La comisión navarra de investigación sobre las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a las empresas investigadas por presunta corrupción en el 'caso Cerdán', Acciona y Servinabar 2000, ha concluido que no se “ha podido acreditar” que haya habido corrupción ni injerencia política en las mesas de contratación de las siete obras adjudicadas a estas mercantiles durante los gobiernos de Uxue Barkos y María Chivite.

PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que cuentan con mayoría parlamentaria, han acordado un documento de mínimos, del que se ha descolgado Contigo/Zurekin, el tercer socio del Gobierno de Chivite, con cuatro conclusiones que serán aprobadas en un pleno que se celebrará en el Parlamento de Navarra a finales de junio. También han acordado, esta vez con el respaldo de Contigo/Zurekin, un documento con recomendaciones para el Ejecutivo foral.

La comisión de investigación fue creada a raíz del informe de la UCO de la Guardia Civil que vincula al navarro Santos Cerdán con una trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. Los agentes encontraron en junio de 2025 en casa del empresario guipuzcoano Antxon Alonso un documento de compraventa por el que Cerdán habría adquirido el 45% de las participaciones de Servinabar 2000, mercantil que funcionaría como vehículo para el cobro de las comisiones, según la Guardia Civil, y a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó siete obras en UTE con Acciona.

Tras nueve meses de trabajos y 46 comparecencias de técnicos, políticos o empresarios, PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que tienen mayoría parlamentaria, han pactado un documento en el que se recogen cuatro conclusiones, que serán las que se aprueben en el pleno. La primera señala que “no se ha podido acreditar” la existencia “de prácticas corruptas por parte de responsables políticos del Gobierno de Navarra ni de los funcionarios que han intervenido en los expedientes analizados”. Añaden que “a pesar de la gravedad de las sospechas iniciales”, las comparecencias, la documentación y las actas de las mesas de contratación “no han aportado pruebas directas de la existencia de sobornos, reparto de comisiones, aportación de fondos públicos u otras conductas típicamente asociadas a la corrupción política o administrativa, ni tampoco de conflicto de intereses”.

Con todo coinciden en que se ha constatado “la existencia de irregularidades y deficiencias en la tramitación de algunos contratos, en especial en la licitación de la duplicación del túnel de Belate”.

Se han constatado “posibles incumplimientos de la normativa de contratación”

En un segundo punto la comisión destaca que tampoco se ha podido acreditar la participación de empresas, licitadoras o adjudicatarias, en “prácticas corruptas” dirigidas a obtener adjudicaciones de obras públicas de la Administración de la Comunidad foral. Según apunta, del análisis de la posición de las empresas adjudicatarias, no se desprende “la existencia de pagos ilícitos, acuerdo colusorios con responsables públicos u otras actuaciones que acrediten” corrupción. No obstante, destaca que la relación entre algunas empresas y personas investigadas “genera un contexto de sospecha” que, sin embargo, “no ha sido posible vincular de manera probada esas tramas con decisiones concretas” de adjudicaciones públicas.

Se considera también, en un tercer apartado, que no han aparecido “elementos probatorios directos” que apunten a “prácticas corruptas” en las obras investigadas. No obstante, se señala que en la comisión se han constatado “vicios procedimentales” a lo que ha sumado los votos particulares por parte de miembros jurídicos y de Intervención, así como reparos de Intervención advirtiendo de “posibles incumplimientos de la normativa de contratación”. Aun siendo “objetivamente incumplimientos de legalidad y la buena administración”, se insiste en que “no se han acompañado de pruebas concluyentes” que acrediten un “pacto ilícito entre decisores públicos y operadores privados”.

Por último, en una cuarta conclusión, se recoge que no se han acreditado “injerencias políticas directas o indirectas” sobre los miembros de la mesa de contratación de las obras de duplicación de los túneles de Belate. Así, destaca que todos los vocales de la mesa que han comparecido “han manifestado de forma coincidente no haber recibido presiones” para “orientar el sentido de sus valoraciones técnicas o de sus votos en la Mesa”.

Pese a ello, añaden que se han producido “conductas discutibles” por parte del presidente de la Mesa hacia algunos técnicos, como peticiones para “repensar puntuaciones”, que “podrían suponer un quebranto a la imparcialidad de la Mesa”, pero no las vincula a “directrices” de “instancias superiores”. Igualmente, apunta a la existencia de reuniones y comunicaciones entre cargos políticos y responsables administrativos “preocupados por el desarrollo de la licitación” que “puede interpretarse como una presión ambiental o un interés político intenso”, pero sin probar “una orden expresa” para favorecer a una empresa u orientar la decisión de la Mesa.

De este cuerdo se ha desmarcado la tercera pata de la coalición del Gobierno de Chivite, Contigo/Zurekin, que en sus conclusiones particulares considera que han quedado acreditadas “prácticas en los procesos de contratación pública que son incompatibles con los principios de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, transparencia e integridad” recogidas en la legislación sobre contratación pública y “que evidentemente se han vulnerado en algunos de los procesos” que se han analizado, así como “una connivencia estructural entre una parte del poder político y del poder económico y empresarial oscura, opaca y nada saludable en un sistema democrático”.

“La diferencia fundamental ha estado a la hora de analizar qué hemos visto, oído y leído en la comisión”, ya que hay grupos que “han entendido que lo importante eran las conclusiones y que el relato que lleva a esas conclusiones no lo era tanto”, ha explicado el portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz.

Recomendaciones

Los tres socios del Gobierno y EH Bildu, socio presupuestario, sí que han alcanzado un acuerdo para presentar un documento conjunto de recomendaciones, entre las que destacan la aprobación de un plan integral de contratación pública con una “revisión de pliegos tipo”, un desarrollo reglamentario que regule que las valoraciones “sean de una manera suficientemente motivada” y “se garantice su privacidad hasta su registro independiente”.

Además, se plantea garantizar que estas evaluaciones “se puedan hacer de manera simultánea y de la manera más objetiva posible”, la implantación de mecanismos “que detecten los posibles conflictos de intereses”, “fortalecer el control y los límites entre el poder político y los poderes empresariales”, y establecer un protocolo de actuación “cuando existan indicios de corrupción”.

Se plantea, asimismo, una modificación de la Ley de Contratos Públicos para “aclarar la regulación y exista una mayor claridad en el funcionamiento” de las mesas de contratación. Igualmente, propone “reforzar las obligaciones de publicidad activa” incluyendo en el portal de transparencia “las modificaciones, prórrogas y liquidaciones que puedan haber”. También un “refuerzo de medios” en la Intervención General para que “pueda haber un control suficiente y adecuado de los modificados y la verificación de la correcta ejecución de las obras que se estén llevando a cabo”.

El documento recoge, a su vez, el “refuerzo” de los sistemas de contratación electrónica dirigido “asegurar la trazabilidad completa de todos los actos de este procedimiento”, y “consolidar la plantilla” de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.

Las conclusiones y las recomendaciones serán votadas y aprobadas en la comisión parlamentaria el próximo 10 de junio y llevadas a pleno para su aprobación dedefinitival 18 de junio.

Unión del Pueblo Navarro (UPN) volvería a ganar las elecciones forales en Navarra, pero una vez más se quedaría lejos de una mayoría que le permitiese volver a liderar el Gobierno de la comunidad foral, incluso con los apoyos de PP y Vox. Del otro lado, EH Bildu amenaza la primacía del PSN de María Chivite en el bloque de la izquierda.

Una encuesta realizada por EiTB focus publicada este jueves dibuja un escenario muy similar al actual en el Parlamento de Navarra. Las formaciones que sustentan al actual Gobierno foral, una coalición del PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros) con el apoyo externo de EH Bildu podría reeditar un Ejecutivo progresista. Eso sí, los socialistas dependerían más de la coalición de la izquierda abertzale, la formación que más crece en intención de voto y que prácticamente empata con el PSN en apoyos.

La encuesta otorga al PSN un 20,5% de intención de voto, medio punto menos que los resultados que obtuvieron en 2023, mientras que EH Bildu se situaría muy cerca del 20% de apoyos, un19,9%, con un crecimiento de de 2,5 puntos con respecto a los resultados que obtuvo en 2023.

Geroa Bai, el principal socio de los socialistas en el Gobierno de Chivite, se mantendría como cuarta formación con un 13% de intención de voto, medio punto menos que en 2023. Las formaciones que en la actualidad conforman la coalición Contigo/Zurekin, que todavía no han reeditado el acuerdo para confluir en los comicios de 2027, lograrían un 5,6% de los apoyos.

El ganador de las elecciones volvería a ser UPN, si bien con una caída de dos puntos en comparación con los resultados que lograron en 2023. La formación regionalista, ahora liderada por Cristina Ibarrola, que será la candidata en 2027 a presidir el Gobierno navarro, alcanzaría el 26,2% de los apoyos.

De esta forma, Ibarrola sería incapaz de devolver a UPN al Palacio de Navarra que abandonó Yolanda Barcina en 2015, incluso con el apoyo de PP y Vox. El PP se mantendría en el 7,5% del total de los votos, mientras que la formación de extrema derecha crecería 2,3 puntos y se situaría en el 6,7% de intención de voto.

La encuesta, que ha sido elaborada entre el 17 de abril y el 13 de mayo con 600 entrevistas en la comunidad foral, sitúa a la presidenta María Chivite con índice de aprobación del 64,7% y una valoración de 5,2 puntos sobre 10. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), por su parte, obtiene un índice de aprobación del 66,1% y una nota demia de 5,7.

El Parlamento de Navarra ha tumbado este lunes dos declaraciones institucionales presentadas por UPN y Vox en las que se reclamaba pedir al Athletic Club de Bilbao que retirase de su nueva camiseta el mapa de Euskal Herria con la ikurriña y que solo han contado con los votos favorables del PP. La presidenta del partido regionalista, Cristina Ibarrola, ya amenazó hace unos días con llevar a los tribunales al equipo vizcaíno si no quitaba ese mapa por considerarlo “lesivo” para Navarra.

UPN pedía en su declaración que el Parlamento de Navarra reafirmara “el carácter propio, singular y diferenciado de la Comunidad foral de Navarra, amparado por la Constitución Española y la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), así como por su identidad institucional, política y jurídica plenamente reconocida”. Además, consideraba “improcedente la inclusión, en la nueva equipación oficial del Athletic Club para la temporada 2026/2027, de elementos gráficos que representan un supuesto mapa de 'Euskal Herria' integrando a Navarra junto a la ikurriña, al entender que proyectan una visión política e identitaria controvertida que no representa la realidad institucional de la Comunidad foral de Navarra”.

Así, pedía al Parlamento que solicitase “expresamente” al club reconsiderar la decisión y que retirase de su camiseta “cualquier referencia gráfica o simbólica que incluya a Navarra dentro de una representación política territorial ajena a su realidad institucional, en aras del respeto institucional, la convivencia y las buenas relaciones comunidades vecinas”.

Por su parte, Vox pedía que el Parlamento de Navarra condenara “firmemente la inclusión de Navarra en el mapa de Euskal Herria que aparece en la nueva equipación del Athletic Club de Bilbao, por suponer una reivindicación política inaceptable que distorsiona la realidad territorial, histórica e identitaria de nuestra comunidad y que carece de cualquier legitimidad democrática o institucional”.

El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha pedido que se “respete” a quienes creen que Navarra “tiene una historia propia, una bandera propia, un himno propio, y que no necesita a nadie más”. “Generar confrontación con un tema como este es innecesario, gratuito y una manifiesta falta de respeto a una mayoría social de Navarra que no se siente representada por esa imagen”, ha añadido para criticar a la presidenta, María Chivite, por “no defender” a la comunidad foral.

“La camiseta del Athletic lanza un mensaje político claro, un territorio, que ellos consideran una nación y una bandera”, ha afirmado para apuntar que UPN va a “hacer todo” lo que esté en sus manos para intentar que el Athletic no pueda jugar con esa camiseta. También PP y Vox han considerado una “falta de respeto” y un “menosprecio” que el equipo vizcaíno haya incluido el mapa de Euskal Herria en su indumentaria.

Del lado contrario, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido a UPN y a Vox que “no se empeñen en hacerle la campaña de marketing al Athletic de Bilbao” y ha defendido que en su formación son “más” de ponerse “la camiseta de Osasuna, el único equipo de primera con nombre en euskera”, ha recordado. “El euskera se habla en Navarra y en el conjunto de Euskal Herria”, ha aseverado para criticar al partido regionalista que trate de “imponer cómo se tiene que sentir uno navarro”.

Los socios que conforman el Gobierno de María Chivite tratan de superar la crisis que se generó el pasado jueves entre los socios cuando Geroa Bai permitió con su abstención la aprobación de la proposición de ley de UPN para blindar la concertada y revertir la resolución de Educación del cierre de 14 aulas en la red privada porque afectaba a cinco ikastolas. PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin se han reunido en la tarde de este lunes para limar asperezas y reafirmar su compromiso de continuar juntos lo que resta de legislatura.

Según han informado desde las tres formaciones que conforman el Ejecutivo foral ese ha sido el principal punto de encuentro en una reunión, que se ha prolongado durante una hora y media y que ha estado encabezada por la presidenta, Maria Chivite. Las partes confirman que han sido unos días “difíciles” tras haber afrontado la mayor crisis desde que Chivite es presidenta y que a punto estuvo de llevarse al Gobierno por delante. Pero insisten en que este lunes ha primado el interés mutuo por agotar la legislatura.

“Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno y, sobre todo, con ese compromiso de fortalecer un gobierno progresista”, ha solemnizado la portavoz socialista, Ainhoa Unzu, que ha enmarcado la crisis en una “relación de coalición” entre partidos diferentes. “Incluso ha fortalecido la coalición y el compromiso con el acuerdo de gobierno”, ha asegurado.

El PSN salió muy enfadado del pleno del jueves, en el que acusaron a Geroa Bai de incumplir el acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 y sumarse a la derecha para aprobar una ley contraria a las directrices del Departamento de Educación. Con todo, este lunes han tratado de reconducir las relaciones con sus socios conscientes de que queda un año de legislatura con varias leyes y proyectos de calado todavía pendientes.

En la misma línea Geroa Bai, considera que se ha “encauzado” el diálogo con sus socios. Al PSN le ha emplazado a que no tome “decisiones de este tipo” de forma “unilateral” y que lo hagan con “diálogo”, ha apuntado su portavoz, Pablo Azcona. “Nos parece positivo y será la forma de abordar el futuro”, ha añadido.

El tercer socio, Contigo/Zurekin, también ha mostrado su compromiso por dar cumplimiento al acuerdo programático en los meses que quedan de legislatura, si bien no ha ocultado su enfado por la postura tomada por Geroa Bai con la concertada y han insistido que su compromiso es la defensa de la red pública. Uno de los partidos de esta coalición de izquierdas, Podemos, por su parte ha pedido de nuevo al resto de formaciones que conforman Contigo/Zurekin abandonar el Gobierno de Navarra.

Tras la reunión de este lunes el tripartito encara el final de legislatura habiendo superado una importante crisis entre los socios, que se han comprometido a no romper el Ejecutivo y a poner los medios para que una situación como la vivida el pasado jueves no se vuelva a repetir conscientes de que pese a las diferencias, son “muchas” las cosas que les unen.

Ni el presunto caso de corrupción que afecta al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, cuya derivada salpica a varias obras públicas en Navarra, ni los sobrecostes injustificados de la obra de los túneles de Belate, ni la fractura con el servicio de Traumatología que ha disparado las listas de espera en Salud. La crisis que casi se lleva por delante el Gobierno de María Chivite, uno de los únicos cuatro socialistas al frente de ejecutivos autonómicos, la han provocado los conciertos educativos, y en concreto el que afecta a la ikastola de Estella. Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo navarro, apoyó este pasado jueves con su abstención una proposición de ley de UPN a la que se le incluyeron varias enmiendas de EH Bildu y que blinda durante un año los conciertos a la privada al revocar una resolución del Departamento de Educación por la cual se retiraba la financiación pública a 14 líneas de la privada (cinco de ellas en ikastolas) por la caída de la natalidad y de la matrícula.

Si bien las posturas en torno a la concertada siempre han estado distantes entre PSN y Geroa Bai, la ruptura total la ha provocado una pequeña ikastola situada en Estella. En este centro privado de enseñanza en euskera financiado con fondos públicos se matricularon para el próximo curso escolar 31 alumnos para el aula de tres años. Según las condiciones que puso Educación para renovar los conciertos, con ese número de inscripciones al centro le corresponde una única aula de 25 escolares. Los seis restantes serían derivados a la escuela pública del mismo municipio y donde se imparte el modelo D de enseñanza en euskera. La ikastola, que asegura que Educación les retiró “de la noche a la mañana” la segunda línea, pidió que se le concediera el concierto para la segunda aula, algo que Educación rechazó porque para llegar a la ratio mínima para desdoblar sería necesaria la matrícula de al menos un alumno más.

En ese contexto, la coalición de Socialverdes y PNV acordó el miércoles por la mañana con los socialistas que todos los centros concertados pudieran participar “en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”. Es decir, que si la ikastola de Estella lograse antes de agosto la inscripción de un alumno más, se le concedería una segunda línea en el curso de tres años. Pero poco después del anuncio del acuerdo la patronal de las ikastolas salió a denunciar que lo pactado entre los socios no satisfacía sus demandas. Así, a las pocas horas de cerrar un acuerdo Geroa Bai anunció que lo rompía porque no se daban las “garantías suficientes” para lograr una segunda línea en la ikastola de Estella.

El cambio de postura en un espacio de cuatro horas enfadó y mucho a los socialistas, que daban ya por cerrada una vía de agua en la coalición de gobierno que se había enquistado. Geroa Bai envió entonces una última propuesta al PSN en el que le planteaba cinco puntos para cerrar un acuerdo de mínimos. Todos ellos fueron aceptados por los socialistas salvo el primero, el referido a la ikastola de Estella. La coalición impulsada por Uxue Barkos pedía al partido de Chivite que aceptara el recurso de alzada de este centro “con inmediatez” para concederle así la segunda aula. El PSN acusó en este punto a sus socios de exigirles “vulnerar la ley” y “prevaricar”, como verbalizó el consejero Carlos Gimeno, porque supondría aceptar el recurso de la ikastola para desdoblar el aula sin tener en cuenta los criterios técnicos y jurídicos que fijan las ratios mínimas.

Sobrevoló la idea de un adelanto electoral

Y así llegaron las partes al pleno del jueves en el que se debatía la proposición de ley de UPN para blindar la concertada. Geroa Bai ya había avisado al PSN de que si no llegaban a un acuerdo facilitarían la aprobación de la ley del principal partido de la oposición, que tenía visos de salir adelante porque el socio presupuestario del Ejecutivo, EH Bildu, había presentado varias enmiendas para apoyarla, lo que auguraba una dura derrota del PSN.

Los pasillos del Parlamento de Navarra vivieron una mañana ajetreada de corrillos y reuniones entre grupos. Fuentes consultadas señalan que varios miembros de la ejecutiva del PSN le pidieron a Chivite que rompiera con sus socios, órdago que desde Geroa Bai aseguran que se les llegó a lanzar en alguna de las “intensas” reuniones que mantuvieron a escasas horas del pleno. Se llegó a solicitar un informe a los servicios jurídicos del Gobierno foral para saber la fecha límite para convocar elecciones anticipadas porque existían diferentes interpretaciones del artículo de la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de autonomías, que indica que la presidenta no puede disolver el Parlamento “cuando reste menos de un año para la terminación de legislatura”.

El rumor de un posible adelanto electoral llegó incluso a la tribuna del Parlamento navarro, donde la tensión era tal que una diputada con un viaje a México reservado para julio no podía ocultar su nerviosismo ante la posibilidad de tener que cancelarlo si se acudía a las urnas en verano.

Con este clima de tensión entre socios hubo llamadas al más alto nivel en las que se disuadió a Chivite de la posibilidad de romper uno de los únicos cuatro gobiernos autonómicos liderados por un socialista y, además, en vísperas de las elecciones andaluzas. También desde el círculo más cercano de la presidenta consideraron un mal escenario acudir a las urnas tras un revés político o, en su caso, continuar lo que resta de legislatura con un Ejecutivo todavía más en minoría que el actual.

Finalmente, Chivite optó por que la sangre no llegase al río y evitó romper su gobierno de coalición. Tras la aprobación en el pleno de la proposición de ley de UPN con las abstenciones de Geroa Bai y EH Bildu, el 'número dos' de la presidenta en el Gobierno, Javier Remírez, emplazó a sus socios (Geroa Bai y Contigo/Zurekin) a una reunión, que se celebrará este lunes por la tarde, para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

Pero las relaciones en la coalición han quedado muy tocadas, hasta el punto de que el tercero de los socios, Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros), habla ya de que se ha “quebrado la confianza” porque no es la primera vez que Geroa Bai se desmarca para pactar con la derecha. Hace unos meses se unió también a UPN para tumbar la derogación que planteaban sus socios al blindaje de los profesores de religión en la escuela pública, a la que entraron sin hacer oposición y seleccionados por el arzobispo. Este lunes se buscará templar las aguas.

PSN y Geroa Bai han alcanzado in extremis un acuerdo sobre el concierto educativo a aulas de la escuela privada y evitarán así una importante fractura entre los socios del Gobierno de María Chivite. En menos de 24 horas se va a votar en el pleno del Parlamento de Navarra una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio de los socialistas, había amagado con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos, pero no lo hará tras haber logrado un acuerdo con el PSN.

En virtud del acuerdo alcanzado no se modificará la resolución del Departamento de Educación en lo relativo al cierre de las 14 aulas de tres años en Educación Infantil por la caída de la natalidad. Pero “se contempla la posibilidad de que los centros que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con el Departamento de Educación puedan modificar, durante la vigencia del mismo, el número de unidades, con el objeto de garantizar la adecuación a la demanda del centro que lo solicite”. Es decir, los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años.

Además, se añade que “todos los centros sostenidos con fondos públicos podrán participar en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”, por lo que si una de las aulas que ha sido cerrada, lograse nuevas matrículas antes de agosto, se abriría de nuevo.

Asimismo, durante el segundo semestre de 2026, se pondrá en marcha un plan de trabajo para el análisis del futuro del sistema educativo navarro, “desde la premisa de la defensa de la educación pública como eje vertebrador del sistema”. Con este fin, se constituirá una mesa de trabajo que analizará “el impacto que la evolución demográfica y otros condicionantes -como la despoblación o los flujos migratorios- tienen sobre el sistema educativo”.

Esta mesa examinará, entre otras cuestiones, la legislación vigente y futura, las medidas orientadas a la diversidad, las ratios, la financiación, la calendarización de las medidas, el plan de infraestructuras necesarias, el impacto de la expansión de la oferta educativa del modelo D en el modelo cooperativo de Ikastolas, el profesorado, “así como cualquier otra cuestión que planteen sus integrantes”.

La mesa también abordará el seguimiento e impulso del estado de ejecución de los acuerdos recogidos tanto en el acuerdo programático como en los acuerdos presupuestarios, así como el análisis de las medidas y proyectos legislativos “necesarios” y su calendarización, con el objetivo de “avanzar hacia la mejora del sistema educativo navarro financiado con fondos públicos”.

A los socios de Gobierno, que han celebrado la consecución de un acuerdo “de mínimos” les falta ahora el apoyo de EH Bildu, que también había amagado con apoyar la proposición de UPN para evitar el cierre de aulas en ikastolas. De lograrlo, la proposición de UPN saldría rechazada en el pleno.

Los socios del Gobierno de Navarra apuran las negociaciones para tratar de evitar la que sería una de las grandes crisis de la coalición desde que María Chivite es presidenta. El jueves se votará en el pleno del Parlamento foral una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, amagan con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

Fuentes del Gobierno navarro señalan a este periódico que la situación, a tres días de que se celebre la votación, es “grave” porque todavía no hay acuerdo entre los socios y porque, de aprobarse la proposición de los regionalistas, Educación se vería obligada a rehacer el proceso de matrícula, con los inconvenientes que ello conlleva para las familias, que ya tienen las plazas adjudicadas. “Algunas podrían perderla”, alertaba hace unos días el consejero. Además, un informe de Educación también apuntó que la propuesta de UPN tiene “visos de inconstitucionalidad”.

Con todo, los socios de Chivite confían en llegar a un acuerdo antes del jueves para impedir una victoria de la oposición de derechas con el apoyo de Geroa Bai y EH Bildu —bastaría con que se abstuvieran—, que generaría una importante brecha en el seno del Gobierno. “Encontraremos un punto de acuerdo seguro”, ha asegurado la portavoz del PSN en el Parlamento, Ainhoa Unzu. “Aspiramos a llegar a un acuerdo”, ha apostillado Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai.

Pero las negociaciones no están siendo fáciles. Las partes han marcado unas líneas rojas contrarias entre sí. Mientras Geroa Bai y EH Bildu exigen que no se cierren las 14 aulas a las que el consejero Gimeno anunció que retiraría el concierto por la bajada de la matrícula en 700 niños y niñas, el PSN y Contigo/Zurekin aseguran que se mantendrán en lo pactado en el acuerdo de Gobierno, en el que se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

“Esta ley nace para blindar intereses concretos de la educación concertada”, ha criticado la portavoz socialista, que ha dicho que le resulta “difícil de digerir” que Geroa Bai y EH Bildu puedan apoyarla porque afecte a las ikastolas. Así, ha apuntado que uno de los principales escollos está siendo la situación que se ha dado en la ikastola de Estella, donde seis alumnos se han quedado sin plaza por el cierre de una segunda línea en el aula de tres años. “La red pública es la que está absorbiendo en estos momentos la demanda de la enseñanza en euskera, especialmente en las zonas rurales”, ha defendido.

“Mientras exista una zonificación del euskera en Navarra, mientras los derechos lingüísticos vengan determinados por el código postal, mientras la enseñanza en euskera no esté normalizada, bienvenidos sean todos los esfuerzos en impulso de la enseñanza en euskera”, ha defendido por su parte EH Bildu.

Mientras, UPN, líder de la oposición , trata de agrandar la crisis en el seno del Gobierno y asegura que la presidenta Chivite ha “apartado” al consejero Gimeno de las negociaciones para pasar “la responsabilidad a otra persona de su confianza”, al vicepresidente primero Javier Remírez, extremo que han desmentido desde el ala socialista del Ejecutivo navarro.

Navarra se convertirá en las próximas semanas en la primera comunidad en la que el alquiler de temporada y el de habitaciones estará regulado por ley para reforzar la protección de los inquilinos y evitar que haya propietarios que utilicen este tipo de arrendamientos para eludir el tope al precio de los alquileres, que afecta a 21 municipios de la comunidad foral que han sido declarados zonas de mercado residencial tensionado.

Los socios del Ejecutivo foral (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) y EH Bildu han registrado una proposición de ley en el Parlamento de Navarra que cuenta con los votos suficientes para salir adelante y que será tramitada por la vía de urgencia.

La iniciativa llega después de que el Departamento de Vivienda del Gobierno foral haya detectado en el último año un aumento del número de contratos de temporada “ficticios” para esquivar la regulación de precios en zonas tensionadas, produciéndose así “fugas” de contratos de vivienda habitual hacia fórmulas temporales para eludir la ley. Para hacer frente a esta situación, la proposición de ley establece que los contratos de temporada deberán estar vinculados a causas reales, como motivos laborales, formativos o asistenciales, y debidamente acreditadas. En caso contrario, podrán ser inspeccionados y sancionados por la Administración.

La ley fijará a su vez que estos contratos no podrán superar el año de duración y que, si no se acredita su carácter temporal, pasarán automáticamente a considerarse alquileres de vivienda habitual, “con todas las garantías legales para la parte arrendataria”, incluido el precio topado por la ley de Vivienda.

“Esta ley garantiza que no exista una vía de escape para quien quiera especular con la necesidad de vivienda de los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra”, defiende el portavoz socialista en Vivienda, Kevin Lucero. “El mercado del alquiler no puede seguir funcionando sin reglas. Estamos viendo cómo se utilizan contratos de temporada fraudulentos para subir precios de forma encubierta”, critica el parlamentario de Contigo/Zurekin Daniel López Córdoba.

Alquiler de habitaciones sujeto a las mismas reglas que el de vivienda habitual

De igual manera se regulará el alquiler de habitaciones para evitar que se utilicen de forma fraudulenta para esquivar la ley de Vivienda y el límite al precio del alquiler. Así, la proposición de ley establece que estos contratos deberán someterse “al mismo régimen que los arrendamientos de vivienda habitual, incluyendo derechos como la prórroga, límites en la renta o garantías contractuales”.

Asimismo, en las zonas tensionadas, la suma del precio de las habitaciones no podrá superar el límite máximo fijado para el alquiler completo de la vivienda, evitando así que una misma vivienda genere mayores ingresos fragmentándola por estancias. La norma introduce además la obligatoriedad de inscribir todos los contratos en un registro público, “lo que permitirá mejorar la transparencia, reforzar la inspección y detectar prácticas fraudulentas”.

“Con esta ley ponemos reglas claras para acabar con los abusos y garantizar derechos básicos a la vez que impedimos vacíos legales a aquellos que quieren escaparse de la regulación”, afirma López Córdoba“. ”El derecho a la vivienda debe estar por encima de los intereses especulativos“, subraya el portavoz de Contigo Zurekin.

Geroa Bai, socio del PSN en el Gobierno de Navarra, amaga ahora con sumarse a la oposición y apoyar la proposición de ley con la que UPN pretende blindar los conciertos educativos en la escuela privada después de que Educación anunciase que por la caída de la natalidad, que se ceba especialmente en la red pública, se va a retirar el concierto a 14 líneas de la privada en Infantil. “Si lo que no le permite al consejero dar respuesta a las necesidades ciudadanas es la ley, igual hay que cambiarla”, ha señalado el portavoz parlamentario de la coalición de Socialverdes y PNV, Pablo Azcona.

Se trata de una proposición de ley que UPN ha llevado al Parlamento foral para que no se dejen de financiar líneas educativas en la red privada y para igualar las ratios a las de la escuela pública. Geroa Bai y el socio presupuestario del Ejecutivo de María Chivite, EH Bildu, que se han mostrado en contra del cierre de aulas en la concertada porque afecta a varias ikastolas, por el momento han permitido con su apoyo que la propuesta de ley sea tramitada por la vía de urgencia, es decir, sin posibilidad de añadir enmiendas. La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, se ha mostrado, sin embargo, confiada en que Educación revierta su decisión. “Hay margen para acordar”, ha apuntado.

En la misma línea se ha mostrado Geroa Bai, que ha considerado un avance “positivo” que el consejero Carlos Gimeno anunciase que finalmente no se cerrarán 19 aulas de 3 años en centros públicos. “Nuestra voluntad es solucionarlo con los socios del Gobierno”, ha explicado Pablo Azcona para añadir que si no se consigue llegar a un acuerdo, abrirán la puerta a apoyar la proposición de ley de UPN.

Desde el PSN, principal socio del Gobierno de Navarra, su portavoz, Ainhoa Unzu, ha alertado de que la propuesta de los regionalistas tiene “claros tintes de ilegalidad” y han anunciado que van a solicitar al Consejo de Navarra, junto con el otro socio del Ejecutivo, Contigo/Zurekin, un informe que determine si lo que plantea UPN es legal. “Vamos a seguir defendiendo la escuela pública, aunque a veces nos quedemos en minoría, porque preferimos quedarnos solos defendiendo lo correcto”, ha aseverado Ainhoa Unzu, que ha recordado que en el acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 para investir a María Chivite se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

Según datos del Departamento de Educación, mantener la financiación pública a las 14 aulas de la red privada a las que se le va a retirar el concierto por la falta de demanda tendría un coste anual de 1,3 millones de euros. Según estos mismos datos, tan solo seis solicitudes en ikastolas se han quedado sin su primera opción y que el 98% del alumnado ha entrado en su primera opción.

Sobre la propuesta de UPN de igualar las ratios de la pública con la concertada, Educación apunta que esa medida supondría la necesidad de crear 82 nuevas líneas en la red privada que tendrían un coste anual de 8 millones de euros. “¿Un partido que se denomina de izquierdas puede apoyar esto? ¿Alguien que está hablando de igualdad y justicia social puede apoyar una operación diseñada para privilegiar a quien ya parte de una situación más favorecida?”, ha planteado la portavoz socialista.

40 personas han comparecido ya en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a la UTE de Acciona con Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción por presuntamente funcionar como vehículo para el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. De todos los comparecientes, apenas cuatro han sido mujeres, un 10%. Además, todos los portavoces políticos de la comisión son hombres.

La comisión se creó en verano de 2025. La preside una mujer, Irati Jiménez, de EH Bildu, mientras que Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ejerce como secretaria. Sin embargo, el vicepresidente, Pedro González (UPN), así como todos los portavoces políticos son hombres: Javier Esparza (UPN), Javier Lecumberri (PSN), Adolfo Araiz (EH Bildu), Pablo Azcona (Geroa Bai), Javier García (PP), Miguel Garrrido (Contigo/Zurekin) y Emilio Jiménez (Vox).

En el foro, por el que han pasado los principales responsables políticos y técnicos de las adjudicaciones, así como los dirigentes de las empresas señaladas, tan solo cuatro de los cuarenta comparecientes han sido mujeres: Noemí Osés, la directora general de Osés Construcciones; Edurne Eginoa, la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra; Carmen Pérez Miguel, la directora jurídica y de compras de la empresa pública de vivienda Nasuvinsa; y la exdirectora general de Educación del Gobierno de Navarra, Nekane Oroz.

Por el contrario, 36 de los 40 comparecientes han sido hombres, entre ellos todos los técnicos y juristas de la mesa de contratación de las obras de los túneles de Belate, los agentes de la Guardia Civil que realizaron el informe de la UCO, consejeros y directores generales del Gobierno de Navarra o altos cargos de las empresas señaladas por la UCO. A esta lista se podría haber sumado el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, que se negó hasta en dos ocasiones a acudir a su citación en el Parlamento navarra. La Fiscalía ya le ha denunciado por considerar que incurrió en un delito de desobediencia.

“Deberíamos hacer la reflexión de quiénes están en los espacios de decisión y de poder y quiénes no”, ha apuntado sobre esta cuestión la presidenta de la comisión de investigación, Irati Jiménez.

De las comparecencias pendientes, cuatro más serán de mujeres: la de la exconsejera de Ecnomía Lourdes Goicoechea y las de las tres últimas presidentas de Navarra, Yolanda Barcina, Uxue Barkos y María Chivite. Según las fuentes consultadas, se espera que para mayo hayan finalizado todas las comparecencias y que el dictamen con las conclusiones de la comisión pueda ser votado en el pleno antes de que finalice el mes de junio.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha avanzado este martes que planteará a sus socios de Gobierno, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre), una “posible” deflactación del IRPF ante la inflación provocada por la guerra de Irán. El Ejecutivo foral aprobará este miércoles un primer paquete de medidas dirigido a particulares y empresas para paliar los efectos de la escalada de precios.

“Vamos a seguir monitorizando, porque no solo van a ser las medidas que se aprueben este miércoles. También queremos llevar otro tipo de medidas que vamos a negociar también con los socios de Gobierno”, ha subrayado la presidenta de Navarra, quien ha añadido que entre esas medidas estará la posible deflactación fiscal.

“Esto será un elemento de negociación, viendo la evolución y viendo también cómo nos afecta el incremento de los precios de cara a la mesa de fiscalidad”, ha manifestado.

Por otro lado, en cuanto al destino del superávit de 2024, ha indicado que “se han puesto en común las peticiones de los distintos consejeros y consejeras, se han puesto en común también las peticiones de los propios socios de Gobierno y hay bastante coincidencia en las peticiones”.

“Veremos qué es lo que cabe en este plan de inversiones, teniendo en cuenta también que habrá un nuevo plan de inversiones con el superávit que tengamos del 2025, que todavía no tenemos las cifras definitivas”, ha indicado.

En respuesta a los periodistas, ha señalado que previsiblemente no habrá noticias al respecto hasta el miércoles 15 de abril, ya que el miércoles de la semana que viene no habrá sesión de Gobierno ordinaria debido a la Semana Santa.

El periodista de elDiario.es Sergi Pitarch presentará este miércoles 25 de marzo en el CIVIVOX Iturrama de Pamplona su libro 'Las horas del caos', una crónica periodística que reconstruye con detalle las horas críticas de la DANA que asoló Valencia el 29 de octubre de 2024.

El acto, que está organizado por Contigo/Zurekin, contará con la participación de Rosa Álvarez, Mariló Garadolí y Toñi García, miembros de las principales asociaciones de víctimas. Estos colectivos ciudadanos han desempeñado un papel fundamental tras la tragedia, articulando la respuesta de los afectados y sosteniendo la exigencia de responsabilidades políticas.

Su acción ha sido clave para impulsar la investigación pública de lo ocurrido y resultó determinante en el proceso que desembocó en la dimisión del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón. La presentación será conducida por el periodista e historiador Imanol Velasco.

La obra ofrece una reconstrucción minuciosa de lo ocurrido a lo largo de aquella jornada, siguiendo el avance de la emergencia prácticamente minuto a minuto. A partir de testimonios directos de personas afectadas, registros de llamadas de auxilio, intervenciones de los servicios de emergencia y fuentes institucionales, el libro compone un relato coral que permite comprender cómo se desarrolló la tragedia en tiempo real.

'Las horas del caos' pone el foco en momentos clave que marcaron el desarrollo de los acontecimientos, como los retrasos en los sistemas de alerta, la falta de coordinación entre administraciones y la magnitud de la barrancada que sorprendió a numerosos municipios. Desde un enfoque estrictamente periodístico, la obra documenta los fallos en la gestión de la emergencia y aporta contexto para entender la dimensión de lo sucedido.

El encuentro tendrá lugar a las 19:00 horas en el salón de actos de CIVIVOX Iturrama, en Pamplona.

Representantes de Podemos Navarra, de Izquierda Unida, de Batzarre, así como personas independientes de Navarra han hecho pública este viernes su “vocación” de reeditar la coalición Contigo/Zurekin con la que se presentaron a las elecciones forales y municipales del 2023. Las tres formaciones de la coalición que forma parte del Gobierno de María Chivite han anunciado que abren formalmente el proceso de diálogo para la posible renovación de la coalición.

Así lo recogen en una declaración política, en la que los representantes de los distintos espacios que componen la coalición se ratifican en “la apuesta político-organizativa realizada en el año 2022”. “Esta coalición es y tiene que seguir siendo un espacio de encuentro político desde distintas identidades y organizaciones de la izquierda navarra”, han indicado.

En el texto remitido por Contigo/Zurekin, han señalado que realizan esta declaración política con la vista puesta en el horizonte electoral 2027, “poniendo en valor la unidad, el arraigo territorial y los valores de equidad y justicia social para responder a los principales retos sociales y recuperar la ilusión y el valor de la política y los proyectos colectivos”.

Tras más de tres años de trabajo, han comentado que la valoración que realizan de la coalición es “positiva”, “como en toda alianza de estas características, con nuestras lógicas diferencias, pero con muchas más coincidencias en los elementos básicos. ”Hemos logrado generar una dinámica política propia, enraizada en la trayectoria histórica de la izquierda alternativa y transformadora de Navarra, que mira al futuro con ilusión y ambición transformadora“, han expuesto.

Según han añadido los espacios políticos de la coalición, su aspiración es “la de profundizar en la transformación de Navarra” y para ello consideran necesario “continuar y ampliar el ciclo de cambio haciendo mucho más ambiciosos y rápidos el alcance de sus objetivos a través de sus políticas y proyectos”. “Evidentemente, valoramos positivamente los hitos políticos conquistados en estos 11 años por la colaboración transversal del espacio progresista de Navarra, pero deseamos ir mucho más allá”, han expuesto, quienes han indicado que “la acción del Gobierno de Navarra actual ha evidenciado su insuficiencia para afrontar los retos y las necesidades que hoy en día tiene la mayoría social de Navarra”.

“Si bien es cierto que valoramos positivamente la conformación y la acción de un gobierno alternativo a las derechas, especialmente en el ámbito de la Vivienda, de la Igualdad, de la Juventud y de las Políticas Migratorias, donde ostentamos responsabilidades, todo ello no es suficiente”, han incidido desde la coalición, que defiende “una ofensiva social que aumente la ambición política del actual Gobierno de Navarra, y ello pasa por un aumento de la capacidad de intervención de nuestro espacio político”.

Tras afirmar que su ambición es la de “seguir gobernando y gobernar Navarra con más fuerza y ambición”, han manifestado que se comprometen “a articular un proceso de reformulación y de fortalecimiento de nuestra coalición, para convertirla en la mejor herramienta posible al servicio de las familias de Navarra”. “Durante los próximos meses, vamos a realizar un proceso de reflexión política y organizativa, para, de la mano de la mayoría social de Navarra, perfeccionar nuestra herramienta electoral, y diseñar colectivamente el mejor proyecto político posible”, han concretado.

“Los y las representantes de Podemos Navarra-Ahal Dugu, de Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua, de Batzarre y del grupo de personas independientes de Navarra hacemos pública nuestra vocación de concurrir a las próximas elecciones forales en el seno de la coalición Contigo Navarra/Zurekin Nafarroa. Asimismo, hacemos extensiva esta vocación a las elecciones locales en todos los municipios de Navarra en los que nuestros espacios políticos tienen presencia e implantación”, han expuesto.

Navarra es la única comunidad con un miembro de Podemos en el Gobierno. Es Begoña Alfaro, ex coordinarora autonómica de la formación, y vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias en el Gobierno de coalición liderado por la socialista María Chivite. En esa comunidad se ha producido en los últimos días un cruce de acusaciones entre un grupo de inscritos que asegura haber reunido a “más de 100” militantes que quieren abandonar Podemos entre críticas a la dirección de Neniques Roldán, que niega una crisis interna y asegura que “solo ha habido dos bajas”.

Fue el pasado viernes cuando dos miembros del Consejo Ciudadano de Podemos Navarra, David Fuentes y Xabier Castro, a quien se les unió el militante Javier Ruiz, remitieron un comunicado a los medios de comunicación en el que anunciaban la decisión “firme y reflexionada” de “más de 100 inscritos” de abandonar la formación “ante la deriva sin rumbo a la que la dirección está empujando al partido en los últimos meses”. En ella acusaban a la coordinadora navarra, Neniques Roldán, y a la dirección de la también navarra Ione Belarra de “imponer decisiones que condicionan el futuro sin el mínimo aval de las bases”. 

La dirección de Podemos emitió un comunicado a las pocas horas desmintiendo las bajas y en el que aseguraron que “más de 1.650 personas” están inscritas actualmente en Podemos Navarra. En conversación con elDiario.es/Navarra Neniques Roldán señala que tan solo han confirmado su baja del partido dos de los tres firmantes de la carta, David Fuentes y Xabier Castro. El tercero, Javier Ruiz, asegura que ya había anunciado su baja “en mayo”, cuando Begoña Alfaro era la coordinadora autonómica.

Roldán explica que tanto Fuentes como Castro procedían de la lista de Txuma Huarte que perdió las primarias de Podemos Navarra en junio de 2025 y que ella incluyó en su Consejo Ciudadano. “Es gente que ha perdido y no acepta el resultado de las primarias”, añade para avanzar que está “valorando” emprender acciones legales contra ellos por mandar a los medios un comunicado “que es mentira”.

Fuentes internas del partido consultadas por este periódico confirman un clima de tensión interna en la formación. Neniques Roldán se impuso en aquellas primarias por apenas 31 votos de diferencia con la candidatura de Txuma Huarte (186 votos contra 155). Estas mimas fuentes apuntan que han sido “decenas” las personas que han mostrado su voluntad de abandonar la formación en las últimas semanas. “¿Qué sentido tiene que mientan?”, añaden.

Más de 100 inscritos en Podemos Navarra han anunciado este viernes su decisión “firme y reflexionada” de abandonar la formación “ante la deriva sin rumbo a la que la dirección está empujando al partido en los últimos meses”. Acusan a la coordinadora navarra, Neniques Roldán, y a la dirección de la también navarra Ione Belarra de “imponer decisiones que condicionan el futuro sin el mínimo aval de las bases”. La dirección de Podemos en Navarra ha asegurado que los datos de estas bajas “son absolutamente falsos” y ha afirmando en un comunicado que “más de 1.650 personas” están inscritas actualmente en la formación.

“Desde el firme convencimiento de que es en los espacios plurales, plurinacionales, diversos y con arraigo al territorio desde donde se construye una Navarra más justa, hemos decidido seguir trabajando desde Contigo/Zurekin (la coalición de Podemos, Izquierda Unida, Batzarre e independientes que forma parte del Gobierno de coalición liderado por María Chivite). Se nos pide participar círculo a círculo, pero mientras tanto la dirección impone decisiones que condicionan el futuro sin el mínimo aval de las bases”, han explicado en un comunicado los inscritos que han dejado Podemos.

Según han señalado, en la dirección “hablan de participación, pero incumplen uno tras otro los compromisos adoptados en la Asamblea de mayo de 2025; dicen querer mejorar lo que funciona en Navarra, pero en la práctica solo contemplan el partido desde la óptica de los intereses de Madrid, ignorando la realidad y el trabajo propio de nuestro territorio”. “Aseguran respetar los tiempos de la militancia, pero las decisiones se aceleran desde arriba para justificar movimientos como salir del Gobierno de Navarra, justo cuando el trabajo de nuestras compañeras y compañeros es una referencia estatal en políticas públicas de Vivienda o Juventud”, han añadido.

También “proclaman la autonomía de Navarra”, pero “las decisiones finales sobre coaliciones y calendarios siguen manejándose desde Madrid, por un núcleo, cerrado, duro y reducido, con incoherencias tan extremas como no presentarse en Cataluña o tumbar preacuerdos de coalición para acabar concurriendo en solitario en Aragón”.

“Presumen de la fuerza, de las marcas Podemos o Unidas Podemos, pero la sociedad responde con resultados cada vez más negativos en cada elección autonómica desde mayo de 2023, llegando, sin la más mínima autocrítica, a niveles meramente testimoniales en estas últimas elecciones de 2026”, han añadido. Además, “hablan de pactar, pero actúan sembrando la división y el ataque constante contra compañeras y compañeros de nuestro mismo espacio político, incluidos quienes han asumido responsabilidades institucionales”.

“Dicen querer fortalecer el partido, pero lo único que vemos es una cascada de dimisiones en secretarías clave como Organización, Feminismos, LGTBIQ+ o Antirracismo y Justicia Social. Ponen en cuestión todo lo construido con el esfuerzo militante de años, sin presentar un solo documento de trabajo estratégico ciñéndose sus declaraciones exclusivamente al reparto de cuotas, nombres y dinero”, han continuado.

A su juicio, “prometen transformarlo todo, pero rehúyen cualquier responsabilidad de gobierno que permita mejorar la vida de la gente”. “Hablan de mayorías sociales mientras la actividad de una dirección cada vez más reducida se apoya en la crítica no constructiva, la negación de la realidad y la auto referencia permanente”, han manifestado.

Según han subrayado, “hoy Podemos es un partido que ha dejado de construir y de responsabilizarse de la mejora de las condiciones de vida de la gente”.

“A pesar de estas situaciones vividas, quienes abandonamos Podemos Navarra-Ahal Dugu Nafarroa no nos sentimos limitados, ni hacen decaer nuestro ánimo para seguir construyendo a través de los espacios políticos transformadores que con tanto trabajo impulsamos en estos últimos años”, han apuntado.

Y han añadido: “Desde nuestro trabajo y compromiso queremos seguir empujando desde lo cotidiano los proyectos políticos de izquierdas, por eso mantenemos nuestro compromiso en seguir construyendo poder popular desde nuestras militancias, tanto en organizaciones como en los diferentes espacios sociales, para avanzar hacia una sociedad navarra más justa, solidaria, feminista, ecologista, pacifista, republicana y confederal”.

“Con arraigo al territorio, con vínculos reales con las personas que militan en distintos espacios que luchan desde lugares diversos para seguir construyendo una Navarra mejor. Por todo ello, seguiremos adelante, aportando, construyendo y fortaleciendo el espacio político común y transformador que hoy representa Contigo/Zurekin, con la convicción de que solo desde la acción compartida se logra transformar la realidad”, han manifestado.

El blindaje de los 128 profesores de religión elegidos por el obispo y no mediante una oposición en la red pública ha vuelto a dividir a los socios del Gobierno de la socialista María Chivite en Navarra. Geroa Bai (Socialverdes y PNV) ha unido sus votos a los de UPN para rechazar una proposición presentada por PSN y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) para derogar la ley que garantiza el mantenimiento del puesto de trabajo de estos docentes pese a que su carga lectiva se ha reducido al mínimo -una hora semanal- en aplicación de la LOMLOE.

En el debate de la ley, Geroa Bai ha introducido dos enmiendas que han recabado los votos favorables de UPN, PPN y Vox, mientras que PSN, EH Bildu y Contigo/Zurekin ha votado en contra. La introducción de estas enmiendas, que recogían un régimen transitorio ante la derogación de la ley, ha motivado que los propios proponentes de la norma hayan decidido votar en contra. De esta forma, solo Geroa Bai ha apoyado la ley, mientras que UPN, PSN, EH Bildu, PPN, Contigo-Zurekin y Vox han votado en contra.

Geroa Bai ha introducido, a través de una enmienda, un régimen transitorio que fijaba que el personal docente de religión que, a la fecha de entrada en vigor de la ley foral, mantenga una relación laboral de carácter indefinido con la Administración conservaría dicha condición y no podría ver extinguida su relación laboral como consecuencia directa de la derogación de la ley. Además, establecía que “las eventuales modificaciones de jornada que pudieran derivarse de la evolución de las necesidades docentes deberán ajustarse a lo previsto en la legislación laboral vigente, garantizando en todo caso los principios de objetividad, proporcionalidad y no discriminación”.

Igualmente, a iniciativa de Geroa Bai, se había incluido que “la Administración educativa, por razón de planificación educativa, podrá reorganizar destinos y funciones dentro del marco normativo aplicable, siempre que dicha reorganización no suponga un menoscabo arbitrario de los derechos laborales consolidados”. También establecía que el personal docente de religión con contrato laboral indefinido que en el año de entrada en vigor de la ley foral cumpla 55 años de edad mantendría íntegramente sus condiciones de contrato, jornada y estabilidad laboral hasta la extinción de su relación de servicio por jubilación o renuncia.

Una segunda enmienda de Geroa Bai, también introducida en el texto, recogía que el Departamento de Educación debería adoptar “las medidas necesarias para garantizar que las nuevas necesidades de contratación de personal docente de religión que pudieran derivarse para cubrir la planificación educativa a partir del curso 2026-2027 en el sistema educativo público se lleven a cabo bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.

Según datos del Departamento de Educación en la red pública de Navarra hay 128 profesores de religión que imparten 1.557 horas semanales de esa asignatura. Sin embargo, Educación paga 2.577 horas semanales, el equivalente a 44 jornadas completas, lo que supone un sobrecoste que supera los dos millones de euros anuales, según esos mismos datos.

Esta cuestión ya generó una crisis entre los socios la legislatura pasada, cuando Geroa Bai sumó sus votos a los de Navarra Suma, la coalición de UPN, PP y Ciudadanos, para que los profesores de religión pudiesen mantener su puesto de trabajo con la rebaja de horas lectivas de esa materia. PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra criticaron que su socio se sumara a la derecha para aprobar una ley que “vulnera los principios de igualdad y mérito en el acceso a la función pública”.

Y es que estos docentes son seleccionados por el Arzobispado, y muchos de ellos, mayores de 50 años, fueron contratados en su día conforme al acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales que suscribieron en enero de 1979 el Estado y la Santa Sede por el cual se establecía que esta asignatura sería “impartida por las personas que fueran designadas por la autoridad académica entre aquellas que el Ordinario Diocesano propusiera”. Posteriormente, en 2007, un Real Decreto convirtió a este personal en indefinido.

Es el Arzobispado el encargado de proponer a este personal al que, según se desprende de la propia web del Arzobispado de Pamplona-Tudela se le exige, además de la titulación académica requerida para impartir la docencia y la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), estar bautizado en la Iglesia católica y disponer de una “declaración eclesiástica de idoneidad”, un documento que emite el propio obispo de la diócesis y que supone “recta doctrina y testimonio de vida cristiana” basada “en consideraciones de índole moral y religiosa, criterios cuya definición corresponde al obispo diocesano”. Los candidatos seleccionados por el obispado son posteriormente contratados por Educación.

EH Bildu y Geroa Bai no han logrado apoyos este jueves en el pleno del Parlamento de Navarra para enviar una proposición de ley al Congreso de los Diputados con el fin de impulsar un salario mínimo interpofesional (SMI) propio para Navarra. La iniciativa de estas dos formaciones se hace eco de la reivindicación que están impulsando los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde para un SMI propio en Navarra y Euskadi, motivo por el cual han convocado una huelga general el próximo 17 de marzo.

En el debate de la iniciativa de EH Bildu y Geroa Bai en el pleno del Parlamento de Navarra, UPN se ha abstenido, mientras que PSN, Cotigo/Zurekin, PP y Vox han votado en contra.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado en la defensa de la iniciativa que la economía de Navarra “está más industrializada que la de otros territorios, la productividad por trabajador es de las más altas del Estado español y también es más alto el porcentaje de riqueza generada por cada persona”. “En Navarra, los precios de muchos de los productos y servicios son más altos que en el Estado español”, ha indicado, y ha señalado que la subida del salario mínimo en Navarra “ayudaría a una distribución de la riqueza más justa, ayudaría a reducir la pobreza, a reducir el número de personas en riesgo de exclusión social, a estrechar la brecha salarial de género, así como a estrechar otras brechas salariales como la de origen, de edad o de diversidad”.

En la misma línea, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que esta proposición de ley “parte de la premisa de que Navarra tiene una realidad económica y social propia, que tenemos un coste de vida más alto, que tenemos una mayor productividad, y por lo tanto, también entendemos que deberíamos poder contar con instrumentos que permitan adaptar determinadas políticas a esa realidad”.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que el SMI “forma parte de un núcleo de legislación laboral española y no estamos ante un simple debate político, sino que es una cuestión que afecta al reparto competencial de nuestro país y al conjunto de las Comunidades Autónomas, y cambiar el SMI exige un debate más profundo, jurídico también, mayor de lo que se plantea en esta Cámara”. “Estamos dispuestos a hablar de ello, no tenemos ningún inconveniente. Tiene su lógica que el SMI se pueda acercar a la realidad de cada territorio. UPN no va a renunciar a tomar decisiones en Navarra, pero no creemos que un debate como el del SMI pueda solventarse de forma aislada”, ha asegurado.

Por parte del PSN, Arantza Biurrun ha considerado que “la proposición de ley que nos traen aquí no va de autogobierno, de desarrollar una competencia propia que ha quedado claro que no tenemos, la proposición de ley que hoy nos visten de justicia social va de reivindicación soberanista, de construcción nacional”, y ha llamado la atención sobre el hecho de que el PNV en Euskadi no ha compartido la reivindicación de EH Bildu. “Frente a esta propuesta queremos diálogo social, negociación colectiva y acuerdo interprofesional”, ha señalado.

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha indicado que, “en apariencia”, la proposición de ley “pretende acercar los salarios a la realidad de cada territorio, pero en la práctica abre la puerta a romper la igualdad laboral entre españoles, genera riesgos económicos y desdibuja el papel constitucional de la negociación colectiva”.

El portavoz de Contigo/Zurekin, Carlos Guzmán, ha afirmado que su grupo no quiere que “ni un solo trabajador navarro tenga condiciones socioeconómicas peores que los trabajadores del resto del país, pero tampoco queremos que ni un solo trabajador español tenga peores condiciones socioeconómicas que las que tienen los trabajadores o las trabajadoras de Navarra”. “Hoy abordamos una propuesta política nacionalista que no podemos compartir”, ha señalado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha expuesto que esta iniciativa legislativa no representa “una mejora laboral, es un nuevo paso en esa agenda separatista de EH Bildu para romper España por dentro, fragmentando derechos que deben ser iguales para todos los españoles”. “Un navarro ganará más que un extremeño o un andaluz por el mismo trabajo. Eso no es justicia social. Es discriminación territorial”, ha asegurado.

EH Bildu y PSN han “constatado” este jueves su buena sintonía y han reiterado su “satisfacción” por el acuerdo que firmaron en diciembre de 2023 para desalojar a Cristina Ibarrola de la Alcaldía de Pamplona a través de una moción de censura con la que fue investido nuevo alcalde Joseba Asiron.

Representantes de los grupos municipales de la coalición abertzale y del PSN han mantenido una reunión de seguimiento del acuerdo que firmaron para la moción de censura. Los socialistas no entraron en el nuevo gobierno municipal, formado por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, pero se mantienen como socio externo y han apoyado los acuerdos de presupuestos.

Asiron ha destacado que cuando se cumplen dos años y medio de legislatura, algo menos desde su llegada de nuevo a la Alcaldía, se han cumplido ya “cerca del 90%” de los acuerdos alcanzados entre las cuatro formaciones. “Hemos puesto en marcha un sistema de trabajo que permite que la ciudad trabaje a base de trabajo entre diferentes y mucho diálogo”, ha subrayado.

Así, ha mencionado proyectos que se “han desbloqueado” esta legislatura como los corredores sostenibles de Beloso y Pío XII y ha resaltado que otros se encuentran “ya avanzados” como son el plan de vivienda asequible o el concurso de ideas para el barrio de San Jorge. También se ha referido a la resignificación del monumento a los Caídos, el mayor monumento de exaltación franquista situado en un entorno urbano del país, y las obras del Paseo Sarasate.

“Tanto en la política como en la vida, los proyectos buenos no son aquellos que no se desarrollan sin problemas, los verdaderos proyectos de vida y en la política también son aquellos en los que, cuando salen los problemas, sabemos solucionarlos. Y para eso hace falta voluntad, y estoy persuadido de que las cuatro fuerzas, que ahora mismo estamos trabajando en la base de consensos, tenemos esa voluntad”, ha añadido.

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, también ha valorado de forma positiva el acuerdo con EH Bildu, formación a la que ha reclamado sacar adelante el Plan de Convivencia. “Las ciudades avanzan cuando hay acuerdos, negociación y diálogo”, ha enfatizado.

El concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona Juan José Echeverría ha criticado al Gobierno municipal (EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) por querer “convertir” la capital navarra “en un parque temático de la Memoria”. “Van a hacer aquí un Sendaviva de la Memoria para que al final todos estemos paseando por una Pamplona con todo memoria por las esquinas”, ha espetado para defender una propuesta de declaración en la que el partido regionalista cuestionaba la necesidad de destinar a la Memoria Histórica dos edificios del centro de la ciudad, el Palacio Marqués de Rozalejo y el monumento a los Caídos.

“Todo va a ser de la memoria. ¿Es que va a quedar algún espacio sin ser de la memoria? Siempre que les aceptamos algo, ustedes suben la apuesta”, ha señalado el concejal regionalista Juan José Echeverría, orillando que en Navarra más de 3.000 personas fueron asesinadas por el franquismo y que en su gran mayoría fueron enterradas en fosas comunes.

Pero el concejal de UPN no se ha quedado ahí. Tras comparar la Memoria Histórica con un “parque temático”, Juan José Echeverría ha reprochado al PSN que “dejase” redactar la Ley de Memoria “a Otegi”. “Esa ley es la ley de Otegi”, ha afirmado. También ha criticado a Geroa Bai por gobernar Pamplona “con un partido dirigido por un terrorista condenado por secuestrar a un señor y tenerlo diez días metido en una cueva”.

También el concejal del PP Carlos García Adenero ha cuestionado que se dediquen dos espacios a la Memoria en la ciudad de Pamplona. “Tal y como están los tiempos me parece excesivo”, ha apuntado.

El resto de grupos ha criticado las palabras del concejal de UPN. Desde EH Bildu, el concejal Joxe Abaurrea le ha emplazado a que diga qué quiere hacer UPN con los Caídos. “Tendremos que pensar que UPN quiere que siga siendo lo que ha sido históricamente, un mausoleo para honrar al franquismo y a los criminales que estaban ahí enterrados”, en referencia a los generales golpistas Emilio Mola y José Sanjurjo, cuyos restos estuvieron en el monumento hasta que fueron exhumados en 2016.

“Han dejado muy claro que prefieren pasado a cualquier futuro de esta ciudad”, ha lamentado la portavoz socialista, Marina Curiel. Desde Geroa Bai, Mikel Armendáriz le ha afeado que “hable de ETA” y meta a todos los partidos “en el mismo saco”. “Siempre hemos estado con las víctimas”. “En memoria histórica, el retroceso reaccionario d UPN es más que evidente”, ha criticado Txema Mauleón, de Contigo/Zurekin.

A finales de 2024 EH Bildu, Geroa Bai y PSN firmaron un acuerdo en Pamplona para resignificar y derribar parte de los Caídos, el segundo mayor monumento de exaltación franquista de España tras Cuelgamuros y el primero enclavado en un entorno urbano. El edificio será reconvertido en un museo memorial “para la recuperación de la memoria democrática y la denuncia del fascismo” que llevará el nombre de Maravillas Lamberto,  la adolescente de 14 años que fue violada y asesinada por los falangistas en agosto de 1936.

El pleno del Parlamento de Navarra aprobado este jueves una moción presentada por Geroa Bai que insta al Gobierno foral a adoptar “de manera inmediata” las medidas necesarias para sustituir a la Policía Nacional por la Policía Foral como cuerpo antidisturbios en los partidos de Osasuna en el estadio de El Sadar. El Ejecutivo foral ya abrió la puerta a estudiar el cambio de cuerpo policial antidisturbios en los eventos que se celebren en el estadio navarro.

El pronunciamiento del Parlamento navarro llega tras las cargas policiales que se produjeron en el estadio tras la finalización del partido que enfrentó al club navarro contra el Real Madrid hace dos semanas y que dejaron a varios aficionados heridos. A raíz de los incidentes se ha reavivado el debate sobre qué cuerpo policial debe encargarse de la seguridad de El Sadar y este jueves la mayoría del pleno ha aprobado una moción para que sea gestionada “en exclusiva” por la Policía Foral.

El texto ha salido adelante con los votos favorables de Geroa Bai y EH Bildu, las abstenciones de UPN, PSN y Contigo/Zurekin, que han argumentado que la Policía Foral no tiene actualmente los efectivos suficientes para ejercer esas labores “en el corto plazo”, y los votos en contra de PP, Vox y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti.

En la defensa de la moción, la parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha señalado que su moción “no habla solo de seguridad en un estadio, habla de autogobierno, de responsabilidad política y de responsabilidad institucional hacia nuestra policía”. “Hoy seguimos manteniendo una anomalía injustificable. La seguridad del principal estadio de Navarra continúa en mano de la Policía Nacional. ¿Qué mensaje estamos trasladando? ¿Que nuestra Policía es integral o de referencia, salvo en el recinto deportivo más importante de la comunidad? ¿Que confiamos en ella, pero no del todo? La Policía Foral ha demostrado sobradamente su capacidad operativa”, ha defendido. “No se trata de abrir una confrontación institucional, sino de asumir con normalidad democrática una competencia que corresponde a Navarra”, ha afirmado.

En la misma línea, el portavoz de EH Bildu Mikel Zabaleta ha justificado su apoyo por “la actuación desproporcionada e inadecuada por parte de la Policía Nacional” tras el partido entre Osasuna y el Real Madrid y ha reclamado que la gestión de la seguridad del estadio de El Sadar esté “en manos de la Policía Foral”.

Desde UPN, Javier Esparza ha calificado la moción de “fake” porque “la Policía Foral no va a llevar la seguridad de los partidos de fútbol ni mañana, ni pasado, ni esta temporada ni la que viene, porque no está dotada de los recursos y medios humanos para hacer frente a este servicio” y ha enmarcado la presentación de la moción en que al “nacionalismo vasco le molesta todo lo que huele a España”.

Ramón Alzórriz ha defendido que el PSN quiere “una Policía Foral integral que dentro de sus atribuciones tenga la seguridad pública en general y la de El Sadar en particular, pero a su debido momento, sin prisas, analizando los dispositivos necesarios para ello, y la necesidad de ampliación de los recursos humanos de Policía Foral en materia de seguridad ciudadana, haciéndolo compatible con otras prioridades que ya contempla el Plan Estratégico de Policía Foral” y ha criticado que EH Bildu en Euskadi, donde las competencias de seguridad en los estadios de fútbol las tiene la Ertzaintza, “también ataca las actuaciones que realiza”.

Contigo/Zurekin ha afirmado que la Policía Foral “tiene más arraigo social y territorial” en Navarra que la Policía Nacional, pero ha defendido que “asumir la gestión de manera inmediata hoy en día no es posible” por la falta de efectivos de la Policía Foral.