A pocas horas para que finalice el plazo para comunicar las coaliciones electorales que se presentarán a las elecciones generales del 29 de noviembre, el tablero político en Navarra dibuja una derecha unida con UPN y PP retomando su alianza y a una izquierda incapaz de cerrar acuerdos. Se da la circunstancia de que hace tres años y medio el escenario fue diferente cuando Podemos e Izquierda Unida, con otras fuerzas, lograron un acuerdo para ir en coalición a las elecciones forales y municipales del 2023, mientras que UPN y PP acudieron por separado a las urnas tras el final de la etapa de Navarra Suma.

Pero no ha sido así en esta ocasión. Este martes el Partido Popular y los regionalistas ratificaron un nuevo pacto por el que acudiran juntos a las generales con el objetivo de “desalojar” a Pedro Sánchez del Gobierno. Para ello, el PP, que en las elecciones de 2023 superó a UPN en votos, le ha cedido a los regionalistas el primer puesto en la lista que, según ha adelantado su presidenta, Cristina Ibarrola, será una mujer. De número dos, presumiblemente, irá Sergio Sayas, presidente de la gestora del PP navarro y exdiregente de UPN que fue expulsado por tranfuguismo. En el Senado, UPN tendrá los dos primeros puestos.

Las dos formaciones han celebrado el acuerdo que devuelve la unidad a la derecha navarra tras la fractura que precisamente provocó Sergio Sayas, así como Carlos García Adanero, en 2022. Entonces los dos eran diputados de Navarra Suma (designados por UPN) en el Congreso y se saltaron las directrices de su partido para votar en contra de la reforma laboral y tratar de hacer caer al Gobierno de coalición en una maniobra orquestada por el PP. A los pocos meses, y tras su expulsión del partido regionalista, los dos se afiliaron al Partido Popular.

Con el acuerdo de este martes las dos formaciones dan por cerrada esa herida y vulven a unir fuerzas para evitar el escenario de 2023. En las generales de aquel año la división en el voto de la derecha hizo que el PSOE ganara en la comunidad foral, con Santos Cerdán de candidato, y que obtuviese dos escaños, así como tres senadores. UPN y PP lograron un escaño cada uno y UPN una senadora, María Caballero. Con todo y pese a que concurran a las elecciones generales del 29 de noviembre, se antoja complicado que juntos puedan lograr más de dos escaños en el Congreso por el ascenso de Vox. En 2019, los últimos comicios en los que las dos formaciones acudieron juntos a las urnas, bajo la marca Navarra Suma, lograron dos escaños. 

Sin unidad en la izquierda

En el otro lado del tablero la unidad parece mucho más lejana. Hace una semana, Geroa Bai la coalición vasquista de que el PNV forma parte en Navarra junto con Socialverdes, el partido de la expresidenta Uxue Barkos, y los minoritarios Atarrabia Taldea, emplazó a los grupos que sustentan el Gobierno de María Chivite a buscar “una fórmula de colaboración” para las generales en un movimiento que contrasta con la estrategia marcada por el PNV, que de hecho ha elaborado su propuesta de nombres para la lista por Navarra dentro de la coalición Geroa Bai.

Pasados varios días tan solo los partidos que conforman el denominado ahora Frente Amplio han tendido la mano a Geroa Bai, aunque en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa el PNV insiste en querer huir de los bloques. Según fuentes de la negociación consultadas por elDiario.es, la opción que gana más enteros es la de un pacto para una lista conjunta en el Senado, y no así en el Congreso. Sería un modelo similar al de 2015 y 2019. En el primero de los casos, el PNV llegó a sacar un escaño en el Senado por esta vía, valiéndose de los votos a fuerzas de izquierdas. La elegida fue Ana Luján.

PSN y EH Bildu por su parte, han descartado el acuerdo. La coalición abertzale ha informado que “en los últimos días” han mantenido contactos con “todas” las formaciones de izquierdas de Navarra para “explorar fórmulas de colaboración” que permitan “articular una unidad de acción” para “reforzar el bloque progresista”, pero que no ha sido posible alcanzar un acuerdo. La formación está “en otra pantalla”.

El Gobierno de Navarra, una coalición del PSN con Geroa Bai y Contigo/Zurekin, ha aprobado en sesión extraordinaria celebrada este viernes el anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2027, que asciende a 7.284,8 millones de euros. Lo ha hecho, como viene siendo habitual, incluyendo partidas propuestas por EH Bildu, que no forma parte del Ejecutivo de María Chivite, pero que ha sido socio presupuestario en los siete ejercicios anteriores. De esta forma, el Gobierno navarro trata de certificar el apoyo necesario de la coalición abertzale a los presupuestos por estar en minoría parlamentaria.

EH Bildu ha celebrado que se hayan incluido algunas de sus propuestas en el proyecto y ha señalado que todavía siguen negociando con el Gobierno otras partidas que se añadirán en el presupuesto definitivo y, posteriormente, vía enmiendas en el Parlamento. La coalición abertzale entiende la negociación con el Ejecutivo como un ejercicio de “responsabilidad” porque serán los últimos presupuestos que se aprueben antes de las elecciones forales de mayo del 2027, pero avisa al Ejecutivo de Chivite que exigirán que las nuevas cuentas sirvan “para atender las necesidades de la gente” y para “apostar decididamente por los servicios públicos como instrumento para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía”.

El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, por su parte ha destacado “la apuesta del Gobierno sostenida por el gasto social” y ha precisado que el 54,7% del anteproyecto se destina a este área, “lo que muestra el compromiso reforzado por áreas como vivienda, salud, educación o derechos sociales”.

El consejero ha detallado que el Gobierno entregará el documento de Presupuestos el 30 de octubre al Parlamento. “Si todo va bien y la negociación termina bien, desencadenará en un pleno de Presupuestos el 17 de diciembre”, ha comentado, y ha trasladado a los socios de Gobierno y presupuestos que “para Navarra tener unos Presupuestos de cara al año 2027 es sobre todo estabilidad; supone trasladar a la ciudadanía que este Gobierno tiene intenciones de continuar más allá de mayo del 2027”. “Un nuevo presupuesto nos da estabilidad y además muestra que el Gobierno tiene posibilidades de continuar tal y como ahora mismo está establecido”, ha insistido.

Sobre la deflactación de la tarifa del IRPF, el consejero ha indicado que la propuesta se ha llevado a la Mesa de Fiscalidad para que “sea uno de esos puntos que pueda contener lo que es la ley de medidas tributarias que se pueda aprobar también en diciembre de este año”.

El anteproyecto se ha configurado, ha indicado el consejero, a partir de unas previsiones económicas recientemente avaladas por Airef y que contemplan un incremento del PIB real en 2027 del 2%, una inflación media del 2,5% y una tasa de paro en descenso hasta situarse en el 7,5%. En lo relativo al cumplimiento de las reglas fiscales, Navarra tiene fijado un objetivo de déficit del 0,3%, cifra alcanzada en la negociación bilateral con el Gobierno central mientras que, en materia de deuda, 2025 cerró con un 9,4% de deuda en relación al PIB y la previsión de cierre de 2027, a día de hoy, se sitúa en el 8,6%.

Sobre el gasto no financiero, en los últimos siete ejercicios ha pasado de los 4.017 millones de euros en 2019 a los 6.851 millones que refleja para este 2027. El gasto no financiero previsto para 2027 aumenta un 8,4% respecto a 2026.

Por capítulos, crecen las operaciones corrientes, del 1 al 5, con la excepción de los gastos financieros, que disminuyen por la reducción de la deuda. Por su parte, las operaciones de capital, correspondientes a los capítulos 6 y 7, registran una reducción debido, en buena medida, a la finalización de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Para compensar la desaparición de estos fondos, el Gobierno de Navarra refuerza la dotación presupuestaria de departamentos vinculados a ámbitos como la innovación y la transformación digital, la cultura y el turismo, la vivienda y la industria.

A este esfuerzo se sumará la aprobación de un nuevo Plan de Inversiones, financiado con el remanente obtenido en los ejercicios 2024 y 2025. A este respecto, el consejero ha indicado que el Plan de Inversiones se aprobará en la sesión de gobierno del próximo miércoles y ha detallado que “el plan que se aprobó en 2025 con los remanentes de 2024 más el que se ha aprobado ahora en 2026 para los años 27 y 28, con remanentes de 2025, formará un único plan de inversiones que podrá alcanzar la suma de más de 800 millones de euros”.

Salud lidera el gasto

Por departamentos, Salud concentra el mayor volumen de gasto previsto para 2027, con 1.677 millones de euros. Le sigue Economía y Hacienda, con 1.200 millones, una cifra condicionada por la aportación económica al Estado, que asciende a 996,1 millones de euros. Educación, Derechos Sociales y Cohesión Territorial también destacan por el volumen de recursos contemplado en sus respectivos presupuestos.

En cuanto a Vivienda, ha indicado el Ejecutivo su apuesta reforzada por el aumento y la consolidación del parque público. Las partidas destinadas al tanteo y retracto y a la adquisición de vivienda alcanzarán los 22 millones de euros, frente a los 8,5 millones de 2026, “lo que supone un incremento del 158%”. El presupuesto incorpora, además, más de 5 millones de euros para movilizar viviendas del parque propio del Gobierno foral y destinarlas a alquiler público a precios asequibles, duplica los recursos destinados a las Oficinas de Rehabilitación de Viviendas y Edificios (ORVES) y refuerza las actuaciones de rehabilitación rural y en municipios declarados zonas de mercado tensionado.

A partir de ahora, el anteproyecto entra en una fase consultiva ante diferentes órganos antes de convertirse en el proyecto de ley definitivo que se deberá tramitar en el Parlamento de Navarra y donde deberá ser entregado antes del 1 de noviembre.

Geroa Bai, la coalición vasquista de que el PNV forma parte en Navarra junto con Socialverdes, el partido de la expresidenta Uxue Barkos, y los minoritarios Atarrabia Taldea, amaga con buscar “fórmulas de colaboración” con otras fuerzas de izquierdas en las elecciones generales del 29 de noviembre para tratar de lograr representación en las Cortes Generales.

En un comunicado, la coalición explica que en un contexto de “extrema polarización política” y con “el riesgo cierto de que la ultraderecha pueda llegar al Gobierno del Estado” son “necesarias posiciones generosas y efectivas por parte de las fuerzas políticas que comparten el objetivo de evitarlo”. Por ello, emplaza a sus socios en el Ejecutivo foral navarro, que son el PSN y Contigo/Zurekin, una coalición de Podemos, IU, Batzarre e independientes en su momento y que ahora se reconfigurará como Frente Amplio, a buscar una “fórmula de colaboración”. “No proponemos nada que no hayamos trabajado ya antes en Navarra, pero ahora lo hacemos buscando una mayor rotundidad en la apuesta”, apuntan desde Geroa Bai, que trasladará la propuesta a sus órganos de decisión próximamente.

Este movimiento contrasta claramente con la estrategia del PNV. A nivel nacional, Aitor Esteban había lanzado el mensaje de ir a las elecciones alejado de la política de bloques y con un mensaje propio. Es más, en el Alderdi Eguna de Vitoria, a finales de septiembre, dijo sobre la dicotomía entre Pedro Sánchez y la ultraderecha: “Van a querer despistarnos unos y otros con el mantra de que solo hay dos alternativas: la derecha echada al monte o Sánchez. Claro que sabemos lo que es la ultraderecha. Y no nos gusta. Más años de persecución que nosotros no tiene nadie. Pero que no os engañen: el futuro del Gobierno de Madrid no se vota ni se decide en Euskadi”.

De hecho, el PNV este miércoles ha anunciado ya a sus bases los candidatos por Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, con Maribel Vaquero como referencia. En el caso de Navarra, los nombres estaban ya listos a la espera de cerrar el acuerdo con sus socios locales en Geroa Bai, los Socialverdes de Uxue Barkos. En paralelo, el PNV había desechado con rotundidad también todas las ofertas de EH Bildu para ir en coalición a las generales por razones similares a las que ahora esgrime Geroa Bai. La primera, de hecho, la hizo en Pamplona el propio Arnaldo Otegi.

En Navarra, Geroa Bai fue séptima fuerza política en las generales de 2023, con la nacionalista María Solana como candidata. En el Senado sí tiene un escaño, pero por designación autonómica y no por elección directa. Sin embargo, Barkos, que es la senadora, se ha integrado precisamente en el grupo de Sumar y no en el del PNV, que ha tenido que recibir apoyo del PSOE para salvar su estructura propia y no ir al mixto. Hace apenas un mes, el PNV y Socialverdes renovaron para cuatro años su acuerdo para las forales y municipales. Este periódico reveló los detalles del acuerdo y en él nada apuntaba a la posibilidad de retocar la fórmula de Geroa Bai.

Pero ya existe un precedente. En 2015 y 2019 Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra concurrieron a las generales bajo la marca Cambio/Aldaketa.

El portavoz de Contigo/Zurekin en el Parlamento foral, Carlos Guzmán, ha mostrado su satisfacción con el trabajo realizado por la coalición tanto en distintas instituciones como en el Gobierno foral, y ha afirmado que en un momento como este van a salir “a ganar desde la izquierda” porque es lo que a su juicio “necesita Navarra”.

En el Debate sobre el Estado de la Comunidad, Guzmán ha manifestado que no pueden obviar que la actualidad política de Navarra más inmediata viene determinada por la “paralización de las obras de los túneles de Belate” y ha asegurado que no van “a restarle ni una pizca de importancia a esta cuestión”. “No podemos esconder que la gestión de este proceso no ha sido diligente, las cosas no se han hecho bien”, ha dicho, para pedir que cuanto antes se retomen y se terminen las obras.

En este sentido, Guzmán ha exigido “máxima transparencia y máximo rigor a la hora de emplear los fondos públicos”. “No hay que abonar ni un solo céntimo que no deba ser abonado”, ha dicho, para mostrarse “inflexible” ante la corrupción. Ha comentado al respecto que la comisión de investigación del Parlamento en torno a Belate “no pudo acreditar la existencia de prácticas corruptas”, pero “sí que se pudo acreditar la existencia de una clara y peligrosa connivencia entre una parte del poder político y una parte del poder económico y empresarial”.

Tocando distintas materias, el parlamentario de Contigo/Zurekin, que ha defendido los servicios públicos, ha hablado de la propuesta de la presidenta María Chivite para realizar una reforma fiscal. Ha dicho que desde su coalición defienden una ayuda de 200 euros por cada hijo a cargo menor de 18 años para “garantizar el derecho a la maternidad y a la paternidad en igualdad universal en Navarra”. “Proponemos también, ante un contexto de crisis estructural de la vivienda como el que existe, la exención de las subvenciones a las VPO porque no tiene sentido gravar el acceso a la vivienda y proponemos también eximir del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales a la compra de la primera vivienda”, ha expuesto, para indicar que van a proponer también “acabar con los beneficios fiscales de los que actualmente gozan las aportaciones voluntarias a la educación privado-concertada en Navarra”.

Ha puesto sobre la mesa también Guzmán “avanzar en mayor progresividad fiscal en el Impuesto de Sociedades o en el Impuesto del Patrimonio y además aplicar una fiscalidad verde”.

Ha señalado que en Navarra a día de hoy existen más de 145.000 personas que “nacieron fuera” de las fronteras de la comunidad foral y que “esto no solo es un reto, esto sobre todo es una oportunidad para modernizar completamente” Navarra. “En un mundo global como el actual, la multiculturalidad es ya la herramienta necesaria para garantizar la igualdad a todas las personas, pero sobre todo es la mejor herramienta para discernir entre sociedades autoritarias y sociedades democráticas”, ha expuesto.

Además, ha defendido el parlamentario “la necesidad de proteger y de fomentar el euskera, aspirando una vez más a superar una artificial zonificación que divide Navarra de manera artificial, para garantizar derechos lingüísticos a todos los navarros”. “El euskera es de todos y de todas, y por ello debemos eliminar barreras artificiales que dividen un valor cultural común”, ha dicho.

Se ha referido al cambio climático y ha advertido de sus riesgos. “Las necesarias transiciones ecológicas y energéticas hay que abordarlas desde planteamientos netamente anticapitalistas. Una vez más, demandamos para esta cuestión criterios claros de liderazgo público, de justicia social y también de equilibrio y cohesión territorial”, ha dicho, para comentar que “la lógica económica y productiva que ha generado el cambio climático no puede ofrecer ninguna solución”.

Carlos Guzmán ha señalado que “para conquistar” los retos por delante Navarra tiene una herramienta inmejorable, el autogobierno. “Un autogobierno que nosotros y nosotras consideramos como la mejor herramienta para profundizar y para avanzar en derechos sociales y democráticos para el conjunto de la mayoría social de Navarra”, ha apuntado.

Geroa Bai es el principal socio del PSN en la coalición de Gobierno que lidera María Chivite y en la que también está Contigo/Zurekin. Y como otra pata del Gobierno ha querido marcar distancias con sus socios en el debate del Estado de la Comunidad en el que se ha respirado ya un clima preelectoral.

Durante su intervención, Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai, ha criticado la gestión “accidentada” de los socialistas en la obra de Belate, adjudicada por 76 millones a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe al 15% el exdirigente socialista Santos Cerdán.

“No puede volver a ocurrir y mucho menos en momentos como este porque la falta de rigor en la gestión administrativa es caldo de cultivo para el avance de la ultraderecha”, ha aseverado Azcona.

También ha criticado la gestión del PSN en Educación por haberla convertido “en un instrumento de confrontación a base de decisiones cortoplacistas”. Geroa Bai y PSN chocaron hace unos meses por la renovación de los conciertos educativos. “Seguiremos defendiendo una educación pública fuerte y una política educativa capaz de dar respuesta a la realidad plural de Navarra”, ha asegurado.

El portavoz de Geroa Bai también ha aprovechado su intervención para criticar a la otra pata del Gobierno, a la coalición Contigo/Zurekin, que lidera la consejería de Vivienda. Ha dicho que el sorteo de las 87 viviendas protegidas de alquiler ha sido un ejercicio de “administrar escasez” porque había 4.995 personas pendientes del sorteo.

Con todo, ha emplazado a Chivite a “no conformarse” con “administrar lo conseguido” y “preparar” a la comunidad foral “para los próximos diez años” con “firmeza, valentía y ambición”.

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves extender hasta el 31 de diciembre de 2028 la moratoria a la instalación de nuevas plantas de biometano en la comunidad foral. La medida, que ha contado con los votos a favor de UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, la abstención del PSN y del PP y el voto en contra de Vox, prorroga la moratoria de un año aprobada el año pasado y que provocó una división entre los socios del Gobierno de Chivite. Durante el periodo que dure la moratoria, el Gobierno de Navarra trabajará en una normativa que regule la instalación de estás plantas.

La ley aprobada este jueves recoge que desde el 14 de noviembre de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2028 no se admitirán a trámite por parte de ninguna administración pública competente nuevos proyectos de plantas de biometanización anaeróbica cuya actividad consista en la gestión de residuos orgánicos, agroalimentarios y/o deyecciones ganaderas generados por instalaciones externas a la planta.

Por su parte, los expedientes de autorización de plantas de biometanización que se encuentran suspendidos cautelarmente desde el 15 de julio de 2026 se mantendrán suspendidos bajo las mismas condiciones que motivaron dicha resolución. Por tanto, la medida aprobada afectará a las plantas que proyectadas en Arróniz y Sesma y que provocaron movilizaciones vecinales en contra.

Quedan excluidas de la presente moratoria las plantas de biometanización anaeróbica de autogestión, cuya capacidad de gestión sea inferior a 25.000 toneladas anuales; y las instalaciones de biometanización anaeróbicas de gestión pública que responden a procesos complementarios a otros marcos competenciales, como la gestión de residuos domésticos municipales procedentes del quinto contenedor de la fracción orgánica y la depuración de aguas residuales urbanas.

Las plantas de biometanización anaeróbica cuya actividad consista en la gestión de residuos orgánicos, agroalimentarios y/o deyecciones ganaderas generados por instalaciones externas con una capacidad de gestión anual superior a las 100.000 toneladas y que a 15 de julio de 2026 se encuentren en fase de autorización serán objeto de suspensión cautelar hasta el 31 de diciembre de 2028. El PSN había presentado una enmienda que suprimía este punto, pero no ha sido aprobada.

El PSN va a plantear a sus socios de gobierno en Navarra, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, y a EH Bildu, socio presupuestario, una nueva deflactación del IRPF para el año 2027 con la que pretenden paliar el efecto de la subida de la inflación en el bolsillo de los ciudadanos. Los socialistas llevarán la propuesta a la negociación de las medidas fiscales del próximo ejercicio, que se desarrollará en paralelo a la de los presupuestos.

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha señalado que se trata de una medida justificada en el incremento de los precios. “Si todo cuesta más, y si el sueldo de un trabajador sube solo para compensarlo, no queremos que esa subida haga que se acabe pagando más impuestos, porque no es para nada justo”, ha indicado. Unzu ha afirmado que el objetivo del PSN es “poner en marcha todos los años medidas que protegen a la ciudadanía, en este caso, del incremento de los precios”.

La portavoz socialista ha realizado este planteamiento después de que el pasado viernes el Gobierno de Navarra anunciara el techo de gasto para el año 2027, que aumenta un 8,4% respecto al ejercicio anterior. Unzu ha destacado que se “sigue avanzando para tener unos buenos Presupuestos, ambiciosos, con proyectos que están mirando a años vista”.

El portavoz de Geroa Bai, el principal socio del PSN en el Gobierno, Pablo Azcona, ha emplazado a los socialistas a retomar la negociación fiscal “cuanto antes” para poder negociar esa y otras medidas que vayan a afectar a los ingresos de las arcas forales. Tanto él, como el otro socio del Ejecutivo, Contigo/Zurekin, han valorado positivamente el aumento del techo de gasto.

En la misma línea se ha manifestado EH Bildu. Su portavoz, Mikel Zabaleta, ha afirmado que “ahora este mayor margen presupuestario debe servir para responder a los retos y las necesidades de la sociedad navarra, avanzar en la protección y el fortalecimiento de los servicios públicos, y garantizar los derechos de la ciudadanía”. “Estamos a la espera de conocer el reparto por departamentos, que se conocerá hoy mismo, así como la traslación de esas cifras generales a partidas concretas en el anteproyecto de la ley foral de Presupuestos”, ha indicado.

Sobre fiscalidad ha apuntado que para poder tener un sistema público “sólido” que “aproxime” a Navarra “a los países socialmente más avanzados de Europa”, hay que “aprovechar las competencias en materia fiscal”. “Es por ello por lo que también esperamos poder alcanzar un acuerdo en la mesa de fiscalidad, porque la fiscalidad debe ser una herramienta al servicio de la mayoría social y servir para afrontar los principales retos que tiene esta sociedad, como el acceso a la vivienda, la redistribución de la riqueza y la emergencia climática”, ha señalado.

Las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate, en el norte de Navarra, han abierto una nueva brecha entre los socios del Gobierno de Chivite tras el último revés jurídico sobre el abono del sobrecoste de 8,3 millones de euros que acumulan los trabajos. Los servicios jurídicos del Gobierno navarro han rechazado el pago de ese sobrecoste mediante la fórmula del enriquecimiento injusto, una vía legal que existe para el pago de trabajos ajenos al contrato de adjudicación. Se trata del mismo sobrecoste que ya generó una crisis entre los socios en noviembre del año pasado después de que la Intervención General tumbase el modificado del contrato al considerar que carecía de justificación.

Geroa Bai y Contigo/Zurekin, socios del PSN en el Ejecutivo foral, así como EH Bildu, socio presupuestario, han mostrado su malestar por el futuro incierto de las obras y han reclamado a la presidenta Chivite más explicaciones sobre el pago del sobrecoste.

“Lo que está ocurriendo no puede abordarse ya como una cuestión meramente técnica o administrativa”, ha explicado Geroa Bai en una nota de prensa. “La dimensión que ha adquirido el expediente exige una respuesta política al más alto nivel, que permita determinar con claridad qué ha ocurrido, qué consecuencias puede tener la situación actual y, sobre todo, qué medidas va a adoptar a partir de ahora”, ha añadido la coalición de Socialverdes y el PNV.

“Especialmente incomprensible resulta que los socios de gobierno del PSN no hayamos tenido ocasión de conocer este informe hasta momentos antes de hacerse pública la existencia del mismo y las graves consecuencias ahora detalladas. Esta actitud del PSN colisiona frontalmente con la transparencia y lealtad debidas entre socios de Gobierno”, ha reprochado. En ese sentido, Geroa Bai ha recordado que viene reclamando “desde el momento en que tuvo conocimiento de los sobrecostes” que cualquier actuación relacionada con las obras “debía llevarse a cabo con el máximo rigor y con todas las garantías jurídicas y procedimentales, además de con la máxima diligencia política, precisamente por la importancia y trascendencia de esta infraestructura para Navarra”.

Desde Contigo/Zurekin, coalición de Podemos, IU y Batzarre, han considerado “inaceptable la posibilidad de que la ciudadanía pueda acabar sufriendo las consecuencias de la chapuza administrativa del modificado planteado para la obra”, ha expuesto. Ha advertido además de que no aceptarán “ninguna solución que le cueste a la ciudadanía un solo euro más del imprescindible para la obra”. “Los responsables de esta situación son quienes deben poner las soluciones, y éstas deben pasar por garantizar la continuidad de la obra al coste derivado de las necesidades constructivas y de nada más”, ha opinado.

Por último, EH Bildu, socio externo del Gobierno de Chivite, ha reconocido su “preocupación” por el informe de los servicios jurídicos a raíz del sobrecoste, si bien no ha querido hacer más valoraciones hasta no tener más explicaciones de Chivite, a quien han solicitado una reunión. “Consideramos que le corresponde al propio Gobierno de Navarra determinar y, en su caso, depurar las responsabilidades políticas de haber llegado a esta situación”, han expuesto en un comunicado.

La obra de Belate, que ahora investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno, se trata de una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha asegurado este viernes que sufre una “caza de brujas”. Chivite ha sido llamada a comparecer en el Parlamento foral por UPN a raíz del último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán. “Cuanto más se investiga y más se avanza en los tribunales, más queda claro que no hay nada de nada sobre mí. No hay nada ni va a haber nada contra mí”, ha afirmado desde la “tranquilidad total”.

“La única intervención que ha tenido este Gobierno relacionada con ese informe es la colaboración con la Justicia para dar información y contribuir al buen desarrollo de la investigación. Todo lo demás es parte de una estrategia de caza de brujas contra mí que ni el Supremo ni la UCO avalan con sus investigaciones y pronunciamientos porque no hay nada”, ha subrayado, según informa Europa Press.

Chivite ha indicado a UPN: “Ustedes seguirán con su historia falsa y yo diciendo una verdad que nunca van a querer creer porque no les interesa. Y así podemos estar en bucle lo que resta de legislatura. Pues yo estoy dispuesta. Si alguien ha hecho algo, que pague, pero no seré yo”.

La presidenta ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de UPN. Ha dicho que no ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil y ha criticado las filtraciones. “No sé si son conscientes sus señorías de que la filtración de informes de la UCO pudiera constituir un delito. Esos informes forman parte del procedimiento y no tienen que ser documentos públicos, aunque de hecho lo son”. Esas filtraciones, hechas además a modo 'goteo', permiten sobre todo a la oposición, construir un 'relato' desvirtuando la realidad, porque lo que los informes contienen son elementos indiciarios que deben ser validados en parte o en su totalidad por un juez y posteriormente en un juicio oral“, ha interpretado. Y ha agregado: ”Que la presidenta tenga que hablar de un informe que no recibimos oficialmente porque no somos parte de esta causa sobre una investigación patrimonial de una persona, que ni forma ni ha formado parte del Gobierno de Navarra, es cuando menos extraño“. Entrando al contenido, ha indicado que Cerdán hizo uso de la tarjeta de Servinabar 2000 hasta febrero de 2024, mientras que los pagos por las obras de Belate, en las que participaba esta empresa UTE, se inicieron ”en junio“ de 2024.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha dicho: “No tiene usted ninguna credibilidad; es imposible desvincular Cerdán y Belate, con 129.000 euros en medio. Usted ha pasado de cuadrarse ante Cerdán a proclamar que 'esto no va conmigo'; y esto sí va con usted”. “Sin Cerdán usted no hubiera sido presidenta nunca”, ha dicho también. “Y a Cerdán y a sus amigos, usted les abrió las puertas del Palacio de Navarra de par en par para que andaran a sus anchas”, ha añadido.

Por parte de EH Bildu, Laura Aznal ha indicado que UPN ha llamado hoy a la presidenta con “el único objetivo de estirar el chicle de la comisión de investigación y tratando de volver a inflar un globo que ya quedó pinchado en las conclusiones”. Esta formación presidió el foro parlamentario por medio de Irati Jiménez. El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido no “relativizar en absoluto la corrupción ni la preocupación ante ciertas informaciones”, pero “tampoco” el hecho de “convertir sospechas en sentencias o utilizar una investigación que está en curso para construir un relato político concreto”. “La corrupción debe investigarse hasta el final”, ha dicho.

Por su parte, Javier García, del PP, ha indicado a la presidenta “la verdad”. “Si después de todo lo que vamos conociendo sostiene usted que no sabía nada, no escuchó nada y no sospechó nada, solo quedan dos posibilidades, o es que su Gobierno carecía de controles sobre lo que ocurría a su alrededor, o que prefiere pedir a los navarros que crean en lo increíble”, ha señalado. Finalmente, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha expuesto que el informe de la UCO avala “tanto la falta de ética política del señor Cerdán como ”la sospecha que tiene que ver con sus relaciones con Acciona y Servinabar“, aunque ha matizado que no hay ”ninguna prueba, tampoco indiciaria, de que haya habido alguna manipulación o injerencia en la obra pública de Navarra“.

Izquierda Unida de Navarra (IUN), Batzarre y el colectivo de independientes han alcanzado un principio de acuerdo para revalidar la coalición Contigo/Zurekin y concurrir con ella a las próximas elecciones forales y municipales de 2027. Además, han esperado alcanzar un acuerdo antes de septiembre para la incorporación de Podemos, partido que también formó parte de la coalición en las anteriores elecciones.

El coordinador de IUN y portavoz parlamentario de Contigo/Zurekin, Carlos Guzmán, ha destacado que “es un día muy ilusionante” y ha resaltado que esta coalición “ha sido el ancla izquierda de la mayoría progresista de Navarra”. Ahora, ha dicho, se abre una “nueva etapa” con la que aspiran a convertirse “en el verdadero motor transformador de Navarra”. “Nos hemos dejado la piel para ser la voz de la mayoría social de Navarra, la voz de las familias trabajadoras de todos los pueblos y de todas las ciudades de nuestra comunidad”.

Guzmán ha emplazado a la ciudadanía a “construir una ofensiva social” “en el ámbito de la educación, de la sanidad pública, de la protección del medio ambiente, de la construcción de una verdadera convivencia multicultural” y “en el ámbito de los derechos civiles y democráticos” y ha trasladado un mensaje “optimista” al conjunto de la sociedad navarra y ha destacado que “frente a las limitaciones del gobierno progresista actual hay una alternativa por la izquierda” que pretende “transformar el conjunto de la comunidad para mejorar la vida y otorgar la felicidad al conjunto de los navarros y de las navarras”.

Preguntado por la elección del candidato para las próximas elecciones, Guzmán ha señalado que “en estos momentos” están hablando de proyecto y que “cuando llegue el momento” hablarán de “personas” y “de caras”. “Que a nadie le quepa la menor duda de que vamos a construir la mejor candidatura posible en el Parlamento y en el conjunto de municipios”, ha asegurado.

En cuanto al papel que tendrá en esta coalición Begoña Alfaro, vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias en el Ejecutivo foral, Guzmán ha afirmado que “todas las personas que puedan aportar valía tendrán cabida en este proyecto” y, cuando llegue el momento“, ”no nos cabe la menor duda de que Begoña y el conjunto de compañeros y compañeras que quieran formar parte de este proyecto encontrarán el espacio para trabajar codo con codo y construir esa alternativa que presentamos para el conjunto de Navarra“.

El coordinador de IUN ha mostrado su voluntad de “construir la más amplia alianza posible”. “Sabemos que en estos momentos hay organizaciones y espacios políticos que manejan otros tiempos, otras dinámicas”, ha indicado. “No nos cabe la menor duda que quien quiera formar parte de este espacio encontrará la dinámica necesaria para poder fortalecer este proyecto común”, ha remarcado.

Preguntado por los plazos que se marcan para cerrar un acuerdo definitivo para la coalición, Guzmán ha dicho que “hablar hoy de plazos es hablar de ciencia ficción” pero ha añadido que el 1 de septiembre tienen “que comenzar con la precampaña a tope”. “Quien quiera sumarse a este proyecto tiene la puerta abierta”, ha insistido, esperando llegar a “puntos de encuentro” con Podemos, Equo y “multitud de personas y de colectivos que quieren fortalecer este proyecto”.

En esta línea, Olga Risueño, de Batzarre y concejal en Tudela, ha afirmado que la labor de Contigo/Zurekin esta legislatura “ha sido determinante y muy influyente en algunos de los hitos más importantes que han sucedido durante la legislatura” en el Gobierno foral, el Parlamento y los ayuntamientos.

Ha indicado que mantienen una “intensa negociación” con Podemos y Equo, “respetando los espacios y los tiempos de cada una de las organizaciones” y ha señalado que tienen “este espacio de verano para poder seguir trabajando y acordando, con el foco puesto en septiembre”. Un mes, ha destacado, al que “hay que llegar sin incertidumbres, teniendo claro quiénes somos y dónde estamos”. “Ahora mismo Contigo/Zurekin no somos todos los que estamos, esperamos que seamos más, porque esa es la vocación: crecer y ser más y mejores para poner el foco en esa ofensiva social que necesitan los navarros y navarras”, ha recalcado.

Por su parte, Eneko Larrarte, concejal en Tudela y del colectivo de independientes, ha celebrado que, “después de mucho y discreto trabajo”, Contigo/Zurekin se presentará a los próximos comicios “para profundizar en la ofensiva social” como “la única manera de abordar los retos del futuro y poner el foco en la prioridad social” frente a quienes lo ponen “en la prioridad nacional”.

En este sentido, ha puesto en valor la “transformación social que está abordando Navarra” desde 2015, en los diferentes ámbitos, tanto en la oposición como “liderando políticas sociales” en “gobiernos progresistas”. También ha resaltado la labor de la coalición en el Parlamento de Navarra y donde tiene “responsabilidades”, con el impulso de políticas en materia de vivienda, con un “liderazgo en políticas de igualdad” en el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), siendo “la comunidad que mejor apoyo ha prestado” en el proceso de regularización de personas migrantes o en la defensa de la memoria histórica, reclamando el derribo del Monumento a los Caídos.

Larrarte ha subrayado, además, que Contigo/Zurekin “va a responder a los intereses, única y exclusivamente, de los navarros y las navarras” y no “a intereses organizativos que trasciendan las fronteras de la Comunidad foral”. Una coalición, ha resaltado, “para hacer políticas de vanguardia que defiendan los intereses de la mayoría social de los navarros y navarras”.

El Parlamento de Navarra ha cerrado este jueves el curso político con un pleno muy centrado en materia de vivienda. Los socios del Gobierno de Chivite (PSN, Geroa Bai y Contigo7Zurekin) y EH Bildu han impulsado dos leyes con las que se busca reforzar la protección de los inquilinos: por un lado, ha salido adelante una norma que vuelve permanente la calificación de las VPO de alquiler y, por otro, se ha aprobado la regulación del alquiler de habitaciones y del alquiler de temporada.

Así, el Parlamento navarro ha dado luz verde a una ley que elimina la posibilidad de que las VPO calificadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible puedan destinarse a la venta una vez transcurridos 21 años desde su calificación definitiva. La norma alcanza a 2.248 viviendas que perderían su protección.

Esta previsión se completa con la extensión de la aplicación del régimen de protección indefinida a todas las VPO en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible cuyo período de protección permanezca vigente en la fecha de entrada en vigor de esta ley, con independencia de cuándo hubieran sido calificadas.

La modificación aprobada incluye una enmienda de adición presentada por Geroa Bai en relación con los derechos de tanteo y retracto. Se ha agregado un nuevo párrafo dirigido a reservar a las Administraciones Públicas el derecho de adquisición preferente sobre viviendas protegidas (y sus trasteros o garajes/anejos), descalificadas, situadas en zona declarada de Mercado Residencial Tensionado y propiedad de una persona gran tenedora (cinco o más viviendas en dichas zonas), con el fin de destinarlas al alquiler social u otros fines de interés público. Esta prioridad se restringe a los diez años siguientes a la fecha en que expire legalmente el régimen de protección de la vivienda y, según se precisa, abarca “la primera y sucesivas transmisiones onerosas inter vivos”.

“Días como hoy hacen que la política merezca la pena”, ha celebrado el parlamentario Kevin Lucero, del PSN, uno de los partidos impulsores de la ley. “La calificación de viviendas públicas no debería tener fecha de caducidad, ni en compra ni en alquiler, porque lo público no puede promocionar vivienda cuyo fin último es que se convierta en un producto especulativo”, ha añadido el portavoz de Contigo/Zurekin, Daniel López.

Con todo, los grupos proponentes ya han anticipado que habrá “una batalla judicial” por la aprobación de esta ley, “porque detrás de la descalificación de las viviendas hay enormes intereses económicos”, ha apuntado Mikel Zabaleta, de EH Bildu. “La cuestión no es si alguien lo recurrirá o no, sino de qué lado nos posicionamos”, ha apostillado.

Navarra, pionera en regular el alquiler de habitaciones

Por otro lado, la comunidad foral se ha convertido en la primera en la que el alquiler de habitaciones va a estar regulado con la aprobación de una norma que también afecta al alquiler de temporada. Se pretende con esta ley evitar que haya propietarios que utilicen este tipo de arrendamientos para eludir el tope al precio de los alquileres, que afecta a 21 municipios de la comunidad foral que han sido declarados zonas de mercado residencial tensionado.

Así, los contratos de alquiler de habitaciones para vivienda habitual deberán someterse al mismo régimen que los arrendamientos de vivienda habitual. Los contratos temporales ligados a vivienda habitual deberán estar vinculados a “causas reales” -como motivos laborales, formativos o asistenciales-. Estos no podrán superar el año de duración y, si no se acredita su carácter temporal, pasarán automáticamente a considerarse alquileres de vivienda habitual.

La segunda modalidad se corresponde con el arrendamiento de habitación de temporada, destinado a “satisfacer necesidades puntuales o transitorias de alojamiento no equivalente a vivienda habitual”, y comprende usos vacacionales, turísticos, lúdicos o recreativos. En cuanto a la modalidad de hospedaje, el contrato puede alcanzar a la vivienda entera o a una sola estancia y debe incluir la prestación de unos servicios mínimos (al menos limpieza y suministros), entre otras cuestiones.

En las zonas tensionadas, la suma del precio de las habitaciones no podrá superar el límite máximo fijado para el alquiler completo de la vivienda, evitando así que una misma vivienda genere mayores ingresos fragmentándola por estancias. La norma introduce además la obligatoriedad de inscribir todos los contratos en un registro público.

Los grupos parlamentarios PSN, Contigo/Zurekin y EH Bildu han impulsado una nueva ley para “garantizar que las viviendas protegidas en régimen de alquiler y alquiler asequible mantengan su calificación de forma permanente, aunque esta hubiera sido concebida inicialmente con carácter temporal”. Los tres grupos parlamentarios no cuentan con mayoría en el pleno por lo que necesitarían al menos de tres abstenciones de Geroa Bai, socio del Ejecutivo de Chivite, pero que no se ha sumado a la presentación de la ley.

Según han explicado desde el PSN en un comunicado, la medida “afecta a 2.248 viviendas, en torno a 7.000 personas, y, este año, protegería a 300 viviendas que pierden su calificación, y evitaría que cerca de 900 personas quedaran en la calle”.

El portavoz de Vivienda del PSN en el Parlamento de Navarra, Kevin Lucero, ha defendido que “la vivienda protegida no puede ser una antesala del mercado libre”. “Si nació para garantizar derechos, debe seguir sirviendo a ese objetivo. Ponemos un límite claro a la especulación, lo que se ha creado con finalidad social no puede acabar convertido en oportunidad de negocio”, ha indicado.

Lucero ha remarcado que Navarra “no solo necesita construir más vivienda asequible, sino también conservar la que ya existe”. “Construir vivienda protegida es importante, pero impedir que desaparezca del sistema de protección es imprescindible”, ha afirmado.

Con esta ley, las viviendas en alquiler y alquiler asequible “pasan a ser de protección permanente, sin posibilidad de revertir al mercado libre una vez vencido el plazo inicial de calificación”.

Esta norma se enmarca en “el esfuerzo normativo y presupuestario que Navarra está desarrollando para transformar el paradigma de la vivienda”. Y se suma a la Ley del Derecho a una Vivienda Asequible, a la ley de habitaciones, actualmente en tramitación parlamentaria, a la estrategia de vivienda rural, la bolsa de alquiler y las medidas fiscales impulsadas por el Gobierno foral.

“Esta ley no es una varita mágica, pero sí una pieza fundamental. La vivienda es la condición material para emanciparse, formar una familia, vivir con dignidad y construir un proyecto de vida. Seguimos transformando Navarra para que la vivienda sirva a esos principios”, ha apuntado.

Nueve meses y 43 comparecencias después, la comisión de investigación sobre las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a las empresas investigadas por presunta corrupción en el 'caso Cerdán', Acciona y Servinabar 2000, ha echado el cierre este miércoles con una última sesión en la que se ha votado un dictamen consensuado entre los socios de Gobierno PSN, Geroa Bai y el socio presupuestario EH Bildu, y en el que la tercera pata del Ejecutivo navarro, Contigo/Zurekin, se ha abstenido. En él se recogen cuatro conclusiones en las que se descarta la existencia de corrupción y de injerencia en la adjudicación de obra pública en la comunidad foral durante las tres últimas legislaturas.

Así, según el dictamen, que será aprobado en el pleno del próximo 18 de junio, las comparecencias, la documentación examinada y el resto de actuaciones desarrolladas en sede parlamentaria durante casi un año no han aportado pruebas directas que permitan afirmar la existencia de sobornos, comisiones ilícitas, conflictos de intereses o acuerdos irregulares dirigidos a alterar los procesos de contratación pública investigados.

Enmarca a su vez estas conclusiones en un escenario en el que se han encontrado con “limitaciones” como el hecho de que haya coincidido en el tiempo con el proceso penal, lo que ha impedido a los grupos acceder por ejemplo a los informes de la UCO y el resto de documentación recogida en el sumario. Que el proceso judicial estuviera abierto también ha provocado que varios de los comparecientes, entre ellos Santos Cerdán, Koldo García o Antxon Alonso se hayan acogido a su derecho a no declarar. En el caso del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, directamente se ha negado a acudir a la citación, lo que le ha llevado a ser denunciado por la Fiscalía por un delito de desobediencia.

No obstante, se constata la existencia de “irregularidades y deficiencias procedimentales” en determinados expedientes, especialmente en la licitación de las obras de duplicación del túnel de Belate, el más cuantioso de los siete adjudicados por la Administración foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 (76 millones de euros). Entre otras cuestiones, se alude a defectos formales en la tramitación, discrepancias sobre la aplicación de la normativa de contratación, reparos formulados por órganos de control y distintas interpretaciones jurídicas acerca del alcance y las consecuencias de las incidencias detectadas.

Así, los socios del Gobierno de Chivite y EH Bildu han afeado a la oposición de UPN, PP y Vox que en sus conclusiones dieran por buenas “teorías” y “conjeturas” para demostrar la existencia de corrupción. El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha hablado de “corrupción por analogías” para referirse a los argumentos que ha dado UPN en relación con Santos Cerdán para asegurar que se cometió corrupción en la adjudicación de Belate. “Dicen que como esto pasaba en otros sitios y son las mismas personas, necesariamente tiene que pasar aquí”, ha apuntado.

“Si ha pasado solamente el 10% de lo que dicen ustedes que ha pasado en sus dictámenes, ¿cómo es posible que no tengamos ni una sola de esas obras investigada en un juzgado?”, ha añadido el portavoz del PSN, Javier Lecumberri. “Se trataba en esta comisión de confirmar hechos y no de alimentar ni indicios ni relatos interesados, algunos ya preestablecidos”, ha apostillado Pablo Azcona, de Geroa Bai. El portavoz de Cintigo/Zurekin, Miguel Garrido, por su parte, ha apuntado que “no todo se ha hecho bien” y que hay “comportamientos incompatibles con los principios básicos de la contratación pública” que se deben corregir. “Hay evidencias de una falta de ética política y también empresarial”, ha apostillado.

En el lado contrario, UPN, PP y Vox han considerado qué sí se han demostrado indicios de la existencia de corrupción y han acusado a los socios de querer “proteger” al Gobierno y a María Chivite con este dictamen. “¿Hubiera escrito el mismo dictamen si los protagonistas fueran UPN, Miguel Sanz y Javier Esparza?”, le ha preguntado el portavoz regionalista, Javier Esparza, a Adolfo Araiz, de EH Bildu. “Según la UCO, la trama investigada nace en Navarra y se articula desde relaciones políticas del PSN para luego expandirse por toda España”, ha continuado Esparza para afirmar que “la adjudicación de Belate es el paradigma de este modus operandi que la trama utiliza por todo el país”.

El dictamen aprobado incluye un segundo punto de recomendaciones, que en este caso sí ha sido firmado y apoyado por Contigo/Zurekin. Entre ellas destaca la aprobación de un plan integral de contratación pública con una “revisión de pliegos tipo”, un desarrollo reglamentario que regule que las valoraciones “sean de una manera suficientemente motivada” y “se garantice su privacidad hasta su registro independiente”.

Además, se plantea garantizar que estas evaluaciones “se puedan hacer de manera simultánea y de la manera más objetiva posible”, la implantación de mecanismos “que detecten los posibles conflictos de intereses”, “fortalecer el control y los límites entre el poder político y los poderes empresariales”, y establecer un protocolo de actuación “cuando existan indicios de corrupción”.

Se plantea, asimismo, una modificación de la Ley de Contratos Públicos para “aclarar la regulación y exista una mayor claridad en el funcionamiento” de las mesas de contratación. Igualmente, propone “reforzar las obligaciones de publicidad activa” incluyendo en el portal de transparencia “las modificaciones, prórrogas y liquidaciones que pueda haber”. También un “refuerzo de medios” en la Intervención General para que “pueda haber un control suficiente y adecuado de los modificados y la verificación de la correcta ejecución de las obras que se estén llevando a cabo”.

El documento recoge, a su vez, el “refuerzo” de los sistemas de contratación electrónica dirigido “asegurar la trazabilidad completa de todos los actos de este procedimiento”, y “consolidar la plantilla” de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.

La comisión navarra de investigación sobre las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a las empresas investigadas por presunta corrupción en el 'caso Cerdán', Acciona y Servinabar 2000, ha concluido que no se “ha podido acreditar” que haya habido corrupción ni injerencia política en las mesas de contratación de las siete obras adjudicadas a estas mercantiles durante los gobiernos de Uxue Barkos y María Chivite.

PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que cuentan con mayoría parlamentaria, han acordado un documento de mínimos, del que se ha descolgado Contigo/Zurekin, el tercer socio del Gobierno de Chivite, con cuatro conclusiones que serán aprobadas en un pleno que se celebrará en el Parlamento de Navarra a finales de junio. También han acordado, esta vez con el respaldo de Contigo/Zurekin, un documento con recomendaciones para el Ejecutivo foral.

La comisión de investigación fue creada a raíz del informe de la UCO de la Guardia Civil que vincula al navarro Santos Cerdán con una trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. Los agentes encontraron en junio de 2025 en casa del empresario guipuzcoano Antxon Alonso un documento de compraventa por el que Cerdán habría adquirido el 45% de las participaciones de Servinabar 2000, mercantil que funcionaría como vehículo para el cobro de las comisiones, según la Guardia Civil, y a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó siete obras en UTE con Acciona.

Tras nueve meses de trabajos y 46 comparecencias de técnicos, políticos o empresarios, PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que tienen mayoría parlamentaria, han pactado un documento en el que se recogen cuatro conclusiones, que serán las que se aprueben en el pleno. La primera señala que “no se ha podido acreditar” la existencia “de prácticas corruptas por parte de responsables políticos del Gobierno de Navarra ni de los funcionarios que han intervenido en los expedientes analizados”. Añaden que “a pesar de la gravedad de las sospechas iniciales”, las comparecencias, la documentación y las actas de las mesas de contratación “no han aportado pruebas directas de la existencia de sobornos, reparto de comisiones, aportación de fondos públicos u otras conductas típicamente asociadas a la corrupción política o administrativa, ni tampoco de conflicto de intereses”.

Con todo coinciden en que se ha constatado “la existencia de irregularidades y deficiencias en la tramitación de algunos contratos, en especial en la licitación de la duplicación del túnel de Belate”.

Se han constatado “posibles incumplimientos de la normativa de contratación”

En un segundo punto la comisión destaca que tampoco se ha podido acreditar la participación de empresas, licitadoras o adjudicatarias, en “prácticas corruptas” dirigidas a obtener adjudicaciones de obras públicas de la Administración de la Comunidad foral. Según apunta, del análisis de la posición de las empresas adjudicatarias, no se desprende “la existencia de pagos ilícitos, acuerdo colusorios con responsables públicos u otras actuaciones que acrediten” corrupción. No obstante, destaca que la relación entre algunas empresas y personas investigadas “genera un contexto de sospecha” que, sin embargo, “no ha sido posible vincular de manera probada esas tramas con decisiones concretas” de adjudicaciones públicas.

Se considera también, en un tercer apartado, que no han aparecido “elementos probatorios directos” que apunten a “prácticas corruptas” en las obras investigadas. No obstante, se señala que en la comisión se han constatado “vicios procedimentales” a lo que ha sumado los votos particulares por parte de miembros jurídicos y de Intervención, así como reparos de Intervención advirtiendo de “posibles incumplimientos de la normativa de contratación”. Aun siendo “objetivamente incumplimientos de legalidad y la buena administración”, se insiste en que “no se han acompañado de pruebas concluyentes” que acrediten un “pacto ilícito entre decisores públicos y operadores privados”.

Por último, en una cuarta conclusión, se recoge que no se han acreditado “injerencias políticas directas o indirectas” sobre los miembros de la mesa de contratación de las obras de duplicación de los túneles de Belate. Así, destaca que todos los vocales de la mesa que han comparecido “han manifestado de forma coincidente no haber recibido presiones” para “orientar el sentido de sus valoraciones técnicas o de sus votos en la Mesa”.

Pese a ello, añaden que se han producido “conductas discutibles” por parte del presidente de la Mesa hacia algunos técnicos, como peticiones para “repensar puntuaciones”, que “podrían suponer un quebranto a la imparcialidad de la Mesa”, pero no las vincula a “directrices” de “instancias superiores”. Igualmente, apunta a la existencia de reuniones y comunicaciones entre cargos políticos y responsables administrativos “preocupados por el desarrollo de la licitación” que “puede interpretarse como una presión ambiental o un interés político intenso”, pero sin probar “una orden expresa” para favorecer a una empresa u orientar la decisión de la Mesa.

De este cuerdo se ha desmarcado la tercera pata de la coalición del Gobierno de Chivite, Contigo/Zurekin, que en sus conclusiones particulares considera que han quedado acreditadas “prácticas en los procesos de contratación pública que son incompatibles con los principios de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, transparencia e integridad” recogidas en la legislación sobre contratación pública y “que evidentemente se han vulnerado en algunos de los procesos” que se han analizado, así como “una connivencia estructural entre una parte del poder político y del poder económico y empresarial oscura, opaca y nada saludable en un sistema democrático”.

“La diferencia fundamental ha estado a la hora de analizar qué hemos visto, oído y leído en la comisión”, ya que hay grupos que “han entendido que lo importante eran las conclusiones y que el relato que lleva a esas conclusiones no lo era tanto”, ha explicado el portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz.

Recomendaciones

Los tres socios del Gobierno y EH Bildu, socio presupuestario, sí que han alcanzado un acuerdo para presentar un documento conjunto de recomendaciones, entre las que destacan la aprobación de un plan integral de contratación pública con una “revisión de pliegos tipo”, un desarrollo reglamentario que regule que las valoraciones “sean de una manera suficientemente motivada” y “se garantice su privacidad hasta su registro independiente”.

Además, se plantea garantizar que estas evaluaciones “se puedan hacer de manera simultánea y de la manera más objetiva posible”, la implantación de mecanismos “que detecten los posibles conflictos de intereses”, “fortalecer el control y los límites entre el poder político y los poderes empresariales”, y establecer un protocolo de actuación “cuando existan indicios de corrupción”.

Se plantea, asimismo, una modificación de la Ley de Contratos Públicos para “aclarar la regulación y exista una mayor claridad en el funcionamiento” de las mesas de contratación. Igualmente, propone “reforzar las obligaciones de publicidad activa” incluyendo en el portal de transparencia “las modificaciones, prórrogas y liquidaciones que puedan haber”. También un “refuerzo de medios” en la Intervención General para que “pueda haber un control suficiente y adecuado de los modificados y la verificación de la correcta ejecución de las obras que se estén llevando a cabo”.

El documento recoge, a su vez, el “refuerzo” de los sistemas de contratación electrónica dirigido “asegurar la trazabilidad completa de todos los actos de este procedimiento”, y “consolidar la plantilla” de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.

Las conclusiones y las recomendaciones serán votadas y aprobadas en la comisión parlamentaria el próximo 10 de junio y llevadas a pleno para su aprobación dedefinitival 18 de junio.

Unión del Pueblo Navarro (UPN) volvería a ganar las elecciones forales en Navarra, pero una vez más se quedaría lejos de una mayoría que le permitiese volver a liderar el Gobierno de la comunidad foral, incluso con los apoyos de PP y Vox. Del otro lado, EH Bildu amenaza la primacía del PSN de María Chivite en el bloque de la izquierda.

Una encuesta realizada por EiTB focus publicada este jueves dibuja un escenario muy similar al actual en el Parlamento de Navarra. Las formaciones que sustentan al actual Gobierno foral, una coalición del PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros) con el apoyo externo de EH Bildu podría reeditar un Ejecutivo progresista. Eso sí, los socialistas dependerían más de la coalición de la izquierda abertzale, la formación que más crece en intención de voto y que prácticamente empata con el PSN en apoyos.

La encuesta otorga al PSN un 20,5% de intención de voto, medio punto menos que los resultados que obtuvieron en 2023, mientras que EH Bildu se situaría muy cerca del 20% de apoyos, un19,9%, con un crecimiento de de 2,5 puntos con respecto a los resultados que obtuvo en 2023.

Geroa Bai, el principal socio de los socialistas en el Gobierno de Chivite, se mantendría como cuarta formación con un 13% de intención de voto, medio punto menos que en 2023. Las formaciones que en la actualidad conforman la coalición Contigo/Zurekin, que todavía no han reeditado el acuerdo para confluir en los comicios de 2027, lograrían un 5,6% de los apoyos.

El ganador de las elecciones volvería a ser UPN, si bien con una caída de dos puntos en comparación con los resultados que lograron en 2023. La formación regionalista, ahora liderada por Cristina Ibarrola, que será la candidata en 2027 a presidir el Gobierno navarro, alcanzaría el 26,2% de los apoyos.

De esta forma, Ibarrola sería incapaz de devolver a UPN al Palacio de Navarra que abandonó Yolanda Barcina en 2015, incluso con el apoyo de PP y Vox. El PP se mantendría en el 7,5% del total de los votos, mientras que la formación de extrema derecha crecería 2,3 puntos y se situaría en el 6,7% de intención de voto.

La encuesta, que ha sido elaborada entre el 17 de abril y el 13 de mayo con 600 entrevistas en la comunidad foral, sitúa a la presidenta María Chivite con índice de aprobación del 64,7% y una valoración de 5,2 puntos sobre 10. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), por su parte, obtiene un índice de aprobación del 66,1% y una nota demia de 5,7.

El Parlamento de Navarra ha tumbado este lunes dos declaraciones institucionales presentadas por UPN y Vox en las que se reclamaba pedir al Athletic Club de Bilbao que retirase de su nueva camiseta el mapa de Euskal Herria con la ikurriña y que solo han contado con los votos favorables del PP. La presidenta del partido regionalista, Cristina Ibarrola, ya amenazó hace unos días con llevar a los tribunales al equipo vizcaíno si no quitaba ese mapa por considerarlo “lesivo” para Navarra.

UPN pedía en su declaración que el Parlamento de Navarra reafirmara “el carácter propio, singular y diferenciado de la Comunidad foral de Navarra, amparado por la Constitución Española y la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), así como por su identidad institucional, política y jurídica plenamente reconocida”. Además, consideraba “improcedente la inclusión, en la nueva equipación oficial del Athletic Club para la temporada 2026/2027, de elementos gráficos que representan un supuesto mapa de 'Euskal Herria' integrando a Navarra junto a la ikurriña, al entender que proyectan una visión política e identitaria controvertida que no representa la realidad institucional de la Comunidad foral de Navarra”.

Así, pedía al Parlamento que solicitase “expresamente” al club reconsiderar la decisión y que retirase de su camiseta “cualquier referencia gráfica o simbólica que incluya a Navarra dentro de una representación política territorial ajena a su realidad institucional, en aras del respeto institucional, la convivencia y las buenas relaciones comunidades vecinas”.

Por su parte, Vox pedía que el Parlamento de Navarra condenara “firmemente la inclusión de Navarra en el mapa de Euskal Herria que aparece en la nueva equipación del Athletic Club de Bilbao, por suponer una reivindicación política inaceptable que distorsiona la realidad territorial, histórica e identitaria de nuestra comunidad y que carece de cualquier legitimidad democrática o institucional”.

El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha pedido que se “respete” a quienes creen que Navarra “tiene una historia propia, una bandera propia, un himno propio, y que no necesita a nadie más”. “Generar confrontación con un tema como este es innecesario, gratuito y una manifiesta falta de respeto a una mayoría social de Navarra que no se siente representada por esa imagen”, ha añadido para criticar a la presidenta, María Chivite, por “no defender” a la comunidad foral.

“La camiseta del Athletic lanza un mensaje político claro, un territorio, que ellos consideran una nación y una bandera”, ha afirmado para apuntar que UPN va a “hacer todo” lo que esté en sus manos para intentar que el Athletic no pueda jugar con esa camiseta. También PP y Vox han considerado una “falta de respeto” y un “menosprecio” que el equipo vizcaíno haya incluido el mapa de Euskal Herria en su indumentaria.

Del lado contrario, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido a UPN y a Vox que “no se empeñen en hacerle la campaña de marketing al Athletic de Bilbao” y ha defendido que en su formación son “más” de ponerse “la camiseta de Osasuna, el único equipo de primera con nombre en euskera”, ha recordado. “El euskera se habla en Navarra y en el conjunto de Euskal Herria”, ha aseverado para criticar al partido regionalista que trate de “imponer cómo se tiene que sentir uno navarro”.

Los socios que conforman el Gobierno de María Chivite tratan de superar la crisis que se generó el pasado jueves entre los socios cuando Geroa Bai permitió con su abstención la aprobación de la proposición de ley de UPN para blindar la concertada y revertir la resolución de Educación del cierre de 14 aulas en la red privada porque afectaba a cinco ikastolas. PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin se han reunido en la tarde de este lunes para limar asperezas y reafirmar su compromiso de continuar juntos lo que resta de legislatura.

Según han informado desde las tres formaciones que conforman el Ejecutivo foral ese ha sido el principal punto de encuentro en una reunión, que se ha prolongado durante una hora y media y que ha estado encabezada por la presidenta, Maria Chivite. Las partes confirman que han sido unos días “difíciles” tras haber afrontado la mayor crisis desde que Chivite es presidenta y que a punto estuvo de llevarse al Gobierno por delante. Pero insisten en que este lunes ha primado el interés mutuo por agotar la legislatura.

“Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno y, sobre todo, con ese compromiso de fortalecer un gobierno progresista”, ha solemnizado la portavoz socialista, Ainhoa Unzu, que ha enmarcado la crisis en una “relación de coalición” entre partidos diferentes. “Incluso ha fortalecido la coalición y el compromiso con el acuerdo de gobierno”, ha asegurado.

El PSN salió muy enfadado del pleno del jueves, en el que acusaron a Geroa Bai de incumplir el acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 y sumarse a la derecha para aprobar una ley contraria a las directrices del Departamento de Educación. Con todo, este lunes han tratado de reconducir las relaciones con sus socios conscientes de que queda un año de legislatura con varias leyes y proyectos de calado todavía pendientes.

En la misma línea Geroa Bai, considera que se ha “encauzado” el diálogo con sus socios. Al PSN le ha emplazado a que no tome “decisiones de este tipo” de forma “unilateral” y que lo hagan con “diálogo”, ha apuntado su portavoz, Pablo Azcona. “Nos parece positivo y será la forma de abordar el futuro”, ha añadido.

El tercer socio, Contigo/Zurekin, también ha mostrado su compromiso por dar cumplimiento al acuerdo programático en los meses que quedan de legislatura, si bien no ha ocultado su enfado por la postura tomada por Geroa Bai con la concertada y han insistido que su compromiso es la defensa de la red pública. Uno de los partidos de esta coalición de izquierdas, Podemos, por su parte ha pedido de nuevo al resto de formaciones que conforman Contigo/Zurekin abandonar el Gobierno de Navarra.

Tras la reunión de este lunes el tripartito encara el final de legislatura habiendo superado una importante crisis entre los socios, que se han comprometido a no romper el Ejecutivo y a poner los medios para que una situación como la vivida el pasado jueves no se vuelva a repetir conscientes de que pese a las diferencias, son “muchas” las cosas que les unen.

Ni el presunto caso de corrupción que afecta al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, cuya derivada salpica a varias obras públicas en Navarra, ni los sobrecostes injustificados de la obra de los túneles de Belate, ni la fractura con el servicio de Traumatología que ha disparado las listas de espera en Salud. La crisis que casi se lleva por delante el Gobierno de María Chivite, uno de los únicos cuatro socialistas al frente de ejecutivos autonómicos, la han provocado los conciertos educativos, y en concreto el que afecta a la ikastola de Estella. Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo navarro, apoyó este pasado jueves con su abstención una proposición de ley de UPN a la que se le incluyeron varias enmiendas de EH Bildu y que blinda durante un año los conciertos a la privada al revocar una resolución del Departamento de Educación por la cual se retiraba la financiación pública a 14 líneas de la privada (cinco de ellas en ikastolas) por la caída de la natalidad y de la matrícula.

Si bien las posturas en torno a la concertada siempre han estado distantes entre PSN y Geroa Bai, la ruptura total la ha provocado una pequeña ikastola situada en Estella. En este centro privado de enseñanza en euskera financiado con fondos públicos se matricularon para el próximo curso escolar 31 alumnos para el aula de tres años. Según las condiciones que puso Educación para renovar los conciertos, con ese número de inscripciones al centro le corresponde una única aula de 25 escolares. Los seis restantes serían derivados a la escuela pública del mismo municipio y donde se imparte el modelo D de enseñanza en euskera. La ikastola, que asegura que Educación les retiró “de la noche a la mañana” la segunda línea, pidió que se le concediera el concierto para la segunda aula, algo que Educación rechazó porque para llegar a la ratio mínima para desdoblar sería necesaria la matrícula de al menos un alumno más.

En ese contexto, la coalición de Socialverdes y PNV acordó el miércoles por la mañana con los socialistas que todos los centros concertados pudieran participar “en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”. Es decir, que si la ikastola de Estella lograse antes de agosto la inscripción de un alumno más, se le concedería una segunda línea en el curso de tres años. Pero poco después del anuncio del acuerdo la patronal de las ikastolas salió a denunciar que lo pactado entre los socios no satisfacía sus demandas. Así, a las pocas horas de cerrar un acuerdo Geroa Bai anunció que lo rompía porque no se daban las “garantías suficientes” para lograr una segunda línea en la ikastola de Estella.

El cambio de postura en un espacio de cuatro horas enfadó y mucho a los socialistas, que daban ya por cerrada una vía de agua en la coalición de gobierno que se había enquistado. Geroa Bai envió entonces una última propuesta al PSN en el que le planteaba cinco puntos para cerrar un acuerdo de mínimos. Todos ellos fueron aceptados por los socialistas salvo el primero, el referido a la ikastola de Estella. La coalición impulsada por Uxue Barkos pedía al partido de Chivite que aceptara el recurso de alzada de este centro “con inmediatez” para concederle así la segunda aula. El PSN acusó en este punto a sus socios de exigirles “vulnerar la ley” y “prevaricar”, como verbalizó el consejero Carlos Gimeno, porque supondría aceptar el recurso de la ikastola para desdoblar el aula sin tener en cuenta los criterios técnicos y jurídicos que fijan las ratios mínimas.

Sobrevoló la idea de un adelanto electoral

Y así llegaron las partes al pleno del jueves en el que se debatía la proposición de ley de UPN para blindar la concertada. Geroa Bai ya había avisado al PSN de que si no llegaban a un acuerdo facilitarían la aprobación de la ley del principal partido de la oposición, que tenía visos de salir adelante porque el socio presupuestario del Ejecutivo, EH Bildu, había presentado varias enmiendas para apoyarla, lo que auguraba una dura derrota del PSN.

Los pasillos del Parlamento de Navarra vivieron una mañana ajetreada de corrillos y reuniones entre grupos. Fuentes consultadas señalan que varios miembros de la ejecutiva del PSN le pidieron a Chivite que rompiera con sus socios, órdago que desde Geroa Bai aseguran que se les llegó a lanzar en alguna de las “intensas” reuniones que mantuvieron a escasas horas del pleno. Se llegó a solicitar un informe a los servicios jurídicos del Gobierno foral para saber la fecha límite para convocar elecciones anticipadas porque existían diferentes interpretaciones del artículo de la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de autonomías, que indica que la presidenta no puede disolver el Parlamento “cuando reste menos de un año para la terminación de legislatura”.

El rumor de un posible adelanto electoral llegó incluso a la tribuna del Parlamento navarro, donde la tensión era tal que una diputada con un viaje a México reservado para julio no podía ocultar su nerviosismo ante la posibilidad de tener que cancelarlo si se acudía a las urnas en verano.

Con este clima de tensión entre socios hubo llamadas al más alto nivel en las que se disuadió a Chivite de la posibilidad de romper uno de los únicos cuatro gobiernos autonómicos liderados por un socialista y, además, en vísperas de las elecciones andaluzas. También desde el círculo más cercano de la presidenta consideraron un mal escenario acudir a las urnas tras un revés político o, en su caso, continuar lo que resta de legislatura con un Ejecutivo todavía más en minoría que el actual.

Finalmente, Chivite optó por que la sangre no llegase al río y evitó romper su gobierno de coalición. Tras la aprobación en el pleno de la proposición de ley de UPN con las abstenciones de Geroa Bai y EH Bildu, el 'número dos' de la presidenta en el Gobierno, Javier Remírez, emplazó a sus socios (Geroa Bai y Contigo/Zurekin) a una reunión, que se celebrará este lunes por la tarde, para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

Pero las relaciones en la coalición han quedado muy tocadas, hasta el punto de que el tercero de los socios, Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros), habla ya de que se ha “quebrado la confianza” porque no es la primera vez que Geroa Bai se desmarca para pactar con la derecha. Hace unos meses se unió también a UPN para tumbar la derogación que planteaban sus socios al blindaje de los profesores de religión en la escuela pública, a la que entraron sin hacer oposición y seleccionados por el arzobispo. Este lunes se buscará templar las aguas.

PSN y Geroa Bai han alcanzado in extremis un acuerdo sobre el concierto educativo a aulas de la escuela privada y evitarán así una importante fractura entre los socios del Gobierno de María Chivite. En menos de 24 horas se va a votar en el pleno del Parlamento de Navarra una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio de los socialistas, había amagado con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos, pero no lo hará tras haber logrado un acuerdo con el PSN.

En virtud del acuerdo alcanzado no se modificará la resolución del Departamento de Educación en lo relativo al cierre de las 14 aulas de tres años en Educación Infantil por la caída de la natalidad. Pero “se contempla la posibilidad de que los centros que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con el Departamento de Educación puedan modificar, durante la vigencia del mismo, el número de unidades, con el objeto de garantizar la adecuación a la demanda del centro que lo solicite”. Es decir, los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años.

Además, se añade que “todos los centros sostenidos con fondos públicos podrán participar en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”, por lo que si una de las aulas que ha sido cerrada, lograse nuevas matrículas antes de agosto, se abriría de nuevo.

Asimismo, durante el segundo semestre de 2026, se pondrá en marcha un plan de trabajo para el análisis del futuro del sistema educativo navarro, “desde la premisa de la defensa de la educación pública como eje vertebrador del sistema”. Con este fin, se constituirá una mesa de trabajo que analizará “el impacto que la evolución demográfica y otros condicionantes -como la despoblación o los flujos migratorios- tienen sobre el sistema educativo”.

Esta mesa examinará, entre otras cuestiones, la legislación vigente y futura, las medidas orientadas a la diversidad, las ratios, la financiación, la calendarización de las medidas, el plan de infraestructuras necesarias, el impacto de la expansión de la oferta educativa del modelo D en el modelo cooperativo de Ikastolas, el profesorado, “así como cualquier otra cuestión que planteen sus integrantes”.

La mesa también abordará el seguimiento e impulso del estado de ejecución de los acuerdos recogidos tanto en el acuerdo programático como en los acuerdos presupuestarios, así como el análisis de las medidas y proyectos legislativos “necesarios” y su calendarización, con el objetivo de “avanzar hacia la mejora del sistema educativo navarro financiado con fondos públicos”.

A los socios de Gobierno, que han celebrado la consecución de un acuerdo “de mínimos” les falta ahora el apoyo de EH Bildu, que también había amagado con apoyar la proposición de UPN para evitar el cierre de aulas en ikastolas. De lograrlo, la proposición de UPN saldría rechazada en el pleno.

Los socios del Gobierno de Navarra apuran las negociaciones para tratar de evitar la que sería una de las grandes crisis de la coalición desde que María Chivite es presidenta. El jueves se votará en el pleno del Parlamento foral una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, amagan con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

Fuentes del Gobierno navarro señalan a este periódico que la situación, a tres días de que se celebre la votación, es “grave” porque todavía no hay acuerdo entre los socios y porque, de aprobarse la proposición de los regionalistas, Educación se vería obligada a rehacer el proceso de matrícula, con los inconvenientes que ello conlleva para las familias, que ya tienen las plazas adjudicadas. “Algunas podrían perderla”, alertaba hace unos días el consejero. Además, un informe de Educación también apuntó que la propuesta de UPN tiene “visos de inconstitucionalidad”.

Con todo, los socios de Chivite confían en llegar a un acuerdo antes del jueves para impedir una victoria de la oposición de derechas con el apoyo de Geroa Bai y EH Bildu —bastaría con que se abstuvieran—, que generaría una importante brecha en el seno del Gobierno. “Encontraremos un punto de acuerdo seguro”, ha asegurado la portavoz del PSN en el Parlamento, Ainhoa Unzu. “Aspiramos a llegar a un acuerdo”, ha apostillado Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai.

Pero las negociaciones no están siendo fáciles. Las partes han marcado unas líneas rojas contrarias entre sí. Mientras Geroa Bai y EH Bildu exigen que no se cierren las 14 aulas a las que el consejero Gimeno anunció que retiraría el concierto por la bajada de la matrícula en 700 niños y niñas, el PSN y Contigo/Zurekin aseguran que se mantendrán en lo pactado en el acuerdo de Gobierno, en el que se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

“Esta ley nace para blindar intereses concretos de la educación concertada”, ha criticado la portavoz socialista, que ha dicho que le resulta “difícil de digerir” que Geroa Bai y EH Bildu puedan apoyarla porque afecte a las ikastolas. Así, ha apuntado que uno de los principales escollos está siendo la situación que se ha dado en la ikastola de Estella, donde seis alumnos se han quedado sin plaza por el cierre de una segunda línea en el aula de tres años. “La red pública es la que está absorbiendo en estos momentos la demanda de la enseñanza en euskera, especialmente en las zonas rurales”, ha defendido.

“Mientras exista una zonificación del euskera en Navarra, mientras los derechos lingüísticos vengan determinados por el código postal, mientras la enseñanza en euskera no esté normalizada, bienvenidos sean todos los esfuerzos en impulso de la enseñanza en euskera”, ha defendido por su parte EH Bildu.

Mientras, UPN, líder de la oposición , trata de agrandar la crisis en el seno del Gobierno y asegura que la presidenta Chivite ha “apartado” al consejero Gimeno de las negociaciones para pasar “la responsabilidad a otra persona de su confianza”, al vicepresidente primero Javier Remírez, extremo que han desmentido desde el ala socialista del Ejecutivo navarro.