones existentes.

A instancias del representante del PP Álvaro Gotxi, el Ejecutivo de Imanol Pradales ha enviado al Parlamento Vasco documentación sobre el proyecto para Barasorda -Euskaltzaindia ha determinado que es un mejor topónimo que Basordas- y por qué se eligió a Sea Eight. En marzo de este año, el viceconsejero de Pesca, Puertos y Litoral, Leandro Azkue, del equipo de Amaia Barredo, emitió un informe valorando los dos proyectos, el de los lenguados y el de los salmones. El segundo planteaba más producción, más inversión, más puestos de trabajo y más solvencia empresarial, pero también la “demolición de instalaciones existentes” para la generación de su piscifactoría, lo que le penalizó.

Ese informe entregado al Parlamento indica que Haugland planteaba que salieran de Lemoiz 25.000 toneladas anuales de salmón, por las 3.000/4.000 de lenguado de Sea Eight, más “7,5 millones de alevines”. Su “inversión estimada” era de 350 millones, siete veces más que los 54 comprometidos por Sea Eight, que tiene otras plantas en la cornisa cantábrica. Esta cifra de 54 millones está muy lejos de los 170 anunciados en la rueda de prensa y el Ejecutivo pide tiempo para que madure el plan para detallar la factura concreta. Igualmente, con los noruegos se podían llegar a tener 250 empleos, y ahora se barajan alrededor de 190.

La evaluación fue encargada a las sociedades públicas Azti (centro de investigación marina) y Sprilur (actual Azpilur, dedicada a suelo industrial) y midió tres apartados. En dos de ellos ganó claramente el salmón al lenguado, en los del proyecto acuícola y el impacto socioeconómico. Sin embargo, en el capítulo relativo al “aprovechamiento” de las instalaciones arrasó Sea Eight. En total, la compañía española obtuvo 76,01 puntos por 64,82 de los noruegos.

Añade el Gobierno que desde el 20 de mayo Azpilur ya es titular de la antigua central nuclear y que el Ayuntamiento otorgó en julio de 2025 licencia municipal de obras para refuerzo del dique y otras tareas. Se estima que esas obras, adjudicadas a Bycam y Sato, estarán listas en noviembre. Se han destinado 2,5 millones. Se estima que los primeros pescados “made in Euskadi” puedan degustarse hacia 2030.

“Durante demasiado tiempo este espacio ha permanecido detenido, vinculado al pasado, a una historia difícil, a un presente congelado y a una enorme dificultad para encontrar una salida viable. Ahora se abre una nueva etapa que no pretende borrar lo ocurrido, sino dar respuesta responsable a una realidad compleja. Con un proyecto que recupera actividad, genera empleo y atrae innovación; un proyecto relevante de país, pero que no agota desde luego el futuro de este ámbito. Es el primer paso para empezar a desbloquear el espacio”, manifestó hace unos días, en el Parlamento Vasco, la consejera Barredo, titular de la cartera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

Añadió, en todo caso, que en ese lugar estará presente la memoria de las víctimas. En Lemoiz hay unas 170 hectáreas de hierro (mil toneladas) y cemento (ocho millones de metros cúbicos) que quedaron allí en 1984 cuando se decidió no continuar con la puesta en marcha de la central nuclear, proyectada en 1972, en pleno franquismo. Fue una decisión muy condicionada por la amenaza terrorista de ETA, aunque la infraestructura generó también una importante contestación social. “No podemos ni queremos olvidar a José María Ryan, Ángel Pascual, Andrés Guerra, Alberto Negro, Ángel Baños y Gladys del Estal”, enumeró Barredo, citando a cinco hombres asesinados por ETA y a una mujer tiroteada por la Guardia Civil en una protesta en Tudela celebrada tal día como este miércoles hace 47 años.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, ha justificado la presencia de la empresa Agricultura Creativa 2015 (más conocida por la marca La Gilda del Norte) en el 'stand' del Gobierno vasco en la feria gastronómica Salón Gourmets, celebrada en Ifema a los pocos días de que la Audiencia Provincial de Bizkaia emitiese una condena penal contra el dueño, F.J.G.Á., por vulneración continuada de los derechos de los trabajadores extranjeros. Barredo, en respuesta a preguntas de la oposición por los hechos adelantados por este periódico, insiste en que el falló “no es firme” y en que, por lo tanto, toca respetar la “presunción de inocencia” de La Gilda del Norte.

“Se trata de hacer compatibles dos planos igualmente esenciales del Estado de Derecho. Por un lado, la garantía y tutela de los derechos de las personas trabajadoras. Y, por otro, el respeto al derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución española. Ambos principios no son excluyentes, sino complementarios, de manera que la defesa de los derechos laborales no puede articularse mediante la anticipación de efectos propios de una condena que aún no es firme”, argumenta Barredo, que ha atendido preguntas tanto de EH Bildu como de Sumar en relación con La Gilda del Norte.

La Audiencia Provincial de Bizkaia hizo público el 10 de abril que el propietario de La Gilda del Norte había sido condenado a abonar una multa de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma “reiterada”, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Además de la pena de multa, el tribunal ha condenado al acusado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en esta causa por los daños morales causados. No entrará en prisión, eso sí. Y su hija, también responsable de la empresa, queda totalmente absuelta. La condena ha sido recurrida.

El 13 de abril, en el espacio 'Basque Country' gestionado por la sociedad pública Hazi en Ifema, La Gilda del Norte era una de las empresas participantes. El Ejecutivo publicitó que llevaba a 18 firmas “que representan lo mejor de la gastronomía vasca”. Desde la oposición, tanto EH Bildu como Sumar pidieron explicaciones. Los segundos sostenían que se trataba de un “caso grave de explotación laboral”, de una “actuación delictiva de relevante gravedad” y entendían que la compañía “debería ser repudiada también en términos políticos”.

Insiste Barredo en que la sentencia “no es firme” y si “una sentencia recurrible carece de firmeza” tampoco puede “desplegar plenamente” sus efectos. La consejera expone que su incorporación no es por ser “ejemplar”, sino por estar inscrita en un registro y cumplir con los requisitos. Fuentes de La Gilda del Norte añaden que ellos abonaron sus tasas como han hecho en otros eventos en los que han acudido al espacio de 'Basque Country'.

Agrega la consejera del PNV que no solamente no hay “constancia” de una “condena penal firme”, sino que tampoco existe constancia de “sanción administrativa firme”, aunque sí se era “conocedor” el Gobierno de la existencia del procedimiento abierto. Este periódico lleva informando de ello desde 2021 y el juicio fue perfectamente público este año. Se da la circunstancia de que las dos respuestas de Barredo han llegado al Parlamento a las 15.23 horas de este jueves. Siete horas antes, a las 8.31, había entrado en el registro un informe del vicelehendakari Mikel Torres, del PSE-EE, de quien depende la Inspección de Trabajo, que enumeraba tres sanciones por irregularidades laborales.

Dos fuentes consultadas recalcan que no cabe duda de que esas infracciones son plenamente firmes porque incluyeron un reconocimiento de los hechos por parte de la empresa para acogerse a un descuento del 40% en las multas, que son de 6.250, 626 y 626 euros, respectivamente, y que tuvieron a trece, trece y un trabajadores afectados, siempre según la documentación oficial. La empresa niega que esas cifras sean correctas. El equipo de Barredo señala que por “error” se ha indicado que es el Gobierno el que no tenía constancia de las actuaciones de Trabajo cuando en realidad era el Departamento el que lo ignoraba.

Torres, a quien EH Bildu preguntó por La Gilda del Norte, expone que una empresa condenada “podría verse impedida” para estar presente en estos foros, pero dice “desconocer” los “criterios” de Hazi. Añade que “una empresa condenada por un delito contra los derechos de los trabajadores no puede contratar en el sector público”, pero abunda que “para ello la sentencia condenatoria requiere que sea firme”.

El vicelehendakari socialista responde con un lacónico “sí” a la pregunta de si no cree que la “excelencia” de las empresas invitadas a los pabellones del Gobierno vasco ha de “incluir también la excelencia de su empleo y el respeto absoluto a los derechos laborales de las personas migradas”. Preguntado si ha habido alguna queja por parte de Trabajo hacia Barredo por estos hechos, Torres indica que “las discrepancias, cuando existen, se abordan de forma interna y constructiva, ya que lo importante es garantizar que las actuaciones se ajusten al marco normativo y respondan al interés general”.

Portavoces de La Gilda del Norte indican que la empresa “puede seguir contratando y trabajando para cualquier Administración pública, porque como bien dicen los consejeros, tiene que haber una condena contra los derechos de los trabajadores”. “La Gilda del Norte no tiene ninguna condena contra los derechos de los trabajadores, se trata de una sanción por emplear a personas extranjeras sin permiso de trabajo y, de hecho, se ha recurrido”, abundan. El resumen de la sentencia de la jurisdicción penal está en la web oficial del Poder Judicial.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha presentado este lunes oficialmente el proyecto Sea Eight (o Aquacría Basordas, el nombre de la filial) para utilizar las antiguas instalaciones de la central nuclear de Lemoiz, nunca puesta en marcha como tal, como criadero de lenguados. Se trata de una inversión “público-privada” de 170 millones de euros en diez años, que va a generar “unos 200 empleos altamente cualificados de forma directa” y que permitirá “disponer de los primeros lenguados 'made in Euskadi' para el año 2030”, ha explicado desde la zona el propio Pradales, acompañado de la consejera Amaia Barredo y de responsables de Sea Eight, que ya tienen proyectos en otras zonas como Asturias, Galicia o Portugal.

El PNV pactó con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 la cesión de los terrenos de Lemoiz en Basordas y el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez lo ejecutó en 2019. Son unas 170 hectáreas de hierro (mil toneladas) y cemento (ocho millones de metros cúbicos) que quedaron allí en 1984 cuando se decidió no continuar con la puesta en marcha de la central nuclear, proyectada en 1972, en pleno franquismo. Fue una decisión muy condicionada por la amenaza terrorista de ETA, aunque la infraestructura generó también una importante contestación social. Desde el principio se planteó la posibilidad de aprovechar el lugar como piscifactoría, aunque hasta ahora no se había terminado de definir un proyecto y han sido años de idas y venidas, incluso de disputas con el Ayuntamiento de Lemoiz, en manos de EH Bildu.

Pradales ha iniciado su intervención recordando a cinco trabajadores de la entonces llamada Iberduero asesinados por ETA en su campaña contra las instalaciones nucleares. Son José María Ryan, Ángel Pascual, Andrés Guerra, Alberto Negro y Ángel Baños. Se estiman en más de tres centenares los atentados y sabotajes de la banda terrorista contra el proyecto. Ha citado también a Gladys del Estal, venezolana que recibió un disparo de la Guardia Civil en el curso de protesta antinuclear en Tudela, en Navarra.

Según el lehendakari, “la central de Lemoiz evoca un pasado de dictadura, terrorismo y desarrollismo salvaje”. “Es una herencia incómoda y muy compleja que nos corresponde gestionar”, ha señalado. A su juicio, el plan de la mano de Sea Eight -que toma su nombre del que consideran el octavo mar, la actividad de acuicultura en tierra firme- “aspira a ser referente a nivel internacional”. Esta compañía ya tiene proyectos en marcha en otros puntos de la península, tanto en España como en Portugal. Su sede principal está en Gijón.

Lo que se hará en Basordas será “un proyecto integral” de “desarrollo, genética, cría, engorde, preparación y transformación del lenguado” de unos 46.000 metros cuadrados. “Esto es mucho más que una simple piscifactoría [...]. Su producción nace con vocación de seguridad alimentaria y exportadora, y nos permitirá disponer de los primeros lenguados 'made in Euskadi' para el año 2030”, ha dicho el lehendakari, que ha prometido una inversión global de 170 millones de euros -no ha especificado qué parte será pública- y la creación de 200 puestos de trabajo, así como colaboración con universidades, centros tecnológicos y empresas del sector.

Se estima que el proyecto tenga “una capacidad productiva estimada en torno a 3.000 toneladas anuales” de lenguados. Se estima que el proyecto como tal arranque en 2027, que 2029 en se empiecen a criar los primeros peces y que lleguen al mercado, respetando sus “ciclos biológicos”, hacia 2030. Desde Sea Eight han explicado a este periódico que el período total de cuidado de los lenguados es de “unos veinte meses”. Los primeros los tienen en una “maternidad” o “nursery” y después los alevines pasan a la fase de “engorde” hasta que están listos para su comercialización.

Se da la circunstancia de que el pasado año el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, presentó para Gijón de la mano de Sea Eight la “mayor piscifactoría de leguados de Europa” aunque sus cifras eran más modestas que la de Lemoiz, ya que eran 55 millones de inversió y un centenar de empleos. En el acto de Basordas han estado Aritza Rodero, del grupo Atitlan, que es el inversor principal detrás de Sea Eight, y Jaime León, CEO de este proyecto.

“Es hora de abrir un nuevo ciclo para este espacio de Lemoiz. De hacer que sea un símbolo de transformación colectiva, y no la cicatriz de tiempos oscuros. De que salga del pasado, o de un presente congelado, para entrar en el futuro de Euskadi, generando riqueza, proyección y nuevas oportunidades. Éste es el primer paso de un camino largo que debemos recorrer juntos”, ha solemnizado Pradales, que ve “compatible” el Sea Eight con “otros usos e iniciativas que puedan llegar, tanto económicas, como ligadas a la memoria, la cultura o el ocio, desde la escucha, la colaboración y el acuerdo”. “Estamos muy contentos de estar aquí”, ha señalado igualmente la consejera Barredo.

En paralelo, han arrancado ya las obras de un nuevo dique para proteger el espacio. Euskadi asumió en 2025 la competencia de gestión del litoral. Según se informó, tendrán un coste de 2,5 millones de euros. “Los trabajos, que ya han comenzado y se prevé duren 10 meses, incluyen el refuerzo del talud exterior mediante la colocación de 415 bloques de hormigón de alta densidad de 45 toneladas cada uno en 200 metros del dique con daños. Los 100 metros restantes conservan su estructura original de bloques de piedra caliza”, informó en marzo el Ejecutivo.

El condenado por corrupción Alfonso Arriola, excargo del PNV y actualmente alto funcionario en el Gobierno vasco, percibe un salario público de al menos 76.571,36 euros anuales, según los datos facilitados al Parlamento Vasco por la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, en respuesta a una pregunta formulada desde la oposición por la representante del PP Ana Morales. Adicionalmente, Barredo ha informado de que, en el último año, Arriola ha presidido cinco comisiones de valoración de ayudas públicas cuyo montante total asciende a 31,5 millones de euros, el equivalente al 11% del disponible total de la consejera Barredo.

Arriola, aunque fue absuelto de todas las peticiones de entrada en prisión en el marco del 'caso De Miguel', la mayor trama que ha salpicado a excargos públicos y orgánicos del PNV alavés, está cumpliendo formalmente todavía una pena por corrupción. En concreto, hasta marzo de 2027 pesa sobre él una inhabilitación por ser responsable de un delito de prevaricación por haber facilitado desde su posición como gerente del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria, que su compañero de partido Alfredo de Miguel intercediera para manipular adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales. Sin embargo, se determinó que la inhabilitación para ocupar un cargo o empleo públicos se aplicara exclusivamente en sociedades públicas, como lo es Miñano, y no en la Administración general. Gracias a ello, Arriola no sólo ha podido mantener su condición de funcionario del Gobierno vasco sino incluso ascender.

Desde el 13 de marzo de 2025, siempre según la documentación oficial sobre su caso enviada al Parlamento por la consejera Barredo, también del PNV, pasó a ser “responsable del servicio de programas” en el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Tiene como funciones “elaborar informes” sobre política industrial y comercial, “establecer criterios” de la actuación del Ejecutivo, “gestionar programas” de ayudas, “diseñar estrategias” o incluso “asesorar”, señala Barredo. En su momento, se aludió también tareas relacionadas con fondos europeos.

Por todo ello, percibe al menos 76.751,36 anuales, lo correspondiente a su nivel “28 I-A” en el escalafón del personal de Lakua, aunque Barredo no especifica nada sobre posibles complementos por su antigüedad. De hecho, en el momento de la condena, en 2023, 'El Correo' aludió a una cifra superior, a 79.533,36 euros anuales sin que hubiese asumido las nuevas responsabilidades.

El Gobierno admite que, en 2025, Arriola “ha presidido un total de cinco comisiones de valoración correspondientes a distintos programas de ayudas públicas”. En concreto, se trata de los planes Lehiatu Inversión (17,4 millones y 101 beneficiarios), ISV Inversión (2,5 millones y 50 adjudicatarios), Handitu Innova (1,2 millones, cinco perceptores), Handitu Egurra (9 millones para una única solicitud) y Gastrobikain (0,35 millones repartidos en a siete beneficiarios). Es una cifra más alta que las estimaciones que se conocían.

La consejera Barredo explica que la previsión es que Arriola se jubile “en el mes de junio” de 2026 y que, por lo tanto, no tenga que gestionar más ayudas ya. “Las convocatorias [...] se publican habitualmente en primavera y las comisiones de valoración se constituyen en período estival”, indica la titular de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Con todo, señala que las ayudas no las asigna una única persona y que los nombramientos se hacen “de conformidad con lo establecido en las bases reguladoras” de cada convocatoria. Barredo siempre ha insistido en que la posición de Arriola no es de designación política en ningún caso.

El pasado año, cuando este periódico adelantó las nuevas funciones de Arriola, el asunto generó gran debate político. Mientras la consejera Barredo insistía en que Arriola no merecía “cadena perpetua” -llegó a afirmar en el Parlamento Vasco por dos veces que había “cumplido” la condena-, otros dirigentes del PNV, y de mucha relevancia, mostraron una opinión muy contraria. “A mí no me gusta que una persona condenada por un delito de corrupción esté gestionando ayudas. No me gusta”, afirmó el portavoz parlamentario y miembro del Euzkadi Buru Batzar Joseba Díez Antxustegi. Y el propio lehendakari, Imanol Pradales, admitió en una entrevista en 'El Correo' que no era algo “edificante”.

“La zorra en el gallinero”

“Es un escándalo. Es indignante, una tomadura de pelo. Es como meter a la zorra en el gallinero meter a un condenado por corrupción, y encima con el tipo de delito que tenía, de modificar contratos, a presidir una comisión de valoración de adjudicación de ayudas de tanto dinero. Es un nuevo caso de amiguismo orientado a blanquear a condenados por corrupción. Es un descrédito de las instituciones. Lo mínimo que se puede pedir es un Gobierno limpio y que hagan una gestión ejemplarizante”, protesta Morales, del PP, a la luz de la información recibida.

En el 'caso De Miguel', cuatro excargos nacionalistas recibieron penas efectivas de prisión. La más alta, de nueve años, fue para De Miguel, ex 'número dos' del PNV alavés y cerebro de la trama corrupta. También ingresaron en la cárcel sus compañeros en el Araba Buru Batzar Koldo Ochandiano y Aitor Tellería y el exdirector de Juventud del Gobierno vasco Xabier Sánchez Robles. Todos ellos gozan ya de tercer grado sin haber alcanzado la mitad de cumplimiento de su pena. Salvo en el caso de Ochandiano, el resto han logrado la semilibertad contra el criterio técnico de Prisiones. Otros implicados recibieron penas alternativas, como la inhabilitación de Arriola o responsabilidades económicas. En algunos casos, la sentencia sí implicó el despido de sus puestos como empleados públicos.

Todo en las mismas manos: captura, transformación y comercialización del pescado en la misma empresa para que en la cadena que va desde la materia prima hasta el consumidor no se pierda el valor por el camino en detrimento del que está en el eslabón más bajo, en este caso el arrantzale. Las cofradías vascas son la base de la empresa Kofradia Basque Seafood (KBS), constituida de la mano del Gobierno vasco y que, por primera vez en Euskadi y en el Estado, une flota, industria y mercado. Un 'tres en uno' que pretende garantizar una trazabilidad de la calidad del producto desde el mar hasta la mesa y que, además, quiere facilitar el acceso al pescado fresco en los tiempos acelerados que corren. El consumidor podrá acceder al pescado limpio y preparado, sin esperar cola en la pescadería, y también habrá platos preparados.

La inversión inicial con la que nace KBS es de 3millones de euros y está constituida por las cofradías de pescadores de Gipuzkoa (Opegui) y Bizkaia (Opescaya), así como Hazilur dentro de la fundación Hazi del Gobierno vasco, que participa a través de préstamos participativos dirigidos al sector primario. Cada pata tiene un 33% de un proyecto que nace con la ambición de facturar alrededor de 21 millones de euros en 2027, y alcanzar los 30 millones de euros en 2030. Los promotores esperan alcanzar la rentabilidad en 2028 con un beneficio previsto de 1,4 millones de euros si se cumplen las previsiones de movilizar en ese momento un volumen superior a las 5.000 toneladas de pescado. En cuanto a los puestos de trabajo, se crearán en el arranque 25 empleos directos que se distribuirán en los 8.000 m² repartidos en tres centros: 20 personas en Berriatua, tres en Getaria y dos en Bermeo, aunque existe una previsión de incremento paulatino de empleo en el escenario 2026-2030.

La intención es “ofrecer una solución 360 grados”, abarcando todas las fases del pescado: fresco, congelado, granel, transformación, 4ª -cortado y envasado listo para cocinar- y 5ª gama -platos preparados- . “Al actuar como un proveedor único, KBS puede abastecer a los clientes de pescado fresco, congelado y productos locales capturados por la flota de bajura y altura”, señalan sus promotores, aunque también comercializarán especies de otros orígenes como salmón, bacalao o pulpo. “El objetivo es revertir esta situación adaptándose a los nuevos hábitos de la sociedad y las nuevas generaciones, ofreciendo soluciones que aporten valor y conveniencia”, señalan.

La planta central de la iniciativa estará en Berriatua, tras la adquisición de las instalaciones de la antigua empresa Posa en el marco de su concurso de acreedores. Asimismo, el proyecto se refuerza mediante acuerdos de cesión temporal para utilizar otras dos plantas productivas, una en Getaria, la antigua Oliveri, y otra en Bermeo, propiedad de la Cofradía de Pescadores de esta localidad. En concreto, en las instalaciones de Berriatua, de 4.500 m², se gestiona el granel -que está ya operativo desde mediados del mes de marzo- y se va a desarrollar al mismo tiempo las soluciones de 4ª gama -envasados- y 5ª gama -platos preparados y sopas-, que está previsto que esté operativo para finales de abril. En la planta de Getaria de 1.200 m², en las antiguas instalaciones de Oliveri, será el centro neurálgico del procesado del bonito del Norte y la anchoa. En esta planta, actualmente en régimen de cesión de sus instalaciones, pero que en un futuro próximo pasará a ser propiedad de KBS, se realizará la clasificación, pesaje y corte, además de recuperar la actividad tradicional de semiconservas y salazones de anchoa. Por último, en Bermeo la planta actualmente propiedad de la Cofradía de Pescadores de la localidad, de 2.500 m² se dedicará íntegramente a procesos de congelación mediante tecnología IQF (Individual Quick Freezing). Se trata de una de las dos únicas plantas a nivel nacional que incorpora esta tecnología de congelación individual rápida, que garantiza una calidad suprema. Este despliegue industrial cuenta con equipamiento de última generación, incluyendo fileteadoras de vanguardia en Berriatua para merluza, verdel, anchoa, sardina y lirio, nuevas cortadoras en Getaria para el bonito del Norte y soluciones punteras de envasado, según señalan sus promotores.

“Estamos ante un cambio de modelo: pasamos de participar en la cadena a tener un papel transversal en cada una de sus etapas. La integración de captura, transformación y comercialización nos permite ofrecer un producto con garantías totales de calidad, trazabilidad y sostenibilidad, bajo una visión completa de todo el proceso. Nos encontramos en un momento en el que hay que reinventarse y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado”, subraya Norberto Emazabel, representante de las cofradías de Gipuzkoa y Bizkaia.

Desde el Gobierno vasco la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, Amaia Barredo, considera que “Kofradia Basque Seafood es una apuesta compartida para dar más fortaleza al sector y para situar el pescado vasco en una posición de mayor valor, más futuro y mayor capacidad de transformación”. “El proyecto representa una forma de alinear flota, industria y mercado bajo una misma estrategia, reforzando elementos cada vez más importantes para el sector y para la ciudadanía como la calidad, la seguridad alimentaria, la trazabilidad y el control del recurso”.

La principal fuerza de la oposición, EH Bildu, también ha pedido explicaciones al Gobierno de Imanol Pradales por haber invitado a la empresa La Gilda del Norte al 'stand' de la sociedad pública Hazi en la feria Salón Gourmets que se celebra estos días en el recinto ferial de Ifema en Madrid, como publicó este periódico. El expositor abrió apenas 72 horas después de que la Audiencia Provincial de Bizkaia condenara al dueño de la compañía (en realidad llamada Agricultura Creativa 2015) por delitos “reiterados” contra los derechos de sus trabajadores extranjeros, a los que empleaba sin contrato y presionaba para que se escondieran (incluso en cámaras frigoríficas) cuando llegaban las inspecciones.

EH Bildu ha registrado en el Parlamento Vasco sendas solicitudes de información a los consejeros de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, y de Economía, Trabajo y Empleo, el vicelehendakari Mikel Torres, del PSE-EE. Además de la sentencia judicial, la Inspección de Trabajo, que depende del Ejecutivo, ha sancionado igualmente a La Gilda del Norte por las mismas prácticas.

El parlamentario Mikel Díaz de Alda, recién incorporado a la Cámara, pregunta a Barredo si considera verdaderamente, como publicitó el Gobierno coincidiendo con la inauguración de Salón Gourmets, que La Gilda del Norte puede representar “lo mejor” de la gastronomía vasca. “¿Le parece adecuado al Gobierno promocionar a esa firma en Ifema como una empresa ejemplar?”, lanza EH Bildu, que pide detalles del proceso de selección de las empresas que participan en el 'stand' de 'Euskadi Basque Country'.

Por su parte, Pazis García plantea a Torres que detalle las actuaciones de la Inspección de Trabajo en relación a Agricultura Creativa 2015, con sedes en Bizkaia, tanto de producción como los invernaderos o incluso los locales de venta. EH Bildu pregunta a Torres si ha elevado alguna protesta a Barredo en el seno del Gobierno en relación a esta invitación y qué tipo de medidas se adoptarán “para que algo como esto no se vuelva a repetir”.

La coalición Sumar, con un escaño en el Parlamento Vasco, ha reclamado al Gobierno de Imanol Pradales y, en concreto, a la consejera Amaia Barredo, “medidas” contra la empresa La Gilda del Norte, condenada este viernes por explotación de trabajadores extranjeros e invitada esta semana a la feria Salón Gourmets de Ifema, en Madrid, dentro del 'stand' de la sociedad pública Hazi. Se da la circunstancia de que, además, un organismo autonómico, la Inspección de Trabajo, tiene también sanciones firmes por los mismos hechos contra esta compañía.

“Preguntamos al Gobierno vasco si cree que es posible promocionar y colaborar con una empresa que se ha demostrado que estaba cometiendo estos delitos graves contra los trabajadores”, lanza el parlamentario Jon Hernández, procedente de IU. Y agrega: “No es compatible que una empresa que se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de trabajadores extranjeros, que tiene a la gente contratada sin Seguridad Social y que obligaba a esconderse a los trabajadores ante inspecciones, pueda ser promocionada por el propio Gobierno Vasco. Es absolutamente aberrante”.

De su lado, la portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, no ha ofrecido explicaciones sobre la cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El equipo de Barredo indicó a este periódico que la sentencia no es “firme” y que los espacios del 'stand' se gestionan con mucha antelación.