La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el director de Gogora, Alberto Alonso, han entregado a sus respectivas familias los restos mortales de los dos milicianos, Cosme Ayala Yoldi y Manuel Hernáez Ruidiaz, recuperados de la fosa del cementerio de Amorebieta-Etxano en julio de 2025. San José ha reivindicado el papel de las leyes de memoria democrática para la construcción de la convivencia en el acto, en el que han estado presentes dos de las hijas de estas víctimas, desaparecidos en la guerra, que han podido recibir los restos mortales de sus padres.

En un acto celebrado este domingo en Bilbao, la consejera ha recordado que son “dos vidas comprometidas desgarradas por la sinrazón de la guerra, dos proyectos de vida destruidos en cuestión de minutos”, y se ha dirigido a las familias: “Vosotras sois el futuro con el que ellos sonaban, noventa años de historia familiar que ellos no pudieron disfrutar”. San José ha insistido en la necesidad de “recuperar el pasado, buscar a los desaparecidos de la guerra civil y el franquismo para retornarlos al lugar del que nunca debieron salir” porque precisamente eso es “hacer memoria”, informa Europa Press.

Por su parte, Alberto Alonso ha reflexionado sobre lo que, a su juicio, es hacer memoria, que supone “mucho más que montar grandes actos públicos o colocar placas en uno u otro lugar”. “Son horas y días dedicados a trabajo discreto, invisible para la mayoría de la sociedad, pero de cercanía, escucha y acompañamiento para las víctimas y sus familias”, ha indicado. Por ello, ha reivindicado el papel de las familias, les ha agradecido su “tesón y empeño” por volver a tener con ellos a seres queridos y, sobre todo, su “fuerza por mantener la dignidad y su recuerdo”.

Con el objetivo de conseguir nuevas identificaciones y reforzar el alcance de sus esfuerzos, el director de Gogora ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de comunicación, dirigida a toda persona que crea que algún miembro de su familia pudo fallecer en el campo de batalla o a consecuencia de la represión franquista y la familia no ha podido recuperar sus restos. Se pretende recoger las muestras genéticas de estas personas para ampliar el banco de ADN y cotejarlos con los de los restos óseos exhumados de las diferentes fosas y conseguir nuevas identificaciones.

¿Quiénes eran las víctimas?

Los milicianos Cosme Ayala Yoldi y Manuel Hernáez Ruidiaz murieron en abril de 1937 en los frentes de guerra de Elorrio y Muxika, respectivamente, y no se conocía el lugar de inhumación, eran dos desaparecidos de guerra. En ambos casos, las identificaciones genéticas se han podido realizar gracias a las muestras aportadas por sus hijas.

Cosme Ayala Yoldi, navarro de nacimiento y vecino de Barakaldo, estaba casado y era padre de dos hijas, trabajaba como jornalero. Durante la guerra, luchó como miliciano del Batallón Meabe 1, 'Largo Caballero', adscrito a las Juventudes Socialistas Unificadas. Murió el 27 de abril de 1937 en Elorrio (Bizkaia).

Manuel Hernáez Ruidiaz, riojano de nacimiento, vivia en Bilbao, estaba casado y tenía una hija. Trabajaba también como jornalero. Durante la guerra luchó como miliciano del batallón Zabalbide, adscrito a Izquierda Republicana. Falleció el 20 de abril de 1937 en el frente de Muxika (Bizkaia). Los restos mortales de los dos milicianos se localizaron en julio de 2025 en la misma fosa, la número 11 del cementerio de Amorebieta-Etxano, junto con los de otras 28 personas.

Una vez excavada toda el área se han descubierto en total 11 enterramientos con los restos mortales de 157 personas. El análisis de las muestras genéticas de todos estos restos óseos acaba de concluir, lo que quiere decir que los perfiles genéticos de los últimos restos recuperados ya forman parte del banco de ADN y esto ha permitido identificar a estos dos milicianos.

En el caso de Ayala, ha sido una de sus hijas la donante (tuvo dos hijas y viven las dos). Donó la muestra en abril y en unas pocas semanas, debido al grado de parentesco, el análisis de una única muestra ha servido para llevar a cabo la identificación. En el caso de Hernáez, el ADN de su única hija formaba parte del banco genético de Gogora desde 2023, cuando la familia tuvo noticias del inicio de los trabajos de exhumación en Amorebieta-Etxano, pero los restos de Manuel no se habían localizado aún, se localizaron y exhumaron en julio del año pasado, cuando se dieron por finalizados estos trabajos.

Con estas dos nuevas identificaciones, son ocho de 157 las personas identificadas hasta la fecha. Las identificaciones que se van sucediendo aportan información valiosa para entender a qué perfil responden los restantes. Se deduce que se trata de combatientes fallecidos entre diciembre de 1936 y mayo de 1937, en distintos frentes de guerra en Bizkaia, o fallecidos tras ser trasladados heridos al Hospital Militar de Amorebieta-Etxano en ese espacio de tiempo.

Por tanto, Gogora quiere reafirmar su llamamiento a los familiares de los combatientes muertos en esas fechas para que se les pueda tomar una muestra de ADN y cotejarla con las obtenidas de los restos óseos. El proceso de toma y análisis de muestras es indoloro y no tiene coste alguno para la persona interesada.

Las personas identificadas hasta la fecha son todos combatientes y varones: Adolfo Cengotitabengoa Izurza, natural de Muskiz (Bizkaia); Jaime Iniguez Nieva, natural de Ortuella (Bizkaia); Enrique Contreras, natural de Linares (Jaen) y vecino de Aretxabaleta (Gipuzkoa); Benigno Hierro Pinedo, natural de Ortuella (Bizkaia); Jacinto Polo Ríos, natural de Donostia/San Sebastian (Gipuzkoa); y Jesús Arratibel Ruíz de Alegría, natural de Zalduondo (Álava).

El Instituto de la Memoria (Gogora) va a formalizar próximamente el primer gran cambio en su estructura desde su puesta en marcha en 2015 y que se traducirá en la creación de un nuevo alto cargo en la Administración vasca. Mediante una modificación de sus estatutos por medio de un decreto, el actual director del organismo, Alberto Alonso, del PSE-EE, va a 'ascender' en rango y pasará a tener el mismo nivel que un viceconsejero del Gobierno vasco al tiempo que se creará una nueva plaza, la del adjunto a la dirección.

Explican desde Gogora que “ya han pasado diez años desde la creación del Instituto” y que ya está lo “suficientemente consolidado” como para plantear unos primeros ajustes en su estructura. “Es el momento de reforzar y profundizar en las líneas de trabajo emprendidas a lo largo de estos años. El trabajo cooperativo que realiza con el resto de las instituciones, institutos, centros de memoria y entidades memorialistas hacen imprescindible la creación de un puesto de subdirección, difícilmente asumibles por una única figura de director”, alega el Gobierno.

La ley de creación de Gogora, que es de 2014, ya contemplaba la posibilidad de que dos personas asumieran la dirección, pero hasta ahora no se había desarrollado. En concreto, en su artículo duodécimo se indica que “el reglamento de organización y funcionamiento del instituto, que será aprobado por decreto del Gobierno, desarrollará las previsiones de la presente ley en todo a lo relativo a su organización, estructura y funcionamiento” y que, entre otros puntos, “regulará la creación de una dirección adjunta con atribuciones de desarrollo técnico y especializado de alguna de las funciones encomendadas al instituto”.

En sus primeros años de vida, con el PNV al frente de las políticas de Derechos Humanos, la única directora fue Aintzane Ezenarro, fichada por Iñigo Urkullu desde Aralar, un partido que luego acabó integrado en EH Bildu. Después, en 2024, la renegociación de la coalición entre nacionalistas y socialistas dio a los segundos esta cartera y el historiador Alonso, exparlamentario y exdirector de otro organismo muy diferente, Osalan, fue designado director de Gogora dentro del organigrama de la consejera María Jesús San José, con la que ya había trabajado antes-

En una resolución firmada por el propio Alonso el 30 de abril se estipula que se considera “necesaria” la modificación de los estatutos para la “creación de la dotación correspondiente a la dirección adjunta del Instituto, con la consideración de alto cargo y rango de director”, es decir, con un salario de unos 80.600 euros anuales (según las tablas de 2025). A la vez, se va a proceder a la “elevación del rango” del actual director de Gogora a viceconsejero, que tienen una remuneración de 94.500 euros anuales.

Se explica que se realizan estas modificaciones retributivas para evitar la coexistencia de dos altos cargos con igual nivel. “Esta dualidad de director/director adjunto requiere la elevación del rango como alto cargo de la Administración del actual director a viceconsejero”, se expone en la justificación de la iniciativa. Fuentes conocedoras de esta operación añaden que lo que se busca es ir hacia un modelo similar al del Ararteko, donde hay un titular de la Defensoría y un adjunto. Y no se descarta la posibilidad de que la persona que acompaña a Alonso pueda ser propuesta por el entorno del otro partido socio del Gobierno, el PNV.

Una publicación recogerá las biografías de las “setenta personas” que formaron parte del primer Gobierno de Euzkadi, surgido en plena Guerra Civil en octubre de 1936 y con competencias en solamente una parte del territorio vasco por los avances de los sublevados franquistas. Según ha explicado en el Parlamento Vasco el director del Instituto de la Memoria (Gogora), Alberto Alonso (PSE-EE), las galeradas “ya están en imprenta”.

El Ejecutivo autonómico dio hace unos días desde el hotel Carlton de Bilbao, la que fuera la “Lendakaritza” o Presidencia de aquel Gobierno, el pistoletazo de salida a un año de reconocimientos por el nonagésimo aniversario de la constitución de aquel gabinete, una coalición de PNV, PSOE, PCE, ANV, Izquierda Republicana y Acción Republicana. Alonso, en la Cámara, ha asegurado que aquel Gobierno iba “mucho más allá” que la figura del lehendakari, José Antonio de Aguirre, del PNV.

Ha señalado que fue un “sueño” truncado por la dictadura y que implementó políticas de “modernización” del país. El libro recogerá 70 biografías de todos los cargos y detallará avances como el “primer plan de vacunas” de España, puesto en marcha por el consejero fusilado Alfredo Espinosa, republicano, o la primera “ley de protección del consumidor” e incluso “políticas activas de empleo”. Alonso ha indicado que han sido “dos años de investigación” por parte de expertos para poder alumbrar el trabajo.

Alonso ha comparecido en el Parlamento para hacer descargo anual del trabajo de Gogora y presentar los planes para el nuevo ejercicio. Es una obligación legal que su predecesora, Aintzane Ezenarro, nunca atendió en dos legislaturas. El Instituto de la Memoria se encarga del análisis de la Guerra Civil y la dictadura, de los diferentes terrorismos, incluido el de ETA, y de la violencia policial. El propio director de Gogora ha admitido que su exposición relataba planes e iniciativas ya conocidas, como los de acercar el pasado a las nuevas generaciones.

Desde la oposición, Eraitz Sáez de Egilaz de EH Bildu ha constatado que el volumen de iniciativas sobre memoria en el Parlamento Vasco se ha reducido en los últimos años y lo ha considerado algo “positivo” y ejemplo de distensión, aunque sí ha demandado acercar a la juventud figuras históricas como aquel Gobierno de Aguirre. Por parte del PP, Santiago López Céspedes, ha echado en falta más iniciativas de denuncia de ETA. Ha ironizado que en la intervención la única “eta” era la “conjunción copulativa” en la versión en euskera, extremo que ha negado Alonso. Y Amaia Martínez Grisaleña de Vox ha lamentado que no haya políticas de reconocimiento a las víctimas de los republicanos en la Guerra Civil.

El Instituto de la Memoria (Gogora), gestionado por la parte del PSE-EE del Gobierno vasco que dirige Imanol Pradales, ha 'estrenado' al capítulo punitivo de la ley autonómica de memoria histórica de 2023 con una propuesta de sanción de hasta 10.000 euros al que fuera partido único de la dictadura franquista, ahora llamado Falange Española y de las JONS, por un acto celebrado en Vitoria el 12 de octubre de 2025 en el que, según ha acreditado la investigación, realizaron el saludo fascista, cantaron el 'Cara al sol' y usaron símbolos como el yugo y las flechas. El partido parafascista, que es legal en España, dispone de un plazo para presentar alegaciones.

Coincidiendo con la fiesta nacional de España, un grupo de falangistas llamaron a un acto junto a la Diputación de Álava, sede del primer Ministerio de Justicia de Francisco Franco en 1938. La Ertzaintza, según se supo después, manejaba información de que podían portar “armas”. En paralelo, grupos antifascistas organizaron contramanifestaciones que derivaron en importantes altercados. El consejero de Seguridad del PNV, Bingen Zupiria, llamó a los contramanifestantes “fascistas” vascos. Se llegó a producir un cuerpo a cuerpo entre ambos grupos. Según datos oficiales, fueron del orden de 200 los falangistas que se congregaron en el centro de Vitoria. Las autoridades policiales insisten en que actos de esa naturaleza no se pueden prohibir de antemano.

En paralelo a las actuaciones policiales por los incidentes, Gogora incoó a fnales de ese mes de octubre un procedimiento para analizar si la concentración falangista pudo incurrir en una vulneración de la ley vasca de 2023, que considera infracción “grave” el hecho de la “conmemoración, exaltación o enaltecimiento” tanto del golpe de Estado de 1936 como de la Guerra Civil o de la dictadura. El Instituto de la Memoria recuerda que las sanciones contempladas para estos supuestos oscilan entre los 2.001 y los 10.000 euros. A falta de que Falange Española y de las JONS pueda presentar sus alegaciones, Gogora da por acreditado que “se emitieron expresiones” y “consignas” ilegales y que “se exhibieron banderas” igualmente ilegales.

Los actuales responsables del Instituto de la Memoria (Gogora) van a corregir “en el plazo más breve posible” una placa de homenaje a los fusilados durante la Guerra Civil y la posguerra instalada en 2022 en el cementerio de Derio, el de referencia para Bilbao. El motivo es que allí figura como uno más entre los centenares de reconocidos por “defender la democracia” Juan José Domínguez. Aunque en efecto fue ejecutado por el régimen el 1 de septiembre de 1942 tras un proceso sumarísimo sin garantías, Domínguez era falangista, lanzó una bomba de un acto religioso en la basílica de Begoña en el que estaban presentes tanto el ministro del Ejército, José Enrique Varela, como decenas de carlistas y llegó a ser condecorado por Adolf Hitler por su cercanía al nazismo. El atentado de Bilbao, de agosto de ese año, fue la primera gran crisis entre las familias que sustentaron la sublevación y el arranque de la dictadura. Y se saldó, a las pocas horas del fusilamiento del falangista, con la salida del Gobierno de Varela y del mismísimo Ramón Serrano Súñez, cuñado de Francisco Franco e ideólogo inicial del régimen y muy próximo tanto a la Alemania nazi como a la Italia fascista.

La placa fue descubierta en marzo de 2022, hace ahora cuatro años, en un acto organizado por el anterior equipo de Gogora, con Aintzane Ezenarro al frente. Participaron en él el lehendakari, Iñigo Urkullu, la entonces consejera Beatriz Artolazabal y el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, todos ellos del PNV. Se elaboró también un vídeo con los nombres de todos los fusilados por el franquismo y, en la letra 'D', aparecía como uno más Domínguez. Ésta es la crónica de aquel evento.

Advertido el error —es un personaje glorificado y mitificado por el falangismo aún en el presente y nunca fue “defensor de la democracia”—, Gogora ya ha borrado su nombre de la base de datos de víctimas de la dictadura. Y ahora adaptará la placa, aunque es un proceso que requiere un tiempo, según indican fuentes oficiales de la institución que ahora tiene a su frente a Alberto Alonso, del PSE-EE.

El atentado de Begoña ocurrió el 16 de agosto de 1942. Según la sentencia que condenó a muerte a Domínguez como su principal instigador, a la que ha tenido acceso este periódico, en el momento de los hechos tenía 26 años. Era “natural de Sevilla” pero “con domicilio en Madrid”. De formación era abogado, pero trabajaba como “inspector nacional de deportes del Sindicato de Estudiantes Universitarios”. El SEU era una rama de la Falange que aglutinaba a jóvenes nacionalsindicalistas y fascistas.

Domínguez y otras dos personas vinculadas al SEU, el bilbaíno Jorge Hernández Bravo y el lucense Luis Lorenzo Salgado, partieron desde Madrid hasta la frontera hispanofrancesa de Irún, controlada en aquel momento por nazis alemanes, en el coche número 51 de la Falange, que tenía un código propio de matrícula en aquella época. Iban a recibir a combatientes de la División Azul, la unidad creada por Franco para ayudar a Hitler en la II Guerra Mundial. Regresaban desde Rusia. Recogieron al “soldado repatriado” Virgilio Hernández y fueron a Donostia y luego Bilbao en ese mismo coche. Llegaron a la capital de Bizkaia el 15 de agosto. Por otro lado, se desplazaron desde Valladolid a Donostia y luego a Bilbao en otro coche del partido único, el 565, Hernando Calleja, natural de Orduña, y Eduardo Berastegui, de Irún.

Aparentemente, ambos grupos “se pusieron de acuerdo [...] para alterar el orden público por medios violentos” en Begoña, según la sentencia del Consejo de Guerra que acabó con la ejecución de Domínguez. Franco había unificado en una única organización, llamada entonces Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET y de las JONS), a las dos grandes familias que le apoyaron en la sublevación, los parafascistas y los carlistas. En el caso vasco, el papel de los carlistas fue decisivo en la conquista de Vitoria y Pamplona ya el mismo 18 de julio de 1936 y en los siguientes meses en las de Donostia y Bilbao.

El 16 de agosto de 1942 era domingo y se había organizado una misa anual en recuerdo de los combatientes del “tercio de requetés” que “hallaron gloriosa muerte en la guerra de liberación”, como llamaban al golpe contra el legítimo orden constitucional. Aunque todos los presentes eran formalmente miembros de FET y de las JONS, un “elevado número de personas” eran afiliados anteriores de Comunión Tradicionalista, el órgano del carlismo. El ministro Varela, casado con una prominente carlista —su hija era la esposa del guitarrista Paco de Lucía—, estuvo presente en la eucaristía.

“El excelentísimo señor ministro del Ejército [...] había llegado en su coche oficial con el distintivo peculiar de su elevado cargo, vistiendo el uniforme de teniente-general en el que ostentaba las dos cruces de San Fernando que hacen inconfundible al bilaureado general que desempeña la suprema jerarquía de los Ejércitos nacionales de Tierra”, se puede leer en el sumario del caso. También está documentado que allí se encontraban otras autoridades estatales, provinciales y municipales. Entre ellos, el alcalde Tomás Pero-Sanz, carlista.

Y “mientras se celebraba la misa” llegaron los dos coches de falangistas. Aparcaron sus vehículos de tal manera que tenían fácil la vía de escape, sin necesidad de maniobrar. Entraron al templo y esperaron a la finalización del oficio religioso. Una vez terminado, las versiones difieren. El carlismo y la sentencia del tribunal franquista insisten en que simplemente se escucharon gritos de “exaltación patriótica” y “otros acordes a los postulados del tradicionalismo”. Se niega que se profirieran “Muerte a España” o “Muerte al Caudillo”, como alegaron los procesados para justificar lo que sucedió después.

Lo que sí es claro es que produjo un tumulto y, estando el ministro en la escalinata, Domínguez “sacó del bolsillo del pantalón una bomba de mano de gran potencia que arrojó contra el grupo que formaban las autoridades y el público que las rodeaba”. El explosivo “providencialmente” se “desvió” pero, “a pesar de ello”, dejó cerca de “sesenta” heridos, como Francisco Martínez, Obdulia Larrea o Roberto Mota. La cifra de afectados la pone la resolución judicial, aunque en mentideros carlistas la elevaban todavía más sin citar el sustento documental.

Según el relato oficial, “el público reaccionó con violencia” ante la “brutal e inesperada agresión” y el propio ministro Varela tuvo que terciar “con su personal influencia” para “calmar los ánimos”. Antonio Pando, al que se describe como un simple “testigo”, arrestó a Domínguez y lo entregó a la Policía Armada, uno de los cuerpos represores del régimen. Aparentemente, un segundo artefacto no explosionó. Y a Berastegui se le cayó una pistola en la huida. Finalmente, en un episodio de fuga que incluyó el pinchazo de un neumático, los dos coches con matrículas de la Falange fueron interceptados.

En tiempo recórd, en apenas una semana, se constituyó un Consejo de Guerra para condenar a los falangistas. Se dio por probado un delito “contra la seguridad interior del Estado” al haber intentado “malograr la unidad política nacional” decretada por el dictador al inicio de su mandato. También se subraya que cometieron un delito de “depósito de armas”. Y, como remate, se les añadió un cargo por “atentado” contra el ministro Varela. “Tuvieron que reconocerle” por su uniforme y galones y nunca se pudo interpretar como un asalto casual e improvisado, según la sentencia.

El tribunal estaba compuesto por el general Antonio Castejón, por los coroneles Eladio Becerril, Valeriano Laclaustra, Agustín Hernández, Pedro Berdonces y José María Ordóñez, así como por el auditor Ramón de Orbe, el ponente de la sentencia. De los procesados, fueron condenados a muerte Calleja y Domínguez, pero al primero le conmutaron la pena por su condición de mutilado de guerra. En medio del proceso, Franco reunió a decenas de miles de falangistas en Vigo, en Galicia, y apeló en su discurso a la importancia de la “unidad”. Aquello sucedió el 20 de agosto.

La ejecución tuvo lugar el 1 de septiembre. La Hemeroteca Nacional conserva una docena de cabeceras que recogieron la condena, pero de modo críptico. En todas ellas, sin excepción, aparece un idéntico y brevísimo despacho de la agencia oficial Cifra con estas líneas por toda explicación: “Madrid. - En la madrugada del martes, dia 1, se ha cumplido la sentencia recaída en juicio sumarísimo contra Juan José Dominguez, como autor del lanzamiento de una granada de mano en Begoña (Bilbao), que causó numerosos heridos. -Cifra”. No se dan más detalles.

Y el 3 de septiembre Franco remodeló su Gobierno. Del Ejecutivo salieron Varela, que le había presentado su dimisión al Jefe del Estado por carta al entender que el falangismo estaba ganando terreno al resto de 'familias', y también Serrano Súñer, el 'cuñadísimo' y arquitecto de un primer tramo de la dictadura con regusto nazi y fascista. Él era el que hablaba con Berlín y Roma. Serrano Súñer llegó vivo al siglo XXI. En 2002, ya centenario, concedió una entrevista para 'El Mundo' y dijo que “lo de Begoña fue un suceso lamentable, pero no hubo ni fuerza ni unión ni para salvar a Domínguez ni para mantener el poder”. La viuda siempre le reprochó que no usara su influencia familiar directa para detener la ejecución.

Domínguez, en puertas del cadalso, escribió unas líneas. En ellas, queda claro que no era precisamente un “defensor de la democracia”, como aparecía en la placa. “Fui testigo de un atentado contra nuestro jefe nacional Francisco Franco y respondí con cuanto pude para defender nuestros principios. Él, en estos momentos de vacilaciones impropias de la senda que señaló José Antonio [Primo de Rivera], inconsciente, tal vez, se ha unido a nuestros enemigos seculares extranjeros, pero sabrá responder ante Dios y ante la Historia de una debilidad impropia de un general que ostenta la Gran Cruz Laureada de San Fernando y que grabó con letras de oro una etapa de resurrección nacional. Juventudes españolas que supisteis con arrojo y valor crear unos corazones capaces de los mayores sacrificios, vigilad a los niños de hoy encauzándolos hacia el yugo y las flechas, signos de unión de una raza que supo morir y vencer ante los enemigos más fuertes del mundo. Os pido reivindiquéis mi nombre y sepáis ser como José Antonio, los forjadores de la España Grande y Libre que él soñaba. Prisión de Larrinaga a las 22 horas y un minuto del día 1 de septiembre de 1942. ¡¡¡Arriba España!!!”, redactó.

Según recogió 'El Mundo' en 2002, la esposa de Domínguez, de nombre Celia, y su hija, de muy corta edad, pudieron ir a Bilbao a despedir al condenado. Supuestamente, las alojaron en un hotel de nombre “Alemania”, aunque este periódico no ha podido encontrar ninguna referencia adicional sobre este detalle. La Falange se encargó del entierro en Derio —en 1988 el cuerpo fue reubicado en Madrid— y de dar apoyo económico a la familia. Se da la circunstancia de que el mismo día de la ejecución, encargada a un pelotón de la Guardia Civil, la Alemania de Hitler le concedió la Cruz de la Orden del Águila (originalmente Verdienstorden vom Deutschen Adler). Algunas publicaciones académicas apuntan que era confidente nazi.

El palacio de Villa Suso, en el centro de Vitoria, ha acogido este martes el gran acto institucional de reconocimiento a las víctimas del 3 de marzo de 1976, del que se cumple el quincuagésimo aniversario. La Policía Armada irrumpió en una asamblea obrera en el barrio de Zaramaga y mató a cinco personas, hirió de bala a otra cuarentena y lesionó a otras muchas. “Vitoria-Gasteiz no olvida”, ha resumido como mensaje central la actual alcaldesa de la ciudad, la socialista Maider Etxebarria.

Bajo la coordinación de Gogora, el Instituto de la Memoria del Gobierno vasco, ha sido un acto compartido con el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava, aunque con presencia también de las máximas representantes del Estado, la delegada en Euskadi, Marisol Garmendia, y la subdelegada en Álava, Mar Dabán. Sentadas discretamente había algunas víctimas, como un herido de bala que ha mostrado sus cicatrices al lehendakari, Imanol Pradales, y que compartió un coche -“un Seat 1200”, aclara- con uno de los asesinados, Francisco Aznar. No han tomado la palabra. La asociación Martxoak 3, como tal, no estaba representada. Entre el público, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, representantes de PNV, EH Bildu, PSE-EE, PP y de la coalición Elkarrekin, así como los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

Ya hace unos días se organizó un homenaje a las víctimas de la mano de la asociación Martxoak 3 en el que no estuvieron ni Ayuntamiento -aunque era coorganizador gracias a una partida impulsada por EH Bildu- ni Diputación, aunque sí los responsables de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco. En paralelo, la agenda de este martes simbólico en Vitoria se ha llenado de decenas de ofrendas florales en el propio barrio de Zaramaga, junto a la iglesia de San Francisco de Asís, que ha amanecido con una pintada en el suelo con la palabra 'Justicia', como se escribió hace medio siglo con sangre sobre unas baldosas. La falta de unidad es uno de los elementos centrales de la jornada conmemorativa.

La alcaldesa ha aprovechado su discurso, en euskera y en castellano, para recordar que la dictadura “mostró su rostro más cruel” en aquel día, un miércoles de ceniza. El dictador Franscisco Franco había muerto en noviembre de 1975 pero aquel Estado seguía muy lejos de ser una democracia, ha expuesto. “Condenamos la violencia desproporcionada de la Policía Armada franquista”, ha agregado la alcaldesa. Después, ha señalado que en Zaramaga “descansa la memoria colectiva” de Vitoria y de Euskadi. Pero ha avisado, desde el hecho de que ni ella ni “la mitad” de la población habían nacido en 1976, de que “la memoria no es de nadie”. “Tenemos que eliminar cualquier elemento accesorio que trate de patrimonializar” el 3 de marzo, ha indicado.

Acto seguido, ha tomado la palabra el diputado general de Álava, Ramiro González, que ha ofrecido un discurso muy similar al que hizo este lunes en Zaramaga, en un acto con el secretario de Estado, Fernando Martínez, con motivo de la declaración de San Francisco de Asís como lugar de memoria por parte del Gobierno central. “La respuesta del Estado fue absolutamente desproporcionada”, ha manifestado González, que ha señalado que las víctimas son “ejemplo de coraje” mientras persisten “zonas de sombra” sobre el esclarecimiento de la matanza.

El lehendakari, de su lado, ha ofrecido un discurso mirando a la vez al Estado y a la izquierda abertzale. Respecto a España, se ha preguntado cómo es posible que “los Gobiernos de la democracia, sean de un color u otro”, hayan dejado el 3 de marzo de Vitoria “debajo de la alfombra” y ha indicado que es intolerable que no se haya reformado aún la ley de secretos oficiales del franquismo, “que carece de legitimidad democrática”. “La memoria, para ser justa, debe ser completa. Exige abrir puertas y ventanas, sin dejar ninguna habitación bajo llave. Porque, si se mantiene la luz apagada, tan sólo se está contribuyendo a la desinformación. A crear bulos, mentiras o medias verdades”, ha manifestado.

Y, respecto a la izquierda abertzale, a la que se está acusando estos días de querer sacar réditos políticos de estos hechos, ha indicado que el Memorial que se proyecta en Zaramaga ha de ser “inclusivo y democrático”. “Un centro que, siendo de todas y todos, no puede ser ni instrumentalizado ni patrimonializado por ninguna de las partes”, ha agregado.

El acto ha estado presidido por una ikurriña. En él se ha reinterpretado, en castellano, el 'Campanades a morts' que el catalán Lluís Llach compuso tras el 3 de marzo de 1976. También ha sido protagonista el grupo Zarama, con 'Gasteizko gaua'. “Gau ilun hontan, etorkizuna heltzen ari da”, rezaba la letra de su música.

Al cabo de cincuenta años de los dramáticos acontecimientos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria ha llegado el momento de preguntarse si la memoria de aquello ha de ser de una parte o de todos. Esta no es la primera ocasión, ni será la última, en que se plantee este tipo de situaciones. Es propio de los procesos de construcción de memoria, donde compiten los partidarios de retener un recuerdo exclusivo, circunscrito a los hechos, pero con una interpretación que se renueva por quienes se ven como preservadores de la memoria, frente a quienes conectan los hechos con otros sucedidos históricos –en nuestro caso, la Transición- y tratan de obtener una consecuencia positiva que alcance a la mayoría de la ciudadanía actual.

Esta segunda opción, ciertamente, transciende el carácter genuino de lo ocurrido, pero lo inscribe en un contexto superior que todos podemos compartir: en nuestro caso, la democracia y el Estado de Derecho que disfrutamos y a los que colaboraron los huelguistas de aquel conflicto y, por desgracia, los muertos y heridos que provocó aquella policía todavía de la dictadura.

Tenemos la oportunidad de desplegar una política de memoria pública sobre el 3 de marzo de 1976 a través del Memorial de víctimas. Lamentablemente, no vamos a llegar a verlo hecho realidad en este cincuentenario, pero estamos dando los pasos necesarios para que a corto plazo lo sea. En él participamos cuatro instituciones y las asociaciones de víctimas. Es claro que aquellas y estas tienen perspectivas diferentes y así lo han expresado.

La elección excluyente no debería ni plantearse. No tiene sentido un Memorial sin asociación de víctimas, ni lo tiene sin las instituciones que representan a la ciudadanía y que proveen los recursos para que la iniciativa se lleve a efecto. Prescindir de unas o de otras sería un error que no nos podemos permitir. La discrepancia es un factor con el que debemos contar para poner en marcha el proyecto de manera efectiva.

Tenemos que hacer el esfuerzo para encontrar un punto de encuentro entre miradas diferentes sobre el papel de la memoria pública. Es lógico que las diversas partes alberguen perspectivas y razones diferenciadas. Salvando todas las distancias necesarias, por nuestra experiencia en Gogora, sabemos que es un problema con el que tropezamos a cada paso con la memoria del terrorismo y de sus víctimas. El hecho de haber llegado a acuerdos amplios no nos exime de debate a cada poco. Es normal, pero, a pesar de ello, se avanza y los resultados están a la vista.

El Memorial del 3 de marzo se debe plantear también en esos términos, dinámicos, dialécticos, a veces conflictivos, pero con voluntad convergente. Porque, como dijo Jesús Fernández Naves en el funeral del 5 de marzo de 1976: “Estos muertos son nuestros, son de todo el pueblo de Vitoria”. Y así es. No hay ningún sector que reniegue de esa memoria. Incluso quienes por su trayectoria están relacionados con los responsables políticos de aquellos hechos, asumen que esta es también su memoria y han expresado en diversas ocasiones su reconocimiento de aquella tragedia y de aquellas víctimas.

Marzo de 1976 no es un argumento de discrepancia; todo lo contario, lo es de acuerdo amplio en la denuncia de la masacre policial llevada a cabo, del crimen de Estado. Un acuerdo que asume que aquella fatídica fecha constituye el punto de inicio de la actual Vitoria-Gasteiz, industrial, obrera y plural de orígenes e ideas. Esa pluralidad original es la que debemos preservar e impulsar al cabo de cincuenta años.

Las instituciones alavesas y vascas hemos expresado de manera reiterada nuestro apoyo incondicional a ese recuerdo vivo y a las víctimas de entonces. El Gobierno del Estado lo viene haciendo en los últimos años de manera también decidida, estando presente en los actos recordatorios, apoyando con recursos la puesta en marcha del Memorial, reconociendo como lugar de memoria la iglesia de San Francisco de Asís y desarrollando la legislación memorial adecuada. Estoy segura de que vendrán todavía nuevos reconocimientos que facilitarán todavía más el avance en los términos aquí señalados.

Tenemos una oportunidad de oro para edificar una memoria de todos sobre aquel miércoles de ceniza vitoriano. Podemos hacerlo sobre la base de que aquellas víctimas, aquel conflicto y aquella disposición de sus protagonistas por superar la dictadura han servido para que la democracia que disfrutamos se pudiera consolidar y sea hoy una realidad sólida. O podemos hacer como si viviéramos todavía en 1976 y nada hubiera cambiado desde entonces. Desde mi punto de vista, la evidencia respalda lo indiscutible y afortunado del cambio histórico. Por eso creo que el Memorial y la política pública de memoria deben ir acordes con esa realidad, porque es la que vive la ciudadanía, incluidos aquellos que se resisten a asumir que es así.

Vitoria ha tributado ya, este sábado, el primer gran homenaje a las víctimas del 3 de marzo de 1976, del que se cumple el quincuagésimo aniversario este martes. Ha sido un acto en el palacio de congresos Europa de Vitoria en el que se ha producido una gran ovación.

La asociación Martxoak 3, en él, ha reclamado nuevamente al Estado “una declaración oficial que desmienta la versión oficial franquista y reconozca que el reino de España es responsable de la criminal actuación policial” que acabó con la vida de cinco personas y causó cerca de un centenar de heridos, al disolver una asamblea de trabajadoresen la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, informa Europa Press.

El colectivo de víctimas ha lamentado que “ningún estamento del Estado ha dado pasos para depurar responsabilidades”. Ése ha sido su mensaje durante el reivindicativo homenaje que ha realizado este sábado, en el que también se ha aplaudido a “quienes han mantenido viva su llama” durante los últimos 50 años.

Durante el acto, las portavoces de la asociación, Nerea Martínez y Leire Manzanos, han leído un texto, en el que han solicitado “justicia” para los cinco trabajadores asesinados en “la matanza perpetrada por la Policía”, así como para Juan Gabriel Rodrigo y Vicente Antón Ferrero, quienes fueron asesinados en los actos de protesta posteriores en Tarragona y Basauri, respectivamente. Asimismo, han recordado a todas las personas heridas, represaliadas y encarceladas.

La asociación ha tenido palabras de agradecimiento para el “pueblo de Gasteiz”, que “ha conseguido revertir la versión oficial, enfrentándose a todas las dificultades imaginables”, dentro de “un clamor por la palabra justicia que sigue resonando con fuerza, tras cinco décadas de impunidad”. Eso sí, Martxoak 3 ha denunciado que el poder les condenaba “al olvido” y ha señalado que “muchos callaron y lo aceptaron”.

El colectivo ha recriminado que “las instituciones han llegado tras décadas de abandono”. “Muy tarde y con muchas tareas pendientes. Pero mejor tarde que nunca”, han sostenido. Martxoak 3 confía en que el futuro Memorial tendrá que contar la historia de 1976, “pero también la de todo este largo camino de medio siglo contra la impunidad”. “Si hemos llegado hasta aquí y si vamos a seguir avanzando, es sin duda por los que nunca abandonaron y han conseguido que la memoria del pueblo de Gasteiz siga viva”, han manifestado.

El portavoz de la asociación de Bloody Sunday Trust, Tony Doherty, invitado en Vitoria, ha narrado el camino de reivindicación que ha llevado a cabo su organización a lo largo de las últimas décadas para “exigir verdad” y reconocimiento para las víctimas del Bloody Sunday, frente al “falso relato” de las autoridades británicas. En este sentido, ha explicado que el Estado británico difundió un “relato falso” de los hechos, al afirmar que sus paracaidistas dispararon y mataron a la población, porque “estaban armados y eran miembros del IRA”. Son unos sucesos que acontecieron el 30 de enero de 1972.

El momento más emotivo del acto ha sido cuando las víctimas han subido al escenario de un auditorio María de Maeztu del palacio de Congresos Europa abarrotado y puesto en pie para obsequiarles con un largo aplauso. Cada una de ellas, con una rosa roja en la mano, han escuchado la reproducción del emocionante discurso que el trabajador Jesús Fernández Naves pronunció en los funerales en memoria de las víctimas en 1976 y han recibido el 'aurresku' de honor.

El acto ha contado con varias proyecciones para repasar hechos históricos, como los antecedentes de huelgas y represión previos al 3 de marzo, la situación política internacional, imágenes de la atacada iglesia de Zaramaga con los audios superpuestos de la Policía franquista, el homenaje y funerales a las víctimas, así como las manifestaciones de cientos de mujeres con bolsas vacías en protesta por la carestía de la vida. La música en directo también ha tenido su protagonismo de mano de la poesía acústica de Izare, la interpretación del tema de Lluis Llach 'Campanades a mort“, que el artista catalán la misma noche de la matanza del 3 de marzo, y la nueva canción con motivo del 50 aniversario 'Amest Berriak' con letra de Karmele Jaio y música y voz a cargo de Idoia Asurmendi.

Una replica del monolito de Zaramaga ha presidido el acto desde el centro del escenario, un “puño de hierro en alto” que fue puesto en 1984 en la zona “de manera clandestina y con cemento rápido, símbolo de la lucha obrera”. “Desde hace poco tiempo, se turnan hasta las autoridades para dejar flores. Ese monolito está ahí gracias a una acción clandestina que burló la represión policial. Su historia sirve como ejemplo de cómo han ido cambiando algunas cosas en nuestra ciudad”, han señalado desde Martxoak 3.

La representación institucional ha estado encabezada por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, acompañada del director de Gogora, Alberto Alonso. También han acudido el líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, y representantes locales de la coalición abertzale, del PSE-EE, del PNV, de IU, de EA o de Alternatiba, y de los sindicatos ELA, LAB, ESK o Steilas. No asistieron ni la alcaldesa, Maider Etxebarria, ni el diputado general, Ramiro González.

Que Francisco Franco creó la Seguridad Social, que en su época había más trabajo o que, en general, se vivía mejor son algunos de los bulos que circulan por las redes sociales y que pueden llegar a confundir a los más jóvenes, que lejos de la realidad, cada vez mitifican más la figura de un dictador. Para combatirlo, desde el Instituto vasco de la memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) han llevado a cabo este miércoles en el BEC de Barakaldo la jornada '¡Franco, Franco, Franco!' en la que expertos han hablado a 550 estudiantes de Bachillerato sobre memoria histórica en su idioma: el de las redes sociales.

Móvil en mano, a diferencia de en sus clases de Historia, los jóvenes de distintos colegios de Bizkaia y Gipuzkoa han accedido a cuestionarios a través de QR y han recibido las lecciones a partir de vídeos en TikTok y del NO-DO (Noticiarios y Documentales), el noticiero obligatorio en los cines españoles entre 1943 y 1975, creado en 1942 para promover la información cinematográfica del régimen franquista. Así, han visto anuncios de mujeres que a pesar de la violencia machista atienden y sirven a sus maridos como “una buena mujer”, imágenes de Franco visitando ciudades con cientos de personas aplaudiendo o la construcción del Valle de los Caídos, “el mejor homenaje de fervor y de recuerdo dedicado a los que dieron su vida por Dios y por España y que con su sacrificio hicieron posible una patria unida y repoblada para la dignidad y la grandeza de su misión histórica y cristiana”, como describe el NO-DO.

El desarrollo del evento se ha estructurado a través de tres grandes bloques temáticos. El primero se ha abordado en torno al interrogante: “¿Con Franco vivíamos mejor?”. En él se han identificado y “desmentido los principales mitos socioeconómicos sobre el franquismo que se extienden en las redes sociales y que calan entre los jóvenes”. El segundo eje ha sido el de la imagen de “familia perfecta” que trasladaba el franquismo. De esta forma, se ha analizado el ideal de familia que proclamaba, así como “los arquetipos de género imperantes, su rigidez y sus consecuencias en la vida de hombres y mujeres, con especial atención a lo que suponía salirse de la norma establecida”.

Es verdad que no puedes cambiar en dos horas, pero seguramente actos como este ayuden a recapacitar y a reflexionar

Aitor — Alumno de segundo de Bachillerato del Colegio Claret Askartza

En el apartado “¡Es que ahora no se puede decir nada!”, se han contrapuesto los mensajes que aluden, en la actualidad, “a la falta de libertades, tanto en redes sociales como en algunos medios, con la falta real de los derechos fundamentales y su vulneración de un sistema dictatorial”. Ligado a ello, se ha emitido un vídeo con testimonios de familiares de víctimas mortales de la violencia policial hasta 1975. Sus historias de vida se han extractado del banco de testimonios de Gogora y ha sido “la forma en la que se ha querido mostrar la crudeza de lo que supone vivir en un sistema dictatorial, donde no se respetan los derechos fundamentales, reina la impunidad y la indefensión a la que se enfrentan las víctimas y sus familias, sin posibilidad de reclamar derecho alguno”.

Además, el evento, conducido por la periodista Maitena Salinas, ha contado con la participación de los historiadores Nicolás Sesma y Mikel Herrán y la periodista Andrea Momoitio, que han sido los encargados de desmontar los “mitos” buenistas sobre el régimen franquista. Mientras Sesma ha desmontado los mitos sobre la supuesta bonanza económica que atrajo el franquismo, hablando de la hambruna y del exilio, Momoitio y Herrán han hablado sobre el machismo y la discriminación hacia las personas homosexuales dentro de la familia tradicional española.

“No es cierto cuando dicen que Franco marcó la economía española. Después del final de la Guerra Civil lo que hace España es perder dos décadas, 20 años, desde el punto de vista económico. Se ralentiza la innovación económica. Entre las personas asesinadas en la Guerra Civil y las que se marchan al exilio España pierde gran parte de sus trabajadores, la mitad de los médicos, el 80% de los profesores. Después de la Dictadura, además, comienza una gran hambruna. ¿Esto significa que la totalidad de la población vivía mal? No, había un 40% de la población que vivía extremadamente bien a costa del 60% que vivía mal. De hecho en aquella época cerca de 200.000 personas mueren de hambre y enfermedades”, ha explicado Sesma.

Momoitio ha hablado sobre la realidad de las mujeres en aquella época. “La heterosexualidad era obligatoria, al menos sobre el papel, porque obviamente lesbianas ha habido siempre, sumisión ante el marido, y, de alguna manera, además de tu moralidad y la de tu familia, tenías que guardar la moralidad de toda la sociedad. No podías trabajar ni viajar sin el permiso del marido, la mayoría de edad de las mujeres si no se casaban se ampliaba hasta los 25 años, por supuesto el aborto y el divorcio estaban prohibidos, el adulterio y el uso de métodos anticonceptivos estaba penado”, en este sentido, la periodista ha explicado que las mujeres que conseguían hacer algunas de esas cosas porque encontraban “grietas” en el sistema que se lo permitían, si después el régimen se enteraba o alguien les delataba, el castigo era enorme. “Podían entrar a prisión o al psiquiátrico y, en el caso de las mujeres, el gran mecanismo de represión y control era el Patronato de Protección a la Mujer, que dependía directamente del Ministerio de Justicia, y se dedicaba a velar por la dignidad de las mujeres caídas y por las que están a punto de caer”, ha explicado Momoitio.

Tenía una idea de lo que pasaba, pero no sabía que eran tan radical. No es un tema que hablemos mucho

Paula — Alumna de segundo de Bachillerato del colegio Claret Askartza

En sus investigaciones, la periodista se ha topado con casos en el Patronato de Protección a la Mujer, que contaba con centros repartidos por todo el país gestionados por entidades religiosas, como el de una chica a la que la llevan al Patronato porque “la ven con un chico gitano en la feria”. “En esos centros, muchas veces se les hacían pruebas de virginidad porque en el caso de que hubieras hecho sexo con penetración estabas completamente pervertida”, ha alertado.

Por su parte, Herrán ha tratado temas como el de la discriminación a los hombres homosexuales, debido a que la homosexualidad se consideraba delito durante el régimen franquista y se les encarcelaba, aunque en módulos distintos al resto de los presos para que “la homosexualidad no se contagiase”. “La homosexualidad masculina se entendía como un contagio social y a los hombres se les encerraba en campos de trabajo forzado para reformarles. Cuando se capturaba a alguien por conductas homosexuales, se les hacía un examen médico para entender qué les había ocurrido, porque por aquel entonces se creía que había diferencias entre el homosexual congénito, el que había nacido con esa homosexualidad y el que se había contagiado por otro hombre”, ha argumentado el historiador.

A la salida del evento, Paula y Aitor, compañeros de segundo de Bachillerato del colegio Claret Askartza, en Leioa, han explicado a este periódico que, aunque ellos están convencidos de que “la democracia es mucho mejor que vivir en dictadura”, conocen compañeros que piensan diferente. “Es cada vez más necesario que nos abran los ojos porque es verdad que cada vez se escucha más un tipo de discurso a favor de Franco y aunque en mi caso, por ejemplo, he tenido la suerte de que en casa, aitite y amama siempre me han contado cosas de la guerra y de la posguerra, por eso estoy más concienciado, pero conozco a gente que, aunque igual no lo diga, piensa diferente. Es verdad que no puedes cambiar en dos horas, pero seguramente actos como este ayuden a recapacitar y a reflexionar”, ha indicado Aitor.

Paula reconoce que aunque trata de estar informada en lo relacionado a temas de memoria histórica, desconocía muchas de las cuestiones abordadas durante la sesión. “Tenía una idea de lo que pasaba, pero no sabía que eran tan radical. No es un tema que hablemos mucho. Está claro que antes no se vivía mejor, pero no vivían mejor ni las mujeres ni los hombres”, ha explicado la alumna.

Hoy vemos con preocupación cómo una parte importante de la juventud mira a aquel pasado desde una perspectiva parcial, tergiversada y nostálgica

María Jesús San José — Consejera de Justicia y Derechos Humanos

A Unai, profesor del Colegio Jesuitinas Bilbao, la iniciativa le ha parecido interesante, debido a que confiesa que cada vez es más común escuchar discursos a favor del franquismo en las aulas, aunque reconoce que es un reto complicado al que los profesores se enfrentan día a día. “El dato es interesante y decimos que el dato mata al relato, pero no estoy de acuerdo con ello, porque es verdad que la percepción de las personas a veces es más fuerte que el dato, por mucho que se presente el dato, prevalece la percepción. Por eso es difícil que cambien de opinión. Ellos dan fiabilidad al medio por el que reciben la información muchas veces, en este caso el lenguaje utilizado en el evento, más cercano, y las herramientas, como los vídeos o los teléfonos móviles, son más útiles para hacerles llegar un mensaje”, ha reconocido el profesor.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, acompañada del director de Gogora, Alberto Alonso, ha destacado la importancia de “desmitificar” el franquismo cuando la juventud se hace eco de “voces que lo idealizan”. “Hoy vemos con preocupación cómo una parte importante de la juventud mira a aquel pasado desde una perspectiva parcial, tergiversada y nostálgica; una mirada que se nutre de mensajes interesados, creados por quienes no tienen más objetivo que el de poner en cuestión los pilares de la democracia, siempre frágil por definición. Hoy, medio siglo después del fallecimiento del dictador, se vuelven a ”escuchar voces que pretenden relativizar e idealizar cuatro décadas de un régimen que llegó al poder por medio de una guerra civil y que se mantuvo gracias a un sistema represivo, que no sólo no desapareció en el tiempo, sino que llegó a sobrevivir al mismo dictador“, ha lamentado San José.

Según ha afirmado la consejera, “nada de aquel periodo puede ser reivindicado como base de nuestra sociedad democrática actual”. “Fueron años de mucho dolor, represión, sufrimiento y fractura social. Fue precisamente la movilización social contra aquel régimen dictatorial, la de los obreros, las mujeres, los vecinos de los barrios de las periferias, la red clandestina de las primeras ikastolas las que pusieron las bases de nuestro presente. En este momento es más necesario reivindicar los valores democráticos como herramienta fundamental para la construcción de una ciudadanía activa y comprometida con la defensa de los derechos humanos, la convivencia y la pluralidad. Porque es importante no olvidarlo. Los valores democráticos, la defensa de las libertades fundamentales sobre los que se sustenta la ciudadanía, tienen que ser el elemento central de cualquier política de memoria”, ha concluido.

Este sábado, 20 de diciembre, se cumplen 75 años del fallecimiento de Txomin Letamendi, militante del PNV y espía vasco bajo el apodo de 'Turuta' al servicio de la CIA de Estados Unidos en la II Guerra Mundial. La efeméride llega cuando el Instituto de la Memoria (Gogora) lo ha reconocido como víctima por haber sido torturado durante la dictadura, cuando regresó a España procedente de Venezuela en una misión encargada por el primer lehendakari, José Antonio de Aguirre. La de 'Turuta' es una historia de película -'Karmele', de Asier Altuna- o de novela -'Elkarrekin esnatzeko ordua', de Kirmen Uribe- y es solamente el segundo reconocido con la ley vasca de memoria histórica de 2023 en la mano después del consejero republicano Alfredo Espinosa, fusilado en la Guerra Civil.

Los homenajes a 'Turuta' se han iniciado este viernes en Ondarroa, la localidad de origen de Karmele Urresti, la esposa de Letamendi. Y se repetirán este lunes en Bilbao, donde nació él en 1901. Este segundo tendrá un rango más institucional. Su sonoro apodo se debe a que era músico, trompetista para más detalles. En la Guerra Civil fue comandante de una guarnición de 'gudaris', los milicianos nacionalistas que combatieron en defensa de la legalidad republicana. Pero los franquistas, auxiliados por alemanes e italianos, conquistaron todo el territorio vasco ya en el verano de 1937. Y pasó al exilio.

Primero fue a París, al conocido palacio del 11 de la avenida de Marceau que ahora ha recuperado el PNV. “Es allí donde se puso a las órdenes del lehendakari” como un agente del SVI, el Servicio Vasco de Información, la agencia de espionaje creada por Aguirre en la Guerra Civil. Pero los nazis llegaron también a Francia. Su siguiente parada fue ya en América. En concreto, acabó en Venezuela. El SVI, en cambio, estableció su cuartel general en Nueva York. Allí trabó acuerdos de colaboración con la OSS (actual CIA), el FBI y también con el SOE británico. Todo esto está documentado en papeles secretos desclasificados ya tanto por Estados Unidos como por el Reino Unido. En España eso aún no es posible a falta de la reforma de la ley de secretos oficiales.

Uno de esos papeles es el informe de la CIA titulado “Mission Letamendi”, que explica el regreso a España del espía. Fue a finales de 1942. Aparentemente, Aguirre le invitó a volver al interior. Necesitaba agentes sobre el terreno ante lo que intuía (equivocadamente) como la caída del franquismo en paralelo a las derrotas de Alemania e Italia. El lehendakari, como también describió la CIA, llegó a pedir armas a Estados Unidos para su plan para derrocar al régimen. El propio viaje, en el buque Buena Esperanza, fue una misión confidencial para la CIA ya que en él iba también el getxoztarra José Antonio de Sangróniz, embajador español en Venezuela. La tapadera de músico permitía al espía hacerse pasar como un inocente vasco apolítico que recorría el mundo y que era amigo de las hijas del diplomático.

En 1945 acabó la II Guerra Mundial y, con ello, la luna de miel del SVI con Estados Unidos. Este país reinició sus relaciones diplomáticas con una España que ya no se estaba mostrando al mundo como amiga de las derrotadas Alemania e Italia. Letamendi fue arrestado en agosto de 1946 “con motivo de haber descubierto la Policía gubernativa de San Sebastián una valija con documentación clandestina con destino a Francia que puso de relieve la existencia de una amplia conspiración”. Según el franquismo, “todos los partidos políticos de izquierdas” -el PNV era una formación católica y conservadora, mas siempre operó del lado de los republicanos- estaban actuando subrepticiamente en el territorio nacional bajo instrucciones de autoridades en el exilio “para el derrocamiento del régimen establecido en España después de su guerra de liberación”.

Explica la familia, que en 2024 inició un proceso judicial no para buscar condenas sino para que la Justicia ponga negro sobre blanco esta historia, que sufrió “graves torturas en comisaría”. Estuvo en prisión sin condena hasta mayo de 1947, es decir, nueve meses. 'Turuta' optó por desplazarse a Barcelona, donde siguió trabajando como agente del SVI con las identidades de “Damián Landa” o “Darío Landa”. Pero fue arrestado nuevamente en septiembre de ese mismo año por la Brigada Político-Social. Otra vez más le decomisaron documentación interna de la oposición. Aquí se sabe que fue torturado por los agentes José Nogués Recoo y Fernando Escudero Arcocha. Son los dos nombres que aportó la familia a la Justicia. Hay más, pero no se han investigado. Lo dejaron “marcado” tanto física como psicológicamente. “No pudo revertir las secuelas”, abundan.

Fue procesado en 1948 y la Fiscalía militar pidió para él diez años de cárcel por delitos de espionaje. En febrero de 1950 llegó la sentencia condenatoria contra él tras un proceso sin garantías. Finalmente, le cayeron cinco años de reclusión por ser responsable de una “conspiración para la rebelión”. Estuvo preso en la propia Barcelona, pero también en Madrid y Guadalajara, según su expediente penitenciario. “Su estancia en prisión fue durísima” y llegó a dejar de comer. “Los muertos no comen”, contó otro reo sobre la delicada situación del torturado. En octubre le concedieron un indulto por su estado de salud. Estaba al “límite” cuando se reunió con su familia. El 20 de diciembre de 1950, estando en casa de un hermano en Madrid, falleció.

La entidad Gizarte Eskubideen Behatokia (GEB) resalta que también la familia del fallecido padeció la represión. “El ensañamiento del Estado no tuvo límites”, remarcan. Exponen que Urresti, la esposa del músico-espía, regresó al exilio de Venezuela tras su fallecimiento y no pudo instalarse en Ondarroa hasta un cuarto de siglo después, en 1975. Su hermano Joseba Andoni Urresti, sacerdote, usó el apodo 'Jacques' en la clandestinidad y participó en la Red Comète de apoyo a los aliados. Otro hermano, Josu, “fue detenido y encarcelado” y pasó cuatro años entre rejas, hasta 1940. La suegra de Letamendi, Carmen, fue “desterrada”, inhabilitada como maestra y multada con 75.000 pesetas, unos 450 euros al cambio de 2002. Les expoliaron bienes: dos viviendas, dos embarcaciones o un taller. Otro hermano, Gaizka Urresti, acabó siete veces detenido, fue encarcelado en cuatro de ellas y “tortuado en numerosas ocasiones”. Dos hijos de 'Turuta' también fueron arrestados en la dictadura. Según GEB, hay una “clara línea de continuidad” en la represión desde la Guerra Civil hasta el final de la dictadura y que incluso se interna en el período democrático. Este caso “no es aislado” y es la realidad para “decenas de familias vascas”. El PNV, como partido, ha apoyado el reconocimiento como víctima de su militante.

El Instituto de la Memoria (Gogora) da ya por hecho que será imposible utilizar la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga de Vitoria para recordar el quincuagésimo aniversario de la masacre del 3 de marzo de 1976, que tuvo lugar allí mismo. El director del organismo, Alberto Alonso, ha indicado que podrían pasar “meses” hasta que se acometa el traslado efectivo de la colección de belenes que en los últimos años ha estado allí expuesta primero y simplemente almacenada después, bloqueando los avances del memorial proyectado en ese templo ya sin culto desde hace un lustro.

Alonso ha indicado que como la operación tendrá un coste superior a 15.000 euros hay que abrir un proceso de licitación ordinario y luego adjudicar los trabajos. En los últimos meses, el Obispado -que había cedido en su momento el templo a los titulares de los belenes- y el resto de instituciones en el patronato del Memorial han vivido momentos de tensión por estos pesebres. “No sabemos si en marzo los belenes estarán o no fuera en marzo”, ha admitido en euskera el responsable de Gogora, que este lunes ha mantenido dos reuniones en la sede de Lakua. La primera ha sido el patronato de la fundación detrás del Memorial -que sienta a Gogora con Ayuntamiento de Vitoria, Diputación de Álava, Iglesia católica y las entidades Martxoak 3 y Memoria Gara- y la segunda una cita exclusivamente con las asociaciones de víctimas.

Gogora celebrará un acto institucional el 3 de marzo de 1976, paralelo a otras conmemoraciones ya anunciadas por el Ayuntamiento y por las víctimas. Alonso ha ironizado que, finalmente, las fuerzas “sobrenaturales” han ganado la partida. “Todos desearíamos que el lugar fuera la iglesia, pero la mejor conmemoración es el acompañamiento de la sociedad y una fundación que marcha”, ha manifestado.

Las víctimas, representadas por Nerea Martínez, han explicado que no le dan tanta importancia al uso o no del templo en esa simbólica jornada sino a que, en ese momento, el Memorial esté más definido en cuanto a contenidos y proyecto museográfico. “Es mucho más importante no abrir una iglesia vacía sino avanzar en esos contenidos, que la voz de la sociedad divil y las víctimas tenga un peso importante. Eso sería el mejor homenaje, ver que estamos avanzando en construir algo digno”, ha expuesto Martínez a los medios de comunicación tras las reuniones.

El patronato, en todo caso, ya ha acordado iniciar otros trabajos de adecentamiento de un templo que, literalmente, se cae a pedazos. Con un presupuesto de unos 78.500 euros se harán trabajos de jardinería en el exterior, de arqueología para mapear los restos de los impactos de bala de 1976 y, ya después, las propias obras para eliminar goteras y arreglar la cubierta. Alonso ha indicado que las tareas arrancarán en cuando las empresas adjudicatarias, ya elegidas, tengan “disponibilidad”. Ha indicado que si puede ser “en los próximos días”, mejor.

En paralelo, se ha configurado una “comisión” para agilizar los trabajos de configuración previa del Memorial, que fue presentado hace ya casi cinco años, en el cuadragésimo quinto aniversario. Será un formato más ágil para tomar decisiones sin que sea preciso reunir a las autoridades. Martxoak 3 se ha felicitado también de que va a poder pasar a utilizar para sus visitas un espacio mucho mayor que el minúsculo rincón de que dispone en la actualidad por cesión de la Iglesia católica y que, además, ya no tiene ni siquiera visión del conjunto del templo, una obra de Luis Peña Ganchegui.

El Instituto de la Memoria (Gogora) ha programado para 2026, entre otras actividades, actos en recuerdo por el quincuagésimo aniversario de la desaparición del miembro de ETA Eduardo Moreno Bergareche, 'Pertur', y por el cuadragésimo del asesinato de Dolores González Catarain, 'Yoyes', que se habían desmarcado de la actividad de la organización terrorista. “Estas iniciativas o actividades en el marco de estos aniversarios no revisten carácter de homenajes”, puntualiza la consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, en respuesta a una pregunta formulada por escrito en el Parlamento Vasco por el representante del PP Santiago López Céspedes.

La desaparición de 'Pertur' se produjo en julio de 1976. Moreno Bergareche era dirigente de la rama político-militar de ETA y, según la investigación acometida por la Audiencia Nacional entre 2008 y 2012, que no llegó a una conclusión definitiva sobre su asesinato, se había alejado de la línea dura de la organización tras la muerte de Francisco Franco. Las líneas sobre lo ocurrido fueron dos. Por un lado, fue visto en Iparralde con Francisco Mujika Garmendia 'Pakito' y con otro dirigente de ETA, Miguel Ángel Apalategi, 'Apala', poco antes de la desaparición. Por otro lado, se indagó una posible implicación de neofacistas italianos próximos a elementos incontrolados del Estado, que en los años siguientes institucionalizó la 'guerra sucia' en forma de GAL. El Batallón Vasco Español llegó a reivindicar el crimen.

Lourdes Auzmendi, pareja en 1976 de 'Pertur' y que luego ha ocupado altos cargos con el PSE tras la integración con EE (Euskadiko Ezkerra), manifestó en el cuadragésimo aniversario a este periódico que fueron “sus compañeros de armas”. “Esos bestias han creado un clima tal en la organización que ETA no es un colectivo revolucionario, sino un Estado-policía, donde cada uno sospecha del vecino y éste del otro. Este clima influye no a todos por igual (existen auténticos histéricos que no ven sino conspiraciones por todos lados). En ese sentido, te digo que no estoy bien [...]. De esta dinámica que tiende a eliminar rivales políticos, no por medio del debate político, sino a través de sucias maniobras en nombre de la disciplina, la seguridad, etc.”, le escribió el propio Moreno Bergareche a su novia en una carta dos semanas antes de la desaparición. Se puede leer aquí más sobre este episodio de 1976.

Una década después, alguien que escribió algo similar, 'Yoyes', fue asesinada. “¿Cómo me voy a identificar con dirigentes que lo único que saben hacer es aplaudir los atentados de ETA y pedir más muertos? ¿Qué línea política es ésa?”, planteó. Así, en septiembre de 1986, José Antonio López Ruiz, 'Kubati', le disparó tres tiros en una feria de Ordizia, en Gipuzkoa, donde estaba viendo tractores con su hijo, un niño de tres años. José Miguel Latasa Getaria, 'Fermín', también fue condenado por esta operación contra una “traidora”.

“Gogora, de acuerdo con su naturaleza y funciones, mediante estas actividades busca recuperar para la memoria colectiva de Euskadi dos episodios de nuestro pasado traumático que han tenido una gran trascendencia histórica y, en última instancia, impulsar el debate público y la reflexión crítica en torno a ello, siempre con el objetivo de deslegitimar el terrorismo”, señala San José en su respuesta al PP. Recalca que el programa de actividades para 2026, un año muy marcado también por el quincuagésimo aniversario de la masacre del 3 de marzo en Vitoria, ejecutada por la Policía Armada heredada del franquismo, ha sido visado por el consejo de Gogora. Los partidos de la oposición, también el PP, participan en él.

Insiste el Gobierno que “uno de ejes de trabajo más importantes de Gogora tiene que ver con la divulgación y la difusión” y que “es habitual que esta línea trabajo venga determinada por las efemérides y los aniversarios”. “En este caso, se cumplen 50 y 40 de la desaparición de Eduardo Moreno y del asesinato de Dolores González, respectivamente. Y como ya se ha dicho, Gogora y el Departamento de Justicia y Derechos Humanos consideran que estos episodios son de una gran trascendencia en nuestro pasado reciente, además de tener un gran potencial para trasladar a la sociedad la dimensión de la sinrazón del terrorismo de ETA”, se apunta.

A partir de ahí, Gogora no tiene aún definido qué se hará. Ni cómo. El PP, por ejemplo, pedía ya informes y presupuestos. “En este momento estamos haciendo un trabajo prospectivo con familiares y allegados directos de ambas víctimas. Los contactos son discretos y directos, como no podía ser de otra forma, dada la sensibilidad de los temas”, replica la consejera San José.

Con la presentación de los presupuestos de Justicia y Derechos Humanos (369,2 millones, un 2,6% más que en 2026), a las 17.30 horas de este jueves se ha puesto fin a una larguísima comisión de Hacienda que arrancó el lunes a las 9.00 horas y por la que han pasado todos los consejeros de Imanol Pradales para detallar las cuentas. Sobre la primera de las dos patas de su cartera, la socialista María Jesús San José ha señalado que será en 2026 el momento de apertura de la nueva cárcel de Zubieta en Gipuzkoa, un proyecto que acumula años de retraso y clave para aliviar el tensionamiento de las prisiones autonómicas, transferidas en 2021. Y, sobre la segunda, ha indicado que se activará una “campaña de sensibilización”, dotada con 70.000 euros, para “erradicar del espacio público cualquier expresión vejatoria hacia las víctimas o justificadoras de la violencia”.

San José ha indicado que los fondos para su departamento crecen. Es un 2,6% más, es decir, menos que la media del conjunto de áreas del Gobierno, un 4,1%. Pero al desaparecer los fondos europeos MRR, la consejera entiende que la mejora es más valiosa. Ha dicho que son cuentas “realistas” pero “ambiciosas”. Ha asumido que la oposición las considere “continuistas”, pero ha indicado que las cuestiones “de fondo” programadas para la legislatura tienen que seguir en marcha. Se da la circunstancia de que no ha sido la consejera sino el director de Gogora, Alberto Alonso, el que ha tomado la palabra para dar respuesta a las cuestiones más políticas lanzadas por la oposición, EH Bildu, PP y Vox.

En la pata de Justicia (que incluye ya desde hace cuatro años la gestión de Prisiones), San José ha destacado que Zubieta estará lista ya en 2026. Desde la oposición, Santiago López Céspedes del PP le ha recordado que otros años también se había anunciado lo mismo, pero la consejera lo ha dado por hecho esta vez. Es un centro que construye el Estado y que entregará a la comunidad autónoma a cambio de la devolución del actual, la cárcel de Martutene, que a su vez revertirá en patrimonio municipal para desarrollos urbanísticos. La titular de Justicia y Derechos Humanos ha manfiestado que en el próximo ejercicio se activarán también los Centros de Inserción Social (CIS) de Basauri y de Zaballa, así como el espacio de régimen cerrado del penal alavés. En 2026, “se implementará el acuerdo de condiciones” laborales firmado con los sindicatos.

La consejera ha abogado por seguir potenciando la semilibertad y otros procesos de reinserción. Como dato, San José ha señalado que el porcentaje de reincidencia es del “12%” para quienes salen después de un tercer grado o libertad condicional mientras que sube al “19%” en el resto de casos. La EHU recibirá 60.000 euros para elaborar una encuesta “sobre calidad de vida en prisión”.

En la pata de Derechos Humanos, aunque ya eran conocidos los proyectos de Gogora, como los homenajes por el quincuagésimo aniversario del 3 de marzo de 1976, el nonagésimo de la creación del Gobierno de Euzkadi en la Guerra Civil, así como las reflexiones sobre las figuras de 'Pertur' y 'Yoyes', San José ha apuntado a atender a “víctimas y asociaciones” y activar “un instrumento más” contra la radicalización y contra el odio en el espacio público. Inicialmente habrá 70.000 euros para esa “campaña de sensibilización”, pero también 65.000 euros para salud mental y acompañamiento. Por otro lado, en relación con las quejas de la comisión de reconocimiento de las víctimas de la violencia policial, que ha visto frenado su trabajo, se ha mejorado su presupuesto en 25.000 euros.

El director de Gogora, Alonso, ha incidido también en que el 10 de noviembre es el Día de la Memoria, una jornada que recuerda a las víctimas del terrorismo y de la violencia policial y que habitualmente no es unitaria. De modo preventivo, se ha felicitado de que en el acto central de la jornada, el lunes en Vitoria, reunirán a medio centenar de víctimas tanto de ETA como de otros terrorismos, así como policiales, y ha sostenido que quienes están en la “polarización” son los que no van a acudir, en velada referencia a PP y Vox, que llevan años no compartiendo ese modelo.

Desde la oposición, EH Bildu -en unos comentarios también compartidos por el representante del PNV, Xabier Barandiaran- se ha reclamado una mayor presencia del euskera en la Justicia y un combate de los discursos xenófobos. El PP ha considerado también que falta cierto énfasis en ETA en los programas de memoria.

“¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros?”. Esa pregunta de Anton Gandarias fue una de las claves para dar con el paradero de su tío, Anjel Lekuona, exiliado en la Guerra Civil y fusilado en el campo de concentración nazi de Hradischko, en la República Checa, y también una de las cuestiones que han querido narrar en el documental 'Popel' ('Cenizas'), que retrata el viaje de Gandarias, Unai Eguia y Antonio Medina, también familiares de víctimas del nazismo, en su búsqueda de la verdad. Es un viaje convertido en documental de la mano del director gernikarra Oier Plaza.

“Como gernikarras conocíamos la historia de Anjel Lekuona, pero todo cambió cuando nos enteramos de que no se trataba solo de la historia de un viaje dramático, sino que había algo positivo detrás: la heroicidad de František Suchý y su hijo”, reconoce el director que este martes ha presentado la película en la sala BBK de Bilbao bajo la presidencia del lehendakari, Imanol Pradales, y de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, después de pasar por el Zinemaldia de Donostia y de su estreno en Praga a modo de homenaje.

František Suchý fue el administrador del crematorio civil de Strašnice, en Praga. Cada vez que lo nazis le llevaban un cuerpo del campo de concentración Hradischko, tenía la orden de incinerarlo. Sin embargo, Suchý, horrorizado por aquello, apuntaba sin que le vieran un listado de los nombres y apellidos de las víctimas y un número que los identificase. A pesar de que los miembros de la SS pensaban que el administrador del crematorio quemaba los cuerpos de forma conjunta, éste lo hacía por separado y depositaba sus cenizas en urnas individuales que escondía después por el cementerio. Cada urna contaba con un número que también incluía en el listado en el que iba escribiendo todos los días los nombres y apellidos de las personas que incineraba. También le pidió a su hijo que hiciera lo mismo, para así, tener una copia del listado por si le descubrían y acababan con su vida. Esa es la heróica historia que Plaza y su equipo han logrado llevar a la gran pantalla gracias a las animaciones de Kote Camacho.

“Aunque el transfondo sea oscuro y esté ligado con la muerte, la heroicidad de ese padre y su hijo y la investigación llevada a cabo por las familias de las víctimas tienen una belleza muy cinematográfica. La historia tiene muchas capas. Hemos tenido mucha suerte porque hemos contado una investigación ya realizada. Nuestro reto ha sido dar orden a esa investigación”, defiende el director, que logra en 87 minutos plasmar una historia de décadas que une a Euskadi y a la República Checa.

Suchý primero y su hijo después llegaron a rellenar tres libros grandes con los nombres de más de 2.000 víctimas, la mayoría prisioneros checos, pero también franceses y españoles. Las cenizas de Anjel Lekuona, quien fue deportado desde Francia, donde se exilió tras luchar como gudari en la Guerra Civil, reposan gracias a la hazaña de Suchý hoy en día en el memorial dedicado a las víctimas de aquella masacre en el cementerio de Praga. Junto a las suyas, también están las de otros cinco prisioneros españoles del campo de concentración del Tercer Reich: Enric Moner, Pedro Raga, Antonio Medina, Rafael Moya y Vicente Vila Cuenca. Llevan ahí desde el año 1945, pero no fue hasta hace poco cuando sus familias lo han sabido con certeza. “Mi madre, que no habló libremente de mi tío hasta que murió Franco, guardaba en su mesilla de noche la carta de uno de sus compañeros de cautiverio, Gregorio Uranga. En la carta le contaba qué había sido de mi tío, cómo fueron detenidos por los alemanes y los crímenes que se cometieron, pero sobre todo, contaba que mi tío había sido incinerado y sus cenizas estaban en Praga”, explicó el propio Anton Gandarias a este periódico cuando su tío se convirtió en el el primer vasco fusilado en un campo de concentración nazi homenajeado con una Stolperstein.

Esa fue la clave para que, después de 20 años de búsqueda, Gandarias, junto con Unai Eguia y Antonio Medina, también familiares de víctimas del nazismo tratando de saber qué ocurrió en aquella época, dieran, tras una larga travesía y con la ayuda del Gobierno de la República Checa, con el cementerio de Strašnice, donde efectivamente, encontraron las cenizas de Anjel Lekuona, con el número de urna 62559, Enric Moner con el número 62557, Pedro Raga, con 62558, Antonio Medina, con el número 62560, Rafael Moya, 62563, y Vicente Vila Cuenca con el número de urna 62752. Con esa información, localizaron a los familiares de los seis españoles asesinados en el campo de concentración de Hradischko, para que conocieran qué ocurrió con ellos.

La historia de Anjel Lekuona y del resto de las víctimas ha sido recogida en estos útimos años en la novela 'Y los campos se quedaron sin flores', escrita por Unai Eguia, otro de los protagonistas del documental 'Popel'. Eguia es un profesor que empezó indagando sobre la vida de Enric Moner y así llegó hasta la historia que se esconde y que a partir de este martes se podrá ver en la gran pantalla. “Es una historia que tenía que ser contada y que a día de hoy tiene sentido contar. Cualquier sociedad debe hacer un ejercicio de memoria para poder avanzar. 'Popel' es una historia viva porque de las cenizas encontradas 85 aún no han sido reclamadas ni encontrado el paradero de sus familias”, reconoce Plaza, que explica que para hallar a las familias de esas víctimas han creado una página web con el nombre del documental para conseguir que más familias vivan la historia de reencuentro con las cenizas de las víctimas que viven los protagonistas de la película.

A escasos cuatro meses del quincuagésimo aniversario del 3 de marzo de 1976, cuando la Policía Armada todavía franquista -a pesar de que el dictador había fallecido unos meses antes- acribilló a tiros una asamblea obrera, con cinco fallecidos y decenas de heridos, la iglesia del barrio vitoriano de Zaramaga donde se produjeron esos hechos languidece. En algunos lugares, literalmente, se cae a pedazos. Es un templo de autor, de Luis Peña Ganchegui, que era casi nuevo entonces. No tenía ni cinco años. Ahora, tras años en desuso para fines religiosos, cerrada incluso la exposición permanente de belenes de Navidad que acogía y a expensas de que se pueda transformar en el prometido Memorial, sus tejas de pizarra se desprenden, hay goteras, elementos singulares del interior han sido alterados y se precisan intervenciones “urgentes” para que los daños no vayan a más.

Rocío Peña, hija del arquitecto de San Francisco de Asís, que es como se llama el espacio, la historiadora del arte Larraitz Arretxea y Mario Sangalli, del archivo Peña Ganchegui, presentaron en la noche de este jueves en Vitoria, pero no en el edificio, un libro monográfico sobre el lugar. Congregaron a varias docenas de personas en el museo BiBat, de naipes y arqueología y en el marco de la bienal de arquitectura Mugak.

Recoge la publicación información sobre su construcción y recorre otros proyectos del diseñador, uno de los referentes de la arquitectura vasca moderna. Peña Ganchegui, fallecido en 2009, es autor también de la plaza de la Trinidad en Donostia, o del espacio en torno al Peine del Viento. En Vitoria lleva su firma la plaza de Los Fueros y en Eibar la reforma del Ayuntamiento. Y hay edificios de viviendas de su factura en variados municipios.

Peña, Arretxea y Sangalli pusieron en valor la propia concepción de la iglesia. Era un templo católico, sí, pero se alejaba de la planta latina clásica y abrazaba la 'renovación' aceptada en el Concilio Vaticano II. Es un edificio cuadrado, que imita en su interior la plaza porticada de España, la del Ayuntamiento, la del centro de la ciudad. Está cubierto con pizarra a cuatro aguas salvo por un gran lucernario central, a modo de diamante y probado por Peña Ganchegui en Eibar y en otros bloques de viviendas.

Era más una “plaza” que un templo al uso, insisten quienes preservan el legado de quien lo concibió. Los confesionarios eran “comunitarios”, tenía un graderío detrás del altar para la música, el sacerdote cruzaba las bancadas desde la sacristía para mezclarse con los feligreses y en los pórticos había espacios para hacer actividades. “Si acogió a los perseguidos [en huelga en 1976] era porque era una iglesia abierta y obrera, un espacio para hablar”, explica la hija de Peña Ganchegui. Era cuadrado por fuera, sí, pero todas sus formas interiores eran de rasgos sinuosos.

Un templo católico, en efecto, ha acabado como símbolo de la resistencia antifranquista tras una masacre que traspasó fronteras. Las asociaciones Martxoak 3 o Memoria Gara, parte del patronato del futuro Memorial, velan por su preservación y se da la paradoja de que cuestionan que la propia Iglesia haya cuidado elementos singulares como una pila bautismal que parece un pozo. El Estado ha anunciado ya que declarará el espacio como lugar de memoria democrática, al mismo nivel que Gernika, por ejemplo. Pero a nivel municipal y autonómico la protección del lugar no es, ni mucho menos, la más alta posible.

El 3 de marzo de 1976 se saldó con tres fallecidos, Francisco Aznar (17 años) y Pedro María Martínez Ocio en Zaramaga y Romualdo Barroso, un joven extremeño, en el hospital. Días después murieron José Castillo y Bienvenido Pereda en Vitoria. Pero, en protestas por lo sucedido en Vitoria en otros lugares, la Policía mató también a Vicente Antón (Basauri), Juan Gabriel Rodrigo (Tarragona) y Mario Marotta (Roma).

El 3 de marzo de 1976 es la fundación de la Vitoria obrerista y el final de una ciudad que arrastraba el sambenito de ser la primera conquistada tras el golpe de Estado de 1936 y en el que el primer franquismo permitió la llegada de sus aliados nazis alemanes y fascistas italianos, desde donde acometieron operaciones como el bombardeo de Gernika. En lo espiritual, aquel primer franquismo, de la mano de los ministerios instalados en la ciudad, los de Educación y Justicia, llegó a organizar una exposición internacional de Arte Sacro para glorificar al régimen y humillar a sus enemigos. Por Vitoria pasó también con motivo de ese evento el mariscal colaboracionista francés Philippe Pétain, que en pocos meses pasaría a ser jefe del Estado títere en la Francia ocupada por los nazis. 

El proyecto de San Francisco de Asís es de 1968. El templo se alinea en el mapa con otras dos iglesias modernistas de la época, Los Ángeles y Coronación, proyectadas para dar servicio a los nuevos barrios de aluvión, llenos de trabajadores de otras partes de España que cambiaron la sociología de la ciudad. Fueron ellos los huelguistas de 1976 que acabaron reprimidos. El templo se inauguró en mayo de 1971. Inicialmente, 'flotaba' al estar rodeada de un estanque de agua que generaba ese efecto visual. Es otro de los elementos desaparecidos. Era un edificio “polivalente” que terminó como resguardo pretendidamente seguro de las asambleas obreras, aunque los 'grises' no dudaron en asaltarlo con fuego real.

Pero ahora está enfermo. No es ya que muchos de sus diseños originales han sido alterados, sino que su conservación es deficiente. En 2021, las instituciones y el Obispado acordaron reconvertirlo en Memorial y se fijó 2026, el momento de los 50 años de los sucesos, como hito para su puesta en marcha. No parece posible. El lustro se está agotando y los avances son mínimos.

Desde 2015 ya no está dedicado al culto y desde 2020 no tiene actividad pública. Hasta entonces había una exposición permanente de belenes de Navidad. Uno de ellos, sobre el altar, es de gran tamaño y de cierta relevancia artística y el resto estaban en expositores más pequeños. Esos pesebres, en gran medida, están ya desmontados y listos para una nueva ubicación. Pero ahí ha surgido un bloqueo. La Iglesia católica -incluido el Vaticano- han pedido a las instituciones que les garanticen un espacio expositivo alternativo y que, de lo contrario, no darán las llaves para el Memorial. El asunto se ha enconado. Las últimas noticias apuntan a que hay una nueva oferta de locales en Salburua para la exposición. ¿Terminará la pugna por los belenes?

Sangalli, en el acto público, señaló claramente que hay que acometer obras “urgentes”. Cualquier fenómeno meteorológico adverso daña más y más las estructuras. Sucedió con la gran tempestad de hace un par de veranos. Explica que hay “tramos de envolvente completamente arruinados” y “goteras esperando una intervención”. Pide que se deje el debate “absurdo” sobre los nacimientos y que se acceda ya a una “intervención mínima aunque sea” para “que no siga el deterioro”. “Cada invierno va a peor”, avisa Sangalli sobre la temporada que se avecina antes del aniversario redondo. E implora: “Estamos perdiendo el tiempo”.

El Instituto de la Memoria (Gogora) tiene ya un presupuesto para esas primeras obras, sobre todo en el tejado. Pero esos trabajos anunciados antes del verano aún no están en marcha fruto, en buena medida, de la batalla con la Iglesia católica. Asimismo, cualquier trabajo tiene que preservar las huellas de 1976, básicamente los impactos de bala. “Los restos tienen que quedar ahí. Hay que buscar el equilibrio entre la puesta en valor del patrimonio y el homenaje y recuerdo a las víctimas”, estiman desde el entorno de Peña Ganchegui. Su hija, por ejemplo, no oculta su deseo de recuperar el agua. Ella duda claramente de que el 3 de marzo de 2026 esté la reforma completada, aunque apela a que al menos se pueda celebrar un gran acto en el interior de San Francisco de Asís.

Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco, ha identificado genéticamente los restos de otras cuatro víctimas de la prisión franquista de Orduña, recuperadas del cementerio de la localidad vizcaína en las campañas de 2014, 2022 y 2024.

Según han explicado desde Gogora, se trata de Faustino Aguado Serrano (de Tomelloso), Manuel Guillén Expósito (de Badajoz), Miguel Fuertes Molina (de Mirandilla) y Antonio Monge Crucera (de Medellín).

Faustino Aguado Serrano, de profesión jornalero, el 15 de abril de 1941 en prisión. Según los datos del proyecto Víctimas de la Dictadura de Castilla-La Mancha del que forman parte tanto la Universidad de Castilla-La Mancha como varios colectivos memorialistas, Faustino estaba casado cuando murió. Tenía 47 años y estaba afiliado a UGT/CNT.

Los restos se entregarán a las familias

Según ha informado la organización, en las próximas semanas, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, el director de Gogora, Alberto Alonso, y personal técnico de memoria y derechos humanos del Instituto se reunirán con las familias de los identificados, les entregarán los restos mortales y les acompañarán en las inhumaciones.

Con estas nuevas identificaciones, se elevan a 22 los restos identificados y entregados a las familias de un total de 93 recuperados en el cementerio de Orduña, en Bizkaia. Gracias al trabajo realizado por el investigador local Joseba Egiguren, el Instituto Gogora cuenta con un listado, con nombre, apellidos y lugar de procedencia, de 225 fallecidos, en lo que primero fue campo de concentración y después prisión en Orduña entre 1937 y 1941.

Los esfuerzos para la identificación genética de los restos recuperados se centran en contactar con los descendientes de estas personas y poder así cotejar sus muestras de ADN con los de los restos mortales.

Las muestras familiares permiten ampliar el Banco de ADN de Gogora y aumentar la probabilidad de identificaciones, ya que en muchas ocasiones es necesario aportar más de una muestra del familiar vivo para concluir la identificación. Por ello, desde Gogora han realizado un llamamiento a las familias para que se pongan en contatco a través del correo gogora@euskadi.eus o el teléfono +34 944 032845.

Las labores de la recuperación de las 93 víctimas del Cementerio de Orduña y para identificarlas se enmarcan en el Programa de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas de la Guerra Civil del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, que se lleva a cabo a través de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, encargado de los trabajos de exhumación y antropología forense, y el laboratorio genético de la UPV/EHU Biomics, responsable de la identificación genética a través del cotejo de las muestras del Banco de ADN.

El Instituto de la Memoria del Gobierno vasco (Gogora) prepara de cara a 2026 sendos homenajes a Dolores González Catarain (conocida como Yoyes) y a Eduardo Moreno Bergareche (Pertur) con motivo de dos aniversarios redondos de sus muertes, el cuadragésimo y el quincuagésimo, respectivamente. Yoyes fue la primera mujer dirigente de ETA y fue asesinada en Ordizia en 1986 por la propia ETA después de que se desmarcara de la organización. El también dirigente 'polimili' de ETA Pertur, de su lado, desapareció una década antes, en 1976, y su cadáver nunca apareció.

Estas iniciativas constan en el programa de Gogora para el próximo año, presentado este martes ante el consejo de dirección, cuya reunión ha presidido el lehendakari, Imanol Pradales. El área de Justicia y Derechos Humanos, en todo caso, está dirigida por la parte del PSE-EE del Gobierno de coalición con el PNV. El Instituto de la Memoria aspira a manejar un presupuesto de 5,28 millones a la espera de la tramitación parlamentaria y posibles enmiendas.

Las actividades figuran en el capítulo de “transmisión social al conjunto de la sociedad vasca” diseñado por Gogora. Además de los actos de reconocimiento anuales y de las presentaciones de libros, se menciona el quincuagésimo aniversario de la matanza de la Policía Armada en una iglesia del barrio vitoriano de Zaramaga el 3 de marzo de 1976 -aquí se impulsa un memorial 'ad hoc' pero en cuya gestación se suceden los imprevistos-, el cuadragésimo aniversario de Gesto por la Paz de Euskal Herria y el nonagésimo de la constitución del Gobierno de Euzkadi durante la Guerra Civil. Hace diez años fue decretado como festivo oficial el 7 de octubre.

Y se mencionan, igualmente, los casos de Pertur en 1976 -sobre el que no existe una verdad oficial- y de Yoyes en 1986. En el segundo caso, el autor material de los disparos fue José Antonio López Ruiz (Kubati), que recientemente aceptó otra condena de la Audiencia Nacional por haber organizado homenajes a expresos de ETA, al igual que dirigentes de Sortu. Se trató de un crimen ejemplarizante contra posibles desertores. “No quiero actuar en apoyo de una lucha que ha degenerado en algo terrible, dictatorial y mítico, contrario a mis valores y sentires más profundos y constantes en mi trayectoria”, había escrito la víctima.

Gogora plantea también iniciar la difusión sobre la represión sexual y de género en el franquismo y sobre los destacamentos penales y batallones de trabajadores. Este organismo abarca las políticas de memoria de la Guerra Civil, de la dictadura, de todos los terrorismos (el de ETA, sí, pero también los GAL, por ejemplo) y los casos de violencia policial.

El documento alude también a “continuar” con la “colaboración” con la EHU (la Universidad pública vasca) para “la inserción de la historia reciente de Euskadi en el temario” de la Selectividad (ahora conocida por las siglas PAU) y seguir realizando actividades con escolares y universitarios. Se plantea ya cerrar en el primer semestre del próximo año la fecha para conmemorar el día de la memoria histórica contemplado en la ley autonómica de 2023. Se mantienen las actuaciones de recogida de muestras de ADN para identificar a víctimas de la Guerra Civil y, singularmente, “continuar asesorando y acompañando a familiares de las personas vascas inhumadas en el valle de Cuelgamuros”, antes conocido como “de los Caídos”.

Señala Gogora que “la memoria no puede ser monopolio de nadie” y que en Euskadi es “previsible” y “saludable” que convivan “diferentes comunidades de memoria”. Sin embargo, la labor de las instituciones pasa por que “todos los relatos” tengan el “mínino común denominador” del “respeto incuestionable a los derechos humanos y la convivencia”. “Ningún relato puede justificar los discursos de odio”, expone el plan de 2026 presentado este martes.

El consejo ha planteado, asimismo, un presupuesto de 5,28 millones. Es una propuesta que ahora se incorpora al proyecto que aprobará el Gobierno vasco y que luego se tramitará en el Parlamento. El director del Instituto de la Memoria, Alberto Alonso, ha señalado que la partida de para investigaciones históricas, por ejemplo, sube un 30%. Entre ellas, ha citado los trabajos sobre diversidad sexual en la dictadura, sobre el Patronato de Protección de la Mujer, un órgano represor del Estado ideado en 1941 y que no desapareció hasta diez años después del fallecimiento de Francisco Franco, o sobre los cargos que integraron, en 1936, ese primer Gobierno autonómico, a cuyo frente estaba José Antonio de Aguirre, del PNV.

Eso será en 2026. Antes, en lo que queda de 2025 Gogora todavía tiene pendiente el Día de la Memoria, que como cada año será el 10 de noviembre y que esta vez tendrá su acto central en Vitoria, también un nuevo encuentro entre estudiantes y víctimas el 1 de diciembre en Barakaldo y unas jornadas sobre el medio siglo de la muerte de Franco, donde se enmarcarían las actividades en relación a los últimos vascos fusilados, Juan Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi, que eran miembros de ETA.

La Ertzaintza ha decidido expedientar al partido político Falange Española y de las JONS por la exhibición de simbología franquista durante su acto del pasado domingo 12 de octubre en Vitoria, coincidente con la fiesta nacional de España. La actuación se hace en aplicación de la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley mordaza'. El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, dijo que el responsable último sería el jefe nacional de esa formación actualmente, Norberto Pico.

El que fuera partido único durante de la dictadura organizó una concentración con militantes llegados de fuera junto a la Diputación de Álava, en Vitoria. En ella se cantó el 'Cara al sol' y se mostraron banderas no constitucionales, así como enseñas negras y rojas del yugo y las flechas, el símbolo de la Falange. Igualmente, se glosó la figura de vascos franquistas.

En un breve comunicado, la Policía vasca ha confirmado que ha abierto un expediente sancionador contra los falangistas. El responsable es el “promotor” de la concentración y el motivo es la “utilización de enseñas preconstitucionales”. Además, se ha detectado un “incumplimiento de los términos reflejados en la solicitud de concentración, lo que se tradujo en ”falta de control por parte del organizador en el porte de instrumentos peligrosos (palos) que se utilizaron para agredir“ y por ”no respetar las personas asistentes la zona de concentración expresamente delimitada por la Ertzaintza“.

Este periódico ya informó de que otra ventanilla del Gobierno vasco, en este caso el Instituto de la Memoria (Gogora), analizaba si los hechos pudieron infringir también la normativa vasca de memoria histórica, que prevé como infracción grave la “exaltación” de la dictadura. La Ertzaintza, de su lado, “continúa con la investigación para poder esclarecer todo lo sucedido el domingo pasado”, añade la nota policial conocida este miércoles. Y es que esta visita motivó varias contramanifestaciones y una de ellas, después de superar la barrera de seguridad de los antidisturbios de la Ertzaintza, acabó en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con los falangistas, medio centenar. El Gobierno vasco los ha calificado de “fascistas vascos”. Hubo 19 detenidos de ese colectivo, de entre 18 y 38 años y de todos los territorios vascos, incluidos Navarra e Iparralde, según explicó el consejero Zupiria. El centro de Vitoria estuvo “patas arriba” unas horas y los daños, al menos, supondrán 10.000 euros.

En el campo de concentración nazi de Mauthausen se pasaba hambre. Mucha. Así lo atestiguaba Juan Arregui Olano, un vasco natural de Barakaldo que acabó deportado allí, reducido a un mero número. Recordaba, en una entrevista concedida muchos años después, que en 1944, cuando ya acumulaba dos años con sus más de seiscientas noches en el campo, llegó por primera vez una delegación de la Cruz Roja. Les entregaron unas tarjetas postales para que pudiesen hacer llegar un mensaje a casa, pero en él no se podía añadir nada. Él se valió de una triquiñuela para trasladar más información. “El euskera vino a resolverme tan trágico problema. Existía un recuadro en el que había que poner el número de prisionero y el nombre, así que, como nunca éramos llamados por el nombre, puse mi número y luego J. Arregui Goizandia [que puede traducirse del euskera como 'mucha hambre']. Mi madre comprendió enseguida que tenía hambre y así recibí el primer paquete”, rememoraba.

El de Arregui Olano es uno de los muchos testimonios que se recogen en la exposición 'Memoria de la deportación. Testimonios vascos de los campos nazis', que puede visitarse en la Sala Amárica de Vitoria hasta el 23 de noviembre. “Hay heridas del pasado que tardan años en cicatrizar. Algunas, como la de la deportación vasca a los campos de concentración nazis, no se cierran en vida de quienes las sufrieron. Primero la muerte y el olvido conseciente y después la desmemoria han contribuido a que, ochenta años después de la liberación de los campos, la herida siga abierta”, se puede leer nada más acceder a las instalaciones. “Hasta para quienes lo sufrieron en sus propias carnes, resulta imposible no ya expresar con palabras, sino siquiera concebir que algo así haya sucedido”, se añade. Para que no caigan en el olvido, se han grabado los nombres de más de dos centenares de víctimas en las paredes. El comisario de la exposición es Luis Sala, que esta semana, durante el acto de presentación, ha llevado a cabo una visita guiada de todos los elementos que la componen.

El visitante puede seguir las diferentes oleadas de vascos hacia el exilio, aprender sobre los diferentes presos que poblaban los campos de concentración nazis, leer —y también escuchar— testimonios de deportados vascos, ver cómo era el uniforme que se les imponía a quienes acaban en aquellas máquinas de “deshumanización”... Y todo comenzó con la derrota de la República en la Guerra Civil española, que precipitó la salida hacia el exilio de alrededor de 100.000 vascos. “Es horroroso ver ancianos que padecen enfermedad, enfermos con paludismo, reuma, fiebres, etc. y constatar que junto a la buena voluntad de los médicos no existe ningún medicamento. Ni una sencilla purga, ni un bote de linimento. Ya que te hablo con toda franqueza no puedo ocultarte que me parece bárbaramente inhumano el ver a enfermos nuestros en esta situación. Cinco mil vascos, encerrados entre alambradas y en barracas, sin colchón todos, sin mantas gran número, sin medicamentos, sin vestidos”, escribía ya en 1939 en una carta el deportado Iñaki Azpiazu, preso en el campo de Gurs, sito cerca de la localidad francesa de Oloron-Sainte-Marie.

Víctimas “condenadas al olvido”

La exposición se enmarca en un año que tanto desde el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) como desde el Gobierno vasco, con la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, al frente, se ha dedicado a recordar y rendir homenaje a más de dos centenares de vascos que fueron deportados a campos de concentración nazis a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. “Eran unas víctimas que habían sido condenadas al olvido y era necesario reivindicarlas, reivindicar todo su sufrimiento y la resiliencia, la fuerza y la dignidad con la que sus familias han conservado su recuerdo”, ha sostenido Alberto Alonso, director de Gogora. Era necesario, ha añadido, que esos recuerdos pasasen a fomar parte de la “memoria histórica y democrática” del pueblo vasco. La consejera y el director de Gogora han estado acompañados en la presentación por Ana del Val, diputada foral de Cultura y Deporte, también del PSE-EE.

La exposición, que se puede ver en Vitoria desde ahora y hasta el 23 de noviembre, se propone dotar esos retales de memoria de un contexto en el que entenderlos. “Tenemos la firme convicción de que solamente mirando al pasado sin ningún tipo complejo, de una forma crítica y reflexiva, podemos construir la ciudadanía del presente y la del futuro”, ha apostillado Alonso. “Hoy es más necesario que nunca volver a mirar hacia atrás, volver a ver cómo en un momento dado la humanidad se vio arrastrada a lo más profundo de la miseria, cómo se pudo llegar a negar la humanidad a millones de personas”, ha dicho, con alusiones a un presente en el que vuelve a estar en boga la palabra 'genocidio' por los asesinatos que Israel está perpetrando en Palestina. Era en ese abismo de miseria en el que, tal y como detallan las memorias de los deportados que la sufrieron, se torturaba, se ahogaba de hambre y se humillaba una y otra vez hasta despojar a los presos de cualquier destello de dignidad. “En la cantera existía un deporte favorito entre los SS que consistía en hacer apuestas sobre quién tumbaba más presos en menos tiempo”, recordaba Arregui Olano tiempo después de estar preso.

“Sus nombres jamás pueden volver a ser olvidados”

La consejera San José ha recalcado que la exposición se nutre de donaciones hechas por familiares de las víctimas de las deportaciones. “Estos objetos, de un incalculable valor sentimental, son una evidencia material que permite a las familias mantener un vínculo emocional con quienes tuvieron la desgracia de sufrir el exilio, la deportación y el trato inhumano en los campos de concentración”, ha sostenido. La consejera ha incidido en varias ocasiones en el hecho de que fue la represión franquista la que arrastró a estas personas hacia el exilio a Francia, donde luego fueron reclutadas sin alternativa para luchar en la Segunda Guerra Mundial, tras la que acabaron encerradas en los campos nazis. “Miles de apátridas a quienes el odio revanchista del régimen franquista les había negado la nacionalidad vasca y española. Encerrados entre alambres de espino, privados de lo más básico: del derecho a tener derechos”, ha argumentado.

La exposición, ha dicho la consejera, pretende “revisitar” la memoria de estas víctimas y recordar “su sacrificio”. “Muchos de ellos acabaron en campos de concentración nazis, arrojados al pozo más oscuro al que jamás se ha visto arrastrada la humanidad. No solo se les negaban sus derechos y su nacionalidad, sino que se les terminó negando su propia condición de seres humanos. Arrojados a una maquinaria de exterminio, muchos de ellos fallecieron en condiciones absolutamente lamentables”, ha apostillado San José. “Han de formar parte de nuestra memoria colectiva, de nuestra memoria democrática. Sus nombres jamás pueden volver a ser olvidados, porque ya son parte del patrimonio democrático de esta sociedad. Su sacrificio y su dolor fueron el germen de esta Euskadi que mira al futuro comprometida con la libertad, la igualdad y la fraternidad”, ha apuntado también la consejera.

Una sección de la exposición está exclusivamente dedicada a las mujeres que fueron víctimas de las deportaciones. Los archivos de Ravensbrück, el mayor campo de concentración nazi dedicado a mujeres, se quemaron, pero se ha rescatado cierta información sobre algunas de las represaliadas. “Cada día estábamos más depauperadas, veíamos más cercano nuestro fin, pero ¿en qué condiciones? Vivíamos como autómatas, no comprendíamos más que los gritos, no oíamos más que quejidos y súplicas, el ruido sordo y seco de los palos, los perros que aullaban y el 'tacatac' de las ametralladoras. Vivíamos angustiadas, desesperadas, ¿teníamos reacciones humanas? Aguantar, aguantar. Siempre en lo más íntimo de nuestro corazón brillaba una lucecita débil de esperanza, ¡pero tan débil! Cuesta aceptar morir como una bestia”, rememoraba Alfonsina Buena, una de ellas. A la vuelta, en un rincón se reproduce el icónico mensaje —“Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras”— con el que los prisioneros españoles de Mauthausen recibieron a los estadounidenses que liberaron el campo en 1945, hace ahora ocho décadas.

La Diócesis de Vitoria ha comunicado al Instituto de la Memoria (Gogora) y al resto de instituciones este miércoles, después de que saliera a la luz que el Vaticano se arrogaba la última palabra para la cesión de la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga para su uso como Memorial del 3 de marzo de 1976, que ahora consideran que no es necesario ese plácet por ser una entrega “temporal” y no “ad eternum”. La última palabra será del obispo local, Juan Carlos Elizalde. Eso sí, lo que no cambian son las condiciones y la Iglesia católica sigue exigiendo una salida para la colección de belenes que se halla ahora mismo dentro del templo antes de entregar las llaves de modo definitivo.

“En las actuales condiciones de cesión de uso de la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria-Gasteiz no es necesario consentimiento oficial de la Santa Sede para un nuevo uso distinto al que venía realizándose previamente con la exposición permanente de belenes”, expone en un comunicado la Diócesis. Las fuentes consultadas recalcan que es algo que se ha descubierto en las últimas horas, tras consultar con expertos en derecho canónico.

Eso sí, la Iglesia sigue esgrimiendo que tiene un “contrato vigente” con una fundación belenista y un compromiso de las instituciones para recolocar la exposición permanente de belenes de Navidad, que en todo caso lleva un lustro cerrada al público. Siendo Gogora un organismo dirigido ahora por el PSE-EE, la Diócesis le recuerda que “precisamente el pasado año 2022 el Gobierno de España declaró el belenismo como Patrimonio Cultural Inmaterial, algo que refuerza aún más la importancia de las obras que se encuentran en el interior de la iglesia de San Francisco de Asís a la espera de una nueva ubicación”.

“Para hacer esta cesión de manera correcta al patronato [del Memorial], es imperativo dar salida a los belenes cuya sede, según contrato previo, es esta iglesia. Conscientes de esto y siempre dentro del diálogo con las instituciones públicas, estas adquirieron el compromiso de proponer a la Fundación Belenista San Francisco de Asís una nueva ubicación que cubriera sus necesidades de espacio para sus talleres, para la organización de sus actos culturales y para la exposición permanente de belenes”, insiste el equipo del obispo Elizalde. En todo caso, la Iglesia recalca que “se sigue adelante” con el proyecto.