La crisis financiera internacional desatada en 2007 se llevó por delante al sector inmobiliario español, endeudado más allá de lo razonable, y provocó enormes pérdidas por impagos al sector financiero. Esta crisis impactó especialmente en las cajas de ahorros, unas entidades singulares con órganos de gobierno controlados por las administraciones públicas, por los partidos políticos, lo que provocó que algunas se comportaran como extensiones de sus gobiernos regionales. En 2007 había en España 47 cajas de ahorros; que tras un proceso de fusiones y venta, previo saneamiento con mucho dinero público, han quedado en seis entidades: CaixaBank, Unicaja, Kutxabank, Ibercaja y las minúsculas Caixa Pollença y Caja de Ontinyent, que son las dos únicas que mantienen su estructura original.

El Gobierno de Mariano Rajoy, el BCE y la UE decidieron llevar a cabo una profunda reestructuración del sector, que se produjo en varios años, con el fin de permitir que estas entidades pudieran acceder al capital privado, se desligaran del control político y se separara su obra social de la actividad financiera. La norma definitiva se aprobó en 2013 y obligó a que las cajas de ahorros se transformaran en fundaciones, que son las encargadas de la obra social y las tenedoras de las acciones del banco al que traspasaron la actividad financiera, con la excepción de Pollença y Ontinyent, dada su escasa relevancia. Desde entonces, la Fundación la Caixa y CaixaBank operan por separado; al igual que la Fundación Unicaja y Unicaja Banco, Fundación Ibercaja e Ibercaja Banco y Kutxabank y las tres fundaciones que son propietarias.

Con esta medida, reguladores y supervisores buscaban alejar definitivamente a estas entidades, cuya presencia en el mercado es muy importante, del control político y homologar su gobierno corporativo con los bancos. Ha pasado más de una década y parecía claro que las entidades que surgieron de las cajas de ahorros supervivientes quedaban fuera del capricho político, pero los últimos movimientos hacen temer que vuelvan a convertirse en instrumento partidista.

La operación montada alrededor de Talgo es muy ilustrativa. El Gobierno vasco considera esta compañía estratégica para Euskadi y de inmediato formó un consorcio para comprar el 29,7% del capital del fabricante de trenes, con una inversión de 157 millones de euros. Ese consorcio está liderado por José Antonio Jainaga, propietario de Sidenor, como socio industrial, y acompañado por Finkatuz (fondo de capital del Gobierno Vasco) la Fundación Bancaria BBK y la Fundación Bancaria Vital. Los tres primeros han adquirido el 8,5% de Talgo y Vital un 4,25%. Nada más ejecutar la operación, anunciaron el traslado de la sede social y fiscal desde Madrid a Vitoria, concretamente a la Casa del Cordón (C/ Cuchillería, 24), un espacio cultural de la Fundación Vital que constituye también su sede. Talgo cuenta con unos 700 empleados en el País Vasco, la mayoría en la fábrica de Rivabellosa (Alava).

Pocos días después, los mismos actores protagonizan otra operación similar. Finkatuz, Indar Kartera (Kutxabank), la Fundación BBK y Teknei cierran la compran la división tecnológica de Ayesa, que anteriormente se llamaba Ibermática y estuvo controlada por las cajas vascas, por 480 millones. De nuevo, la operación supone el traslado de la sede social al País Vasco, esta vez desde Sevilla.

La coincidencia de actores no es casual, de hecho, el consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, los llama sin recato “cuadrilla”. Hay un patrón de comportamiento, que implica que van de la mano el banco público, el Instituto Vasco de Finanzas, propietario de Finkatuz, y el teóricamente banco privado, Kutxabank, cuyos propietarios son las tres fundaciones que en el pasado eran las tres cajas de ahorros provinciales: Fundación BBK (53%), Fundación Kutxa (32%) y Fundación Vital (11%). Las tres están presididas por hombres del PNV. Unai Rementería, que ha sido alcalde de Mundaka, diputado general de Vizcaya y diputado autonómico, preside la BBK; Rafael Amasorrain, que fue alcalde de Bergara por el PNV, preside la Kutxa, y Jon Urresti, sociólogo militante del PNV, está al frente de la Vital.

A la potencia de los 300 millones de que dispone Finkatuz se suman los 500 millones de Indar Kartera, fondo creado por Kutxabank en marzo pasado y que acaba de entrar en la tecnológica Ayesa y en los supermercados Uvesco. Cuando lanzaron Indar, Kutxabank dijo que quiere “reforzar su posición como entidad dinamizadora del tejido económico e industrial y generadora de empleo, impulsando y financiando iniciativas empresariales estratégicas”.

Esta comunión de intereses entre el Gobierno vasco, las fundaciones de las antiguas cajas y Kutxabank se puede interpretar como compromiso con el territorio o como una prueba de que la vieja politización de las cajas de ahorros está volviendo. Se da la circunstancia de que las tres fundaciones vascas están legalmente bajo el protectorado del Gobierno vasco, a diferencia de la Fundación La Caixa, Unicaja e Ibercaja, que dependen del Ministerio de Economía. Esto se debe a que Kutxabank tiene menos del 40% de su actividad fuera de su comunidad de origen, del País Vasco.

Al tiempo, el patronato de la Fundación La Caixa decidió, el pasado 12 de enero, prorrogar el mandado de Isidro Fainé como presidente por cuatro años más. Esa misma mañana, el Financial Times publicaba un duro artículo sobre el alma mater de La Caixa. Este nombramiento necesita el visto bueno del protectorado (el Ministerio de Economía) a quien se menciona diecisiete veces en los estatutos de esta fundación. Fainé, que en julio cumplirá 84 años, ha logrado su continuidad. Eso sí, previamente, en 2024, invirtió más de mil millones en Telefónica para duplicar su participación y alcanzar el 10%, que unido al 10% de la SEPI, permiten el control de la compañía. Esas acciones fueron determinantes para relevar a José María Álvarez Pallete por Marc Murtra al frente de la operadora. Fainé se esmera con razón en preservar la independencia política de la Fundación La Caixa, otra cuestión es a cambio de qué. Los políticos son insaciables.

Voces de extrema derecha han aprovechado el trágico accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) para lanzar bulos que aseguran que el Gobierno español ha “regalado” cientos de millones a países como Marruecos o Uzbekistán para que mejoren sus infraestructuras ferroviarias, insinuando que el Gobierno ha invertido fuera de España olvidando los trenes y las vías españolas.

No es así. Lo que ha aprobado el Ejecutivo en los últimos años son créditos “reembolsables y condicionados” para que esos países compren material ferroviario a empresas españolas. Es decir, solo reciben esos créditos si se cierran esos contratos. Y son créditos que no están ligados al Ministerio de Transportes, que es el que invierte en la red ferroviaria española y en la compra de trenes para el operador público Renfe.

En concreto, en abril de 2019, el Consejo de Ministros dio luz verde a la concesión de dos créditos reembolsables por un valor total de 247 millones de euros con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), que entonces dependía del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Hoy ese organismo queda bajo el paraguas del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En esos contratos se contempló un crédito condicionado a Marruecos de 190 millones de euros “para financiar el suministro de material rodante para la construcción de dos líneas del tranvía de Casablanca, en caso de que una empresa española resulte adjudicataria en la licitación internacional convocada”, según explicó el Gobierno en su momento. En este caso, el contrato se lo llevó la francesa Alstom, por lo que no hubo crédito.

En Uzbekistán era distinto. Lo que se aprobó fue un crédito de 57,4 millones de euros para “financiar la ingeniería, adquisición, fabricación, suministro, almacenaje, instalación y puesta en marcha de dos composiciones de tren eléctrico alta velocidad modelo Talgo 250”, junto con “cuatro coches para trenes ya en servicio, piezas de mantenimiento y equipos de mantenimiento con sus repuestos”. “El objetivo de este proyecto es la ampliación de la flota de trenes de alta velocidad para cubrir las necesidades derivadas de la alta demanda de ocupación y de la construcción de nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad en la República de Uzbekistán”.

También se ha puesto en cuestión la concesión, en febrero de 2025, “de un crédito reembolsable en condiciones concesionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), a Office National des Chemins de Fer du Maroc / Ministerio de Economía y Finanzas de Marruecos, para financiar el proyecto de suministro de hasta 40 trenes interurbanos, por importe de hasta 754 millones de euros”. De nuevo, ese crédito está condicionado a que se acaben comprando trenes interurbanos a empresas españolas. 

¿Qué es el FIEM y cómo funciona?

El FIEM, el citado Fondo para la Internacionalización de la Empresa, es un instrumento público que busca apoyar la internacionalización de las empresas españolas financiando proyectos de exportación. Es decir, no se financia al país receptor, se financia la exportación española, porque solo se dan los créditos al país en cuestión si una empresa española resulta adjudicataria del contrato.

La financiación se articula mediante créditos reembolsables, que están sujetos a criterios y condiciones previamente establecidos, no son subvenciones, recalcan fuentes del Ejecutivo. El riesgo financiero recae en el comprador extranjero, que es quien asume la deuda y el compromiso de pago.

La financiación se concede al cliente extranjero de la empresa española, sea un cliente público o privado, y está vinculada al contrato de exportación. Es decir, es el comprador extranjero quien asume la deuda, mientras que los pagos se realizan directamente a la empresa española, a través del FIEM, a medida que cumplen las condiciones marcadas en el contrato, según explican las citadas fuentes.

Esta financiación es ventajosa para la empresa española porque no supone endeudamiento y elimina el riesgo de impago. Al mismo tiempo, cada euro movilizado está ligado obligatoriamente a bienes y servicios producidos por empresas españolas, lo que se traduce en la creación de empleo y en generar actividad industrial. “El impacto económico se queda en España: empleo, producción y tecnología”, en sectores de alto valor añadido como el ferroviario.

En su primer gran movimiento desde su cambio accionarial y regreso a Euskadi, Talgo ha firmado con la empresa pública de ferrocarriles de Uzbekistán (UTY) un contrato de mantenimiento integral de diez años por valor de cerca de 80 millones de euros para la flota de seis trenes Talgo 250, que actualmente operan en el país. Éste es el mayor contrato de mantenimiento de Talgo en Uzbekistán, tras más de 15 años de varios acuerdos sucesivos, según ha informado la empresa en un comunicado.

Los Talgo 250 operan a una velocidad comercial máxima de 230 km/h, aunque están diseñados para alcanzar los 275 km/h. La historia de Talgo en Uzbekistán comenzó en 2009 con la adquisición de dos trenes Talgo 250 de nueve coches cada uno, que entraron en servicio en 2011. Posteriormente, en 2011 se firmó un segundo contrato para dos unidades adicionales de once coches, operativas desde 2017. En 2019, UTY amplió la flota con otros dos trenes Talgo 250 de once coches cada uno y cuatro coches adicionales para elevar a once los coches de los dos trenes del primer contrato, que comenzaron a circular en 2021. De este modo, en total son seis trenes de once coches cada uno.

Los trenes Talgo 250 en Uzbekistán operan como la Serie 130 y 730 en España que prestan servicio Alvia. Cuentan con la tecnología de pendulación natural, que permite aumentar la velocidad en curvas gracias a la inclinación de las cajas. A diferencia de los modelos españoles, en Uzbekistán no requieren cambio de ancho, ya que operan sobre el ancho fijo ruso de 1.520 mm. Talgo, dedicada al diseño, fabricación y mantenimiento de trenes ligeros de alta velocidad, tiene presencia industrial, entre otros países, en España, Alemania, Dinamarca, Kazajistán, Uzbekistán, Arabia Saudí, Egipto y Estados Unidos, informa Europa Press.

El nuevo consejo de administración de Talgo ha aprobado en su primera reunión devolver la sede de la compañía a Álava, donde estaba ubicada en su origen, en 1942, año de su fundación. En Álava, en la localidad de Rivabellosa, está situada la que fue la primera planta de la empresa, en la que actualmente trabajan más de 700 personas y donde se fabrican los coches de todos los trenes Talgo, por lo que la vuelta de la sede social a Euskadi era una de las primeras medidas esperadas después de que la junta de accionistas del pasado día 12 de diciembre diera el visto bueno a la operación de compra por parte del consorcio vasco formado por Sidenor, el Gobierno vasco, BBK y Vital. También entra la SEPI a través de la financiación y con un miembro en el consejo de administración.

Precisamente, en el consejo de administración celebrado este miércoles se han formalizado todos los acuerdos de nueva financiación de la compañía con las diversas entidades financieras, así como la entrada de SEPI como accionista, fruto de la ampliación de capital aprobada en la junta, y la compra por el consorcio vasco de parte de las acciones de Pegaso, correspondientes al 27,4% de Talgo. Como consecuencia de dichos cambios accionariales han entrado en el consejo dos nuevos consejeros dominicales: José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, y Maite Echarri, directora financiera, IT y Seguridad de la Información en Sidenor, como representantes del consorcio vasco.

El ya nuevo consejo ha acordado el cese de Gonzalo Urquijo como CEO de la compañía y su sustitución por Rafael Sterling, que pasa a ser el nuevo director general. Rafael Sterling, que es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la Universidad de Deusto, era desde 2024 director de operaciones y de desarrollo de negocio y lleva en la empresa desde 2022. Antes trabajó nueve años en Irizar, donde llegó a ser CEO de la compañía. En la presidencia de la empresa se mantiene Carlos de Palacio Oriol.

En la reunión se ha aprobado la convocatoria de una Junta de Accionistas General Extraordinaria para el próximo 27 de enero, que se celebrará ya en Álava y que propondrá la ratificación de los consejeros dominicales José Antonio Jainaga y Maite Echarri, y el nombramiento como dominical de Juan Antonio Sánchez Corchero, presidente del SEA Empresas Alavesas, en representación de SEPI, así como de dos nuevos consejeros independientes, Arantza Estefanía y Ricardo Chocarro. Asimismo, se ratificará la salida de Gonzalo Urquijo como consejero.

La junta extraordinaria de accionistas de Talgo ha dado el pistoletazo de salida a la recta final a la operación de venta de la empresa y la apertura de una nueva etapa. Este viernes han aprobado la nueva estructura de financiación de la compañía, condición indispensable para que se formalice el contrato de compra entre el consorcio vasco y Pegaso (del fondo Trilantic) que se firmó el pasado día 6 de noviembre. El Gobierno vasco, a través del fondo Finkatuz, la empresa Sidenor, y las antiguas cajas BBK y Vital -ahora fundaciones y patas de Kutxabank- pagarán por hacerse con un 29,7% de las acciones 156,67 millones de euros, a un precio de 4,25 euros por acción, casi el doble de lo que está cotizando ahora en bolsa.

La nueva estructura de financiación lleva consigo la entrada de la SEPI en el accionariado, con un 7,8% de capital, y este viernes se ha sabido que el consejero que representará a la sociedad estatal en la empresa será el actual presidente de la patronal alavesa (SEA), Juan Antonio Sánchez Corchero. Con esta decisión, se atiende a la petición del lider del PSE-EE, Eneko Andueza, de que el representante de la SEPI fuera un consejero vasco, y, además, se hace un guiño a Álava, donde la empresa tiene una planta y, en principio, se trasladará la sede social, ahora en Madrid.

El de Sánchez Corchero, que ha adelantado Europa Press, es el único nombre que ha trascendido de los que cofigurarán el consejo. Queda por saber si se nombra un nuevo presidente o si se mantiene el actual, Carlos Palacio Oriol. En cualquier caso, fuentes conocedoras de la operación cuentan con que todos los trámites estén ultimados “antes de Nochebuena”.

En concreto, la junta ha aprobado el aumento de capital social, por un importe nominal de 3,18 milllones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 10.588.235 nuevas acciones. También la emisión de 300 bonos convertibles en acciones ordinarias de la sociedad por importe nominal agregado de 30 millones de euros y emisión de 750 bonos convertibles en acciones ordinarias por importe nominal agregado de 75 millones.

En cuanto a la nueva estructura de financiación, se ha aprobado la operación de financiación del Grupo Talgo, consistente en la “formalización por Patentes Talgo, SLU. de un Contrato de Financiación sindicado por importe total de hasta 770 millones de euros -estructurado en un tramo de hasta 650 millones con garantía parcial de CESCE y un tramo revolving de hasta 120 millones- y una línea de avales de hasta 500 millones de euros con garantía parcial de CESCE, en el marco de la denominada ”Operación Global“ junto con el aumento de capital y las emisiones de bonos convertibles suscritas por Sepi y por el grupo de inversores vascos. Además, se ha reducido la estructura del consejo a ocho miembros.

En su intervención en la junta, Carlos Palacio Oriol ha señalado que “la aprobación y ejecución de estas operaciones contempladas son indispensables para preservar el futuro de la Sociedad y del Grupo Talgo. Además, son una demostración del claro compromiso del consejo de administración para proteger a los diferentes grupos de interés: los accionistas, que requieren un marco estable y transparente; los trabajadores, que precisan seguridad y continuidad en su empleo; los clientes, que demandan confianza en la capacidad de la Sociedad para cumplir con sus compromisos; y los acreedores, que necesitan garantías de sostenibilidad financiera”.

La junta de este viernes enfila la parte final de la venta de esta empresa, que se ha visto enturbiada por la imputación de presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, en un presunto caso de venta de acero para hacer armas a Israel, del que todavía no se conoce la decisión de los tribunales. El proceso de venta ha sido largo, ya que Talgo llevaba más de dos años inmersa en un complejo proceso societario derivado de la decisión de su accionista de referencia, Pegaso, del fondo Trilantic, de desprenderse de su participación en la Sociedad. Un periodo en el que la empresa reconoce que “la actividad ordinaria de la sociedad se ha visto ”afectada de forma muy negativa. La ausencia de un marco accionarial estable han generado reveses en la gestión y han deteriorado de manera significativa la posición competitiva, económica y financiera de la sociedad“.

En febrero de 2025 se hizo público el principio de acuerdo alcanzado entre el que hasta ahora ha sido el accionista de referencia y un consorcio industrial vasco para la transmisión del paquete accionarial de aquel en venta, que abre una nueva en Talgo.

Talgo celebrará finalmente el próximo 12 de diciembre la junta de accionistas clave para el futuro de la empresa, pendiente de que se formalice la venta del 29,7% de la empresa al consorcio encabezado por el Gobierno vasco, Sidenor y las fundaciones bancarias BBK y Vital. El contrato de compra entre el consorcio vasco y Pegaso (del fondo Trilantic) se firmó el pasado día 6, pero todo está a la espera de que la junta de accionistas de su aprobación la nueva estructura de financiación de la empresa, y de ahí la importancia de este encuentro.

El orden de la día de la junta, convocada en Madrid el día 12 de diciembre en primera convocatoria y el 13 en segunda, incluye en su cuarto punto del orden del día la aprobación de la operación de financiación del Grupo Talgo, “consistente en la formalización por Patentes Talgo, S.L.U. de un Contrato de Financiación sindicado por importe total de hasta 770 millones de euros —estructurado en un tramo de hasta 650 millones con garantía parcial de Cesce y un tramo revolving de hasta 120 millones— y una línea de avales de hasta 500 millones de euros con garantía parcial de Cesce, en el marco de la denominada ”Operación Global“ junto con el aumento de capital y las emisiones de bonos convertibles suscritas por Sepi y por el grupo de inversores vasco”.

Además, se someterá a la votación de los accionistas la aprobaciónn de una ampliación de capital social, por un importe nominal de 3,18 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 10.588.235 nuevas acciones. También dos emisiones de bonos convertibles en acciones: La emisión de 300 bonos convertibles en acciones ordinarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente, por importe nominal agregado de 30 millones de euros, así como aumento de capital relacionado con la emisión, y otraa emisión de 750 bonos convertibles en acciones ordinarias de la sociedad por importe nominal agregado de 75 millones de euros. Por otra parte, se reducirá el número de miembros del consejo de administración fijándolo en ocho.

El acuerdo para la financiación de la empresa, muy complejo y el que ha dilatado más el proceso, tiene como condición indispensable la participación del Gobierno central a través de la Sepi. De forma previa a negociar la deuda, los bancos exigieron una inyección de 150 millones de euros en la empresa para reducir el montante de deuda a financiar. 75 de estos 150 millones se podrán desde la Sepi, una medida que ya está aprobada por el Consejo de Ministros. 45 millones serán para suscribir una ampliación de capital, con lo que el organismo público tendrá un porcentaje del capital de 7,87% de Talgo. Los 30 millones restantes servirán para suscribir obligaciones convertibles que emitirá Talgo. La parte vasca completa el 'préstamo' a Talgo con otros 75 millones de euros. Ekarpen, sociedad destinada a canalizar inversiones en las empresas, en la que participa el Gobierno vasco a través del Instituto Vasco de Finanzas, Kutxabak, las diputaciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, y Mondragon Inversiones, pondrá 50 millones de euros -unos 35 el Gobierno vasco- . Los 25 millones restantes se aportarán por parte de BBK y Vital, que participan en la operación Talgo. Ekarpen ya ha realizado una ampliación de capital para afrontar esta inversión.

Una vez conseguido este acuerdo se arrancaron las negociaciones con la banca para negociar una nueva estructura de endeudamiento integrada en dos tramos: Por un lado, financiación de 650 millones de euros con vencimiento a 6 años y una línea de circulante de 120 millones con vencimiento a 3 años con extensión automática durante 2 años. Y de forma adicional, una nueva línea de avales por parte de las entidades financieras de 500 millones de euros. Firmar este acuerdo de financiación, al que la junta de accionistas debe dar el visto bueno, es imprescindible para que se materialice la entrada de Sepi, y por consiguiente, la venta de la empresa al consorcio vasco.

La celebración de la junta será otro paso decisivo en el largo camino de la venta de esta empresa. Casualmente, la convocatoria se ha publicado en el BORME el mismo día en el que el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, al que se le considera el artífice de toda la operación para que Talgo se quede en Euskadi, declara ante la Audiencia Nacional como investigado por presunto contrabando de acero con una empresa de Israel fabricante de armas.

En la información remitida a la CNMV anunciado la firma del contrato de compra se señalaba ya que se esperaba que “la compraventa se consume con anterioridad al 31 de enero de 2026”. Una vez ratificada la compra, la idea del consorcio vasco comprador es que la sede vuelva a Euskadi, a Álava en concreto, donde la empresa dispone de una planta. Los dueños trasladaron la sede social a Madrid en los peores momentos de la actividad de ETA. No obstante, esa será una decisión que debe tomarse por el nuevo consejo de administración que resulte tras la compra definitiva.

Un nuevo paso, y decisivo, en la operación Talgo, aunque todavía no es el último. El consorcio vasco encabezado por la siderúrgica Sidenor, propiedad del empresario José Antonio Jainaga, junto al Gobierno vasco a través del Fondo Finkatuz, y de las fundaciones de las antiguas cajas vascas BBK y Vital, accionistas de Kutxabank, ha cerrado la compra del 29,76% de Talgo por 156,67 millones de euros, a un precio de 4,25 euros por acción, según la información que se ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con lo que se ratifica el principio de acuerdo alcanzado el pasado 14 de febrero, y arranca la recta final del proceso.

La noticia de la firma del contrato se conoce a las puertas de que el presidente de Sidenor comparezca en calidad de imputado por presunto contrabando de acero con Israel el próximo día 12, con lo que se refuerza la confianza manifestada por el Gobierno vasco de manera pública con el empresario. El contrato de compraventa entre Pegaso (Trilantic) y otros socios minoritarios de Talgo y el consorcio vasco, firmado el pasado día 6, no implica, de momento al Gobierno central, ya que la Sepi entraría en la empresa vía financiación de forma posterior.

De hecho, según han confirmado fuentes de Sidenor, el siguiente paso en el proceso será la convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas de Talgo, que es la que deberá aprobar la nueva estructura de financiación de la compañía, en el que sí entraría ya la Sepi, y que la propia empresa reconoce que es “imprescindible para llevar a cabo el traspaso definitivo de las acciones y el inicio de una nueva etapa en Talgo.”

Es decir, el acuerdo está firmado, pero finalizado. En la información remitida a la CNMV se señala que se espera que “la compraventa se consume con anterioridad al 31 de enero de 2026”. En principio, parece que la financiación está cerrada, según señalan diversas fuentes, pero no firmada. Se trata de un proceso complicado, en el que están inmersos varios bancos, que de forma previa a negociar la deuda exigieron una inyección de 150 millones en la empresa para reducir el montante de deuda a financiar. 75 de estos 150 millones se podrán desde la Sepi. 45 millones serán para suscribir una ampliación de capital, con lo que el organismo público tendrá un porcentaje del capital de 7,87% de Talgo. Los 30 millones restantes servirán para suscribir obligaciones convertibles que emitirá Talgo. La parte vasca completa el 'préstamo' a Talgo con otros 75 millones de euros. Ekarpen, sociedad destinada a canalizar inversiones en las empresas, en la que participa el Gobierno vasco a través del Instituto Vasco de Finanzas, Kutxabak, las diputaciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, y Mondragon Inversiones, pondrá 50 millones de euros. Los 25 millones restantes se aportarán por parte de BBK y Vital, que participan en la operación Talgo. Ekarpen ya ha realizado una ampliación de capital para afrontar esta inversión.

Una vez conseguido este acuerdo se arrancaron las negociaciones con la banca para negociar una nueva estructura de endeudamiento integrada en dos tramos: Por un lado, financiación de 650 millones de euros con vencimiento a 6 años y una línea de circulante de 120 millones con vencimiento a 3 años con extensión automática durante 2 años. Y de forma adicional, una nueva línea de avales por parte de las entidades financieras de 500 millones de euros. Firmar este acuerdo de financiación es imprescindible para que se materialice la entrada de Sepi.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha señalado que el acuerdo de compraventa de Talgo es “un hito muy importante” que “despeja el camino para que la operación pueda cerrarse con éxito este año”. Jauregi ha calificado de “hito” la firma de la compraventa, y ha asegurado que, a partir de ahora, siguen con el calendario establecido y el siguiente paso será la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas de Talgo, que se convocará en breve para que a mediados de diciembre se apruebe la nueva estructura de financiación. El consejero vasco ha precisado que será en ese momento, antes de Navidad, cuando “se cierre la operación definitivamente”.

La opción vasca para la compra de Talgo, con fábrica en Álava, pero con estructuras también en otros lugares, tuvo desde el primer momento el visto bueno del Gobierno de Pedro Sánchez desde que hace más de un año arrancó su proceso de cambio en el accionariado, tras la decisión del fondo Trilantic, que comparte la propiedad de la compañía con la familia Oriol, de vender su parte de la empresa. El Consejo de Ministros vetó la OPA de la compañía húngara Magyar Wagon, en agosto de 2024 alegando razones de seguridad nacional y relaciones de la compañía con capital ruso. Otras empresas, como la polaca Pesa o la india Jupiter Wagons también mostraron su interés por el fabricante de trenes, pero el Gobierno siempre ha defendido una operación con capital nacional.

José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, tendrá que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional el próximo 12 de noviembre como investigado por posibles de delitos de contrabando de acero con Israel y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio. Se le acusa de vender acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de muchas de las armas que se han usado para masacrar al pueblo palestino, y hacerlo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente. El foco judicial se pone sobre Jainaga, y no para bien, en un momento especialmente delicado para la operación Talgo -en su fase final- de la que el empresario vasco es el principal inversor de la mano del Gobierno de Imanol Pradales, y en la que también está prevista la entrada del Gobierno central a través de la Sepi.

Ambos Gobiernos han estado de acuerdo desde el primer momento, en que la oferta del empresario vasco era la que debía primar en la puja por Talgo, aunque es con el Gobierno vasco con el que Jainaga tiene los mayores nexos de unión, no sólo porque le han concedido el premio Joxe Mari Korta de este año como ejemplo de emprendedor que apuesta por el arraigo en Euskadi, sino porque, al margen de la inversión conjunta en Talgo, en el mes de junio el Gobierno vasco inyectó 35 millones de euros en dos empresas propiedad de Mirai Investments, el fondo inversor de José Antonio Jainaga. Se trata de Innometal y Ohmnia Electronic, en las que el Ejecutivo vasco ha entrado a través de Finkatuz, el mismo fondo con el que entrará en Talgo y con el que tiene una partipación del 3% en CAF, una empresa que tiene un contrato con Israel para la construcción del tranvía de Jerusalén, que entra en territorios ocupados, y que la empresa defiende como positivo para los palestinos.

La noticia de la imputación del presidente de Sidenor llega, además, un día después de que se haya aprobado en el Parlamento Vasco una resolución por la que el Gobierno vasco elaborará y publicará “un inventario actualizado sobre las relaciones económicas, comerciales o contractuales que el conjunto del sector público vasco mantengan con empresas israelíes y compañías que participen de manera directa o indirecta en actividades vinculadas a la ocupación ilegal o represión de la población palestina”.

En cuanto al proceso de la venta de Talgo al consorcio encabezado por Sidenor, el Gobierno vasco a través de su fondo de inversiones Finkatuz, las fundaciones bancarias BBK y Vital -antiguas cajas y ambas accionistas de Kutxabank- que se anunció en el mes de febrero, está en estos momentos todavía a expensas de que se cierre la financiación de la deuda de la compañía fabricante de trenes con los bancos, y los avales de los pedidos. Es la fase final de una operación complicada, que se están desarrollando bajo la máxima discreción, y que se puede ver enturbiada, o cuando menos retrasada, por las implicaciones judiciales que puedan derivarse de la investigación a Jainaga, en un momento en el que se pretende cortar cualquier vínculo de las empresas o entidades con Israel por el genocidio que está llevando cabo este país sobre la población de Gaza.

Fuentes de Sidenor se han limitado a señalar tras conocer el auto del juez que “el tema en manos de sus abogados y seguirá sus indicaciones para responder al juez en el proceso iniciado, a quien le dará toda la información que obre en su poder”. Además, han destacado que el 1 de julio Sidenor hizo pública su decisión de suspender todas las relaciones comerciales con Israel. Esta decisión, dice la empresa, se tomó siguiendo la decisión del Gobierno central de suspender los contratos con Israel. Pero lo cierto es que el acuerdo de romper lazos comerciales se produjo cuando los comités de empresa del grupo ya habían anunciado “medidas contundentes” para que Sidenor acabara con sus relaciones con Israel tras hacerse público que un barco saldría de Barcelona cargado con 122 toneladas de barras de acero fabricado por la empresa vasca para la empresa armamentística israelí IMI, propiedad de Elbit Systems. En cualquier caso, las ventas a Israel a las que se refiere el auto de la Audiencia Nacional son anteriores al embargo declarado por gobierno de España el pasado 23 de septiembre.

Es mucho el dinero en el que está en juego en la negociación con las entidades financieras sobre la deuda de la fabricante de trenes, por lo que el proceso judicial a Jainaga puede retrasar cualquier decisión, ya que el empresario vasco es el que capitanea el proceso como inversor industrial y está claro que las entidades financieras quieren ir sobre seguro a la hora de adquirir compromisos. De entrada, exigieron que, de forma previa a la negociación de la deuda, hubiera una inyección de 150 millones en la empresa para reducir el montante de deuda a financiar. 75 de estos 150 millones se podrán desde la Sepi. 45 millones serán para suscribir una ampliación de capital, con lo que el organismo público tendrá un porcentaje del capital de 7,87% de Talgo. Los 30 millones restantes servirán para suscribir obligaciones convertibles que emitirá Talgo. La parte vasca completa el 'préstamo' a Talgo con otros 75 millones de euros. Ekarpen, sociedad destinada a canalizar inversiones en las empresas, en la que participa el Gobierno vasco a través del Instituto Vasco de Finanzas, Kutxabak, las diputaciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, y Mondragon Inversiones, pondrá 50 millones de euros. Los 25 millones restantes se aportarán por parte de BBK y Vital, que participan en la operación Talgo. Ekarpen ya ha realizado una ampliación de capital para afrontar esta inversión.

Una vez conseguido este acuerdo se arrancaron las negociaciones con la banca para negociar una nueva estructura de endeudamiento integrada en dos tramos: Por un lado, financiación de 650 millones de euros con vencimiento a 6 años y una línea de circulante de 120 millones con vencimiento a 3 años con extensión automática durante 2 años. Y de forma adicional, una nueva línea de avales por parte de las entidades financieras de 500 millones de euros. Esta financiación es imprescindible para que se materialice la entrada de Sepi y, en definitiva, que se venda la empresa al consorcio vasco, que se quedará con el 29,76% de la empresa -al no llegar al 30% evita una OPA- pagando 4,15 euros por acción, que se ampliaría a con 0,85 euros más, vinculada esta horquilla a la consecución de determinados hitos industriales.

Éste es el precio por acción que se fijó en el momento de la compra, para poder contrarrestar la OPA que estaba sobre la mesa, que ofrecía 5 euros por acción, pero hoy en día está muy encima del valor actual de las acciones, en el entorno del 2,55 euros. Una operación de compra que está siendo difícil de cerrar. Mientras tanto, Talgo sigue acumulando pérdidas millonarias. En el primer semestre de este año registró números rojos de 65,71 millones de euros. En el mismo periodo del año anterior sus resultados fueron positivos en 14,57 millones.

Talgo intensifica su caída lastrada por las deudas y la multa de Renfe, a la espera de un plan de rescate capitaneado por capital público-privado vasco, en el que estará también el Gobierno central a través de la Sepi, pero que no acaba de llegar. Sobre el papel todo está dispuesto para que la empresa cambie de accionariado, pero en la práctica, el plan sigue sin materializarse y, mientras tanto, la compañía acumula números rojos. Según la información que ha trasladado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Talgo perdió en el primer semestre de este año 65,71 millones de euros. En el mismo periodo del año anterior sus resultados fueron positivos en 14,57 millones.

En una nota de prensa, en la que se omite el dato del resultado negativo, la compañía destaca los ingresos de 270,1 millones de euros, aunque esta cifra supone una caída del 22% frente al mismo periodo del año pasado. También destaca la cartera de pedidos en “récord histórico” de 4.967 millones de euros por la nueva adjudicación de Flixtrain de un contrato de fabricación de hasta 65 unidades, con un primer pedido en firme de 30 trenes Talgo 230 y su mantenimiento durante 15 años. En este sentido, destaca que los trenes para DB (Alemania) y DSB (Dinamarca) están ya homologados y en el caso del proyecto para la DB se ha iniciado ya la recepción. De hecho, indica que el 17 de octubre se realizará una presentación oficial del Talgo 230 en Berlín por parte de Deutsche Bahn (DB). No obstante, la compañía y DB están negociando para reducir la flota de trenes a suministrar por parte de Talgo, de 79 a 60 unidades, una reducción que impacta en su cuenta de resultados, que se debilita a la espera del cambio de accionariado que la empresa someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas y posteriormente formalizará antes de final de año.

Lo cierto es que la operación de compra de Talgo por parte de un consorcio vasco encabezado por el propio Gobierno autónomo, a través de su fondo de inversiones Finkatuz, el empresario propietario de Sidenor, José Antonio Jainaga, y las Fundaciones bancarias BBK y Vital -ambas accionistas de Kutxabank- y que se anunció a bombo y platillo en el mes febrero, ha resultado mucho más complicada de lo que se había previsto y más de siete meses después está sin cerrarse, aunque nadie duda de que el pacto está encarrilado para llegar a buen puerto. Lo que no se sabe es cuándo.

El propio lehendakari Imanol Pradales reconocía este mes de junio que en el Gobierno vasco esperaban un proceso “más sencillo”. Pero se encontraron con que la multa impuesta por Renfe a la empresa por retrasos en la entrega de trenes, y que ascendía 116 millones, era imposible de quitar e impactaba de forma directa en el balance de la empresa dificultando un plan de financiación necesario para reflotar la empresa. Euskadi ha hecho una gran apuesta por esta compra en una demostración de poder y capacidad para arraigar empresas tractoras a Euskadi. Talgo tiene su planta más importante en Rivabellosa, Álava, y la sede social, antes en Euskadi, marchó a Madrid en los peores tiempos de la amenaza de ETA al empresariado. El objetivo es que vuelva a ser una empresa vasca, en sede y en capital. Por eso, la compra de Talgo se ha convertido en un asunto 'de país' con el que el PNV, socio esencial del Gobierno central en el Congreso, ha presionado en los debates en la Cámara baja, y que se ha negociado sobre la mesa de los representantes de los Gobiernos central y vasco al más alto nivel. De hecho, una de las concesiones que el lehendakari Pradales se llevó de su último encuentro bilateral con Pedro Sánchez en el mes de julio fue el compromiso de la entrada de Sepi en el capital y la colaboración la inversión de Talgo de forma conjunta con los socios vascos para aliviar así su deuda y facilitar los convenios de financiación con la banca. Entre ambas administraciones inyectarán 150 millones en Talgo antes de que se materialice la compra.

Tras ese acuerdo, la participación de Sepi en la empresa -medida que ya se ha autorizado por el Consejo de Ministros- se concreta con una inyección de 75 millones de euros en la compañía. 45 millones serán para suscribir una ampliación de capital, con lo que el organismo público tendrá un porcentaje del capital de 7,87%. Los 30 millones restantes servirán para suscribir obligaciones convertibles que emitirá Talgo. La parte vasca completa el 'préstamo' a Talgo con otros 75 millones de euros. Ekarpen, sociedad destinada a canalizar inversiones en las empresas, en la que participa el Gobierno vasco a través del Instituto Vasco de Finanzas, Kutxabak, las diputaciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, y Mondragon Inversiones, pondrá 50 millones de euros. Los 25 millones restantes se aportarán por parte de BBK y Vital, que participan en la operación Talgo. Ekarpen ya ha realizado una ampliación de capital para afrontar esta inversión.

Ahora las miradas están puestas en que la empresa consiga la aprobación por las entidades financieras de una nueva estructura de endeudamiento integrada en dos tramos: Por un lado, financiación de 650 millones de euros con vencimiento a 6 años y una línea de circulante de 120 millones con vencimiento a 3 años con extensión automática durante 2 años. Y de forma adicional, una nueva línea de avales por parte de las entidades financieras de 500 millones de euros. Esta estructura de endeudamiento es la que se está negociando ahora en el más absoluto mutismo.

La renegociación de la deuda dará paso a la firma definitiva de la compra. El consorcio vasco encabezado por Sidenor, junto al Ejecutivo vasco, BBK y Vital se hará con el 29,76% de la empresa -al no llegar al 30% evita una OPA- pagando 4,15 euros por acción, que se ampliaría a con 0,85 euros más, vinculada esta horquilla a la consecución de determinados hitos industriales. Este es el precio por acción que se fijó en el momento de la compra, para poder contrarrestar la OPA que estaba sobre la mesa, que ofrecía 5 euros por acción, pero hoy en día está muy encima del valor actual de las acciones. Este martes han cerrado el mercado bursátil a un precio de 2,74 euros.

La opción vasca para la compra de Talgo tuvo desde el primer momento el visto bueno del Gobierno de Sánchez desde que hace más de un año arrancó su proceso de cambio en el accionariado, tras la decisión del Fondo el fondo Trilantic, que comparte la propiedad de la compañía con la familia Oriol, de vender su parte de la empresa. El Consejo de Ministros vetó la OPA de la compañía húngara Magyar Wagon, en agosto de 2024 alegando razones de seguridad nacional y relaciones de la compañía con capital ruso. Otras empresas, como la polaca Pesa o la india Jupiter Wagons también mostraron su interés por el fabricante de trenes, pero el Gobierno siempre ha defendido una operación con capital nacional.

El Instituto Vasco de Finanzas (IVF) suscribirá una ampliación de capital en la sociedad Ekarpen con el fin de dotarla de liquidez suficiente para afrontar el préstamo a Talgo que alivie la carga de su deuda y garantizar la viabilidad de la compra en la que está inmersa en Gobierno vasco junto a José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, la BBK y la Vital. En concreto, la sociedad destinada a canalizar inversiones en empresas, ampliará su capital en 75 millones de euros, de los que 26,11 serán aportados por el Instituto Vasco de Finanzas y el resto por los demás socios: grupo Kutxabank (33,2 millones de los que 16,6 corresponden a Kartera 1, propiedad del banco y que también participa en Ekarpen), Diputación de Bizkaia (5,25 millones de euros), Diputación de Gipuzkoa (3,25 millones), Diputación de Álava (1,5 millones), y Mondragon Inversiones (5,55 millones).

La ampliación de capital se ha tenido que aprobar por la sociedad casi de urgencia, ya que Ekarpen no tenía liquidez suficiente para afrontar este préstamo en el momento en el que el Gobierno vasco y el central llegaron a un acuerdo para que parte de la deuda de Talgo -que asciende a 400 millones- se financiara mediante un crédito compartido entre la administración central, a través de la Sepi, y la vasca, fundamentalmente por medio de Ekarpen. En concreto, el acuerdo, que se desbloqueó a mediados de julio tras es el encuentro entre Padrales y Sánchez en Madrid, supone un préstamo de 150 millones que se repartirá entre las dos administraciones a partes iguales, 75 millones cada uno. Por la parte vasca, Ekarpen pondrá 50 millones de euros y los 25 restantes se aportarán por parte de BBK y Vital, que participan en la operación Talgo.

El Consejo de Gobierno vasco aprobó la participación del IVF en la ampliación de capital de Ekarpen por 26,11 millones de euros el 22 de julio, y, un mes más tarde, el 21 de agosto, se publicó en el BOPV. Ahora el Gobierno vasco ha aportado al Parlamento la documentación que justifica la medida atendiendo a una solicitud de la parlamentaria de EH Bildu, Lamia Arcas Nogales.

En dicha documentación, en la que se incluyen los diferentes informes que han permitido aprobar la ampliación de capital, se enmarca esta inversión dentro de la Alianza Financiera Vasca, acuerdo que el Gobierno vasco suscribió con varias entidades financieras para reforzar vehículos público-privados de inversión, como es Ekarpen y que “han demostrado un rendimiento histórico positivo para sus inversores, tanto en términos cuantitativos como de impacto cualitativo para el desarrollo económico, industrial, y de arraigo del territorio de Euskadi”.

En la memoria que aporta el Instituto Vasco de Finanzas para justificar suscribir la ampliación de capital, se destaca la “caja disponible reducida derivada de las últimas inversiones ejecutadas por Ekarpen en 2025”. “Dispone de caja para los próximos ocho meses aproximadamente y no puede abordar ningún proyecto nuevo ni necesidades de la cartera actual”, señala, por lo que se hace necesaria la ampliación de capital.

En concreto, este año Ekarpen ha realizado inversiones por 12,5 millones en varias empresas, entre ellas Multiverse Computing, Herko o Lookiero. A esta inversión se une la previsión de “no realizar desinversiones hasta 2029”. Esto supone que en 2024 Ekarpen “disponía de 5,1 millones de euros en tesorería y 10,9 millones de euros en inversiones financieras a corto plazo, relativas éstas últimas a inversiones en bonos y pagarés”, lo que daba lugar a una liquidez de aproximadamente 16 millones. “Tras las inversiones realizadas en el primer semestre de 2025 por importe de 12,5 millones, unido a los gastos ordinarios de la sociedad, la posición de liquidez de Ekarpen a 15 de julio 2025 se ha visto disminuida hasta los 5,7 millones de euros (2,9 millones de inversiones en bonos y pagarés a corto plazo y 2,8 millones de euros de caja). Por último, las inversiones comprometidas y aprobadas en consejo a la fecha ascienden a 5,3 millones de euros”. Es decir, carecía de liquidez para abordar proyectos nuevos.

La memoria señala que hay “tres nuevas operaciones” con un valor conjunto de 57 millones de euros dentro de sus oportunidades de inversión. De ellas, “dos se esperan materializar en los próximos meses”, -una de ellas se espera que sea Talgo-, pero la “una posición de liquidez le imposibilita ejecutar las oportunidades”. Señalan, sin nombrar específicamente a ninguna, que se trata de inversiones que “presentan una especial relevancia estratégica para los socios de Ekarpen debido a su alto grado de arraigo y el impulso económico que significaría para Euskadi. Estas potenciales operaciones son el resultado de una decisión estratégica y bien meditada por la dirección de la sociedad, y responde directamente a la detección de nuevas oportunidades significativas en el mercado vasco, muchas de las cuales ya se encuentran en una fase avanzada y cercana a la ejecución”. “La aportación de los socios en Ekarpen, permitiría dotar a la compañía de suficiente dimensionamiento financiero para poder abordar las inversiones previstas en el medio plazo”.

La ampliación de capital propuesta en Ekarpen, será suscrita por todos los socios en función a sus cuotas proporcionales en el capital de la sociedad. El Gobierno vasco participa en Ekarpen con 34,81%, el Grupo Kutxabank posee el 44,44% (a través de Kutxabank SA con un 22,22% y Kartera 1.L con otro 22,22%) Mondragón Inversiones, S.Cooр. tiene el 7,41%, y las Diputaciones Forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava un 7,00%, 4,34% y 2,00%, respectivamente.

Ekarpen se constituyó en 2008 como sociedad público-privada para “prestar el apoyo a sectores innovadores con atractivo estratégico para Euskadi”. Algunas de las inversiones más destacadas, a través de préstamo o de entrada en el capital, se han llevado acabo en CIE Automotive, Progenika, Kaiku, GGT-GGM, GLA, Arteche o Arasur. Ahora ha sido el vehículo elegido para materializar el préstamo a Talgo para financiar parte de la deuda y garantizar la vialidad de la compra por parte del consorcio vasco.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la entrada de la SEPI en el capital de Talgo, mediante una ampliación de capital que le llevará a controlar el 7,8 % de la compañía (45 millones de euros) y la suscripción de una emisión de deuda por 30 millones, con lo que su aportación total sumará los 75 millones.

La SEPI ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la autorización por el Gobierno y ha detallado que el precio de la emisión convertible será del 10,21% anual a pagar en 8 años, con posibilidad de extenderlo a 10 años.

El pago podrá hacerse en efectivo o con entrega de acciones (con el precio de conversión a 8 años o a valor de cotización con descuento del 30% a 10 años), cuestiones que decidirá Talgo.

Así, la sociedad estatal participará en la recapitalización de Talgo mediante esos dos instrumentos: la compra de 10,58 millones de acciones (a 4,25 euros por título), que le permitirá controlar al cierre de la ampliación el 7,87 % del capital, y la suscripción de la emisión de obligaciones convertibles por 30 millones.

Ambos instrumentos excluyen el derecho de suscripción preferente, es decir, no podrán acudir los actuales accionistas.

Sube el precio del consorcio comprador, a 4,25 euros

La inversión, dice SEPI, está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones, entre las que destaca la compra por parte del consorcio comprador del 29,8 % de Talgo (Sidenor, el fondo público Finkatuz y las fundaciones de las cajas BBK y Vital) de 36,87 millones de acciones a 4,25 euros por acción.

Esto supone elevar el precio que habían pactado en febrero el consorcio comprador con los vendedores (la instrumental Pegaso, del fondo Trilantic y la familia Oriol), establecido entonces en 4,15 euros por acción, al que se sumarían otros 0,85 euros ligados al cumplimiento de determinados objetivos financieros en 2027 y 2028.

Adicionalmente, Talgo hará otra emisión de obligaciones convertibles en acciones del constructor ferroviario por otros 75 millones, que suscribirán un grupo de inversores: Ekarpen (en el que participan el Gobierno vasco, Kutxabank, las diputaciones forales y Mondragón), el grupo Clerbil, del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y las fundaciones de las cajas BBK y Vital.

El acuerdo aprobado por el Gobierno establece también como condición para su entrada en el capital la aprobación por las entidades financieras de una nueva estructura de endeudamiento integrada en dos tramos.

Por un lado, una financiación 650 millones de euros con vencimiento a 6 años y una línea de circulante de 120 millones, con vencimiento a tres años y extensión automática durante dos años más. Adicionalmente se concederá una nueva línea de avales por parte de las entidades financieras de 500 millones.

La SEPI ha considerado el conjunto de tecnologías y capacidades industriales con que cuenta Talgo, que la sitúan como un actor clave para la movilidad ferroviaria en España.

Esas fortalezas -añade- permiten sostener el plan de negocio que tiene previsto para los próximos años, cuya ejecución será impulsada por un consorcio inversor “de marcado perfil industrial” y se verá facilitada por la restructuración financiera para “acomodar” el calendario de vencimientos y los recursos disponibles a la cartera de pedidos ya contratada, que supera los 4.000 millones de euros.

El desbloqueo de la financiación de Talgo se produce poco más de una semana después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, se reunieran en la Moncloa para, entre otros asuntos, “encauzar” -en palabras del dirigente vasco- la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la compañía de trenes.

El PNV ha cargado directamente contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el retraso en la materialización de la operación de compra de Talgo y le ha exigido que “deje de obstaculizar” el proceso. Es más, han señalado que “llevan tiempo observando cómo el Ejecutivo central pone dificultades para que la empresa ferroviaria mantenga su arraigo en Euskadi, donde tiene una de sus plantas más importantes en Rivabellosa, en Álava, de la que viven 700 familias”. La portavoz nacionalista en el Congreso, Maribel Vaquero, ha afirmado que “si la operación fracasa, será el Gobierno español quien tenga que explicar a la ciudadanía vasca las razones de este fracaso”. “Aún se puede desencallar la situación, pero no hay tiempo que perder”, ha señalado.

Desde el PNV miran directamente al la Sepi, organismo dependiente del Gobierno central, como el que está poniendo palos en las ruedas de esta operación que se firmó como preacuerdo en febrero, y por la que el Gobierno vasco junto a Sidenor y las fundaciones BBK y Vital se hacían con el 29,7% de Talgo. Según señala el PNV, el Ejecutivo central, a través de la Sepi, “se comprometió inicialmente a apoyar la operación vasca y fortalecer a la empresa mediante un préstamo convertible de cerca de 150 millones para que pudiera hacer frente a sus necesidades financieras”. “Posteriormente, propuso que la operación se dividiera en dos, de forma que el Gobierno central se haría cargo de 75 millones y el consorcio vasco, en el que participa el Gobierno vasco junto a otras entidades privadas, de los 75 restantes. El Ejecutivo liderado por Imanol Pradales hizo los deberes para hacer frente a esta propuesta, reuniendo en el consorcio a entidades privadas que favorecen la solvencia de la operación, y renegociando el interés del préstamo en favor de Talgo”, señalan los 'jeltzales'.

“Sin embargo -abundan- la Sepi ha decidido finalmente dar marcha atrás a su propuesta inicial y exige al consorcio vasco que modifique la fórmula de acceso a Talgo una vez más. Los acuerdos son para cumplirlos, no podemos estar cambiando las propuestas cada cinco minutos. Hay mucho trabajo detrás, muchos cálculos y, sobre todo, muchas familias vascas que dependen de que el Gobierno español asuma lo que había prometido”, aseguran.

Recuerda el PNV que su grupo en el Congreso, en colaboración con las entidades vascas lideradas por el Gobierno autonómico, “ha estado trabajando para que Talgo, atendiendo a su capacidad industrial, pueda dar salida a una cartera de pedidos del entorno de 4.000 millones de euros y mantener el empleo en el territorio”. “Esta es una compañía estratégica para Euskadi, que dispone de una tecnología puntera en el sector ferroviario y tiene un gran futuro por delante”, por lo que exigen que al Gobierno central que “desencalle” la situación.

El PNV ha desvelado abiertamente las dificultades para cerrar una operación que eran un secreto a voces tras múltiples retrasos en su materialización. El propio lehendakari Imanol Pradales reconocía el pasado mes de junio, preguntado por los periodistas por la cuestión, que cerrar la operación estaba siendo “mucho más complicado” de lo esperado, y ya apuntaba la necesidad “fortalecer el balance y activar nuevas fuentes de financiación”. Aludía entonces al impacto de la multa de Renfe de 116 millones de euros en el balance de la compañía y aunque ya se sabía de la existencia de la multa en el momento del preacuerdo de compra, reconocía que creyeron que “la famosa multa de Renfe, se podía gestionar con otra celeridad” y, “sinceramente, está siendo mucho más complicado porque no se puede quitar”.

La gran operación industrial del arranque de la era de Imanol Pradales se está retrasando más de lo debido. Cuatro meses después de firmado el acuerdo para la compra de Talgo, sigue sin tener fecha para culminarse. El propio lehendakari ha reconocido este martes que cerrar la operación está siendo “mucho más complicado” de lo esperado. Aunque se ha mostrado “optimista” y ha pronosticado que el “cierre definitivo” “está cerca”, no ha ocultado que es necesario “fortalecer el balance y activar nuevas fuentes de financiación”.

Según ha señalado Pradales en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno a preguntas de los periodistas, detrás del retraso de la firma está el impacto de la multa de Renfe a la compañía, por un importe de 116 millones, que “legalmente no se puede quitar” e “impacta directamente en el balance” de la empresa. El Gobierno vasco camina de la mano en esta operación con el empresario José Antonio Jainaga, dueño de Sidenor y las fundaciones BBK y Vital, para hacerse con el control del 29,76% de la empresa -al no llegar al 30% evita una OPA- pagando 4,15 euros por acción, que se ampliaría a con 0,85 euros más, vinculada esta horquilla a la consecución de determinados hitos industriales. Esto supone que el precio final queda en los 5 euros por título, muy por encima del precio actual de la acción. El pasado lunes cerró a 2,98 euros.

Pradales ha admitido que pensaban que la conclusión del proceso “iba a ser más sencillo”, por “las conversaciones previas que se habían mantenido a todos los niveles institucionales y también privados”. Además, ha señalado que creyeron que “la famosa multa de Renfe, se podía gestionar con otra celeridad” y, “sinceramente, está siendo mucho más complicado porque no se puede quitar”. “Legalmente, no se puede quitar algo que cuenta con todos los informes justificativos para que se aplique”, ha precisado.

Pradales ha señalado que, al ser una cantidad importante, de 116 millones de euros, “impacta directamente en el balance de la compañía” y, por lo tanto, “hay que reforzarlo”. Ha reiterado que el preacuerdo de compraventa con el fondo Trilantic sigue en vigor y que se trabaja con el Gobierno español para “buscar las fórmulas que permiten activar la financiación bancaria suficiente para que Talgo pueda seguir operando, que en términos de balance su impacto sea limitado y se produzca y se ejecute definitivamente el acuerdo de compraventa”. En este sentido ha recordado que hay “tres ministerios del Gobierno español implicados” en esta operación, lo que denota la complejidad que hay detrás“.

La 'clave' sería, según Pradales “ver cómo se fortalece el balance, cómo se activan nuevas fuentes de financiación para hacer frente a todo el marco de pedidos que se ha ido conociendo públicamente respecto a Talgo de cara a futuro, y también nuevas capacidades industriales que derivarían de esa mayor producción de la compañía”. “O sea, que hay que hacer un conjunto de operaciones que tienen que integrarse para que, no solo Talgo tenga control desde el punto de vista de un consorcio vasco en términos de propiedad, sino que tenga futuro, y futuro industrial; creo que es lo más relevante”, ha indicado.

Mientras se cierra la operación, José Antonio Jainaga, el dueño de Sidenor ha sido reconocido con el premio 'Joxe Mari Korta 2025', un galardón que otorga el Gobierno vasco por su compromiso con “el arraigo, la excelencia industrial, la apuesta por la innovación y la creación de empleo de calidad”. El galardón será entregado en un acto que se celebrará el próximo 10 de julio en Donostia, que será presidido por el propio lehendakari, Imanol Pradales.

Además, el fondo Finkatuz, el mismo vehículo financiero con el que el Gobierno vasco piensa materializar la entrada en Talgo, acaba de inyectar 35 millones de euros en dos empresas propiedad de Mirai Investments, el fondo inversor de José Antonio Jainaga. Se trata de kas empresas Innometal y Ohmnia Electronic, dos grupos industriales referentes a nivel de Estado en la industria electromecánica, cuyo accionista mayoritario es el fondo Mirai Investments, propiedad de Jainaga. Junto al Fondo del Instituto Vasco de Finanzas, se incorpora a esta operación la Fundación Vital con 17 millones de euros, es decir, que se repite en parte la estructura de la operación Talgo. Esta inyección de dinero da aire al consorcio propiedad de Jainaga, que está pendiente de materializar la compra del fabricante de trenes.

En un contexto en el que Europa busca recuperar su soberanía estratégica y reducir su dependencia económica y tecnológica del exterior, la creación de herramientas como los fondos soberanos adquiere una importancia decisiva. Un Fondo Soberano Vasco responde a esta necesidad, ofreciendo al país una herramienta financiera clave para proteger y potenciar nuestro tejido económico frente a la volatilidad global y las dinámicas especulativas de los mercados internacionales. Casos como los de Guardian y Siemens-Gamesa nos muestran el peligro que entraña el control de nuestras industrias estratégicas por parte de fondos extranjeros. Siguiendo una lógica empresarial de inversión, se debe intentar afianzar y buscar el arraigo de industrias que resultan claves para el desarrollo de nuestro país.

La propuesta de crear un Fondo Soberano Vasco es también una enmienda a la totalidad a las políticas neoliberales impulsadas por el Gobierno vasco en los últimos años, caracterizadas por facilitar la entrada de fondos extranjeros y reducir el papel activo del sector público. Frente a este modelo, un fondo soberano permite al sector público actuar como agente activo en el desarrollo económico, priorizando inversiones estratégicas, sostenibles y arraigadas en el territorio. Pese a ver la creación del Fondo Finkatuz como un paso positivo, su uso conservador y limitado de los últimos años presenta todavía muchas incógnitas. Uso conservador por haber sido utilizado únicamente en empresas con sobrada solvencia como CAF, ITP o Kaiku, y limitado porque sólo se ha utilizado un tercio de los 300 millones de euros de los que disponía el fondo. Parece que el papel tomado en la operación de Talgo muestra un cambio de paradigma, ya que se acompaña a una inversión industrial no libre de riesgos, pero haciendo una clara apuesta por el arraigo, impulsando la reubicación de las sedes centrales en Araba.

EH Bildu lleva años poniendo sobre la mesa esta necesidad estratégica, insistiendo en la importancia de un fondo que no sea solo un instrumento financiero más, sino un motor económico real, capaz de fortalecer y modernizar el tejido industrial vasco. La reciente iniciativa del Gobierno vasco sobre una alianza financiera que habla de un fondo vasco es un paso que vemos de forma positiva, aunque debemos destacar que aún faltan pasos fundamentales por definir: ¿qué papel jugarán las EPSV en este fondo?, ¿cómo se atraerán los 3.000 millones de euros de inversión privada hacia las apuestas de país?, ¿cómo se pretende asegurar la sostenibilidad económica de este fondo?

Para EH Bildu, resulta clave clarificar desde ahora la orientación específica del fondo, qué criterios estratégicos guiarán sus inversiones y, especialmente, qué modelo de gobernanza se aplicará para garantizar una gestión transparente, democrática y alineada con el interés general de la ciudadanía vasca. Es decir, ¿quién, cómo y según qué criterios va a decidir qué, cómo y dónde invertir esos 4.000 millones anunciados por el lehendakari?

La creación de un Fondo Soberano Vasco puede permitir hacer apuestas a medio largo plazo ante los retos de la digitalización, la descarbonización y la deslocalización de capitales. Un fondo de este tipo debe liderar las inversiones estratégicas que necesita el país, por un lado, incentivando el arraigo de las industrias estratégicas; por otro, aportando recursos a las pequeñas y medianas empresas para competir a nivel mundial. Esto se debe transformar en fortalecer los empleos de calidad, atraer y, sobre todo, mantener el talento y asegurar la recaudación pública a medio largo plazo, haciendo una función anticíclica ante las diferentes crisis. Debe ser, en definitiva, una herramienta que permita a las instituciones públicas coger las riendas de la política industrial.

En una día de resultados para importantes empresas vascas, Talgo ha anunciado este viernes unas pérdidas de 107,9 millones de euros, tras provisionar 116 millones de euros para poder hacer frente a la multa que le quiere imponer Renfe por el retraso en la entrega de trenes. Según la información que ha enviado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sin esta provisión los beneficios serían de 8,8 millones de euros. A la espera de que se conozca el plan industrial que prepara el presidente de Sidenor para sacar a la empresa de la crisis, para lo que es fundamental dar salida a la cartera de pedidos que tiene la empresa, la compañía registró una cifra de negocio de 669,2 millones de euros en 2024, lo que es un récord histórico con un incremento de 17 millones (+2,5%), respecto al año anterior, según ha informado la compañía.

Sidenor, como socio industrial de un consorcio vasco en el que participa también el Gobierno vasco, la BBK y la Vital -fundaciones accionistas de Kutxabank- ha llegado a un principio de acuerdo con Trilantic, para hacerse con el 29,76% de la empresa, una operación que cuenta con el visto bueno del Gobierno central. De momento, la empresa fabricante de trenes no pasa por su mejor momento, lastrada por las dificultades para sacar adelante la cartera de pedidos, y la posibilidad de tener que pagar la multa de Renfe. Precisamente el provisionamiento de esta multa, que lastra los resultados, es el argumento que la dirección ha dado a los trabajadores al anunciarles que no se les pagará este año las paga a de beneficios, algo que los trabajadores ya han anunciado que no está dispuestos a aceptar. El comité se volverá a reunir con la dirección el próximo lunes.

Repecto a la multa, una penalización que tiene que ver con los retrasos en el suministro de 30 trenes AVRIL de alta velocidad, que se encontraba en fase de alegaciones y justificaciones desde julio de 2022, la empresa sostiene que “los retrasos se han ocasionado por causas no imputables a Talgo y, como siempre ha intentado, procurará llegar a una solución con Renfe que proteja sus intereses y los de sus accionistas, reservando su derecho de acudir ante los tribunales de Justicia, llegado el caso”. Recuerda además que la complejidad de los proyectos, la larga duración de su implementación y la influencia de factores exógenos que afecten a los plazos de entrega “son habituales en el sector ferroviario, y por ello es una práctica extendida que concurran circunstancias que permitan el ajuste de los calendarios de entrega sin responsabilidad para el contratista”.

El resto de los datos financieros señalan un Ebitda de 70 millones de euros en 2024, sin contar la provisión por penalización de Renfe y “una sólida cartera de pedidos que alcanza los 4.173 millones de euros, similar al del ejercicio anterior”. “La cartera de pedidos está bien equilibrada entre fabricación, que garantiza un fuerte crecimiento de los ingresos con un calendario de ejecución que abarca de 2 a 5 años, y mantenimiento, que genera efectivo e ingresos recurrentes. Más del 80% de la cartera corresponde además a proyectos internacionales, lo que refleja el proceso de internacionalización de Talgo”, señalan. Además, señalan que las actividades de mantenimiento, que representan aproximadamente la mitad de la cartera, “impulsan la estabilidad y proporcionan un flujo de caja fiable, al tiempo que amplían la base instalada con nuevas entregas”. “Este fuerte impulso comercial ha respaldado el aumento en la actividad de fabricación, liderado por los proyectos de Alemania, que comprende el diseño y la fabricación de 79 trenes Intercity Talgo 230 para Deutsche Bahn; Dinamarca, que incluye el diseño y la fabricación de 16 trenes Intercity Talgo 230 para DSB, y el diseño y fabricación de 7 trenes para Egipto. Y en España, contratos que contemplan la fabricación de las 26 cabezas tractoras de muy alta velocidad y el mantenimiento de 13 trenes de la serie 107, con opción a 12 unidades adicionales para Renfe·”.

Habrá que esperar a que se materialice la compra para conocer los entresijos de plan industrial del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, aunque el presidente de Caja Vital, uno de los accionistas, señalaba en una reciente entrevista en la Cadena Ser que es probable que se construya una nueva nave en Vitoria para poder dar salida a la carga de trabajo de la empresa, que suma unos 4.000 millones de euros. No obstante, esta sería una solución que no estaría operativa antes de 2026 o 2027 y la empresa puede precisar de soluciones más rápidas entre las que podrían estar acuerdos con otras empresas para llevar a cabo la fabricación.

Vidrala consolida su posición

En otro sector completamente distinto, Vidrala ha anunciado unos excelentes resultados consolidando su fuerza en el polo de la industria del vidrio en Llodio tras el descalabro de Guardian, que está esperando su cierre. Vidrala cerró 2024 con unos beneficios de 298,3 millones de euros en 2024, lo que supone un 27,8% más que lo que ganó un año antes. La compañía alavesa, dedicada a la fabricación de envases de vidrio destinados a la alimentación y bebidas, como botellas y tarros, ha calificado este año como “de progreso” marcado varios “movimientos estratégicos” y por un “esfuerzo inversor”, que le permiten afrontar 2025 desde el optimismo pese al “contexto de incertidumbre económica y tendencias de consumo moderadas”. Un año en el que prevé materializar inversiones de 180 millones de euros, parte de ellas en su planta de Llodio.

Entre estos “movimientos estratégicos” que han permitido consolidar la situación, la empresa que dirige Raúl Gómez ha citado la “entrada en Brasil, la desinversión en Italia y unas ambiciosas inversiones industriales en Europa”. Además, ha fortalecido su presencia en el Reino Unido con la integración de la gran planta embotelladora en Bristol. “Estas decisiones responden a una estrategia a largo plazo que, en los últimos años, ha permitido a la compañía realizar inversiones diferenciales. Como resultado, Vidrala ha reenfocado su actividad en tres divisiones clave, reforzado sus alianzas con clientes estratégicos y sentado las bases para un crecimiento sostenido en mercados con alto potencial de desarrollo”, han señalado.

Durante el año 2024, las ventas alcanzaron los 1.588,3 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,9% respecto al año anterior. En cuanto al EBITDA se situó en 454,0 millones de euros. “Este crecimiento es el resultado de un sólido desempeño en Brasil, una mejora de la base de costes en Europa y los avances en la integración de servicios diferenciales en el Reino Unido”.

La situación de Vidrala contrasta con la de Guardian Llodio. Los trabajadores han vuelto a retomar las movilizaciones este viernes ante la sede de la Spri y se quejan de que pese a los anuncios de por parte de las instituciones de que hay inversores interesados, “a día de hoy, no hay nada más que humo y publicidad” y “lo único real sobre la mesa”, sobre el futuro de la planta, son sus despidos.

LAB ha denunciado que Sidenor se presente como “salvadora de la industria vasca”, debido a la operación de compra de Talgo, mientras “empeora las condiciones de la plantilla” de sus factorías. Representantes de LAB han ofrecido una rueda de prensa en la planta de Sidenor en Basauri (Bizkaia), en la que han afirmado que las negociaciones de los convenios colectivos en la empresa “están siendo muy duras” por la actitud del grupo.

Los representantes de la central sindical han arremetido contra el presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, y han denunciado su “doble juego, tanto hacia fuera como hacia dentro”. Según han censurado, mientras “quieren presentar al grupo Sidenor como salvadora de la industria de la comunidad autónoma vasca”, los trabajadores tienen “una opinión muy diferente”. A su juicio, las “noticias constantes” sobre el papel de Sidenor en la compra de la empresa ferroviaria Talgo, “bajo la excusa de apoyar la industria vasca” es un “negocio redondo” porque, de nuevo, el departamento de Industria “le regala 45 millones de euros, sin pedir ningún tipo de garantía sobre empleo o condiciones de trabajo”.

Este es, en su opinión, “un claro ejemplo de la política industrial del Gobierno vasco” al que ha advertido de que, al margen del “arraigo” de las empresas, hay que “tener en cuenta cómo trata a los trabajadores y en qué condiciones lo hacen”. “Detrás de este grupo Sidenor hay más de 2.000 operarios que trabajan en los centros de trabajo ubicados en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, sumando personal directo y personal de subcontratas”, han dicho.

LAB ha apuntado que, “lo que parece ejemplar de cara al exterior, dentro tiene mucho que mejorar” porque “se están negociando convenios en los centros de trabajo de Legutio y Azkoitia”, y el proceso “está siendo muy duro debido a la actitud de la empresa”. Ha criticado en este sentido que ni “garantiza el poder adquisitivo”, ni admite “reducción de jornada o lo que se recoge es totalmente insuficiente”, y pretende “empeorar aún más las medidas de flexibilidad, vulnerando constantemente el derecho a la conciliación de las plantillas y frustrando todas las posibilidades de tener una vida digna”.

LAB ha recordado que Sidenor ha repartido 25 millones de euros en dividendos en los dos últimos años y, “mientras tanto, empeoran las condiciones de la plantilla continuamente”. “Si se quiere defender la industria vasca, también hay que defender las condiciones laborales de las y los trabajadores”, ha insistido.

El sindicato también ha arremetido contra CCOO, UGT y USO, que “están a su disposición, buscando sus propios beneficios” y les ha reprochado que “el acuerdo marco que firmaron es una losa tremendamente pesada porque condiciona totalmente las negociaciones en los centros de trabajo que están fuera” de él. Tras denunciar que la dirección “quiere seguir en esta línea en las negociaciones que están abiertas en este momento”, ha asegurado que CCOO, UGT y USO “también son responsables directos de la miseria” de los trabajadores, porque “se han mostrado siempre dispuestos a firmar todas esas pérdidas de derechos dentro del acuerdo marco y en las negociaciones de otros centros fuera del acuerdo”.

Además, ha indicado que “los ritmos de trabajo que imponen” en la empresa “son tan insoportables” que muchos trabajadores “se ven obligados a solicitar bajas médicas” y ha denunciado el “cambio constante en los puestos de trabajo”. “Esto no puede seguir así. Por ello, ante el blanqueo que desde instituciones y medios de comunicación se está llevando a cabo con el grupo Sidenor, en ningún caso vamos a permitir que las diferentes operaciones comerciales u otros movimientos sirvan de pretexto para empeorar o abaratar las condiciones laborales de la plantilla”, ha advertido.

A su juicio, ahora existe “una gran oportunidad para influir en las negociaciones abiertas y en las que se abrirán, revertir la situación y acceder a las condiciones laborales” que los trabajadores “se merecen”.

La plantilla de Talgo ha iniciado este jueves las movilizaciones para exigir a la dirección de la empresa que pague la nómina de objetivos que está comprometida. “Objetivo cumplido, paga lo merecido”, se podía leer en la pancarta tras la que se han concentrado en la planta de Rivabellosa, en Álava, pero también en Madrid. La dirección ha comunicado al comité su intención de suprimir esa paga por los resultados negativos que prevé la compañía debido a la necesidad de provisionar la multa millonaria de Renfe por el retraso en la entrega de trenes.

Los trabajadores creen que la plantilla ha cumplido todos los objetivos fijados por la empresa y que no deben ser los perjudicados por la “mala gestión de la dirección”. “Esta movilización es un primer paso. La semana que viene nos volveremos a reunir con la dirección y tomaremos más decisiones sobre la estrategia a seguir. Seguiremos movilizándonos y escalando las protestas. La plantilla está en su derecho de reclamar lo que se ha ganado”, dicen.

Las movilizaciones llegan apenas siete días después de que se suscribiera un principio de acuerdo entre los dueños de Talgo y el consorcio vasco formado por Sidenor, el Gobierno vasco, BBK y Vital para hacerse con el control del 29,7% de la empresa, una operación que desde el comité insisten en que “se ve con buenos ojos” al quedarse en manos vascas y despejarse el peligro de deslocalización que suponía la entrada de una empresa extranjera. Por ello, rechazan que esta movilización sea un aviso a navegantes para los nuevos dueños y la relación con la plantilla. “Sólo queremos que la dirección actual cumpla lo que está comprometido, y que se nos pague lo que nos pertenece”, insisten.

Los trabajadores esperan que cuando se ultime la compra definitiva por parte del consorcio vasco se ponga en marcha un plan industrial que solucione los problemas que tiene la empresa en estos momentos para dar salida a la carga de trabajo con la que cuenta. “Necesitamos que alguien tome las riendas y que mejore nuestra situación en general, no solo en cuanto a trabajo y condiciones, sino a lo que es el funcionamiento de la empresa y sus proyectos”. No obstante, confiesan que están a la expectativa de ver lo que pasa porque el directivo de Sidenor, José Antonio Jainaga, “tiene fama de meter tijera”, señalan.

Se ha confirmado. El consorcio vasco encabezado por Sidenor se queda con Talgo. Finalmente, las presiones políticas han despejado el camino y la polaca Pesa y la india Jupiter Wagons han desistido de presentar sus ofertas ante la certeza de que no contaban con el visto bueno del Gobierno español, que ya vetó la opa del grupo húngaro Ganz-Mavag (Magyar Vagon)  en el mes de marzo. La apuesta del empresario José Antonio Jainaga siempre ha contado con el visto bueno del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ha sumado a su oferta al Gobierno vasco, no sólo con apoyo, sino también con dinero público, y a las fundaciones BBK y Vital -accionistas de Kutxabank y cercanas a las instituciones- para presentar una oferta sólida por la empresa que finalmente ha contado con el visto bueno de Trilantic, el fondo propietario de Talgo. De momento, se trata de un principio de acuerdo que habrá que formalizar a partir de ahora.

La oferta vasca supone hacerse con el 29,76% de la empresa -al no llegar al 30% evita una OPA- pagando 4,15 euros por acción, que se ampliaría a con 0,85 euros más, -la oferta anterior estaba en 0,80- vinculada esta horquilla a la consecución de determinados hitos industriales. Esto supone que el precio final queda en los 5 euros por título, que era lo que pedían los propietarios de la empresa, porque esa era la oferta de la opa húngara que vetó el Gobierno por motivos estratégicos. En total, se superan los 180 millones de euros, si se cumplen unas magnitudes financieras durante los ejercicios 2027 y 2028 incluidas en el plan de negocio de Talgo, de los que 155 de millones se abonarían de manera directa: 45 millones los aportará Sidenor, la misma cantidad con la que contribuirá el Gobierno vasco, a través del fondo Finkatuz, -destinado a inversiones para facilitar el arraigo empresarial- y la BBK, respectivamente. La Fundación Vital, aportaría 20 millones de euros a ese precio inicial.

Según han señalado fuentes de Sidenor el principio de acuerdo al que se ha llegado este viernes “y en su caso el acuerdo definitivo deberá ser sometido a la aprobación de los respectivos órganos de gobierno de todas las partes vinculadas al mismo”. Dichas fuentes han resaltado que “la operación permite mantener en manos locales la propiedad de una compañía estratégica, que dispone de una tecnología puntera en el sector ferroviario y que tiene un gran futuro por delante”.

La confirmación de la noticia ha llegado después de una mañana de nervios, con el consejero Mikel Jauregi esperando un mensaje en el móvil que le confirmara que el acuerdo estaba cerrado. El propio lehendakari Imanol Pradales a primera hora de la mañana se mostraba optimista respecto al acuerdo, pero llamaba a la “tranquilidad” a la espera de cerrar “algunos flecos” pendientes. “Que no se nos lleve la ansiedad a nadie”, decía.

Una vez confirmado el acuerdo, el lehendakari ha valorado la noticia como “una magnífica noticia para nuestra economía y para el empleo industrial en Álava y en Euskadi”. Además, ha señalado que es un “buen ejemplo de cómo alinear las capacidades financieras vascas para hacer realidad proyectos industriales estratégicos para nuestro país”. “La oferta del consorcio vasco ha demostrado su capacidad para competir ante terceros y movilizar capital público y privado en una apuesta industrial de país”, ha insistido.

En la misma línea, el consejero de Industria, Transición Energética y sostenibilidad ha considerado que se trata de una “gran noticia” en tanto que “impulsa el arraigo de la empresa, su proyecto industrial de futuro y el mantenimiento del empleo. En un momento de incertidumbre a nivel mundial, desde el Gobierno Vasco apostamos por dar seguridad y certidumbre a nuestras empresas y a la ciudadanía”.

Jauregi ha destacado que esta operación “ha culminado de la mejor manera posible para fortalecer el desarrollo industrial de nuestro país, garantizando el arraigo de una empresa tractora para Euskadi, basado en un proyecto industrial sólido y de futuro, que mantiene su actividad en nuestra tierra y asegura los puestos de trabajo”. “Con este acuerdo, se han cumplido todos los objetivos que planteamos desde el inicio de la operación como condición para entrar en el capital de Talgo, y que son los que ha representado la propuesta liderada por José Jainaga”.

El consejero ha querido destacar “el gran privilegio que ha supuesto trabajar codo con codo con un referente empresarial de nuestro país como el presidente de Sidenor, y ha puesto en valor que un industrial vasco se involucre personalmente de esta manera con el objetivo de conseguir que un proyecto estratégico para nuestro país se mantenga en Euskadi. Un gran empresario con compromiso de país y vocación industrial. Sin su involucración absoluta en el proceso, esta operación no hubiese sido posible”. Ha subrayado que esta operación “representa el mejor ejemplo de la colaboración público-privada como vía para fortalecer la industria de Euskadi y, con ella, el bienestar de toda la sociedad vasca. Tenemos claro que la industria es el motor y la fuerza de Euskadi, y lo que garantiza nuestro alto nivel de vida, generando riqueza y empleo. La operación exitosa que hoy se ha producido es una apuesta por más y mejor industria”.

El Gobierno vasco se ha volcado en que conseguir entrar en Talgo y mantener su arraigo en Euskadi. Talgo tiene una de sus plantas más importantes en Rivabellosa, en Álava, en la que trabajan 700 trabajadores -en toda España, la compañía cuenta con cerca de 2.500 trabajadores directos-. De ahí que la apuesta vasca suponga mantener el empleo, pero además, intentar que la sede social de la empresa, que ahora está en Madrid, vuelva a Euskadi, en concreto a Álava. No obstante, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha puntualizado que hay que hacer “las cosas a su tiempo” y la decisión de la sede es algo que tendrían que aceptar los accionistas que quedan en Talgo. “Son cuestiones que hay que discutir y acordar con el consejo de administración de Talgo”, ha señalado. También ha resaltado que el hecho de que haya un presidente de Talgo, Carlos de Palacio Oriol, que tiene “sus raíces en Euskadi”, es importante. Carlos de Palacio Oriol se entrevistó recientemente con el lehendakari Pradales en Ajuria Enea.

Ramiro González, diputado general de Álava, territorio al que la empresa podría trasladar su sede social, ha señalado que el acuerdo constituye “una extraordinaria noticia para Álava, supone reforzar nuestro tejido industrial, beneficia al conjunto del territorio y especialmente a los proveedores alaveses de Talgo y abre nuevas oportunidades para nuestras empresas”. “Esta operación tiene un enorme simbolismo para Álava”. “Talgo es una empresa con corazón y alma alaveses y el retorno del centro de decisión a nuestro territorio supone recuperar una de nuestras señas de identidad industriales”, ha manifestado. Además, ha destacado que se lleve a cabo este proyecto con la colaboración del Gobierno y de las fundaciones de Kutxabak. “Esta fórmula de colaboración es el camino para abordar los importantes retos a los que se enfrentan en estos momentos nuestras empresas y seguir avanzando en el fortalecimiento de nuestro tejido industrial”, ha señalado el diputado general.

Este viernes, antes de que se hiciera pública la decisión de Trilantic, el consejero de Talgo José María Oriol Fabra, vicepresidente no ejecutivo con categoría de otro externo, ha presentado su dimisión “irrevocable” como miembro del consejo de administración de la compañía española “con efectos inmediatos”, alegando “motivos personales”, ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Antes habían presentado su dimisión otros tres consejeros dentro de las tensiones generadas en el proceso de venta.

El consejero Jauregi ha contado cómo se fraguó el acuerdo con Jainaga en un reunión con él mismo y el lehendakari: “Me quedé muy impresionado con lo que dijo. Y dijo, tenemos una empresa aquí que la podemos perder y en Euskadi necesitamos hacer una apuesta por la industria que está en nuestro ADN y también hacer una apuesta por el arraigo, y que un tipo de empresa como Talgo no la perdamos. Y él tuvo el compromiso personal de decir, ¿por qué no intentamos hacer algo para que esto se quede aquí?”. A partir de que se confirme la venta, arrancará el proceso de poner en marcha un plan industrial que permita al fabricante de trenes dar salida a su cartera de pedidos que suma más de 4.000 millones, pero que hoy en día no es capaz de sacar adelante por falta de instalaciones.

El consejero de Talgo José María Oriol Fabra, vicepresidente no ejecutivo con categoría de otro externo, ha presentado su dimisión “irrevocable” como miembro del consejo de administración de la compañía española “con efectos inmediatos”, alegando “motivos personales”, ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La salida de Oriol Fabra, que se incorporó a la compañía en 1987 se conoce el mismo día en el que se cumple el plazo dado por el fondo británico Trilantic para recibir ofertas por Talgo y tras conocerse que Sidenor continúa sus negociaciones con él de cara a un acuerdo para adquirir su participación en el fabricante ferroviario.

Así, en este momento, la única oferta que Trilantic tiene sobre la mesa es la del consorcio vasco liderado por Sidenor en el que también participan el Gobierno vasco, a través de Finkatuz, y las fundaciones bancarias Vital y BBK.

Por su parte, la india Jupiter Wagons y el fondo estatal polaco PFR --propietario del fabricante de trenes Pesa-- también han mostrado interés en la operación, pero aún no han formalizado las posibles OPAs y otras fuentes del mercado descartan que vayan a presentarlas antes de este viernes.

El pasado martes, los consejeros de Talgo Francisco Javier Bañón y Javier Fernando Olascoaga, ambos con categoría de dominicales, también presentaron su dimisión “irrevocable” como miembros del consejo de administración de Talgo por la venta de la participación de Pegaso.

Fuentes de Pegaso explicaron a Europa Press que la dimisión de sus consejeros se hace para evitar un conflicto de interés, ya que la oferta de Sidenor por Talgo se dirige a adquirir una parte de la participación de Pegaso. Como esta oferta tendrá que debatirse en el consejo de Talgo, apartándose del consejo, evitan tal conflicto de interés. Igualmente, también presentó su dimisión en Talgo el también consejero dominical Pedro Manuel del Corro García-Lomas.

El fondo polaco público PFR no presentará la opa por el cien por cien de Talgo porque no cuenta con el respaldo del Gobierno español, que sigue apostando por que Sidenor se haga con un 29,8 % de Pegaso, la sociedad en la que se integran Trilantic y las familias Oriol y Abelló.

Según publica este jueves el diario Expansión, el fondo polaco, accionista de control del fabricante de trenes Pesa, -que había comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de presentar la opa- no seguirá adelante con la operación al no tener el apoyo del Gobierno español.

Para vetar a Pesa el Ejecutivo nacional se apoya en el llamado escudo antiopas, que permite al Gobierno frenar operaciones de toma de control de empresas consideradas estratégicas y que se ha prorrogado por dos años más.

La intención de PFR era hacerse con la participación del 40 % de Pegaso (Trilantic controla el 29,8 % y el resto se reparte entre parte de la familia Oriol y el fondo Torreal, de Juan Abelló), con lo que, al superar el 30 %, es obligado presentar opa por la totalidad del capital.

Propuesta de Sidenor

La oferta polaca se situaba en el entorno de cinco euros por acción, por encima de la propuesta de Sidenor (4,8 euros), y en los mismos niveles de la opa presentada en marzo del año pasado por el grupo húngaro Magyar Wagon, finalmente vetada por el Ejecutivo español en agosto de 2023.

El Ejecutivo español ha transmitido al polaco su apoyo a la propuesta de Sidenor, por lo que PFR ha optado por no presentar su oferta y no está previsto que lo haga antes de este viernes, cuando vence el plazo dado por Trilantic para recibir ofertas, según el diario económico.

El Gobierno, que considera Talgo una empresa estratégica, siempre ha defendido que Sidenor es su opción para entrar en el capital de Talgo aunque en una segunda fase no descarta que entren otros operadores industriales.

PFR comunicó este miércoles a la CNMV que no había tomado ninguna decisión sobre la presentación de la opa, saliendo así al paso de publicaciones en la prensa de su país, replicadas luego en medios españoles, que informaban de la inminente presentación de la oferta a un precio mínimo de cinco euros.

Ayer mismo el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, se reunió en Varsovia (Polonia) con miembros del Gobierno del país y aseguró que la legislación española permite proteger sectores y empresas estratégicas, entre las que incluyó a Talgo.

Así que de momento la única oferta firme por Talgo es la de Sidenor, respaldada por los gobiernos estatal y vasco, que incluso ha implicado en la operación al fondo público Finkatuz y a las fundaciones de las cajas vascas.

La oferta de Sidenor se cifra en 4,15 euros por acción más 0,65 adicionales si se cumplen determinados objetivos financieros a medio plazo.

Fuentes del sector han señalado a EFE que esta oferta no garantiza el aumento de la capacidad industrial de Talgo, que tienen una cartera de pedidos superior a los 4.000 millones de euros y acumula retrasos importantes en las entregas a sus principales clientes, sobe todo Renfe y la ferroviaria alemana Deutsche Bahn.

Sidenor se perfila como la única oferta con posibilidades

Sidenor se perfila como la única oferta posible para hacerse con el 29,77 % de Talgo, una vez que el Gobierno ha frenado la opa anunciada por el fondo polaco PFR y con la india Jupiter Wagons también en retirada.

A las 14.00 horas, las acciones de Talgo caían un 7,42 %, hasta situarse por debajo de los 4 euros (3,99 euros), después de cerrar ayer a 4,31 euros, a un día de que venza el plazo dado por Trilantic para recibir ofertas por su participación en el fabricante español de trenes.

El Gobierno español ha apoyado a Sidenor desde el inicio de las negociaciones como la primera opción para entrar en el capital de Talgo y en esa línea lleva trabajando desde hace meses, especialmente el ministro de Transportes, Óscar Puente, que quiere mantener la españolidad de la compañía.

La entrada de otros socios -como la polaca, la india u otros- podría producirse en una segunda fase tras la toma de control de Sidenor, en el escenario que maneja el Gobierno, confirman a EFE fuentes del propio Ejecutivo.

Este jueves varios medios han publicado la oposición del Gobierno a la entrada del fondo público polaco PFR, que había avanzado su intención de hacerse con el 40 % de Pegaso, la sociedad que agrupa las participaciones Trilantic (29,9 %) y las familias Oriol y Abelló.

Consultado el Ministerio de Transportes elude confirmar la noticia pero fuentes cercanas al Ejecutivo reconocen a EFE que su opción en primera instancia es y siempre ha sido Sidenor.

PFR tenía intención de ofrecer, al menos, cinco euros por acción, lo que supone valorar la compañía en 620 millones de euros, la misma cantidad que habían propuesto el año pasado la húngara Magyar Wagon, cuya entrada fue vetada por el Gobierno por razones de seguridad nacional.

Mientras, la india Jupiter Wagons, que inicialmente había mostrado interés por Talgo pero no había concretado ni qué parte del capital aspiraba a comprar ni a qué precio, habría leído el mensaje del Gobierno y ha desistido de presentar su oferta, según han publicado también hoy diversos medios.

La oferta de Sidenor

La sociedad Clerbil (del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga,) acompañada del fondo público vasco Finkatuz y de las fundaciones de las cajas vascas BBK y Vital, aspiran a controlar el 29,77 % de Pegaso.

Ofrece 4,15 euros por acción a los que se sumarían otros 0,65 euros ligados al cumplimiento de objetivos en 2027 y 2028, lo que hace un total de 4,8 euros por acción, por encima de los 4 euros que inicialmente puso sobre la mesa Sidenor, una cifra que no convencía a Trilantic.

La toma de control de Sidenor dejaría todavía en manos de los accionistas de Pegaso cerca de un 10 % del capital de Talgo, parte que podrían comprar otros socios industriales.

El Gobierno, que considera Talgo una empresa estratégica, siempre ha defendido que Sidenor es su opción para entrar en el capital de Talgo aunque en una segunda fase no descarta que entren otros operadores industriales.