El Gobierno vasco, accionista de CAF, elaborará un inventario sobre sus relaciones con empresas israelíes

El Gobierno vasco elaborará y publicará “un inventario actualizado sobre las relaciones económicas, comerciales o contractuales que el conjunto del sector público vasco mantengan con empresas israelíes y compañías que participen de manera directa o indirecta en actividades vinculadas a la ocupación ilegal o represión de la población palestina” conforme al derecho internacional humanitario y las resoluciones de Naciones Unidas, con el objeto de “finalizarlas de conformidad con la normativa vigente”. El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves una resolución en ese sentido plantada por PNV y PSE-EE, los partidos del Ejecutivo y que tienen mayoría.

La iniciativa ha concitado la abstención de EH Bildu y Sumar y la negativa del PP y Vox. El texto aprobado reclama garantizar que “la contratación pública respete las normas internacionales de trabajo y los principios del derecho internacional, incorporando cláusulas sociales y los procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos, en coherencia con los compromisos institucionales del Gobierno vasco y los estándares de la Unión Europea”, informa Europa Press.

La dirigente del PNV Maitane Ipiñazar ha destacado como un “importante paso adelante” que se analicen las posibles relaciones que podría tener el Gobierno vasco con empresas israelíes o que puedan participar en la ocupación de Israel, así como que “las contrataciones públicas también incluir cláusulas para protección de derechos humanos”. Asimismo, ha señalado que “no se puede engañar a nadie”. “Muchas veces podemos llegar hasta donde podemos llegar y tenemos el margen de actuación que tenemos”, ha indicado. Ipiñazar ha querido poner en valor que el Gobierno vasco ha destinado más de 20 millones de euros a distintas acciones humanitarias para el pueblo palestino entre el 2018 y el 2024, ya que “los ciudadanos de Gaza piden ayuda económica”. “He oído decir que el Gobierno vasco es cómplice del genocidio; pues para ser cómplice del genocidio lo disimula estupendamente”, ha ironizado.

La parlamentaria del PSE-EE Miren Gallástegui ha valorado el real decreto ley estatal que, entre otras cuestiones, consolida jurídicamente el embargo de armas a Israel, amplia la denegación de autorización por puertos españoles a barcos que transporten combustibles usados por las fuerzas armadas israelíes“ y ”deniega autorización de entrada al espacio aéreo español de naves que transporten material destinado a Israel“. Por otro lado y a pesar de no llegarse a un acuerdo con la oposición, ha calificado como ”enriquecedor“ el debate, ya que ”pone delante de los ojos de la ciudadanía vasca que hay un compromiso y unos fundamentos que se comparte“.

La parlamentaria de EH Bildu Diana Carolina Urrea ha demandado ir más allá y “romper las relaciones económicas, comerciales, culturales y deportivas del Gobierno vasco con Israel”, para realizar “una apuesta valiente en favor del pueblo palestino” y “escuchar a las miles de ciudadanas que en Euskal Herria piden a las instituciones públicas que den pasos firmes para que Israel sea aislado”. “Como parte de una nación sin Estado, nos unimos a esta máxima que determinará los pasos a seguir por Israel y que sin duda alguna contribuirá a poner fin a este genocidio. Es momento de que las administraciones públicas vascas pongan fin a las relaciones que tienen con Israel y este Parlamento tiene en sus manos la posibilidad de dar un paso significativo en este sentido”, ha apremiado.

Por su parte, el parlamentario de Sumar Jon Hernández ha hecho mención al informe de la ONU, que eleva la cifra de muertes en Gaza a 68.000 personas y sostiene que “no ha sido evitado ni se ha parado porque es lucrativo”, por lo que ha sentenciado que “hay empresas y corporaciones que hacen dinero a costa del genocidio”. Asimismo, ha cuestionado las declaraciones de algunos consejeros vascos que “justifican y defienden” la participación de la empresa CAF, quien “forma parte de una estrategia de exterminio”, al “permitir la extensión de los colonos ilegales israelíes en Cisjordania, que está expulsando a la población palestina, beneficiándose de la ocupación y represión del pueblo palestino”. “Es importante que salga de este Parlamento un mensaje de que los intereses económicos de las empresas no pueden estar por encima de los derechos humanos”, ha pedido.

Por su parte, la portavoz del PP, Laura Garrido, ha querido condenar “el terrorismo de Hamás contra la indefensa población israelí y, con la misma firmeza”, ha demandado que el Gobierno de Israel “aplique sin reservas el derecho internacional humanitario en toda Gaza y Cisjordania, además de ”exigir que la ayuda humanitaria llegue a la población civil sin dilaciones y de forma inmediata, mediante un alto el fuego con garantías“. ”Creemos que el reconocimiento del Estado de Palestina puede ser la base para conseguir una paz definitiva, pero se tiene que hacer en el estricto cumplimiento de las resoluciones marcadas por Naciones Unidas y en el reconocimiento universal del Estado de Israel que, además, es una democracia“, ha manifestado. Vox ve ”antisemitismo“ en la denuncia de un genocidio.