40 personas han comparecido ya en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a la UTE de Acciona con Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción por presuntamente funcionar como vehículo para el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. De todos los comparecientes, apenas cuatro han sido mujeres, un 10%. Además, todos los portavoces políticos de la comisión son hombres.

La comisión se creó en verano de 2025. La preside una mujer, Irati Jiménez, de EH Bildu, mientras que Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ejerce como secretaria. Sin embargo, el vicepresidente, Pedro González (UPN), así como todos los portavoces políticos son hombres: Javier Esparza (UPN), Javier Lecumberri (PSN), Adolfo Araiz (EH Bildu), Pablo Azcona (Geroa Bai), Javier García (PP), Miguel Garrrido (Contigo/Zurekin) y Emilio Jiménez (Vox).

En el foro, por el que han pasado los principales responsables políticos y técnicos de las adjudicaciones, así como los dirigentes de las empresas señaladas, tan solo cuatro de los cuarenta comparecientes han sido mujeres: Noemí Osés, la directora general de Osés Construcciones; Edurne Eginoa, la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra; Carmen Pérez Miguel, la directora jurídica y de compras de la empresa pública de vivienda Nasuvinsa; y la exdirectora general de Educación del Gobierno de Navarra, Nekane Oroz.

Por el contrario, 36 de los 40 comparecientes han sido hombres, entre ellos todos los técnicos y juristas de la mesa de contratación de las obras de los túneles de Belate, los agentes de la Guardia Civil que realizaron el informe de la UCO, consejeros y directores generales del Gobierno de Navarra o altos cargos de las empresas señaladas por la UCO. A esta lista se podría haber sumado el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, que se negó hasta en dos ocasiones a acudir a su citación en el Parlamento navarra. La Fiscalía ya le ha denunciado por considerar que incurrió en un delito de desobediencia.

“Deberíamos hacer la reflexión de quiénes están en los espacios de decisión y de poder y quiénes no”, ha apuntado sobre esta cuestión la presidenta de la comisión de investigación, Irati Jiménez.

De las comparecencias pendientes, cuatro más serán de mujeres: la de la exconsejera de Ecnomía Lourdes Goicoechea y las de las tres últimas presidentas de Navarra, Yolanda Barcina, Uxue Barkos y María Chivite. Según las fuentes consultadas, se espera que para mayo hayan finalizado todas las comparecencias y que el dictamen con las conclusiones de la comisión pueda ser votado en el pleno antes de que finalice el mes de junio.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha avanzado este martes que planteará a sus socios de Gobierno, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre), una “posible” deflactación del IRPF ante la inflación provocada por la guerra de Irán. El Ejecutivo foral aprobará este miércoles un primer paquete de medidas dirigido a particulares y empresas para paliar los efectos de la escalada de precios.

“Vamos a seguir monitorizando, porque no solo van a ser las medidas que se aprueben este miércoles. También queremos llevar otro tipo de medidas que vamos a negociar también con los socios de Gobierno”, ha subrayado la presidenta de Navarra, quien ha añadido que entre esas medidas estará la posible deflactación fiscal.

“Esto será un elemento de negociación, viendo la evolución y viendo también cómo nos afecta el incremento de los precios de cara a la mesa de fiscalidad”, ha manifestado.

Por otro lado, en cuanto al destino del superávit de 2024, ha indicado que “se han puesto en común las peticiones de los distintos consejeros y consejeras, se han puesto en común también las peticiones de los propios socios de Gobierno y hay bastante coincidencia en las peticiones”.

“Veremos qué es lo que cabe en este plan de inversiones, teniendo en cuenta también que habrá un nuevo plan de inversiones con el superávit que tengamos del 2025, que todavía no tenemos las cifras definitivas”, ha indicado.

En respuesta a los periodistas, ha señalado que previsiblemente no habrá noticias al respecto hasta el miércoles 15 de abril, ya que el miércoles de la semana que viene no habrá sesión de Gobierno ordinaria debido a la Semana Santa.

El periodista de elDiario.es Sergi Pitarch presentará este miércoles 25 de marzo en el CIVIVOX Iturrama de Pamplona su libro 'Las horas del caos', una crónica periodística que reconstruye con detalle las horas críticas de la DANA que asoló Valencia el 29 de octubre de 2024.

El acto, que está organizado por Contigo/Zurekin, contará con la participación de Rosa Álvarez, Mariló Garadolí y Toñi García, miembros de las principales asociaciones de víctimas. Estos colectivos ciudadanos han desempeñado un papel fundamental tras la tragedia, articulando la respuesta de los afectados y sosteniendo la exigencia de responsabilidades políticas.

Su acción ha sido clave para impulsar la investigación pública de lo ocurrido y resultó determinante en el proceso que desembocó en la dimisión del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón. La presentación será conducida por el periodista e historiador Imanol Velasco.

La obra ofrece una reconstrucción minuciosa de lo ocurrido a lo largo de aquella jornada, siguiendo el avance de la emergencia prácticamente minuto a minuto. A partir de testimonios directos de personas afectadas, registros de llamadas de auxilio, intervenciones de los servicios de emergencia y fuentes institucionales, el libro compone un relato coral que permite comprender cómo se desarrolló la tragedia en tiempo real.

'Las horas del caos' pone el foco en momentos clave que marcaron el desarrollo de los acontecimientos, como los retrasos en los sistemas de alerta, la falta de coordinación entre administraciones y la magnitud de la barrancada que sorprendió a numerosos municipios. Desde un enfoque estrictamente periodístico, la obra documenta los fallos en la gestión de la emergencia y aporta contexto para entender la dimensión de lo sucedido.

El encuentro tendrá lugar a las 19:00 horas en el salón de actos de CIVIVOX Iturrama, en Pamplona.

Representantes de Podemos Navarra, de Izquierda Unida, de Batzarre, así como personas independientes de Navarra han hecho pública este viernes su “vocación” de reeditar la coalición Contigo/Zurekin con la que se presentaron a las elecciones forales y municipales del 2023. Las tres formaciones de la coalición que forma parte del Gobierno de María Chivite han anunciado que abren formalmente el proceso de diálogo para la posible renovación de la coalición.

Así lo recogen en una declaración política, en la que los representantes de los distintos espacios que componen la coalición se ratifican en “la apuesta político-organizativa realizada en el año 2022”. “Esta coalición es y tiene que seguir siendo un espacio de encuentro político desde distintas identidades y organizaciones de la izquierda navarra”, han indicado.

En el texto remitido por Contigo/Zurekin, han señalado que realizan esta declaración política con la vista puesta en el horizonte electoral 2027, “poniendo en valor la unidad, el arraigo territorial y los valores de equidad y justicia social para responder a los principales retos sociales y recuperar la ilusión y el valor de la política y los proyectos colectivos”.

Tras más de tres años de trabajo, han comentado que la valoración que realizan de la coalición es “positiva”, “como en toda alianza de estas características, con nuestras lógicas diferencias, pero con muchas más coincidencias en los elementos básicos. ”Hemos logrado generar una dinámica política propia, enraizada en la trayectoria histórica de la izquierda alternativa y transformadora de Navarra, que mira al futuro con ilusión y ambición transformadora“, han expuesto.

Según han añadido los espacios políticos de la coalición, su aspiración es “la de profundizar en la transformación de Navarra” y para ello consideran necesario “continuar y ampliar el ciclo de cambio haciendo mucho más ambiciosos y rápidos el alcance de sus objetivos a través de sus políticas y proyectos”. “Evidentemente, valoramos positivamente los hitos políticos conquistados en estos 11 años por la colaboración transversal del espacio progresista de Navarra, pero deseamos ir mucho más allá”, han expuesto, quienes han indicado que “la acción del Gobierno de Navarra actual ha evidenciado su insuficiencia para afrontar los retos y las necesidades que hoy en día tiene la mayoría social de Navarra”.

“Si bien es cierto que valoramos positivamente la conformación y la acción de un gobierno alternativo a las derechas, especialmente en el ámbito de la Vivienda, de la Igualdad, de la Juventud y de las Políticas Migratorias, donde ostentamos responsabilidades, todo ello no es suficiente”, han incidido desde la coalición, que defiende “una ofensiva social que aumente la ambición política del actual Gobierno de Navarra, y ello pasa por un aumento de la capacidad de intervención de nuestro espacio político”.

Tras afirmar que su ambición es la de “seguir gobernando y gobernar Navarra con más fuerza y ambición”, han manifestado que se comprometen “a articular un proceso de reformulación y de fortalecimiento de nuestra coalición, para convertirla en la mejor herramienta posible al servicio de las familias de Navarra”. “Durante los próximos meses, vamos a realizar un proceso de reflexión política y organizativa, para, de la mano de la mayoría social de Navarra, perfeccionar nuestra herramienta electoral, y diseñar colectivamente el mejor proyecto político posible”, han concretado.

“Los y las representantes de Podemos Navarra-Ahal Dugu, de Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua, de Batzarre y del grupo de personas independientes de Navarra hacemos pública nuestra vocación de concurrir a las próximas elecciones forales en el seno de la coalición Contigo Navarra/Zurekin Nafarroa. Asimismo, hacemos extensiva esta vocación a las elecciones locales en todos los municipios de Navarra en los que nuestros espacios políticos tienen presencia e implantación”, han expuesto.

Navarra es la única comunidad con un miembro de Podemos en el Gobierno. Es Begoña Alfaro, ex coordinarora autonómica de la formación, y vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias en el Gobierno de coalición liderado por la socialista María Chivite. En esa comunidad se ha producido en los últimos días un cruce de acusaciones entre un grupo de inscritos que asegura haber reunido a “más de 100” militantes que quieren abandonar Podemos entre críticas a la dirección de Neniques Roldán, que niega una crisis interna y asegura que “solo ha habido dos bajas”.

Fue el pasado viernes cuando dos miembros del Consejo Ciudadano de Podemos Navarra, David Fuentes y Xabier Castro, a quien se les unió el militante Javier Ruiz, remitieron un comunicado a los medios de comunicación en el que anunciaban la decisión “firme y reflexionada” de “más de 100 inscritos” de abandonar la formación “ante la deriva sin rumbo a la que la dirección está empujando al partido en los últimos meses”. En ella acusaban a la coordinadora navarra, Neniques Roldán, y a la dirección de la también navarra Ione Belarra de “imponer decisiones que condicionan el futuro sin el mínimo aval de las bases”. 

La dirección de Podemos emitió un comunicado a las pocas horas desmintiendo las bajas y en el que aseguraron que “más de 1.650 personas” están inscritas actualmente en Podemos Navarra. En conversación con elDiario.es/Navarra Neniques Roldán señala que tan solo han confirmado su baja del partido dos de los tres firmantes de la carta, David Fuentes y Xabier Castro. El tercero, Javier Ruiz, asegura que ya había anunciado su baja “en mayo”, cuando Begoña Alfaro era la coordinadora autonómica.

Roldán explica que tanto Fuentes como Castro procedían de la lista de Txuma Huarte que perdió las primarias de Podemos Navarra en junio de 2025 y que ella incluyó en su Consejo Ciudadano. “Es gente que ha perdido y no acepta el resultado de las primarias”, añade para avanzar que está “valorando” emprender acciones legales contra ellos por mandar a los medios un comunicado “que es mentira”.

Fuentes internas del partido consultadas por este periódico confirman un clima de tensión interna en la formación. Neniques Roldán se impuso en aquellas primarias por apenas 31 votos de diferencia con la candidatura de Txuma Huarte (186 votos contra 155). Estas mimas fuentes apuntan que han sido “decenas” las personas que han mostrado su voluntad de abandonar la formación en las últimas semanas. “¿Qué sentido tiene que mientan?”, añaden.

Más de 100 inscritos en Podemos Navarra han anunciado este viernes su decisión “firme y reflexionada” de abandonar la formación “ante la deriva sin rumbo a la que la dirección está empujando al partido en los últimos meses”. Acusan a la coordinadora navarra, Neniques Roldán, y a la dirección de la también navarra Ione Belarra de “imponer decisiones que condicionan el futuro sin el mínimo aval de las bases”. La dirección de Podemos en Navarra ha asegurado que los datos de estas bajas “son absolutamente falsos” y ha afirmando en un comunicado que “más de 1.650 personas” están inscritas actualmente en la formación.

“Desde el firme convencimiento de que es en los espacios plurales, plurinacionales, diversos y con arraigo al territorio desde donde se construye una Navarra más justa, hemos decidido seguir trabajando desde Contigo/Zurekin (la coalición de Podemos, Izquierda Unida, Batzarre e independientes que forma parte del Gobierno de coalición liderado por María Chivite). Se nos pide participar círculo a círculo, pero mientras tanto la dirección impone decisiones que condicionan el futuro sin el mínimo aval de las bases”, han explicado en un comunicado los inscritos que han dejado Podemos.

Según han señalado, en la dirección “hablan de participación, pero incumplen uno tras otro los compromisos adoptados en la Asamblea de mayo de 2025; dicen querer mejorar lo que funciona en Navarra, pero en la práctica solo contemplan el partido desde la óptica de los intereses de Madrid, ignorando la realidad y el trabajo propio de nuestro territorio”. “Aseguran respetar los tiempos de la militancia, pero las decisiones se aceleran desde arriba para justificar movimientos como salir del Gobierno de Navarra, justo cuando el trabajo de nuestras compañeras y compañeros es una referencia estatal en políticas públicas de Vivienda o Juventud”, han añadido.

También “proclaman la autonomía de Navarra”, pero “las decisiones finales sobre coaliciones y calendarios siguen manejándose desde Madrid, por un núcleo, cerrado, duro y reducido, con incoherencias tan extremas como no presentarse en Cataluña o tumbar preacuerdos de coalición para acabar concurriendo en solitario en Aragón”.

“Presumen de la fuerza, de las marcas Podemos o Unidas Podemos, pero la sociedad responde con resultados cada vez más negativos en cada elección autonómica desde mayo de 2023, llegando, sin la más mínima autocrítica, a niveles meramente testimoniales en estas últimas elecciones de 2026”, han añadido. Además, “hablan de pactar, pero actúan sembrando la división y el ataque constante contra compañeras y compañeros de nuestro mismo espacio político, incluidos quienes han asumido responsabilidades institucionales”.

“Dicen querer fortalecer el partido, pero lo único que vemos es una cascada de dimisiones en secretarías clave como Organización, Feminismos, LGTBIQ+ o Antirracismo y Justicia Social. Ponen en cuestión todo lo construido con el esfuerzo militante de años, sin presentar un solo documento de trabajo estratégico ciñéndose sus declaraciones exclusivamente al reparto de cuotas, nombres y dinero”, han continuado.

A su juicio, “prometen transformarlo todo, pero rehúyen cualquier responsabilidad de gobierno que permita mejorar la vida de la gente”. “Hablan de mayorías sociales mientras la actividad de una dirección cada vez más reducida se apoya en la crítica no constructiva, la negación de la realidad y la auto referencia permanente”, han manifestado.

Según han subrayado, “hoy Podemos es un partido que ha dejado de construir y de responsabilizarse de la mejora de las condiciones de vida de la gente”.

“A pesar de estas situaciones vividas, quienes abandonamos Podemos Navarra-Ahal Dugu Nafarroa no nos sentimos limitados, ni hacen decaer nuestro ánimo para seguir construyendo a través de los espacios políticos transformadores que con tanto trabajo impulsamos en estos últimos años”, han apuntado.

Y han añadido: “Desde nuestro trabajo y compromiso queremos seguir empujando desde lo cotidiano los proyectos políticos de izquierdas, por eso mantenemos nuestro compromiso en seguir construyendo poder popular desde nuestras militancias, tanto en organizaciones como en los diferentes espacios sociales, para avanzar hacia una sociedad navarra más justa, solidaria, feminista, ecologista, pacifista, republicana y confederal”.

“Con arraigo al territorio, con vínculos reales con las personas que militan en distintos espacios que luchan desde lugares diversos para seguir construyendo una Navarra mejor. Por todo ello, seguiremos adelante, aportando, construyendo y fortaleciendo el espacio político común y transformador que hoy representa Contigo/Zurekin, con la convicción de que solo desde la acción compartida se logra transformar la realidad”, han manifestado.

El blindaje de los 128 profesores de religión elegidos por el obispo y no mediante una oposición en la red pública ha vuelto a dividir a los socios del Gobierno de la socialista María Chivite en Navarra. Geroa Bai (Socialverdes y PNV) ha unido sus votos a los de UPN para rechazar una proposición presentada por PSN y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) para derogar la ley que garantiza el mantenimiento del puesto de trabajo de estos docentes pese a que su carga lectiva se ha reducido al mínimo -una hora semanal- en aplicación de la LOMLOE.

En el debate de la ley, Geroa Bai ha introducido dos enmiendas que han recabado los votos favorables de UPN, PPN y Vox, mientras que PSN, EH Bildu y Contigo/Zurekin ha votado en contra. La introducción de estas enmiendas, que recogían un régimen transitorio ante la derogación de la ley, ha motivado que los propios proponentes de la norma hayan decidido votar en contra. De esta forma, solo Geroa Bai ha apoyado la ley, mientras que UPN, PSN, EH Bildu, PPN, Contigo-Zurekin y Vox han votado en contra.

Geroa Bai ha introducido, a través de una enmienda, un régimen transitorio que fijaba que el personal docente de religión que, a la fecha de entrada en vigor de la ley foral, mantenga una relación laboral de carácter indefinido con la Administración conservaría dicha condición y no podría ver extinguida su relación laboral como consecuencia directa de la derogación de la ley. Además, establecía que “las eventuales modificaciones de jornada que pudieran derivarse de la evolución de las necesidades docentes deberán ajustarse a lo previsto en la legislación laboral vigente, garantizando en todo caso los principios de objetividad, proporcionalidad y no discriminación”.

Igualmente, a iniciativa de Geroa Bai, se había incluido que “la Administración educativa, por razón de planificación educativa, podrá reorganizar destinos y funciones dentro del marco normativo aplicable, siempre que dicha reorganización no suponga un menoscabo arbitrario de los derechos laborales consolidados”. También establecía que el personal docente de religión con contrato laboral indefinido que en el año de entrada en vigor de la ley foral cumpla 55 años de edad mantendría íntegramente sus condiciones de contrato, jornada y estabilidad laboral hasta la extinción de su relación de servicio por jubilación o renuncia.

Una segunda enmienda de Geroa Bai, también introducida en el texto, recogía que el Departamento de Educación debería adoptar “las medidas necesarias para garantizar que las nuevas necesidades de contratación de personal docente de religión que pudieran derivarse para cubrir la planificación educativa a partir del curso 2026-2027 en el sistema educativo público se lleven a cabo bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.

Según datos del Departamento de Educación en la red pública de Navarra hay 128 profesores de religión que imparten 1.557 horas semanales de esa asignatura. Sin embargo, Educación paga 2.577 horas semanales, el equivalente a 44 jornadas completas, lo que supone un sobrecoste que supera los dos millones de euros anuales, según esos mismos datos.

Esta cuestión ya generó una crisis entre los socios la legislatura pasada, cuando Geroa Bai sumó sus votos a los de Navarra Suma, la coalición de UPN, PP y Ciudadanos, para que los profesores de religión pudiesen mantener su puesto de trabajo con la rebaja de horas lectivas de esa materia. PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra criticaron que su socio se sumara a la derecha para aprobar una ley que “vulnera los principios de igualdad y mérito en el acceso a la función pública”.

Y es que estos docentes son seleccionados por el Arzobispado, y muchos de ellos, mayores de 50 años, fueron contratados en su día conforme al acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales que suscribieron en enero de 1979 el Estado y la Santa Sede por el cual se establecía que esta asignatura sería “impartida por las personas que fueran designadas por la autoridad académica entre aquellas que el Ordinario Diocesano propusiera”. Posteriormente, en 2007, un Real Decreto convirtió a este personal en indefinido.

Es el Arzobispado el encargado de proponer a este personal al que, según se desprende de la propia web del Arzobispado de Pamplona-Tudela se le exige, además de la titulación académica requerida para impartir la docencia y la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), estar bautizado en la Iglesia católica y disponer de una “declaración eclesiástica de idoneidad”, un documento que emite el propio obispo de la diócesis y que supone “recta doctrina y testimonio de vida cristiana” basada “en consideraciones de índole moral y religiosa, criterios cuya definición corresponde al obispo diocesano”. Los candidatos seleccionados por el obispado son posteriormente contratados por Educación.

EH Bildu y Geroa Bai no han logrado apoyos este jueves en el pleno del Parlamento de Navarra para enviar una proposición de ley al Congreso de los Diputados con el fin de impulsar un salario mínimo interpofesional (SMI) propio para Navarra. La iniciativa de estas dos formaciones se hace eco de la reivindicación que están impulsando los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde para un SMI propio en Navarra y Euskadi, motivo por el cual han convocado una huelga general el próximo 17 de marzo.

En el debate de la iniciativa de EH Bildu y Geroa Bai en el pleno del Parlamento de Navarra, UPN se ha abstenido, mientras que PSN, Cotigo/Zurekin, PP y Vox han votado en contra.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado en la defensa de la iniciativa que la economía de Navarra “está más industrializada que la de otros territorios, la productividad por trabajador es de las más altas del Estado español y también es más alto el porcentaje de riqueza generada por cada persona”. “En Navarra, los precios de muchos de los productos y servicios son más altos que en el Estado español”, ha indicado, y ha señalado que la subida del salario mínimo en Navarra “ayudaría a una distribución de la riqueza más justa, ayudaría a reducir la pobreza, a reducir el número de personas en riesgo de exclusión social, a estrechar la brecha salarial de género, así como a estrechar otras brechas salariales como la de origen, de edad o de diversidad”.

En la misma línea, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que esta proposición de ley “parte de la premisa de que Navarra tiene una realidad económica y social propia, que tenemos un coste de vida más alto, que tenemos una mayor productividad, y por lo tanto, también entendemos que deberíamos poder contar con instrumentos que permitan adaptar determinadas políticas a esa realidad”.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que el SMI “forma parte de un núcleo de legislación laboral española y no estamos ante un simple debate político, sino que es una cuestión que afecta al reparto competencial de nuestro país y al conjunto de las Comunidades Autónomas, y cambiar el SMI exige un debate más profundo, jurídico también, mayor de lo que se plantea en esta Cámara”. “Estamos dispuestos a hablar de ello, no tenemos ningún inconveniente. Tiene su lógica que el SMI se pueda acercar a la realidad de cada territorio. UPN no va a renunciar a tomar decisiones en Navarra, pero no creemos que un debate como el del SMI pueda solventarse de forma aislada”, ha asegurado.

Por parte del PSN, Arantza Biurrun ha considerado que “la proposición de ley que nos traen aquí no va de autogobierno, de desarrollar una competencia propia que ha quedado claro que no tenemos, la proposición de ley que hoy nos visten de justicia social va de reivindicación soberanista, de construcción nacional”, y ha llamado la atención sobre el hecho de que el PNV en Euskadi no ha compartido la reivindicación de EH Bildu. “Frente a esta propuesta queremos diálogo social, negociación colectiva y acuerdo interprofesional”, ha señalado.

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha indicado que, “en apariencia”, la proposición de ley “pretende acercar los salarios a la realidad de cada territorio, pero en la práctica abre la puerta a romper la igualdad laboral entre españoles, genera riesgos económicos y desdibuja el papel constitucional de la negociación colectiva”.

El portavoz de Contigo/Zurekin, Carlos Guzmán, ha afirmado que su grupo no quiere que “ni un solo trabajador navarro tenga condiciones socioeconómicas peores que los trabajadores del resto del país, pero tampoco queremos que ni un solo trabajador español tenga peores condiciones socioeconómicas que las que tienen los trabajadores o las trabajadoras de Navarra”. “Hoy abordamos una propuesta política nacionalista que no podemos compartir”, ha señalado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha expuesto que esta iniciativa legislativa no representa “una mejora laboral, es un nuevo paso en esa agenda separatista de EH Bildu para romper España por dentro, fragmentando derechos que deben ser iguales para todos los españoles”. “Un navarro ganará más que un extremeño o un andaluz por el mismo trabajo. Eso no es justicia social. Es discriminación territorial”, ha asegurado.

EH Bildu y PSN han “constatado” este jueves su buena sintonía y han reiterado su “satisfacción” por el acuerdo que firmaron en diciembre de 2023 para desalojar a Cristina Ibarrola de la Alcaldía de Pamplona a través de una moción de censura con la que fue investido nuevo alcalde Joseba Asiron.

Representantes de los grupos municipales de la coalición abertzale y del PSN han mantenido una reunión de seguimiento del acuerdo que firmaron para la moción de censura. Los socialistas no entraron en el nuevo gobierno municipal, formado por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, pero se mantienen como socio externo y han apoyado los acuerdos de presupuestos.

Asiron ha destacado que cuando se cumplen dos años y medio de legislatura, algo menos desde su llegada de nuevo a la Alcaldía, se han cumplido ya “cerca del 90%” de los acuerdos alcanzados entre las cuatro formaciones. “Hemos puesto en marcha un sistema de trabajo que permite que la ciudad trabaje a base de trabajo entre diferentes y mucho diálogo”, ha subrayado.

Así, ha mencionado proyectos que se “han desbloqueado” esta legislatura como los corredores sostenibles de Beloso y Pío XII y ha resaltado que otros se encuentran “ya avanzados” como son el plan de vivienda asequible o el concurso de ideas para el barrio de San Jorge. También se ha referido a la resignificación del monumento a los Caídos, el mayor monumento de exaltación franquista situado en un entorno urbano del país, y las obras del Paseo Sarasate.

“Tanto en la política como en la vida, los proyectos buenos no son aquellos que no se desarrollan sin problemas, los verdaderos proyectos de vida y en la política también son aquellos en los que, cuando salen los problemas, sabemos solucionarlos. Y para eso hace falta voluntad, y estoy persuadido de que las cuatro fuerzas, que ahora mismo estamos trabajando en la base de consensos, tenemos esa voluntad”, ha añadido.

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, también ha valorado de forma positiva el acuerdo con EH Bildu, formación a la que ha reclamado sacar adelante el Plan de Convivencia. “Las ciudades avanzan cuando hay acuerdos, negociación y diálogo”, ha enfatizado.

El concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona Juan José Echeverría ha criticado al Gobierno municipal (EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) por querer “convertir” la capital navarra “en un parque temático de la Memoria”. “Van a hacer aquí un Sendaviva de la Memoria para que al final todos estemos paseando por una Pamplona con todo memoria por las esquinas”, ha espetado para defender una propuesta de declaración en la que el partido regionalista cuestionaba la necesidad de destinar a la Memoria Histórica dos edificios del centro de la ciudad, el Palacio Marqués de Rozalejo y el monumento a los Caídos.

“Todo va a ser de la memoria. ¿Es que va a quedar algún espacio sin ser de la memoria? Siempre que les aceptamos algo, ustedes suben la apuesta”, ha señalado el concejal regionalista Juan José Echeverría, orillando que en Navarra más de 3.000 personas fueron asesinadas por el franquismo y que en su gran mayoría fueron enterradas en fosas comunes.

Pero el concejal de UPN no se ha quedado ahí. Tras comparar la Memoria Histórica con un “parque temático”, Juan José Echeverría ha reprochado al PSN que “dejase” redactar la Ley de Memoria “a Otegi”. “Esa ley es la ley de Otegi”, ha afirmado. También ha criticado a Geroa Bai por gobernar Pamplona “con un partido dirigido por un terrorista condenado por secuestrar a un señor y tenerlo diez días metido en una cueva”.

También el concejal del PP Carlos García Adenero ha cuestionado que se dediquen dos espacios a la Memoria en la ciudad de Pamplona. “Tal y como están los tiempos me parece excesivo”, ha apuntado.

El resto de grupos ha criticado las palabras del concejal de UPN. Desde EH Bildu, el concejal Joxe Abaurrea le ha emplazado a que diga qué quiere hacer UPN con los Caídos. “Tendremos que pensar que UPN quiere que siga siendo lo que ha sido históricamente, un mausoleo para honrar al franquismo y a los criminales que estaban ahí enterrados”, en referencia a los generales golpistas Emilio Mola y José Sanjurjo, cuyos restos estuvieron en el monumento hasta que fueron exhumados en 2016.

“Han dejado muy claro que prefieren pasado a cualquier futuro de esta ciudad”, ha lamentado la portavoz socialista, Marina Curiel. Desde Geroa Bai, Mikel Armendáriz le ha afeado que “hable de ETA” y meta a todos los partidos “en el mismo saco”. “Siempre hemos estado con las víctimas”. “En memoria histórica, el retroceso reaccionario d UPN es más que evidente”, ha criticado Txema Mauleón, de Contigo/Zurekin.

A finales de 2024 EH Bildu, Geroa Bai y PSN firmaron un acuerdo en Pamplona para resignificar y derribar parte de los Caídos, el segundo mayor monumento de exaltación franquista de España tras Cuelgamuros y el primero enclavado en un entorno urbano. El edificio será reconvertido en un museo memorial “para la recuperación de la memoria democrática y la denuncia del fascismo” que llevará el nombre de Maravillas Lamberto,  la adolescente de 14 años que fue violada y asesinada por los falangistas en agosto de 1936.

El pleno del Parlamento de Navarra aprobado este jueves una moción presentada por Geroa Bai que insta al Gobierno foral a adoptar “de manera inmediata” las medidas necesarias para sustituir a la Policía Nacional por la Policía Foral como cuerpo antidisturbios en los partidos de Osasuna en el estadio de El Sadar. El Ejecutivo foral ya abrió la puerta a estudiar el cambio de cuerpo policial antidisturbios en los eventos que se celebren en el estadio navarro.

El pronunciamiento del Parlamento navarro llega tras las cargas policiales que se produjeron en el estadio tras la finalización del partido que enfrentó al club navarro contra el Real Madrid hace dos semanas y que dejaron a varios aficionados heridos. A raíz de los incidentes se ha reavivado el debate sobre qué cuerpo policial debe encargarse de la seguridad de El Sadar y este jueves la mayoría del pleno ha aprobado una moción para que sea gestionada “en exclusiva” por la Policía Foral.

El texto ha salido adelante con los votos favorables de Geroa Bai y EH Bildu, las abstenciones de UPN, PSN y Contigo/Zurekin, que han argumentado que la Policía Foral no tiene actualmente los efectivos suficientes para ejercer esas labores “en el corto plazo”, y los votos en contra de PP, Vox y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti.

En la defensa de la moción, la parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha señalado que su moción “no habla solo de seguridad en un estadio, habla de autogobierno, de responsabilidad política y de responsabilidad institucional hacia nuestra policía”. “Hoy seguimos manteniendo una anomalía injustificable. La seguridad del principal estadio de Navarra continúa en mano de la Policía Nacional. ¿Qué mensaje estamos trasladando? ¿Que nuestra Policía es integral o de referencia, salvo en el recinto deportivo más importante de la comunidad? ¿Que confiamos en ella, pero no del todo? La Policía Foral ha demostrado sobradamente su capacidad operativa”, ha defendido. “No se trata de abrir una confrontación institucional, sino de asumir con normalidad democrática una competencia que corresponde a Navarra”, ha afirmado.

En la misma línea, el portavoz de EH Bildu Mikel Zabaleta ha justificado su apoyo por “la actuación desproporcionada e inadecuada por parte de la Policía Nacional” tras el partido entre Osasuna y el Real Madrid y ha reclamado que la gestión de la seguridad del estadio de El Sadar esté “en manos de la Policía Foral”.

Desde UPN, Javier Esparza ha calificado la moción de “fake” porque “la Policía Foral no va a llevar la seguridad de los partidos de fútbol ni mañana, ni pasado, ni esta temporada ni la que viene, porque no está dotada de los recursos y medios humanos para hacer frente a este servicio” y ha enmarcado la presentación de la moción en que al “nacionalismo vasco le molesta todo lo que huele a España”.

Ramón Alzórriz ha defendido que el PSN quiere “una Policía Foral integral que dentro de sus atribuciones tenga la seguridad pública en general y la de El Sadar en particular, pero a su debido momento, sin prisas, analizando los dispositivos necesarios para ello, y la necesidad de ampliación de los recursos humanos de Policía Foral en materia de seguridad ciudadana, haciéndolo compatible con otras prioridades que ya contempla el Plan Estratégico de Policía Foral” y ha criticado que EH Bildu en Euskadi, donde las competencias de seguridad en los estadios de fútbol las tiene la Ertzaintza, “también ataca las actuaciones que realiza”.

Contigo/Zurekin ha afirmado que la Policía Foral “tiene más arraigo social y territorial” en Navarra que la Policía Nacional, pero ha defendido que “asumir la gestión de manera inmediata hoy en día no es posible” por la falta de efectivos de la Policía Foral.

Vox ha intentado sin éxito que el Parlamento de Navarra homenajee a uno de los fundadores de Falange. Se trata del navarro Julio Ruiz de Alda, aviador y que fue uno de los tripulantes del hidroavión Plus Ultra que, en 1926, realizó un viaje entre Palos de la Frontera (Huelva) y Buenos Aires (Argentina). Con motivo del centenario de la gesta, el partido de extrema derecha ha presentado una declaración institucional en la junta de portavoces de la Cámara foral en la que reclamaba que se le conmemorase, omitiendo que Ruiz de Alda fue fundador de la Falange en 1933.

Al contrario de lo sucedido en el Parlamento de Navarra, hace unos meses la Diputación Foral de Álava, con motivo de la presentación de una exposición fotográfica, sí que destacó los hitos del aviador navarro por haber realizado las primeras fotografías aéreas del territorio alavés, orillando también su papel como fundador de Falange. “Jamás y de ninguna manera hubiera estado en ninguna exposición de la Diputación Foral de Álava en calidad de miembro o de fundador de la Falange. No se incorpora ninguna referencia a su pensamiento político, a su ideología, al régimen franquista o al golpe de Estado”, argumentó entonces el Diputado General, Ramiro González, que aseguró que “no cayó” en cuál era la trayectoria política del piloto.

En la declaración presentada en el Legislativo navarro Vox destacaba que los navarros Julio Ruiz de Alda y Pablo Rada fueron partícipes de una “proeza” al realizar la primera travesía transatlántica en avión que cruzó el Atlántico Sur con un único aparato, “enfrentando numerosos desafíos como condiciones meteorológicas adversas, vientos fuertes que desviaron la ruta, limitaciones de combustible que obligaron a cálculos precisos y aterrizajes en aguas abiertas, así como el riesgo constante de fallos mecánicos en un océano vasto e inhóspito”.

De Ruiz de Alda, el partido de extrema derecha destaca que se unió al ejército a los 15 años y desarrolló “un temprano interés por la aviación”. “Como marino y aviador, alcanzó el rango de teniente de navío y se distinguió por su habilidad en vuelos pioneros, actuando como copiloto en el hidroavión Plus Ultra y contribuyendo decisivamente a la navegación y el manejo de la aeronave durante las etapas más críticas”.

Vox pedía que se le conmemorase por “la necesidad de reconocer y preservar la memoria de eventos que marcaron avances en la exploración y la tecnología, honrando a aquellos que, con valentía y pericia, contribuyeron a ellos”. “Es fundamental rendir homenaje a personajes ilustres de nuestra historia y nuestra tierra que hayan llevado a cabo acciones heroicas y gestas históricas, para fomentar así el conocimiento de nuestro pasado compartido y valorar el coraje y la innovación que impulsan el progreso de la humanidad”, reclamaba el partido de extrema derecha, sin mencionar la trayectoria política de Ruiz de Alda.

Finalmente la declaración que pedía que se le conmemorase no ha salido adelante pese a los apoyos de UPN y PP. El PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin han votado en contra y la propuesta ha sido tumbada en la junta de portavoces.

La mayoría de la comisión del Parlamento de Navarra sobre el 'caso Koldo' ha rechazado la petición de UPN para que comparezcan todos los empleados que tuvo Servinabar 2000, la empresa propiedad e Antxon Alonso y Santos Cerdán y que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El partido regionalista había solicitado también que acudiesen al Parlamento de Navarra “todos los socios de Servinabar 2000” para citar a quien según la UCO es el tercer accionista de la mercantil, el periodista navarro Joseba Santamaría, así como todas las personas y empresas que hayan facturado de Servinabar 2000. Únicamente ha sido aceptada la comparecencia del exdirigente de UPN y socio de Cerdán Óscar Arizcuren, que será citado en próximas fechas.

Óscar Arizcuren, amigo personal del ex secretario de Organización del PSOE, fue secretario general de UPN y alcalde de Noáin, y entre los años 2022 y 2024 facturó 69.000 euros a Servinabar 2000 a través de OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad. Cuando en verano un informe de la Hacienda Foral de Navarra destapó los pagos de Servinabar 2000 a la consultora de Arizcuren, este aseguró no pertenecer “a ninguna trama de nada” en unas declaraciones a 'Diario de Navarra'.

UPN ha defendido la “necesidad” de citar a todas aquellas personas o empresas que hayan tenido relación con una mercantil “que según un juez se ha creado exclusivamente para cobrar mordidas”, destacó su portavoz, Javier Esparza.

La religión en las aulas vuelve a agitar la política navarra. El blindaje en la red pública de los profesores que son elegidos por el obispo para impartir esa asignatura, cuya carga lectiva se ha reducido al mínimo -una hora semanal- en aplicación de la LOMLOE, ha generado una nueva brecha entre los socios del Gobierno de la socialista María Chivite.

Mientras PSN y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) piden derogar la ley que garantiza el mantenimiento del puesto de trabajo de estos profesores pese a que no tienen carga lectiva y no pueden impartir otras materias por ser personal específico y no haber opositado, Geroa Bai por el momento se desmarca acusando al Departamento de Educación -cartera que está en manos de los socialistas- de no facilitarles información sobre los docentes que se verían afectados por la derogación de la norma como su edad, los criterios que se seguirán para los despidos y el coste que supondrán las indemnizaciones a los profesores damnificados.

Según los datos del Departamento de Educación, en la red pública navarra hay 111 profesores de religión, pero con la reducción de la carga lectiva tan solo 68 imparten la materia. Ello supone, según los mismos datos, un gasto anual de unos dos millones de euros para las arcas públicas.

Fuentes de la coalición de Socialverdes y PNV señalan a este periódico que todavía no han decidido si apoyar o no la propuesta de sus socios para derogar la norma que blinda a estos docentes, pero muestran su enfado por lo que consideran un “incumplimiento” del acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 para investir a María Chivite presidenta. En ese documento se recoge un acuerdo para “revisar y, en su caso, derogar” la ley y, desde Geroa Bai, afean a PSN y Contigo/Zurekin que hayan presentado directamente una proposición para derogar la ley sin antes “revisarla”.

Esta cuestión ya generó una crisis entre los socios la legislatura pasada, cuando Geroa Bai sumó sus votos a los de Navarra Suma, la coalición de UPN, PP y Ciudadanos, para que los profesores de religión pudiesen mantener su puesto de trabajo con la rebaja de horas lectivas de esa materia. PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra criticaron que su socio se sumara a la derecha para aprobar una ley que “vulnera los principios de igualdad y mérito en el acceso a la función pública”.

Y es que estos docentes son seleccionados por el Arzobispado, y muchos de ellos, mayores de 50 años, fueron contratados en su día conforme al acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales que suscribieron en enero de 1979 el Estado y la Santa Sede por el cual se establecía que esta asignatura sería “impartida por las personas que fueran designadas por la autoridad académica entre aquellas que el Ordinario Diocesano propusiera”. Posteriormente, en 2007, un Real Decreto convirtió a este personal en indefinido.

Es el Arzobispado el encargado de proponer a este personal al que, según se desprende de la propia web del Arzobispado de Pamplona-Tudela se le exige, además de la titulación académica requerida para impartir la docencia y la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), estar bautizado en la Iglesia católica y disponer de una “declaración eclesiástica de idoneidad”, un documento que emite el propio obispo de la diócesis y que supone “recta doctrina y testimonio de vida cristiana” basada “en consideraciones de índole moral y religiosa, criterios cuya definición corresponde al obispo diocesano”. Los candidatos seleccionados por el obispado son posteriormente contratados por Educación.

El exconsejero de Cohesión Territorial y presidente del PSN, Bernardo Ciriza, ha defendido este martes en la comisión del Parlamento de Navarra que investiga las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la presencia de Santos Cerdán en “algunas” reuniones del Gobierno de Navarra con el Ministerio de Fomento pese a que no era un cargo de ninguno de los dos Ejecutivos.

“Ocupaba un puesto de referencia en el PSOE como diputado y como secretario de Organización”, ha señalado Ciriza para justificar la presencia de Cerdán en las reuniones en las que se habló de la “urgencia” de duplicar los túneles de Belate en la carretera N-121-A. Esas obras fueron adjudicadas posteriormente a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y, según la Guardia Civil también de Santos Cerdán.

Sobre las reuniones, el que fuera consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra entre 2019 y 2023, ha asegurado que Cerdán tenía una actuación “normal” y “discreta” y ha afirmado que “nunca” hablaron de empresas. También ha señalado que era una práctica “habitual” y que otroes diputados también han acudido a reuniones con el Ministerio, sin saber concretar quiénes. “Fuimos a hablar de financiación, a pedir ayuda al Ministerio porque nosotros solos no podíamos acometer la obra”, ha solemnizado Ciriza, que ha apuntado que en ningún caso sospechó de la participación de Cerdán en la mercantil investigada por el Tribunal Supremo.

Preguntado por el portavoz de UPN, Javier Esparza, por su relación con Santos Cerdán, ha explicado que lo conoció en el año 2011 y que tenía una relación “cordial” con él, pero ha negado que fuese él quien le introdujera en el Gobierno foral. “Fui en las listas al Parlamento de Navarra a petición de María Chivite y es ella la que me nombra consejero”, ha apuntado para añadir que Cerdán “nunca” le habló de liderar la consejería.

También ha negado que hablara con el ex secretario de Organización del PSOE sobre los asuntos a tratar en las reuniones con Fomento. “No preparábamos nada con él antes de las reuniones, yo preparaba las reuniones con mi equipo y a Cerdán le contaba lo mismo que a otros partidos sobre las necesidades que teníamos en infraestructuras como el TAV, la N-121-A o la AP-15”, ha añadido.

Sobre la mesa de contratación de las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate, ha afirmado que él no la quiso “controlar” con nombramientos como el del exdirector general de Obras Públicas Pedro López Vera. Según ha precisado esa propuesta, que constaba en un correo electrónico enviado por el propio director general, era “de trabajo”, y buscaba que la mesa fuera “lo más plural y transparente”. “Estábamos buscando lo mismo que ahora, mejorar los procesos de adjudicación”, ha expuesto. “Cuando se hizo esa propuesta, ha apuntado, ”no había ni proyecto de los túneles“, ha apostillado. ”En el momento que nos dijeron que no se podía, pues se quitó“.

Ciriza también ha justificado la “necesidad” de prorrogar el contrato del director de Nuevas Infraestructuras del Gobierno foral y que ejerció como presidente de la mesa, Jesús Polo, a pesar de que estaba en edad de jubilación por las “dificultades” para cubrir las plazas de dirección.

Los partidos que conforman el Gobierno de coalición en Navarra liderado por María Chivite, PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Btazarre), y EH Bildu han vetado este martes la comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre el 'caso Koldo' de la pareja del ex número dos de los socialistas navarros Ramón Alzórriz por haber trabajado entre los años 2021 y 2024 en la empresa Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también de Santos Cerdán.

La comparecencia de la pareja de Ramón Alzórriz había sido solicitada por Vox, partido que también ha pedido que acuda a la comisión de inverstigación la mujer del vicepresidente primero del Gobierno foral, Javier Remírez, y que trabaja en Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda del Ejecutivo navarro, que adjudicó dos contratos para la construcción de viviendas protegidas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000. Las dos comparecencias han sido rechazadas con los votos en contra de los socios del Gobierno de Chivite. Sí que se ha aprobado la comparecencia de Eduardo Montes, responsable de la zona norte de Acciona cuando se formalizó la UTE con Servinabar 2000 y Osés para las obras de Belate.

La pareja de Alzórriz ejerció labores de prevención de riesgos laborales, pese a no tener experiencia previa, en la empresa que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. Según explicó el propio Alzórriz fue él quien le pidió a Antxon Alonso un empleo para su pareja porque tenía un “empleo precario”. El exvicesecretario general del PSN le había ocultado a Chivite esta información y, cuando en junio de 2025 se conoció que Santos Cerdán era propietario del 45% de las participaciones de Servinabar, la secretaria general de los socialistas navarros y presidenta del Gobierno foral le despojó de todos sus cargos en el partido, si bien continúa siendo parlamentario del grupo socialista.

La empresa pública Nasuvinsa, dependiente del Departamento de Vivienda adjudicó dos contratos a Acciona y Servinabar 2000 para la construcción de viviendas de protección oficial en el barrio de Erripagaña, situado en la comarca de Pamplona. Son del año 2018 y del 2023, años en los que al frente de la consejería estaba Geroa Bai y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra detectó “irregularidades” al apreciar “acumulación de incumplimientos flagrantes, evidentes y palmarios”.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha asegurado que un 70% de los compromisos adquiridos por los socios del Gobierno que ella preside (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) tienen ya “un alto grado de ejecución” una vez superado el ecuador de la legislatura, que arrancó en agosto del 2023. En un acto celebrado en el Baluarte de Pamplona en el Segundo Ejercicio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, presentado en el transcurso del VI Encuentro de Dirección Pública de Navarra, la presidenta ha reunido a consejeros, directores generales y jefes de gabinete de los distintos departamentos de su Gobierno.

La presidenta ha afirmado que “detrás de ese 70% hay políticas públicas que tienen un efecto real y tangible en la vida de las personas”. Ha resaltado que entre los compromisos cumplidos está la nueva escuela infantil de Erripagaña y están en marcha o a punto de empezar las obras de siete centros educativos de infantil, Secundaria y FP, entre ellos Oronoz, Marcilla o Cintruénigo.

También ha destacado las obras “muy avanzadas” de centros de salud en Villava o Puente la Reina, y “para el mes de abril está previsto que empiecen las obras en el de Erripagaña”.

En el ámbito de la atención a las personas mayores, ha destacado que “ese 70% de cumplimiento del acuerdo programático se traduce, entre otras cosas, en 25 nuevos centros de día diseminados por toda Navarra que suman un total de 500 plazas”. “El próximo gran hito será la apertura de la residencia pública para mayores de Estella, la segunda mayor de Navarra”, ha resaltado.

La jefa del Ejecutivo foral también se ha referido a la cohesión territorial, para resaltar “las nuevas vías de comunicación o de la mejora de la seguridad de las ya existentes, como la Nacional 121-A”, con las que ha asegurado que se han reducido el número de accidentes. “Seguimos trabajando para duplicar los únicos túneles de España que siguen incumpliendo la directiva europea de seguridad”, ha aseverado. Chivite ha avanzado que “las siguientes grandes obras serán hacia el sur y que también pondrán fin a ”muchos años de desidia política“. ”El próximo mes licitaremos las obras del primer tramo de la Autovía a Madrid y seguiremos dando pasos clave para llevar el Canal de Navarra a la Ribera, como la firma de la financiación que acaba de confirmarnos el Banco Europeo de Inversiones“.

Por otro lado, ha explicado que este 2026 se trabaja en la aprobación de la ley foral de Comercio y la ley foral de Industria, y se hará una propuesta de modificación de la renta garantizada con el objetivo de “hacer de este recurso una herramienta útil para las personas que la necesitan, pero también una palanca que les impulse a buscar por sí mismos una salida a su situación”.

Igualmente, ha señalado que se sigue trabajando en la ley foral de Salud, que continúa con su tramitación interna, “buscando el equilibrio necesario entre las garantías que debe ofrecer el servicio público y la flexibilidad y eficacia que nos exige la ciudadanía”.

También ha destacado el trabajo en “un asunto que es capital para este Gobierno, la convivencia”. “Tras aprobar el II Plan de Convivencia trabajamos en una nueva ley foral de Víctimas del Terrorismo y seguimos avanzando en políticas de memoria. El próximo paso será la firma, este miércoles, de un protocolo con el Gobierno de España para la declaración del fuerte de San Cristóbal como lugar de memoria. Un hito en las políticas de memoria”, ha resaltado.

Por otro lado, se ha referido al “problema de la vivienda”, que “es complejo y multifactorial”. “No se puede abordar con una única solución, sino con un abanico de medidas. En Navarra estamos trabajando en varios frentes: nuevos grandes desarrollos, como la ampliación de Sarriguren, Donapea o Etxabakoitz; mediante nuevas medidas fiscales que desgravan hasta el 90% de los ingresos de quienes cedan pisos a la bolsa pública; o explorando nuevas formas de convivencia, como los pisos colaborativos”, ha señalado

En el acto también ha anunciado que el Ejecutivo foral está trabajando “intensamente en nuevos proyectos industriales que colocarán a Navarra a la cabeza de sectores estratégicos clave”. Sin dar más detalles sobre los proyectos ha indicado que “la industria está en la base” de la riqueza de Navarra “como sociedad” y que “es generadora de empleos de calidad y palanca para la innovación”.

“En lo que llevamos de legislatura hemos avanzado en inversiones clave para la adaptación de nuestro sector de automoción al nuevo paradigma del vehículo eléctrico. Hoy os anuncio que el Gobierno trabaja intensamente en nuevos proyectos industriales que colocarán a Navarra a la cabeza de sectores estratégicos clave”, ha afirmado.

Durante su intervención, María Chivite ha asegurado que su Gobierno tiene “un compromiso ético en la defensa de la libertad, de la igualdad y de los valores progresistas, un compromiso por una Navarra mejor que también aspira a un mundo mejor”. Tras ello, ha pedido a los miembros de su Ejecutivo: “Seguid a la tarea, pero no olvidéis nunca este marco de honestidad e integridad al que también estamos obligados. Unos límites ineludibles que nunca hemos cruzado y que deben ser la base de todo nuestro trabajo”.

Datos personales de la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, de las vicepresidentas Ana Ollo, de Geroa Bai, y Begoña Alfaro, de Contigo/Zurekin, y del exvicepresidente recién destituido Félix Taberna han sido revelados después de un ciberataque, según la información que ha adelantado elDiario.es.

La filtración se ha llevado a cabo en un portal especializado en publicar este tipo de bases de datos y además de los datos de la presidenta navarra y de otros cargos del Ejecutivo foral, se incluye información personal del lehendakari Imanol Pradales y otros cargos del Gobierno vasco, de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, Jde orge Azcón, presidente de Aragón, de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, de Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Comunidad Valenciana y de María Guardiola.

En el caso de Navarra, la filtración incluye datos erróneos sobre María Chivite como su fecha de nacimiento, su DNI, la dirección de su vivienda, su número de teléfono y su banco. Ninguno de los datos aportados con correctos. Sí lo es la información filtrada sobre el exvicepresidente primero recientemente destituido, Félix Taberna, también del PSN. De él se aporta su DNI, su número de teléfono personal y dos direcciones de correo electrónico.

Sobre las vicepresidentas segunda, Ana Ollo, de Geroa Bai (Socialverdes y PNV), y tercera, Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin), únicamente se aporta su dirección.

“Condenamos de manera rotunda este acoso personal que estamos sufriendo, es claramente una persecución”, ha señalado la presidenta María Chivite, que ha considerado que la filtración es “una estrategia perfectamente orquestada por la ultraderecha” para “socavar la democracia”. “Tiene que ver con la participación política, con amedrentarnos para participar en política, que es la base de nuestro sistema democrático”. Y ha avanzado que “el Gobierno de Navarra no se va a quedar parado” y va a “dar un paso adelante para combatir la desinformación”.

También ha anunciado que ya se ha trasladado la filtración a la Policía Foral y a la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra para “materializar una denuncia”.

El autor de la publicación, que se identifica como “Eurogosth”, no ha dejado pistas de sus motivaciones. “Sé que faltan CCAA, no se van a salvar, dentro de poco haré la V2 [versión 2] de esta db [base de datos], probablemente con familiares, o sin familiares, no lo se, no afirmo nada. Viva España”, es su único mensaje. Por el momento no ha realizado más publicaciones.

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción presentada por EH Bildu y que ha contado con el respaldo de los partidos que conforman el Gobierno foral (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) por la que se urge al Ejecutivo de María Chivite a facilitar la detección automática de consumos para identificar inmbuebles que se encuentren deshabitados y así aliviar la crisis de acceso a la vivienda.

Con la aprobación de la moción, que ha contado con los votos en contra de UPN, PP, Vox y de la parlamentaria no adscrita Maite Nosti, se insta al Observatorio de la Vivienda de Navarra a que “garantice antes de mayo de 2026 el aporte automatizado, actualizado y continuo de información del Registro de Viviendas Deshabitadas, con el fin de identificar viviendas deshabitadas, optimizando y modernizando las políticas públicas y facilitando la coordinación con los municipios”.

En un segundo punto se propone a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) que, en colaboración con el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra y sus entes instrumentales, antes de mayo del 2026, elabore y difunda una circular informativa sobre el Impuesto sobre Viviendas Deshabitadas y una ordenanza básica o tipo que permita a los ayuntamientos desarrollar una ordenanza propia, “asegurando una aplicación jurídicamente sólida y respetando la autonomía municipal en su desarrollo”. La moción inicial hacía referencia únicamente a los consumos de las viviendas, pero una enmienda de sustitución presentada por PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, que ha sido aceptada por EH Bildu, ha ampliado el sentido de la resolución incorporando el término 'información', para así poder incluir “otros criterios que se están teniendo en cuenta para declarar viviendas como deshabitadas”, como por ejemplo el domicilio fiscal.

El parlamentario de EH Bildu que ha defendido la moción, Mikel Zabaleta, ha lamentado que en Navarra haya “miles de viviendas vacías, mientras que mucha gente está sin vivienda”, y ha apostado por poner en marcha el impuesto de viviendas vacías. Un impuesto que ha asegurado que “no está en marcha” porque el registro de viviendas vacías “no funciona correctamente” y porque las entidades locales “no han aprobado ordenanzas para la aplicación de este impuesto”, ha dicho, tras añadir que “queda una inmensidad” de viviendas vacías “por detectar”.

Daniel López, de Contigo/Zurekin, ha explicado que la enmienda propone eliminar la palabra “consumos” por “el simple hecho de que hay otros criterios que se están teniendo en cuenta para declarar viviendas como deshabitadas, como el domicilio fiscal o el destino declarado por los propios ciudadanos en la declaración de la renta”. También ha señalado que “los ayuntamientos son los que tienen mayor capacidad de actuación en este tema”.

Kevin Lucero, del PSN, ha considerado que el registro de viviendas deshabitadas “no puede ser un cajón para almacenar datos, tiene que ser una herramienta útil para la acción pública”. “Precisamente porque la herramienta sirve, porque es útil y porque funciona, es importante que el registro se despliegue bien y de forma total, automatizarlo lo máximo posible, mantenerlo actualizado y utilizarlo con un objetivo claro”, ha apuntado, tras afirmar que la moción “apuesta por seguir profundizando en el camino que Navarra ya ha emprendido”.

Por parte de Geroa Bai, Itxaso Soto ha subrayado que “no toda la vivienda que se declara deshabitada es susceptible de ser habitada”. “Contamos con viviendas deshabitadas que no cumplen los requisitos mínimos ni las condiciones para poder ser habitada por inquilinos”, ha manifestado. En este sentido, y aunque comparte con EH Bildu “que no haya recursos parados”, ha asegurado que la “movilización de vivienda no va a solucionar el problema de vivienda”. “Por eso es importante seguir apoyando y seguir aumentando las partidas para la rehabilitación”, ha remarcado.

Desde UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha criticado que la moción “pretende simular” que se afronta un problema que, a su juicio, “no existe como tal”, porque la cifra de viviendas deshabitadas en Navarra representa “únicamente el 0,6%”. Desde el PP tabién ha afeado que la moción ponga “el foco” en los propietarios de vivienda en lugar de en una gestión pública “incapaz de generar oferta”.

La portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y presidenta del partido regionalista, Cristina Ibarrola, y el portavoz del PP, Carlos García Adanero, han recurrido a ETA para tratar de zafarse de una petición de dimisión presentada por los grupos que conforman el Gobierno municipal (EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) por haber difundido bulos racistas a raíz de una agresión sexual en la capital navarra. Los tres partidos que conforman el Ejecutivo de Joseba Asiron y PSN han aprobado una declaración para exigir su dimisión por haber fomentado un “discurso de odio” hacia la población migrante al haber señalado falsamente a personas de origen extranjero como responsables de la violación sufrida por una joven en una fiesta universitaria.

Tanto Ibarrola como Adanero difundieron durante días noticias y mensajes que atribuían la violación a una “manada de argelinos” en situación irregular después de que la Policía Municipal detuviera a cuatro varones de esa nacionalidad como sospechosos del crimen. Sin embargo, los cuatro fueron exculpados por las pruebas de ADN y la jueza los ha dejado en libertad.

Con todo, los portavoces de UPN y PP no han pedido perdón por sus declaraciones y comentarios y han insistido en la “nefasta gestión” del equipo de gobierno con respecto a “la inseguridad” en la ciudad. Además, han afeado a EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin por presentar una moción en la que a su juicio se les “señala”. En este punto, el concejal del PP (y ex de UPN), Carlos García Adanero, incluso ha asegurado que con la moción el equipo de Gobierno “pretende eliminar la oposición”.

“La intervención del portavoz de EH Bildu hace 15 años hubiera supuesto el asesinato de la señora Ibarrola y el mío. Eso es lo que hubiera supuesto y de hecho le costó la vida a Tomás [Tomás Caballero, concejal de UPN asesinado por ETA en 1998]”, ha espetado en el pleno municipal en el que se ha votado la moción. Y ha continuado: “Quieren coartarnos la libertad como han hecho durante mucho tiempo. Tienen muy claro cuál es su objetivo. Nos llaman racistas, xenófobos, fascistas, ultraderecha, y a continuación dicen que hay que parar a la ultraderecha, a los fascistas, a los xenófobos y a los racistas. O sea, acabar con nosotros”.

Según el portavoz de PP la izquierda abertzale “no ha cambiado” y “siguen siendo los mismos”. “Ustedes defienden y siguen defendiendo hoy que está bien asesinar al que no piensa como ustedes. Nos ponen contra la pared, nos ponen a parir y luego salimos a la calle; es una vergüenza lo que han hecho toda la vida. Antes asesinaban; ahora, en este momento, temporalmente no están asesinando, pero la diferencia es que antes no contaban con el Partido Socialista, mientras que ahora el Partido Socialista se ha entregado a ustedes y por eso tienen esa mayoría”, ha reprochado.

También Cristina Ibarrola ha acusado a EH Bildu de señalarla con la moción y de ponerla “en la diana”. “Durante un tiempo sus antecesores políticos lo hicieron matando, desgraciadamente”, ha dicho. “Hoy ustedes lo hacen de otra manera pero buscan lo mismo, generar odio para quienes les molestamos en su proyecto político”. Durante su intervención ha acusado al alcalde de “ocultar datos” sobre agresiones sexuales en Pamplona y ha alertado de un supuesto aumento de la criminalidad en los últimos años en la ciudad de la que ella fue alcaldesa durante seis meses en 2023, antes de la moción de censura pactada entre EH Bildu y el PSN.

EH Bildu, Geroa Bai, Contigo/Zurekin y PSN han afeado a los portavoces de UPN y PP el que hayan recurrido al “comodín” de la banda terrorista para no responsabilizarse por haber hecho unas declaraciones “irresponsables” vinculando a los migrantes con la violación antes de conocer el resultado de las pruebas de ADN y les han acusado de “fomentar” discursos de odio con “bulos” y “noticias falsas”.

“Agravaron la situación por una reiteración consciente de las acusaciones en platós de televisión, en estudios de radio y en redes sociales amplificando su mensaje a sabiendas del daño gratuito que estaban causando a la víctima y a las personas detenidas, a los que criminalizaron con discursos xenófobos”, ha aseverado el edil de EH Bildu Joxe Abaurrea.