Las declaraciones como acusados de David Sánchez y del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo abrirán el próximo 28 de mayo el juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la institución provincial pacense.

El magistrado de la Audiencia Provincial de Badajoz ponente de la causa, Emilio Serrano, ha fijado el calendario del juicio, que se celebrará del 28 de mayo al 4 de junio. Los 11 procesados en la causa, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, declararán los días 28 y 29 de mayo en la Audiencia pacense acusados de delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

El resto de investigados son cargos y exresponsables de diversas áreas de gestión de la Diputación de Badajoz, así como el exjefe de la Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de esta institución provincial Luis María Carrero, amigo de David Sánchez y quien anteriormente trabajó en el Ministerio de Presidencia.

Tanto el día 1 como el 2 de junio la vista acogerá la declaración de una quincena de testigos, entre los que figuran aspirantes al puesto que finalmente ocupó David Sánchez, el de coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación, y directores y exdirectores de los conservatorios.

Un día después, a tenor del calendario, declararán cuatro testigos más y nueve agentes de la Guardia Civil que participaron en las investigaciones de esta causa.

La última sesión se destinará a la presentación de los informes definitivos por las partes, entre ellas los de las siete acusaciones populares (Manos Limpias, HazteOir, Vox, PP, Iustitia Europa, Asociación Liberum y Fundación de Abogados Cristianos).

El caso

El auto de procesamiento argumenta que David Sánchez, teniendo “conocimiento previo” de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz se había “creado para él”, se presentó a la convocatoria “e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo”.

La jueza considera que la creación del puesto fue “a petición, seguramente, de persona o personas” del entorno de David Sánchez que “conocían la necesidad” de este, quien “en ese momento carecía de trabajo estable”.

Además, la creación de dicho empleo, decidida por Gallardo, la entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez, y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, tenía como “objetivo” que fuera ocupado por David Sánchez, quien dejó el cargo en febrero de este año.

La jueza también procesa a Luis María Carrero, quien, según la jueza instructora, habría utilizado la influencia derivada de “su amistad íntima” con David Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz.

La Fiscalía siempre ha mantenido archivar el procedimiento al entender que no existen indicios de criminalidad que permitan atribuir la comisión de los citados delitos. “Es absurdo prolongar el proceso” que está “condenado al fracaso”, afirmó el Ministerio Público en su escrito de petición de revocación del auto de procesamiento, así como de sobreseimiento libre.

El juicio supondrá el final de un largo camino de nueve años y medio, desde que en octubre de 2016 en la Diputación de Badajoz se barajara la creación del puesto de coordinador de los conservatorios de música. 

El exlíder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado por sorpresa su decisión de no tomar el acta en la Asamblea regional para “preservar la dignidad y recuperar la serenidad”. Lo ha hecho público en su perfil de la red social X donde ha colgado un comunicado. Gallardo fue candidato en las pasadas elecciones autonómicas del 21 de diciembre, en las que el PSOE sacó el peor resultado de su historia.

Tras aquel batacazo electoral, Gallardo presentó su dimisión como secretario general del partido en Extremadura. Su renuncia ahora al acta de diputado supone que perderá al condición de aforado.

Gallardo está imputado en el caso de la supuesta contratación irregular de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, de la que Gallardo fue presidente. El juicio está previsto que se celebre entre el 28 de mayo y el 4 de junio en la Audiencia Provincial pacense.

En concreto, está acusado de prevaricación y tráfico de influencias y junto a él se sentarán en el banquillo David Sánchez y nueve personas, principalmente cargos vinculados al PSOE, que participaron en la contratación del músico en 2017.

El pseudosindicato Manos Limpias ha liderado la acusación popular, que pide tres años de cárcel para el exlíder socialista y el hermano de Pedro Sánchez. Durante la instrucción, formaron también parte de la acusación Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Vox y el PP. Ahora, la Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado desunir la hasta ahora acusación popular, como habían solicitado los letrados de las distintas asociaciones y formaciones políticas, porque considera que la necesidad de garantizar el buen orden del proceso y de evitar dilaciones indebidas “ya no constituye un interés de primer orden” y no existe escollo jurídico alguno para ejercitar la labor de las acusaciones de forma individualizada.

Por su parte, la Fiscalía y las defensas en el proceso de David Sánchez reclaman la absolución.

Miguel Ángel Gallardo ha comunicado su renuncia este miércoles a la comisión gestora del PSOE de Extremadura, constituida tras su dimisión, y en las redes sociales ha asegurado: “Ha sido un honor servir y compartir tantos años de compromiso, esfuerzo y aprendizaje junto a tantas personas maravillosas. Pero hoy doy un paso al lado para preservar mi dignidad y recuperar la serenidad que me permita seguir adelante con la conciencia tranquila”.

El exlíder socialista ha explicado en el comunicado que su decisión no es “fruto de un arrebato ni de una circunstancia puntual”, pero lo cierto es que su cambio de opinión ha sido una sopresa. El pasado 22 de diciembre, cuando anunció su dimisión como secretario general del PSOE tras perder 108.000 votos y obtener 18 diputados (diez menos) defendió su intención de recoger su acta como diputado porque “otra cosa sería traicionar la confianza de las 136.000 personas que nos votaron porque les dije que trabajaría desde el Gobierno o desde la oposición”, dijo. Ahora, “tras un tiempo de reflexión”, asegura que su decisión es la “correcta en este momento”.

Además, niega de forma explícita que su intención haya sido nunca utilizar el cargo público para obtener un “aforamiento” o cualquier tipo de “privilegio” jurídico ante el juicio que tiene pendiente. “Con esta decisión quiero acallar definitivamente los bulos y desinformaciones que me situaban en el Senado y cortar de raíz los rumores sobre un supuesto aforamiento buscado o deseado por mi parte”, recoge el texto publicado en las redes sociales. Gallardo pide ahora “celeridad judicial” y manifista su “confianza” en la justicia.

El comunicado concluye asegurando que no es adiós definitivo de la política activa, sino “un punto y aparte”: “Siempre he estado a disposición de mi partido y siempre podrá contar conmigo”.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado la recusación planteada contra los magistrados de la Audiencia de Badajoz que forman la sala de enjuiciamiento en la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y el expresidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo.

En la resolución, la Sala Especial del TSJEx explica que no concurren motivos para considerar que se ha producido una pérdida de imparcialidad objetiva en los tres magistrados que conforman la sala de enjuiciamiento por el hecho de haber dictado otras resoluciones en el procedimiento de referencia.

El abogado de David Sánchez formalizó en noviembre del pasado año un incidente de recusación contra los magistrados de la Audiencia de Badajoz que juzgarán esta causa judicial, en la que figuran otros nueve procesados, al entender que existía “una pérdida de imparcialidad objetiva”. A dicho incidente se sumaron las defensas de otros procesados mientras que la Fiscalía propuso desestimar dichas solicitudes de recusación por considerar que no quedaba acreditada la concurrencia.

En su respectivos escritos, las defensas recordaron que los tres magistrados ya desestimaron sus recursos de apelación contra la jueza instructora de la causa, Beatriz Biedma, quien, a juicio, trasladó en sus autos un discurso de valoraciones de sesgo probatorio “que exceden en mucho del análisis del balance indiciario recomendable y predicable de esta especie de alzadas”.

A este respecto, la sala estima que algunas expresiones “no son del todo acertadas, pero no suponen la manifestación de un juicio o criterio previo que tengan formados los magistrados respecto de la presente causa”. A modo de ejemplo, las referencias al “hermanísimo”, en alusión a David Sánchez, en los autos “no son cosecha de los magistrados recusados, sino que así constan en muchos de los correos que obran en la causa”.

A juicio de las defensas, quienes integren el tribunal de enjuiciamiento de este proceso “han tenido acreditada intervención decisoria sustantiva en la fase de instrucción”, y sin embargo ahora “son designados para la celebración del juicio oral, acumulativamente”.

Los recusantes, según expone ahora la Sala Especial del TSJEx, sostienen que el conocimiento en profundidad de la causa impide que los magistrados recusados pueden enjuiciarla, ya que tienen un juicio preconcebido al no ver por primera vez las pruebas en la vista que se celebrará. “Ello no implica que su objetividad e imparcialidad estén afectadas, ya que será en el juicio cuando se practiquen realmente las pruebas y se formen los magistrados su opinión definitiva”, sostiene la sala.

Gallardo, que dejó la Secretaría General del PSOE extremeño tras los malos resultados electorales del pasado 21 de diciembre, es diputado electo del PSOE, por lo que, si recoge el acta, quedaría aforado y la causa pasaría del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz al TSJEx atendiendo al criterio jurisprudencial que fija la competencia del tribunal responsable del juicio. De momento, la fecha de inicio de la vista está prevista para el 28 de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz. 

El nuevo año judicial será decisivo para varios exministros y altos cargos vinculados al PP y al PSOE que afrontan resoluciones y juicios inminentes que pueden acabar con penas de cárcel. El Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre los recursos presentados por antiguos responsables políticos, mientras se enjuiciarán causas por corrupción que abarcan desde el uso irregular de dinero público hasta tramas de espionaje y tráfico de influencias. 

Para los primeros meses de 2026 está previsto el juicio contra el exministro socialista José Luis Ábalos, quien fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en la parte de la causa centrada en los contratos de mascarillas de la pandemia adjudicados a dedo por el ministerio de Transportes. Los dos primeros, que están en prisión provisional desde el pasado noviembre, se enfrentan a condenas de hasta treinta años de cárcel. 

Aunque está fuera del Gobierno desde 2021 y fue expulsado del PSOE el pasado junio, Ábalos fue una figura clave en el ascenso de Pedro Sánchez: ministro, secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza del presidente del Gobierno. Fue él quien defendió en el Congreso la moción de censura que logró sacar al PP de Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa en 2018 precisamente con un discurso basado en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. 

Su imagen en el banquillo acusado de favorecer al comisionista Aldama a cambio de mordidas y otras prebendas será un duro golpe para el Gobierno, que tendrá que afrontar las sesiones del juicio mientras salen a la luz nuevas revelaciones de la otra parte de la causa, la centrada en el presunto amaño en las adjudicaciones de obra pública y en la que está investigado también Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE y que pasó casi cinco meses en prisión preventiva. 

Ábalos está en la misma situación desde el pasado noviembre. Tras el juicio, lo previsible es que en verano llegue la condena, que será firme al ser del Tribunal Supremo, lo que augura que pasará mucho tiempo en prisión a la espera del avance del resto de procedimientos que tiene abiertos. En esta vista se sustanciará su relación con el empresario Aldama, el “nexo corruptor”, según la Guardia Civil, a cambio de comisiones, y se analizarán los contratos de mascarillas que dos entes dependientes de su departamento —Adif y Puertos del Estado— también adjudicaron a la empresa de la trama junto a la contratación de una de sus supuestas exparejas en empresas públicas. 

Vuelve la guerra sucia del PP

Más de una década ha tenido que transcurrir para que se juzguen otros hechos que, sin embargo, devuelven a la actualidad uno de los episodios más oscuros de la democracia reciente. En abril comenzará la vista oral por Kitchen, la operación orquestada desde el Gobierno de Mariano Rajoy para sabotear el caso de corrupción más grave en la historia del Partido Popular, el de su financiación irregular o caja B. 

En el banquillo se sentarán los mandos policiales que integraron la brigada política que orquestó el PP cuando llegó al Gobierno en 2012 para atacar primero a los independentistas catalanes y luego a Podemos. Entre medias, todos ellos participaron presuntamente en una maniobra para hacer desaparecer las pruebas que guardara el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y que pudieran incriminar al partido y sus dirigentes en la causa abierta por financiación ilegal. 

Las mayores penas de cárcel que solicita la Fiscalía Anticorrupción son para el ex jefe operativo de esos policías, el comisario Eugenio Pino, y para los máximos responsables políticos del Ministerio del Interior, su titular, Jorge Fernández Díaz, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Para los tres, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel. La última vez que un ministro del Interior se sentó en el banquillo fue por el terrorismo de Estado de los GAL durante el Gobierno de Felipe González. Como entonces, ahora también los supuestos delitos de la Operación Kitchen se sufragaron con dinero público de los fondos reservados. 

La vista comenzará el 6 de abril y se extenderá hasta finales de mayo. Comparecerán como testigos el expresidente Rajoy y sus segundas en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y en el partido, María Dolores de Cospedal, para quien el actual juez del caso deberá decidir próximamente si cambia su situación a imputada a la vista de nuevas revelaciones y una solicitud del PSOE. Entre los policías juzgados estarán el excomisario Villarejo, el ex chófer de Bárcenas Sergio Ríos y José Luis Olivera, de actualidad reciente por su participación en el montaje contra Miguel Urbán y Podemos. 

La corrupción del PP de Madrid, 12 años después

A hechos aún más antiguos alude la pieza ‘Waiter Music’ del caso Púnica que sentará en el banquillo a partir del 19 de enero al ex secretario general del PP en la Comunidad de Madrid y antiguo consejero de Justicia Francisco Granados. La macrocausa de corrupción contra el PP madrileño de Esperanza Aguirre cumplió en octubre 11 años desde que se produjeran las primeras detenciones y aún restan varios juicios por celebrarse. 

La Fiscalía Anticorrupción pide este caso para Granados seis años de cárcel por dos delitos de fraude en la contratación y otros tantos de prevaricación. El que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre ya fue condenado a dos años de cárcel en otra pieza del caso, por el chivatazo de un guardia civil cuando estaba siendo investigado. Granados habría maniobrado para que varios ayuntamientos del PP y un ente regional contrataran en las fiestas de las localidades a Waiter Music, la empresa de su amigo José Luis Huerta que no será juzgado porque falleció en 2020. 

Junto a Granados se sentarán en el banquillo el ex senador y antiguo diputado regional David Erguido, que también ejerció como asesor de Esperanza Aguirre, y once personas más, entre ellas, seis alcaldes del Partido Popular cuando el poder de la formación en la región madrileña ya era omnímodo. Se trata de los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno; los antiguos regidores de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz; la exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera, y el de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada. 

Los antiguos alcaldes se enfrentan a peticiones de dos años de cárcel o simplemente de inhabilitación por parte de Anticorrupción. Sin embargo, la acusación popular, que ejerce Adade, solicita penas de entre 13 y 27 años de cárcel para algunos. 

El hermano de Sánchez, en el banquillo

Como ocurre con la agilidad en el Tribunal Supremo a la hora de juzgar a Ábalos el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez no se dilatará tanto tiempo en la Audiencia Provincial de Badajoz. Se sentarán en el banquillo 11 personas después de que la instructora del caso concluyera que la Diputación de Badajoz creó la plaza de responsable de los conservatorios para que la ocupara David Sánchez y que este se presentó al proceso de selección y a la entrevista “para simular la legalidad formal del procedimiento”.

El candidato socialista a la Junta de Extremadura en las últimas elecciones, José Miguel Gallardo, concurrió procesado porque la jueza Beatriz Biedma concluyó que resulta “inverosímil” que, como presidente de la Diputación, no supiera que el fin de la creación del puesto era que recayera en el hermano de Pedro Sánchez, ya que se conocía “de forma generalizada”. También le acusaba de haber participado “directamente” en los hechos al tener la competencia para el nombramiento. Gallardo ha dimitido de su puesto de secretario general del PSOE extremeño después de haber cosechado el peor resultado de la historia en la comunidad autónoma. 

Una denuncia de Manos Limpias que incluía informaciones falsas originó el procedimiento. El pseudosindicato ultra pide 3 años de cárcel para David Sánchez por delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal. La Fiscalía dice que el auto de procesamiento de la jueza está plagado de “conjeturas” y solicita la absolución para todos los acusados. 

Los ministros de Aznar

En los próximos meses dos pesos pesados del Gobierno de José María Aznar se juegan su entrada en prisión. El Tribunal Supremo decidirá sobre los recursos a la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid contra Rodrigo Rato en el caso de su fortuna personal. El tribunal condenó al exvicepresidente del Gobierno a 4 años y 9 meses de prisión por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, por ocultar patrimonio en el extranjero. El Supremo ya confirmó la condena a cuatro años y medio de cárcel contra Rato por las 'tarjetas black', causa por la que ya cumplió su pena de prisión. 

Por su parte, Eduardo Zaplana se enfrenta a cumplir diez años y cinco meses de cárcel por los delitos a los que le condenó la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia: prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. El tribunal también le impuso una multa superior a los 25 millones de euros como responsable del cobro de sobornos entre 1997 y 2000, cuando ocupaba el puesto de presidente autonómico en una trama de adjudicación de las estaciones de servicio de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Zaplana, al que controvertidos informes médicos sobre su estado de salud le evitaron la prisión en el pasado, podría ingresar en la cárcel si el Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial.

La Fiscalía ha propuesto desestimar las solicitudes de recusación contra los magistrados de la Audiencia de Badajoz que juzgarán la causa por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación pacense.

En un escrito remitido a la Sección Primera de la Audiencia de Badajoz, el Ministerio Fiscal considera que no está acreditada la concurrencia de la causa de recusación, la cual habían pedido las defensas tanto de David Sánchez como de otros cuatro de los procesados.

Expone la Fiscalía que las recusaciones elevadas ponían “en tela juicio” la “imparcialidad subjetiva” de los magistrados, la cual “debe presumirse mientras no se demuestre lo contrario”. La parcialidad, tal como manifiesta el Ministerio Fiscal, “ha de ser acreditada mediante datos objetivos”. Sin embargo, las alegaciones efectuadas por las defensas “no son suficientes para poner en duda esa imparcialidad”.

En el incidente de recusación presentado por el letrado de David Sánchez se exponía que los tres magistrados que juzgarán la causa ya intervinieron en la desestimación del recurso de apelación -también presentado por esta parte- contra la jueza instructora de la causa, beatriz Biedma. “Han tenido acreditada intervención decisoria sustantiva en la fase de instrucción”, y sin embargo ahora “son designados para la celebración del juicio oral, acumulativamente”, exponía la defensa de David Sánchez.

La petición de desestimar la recusación, así como las solicitudes a favor de apartar a los magistrados del tribunal, ya han sido remitidos a la Sección para que estos se pronuncien. 

El juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su presunta contratación irregular en la Diputación pacense se celebrará finalmente del 28 de mayo al 4 de junio de 2026, tras posponerlo la Audiencia de Badajoz por la imposibilidad de algunos letrados de la causa al coincidirles otras vistas en las fechas inicialmente previstas. En un principio el tribunal provincial iba a acoger el juicio entre el 9 y el 14 de febrero.

En la citada causa también figura como procesado el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE de Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta en los comicios adelantados de diciembre, que será juzgado en esas mismas fechas.

Según el auto fechado este miércoles de la Audiencia de Badajoz, tras “aportarse fechas de los respectivos señalamientos” de los abogados, tal y como “se había requerido a los diferentes letrados personados en estas actuaciones”, y después de que se hubiera solicitado la suspensión del juicio, se ha decidido suspenderlo y señalarlo nuevamente los días 28 y 29 de mayo y del 1 al 4 de junio.

Todo ello tras no disponer los letrados de otras fechas libres, “algo inevitable al ser tantas las partes personadas”, en opinión de la Audiencia. La decisión se puede impugnar mediante interposición de recurso de reposición en tres días ante este órgano judicial. 

El abogado de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha formalizado un incidente de recusación contra los magistrados de la Audiencia de Badajoz que juzgarán la causa judicial de su contratación en la Diputación Provincial por la pérdida de imparcialidad objetiva.

En el escrito señala que los tres magistrados desestimaron su recurso de apelación contra la jueza instructora, Beatriz Biedma. Todo ello, argumenta el letrado, en un trámite “tan esencial como es el relativo a la sustanciación y fallo del recurso de apelación contra el auto denominado de acomodación en procedimiento abreviado, deslizándose en su discurso valoraciones de sesgo probatorio que exceden en mucho del análisis del balance indiciario recomendable y predicable de esta especie de alzadas”.

“Este presupuesto y la documental incluida, inspiradores de la recusación que se formula, se refuerzan además con la jurisprudencia en esta materia”, afirma.

El escrito recuerda que tres de los cuatro magistrados que firmaron el auto que resolvía la apelación serán quienes integren el tribunal de enjuiciamiento de este proceso, por lo que “han tenido acreditada intervención decisoria sustantiva en la fase de instrucción”, y sin embargo ahora “son designados para la celebración del juicio oral, acumulativamente”.

El texto remite a la jurisprudencia que considera que “la imparcialidad puede verse comprometida cuando el tribunal competente para la resolución del recurso adopta decisiones que suponen una valoración provisional de la culpabilidad que no ha sido previamente adoptada por el juez instructor, pues ello implica una toma de contacto con el material instructorio y una valoración del mismo desde esa perspectiva”.

El abogado insiste en que los magistrados recusados “ya han tenido un contacto previo con el 'thema dicidendi'” al resolver el recurso de apelación contra el auto que transformaba las diligencias en un procedimiento abreviado.

Este escrito de recusación se une al que presentó este lunes la defensa de Juan Cintas, que fuera directora del Área de Recursos Humanos en 2017, fecha de creación del puesto de trabajo de coordinador de las actividades de los conservatorios de Badajoz y la posterior concesión al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El juicio se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026 en la Audiencia Provincial y, además de David Sánchez, está procesado el expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones del próximo 21 de diciembre.

La magistrada Beatriz Biedma Rojano ha sido designada jueza decana de Badajoz por la Junta General de Jueces de este partido judicial. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha conseguido 20 votos de los 25 posibles. Su nuevo nombramiento tiene que ser ratificado por el Consejo General del Poder Judicial y publicado en el BOE

En estas elecciones estaban llamados a votar todas las magistradas y magistrados titulares de los órganos unipersonales de Badajoz, así como los jueces de adscripción territorial que están en funciones de sustitución. No obstante, el censo total de miembros de la judicatura con derecho a voto eran 25.

La de Beatriz Biedma Rojano era la única candidatura que se ha presentado y la elección ha quedado con 20 votos a favor de esta candidatura, dos votos en blanco y tres abstenciones, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

La magistrada ingresó en la carrera en el año 2002 y su primer destino fue el Juzgado de Instrucción de Torrox (Málaga), en Extremadura ha estado destinada en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Valencia de Alcántara (Cáceres) y Almendralejo (Badajoz) y desde el 2011 ocupa la plaza del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.

Biedma ha sido la encargada de investigar la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, una investigación en la que ha acabado acusado de prevaricación y tráfico de influencias junto al secretario regional del PSOE y candidato en las elecciones autonómicas de 21 de diciembre, Miguel Ángel Gallardo.  Hay otros nuevo imputados, todos ellos cargos socialistas y trabajadores en la institución provincial en el momento de la contratación de David Sánchez.

La magistrada dio por concluida la instrucción a principios de noviembre y la envió a la Audiencia Provincial, que ya ha fijado la fecha para el juicio oral: será eentre el 9 y el 14 de febrero.

Una de las defensas en la causa judicial por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha presentado un escrito de recusación hacia los magistrados ponentes de la Audiencia pacense, que debe juzgar los hechos.

El escrito de incidente de recusación ha sido presentado por el letrado de Juana Cintas, la que fuera directora del Área de Recursos Humanos en 2017, fecha de creación del puesto de trabajo de 'coordinador de las actividades de los conservatorios' de Badajoz y la posterior concesión a David Sánchez. En concreto, el abogado ha presentado escrito de recusación tanto del magistrado presidente de la Sala de la Audiencia, José Antonio Patrocinio, como de los magistrados ponentes Emilio Serrano y Dolores Fernández.

Estos magistrados ya desestimaron “con una amplísima motivación poco frecuente” el recurso de apelación interpuesto por esta defensa contra el auto de procesamiento de la causa contra Cintas -por su presunta participación en la comisión de un delito de prevaricación administrativa- y el rechazo que dieron a una prueba pericial, según se detalla en el escrito.

A juicio de esta defensa, el hecho de que los magistrados utilizaran diversas expresiones, como “claramente,” para avalar sus rechazos “revela, sin duda, la existencia de un prejuicio ya sólidamente adquirido; o ”intento de justificación“ e incluso ”finalidad torticera“ que suponen ”prejuzgar el elemento subjetivo del delito“ por el que se le acusa.

“No existe una actitud neutra respecto de las posiciones de las partes en el proceso”, expone el letrado, quien se pregunta “cómo es posible, para esta defensa, afrontar con suficientes garantías de imparcialidad la celebración del juicio oral, si en el auto de 23 de septiembre de 2025 -de confirmación del procesamiento- ya se han concluido cuestiones que claramente afectan a los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales por los que se acusa”.

El juicio por la causa de la contratación en la Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026. La Audiencia de Badajoz ha dictado diligencia de señalamiento para el juicio oral en la citada causa, en la que también figura como procesado el expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y candidato a la Presidencia de la Junta en los comicios adelantados en esta comunidad autónoma.

El juicio, cuyo procedimiento ha dirigido la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, tendrá lugar en la Audiencia de Badajoz. 

La candidata del PP y presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha subrayado que la candidatura del socialista Miguel Ángel Gallardo a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre es una “imposición de Ferraz” porque su futuro judicial está “ligado” al de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. “Entenderán que es mejor no tener lío con Gallardo”, ha señalado Guardiola en una entrevista este viernes en el espacio 'Espejo Público' de Antena 3.

Guardiola ha recalcado que el cartel electoral del PSOE es el de “un imputado”, por lo que le “sorprende bastante” que el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez apoye a Gallardo, ya que, a su juicio, las instituciones deben estar antes que las personas. Y en este caso utilizaron la Diputación de Badajoz para crear una plaza “ad hoc” para David Sánchez, ha aseverado.

Guardiola ha rechazado que haya adelantado las elecciones por “tacticismo” para aprovecharse de esta causa judicial y ha reiterado que la convocatoria ha sido para evitar el bloqueo presupuestario.

La candidata del PP ha considerado que Rodríguez Ibarra, que dijo ayer que “ojalá no se haya equivocado” con el adelanto electoral, porque si nadie saca mayoría absoluta habría que volver a las urnas, incurre en “cierta incoherencia”, ya que él está exigiendo elecciones a nivel nacional.

Sobre el aplazamiento del mitin del PSOE este miércoles en Mérida, en el que iba a participar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Guardiola, ha opinado que el justificante del temporal de lluvia “no les ha venido mal”. “No tendrían buenas expectativas de llenar el auditorio”, ha apuntado la dirigente del PP, que señalado que en Mérida no llovió tanto en otros puntos de la región, como Cáceres.

Guardiola ha vuelto a rechazar el debate propuesto por RTVE para no participar en el “circo” de Pedro Sánchez, que “mueve los hilos” desde Madrid, ya que las elecciones son regionales y debe ser en el canal autonómico.

Por otro lado, ha considerado que tras la petición oficial de la prórroga de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) por parte de las compañías eléctricas propietarias, “el Gobierno se queda sin excusas”. En su opinión, ahora están “tramando ahora cómo ganar el relato”. “Para ti la perra gorda, para ti el relato”, ha añadido, porque lo importante es el futuro de 4.000 familias.

También se ha referido a la ruptura de Junts con el Gobierno. “Cuando uno se agarra al chantaje para gobernar, lo lógico es que gane el chantaje y pierda el Gobierno”, ha opinado Guardiola, que ha pedido que convoque elecciones. 

Ya hay fecha para el juicio oral por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. La Audiencia Provincial lo ha fijado del 9 al 14 de febrero. También se sentarán en el banquillo el secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que para entonces habrá revalidado su acta como diputado autonómico y será aforado al ser el candidato socialista en las elecciones a la Junta de Extremadura del 21 de diciembre, y otras nueve personas.

La jueza Beatriz Biedma dio por concluida la instrucción el pasado martes y remitió el caso a la Audiencia, que ha designado como ponente al magistrado Emilio Serrano Molera, conocido por ser el juez en el caso del asesinato de Manuela Chavero, la vecina desaparecida en Monesterio (Badajoz).

Tanto David Sánchez como Gallardo están acusados de prevaricación y tráfico de influencias. Las acusaciones, lideradas por Manos Limpias, piden tres años de prisión para ambos.

El abogado del músico presentó el lunes su escrito de defensa y solicitó su libre absolución al entender que no había delito. En su escrito de conclusiones provisionales, el letrado Emilio Cortés insiste en que no se ha acreditado, “ni siquiera indiciariamente, influencia con sesgo delictivo” en la creación o adjudicación de los procesos administrativos investigados.

Además, Sánchez pide que de las pruebas documentales se exceptúen los correos electrónicos intervenidos por la UCO en la causa al considerar que la autorización judicial “lesionó derechos fundamentales de los investigados”.

El secretario regional del PSOE, que era presidente de la Diputación de Badajoz cuando el hermano del presidente del Gobierno fue contratado como responsable de los conservatorios de la institución, también pidió su libre absolución. En su escrito, asegura que no conocía al músico cuando fue contratado, que Pedro Sánchez no tenía entonces cargos orgánicos en el PSOE y que en las primarias apoyó a su contrincante, Susana Díaz.

La jueza que ha llevado a cabo la instrucción del caso durante un año y medio decidió el pasado abril, en una decisión avalada por la Audiencia de Badajoz en septiembre, procesar a las 11 personas que en la segunda semana de febrero se sentarán en el banquillo de los acusados. Biedma explicó en ese auto que había “indicios suficientes” sobre el “presunto carácter delictivo de la conducta imputada”.

La instructora considera que la Diputación de Badajoz creó la plaza de responsable de los conservatorios para David Sánchez y que este se presentó al proceso de selección y a la entrevista “para simular la legalidad formal del procedimiento”. Además, asegura que el cambio de denominación de su puesto de trabajo, que pasó a ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas, se llevó a cabo por su “influencia” en la institución al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus “preferencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la Ópera, y, en segundo lugar, al conseguir que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente en el proyecto Ópera Joven fuera contratada por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho”, en referencia a Luis Carrero, su amigo personal y extrabajador de Moncloa.

Respecto al presidente de la Diputación de Badajoz, el auto recoge que resulta “inverosímil” que Miguel Ángel Gallardo no supiera que el fin de la creación del puesto era que recayera en el hermano de Pedro Sánchez, puesto que era algo que se sabía “de forma generalizada”, y que no participara “directamente” en los hechos al tener la competencia para el nombramiento y cese del personal de alta dirección.

Para las defensas y la Fiscalía, el auto de procesamiento está repleto de “conjeturas”. De hecho, la Fiscalía de Badajoz presentó un recurso en el que advertía que no había “auténticos indicios de criminalidad” en la causa. Los supuestos que se consideraron suficientes para iniciar el procedimiento, “no cuentan —ni siquiera con la provisionalidad propia de esta fase procesal— con el respaldo fáctico necesario para concluir que el puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios fuera creado ad hominem, esto es, a la carta, con el objetivo de beneficiar a David Sánchez Pérez-Castejón”, sostuvo el Ministerio Público en su escrito.

Hay que recordar que la causa contra David Sánchez se inició a raíz de una denuncia con recortes de prensa del pseudosindicato ultra Manos Limpias. Además, de por esta organización, la acusación la forman Vox, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y el PP .

La jueza que lleva el caso de la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz, ha dado por concluida la fase de instrucción y ha remitido el procedimiento a la Audiencia Provincial. Tras el escrito de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, con fecha 4 de noviembre, la Audiencia pacense deberá decidir la fecha del juicio.

Ante la decisión de la jueza Beatriz Biedma, una vez que ha recibido los últimos escritos de las defensas, cabe interponer recurso de reposición en un plazo de tres días. La magistrada dictó el pasado mes de abril un auto de procesamiento contra David Sánchez y otras 10 personas por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y un mes después decidió la apertura del juicio oral contra ellos. La Audiencia Provincial respaldó en septiembre la posición de la jueza.

Entre las personas procesadas, está el líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que era presidente de la Diputación de Badajoz cuando sucedieron los hechos y que será el candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

El auto de procesamiento argumenta que David Sánchez, teniendo “conocimiento previo” de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había “creado para él”, se presentó a la convocatoria “e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo”.

La jueza considera que la creación del puesto fue “a petición, seguramente, de persona o personas” del entorno de David Sánchez que “conocían la necesidad” de este, quien “en ese momento carecía de trabajo estable”. Además, la creación de dicho empleo, decidida por Gallardo y las entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez; y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, tenía como “objetivo” que fuera ocupado por David Sánchez.

La jueza también procesa a Luis María Carrero, que fue empleado del Ministerio de Presidencia. Según la jueza, Carrero habría utilizado la influencia derivada de “su amistad íntima” con David Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz.

La acusación popular pide tres años de prisión tanto para David Sánchez como para Gallardo. 

Los encausado han solicitado su libre absolución. En el caso del hermano del presidente del Gobierno, su defensa insiste en que no hay delito y ha reclamado que se excluyan los correos electrónicos intervenidos por la UCO porque “se lesionaron los derechos fundamentales de los investigados”.

El que fuera presidente de la Diputación y actual secretario regional del PSOE ha negado los delitos que se le atribuyen, asegura que no conocía a David Sánchez y en su escrito de defensa llama la atención sobre cómo la causa se inició por un presunto delito del músico contra la Hacienda Pública y ha acabado en un procedimiento por prevaricación, tráfico de influencia y nombramiento ilegal.

La defensa de tres de los once investigados en la causa judicial por la contratación de David Sánchez en la Diputación pacense, en concreto tres altos cargos de la institución provincial, han pedido su absolución al considerar que no son responsables de delito alguno.

En su escrito de conclusiones provisionales, enmarcado en la fase previa a la fijación de fecha para el inicio de la vista oral, el letrado expone que no existen responsables criminales en ningún concepto, puesto que no existe delito alguno, por lo que solicita la libre absolución para sus patrocinados.

Se trata, atendiendo al momento de los hechos juzgados, de la que fue directora del Área de Cultura, Emilia Parejo (actual directora de Igualdad); el exjefe de Servicio de Actividades Culturales Manuel Candalija (ahora director de Cultura), y el diputado provincial de Cultura, Francisco Martos.

La acusación popular, liderada por Manos Limpias, solicita un año y medio de prisión para los tres e inhabilitación para cargo público al entender que Emilia Parejo y Francisco Martos “fingieron un cambio de nomenclatura” en el puesto de David Sánchez, mientras que Candalija intervino en fijar los criterios de valoración para el citado puesto de trabajo.

Por contra, la defensa, en su argumentación para la solicitud de libre absolución, expresa que dicha acusación se sostiene en “una atomización de afirmaciones, la mayor parte de ellas falsas y el resto tergiversadas o sacadas de quicio y contexto”.

Todo ello, según añade, en el marco de un proceso que “llega a esta fase cuajado de conjeturas, pero de ninguna prueba concreta contra ninguno de los encausados”.

La acusación “añade una peculiar calificación jurídica y una gratuita y estrambótica petición de penas que persiguen causar un daño brutal, definitivo e irreparable a todos los encausados”, argumenta la defensa.

Así, detalla que en la propuesta y decisión plenaria posterior, de incluir el puesto 'Coordinador de Actividades de los Conservatorios', el que finalmente ocupó David Sánchez, era “plenamente oportuna y conveniente” y nunca “estuvo inspirada en dar satisfacción al interés particular” de este último.

Tampoco “se originó porque alguien” efectuara la petición de “la necesidad de sacar” a David Sánchez de “su supuesta inestabilidad laboral por la condición de ser hermano de Pedro Sánchez, quien ”estaba en las antípodas de la tendencia política imperante en la Diputación de Badajoz en aquel tiempo“, en alusión al apoyo que entonces daban los socialistas pacenses a Susana Díaz.

También es falso, argumenta la defensa, que la Comisión fijara criterios de valoración después de conocer los currículos. 

El abogado de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha solicitado la absolución en la causa abierta por su contratación en la Diputación de Badajoz al entender que no hay delito alguno.

En su escrito de conclusiones provisionales, enmarcado en la fase previa a la fijación de fecha para el inicio de la vista oral, el letrado Emilio Cortés considera que no se ha acreditado, “ni siquiera indiciariamente, influencia con sesgo delictivo” en la creación o adjudicación de los procesos administrativos investigados.

La Audiencia Provincial de Badajoz dictó el pasado mes de septiembre un auto de confirmación del procesamiento de David Sánchez y del expresidente de la Diputación pacense y actual líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Remitido a la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, el escrito de la defensa de David Sánchez recoge el rechazo al relato de hechos elevado por las acusaciones populares, que piden tres años de prisión tanto para David Sánchez como para Gallardo por los citado delitos. “Los hechos no son, en consecuencia, constitutivos de delito alguno, y al no existir delito no se establece régimen de autoría”, refleja el escrito, en el que el letrado insta a “la libre absolución” de su patrocinado.

Como medios de prueba para su práctica en las sesiones del juicio oral, de las que aún no hay fecha, Cortés propone el interrogatorio a los acusados, entre los que también figuran en la causa otros nueve investigados, la mayoría responsables o exaltos cargo de la Diputación, así como el exasesor de Moncloa Luis Carrero, quien también fue contratado en la Diputación de Badajoz. Del mismo modo, solicita la declaración como testigos de diez personas y de otras tres en calidad de testigos-peritos.

Entre los primeros figuran los directores de los dos conservatorios de música, María del Rosario Mayoral y Yolanda Sánchez; el exdirector de uno de los conservatorios Evaristo Martí, el director del área de Presidencia, Julián Expósito, y el jefe de Recursos Humanos de la Diputación pacense, José Ramón Suárez Arias.

También figura Nersés Avakimyán, una de las personas que se presentaron al proceso de elección al puesto de coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, que finalmente fue asignado a David Sánchez.

En cuanto a las pruebas documentales, Cortés solicita que se exceptúen los correos electrónicos intervenidos por la UCO en la causa al considerar que la autorización judicial “lesionó derechos fundamentales de los investigados”.

La Audiencia de Badajoz ya rechazó -antes de la apertura del juicio oral- el recurso de petición del sobreseimiento elevado por Emilio Cortés, donde se exponía la “inexistencia de indicios” de delitos y subsidiariamente se pedía la nulidad del procedimiento. Sin embargo, la Audiencia considera que “existen indicios suficientes” sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas.

En su auto, los magistrados agruparon en tres bloques los indicios basados en declaraciones y documentos expuesto en el auto de la magistrada que transformaba la instrucción en procedimiento abreviado. En el primero de ellos se hacía referencia a la propuesta de creación de la plaza de coordinador de actividades entre los conservatorios, la cual “no estaba justificada” y que el trabajo de éste no se prestó de forma habitual en Badajoz y que su puesto de trabajo fue “adaptado a las exclusivas preferencias personales” de David Sánchez.

El segundo bloque de indicios que sostienen el procesamiento se refiere al cambio de denominación del citado puesto de trabajo, pues pasó de coordinador de las Actividades de los Conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Expone la Audiencia que en el auto de la jueza vienen reflejadas varias irregularidades, como “disfrazar de simple el cambio de denominación lo que en realidad era una auténtica creación de puesto, y todo ello a fin de ocultar la verdadera realidad”.

El tercer apartado fáctico de imputaciones se refiere a la aparición en el organigrama del puesto de “sección de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas”, que recayó en Luis Carrero. “Existen incluso correos de los que se deduce una relación personal muy cercana entre ellos, llamando don Luis (Carrero) a don David (Sánchez) como 'hermanito'”, detalla el auto. 

El PP le ha cogido el gustillo a usar la inteligencia artificial para sus vídeos de redes sociales. En esta ocasión, los de Alberto Núñez Feijóo han recurrido a esta tecnología para retratar como personajes de terror de la mítica Familia Addams a parte del Gobierno y de la familia del líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para felicitar “a casi todos” Halloween, que se celebra este mismo viernes.

Con la ultraconocida melodía de la saga creada por Charles Addams, el PP muestra en este vídeo lo que ellos consideran que están en Moncloa y que han decidido llamar “La familia Sánchez”. Así, los conservadores caracterizan como personajes de terror al propio Sánchez junto a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a los ministros Félix Bolaños y Óscar Puentes además de su hermano David Sánchez y su pareja Begoña Gómez. José Luis Ábalos y Santos Cerdán también aparecen en el montaje.

A Ábalos, el PP lo disfraza de tío Fétido aunque ellos lo llaman “Bábalos. El terror de las chistorras”, en referencia al último informe de la UCO de la Guardia Civil. Para los de Feijóo, Begoña Gómez es Morticia Addams o “Catedralicia Gómez. Coleccionista de imputaciones”.

El siguiente es Óscar López disfrazado del mayordomo Lurch, al que califica de “Óscar Miente. Siniestro de transportes”. A la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la llaman “Miércoles J. Montero”, en referencia a la hija mayor de los Addams, y el PP añade la pullita de “Chiqui, la muñeca diabólica”.

El ministro de Justicia es, para los conservadores, “Infeliz Bolaños. Solo tiene gafas para su amo” y aparece caracterizado como el hijo menor de la familia, Pugsley. Santos Cerdán es Cosa, que aparece con un billete de cien euros, “o lo que queda de él”, para recordar así que está en prisión desde el pasado mes de julio.

También hace una aparición en el vídeo del PP David Sánchez, como un fantasma, del que dice que es “'el hermano del soberano. Va como Pedro por su casa”. Y, por último, el propio Sánchez, “el Uuuuuno”, y el patriarca de la familia: “Tu pesadilla y cada día la de más gente”.

El PP defiende el uso de la IA para llegar a nuevos públicos

Esta no es la primera vez que el PP recurre a la IA para crear un vídeo para atacar el Gobierno. El pasado mes de marzo, la entonces secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ya defendió el uso de esta tecnología en sus campañas en redes sociales como una manera “más fácil y eficaz” de llegar a determinados sectores de la sociedad. “Estamos en un mundo donde la comunicación evoluciona y sumar también a la comunicación más tradicional la utilización de nuevas posibilidades permite llegar de una manera más fácil y más eficaz a algunas partes de la sociedad española”, explicó.

El pasado mes de febrero, se lanzaron al uso de esta tecnología con dos vídeos: el primero uno de José Luis Ábalos prácticamente estático sobre “tus impuestos” y el segundo que combinaba cifras y rótulos con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras bañándose en una piscina llena de oro en el exterior de Moncloa. Aunque, fue con el tercero, el de La isla las corrupciones, que acaparó titulares y llegó a traspasar fronteras generando una crisis diplomática con República Dominicana, provocando que retirase el vídeo.

Desde entonces, sacaron uno por el 8M con La manifestación que no verás hoy con varios dirigentes o exdirigentes de la izquierda en la manifestación con motivo del día de las mujeres o a Pedro Sánchez junto al exministro José Luis Ábalos con un “catálogo” de mujeres en referencia al caso Koldo.

En junio, recrearon con IA los supuestos viajes de Sánchez con Koldo García, Cerdán y Ábalos en el famoso Peugeut: “Queda UNO para que caiga toda la banda”. Una imagen que han recuperado durante esta semana con motivo de la comparecencia del presidente en la comisión de investigación en el Senado.

El secretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha solicitado su libre absolución en el caso que investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la institución provincial.

La jueza que ha llevado la instrucción, Beatriz Biedma, decidió procesar a Gallardo, Sánchez y nueve trabajadores de la Diputación, cuyo juicio, de celebrarse, tendrá lugar en la Audiencia Provincial. La magistrada atribuye al líder de los socialistas extremeños los presuntos delitos prevaricación y tráfico de influencias, al igual que al músico.

Ahora, el abogado de Gallardo ha enviado un escrito de defensa al juzgado, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que solicita la libre absolución al considerar que no existe delito alguno por parte de su defendido. En primer lugar, sostiene que fue el pleno de la Diputación el que decidió en diciembre de 2016 crear la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, que ocupó David Sánchez, después de que su Gobierno acordara una modificación de la relación de puestos de trabajo en la institución provincial.

En el escrito, la defensa asegura que el presidente de la Diputación y el hermano del presidente del Gobierno no se conocían en ese momento, y que el motivo de la creación de la plaza no obedeció a peticiones “del entorno”. En este sentido, recuerda que Pedro Sánchez “no desempeñaba ningún cargo en el Partido Socialista Obrero Español al haber sido forzado a dimitir en el Comité Federal celebrado el 1 de octubre de 2016”.

Gallardo también subraya, a través de su abogado, que en la primavera de 2017, cuando se publicaron las bases para cubrir el puesto, tampoco conocía al músico y aún no se habían celebrado las primarias en el PSOE, un proceso en el que el político extremeño apoyó a Susana Díaz.

El secretario regional del PSOE niega que haya existido una “relación personal” con David Sánchez, como se indica en el escrito de acusación, y que una vez que este se convirtió en trabajador de la Diputación, la relación “fue la propia y habitual entre el presidente de la Corporación y el resto del personal directivo de esta, sin que [...] tuviese a su cargo vigilar ni la observancia de los horarios, ni la asiduidad de la presencia, ni cualesquiera otras de las obligaciones laborales” del músico.

Respecto a la modificación del nombre del puesto de David Sánchez, que pasó de ser coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, “no hay atisbo de ilegalidad”: “No pasó de consistir en un cambio de denominación y en la adición de una referencia a las artes escénicas de carácter lírico musical”, se recoge en el escrito. Además, la defensa afirma que el procedimiento se ajustó “escrupulosamente” a la ley y contó con el visto bueno de “los señores diputados, que votaron a favor de la modificación y que, felizmente para ellos, no han sido imputados en esta causa”.

Por último, la defensa de Gallardo se refiere a la creación de la Jefatura de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, que ocupó Luis Carrero, exasesor de Moncloa y amigo de David Sánchez, a través de una comisión de servicio, y asegura que fue una actuación administrativa legal.

El abogado concluye con una llamada de atención sobre la “transmutación de la causa”, iniciada por una denuncia de Manos Limpias con recortes de prensa “dirigida por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, fraudes y exacciones y legales y malversación frente a David Sánchez Pérez-Castejón, y devenida hoy en un procedimiento en el que se postula la existencia de prevaricaciones sin resoluciones injustas, nombramientos ilegales para cargos de designación discrecional y tráficos de influencias en los que no hay atisbo de relaciones de prevalimiento”.

“Si un diputado tiene a su mujer en un juzgado hay que pedirle el acta, sea del partido que sea”. El pasado miércoles, ante la prensa y en el Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo comentaba el último movimiento del juez Juan Carlos Peinado, que ha enseñado a Begoña Gómez el camino hacia un tribunal del jurado, y establecía un nuevo listón en política: si un político tiene a un familiar “en un juzgado”, debe dimitir. “¿Cuántos gobiernos democráticos soportarían tener en el banquillo a un familiar directo del presidente?”, se planteó. Un listón que, a día hoy, no consiguen franquear algunas de las caras visibles de su partido con familiares directos pendientes de juicio o ya de sentencia.

Las consecuencias que la imputación de un familiar debe tener para un representante público en activo es un debate que sobrevuela desde hace décadas la política española. Desde que Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno con el PSOE de Felipe González que abandonó el Ejecutivo en 1991 en plena investigación a su hermano Juan, distintos casos han pasado por encima y por debajo del radar hasta que, en el último año, las causas abiertas contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno han convertido la imputación de familiares en causa de petición de dimisión para un político.

Diversos cargos y dirigentes del Partido Popular se encuentran en esa situación exacta que describió Feijóo hace unos días desde las tripas del Congreso de los Diputados sin que la formación haya instado algún tipo de paso atrás para ellos. El ejemplo más claro es la presidenta de la Comunidad de Madrid. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, está a la espera de ser juzgado por defraudar 350.000 euros usando facturas falsas, además de investigado en una segunda causa por posible corrupción en sus negocios con el gigante sanitario Quirón.

El partido de Alberto Núñez Feijóo ha respaldado plenamente a la presidenta regional tanto a la hora de asegurar que su pareja es un “ciudadano particular” como cuando Ayuso denunció ser víctima de una conspiración del aparato del Estado. Feijóo llegó a decir que era algo “absolutamente machista” intentar responsabilizar a la líder del PP madrileño de los problemas legales de su pareja. A un portavoz del Gobierno de Ayuso le preguntaron esta semana expresamente por las palabras de Feijóo y respondió que no se daban “por aludidos”.

El partido solo ha pisado el freno cuando el entorno de la presidenta regional, a través de su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez, ha dirigido sus balas contra la magistrada que ha abierto juicio oral contra él. “No hay lawfare”, dijo hace unos días su portavoz Ester Muñoz cuando vio que el discurso judicial de Rodríguez se acercaba al de sus rivales socialistas. La diferencia entre Alberto González Amador y Begoña Gómez, según Feijóo, es que el primero no es “un cargo público”.

No hubo tampoco marejada interna en el Partido Popular cuando elDiario.es desveló en exclusiva que la Audiencia Nacional acusaba al marido de Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella y senadora por el PP, de formar parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Lars Gunnar Broberg falleció en 2023 pero su hijo, e hijastro de Muñoz, fue juzgado el pasado verano y está a la espera de sentencia. Muñoz, una vez desvelado el caso, repitió como candidata a la alcaldía de esta localidad malagueña. “Me consta que hasta el día de hoy no hay ninguna imputación hacia la alcaldesa ni hacia ningún miembro de la corporación municipal”, destacó el presidente andaluz. El PP nacional también salió en su defensa.

La línea roja que ahora ha marcado Alberto Núñez Feijóo con familiares imputados tampoco fue aplicable, esta vez por el PSOE, cuando la lupa de la Justicia se posó sobre integrantes de la Familia Real y familiares directos, por tanto, del actual monarca Felipe VI. Ni cuando su hermana Cristina de Borbón fue condenada como partícipe a título lucrativo en el caso Nóos ni cuando, en esa misma causa, su cuñado Iñaki Urdangarin tuvo que entrar en prisión a cumplir su condena de más de cinco años de cárcel.

Tampoco cuando la Fiscalía investigó durante más de un año a su padre, Juan Carlos I, para concluir que la gestión de su fortuna había sido potencialmente delictiva aunque fuera del alcance de los tribunales por la prescripción y la inmunidad.

De Cantabria a la Guardia Civil

Políticos de uno y otro signo político tienen familiares bajo investigación en los juzgados, algunos de ellos incluso condenados y otros a la espera de juicio. La Policía Nacional detuvo hace pocas semanas a un familiar de la alcaldesa de la localidad cántabra de Santa Cruz de Bezana (PP) acusado de participar en un ataque con explosivos a una sede del PSOE en la región sin que su dimisión haya estado encima de la mesa.

El Partido Popular no ha exigido tampoco la dimisión de cargos cuando estaban imputados ellos mismos o un tribunal o juzgado había instado que se abriera una investigación contra ellos. No lo hizo cuando en 2018 una jueza de Plaza de Castilla pidió, sin éxito, que el Tribunal Supremo imputara a Pablo Casado por obtener su máster de forma supuestamente irregular. Tampoco cuando otra jueza, esta de Navalcarnero, pidió a los tribunales que investigaran a Ana Millán, diputada regional y estrecha colaboradora de Isabel Díaz Ayuso, por supuesta corrupción en su etapa como política local en Arroyomolinos. Ese caso está todavía pendiente de investigación en el juzgado.

Sin salir de Arroyomolinos, otro magistrado ha procesado al actual alcalde de la localidad por el Partido Popular, esta vez acusado de saltarse los procedimientos internos de una empresa municipal para nombrar a varias personas. El PSOE ha pedido, sin éxito por el momento, la dimisión del sucesor de Ana Millán en el consistorio de esta localidad de 37.000 habitantes de Madrid.

La hemeroteca más reciente deja una dimisión de un cargo público relevante por una investigación judicial que cercaba a un familiar directo. María Gámez, directora de la Guardia Civil desde 2020 hasta 2023, dejó su puesto al frente del instituto armado cuando su marido fue imputado en una de las múltiples ramificaciones del caso de los ERE de Andalucía. Un año y unos pocos meses después, el juzgado de Sevilla encargado del caso exoneró al marido de Gámez, que expresó su opinión en un post en Facebook: “El daño no tendrá jamás reparación posible”.

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Angel Gallardo, ha mostrado su deseo de que el juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, en el que él está procesado, “se celebre cuanto antes” para que se sepa la verdad, aunque sospecha que ni PP ni Vox están interesados en ello.

En declaraciones a los medios, Gallardo ha anticipado que esta es la última vez que hablará de esta cuestión hasta el juicio, y ha indicado que tras su procesamiento se entra “en un proceso completamente nuevo, un proceso diferente” en el que está centrado en poder declarar “con absoluta transparencia” y “vaya terminando lo que es la pena del telediario, algo que es duro”.

Gallardo, que ha eludido valorar de nuevo la instrucción del caso por la jueza Beatriz Biedma, y que ha mostrado su confianza en la justicia institución de la justicia y de los magistrados y magistradas que tendrán que ponerse al frente de este juicio, aunque “no será fácil porque la derecha y la ultraderecha seguirán presionando”. Por ello, ha pedido dejar a la justicia “que actúe con tranquilidad, que actúe para saber la verdad y en ese sentido emitir su veredicto”.

Para el dirigente socialista, en el juicio son las acusaciones “las que tienen que demostrar que somos culpables, yo no me tengo que defender de algo que no he hecho” y ha advertido de que “la derecha y la ultraderecha intentará alargar todo este proceso porque lo que menos le interesa es conocer la verdad”.

A su juicio, al PP y a Vox lo que le interesa es que no se hable de los problemas reales que tiene esta tierra, como el del transporte escolar, del que se está hablando hoy en el Parlamento, o de la gestión de los incendios

En cuanto a si se plantea dimitir, ha dicho que “eso es precisamente lo que busca la derecha y la ultraderecha cuando puso la denuncia”, “ganar en los tribunales lo que no es capaz de ganar en las urnas”. “Lo está haciendo con el presidente Sánchez y lo están haciendo conmigo en Extremadura, pero ya le digo que es absolutamente vano lo que buscan porque no van a conseguir doblegarnos, porque vamos a buscar la verdad y porque la verdad va a aflorar más temprano que tarde”, ha aseverado.

Gallardo ha indicado que está “absolutamente tranquilo”, aunque “cansado de tener que seguir hablando de algo que al final es lo que e busca la derecha en esta región” y que “lógicamente a mí no me hace bien, más bien me hace mal, me quita credibilidad, me quita el prestigio” y entiende que “la ciudadanía pues pueda tener dudas, pueda sospechar, es normal”.

PP y Vox han reclamado este martes al líder de la oposición, Miguel Ángel Galardo, que entregue su acta como diputado autonómico tras confirmar la Audiencia Provincial su procesamiento por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, lo que lo sitúa a las puertas del juicio.

El portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, también ha pedido que dimita como secretario regional del PSOE para dejar de “ensuciar” la política extremeña“.

La justicia ha hecho su trabajo “de manera callada e independiente”, según el diputado popular, que ha criticado que el PSOE cambió las reglas para afrontar este tipo de casos, en alusión a que debe existir una condena para tener que abandonar el partido.

A su juicio, Gallardo no puede seguir “un segundo más” liderando al PSOE y en la Asamblea, y tiene que dimitir por “limpieza democrática” y por respeto a la ciudadanía y al Parlamento regional.

Sánchez Juliá, que ha insistido en que está situación es “insostenible”, ha recordado que la ciudadanía ha visto que se ha creado un “chiringuito” para David Sánchez, que se ha intentado un aforamiento exprés y el “revolcón” del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por buscar un aforamiento con fraude de ley.

Por su parte, el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, también ha pedido a Gallardo que deje su acta de diputado. “Nos parece que el señor Gallardo no puede estar ni un segundo más como diputado en la Asamblea de Extremadura”, ha subrayado, ni como secretario regional del PSOE, aunque ha apuntado que esta es una cuestión que debe dirimir esta formación.

“Si el PSOE fuera un partido normal, con profundas convicciones democráticas”, ha planteado, dejaría de ser secretario general, pero no les “extraña” si sigue en el cargo.

Finalmente, la portavoz de Unidades por Extremadura, Irene de Miguel, ha expresado su deseo de que el “circo” en torno a la causa judicial en la que están procesados David Sánchez y el líder socialista extremeño, Miguel Ángel Gallardo, acabe cuanto antes, porque “sólo beneficia es a la derecha”, para centrarse en los problemas de la ciudadanía.

A su juicio, la presidenta de la Junta de Extremadura y los diputados del PP van a usar este asunto y el “tú más” en el pleno de este jueves como “cortina de humo” ante los verdaderos problemas de los extremeños.

La Junta de Extremadura ha exigido al líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, que deje su acta de diputado tras su procesamiento al considerar que “es absolutamente incompatible estar sentado en un escaño en la Asamblea de Extremadura y estar sentado en el banquillo de los acusados” por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta, Abel Bautista, ha indicado que al Gobierno regional le “abochorna” y “avergüenza” la situación en la que finalmente se encuentra el líder de la oposición y un hecho de gran repercusión mediática que, ha añadido, “viene a oscurecer y entorpecer esa imagen positiva de Extremadura en el resto de España y en el exterior”.

Desde la Junta han recordado que Gallardo, quien consiguió el escaño “saltando por encima de cinco diputados, intentando aforarse”, acusó a la jueza instructora “de querer promocionarse a su costa” y al Ejecutivo regional “de fabricar este caso” pero el tiempo ha demostrado que “el acusado es él”, de “delitos tan importantes como prevaricación y tráfico de influencias”.

Llegados a este punto, para el Ejecutivo extremeño del PP “no cabe otra” que Gallardo deje su acta de diputado “por respeto a las instituciones, al proceso judicial y a toda Extremadura” que “no se merece” tener al líder de la oposición “sentado en el banquillo de los acusados”.

Bautista se ha mostrado convencido de que la situación procesal de Gallardo “abochorna” igualmente a “muchos militantes y votantes del PSOE”, para señalar que si estuviera en las filas de ese partido exigiría su dimisión como secretario general en la comunidad porque lo contrario “no es más que un espacio para los populistas y los radicales”.

Ha incidido en que tener al líder de la oposición sentado en el banquillo de los acusados les “resta credibilidad” y supone “no poder negociar” con la presidenta de la Junta, María Guardiola, en unas condiciones “óptimas” para hacerlo con la fuerza que le dan los escaños y los votos que obtuvo el PSOE y, por ende, que “no se pueda construir por parte de la oposición la Extremadura que todos necesitamos”.

Cuestionado por el resto de procesados, ha abogado por “separar” los representantes y cargos públicos con “una obligación mayor de responsabilidad y de rendir cuentas” ante el ciudadano, de los funcionarios públicos que “respetan ”absolutamente“ y tienen su ”derecho a defenderse y a la “presunción de inocencia”.

En cambio, ha tildado de “escándalo” que David Sánchez “simule vivir en La Moncloa para tributar en Portugal” y haya “cobrado dinero público de todos los extremeños sin pisar Extremadura, sin saber dónde está la oficina, cuáles son sus funciones y quiénes son sus compañeros de trabajo”.

El consejero de Presidencia no cree que David Sánchez haya actuado de una manera individual “sin haber concertado determinados intereses o actuaciones con el expresidente de la Diputación, ahora secretario general del PSOE, e incluso con el propio presidente del Gobierno”.

Ante esto, los ciudadanos sienten “desapego” y piensan que la política está para “pagar determinados favores”, mientras que el Gobierno de María Guardiola “está precisamente para lo contrario”, para que vuelvan a confiar en ella y que sientan que el dinero público está para “el crecimiento social y económico de Extremadura”.