Para la familia de Eduardo Moreno Bergareche, conocido como 'Pertur', la exposición institucional que pretende “hacer memoria” sobre el “pasado traumático” de Euskadi a través de su figura cincuenta años y unos meses después de su desaparición, supone un “apoyo muy grande”. “Claro que te repara”, afirma Inés Moreno Bergareche, hermana. Este 13 de octubre, 'Pertur' habría cumplido 76 años, una fecha maldita para sus allegados junto al 23 de julio, cuando se le perdió la pista. “Nosotros, al menos la familia, vamos a seguir otros 50 años, intentando saber la verdad”, garantizan.

'Eduardo Moreno Bergaretxe 'Pertur'. Una desaparición sin víctima’, con el segundo apellido con 'tx', ha sido el nombre elegido para la exposición, promovida por el Instituto de la Memoria (Gogora) del Gobierno vasco, en memoria al exmilitante de ETA desaparecido hace cincuenta años. La muestra, inaugurada este martes al mediodía en la plaza de Okendo de Donostia, no se ha centrado en la “desaparición en sí”, sino en su “familia, que no ha recibido ni verdad, ni justicia, ni reparación”, ha explicado Amaia Goenaga, de Gogora, a los familiares y autoridades que han acudido a la inauguración.

La exposición, compuesta por 22 paneles, rememora aquello que a 'Pertur' le tocó vivir, “pero sobre todo recuerda y reflexiona sobre la ausencia, sobre la huella tan profunda que dejó su ausencia para la familia y para los amigos”, ha expuesto al comienzo del acto Alberto Alonso, director de Gogora. También han intervenido el alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, del PSE-EE. Al acto también han asistido otros cargos institucionales de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin.

En su intervención, Insausti ha querido reivindicar la importancia de que la exposición se encuentre a pie de calle, pues en Donostia el espacio público es donde se celebran “muchos momentos colectivos”, considera. El dolor “no se puede quedar en las familias de manera individualizada”. “Al igual que los logros colectivos, las heridas también lo son y nos corresponde a todos sanar y curarlas”, se ha referido el alcalde en torno a la memoria. Y ha reivindicado el “gran trabajo de las instituciones” para alcanzar “una memoria inclusiva que no deje a nadie de lado”. A su criterio, la figura de 'Pertur', que deja “cincuenta años después más preguntas que respuestas”, es la muestra de que todavía queda trabajo pendiente para construir un “futuro en paz”. “La tarea de este Ayuntamiento y ciudad es no olvidar”, ha recalcado.

Por su parte, la consejera San José ha halagado la visión del exmilitante de ETA político-militar por buscar que la violencia quedara en “un segundo plano” dentro de la organización. “Teorizó un primer paso de un camino que, años despues, culminó con el abandono definitivo de las armas” por parte de la rama 'polimili'. Comprendió, “en palabras de Mario Onaindia, que lo verdaderamente revolucionario era la democracia”, ha asegurado citando a quien luego fuera dirigente del partido Euskadiko Ezkerra, EE, ahora integrado en la federación vasca del PSOE.

Al igual que las víctimas del franquismo “empiezan a ver aliviado su dolor” tras las exhumaciones e identificaciones, ha considerado San José, en el acto ha querido “reivindicar el derecho que tienen las familias de los desaparecidos durante la Transición a descansar definitivamente de esa búsqueda”. “Pido al Estado que cumpla con su responsabilidad, que no ceje en el obligado empeño de trabajar por el esclarecimiento de esos crímenes” y, en referencia a ETA, ha pedido igualmente que los que “saben y llevan años sin atreverse a hablar, que den un paso adelante” y “colaboren”. “Solo así podremos cicatrizar, tantas décadas después, la incurable herida de su ausencia”, ha concluido.

A pesar de no poder acudir a la presentación por encontrarse de viaje, Lurdes Auzmendi, pareja de 'Pertur' cuando desapareció, ha pedido en nombre de todos los familiares que “los que sepan algo”, aunque sea “el menor indicio o detalle sobre su desaparición”, hablen. “La inhumanidad de ocultar lo que se sabe sobre lo sucedido con una persona desaparecida es muy cruel”, ha expresado. “Los padres de Eduardo murieron con la tristeza y el dolor pegado a sus corazones por no tener ninguna noticia sobre el paradero de los restos de su hijo y nos pasaron el testigo y perseveramos en ese compromiso para que su memoria prevalezca por siempre”, ha apostillado.

En 2012, la familia de 'Pertur' solicitó su reconocimiento como víctima del terrorismo, pero fue desestimada al no estar determinada “la autoría de la desaparición”. Moreno Bergareche, por lo tanto, no tiene por tanto reconocimiento como víctima de ninguna violencia.

Entre los asistentes que se han detenido atentamente a leer los paneles, se encontraba Gorka Landaburu, superviviente de un atentado de ETA hace 25 años. El periodista abrió una carta-bomba que no lo mató por una carambola, aunque perdió gran parte de una mano, visión y oído. “La memoria es como conducir un automóvil, tienes que poner las dos manos al volante y mirar de frente, pero si no tienes un buen retrovisor, nunca conducirás debidamente. Todas las sociedades ocultan sus pecados, aquí tenemos un problema de memoria y queremos que se haga justicia, porque nuestros nietos pedirán explicaciones. Y hay que contar para que no se repita y, sobre todo, por dignidad, humanidad y justicia”, respondía preguntado por su asistencia al homenaje.

El PNV ha rescatado para la primera línea política a Aintzane Ezenarro (Getaria, 1971). Tras una corta estancia como directiva de EiTB, de poco más de un año, la Diputación de Gipuzkoa la ha designado como directora de Derechos Humanos. Era un puesto vacante desde que su anterior titular, Ion Gambra, dirigente del Euzkadi Buru Batzar, pasó a ser adjunto a la dirección del Instituto de la Memoria autonómico, Gogora, precisamente el organismo dirigido por Ezenarro desde su creación hasta 2024.

Ezenarro fue la gran referencia institucional del partido Aralar, una escisión pacifista de la izquierda abertzale surgida en torno al navarro Patxi Zabaleta. Fue concejal en Getaria, donde denunció la corrupción del PNV en torno al museo Balenciaga, juntera en Gipuzkoa y, finalmente, parlamentaria vasca. El partido logró cuatro escaños en las autonómicas de 2009, pero el grupo terminó implosionando coincidiendo con los primeros pasos de EH Bildu. Aralar, como tal, se integró en la coalición con Sortu, EA y Alternatiba, aunque luego se disolvió. Sin embargo, algunos de sus cargos, capitaneados por Ezenarro, se mostraron críticos con aquel giro. El momento clave fue la aprobación de un “suelo ético” contra la violencia con PNV, PSE-EE, PP, UPyD o IU.

Aquello generó un acercamiento de Ezenarro al PNV. Ya con Iñigo Urkullu de lehendakari, se convirtió inicialmente en asesora en materia de derechos humanos. En 2015 se creó Gogora y pasó a ser la directora hasta que, en 2024, el PNV cedió el área de Derechos Humanos al PSE-EE en la renegociación de la coalición. De aquellos nueve años son las controversias por la adjudicación directa de contratos al grupo de empresas de un miembro del PNV guipuzcoano, Aitor Elorza, principalmente para la carpa itinerante que dio a conocer Gogora entre la ciudadanía. El socialista Alberto Alonso, actual director de Gogora, lamentó también que Ezenarro nunca cumpliera la obligación legal de informar al Parlamento de la actividad del organismo.

En 2025, Ezenarro reapareció como incorporación de EiTB precisamente en lo relacionado a contenidos históricos. Relevó al veterano Iñigo Camino, que emprendió un nuevo proyecto en la empresa privada. Ahora, un año después, el PNV ha considerado idóneo su perfil para cubrir el hueco de Gambra.

Se da la circunstancia de que Gogora ha modificado su estructura, como adelantó este periódico, y que ahora hay un adjunto a la dirección propuesto por el PNV dentro de un organigrama controlado por el PSE-EE. Alonso defiende que es algo previsto desde el inicio en la ley de creación de Gogora y que lo anómalo era que no se hubiese acometido hasta ahora. Los nacionalistas propusieron a Gambra (Mutriku, 1980), que al tiempo es uno de los integrantes del Euzkadi Buru Batzar de Aitor Esteban.

La portavoz foral guipuzcoana, Irune Berasaluce, ha indicado en rueda de prensa que el nombramiento persigue “reforzar el trabajo a favor de la cultura democrática” en el territorio. Se trata de un puesto de cierta trascendencia política, ya que antes de Ezenarro y Gambra su titular fue Maribel Vaquero, la actual portavoz del PNV en el Congreso.

La Presidencia vasca ha 'rescatado' como asesor externo al exviceconsejero de Derechos Humanos y Memoria, José Antonio Rodríguez Ranz. Colaborará con el Gobierno vasco, al igual que las profesoras de la Universidad de Deusto Eider Landaberea y Leyre Arrieta, con motivo del nonagésimo aniversario del primer Ejecutivo de Euzkadi, surgido en plena Guerra Civil.

Rodríguez Ranz, con una larga trayectoria académica y muy bien considerado en diferentes círculos tras su paso por la Administración, fue incorporado por Beatriz Artolazabal (PNV) como máximo responsable de las políticas memorialísticas en 2020, cuando ella asumió una macrocartera con competencias muy variadas como Justicia, Prisiones, Igualdad, Cooperación, Migración, Políticas Sociales y también lo relativo a memoria y al instituto Gogora. Abandonó el Gobierno en 2024, ya que en la renegociación de la coalición entre PNV y PSE-EE esta pata recayó en los socialistas.

La última intervención pública de Rodríguez Ranz ha sido su participación como prologuista del libro 'Contar lo vivido' de Maider Maraña (Catarata, 2026), que trata de los testimonios de las víctimas del terrorismo en las aulas. En él, recalca que fue viceconsejero durante cuatro años y defiende la condena de la violencia “sin exclusiones”, sea cual sea el origen de los victimarios. “Me temo que, como sociedad, os hemos transferido [a las víctimas] la responsabilidad de la transmisión a las nuevas generaciones. Y es una mochila que no debe cargar en exclusiva sobre vuestros hombres. ¿Dónde estamos las familias, las instituciones, los partidos políticos, el tejido asociativo o los medios de comunicación? La transmisión de la memoria ha de ser un empeño colectivo o no será”, escribe.

“Un Gobierno demócrata y humanista, que sitúa a la persona y su dignidad en el centro, que además de hacer frente a la guerra se preocupó por el día a día de la población civil”, señala Rodríguez Ranz a este periódico sobre aquel primer gabinete, una coalición de PNV, PSOE, ANV, PCE y las fuerzas republicanas UR e IR. Añade que durante cuatro décadas de largo exilio “mantuvo viva la llama de la legitimidad institucional”. “No sólo merece ser recordado y reconocido. Sus principios y valores pueden servir hoy 90 años después de inspiración para nuestra acción política y social”, expone el exviceconsejero.

El Gobierno de Imanol Pradales ha puesto un empeño especial para dar realce al nonagésimo aniversario. Las actividades, en realidad, ya llevan meses en marcha, pero será a partir del 7 de octubre, el día de 1936 en que juró como lehendakari José Antonio de Aguirre, cuando tendrán mayor relevancia. Las conmemoraciones continuarán todo un año, incluyendo en abril el recuerdo del bombardeo nazi de Gernika y habiéndose decretado como festivo el 7 de octubre de 2027 por los mismos motivos.

El director de Gogora, el Instituto de la Memoria vasco, Alberto Alonso (de la parte del PSE-EE de la coalición que lidera Imanol Pradales) relata que han recibido amenazas del que fuera partido único de la dictadura franquista, Falange Española y de las JONS, que sigue siendo legal en España. Han llegado después del expediente por enaltecimiento abierto por una visita a Vitoria del 12 de octubre de 2025. “Piensan que quizás la violencia puede ser una herramienta para atemorizar al que piensa diferente”, indica. Añade que otras instituciones también han tenido mensajes similares. En puertas del nonagésimo aniversario del Gobierno de Euzkadi, surgido en plena Guerra Civil, señala también que España no tiene que pedir perdón por el bombardeo nazi de Gernika en 1937 y que no apoya el traslado del cuadro de Pablo Picasso, como han demandado sus socios del PNV.

Se cumplen 90 años de la creación del Gobierno de Euzkadi en los próximos días.

Es un aniversario significativo por muchas razones. Son 90 años de un primer marco de autogobierno, de un primer estatuto que fue el que dio legitimidad jurídica posteriormente al Gobierno. Desde la perspectiva del presente, a mí siempre me gusta decir que la memoria consiste en buscar respuestas en el pasado a preguntas del presente. Se trata de reivindicar un Gobierno de coalición donde todos los que querían aportar tuvieron su hueco. Fue un Gobierno en el que se sumaron nacionalistas, socialistas, republicanos que podríamos considerar más de centro o comunistas. Y todos ellos aportaron a un proyecto común. Son los valores y el inicio de una larga historia. Lo mejor que ha tenido Euskadi a lo largo de estos años de democracia ha venido de Gobiernos de coalición. Se trata de poner en valor una cultura y una forma de hacer que demuestra que sumar diferentes puntos de vista, formas de ver el futuro y hasta de soñar es importante. Genera una potencialidad superior al sectarismo o a cualquier otro tipo de idea tan en boga hoy en día.

Hay voces que dicen que no todas las familias políticas están recordadas y reivindicadas de igual manera entre aquéllas que participaron hace 90 años.

Nosotros en Gogora hemos hecho un estudio biográfico —este medio se ha hecho eco de ello de una forma muy interesante— donde cada uno de los miembros de ese Gobierno, no solamente los consejeros, están reconocidos. Ésa ha sido nuestra aportación. Pero es algo que está abierto. Por ejemplo, el PSE-EE también va a hacer sus propios actos de conmemoración. Quien quiera hacerlo, que lo haga.

¿Debería llevar el nombre del lehendakari José Antonio de Aguirre el aeropuerto de Loiu, como propuso EH Bildu?

No sabría posicionarme en esa pregunta. Pero igual tendríamos que ponérselo al de Vitoria, ¿no? ¿Por qué siempre hay que pensar en Bilbao?

La parte del PNV del Gobierno vasco insiste en que España tiene que pedir perdón por el bombardeo de Gernika, del que también se van a cumplir 90 años. ¿Tiene que hacerlo?

Este Gobierno de España y este Estado no tienen por qué pedir perdón por aquello que hicieron quienes precisamente querían terminar con un Estado democrático y legítimamente elegido en unas urnas. Son momentos diferentes; son Estados diferentes; son instituciones absolutamente diferentes. ¿Quién bombardeó en su momento Gernika? Fueron quienes querían terminar con todo eso. Me parece que es darle la vuelta a la historia y, quizás, con cierto interés político.

¿Se ha cerrado ya el debate sobre el traslado del cuadro Guernica de Pablo Picasso o el Gobierno vasco mantiene esta reivindicación?

Yo, desde luego, nunca lo he reivindicado. Desconozco la situación exacta del debate. Nunca ha participado de ello y entendemos que intentar tomar decisiones más allá de los informes técnicos es una cuestión peligrosa. Te deslizas en el borde de la prevaricación. Hay unos informes técnicos y quien tenga que tomar la decisión en el Ministerio de Cultura, como cualquier otro cargo público, tendrá que asumir aquello que le dicen sus técnicos y sus funcionarios.

El Gobierno de España no tiene por qué pedir perdón por el bombardeo de Gernika

Este año se han cumplido 50 y 40 años de la desaparición de ‘Pertur’ y del asesinato de ‘Yoyes’, respectivamente. ¿Qué simbolizan ambos aniversarios?

Gogora, por lo menos en esta legislatura, intenta buscar hechos paradigmáticos que sirvan de ejemplo y que nos permitan reflexionar sobre diferentes cuestiones. En el caso de ‘Pertur’, es hablar de casos de desaparecidos en los que no ha habido ni justicia, ni verdad ni reparación. El caso de ‘Pertur’ es el caso de quienes han desaparecido y todavía no sabemos siquiera quiénes los hicieron desaparecer. Nos permite hablar de la ausencia; y esto lo hermana con miles de familias españolas que siguen buscando en las cunetas, con el dolor que genera el no saber dónde descansa esa persona. Queríamos hablar de eso, del gran peso que supone la ausencia para estas familias, también para las de ‘Naparra’ o los gallegos.

En el caso de ‘Yoyes’, lo que queríamos hablar es de la reacción ciudadana en Ordizia. Una parte nada desdeñable de Ordizia, unos cuantos cientos de personas, por primera vez firmaron una condena explícita del terrorismo. Lo hicieron con nombre, dos apellidos y número de DNI. Nos parecía que era la primera vez en la que en un pueblo daban un paso adelante. Hubo una manifestación muy importante. Y una reacción muy importante también por parte del mundo de la cultura. En la exposición veremos cartas de Ibarrola, por ejemplo. Además, cuando hemos empezado a trabajar nos hemos dado cuenta de que hay otros elementos. Hemos visto que Ordizia es uno de los pueblos con el mayor número de asesinatos y víctimas del terrorismo. Y que en este caso el silencio institucional ha sido enorme durante 40 años. Ninguna institución ha tenido la cercanía que las familias hubieran deseado. Se inaugurará el 2 de octubre, adelantándome a la pregunta.

Su consejera, María Jesús San José, no deja de recibir críticas por la gestión de la política penitenciaria hacia los presos de ETA. Entidades de víctimas como Covite están aludiendo a beneficios fraudulentos, por ejemplo.

Permítame que en esto sea un poco político. Alguien mandó la consigna de ‘el que pueda hacer, que haga’ y aquí también quien puede hacer está haciendo.

Consuelo Ordóñez, precisamente, no es sospechosa de seguir las tesis del PP…

No me refería a nombres concretos… Cuando las informaciones que da el Gobierno vasco son compartidas con diferentes asociaciones, hay veces que pasan escasos minutos antes de que estén colgadas en las redes y filtradas a los medios de comunicación. Da la impresión de que, en lugar de importarnos el informar a las víctimas, estamos más interesados en copar espacios de comunicación o de incendiar este tipo de debates. Hay muchas víctimas que no quieren saber nada de los victimarios. Hay víctimas que lo pasan muy mal con este tipo de informaciones. Hay que tener una sensibilidad especial. Y hay víctimas que nos están llamando y diciendo ‘Oye, me estoy enterando de todas estas cosas porque alguien lo filtra a la prensa’. Me da la sensación de que hemos perdido un poco la perspectiva objetiva de todo esto. Se están concediendo [progresiones de grado y permisos] más o menos en la misma media anual desde que las competencias están en el Gobierno vasco. Incluso creo que los recursos de la Fiscalía están incluso en un nivel de media inferior.

Pero hay algunas resoluciones del Tribunal Central de Instancia [Audiencia Nacional] que desmontan de alguna manera o tumban las progresiones de grado que concede el Gobierno vasco.

Es algo que no tiene que ver con Gogora, pero, en la medida en que yo lo pueda explicar, lo haré. Como hablábamos con el tema del ‘Guernica’ de Picasso, cuando los criterios técnicos están establecidos, el no aplicarlos puede ser rozar la prevaricación. Los expertos en la materia hacen los informes que validan estas cuestiones. Una vez que los jueces han podido ver que hay algún tipo de criterio que no era el correcto, lo han tumbado, como dice. Y se ha acatado y respetado la decisión del juez. Muchas veces son los mismos presos quienes vuelven a pedirlo una vez que han corregido o cumplido esa parte que exigía el juez. Y, si los informes vuelven a ser positivos, no queda más. Los presos también tienen sus derechos, su derecho a exigir aquello que consideran que les corresponde.

Este año se han hecho algunos actos con jóvenes, tanto relacionados con el tema de ETA como con el tema de la dictadura. ¿Hay un problema de falta de información en la nueva generación? ¿Se van a seguir haciendo este tipo de actos?

Creo que el problema que tenemos es la sobresaturación de información. En las redes sociales hay mucha opinión y un uso sesgado de la información. Y nos enfocamos especialmente a la juventud, pero es un problema también de otras capas de la sociedad. Parece que no tenemos herramientas críticas para enfrentarnos a esa información que nos llega, que no somos capaces de recurrir a las fuentes. Nos creemos la primera información que nos llega. Lo mejor en este caso es hablar con ejemplos. Cuando se habla del crecimiento económico durante el franquismo, ciertos opinólogos dicen que en aquel momento de desarrollo de las décadas de 1960 a 1970 España estaba en la cabeza de la OCDE. Eso es un dato aislado. Hay que decir también que entonces, por ejemplo, morían en el tajo en torno a 1.300 trabajadores al año en España. Ese crecimiento fue a cuenta de unos salarios de miseria y aquí lo conocemos bien porque todo lo que derivó en el 3 de marzo de 1976. Buena parte del reparto de ese crecimiento quedó en unas pocas manos y solamente las migas pudieron ir a quienes tenían que ir a trabajar constantemente. Con esto quiero decir que lo que nos preocupa es que se utilice solamente un trozo de la información y que no seamos capaces o no tengamos herramientas suficientes para contrastar eso que se está diciendo en las redes. Este año hicimos en el BEC un acto y el que viene lo seguiremos haciendo. Tenemos la intención también de hacer materiales didácticos que puedan servir no solamente para un día, sino para poner a disposición de los centros educativos. Esto es un tema importante. Hoy en día parece que se nos dice que vivimos en una dictadura, que estamos coartados, aunque luego enciendes la televisión y ves cómo la gente insulta libremente al presidente del Gobierno. Es muy importante explicar cómo se vivía realmente una dictadura. Uno de los primeros casos del Tribunal de Orden Público (TOP) fue porque una persona escupió una moneda.

Los presos de ETA también tienen sus derechos, su derecho a exigir aquello que consideran que les corresponde

Citaba el 3 de marzo de 1976 en Vitoria. Ya ha pasado el quincuagésimo aniversario y parece que la cuestión ya no urge tanto. Pero, ¿para cuándo el memorial?

Seguimos ahora mismo trabajando. Es verdad que la parte que toca ahora es la más discreta y menos aparatosa, la de menor impacto mediático. Pero también me parece que estamos en una fase muy interesante: estamos trabajando con un grupo de expertos que están nombrados por todas las asociaciones, instituciones y miembros que forman parte del patronato. Y lo estamos haciendo con mucha sinceridad, con honestidad y con un altísimo y elevadísimo grado de consenso. Estamos preparando las bases fundamentales sobre las que hay que construir posteriormente el memorial. La filosofía. Luego ya vendrá quien nos diga cómo hacerlo o qué museografía realizar o cómo escenificarlo. Solemos realizar aproximadamente una reunión al mes.

¿Y el edificio?

Seguimos trabajando con el problema estructural del edificio. En un primer momento, se quiso intervenir para solucionar lo que considerábamos que eran problemas puntuales de goteras y de tejas. Pero se descubrió que el problema era mucho más serio. Hemos tenido que trabajar en la instalación de una línea de vida como es debido. Fui director de Osalan… Estamos en ello.

¿Y el plazo para la inauguración?

No sabría decirle. El plazo más adecuado es aquel en el que se garanticen que las cosas se hagan bien. No lo sé, la verdad.

Hace ya casi un año, también en Vitoria, Falange Española y de las JONS realizó un acto con motivo de la fiesta nacional de España. Gogora expedientó a los promotores por enaltecimiento del franquismo. Se planteaba una multa de hasta 10.000 euros. ¿Cómo va ese expediente?

El expediente sigue su curso. Tiene una serie de garantías. Incluso el sancionado tiene derecho al recurso y así lo ha ejercido. Ahora mismo estamos en ese trámite. Como cualquier sanción administrativa. Otra cosa es que, posiblemente por la voluntad de tensionar y polarizar la sociedad, me gustaría decir que hemos empezado a recibir amenazas, algunas de ellas firmadas también por Falange. Se sienten tan impunes, tan envalentonados, que se creen con derecho a amenazar a funcionarios y funcionarias del Gobierno vasco firmando con nombre y apellido. No sé exactamente qué tiene esta gente en la cabeza. Han sido denunciadas, por supuesto. Hemos ido a la Ertzaintza y sólo me queda reafirmar la profesionalidad y el compromiso con los derechos humanos que tiene Gogora y todos y cada uno de los que los componemos. Nunca nos han amilanado, ni nos van a amilanar.

¿De qué tipo de amenazas hablamos?

El número total no lo sé, porque es verdad que, por pura ingenuidad, las primeras las borramos. Las ha habido más ‘clásicas’, por correo postal. Un anónimo recortando fotos. Recuerdo una muy ‘interesante’ donde aparecía la mía junto a la de [Iósif] Stalin y la de [Francisco] Largo Caballero. Manuscrita. Ya digo que al principio no les quisimos dar importancia. Pero esta última, que es de este fin de semana, ya viene directamente con nombre, dos apellidos y a nombre de la Falange. Intentando atemorizarnos. Nos dicen que nos están vigilando. Me recuerda a los viejos tiempos, a los ‘argi ibili’ de los pueblos, al ‘ten cuidado, que te estamos vigilando’. Es verdad que al principio no les dábamos importancia, pero ha llegado un momento en que también está el hartazgo de que haya gente que se sienta con la impunidad suficiente y con el valor suficiente de creer que puede amenazar abiertamente a unos funcionarios o funcionarias que están haciendo su trabajo con pura y absoluta profesionalidad.

¿Saben algo más de su origen?

No pensamos que sea una anécdota. Ha llegado a más instituciones públicas esta amenaza. Pensamos que hay que incardinarlo dentro del contexto de una sociedad absolutamente polarizada. Piensan que quizás la violencia puede ser una herramienta para atemorizar al que piensa diferente.

No sé decirle una fecha [para la inauguración del memorial del 3 de marzo de 1976 en Vitoria]. El plazo más adecuado es aquel en el que se garanticen que las cosas se hagan bien

Hace unos meses, cambiando de tema, Gogora modificó su estructura y se ha creado un nuevo puesto de alto cargo, en este caso el de adjunto a la dirección. Y lo ha ocupado un dirigente del PNV. ¿Por qué se ha hecho todo esto?

Por varias razones. La primera es porque así lo contempla la ley. La ley de creación de Gogora establecía la creación de una dirección y de una dirección adjunta. Eso fue la voluntad del legislador en su momento. Desde esa perspectiva, la pregunta no es por qué se ha hecho ahora, sino por qué no se hizo en los diez años anteriores. Lo segundo es que es un compromiso directo y al más alto nivel. Tanto el lehendakari como la consejera de Justicia y Derechos Humanos así lo acordaron desde el principio de la legislatura. Vieron que era bueno generar esa dirección adjunta. Si es verdad que somos el instituto de la convivencia, entiendo que esto es un elemento que puede ser un buen ejemplo que enriquezca esa visión de la convivencia. Ya llevamos un mes y poco trabajando y ha encajado perfectamente.

¿Cuáles son las funciones de Ion Gambra?

Tal como establece el decreto, su función es asistir a la dirección. Es decir, está a disposición de la dirección en aquellos trabajos que se le asignen. Por ejemplo, la dirección adjunta se ha hecho cargo de algunas de las cuestiones relacionadas con el 90 aniversario del Gobierno vasco. Somos un equipo muy pequeño, de doce o trece personas. La verdad es que él ya es uno más sin ningún tipo de problema. Luego cada cual que vote al partido que quiera cuando llegan las elecciones.

El coste de esto es de 132.000 euros anuales.

Eso es lo que marca la ley. Tiene el rango de director porque así lo marca la ley y cobra como tal porque así lo marca la ley.

Falange Española y de las JONS, el que fuera partido único de la dictadura de Francisco Franco y que sigue siendo legal en España, ha enviado en los últimos días amenazas al Instituto de la Memoria vasco (Gogora) y la Ertzaintza ha abierto ya una investigación, según ha explicado el director del organismo, Alberto Alonso, del PSE-EE, en una entrevista con este periódico que será publicada en su integridad este fin de semana.

Estos mensajes —“la Falange os vigila”— llegan después de que Gogora abriera un expediente sancionador e impusiera una multa de 10.000 euros a la formación ultraderechista por realizar el saludo fascista, cantar el Cara al sol o exhibir símbolos franquistas en un acto celebrado en Vitoria el 12 de octubre de 2025, coincidiendo con la fiesta nacional española.

“Al principio, no les quisimos dar importancia [...]. Pero ahora ya directamente nos dicen que nos están vigilando y que tengamos cuidado con lo que hacemos. No pensamos que sea una anécdota. Pensamos que hay que incardinarlo dentro del contexto de una sociedad absolutamente polarizada [...]. Piensan que quizás la violencia puede ser una herramienta para atemorizar al que piensa diferente”, explica Alonso. Y apostilla: “Me gustaría que quedara constancia de que se sienten tan impunes, tan envalentonados, que se creen con derecho a amenazar a funcionarios y funcionarias del Gobierno vasco firmando con nombre y apellido y claramente en nombre de la Falange. No sé exactamente qué tiene esta gente en la cabeza”.

La última amenaza llegó por correo electrónico este fin de semana y venía rubricada por una persona que ha sido candidato de la formación franquista en numerosos procesos electorales de varias comunidades autónomas, aunque no en la vasca.

Antes, llegaron otras “por correo postal”. “Recuerdo una muy 'interesante' donde aparecía mi foto junto a la de [Iósif] Stalin y [Francisco] Largo Caballero. Manuscrita. Con recortes. Muy 'clásica'”, ironiza Alonso. Admite que “al principio no se les dio importancia”, aunque, en vista del contenido de la última, sí han decidido acudir a la Ertzaintza, que ha iniciado ya sus actuaciones. “No nos van a amilanar”, añade sobre el personal de Gogora, del que destaca su “profesionalidad” y “compromiso” con la defensa de los derechos humanos.

El director de Gogora indica que el expediente sancionador a Falange Española y de las JONS “sigue su curso”. “Tiene una serie de garantías. Incluso el sancionado tiene derecho al recurso y así lo ha ejercido. Ahora mismo estamos en ese trámite. Como cualquier sanción administrativa”, indica. Es la primera sanción impuesta en Euskadi por enaltecimiento del franquismo al calor de las disposiciones legales contempladas en la normativa autonómica de memoria histórica, de 2023. Se le dio la catalogación de infracción “grave”.

Los hechos se produjeron en 2025 y está a punto de cumplirse un año. Coincidiendo con la fiesta nacional de España, un grupo de falangistas llamó a un acto junto a la Diputación de Álava, sede del primer Ministerio de Justicia de Franco en 1938. La Ertzaintza, según se supo después, manejaba información de que podían portar “armas”. En ese acto, Gogora dio por acreditado que “se emitieron expresiones” y “consignas” ilegales y que “se exhibieron banderas” igualmente ilegales.

En concreto, hubo enseñas preconstitucionales y del partido (negra y roja con el yugo y las flechas). Cantaron el Cara al sol y realizaron en numerosas ocasiones el saludo fascista. En los discursos se glosaron figuras como Zacarías de Vizcarra, religioso autor de la obra Vasconia españolísima. La exparlamentaria de Podemos Cristina Macazaga, que participaba pacíficamente contra este acto, contó en Radio Vitoria que recibió amenazas de muerte allí mismo —“que nos iban a cortar el cuello”— mientras le grabaron en vídeo y estando protegidos por agentes de la Ertzaintza que los escoltaban a los autobuses.

En paralelo, grupos antifascistas organizaron contramanifestaciones que derivaron en importantes altercados. Hubo una veintena de detenidos y también agentes contusionados. Un joven denunció graves lesiones por la actuación de los antidisturbios de la Policía vasca. El consejero de Seguridad del PNV, Bingen Zupiria, llamó a los contramanifestantes “fascistas” vascos. Se llegó a producir un cuerpo a cuerpo entre ambos grupos. Las autoridades policiales dijeron que actos de esa naturaleza no se pueden prohibir de antemano y el PNV mantuvo esta misma tesis, hasta el punto de que el diputado foral alavés Iñaki Gurtubai llamó “tonto” al jefe de la oposición, Pello Otxandiano, de EH Bildu, por plantear que no se tenía que haber autorizado.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, estima que se precisarán 132.232,25 euros anuales para modificar la estructura directiva del Instituto de la Memoria (Gogora). Como adelantó este periódico, se va a crear la figura de un nuevo alto cargo, el director adjunto. Asimismo, se elevará el rango del actual titular del organismo, Alberto Alonso, para que sea equivalente al de un viceconsejero.

Desde la oposición, Santiago López Céspedes, del PP, preguntó al Gobierno por los costes de estas modificaciones que ya se están tramitando. La consejera San José, de la parte el PSE-EE del Gobierno de coalición con el PNV, reparte el gasto en dos partidas. Por un lado, están las estimaciones de lo que supondrá la nueva figura del director adjunto, 112.757,90 euros (su salario será de 84.286,06, la Seguridad Social es de 26.786,11 y el fondo de pensiones Itzarri asciende a 1.685,72); y, por otro, están los gastos asociados a la “elevación” del rango del actual director de Gogora, que son otros 19.474,35 euros (14.557 de mejora salarial y el resto por los incrementos en cotizaciones e Itzarri).

La consejera no precisa la persona que será elegida para el cargo, aunque fuentes de Gogora explicaron en su momento que la idea, siendo un Gobierno de coalición, podría ser la de que el PNV, el otro partido del Ejecutivo, pudiese disponer de ese nombramiento. “Los criterios serán los seguidos en el Gobierno para el nombramiento de altos cargos”, apunta San José.

El Ejecutivo recalca que no es una ampliación de la estructura sino la materialización de una medida que “ya estaba prevista” tanto en la ley de creación de Gogora, de hace una década, como en los estatutos del Instituto de la Memoria. “Nos encontramos únicamente ante una adecuación”, le dice San José al PP. Se añade que el consejo de Gogora, donde están representados también los partidos de la oposición, trató el tema en su reunión de finales de 2025.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el director de Gogora, Alberto Alonso, han entregado a sus respectivas familias los restos mortales de los dos milicianos, Cosme Ayala Yoldi y Manuel Hernáez Ruidiaz, recuperados de la fosa del cementerio de Amorebieta-Etxano en julio de 2025. San José ha reivindicado el papel de las leyes de memoria democrática para la construcción de la convivencia en el acto, en el que han estado presentes dos de las hijas de estas víctimas, desaparecidos en la guerra, que han podido recibir los restos mortales de sus padres.

En un acto celebrado este domingo en Bilbao, la consejera ha recordado que son “dos vidas comprometidas desgarradas por la sinrazón de la guerra, dos proyectos de vida destruidos en cuestión de minutos”, y se ha dirigido a las familias: “Vosotras sois el futuro con el que ellos sonaban, noventa años de historia familiar que ellos no pudieron disfrutar”. San José ha insistido en la necesidad de “recuperar el pasado, buscar a los desaparecidos de la guerra civil y el franquismo para retornarlos al lugar del que nunca debieron salir” porque precisamente eso es “hacer memoria”, informa Europa Press.

Por su parte, Alberto Alonso ha reflexionado sobre lo que, a su juicio, es hacer memoria, que supone “mucho más que montar grandes actos públicos o colocar placas en uno u otro lugar”. “Son horas y días dedicados a trabajo discreto, invisible para la mayoría de la sociedad, pero de cercanía, escucha y acompañamiento para las víctimas y sus familias”, ha indicado. Por ello, ha reivindicado el papel de las familias, les ha agradecido su “tesón y empeño” por volver a tener con ellos a seres queridos y, sobre todo, su “fuerza por mantener la dignidad y su recuerdo”.

Con el objetivo de conseguir nuevas identificaciones y reforzar el alcance de sus esfuerzos, el director de Gogora ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de comunicación, dirigida a toda persona que crea que algún miembro de su familia pudo fallecer en el campo de batalla o a consecuencia de la represión franquista y la familia no ha podido recuperar sus restos. Se pretende recoger las muestras genéticas de estas personas para ampliar el banco de ADN y cotejarlos con los de los restos óseos exhumados de las diferentes fosas y conseguir nuevas identificaciones.

¿Quiénes eran las víctimas?

Los milicianos Cosme Ayala Yoldi y Manuel Hernáez Ruidiaz murieron en abril de 1937 en los frentes de guerra de Elorrio y Muxika, respectivamente, y no se conocía el lugar de inhumación, eran dos desaparecidos de guerra. En ambos casos, las identificaciones genéticas se han podido realizar gracias a las muestras aportadas por sus hijas.

Cosme Ayala Yoldi, navarro de nacimiento y vecino de Barakaldo, estaba casado y era padre de dos hijas, trabajaba como jornalero. Durante la guerra, luchó como miliciano del Batallón Meabe 1, 'Largo Caballero', adscrito a las Juventudes Socialistas Unificadas. Murió el 27 de abril de 1937 en Elorrio (Bizkaia).

Manuel Hernáez Ruidiaz, riojano de nacimiento, vivia en Bilbao, estaba casado y tenía una hija. Trabajaba también como jornalero. Durante la guerra luchó como miliciano del batallón Zabalbide, adscrito a Izquierda Republicana. Falleció el 20 de abril de 1937 en el frente de Muxika (Bizkaia). Los restos mortales de los dos milicianos se localizaron en julio de 2025 en la misma fosa, la número 11 del cementerio de Amorebieta-Etxano, junto con los de otras 28 personas.

Una vez excavada toda el área se han descubierto en total 11 enterramientos con los restos mortales de 157 personas. El análisis de las muestras genéticas de todos estos restos óseos acaba de concluir, lo que quiere decir que los perfiles genéticos de los últimos restos recuperados ya forman parte del banco de ADN y esto ha permitido identificar a estos dos milicianos.

En el caso de Ayala, ha sido una de sus hijas la donante (tuvo dos hijas y viven las dos). Donó la muestra en abril y en unas pocas semanas, debido al grado de parentesco, el análisis de una única muestra ha servido para llevar a cabo la identificación. En el caso de Hernáez, el ADN de su única hija formaba parte del banco genético de Gogora desde 2023, cuando la familia tuvo noticias del inicio de los trabajos de exhumación en Amorebieta-Etxano, pero los restos de Manuel no se habían localizado aún, se localizaron y exhumaron en julio del año pasado, cuando se dieron por finalizados estos trabajos.

Con estas dos nuevas identificaciones, son ocho de 157 las personas identificadas hasta la fecha. Las identificaciones que se van sucediendo aportan información valiosa para entender a qué perfil responden los restantes. Se deduce que se trata de combatientes fallecidos entre diciembre de 1936 y mayo de 1937, en distintos frentes de guerra en Bizkaia, o fallecidos tras ser trasladados heridos al Hospital Militar de Amorebieta-Etxano en ese espacio de tiempo.

Por tanto, Gogora quiere reafirmar su llamamiento a los familiares de los combatientes muertos en esas fechas para que se les pueda tomar una muestra de ADN y cotejarla con las obtenidas de los restos óseos. El proceso de toma y análisis de muestras es indoloro y no tiene coste alguno para la persona interesada.

Las personas identificadas hasta la fecha son todos combatientes y varones: Adolfo Cengotitabengoa Izurza, natural de Muskiz (Bizkaia); Jaime Iniguez Nieva, natural de Ortuella (Bizkaia); Enrique Contreras, natural de Linares (Jaen) y vecino de Aretxabaleta (Gipuzkoa); Benigno Hierro Pinedo, natural de Ortuella (Bizkaia); Jacinto Polo Ríos, natural de Donostia/San Sebastian (Gipuzkoa); y Jesús Arratibel Ruíz de Alegría, natural de Zalduondo (Álava).

El Instituto de la Memoria (Gogora) va a formalizar próximamente el primer gran cambio en su estructura desde su puesta en marcha en 2015 y que se traducirá en la creación de un nuevo alto cargo en la Administración vasca. Mediante una modificación de sus estatutos por medio de un decreto, el actual director del organismo, Alberto Alonso, del PSE-EE, va a 'ascender' en rango y pasará a tener el mismo nivel que un viceconsejero del Gobierno vasco al tiempo que se creará una nueva plaza, la del adjunto a la dirección.

Explican desde Gogora que “ya han pasado diez años desde la creación del Instituto” y que ya está lo “suficientemente consolidado” como para plantear unos primeros ajustes en su estructura. “Es el momento de reforzar y profundizar en las líneas de trabajo emprendidas a lo largo de estos años. El trabajo cooperativo que realiza con el resto de las instituciones, institutos, centros de memoria y entidades memorialistas hacen imprescindible la creación de un puesto de subdirección, difícilmente asumibles por una única figura de director”, alega el Gobierno.

La ley de creación de Gogora, que es de 2014, ya contemplaba la posibilidad de que dos personas asumieran la dirección, pero hasta ahora no se había desarrollado. En concreto, en su artículo duodécimo se indica que “el reglamento de organización y funcionamiento del instituto, que será aprobado por decreto del Gobierno, desarrollará las previsiones de la presente ley en todo a lo relativo a su organización, estructura y funcionamiento” y que, entre otros puntos, “regulará la creación de una dirección adjunta con atribuciones de desarrollo técnico y especializado de alguna de las funciones encomendadas al instituto”.

En sus primeros años de vida, con el PNV al frente de las políticas de Derechos Humanos, la única directora fue Aintzane Ezenarro, fichada por Iñigo Urkullu desde Aralar, un partido que luego acabó integrado en EH Bildu. Después, en 2024, la renegociación de la coalición entre nacionalistas y socialistas dio a los segundos esta cartera y el historiador Alonso, exparlamentario y exdirector de otro organismo muy diferente, Osalan, fue designado director de Gogora dentro del organigrama de la consejera María Jesús San José, con la que ya había trabajado antes-

En una resolución firmada por el propio Alonso el 30 de abril se estipula que se considera “necesaria” la modificación de los estatutos para la “creación de la dotación correspondiente a la dirección adjunta del Instituto, con la consideración de alto cargo y rango de director”, es decir, con un salario de unos 80.600 euros anuales (según las tablas de 2025). A la vez, se va a proceder a la “elevación del rango” del actual director de Gogora a viceconsejero, que tienen una remuneración de 94.500 euros anuales.

Se explica que se realizan estas modificaciones retributivas para evitar la coexistencia de dos altos cargos con igual nivel. “Esta dualidad de director/director adjunto requiere la elevación del rango como alto cargo de la Administración del actual director a viceconsejero”, se expone en la justificación de la iniciativa. Fuentes conocedoras de esta operación añaden que lo que se busca es ir hacia un modelo similar al del Ararteko, donde hay un titular de la Defensoría y un adjunto. Y no se descarta la posibilidad de que la persona que acompaña a Alonso pueda ser propuesta por el entorno del otro partido socio del Gobierno, el PNV.

Una publicación recogerá las biografías de las “setenta personas” que formaron parte del primer Gobierno de Euzkadi, surgido en plena Guerra Civil en octubre de 1936 y con competencias en solamente una parte del territorio vasco por los avances de los sublevados franquistas. Según ha explicado en el Parlamento Vasco el director del Instituto de la Memoria (Gogora), Alberto Alonso (PSE-EE), las galeradas “ya están en imprenta”.

El Ejecutivo autonómico dio hace unos días desde el hotel Carlton de Bilbao, la que fuera la “Lendakaritza” o Presidencia de aquel Gobierno, el pistoletazo de salida a un año de reconocimientos por el nonagésimo aniversario de la constitución de aquel gabinete, una coalición de PNV, PSOE, PCE, ANV, Izquierda Republicana y Acción Republicana. Alonso, en la Cámara, ha asegurado que aquel Gobierno iba “mucho más allá” que la figura del lehendakari, José Antonio de Aguirre, del PNV.

Ha señalado que fue un “sueño” truncado por la dictadura y que implementó políticas de “modernización” del país. El libro recogerá 70 biografías de todos los cargos y detallará avances como el “primer plan de vacunas” de España, puesto en marcha por el consejero fusilado Alfredo Espinosa, republicano, o la primera “ley de protección del consumidor” e incluso “políticas activas de empleo”. Alonso ha indicado que han sido “dos años de investigación” por parte de expertos para poder alumbrar el trabajo.

Alonso ha comparecido en el Parlamento para hacer descargo anual del trabajo de Gogora y presentar los planes para el nuevo ejercicio. Es una obligación legal que su predecesora, Aintzane Ezenarro, nunca atendió en dos legislaturas. El Instituto de la Memoria se encarga del análisis de la Guerra Civil y la dictadura, de los diferentes terrorismos, incluido el de ETA, y de la violencia policial. El propio director de Gogora ha admitido que su exposición relataba planes e iniciativas ya conocidas, como los de acercar el pasado a las nuevas generaciones.

Desde la oposición, Eraitz Sáez de Egilaz de EH Bildu ha constatado que el volumen de iniciativas sobre memoria en el Parlamento Vasco se ha reducido en los últimos años y lo ha considerado algo “positivo” y ejemplo de distensión, aunque sí ha demandado acercar a la juventud figuras históricas como aquel Gobierno de Aguirre. Por parte del PP, Santiago López Céspedes, ha echado en falta más iniciativas de denuncia de ETA. Ha ironizado que en la intervención la única “eta” era la “conjunción copulativa” en la versión en euskera, extremo que ha negado Alonso. Y Amaia Martínez Grisaleña de Vox ha lamentado que no haya políticas de reconocimiento a las víctimas de los republicanos en la Guerra Civil.

El Instituto de la Memoria (Gogora), gestionado por la parte del PSE-EE del Gobierno vasco que dirige Imanol Pradales, ha 'estrenado' al capítulo punitivo de la ley autonómica de memoria histórica de 2023 con una propuesta de sanción de hasta 10.000 euros al que fuera partido único de la dictadura franquista, ahora llamado Falange Española y de las JONS, por un acto celebrado en Vitoria el 12 de octubre de 2025 en el que, según ha acreditado la investigación, realizaron el saludo fascista, cantaron el 'Cara al sol' y usaron símbolos como el yugo y las flechas. El partido parafascista, que es legal en España, dispone de un plazo para presentar alegaciones.

Coincidiendo con la fiesta nacional de España, un grupo de falangistas llamaron a un acto junto a la Diputación de Álava, sede del primer Ministerio de Justicia de Francisco Franco en 1938. La Ertzaintza, según se supo después, manejaba información de que podían portar “armas”. En paralelo, grupos antifascistas organizaron contramanifestaciones que derivaron en importantes altercados. El consejero de Seguridad del PNV, Bingen Zupiria, llamó a los contramanifestantes “fascistas” vascos. Se llegó a producir un cuerpo a cuerpo entre ambos grupos. Según datos oficiales, fueron del orden de 200 los falangistas que se congregaron en el centro de Vitoria. Las autoridades policiales insisten en que actos de esa naturaleza no se pueden prohibir de antemano.

En paralelo a las actuaciones policiales por los incidentes, Gogora incoó a fnales de ese mes de octubre un procedimiento para analizar si la concentración falangista pudo incurrir en una vulneración de la ley vasca de 2023, que considera infracción “grave” el hecho de la “conmemoración, exaltación o enaltecimiento” tanto del golpe de Estado de 1936 como de la Guerra Civil o de la dictadura. El Instituto de la Memoria recuerda que las sanciones contempladas para estos supuestos oscilan entre los 2.001 y los 10.000 euros. A falta de que Falange Española y de las JONS pueda presentar sus alegaciones, Gogora da por acreditado que “se emitieron expresiones” y “consignas” ilegales y que “se exhibieron banderas” igualmente ilegales.

Los actuales responsables del Instituto de la Memoria (Gogora) van a corregir “en el plazo más breve posible” una placa de homenaje a los fusilados durante la Guerra Civil y la posguerra instalada en 2022 en el cementerio de Derio, el de referencia para Bilbao. El motivo es que allí figura como uno más entre los centenares de reconocidos por “defender la democracia” Juan José Domínguez. Aunque en efecto fue ejecutado por el régimen el 1 de septiembre de 1942 tras un proceso sumarísimo sin garantías, Domínguez era falangista, lanzó una bomba de un acto religioso en la basílica de Begoña en el que estaban presentes tanto el ministro del Ejército, José Enrique Varela, como decenas de carlistas y llegó a ser condecorado por Adolf Hitler por su cercanía al nazismo. El atentado de Bilbao, de agosto de ese año, fue la primera gran crisis entre las familias que sustentaron la sublevación y el arranque de la dictadura. Y se saldó, a las pocas horas del fusilamiento del falangista, con la salida del Gobierno de Varela y del mismísimo Ramón Serrano Súñez, cuñado de Francisco Franco e ideólogo inicial del régimen y muy próximo tanto a la Alemania nazi como a la Italia fascista.

La placa fue descubierta en marzo de 2022, hace ahora cuatro años, en un acto organizado por el anterior equipo de Gogora, con Aintzane Ezenarro al frente. Participaron en él el lehendakari, Iñigo Urkullu, la entonces consejera Beatriz Artolazabal y el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, todos ellos del PNV. Se elaboró también un vídeo con los nombres de todos los fusilados por el franquismo y, en la letra 'D', aparecía como uno más Domínguez. Ésta es la crónica de aquel evento.

Advertido el error —es un personaje glorificado y mitificado por el falangismo aún en el presente y nunca fue “defensor de la democracia”—, Gogora ya ha borrado su nombre de la base de datos de víctimas de la dictadura. Y ahora adaptará la placa, aunque es un proceso que requiere un tiempo, según indican fuentes oficiales de la institución que ahora tiene a su frente a Alberto Alonso, del PSE-EE.

El atentado de Begoña ocurrió el 16 de agosto de 1942. Según la sentencia que condenó a muerte a Domínguez como su principal instigador, a la que ha tenido acceso este periódico, en el momento de los hechos tenía 26 años. Era “natural de Sevilla” pero “con domicilio en Madrid”. De formación era abogado, pero trabajaba como “inspector nacional de deportes del Sindicato de Estudiantes Universitarios”. El SEU era una rama de la Falange que aglutinaba a jóvenes nacionalsindicalistas y fascistas.

Domínguez y otras dos personas vinculadas al SEU, el bilbaíno Jorge Hernández Bravo y el lucense Luis Lorenzo Salgado, partieron desde Madrid hasta la frontera hispanofrancesa de Irún, controlada en aquel momento por nazis alemanes, en el coche número 51 de la Falange, que tenía un código propio de matrícula en aquella época. Iban a recibir a combatientes de la División Azul, la unidad creada por Franco para ayudar a Hitler en la II Guerra Mundial. Regresaban desde Rusia. Recogieron al “soldado repatriado” Virgilio Hernández y fueron a Donostia y luego Bilbao en ese mismo coche. Llegaron a la capital de Bizkaia el 15 de agosto. Por otro lado, se desplazaron desde Valladolid a Donostia y luego a Bilbao en otro coche del partido único, el 565, Hernando Calleja, natural de Orduña, y Eduardo Berastegui, de Irún.

Aparentemente, ambos grupos “se pusieron de acuerdo [...] para alterar el orden público por medios violentos” en Begoña, según la sentencia del Consejo de Guerra que acabó con la ejecución de Domínguez. Franco había unificado en una única organización, llamada entonces Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET y de las JONS), a las dos grandes familias que le apoyaron en la sublevación, los parafascistas y los carlistas. En el caso vasco, el papel de los carlistas fue decisivo en la conquista de Vitoria y Pamplona ya el mismo 18 de julio de 1936 y en los siguientes meses en las de Donostia y Bilbao.

El 16 de agosto de 1942 era domingo y se había organizado una misa anual en recuerdo de los combatientes del “tercio de requetés” que “hallaron gloriosa muerte en la guerra de liberación”, como llamaban al golpe contra el legítimo orden constitucional. Aunque todos los presentes eran formalmente miembros de FET y de las JONS, un “elevado número de personas” eran afiliados anteriores de Comunión Tradicionalista, el órgano del carlismo. El ministro Varela, casado con una prominente carlista —su hija era la esposa del guitarrista Paco de Lucía—, estuvo presente en la eucaristía.

“El excelentísimo señor ministro del Ejército [...] había llegado en su coche oficial con el distintivo peculiar de su elevado cargo, vistiendo el uniforme de teniente-general en el que ostentaba las dos cruces de San Fernando que hacen inconfundible al bilaureado general que desempeña la suprema jerarquía de los Ejércitos nacionales de Tierra”, se puede leer en el sumario del caso. También está documentado que allí se encontraban otras autoridades estatales, provinciales y municipales. Entre ellos, el alcalde Tomás Pero-Sanz, carlista.

Y “mientras se celebraba la misa” llegaron los dos coches de falangistas. Aparcaron sus vehículos de tal manera que tenían fácil la vía de escape, sin necesidad de maniobrar. Entraron al templo y esperaron a la finalización del oficio religioso. Una vez terminado, las versiones difieren. El carlismo y la sentencia del tribunal franquista insisten en que simplemente se escucharon gritos de “exaltación patriótica” y “otros acordes a los postulados del tradicionalismo”. Se niega que se profirieran “Muerte a España” o “Muerte al Caudillo”, como alegaron los procesados para justificar lo que sucedió después.

Lo que sí es claro es que produjo un tumulto y, estando el ministro en la escalinata, Domínguez “sacó del bolsillo del pantalón una bomba de mano de gran potencia que arrojó contra el grupo que formaban las autoridades y el público que las rodeaba”. El explosivo “providencialmente” se “desvió” pero, “a pesar de ello”, dejó cerca de “sesenta” heridos, como Francisco Martínez, Obdulia Larrea o Roberto Mota. La cifra de afectados la pone la resolución judicial, aunque en mentideros carlistas la elevaban todavía más sin citar el sustento documental.

Según el relato oficial, “el público reaccionó con violencia” ante la “brutal e inesperada agresión” y el propio ministro Varela tuvo que terciar “con su personal influencia” para “calmar los ánimos”. Antonio Pando, al que se describe como un simple “testigo”, arrestó a Domínguez y lo entregó a la Policía Armada, uno de los cuerpos represores del régimen. Aparentemente, un segundo artefacto no explosionó. Y a Berastegui se le cayó una pistola en la huida. Finalmente, en un episodio de fuga que incluyó el pinchazo de un neumático, los dos coches con matrículas de la Falange fueron interceptados.

En tiempo recórd, en apenas una semana, se constituyó un Consejo de Guerra para condenar a los falangistas. Se dio por probado un delito “contra la seguridad interior del Estado” al haber intentado “malograr la unidad política nacional” decretada por el dictador al inicio de su mandato. También se subraya que cometieron un delito de “depósito de armas”. Y, como remate, se les añadió un cargo por “atentado” contra el ministro Varela. “Tuvieron que reconocerle” por su uniforme y galones y nunca se pudo interpretar como un asalto casual e improvisado, según la sentencia.

El tribunal estaba compuesto por el general Antonio Castejón, por los coroneles Eladio Becerril, Valeriano Laclaustra, Agustín Hernández, Pedro Berdonces y José María Ordóñez, así como por el auditor Ramón de Orbe, el ponente de la sentencia. De los procesados, fueron condenados a muerte Calleja y Domínguez, pero al primero le conmutaron la pena por su condición de mutilado de guerra. En medio del proceso, Franco reunió a decenas de miles de falangistas en Vigo, en Galicia, y apeló en su discurso a la importancia de la “unidad”. Aquello sucedió el 20 de agosto.

La ejecución tuvo lugar el 1 de septiembre. La Hemeroteca Nacional conserva una docena de cabeceras que recogieron la condena, pero de modo críptico. En todas ellas, sin excepción, aparece un idéntico y brevísimo despacho de la agencia oficial Cifra con estas líneas por toda explicación: “Madrid. - En la madrugada del martes, dia 1, se ha cumplido la sentencia recaída en juicio sumarísimo contra Juan José Dominguez, como autor del lanzamiento de una granada de mano en Begoña (Bilbao), que causó numerosos heridos. -Cifra”. No se dan más detalles.

Y el 3 de septiembre Franco remodeló su Gobierno. Del Ejecutivo salieron Varela, que le había presentado su dimisión al Jefe del Estado por carta al entender que el falangismo estaba ganando terreno al resto de 'familias', y también Serrano Súñer, el 'cuñadísimo' y arquitecto de un primer tramo de la dictadura con regusto nazi y fascista. Él era el que hablaba con Berlín y Roma. Serrano Súñer llegó vivo al siglo XXI. En 2002, ya centenario, concedió una entrevista para 'El Mundo' y dijo que “lo de Begoña fue un suceso lamentable, pero no hubo ni fuerza ni unión ni para salvar a Domínguez ni para mantener el poder”. La viuda siempre le reprochó que no usara su influencia familiar directa para detener la ejecución.

Domínguez, en puertas del cadalso, escribió unas líneas. En ellas, queda claro que no era precisamente un “defensor de la democracia”, como aparecía en la placa. “Fui testigo de un atentado contra nuestro jefe nacional Francisco Franco y respondí con cuanto pude para defender nuestros principios. Él, en estos momentos de vacilaciones impropias de la senda que señaló José Antonio [Primo de Rivera], inconsciente, tal vez, se ha unido a nuestros enemigos seculares extranjeros, pero sabrá responder ante Dios y ante la Historia de una debilidad impropia de un general que ostenta la Gran Cruz Laureada de San Fernando y que grabó con letras de oro una etapa de resurrección nacional. Juventudes españolas que supisteis con arrojo y valor crear unos corazones capaces de los mayores sacrificios, vigilad a los niños de hoy encauzándolos hacia el yugo y las flechas, signos de unión de una raza que supo morir y vencer ante los enemigos más fuertes del mundo. Os pido reivindiquéis mi nombre y sepáis ser como José Antonio, los forjadores de la España Grande y Libre que él soñaba. Prisión de Larrinaga a las 22 horas y un minuto del día 1 de septiembre de 1942. ¡¡¡Arriba España!!!”, redactó.

Según recogió 'El Mundo' en 2002, la esposa de Domínguez, de nombre Celia, y su hija, de muy corta edad, pudieron ir a Bilbao a despedir al condenado. Supuestamente, las alojaron en un hotel de nombre “Alemania”, aunque este periódico no ha podido encontrar ninguna referencia adicional sobre este detalle. La Falange se encargó del entierro en Derio —en 1988 el cuerpo fue reubicado en Madrid— y de dar apoyo económico a la familia. Se da la circunstancia de que el mismo día de la ejecución, encargada a un pelotón de la Guardia Civil, la Alemania de Hitler le concedió la Cruz de la Orden del Águila (originalmente Verdienstorden vom Deutschen Adler). Algunas publicaciones académicas apuntan que era confidente nazi.

El palacio de Villa Suso, en el centro de Vitoria, ha acogido este martes el gran acto institucional de reconocimiento a las víctimas del 3 de marzo de 1976, del que se cumple el quincuagésimo aniversario. La Policía Armada irrumpió en una asamblea obrera en el barrio de Zaramaga y mató a cinco personas, hirió de bala a otra cuarentena y lesionó a otras muchas. “Vitoria-Gasteiz no olvida”, ha resumido como mensaje central la actual alcaldesa de la ciudad, la socialista Maider Etxebarria.

Bajo la coordinación de Gogora, el Instituto de la Memoria del Gobierno vasco, ha sido un acto compartido con el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava, aunque con presencia también de las máximas representantes del Estado, la delegada en Euskadi, Marisol Garmendia, y la subdelegada en Álava, Mar Dabán. Sentadas discretamente había algunas víctimas, como un herido de bala que ha mostrado sus cicatrices al lehendakari, Imanol Pradales, y que compartió un coche -“un Seat 1200”, aclara- con uno de los asesinados, Francisco Aznar. No han tomado la palabra. La asociación Martxoak 3, como tal, no estaba representada. Entre el público, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, representantes de PNV, EH Bildu, PSE-EE, PP y de la coalición Elkarrekin, así como los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

Ya hace unos días se organizó un homenaje a las víctimas de la mano de la asociación Martxoak 3 en el que no estuvieron ni Ayuntamiento -aunque era coorganizador gracias a una partida impulsada por EH Bildu- ni Diputación, aunque sí los responsables de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco. En paralelo, la agenda de este martes simbólico en Vitoria se ha llenado de decenas de ofrendas florales en el propio barrio de Zaramaga, junto a la iglesia de San Francisco de Asís, que ha amanecido con una pintada en el suelo con la palabra 'Justicia', como se escribió hace medio siglo con sangre sobre unas baldosas. La falta de unidad es uno de los elementos centrales de la jornada conmemorativa.

La alcaldesa ha aprovechado su discurso, en euskera y en castellano, para recordar que la dictadura “mostró su rostro más cruel” en aquel día, un miércoles de ceniza. El dictador Franscisco Franco había muerto en noviembre de 1975 pero aquel Estado seguía muy lejos de ser una democracia, ha expuesto. “Condenamos la violencia desproporcionada de la Policía Armada franquista”, ha agregado la alcaldesa. Después, ha señalado que en Zaramaga “descansa la memoria colectiva” de Vitoria y de Euskadi. Pero ha avisado, desde el hecho de que ni ella ni “la mitad” de la población habían nacido en 1976, de que “la memoria no es de nadie”. “Tenemos que eliminar cualquier elemento accesorio que trate de patrimonializar” el 3 de marzo, ha indicado.

Acto seguido, ha tomado la palabra el diputado general de Álava, Ramiro González, que ha ofrecido un discurso muy similar al que hizo este lunes en Zaramaga, en un acto con el secretario de Estado, Fernando Martínez, con motivo de la declaración de San Francisco de Asís como lugar de memoria por parte del Gobierno central. “La respuesta del Estado fue absolutamente desproporcionada”, ha manifestado González, que ha señalado que las víctimas son “ejemplo de coraje” mientras persisten “zonas de sombra” sobre el esclarecimiento de la matanza.

El lehendakari, de su lado, ha ofrecido un discurso mirando a la vez al Estado y a la izquierda abertzale. Respecto a España, se ha preguntado cómo es posible que “los Gobiernos de la democracia, sean de un color u otro”, hayan dejado el 3 de marzo de Vitoria “debajo de la alfombra” y ha indicado que es intolerable que no se haya reformado aún la ley de secretos oficiales del franquismo, “que carece de legitimidad democrática”. “La memoria, para ser justa, debe ser completa. Exige abrir puertas y ventanas, sin dejar ninguna habitación bajo llave. Porque, si se mantiene la luz apagada, tan sólo se está contribuyendo a la desinformación. A crear bulos, mentiras o medias verdades”, ha manifestado.

Y, respecto a la izquierda abertzale, a la que se está acusando estos días de querer sacar réditos políticos de estos hechos, ha indicado que el Memorial que se proyecta en Zaramaga ha de ser “inclusivo y democrático”. “Un centro que, siendo de todas y todos, no puede ser ni instrumentalizado ni patrimonializado por ninguna de las partes”, ha agregado.

El acto ha estado presidido por una ikurriña. En él se ha reinterpretado, en castellano, el 'Campanades a morts' que el catalán Lluís Llach compuso tras el 3 de marzo de 1976. También ha sido protagonista el grupo Zarama, con 'Gasteizko gaua'. “Gau ilun hontan, etorkizuna heltzen ari da”, rezaba la letra de su música.

Al cabo de cincuenta años de los dramáticos acontecimientos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria ha llegado el momento de preguntarse si la memoria de aquello ha de ser de una parte o de todos. Esta no es la primera ocasión, ni será la última, en que se plantee este tipo de situaciones. Es propio de los procesos de construcción de memoria, donde compiten los partidarios de retener un recuerdo exclusivo, circunscrito a los hechos, pero con una interpretación que se renueva por quienes se ven como preservadores de la memoria, frente a quienes conectan los hechos con otros sucedidos históricos –en nuestro caso, la Transición- y tratan de obtener una consecuencia positiva que alcance a la mayoría de la ciudadanía actual.

Esta segunda opción, ciertamente, transciende el carácter genuino de lo ocurrido, pero lo inscribe en un contexto superior que todos podemos compartir: en nuestro caso, la democracia y el Estado de Derecho que disfrutamos y a los que colaboraron los huelguistas de aquel conflicto y, por desgracia, los muertos y heridos que provocó aquella policía todavía de la dictadura.

Tenemos la oportunidad de desplegar una política de memoria pública sobre el 3 de marzo de 1976 a través del Memorial de víctimas. Lamentablemente, no vamos a llegar a verlo hecho realidad en este cincuentenario, pero estamos dando los pasos necesarios para que a corto plazo lo sea. En él participamos cuatro instituciones y las asociaciones de víctimas. Es claro que aquellas y estas tienen perspectivas diferentes y así lo han expresado.

La elección excluyente no debería ni plantearse. No tiene sentido un Memorial sin asociación de víctimas, ni lo tiene sin las instituciones que representan a la ciudadanía y que proveen los recursos para que la iniciativa se lleve a efecto. Prescindir de unas o de otras sería un error que no nos podemos permitir. La discrepancia es un factor con el que debemos contar para poner en marcha el proyecto de manera efectiva.

Tenemos que hacer el esfuerzo para encontrar un punto de encuentro entre miradas diferentes sobre el papel de la memoria pública. Es lógico que las diversas partes alberguen perspectivas y razones diferenciadas. Salvando todas las distancias necesarias, por nuestra experiencia en Gogora, sabemos que es un problema con el que tropezamos a cada paso con la memoria del terrorismo y de sus víctimas. El hecho de haber llegado a acuerdos amplios no nos exime de debate a cada poco. Es normal, pero, a pesar de ello, se avanza y los resultados están a la vista.

El Memorial del 3 de marzo se debe plantear también en esos términos, dinámicos, dialécticos, a veces conflictivos, pero con voluntad convergente. Porque, como dijo Jesús Fernández Naves en el funeral del 5 de marzo de 1976: “Estos muertos son nuestros, son de todo el pueblo de Vitoria”. Y así es. No hay ningún sector que reniegue de esa memoria. Incluso quienes por su trayectoria están relacionados con los responsables políticos de aquellos hechos, asumen que esta es también su memoria y han expresado en diversas ocasiones su reconocimiento de aquella tragedia y de aquellas víctimas.

Marzo de 1976 no es un argumento de discrepancia; todo lo contario, lo es de acuerdo amplio en la denuncia de la masacre policial llevada a cabo, del crimen de Estado. Un acuerdo que asume que aquella fatídica fecha constituye el punto de inicio de la actual Vitoria-Gasteiz, industrial, obrera y plural de orígenes e ideas. Esa pluralidad original es la que debemos preservar e impulsar al cabo de cincuenta años.

Las instituciones alavesas y vascas hemos expresado de manera reiterada nuestro apoyo incondicional a ese recuerdo vivo y a las víctimas de entonces. El Gobierno del Estado lo viene haciendo en los últimos años de manera también decidida, estando presente en los actos recordatorios, apoyando con recursos la puesta en marcha del Memorial, reconociendo como lugar de memoria la iglesia de San Francisco de Asís y desarrollando la legislación memorial adecuada. Estoy segura de que vendrán todavía nuevos reconocimientos que facilitarán todavía más el avance en los términos aquí señalados.

Tenemos una oportunidad de oro para edificar una memoria de todos sobre aquel miércoles de ceniza vitoriano. Podemos hacerlo sobre la base de que aquellas víctimas, aquel conflicto y aquella disposición de sus protagonistas por superar la dictadura han servido para que la democracia que disfrutamos se pudiera consolidar y sea hoy una realidad sólida. O podemos hacer como si viviéramos todavía en 1976 y nada hubiera cambiado desde entonces. Desde mi punto de vista, la evidencia respalda lo indiscutible y afortunado del cambio histórico. Por eso creo que el Memorial y la política pública de memoria deben ir acordes con esa realidad, porque es la que vive la ciudadanía, incluidos aquellos que se resisten a asumir que es así.

Vitoria ha tributado ya, este sábado, el primer gran homenaje a las víctimas del 3 de marzo de 1976, del que se cumple el quincuagésimo aniversario este martes. Ha sido un acto en el palacio de congresos Europa de Vitoria en el que se ha producido una gran ovación.

La asociación Martxoak 3, en él, ha reclamado nuevamente al Estado “una declaración oficial que desmienta la versión oficial franquista y reconozca que el reino de España es responsable de la criminal actuación policial” que acabó con la vida de cinco personas y causó cerca de un centenar de heridos, al disolver una asamblea de trabajadoresen la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, informa Europa Press.

El colectivo de víctimas ha lamentado que “ningún estamento del Estado ha dado pasos para depurar responsabilidades”. Ése ha sido su mensaje durante el reivindicativo homenaje que ha realizado este sábado, en el que también se ha aplaudido a “quienes han mantenido viva su llama” durante los últimos 50 años.

Durante el acto, las portavoces de la asociación, Nerea Martínez y Leire Manzanos, han leído un texto, en el que han solicitado “justicia” para los cinco trabajadores asesinados en “la matanza perpetrada por la Policía”, así como para Juan Gabriel Rodrigo y Vicente Antón Ferrero, quienes fueron asesinados en los actos de protesta posteriores en Tarragona y Basauri, respectivamente. Asimismo, han recordado a todas las personas heridas, represaliadas y encarceladas.

La asociación ha tenido palabras de agradecimiento para el “pueblo de Gasteiz”, que “ha conseguido revertir la versión oficial, enfrentándose a todas las dificultades imaginables”, dentro de “un clamor por la palabra justicia que sigue resonando con fuerza, tras cinco décadas de impunidad”. Eso sí, Martxoak 3 ha denunciado que el poder les condenaba “al olvido” y ha señalado que “muchos callaron y lo aceptaron”.

El colectivo ha recriminado que “las instituciones han llegado tras décadas de abandono”. “Muy tarde y con muchas tareas pendientes. Pero mejor tarde que nunca”, han sostenido. Martxoak 3 confía en que el futuro Memorial tendrá que contar la historia de 1976, “pero también la de todo este largo camino de medio siglo contra la impunidad”. “Si hemos llegado hasta aquí y si vamos a seguir avanzando, es sin duda por los que nunca abandonaron y han conseguido que la memoria del pueblo de Gasteiz siga viva”, han manifestado.

El portavoz de la asociación de Bloody Sunday Trust, Tony Doherty, invitado en Vitoria, ha narrado el camino de reivindicación que ha llevado a cabo su organización a lo largo de las últimas décadas para “exigir verdad” y reconocimiento para las víctimas del Bloody Sunday, frente al “falso relato” de las autoridades británicas. En este sentido, ha explicado que el Estado británico difundió un “relato falso” de los hechos, al afirmar que sus paracaidistas dispararon y mataron a la población, porque “estaban armados y eran miembros del IRA”. Son unos sucesos que acontecieron el 30 de enero de 1972.

El momento más emotivo del acto ha sido cuando las víctimas han subido al escenario de un auditorio María de Maeztu del palacio de Congresos Europa abarrotado y puesto en pie para obsequiarles con un largo aplauso. Cada una de ellas, con una rosa roja en la mano, han escuchado la reproducción del emocionante discurso que el trabajador Jesús Fernández Naves pronunció en los funerales en memoria de las víctimas en 1976 y han recibido el 'aurresku' de honor.

El acto ha contado con varias proyecciones para repasar hechos históricos, como los antecedentes de huelgas y represión previos al 3 de marzo, la situación política internacional, imágenes de la atacada iglesia de Zaramaga con los audios superpuestos de la Policía franquista, el homenaje y funerales a las víctimas, así como las manifestaciones de cientos de mujeres con bolsas vacías en protesta por la carestía de la vida. La música en directo también ha tenido su protagonismo de mano de la poesía acústica de Izare, la interpretación del tema de Lluis Llach 'Campanades a mort“, que el artista catalán la misma noche de la matanza del 3 de marzo, y la nueva canción con motivo del 50 aniversario 'Amest Berriak' con letra de Karmele Jaio y música y voz a cargo de Idoia Asurmendi.

Una replica del monolito de Zaramaga ha presidido el acto desde el centro del escenario, un “puño de hierro en alto” que fue puesto en 1984 en la zona “de manera clandestina y con cemento rápido, símbolo de la lucha obrera”. “Desde hace poco tiempo, se turnan hasta las autoridades para dejar flores. Ese monolito está ahí gracias a una acción clandestina que burló la represión policial. Su historia sirve como ejemplo de cómo han ido cambiando algunas cosas en nuestra ciudad”, han señalado desde Martxoak 3.

La representación institucional ha estado encabezada por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, acompañada del director de Gogora, Alberto Alonso. También han acudido el líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, y representantes locales de la coalición abertzale, del PSE-EE, del PNV, de IU, de EA o de Alternatiba, y de los sindicatos ELA, LAB, ESK o Steilas. No asistieron ni la alcaldesa, Maider Etxebarria, ni el diputado general, Ramiro González.

Que Francisco Franco creó la Seguridad Social, que en su época había más trabajo o que, en general, se vivía mejor son algunos de los bulos que circulan por las redes sociales y que pueden llegar a confundir a los más jóvenes, que lejos de la realidad, cada vez mitifican más la figura de un dictador. Para combatirlo, desde el Instituto vasco de la memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) han llevado a cabo este miércoles en el BEC de Barakaldo la jornada '¡Franco, Franco, Franco!' en la que expertos han hablado a 550 estudiantes de Bachillerato sobre memoria histórica en su idioma: el de las redes sociales.

Móvil en mano, a diferencia de en sus clases de Historia, los jóvenes de distintos colegios de Bizkaia y Gipuzkoa han accedido a cuestionarios a través de QR y han recibido las lecciones a partir de vídeos en TikTok y del NO-DO (Noticiarios y Documentales), el noticiero obligatorio en los cines españoles entre 1943 y 1975, creado en 1942 para promover la información cinematográfica del régimen franquista. Así, han visto anuncios de mujeres que a pesar de la violencia machista atienden y sirven a sus maridos como “una buena mujer”, imágenes de Franco visitando ciudades con cientos de personas aplaudiendo o la construcción del Valle de los Caídos, “el mejor homenaje de fervor y de recuerdo dedicado a los que dieron su vida por Dios y por España y que con su sacrificio hicieron posible una patria unida y repoblada para la dignidad y la grandeza de su misión histórica y cristiana”, como describe el NO-DO.

El desarrollo del evento se ha estructurado a través de tres grandes bloques temáticos. El primero se ha abordado en torno al interrogante: “¿Con Franco vivíamos mejor?”. En él se han identificado y “desmentido los principales mitos socioeconómicos sobre el franquismo que se extienden en las redes sociales y que calan entre los jóvenes”. El segundo eje ha sido el de la imagen de “familia perfecta” que trasladaba el franquismo. De esta forma, se ha analizado el ideal de familia que proclamaba, así como “los arquetipos de género imperantes, su rigidez y sus consecuencias en la vida de hombres y mujeres, con especial atención a lo que suponía salirse de la norma establecida”.

Es verdad que no puedes cambiar en dos horas, pero seguramente actos como este ayuden a recapacitar y a reflexionar

Aitor — Alumno de segundo de Bachillerato del Colegio Claret Askartza

En el apartado “¡Es que ahora no se puede decir nada!”, se han contrapuesto los mensajes que aluden, en la actualidad, “a la falta de libertades, tanto en redes sociales como en algunos medios, con la falta real de los derechos fundamentales y su vulneración de un sistema dictatorial”. Ligado a ello, se ha emitido un vídeo con testimonios de familiares de víctimas mortales de la violencia policial hasta 1975. Sus historias de vida se han extractado del banco de testimonios de Gogora y ha sido “la forma en la que se ha querido mostrar la crudeza de lo que supone vivir en un sistema dictatorial, donde no se respetan los derechos fundamentales, reina la impunidad y la indefensión a la que se enfrentan las víctimas y sus familias, sin posibilidad de reclamar derecho alguno”.

Además, el evento, conducido por la periodista Maitena Salinas, ha contado con la participación de los historiadores Nicolás Sesma y Mikel Herrán y la periodista Andrea Momoitio, que han sido los encargados de desmontar los “mitos” buenistas sobre el régimen franquista. Mientras Sesma ha desmontado los mitos sobre la supuesta bonanza económica que atrajo el franquismo, hablando de la hambruna y del exilio, Momoitio y Herrán han hablado sobre el machismo y la discriminación hacia las personas homosexuales dentro de la familia tradicional española.

“No es cierto cuando dicen que Franco marcó la economía española. Después del final de la Guerra Civil lo que hace España es perder dos décadas, 20 años, desde el punto de vista económico. Se ralentiza la innovación económica. Entre las personas asesinadas en la Guerra Civil y las que se marchan al exilio España pierde gran parte de sus trabajadores, la mitad de los médicos, el 80% de los profesores. Después de la Dictadura, además, comienza una gran hambruna. ¿Esto significa que la totalidad de la población vivía mal? No, había un 40% de la población que vivía extremadamente bien a costa del 60% que vivía mal. De hecho en aquella época cerca de 200.000 personas mueren de hambre y enfermedades”, ha explicado Sesma.

Momoitio ha hablado sobre la realidad de las mujeres en aquella época. “La heterosexualidad era obligatoria, al menos sobre el papel, porque obviamente lesbianas ha habido siempre, sumisión ante el marido, y, de alguna manera, además de tu moralidad y la de tu familia, tenías que guardar la moralidad de toda la sociedad. No podías trabajar ni viajar sin el permiso del marido, la mayoría de edad de las mujeres si no se casaban se ampliaba hasta los 25 años, por supuesto el aborto y el divorcio estaban prohibidos, el adulterio y el uso de métodos anticonceptivos estaba penado”, en este sentido, la periodista ha explicado que las mujeres que conseguían hacer algunas de esas cosas porque encontraban “grietas” en el sistema que se lo permitían, si después el régimen se enteraba o alguien les delataba, el castigo era enorme. “Podían entrar a prisión o al psiquiátrico y, en el caso de las mujeres, el gran mecanismo de represión y control era el Patronato de Protección a la Mujer, que dependía directamente del Ministerio de Justicia, y se dedicaba a velar por la dignidad de las mujeres caídas y por las que están a punto de caer”, ha explicado Momoitio.

Tenía una idea de lo que pasaba, pero no sabía que eran tan radical. No es un tema que hablemos mucho

Paula — Alumna de segundo de Bachillerato del colegio Claret Askartza

En sus investigaciones, la periodista se ha topado con casos en el Patronato de Protección a la Mujer, que contaba con centros repartidos por todo el país gestionados por entidades religiosas, como el de una chica a la que la llevan al Patronato porque “la ven con un chico gitano en la feria”. “En esos centros, muchas veces se les hacían pruebas de virginidad porque en el caso de que hubieras hecho sexo con penetración estabas completamente pervertida”, ha alertado.

Por su parte, Herrán ha tratado temas como el de la discriminación a los hombres homosexuales, debido a que la homosexualidad se consideraba delito durante el régimen franquista y se les encarcelaba, aunque en módulos distintos al resto de los presos para que “la homosexualidad no se contagiase”. “La homosexualidad masculina se entendía como un contagio social y a los hombres se les encerraba en campos de trabajo forzado para reformarles. Cuando se capturaba a alguien por conductas homosexuales, se les hacía un examen médico para entender qué les había ocurrido, porque por aquel entonces se creía que había diferencias entre el homosexual congénito, el que había nacido con esa homosexualidad y el que se había contagiado por otro hombre”, ha argumentado el historiador.

A la salida del evento, Paula y Aitor, compañeros de segundo de Bachillerato del colegio Claret Askartza, en Leioa, han explicado a este periódico que, aunque ellos están convencidos de que “la democracia es mucho mejor que vivir en dictadura”, conocen compañeros que piensan diferente. “Es cada vez más necesario que nos abran los ojos porque es verdad que cada vez se escucha más un tipo de discurso a favor de Franco y aunque en mi caso, por ejemplo, he tenido la suerte de que en casa, aitite y amama siempre me han contado cosas de la guerra y de la posguerra, por eso estoy más concienciado, pero conozco a gente que, aunque igual no lo diga, piensa diferente. Es verdad que no puedes cambiar en dos horas, pero seguramente actos como este ayuden a recapacitar y a reflexionar”, ha indicado Aitor.

Paula reconoce que aunque trata de estar informada en lo relacionado a temas de memoria histórica, desconocía muchas de las cuestiones abordadas durante la sesión. “Tenía una idea de lo que pasaba, pero no sabía que eran tan radical. No es un tema que hablemos mucho. Está claro que antes no se vivía mejor, pero no vivían mejor ni las mujeres ni los hombres”, ha explicado la alumna.

Hoy vemos con preocupación cómo una parte importante de la juventud mira a aquel pasado desde una perspectiva parcial, tergiversada y nostálgica

María Jesús San José — Consejera de Justicia y Derechos Humanos

A Unai, profesor del Colegio Jesuitinas Bilbao, la iniciativa le ha parecido interesante, debido a que confiesa que cada vez es más común escuchar discursos a favor del franquismo en las aulas, aunque reconoce que es un reto complicado al que los profesores se enfrentan día a día. “El dato es interesante y decimos que el dato mata al relato, pero no estoy de acuerdo con ello, porque es verdad que la percepción de las personas a veces es más fuerte que el dato, por mucho que se presente el dato, prevalece la percepción. Por eso es difícil que cambien de opinión. Ellos dan fiabilidad al medio por el que reciben la información muchas veces, en este caso el lenguaje utilizado en el evento, más cercano, y las herramientas, como los vídeos o los teléfonos móviles, son más útiles para hacerles llegar un mensaje”, ha reconocido el profesor.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, acompañada del director de Gogora, Alberto Alonso, ha destacado la importancia de “desmitificar” el franquismo cuando la juventud se hace eco de “voces que lo idealizan”. “Hoy vemos con preocupación cómo una parte importante de la juventud mira a aquel pasado desde una perspectiva parcial, tergiversada y nostálgica; una mirada que se nutre de mensajes interesados, creados por quienes no tienen más objetivo que el de poner en cuestión los pilares de la democracia, siempre frágil por definición. Hoy, medio siglo después del fallecimiento del dictador, se vuelven a ”escuchar voces que pretenden relativizar e idealizar cuatro décadas de un régimen que llegó al poder por medio de una guerra civil y que se mantuvo gracias a un sistema represivo, que no sólo no desapareció en el tiempo, sino que llegó a sobrevivir al mismo dictador“, ha lamentado San José.

Según ha afirmado la consejera, “nada de aquel periodo puede ser reivindicado como base de nuestra sociedad democrática actual”. “Fueron años de mucho dolor, represión, sufrimiento y fractura social. Fue precisamente la movilización social contra aquel régimen dictatorial, la de los obreros, las mujeres, los vecinos de los barrios de las periferias, la red clandestina de las primeras ikastolas las que pusieron las bases de nuestro presente. En este momento es más necesario reivindicar los valores democráticos como herramienta fundamental para la construcción de una ciudadanía activa y comprometida con la defensa de los derechos humanos, la convivencia y la pluralidad. Porque es importante no olvidarlo. Los valores democráticos, la defensa de las libertades fundamentales sobre los que se sustenta la ciudadanía, tienen que ser el elemento central de cualquier política de memoria”, ha concluido.

Este sábado, 20 de diciembre, se cumplen 75 años del fallecimiento de Txomin Letamendi, militante del PNV y espía vasco bajo el apodo de 'Turuta' al servicio de la CIA de Estados Unidos en la II Guerra Mundial. La efeméride llega cuando el Instituto de la Memoria (Gogora) lo ha reconocido como víctima por haber sido torturado durante la dictadura, cuando regresó a España procedente de Venezuela en una misión encargada por el primer lehendakari, José Antonio de Aguirre. La de 'Turuta' es una historia de película -'Karmele', de Asier Altuna- o de novela -'Elkarrekin esnatzeko ordua', de Kirmen Uribe- y es solamente el segundo reconocido con la ley vasca de memoria histórica de 2023 en la mano después del consejero republicano Alfredo Espinosa, fusilado en la Guerra Civil.

Los homenajes a 'Turuta' se han iniciado este viernes en Ondarroa, la localidad de origen de Karmele Urresti, la esposa de Letamendi. Y se repetirán este lunes en Bilbao, donde nació él en 1901. Este segundo tendrá un rango más institucional. Su sonoro apodo se debe a que era músico, trompetista para más detalles. En la Guerra Civil fue comandante de una guarnición de 'gudaris', los milicianos nacionalistas que combatieron en defensa de la legalidad republicana. Pero los franquistas, auxiliados por alemanes e italianos, conquistaron todo el territorio vasco ya en el verano de 1937. Y pasó al exilio.

Primero fue a París, al conocido palacio del 11 de la avenida de Marceau que ahora ha recuperado el PNV. “Es allí donde se puso a las órdenes del lehendakari” como un agente del SVI, el Servicio Vasco de Información, la agencia de espionaje creada por Aguirre en la Guerra Civil. Pero los nazis llegaron también a Francia. Su siguiente parada fue ya en América. En concreto, acabó en Venezuela. El SVI, en cambio, estableció su cuartel general en Nueva York. Allí trabó acuerdos de colaboración con la OSS (actual CIA), el FBI y también con el SOE británico. Todo esto está documentado en papeles secretos desclasificados ya tanto por Estados Unidos como por el Reino Unido. En España eso aún no es posible a falta de la reforma de la ley de secretos oficiales.

Uno de esos papeles es el informe de la CIA titulado “Mission Letamendi”, que explica el regreso a España del espía. Fue a finales de 1942. Aparentemente, Aguirre le invitó a volver al interior. Necesitaba agentes sobre el terreno ante lo que intuía (equivocadamente) como la caída del franquismo en paralelo a las derrotas de Alemania e Italia. El lehendakari, como también describió la CIA, llegó a pedir armas a Estados Unidos para su plan para derrocar al régimen. El propio viaje, en el buque Buena Esperanza, fue una misión confidencial para la CIA ya que en él iba también el getxoztarra José Antonio de Sangróniz, embajador español en Venezuela. La tapadera de músico permitía al espía hacerse pasar como un inocente vasco apolítico que recorría el mundo y que era amigo de las hijas del diplomático.

En 1945 acabó la II Guerra Mundial y, con ello, la luna de miel del SVI con Estados Unidos. Este país reinició sus relaciones diplomáticas con una España que ya no se estaba mostrando al mundo como amiga de las derrotadas Alemania e Italia. Letamendi fue arrestado en agosto de 1946 “con motivo de haber descubierto la Policía gubernativa de San Sebastián una valija con documentación clandestina con destino a Francia que puso de relieve la existencia de una amplia conspiración”. Según el franquismo, “todos los partidos políticos de izquierdas” -el PNV era una formación católica y conservadora, mas siempre operó del lado de los republicanos- estaban actuando subrepticiamente en el territorio nacional bajo instrucciones de autoridades en el exilio “para el derrocamiento del régimen establecido en España después de su guerra de liberación”.

Explica la familia, que en 2024 inició un proceso judicial no para buscar condenas sino para que la Justicia ponga negro sobre blanco esta historia, que sufrió “graves torturas en comisaría”. Estuvo en prisión sin condena hasta mayo de 1947, es decir, nueve meses. 'Turuta' optó por desplazarse a Barcelona, donde siguió trabajando como agente del SVI con las identidades de “Damián Landa” o “Darío Landa”. Pero fue arrestado nuevamente en septiembre de ese mismo año por la Brigada Político-Social. Otra vez más le decomisaron documentación interna de la oposición. Aquí se sabe que fue torturado por los agentes José Nogués Recoo y Fernando Escudero Arcocha. Son los dos nombres que aportó la familia a la Justicia. Hay más, pero no se han investigado. Lo dejaron “marcado” tanto física como psicológicamente. “No pudo revertir las secuelas”, abundan.

Fue procesado en 1948 y la Fiscalía militar pidió para él diez años de cárcel por delitos de espionaje. En febrero de 1950 llegó la sentencia condenatoria contra él tras un proceso sin garantías. Finalmente, le cayeron cinco años de reclusión por ser responsable de una “conspiración para la rebelión”. Estuvo preso en la propia Barcelona, pero también en Madrid y Guadalajara, según su expediente penitenciario. “Su estancia en prisión fue durísima” y llegó a dejar de comer. “Los muertos no comen”, contó otro reo sobre la delicada situación del torturado. En octubre le concedieron un indulto por su estado de salud. Estaba al “límite” cuando se reunió con su familia. El 20 de diciembre de 1950, estando en casa de un hermano en Madrid, falleció.

La entidad Gizarte Eskubideen Behatokia (GEB) resalta que también la familia del fallecido padeció la represión. “El ensañamiento del Estado no tuvo límites”, remarcan. Exponen que Urresti, la esposa del músico-espía, regresó al exilio de Venezuela tras su fallecimiento y no pudo instalarse en Ondarroa hasta un cuarto de siglo después, en 1975. Su hermano Joseba Andoni Urresti, sacerdote, usó el apodo 'Jacques' en la clandestinidad y participó en la Red Comète de apoyo a los aliados. Otro hermano, Josu, “fue detenido y encarcelado” y pasó cuatro años entre rejas, hasta 1940. La suegra de Letamendi, Carmen, fue “desterrada”, inhabilitada como maestra y multada con 75.000 pesetas, unos 450 euros al cambio de 2002. Les expoliaron bienes: dos viviendas, dos embarcaciones o un taller. Otro hermano, Gaizka Urresti, acabó siete veces detenido, fue encarcelado en cuatro de ellas y “tortuado en numerosas ocasiones”. Dos hijos de 'Turuta' también fueron arrestados en la dictadura. Según GEB, hay una “clara línea de continuidad” en la represión desde la Guerra Civil hasta el final de la dictadura y que incluso se interna en el período democrático. Este caso “no es aislado” y es la realidad para “decenas de familias vascas”. El PNV, como partido, ha apoyado el reconocimiento como víctima de su militante.

El Instituto de la Memoria (Gogora) da ya por hecho que será imposible utilizar la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga de Vitoria para recordar el quincuagésimo aniversario de la masacre del 3 de marzo de 1976, que tuvo lugar allí mismo. El director del organismo, Alberto Alonso, ha indicado que podrían pasar “meses” hasta que se acometa el traslado efectivo de la colección de belenes que en los últimos años ha estado allí expuesta primero y simplemente almacenada después, bloqueando los avances del memorial proyectado en ese templo ya sin culto desde hace un lustro.

Alonso ha indicado que como la operación tendrá un coste superior a 15.000 euros hay que abrir un proceso de licitación ordinario y luego adjudicar los trabajos. En los últimos meses, el Obispado -que había cedido en su momento el templo a los titulares de los belenes- y el resto de instituciones en el patronato del Memorial han vivido momentos de tensión por estos pesebres. “No sabemos si en marzo los belenes estarán o no fuera en marzo”, ha admitido en euskera el responsable de Gogora, que este lunes ha mantenido dos reuniones en la sede de Lakua. La primera ha sido el patronato de la fundación detrás del Memorial -que sienta a Gogora con Ayuntamiento de Vitoria, Diputación de Álava, Iglesia católica y las entidades Martxoak 3 y Memoria Gara- y la segunda una cita exclusivamente con las asociaciones de víctimas.

Gogora celebrará un acto institucional el 3 de marzo de 1976, paralelo a otras conmemoraciones ya anunciadas por el Ayuntamiento y por las víctimas. Alonso ha ironizado que, finalmente, las fuerzas “sobrenaturales” han ganado la partida. “Todos desearíamos que el lugar fuera la iglesia, pero la mejor conmemoración es el acompañamiento de la sociedad y una fundación que marcha”, ha manifestado.

Las víctimas, representadas por Nerea Martínez, han explicado que no le dan tanta importancia al uso o no del templo en esa simbólica jornada sino a que, en ese momento, el Memorial esté más definido en cuanto a contenidos y proyecto museográfico. “Es mucho más importante no abrir una iglesia vacía sino avanzar en esos contenidos, que la voz de la sociedad divil y las víctimas tenga un peso importante. Eso sería el mejor homenaje, ver que estamos avanzando en construir algo digno”, ha expuesto Martínez a los medios de comunicación tras las reuniones.

El patronato, en todo caso, ya ha acordado iniciar otros trabajos de adecentamiento de un templo que, literalmente, se cae a pedazos. Con un presupuesto de unos 78.500 euros se harán trabajos de jardinería en el exterior, de arqueología para mapear los restos de los impactos de bala de 1976 y, ya después, las propias obras para eliminar goteras y arreglar la cubierta. Alonso ha indicado que las tareas arrancarán en cuando las empresas adjudicatarias, ya elegidas, tengan “disponibilidad”. Ha indicado que si puede ser “en los próximos días”, mejor.

En paralelo, se ha configurado una “comisión” para agilizar los trabajos de configuración previa del Memorial, que fue presentado hace ya casi cinco años, en el cuadragésimo quinto aniversario. Será un formato más ágil para tomar decisiones sin que sea preciso reunir a las autoridades. Martxoak 3 se ha felicitado también de que va a poder pasar a utilizar para sus visitas un espacio mucho mayor que el minúsculo rincón de que dispone en la actualidad por cesión de la Iglesia católica y que, además, ya no tiene ni siquiera visión del conjunto del templo, una obra de Luis Peña Ganchegui.

El Instituto de la Memoria (Gogora) ha programado para 2026, entre otras actividades, actos en recuerdo por el quincuagésimo aniversario de la desaparición del miembro de ETA Eduardo Moreno Bergareche, 'Pertur', y por el cuadragésimo del asesinato de Dolores González Catarain, 'Yoyes', que se habían desmarcado de la actividad de la organización terrorista. “Estas iniciativas o actividades en el marco de estos aniversarios no revisten carácter de homenajes”, puntualiza la consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, en respuesta a una pregunta formulada por escrito en el Parlamento Vasco por el representante del PP Santiago López Céspedes.

La desaparición de 'Pertur' se produjo en julio de 1976. Moreno Bergareche era dirigente de la rama político-militar de ETA y, según la investigación acometida por la Audiencia Nacional entre 2008 y 2012, que no llegó a una conclusión definitiva sobre su asesinato, se había alejado de la línea dura de la organización tras la muerte de Francisco Franco. Las líneas sobre lo ocurrido fueron dos. Por un lado, fue visto en Iparralde con Francisco Mujika Garmendia 'Pakito' y con otro dirigente de ETA, Miguel Ángel Apalategi, 'Apala', poco antes de la desaparición. Por otro lado, se indagó una posible implicación de neofacistas italianos próximos a elementos incontrolados del Estado, que en los años siguientes institucionalizó la 'guerra sucia' en forma de GAL. El Batallón Vasco Español llegó a reivindicar el crimen.

Lourdes Auzmendi, pareja en 1976 de 'Pertur' y que luego ha ocupado altos cargos con el PSE tras la integración con EE (Euskadiko Ezkerra), manifestó en el cuadragésimo aniversario a este periódico que fueron “sus compañeros de armas”. “Esos bestias han creado un clima tal en la organización que ETA no es un colectivo revolucionario, sino un Estado-policía, donde cada uno sospecha del vecino y éste del otro. Este clima influye no a todos por igual (existen auténticos histéricos que no ven sino conspiraciones por todos lados). En ese sentido, te digo que no estoy bien [...]. De esta dinámica que tiende a eliminar rivales políticos, no por medio del debate político, sino a través de sucias maniobras en nombre de la disciplina, la seguridad, etc.”, le escribió el propio Moreno Bergareche a su novia en una carta dos semanas antes de la desaparición. Se puede leer aquí más sobre este episodio de 1976.

Una década después, alguien que escribió algo similar, 'Yoyes', fue asesinada. “¿Cómo me voy a identificar con dirigentes que lo único que saben hacer es aplaudir los atentados de ETA y pedir más muertos? ¿Qué línea política es ésa?”, planteó. Así, en septiembre de 1986, José Antonio López Ruiz, 'Kubati', le disparó tres tiros en una feria de Ordizia, en Gipuzkoa, donde estaba viendo tractores con su hijo, un niño de tres años. José Miguel Latasa Getaria, 'Fermín', también fue condenado por esta operación contra una “traidora”.

“Gogora, de acuerdo con su naturaleza y funciones, mediante estas actividades busca recuperar para la memoria colectiva de Euskadi dos episodios de nuestro pasado traumático que han tenido una gran trascendencia histórica y, en última instancia, impulsar el debate público y la reflexión crítica en torno a ello, siempre con el objetivo de deslegitimar el terrorismo”, señala San José en su respuesta al PP. Recalca que el programa de actividades para 2026, un año muy marcado también por el quincuagésimo aniversario de la masacre del 3 de marzo en Vitoria, ejecutada por la Policía Armada heredada del franquismo, ha sido visado por el consejo de Gogora. Los partidos de la oposición, también el PP, participan en él.

Insiste el Gobierno que “uno de ejes de trabajo más importantes de Gogora tiene que ver con la divulgación y la difusión” y que “es habitual que esta línea trabajo venga determinada por las efemérides y los aniversarios”. “En este caso, se cumplen 50 y 40 de la desaparición de Eduardo Moreno y del asesinato de Dolores González, respectivamente. Y como ya se ha dicho, Gogora y el Departamento de Justicia y Derechos Humanos consideran que estos episodios son de una gran trascendencia en nuestro pasado reciente, además de tener un gran potencial para trasladar a la sociedad la dimensión de la sinrazón del terrorismo de ETA”, se apunta.

A partir de ahí, Gogora no tiene aún definido qué se hará. Ni cómo. El PP, por ejemplo, pedía ya informes y presupuestos. “En este momento estamos haciendo un trabajo prospectivo con familiares y allegados directos de ambas víctimas. Los contactos son discretos y directos, como no podía ser de otra forma, dada la sensibilidad de los temas”, replica la consejera San José.

Con la presentación de los presupuestos de Justicia y Derechos Humanos (369,2 millones, un 2,6% más que en 2026), a las 17.30 horas de este jueves se ha puesto fin a una larguísima comisión de Hacienda que arrancó el lunes a las 9.00 horas y por la que han pasado todos los consejeros de Imanol Pradales para detallar las cuentas. Sobre la primera de las dos patas de su cartera, la socialista María Jesús San José ha señalado que será en 2026 el momento de apertura de la nueva cárcel de Zubieta en Gipuzkoa, un proyecto que acumula años de retraso y clave para aliviar el tensionamiento de las prisiones autonómicas, transferidas en 2021. Y, sobre la segunda, ha indicado que se activará una “campaña de sensibilización”, dotada con 70.000 euros, para “erradicar del espacio público cualquier expresión vejatoria hacia las víctimas o justificadoras de la violencia”.

San José ha indicado que los fondos para su departamento crecen. Es un 2,6% más, es decir, menos que la media del conjunto de áreas del Gobierno, un 4,1%. Pero al desaparecer los fondos europeos MRR, la consejera entiende que la mejora es más valiosa. Ha dicho que son cuentas “realistas” pero “ambiciosas”. Ha asumido que la oposición las considere “continuistas”, pero ha indicado que las cuestiones “de fondo” programadas para la legislatura tienen que seguir en marcha. Se da la circunstancia de que no ha sido la consejera sino el director de Gogora, Alberto Alonso, el que ha tomado la palabra para dar respuesta a las cuestiones más políticas lanzadas por la oposición, EH Bildu, PP y Vox.

En la pata de Justicia (que incluye ya desde hace cuatro años la gestión de Prisiones), San José ha destacado que Zubieta estará lista ya en 2026. Desde la oposición, Santiago López Céspedes del PP le ha recordado que otros años también se había anunciado lo mismo, pero la consejera lo ha dado por hecho esta vez. Es un centro que construye el Estado y que entregará a la comunidad autónoma a cambio de la devolución del actual, la cárcel de Martutene, que a su vez revertirá en patrimonio municipal para desarrollos urbanísticos. La titular de Justicia y Derechos Humanos ha manfiestado que en el próximo ejercicio se activarán también los Centros de Inserción Social (CIS) de Basauri y de Zaballa, así como el espacio de régimen cerrado del penal alavés. En 2026, “se implementará el acuerdo de condiciones” laborales firmado con los sindicatos.

La consejera ha abogado por seguir potenciando la semilibertad y otros procesos de reinserción. Como dato, San José ha señalado que el porcentaje de reincidencia es del “12%” para quienes salen después de un tercer grado o libertad condicional mientras que sube al “19%” en el resto de casos. La EHU recibirá 60.000 euros para elaborar una encuesta “sobre calidad de vida en prisión”.

En la pata de Derechos Humanos, aunque ya eran conocidos los proyectos de Gogora, como los homenajes por el quincuagésimo aniversario del 3 de marzo de 1976, el nonagésimo de la creación del Gobierno de Euzkadi en la Guerra Civil, así como las reflexiones sobre las figuras de 'Pertur' y 'Yoyes', San José ha apuntado a atender a “víctimas y asociaciones” y activar “un instrumento más” contra la radicalización y contra el odio en el espacio público. Inicialmente habrá 70.000 euros para esa “campaña de sensibilización”, pero también 65.000 euros para salud mental y acompañamiento. Por otro lado, en relación con las quejas de la comisión de reconocimiento de las víctimas de la violencia policial, que ha visto frenado su trabajo, se ha mejorado su presupuesto en 25.000 euros.

El director de Gogora, Alonso, ha incidido también en que el 10 de noviembre es el Día de la Memoria, una jornada que recuerda a las víctimas del terrorismo y de la violencia policial y que habitualmente no es unitaria. De modo preventivo, se ha felicitado de que en el acto central de la jornada, el lunes en Vitoria, reunirán a medio centenar de víctimas tanto de ETA como de otros terrorismos, así como policiales, y ha sostenido que quienes están en la “polarización” son los que no van a acudir, en velada referencia a PP y Vox, que llevan años no compartiendo ese modelo.

Desde la oposición, EH Bildu -en unos comentarios también compartidos por el representante del PNV, Xabier Barandiaran- se ha reclamado una mayor presencia del euskera en la Justicia y un combate de los discursos xenófobos. El PP ha considerado también que falta cierto énfasis en ETA en los programas de memoria.

“¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros?”. Esa pregunta de Anton Gandarias fue una de las claves para dar con el paradero de su tío, Anjel Lekuona, exiliado en la Guerra Civil y fusilado en el campo de concentración nazi de Hradischko, en la República Checa, y también una de las cuestiones que han querido narrar en el documental 'Popel' ('Cenizas'), que retrata el viaje de Gandarias, Unai Eguia y Antonio Medina, también familiares de víctimas del nazismo, en su búsqueda de la verdad. Es un viaje convertido en documental de la mano del director gernikarra Oier Plaza.

“Como gernikarras conocíamos la historia de Anjel Lekuona, pero todo cambió cuando nos enteramos de que no se trataba solo de la historia de un viaje dramático, sino que había algo positivo detrás: la heroicidad de František Suchý y su hijo”, reconoce el director que este martes ha presentado la película en la sala BBK de Bilbao bajo la presidencia del lehendakari, Imanol Pradales, y de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, después de pasar por el Zinemaldia de Donostia y de su estreno en Praga a modo de homenaje.

František Suchý fue el administrador del crematorio civil de Strašnice, en Praga. Cada vez que lo nazis le llevaban un cuerpo del campo de concentración Hradischko, tenía la orden de incinerarlo. Sin embargo, Suchý, horrorizado por aquello, apuntaba sin que le vieran un listado de los nombres y apellidos de las víctimas y un número que los identificase. A pesar de que los miembros de la SS pensaban que el administrador del crematorio quemaba los cuerpos de forma conjunta, éste lo hacía por separado y depositaba sus cenizas en urnas individuales que escondía después por el cementerio. Cada urna contaba con un número que también incluía en el listado en el que iba escribiendo todos los días los nombres y apellidos de las personas que incineraba. También le pidió a su hijo que hiciera lo mismo, para así, tener una copia del listado por si le descubrían y acababan con su vida. Esa es la heróica historia que Plaza y su equipo han logrado llevar a la gran pantalla gracias a las animaciones de Kote Camacho.

“Aunque el transfondo sea oscuro y esté ligado con la muerte, la heroicidad de ese padre y su hijo y la investigación llevada a cabo por las familias de las víctimas tienen una belleza muy cinematográfica. La historia tiene muchas capas. Hemos tenido mucha suerte porque hemos contado una investigación ya realizada. Nuestro reto ha sido dar orden a esa investigación”, defiende el director, que logra en 87 minutos plasmar una historia de décadas que une a Euskadi y a la República Checa.

Suchý primero y su hijo después llegaron a rellenar tres libros grandes con los nombres de más de 2.000 víctimas, la mayoría prisioneros checos, pero también franceses y españoles. Las cenizas de Anjel Lekuona, quien fue deportado desde Francia, donde se exilió tras luchar como gudari en la Guerra Civil, reposan gracias a la hazaña de Suchý hoy en día en el memorial dedicado a las víctimas de aquella masacre en el cementerio de Praga. Junto a las suyas, también están las de otros cinco prisioneros españoles del campo de concentración del Tercer Reich: Enric Moner, Pedro Raga, Antonio Medina, Rafael Moya y Vicente Vila Cuenca. Llevan ahí desde el año 1945, pero no fue hasta hace poco cuando sus familias lo han sabido con certeza. “Mi madre, que no habló libremente de mi tío hasta que murió Franco, guardaba en su mesilla de noche la carta de uno de sus compañeros de cautiverio, Gregorio Uranga. En la carta le contaba qué había sido de mi tío, cómo fueron detenidos por los alemanes y los crímenes que se cometieron, pero sobre todo, contaba que mi tío había sido incinerado y sus cenizas estaban en Praga”, explicó el propio Anton Gandarias a este periódico cuando su tío se convirtió en el el primer vasco fusilado en un campo de concentración nazi homenajeado con una Stolperstein.

Esa fue la clave para que, después de 20 años de búsqueda, Gandarias, junto con Unai Eguia y Antonio Medina, también familiares de víctimas del nazismo tratando de saber qué ocurrió en aquella época, dieran, tras una larga travesía y con la ayuda del Gobierno de la República Checa, con el cementerio de Strašnice, donde efectivamente, encontraron las cenizas de Anjel Lekuona, con el número de urna 62559, Enric Moner con el número 62557, Pedro Raga, con 62558, Antonio Medina, con el número 62560, Rafael Moya, 62563, y Vicente Vila Cuenca con el número de urna 62752. Con esa información, localizaron a los familiares de los seis españoles asesinados en el campo de concentración de Hradischko, para que conocieran qué ocurrió con ellos.

La historia de Anjel Lekuona y del resto de las víctimas ha sido recogida en estos útimos años en la novela 'Y los campos se quedaron sin flores', escrita por Unai Eguia, otro de los protagonistas del documental 'Popel'. Eguia es un profesor que empezó indagando sobre la vida de Enric Moner y así llegó hasta la historia que se esconde y que a partir de este martes se podrá ver en la gran pantalla. “Es una historia que tenía que ser contada y que a día de hoy tiene sentido contar. Cualquier sociedad debe hacer un ejercicio de memoria para poder avanzar. 'Popel' es una historia viva porque de las cenizas encontradas 85 aún no han sido reclamadas ni encontrado el paradero de sus familias”, reconoce Plaza, que explica que para hallar a las familias de esas víctimas han creado una página web con el nombre del documental para conseguir que más familias vivan la historia de reencuentro con las cenizas de las víctimas que viven los protagonistas de la película.