Todo en las mismas manos: captura, transformación y comercialización del pescado en la misma empresa para que en la cadena que va desde la materia prima hasta el consumidor no se pierda el valor por el camino en detrimento del que está en el eslabón más bajo, en este caso el arrantzale. Las cofradías vascas son la base de la empresa Kofradia Basque Seafood (KBS), constituida de la mano del Gobierno vasco y que, por primera vez en Euskadi y en el Estado, une flota, industria y mercado. Un 'tres en uno' que pretende garantizar una trazabilidad de la calidad del producto desde el mar hasta la mesa y que, además, quiere facilitar el acceso al pescado fresco en los tiempos acelerados que corren. El consumidor podrá acceder al pescado limpio y preparado, sin esperar cola en la pescadería, y también habrá platos preparados.

La inversión inicial con la que nace KBS es de 3millones de euros y está constituida por las cofradías de pescadores de Gipuzkoa (Opegui) y Bizkaia (Opescaya), así como Hazilur dentro de la fundación Hazi del Gobierno vasco, que participa a través de préstamos participativos dirigidos al sector primario. Cada pata tiene un 33% de un proyecto que nace con la ambición de facturar alrededor de 21 millones de euros en 2027, y alcanzar los 30 millones de euros en 2030. Los promotores esperan alcanzar la rentabilidad en 2028 con un beneficio previsto de 1,4 millones de euros si se cumplen las previsiones de movilizar en ese momento un volumen superior a las 5.000 toneladas de pescado. En cuanto a los puestos de trabajo, se crearán en el arranque 25 empleos directos que se distribuirán en los 8.000 m² repartidos en tres centros: 20 personas en Berriatua, tres en Getaria y dos en Bermeo, aunque existe una previsión de incremento paulatino de empleo en el escenario 2026-2030.

La intención es “ofrecer una solución 360 grados”, abarcando todas las fases del pescado: fresco, congelado, granel, transformación, 4ª -cortado y envasado listo para cocinar- y 5ª gama -platos preparados- . “Al actuar como un proveedor único, KBS puede abastecer a los clientes de pescado fresco, congelado y productos locales capturados por la flota de bajura y altura”, señalan sus promotores, aunque también comercializarán especies de otros orígenes como salmón, bacalao o pulpo. “El objetivo es revertir esta situación adaptándose a los nuevos hábitos de la sociedad y las nuevas generaciones, ofreciendo soluciones que aporten valor y conveniencia”, señalan.

La planta central de la iniciativa estará en Berriatua, tras la adquisición de las instalaciones de la antigua empresa Posa en el marco de su concurso de acreedores. Asimismo, el proyecto se refuerza mediante acuerdos de cesión temporal para utilizar otras dos plantas productivas, una en Getaria, la antigua Oliveri, y otra en Bermeo, propiedad de la Cofradía de Pescadores de esta localidad. En concreto, en las instalaciones de Berriatua, de 4.500 m², se gestiona el granel -que está ya operativo desde mediados del mes de marzo- y se va a desarrollar al mismo tiempo las soluciones de 4ª gama -envasados- y 5ª gama -platos preparados y sopas-, que está previsto que esté operativo para finales de abril. En la planta de Getaria de 1.200 m², en las antiguas instalaciones de Oliveri, será el centro neurálgico del procesado del bonito del Norte y la anchoa. En esta planta, actualmente en régimen de cesión de sus instalaciones, pero que en un futuro próximo pasará a ser propiedad de KBS, se realizará la clasificación, pesaje y corte, además de recuperar la actividad tradicional de semiconservas y salazones de anchoa. Por último, en Bermeo la planta actualmente propiedad de la Cofradía de Pescadores de la localidad, de 2.500 m² se dedicará íntegramente a procesos de congelación mediante tecnología IQF (Individual Quick Freezing). Se trata de una de las dos únicas plantas a nivel nacional que incorpora esta tecnología de congelación individual rápida, que garantiza una calidad suprema. Este despliegue industrial cuenta con equipamiento de última generación, incluyendo fileteadoras de vanguardia en Berriatua para merluza, verdel, anchoa, sardina y lirio, nuevas cortadoras en Getaria para el bonito del Norte y soluciones punteras de envasado, según señalan sus promotores.

“Estamos ante un cambio de modelo: pasamos de participar en la cadena a tener un papel transversal en cada una de sus etapas. La integración de captura, transformación y comercialización nos permite ofrecer un producto con garantías totales de calidad, trazabilidad y sostenibilidad, bajo una visión completa de todo el proceso. Nos encontramos en un momento en el que hay que reinventarse y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado”, subraya Norberto Emazabel, representante de las cofradías de Gipuzkoa y Bizkaia.

Desde el Gobierno vasco la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, Amaia Barredo, considera que “Kofradia Basque Seafood es una apuesta compartida para dar más fortaleza al sector y para situar el pescado vasco en una posición de mayor valor, más futuro y mayor capacidad de transformación”. “El proyecto representa una forma de alinear flota, industria y mercado bajo una misma estrategia, reforzando elementos cada vez más importantes para el sector y para la ciudadanía como la calidad, la seguridad alimentaria, la trazabilidad y el control del recurso”.

La principal fuerza de la oposición, EH Bildu, también ha pedido explicaciones al Gobierno de Imanol Pradales por haber invitado a la empresa La Gilda del Norte al 'stand' de la sociedad pública Hazi en la feria Salón Gourmets que se celebra estos días en el recinto ferial de Ifema en Madrid, como publicó este periódico. El expositor abrió apenas 72 horas después de que la Audiencia Provincial de Bizkaia condenara al dueño de la compañía (en realidad llamada Agricultura Creativa 2015) por delitos “reiterados” contra los derechos de sus trabajadores extranjeros, a los que empleaba sin contrato y presionaba para que se escondieran (incluso en cámaras frigoríficas) cuando llegaban las inspecciones.

EH Bildu ha registrado en el Parlamento Vasco sendas solicitudes de información a los consejeros de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, y de Economía, Trabajo y Empleo, el vicelehendakari Mikel Torres, del PSE-EE. Además de la sentencia judicial, la Inspección de Trabajo, que depende del Ejecutivo, ha sancionado igualmente a La Gilda del Norte por las mismas prácticas.

El parlamentario Mikel Díaz de Alda, recién incorporado a la Cámara, pregunta a Barredo si considera verdaderamente, como publicitó el Gobierno coincidiendo con la inauguración de Salón Gourmets, que La Gilda del Norte puede representar “lo mejor” de la gastronomía vasca. “¿Le parece adecuado al Gobierno promocionar a esa firma en Ifema como una empresa ejemplar?”, lanza EH Bildu, que pide detalles del proceso de selección de las empresas que participan en el 'stand' de 'Euskadi Basque Country'.

Por su parte, Pazis García plantea a Torres que detalle las actuaciones de la Inspección de Trabajo en relación a Agricultura Creativa 2015, con sedes en Bizkaia, tanto de producción como los invernaderos o incluso los locales de venta. EH Bildu pregunta a Torres si ha elevado alguna protesta a Barredo en el seno del Gobierno en relación a esta invitación y qué tipo de medidas se adoptarán “para que algo como esto no se vuelva a repetir”.

La coalición Sumar, con un escaño en el Parlamento Vasco, ha reclamado al Gobierno de Imanol Pradales y, en concreto, a la consejera Amaia Barredo, “medidas” contra la empresa La Gilda del Norte, condenada este viernes por explotación de trabajadores extranjeros e invitada esta semana a la feria Salón Gourmets de Ifema, en Madrid, dentro del 'stand' de la sociedad pública Hazi. Se da la circunstancia de que, además, un organismo autonómico, la Inspección de Trabajo, tiene también sanciones firmes por los mismos hechos contra esta compañía.

“Preguntamos al Gobierno vasco si cree que es posible promocionar y colaborar con una empresa que se ha demostrado que estaba cometiendo estos delitos graves contra los trabajadores”, lanza el parlamentario Jon Hernández, procedente de IU. Y agrega: “No es compatible que una empresa que se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de trabajadores extranjeros, que tiene a la gente contratada sin Seguridad Social y que obligaba a esconderse a los trabajadores ante inspecciones, pueda ser promocionada por el propio Gobierno Vasco. Es absolutamente aberrante”.

De su lado, la portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, no ha ofrecido explicaciones sobre la cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El equipo de Barredo indicó a este periódico que la sentencia no es “firme” y que los espacios del 'stand' se gestionan con mucha antelación.

El Gobierno vasco ha llevado al Salón Gourmets, que se celebra esta semana en Madrid, a la empresa La Gilda del Norte, cuyo dueño ha sido condenado hace solamente 72 horas por la Audiencia Provincial de Bizkaia por explotación laboral reiterada de trabajadores extranjeros. Antes, además, tenía sanciones de la Inspección de Trabajo, un organismo dependiente del propio Ejecutivo autonómico. La compañía, denominada en realidad Agricultura Creativa 2015, es una de las participantes del 'stand' llamado 'Euskadi Basque Country', “que reúne a 18 firmas que representan lo mejor de la gastronomía vasca”.

El caso de la explotación laboral de trabajadores extranjeros fue destapado por este periódico en 2021, aunque los primeros hechos constatados datan ya de 2018. La Audiencia Provincial de Bizkaia ha considerado acreditado que el propietario de La Gilda del Norte, F.J.G.Á., empleada de forma “reiterada” a ciudadanos extranjeros sin contrato, con condiciones laborales precarias. Además, se les forzaba a ocultarse ante posibles inspecciones. La condena ha sido de multa de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los rabajadores y 7.500 euros en indemnizaciones a los tres afectados que se personaron en el juicio. Eludirá la prisión, eso sí, y la hija del dueño, P.G., ha quedado totalmente absuelta.

La Gilda del Norte ha participado regularmente como exponente de la calidad de la gastronomía vasca en varias ferias. Pero el Salón Gourmets es la primera después de la publicación de la sentencia. La delegación de la empresa ha estado encabezada por F.J.G.Á. La del Gobierno vasco por el director de la sociedad pública Hazi, Raimundo Ruiz Escudero. Según explica el área de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, dirigida por la consejera Amaia Barredo del PNV y de la que cuelga Hazi, son un total de 30 las empresas vascas en Ifema, el recinto ferial de Madrid. 18 de ellas, en cambio, forman parte de un 'stand' promovido por el propio Ejecutivo. “Todas ellas unidas bajo un mismo compromiso: ofrecer productos de calidad, de origen claro y saber hacer”, expone el Gobierno en la nota de prensa sobre Salón Gourmets.

El objetivo de estas exposiciones bajo el paraguas de la Administración es “reforzar la visibilidad de las marcas, fomentar las oportunidades comerciales y proyectar calidad y diversidad del sector”. Salón Gourmets es un “escaparate internacional de productos delicatessen”. Sobre La Gilda del Norte, indica el Gobierno que son “productores de gildas tradicionales con ingredientes propios, homenajeando al pintxo vasco”. La nota oficial enlaza con la página web de la empresa. Las fuentes consultadas indican que las invitaciones se habían cursado hace tiempo y que fue la empresa la que mostró interés en participar. Añade el Gobierno vasco que la sentencia “no es firme”. “Y, como tal, la empresa tiene derecho a su correspondiente recurso. Por lo tanto, en este momento no podemos negarnos a su participación en el programa de promoción de ferias que se desarrolla desde la fundación Hazi”, señalan.

El Gobierno vasco ha dejado sin efecto la adjudicación de los amarres en el puerto deportivo de Plentzia tras una decena de sentencias favorables a las personas que recurrieron ante los juzgados la fórmula en que se había llevado a cabo dicha adjudicación. La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha señalado este martes tras el consejo de Gobierno que el Ejecutivo firmó el pasado 18 de febrero la resolución por la que se deja sin efecto dicha adjudicación, en cumplimiento de los fallos dictados por los tribunales. Sin embargo, ha señalado que varias de las sentencias “no son plenamente coincidentes entre sí y en algunos aspectos establecen criterios contradictorios”, por lo que han pedido un incidente de ejecución al juzgado para que aclare cómo deben aplicarse dichas sentencias y el procedimiento que debe seguirse.

Según ha detallado la consejera, a la espera de dicho pronunciamiento del juzgado firme, las personas que actualmente ocupan plazas de amarre podrán mantener su uso en “régimen temporal y revocable”. Una medida que tendrá un carácter provisional y no supondrá generar nuevos derechos, “pero garantiza estabilidad mientras se completa el proceso con todas las garantías jurídicas”. Se trata de “ejecutar las sentencias con rigor y seguridad jurídica, evitando decisiones precipitadas que puedan generar nuevos conflictos”, ha señalado la consejera. Una vez los juzgados aclaren el modo exacto de ejecución, “el Gobierno vasco procederá a dictar los actos de adjudicación que correspondan conforme a los criterios judicialmente validados. En su caso, se abordarán las convocatorias que puedan resultar necesarias en los segmentos afectados”, ha señalado. “Es una decisión que se toma desde el foco de la prudencia y desde luego por responsabilidad, porque queremos que sea el propio juzgado el que determine de manera clara cómo deben de aplicarse exactamente estos fallos, qué procedimiento debe de seguirse”, ha insistido.

El conflicto en el Puerto de Plentzia surge de la adjudicación de 2021 por la que se distribuyeron más de 200 plazas y que ahora está anulada por los juzgados después de los recursos presentados por varios amarristas que consideraron que se les dejaba fuera de los requisitos para acceder al proceso de adjudicación. No sólo se han producido sentencias contrarias al criterio de adjudicación de amarres del Gobierno en Plentzia, también por ejemplo en el puerto deportivo de Donostia. Por eso, el departamento quiere afrontar la ordenación completa del ámbito y la adjudicación de amarres desde una “perspectiva global”. “Es importante que Plentzia lo abordemos de una manera integral y no aislada por la problemática que tiene entre el desajuste entre la oferta y la demanda de plazas”, ha dicho la consejera. Para ello, el departamento “ha empezado a trabajar” dos instrumentos estratégicos: un plan director para la práctica náutico-recreativa del litoral de Euskadi y una nueva orden de amarres. “Somos conscientes de la inquietud que esta situación ha generado. Nuestro compromiso es escuchar, dialogar y dotarnos de una normativa más clara y adaptada a la realidad actual de nuestros puertos”, ha añadido la consejera.

Respecto al plan director, Barredo ha señalado que permitirá “abordar toda la problemática respecto a este desajuste o desequilibrio entre la oferta y la demanda”. De hecho, actualmente hay alrededor de 2.000 personas en lista de espera para obtener una plaza de amarre en los puertos deportivos vascos. “Con este plan se quiere analizar el alcance real de la problemática dimensional adecuando las necesidades actuales y futuras del amarre y estudiar así posibles nuevos emplazamientos o fórmulas mixtas en lámina de agua y en marina seca que alberguen todas las embarcaciones que tenemos a día de hoy con solicitudes de ocupación”. “Ordenar de esta manera el crecimiento a futuro y que este plan nos permita impulsar ese ecosistema de la náutica recreativa desde la vertiente de actividad económica, turística cultural y también deportiva”.

En cuanto a la nueva orden de amarres, ha señalado que esta misma semana se aprobará formalmente el inicio de la redacción de esta nueva orden teniendo en cuenta las conclusiones del proceso de escucha que se ha llevado a cabo con el sector y de la exposición pública del proyecto. La nueva orden permitirá actualizar el marco regulador de todo dominio público, portuario y marítimo-terrestre “reforzando así esa seguridad jurídica clarificando los criterios técnicos también de adjudicación y mejorando todos los mecanismos de gestión para evitar situaciones como las que estamos viviendo”, ha indicado.

No obstante, ha recordado que “eso en la ría de Plentzia no es suficiente”, por lo que se va a abordar también la ordenación de las embarcaciones fondeadas en la ría. En este sentido, ha señalado la consejera que ya se cuenta con los estudios de batimetría - la medición de la profundidad y el relieve del fondo- elaborada en mayo de 2025, que analiza todos los calados existentes y el eje del canal, lo que permitirá conocer con precisión las limitaciones físicas de ocupación del espacio la ría. Por otra parte, el estudio de afección ambiental ha finalizado ya en diciembre de este 2025 y evalúa cuatro escenarios distintos de ordenación de todo el fondeo y valora el impacto de cada uno de los escenarios en la ría. Este mismo martes el Consejo portuario de Plentzia junto a la asociación de amarristas analizará esos cuatro escenarios para “iniciar la elaboración del proyecto de obra correspondiente, alcanzar y garantizar esa seguridad y preservar el equilibrio entre el uso social y la protección ambiental”, ha señalado la consejera.

El Tribunal Supremo ha dictado en lo que va de mes de febrero tres resoluciones en las que inadmite a trámite otros tantos recursos del Gobierno vasco para tratar de salvar la autorización ambiental concedida en su día por la ahora consejera Amaia Barredo, del PNV, al proyecto Valogreene Paper de Bergara, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Se suman a una cuarta providencia, adelantada por este periódico en diciembre, y que va en la misma dirección.

¿Cuáles son las implicaciones jurídicas? Queda anulada de forma firme y definitiva la rúbrica estampada en su momento por Barredo, cuando era viceconsejera de Medio Ambiente con Arantxa Tapia, al controvertido proyecto de valorización de residuos en la localidad guipuzcoana. Además, el cuádruple intento fallido de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico implicará un coste adicional de unos 10.000 euros para las arcas públicas, ya que cada uno de los pronunciamientos del Supremo incorpora la condena en costas a la Administración vasca, de 2.000 euros más IVA por recurso.

En su día, la empresa Greene Waste to Energy planteó un proyecto en el polígono Larramendi de Bergara. La controversia surgió porque, inicialmente, recibió el visto bueno del Ayuntamiento, en manos de EH Bildu. Pero al entender que la naturaleza del plan había sido cambiada de forma sustancial, de un proyecto aparentemente industrial a otro de gestión de residuos, la institución municipal que dirige Gorka Artola emitió un dictamen negativo 'a posteriori'. Pese a ello, Medio Ambiente del Gobierno vasco, en manos del PNV, concedió igualmente la autorización ambiental con la firma de Barredo.

Así las cosas, se lanzaron cuatro recursos contencioso-administrativos ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Los recurrentes fueron Ekologistak Martxan, el Ayuntamiento de Bergara, una funcionaria municipal a título individual y un particular. Todos ellos ganaron en primera instancia, pero el Ejecutivo decidió mantener la batalla judicial. Y fue al Supremo. Pero no ha tenido éxito.

Ha perdido los cuatro intentos. Los últimos días se han ido notificando tres de las resoluciones, dos meses después de la primera. Y todas, machaconamente, inadmiten la pretensión del Gobierno vasco de que se revisara la sentencia del Superior. Ni siquiera entran al fondo. Aprecian una “inobservancia” de los requisitos para elevar el asunto al alto tribunal, es decir, no hay “interés casacional” y simplemente se buscaba en otra instancia enmendar la plana a un tribunal que ya ha valorado todos los hechos.

Las providencias son de la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo, compuesta por los magistrados Pablo Lucas como presidente -hermano de Enrique Lucas, en su momento vocal del CGPJ a propuesta del PNV y ahora presidente de la Comisión de Control de la Policía vasca-, Ángeles Huet como ponente, José Luis Requero, Sandra María González de Lara y Pilar Cancer.

En paralelo, la Fiscalía vio indicios de que esta autorización de Valogreene Paper pudo constituir un delito de prevaricación. Sin embargo, el caso quedó totalmente archivado después de una suerte de partido de tenis de mesa entre el juzgado de Vitoria que inició las actuaciones y la sala para asuntos civiles y penales del Superior, a la que en 2024 le cayó el asunto al convertirse Barredo en miembro del Gobierno y, por lo tanto, en aforada. No consta que en esta instancia se practicara ninguna diligencia.

Sí sigue vivo formalmente otro proceso. En este caso parte de un recurso de la empresa promotora, también por la vía de lo contencioso-administrativo, contra el Ayuntamiento de Bergara. Un juzgado de Donostia le dio la razón y anuló el cambio de parecer municipal. El PNV lo presentó como un triunfo. En su día, la ahora presidenta del partido en Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga, llegó a plasmar por escrito que la prevaricación la habría cometido Artola, el alcalde, al echarse para atrás. Sin embargo, será el Superior el que revise en segunda instancia esa resolución del Tribunal de Instancia donostiarra y, salvo giro copernicano en su jurisprudencia, sustentada en cuatro fallos anteriores, mantendrá el veto a Valogreene Paper, indican fuentes conocedoras del caso.

El traslado de Mercabilbao a Ortuella, que se anunció en 2022 por la entonces consejera, Arantxa Tapia, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, estaba previsto para 2027, pero está retrasado, y sin fecha. El Gobierno vasco reconoce que ni siquiera tiene adquiridas todas las parcelas en las que está previsto la instalación del nuevo mercado de abastos, que se integraría en parque tecnológico especializado en industria alimentaria. Así que, de momento, sin contar aún con el suelo, imposible concretar fecha, o al menos calendario: “En este momento no es posible actualizar la hoja de ruta, ya que no se ha definido todavía un nuevo calendario operativo que permita reprogramar con rigor las acciones”, señala la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

El traslado de Mercabilbao a Ortuella es esencial para el impulso de ese parque tecnológico especializado en alimentación, como reconoce un informe de Azti, que urge a “decidir su futuro inmediato”, ya que “las concesiones administrativas de Mercabilbao vencían en 2021. Se han realizado contratos de transición para el periodo 2021-2026 con prórroga posible de otros cinco años hasta el 2031”. De ahí la urgencia del traslado que recomienda que se haga en una primera fase del polo , para que todas las infraestructuras y servicios se adapten al mercado.

El parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, pregunta a la consejera por cuál es la situación actual de los terrenos en los que está previsto ubicar el mercado, que tiene previsto llamarse Mercabilbao Next. Una pregunta parlamentaria que dirige también al consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, por tratarse de suelo industrial. Ambos responden lo mismo: Actualmente, “están en proceso de adquisición de las parcelas para poder gestionar el sector, y, por tanto, aún pendiente el diseño de la urbanización y la reparcelación definitiva del mismo. No es posible definir aún cuál sería la ubicación para Mercabilbao Next”.

De hecho, según la documentación que aportan, las parcelas totales para el parque tecnológico de Ortuella ocuparían 473.685 metros cuadrados´, es decir, casi 50 hectáreas. De ellos, el 47%, es decir, 224.219,47 metros cuadrados, están todavía pendientes de culminar el proceso de compra o negociación, o de gestionar en el proceso de reparcelación. Del resto, 202.220 metros cuadrados son propiedad del Parque Tecnológico y 47.245,38 son propiedad del Ayuntamiento de Ortuella, a gestionar en el proceso de reparcelación. Por ello no pueden definir el lugar en el que se instalará el mercado.

El proyecto se presentó el 12 de mayo de 2022, enmarcado en un pionero campus en el Parque Tecnológico de Ezkerraldea-Meatzaldea ubicado en Ortuella,, concebido como “un espacio único en el que desarrollar y atraer a empresas innovadoras y startups alimentarias”, en una iniciativa conjunta de del Gobierno vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y los Ayuntamientos de Ortuella y Bilbao, este último en calidad de socio mayoritario de Mercabilbao junto a Mercasa, y la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.

Según el proyecto inicial, el nuevo campus del Parque Tecnológico ocuparía 50 hectáreas. La idea es que este campus alimentario de Euskadi albergue Mercabilbao “como elemento tractor del proyecto, mediante la participación de un conjunto de empresas operadoras con amplia experiencia en el abastecimiento y distribución de productos perecederos, esenciales para la alimentación de la población”. De esta forma Mercabilbao podría crecer en tamaño, algo que ya le es imposible en las 13 hectáreas que ocupa en su actual ubicación de Basauri, donde lleva instalado más de 50 años.

Cuatro años después de ese anuncio, el Gobierno vasco sigue analizando la posibilidad de encaje de este polo alimentario y, de hecho, el informe elaborado por Azti en el que se detallan las oportunidades de implantar este parque está fechado en octubre de 2025. Un informe que se ha elaborado en base a las opiniones de empresas del sector y en el que se destaca la necesidad de integrar Mercabilbao en el proyecto de manera prioritaria.

El propio informe urge a “decidir su futuro inmediato”, ya que “las concesiones administrativas de Mercabilbao vencían en 2021. Se han realizado contratos de transición para el periodo 2021-2026 con prórroga posible de otros 5 años hasta el 2031”, de ahí la urgencia de que se ponga en marcha el proyecto.

El informe de Azti señala la integración de Mercabilbao como “uno de los pilares para garantizar la viabilidad del futuro polo alimentario” . “Es actualmente el mayor centro de distribución de alimentos perecederos del norte de España y sur de Francia, con un área de influencia de más de tres millones de habitantes y una comercialización anual superior a 250.000 toneladas de alimentos”, señala, además de destacar que operan en su espacio alrededor de 100 empresas mayoristas, principalmente de frutas, hortalizas y pescado. “Es crítico disponer de un único plan que contemple la ejecución prioritaria del traslado e integración de Mercabilbao en la primera fase del polo, esto podría traducirse en acciones asegurando que el diseño del polo (infraestructuras, gobernanza y servicios) se adapte a las necesidades de Mercabilbao, facilitando su transición y maximizando sinergias verticales/horizontales con el resto de los agentes. En definitiva, la unión de Mercabilbao y el polo alimentario de Ortuella emerge como un factor crítico de éxito: refuerza la lógica del proyecto, acelera su viabilidad, y magnifica su impacto estratégico en la cadena alimentaria de Euskadi”.

En un principio Tapia estimaba la creación de 2.000 empleos en Ortuella con el traslado de Mercabilbao y la creación del polo alimentario, aunque poco después recocía que 1.200 serían los ya que trabajan actualmente en las instalaciones de Basauri.

Los altos cargos y asimilados del Gobierno vasco tienen a su disposición 241 coches oficiales. De ellos, apenas 22 son ya diésel o gasolina. Aunque en 47 casos no hay datos, se están imponiendo los modelos híbridos. Estos vehículos han supuesto un coste de 1.567.855,02 euros (aquí se suma el posible 'renting', los peajes, aparcamientos, repostajes, cargas eléctricas y todos los gastos) y han recorrido exactamente 10.874.134 kilómetros. Son 271 vueltas al mundo por el ecuador (y un tercio de la siguiente). O, en lo que puede ser una referencia más habitual, 169.908 desplazamientos desde Bilbao hasta Lakua, la sede central de la Administración autonómica en Vitoria.

elDiario.es/Euskadi ofrece el detalle de los datos en tres gráficos interactivos. El primero es el desglose de la flota y los coches de combustión que quedan. El segundo informa del gasto por áreas en parque móvil. Y el tercero es el relativo al desplazamiento medido en kilómetros. La documentación procede de una solicitud realizada por Álvaro Gotxi del PP en el Parlamento Vasco a la que han respondido diez de los dieciséis departamentos del Ejecutivo. Los datos de esas carteras han sido facilitados por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que tiene bajo su cargo una flota general que luego se asigna a los diferentes departamentos. Otro matiz: los consejeros tienen un coche que computa en el Departamento de Seguridad y no en sus respectivas carteras, porque son vehículos de escolta policial.

Algunas situaciones particulares se dan en Presidencia. Aquí aparecen datos de los vehículos de las delegaciones en Argentina y en México, un Volkswagen y un Ford, en pesos argentinos y pesos mexicanos. Aquí se ha procedido a un cambio de divisas. ¿Y en qué vehículos viajan los miembros del Gobierno? Imanol Pradales, como Iñigo Urkullu, tiene Lexus. Y también algunos consejeros lo llevan. Hay nueve berlinas de lujo de esa marca, de los modelos XZ1 y LS 500 H. Además, hay cinco Audi A6 Limousine, cinco BMW 530E XDrive iPerformance y un Hyundai Tucson, el del viceconsejero de Seguridad, el único alto cargo que no forma parte del Consejo de Gobierno que mantiene la escolta. De todo el Gobierno, el organismo BRTA (Basque Research and Technology Alliance, dependiente de la cartera de Mikel Jauregi) ha sido el más transparente. Ha enviado incluso los extractos de las tarjetas de Kutxabank con los gastos. Se da la circunstancia de que la cartera de Susana García Chueca, la de Movilidad Sostenible, es la que tiene menos vehículos, menos gasto y menos kilometraje.

Alfonso Arriola, que hasta marzo de 2027 está cumpliendo formalmente una condena por corrupción debido a su participación en el 'caso De Miguel', es el funcionario responsable de seis programas de ayudas del Gobierno vasco. En total, quien cometiera un delito de prevaricación por facilitar desde su puesto en el parque tecnológico de Miñano, una sociedad pública autonómica de la que era gerente, que su compañero en el PNV Alfredo de Miguel intercediera para manipular contratos y recaudar comisiones, gestionará cerca de 19 millones de euros de presupuesto público en este año 2026.

Hace un año, este periódico adelantó que Arriola, como funcionario adscrito al Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, una cartera dirigida por la consejera 'jeltzale' Amaia Barredo, había sido situado al frente de una comisión de valoración de subvenciones forestales, el programa Handitu Egurra. Desde entonces, según las resoluciones que se han ido publicando en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), el exmiembro del PNV se ha ido convirtiendo en el “presidente” de seis mesas.

En concreto, lidera los programas Lehiatu Inversión (con una dotación de 13 millones), ISV Inversión (3,4 millones), Handitu Innova (1,5 millones), Kooperatu (1 millón) y Gastrobikain (0,75 en la anterior convocatoria). También sigue al frente de Handitu Egurra, pero no hay previsión de convocar esas ayudas en 2026, según fuentes oficiales del equipo de Barredo. Asimismo, es presidente suplente de otras tres mesas, las de los planes Lehiatu Promoción y Onekin y la de las ayudas a la digitalización de la cadena alimentaria y de la madera, siempre según el BOPV.

Arriola fue uno de los condenados en el 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi. En su caso, evitó la cárcel, pero sí recibió una inhabilitación por cuatro años. El auto de firmeza de esa pena fue emitido por la Audiencia Provincial de Álava en marzo de 2023 y, presumiblemente, no quedará liquidado hasta esa misma fecha de 2027. Sin embargo, la inhabilitación se aplica exclusivamente en sociedades públicas y, por lo tanto, Arriola ha podido mantener su condición de funcionario de la Administración general. En 2023, cuando fue condenado en firme por el Tribunal Supremo, trascendió que tenía un salario público por encima de los 6.000 euros mensuales.

El pasado año el asunto generó gran debate político. Mientras la consejera Barredo insistía en que Arriola no merecía “cadena perpetua” -llegó a afirmar en el Parlamento Vasco por dos veces que había “cumplido” la condena-, otros dirigentes del PNV mostraron una opinión muy contraria.  “A mí no me gusta que una persona condenada por un delito de corrupción esté gestionando ayudas. No me gusta”, afirmó el portavoz parlamentario y miembro del Euzkadi Buru Batzar Joseba Díez Antxustegi. El propio lehendakari, Imanol Pradales, admitió en una entrevista en 'El Correo' que no era algo “edificante”.

Desde el equipo de Barredo indican a este respecto que, “tal y como se trasladó hace un año, de la lectura de la sentencia se concluye que se inhabilita al interesado para empleo o cargo público relativo a cualquier cargo en sociedades participadas por capital público, pero no en su condición de funcionario de carrera en la Administración general de la comunidad autónoma de Euskadi”. Aseguran que el condenado, en ejercicio de sus “derechos” laborales, ha logrado una plaza en un “proceso abierto” y no de designación política que le hace “responsable” de determinados programas. “No tiene en ningún caso carácter político”, recalcan desde el Ejecutivo. Indican, además que las ayudas las concede una “comisión”, regulada por una normativa específica en cada caso.

Otro Basque Culinary Center. Y ya van cuatro. Las autoridades, encabezadas por el lehendakari, Imanol Pradales, el diputado general de Álava, Ramiro González, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, y la consejera Amaia Barredo, han puesto este miércoles en la capital vasca, justo a unos metros de la sede central del Gobierno vasco, la primera 'piedra' de la segunda sede de EDA. Estas siglas esconden el centro especializado en bebidas de la Universidad gastronómica privada vinculada a Mondragon, cuyo rector, Vicente Atxa, ha abierto la ceremonia. No hace ni dos semanas que se pusieron en marcha las obras de la otra sede del EDA, en Laguardia, muy orientada al vino de Rioja Alavesa.

El proyecto original nació en Donostia. Y está teniendo en los últimos meses un gran desarrollo impulsado por las ayudas públicas. En otoño se abrió la segunda sede, el GOe, también en la misma ciudad. Y ahora se expande con EDA, el ‘Wine & Drinks Campus’. El futuro edificio de Vitoria, en la parte de la plaza de Euskaltzaindia no ocupada por la nueva estación de autobuses, estará más centrado en otro tipo de “gastronomía líquida” más allá del vino, la especialidad que se deja para Laguardia, la capital de la comarca vinícola vasca y cuyo alcalde, Raúl García Ezquerro, también ha acudido a Vitoria.

En su momento, cuando este plan se gestó en 2023, un informe oficial adelantado por este periódico mostró que las tres sedes nuevas, el GOe y los dos EDA, se alzan en parcelas públicas cedidas gratuitamente. La de Vitoria es de 8.610 metros cuadrados, aunque el edificio tendrá una superficie de unos 4.000. De momento, ahora es solamente maleza. Bajo una carpa, este miércoles un operario de Amenabar, la empresa constructora, ha cavado a mano una fosa para introducir esa primera 'piedra', que en realidad ha sido una urna transparente con tres botellas, cerveza, kombucha y vino, más un hoja con las firmas de los invitados.

Está ya instalado el cartel que anuncia las obras. En él aparece el bosquejo de cómo quedará el EDA. Figuran como “promotores” el Gobierno vasco y la Diputación de Álava, y el Ayuntamiento de Vitoria como “colaborador”. En ese informe, se detallaba que la Diputación iba a poner 6 millones de euros y el Gobierno vasco 9,1. Noticias más actualizadas elevan a 10 millones la aportación autonómica, de un total de 18 millones de la doble sede del EDA.

El rector de Mondragon Unibertsitatea ha confiado en que EDA pueda empezar a acoger estudiantes a partir del curso 2027/2028, es decir, en poco más de año y medio. La alcaldesa Etxebarria, que ha ofrecido los mismos plazos, ha dicho que es “un proyecto estratégico” para la ciudad, porque “contribuirá a fortalecer la proyección internacional” de “la capital de Euskadi”. La socialista ha defendido también la “colaboración público-privada”. González, que ha intervenido en euskera y castellano, ha destacado especialmente la aportación del vino a Álava, incluso más allá de la economía. Ha indicado que “todos los países” del mundo están “orgullosos” de sus regiones vinícolas y ha puesto en valor a Rioja Alavesa, “pequeña en tamaño, [pero] enorme en prestigio y calidad”. Ha añadido que EDA es “mucho más” que un simple centro universitario: “Representa una oportunidad única”.

Pradales, que no pudo asistir al acto de Laguardia por un retraso en una conexión en Fráncfort en su regreso desde el foro de Davos -“qué importancia tendría mejorar Foronda”, ha ironizado-, se ha felicitado por participar en la puesta en marcha del nuevo edificio de Vitoria. “El futuro del sector agroalimentario y de la enogastronomía de Euskadi pasa por la excelencia y la innovación. Por ese maridaje de tradición, identidad y vanguardia que caracteriza el modelo vasco. Queremos que Araba y Euskadi sigan siendo referentes mundiales en innovación gastronómica y vitivinícola. En todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor. De la cepa a la copa. Y de la bodega al aula”, ha señalado. Y ha lanzado una petición: “Hoy ponemos una primera piedra para que EDA sea realidad. Pongamos también una primera piedra para que la primera opción en las cartas y en los hogares vascos sea un vino, un txakoli, una sidra, una cerveza o un licor elaborado en Euskadi”.

Después de los parlamentos, se ha realizado la colocación como tal de la urna. En ese momento, alguien del público -una persona con relevantes posiciones institucionales en Álava- ha sugerido en voz alta que la única mujer presente, la alcaldesa, podía necesitar ayuda con la pala para enterrar el objeto con las botellas. El incidente no ha pasado inadvertido para muchos de los asistentes. “No lo necesito, no”, ha espetado ella.

La Perla, el histórico edificio de Donostia que se levanta sobre la arena de La Cocha, tiene garantizada su continuidad como uno de los emblemas de la capital donostiarra otros 30 años y con los mismos usos. El Gobierno vasco, que cuenta desde el pasado mes de abril con la competencia en Costas, ha autorizado una nueva concesión hasta 2045, es decir, veinte años, con la posibilidad de otros diez de prórroga, lo que significa que continuará hasta 2055, “si persisten las causas de interés público que motivan el otorgamiento de la concesión administrativa”.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicaba esta pasada semana la resolución, adoptada el pasado 21 de noviembre de 2025, del viceconsejero de Pesca, Puertos y Litoral garantizando la continuidad de este edificio, con los mismos usos con los que contaba hasta ahora, algo que parecía estar en peligro cuando la competencia sobre las costas estaba en manos del Estado, al menos a la luz de las críticas del exalcalde Eneko Goia durante los últimos meses de su mandato.

De hecho, en 2023 el Ayuntamiento de Donostia inició una batalla legal con Costas, al temer que no se garantizara una nueva prórroga de la concesión. El motivo, que la Ley de Costas establece que en los edificios justo en la costa sólo pueden establecerse servicios o usos relacionados con el mar. El edificio de La Perla acoge el balneario y centro de talasoterapia propiedad Hoteles y Termas SA, que comercializa bajo la marca La Perla, y que tiene además restaurante y dos terrazas, y que es heredero del antiguo negocio que dio origen al edificio. Pero también está la discoteca Bataplán con la terraza que acoge el Café de La Concha, el club deportivo Atlético de San Sebastián, y el club privado deportivo Eguzki. Es decir, no todos los usos se corresponden con actividades relacionadas con el mar propiamente dicho.

Sin embargo, ya el pasado mes de septiembre el Gobierno vasco ya adelantaba esta renovación de la concesión adaptando la actual normativa para permitir la continuidad de usos. Entonces ya la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, ponía en valor el hecho de que la competencia esté en manos vascas para que se hayan podido “agilizar los trámites” de la concesión. “Dejamos atrás una concesión obsoleta, y la adaptamos a la actual realidad. La tramitación ha sido bastante sencilla, y no han surgido trabas, debido probablemente a que las instalaciones de La Perla llevan décadas integradas en la ciudad y así lo ven todos los agentes implicados”, señalaba la consejera.

En la documentación en la que se ha basado el departamento para aprobar la concesión, la Sociedad Balneario La Perla del Océano SL, que depende de Ayuntamiento que es el que tiene la concesión, defiende que los usos que se plantean en la solicitud de concesión son “esencialmente coincidentes con aquellos para los que fue construido el edificio: uso de balneario y otras actividades que se consideraron complementarias (realización de ejercicios físicos, restauración, salas de bailes y acontecimientos sociales) y vinculadas a la playa sobre la que se asienta”.

Además, señalan que los usos que se pretende implantar en el edificio son “ usos ambientalmente sostenibles, que no degradan el medio natural”, y defienden que se trata de actividades “relacionadas con el dominio público marítimo-terrestre”. “Así: La actividad de Talasoterapia (4.480 m²), actividad referente del edificio, necesita para el desarrollo de sus actividades agua de mar, para lo cual tienen ya autorizados desde la anterior concesión varios pozos de agua de mar alrededor del edificio. Este hecho hace que se considere compatible con la normativa de costas. Las dos actividades de restauración (situadas en planta cero y en un lateral del primer sótano; y de 700 m² +779 m² de terraza y 1.300 m² + 420 m² de terraza respectivamente) tienen como objeto prestar servicios a usuarios de la playa y de la actividad de Talasoterapia”. Señalan que una de ellas compatibilizará, con carácter secundario, “la actividad diurna con actividad nocturna con autorización para disponer de música con pista de baile o realizar espectáculos, ayudando así a mantener el equilibrio de la propuesta de ocio nocturno de la ciudad en condiciones de seguridad tal y como se ha hecho hasta la fecha”. “Por tanto, dado que son actividades que prestan servicios a usuarios de la playa se consideran también compatibles con la normativa de costas”.

Por otra parte, las dos actividades planteadas en los extremos laterales del edificio, de 1.046 m² y 1.086 m² respectivamente, serán “actividades deportivas vinculadas al mar (piragüismo, triatlón, paddle surf, natación, entre otros), abiertas a la participación de la ciudadanía en general. Por todo lo expuesto, consideramos que los usos planteados en la solicitud de concesión para la ocupación de dominio público marítimo-terrestre cumplen las disposiciones de la Ley de Costas y su Reglamento de desarrollo”, señalaban en su argumentación.

Con la nueva concesión, se cierra la incertidumbre que pesaba sobre los usos, porque el edificio como tal nunca ha estado en cuestión, ya que forma parte del paisaje donostiarra desde el siglo XIX. El edificio actual de La Perla es una reconstrucción del antiguo, que data de 1911. El primer edificio con ese nombre se levantó con madera mucho antes, en 1869, cuando se concedió el primer permiso para crear una edificación que facilitara el ritual del baño. Por ello, forma parta del paisaje donostiarra, tanto como la característica barandilla blanca que separa el paseo del arenal. El balneario de La Concha, el origen del edificio, fue el punto de atracción de la realeza y la corte durante muchos años de principios del siglo pasado, convirtiendo la capital donostiarra en punto de veraneo de la alta sociedad que eligió las calles de Donostia para construir sus palacetes y que en buena parte convirtieron la ciudad en lo que es hoy.

El Ayuntamiento, a través de la Sociedad Balneario, tenía la concesión desde 1908, pero finalizó en 2018. El ayuntamiento se acogió a una Ley de 2013 que posibilitaba solicitar prórrogas de este tipo de concesiones, por lo que solicitó en 2017 la renovación. Ya en 2020, el Ministerio de Transición Ecológica dio trámite de audiencia al Ayuntamiento y a la Sociedad Balneario en los expedientes iniciados para la prórroga y trasladó el informe de la Dirección General de Costas, y se empezó a poner en cuestión la continuidad de los usos, por lo que el Ayuntamiento inició una batalla legal mediante un recurso para poder acceder a la prórroga. Finalmente, la transferencia al Gobierno vasco ha acelerado los trámites y una vez publicada la concesión ahora dependerá del Ayuntamiento sacar a concurso la explotación.

EDA Drinks & Wine Campus. Así se llama la tercera pata del Basque Culinary Center y está dedicado a la formación e investigación en vino y bebidas. Y comienza a hacerse realidad. El simbólico acto de colocación de la primera piedra en Laguardia, la capital de la Rioja Alavesa, ha dado inicio este viernes a las obras de este centro de excelencia que, si todo va según lo previsto, estará operativo en septiembre de 2027 para recibir ese curso los primeros alumnos.

Además del edificio de Laguardia, ptra sede de EDA estará en Vitoria. La construcción de ambos edificios se realizará de forma simultánea y, de hecho, está prevista la colocación de la primera piedra de la sede de la capital alavesa en los próximos días.

El nuevo centro es iniciativa del Basque Culinary Center, pero como los otros dos centros, el BCC propiamente dicho, y el GOe, son un claro exponente de la “colaboración público-privada” de la que hace gala el Gobierno vasco como panacea para llevar a cabo proyectos ambiciosos. De hecho, los dos edificios de EDA supondrán una inversión de 18 millones de euros, de los cuales 10 millones de euros corresponden al Gobierno vasco y seis a la Diputación Foral de Álava.

Por eso, representantes de las administraciones que participan en EDA, el Gobierno vasco, y la Diputación, han estado presentes en el acto junto a los máximos dirigentes del Basque Culinary Center. Así, el acto ha estado presidido por la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, Amaia Barredo, el diputado general de Álava, Ramiro González, y Joxe Mari Aizega, director general de Basque Culinary Center. Estaba prevista la presencia del lehendakari Imanol Pradales, pero se lo ha impedido un retraso en su regreso de Davos.

Junto a la representación institucional, la presencia de representantes de bodegas de Rioja Alavesa, asociaciones y entidades vinculadas al ámbito vitivinícola, y los alcaldes de Laguardia, Raúl García, y otras localidades de la comarca, han querido poner en valor la importancia que tendrá este centro para convertir la zona en “referente en formación, innovación y conocimiento en torno a las bebidas y el vino”.

La primera piedra se ha colocado en la parcela que acogerá la sede del EDA en Laguardia, terreno cedido en derecho de superficie por la Diputación Foral de Álava, y que está ubicada junto a la casa del vino de la localidad. Esa primera piedra ha estado representada por un libro de firmas en el que los y lasasistentes han volcado sus deseos, pensamientos y reflexiones sobre este proyecto y una botella de vino de la última añada de los viñedos de esa tierra sobre la que se alzará el edificio. “Un gesto que representa la unión entre el pasado, el presente y el futuro”, han señalado.

Sobre esa parcela se levantará un edificio singular, obra del arquitecto José Carvalho Araújo, que ocupará aproximadamente 3.000 metros cuadrados, y contará con tres laboratorios, cuatro talleres, una sala sensorial, una incubadora y seis salas para emprendedores, además de una planta piloto centrada en vinificación y un 'wine bar' experimental. Tiene un porcentaje de edificación bajo tierra, aprovechando las inercias térmicas, ya que algunos de los compartimentos que alojará el edificio requiere temperaturas controladas. La cobertura verde que se prevé contribuirá también a atenuar el impacto solar. En estos espacios el curso 2027-2028 están previstas diferentes acciones formativas como el grado en vino y bebidas, másteres especializados, cursos de postgrado y el programa de doctorado, todo ello de la mano de Basque Culinary Center, la facultad de Gastronomía insertada en la oferta de Mondragon Unibertsitatea. Tanto el centro de Laguardia como el de Vitoria nace con la intención de ser centros abiertos a la ciudadanía, con cursos de cata, elaboración de bebidas o armonías gastronómicas y maridajes, además de ser incubadora de 'startups', centrado en el universo de vino y las bebidas.

Durante su intervención, la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha destacado que el Gobierno vasco seguirá tomando decisiones de calado para hacer frente a las dificultades en las que se encuentra el sector, “llevando su voz a Europa y reclamando una PAC vasca reforzada y descentralizada”. “Esta instalación nos permitirá proyectar Rioja Alavesa internacionalmente, impulsar la innovación y fortalecer al sector vitivinícola vasco”, ha señalado.

Ha remarcado Barredo que “el futuro del sector agroalimentario de Euskadi pasa por la excelencia y la innovación”. En este sentido, ha señalado que de EDA Laguardia, “saldrán las personas que liderarán la transformación del sector del vino en Euskadi”. “Personas que desarrollarán nuevos productos, servicios y modelos de negocio. Y aquí se generará el conocimiento que permitirá a nuestro sector ganar competitividad en un momento de gran exigencia, o abrir nuevos mercados”, ha manifestado.

Por su parte, Ramiro González, diputado General de Álava, ha querido hacer hincapié en que es más que un edificio lo que se levantara en esa parcela. “Levantamos un símbolo de proyección cultural y conocimiento para Rioja Alavesa. EDA es la forma contemporánea de evolucionar lo que ya somos: una comarca con identidad propia, con una relación íntima entre paisaje, cultura y modo de vida. Este campus nos abre una puerta al mundo, pero lo hace desde el máximo respeto a nuestra autenticidad”. Además, ha señalado que “la arquitectura, integrada en el viñedo y dialogando con la historia de esta tierra, expresa bien el propósito del proyecto: proyectar nuestra singularidad sin diluirla, reforzar la identidad local y asegurar que el conocimiento y el futuro del vino sigan ligados a quien lo ha hecho posible durante generaciones.”

Joxe Mari Aizega, director general de Basque Culinary Center, ha incidido mientras tanto en el “hito estratégico” que supone el inicio de las obras de EDA para el Basque Culinary Center y para el conjunto del sector de las bebidas y el vino. “Este proyecto nace con la vocación de convertirse en un referente internacional en formación, investigación, innovación y emprendimiento, conectando conocimiento, territorio y el sector del vino y las bebidas”, ha dicho. Ha señalado, además, que “EDA será un espacio único y abierto para anticipar los retos del futuro, impulsar el talento y generar un impacto económico, social y cultural desde una visión global y sostenible”.

La tercera pata del Basque Culinary desde que se inauguró en 2009

EDA Drinks & Wine Campus es una iniciativa desarrollada por Basque Culinary Center y promovida por el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Álava, a la que se ha incorporado el Ayuntamiento de Vitoria. Su misión será “promover el desarrollo económico y social sostenible a través de las bebidas y el vino y, para ello, buscará atraer talento, ofrecer formación universitaria y másteres especializados desde Facultad de Ciencias Gastronómicas de Basque Culinary Center, potenciar el emprendimiento y la innovación y desarrollar líneas de investigación enfocadas a la transferencia de conocimiento al sector con una proyección internacional, una visión integral y desde la excelencia.

Se trata de un proyecto “pionero a nivel internacional” que constituye la tercera pata del Basque Culinary Center, que desde su inauguración en el polígono de Miramon en 2009 estaba ya casi preparando las ampliaciones. El centro de educación de excelencia en gastronomía, promovido por la Mondragon Unibersatea y cocineros de prestigio -y las instituciones vascas- dio paso el pasado año a la inagurción del GOe (Gastronomy Open Ecosystem), la segunda sede, ubicada esta en el centro de Donostia, en el barrio de Gros, con no pocas protestas vecinales. Este centro está destinado a convertirse en un centro neurálgico de la innovación y la investigación en materia gastronómica y alimentaria. Los dos centros están ubicados en edificios singulares llevados a cabo por arquitectos de prestigio.

En este caso, del EDA ambas ubicaciones, en Vitoria y Laguardia, tendrán diseño del arquitecto José Carvalho Araújo, en un proyecto que ha denominado Mugarik Gabe (Sin fronteras). La sede de Vitoria, ubicada en el barrio de Lakua, junto a la estación de autobuses, será la que albergará la actividad referente a todo el universo de las bebidas al margen del vino. Es decir, bebidas como destilados, cervezas, fermentados y NOLO, es decir, las que contienen poco o nada de alcohol, entre otras. Tendrá una superficie de 4.000 metros cuadrados útiles levantada sobre una parcela de titularidad municipal que se cede por 75 años al Basque Culinary, siguiendo el mismo procedimiento que se ha llevado a cabo con el GOe. Contará, entre otros espacios, con dos salas de análisis sensorial, cuatro laboratorios (cromatografía, física, y química y microbiología) ocho talleres y un auditorio. Además, dispondrá de una planta piloto de 900 metros cuadrados en la que los estudiantes podrán poner en práctica sus conocimientos sobre el proceso de elaboración en cuanto a destilación y fermentación, entre otras cuestiones.

En puertas del arranque del período de sesiones en el Parlamento Vasco tras el largo parón de Navidad, el PP ha escalado el tono de su oposición al Gobierno de Imanol Pradales y ha etiquetado de “clientelismo”, “corruptelas” y “corrupción” la gestión de EKP (Euskadiko Kirol Portua, la sociedad autonómica de gestión portuaria) por las adjudicaciones directas “a dedo” durante un cuarto de siglo tanto en materia de combustible (17 millones de euros), como de telefonía y comunicaciones (0,8 millones) y seguros (1,7 millones). En una rueda de prensa en Bilbao, el líder de los 'populares' vascos, Javier de Andrés, y la parlamentaria Ana Morales han anunciado que pedirán “todos los expedientes” de EKP y que reclamarán la comparecencia en la Cámara de la consejera que gestiona la competencia de Puertos, Amaia Barredo, del PNV, aunque por el momento descartan ir a la Fiscalía.

Euskadi asumió la competencia de Puertos en 1982 -aunque en ocasiones ahora se apunte a que es una materia pendiente- y creó en 2000 la sociedad EKP. La comunidad autónoma tiene el control de las instalaciones portuarias que no son de interés general, que son todas salvo Pasaia y Bilbao. Entre 2012 y 2025 la responsable de esa entidad fue Edurne Egaña, también dirigente el PNV en Gipuzkoa. El pasado año, este periódico publicó auditorías del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas críticas con la gestión económica y las adjudicaciones sin concurso. Finalmente, también en 2025, la consejera Barredo relevó a Egaña pero, inmediatamente, la recolocó como asesora con un salario superior a los 80.000 euros. En el medio se han cruzado las críticas por la gestión de los amarres en diferentes puertos, incluido el de Donostia.

Según el PP, lo sucedido en EKP se eleva “clientelismo”, “corruptelas” o “corrupción”, los términos que han empleado en la comparecencia. Insisten en que, en el caso de los contratos “a dedo” de suministro de gasóleo de los puertos, se han ido en un porcentaje muy alto a la empresa de un dirigente del PNV de Gipuzkoa y exjuntero ya fallecido. Han apuntado a un 76%, más de 12 millones de euros. La presidenta de los nacionalistas guipuzcoanos, María Eugenia Arrizabalaga, ya salió en tromba a denunciar las “calumnias” del PP.

“Los vascos merecemos algo más”, ha dicho De Andrés, que entiende que el PNV contemporiza con las investigaciones que afectan al PSOE a cambio de que ocurra lo mismo a la inversa en Euskadi. “El PNV participa en la misma degradación. Se están uniendo para taparse las responsabilidades políticas en casos de corrupción”, ha manifestado De Andrés. Morales se ha felicitado de que su labor de control desde la oposición haya forzado a EKP a anunciar ya concursos para realizar los contratos de suministros mediante concurrencia abierta. Los 'populares' sostiene que podrían depurarse responsabilidades políticas sin necesidad de sentencias judiciales.

La Asociación de Anguleros de Euskadi (Euskadiko Angulero Elkartea) ha decidido recurrir a los tribunales para intentar revertir la suspensión de la campaña de pesca de la angula decretada por el Gobierno vasco, ante la situación crítica de la especie. “Nos vemos obligados a tener que recurrir a los tribunales para defender nuestros derechos”, aseguran.

Los anguleros presentaron este pasado lunes día 20 un recurso con petición de medidas cautelares ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la resolución 4629 de 20 de octubre de 2025 de la directora de Pesca y Acuicultura, que depende de la consejera Amaia Barredo. En ella, se suspende temporalmente la campaña de pesca de la angula para el periodo 2025-2026.

Lo consideran una “actitud despótica y dictatorial” del departamento que dirige Amaia Barredo. Los anguleros piden al tribunal medidas cautelares para que, mientras se decide judicialmente el asunto, se les permita pescar hasta que finalice la campaña oficial, en el mes de marzo. “Nos vemos obligados a tener que recurrir a los tribunales para defender nuestros derechos, en contra de quien debería de velar por ellos, motivado por la actitud despótica y dictatorial mantenida por su consejería de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, siendo incapaces de dar una solución al problema”, señala el presidente de la asociación, Iñaki Bedoya.

Según señala, “mientras que para otros sectores de la pesca con peores informes y acompañados de reducciones en los cupos de pesca se están buscando soluciones, como es su obligación, antes incluso del comienzo de la campaña” a los anguleros se les suspende de forma directa. “¿Por qué a nosotros no se nos trata igual?”, se pregunta Bedoya.

Asegura que están “indignados por el trato discriminatorio” que aparentemente les viene dispensando el viceconsejero de Pesca, Leandro Azkue, y la propia Barredo, “quien en su comparecencia ante el Parlamento Vasco en diciembre pasado puso en duda la profesionalidad de los pescadores de angulas”. “Para finalizar, y muy a nuestro pesar, una vez puesta en marcha la vía judicial, retomaremos la política en todos los foros donde se nos ha puesto en duda nuestra profesionalidad”, señalan desde la asociación.

El Gobierno vasco anunció la suspensión de la campaña de la angula el pasado mes de octubre ante la “crítica situación de la especie”. La decisión de suspender la campaña 2025/2026, que arrancaba -el 1 de noviembre- en la resolución del Ararteko, que instaba al Gobierno a revisar la normativa por la que se permitía la pesca, y en dos informes que constatan la especie no se está recuperado. Los anguleros ya criticaron en ese momento las “formas” del Gobierno vasco porque no se les había comunicado la decisión de la suspensión de forma previa.

En el mes de diciembre, el Gobierno se reunió con los anguleros para intentar reconducir la situación. Entonces ya se estaban presentando recursos administrativos contra la resolución, aunque el Ejecutivo confiaban en que no se judicializara la cuestión, algo que ha terminado por ocurrir. En una comparecencia en el Parlamento vasco, Leadro Azkue, viceconsejero de Pesca y Acuicultura del Gobierno vasco, justificaba la suspensión de la campaña en que los datos sobre la situación de la especie son “demoledores” y que por lo tanto, no ha quedado otra alternativa que suspender la pesca. Señalaba que la biomasa de angula en Euskadi se encuentra en “un 9% de lo que debería ser la biomasa prístina”; es decir, la biomasa de anguilas que vive en hábitats vírgenes o poco alterados por la actividad humana. Además, recordaba que en la primera temporada de pesca de angula de carácter profesional, se capturaron sólo 198 kilos, pese a que el tope fijado por el Gobierno era de 554 kilos, lo que según ha recordado Azkue, viene a mostrar que “igual no hay tanta angula como se creía”.

También puso en cuestión la profesionalización del sector,  minimizado el impacto del cierre de la pesquería que hasta el año pasado era recreativa. De entrada señaló que el 42% de las licencias están en poder de personas jubiladas: “No parece que haya que mantener la pesca profesional de una especie en extinción cuando el 42% de las licencias las ha solicitado jubilados”, dijo. Además, indicó que el 95% de las licencias las tienen personas que se dedican a otra cosa y “después por la noche pescan”. Sólo cuatro embarcaciones “tienen como modo de vida la pesca”, señalo Azkue, que indicó que las capturas de menos de 200 kilos de la pasada campaña supusieron una facturación global de 100.000 euros. “Ese es nuestro sector profesional de la angula”, dijo, para pedir una “reflexión” sobre “el impacto socioeconómico que esta actividad tiene”. Unas alusiones a la baja profesionalización del sector que tampoco gustó a los anguleros.

Hay que recordar que la pesca de angulas en Euskadi era recreativa hasta 2024, cuando se profesionalizó después de que la Comisión Europea decidiera prohibir la pesca recreativa y redujera la cuota de la pesca profesional para proteger la especie. Los anguleros se aferran ahora a que en otros países europeos, e incluso en otras comunidades autónomas del Estado, la pesca no se ha prohibido esta campaña, como se ha hecho en Euskadi.

Gipuzkoa ha iniciado este miércoles el proceso para la vacunación de alrededor de 44.000 cabezas de ganado contra la dermatosis nodular contagiosa, mientras se mantienen las presiones desde las instituciones vascas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que esta vacunación se extienda también a Álava y Bizkaia. De momento, el Estado solo ha autorizado la vacunación en Gipuzkoa por su proximidad a los focos de la enfermedad que se están produciendo en Francia, muy cerca de la frontera, algo de lo que discrepan el Gobierno vasco y las Diputaciones forales, que quieren que se haga extensiva la vacunación preventiva a todo el territorio.

Fuentes del Gobierno vasco y las diputaciones han confirmado que se sigue negociando con el Ministerio para que incluya a Álava y Bizkaia en la vacunación, tras su negativa a hacerlo en la reunión que se mantuvo entre el Gobierno central y las comunidades el pasado día 29. Esta zonificación tan restricitiva, limitada solo a los territorios más próximos a los focos de enfermedad, no satisface a la Administración vasca, pero tampoco al sector.

De hecho, las organizaciones ENBA, EHNE y UAGN han hecho un llamamiento a manifestarse en la frontera de Irún el próximo jueves 15 de enero ante “el desamparo que siente el sector ganadero ante la expansión de la enfermedad de la dermatosis nodular contagiosa”, han señalado. La concentración se aprovechará también para protestar contra la “más que previsible firma de Mercosur”, ha señalado el coordinador general de ENBA, Xabier Iraola.

Los agricultores piden “vacunar íntegramente las comunidades autónomas colindantes con Francia que así lo soliciten” y alertan también sobre la necesidad de abordar la cuestión de los montes comunales “donde conviven animales de diferentes comunidades, territorios y en su caso, animales de zonas vacunadas con otros animales de zonas no vacunadas”. Además, apuestan por un “control en frontera más estricto, o en su caso, prohibir temporalmente, las entradas de ganado francés por razones sanitarias para nuestra cabaña ganadera”.

Por otra parte, creen necesario que se ponga en marcha un sistema de ayudas directas a las ganaderías afectadas por el vacío sanitario o sacrificio individual, que contemple, entre otras cuestiones, “la indemnización por sacrificio de ganado acordes a las cotizaciones de mercado, la indemnización por reposición de animales y la indemnización por cese temporal de la actividad, así como, la indemnización por eliminación de todas las materias primas y productos afectados en la explotación”.

Precisamente, respecto al “vacío sanitario”, es decir, a la obligación de sacrificar toda la cabaña cuando se da un positivo, estas organizaciones ganaderas piden a la Comisión Europea, medidas reglamentarias para evitarlo, de forma que se sacrifiquen sólo los animales que dieran positivo en la enfermedad“, para los que piden una ”actitud proactiva del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), como interlocutora ante la Comisión Europea abandonando la actitud pasiva mostrada hasta el momento“.

El Gobierno vasco trabaja de forma conjunta con las tres diputaciones para ampliar la vacunación, ya que consideran que la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que afecta gravemente al ganado bovino, “supone un riesgo sanitario y económico que exige medidas proporcionales y eficaces”, que no se dan con esta vacunación limitada sólo a Gipuzkoa. Recuerdan que en Bizkaia y en Álava también existen zonas con alta carga ganadera, pastos comunales y de montaña,“ lo que genera una profunda preocupación por la eficacia de la medida y por sus consecuencias en la economía rural”.

El Gobierno vasco trasladó por carta al carta al ministro Luis Planas la solicitud de que la vacunación integral se extienda a toda la comunidad. En esta carta se subraya que “la mayor concentración de ganado bovino se sitúa actualmente en áreas limítrofes a la zona propuesta, y por lo tanto, quedarían fuera de la vacunación restringiendo de forma significativa la eficacia de la medida desde el punto de vista sanitario y epidemiológico”. Asimismo, se destaca la elevada interconexión de las explotaciones ganaderas vascas, el reducido tamaño del territorio, la continuidad de los espacios de pastoreo entre los tres territorios históricos y la existencia de explotaciones con actividad en varios de ellos, “factores que hacen ineficaz una zonificación basada en territorios históricos”. Además, alertan de que la relevancia estratégica de las principales infraestructuras de transporte que atraviesan la Euskad son “corredores con un elevado tránsito de animales vivos, vehículos de transporte ganadero y personal técnico, que incrementan el riesgo de introducción y difusión de la enfermedad”.

Ante la decisión de la RASVE (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria), dependiente del Ministerio, de limitar la vacunación a Gipuzkoa, la administración vasca pide “una zonificación más coherente, priorizando las áreas con mayor carga ganadera y pastos comunales, y que permita una estrategia preventiva y sostenible. El objetivo es evitar que la enfermedad se extienda y garantizar la viabilidad del sector primario, que constituye un pilar económico y social para Euskadi”.

De momento, desde el viernes 26 de diciembre las ferias y eventos con animales están prohibidos en Euskadi, para intentar minimizar los contagios. Es la segunda vez este año que se suspenden las ferias con animales por esta causa. Entre el 24 de octubre y el 30 de noviembre también se produjo una suspensión a causa de esta misma enfermedad. La medida estará vigente, al menos, hasta el 26 de febrero de 2026, pudiendo prorrogarse en función de la evolución de la enfermedad.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha adelantado que este lunes el Gobierno vasco pedirá en la reunión del Rasve (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria) la vacunación preventiva de toda la cabaña bovina de Euskadi frente a la dermatosis nodular contagiosa. Barredo ha realizado esta reflexión, tras entrar en vigor el pasado viernes la suspensión de ferias y eventos con animales como medida ante la dermatosis nodular contagiosa (DNC) y también el endurecimiento de las condiciones de movimiento y bioseguridad del ganado.

La consejera ha recordado que hace un mes se rebajaron las medidas de protección porque el foco estaba centrado en Catalunya y parecía controlada la situación pero ha señalado que se ha decidido volver a incrementar las medidas de prevención, después de que se hayan confirmado nuevos casos en cuatro regiones francesas, “a escasos 90 kilómetros de Euskadi”. Amaia Barredo ha señalado, ante la relativa cercanía de esos focos, se ha optado por aumentar las medidas de control, focalizadas, sobre todo, “en la suspensión de los movimientos y en la bioseguridad de las explotaciones”, informa Europa Press.

La consejera ha explicado que en la última reunión de esta Rasve, Euskadi ya solicitó, junto con Navarra y Aragón, la vacunación de toda la cabaña ganadera bovina, si bien la propuesta del Ministerio fue focalizar esa vacunación preventiva en una franja paralela limitando con Pirineos. Amaia Barredo ha indicado que ese planteamiento dejaría “sin vacunar a toda la parte más mediterránea y más hacia el oeste”. “Bizkaia, por ejemplo, y gran parte de Álava sin vacunar. En Navarra pasaría parecido, toda la parte más hacia el oeste y hacia el sur y en Aragón igual”, ha precisado.

La consejera vasca ha afirmado que este lunes se reúne de nuevo el Rasve y, según ha señalado, les están solicitando, dentro de Gipuzkoa, qué ámbito se quiere vacunar. Según ha precisado, los servicios veterinarios están realizando ahora ese análisis pero defienden que “lo lógico” es que se vacune a toda la cabaña bovina de la comunidad autónoma “para facilitar el manejo, el seguimiento y el control y los movimientos entre las explotaciones de cada una de las comunidades autónomas”.

Por ello, este lunes reclamarán en esa reunión que se vacune a toda la comunidad autónoma pero ha indicado que habrá que esperar a lo que ocurra porque existe un “número limitado de vacunas” y no sabe si eso es lo que “está condicionando que el ministerio no abra más la vacunación a toda la comunidad autónoma o es otro aspecto”.

Amaia Barredo ha indicado que, en el caso de Gipuzkoa, podrían ser unos 45.000 animales aproximadamente los que podrían vacunarse. Según ha precisado, en la reunión del lunes se analizará esa propuesta que hizo el ministerio de vacunar solo una franja -en la que estaría incluido el territorio guipuzcoano- y “ver si se ciñe a esas áreas o se amplía”.

Por otra parte, la consejera ha manifestado que las instituciones vascas están en permanente contacto con el sector, que tiene “vías abiertas de comunicación” con las tres diputaciones. Ante la suspensión de ferias y eventos con animales, ha señalado que, aunque en estas fechas hay menos eventos de este tipo, al coincidir con las Navidades, todavía había algunas con presencia de ganado. Asimismo, al extenderse hasta finales de febrero, también puede afectar a algunos carnavales que se celebran con animales.

Por otra parte, ha indicado que, por ahora, no se ha hablado de posibles ayudas al sector, porque en Euskadi “no hay focos a día de hoy”. Según ha manifestado, las pérdida podrían venir fundamentalmente si hay algún foco y se tienen que sacrificar animales. En esos supuestos, esas pérdidas son cubiertas, en una parte, por los seguros y también se pueden articular “líneas extraordinarias de ayudas para situaciones de esta envergadura”. “Otra cosa es que esto desborde también, aparte de esas líneas de ayudas y haya que entrar a complementarlas”, ha remarcado.

Combustible, telefonía y ahora también seguros. Un nuevo informe enviado al Parlamento Vasco sobre los últimos 25 años de gestión de la sociedad portuaria autonómica EKP muestra que las contrataciones de pólizas se han realizado siempre de forma directa, sin concurso. En total, EKP ha gastado 1,73 millones de euros y, salvo en un caso, las 518 adjudicaciones han recaído en un único proveedor, al que identifica como Generali.

Euskadi asumió en 1982 la competencia de puertos que no fueran de interés general, como es el caso de Bilbao y de Pasaia. En 2000 se articuló la sociedad EKP, que controla puertos deportivos como Donostia u Hondarribia. Desde 2013 hasta hace unas semanas la directora de EKP fue la dirigente del PNV guipuzcoano Edurne Egaña, ahora recolocada como asesora por la consejera Amaia Barredo, de cuya cartera depende esta entidad. El nuevo responsable es Jon Asua.

El informe, como los anteriores sobre los suministros de combustible y telefonía, fue solicitado por la parlamentaria del PP Ana Morales a raíz de que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en sus dos últimas auditorías sobre EKP, las de los ejercicios 2022 y 2023, alertara de irregularidades en adjudicaciones. Sin embargo, la misma forma de proceder se ha mantenido durante un cuarto de siglo, desde la misma creación de EKP. El último documento, de hecho, remarca que la entidad se creó el 14 de septiembre de 2000 y que su actividad efectiva se inició ahora hace 25 años, en diciembre de ese año.

En el caso de los seguros, el documento asume que “no se han tramitado licitaciones públicas” en estos años. “Desde su inicio, EKP ha contado con el apoyo de una misma correduría de seguros”, se añade. Esa empresa es Generali, que ha realizado 517 de las 518 pólizas, según el listado que se ha hecho público. Son todas salvo la primera, realizada con Centro Asegurador en junio de 2001. Las cuantías se han disparado porque si se inició la actividad con un gasto inferior a 2 millones de pesetas, unos 12.000 euros en el cambio de entonces, desde 2021 se abonan más de 100.000 euros. En 2025 la previsión es ya de 126.185,60 euros. La cantidad máxima para contratar a una empresa de forma directa es 15.000 euros (más IVA). Desde 2004 ya se superaba ese umbral. Aquel año se abonaron casi 46.000 euros a la correduría.

Al igual que sucede con los suministros de gasóleo y de comunicaciones, la consejera Barredo indica que EKP va a sacar ahora a concurso estos proveedores, como le demandaba el Tribunal de Cuentas. De hecho, parece que es algo inmediato. Se indica que “está previsto iniciar la tramitación administrativa del expediente a comienzos de la próxima semana”. La licitación se abriría “en el mes de enero, una vez finalizado el período navideño”.

Además de los suministros de combustible, el Gobierno vasco admite también que la sociedad autonómica que gestiona los puertos deportivos (EKP, por sus siglas en euskera) ha estado contratando regularmente el servicio de telefonía sin concurso, es decir, con adjudicaciones directas. La excepción es un único expediente del año 2018. Son un total de 804.567,01 euros las cantidades gastadas por estos conceptos en los últimos 24 años, según un informe enviado en respuesta a una solicitud del PP en el Parlamento Vasco firmado por la consejera Amaia Barredo, del PNV, de cuyo departamento cuelga EKP.

“Cabe señalar que, a excepción de la licitación para los servicios de telecomunicaciones para la gestión de datos, Internet y wifi de EKP en el año 2018, el resto de la contratación de los servicios de telefonía se realizó de forma directa. Ello fue debido a la práctica inexistencia de cobertura en gran parte de los puertos deportivos en los que EKP disponía de oficina y la indisponibilidad de diferentes operadores con los que poder contratar, principalmente, el servicio de transferencia de datos e Internet”, argumenta sobre esta práctica la consejera Barredo.

Euskadi recibió en 1982, al principio del período estatutario, la transferencia portuaria. En concreto, gestiona todos salvo los que son de interés general, Pasaia y Bilbao. Los de Donostia u Hondarribia, por ejemplo, están bajo el control de EKP. En todo el mandato de Iñigo Urkullu y también en el primer tercio de esta legislatura, ha estado al frente de EKP la dirigente del PNV de Gipuzkoa Edurne Egaña. Recientemente fue apartada y sustituida por Jon Asua, pero la consejera Barredo la recolocó en el mismo día como asesora con las mismas condiciones salariales.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en sus más recientes auditorías sobre este organismo, alertó de que había realizado contrataciones irregulares de diferentes suministros al menos en los dos últimos ejercicios analizados, 2022 y 2023. El más relevante era el relativo a combustible y luego el Gobierno admitió que esta práctica de adjudicaciones directas se estaba realizando desde hace casi un cuarto de siglo, con más de 17 millones en contratos sin concurso. Pero también se mencionaba el caso de la telefonía.

La consejera Barredo admite que únicamente en 2018 se hizo una licitación. En el resto del siglo, las adjudicaciones han sido directas. La principal destinataria de las facturas ha sido Telefónica, con 452.828,31 euros, y la única otra compañía contratada ha sido Euskaltel, con 351.738,69. El servicio de telecomunicaciones es claramente más caro ahora que hace 24 años. En 2001 se abonaban 11.739,95 euros y en 2024 fueron 59.489,62, con un máximo de 62.060,83 en 2020.

Expone la consejera Barredo que “en la actualidad EKP está analizando, junto con la sociedad informática del Gobierno vasco (EJIE), la sistemática a llevar a cabo para adherirse al contrato generalizado de telefonía del Gobierno vasco que se licitará en 2026”. Insiste el Gobierno que EKP lleva “algunos meses” trabajando en conocer sus “necesidades técnicas” y “estudiando” poder adherirse a esa contratación centralizada, que abarataría los costes. También ha sido ahora cuando se ha valorado la opción de sacar a concurso los combustibles.

El Gobierno vasco finaliza este martes, día 9, el proceso de consulta pública previa sobre el que, en principio, elaborará la nueva normativa de amarres en los puertos deportivos vascos. Es una norma con la que Ejecutivo pretende poner fin a la polémica en la que llevan años envueltas estas concesiones, que acumulan miles de usuarios en listas de espera, y con varias sentencias judiciales -referidas a Donostia y a Plentzia- anulando el proceso de reparto de las plazas de amarre en los muelles por considerarlo “contrario a derecho”.

Los puertos deportivos vascos dependen de la sociedad Euskadiko Kirol Portuak (EKP), adscrita al Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca de Amaia Barredo. Recientemente, Edurne Egaña ha dejado de ser la directora y ahora lo es Jon Asua. Estas instalaciones cuentan con aproximadamente 4.000 plazas de amarre, mientras que la demanda supera ampliamente esa cifra, y en estos momentos hay más de 2.000 solicitudes en las listas de espera.

El Gobierno vasco abrió un proceso de escucha a estos amarristas en espera el pasado mes septiembre -además de la consulta previa de la norma- tras comprometerse a establecer nuevos criterios de regulación en la nueva norma en la que se está trabajando y cuyo borrador tiene previsto ultimar antes de finales de este año. La nueva normativa, que actualizará la que está vigente desde 2017, supondrá una nueva regulación de los doce puertos deportivos de gestión autonómica en la costa vasca: Hondarribia, Molla-Hondarribia, Donostia, Orio, Getaria, Deba, Mutriku, Lekeitio, Elantxobe, Mundaka, Bermeo, Armintza y Plentzia.

El Gobierno vasco reconoce que transcurridos ocho años desde la aprobación de la ley anterior, y “dada la rápida evolución de la náutica de recreo en los últimos tiempos, se ha constatado la necesidad de actualizar esta norma para adaptarla a la ley 2/2018, de 28 de junio, y dar respuesta a la nueva realidad derivada de la gran demanda existente en el sector náutico recreativo”. Además, pretende “contar con las mayores garantías jurídicas tanto en lo que se refiere al procedimiento de solicitud y otorgamiento de las plazas de amarre, como al propio régimen jurídico de las concesiones y autorizaciones una vez otorgadas, respetando en todo momento los principios de objetividad y equidad”.

Lo cierto es que la concesión de amarres se ha visto envuelta en una maraña judicial en los últimos tiempos con sentencias anulando las concesiones realizadas por la entonces directora de EKP, Egaña, cuya gestión al frente de esta sociedad durante 13 años, ha sido bastante polémica, incluida actuaciones como la compra de gasoil sin concurso público previo, pero que fue destituida de su cargo y nombrada inmediatamente asesora del departamento que dirige Barredo con el mismo sueldo este pasado mes de octubre.

Mediante dos resoluciones dictadas el pasado mes de julio, el Superior vasco anuló la resolución del 11 de noviembre de 2021 de la directora de la entidad pública en la que resolvía la convocatoria que otorgó la concesión de plazas de amarre para embarcaciones de recreo en la dársena deportiva de Donostia por considerar que era “contraria a derecho”. El tribunal estimaba así el recurso de apelación interpuesto por particulares y mantiene que “no es lícito alterar las reglas de juego en la misma resolución en que se resuelve la adjudicación”.

Los demandantes alegaron que la resolución recurrida infringía los criterios de asignación de plazas de la orden del Gobierno vasco por la que se regula el procedimiento de otorgamiento y el régimen de las concesiones de uso de plazas de amarre por titulares de embarcaciones de recreo. En los recursos se aducía que no se había respetado la preferencia de los solicitantes que dispongan de embarcaciones, y que se habían otorgado plazas a embarcaciones “cuyo nombre y matrícula no constan” (identificando hasta 10 embarcaciones sin matrícula), y que tampoco se había dado preferencia a las embarcaciones que mejor se ajustaban a las dimensiones de las plazas.

Otra resolución conocida en septiembre anuló el sorteo llevado a cabo en 2021 para la concesión de 204 amarres en la ría de Plentzia. Esta situación de abierta conflictividad ha motivado la apertura del proceso de escucha a los amarristas en lista de espera. En total se han llevado a cabo cinco reuniones, tres en Orio y dos en Gernika-Lumo.

El Tribunal Supremo ha empezado a inadmitir los cuatro recursos de casación presentados por los servicios jurídicos del Gobierno vasco para tratar de revocar las otras tantas sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la decisión de la ahora consejera Amaia Barredo (PNV) de autorizar el controvertido proyecto de gestión de residuos en Bergara Valogreene Paper en 2022, cuando era viceconsejera de Medio Ambiente en el equipo de Arantxa Tapia. Este intento fallido, además, supondrá previsiblemente un coste de unos 10.000 euros a las arcas públicas, ya que el alto tribunal está imponiendo al Ejecutivo autonómico el abono de 2.000 euros más IVA en concepto de costas por cada uno de los procedimientos.

¿Qué es Valogreene Paper? La empresa Greene Waste to Energy planteó un proyecto en el polígono Larramendi de la localidad guipuzcoana. Inicialmente, recibió el visto bueno del Ayuntamiento, en manos de EH Bildu. Pero al entender que la naturaleza del plan había sido cambiada de forma sustancial, de un proyecto aparentemente industrial a otro de gestión de residuos, la institución municipal que dirige Gorka Artola emitió un dictamen negativo 'a posteriori'. Pese a ello, Medio Ambiente del Gobierno vasco, en manos del PNV, concedió igualmente la autorización ambiental con la firma de Barredo.

En este contexto, se abrió un triple frente judicial. Por un lado, la Fiscalía denunció a Barredo y a su colaborador Javier Aguirre Orcajo por un presunto delito de prevaricación, que comporta la inhabilitación para el cargo público. La causa se inició cuando la ahora consejera pasó en 2023 a la Diputación de Álava pero, al entrar al Gobierno vasco y convertirse en aforada, finalmente se residenció en la sala civil-penal del Superior vasco, que archivó las actuaciones después de meses de peloteo con el juzgado de origen de Vitoria y sin que conste que realizara ninguna actuación de investigación.

Por otro lado, la empresa promotora buscó en lo contencioso-administrativo revocar la actuación del Ayuntamiento de Bergara. Lo logró y ganó en un juzgado de Donostia. La presidenta del PNV en Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga, ha llegado a asegurar en estos años que aquí la prevaricación la podría haber cometido EH Bildu.

Sin embargo, esta vía quedaba supeditada a los pronunciamientos de la sala de lo contencioso-administrativo del Superior. Allí se estudiaron hasta cuatro recursos para anular la firma de Barredo. Y todas las sentencias coincidieron en dar la razón a los demandantes, que eran Ekologistak Martxan, el Ayuntamiento de Bergara, una funcionaria municipal a título particular y un vecino de la zona afectada.

En verano, los servicios jurídicos del Gobierno vasco elevaron cuatro recursos al Supremo por la vía de la casación para intentar salvar la autorización del proyecto Valogreene Paper y la actuación de Barredo y Aguirre Orcajo. Pero el Supremo los ha desestimado sin siquiera entrar al fondo y hará firme la anulación de la autorización. Según alegan los magistrados Pablo Lucas, Diego Córdoba, José Luis Requero, Rafael Toledano y Ángeles Huet, procede la “inadmisión” de las pretensiones del Gobierno vasco por “falta de fundamentación suficiente” del recurso. “No basta la mera afirmación apodíctica de que el criterio de la sentencia [del Superior] lesiona los intereses generales”, le afea el Supremo a los letrados autonómicos. Además, se aprecia “carencia” de “interés casacional”.

Este periódico ha accedido a la resolución de uno de los cuatro recursos, notificada este jueves, pero fuentes judiciales afirman que es altamente probable que todos ellos sean resueltos en el mismo sentido, ya que el asunto es idéntico. Esto supondría que se multiplicarían por cuatro las costas procesales de 2.000 euros más IVA que tendrá que abonar el Gobierno autonómico. La consejera Barredo, titular de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, siempre ha defendido que operó en Valogreene Paper siguiendo los criterios técnicos de los funcionarios de Medio Ambiente.