Euskadi ha perdido un 45,4% de las explotaciones ganaderas dedicadas a carne de vacuno de Eusko Label desde el año 2020. Ese año, justo en el arranque de la crisis de la COVID-19, había 662 explotaciones con 37.971 cabezas de ganado dedicadas a la producción de carne de Eusko Label, mientras que al cierre de mayo de este año hay 455, con 27.806 cabezas de ganado, según se desprende de una información enviada al Parlamento Vasco a petición de la parlamentaria del PP, Ana Morales.

Aunque en ese periodo cae el número de explotaciones de ganado vacuno en general, la reducción no es tan espectacular como en las que se dedican a la producción de carne que lleva el sello de calidad del Gobierno vasco. En concreto, en estos seis años las explotaciones de ganado vacuno en general han pasado de 4.653 a 3.986, lo que supone una reducción un 6,67%, una caída mucho menos acusada que la que ha afectado al Eusko Label. Pero además, también desciende el porcentaje de las explotaciones que se adhieren dentro de las generales, pasando de un 14,22% del total en 2020 hasta el 11% de explotaciones actuales dedicadas a carne con el sello de calidad, sobre las explotaciones totales.

Pese a estos datos, que muestran una caída significativa de los ganaderos que opta por la producción de carne de Eusko Label, sujeta a unas condiciones de calidad mucho más estrictas, y, por lo tanto, más costosas, el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, que dirige Amaia Barredo, ha considerado que esta cifra de 455 explotaciones, 207 menos que hace seis años, significa que el certificado con Euskolabel “mantiene una evolución estable en Euskadi y consolida un modelo de producción basado en el origen, la calidad y el valor añadido”.

En su valoración, el departamento ha obviado la caída respecto al año 2020, para destacar sólo la “estabilidad” respecto al año 2025. El año pasado había 467 explotaciones frente a las 455 de este mes de mayo, aunque habrá que esperar a cierre del año. “El número de cabezas de ganado Euskolabel apenas ha variado respecto al cierre de 2025 y el número de explotaciones adheridas se mantiene por encima de las 450, consolidando una red de productores comprometidos con la calidad y el origen”, han señalado desde el Departamento.

“Detrás de estos datos hay ganaderos que han apostado por diferenciarse a través de la calidad. Ese es el camino que queremos seguir impulsando desde el Gobierno vasco”, ha insistido Barredo, que ha indicado que el sello de Eusko Label “continúa siendo una herramienta estratégica para mejorar la competitividad de las explotaciones, garantizar el origen y la calidad del producto y responder a una demanda creciente de alimentos de proximidad”.

Pese al empeño del departamento en destacar la estabilización relativa respecto al año pasado la realidad muestra un descenso progresivo de las explotaciones que se da en los tres territorios. En Álava las explotaciones de Eusko Label han pasado de 119 en 2020 a 77 en 2026, mmientrasque las de vacuno en general se ha reducido de 587 a 567; en Bizkaia había 171 explotaciones de Eusko Label hace seis años y ahora hay 121, mientras que el vacuno en general ha pasado de 1.967 a 1.646 explotaciones; por su parte en Gipiuzkoa el Eusko Label ha pasado de 372 a 257 explotaciones, mientras que las explotaciones de vacuno en general han pasado de 2.099 a 1.773.

Los Gobiernos central y vasco han acordado este lunes la transferencia a Euskadi de nuevas materias pendientes del Estatuto de 1979. A falta de que se cierren los acuerdos más relevantes, los relativos a la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, se traspasarán los seguros agrarios, con la que el Gobierno de Euskadi gestionará las subvenciones para que los agricultores contraten las pólizas para sus explotaciones, y también han ratificado una ampliación de la transferencia de Tráfico en lo relativo a la autorización de los centros de reconocimiento de aptitudes psicofísicas de los conductores.

Así lo ha explicado este lunes la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, en declaraciones a los periodistas, después de la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias que ha mantenido en Madrid con la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez. “Estamos dos peldaños más cerca de culminar el Estatuto de Gernika”, ha celebrado tras una reunión en la que también han estado presentes el consejero de Hacienda y Finanzas, Noel d'Anjou, y la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

En cuanto a la transferencia de seguros agrarios, la consejera vasca ha explicado que permitirá al Gobierno de Euskadi gestionar directamente las subvenciones para que los agricultores y ganadores contraten las pólizas para sus explotaciones. Ubarretxena ha cuantificado en 2.535 pólizas las que se suscribieron en el último ejercicio, que protegen una superficie total de 60.500 hectáreas con un coste aproximado de 2,8 millones de euros.

Por tanto, el Gobierno vasco comenzará a asumir este traspaso a partir del 1 de enero de 2028, que será la fecha en la que se empezará a hacer cargo de esas cantidades. “Lo haremos en contacto permanente con los profesionales del sector agrario y ganadero vasco, lo que va a garantizar una atención mucho más cercana y mucho más adaptada a sus propias necesidades”, ha apuntado. El ajuste estimado en el cupo por la asunción de estas funciones asciende a 17,3 millones de euros, tal como ha desgranado.

El otro pacto alcanzado este lunes tiene que ver con la ampliación de funciones en materia de Tráfico y seguridad vial, que se suman a las capacidades que ya desempeña el Gobierno vasco desde 1982. En concreto, a partir del 1 de enero de 2027, comenzará a gestionar la autorización, inspección y sanción de los centros donde se realizan los exámenes psicotécnicos para obtener o renovar el carné de conducir y los centros de sensibilización y de reeducación vial en los que se imparten los cursos para recuperar puntos. En cuanto a la financiación de estas funciones, se cubrirá a través de las tasas y derechos que Euskadi va a percibir por la gestión de los centros.

Ubarretxena ha recordado que queda algo menos de un mes y medio para la reunión bilateral a la que se comprometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el lehendakari, Imanol Pradales. “Los plazos aprietan y el pacto obliga”, ha apostillado. Por ello, ha explicado que ahora mismo están inmersos en la negociación sobre algunas de las materias “de mayor calado” que quedan pendientes, como el ámbito de la Seguridad Social, la asunción de Fogasa o una mayor capacidad de gestión portuaria, aunque en este caso también es una transferencia ya realizada hace décadas.

En cuanto al traspaso de la Seguridad Social, Ubarretxena ha reconocido la “complejidad” que conlleva esta transferencia y ha sostenido que actualmente están centrados en la materia de control y tutela de las mutuas colaboradoras. “Uno de los aprendizajes más valiosos en estos dos años que llevamos negociando con el Estado es que la complejidad técnica y la administrativa siempre se supera cuando hay voluntad política y con mucho trabajo, tesón y esfuerzo por parte de los equipos negociadores”, ha sentenciado.

El Gobierno de Imanol Pradales cumple ya dos años, la mitad de la legislatura. Es una coalición de PNV y PSE-EE que tienen sus tiras y aflojas, sus idas y venidas. Ahora, oficialmente, los socios están en tregua. Pero en los próximos días volverán a separar sus caminos en lo tocante a la reforma de la normativa del euskera en el empleo público, como antes han chocado en Vivienda, en política migratoria o en otras materias. elDiario.es/Euskadi repasa, uno por uno, los hitos principales del lehendakari y de sus quince consejeros.

Imanol Pradales

Lehendakari (PNV)

El lehendakari, dos años después, es el político vasco más valorado. El Sociómetro le da una nota de 5,8 sobre 10, que además ha ido creciendo en los últimos meses conforme avanzaba el mandato. Pradales, poco a poco, va esculpiendo su propio perfil. Está cuidando mucho la política internacional, con el hito de la visita del presidente de Alemania a finales de 2025, Frank-Walter Steinmeier, quien pidió disculpas por el bombardeo nazi de Gernika en 1937. También ha querido rescatar el alma más católica del PNV, con dos encuentros con el papa León XIV esta primavera, uno en el Vaticano y otro en Canarias, una carta a los obispos para prometerles remar juntos y la asistencia a eucaristías. Ha repetido que el nuevo pontífice es uno de sus faros. En materia migratoria, Pradales insiste, eso sí, en que los migrantes tienen “derechos”, pero también “obligaciones”. Lo planteó el discurso de Navidad y lo volvió a repetir en las entrevistas en ETB por el segundo aniversario: “Este país tiene una identidad, una lengua y unos valores que queremos seguir preservando”. El lehendakari entiende que la situación en España tiene una “pinta horrorosa” por las investigaciones de corrupción que se suceden, pero, tirando de pragmatismo, asegura que mientras Pedro Sánchez siga en el Gobierno tiene que ser aprovechada la ventana de oportunidad. En julio espera celebrar una reunión para cerrar acuerdos pendientes, como el del traspaso completo de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. ¿Y la reforma del Estatuto? Supuestamente, PNV y PSE-EE lo negocian con EH Bildu. Se anunció para junio algún movimiento por parte de Pradales que aún no ha llegado.

Ibone Bengoetxea

Vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística (PNV)

Tras unos primeros meses con un perfil más bajo, Bengoetxea ha reforzado su peso político en el segundo año. En estos meses, ha encabezado la fallida petición de que el 'Guernica' de Pablo Picasso pueda exhibirse en el Guggenheim de Bilbao temporalmente por el nonagésimo aniversario del bombardeo nazi. Igualmente, ha quedado enterrado el intento de levantar un nuevo Guggenheim en Urdaibai, el mismo que iba a hacerse “sí o sí”, según el PNV. Asimismo, sigue abierto el debate sobre la reforma legislativa para blindar las exigencias de euskera en las oposiciones a raíz de la cascada de fallos judiciales. El asunto ha generado una brecha con el socio de Gobierno, el PSE-EE, y la propuesta del PNV solamente prosperará si EH Bildu lo permite. Bengoetxea ha amagado con regularlo por decreto si esa vía falla. En materia de deportes, la selección vasca de pelota compitió oficialmente -y se enfrentó a la de España- y se ha abierto el melón de la oportunidad de organizar la Copa del Mundo de fútbol masculina de 2030 en Bilbao y Donostia.

Mikel Torres

Vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo (PSE-EE)

Torres también ha ganado en peso político como cabeza de la parte socialista del Gobierno de coalición y ha empezado a cuestionar algunas decisiones del socio, como recientemente lo tocante a la nueva reforma fiscal de Bizkaia, un papel antes reservado en exclusiva a Eneko Andueza. Su cartera, Economía, Trabajo y Empleo, tiene funciones relevantes, pero, si se completan las transferencias pendientes, las tendrá aún más. Ha ganado ya lo relativo a las autorizaciones laborales de trabajadores extranjeros, en 2027 Lanbide integrará las políticas activas y la RGI/IMV con las prestaciones y subsidios de paro con la desaparición del SEPE estatal y se negocia que Euskadi asuma también el pago de pensiones, unos 12.000 millones anuales. En materia laboral, Torres defiende que Euskadi tiene “bases sólidas” con la cifra más alta de cotizantes a la Seguridad Social de la historia, por encima del millón. “Pero tenemos que hablar menos de las cifras de empleo y más de la calidad”, asume. La mayoría sindical sigue fuera de los foros de diálogo social.

Noël d'Anjou

Hacienda (PNV)

En contraste, D'Anjou sale bien parado. En junio ya ha empezado a preparar los presupuestos de 2027. El Parlamento Vasco los aprobará en tiempo y forma, antes de que acabe el año. Serán los terceros en tres años de legislatura. Es algo impensable en España, que tuvo en 2022 su último debate presupuestario y que sigue con los de 2023 prorrogados. Más allá de eso, D'Anjou ejerce una suerte de bicefalia con Torres en lo tocante al liderazgo de la política económica. Técnicamente, las previsiones son cosa del PSE-EE, que además controla el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. Está por ver la ejecución real de la gran inyección de 1.000 millones para proyectos del pasado año, que además iba a venir completada con 3.000 de capital privado.

María Ubarretxena

Portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno (PNV)

Ubarretxena puede colgarse la medalla de haber visto cómo el Parlamento ha aprobado, tras tres intentos fallidos en otras tantas legislaturas, la primera ley vasca de Transparencia. Euskadi deja de ser la única comunidad autónoma sin ese mecanismo. Y no sólo es poder obtener información, sino poder denunciar prácticas irregulares. “Todas las personas que deseen denunciar tendrán la oportunidad de hacerlo y su anonimato y su protección estarán garantizados”, explicó en una entrevista con este periódico. Ubarretxena es, además, la principal negociadora con el Estado de las transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Está en el aire aún la más relevante, la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, pero ya ha habido otros acuerdos relacionados, como el de las prestaciones del paro o el del seguro escolar. Dio mucho que hablar, igualmente, la negociación para la creación de un órgano bilateral con el que las instituciones vascas puedan tener voz en la gestión de los aeropuertos, aunque Loiu, Hondarribia y Foronda siguen siendo de titularidad estatal.

Más información: Entrevista con María Ubarretxena

Mikel Jauregi

Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (PNV)

Jauregi tiene pendiente, y es una herencia de otras legislaturas, el denominado PTS de renovables, el documento que ordenará de manera definitiva el despliegue de parques solares y eólicos. Ahora, se multiplican las propuestas y se van analizando una a una, no sin contestación social. Euskadi está ultimando el primer proyecto con molinos de viento en veinte años. Es una comunidad muy dependiente en lo energético y con un 'mix' con mucho menos peso verde que el entorno. El consejero ha acuñado el concepto 'cuadrilla' para definir a la suma de esfuerzos públicos y privados para participar en proyectos empresariales. El gran hito fue la recuperación de la sede social de Talgo de la mano de José Antonio Jainaga, de Sidenor. Fue elegido empresario del año sin importar su investigación en la Audiencia Nacional por las ventas a Israel. En Nochevieja, al filo de las campanadas, la 'cuadrilla' recuperó la antigua Ibermática. Más dolores de cabeza está ofreciendo Tubos Reunidos, ahora en concurso de acreedores. El PNV insiste en que la SEPI estatal, su principal acreedor, propicie una quita de la deuda, 112,8 millones de principal y 40 en intereses, pero ese rescate otorgado en 2021 está siendo investigado por sospechas de corrupción. Hasta la empresa ha admitido que pagó unas cantidades al expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.

Bingen Zupiria

Seguridad (PNV)

El final de su segundo año ha estado marcado por las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu tras la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Zupiria hasta empleó el inglés para insistir en que es algo que no tenía que haber ocurrido. Eso sí, a la vez insiste en que hay un humus en la sociedad vasca que no acata la autoridad de la Policía. Este debate sobre el “modelo policial” se repite periódicamente. Sigue pendiente, eso sí, que la Ertzaintza alcance la plantilla prometida de 8.000 efectivos, comprometida desde 2004. En los últimos meses, la situación sindical en la Policía vasca ha dado un vuelco con la victoria de Euspel en las elecciones internas y el desplome de Erne. Y la academia de Arkaute ha vivido su particular crisis con la salida de Miren Dobaran y la necesidad de rescatar a Jon Goikolea.

Begoña Pedrosa

Educación (PNV)

Las propuestas de fusiones de centros públicos y cierres han acarreado los momentos más controvertidos en los últimos meses para Pedrosa. Familias y sindicatos han lanzado críticas. Los motivos esgrimidos son la caída de la natalidad y la necesidad de optimizar recursos, pero también seguir reduciendo la brecha de segregación entre colegios. La consejera logró la paz social con los sindicatos de la red pública en 2025, logrando un acuerdo valorado en 100 millones que ponía fin a lustros sin convenio. Pero ahora están empezando a avisar de retrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En Euskadi, casi el 50% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada. Finalmente, este año se ha conocido la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia sobre los problemas en el servicio de transporte escolar en la pasada legislatura. Han multado con 900.000 euros a 31 empresas por “boicotear” al Gobierno vasco para ganar más con los autobuses.

Más información: Entrevista con Begoña Pedrosa

Denis Itxaso

Vivienda (PSE-EE)

El reciente Sociómetro es contundente: la vivienda es el primer problema de la sociedad vasca y, además, apenas un 8% confía en las políticas del Gobierno vasco. Itxaso es un consejero omnipresente. Insiste en que está en actitud de “combate” y que la emergencia habitacional “tiene solución” si se toman medidas. En diciembre llegó la reforma legislativa con cambios en varias normas para agilizar la construcción de vivienda y ahora ya hay una nueva reforma anunciada. En medio, aprobó un decreto “urgente” con medidas que han tenido tirón -como las mejoras de las prestaciones para jóvenes Gaztelagun- pero que tardó más de un año en ser una realidad. “Lo lamento muchísimo. Hemos puesto alma. Hemos trabajado a destajo. Muchos informes. Al final tenemos una burocracia que nos hace polvo”, alegó. La cartera de Vivienda es del PSE-EE, aunque el PNV busca lanzar sus propios planes, como la línea de avales a la compra de casas de hasta 400.000 euros o las ayudas Emantzipa, paralelas a Gaztelagun. A la vez, son recurrentes las tensiones con EH Bildu, principal fuerza de la oposición y que lidera decenas de municipios.

Alberto Martínez

Salud (PNV)

Si el estado de salud de Osakidetza era el gran problema heredado de la pasada legislatura, ya no lo es. Pero el segundo año de Alberto Martínez ha sido mucho más tortuoso que el primero. Hace un año, por ejemplo, logró la fotografía del denominado Pacto Vasco de Salud, pero sin la mayoría sindical y, sobre todo, con un gran cambio de caras en su equipo a las pocas semanas. Se fue el viceconsejero, Enrique Peiró, y la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna. Apenas duraron un año en el cargo. En enero, además, tuvo que hacer frente a la crisis de las vacunas caducadas, que parece tener una pequeña réplica cuyo alcance se desconoce ahora en junio. Sin embargo, lo que más tiempo ocupa a Martínez es la huelga intermitente de médicos que está obligando a posponer consultas y que ha echado por tierra la mejora de la lista de espera quirúrgica tras los años de la pandemia de COVID-19. El consejero ha liderado a sus colegas de otras comunidades en una cruzada contra la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, a la que acusa de no sentarse a negociar un estatuto marco propio para los facultativos.

Nerea Melgosa

Bienestar, Juventud y Reto Demográfico (PNV)

El año de Melgosa ha estado marcado por la reforma legislativa exprés y por la anunciada aprobación de un decreto -que técnicamente aún no ha llegado- para endurecer el control de los campamentos de verano a raíz de la veintena de denuncias de violencia sexual conocidas el pasado año en torno a la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo. Asimismo, se han aprobado las mejoras en las ayudas por crianza, 200 euros mensuales que ahora se cobrarán durante cuatro años y no durante tres. Se mantiene la posibilidad de que las perciban quienes han inscrito a un bebé nacido por gestación subrogada, una práctica no legal en España. Melgosa es también la consejera competente en materia de migración y ha mantenido firme su 'no' al centro de refugiados de Vitoria que proyecta al Estado. Al PNV le da igual que las plazas vayan a ser 120 y no las 350 inicialmente planteadas.

Susana García Chueca

Movilidad Sostenible (PSE-EE)

Sin noticias sobre si la 'Y vasca' se conectará con Pamplona por Vitoria o por Ezkio/Itsaso y sin fecha para el estreno de los trenes de alta velocidad cuando se cumplen veinte años del inicio de las obras, García Chueca podrá inaugurar en breve el nuevo Topo de Donostia -aunque empiezan a florecer los titulares sobre los millonarios sobrecostes-, la 'metrización' del servicio. También se ha desbloqueado la línea 4 del metro de Bilbao, la de Rekalde, iniciado una nueva ampliación del tranvía de Vitoria, la de Zabalgana, y anunciado que las líneas de Cercanías de Renfe, ya gestionadas por el Gobierno autonómico, pasarán a llamarse en algún momento Lottu. En cartera hay más proyectos en estudio, como la llegada del Topo no ya a Hendaya sino a Baiona o una ampliación más del tranvía de Vitoria hasta el Fernando Buesa Arena. Se ha posicionado en contra de que el puerto de Pasaia pierda la etiqueta de infraestructura de “interés general”, como plantea el PNV, para que sea transferido y gestionado por las instituciones vascas.

Entrevista con Susana García Chueca

Juan Ignacio Pérez Iglesias

Ciencia, Universidades e Innovación (PNV)

Hay un nuevo rector en la EHU, la Universidad pública vasca, Joxerramon Bengoetxea, y un exrector al frente de la cartera de Universidades del Gobierno vasco. Y los últimos meses han sido de enfrentamiento. El más fuerte, en otoño de 2025, tuvo como eje de la discusión en torno a la financiación. “¿Se trata quizás de enmascarar la ausencia de un proyecto académico? ¿O de ocultar la incapacidad para ejercer la responsabilidad y tomar decisiones presupuestarias difíciles? [...] Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político”, llegó a escribir el consejero sobre Bengoetxea. Pero ha habido más. El cierre en febrero del campus de Vitoria por un acto de Vox y recientemente las correcciones de la Selectividad han motivado encontronazos que no se habían visto cuando en el rectorado de Leioa había personas más afines al Gobierno. Los avances de Donostia como capital de la computación cuántica han sido noticia este año. Pérez Iglesias es el único consejero independiente, aunque participa en los actos del PNV, el partido que le propuso para el cargo.

Javier Hurtado

Turismo, Comercio y Consumo (PSE-EE)

El consejero que más años lleva de continuo en el mismo cargo ha ganado peso político ya que, desde 2025, es también el líder de su partido en Álava. Aunque la medida es foral, sí puede sumar a su haber que esté ya aprobada la denominada 'tasa turística', en realidad un impuesto más que grava las estancias y que es variable en función del tipo de alojamiento. No está en vigor, porque tienen que desarrollarla los municipios, pero lo estará en 2027. Tramita una reforma legislativa sobre el sector, aunque su principal medida, la de prohibir más apartamentos turísticos en zonas tensionadas, ya está en vigor por otra vía, la normativa de Vivienda. Hurtado ha manifestado con insistencia su deseo de “desestacionalizar” y “descentralizar” el flujo de visitantes, esto es, que no se concentren ni en el mismo punto ni en la misma época del año. Donostia, con nuevo alcalde, es siempre el centro de las miradas en este debate.

Amaia Barredo

Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca (PNV)

La consejera Barredo ha puesto mucho empeño en llevar cajeros a zonas con poca población y ha inaugurado el nuevo edificio del Basque Culinary Center de Donostia, el conocido como GOe, y puesto las primeras piedras de las dos sedes de EDA, en Vitoria y en la Rioja Alavesa. Pero también se ha visto obligada a retocar la normativa de pesca de la angula o la de asignación de amarres en los puertos deportivos, donde hay que buscar 774 'aparcamientos' para cubrir la lista de espera y, a la vez, sentencias desfavorables por la gestión de la sociedad portuaria EKP. En 2026, se han convertido en firmes también las sentencias sobre el proyecto Valogreene Paper de Bergara anulando la autorización firmada por Barredo cuando era viceconsejera. Han sido cuatro las resoluciones del Tribunal Supremo, aunque la vía penal quedó cerrada. Y hay más sentencias: en Semana Santa se conoció la condena al dueño de la empresa La Gilda del Norte por delitos contra trabajadores extranjeros, a los que tenía sin dar de alta y obligaba a esconderse en caso de inspecciones. A los pocos días, fue una de las marcas invitadas al pabellón de Euskadi de la feria Salón Gourmets de Madrid.

María Jesús San José

Justicia y Derechos Humanos (PSE-EE)

Si de presentación de proyectos se trata, San José ya puede dar por cumplida la apertura de la nueva cárcel de Donostia, la de Zubieta. Eso sí, ha acumulado años de retraso imputables al Gobierno central, el responsable de las obras. Pero no es ése el principal foco de titulares en lo tocante a la gestión penitenciaria. Las flexibilizaciones de grado y semilibertades concedidas a presos de ETA le han granjeado las críticas de la oposición de derechas y de asociaciones de víctimas, sobre todo en los casos de exdirigentes como Soledad Iparragirre 'Anboto' o Garikoitz Azpiazu 'Txeroki'. Siempre ha defendido que se está cumpliendo con la legalidad y que se siguen criterios técnicos. En algunos casos, la Justicia ha enmendado las decisiones adoptadas. Menos eco ha tenido que se haya concedido la semilibertad a los cuatro excargos del PNV encarcelados por corrupción en el marco del 'caso De Miguel' sin que hayan llegado siquiera a la mitad de la condena efectiva. Eso sí, fue contra el criterio de Prisiones y por orden judicial. En materia de Derechos Humanos, fue muy simbólica la petición de “perdón” por los GAL viniendo de un equipo socialista y se han hecho actos para exponer el sufrimiento causado por ETA entre jóvenes o para conmemorar aniversarios, como el quincuagésimo de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

El Gobierno vasco ha anunciado este viernes un plan de modernización del puerto de Donostia con una inversión total de 2,5 millones de euros. En realidad, la primera fase de las obras ya está en marcha con la construcción de las nuevas escaleras del embarcadero.

Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, ha señalado que el proyecto se distribuirá en tres obras que se esperan tener acabadas para 2028. Han empezado con las escaleras, seguirán con el muelle central –conocido como ‘Moya’– y terminarán el proyecto con el muelle del Real Club Naútico. Barredo ha defendido estas intervenciones como una respuesta frente al desgaste de las infraestructuras provocado por el mar y el “intenso uso ciudadano”. A su vez, el alcalde donostiarra, Jon Insausti, explicaba que estos trabajos “prepararán al muelle para el futuro”, aludiendo a los cambios climáticos.

Sobre los trabajos durante este verano, cuentan con un presupuesto de 107.343 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Barredo ha explicado que, actualmente, se está trabajando las escaleras en los talleres y que se espera instalarlas una vez terminadas. Aunque se trabaje fuera de la vía pública, su acceso se encuentra cerrado. A esto, la consejera ha argumentado que la situación de deterioro de las escaleras hacía que el cierre tuviera que ser “inminente” para garantizar la seguridad. Como alternativa para los usuarios, se mantienen habilitados un acceso lateral de escaleras y las rampas de la playa situadas a escasos metros. 

Una vez instaladas las nuevas escaleras, la planificación continuará a principios de 2027 con el refuerzo de la ‘Moya’. Con una inversión de 1,1 millones de euros y nueve meses de obras, se intervendrá en los 362 metros de esta infraestructura que separa la dársena pesquera de la deportiva. Los trabajos técnicos contemplan el refuerzo de la cimentación, la consolidación estructural y la reparación de los paramentos de piedra natural dañados por el uso constante.

Por último, se deja la actuación de mayor envergadura económica, superior a los 1,34 millones de euros. Se iniciará en el primer trimestre de 2028 para rehabilitar integralmente el muelle del Real Club Náutico. El proyecto abordará procesos de erosión y socavación en 100 metros de muelle afectados por el oleaje de la bahía de La Concha. La consejera ha añadido que, además de renovar pavimentos, se prevé recuperar elementos de mampostería para devolver el entorno a su “estado natural” y eliminar capas de cemento previas.

Insausti ha destacado el puerto de Donostia como “un punto de encuentro”; “un lugar con identidad”. Por ello, ha agradecido la implicación del Gobierno vasco, insistiendo en que las alianzas entre instituciones consiguen mejoras eficientes. Según el alcalde, las obras se realizarán con “sumo cuidado” para preservar la “personalidad” de un espacio que explica la historia de la ciudad.

Euskadi tiene competencias portuarias de 1982, con excepción de las instalaciones de “interés general”, Pasaia y Bilbao, que son del Estado. El programa de actuaciones en la capital guipuzcoana se integra en una estrategia más global de la Administración autonómica para modernizar dársenas frente al cambio climático. Así, también se trabaja en el recrecimiento de Bermeo y Ondarroa, así como en el refuerzo de la zona pesquera de Getaria. De la misma forma, en Orio se avanza en la rehabilitación del muelle y en la creación de un nuevo vial de acceso a la zona de las Rederas.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, que gestiona también la competencia de Puertos, ha anunciado este martes que para “finales” de 2026 estará listo el nuevo sistema de reparto de amarres en las instalaciones de gestión autonómica, que son 17. Han sido años de controversias y recursos judiciales, particularmente en Donostia, donde hasta tres sentencias judiciales han tumbado las últimas asignaciones, de 2021.

La sociedad autonómica EKP, que controla los puertos deportivos de titularidad autonómica, dispone de 3.343 plazas de amarre. La lista de espera es de 2.318 personas, aunque se ha hecho una “depuración” para conocer las necesidades reales. Se han enviado 2.221 cartas, 1.092 han respondido y se estima que es necesaria una ampliación de 774 'plazas de aparcamiento' para embarcaciones. La fórmula que se buscará es la denominada “marina seca”, es decir, habilitar espacios en tierra, y fondeos en zonas no portuarias aprovechando que desde 2025 el Gobierno vasco tiene también competencias sobre Costas y gestión del litoral.

Barredo, que entiende que el borrador del nuevo reglamento podría estar listo para finales de junio y aprobado antes de que acabe al año, confía en que el nuevo sistema sea menos “conflictivo” que el anterior, dado que se ha hecho tras reuniones con los amarristas y con los que están en lista de espera. Con todo, antes se tendrán que ejecutar las sentencias que anularon las adjudicaciones en Donostia y que apuntaban a que se modificaron los criterios durante el proceso, lo que generó perjuicios. La consejera ha prometido que será un proceso ordenado.

Entre los cambios ya confirmados, Barredo expone que habrá un nuevo cupo con entre un 40% y un 70% de plazas para personas del entorno del puerto, un ámbito que aún no se ha encontrado. Podría ser el municipio o incluso la comarca. Igualmente, como hay un volumen alto de amarristas mayores de 80 años, se evitará darles licencias de quince años y se buscarán fórmulas más cortas, de tres años ampliables hasta los cinco.

Las sentencias sobre los amarres se sumaron a otras controversias en torno a la sociedad EKP. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, indicó que nunca se habían sacado a concurso las compras de suministros como gasóleo, seguros o comunicaciones en los puertos de gestión autonómica, como ha ido publicando este periódico. Esas adjudicaciones directas han acumulado cientos de miles de euros. En paralelo, Barredo relevó a la que había sido directora de EKP durante más de una década, la dirigente del PNV guipuzcoano Edurne Egaña, aunque la recolocó como asesora.

Según Barredo, ya se han dado todas las “explicaciones” sobre la gestión de EKP. Cree que “las cosas se podían haber hecho mejor” pero que, en general, se han hecho “correctamente”. “No hay nada que criticar, aunque sí que mejorar”, ha dicho la consejera preguntada por los periodistas en relación a si es necesaria alguna autocrítica por la llevanza de EKP en los últimos años.

Euskadi tiene competencias en materia portuaria desde hace más de cuatro décadas, aunque recientemente se haya extendido en el debate público que es una transferencia “pendiente” del Estatuto de 1979. La comunidad autónoma gestiona las instalaciones que no son de “interés general”, es decir, todas salvo las de Bilbao y Pasaia. En estos casos, el Gobierno vasco propone a sus responsables, aunque forman parte de la red del Estado. El PNV demanda la retirada de la calificación de “interés general” de Pasaia para poderlo gestionar en su totalidad, pero el PSE-EE y el Gobierno central ya lo han rechazado.

En abril, después de años de espera, trascendió que la empresa española Sea Eight iba a ser la que criara lenguados en las antiguas instalaciones de la central nuclear de Lemoiz, que nunca llegó a ponerse en marcha. Se creará una filial llamada Aquacría Basordas y se ha anunciado una inversión del entorno de los 170 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno vasco descartó para Lemoiz otro proyecto de piscifactoría, en este caso de cría de salmones. Estaba detrás un grupo noruego llamado Haugland. El proyecto incluía la “demolición” de las instalaciones existentes.

A instancias del representante del PP Álvaro Gotxi, el Ejecutivo de Imanol Pradales ha enviado al Parlamento Vasco documentación sobre el proyecto para Barasorda -Euskaltzaindia ha determinado que es un mejor topónimo que Basordas- y por qué se eligió a Sea Eight. En marzo de este año, el viceconsejero de Pesca, Puertos y Litoral, Leandro Azkue, del equipo de Amaia Barredo, emitió un informe valorando los dos proyectos, el de los lenguados y el de los salmones. El segundo planteaba más producción, más inversión, más puestos de trabajo y más solvencia empresarial, pero también la “demolición de instalaciones existentes” para la generación de su piscifactoría, lo que le penalizó.

Ese informe entregado al Parlamento indica que Haugland planteaba que salieran de Lemoiz 25.000 toneladas anuales de salmón, por las 3.000/4.000 de lenguado de Sea Eight, más “7,5 millones de alevines”. Su “inversión estimada” era de 350 millones, siete veces más que los 54 comprometidos por Sea Eight, que tiene otras plantas en la cornisa cantábrica. Esta cifra de 54 millones está muy lejos de los 170 anunciados en la rueda de prensa y el Ejecutivo pide tiempo para que madure el plan para detallar la factura concreta. Igualmente, con los noruegos se podían llegar a tener 250 empleos, y ahora se barajan alrededor de 190.

La evaluación fue encargada a las sociedades públicas Azti (centro de investigación marina) y Sprilur (actual Azpilur, dedicada a suelo industrial) y midió tres apartados. En dos de ellos ganó claramente el salmón al lenguado, en los del proyecto acuícola y el impacto socioeconómico. Sin embargo, en el capítulo relativo al “aprovechamiento” de las instalaciones arrasó Sea Eight. En total, la compañía española obtuvo 76,01 puntos por 64,82 de los noruegos.

Añade el Gobierno que desde el 20 de mayo Azpilur ya es titular de la antigua central nuclear y que el Ayuntamiento otorgó en julio de 2025 licencia municipal de obras para refuerzo del dique y otras tareas. Se estima que esas obras, adjudicadas a Bycam y Sato, estarán listas en noviembre. Se han destinado 2,5 millones. Se estima que los primeros pescados “made in Euskadi” puedan degustarse hacia 2030.

“Durante demasiado tiempo este espacio ha permanecido detenido, vinculado al pasado, a una historia difícil, a un presente congelado y a una enorme dificultad para encontrar una salida viable. Ahora se abre una nueva etapa que no pretende borrar lo ocurrido, sino dar respuesta responsable a una realidad compleja. Con un proyecto que recupera actividad, genera empleo y atrae innovación; un proyecto relevante de país, pero que no agota desde luego el futuro de este ámbito. Es el primer paso para empezar a desbloquear el espacio”, manifestó hace unos días, en el Parlamento Vasco, la consejera Barredo, titular de la cartera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

Añadió, en todo caso, que en ese lugar estará presente la memoria de las víctimas. En Lemoiz hay unas 170 hectáreas de hierro (mil toneladas) y cemento (ocho millones de metros cúbicos) que quedaron allí en 1984 cuando se decidió no continuar con la puesta en marcha de la central nuclear, proyectada en 1972, en pleno franquismo. Fue una decisión muy condicionada por la amenaza terrorista de ETA, aunque la infraestructura generó también una importante contestación social. “No podemos ni queremos olvidar a José María Ryan, Ángel Pascual, Andrés Guerra, Alberto Negro, Ángel Baños y Gladys del Estal”, enumeró Barredo, citando a cinco hombres asesinados por ETA y a una mujer tiroteada por la Guardia Civil en una protesta en Tudela celebrada tal día como este miércoles hace 47 años.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, ha justificado la presencia de la empresa Agricultura Creativa 2015 (más conocida por la marca La Gilda del Norte) en el 'stand' del Gobierno vasco en la feria gastronómica Salón Gourmets, celebrada en Ifema a los pocos días de que la Audiencia Provincial de Bizkaia emitiese una condena penal contra el dueño, F.J.G.Á., por vulneración continuada de los derechos de los trabajadores extranjeros. Barredo, en respuesta a preguntas de la oposición por los hechos adelantados por este periódico, insiste en que el falló “no es firme” y en que, por lo tanto, toca respetar la “presunción de inocencia” de La Gilda del Norte.

“Se trata de hacer compatibles dos planos igualmente esenciales del Estado de Derecho. Por un lado, la garantía y tutela de los derechos de las personas trabajadoras. Y, por otro, el respeto al derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución española. Ambos principios no son excluyentes, sino complementarios, de manera que la defesa de los derechos laborales no puede articularse mediante la anticipación de efectos propios de una condena que aún no es firme”, argumenta Barredo, que ha atendido preguntas tanto de EH Bildu como de Sumar en relación con La Gilda del Norte.

La Audiencia Provincial de Bizkaia hizo público el 10 de abril que el propietario de La Gilda del Norte había sido condenado a abonar una multa de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma “reiterada”, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Además de la pena de multa, el tribunal ha condenado al acusado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en esta causa por los daños morales causados. No entrará en prisión, eso sí. Y su hija, también responsable de la empresa, queda totalmente absuelta. La condena ha sido recurrida.

El 13 de abril, en el espacio 'Basque Country' gestionado por la sociedad pública Hazi en Ifema, La Gilda del Norte era una de las empresas participantes. El Ejecutivo publicitó que llevaba a 18 firmas “que representan lo mejor de la gastronomía vasca”. Desde la oposición, tanto EH Bildu como Sumar pidieron explicaciones. Los segundos sostenían que se trataba de un “caso grave de explotación laboral”, de una “actuación delictiva de relevante gravedad” y entendían que la compañía “debería ser repudiada también en términos políticos”.

Insiste Barredo en que la sentencia “no es firme” y si “una sentencia recurrible carece de firmeza” tampoco puede “desplegar plenamente” sus efectos. La consejera expone que su incorporación no es por ser “ejemplar”, sino por estar inscrita en un registro y cumplir con los requisitos. Fuentes de La Gilda del Norte añaden que ellos abonaron sus tasas como han hecho en otros eventos en los que han acudido al espacio de 'Basque Country'.

Agrega la consejera del PNV que no solamente no hay “constancia” de una “condena penal firme”, sino que tampoco existe constancia de “sanción administrativa firme”, aunque sí se era “conocedor” el Gobierno de la existencia del procedimiento abierto. Este periódico lleva informando de ello desde 2021 y el juicio fue perfectamente público este año. Se da la circunstancia de que las dos respuestas de Barredo han llegado al Parlamento a las 15.23 horas de este jueves. Siete horas antes, a las 8.31, había entrado en el registro un informe del vicelehendakari Mikel Torres, del PSE-EE, de quien depende la Inspección de Trabajo, que enumeraba tres sanciones por irregularidades laborales.

Dos fuentes consultadas recalcan que no cabe duda de que esas infracciones son plenamente firmes porque incluyeron un reconocimiento de los hechos por parte de la empresa para acogerse a un descuento del 40% en las multas, que son de 6.250, 626 y 626 euros, respectivamente, y que tuvieron a trece, trece y un trabajadores afectados, siempre según la documentación oficial. La empresa niega que esas cifras sean correctas. El equipo de Barredo señala que por “error” se ha indicado que es el Gobierno el que no tenía constancia de las actuaciones de Trabajo cuando en realidad era el Departamento el que lo ignoraba.

Torres, a quien EH Bildu preguntó por La Gilda del Norte, expone que una empresa condenada “podría verse impedida” para estar presente en estos foros, pero dice “desconocer” los “criterios” de Hazi. Añade que “una empresa condenada por un delito contra los derechos de los trabajadores no puede contratar en el sector público”, pero abunda que “para ello la sentencia condenatoria requiere que sea firme”.

El vicelehendakari socialista responde con un lacónico “sí” a la pregunta de si no cree que la “excelencia” de las empresas invitadas a los pabellones del Gobierno vasco ha de “incluir también la excelencia de su empleo y el respeto absoluto a los derechos laborales de las personas migradas”. Preguntado si ha habido alguna queja por parte de Trabajo hacia Barredo por estos hechos, Torres indica que “las discrepancias, cuando existen, se abordan de forma interna y constructiva, ya que lo importante es garantizar que las actuaciones se ajusten al marco normativo y respondan al interés general”.

Portavoces de La Gilda del Norte indican que la empresa “puede seguir contratando y trabajando para cualquier Administración pública, porque como bien dicen los consejeros, tiene que haber una condena contra los derechos de los trabajadores”. “La Gilda del Norte no tiene ninguna condena contra los derechos de los trabajadores, se trata de una sanción por emplear a personas extranjeras sin permiso de trabajo y, de hecho, se ha recurrido”, abundan. El resumen de la sentencia de la jurisdicción penal está en la web oficial del Poder Judicial.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha presentado este lunes oficialmente el proyecto Sea Eight (o Aquacría Basordas, el nombre de la filial) para utilizar las antiguas instalaciones de la central nuclear de Lemoiz, nunca puesta en marcha como tal, como criadero de lenguados. Se trata de una inversión “público-privada” de 170 millones de euros en diez años, que va a generar “unos 200 empleos altamente cualificados de forma directa” y que permitirá “disponer de los primeros lenguados 'made in Euskadi' para el año 2030”, ha explicado desde la zona el propio Pradales, acompañado de la consejera Amaia Barredo y de responsables de Sea Eight, que ya tienen proyectos en otras zonas como Asturias, Galicia o Portugal.

El PNV pactó con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 la cesión de los terrenos de Lemoiz en Basordas y el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez lo ejecutó en 2019. Son unas 170 hectáreas de hierro (mil toneladas) y cemento (ocho millones de metros cúbicos) que quedaron allí en 1984 cuando se decidió no continuar con la puesta en marcha de la central nuclear, proyectada en 1972, en pleno franquismo. Fue una decisión muy condicionada por la amenaza terrorista de ETA, aunque la infraestructura generó también una importante contestación social. Desde el principio se planteó la posibilidad de aprovechar el lugar como piscifactoría, aunque hasta ahora no se había terminado de definir un proyecto y han sido años de idas y venidas, incluso de disputas con el Ayuntamiento de Lemoiz, en manos de EH Bildu.

Pradales ha iniciado su intervención recordando a cinco trabajadores de la entonces llamada Iberduero asesinados por ETA en su campaña contra las instalaciones nucleares. Son José María Ryan, Ángel Pascual, Andrés Guerra, Alberto Negro y Ángel Baños. Se estiman en más de tres centenares los atentados y sabotajes de la banda terrorista contra el proyecto. Ha citado también a Gladys del Estal, venezolana que recibió un disparo de la Guardia Civil en el curso de protesta antinuclear en Tudela, en Navarra.

Según el lehendakari, “la central de Lemoiz evoca un pasado de dictadura, terrorismo y desarrollismo salvaje”. “Es una herencia incómoda y muy compleja que nos corresponde gestionar”, ha señalado. A su juicio, el plan de la mano de Sea Eight -que toma su nombre del que consideran el octavo mar, la actividad de acuicultura en tierra firme- “aspira a ser referente a nivel internacional”. Esta compañía ya tiene proyectos en marcha en otros puntos de la península, tanto en España como en Portugal. Su sede principal está en Gijón.

Lo que se hará en Basordas será “un proyecto integral” de “desarrollo, genética, cría, engorde, preparación y transformación del lenguado” de unos 46.000 metros cuadrados. “Esto es mucho más que una simple piscifactoría [...]. Su producción nace con vocación de seguridad alimentaria y exportadora, y nos permitirá disponer de los primeros lenguados 'made in Euskadi' para el año 2030”, ha dicho el lehendakari, que ha prometido una inversión global de 170 millones de euros -no ha especificado qué parte será pública- y la creación de 200 puestos de trabajo, así como colaboración con universidades, centros tecnológicos y empresas del sector.

Se estima que el proyecto tenga “una capacidad productiva estimada en torno a 3.000 toneladas anuales” de lenguados. Se estima que el proyecto como tal arranque en 2027, que 2029 en se empiecen a criar los primeros peces y que lleguen al mercado, respetando sus “ciclos biológicos”, hacia 2030. Desde Sea Eight han explicado a este periódico que el período total de cuidado de los lenguados es de “unos veinte meses”. Los primeros los tienen en una “maternidad” o “nursery” y después los alevines pasan a la fase de “engorde” hasta que están listos para su comercialización.

Se da la circunstancia de que el pasado año el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, presentó para Gijón de la mano de Sea Eight la “mayor piscifactoría de leguados de Europa” aunque sus cifras eran más modestas que la de Lemoiz, ya que eran 55 millones de inversió y un centenar de empleos. En el acto de Basordas han estado Aritza Rodero, del grupo Atitlan, que es el inversor principal detrás de Sea Eight, y Jaime León, CEO de este proyecto.

“Es hora de abrir un nuevo ciclo para este espacio de Lemoiz. De hacer que sea un símbolo de transformación colectiva, y no la cicatriz de tiempos oscuros. De que salga del pasado, o de un presente congelado, para entrar en el futuro de Euskadi, generando riqueza, proyección y nuevas oportunidades. Éste es el primer paso de un camino largo que debemos recorrer juntos”, ha solemnizado Pradales, que ve “compatible” el Sea Eight con “otros usos e iniciativas que puedan llegar, tanto económicas, como ligadas a la memoria, la cultura o el ocio, desde la escucha, la colaboración y el acuerdo”. “Estamos muy contentos de estar aquí”, ha señalado igualmente la consejera Barredo.

En paralelo, han arrancado ya las obras de un nuevo dique para proteger el espacio. Euskadi asumió en 2025 la competencia de gestión del litoral. Según se informó, tendrán un coste de 2,5 millones de euros. “Los trabajos, que ya han comenzado y se prevé duren 10 meses, incluyen el refuerzo del talud exterior mediante la colocación de 415 bloques de hormigón de alta densidad de 45 toneladas cada uno en 200 metros del dique con daños. Los 100 metros restantes conservan su estructura original de bloques de piedra caliza”, informó en marzo el Ejecutivo.

El condenado por corrupción Alfonso Arriola, excargo del PNV y actualmente alto funcionario en el Gobierno vasco, percibe un salario público de al menos 76.571,36 euros anuales, según los datos facilitados al Parlamento Vasco por la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, en respuesta a una pregunta formulada desde la oposición por la representante del PP Ana Morales. Adicionalmente, Barredo ha informado de que, en el último año, Arriola ha presidido cinco comisiones de valoración de ayudas públicas cuyo montante total asciende a 31,5 millones de euros, el equivalente al 11% del disponible total de la consejera Barredo.

Arriola, aunque fue absuelto de todas las peticiones de entrada en prisión en el marco del 'caso De Miguel', la mayor trama que ha salpicado a excargos públicos y orgánicos del PNV alavés, está cumpliendo formalmente todavía una pena por corrupción. En concreto, hasta marzo de 2027 pesa sobre él una inhabilitación por ser responsable de un delito de prevaricación por haber facilitado desde su posición como gerente del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria, que su compañero de partido Alfredo de Miguel intercediera para manipular adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales. Sin embargo, se determinó que la inhabilitación para ocupar un cargo o empleo públicos se aplicara exclusivamente en sociedades públicas, como lo es Miñano, y no en la Administración general. Gracias a ello, Arriola no sólo ha podido mantener su condición de funcionario del Gobierno vasco sino incluso ascender.

Desde el 13 de marzo de 2025, siempre según la documentación oficial sobre su caso enviada al Parlamento por la consejera Barredo, también del PNV, pasó a ser “responsable del servicio de programas” en el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Tiene como funciones “elaborar informes” sobre política industrial y comercial, “establecer criterios” de la actuación del Ejecutivo, “gestionar programas” de ayudas, “diseñar estrategias” o incluso “asesorar”, señala Barredo. En su momento, se aludió también tareas relacionadas con fondos europeos.

Por todo ello, percibe al menos 76.751,36 anuales, lo correspondiente a su nivel “28 I-A” en el escalafón del personal de Lakua, aunque Barredo no especifica nada sobre posibles complementos por su antigüedad. De hecho, en el momento de la condena, en 2023, 'El Correo' aludió a una cifra superior, a 79.533,36 euros anuales sin que hubiese asumido las nuevas responsabilidades.

El Gobierno admite que, en 2025, Arriola “ha presidido un total de cinco comisiones de valoración correspondientes a distintos programas de ayudas públicas”. En concreto, se trata de los planes Lehiatu Inversión (17,4 millones y 101 beneficiarios), ISV Inversión (2,5 millones y 50 adjudicatarios), Handitu Innova (1,2 millones, cinco perceptores), Handitu Egurra (9 millones para una única solicitud) y Gastrobikain (0,35 millones repartidos en a siete beneficiarios). Es una cifra más alta que las estimaciones que se conocían.

La consejera Barredo explica que la previsión es que Arriola se jubile “en el mes de junio” de 2026 y que, por lo tanto, no tenga que gestionar más ayudas ya. “Las convocatorias [...] se publican habitualmente en primavera y las comisiones de valoración se constituyen en período estival”, indica la titular de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Con todo, señala que las ayudas no las asigna una única persona y que los nombramientos se hacen “de conformidad con lo establecido en las bases reguladoras” de cada convocatoria. Barredo siempre ha insistido en que la posición de Arriola no es de designación política en ningún caso.

El pasado año, cuando este periódico adelantó las nuevas funciones de Arriola, el asunto generó gran debate político. Mientras la consejera Barredo insistía en que Arriola no merecía “cadena perpetua” -llegó a afirmar en el Parlamento Vasco por dos veces que había “cumplido” la condena-, otros dirigentes del PNV, y de mucha relevancia, mostraron una opinión muy contraria. “A mí no me gusta que una persona condenada por un delito de corrupción esté gestionando ayudas. No me gusta”, afirmó el portavoz parlamentario y miembro del Euzkadi Buru Batzar Joseba Díez Antxustegi. Y el propio lehendakari, Imanol Pradales, admitió en una entrevista en 'El Correo' que no era algo “edificante”.

“La zorra en el gallinero”

“Es un escándalo. Es indignante, una tomadura de pelo. Es como meter a la zorra en el gallinero meter a un condenado por corrupción, y encima con el tipo de delito que tenía, de modificar contratos, a presidir una comisión de valoración de adjudicación de ayudas de tanto dinero. Es un nuevo caso de amiguismo orientado a blanquear a condenados por corrupción. Es un descrédito de las instituciones. Lo mínimo que se puede pedir es un Gobierno limpio y que hagan una gestión ejemplarizante”, protesta Morales, del PP, a la luz de la información recibida.

En el 'caso De Miguel', cuatro excargos nacionalistas recibieron penas efectivas de prisión. La más alta, de nueve años, fue para De Miguel, ex 'número dos' del PNV alavés y cerebro de la trama corrupta. También ingresaron en la cárcel sus compañeros en el Araba Buru Batzar Koldo Ochandiano y Aitor Tellería y el exdirector de Juventud del Gobierno vasco Xabier Sánchez Robles. Todos ellos gozan ya de tercer grado sin haber alcanzado la mitad de cumplimiento de su pena. Salvo en el caso de Ochandiano, el resto han logrado la semilibertad contra el criterio técnico de Prisiones. Otros implicados recibieron penas alternativas, como la inhabilitación de Arriola o responsabilidades económicas. En algunos casos, la sentencia sí implicó el despido de sus puestos como empleados públicos.

Todo en las mismas manos: captura, transformación y comercialización del pescado en la misma empresa para que en la cadena que va desde la materia prima hasta el consumidor no se pierda el valor por el camino en detrimento del que está en el eslabón más bajo, en este caso el arrantzale. Las cofradías vascas son la base de la empresa Kofradia Basque Seafood (KBS), constituida de la mano del Gobierno vasco y que, por primera vez en Euskadi y en el Estado, une flota, industria y mercado. Un 'tres en uno' que pretende garantizar una trazabilidad de la calidad del producto desde el mar hasta la mesa y que, además, quiere facilitar el acceso al pescado fresco en los tiempos acelerados que corren. El consumidor podrá acceder al pescado limpio y preparado, sin esperar cola en la pescadería, y también habrá platos preparados.

La inversión inicial con la que nace KBS es de 3millones de euros y está constituida por las cofradías de pescadores de Gipuzkoa (Opegui) y Bizkaia (Opescaya), así como Hazilur dentro de la fundación Hazi del Gobierno vasco, que participa a través de préstamos participativos dirigidos al sector primario. Cada pata tiene un 33% de un proyecto que nace con la ambición de facturar alrededor de 21 millones de euros en 2027, y alcanzar los 30 millones de euros en 2030. Los promotores esperan alcanzar la rentabilidad en 2028 con un beneficio previsto de 1,4 millones de euros si se cumplen las previsiones de movilizar en ese momento un volumen superior a las 5.000 toneladas de pescado. En cuanto a los puestos de trabajo, se crearán en el arranque 25 empleos directos que se distribuirán en los 8.000 m² repartidos en tres centros: 20 personas en Berriatua, tres en Getaria y dos en Bermeo, aunque existe una previsión de incremento paulatino de empleo en el escenario 2026-2030.

La intención es “ofrecer una solución 360 grados”, abarcando todas las fases del pescado: fresco, congelado, granel, transformación, 4ª -cortado y envasado listo para cocinar- y 5ª gama -platos preparados- . “Al actuar como un proveedor único, KBS puede abastecer a los clientes de pescado fresco, congelado y productos locales capturados por la flota de bajura y altura”, señalan sus promotores, aunque también comercializarán especies de otros orígenes como salmón, bacalao o pulpo. “El objetivo es revertir esta situación adaptándose a los nuevos hábitos de la sociedad y las nuevas generaciones, ofreciendo soluciones que aporten valor y conveniencia”, señalan.

La planta central de la iniciativa estará en Berriatua, tras la adquisición de las instalaciones de la antigua empresa Posa en el marco de su concurso de acreedores. Asimismo, el proyecto se refuerza mediante acuerdos de cesión temporal para utilizar otras dos plantas productivas, una en Getaria, la antigua Oliveri, y otra en Bermeo, propiedad de la Cofradía de Pescadores de esta localidad. En concreto, en las instalaciones de Berriatua, de 4.500 m², se gestiona el granel -que está ya operativo desde mediados del mes de marzo- y se va a desarrollar al mismo tiempo las soluciones de 4ª gama -envasados- y 5ª gama -platos preparados y sopas-, que está previsto que esté operativo para finales de abril. En la planta de Getaria de 1.200 m², en las antiguas instalaciones de Oliveri, será el centro neurálgico del procesado del bonito del Norte y la anchoa. En esta planta, actualmente en régimen de cesión de sus instalaciones, pero que en un futuro próximo pasará a ser propiedad de KBS, se realizará la clasificación, pesaje y corte, además de recuperar la actividad tradicional de semiconservas y salazones de anchoa. Por último, en Bermeo la planta actualmente propiedad de la Cofradía de Pescadores de la localidad, de 2.500 m² se dedicará íntegramente a procesos de congelación mediante tecnología IQF (Individual Quick Freezing). Se trata de una de las dos únicas plantas a nivel nacional que incorpora esta tecnología de congelación individual rápida, que garantiza una calidad suprema. Este despliegue industrial cuenta con equipamiento de última generación, incluyendo fileteadoras de vanguardia en Berriatua para merluza, verdel, anchoa, sardina y lirio, nuevas cortadoras en Getaria para el bonito del Norte y soluciones punteras de envasado, según señalan sus promotores.

“Estamos ante un cambio de modelo: pasamos de participar en la cadena a tener un papel transversal en cada una de sus etapas. La integración de captura, transformación y comercialización nos permite ofrecer un producto con garantías totales de calidad, trazabilidad y sostenibilidad, bajo una visión completa de todo el proceso. Nos encontramos en un momento en el que hay que reinventarse y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado”, subraya Norberto Emazabel, representante de las cofradías de Gipuzkoa y Bizkaia.

Desde el Gobierno vasco la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, Amaia Barredo, considera que “Kofradia Basque Seafood es una apuesta compartida para dar más fortaleza al sector y para situar el pescado vasco en una posición de mayor valor, más futuro y mayor capacidad de transformación”. “El proyecto representa una forma de alinear flota, industria y mercado bajo una misma estrategia, reforzando elementos cada vez más importantes para el sector y para la ciudadanía como la calidad, la seguridad alimentaria, la trazabilidad y el control del recurso”.

La principal fuerza de la oposición, EH Bildu, también ha pedido explicaciones al Gobierno de Imanol Pradales por haber invitado a la empresa La Gilda del Norte al 'stand' de la sociedad pública Hazi en la feria Salón Gourmets que se celebra estos días en el recinto ferial de Ifema en Madrid, como publicó este periódico. El expositor abrió apenas 72 horas después de que la Audiencia Provincial de Bizkaia condenara al dueño de la compañía (en realidad llamada Agricultura Creativa 2015) por delitos “reiterados” contra los derechos de sus trabajadores extranjeros, a los que empleaba sin contrato y presionaba para que se escondieran (incluso en cámaras frigoríficas) cuando llegaban las inspecciones.

EH Bildu ha registrado en el Parlamento Vasco sendas solicitudes de información a los consejeros de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, y de Economía, Trabajo y Empleo, el vicelehendakari Mikel Torres, del PSE-EE. Además de la sentencia judicial, la Inspección de Trabajo, que depende del Ejecutivo, ha sancionado igualmente a La Gilda del Norte por las mismas prácticas.

El parlamentario Mikel Díaz de Alda, recién incorporado a la Cámara, pregunta a Barredo si considera verdaderamente, como publicitó el Gobierno coincidiendo con la inauguración de Salón Gourmets, que La Gilda del Norte puede representar “lo mejor” de la gastronomía vasca. “¿Le parece adecuado al Gobierno promocionar a esa firma en Ifema como una empresa ejemplar?”, lanza EH Bildu, que pide detalles del proceso de selección de las empresas que participan en el 'stand' de 'Euskadi Basque Country'.

Por su parte, Pazis García plantea a Torres que detalle las actuaciones de la Inspección de Trabajo en relación a Agricultura Creativa 2015, con sedes en Bizkaia, tanto de producción como los invernaderos o incluso los locales de venta. EH Bildu pregunta a Torres si ha elevado alguna protesta a Barredo en el seno del Gobierno en relación a esta invitación y qué tipo de medidas se adoptarán “para que algo como esto no se vuelva a repetir”.

La coalición Sumar, con un escaño en el Parlamento Vasco, ha reclamado al Gobierno de Imanol Pradales y, en concreto, a la consejera Amaia Barredo, “medidas” contra la empresa La Gilda del Norte, condenada este viernes por explotación de trabajadores extranjeros e invitada esta semana a la feria Salón Gourmets de Ifema, en Madrid, dentro del 'stand' de la sociedad pública Hazi. Se da la circunstancia de que, además, un organismo autonómico, la Inspección de Trabajo, tiene también sanciones firmes por los mismos hechos contra esta compañía.

“Preguntamos al Gobierno vasco si cree que es posible promocionar y colaborar con una empresa que se ha demostrado que estaba cometiendo estos delitos graves contra los trabajadores”, lanza el parlamentario Jon Hernández, procedente de IU. Y agrega: “No es compatible que una empresa que se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de trabajadores extranjeros, que tiene a la gente contratada sin Seguridad Social y que obligaba a esconderse a los trabajadores ante inspecciones, pueda ser promocionada por el propio Gobierno Vasco. Es absolutamente aberrante”.

De su lado, la portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, no ha ofrecido explicaciones sobre la cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El equipo de Barredo indicó a este periódico que la sentencia no es “firme” y que los espacios del 'stand' se gestionan con mucha antelación.

El Gobierno vasco ha llevado al Salón Gourmets, que se celebra esta semana en Madrid, a la empresa La Gilda del Norte, cuyo dueño ha sido condenado hace solamente 72 horas por la Audiencia Provincial de Bizkaia por explotación laboral reiterada de trabajadores extranjeros. Antes, además, tenía sanciones de la Inspección de Trabajo, un organismo dependiente del propio Ejecutivo autonómico. La compañía, denominada en realidad Agricultura Creativa 2015, es una de las participantes del 'stand' llamado 'Euskadi Basque Country', “que reúne a 18 firmas que representan lo mejor de la gastronomía vasca”.

El caso de la explotación laboral de trabajadores extranjeros fue destapado por este periódico en 2021, aunque los primeros hechos constatados datan ya de 2018. La Audiencia Provincial de Bizkaia ha considerado acreditado que el propietario de La Gilda del Norte, F.J.G.Á., empleada de forma “reiterada” a ciudadanos extranjeros sin contrato, con condiciones laborales precarias. Además, se les forzaba a ocultarse ante posibles inspecciones. La condena ha sido de multa de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los rabajadores y 7.500 euros en indemnizaciones a los tres afectados que se personaron en el juicio. Eludirá la prisión, eso sí, y la hija del dueño, P.G., ha quedado totalmente absuelta.

La Gilda del Norte ha participado regularmente como exponente de la calidad de la gastronomía vasca en varias ferias. Pero el Salón Gourmets es la primera después de la publicación de la sentencia. La delegación de la empresa ha estado encabezada por F.J.G.Á. La del Gobierno vasco por el director de la sociedad pública Hazi, Raimundo Ruiz Escudero. Según explica el área de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, dirigida por la consejera Amaia Barredo del PNV y de la que cuelga Hazi, son un total de 30 las empresas vascas en Ifema, el recinto ferial de Madrid. 18 de ellas, en cambio, forman parte de un 'stand' promovido por el propio Ejecutivo. “Todas ellas unidas bajo un mismo compromiso: ofrecer productos de calidad, de origen claro y saber hacer”, expone el Gobierno en la nota de prensa sobre Salón Gourmets.

El objetivo de estas exposiciones bajo el paraguas de la Administración es “reforzar la visibilidad de las marcas, fomentar las oportunidades comerciales y proyectar calidad y diversidad del sector”. Salón Gourmets es un “escaparate internacional de productos delicatessen”. Sobre La Gilda del Norte, indica el Gobierno que son “productores de gildas tradicionales con ingredientes propios, homenajeando al pintxo vasco”. La nota oficial enlaza con la página web de la empresa. Las fuentes consultadas indican que las invitaciones se habían cursado hace tiempo y que fue la empresa la que mostró interés en participar. Añade el Gobierno vasco que la sentencia “no es firme”. “Y, como tal, la empresa tiene derecho a su correspondiente recurso. Por lo tanto, en este momento no podemos negarnos a su participación en el programa de promoción de ferias que se desarrolla desde la fundación Hazi”, señalan.

El Gobierno vasco ha dejado sin efecto la adjudicación de los amarres en el puerto deportivo de Plentzia tras una decena de sentencias favorables a las personas que recurrieron ante los juzgados la fórmula en que se había llevado a cabo dicha adjudicación. La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha señalado este martes tras el consejo de Gobierno que el Ejecutivo firmó el pasado 18 de febrero la resolución por la que se deja sin efecto dicha adjudicación, en cumplimiento de los fallos dictados por los tribunales. Sin embargo, ha señalado que varias de las sentencias “no son plenamente coincidentes entre sí y en algunos aspectos establecen criterios contradictorios”, por lo que han pedido un incidente de ejecución al juzgado para que aclare cómo deben aplicarse dichas sentencias y el procedimiento que debe seguirse.

Según ha detallado la consejera, a la espera de dicho pronunciamiento del juzgado firme, las personas que actualmente ocupan plazas de amarre podrán mantener su uso en “régimen temporal y revocable”. Una medida que tendrá un carácter provisional y no supondrá generar nuevos derechos, “pero garantiza estabilidad mientras se completa el proceso con todas las garantías jurídicas”. Se trata de “ejecutar las sentencias con rigor y seguridad jurídica, evitando decisiones precipitadas que puedan generar nuevos conflictos”, ha señalado la consejera. Una vez los juzgados aclaren el modo exacto de ejecución, “el Gobierno vasco procederá a dictar los actos de adjudicación que correspondan conforme a los criterios judicialmente validados. En su caso, se abordarán las convocatorias que puedan resultar necesarias en los segmentos afectados”, ha señalado. “Es una decisión que se toma desde el foco de la prudencia y desde luego por responsabilidad, porque queremos que sea el propio juzgado el que determine de manera clara cómo deben de aplicarse exactamente estos fallos, qué procedimiento debe de seguirse”, ha insistido.

El conflicto en el Puerto de Plentzia surge de la adjudicación de 2021 por la que se distribuyeron más de 200 plazas y que ahora está anulada por los juzgados después de los recursos presentados por varios amarristas que consideraron que se les dejaba fuera de los requisitos para acceder al proceso de adjudicación. No sólo se han producido sentencias contrarias al criterio de adjudicación de amarres del Gobierno en Plentzia, también por ejemplo en el puerto deportivo de Donostia. Por eso, el departamento quiere afrontar la ordenación completa del ámbito y la adjudicación de amarres desde una “perspectiva global”. “Es importante que Plentzia lo abordemos de una manera integral y no aislada por la problemática que tiene entre el desajuste entre la oferta y la demanda de plazas”, ha dicho la consejera. Para ello, el departamento “ha empezado a trabajar” dos instrumentos estratégicos: un plan director para la práctica náutico-recreativa del litoral de Euskadi y una nueva orden de amarres. “Somos conscientes de la inquietud que esta situación ha generado. Nuestro compromiso es escuchar, dialogar y dotarnos de una normativa más clara y adaptada a la realidad actual de nuestros puertos”, ha añadido la consejera.

Respecto al plan director, Barredo ha señalado que permitirá “abordar toda la problemática respecto a este desajuste o desequilibrio entre la oferta y la demanda”. De hecho, actualmente hay alrededor de 2.000 personas en lista de espera para obtener una plaza de amarre en los puertos deportivos vascos. “Con este plan se quiere analizar el alcance real de la problemática dimensional adecuando las necesidades actuales y futuras del amarre y estudiar así posibles nuevos emplazamientos o fórmulas mixtas en lámina de agua y en marina seca que alberguen todas las embarcaciones que tenemos a día de hoy con solicitudes de ocupación”. “Ordenar de esta manera el crecimiento a futuro y que este plan nos permita impulsar ese ecosistema de la náutica recreativa desde la vertiente de actividad económica, turística cultural y también deportiva”.

En cuanto a la nueva orden de amarres, ha señalado que esta misma semana se aprobará formalmente el inicio de la redacción de esta nueva orden teniendo en cuenta las conclusiones del proceso de escucha que se ha llevado a cabo con el sector y de la exposición pública del proyecto. La nueva orden permitirá actualizar el marco regulador de todo dominio público, portuario y marítimo-terrestre “reforzando así esa seguridad jurídica clarificando los criterios técnicos también de adjudicación y mejorando todos los mecanismos de gestión para evitar situaciones como las que estamos viviendo”, ha indicado.

No obstante, ha recordado que “eso en la ría de Plentzia no es suficiente”, por lo que se va a abordar también la ordenación de las embarcaciones fondeadas en la ría. En este sentido, ha señalado la consejera que ya se cuenta con los estudios de batimetría - la medición de la profundidad y el relieve del fondo- elaborada en mayo de 2025, que analiza todos los calados existentes y el eje del canal, lo que permitirá conocer con precisión las limitaciones físicas de ocupación del espacio la ría. Por otra parte, el estudio de afección ambiental ha finalizado ya en diciembre de este 2025 y evalúa cuatro escenarios distintos de ordenación de todo el fondeo y valora el impacto de cada uno de los escenarios en la ría. Este mismo martes el Consejo portuario de Plentzia junto a la asociación de amarristas analizará esos cuatro escenarios para “iniciar la elaboración del proyecto de obra correspondiente, alcanzar y garantizar esa seguridad y preservar el equilibrio entre el uso social y la protección ambiental”, ha señalado la consejera.

El Tribunal Supremo ha dictado en lo que va de mes de febrero tres resoluciones en las que inadmite a trámite otros tantos recursos del Gobierno vasco para tratar de salvar la autorización ambiental concedida en su día por la ahora consejera Amaia Barredo, del PNV, al proyecto Valogreene Paper de Bergara, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Se suman a una cuarta providencia, adelantada por este periódico en diciembre, y que va en la misma dirección.

¿Cuáles son las implicaciones jurídicas? Queda anulada de forma firme y definitiva la rúbrica estampada en su momento por Barredo, cuando era viceconsejera de Medio Ambiente con Arantxa Tapia, al controvertido proyecto de valorización de residuos en la localidad guipuzcoana. Además, el cuádruple intento fallido de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico implicará un coste adicional de unos 10.000 euros para las arcas públicas, ya que cada uno de los pronunciamientos del Supremo incorpora la condena en costas a la Administración vasca, de 2.000 euros más IVA por recurso.

En su día, la empresa Greene Waste to Energy planteó un proyecto en el polígono Larramendi de Bergara. La controversia surgió porque, inicialmente, recibió el visto bueno del Ayuntamiento, en manos de EH Bildu. Pero al entender que la naturaleza del plan había sido cambiada de forma sustancial, de un proyecto aparentemente industrial a otro de gestión de residuos, la institución municipal que dirige Gorka Artola emitió un dictamen negativo 'a posteriori'. Pese a ello, Medio Ambiente del Gobierno vasco, en manos del PNV, concedió igualmente la autorización ambiental con la firma de Barredo.

Así las cosas, se lanzaron cuatro recursos contencioso-administrativos ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Los recurrentes fueron Ekologistak Martxan, el Ayuntamiento de Bergara, una funcionaria municipal a título individual y un particular. Todos ellos ganaron en primera instancia, pero el Ejecutivo decidió mantener la batalla judicial. Y fue al Supremo. Pero no ha tenido éxito.

Ha perdido los cuatro intentos. Los últimos días se han ido notificando tres de las resoluciones, dos meses después de la primera. Y todas, machaconamente, inadmiten la pretensión del Gobierno vasco de que se revisara la sentencia del Superior. Ni siquiera entran al fondo. Aprecian una “inobservancia” de los requisitos para elevar el asunto al alto tribunal, es decir, no hay “interés casacional” y simplemente se buscaba en otra instancia enmendar la plana a un tribunal que ya ha valorado todos los hechos.

Las providencias son de la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo, compuesta por los magistrados Pablo Lucas como presidente -hermano de Enrique Lucas, en su momento vocal del CGPJ a propuesta del PNV y ahora presidente de la Comisión de Control de la Policía vasca-, Ángeles Huet como ponente, José Luis Requero, Sandra María González de Lara y Pilar Cancer.

En paralelo, la Fiscalía vio indicios de que esta autorización de Valogreene Paper pudo constituir un delito de prevaricación. Sin embargo, el caso quedó totalmente archivado después de una suerte de partido de tenis de mesa entre el juzgado de Vitoria que inició las actuaciones y la sala para asuntos civiles y penales del Superior, a la que en 2024 le cayó el asunto al convertirse Barredo en miembro del Gobierno y, por lo tanto, en aforada. No consta que en esta instancia se practicara ninguna diligencia.

Sí sigue vivo formalmente otro proceso. En este caso parte de un recurso de la empresa promotora, también por la vía de lo contencioso-administrativo, contra el Ayuntamiento de Bergara. Un juzgado de Donostia le dio la razón y anuló el cambio de parecer municipal. El PNV lo presentó como un triunfo. En su día, la ahora presidenta del partido en Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga, llegó a plasmar por escrito que la prevaricación la habría cometido Artola, el alcalde, al echarse para atrás. Sin embargo, será el Superior el que revise en segunda instancia esa resolución del Tribunal de Instancia donostiarra y, salvo giro copernicano en su jurisprudencia, sustentada en cuatro fallos anteriores, mantendrá el veto a Valogreene Paper, indican fuentes conocedoras del caso.

El traslado de Mercabilbao a Ortuella, que se anunció en 2022 por la entonces consejera, Arantxa Tapia, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, estaba previsto para 2027, pero está retrasado, y sin fecha. El Gobierno vasco reconoce que ni siquiera tiene adquiridas todas las parcelas en las que está previsto la instalación del nuevo mercado de abastos, que se integraría en parque tecnológico especializado en industria alimentaria. Así que, de momento, sin contar aún con el suelo, imposible concretar fecha, o al menos calendario: “En este momento no es posible actualizar la hoja de ruta, ya que no se ha definido todavía un nuevo calendario operativo que permita reprogramar con rigor las acciones”, señala la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

El traslado de Mercabilbao a Ortuella es esencial para el impulso de ese parque tecnológico especializado en alimentación, como reconoce un informe de Azti, que urge a “decidir su futuro inmediato”, ya que “las concesiones administrativas de Mercabilbao vencían en 2021. Se han realizado contratos de transición para el periodo 2021-2026 con prórroga posible de otros cinco años hasta el 2031”. De ahí la urgencia del traslado que recomienda que se haga en una primera fase del polo , para que todas las infraestructuras y servicios se adapten al mercado.

El parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, pregunta a la consejera por cuál es la situación actual de los terrenos en los que está previsto ubicar el mercado, que tiene previsto llamarse Mercabilbao Next. Una pregunta parlamentaria que dirige también al consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, por tratarse de suelo industrial. Ambos responden lo mismo: Actualmente, “están en proceso de adquisición de las parcelas para poder gestionar el sector, y, por tanto, aún pendiente el diseño de la urbanización y la reparcelación definitiva del mismo. No es posible definir aún cuál sería la ubicación para Mercabilbao Next”.

De hecho, según la documentación que aportan, las parcelas totales para el parque tecnológico de Ortuella ocuparían 473.685 metros cuadrados´, es decir, casi 50 hectáreas. De ellos, el 47%, es decir, 224.219,47 metros cuadrados, están todavía pendientes de culminar el proceso de compra o negociación, o de gestionar en el proceso de reparcelación. Del resto, 202.220 metros cuadrados son propiedad del Parque Tecnológico y 47.245,38 son propiedad del Ayuntamiento de Ortuella, a gestionar en el proceso de reparcelación. Por ello no pueden definir el lugar en el que se instalará el mercado.

El proyecto se presentó el 12 de mayo de 2022, enmarcado en un pionero campus en el Parque Tecnológico de Ezkerraldea-Meatzaldea ubicado en Ortuella,, concebido como “un espacio único en el que desarrollar y atraer a empresas innovadoras y startups alimentarias”, en una iniciativa conjunta de del Gobierno vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y los Ayuntamientos de Ortuella y Bilbao, este último en calidad de socio mayoritario de Mercabilbao junto a Mercasa, y la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.

Según el proyecto inicial, el nuevo campus del Parque Tecnológico ocuparía 50 hectáreas. La idea es que este campus alimentario de Euskadi albergue Mercabilbao “como elemento tractor del proyecto, mediante la participación de un conjunto de empresas operadoras con amplia experiencia en el abastecimiento y distribución de productos perecederos, esenciales para la alimentación de la población”. De esta forma Mercabilbao podría crecer en tamaño, algo que ya le es imposible en las 13 hectáreas que ocupa en su actual ubicación de Basauri, donde lleva instalado más de 50 años.

Cuatro años después de ese anuncio, el Gobierno vasco sigue analizando la posibilidad de encaje de este polo alimentario y, de hecho, el informe elaborado por Azti en el que se detallan las oportunidades de implantar este parque está fechado en octubre de 2025. Un informe que se ha elaborado en base a las opiniones de empresas del sector y en el que se destaca la necesidad de integrar Mercabilbao en el proyecto de manera prioritaria.

El propio informe urge a “decidir su futuro inmediato”, ya que “las concesiones administrativas de Mercabilbao vencían en 2021. Se han realizado contratos de transición para el periodo 2021-2026 con prórroga posible de otros 5 años hasta el 2031”, de ahí la urgencia de que se ponga en marcha el proyecto.

El informe de Azti señala la integración de Mercabilbao como “uno de los pilares para garantizar la viabilidad del futuro polo alimentario” . “Es actualmente el mayor centro de distribución de alimentos perecederos del norte de España y sur de Francia, con un área de influencia de más de tres millones de habitantes y una comercialización anual superior a 250.000 toneladas de alimentos”, señala, además de destacar que operan en su espacio alrededor de 100 empresas mayoristas, principalmente de frutas, hortalizas y pescado. “Es crítico disponer de un único plan que contemple la ejecución prioritaria del traslado e integración de Mercabilbao en la primera fase del polo, esto podría traducirse en acciones asegurando que el diseño del polo (infraestructuras, gobernanza y servicios) se adapte a las necesidades de Mercabilbao, facilitando su transición y maximizando sinergias verticales/horizontales con el resto de los agentes. En definitiva, la unión de Mercabilbao y el polo alimentario de Ortuella emerge como un factor crítico de éxito: refuerza la lógica del proyecto, acelera su viabilidad, y magnifica su impacto estratégico en la cadena alimentaria de Euskadi”.

En un principio Tapia estimaba la creación de 2.000 empleos en Ortuella con el traslado de Mercabilbao y la creación del polo alimentario, aunque poco después recocía que 1.200 serían los ya que trabajan actualmente en las instalaciones de Basauri.

Los altos cargos y asimilados del Gobierno vasco tienen a su disposición 241 coches oficiales. De ellos, apenas 22 son ya diésel o gasolina. Aunque en 47 casos no hay datos, se están imponiendo los modelos híbridos. Estos vehículos han supuesto un coste de 1.567.855,02 euros (aquí se suma el posible 'renting', los peajes, aparcamientos, repostajes, cargas eléctricas y todos los gastos) y han recorrido exactamente 10.874.134 kilómetros. Son 271 vueltas al mundo por el ecuador (y un tercio de la siguiente). O, en lo que puede ser una referencia más habitual, 169.908 desplazamientos desde Bilbao hasta Lakua, la sede central de la Administración autonómica en Vitoria.

elDiario.es/Euskadi ofrece el detalle de los datos en tres gráficos interactivos. El primero es el desglose de la flota y los coches de combustión que quedan. El segundo informa del gasto por áreas en parque móvil. Y el tercero es el relativo al desplazamiento medido en kilómetros. La documentación procede de una solicitud realizada por Álvaro Gotxi del PP en el Parlamento Vasco a la que han respondido diez de los dieciséis departamentos del Ejecutivo. Los datos de esas carteras han sido facilitados por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que tiene bajo su cargo una flota general que luego se asigna a los diferentes departamentos. Otro matiz: los consejeros tienen un coche que computa en el Departamento de Seguridad y no en sus respectivas carteras, porque son vehículos de escolta policial.

Algunas situaciones particulares se dan en Presidencia. Aquí aparecen datos de los vehículos de las delegaciones en Argentina y en México, un Volkswagen y un Ford, en pesos argentinos y pesos mexicanos. Aquí se ha procedido a un cambio de divisas. ¿Y en qué vehículos viajan los miembros del Gobierno? Imanol Pradales, como Iñigo Urkullu, tiene Lexus. Y también algunos consejeros lo llevan. Hay nueve berlinas de lujo de esa marca, de los modelos XZ1 y LS 500 H. Además, hay cinco Audi A6 Limousine, cinco BMW 530E XDrive iPerformance y un Hyundai Tucson, el del viceconsejero de Seguridad, el único alto cargo que no forma parte del Consejo de Gobierno que mantiene la escolta. De todo el Gobierno, el organismo BRTA (Basque Research and Technology Alliance, dependiente de la cartera de Mikel Jauregi) ha sido el más transparente. Ha enviado incluso los extractos de las tarjetas de Kutxabank con los gastos. Se da la circunstancia de que la cartera de Susana García Chueca, la de Movilidad Sostenible, es la que tiene menos vehículos, menos gasto y menos kilometraje.

Alfonso Arriola, que hasta marzo de 2027 está cumpliendo formalmente una condena por corrupción debido a su participación en el 'caso De Miguel', es el funcionario responsable de seis programas de ayudas del Gobierno vasco. En total, quien cometiera un delito de prevaricación por facilitar desde su puesto en el parque tecnológico de Miñano, una sociedad pública autonómica de la que era gerente, que su compañero en el PNV Alfredo de Miguel intercediera para manipular contratos y recaudar comisiones, gestionará cerca de 19 millones de euros de presupuesto público en este año 2026.

Hace un año, este periódico adelantó que Arriola, como funcionario adscrito al Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, una cartera dirigida por la consejera 'jeltzale' Amaia Barredo, había sido situado al frente de una comisión de valoración de subvenciones forestales, el programa Handitu Egurra. Desde entonces, según las resoluciones que se han ido publicando en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), el exmiembro del PNV se ha ido convirtiendo en el “presidente” de seis mesas.

En concreto, lidera los programas Lehiatu Inversión (con una dotación de 13 millones), ISV Inversión (3,4 millones), Handitu Innova (1,5 millones), Kooperatu (1 millón) y Gastrobikain (0,75 en la anterior convocatoria). También sigue al frente de Handitu Egurra, pero no hay previsión de convocar esas ayudas en 2026, según fuentes oficiales del equipo de Barredo. Asimismo, es presidente suplente de otras tres mesas, las de los planes Lehiatu Promoción y Onekin y la de las ayudas a la digitalización de la cadena alimentaria y de la madera, siempre según el BOPV.

Arriola fue uno de los condenados en el 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi. En su caso, evitó la cárcel, pero sí recibió una inhabilitación por cuatro años. El auto de firmeza de esa pena fue emitido por la Audiencia Provincial de Álava en marzo de 2023 y, presumiblemente, no quedará liquidado hasta esa misma fecha de 2027. Sin embargo, la inhabilitación se aplica exclusivamente en sociedades públicas y, por lo tanto, Arriola ha podido mantener su condición de funcionario de la Administración general. En 2023, cuando fue condenado en firme por el Tribunal Supremo, trascendió que tenía un salario público por encima de los 6.000 euros mensuales.

El pasado año el asunto generó gran debate político. Mientras la consejera Barredo insistía en que Arriola no merecía “cadena perpetua” -llegó a afirmar en el Parlamento Vasco por dos veces que había “cumplido” la condena-, otros dirigentes del PNV mostraron una opinión muy contraria.  “A mí no me gusta que una persona condenada por un delito de corrupción esté gestionando ayudas. No me gusta”, afirmó el portavoz parlamentario y miembro del Euzkadi Buru Batzar Joseba Díez Antxustegi. El propio lehendakari, Imanol Pradales, admitió en una entrevista en 'El Correo' que no era algo “edificante”.

Desde el equipo de Barredo indican a este respecto que, “tal y como se trasladó hace un año, de la lectura de la sentencia se concluye que se inhabilita al interesado para empleo o cargo público relativo a cualquier cargo en sociedades participadas por capital público, pero no en su condición de funcionario de carrera en la Administración general de la comunidad autónoma de Euskadi”. Aseguran que el condenado, en ejercicio de sus “derechos” laborales, ha logrado una plaza en un “proceso abierto” y no de designación política que le hace “responsable” de determinados programas. “No tiene en ningún caso carácter político”, recalcan desde el Ejecutivo. Indican, además que las ayudas las concede una “comisión”, regulada por una normativa específica en cada caso.

Otro Basque Culinary Center. Y ya van cuatro. Las autoridades, encabezadas por el lehendakari, Imanol Pradales, el diputado general de Álava, Ramiro González, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, y la consejera Amaia Barredo, han puesto este miércoles en la capital vasca, justo a unos metros de la sede central del Gobierno vasco, la primera 'piedra' de la segunda sede de EDA. Estas siglas esconden el centro especializado en bebidas de la Universidad gastronómica privada vinculada a Mondragon, cuyo rector, Vicente Atxa, ha abierto la ceremonia. No hace ni dos semanas que se pusieron en marcha las obras de la otra sede del EDA, en Laguardia, muy orientada al vino de Rioja Alavesa.

El proyecto original nació en Donostia. Y está teniendo en los últimos meses un gran desarrollo impulsado por las ayudas públicas. En otoño se abrió la segunda sede, el GOe, también en la misma ciudad. Y ahora se expande con EDA, el ‘Wine & Drinks Campus’. El futuro edificio de Vitoria, en la parte de la plaza de Euskaltzaindia no ocupada por la nueva estación de autobuses, estará más centrado en otro tipo de “gastronomía líquida” más allá del vino, la especialidad que se deja para Laguardia, la capital de la comarca vinícola vasca y cuyo alcalde, Raúl García Ezquerro, también ha acudido a Vitoria.

En su momento, cuando este plan se gestó en 2023, un informe oficial adelantado por este periódico mostró que las tres sedes nuevas, el GOe y los dos EDA, se alzan en parcelas públicas cedidas gratuitamente. La de Vitoria es de 8.610 metros cuadrados, aunque el edificio tendrá una superficie de unos 4.000. De momento, ahora es solamente maleza. Bajo una carpa, este miércoles un operario de Amenabar, la empresa constructora, ha cavado a mano una fosa para introducir esa primera 'piedra', que en realidad ha sido una urna transparente con tres botellas, cerveza, kombucha y vino, más un hoja con las firmas de los invitados.

Está ya instalado el cartel que anuncia las obras. En él aparece el bosquejo de cómo quedará el EDA. Figuran como “promotores” el Gobierno vasco y la Diputación de Álava, y el Ayuntamiento de Vitoria como “colaborador”. En ese informe, se detallaba que la Diputación iba a poner 6 millones de euros y el Gobierno vasco 9,1. Noticias más actualizadas elevan a 10 millones la aportación autonómica, de un total de 18 millones de la doble sede del EDA.

El rector de Mondragon Unibertsitatea ha confiado en que EDA pueda empezar a acoger estudiantes a partir del curso 2027/2028, es decir, en poco más de año y medio. La alcaldesa Etxebarria, que ha ofrecido los mismos plazos, ha dicho que es “un proyecto estratégico” para la ciudad, porque “contribuirá a fortalecer la proyección internacional” de “la capital de Euskadi”. La socialista ha defendido también la “colaboración público-privada”. González, que ha intervenido en euskera y castellano, ha destacado especialmente la aportación del vino a Álava, incluso más allá de la economía. Ha indicado que “todos los países” del mundo están “orgullosos” de sus regiones vinícolas y ha puesto en valor a Rioja Alavesa, “pequeña en tamaño, [pero] enorme en prestigio y calidad”. Ha añadido que EDA es “mucho más” que un simple centro universitario: “Representa una oportunidad única”.

Pradales, que no pudo asistir al acto de Laguardia por un retraso en una conexión en Fráncfort en su regreso desde el foro de Davos -“qué importancia tendría mejorar Foronda”, ha ironizado-, se ha felicitado por participar en la puesta en marcha del nuevo edificio de Vitoria. “El futuro del sector agroalimentario y de la enogastronomía de Euskadi pasa por la excelencia y la innovación. Por ese maridaje de tradición, identidad y vanguardia que caracteriza el modelo vasco. Queremos que Araba y Euskadi sigan siendo referentes mundiales en innovación gastronómica y vitivinícola. En todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor. De la cepa a la copa. Y de la bodega al aula”, ha señalado. Y ha lanzado una petición: “Hoy ponemos una primera piedra para que EDA sea realidad. Pongamos también una primera piedra para que la primera opción en las cartas y en los hogares vascos sea un vino, un txakoli, una sidra, una cerveza o un licor elaborado en Euskadi”.

Después de los parlamentos, se ha realizado la colocación como tal de la urna. En ese momento, alguien del público -una persona con relevantes posiciones institucionales en Álava- ha sugerido en voz alta que la única mujer presente, la alcaldesa, podía necesitar ayuda con la pala para enterrar el objeto con las botellas. El incidente no ha pasado inadvertido para muchos de los asistentes. “No lo necesito, no”, ha espetado ella.

La Perla, el histórico edificio de Donostia que se levanta sobre la arena de La Cocha, tiene garantizada su continuidad como uno de los emblemas de la capital donostiarra otros 30 años y con los mismos usos. El Gobierno vasco, que cuenta desde el pasado mes de abril con la competencia en Costas, ha autorizado una nueva concesión hasta 2045, es decir, veinte años, con la posibilidad de otros diez de prórroga, lo que significa que continuará hasta 2055, “si persisten las causas de interés público que motivan el otorgamiento de la concesión administrativa”.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicaba esta pasada semana la resolución, adoptada el pasado 21 de noviembre de 2025, del viceconsejero de Pesca, Puertos y Litoral garantizando la continuidad de este edificio, con los mismos usos con los que contaba hasta ahora, algo que parecía estar en peligro cuando la competencia sobre las costas estaba en manos del Estado, al menos a la luz de las críticas del exalcalde Eneko Goia durante los últimos meses de su mandato.

De hecho, en 2023 el Ayuntamiento de Donostia inició una batalla legal con Costas, al temer que no se garantizara una nueva prórroga de la concesión. El motivo, que la Ley de Costas establece que en los edificios justo en la costa sólo pueden establecerse servicios o usos relacionados con el mar. El edificio de La Perla acoge el balneario y centro de talasoterapia propiedad Hoteles y Termas SA, que comercializa bajo la marca La Perla, y que tiene además restaurante y dos terrazas, y que es heredero del antiguo negocio que dio origen al edificio. Pero también está la discoteca Bataplán con la terraza que acoge el Café de La Concha, el club deportivo Atlético de San Sebastián, y el club privado deportivo Eguzki. Es decir, no todos los usos se corresponden con actividades relacionadas con el mar propiamente dicho.

Sin embargo, ya el pasado mes de septiembre el Gobierno vasco ya adelantaba esta renovación de la concesión adaptando la actual normativa para permitir la continuidad de usos. Entonces ya la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, ponía en valor el hecho de que la competencia esté en manos vascas para que se hayan podido “agilizar los trámites” de la concesión. “Dejamos atrás una concesión obsoleta, y la adaptamos a la actual realidad. La tramitación ha sido bastante sencilla, y no han surgido trabas, debido probablemente a que las instalaciones de La Perla llevan décadas integradas en la ciudad y así lo ven todos los agentes implicados”, señalaba la consejera.

En la documentación en la que se ha basado el departamento para aprobar la concesión, la Sociedad Balneario La Perla del Océano SL, que depende de Ayuntamiento que es el que tiene la concesión, defiende que los usos que se plantean en la solicitud de concesión son “esencialmente coincidentes con aquellos para los que fue construido el edificio: uso de balneario y otras actividades que se consideraron complementarias (realización de ejercicios físicos, restauración, salas de bailes y acontecimientos sociales) y vinculadas a la playa sobre la que se asienta”.

Además, señalan que los usos que se pretende implantar en el edificio son “ usos ambientalmente sostenibles, que no degradan el medio natural”, y defienden que se trata de actividades “relacionadas con el dominio público marítimo-terrestre”. “Así: La actividad de Talasoterapia (4.480 m²), actividad referente del edificio, necesita para el desarrollo de sus actividades agua de mar, para lo cual tienen ya autorizados desde la anterior concesión varios pozos de agua de mar alrededor del edificio. Este hecho hace que se considere compatible con la normativa de costas. Las dos actividades de restauración (situadas en planta cero y en un lateral del primer sótano; y de 700 m² +779 m² de terraza y 1.300 m² + 420 m² de terraza respectivamente) tienen como objeto prestar servicios a usuarios de la playa y de la actividad de Talasoterapia”. Señalan que una de ellas compatibilizará, con carácter secundario, “la actividad diurna con actividad nocturna con autorización para disponer de música con pista de baile o realizar espectáculos, ayudando así a mantener el equilibrio de la propuesta de ocio nocturno de la ciudad en condiciones de seguridad tal y como se ha hecho hasta la fecha”. “Por tanto, dado que son actividades que prestan servicios a usuarios de la playa se consideran también compatibles con la normativa de costas”.

Por otra parte, las dos actividades planteadas en los extremos laterales del edificio, de 1.046 m² y 1.086 m² respectivamente, serán “actividades deportivas vinculadas al mar (piragüismo, triatlón, paddle surf, natación, entre otros), abiertas a la participación de la ciudadanía en general. Por todo lo expuesto, consideramos que los usos planteados en la solicitud de concesión para la ocupación de dominio público marítimo-terrestre cumplen las disposiciones de la Ley de Costas y su Reglamento de desarrollo”, señalaban en su argumentación.

Con la nueva concesión, se cierra la incertidumbre que pesaba sobre los usos, porque el edificio como tal nunca ha estado en cuestión, ya que forma parte del paisaje donostiarra desde el siglo XIX. El edificio actual de La Perla es una reconstrucción del antiguo, que data de 1911. El primer edificio con ese nombre se levantó con madera mucho antes, en 1869, cuando se concedió el primer permiso para crear una edificación que facilitara el ritual del baño. Por ello, forma parta del paisaje donostiarra, tanto como la característica barandilla blanca que separa el paseo del arenal. El balneario de La Concha, el origen del edificio, fue el punto de atracción de la realeza y la corte durante muchos años de principios del siglo pasado, convirtiendo la capital donostiarra en punto de veraneo de la alta sociedad que eligió las calles de Donostia para construir sus palacetes y que en buena parte convirtieron la ciudad en lo que es hoy.

El Ayuntamiento, a través de la Sociedad Balneario, tenía la concesión desde 1908, pero finalizó en 2018. El ayuntamiento se acogió a una Ley de 2013 que posibilitaba solicitar prórrogas de este tipo de concesiones, por lo que solicitó en 2017 la renovación. Ya en 2020, el Ministerio de Transición Ecológica dio trámite de audiencia al Ayuntamiento y a la Sociedad Balneario en los expedientes iniciados para la prórroga y trasladó el informe de la Dirección General de Costas, y se empezó a poner en cuestión la continuidad de los usos, por lo que el Ayuntamiento inició una batalla legal mediante un recurso para poder acceder a la prórroga. Finalmente, la transferencia al Gobierno vasco ha acelerado los trámites y una vez publicada la concesión ahora dependerá del Ayuntamiento sacar a concurso la explotación.