La Agencia Tributaria eleva a casi un millón de euros los pagos de las empresas gasísticas a Equipo Económico, el despacho fundado por Cristóbal Montoro, centro de una investigación por los cambios en las leyes que beneficiaban al sector después de que la consultora influyera en el Gobierno del Partido Popular. Hasta ahora, la cifra analizada de los pagos por la Guardia Civil era de 673.500 euros, pero el último informe de la Agencia Tributaria, al que ha accedido elDiario.es, sitúa el total de los pagos de las gasísticas en 991.663,76 euros.

El informe también pone de manifiesto que Hacienda no ha podido acceder a las cuentas del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro dentro de la investigación judicial por el caso de corrupción relacionado con el despacho que fundó, Equipo Económico, y la modificación de leyes a favor del sector gasístico que lo contrató. “No se han facilitado las cuentas bancarias en las que consta como titular o autorizado, sometiéndose a su consideración la conveniencia de su obtención”, recoge el informe de la AEAT, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Los inspectores de Hacienda sospechan que Ricardo Montoro, el hermano del exministro, habría recibido transferencias de los clientes de Equipo Económico que equivalen a un 2,1% de la participación en Equipo Económico que habría quedado huérfana tras su salida del despacho, por lo que sospechan que encubriría un pago que ya no le correspondía.

El juez dictó el pasado junio un auto de levantamiento del secreto en el que revelaba que Cristóbal Montoro y nueve de los altos cargos de su Ministerio, relacionados en algún momento con Equipo Económico, son investigados por siete delitos relacionados con modificar dos leyes para beneficiar a las empresas gasísticas a cambio de que estas contrataran a la consultora fundada por Montoro.

Como ha venido ocurriendo durante la instrucción, el trabajo de la Agencia Tributaria, en este caso, y de los Mossos d'Esquadra va más allá de las conclusiones de la Guardia Civil, que exoneraron a los investigados en cuanto al destino último de los fondos inyectados por las gasísticas al despacho. La fiscal del caso, Carmen García Cerdá, se quejó a su jefe, Alejandro Luzón, tanto de la falta de apoyo de este a su investigación como de la pasividad de los agentes de la UCO, tal y como reveló elDiario.es.

En el presente informe de la Agencia Tributaria, por ejemplo, se pone de manifiesto que la información con la que han podido trabajar sus inspectores se desprende “la existencia de cajas de seguridad, de inversiones financieras en las que recalan fondos contaminados, de un eminente volumen de fondos trasegados mediante cheques, transferencias cuyo origen y/o beneficiario último se desconoce, lo cual restringe notoriamente el análisis de trazabilidad encomendado”.

La instrucción judicial se prolonga durante más de siete y ha permanecido bajo secreto casi todo ese tiempo. Un juzgado de Tarragona ha tenido que hacerse cargo de la investigación después de que los indicios que dieron pie al caso afloraran en otra investigación de los Mossos d'Esquadra. En los próximos meses la causa vivirá un episodio clave con la resolución de la Audiencia Provincial a la avalancha de recursos que las defensas han presentado contra la instrucción del juez Rubén Rus. Cristóbal Montoro defiende que se desvinculó del despacho antes de que se produjera el contrato con las gasísticas, que obtuvieron beneficios durante su segunda etapa en el Ministerio de Hacienda.

En su último informe, la Agencia Tributaria insiste en la tesis que ha movido la investigación acerca de que el trabajo de Equipo Económico no fue realmente el que se declaró de asesoría, algo que hizo una consultora internacional realmente. “El despacho investigado jugaría un rol distinto que no requiere de tal despliegue de medios ni de ese valor añadido, esto es, presuntamente sería el contacto con las 'autoridades implicadas' como factor decisivo para la obtención del beneficio fiscal investigado”.

El juez del caso Montoro, Rubén Rus Vela, ha acordado una prórroga de seis meses en la instrucción del caso Montoro y la práctica de nuevas diligencias solicitadas por la Fiscalía. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona explica que aún no ha citado como investigado al ex ministro de Hacienda con el Partido Popular y al resto de imputados porque la avalancha de recursos de las defensas, una vez levantó el secreto del sumario el pasado verano, ha ralentizado la instrucción.

Como recuerda el magistrado en su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, las actuaciones investigan hechos que podrían ser constitutivos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. “La investigación, sumamente compleja, ha puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico, que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes”, escribe Rus Vela.

La batería de diligencias solicitadas por Anticorrupción, y acordadas por el juez, van encaminadas a indagar en la estructura, titularidad real y flujos económicos de Equipo Económico y otras sociedades vinculadas. Reclama, por ejemplo, hojas registrales completas y las cuentas anuales desde 2008. La Fiscalía también reclama la “documentación” que acredite la prestación de servicios por parte de Equipo Económico o su heredera Global Afteli a las empresas gasísticas que están en el epicentro de la trama, así como copias de los contratos, facturas emitidas y documentos de pago.

La consultora Equipo Económico fue fundada en 2006 por Cristóbal Montoro en el periodo en el que dejó de ser ministro de Hacienda con José María Aznar y volvió a ejercer el cargo con Mariano Rajoy. En ese segundo periodo es cuando se produjeron las modificaciones legislativas referidas, con un trasiego de colaboradores de Montoro saltando de la consultora al Gobierno y viceversa. El ex ministro defiende que él no se benefició de los pagos a Equipo Económico por la patronal gasística porque ya no tenía vinculación con la consultora.

El juez explica que “en estos momentos” se está a la espera de que todas las partes personadas “queden plenamente instruidas en el contenido de las actuaciones, habiéndose otorgado plazos extraordinarios para interponer recursos”. “El levantamiento del secreto de las actuaciones –advierte el instructor– ha provocado la presentación de decenas de escritos, lo que ha provocado una gran dificultad para la diligenciación de los mismos”.

Por esta razón, además de retrasarse las citaciones se han pospuesto las decisiones respecto de las prácticas de diligencias solicitadas. Estas peticiones, que han de ser resueltos, aconsejan la prórroga dictada, añade Rus Vela. El magistrado recuerda que está pendiente de recibir un informe de la Agencia Tributaria. La causa contra Cristóbal Montoro y sus colaboradores arrancó en 2018 y permaneció secreta hasta el pasado verano de 2025, lo que ha provocado las peticiones de nulidad de las defensas, que alegan indefensión.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una batería de diligencias “para avanzar” en la causa contra el exministro de Hacienda del Partido Popular Cristóbal Montoro, un caso que sigue pendiente de la decisión que adopte la Audiencia de Tarragona sobre la marea de recursos presentados por las defensas tras levantarse el secreto del sumario. Equipo Económico, el bufete fundado por el exministro, está el epicentro de una supuesta trama corrupta acusada de beneficiar a empresas a cambio de dinero. 

En un escrito, la fiscal Carmen García Cerdá ha solicitado información mercantil y societaria del despacho Equipo Económico, de Montoro y de algunos de sus colaboradores que están también siendo investigados, según ha adelantado El País y ha confirmado elDiario.es. En otro escrito, la representante del Ministerio Público también reclama al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona que prorrogue seis meses más la investigación. 

La batería de diligencias solicitadas por Anticorrupción van encaminadas a indagar en la estructura, titularidad real y flujos económicos de Equipo Económico y otras sociedades vinculadas. Reclama, por ejemplo, hojas registrales completas y las cuentas anuales desde 2008. La Fiscalía también reclama la “documentación” que acredite la prestación de servicios por parte de Equipo Económico o su heredera Global Afteli a las empresas gasísticas que están en el epicentro de la trama, así como copias de los contratos, facturas emitidas y documentos de pago.

“Actuaciones graves de corrupción”

En otro escrito reciente, la fiscal del caso se opuso a que la causa sea archivada y, sobre la acusación de que el procedimiento responde a intereses espurios, García Cerdá contestó que lo que se investiga son “actuaciones graves de corrupción que no entienden de ideología política alguna”.

Por su parte, los abogados contratados por la treintena de imputados alegan varios motivos para el archivo de la causa de corrupción. Los principales son el “hallazgo casual” de la prueba que dio origen a la investigación, la falta de competencia del juez de Tarragona para investigar los hechos y el prolongado periodo que ha permanecido la causa bajo secreto.

El grupo socialista en el Parlamento gallego ha presentado una iniciativa para exigir a la Xunta explicaciones por la “opacidad” y “falta de transparencia” en las contrataciones realizadas “a dedo” durante la presidencia de Alberto Núñez Feijóo con Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro e investigado por supuestos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

En un comunicado, la diputada Patricia Iglesias recuerda que el gobierno gallego firmó trece contratos con este despacho entre los años 2009 y 2011 por un importe global de 172.838 euros, sin que hasta el momento facilitasen información “completa, ordenada y verificable sobre su contido, utilidad real y justificación administrativa”.

El PSdeG sólo pudo acceder, el pasado 12 de septiembre, a los expedientes de contratación donde constataron “hechos de especial gravedad institucional”. Entre ellos, Iglesias enumera informes “en forma de simples borradores, sin firma ni fecha”, documentos en los que no se identifica al responsable y materiales “de carácter general” que se limitan a reproducir normativa fiscal estatal, “sin adaptarla a las competencias propias de la comunidad autónoma”.

Un powerpoint sin conclusiones sobre las cajas

En la documentación figura también un archivo, “un mero powerpoint”, relativo a la fusion de las cajas de ahorros gallegas, pero “sin conclusiones técnicas ni recomendaciones finales”. Aún así, la diputada señala que fue usado “como soporte político para una de las decisiones económicas más trascendentes de la historia reciente de Galicia”.

Aquella fusión impulsada desde la Xunta por Feijóo y su conselleira de Hacienda, Marta Fernández Currás, acabó en desastre: la entidad resultanda, Novagalicia Banco, fue rescatada con una inyección de 9.000 millones de euros de fondos públicos y sus directivos acabaron en la cárcel. La venta a su actual propietario, Juan Carlos Escotet, que la convirtió en Abanca, tan sólo permitió recuperar 1.000 millones, menos de los que la entidad ganó en su primer ejercicio. Cuando eso sucedió, Fernández Currás era ya la número dos del propio Montoro en el ministerio de Hacienda.

El mismo 12 de septiembre en que accedieron a los expedientes, los socialistas solicitaron formalmente copia íntegra de todos los contratos menores adjudicados a Equipo Económico, así como de los informes finales asociados a cada uno de ellos. Este viernes, la documentación seguía sin ser remitida, “incumpliendo los principios de transparencia, colaboración parlamentaria y control democrático de la acción del Gobierno”.

El PSdeG insta ahora a la Xunta a entregar “de manera inmediata” toda esa documentación pendiente y a “explicar los criterios seguidos para la adjudicación reiterada” a ese despacho. Reclaman, también, revisar los procedimientos internos de contratación, “especialmente en el ámbito de los contratos menores”, para garantizar la trazabilidad documental, evitar la fragmentación indebida y reforzar los mecanismos de control y fiscalización.

Siete de los dieciséis departamentos del Gobierno vasco han realizado adjudicaciones, en los últimos años, a las empresas Air Liquide, Oxinorte, Linde Médica, Nippon Gases y Praxair, que son las compañías que presuntamente abonaron cantidades económicas al despacho Equipo Económico, relacionado con el ministro del PP Cristóbal Montoro, a cambio de un trato de favor, según se está investigando. Las facturas más elevadas, al tratarse de empresas suministradoras principalmente de gases medicinales, son las de Salud. Ascienden a 54,4 millones de euros. Con diferencia, Air Liquide es la que más ingresos obtiene de la Administración vasca.

Todos los consejeros del Ejecutivo de Imanol Pradales y el propio lehendakari han informado al Parlamento Vasco de su relación con estas firmas a raíz de una petición de información de Vox, que no concretó el período temporal de las adjudicaciones. En la mayoría de los casos han dado datos de la actual legislatura, aunque otros sí han ofrecido información más amplia. Los datos de Denis Itxaso, por ejemplo, se remontan a expedientes de 2009. Son nueve carteras las que afirman que no han tenido ninguna relación y siete las que sí. Son, además de Salud, Seguridad -por los laboratorios de la Ertzaintza-, Economía, Trabajo y Empleo; Vivienda; Movilidad Sostenible; Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, y Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

En el caso de Salud, las cantidades se dividen en 40 millones del propio departamento y unos 14 de Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud. La mayor adjudicataria es claramente Air Liquide, que copa más del 50% del dinero. Su contrato de terapias respiratorias -obtenido tras ganar un concurso- ya está valorado por sí mismo en 25 millones de euros. Se inició el 1 de enero de 2024 y expira a la finalización de 2026, indica el consejero, Alberto Martínez.

En el caso de Osalan, un organismo dependiente de Economía, Trabajo y Empleo, ha destinado algo menos de 20.000 euros en los dos últimos años al mantenimiento de equipos en su laboratorio, siempre con Air Liquide. También las viejas facturas de Vivienda son de laboratorios. Se trata de unos 7.000 euros de la etapa de Patxi López como lehendakari. Euskotren y ETS, que cuelgan del área de Movilidad, también compran algunas botellas de oxígeno y acetileno con Air Liquide, pero son todo facutras no superiores a 1.000 euros. En el caso de Seguridad, los laboratorios de la Ertzaintza precisan de este tipo de suministros y, nuevamente, son proporcionados por Air Liquide. La prórroga del último contrato se tasó en 20.000 euros, según la información conocida ahora.

Las áreas de Mikel Jauregi y Amaia Barredo, antes fusionadas en pasadas legislaturas, han contratado a estas empresas para servicios como gases para la red de control de calidad del aire. La última compra, de 2024, es de 22.500 euros, aproximadamente. Ambos consejeros indican que estas empresas han accedido igualmente a programas subvencionales como Hazitek. Y la sociedad pública Neiker lleva desde 2019 adquiriendo gases comprimidos a Air Liquide por una cantidad que en 2025 será de 30.900 euros pero que llegó a ser de 62.000 en 2020.

La habilidad verbal de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, logró este jueves transmitir la idea –falsa– de que el Gobierno autonómico jamás ha adjudicado ningún contrato a Equipo Económico SL, pieza clave en la investigación judicial sobre la trama supuestamente corrupta y articulada en torno al exministro del PP Cristóbal Montoro. La propia empresa declaró a Hacienda 314.360 euros abonados por la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2011, tal como consta en un informe de la UCO incorporado al sumario del caso Montoro.

Ese dinero, cuyo origen desconoce la Guardia Civil tal como figura en el citado informe –es decir, en concepto de qué se le pagó–, se suma a los 1,8 millones que en ese mismo cuatrienio le desembolsó Madrid Network. Inscrita como asociación privada, Madrid Network fue cofundada por la Comunidad de Madrid, presidida al menos durante años por quien ocupara en cada momento el cargo de consejero de Economía y financiada con fondos públicos.

La idea de que la Comunidad nunca tuvo trato directo con Equipo Económico SL quedó plasmada, voluntaria o involuntariamente, en el discurso de la consejera tal como sigue: “Usted –dijo dirigiéndose al diputado socialista Agustín Vinagre, que acababa de lanzarle una cuestión sobre el asunto– me pregunta cuántos contratos se han firmado en esta legislatura por parte de la Comunidad de Madrid al Equipo Económico de Montoro. Y yo contesto a la pregunta: ninguno, señoría. Ni en esta legislatura, ni en la anterior, ni en la anterior de la anterior, ni siquiera en la anterior a la anterior de la anterior. Ninguno”.

Aunque la pregunta escrita se ceñía a la legislatura en curso, el parlamentario no había circunscrito su intervención a lo sucedido esta legislatura ni a ninguna en concreto. Enfatizó lo ya conocido sobre el tándem Madrid Network-Equipo Económico y reprochó a Albert que se siga subvencionando a la asociación que engrosó las cuentas del despacho creado por Cristóbal Montoro con 1.863.025,45 euros en cuatro años. Entre junio de 2008 y el mismo mes de 2011, el consejero madrileño de Economía y presidente de Madrid Network fue Antonio Beteta. En diciembre de 2011 se incorporó al ministerio de Montoro como secretario de Estado.

La cadeneta de legislaturas tejida por Rocío Albert –la ya narrada sobre la legislatura anterior de la anterior de la anterior– condujo a que algunos políticos y periodistas que seguían la sesión plenaria creyeran que la máxima responsable de Economía, Hacienda y Empleo había negado taxativamente la existencia de algún contrato de la Comunidad con el despacho de Montoro. Por ejemplo, la agencia Europa Press tituló así su teletipo: La Comunidad asegura que no ha firmado ningún contrato con el despacho clave del 'caso Montoro'.

Es cierto que, desde luego, no se sabe si hubo algún contrato firmado en el sentido literal del término. Pero también lo es que hubo pagos de la Comunidad de Madrid a Equipo Económico: el 29 de diciembre de 2009, el Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre convalidó en su última sesión del año “las actuaciones y un gasto de 67.280 euros correspondiente al servicio Análisis de la normativa sobre dependencia, asistencia técnica para su aplicación y desarrollo en la Comunidad de Madrid prestado por la empresa Equipo Económico SL”. Convalidar significa que una administración acepta efectuar un pago a una empresa que ha dado un servicio… fuera de contrato. O sea, sin ajustarse a los trámites del sistema de contratación pública. 

A día de hoy, es un misterio de qué consejerías salieron los 314.360 euros declarados en total como procedentes de la Comunidad de Madrid por Equipo Económico SL en su Modelo 347, que desgrana la relación de quienes en un ejercicio han pagado al declarante importes superiores a 3.005,06 euros. La Guardia Civil admite en el ya referido informe de la UCO que el Modelo 347 permite acreditar las cantidades declaradas pero “desconociendo la Consejería de la que proceden”. Esos más de 300.000 euros llegaron a las cuentas de la empresa mediante la siguiente secuencia: 185.832 euros en 2008; 87.464, en 2009; 21.004, en 2010; y 20.060 en 2011.

Lo que sí se sabe -porque la nota oficial sobre el Consejo de Gobierno del 29 de diciembre de 2009 lo detalla- es que la convalidación de aquellos 67.280 euros correspondientes al Análisis de la normativa sobre dependencia se aprobó a iniciativa de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

Pero el agujero negro de información persiste, como lo demuestra la conversación telefónica mantenida ayer jueves con el diputado socialista Agustín Vinagre, autor de la pregunta a Albert. Sin informarle previamente de que la propia Comunidad había aprobado en 2009 un pago a Equipo Económico, este medio le preguntó qué había entendido de lo dicho por la consejera ante el pleno de la Asamblea de Madrid. Y esta fue su respuesta: “Que no se ha firmado ningún contrato. Al menos se ha retrotraído a tres legislaturas. El mensaje es que nunca hubo ningún contrato”. 

Al igual que el socialista, el hasta hace días diputado autonómico de Más Madrid y hoy su secretario de Economía y Lucha contra la Corrupción, Eduardo Gutiérrez, interpretó que Albert había negado la existencia de contratos, se firmasen cuando se firmasen. Y lo interpretó así porque el exparlamentario sí conocía la investigación periodística que en 2019 destapó aquel pago de 67.280 euros por un informe que primero se adjudicó a dedo mediante procedimiento negociado, luego se anuló por motivos nunca explicados y finalmente se pagó como si ningún bache se hubiera interpuesto en el camino. “El abuso de pagos sin contratos, burlando la legalidad administrativa, es antiguo y pertinaz en los gobiernos del PP”, sostiene Eduardo Gutiérrez. “Y se ve -agrega- que lo usan para ocultar desviación de fondos públicos a favor de empresas amigas, como es el caso de los pagos realizados a Equipo Económico del señor Montoro. Hay que preguntarse por qué miente en sede parlamentaria la consejera Rocio Albert, del Gobierno de Ayuso.” A preguntas de elDiario.es, la Consejería de Hacienda se limitó a recalcar que “la consejera no ha mentido”.

Grupos de sanidad y educación privadas, empresas de juego, la mayor tabaquera del mundo o algún que otro ultraderechista declarado. Son algunos de los clientes que tuvo hasta 2019 Equipo Económico, el bufete que fundó Cristóbal Montoro, más allá de muchas empresas del Ibex, patronales y lobbies o entidades controladas por el PP.

Un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) recogido en el sumario del ‘caso Montoro’ recopila los principales pagos al despacho, en el centro de un escándalo de presunta corrupción y tráfico de influencias por supuesto trato de favor del Ministerio de Hacienda a empresas gasistas. El informe abarca el periodo 2008-2019 y recoge pagos de 506.385 euros de empresas del sector de la educación privada a Global Afteli, a la que los socios de Equipo Económico traspasaron su actividad a partir de 2015, cuando trascendió que la Fiscalía Anticorrupción les investigaba.

Destacan 395.670 euros que pagó la Fundación Universitaria San Antonio de Cartagena, dueña de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), de la familia Mendoza, seguidora del ultraconservador movimiento religioso Camino Neucatecumenal, de Kiko Argüello. La UCAM indica que “está inmersa desde hace años en un proceso de expansión nacional e internacional y para ello ha contratado servicios de consultoría en diversos ámbitos, que con Equipo Económico fueron de manera previa sobre viabilidad económico-financiera”.

En Torrejón de Ardoz (Madrid), ciudad dormitorio al este de la capital que el PP gobierna desde 2007, UCAM acaba de abrir un campus especializado en salud, nutrición y deporte, la “Universidad del Deporte”, tras probar suerte desde 2013 para ampliar su presencia más allá de Murcia por Alicante, León, Málaga y Alcorcón, y en alianza con el grupo de sanidad privada Ribera Salud, otro cliente relevante de Equipo Económico.

Por su parte, la Universidad Nebrija pagó a Equipo Económico 53.420 euros a través de la mercantil Universitas Nebrissensis SA y la Agencia Universitaria para la Gestión del Conocimiento. 48.400 euros pagó al bufete la Fundación Universitaria San Pablo CEU, fundada en Madrid en 1933 por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). Y 9.075 euros abonó Kings Education SL, vinculada a la red de colegios británicos del Kings College.

Los pagos de empresas relacionadas con la sanidad privada alcanzan los 463.000 euros. Destaca la citada Ribera Salud, pionera de ese negocio con la Generalitat Valenciana, con 212.400 euros. Otros 134.763,75 euros desembolsó Asisa, una de las aseguradoras del concierto con Muface (la sanidad privada de los funcionarios). Y 116.160 euros pagó la mercantil Business Assesment Plans & Projects (BAPP), que preside el polémico Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre.

Sin apenas actividad (según datos del Registro Mercantil accesibles a través de Insight View, en 2024 facturó poco más de 7.500 euros, frente a los casi 800.000 euros de 2014, su mejor año), BAPP fue contratada en 2013 por el Ministerio de Sanidad (entonces lo dirigía Ana Mato) para una “asistencia técnica para la definición de un nuevo modelo de gestión clínica y su implantación” en dos hospitales en Ceuta y Melilla. El informe de la AEAT destaca que BAPP fue cliente del despacho que fundó Montoro y al tiempo, proveedor: le cobró 26.015 euros en 2014 y 2015.

Lamela (abogado del Estado en excedencia) promovió en su día un proyecto de turismo sanitario en Madrid que recibió financiación de Madrid Network, opaca entidad que creó en su momento Aguirre y en la que escribía notas de prensa Isabel Díaz Ayuso. Madrid Network, uno de los principales clientes de Equipo Económico, adjudicó a su vez a BAPP un contrato de 350.000 euros, reveló El País en 2015.

Otra importante fuente de ingresos de la firma de Montoro fue el sector del juego. Codere (muy vinculada a Rafael Catalá, ministro de Justicia con Mariano Rajoy) abonó a la firma 690.850 euros, incluyendo 11.850 euros a través de su fundación; y la patronal española de casinos, 101.650 euros.

Entre los mayores clientes del despacho estuvo la mayor tabaquera del mundo, Phillip Morris, para la que, como publicaron varios medios en 2018 y 2019, hizo lobby a favor del cigarrillo electrónico en Latinoamérica el expresidente del Gobierno José María Aznar. La multinacional pagó al bufete que fundó Montoro más de 2 millones. Ha asegurado que su relación “se limitó a servicios de asesoramiento estratégico y empresarial”. En julio de 2014 se reunió con Pablo Renieblas, entonces subdirector general de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior.

Otro gran cliente de Equipo Económico fue Solaria, en el Ibex desde octubre de 2020. La empresa fovoltaica fichó en marzo de 2009 como secretario no consejero a uno de los principales socios de Equipo Económico, Manuel de Vicente-Tutor, imputado en el caso y cuya esposa, Paula Vázquez, fue nombrada por Montoro jefa en la ONIF nada más volver a Hacienda en 2012.

Ese año Montoro copó titulares por supuestas presiones para conseguir un trato favorable a Solaria o Abengoa (otro relevante cliente del bufete, entonces en el Ibex) en la reforma energética del Gobierno de Rajoy para tratar de atajar el descomunal déficit de tarifa eléctrico.

Solaria y cinco sociedades vinculadas al grupo y sus máximos accionistas, los Díaz-Tejeiro (DTL Corporación SL, Tulpenfeld SL, Inversiones Miditel SL, Planta Solar Puertollano 6 SL y Corporación Arditel SL), pagaron 2.349.021,66 euros al despacho, según ese informe de la AEAT y otro que elaboró en abril de 2021 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los pagos se prolongaron hasta 2019, pero la relación entre Equipo Económico y Solaria “cesa prácticamente” en 2013, “último año en el que tuvieron lugar las principales reformas en materia energética favorables a las renovables”. “Precisamente poco después, en marzo de 2014”, De Vicente-Tutor cesa como secretario no consejero de Solaria, como apuntó la UCO. 

Entre esas sociedades de los Díaz-Tejeiro está Tulpenfeld SL. Esta sociedad, que pagó 48.400 euros a la firma, protagonizó un pleito fiscal que en 2021 zanjó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al confirmar la resolución de marzo de 2019 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid (TEARM) desestimando un recurso contra una liquidación de Hacienda de agosto de 2016 sobre el IVA y Sociedades del ejercicio 2012.

El fisco anuló deducciones indebidas de esa empresa tras comprobar que una vivienda de lujo de su propiedad en Pozuelo de Alarcón desarrollaba de forma “ilegal” la actividad de catering y la de alquiler de local comercial. La inspección detectó facturas sobre “trabajos realizados sobre determinadas partes del inmueble que están dedicadas a usos distintos de la actividad de catering, ya que hacen referencia expresa a la habitación de las nietas, cuarto de servicio, baño de las nietas”... “La entidad no ha desarrollado la actividad de catering de la que estaba dada de alta, y en el supuesto de que la realizara, ésta se ejerció sin haber cumplido todos y cada uno de los requisitos”.

Además, un inmueble de Tulpenfeld SL en Velázquez, 61, a unos metros de la sede de Equipo Económico, tuvo uso particular y “ninguna actividad económica”. “No pueden ser objeto de deducción en ninguna proporción las cuotas soportadas como consecuencia de la adquisición de alimentos, bebidas y tabaco, así como los servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y restauración”, concluyó la AEAT.

Otras ricas familias clientes de Equipo Económico fueron los Riberas, dueños del gigante de componentes de automoción Gestamp o de la acerera Gonvarri. Pagaron al bufete 633.033,45 euros a través de Gonvarri Corporación Financiera SL. O la galletera Gullón, protagonista en aquellos tiempos de una guerra familiar y de la que es vicepresidente otro socio del despacho e imputado, Salvador Ruiz Gallud. Pagó a la firma 816.210 euros, incluyendo 222.000 que abonó Juan Miguel Martínez Gabaldón, consejero delegado y accionista de Gullón. 

Otros nombres vinculados a la élite empresarial española son la explotadora del Puerto Sherry en Puerto de Santa María, Cádiz (483.860 euros); el gigante de la seguridad privada Prosegur (358.615,09 euros); Globalia (256.690 euros), a la que se ha intentado relacionar con supuestas corruptelas de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; o una empresa (Belegar Inversiones SL) del expresidente del BBVA, Francisco González (32.670 euros).

Smart Digital Entertainment SL, de la que es consejero Javier Pérez Dolset, fundador del grupo tecnológico Zed e imputado en la Audiencia Nacional por una causa sobre fraude que él niega, pagó 44.770 euros al bufete.

En el listado de clientes de Equipo Económico hay multinacionales como el gigante KPMG (562.500 euros), Engie España (314.409,89 euros) o World Duty Free (548.610 euros), la antigua Aldeasa que privatizó Aznar y presidió un fundador de Equipo Económico, José Manuel Fernández Norniella, ex mano derecha de Rodrigo Rato y condenado por las tarjetas 'black' de Caja Madrid que se acogió a la amnistía fiscal de Montoro, como ha revelado el sumario. También Electrolux (62.194 euros), que en 2023 perdió un pleito millonario por deducciones indebidas tras cerrar sus fábricas en España.

Hay varios nombres vinculados al ladrillo, más allá del lobby sectorial G14 o constructoras ligadas a la corrupción del PP. Destaca la sueca Intrum, que pagó al bufete 350.900 euros, igual que Cajasur. 369.548,7 euros abonó la Bancaja del popular José Luis Olivas, integrada en Caja Madrid en 2010. Relacionada con la caída de Bancaja estaba Iberfin Capital, de los valencianos De Andrés, absueltos en 2022 por el agujero de esa entidad, y que pagó al bufete 266.200 euros.

También vinculado al ladrillo está José Moreno Carretero, multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con 300.000 euros por no comunicar su participación en Sacyr y que pagó 75.020 euros a Equipo Económico. O José Manuel Serrano Alberca, concejal de urbanismo en Alcobendas a principios de los 70, letrado de la Ponencia redactora la Constitución, ex alto cargo en el Ministerio de Industria y gran experto en urbanismo. Considerado el rey de las expropiaciones y dueño de grandes bolsas de suelo en Madrid, tres sociedades administradas por él (Fellow WL, Fuentelucha SL e Inversiones Serracit Alfa SL) pagaron a Equipo Económico 217.800 euros.

Varios clientes de Equipo Económico pasaron por graves dificultades, algunas con pagos muy relevantes: el concesionario de coches canario Vilella Rahn, que fue a concurso de acreedores en 2013 y pagó al bufete 667.251,86 euros; una sociedad de la antigua Vitaldent, Laboratorio Lucas Nicolas SL (419.925 euros) o Vitro Cristalglass SL (407.748, 09 euros), a concurso desde 2014.

91.960 euros pagaron a Equipo Económico QMI Fonciere, Climb Business SL y Carfernu SL, vinculadas a Fernando Núñez Rebolo, que se hizo de oro con las franquicias de Burger King y tiene como directiva en una de sus empresas (CE Consulting) a la exministra Mato, condenada en el caso Gürtel como partícipe a título lucrativo de esa trama corrupta del PP.

Otro nombre poco conocido es la mercantil Explotaciones de la Sierra Mariola (39.930 euros), administrada por el abogado Manuel Broseta, muy bien relacionado con el PP valenciano. Destacan los 757.011,25 euros que pagó al despacho que fundó Montoro la mercantil Consulting Jurídico y de Comercio Exterior SL.

Sin apenas actividad, la administra Carlos Eugenio Gómez, vinculado a funerarias o comercio de frutas u hortalizas en España y vinculado en la base de datos offshore leaks a una sociedad en Malta (Malta-Saudi Arabia Petrolube LTD) junto, a entre otros, el fallecido aristócrata Bagrat de Bagration de Baviera, emparentado con la Familia Real española.

Junto a alguna firma que consta que se acogió a la amnistía de Montoro (la jiennense Mariscos Castellar) en el listado de clientes de Equipo Económico hay sociedades relacionadas con la extrema derecha española: Breda Capital SL, de una rama de los Franco pagó al bufete 23.958 juegos y Lepanto Consultoría y Financas SLU, 3.025 euros. Tras esta última está Tomás García Madrid, ex consejero delegado de OHL que en 2019 fue noticia por sus diatribas fascistas: “Lo verdaderamente complicado es no ser franquista”, escribió.

Otros 97.440 euros pagó a Equipo Económico España SA la aseguradora que heredó el excéntrico multimillonario y profesor Jesús Huerta de Soto, referencia de la derecha anarcocapitalista madrileña.

Un juez de Tarragona lleva siete años investigando en secreto a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda primero con Aznar y luego con Rajoy, por varios delitos muy graves de corrupción a través de Equipo Económico, la asesoría jurídica y fiscal que fundó cuando abandonó el Ministerio por primera vez junto a miembros de su cúpula en el ministerio.  

Pedro Águeda, uno de los periodistas de elDiario.es que sigue esta investigación judicial, nos desvela algunos detalles de este caso, en el que el Ministerio de Hacienda de Montoro redactaba rebajas fiscales a medida a cambio de mordidas, y nos da pistas sobre el uso político y personal que hacía Montoro de los datos confidenciales que Hacienda tenía de sus enemigos políticos.

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Ocho constructoras vinculadas en los últimos años a casos de corrupción del Partido Popular pagaron más de 4,1 millones de euros entre 2008 y 2019 a Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro junto a otros ex altos cargos de José María Aznar, y que está en el centro de una trama de presunto tráfico de influencias en la etapa de Mariano Rajoy.

La inmensa mayoría de esa cifra, más de 3,85 millones, la concentran las madrileñas Grupo Ortiz y Dico y las valencianas Gesfesa y Bertolín. El resto se reparte entre la también valenciana Cleop y tres grandes del sector, OHL, Sacyr y FCC. Las cifras proceden de un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) del sumario del 'caso Montoro'.

Entre los principales clientes de Equipo Económico en esos años destaca la constructora madrileña Ortiz. A través de cuatro sociedades pagó al despacho 2.176.505 euros, más que la inmensa mayoría de compañías del Ibex 35. La mayor parte de esos pagos se hicieron a través de Grupo Empresarial Ortiz SL (1,25 millones) y Ortiz Construcciones y Proyectos SA (884.026 euros). 

Además, otras dos sociedades de Ortiz pagaron 41.261 euros a Global Afteli, a la que los socios de Equipo Económico traspasaron en 2015 la actividad del bufete tras saber que la Fiscalía Anticorrupción les investigaba por un contrato a dedo de las Cámaras de Comercio. En concreto, Ortiz Área Inmobiliaria SL abonó 15.125 euros y Superficie Cartera de Inversiones SA, 26.136 euros.

Esta última, como explica en su web, es una empresa “constituida en 2010 y gestionada por Grupo Ortiz, con el objeto de gestionar y explotar un portfolio de 13 inmuebles propiedad del IVIMA”, el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (actual Organismo Autónomo Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid) “bajo contratos de Derecho de Superficie. Estos inmuebles suman 1.500 viviendas en alquiler. Son activos de excelente calidad, ubicados todos en Madrid”. 

Los pagos de Ortiz a Equipo Económico equivalen a unos 217.650 euros al año (más de 18.000 euros mensuales), no muy lejos de los 288.000 euros que cobró al grupo por todos sus servicios en 2024 su auditor, PwC, según sus últimas cuentas consolidadas. Un portavoz de la constructora indica que el bufete que fundó Montoro les presta “asesoramiento técnico jurídico tributario” desde 2009 a través de una “iguala mensual”.

“Es la práctica habitual con los despachos de abogados y asesores de empresas”. La relación, explica, se inició con la salida al extranjero de Grupo Ortiz, que “entonces no tenía ninguna experiencia internacional” y necesitaba estudios económico-tributarios de los países en los que iba a trabajar, como Polonia, Rumanía, Colombia, Perú o México.

Con sede en el Ensanche de Vallecas y un perfil público muy discreto, el grupo de la familia Carpintero facturó el año pasado 761 millones, con 3.380 profesionales en plantilla.

En 2010, durante la instrucción del caso Gürtel, la AEAT reveló que Grupo Ortiz abonó casi 1,4 millones a empresas del exdiputado del PP Jesús Merino, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y condenado en firme por el Tribunal Supremo en octubre de 2020 a 3 años y 7 meses por el caso Gürtel.

“Sería conveniente profundizar”

El sumario de Gürtel también reveló que Merino, ex secretario general del PP de Castilla y León, pagó 116.000 euros a Equipo Económico en 2008 a través de Everland SL, empresa que, como avanzó elDiario.es en 2013, era entonces casera del en ese momento vicesecretario general del PP y actual jefe de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons.

El informe de la AEAT remitido a los investigadores del 'caso Montoro' días antes de que el Supremo ratificara la condena de Merino por la Gürtel destaca que llama “la atención la operación efectuada en 2008 entre Equipo Económico y Everland”. “Sería conveniente profundizar en dicha relación”, añadió.

Gürtel no es la única trama corrupta del PP que ha salpicado al Grupo Ortiz. En 2010 admitió que pagó a las fundaciones de CDC 400.000 euros para entrar en el mercado catalán. En 2015 fue señalada en las pesquisas de la trama Púnica junto a FCC, Urbaser y Avantia por pagar 400.000 euros en encuestas electorales para el partido en municipios del PP donde obtenían adjudicaciones.  

En el caso de Ortiz, pagó 11.100 euros por una encuesta para Ignacio García Vinuesa, entonces candidato popular a la alcaldía de Alcobendas. Luego se adjudicó la construcción de un colegio público y un pabellón deportivo allí. Fuentes de Ortiz subrayan que el grupo “no ha tenido ninguna causa judicial” por estos hechos.

En Púnica estaba implicada la promotora Dico, que organizaba las cacerías en las que Francisco Granados, ex secretario general del PP madrileño y mano derecha de Esperanza Aguirre, cobraba presuntas mordidas a cambio de contratos públicos. Según la AEAT, Equipo Económico cobró 406.000 euros de Promodico SL, la promotora de Dico, declarada en concurso de acreedores en junio de 2008 (poco después lo hizo su heredera, DHO, que dirigió David Marjaliza, socio de Granados) y un fijo de la lista de morosos a la Hacienda pública que creó Montoro. En la última, publicada en junio, la deuda de Promodico era de 7.484.321 euros. 

La AEAT subraya las relaciones entre empresas vinculadas a Dico y Equipo Económico. Turegano Corporate, sociedad que estaba vinculada a cinco socios del bufete imputados en el 'caso Montoro' (Ricardo Martínez Rico, Francisco Piedras, Salvador Ruiz Gallud y Manuel Vicente-Tutor), fue “beneficiario de una opción de compra y promesa de venta” de participaciones de 550.880 euros en una promotora participada por Dico, Explotaciones y Desarrollos de México, que los investigadores sospechan que pudo permitir desviar capitales opacos al exterior.

Esa opción de compra la concedió Geexgroup DEI, promotora constituida en Valdemoro (donde fue alcalde Granados) de la que era socio el cofundador de Dico, Francisco Colado. En esa operación participó el anfitrión de algunas de esas cacerías de Granados, Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del PP madrileño y ex alcalde de Majadahonda. También su hija Covadonga Romero de Tejada, que trabajó durante años en el bufete que fundó Montoro.

Turegano Corporate SL y Explotaciones y Desarrollos de México tuvieron como administrador y vicesecretario, respectivamente, a Vicente-Tutor, cuya esposa, la funcionaria de la AEAT Paula Vázquez, fue nombrada jefa en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) por Montoro nada más volver a Hacienda. Turegano llegó a tener en nómina en 2009 a otro fundador de Equipo Económico, José Manuel Fernández Norniella, ex alto cargo de Aznar condenado por las tarjetas 'black' de Caja Madrid que en 2012 se acogió a la amnistía fiscal de su ex socio Montoro.

Otra constructora implicada en Púnica fue la antigua OHL del fallecido exministro Juan Miguel Villar Mir, que, según el informe de la AEAT, pagó 90.750 euros a Equipo Económico. Otros 254.366,2 euros abonaron dos empresas del Grupo Villar Mir, antiguo accionista de referencia de la constructora hoy conocida como OHLA: Ferroatlántica (143.046,2 euros) e Inmobiliaria Espacio SA (111.320 euros). 

Por su parte, Portland Valderrivas, filial hasta 2024 de FCC (otra constructora que, como OHL y Sacyr, hizo donaciones ilegales al PP, según los papeles de Luis Bárcenas) pagó 129.800 euros al bufete que fundó Montoro. Sacyr abonó otros 45.980 euros a través de Sacyr Construcción. Su antigua filial Itinere (que en 2018 nombró presidente a Francisco Piedras, director del gabinete de Montoro entre 2003 y 2004) pagó al bufete otros 157.300 euros. Entonces, según fuentes del sector, Sacyr ya no era su accionista de referencia (vendió la mayoría de Itinere en 2008, aunque fue accionista hasta 2019).

Destacan los pagos a la consultora que fundó el exministro por parte de Gesfesa: 1.032.200 euros, de los que 499.800 euros se abonaron a Equipo Económico y 532.400 euros a Global Afteli. El fundador de Gesfesa, Federico Ferrando, fue detenido en mayo de 2021 en el marco del caso Azud, que investiga presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de Valéncia en época de la fallecida Rita Barberá. 

Ferrando, hermano del expresidente de la patronal valenciana hasta 2011, Rafael Ferrando, participó en el pelotazo de las ITV, la primera gran privatización pilotada por el expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana y origen del 'caso Erial' por el que el exministro fue condenado en octubre.

En el caso Azud también está implicada Cleop, presidida hasta junio por el empresario Carlos Turró, al que este diario definía hace años como “el constructor favorito del PP valenciano”. Según el informe de la AEAT, esta constructora valenciana, que ha estado más de una década suspendida en Bolsa, pagó 24.200 euros al bufete que fundó Montoro a través de tres sociedades: la propia Cleop (12.100 euros) y dos filiales, Sturm 2000 SL y Gerocleop SL (6.500 euros cada una).

Turró, investigado en Lezo, fue detenido en 2016 por el conocido como ‘caso Taula’, sobre la financiación del PP de València. Entre las constructoras que contribuyeron a la financiación irregular de las campañas de Barberá, por la que fue condenado en 2024 el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, figuran FCC y la valenciana Bertolín, dueña de cementos La Unión, y que según el informe de la AEAT abonó 241.999,97 euros a Equipo Económico.

A esos más de 4,1 millones abonados por ocho constructoras relacionadas con escándalos del PP se suman 578.640 euros abonados por Globalvia, concesionaria de la M-45 en Madrid, y cerca de 300.000 de otras dos grandes del sector: la ya extinta Isolux Corsan (129.800 euros), también relacionada con varios casos de corrupción, y Ferrovial, con 583.824 euros a través de Ferrovial Servicios (293.424 euros) y Cintra (290.400 euros).

La denuncia anónima que dio origen al procedimiento que ha acabado con Montoro imputado aseguraba que fue un antiguo colaborador suyo en el ministerio, Antonio Beteta, quien invitó a Ferrovial a contratar a Equipo Económico para conseguir cambios legales favorables.

A las sumas abonadas al despacho por constructoras se suman los ingresos de otras inmobiliarias. Destacan con 312.785 euros Rayet, Quabit y otra empresa (Restablo Inversiones SL) administrada por el propietario de las dos primeras, Félix Abánades, que lleva desde 2017 intentando promover una gigantesca playa artificial en Alovera (Guadalajara). O Iberfin Capital (266.200 euros), de la familia de Andrés, empresarios inmobiliarios de Valencia que estuvieron acusados del saqueo de la Bancaja del popular José Luis Olivas.

Esta entidad, integrada en 2010 en Caja Madrid (a la postre Bankia, de la que acabaría siendo directivo otro imputado en el 'caso Montoro', Miguel Crespo) fue otro gran cliente de Equipo Económico. En concreto, Bancaja pagó 369.548,7 euros a la firma que fundó Montoro.

Por su parte, Reyal Urbis, que lleva años encabezando la lista de morosos, pagó 60.500 euros a Equipo Económico, lo mismo que Rayet. Reyal Urbis fue una de las fundadoras del lobby inmobiliario G14, al que el despacho facturó 524.260 euros. Equipo Económico cobró entre 2008 y 2019 al menos 5,35 millones de treinta patronales y lobbies y 5,2 millones de organismos y empresas en manos de gobiernos del PP.

Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro junto a otros ex altos cargos de José María Aznar y que está en el epicentro de una trama de presunta corrupción y tráfico de influencias en la etapa de Mariano Rajoy, cobró al menos 5,35 millones de euros de una treintena de patronales y lobbies entre 2008 y 2019.

La cifra, calculada a partir de un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) incluido en el sumario del 'caso Montoro', recuerda a los 5,2 millones de euros que esta firma facturó en esos años a organismos y empresas en manos de gobiernos del PP. Pero una partida se entremezcla, los 1,86 millones que el bufete cobró de Madrid Network, asociación empresarial sin ánimo de lucro creada en 2007 para promover (con dinero público) la innovación empresarial en la Comunidad de Madrid.

Esta entidad, en la que trabajó como asesora de prensa Isabel Díaz Ayuso con un sueldo neto de 4.219 euros mensuales, la impulsaron la patronal madrileña CEIM, la Cámara de Comercio regional y el Gobierno de Esperanza Aguirre, que hace unas semanas arremetió contra Montoro por la filtración de sus datos fiscales cuando aspiraba a la alcaldía de Madrid.

La propia CEIM y la Cámara de Comercio figuran entre los lobbies que más pagaron a Equipo Económico. En el caso de CEIM, fue uno de sus pagadores destacados en esos años, con 603.474,88 euros. Por su parte, la Cámara de Comercio de Madrid abonó otros 178.298 euros a la firma fundada por Montoro, Guindos y, entre otros, José Manuel Fernández Norniella, ex alto cargo de Aznar que en 2012 se acogió a la amnistía fiscal de Montoro y que presidió el Consejo Superior de Cámaras de Comercio entre 1998 y 2005.

Esta última entidad, según la AEAT, pagó 284.482,28 euros al bufete. Lo hizo por tres vías. En primer lugar, 106.200 euros se facturaron desde el propio Consejo de Cámaras, y otros 37.018,73 euros, a través de la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (Incyde), en la que el propio Norniella “ha sido presidente”, destaca el informe de la AEAT.

De esa cifra, Incyde abonó 24.810 euros a Equipo Económico y otros 12.208,73 euros a su sucesora, Global Afteli, la firma que, como reveló elDiario.es en 2018, los socios del bufete crearon cuando trascendió que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando un contrato a dedo adjudicado, precisamente, por las Cámaras de Comercio.

Además, Equipo Económico facturó otros 141.263,55 euros “de 2008 a 2012” a Fundación Crea, que, destaca la AEAT, “está relacionada” con Fundación Incyde. De esos pagos, 134.051,55 euros fueron de forma directa y otros 7.212 euros a través de Centro para la Reforma Económica y el Desarrollo Social SL (CREDS), adquirida por Equipo Económico en octubre de 2007. Fundación Crea fue constituida en 2004 por entre otros, Javier Collado, director general de la Fundación Incyde, para, entre otros fines, dar “apoyo a la creación de empresas, mediante un seguimiento especializado del emprendedor”.

El informe de la AEAT recopila los clientes del despacho con operaciones superiores a 60.000 euros en el periodo 2008-2019 y detalla sus relaciones comerciales y las de sus socios con empresas, asociaciones y organismos públicos, entre otras entidades. En él destaca como cliente, con otros 535.290 euros, la antigua Asociación Empresarial Fotovoltaica, integrada en 2012 en la actual patronal del sector, UNEF, que también pagó otros 90.800,8 euros al despacho.

En esos años, con la reforma energética de Rajoy como trasfondo, Equipo Económico copó titulares por las relaciones de sus socios con dos empresas del sector. El presidente de la firma, Ricardo Martínez Rico, era entonces consejero de Abengoa y otro de los socios, Manuel Vicente-Tutor, fue en esa época secretario no consejero de otro de los principales clientes del bufete, Solaria. La esposa de Vicente-Tutor fue colocada como jefa en la ONIF por Montoro nada más volver a Hacienda en 2012.

La reforma energética de 2012 y 2013 la diseñó Alberto Nadal, entonces secretario de Estado de Energía, luego a cargo de Presupuestos con Montoro y ahora recuperado para el área económica de Alberto Núñez Feijóo en el PP.

Otra gran afectada por esa reforma fue la antigua patronal eléctrica, Unesa. El informe recoge pagos a Equipo Económico de 98.720 euros de su entonces presidente, Eduardo Montes, y otros 18.150 euros de su sucesora, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelec). Por su parte, la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines pagó al bufete 72.600 euros; y la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), otros 54.450 euros.

La reforma Guindos

Entre los grandes pagadores del despacho, con 630.020 euros, estuvo el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 456.990 euros los pagó a Equipo Económico y otros 173.030 euros a Global Afteli. Cabe recordar que entre 2012 y 2013, el Ministerio de Economía, que encabezaba Luis de Guindos, analizó una liberalización del sector de las farmacias incluida en una ley sobre los servicios profesionales, que acabó desechando.

El informe que la Agencia Tributaria elaboró en octubre de 2020 a petición de la Fiscalía sobre las relaciones económicas del bufete de Montoro y sus socios indica que “debido a la urgencia instada en la elaboración del informe, queda pendiente para sucesivos el traspaso de la información en poder de la AEAT en relación con varias sociedades vinculadas y 3 socios del despacho: D. Cristóbal Montoro, su hermano [Ricardo Montoro, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas con Aznar], así como el Sr Guindos”.

El actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), que pertenece a una familia de farmacéuticos, fue socio del bufete de Montoro desde su creación en junio de 2006 (tenía un 5%) hasta el 6 de mayo de 2008. Hasta 2012, y mientras Economía analizaba la posible liberalización de las farmacias, un hermano de Guindos, Juan de Guindos, fue consejero de Cofares, principal cooperativa de distribución de medicamentos de España. “Los farmacéuticos ganan la batalla y Economía no les liberaliza”, titulaba en 2013 este diario.

Fuentes del Consejo General de Colegios Farmacéuticos indican que Equipo Económico fue uno de sus proveedores entre 2008 y 2019. La empresa que fundó Montoro “elaboraba para el Consejo General informes periódicos de coyuntura macro y microeconómica, así como del gasto sanitario y en medicamentos. Del mismo modo elaboraba documentación de carácter financiero y fiscal con las principales novedades y su repercusión directa sobre la profesión farmacéutica y la oficina de farmacia. Esta colaboración concluyó en 2019”.

Otro relevante cliente del bufete fue el lobby G 14 Inmobiliarias por la Excelencia, que pagó 524.260 euros a Equipo Económico, y que fue creado a finales de 2007 por las mayores empresas de ese sector entonces, cuando la burbuja del ladrillo empezaba a dar síntomas de agotamiento y el sector insistía en que se produciría un “aterrizaje suave”. Entre las fundadoras del G 14 estaban, Colonial, Metrovacesa y varias ya desaparecidas, como Chamartín, Martinsa-Fadesa o Reyal Urbis. Esta última luego encabezaría la lista de morosos a la Hacienda pública que creó el propio Montoro y también fue cliente del despacho.

En el informe de Hacienda figuran pagos de 363.000 euros de la patronal protagonista hasta ahora del ‘caso Montoro’, la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGFIM), en el foco de la investigación de un juez de Tarragona desde 2018 por el supuesto trato favorable de Hacienda a este sector gracias a la mediación de Equipo Económico. Los investigadores plantean que el bufete pretendió cobrar su minuta o “success fee” prorrateándose entre los diferentes socios de la patronal mediante lo que denominan “pitufeo”. Y mencionan la posibilidad de que el trato de favor a esta patronal se extendiera en esos años a otros sectores y empresas.

Entre ellos, el negocio del juego, que también aparece en el listado de lobbies que fueron clientes de la firma. Equipo Económico cobró, según la AEAT, 101.640 euros de la Asociación Empresarial de Casinos de Juego y otros 11.850 euros de la Fundación Codere, adicionales a los 679.000 euros que abonó al despacho esa multinacional, en la que trabajó Rafael Catalá antes y después de ser ministro de Justicia con Rajoy.

159.224 euros pagó al bufete la Federación Española de Bebidas Espirituosas, cuyo director general desde hace años es Bosco Torremocha, hijo del ex juez Fernando Torremocha, que durante muchos años fue consejero del PP en distintos organismos de la Competencia. Fernando Torremocha fue colocado por el PP como vicepresidente de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y consejero de su sucesora, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El partido llegó a meterlo en su junta directiva mientras era vocal del denominado ‘súperregulador’ que los populares crearon en 2013.

Otras patronales clientes de Equipo Económico, ya con sumas inferiores a 50.000 euros, fueron la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (33.050 euros), la Asociación Española de Banca (AEB) y su fundación (24.200 euros), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (20.060 euros) y dos entidades vinculadas a las ETT: la Asociación de grandes empresas de trabajo temporal, Asempleo (25.410 euros) y la Fundación Randstad (10.890 euros).

Con 24.080 euros aparece el Instituto de la Empresa Familiar (IEF). El informe de Hacienda destaca las relaciones del bufete y su filial CREDS con un directivo del IEF, Esteban Sastre, que cobró de la firma 267.707 euros entre 2012 y 2016. Una empresa que administra Sastre, Altamar Análisis e Inversiones, recibió otros 40.535 euros de Equipo Económico y Global Afteli entre 2015 y 2019.

Otros lobbies que pagaron a Equipo Económico en esos años fueron la patronal biotecnológica Asebio (18.150 euros), CEOE (17.400 euros), la Confederación Empresarial Española de Artesanos de Pastelería Bollería (17.400 euros), la Federación Nacional Empresarial Transporte en Autobús (Fenebús), con 14.520 euros, y Fundación Ecolec (9.801 euros), creada por las patronales de fabricantes e importadores de electrodomésticos para la gestión de los residuos de este sector.

Organismos y empresas en manos de gobiernos del PP pagaron al menos 5,2 millones de euros entre 2008 y 2019 a Equipo Económico, el despacho fundado en 2006 por el exministro popular Cristóbal Montoro y envuelto en un escándalo de presunta corrupción y tráfico de influencias.

La foto es incompleta, porque no incluye los dos primeros años de la consultora que creó el exministro de Hacienda, que Montoro supuestamente abandonó en 2008 (los investigadores lo ponen en duda), y que creó junto a buena parte de los imputados en este caso y otros ex altos cargos de Aznar, como el luego ministro y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos.

Pero esos 5,2 millones dan idea de los millonarios ingresos que recibió la firma del exministro y muchos de sus colaboradores en época de Aznar de entidades de la órbita del PP. La cifra está calculada a partir de un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) incluido en el sumario del 'caso Montoro' que recopila los clientes de Equipo Económico con operaciones superiores a 60.000 euros en el periodo 2008-2019 y detalla sus relaciones comerciales y las de sus socios con empresas, asociaciones y organismos públicos, entre otras entidades.

El documento incluye también el detalle de los cobros de Global Afteli, la sociedad a la que (como reveló elDiario.es en 2018) los socios de Equipo Económico traspasaron su actividad en 2015, tras trascender que Anticorrupción estaba investigando al bufete por un contrato a dedo de las Cámaras de Comercio, un asunto distinto al que ha llevado a la imputación del exministro por parte de un juez de Tarragona.

El informe de la AEAT incluido en el sumario, cuyo secreto ha levantado este verano el juez que investiga estos hechos desde 2018, señala como uno de los principales clientes del despacho a Red Eléctrica de España (REE), cuyo mayor accionista (20%) es el Estado y que en julio, tras estallar el escándalo, anunció la ruptura del contrato que todavía tenía con Equipo Económico para asesoramiento fiscal. REE pagó a la firma y a su sucesora 2,34 millones entre 2018 y 2019: 1,56 millones a Equipo Económico y otros 778.635 euros, a Global Afteli.

El informe de la AEAT no precisa las cantidades abonadas cada año. Otro informe de los Mossos d´Esquadra cifra los pagos en 1,394 millones entre 2010 y 2015. Entonces la dueña de la red de alta tensión la presidía otra figura del aznarismo cercana a Montoro, el fallecido José Folgado.

Los Mossos relacionan esos pagos, por un lado, con estudios sobre las ventajas fiscales que reportaría a REE contar con su propia fundación, y por otro, con la reforma energética del Gobierno de Mariano Rajoy a partir de 2012, que enfrentó a Montoro con el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, por un supuesto trato favorable de Hacienda a Abengoa, otro gran cliente de Equipo Económico, y en la que era consejero su presidente, Ricardo Martínez Rico.

elDiario.es informó a finales de 2015 de los trámites para crear esa fundación, que no llegó a constituirse y se concibió como un vehículo para recolocar a Folgado, entonces presidente ejecutivo de REE, y que ya tenía 71 años. Finalmente Folgado renunció a sus funciones ejecutivas en 2016 y se mantuvo como presidente de REE hasta 2018. En su etapa la empresa se convirtió en una suerte de agencia de colocación de afines del PP: de ex diputados y altos cargos a la ex secretaria de Alberto Nadal, artífice de la reforma energética como secretario de Estado de Energía, luego a cargo de Presupuestos con Montoro y ahora recuperado para el área económica de Alberto Núñez Feijóo.

Nadal llegó a ser nombrado en 2012 consejero de REE junto a Ignacio López del Hierro, entonces marido de María Dolores de Cospedal, aunque dimitieron a las pocas horas de anunciarse sus nombramientos por el escándalo generado. Folgado, fallecido en 2020 por coronavirus, fue clave para la entrada de Montoro en el primer Gobierno de Aznar. En aquel momento él era director de Economía de CEOE y Montoro dirigía el 'think tank' de la patronal, el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Hasta su nombramiento como presidente de REE, Folgado fue alcalde de Tres Cantos, municipio que el PP gobierna desde 2007 y que pagó 84.544 euros a Equipo Económico entre 2008 y 2019, según el informe de Hacienda. Parte de esos pagos se hicieron en 2008, con Folgado como alcalde.

Otros municipios madrileños gobernados por el PP en esos años que pagaron a Equipo Económico fueron el Ayuntamiento de Madrid, con 103.154 euros a través del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid (61.364 euros) y el propio consistorio (41.790 euros); Alcalá de Henares, desde el Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo (21.240 euros), y Alcobendas (12.000 euros).

Entre los mayores clientes de Equipo Económico sobresale la asociación empresarial sin ánimo de lucro Madrid Network, creada en 2007 para promover (con dinero público) la innovación empresarial en la Comunidad de Madrid. Esta entidad la impulsó junto a la patronal madrileña CEIM y la Cámara de Comercio regional el Gobierno de Esperanza Aguirre, que hace unas semanas arremetía contra Montoro por la filtración de sus datos fiscales cuando aspiraba a la alcaldía de Madrid.

Madrid Network pagó a Equipo Económico cifras superiores a las de la inmensa mayoría de empresas del Ibex: 1,86 millones en cuatro pagos por dos contratos adjudicados entre 2008 y 2011 sin concurso público, al regirse por derecho privado, por asesoría en materia de i+D+i.

Madrid Network la presidía entonces el histórico del PP Antonio Beteta, alto cargo de Montoro antes y después de esos encargos. Secretario de Estado de Administraciones públicas de 2011 a 2016, Beteta llegó a estar en la lista de investigados del juez. Un auto de finales de 2021 le acusaba de favorecer al despacho fundado por Montoro “mediante su contratación por organismos autonómicos y entidades vinculadas a estos”, citando expresamente a Madrid Network. La denuncia anónima que dio origen al procedimiento aseguraba que fue él quien invitó a Ferrovial a contratar a Equipo Económico para conseguir cambios legales favorables. Actualmente Beteta no está imputado.

Cuando Madrid Network adjudicó esos contratos a Equipo Económico, en esta entidad redactaba notas de prensa la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con un sueldo neto de 4.219 euros mensuales. “Estuve hace casi 20 años trabajando como redactora, porque soy periodista”, dijo en julio Ayuso, que aseguró que su Gobierno “no ha firmado nada” con Equipo Económico. Solo desde 2023, su Ejecutivo ha subvencionado a Madrid Network con 336.851,62 euros, según datos de Hacienda y la propia Comunidad de Madrid.

La Xunta de Feijóo

Entre las comunidades autónomas gobernadas por el PP que pagaron a Equipo Económico destaca la de Madrid, con 342.780 euros adicionales a los 1,8 millones abonados por Madrid Network. De esa cifra, 314.360 euros se pagaron a esa mercantil y otros 28.420 euros, a Centro para la Reforma Económica y el Desarrollo Social SL, que Equipo Económico adquirió en octubre de 2007.

Por su parte, la Xunta de Galicia de Feijóo pagó a Equipo Económico otros 207.638 euros: 172.838 euros de forma directa y otros 34.800 euros a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), dedicado a apoyar el desarrollo económico y empresarial de Galicia, especialmente a las pymes. Según El Plural, entre los encargos de la Xunta a Equipo Económico figuró un informe “sobre las cuestiones a valorar de cara a la creación de una agencia tributaria en Galicia”.

Otros clientes públicos de Equipo Económico controlados en esos años por el PP fueron la Autoridad Portuaria de Melilla (90.678,24 euros), la Excelentísima Diputación de Lugo (34.220 euros) y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), con 20.880 euros. El informe de la AEAT recoge pagos del propio Partido Popular a Equipo Económico por importe de 42.120 euros. Este medio contactó con el partido para preguntar en qué fechas se hicieron esos pagos y por qué, sin obtener respuesta.

Otros pagos de gobiernos del PP a Equipo Económico en esos años son los del Gobierno de Murcia (42.185 euros) y La Rioja (39.544,4 euros). En Murcia, se hicieron de forma directa (21.181 euros) y a través de un organismo con funciones similares al Igape gallego, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (21.004 euros). En el listado de clientes también aparece la Junta de Castilla y León, con otros 21.240 euros.

Cristóbal Montoro nombró jefa en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) nada más regresar al Ministerio de Hacienda en 2012 a la esposa de uno de los principales socios de Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro del PP y que está en el centro de una trama de supuestos delitos de corrupción o tráfico de influencias.

El 1 de marzo de 2012, Hacienda comunicaba el nombramiento de Paula Vázquez Vicente como nueva inspectora Jefa del Equipo Central de Información de la ONIF. Esta unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) investiga los casos más importantes de fraude en España.

Esposa de uno de los principales socios del bufete que creó Montoro, Manuel de Vicente-Tutor, imputado en el 'caso Montoro', Paula Vázquez es inspectora de Hacienda como su marido. El equipo cuya jefatura tiene encomendada desde 2012 se encarga, entre otras funciones, de “la captación de datos relevantes para la lucha contra el fraude fiscal”, el intercambio de información con otras Administraciones públicas, nacionales o extranjeras, el “estudio de fuentes alternativas o indiciarias de información para la investigación y comprobación del fraude” o “la comprobación del cumplimiento por cualquier persona o entidad de la obligación de proporcionar datos o antecedentes derivados de sus relaciones con otras personas”, tal y como recoge la resolución de la AEAT que regula el funcionamiento de la ONIF.

Este periódico intentó contactar con Paula Vázquez, sin éxito. A preguntas sobre este asunto, fuentes de Hacienda indican que la esposa de Manuel de Vicente-Tutor, que todavía hoy ocupa ese puesto de inspectora jefa en la ONIF, “es funcionaria de la AEAT, no es alto cargo y no lleva temas de operaciones concretas contra el fraude”. elDiario.es contactó con Equipo Económico, sin obtener respuesta.

Según el sumario del ‘caso Montoro’, Paula Vázquez fue hasta diciembre de 2015 socia al 50% junto a su marido de Tutman Fiscalía SL. Con esta sociedad Manuel de Vicente-Tutor canalizó 3.026.409 euros de ingresos procedentes de Equipo Económico en el periodo 2008-2015, de acuerdo con un informe de la AEAT.

Tutman Fiscalía tuvo como administrador único a De Vicente-Tutor desde su creación el 12 de diciembre de 2008. Ese mismo día se constituyeron ante el mismo notario de Madrid sendas sociedades instrumentales vinculadas a otros dos 'Montoro Boys', como se ha conocido popularmente en el sector durante años a los principales socios del despacho que fundó el exministro en 2006.

Se trata de Econodos SL, de Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico y alto cargo de Hacienda en la etapa de José María Aznar (fue secretario de Estado de Presupuestos), y Consultoría y Diagnóstico SL, de Francisco Piedras Camacho, que fue director de gabinete de Montoro en esos años.

Un informe de la AEAT incluido en el sumario refleja que entre 2009 y 2014 Paula Vázquez recibió 69.000 euros en dividendos de Tutman Fiscalía. La mayor parte, al menos 61.000 euros, los cobró cuando ya era jefa del Equipo Central de Información de la ONIF. El informe de la AEAT no hace ninguna mención al puesto de la esposa de Vicente-Tutor en ese órgano de élite de la Agencia Tributaria. Sí recoge que el organismo del que es funcionaria fue su pagador en esos años.

La AEAT señala en ese documento que en Tutman Fiscalía SL “hasta el ejercicio 2014 los dividendos se pagaron a los dos socios al 50%, según su porcentaje formal de participación”, pero en 2015 solo “consta un pago a D. Manuel Vicente-Tutor como interés de un préstamo que este hubiera otorgado a su sociedad” por importe de 113.755,52 euros. “Sin embargo, en 2015 Paula Vázquez Vicente no cobra dividendo alguno”.

Para entonces, acaba de saltar a los medios de comunicación (fue en marzo de 2015) que la Fiscalía Anticorrupción investigaba a Equipo Económico por un contrato a dedo de la Cámara de Comercio. Se trata de un asunto diferente al supuesto trato de favor de Montoro a empresas gasísticas con la intermediación del bufete que investiga un juez de Tarragona desde 2018, por el que ha acabado imputado el exministro junto a otras 27 personas, entre ellas, buena parte de la cúpula de Hacienda en la etapa de Mariano Rajoy y los socios de Equipo Económico.

Separación de bienes

En diciembre de 2015, tanto Manuel de Vicente-Tutor como el presidente de Equipo Económico, Martínez Rico, pactaron con sus respectivas esposas liquidar los regímenes matrimoniales que ambos tenían hasta entonces (en gananciales).

En concreto, el 21 de diciembre de 2015 De Vicente-Tutor y Paula Vázquez “firman capitulaciones matrimoniales pactando el régimen de separación de bienes y liquidan la comunidad conyugal”, recoge el informe de la AEAT. Martínez Rico y su esposa lo harán dos días después.

En el caso de la jefa de la ONIF y su marido, “entre los bienes a repartir aparecen diferenciados cuatro inmuebles, valorados en un total de 1.190.816 €” y “otros bienes sin identificar” valorados en 1.099.886 euros que son adjudicados a Vicente-Tutor, “entre los que se podrían encontrar las participaciones de Equipo Económico SL y otras sociedades propiedad del matrimonio”.

En paralelo a la liquidación del régimen de gananciales, Vicente-Tutor pasó a convertirse en accionista de Global Afteli, la sucesora de Equipo Económico a la que los socios del bufete traspasaron su actividad tras saber que Anticorrupción les investigaba, como adelantó elDiario.es en 2018. En concreto, Vicente-Tutor fue uno de los primeros accionistas de Global Afteli mediante una tercera sociedad (Tutpim Inversiones) participada por él y por los cinco hijos del fiscalista y la jefa del Equipo Central de Información de la ONIF.

Al igual que Tutman Fiscalía SL, Tutpim Inversiones SL es mencionada por los investigadores como una de las instrumentales que los principales socios de Equipo Económico habrían utilizado para canalizar y poner a su disposición fondos provenientes de la firma que fundó Montoro.

La liquidación del régimen de gananciales a finales de 2015 no implicó el fin del matrimonio entre Paula Vázquez y Manuel de Vicente-Tutor, a tenor de la esquela publicada en ABC en 2017 tras la muerte del padre del fiscalista, que fue director y letrado del extinto Banco Zaragozano y hermano de la también fallecida Ana Tutor, ex concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid o ex delegada del Gobierno en Madrid en la década de los 90.

Manuel de Vicente-Tutor y Paula Vázquez adquirieron hace menos de dos años, el 13 de octubre de 2023, un chalet adosado de tres plantas y una superficie construida de 290 metros cuadrados en una de las mejores zonas de Sanxenxo (Pontevedra). La finca, sobre la que pesa una hipoteca a favor de Caixabank para responder por 250.000 euros de principal, está a tiro de piedra de la playa, “situada en parte en zona de servidumbre de protección de costas”, según la información disponible en el Registro de la Propiedad. En la web inmobilaria Idealista, los chalets más baratos en esa zona turística de las Rias Baixas rondan el medio millón de euros.

Como consecuencia de la liquidación de esa sociedad de gananciales, la actual inspectora Jefa del Equipo Central de Información de la ONIF también figura como propietaria de un espacioso piso en Madrid. Consta “de vestíbulo, salón-comedor, cuarto de estar, terraza, cuatro dormitorios, tres cuartos de baño, dormitorio y aseo de servicio, cocina, office y terraza”. Tiene dos plazas de garaje y un trastero y está libre de hipotecas.

El nombramiento de Vázquez se comunicó en el marco de una amplia reestructuración de la ONIF. Como director de esta oficina se nombró entonces a Santiago Menéndez, ascendido poco después a director de la AEAT y también imputado en el 'caso Montoro'. Como número dos de la ONIF se designó a Pilar Valiente, expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hasta que en 2001 tuvo que dimitir por el escándalo de Gescartera. Y a cargo de una de las cinco jefaturas de inspección, Hacienda nombró a la esposa de Manuel de Vicente-Tutor.

Tras anunciarse esos ceses en la oficina antifraude de Hacienda, el entonces diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, pidió la comparecencia de Montoro para explicar las “repentinas y sospechosas” destituciones en la ONIF, habló de “depuración” y de caza de brujas sin precedentes y destacó que los funcionarios destituidos habían trabajado en temas como el caso Gürtel o el instituto Nóos, “que han encontrado en Valencia su centro de operaciones con la complicidad y ayuda de Francisco Camps”.

De Vicente-Tutor pertenece a una familia históricamente conectada con la política, las finanzas y la judicatura. Inspector de Hacienda en excedencia, ocupó antes de dar el salto a lo privado varios altos cargos en la Agencia Tributaria. Allí fue director del gabinete del director general entre 2001 y 2004, Salvador Ruiz Gallud, otro socio de Equipo Económico imputado en este caso.

Entre 2009 y 2014, tras incorporarse al despacho que fundó Montoro, Vicente-Tutor fue secretario del consejo de la empresa fotovoltaica Solaria, uno de los principales clientes de la firma. Esto propició ya entonces (a partir de 2012) muchas suspicacias al atribuirse al bufete supuestas labores de lobby ante Hacienda para lograr una regulación menos perjudicial para las energías renovables en beneficio de esta empresa y de Abengoa, de la que entonces era consejero Ricardo Martínez Rico.

De Vicente-Tutor fue el remitente de un correo electrónico en el que recomendó en enero de 2012 a una alto cargo de Hacienda, Pilar Platero (también imputada), el nombramiento de un “amigo” como nuevo delegado de Economía y Hacienda en Málaga, propuesta a la que Platero accedió de inmediato: “Voy a cesar al anterior”.

La esposa de Vicente-Tutor no es la única funcionaria de la ONIF que ocupa puestos de responsabilidad en este cuerpo de élite y que tiene relación con socios de Equipo Económico. La hermana de Ricardo Martínez Rico, Julia Martínez Rico, es jefa adjunta del área de Investigación General de Impuestos Indirectos de la ONIF, que investiga específicamente las tramas de fraude del IVA, el principal tributo indirecto en España. Hermana también de otro de los imputados en el caso, Felipe Martínez Rico, ex jefe de gabinete de Montoro, Julia Martínez Rico es casera de una empresa acusada de fraude en el IVA de hidrocarburos.

La investigación del ‘caso Montoro’, la presunta trama de tráfico de influencias en torno al Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro y Equipo Económico, el despacho que fundó en 2006, ha sacado a la luz que otro expolítico del PP y fundador de esa firma, José Manuel Fernández Norniella, se acogió a la amnistía fiscal de 2012.

Norniella es el segundo alto cargo de José María Aznar del que hay constancia que se acogió a esta polémica medida que Montoro aprobó nada más volver a Hacienda, y que fue declarada inconstitucional en 2017.

La amnistía a Norniella está recogida en un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) remitido el 5 de octubre de 2020 a la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de la investigación al despacho de Montoro que un juzgado de Tarragona instruye desde julio de 2018 y cuyos detalles han trascendido este verano.

El documento de la AEAT incluido en el sumario judicial refleja que Norniella “ha presentado Declaración Tributaria Especial (Modelo 750)”, eufemismo técnico de la amnistía, declarando dos cuentas bancarias que tenía en Suiza en la entidad helvética UBS. Con ello, regularizó en fecha indeterminada (el plazo para ir a la amnistía acabó el 30 de noviembre de 2012) fondos “por un importe total de 1.882.100,00 euros”.

La suma legalizada es muy superior a los 115.333,5 euros que afloró en noviembre de 2012 el ex jefe directo de Norniella en Economía y Bankia, Rodrigo Rato, que también aprovechó la amnistía. Ambos fueron condenados en firme por el Tribunal Supremo por el escándalo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia.

El todopoderoso ministro económico de Aznar y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que a finales de 2023 pidió personarse como parte interesada en el procedimiento judicial ahora conocido como 'caso Montoro', fue además condenado en diciembre por la Audiencia Provincial de Madrid a casi cinco años de cárcel y a pagar 2,1 millones por tres delitos fiscales, otro de blanqueo y otro de corrupción.

Cerca ya de los 80 años, Norniella es uno de los nombres asociados a eso que se llamó milagro económico en la etapa de Aznar, a la sombra de Rato, al que acompañó en su caída en desgracia tras el escándalo de las 'black', cuya existencia destapó elDiario.es en diciembre de 2013.

Norniella dejó la consultora que fundó Montoro antes de las supuestas gestiones realizadas por el entonces ministro y su equipo en 2014 para beneficiar a empresas gasistas con una exención fiscal ad hoc gracias a la intermediación de Equipo Económico. El asturiano no está entre los 28 imputados en el 'caso Montoro', entre ellos, buena parte de la cúpula de Hacienda en la etapa de Mariano Rajoy y muchos socios de Equipo Económico.

Entre los investigados está otro condenado por las 'black', José María Buenaventura Zabala, ex jefe de gabinete del Secretario de Estado de Hacienda en la etapa de Rajoy.

Norniella fue socio fundador y vicepresidente de Equipo Económico SL desde junio de 2006 y accionista hasta noviembre de 2010. Inicialmente tenía un 15%. Era el tercer socio con más participación, solo superado por Montoro (30%) y el actual presidente de la firma, Ricardo Martínez Rico (25%), y por delante de otros como el luego ministro de Economía con Rajoy y hoy vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, o el abogado del Estado en excedencia Miguel Crespo, otro ex alto cargo de Aznar también fichado por Rato en Bankia y ahora imputado en el 'caso Montoro'.

La investigación destaca que, a pesar de no ser socio de la firma entre 2011 y 2012, Norniella continuó recibiendo dinero de Equipo Económico tras su cese. En total, percibió de la firma 904.287,7 euros entre 2008 y 2012, según el sumario.

Norniella fue secretario de Estado de Comercio y Turismo y Pyme desde 1996 y 1998 y antes, diputado del PP, etapa en la que mostró especial interés (como recoge el Diario de Sesiones del Congreso) por los planes de privatizaciones del Gobierno de Felipe González. Tras dos años como alto cargo de Rato en el Ministerio (y con Montoro como secretario de Estado de Economía), se convirtió luego en consejero de varias empresas privatizadas por Aznar, como Aldeasa (fue vicepresidente), la actual Ebro Foods (que presidió), Iberia, Enagás o Endesa.

Norniella también fue presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, vicepresidente de la CEOE de José María Cuevas, vocal de la Caja Madrid de Miguel Blesa y posteriormente, consejero ejecutivo en la Bankia de Rato.

Asimismo, fue miembro del consejo de Telvent, una de las empresas que pagó a Equipo Económico (569.586 euros). Asimismo, la heredera de Aldeasa (de la que Norniella fue vicepresidente ejecutivo hasta 2000), World Duty Free, abonó 471.170 euros a la firma de Montoro entre 2008 y 2019.

Meses después de salir de Equipo Económico, en septiembre de 2011, Norniella fue fichado por Rato como adjunto a la presidencia en Bankia. En 2018 el Tribunal Supremo confirmó una condena de un año menos un día a Norniella por gastar 175.526 euros con su tarjeta opaca al Fisco.

En el juicio de las 'black' el asturiano llegó a echarse a llorar durante una declaración en la que dijo sentirse “humillado” a lo largo del procedimiento. En 2022 fue absuelto por el Supremo, junto a los otros 33 acusados, por la ruinosa salida a Bolsa de Bankia, rescatada en 2012 con 22.000 millones de dinero público.

Ahora Norniella se suma a la lista de agraciados por la amnistía cuyos nombres ha salido a la luz. Apenas se conoce un centenar de beneficiarios entre los 30.000 que acudieron a esa medida de gracia para aflorar dinero oculto al Fisco pagando en ocasiones menos de un 3% de lo defraudado. Solo han trascendido unos pocos nombres por procedimientos judiciales e investigaciones periodísticas.

Entre ellos hay decenas de empresarios, la familia del dictador Francisco Franco, un narcotraficante gallego condenado en firme por el Supremo y políticos inmersos en casos de corrupción como Rato, el extesorero del PP Luis Bárcenas y dos exconsejeros de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados y Alberto López Viejo. Ahora se suma Norniella.

El informe sobre los socios de Equipo Económico remitido por la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción recoge que, entre los clientes del despacho de Montoro, además de muchas grandes empresas, patronales y gobiernos del PP, también se encontraba la empresa de congelados Mariscos Castellar, cuyo dueño se acogió a la amnistía fiscal. Radicada en Jaén, de donde es oriundo Montoro, esta empresa pagó 77.450 euros al despacho que fundó el exministro.

Una empresa perteneciente a una trama de presunto fraude en el IVA de hidrocarburos desarticulada en julio por la Policía y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) tiene su sede en un piso de la inspectora de Hacienda Julia Martínez Rico, jefa adjunta del área de Investigación General de Impuestos Indirectos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y hermana de dos imputados en el conocido como 'caso Montoro'.

Tal y como desvela Público este martes, la empresa en cuestión, Mediterranean Oil PG, forma parte de una red recién desarticulada por defraudar presuntamente más de doce millones de euros a Hacienda en la conocida como Operación Capibara. La sede de esta empresa, constituida en 2022, es un piso en Madrid adquirido en marzo de 2021 por Julia Martínez Rico, que desde hace más de una década es una de las principales responsables de la ONIF, la unidad de la AEAT que se dedica a investigar los casos más importantes de fraude en España.

Jefa en el área que investiga específicamente las tramas de fraude del IVA, que es el principal tributo indirecto en España, Julia Martínez Rico es, además, hermana de Ricardo y de Felipe Martínez Rico.

El primero, ex alto cargo de Cristóbal Montoro con José María Aznar, preside Equipo Económico, la consultora que fundó el exministro de Hacienda, implicada en el escándalo de supuesto tráfico de influencias para lograr reformas legislativas y beneficios fiscales a favor de sus clientes que ha salido a la luz el pasado julio.

Por su parte, Felipe Martínez Rico fue jefe de gabinete de Montoro y subsecretario en el ministerio en la etapa de Mariano Rajoy. Al igual que su hermano y el exministro, también está investigado en la causa que investiga desde hace años el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad por utilizar sus conexiones en Hacienda, sobre todo durante la segunda etapa de Montoro en el Gobierno.

Según la investigación de Público, Julia Martínez Rico adquirió el piso en el barrio madrileño de Montecarmelo el 16 de marzo de 2021. La vivienda, de 80 metros cuadrados, está tasada para subasta en más de 340.000 euros.

Cinco meses después de comprarla, el 30 de agosto de 2021, Julia Martínez Rico le alquiló la vivienda a Juan José F.C., relacionado junto a su hijo, Rodrigo F.M., con el jefe de la trama de fraude de IVA en el sector de hidrocarburos desarticulada hace un mes, Pedro Javier G. Este último, con domicilio en Málaga, en cuyos Juzgados tiene otra instrucción abierta por presuntas estafas bancarias y al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La administradora única de Mediterranean Oil PG, Teresa G., detenida en esa operación policial, encajaría en la figura de testaferro utilizado en las tramas de fraude de IVA. Según Público, esta persona, que en el Registro Mercantil figura como propietaria de esa empresa, ha estado en situación de desempleo prácticamente desde 2011.

Dos semanas después de la constitución en Madrid de Mediterranean Oil PG, a finales de julio de 2022, Teresa G. se dio de alta como autónoma en el sector de “depósitos y almacenamiento”. Según Público, a finales de 2023, María Teresa G. tenía deudas con la Agencia Tributaria, con la Seguridad Social y con dos Juzgados de Córdoba –por su responsabilidad en otra trama fraudulenta por la que ya fue detenida en 2016– que superaban los 300.000 euros.

Julia Martínez Rico aparece mencionada en el sumario del conocido como 'caso Montoro'. En enero de 2017, envió un correo al entonces presidente de la AEAT, Santiago Menéndez, también imputado en esta investigación, pidiéndole que la recomendase para una plaza en TAXUD, la dirección general de la Comisión Europea que se encarga de la política de fiscalidad y unión aduanera. “Cabe decir que la carta de recomendación la ha redactado la propia interesada y únicamente el director de la Agencia la tenía que firmar y enviar”, dice un informe de los Mossos d'Esquadra incorporado al sumario.

Julia Martínez Rico también le pedía a su jefe que hiciera “una llamada al embajador, Pablo García-Berdoy, para que haga sus contactos”. Santiago Menéndez lo hizo, pero no consiguió la plaza. En mayo de 2018, Menéndez volvió a enviar una carta de recomendación para Julia Martínez Rico, pero en la Comisión Europea le contestaron que “tenían que seguir el procedimiento establecido”.

lLa investigación a Cristóbal Montoro, y también la que no ha prosperado pese a los indicios de utilización de información reservada como ministro de Hacienda, fueron objeto de un enfrentamiento soterrado en la Fiscalía Anticorrupción en el que se vio envuelta la Guardia Civil. En pleno choque entre la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, y el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, la primera se quejó de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), a diferencia de la Agencia Tributaria y los Mossos d’Esquadra, mantenían una actitud pasiva en las pesquisas. “No quieren hacer nada”, escribió García Cerdá a Luzón.

El fiscal jefe de Anticorrupción mantiene intervenida la actuación de la fiscal del caso Montoro por discrepancias en su actuación, que es tutelada en todo momento por el número dos de la Fiscalía especializada, Antonio Romeral. La solicitud al Ministerio de Hacienda de los correos electrónicos de cargos que habían pasado por la consultora Equipo Económico, a partir del hallazgo de mensajes que apuntaban a una trama de corrupción, provocó las primeras desavenencias entre la fiscal del caso y su jefe.

El enfrentamiento estalló cuando, a partir de esos correos recabados de Hacienda, aparecieron indicios de que Montoro y su equipo hacían un uso partidista y personal de los datos confidenciales de los contribuyentes. Los mensajes delataban además que el ministro era informado en una dirección de correo en la que no aparecía el apellido “Montoro” (aromero@minhap.es), según la Agencia Tributaria y los Mossos d’Esquadra. La fiscal García Cerdá pidió que se volcara ese buzón y se abriera una pieza separada. Nunca lo consiguió por la oposición de Luzón.

En el intercambio de escritos formales entre la fiscal del caso y el jefe de Anticorrupción hay uno de 21 de junio de 2023, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que García Cerdá, aparte de insistir en su intención de investigar, traslada una queja a Luzón que se recoge en el siguiente párrafo: “Esperando tu pronunciamiento expreso seguí analizando los correos incorporados a la causa ya que, como muy bien sabéis tú y Antonio [Romeral, segundo de Anticorrupción], los miembros de nuestra Unidad de Apoyo de la Guardia Civil, bajo las órdenes del Teniente Coronel Antonio Balas y el Comandante del grupo, no quieren hacer nada, desconozco los verdaderos motivos de esta decisión”.

Cristóbal Montoro, nueve altos cargos de su Ministerio y otras 18 personas están investigadas por siete delitos relacionados con la compra por parte de la patronal gasística de dos proyectos normativos del Gobierno de Rajoy que luego fueron aprobados y que les supusieron millones de euros en ahorros de impuestos. La dinámica consistía en contratar por unas elevadas sumas a Equipo Económico, por donde había pasado o figuraban miembros del equipo de Montoro, habiendo sido el propio ministro quien fundó la consultora en 2006.

Mientras investigaban en 2017 la ampliación ilegal de una planta gasística, los Mossos d’Esquadra encontraron varios mensajes que apuntaban a una trama de corrupción en la cúpula del Ministerio de Hacienda en la que participaría el propio Cristóbal Montoro. La policía autonómica informó a la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado que investigaba la causa original, el número 2 de Tarragona, comenzó a investigar.

El hecho de que Equipo Económico tuviera su sede en Madrid, al igual que el Ministerio de Hacienda, hizo que la fiscal Carmen García Cerdá propusiese la formación de un equipo conjunto entre los Mossos y la Unidad Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la Guardia Civil, dependiente del departamento de Delitos Económicos y contra la Corrupción de la UCO que lidera el teniente coronel Antonio Balas.

El nombre del mando del instituto armado comenzó a aparecer en los medios cuando se publicó una grabación en la que una supuesta enviada del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pedía a un empresario procesado en la Audiencia Nacional que le diera información para acabar con la carrera del mando de la Guardia Civil, al que acusaba de actuar en contra del Gobierno y el PSOE. Balas es el máximo responsable policial de la causa de corrupción que mantiene en prisión provisional a Cerdán.

Escuchas anuladas y el correo de Montoro, a salvo

El juez de Tarragona llegó a autorizar unas escuchas telefónicas a cuatro miembros del equipo de Montoro, que apenas duraron veinte días, antes de que el fiscal jefe Anticorrupción interviniera la actuación de su subordinada y solicitara su anulación, lo que finalmente acordó la Audiencia Provincial de Tarragona. En ese lapso se practicaron seguimientos en los que participó la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil junto a los Mossos. Después, la UCO ha elaborado un informe sobre productos financieros de los socios de Equipo Económico. Y hasta ahí su participación.

La fiscal García Cerdá planeaba a finales de 2022 un salto en la investigación a Montoro y su brigada fiscal. El 12 de diciembre firmó un escrito dirigido a la UCO en el que solicitaba un informe “urgente” de los avances en la investigación, incluido el análisis de los correos incautados, y “un informe operativo” en el que sustentar la entrada y registro en los “domicilios y sedes que pueden albergar documentación y fuentes de prueba relevantes para la investigación”.

En su escrito recordaba a los guardias civiles un auto del juez del caso en el que el magistrado Rus Varela establecía que “ambos cuerpos”, en referencia a Mossos y Guardia Civil, debían informar sobre el contenido de los correos. Pero lo que se encontró fue un portazo de la UCO, que se sumaba a la oposición del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y su número dos, Antonio Romeral, a ampliar la investigación contra el otrora ‘todopoderoso’ ministro de Hacienda del Partido Popular.

El 28 de diciembre de 2022, 16 días después de la petición de la fiscal, la UCO respondió por escrito en el que los guardias civiles interpretaban que ya habían respondido a la orden del juez colaborando en el informe que sí habían redactado los Mossos. El agente firmante del escrito aprovechaba para calificar las conclusiones de los policías autonómicos como “obtenidas de manera exquisita”.

Por lo demás, los guardias civiles, añadía, ya había solicitado al juez que les diera permiso para realizar un informe de la situación financiera de los investigados y había sido la ausencia de un escrito de García Cerdá apoyando la diligencia lo que había hecho que el juez todavía no la hubiera autorizado. Añadía el agente firmante que desconocía un informe de la Agencia Tributaria sobre la posible existencia de “estructuras societarias complejas y testaferros”, cuestión que alegaba la fiscal para justificar las entradas y registros.

La conclusión de la UCO es un alegato garantista que alude a la presunta gravedad de las medidas que planea la fiscal contra los investigados, por considerarlas excesivas. “No obran en esta Unidad indicios suficientes para elaborar informe de solicitud de Entradas y Registros, máxime cuando han sido solicitadas medidas mucho menos gravosas como el análisis de productos bancarios ya referidos, y no han sido autorizadas en el marco de la causa”. Portazo.

Fuentes de la Guardia Civil atribuyen la negativa a seguir las instrucciones de la fiscal del caso Montoro a que sus agentes adscritos a Anticorrupción siguieron el criterio y las indicaciones del máximo responsable de la Fiscalía especializada, Alejandro Luzón, contrario a ampliar la investigación y mucho menos en la dirección de practicar registros. Las mismas fuentes añaden que la UCO no debía entrar en la disputa entre el fiscal jefe y su subordinada.

Otras fuentes del caso relatan la incomodidad con la que la UCO participó desde el principio en un caso que, pese a tener relevancia nacional, tenía como principal fuerza actuante los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana con la que quedó gravemente deteriorado el clima de cooperación desde el proceso independentista.

El pasado mes de febrero, la UCO entregó al juez un informe que arrancó 16 meses antes sobre la trazabilidad de los casi 700.000 euros declarados por Equipo Económico que cobró del lobby gasístico. En el informe, los investigadores de la UCO no encuentran anomalías en el destino que los socios de la consultora fundada por Montoro dieron a esos fondos declarados. El atestado no influyó en que el juez levantara el secreto en junio, tres meses después, confirmando que Montoro y nueve de sus altos cargos de Hacienda siguen investigados.

Los Mossos: “Hay que dar un impulso definitivo a la investigación”

La ausencia de registros, del volcado del correo de Montoro en Hacienda, la interrupción de los seguimientos y los pinchazos telefónicos son consecuencia de la negativa del fiscal jefe a proponer al juzgado una pieza separada que investigara la brigada fiscal que presuntamente operó en Hacienda durante el mandato de Montoro.

En los correos interceptados quedaba de manifiesto que los altos cargos del Ministerio informaban puntualmente a Montoro de cuestiones que quedaban alejadas de los cometidos del ministro al frente del Ministerio y descendían a dar detalles de otras como el caso más grave de corrupción en la historia del PP, el de la caja B, la situación tributaria de periodistas críticos con Montoro, la de enemigos declarados del ministro, como Rodrigo Rato, o de adversarios políticos, caso de Podemos.

El 21 de noviembre de 2022, un mes antes de que se produjera el portazo de la UCO a la fiscal, los Mossos d’Esquadra habían entregado un informe al juez de análisis de los correos incautados, que concluía forma radicalmente diferente. Aseguraba la policía autonómica que se había alcanzado “un punto de la investigación que apunta a la participación de importantes altos cargos del Ministerio de Hacienda, ciertos asesores fiscales de reconocido prestigio y determinados responsables de asociaciones empresariales en conductas que podrían resultar constitutivas de presuntos delitos contra la Administración Pública”.

Y en ese sentido, “esta unidad instructora entendería razonable –concluían los Mossos–, y en todo caso ajustado a derecho, que el Ministerio Fiscal ejerciera el liderazgo investigador instando a VI [Vuestra Ilustrísima] a la adoptación de medidas que permitieran dar un impulso definitivo a la investigación”.

No fue suficiente. Ahora, para negarse a aceptar la personación de algunos de los afectados, el juez alude a la junta de fiscales Anticorrupción donde se impuso el criterio del jefe de todos ellos, por 18 votos a 5. El magistrado Rus Varela ha terminado decidiendo una vez conocida la posición de Luzón y no de la fiscal del caso. Varios de los afectados por el tráfico de información de Montoro ya han anunciado que recurrirán la decisión del juez de Tarragona ante la Audiencia Provincial.

Equipo Económico, el despacho que fundó Cristóbal Montoro antes de regresar al Ministerio de Hacienda con Mariano Rajoy, ha ido extendiendo sus tentáculos durante años rodeado de sospechas, preguntas incómodas e informaciones periodísticas. Algunas de ellas se ven ahora refrendadas en la investigación judicial del titular del Juzgado número 2 de Tarragona, Ruben Rus Vela, que las ha incorporado al sumario. Lo que durante años fue tratado como ruido político, especialmente por parte de Montoro, ahora se ve como posible delito.

elDiario.es ha ido publicando desde hace una década diversas informaciones clave sobre el entramado empresarial de Montoro, su influencia sobre Hacienda y las conexiones de Equipo Económico (EE) con decisiones regulatorias que beneficiaron a sus clientes.

Hace siete años revelamos que el despacho traspasó parte de su actividad a una nueva sociedad justo después de que Anticorrupción pusiera el foco sobre sus contratos. La sociedad detrás del bufete fundado por Montoro pasó a denominarse Global Afteli en julio de 2015, tras una vertiginosa caída de la facturación meses después de trascender la investigación de la Fiscalía.

Ambas informaciones, el cambio de nombre y el declive del negocio, aparecen en los tomos I y IX del sumario. “En este mismo sentido apuntan varias noticias de prensa, que atribuyen el traspaso de la actividad del despacho fundado por Cristóbal Montoro a la sociedad Global Afteli a la existencia de una investigación contra el gabinete económico en 2015, derivada de la posible adjudicación ‘a dedo’ de un contrato a EE en 2012 por parte de la Cámara de Comercio de España. Unos meses más tarde de que dicha investigación trascendiera a los medios de comunicación, Global Afteli comenzó sus operaciones. A partir de ese momento, se pudo observar cómo el volumen de negocio y la facturación de EE fue disminuyendo y, en contraposición, la actividad económica de Global Afteli fue cada vez mayor”.

La investigación judicial añade: “la concurrencia de los datos anteriormente expuestos, unidos a otros como son la vinculación entre sus socios y administradores, o la coincidencia de proveedores, clientes y trabajadores, permitirían presumir que realmente se produjo un traspaso paulatino de actividad de la empresa EE a Global Afteli, por lo que cuando se haga alusión a Global Afteli se ha de entender como la sociedad sucesora de EE, con la que este despacho dio continuidad a su actividad económica bajo otro nombre comercial que permitiría, al menos formalmente, desvincularlo de la conocida denominación de EE, asociada a una investigación de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada”.

elDiario.es también aparece en el tomo XV del sumario, al referirse al papel del también exministro Rafael Catalá en el gigante del juego Codere, una de las empresas asesoradas por Equipo Económico. “A destacar el hecho que, a pesar de su supuesta desvinculación a partir de 2012, se ha constatado que [Rafael Catala] siguió ligado a Codere hasta 2014, como patrono de la fundación que gestiona la multinacional. Se desconoce el momento exacto en que éste se desvinculó”.

Codere pagó 679.000 euros al despacho mientras se legislaba a su favor. El caso es paradigmático: se pasaba del Gobierno a una de las empresas beneficiadas por decisiones del Gobierno, cerrando un círculo de puertas giratorias.

Por su parte, otros medios de comunicación, como El Periódico, han revelado correos que muestran cómo Hacienda habría maniobrado para salvar al Partido Popular en el caso Bárcenas y cómo Montoro accedía a “información reservada” sobre los problemas fiscales de figuras como Jordi Pujol y su familia desde al menos 2014, Rodrigo Rato o incluso el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. No eran rumores: eran correos concretos, entre funcionarios y altos cargos, que evidencian un uso partidista y personalista de una de las instituciones más delicadas del Estado.

El juez Rus Vela abrió diligencias en secreto en diciembre de 2021. Montoro se enteró de la causa por una información publicada en El Periódico, donde evidenció su enfado. “Me parece muy llamativo que esté investigado desde el año 2021 y no tenga ni idea”, declaró. Y negó que manipulara o dirigiera ninguna decisión tributaria. “Eso es imposible”, dijo. El juez Ruben Rus Vela no lo ve así.

El secreto que ha protegido la causa contra Cristóbal Montoro ha extendido también un manto sobre las dificultades para investigar estos siete años a quien fue ministro de Hacienda durante el último Gobierno del PP. El reciente levantamiento de ese secreto, primero, y ahora documentos internos de la Fiscalía a los que ha tenido acceso elDiario.es, permiten conocer cómo la fiscal del caso intentó ampliar la investigación que afectaba a Montoro y cómo el criterio del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se impuso para que no se abriera el buzón del correo electrónico que el político utilizaba en el Ministerio. “Como fiscales que somos, me cuesta que tengamos dudas sobre este extremo”, escribió la fiscal a Luzón en una nota interna de mayo de 2023.

Las solicitudes del juzgado a Hacienda sobre las cuentas de correo de los primeros imputados hizo aflorar una dirección a la que algunos de ellos reportaban con frecuencia: aromero@minhap.es. Los informes de la policía autonómica catalana y de la propia Agencia Tributaria no dudan de que se trata de la dirección utilizada por Cristóbal Montoro mientras era ministro. Una dirección que, por alguna razón, incluía su segundo apellido, en lugar del primero, por el que es conocido.

El sumario recoge que Cristóbal Montoro está formalmente imputado desde el 16 de diciembre de 2021. Ese día, el juez Rubén Rus Vela dictó un auto en el que ya presentaba los indicios contra él y nueve de sus colaboradores por integrar una “organización” dedicada a favorecer al lobby gasístico desde el Ministerio de Hacienda. A cambio, las empresas del sector abonarían altas sumas a una consultora por la que habían pasado todos ellos y que había fundado el propio ministro en 2006, Equipo Económico.

En el caso de Montoro, el magistrado le atribuía “un rol nuclear” de acuerdo a los “correos electrónicos intervenidos” y el atestado elaborado a partir del mismo por los Mossos d’Esquadra. Montoro nombraría como altos cargos de Hacienda a responsables de Equipo Económico y eso “aseguraría” que la normativa de su departamento se redactara “a demanda” de las empresas gasísticas, “tras aceptar pagar por ello”.

Pero los correos que llegaron de Hacienda indicaban algo más: una forma de actuar instalada en la cúpula del Ministerio de Hacienda que hacía de la valiosa información de los contribuyentes un arma política y de venganza personal. Al tiempo que operaba una policía política en Interior para desacreditar a independentistas catalanes y Podemos, así como para reventar el caso de la caja B del PP, en el Ministerio de Hacienda se jugaba con un arma aún más poderosa que los seguimientos policiales o los dosieres para la prensa.

El mismo día que imputó a Montoro, el juez Rus Vela, a propuesta de los Mossos d’Esquadra, acordó que se pincharan los teléfonos de Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor, Salvador Mariano Ruiz y Covadonga Gómez Garrido. Los cuatro siguen investigados y su relevancia en la trama aparece detallada en el último auto del juez. Las escuchas, sin embargo, apenas se extenderían un mes y medio, el tiempo que tardó la Audiencia de Tarragona en dar la razón al número dos de Luzón, interrumpirlas y considerar nulas las que habían sido practicadas hasta ese momento.

Entre los objetivos de esas escuchas destacaba Ricardo Martínez Rico, fundador del despacho junto a Montoro, al frente del cual sigue, y que venía de serlo casi todo en el Ministerio de Hacienda en tiempos de Aznar. Su hermano Felipe, también imputado, era el jefe de gabinete que susurraba al oído de Montoro cuando ocurrieron los hechos investigados.

Para cuando el juez acordó los pinchazos ya habían surgido las desavenencias en el seno de Anticorrupción. La causa se había iniciado después de que un grupo territorial de los Mossos d’Esquadra encontrara las primeras referencias respecto a la presunta corrupción de Equipo Económico y el Ministerio de Hacienda en un registro a una empresa gasística, a la que investigaban por la dudosa ampliación de una de sus plantas. En uno de esos correos, uno de los directivos le escribía a otro en 2013: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”.

Los Mossos entregaron la documentación hallada en octubre de 2017 a sus compañeros de la División de Anticorrupción y estos pensaron en Carmen García Cerdá, la fiscal que había investigado unos meses antes a Equipo Económico por el contrato firmado con las Cámaras de Comercio en plena redacción de la ley que regía estos organismos. El caso de las Cámaras no prosperó pero los correos de la gasística prometían una segunda vida a la investigación a Equipo Económico.

García Cerdá consiguió que el juez de Tarragona Rubén Rus Vela solicitara al Ministerio de Hacienda el volcado de las direcciones de correo electrónico de varios antiguos miembros de Equipo Económico que también habían pasado por el departamento de Cristóbal Montoro en los años de los cambios legislativos a favor de las gasísticas.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en primera plana durante los últimos meses por haber impulsado el caso Cerdán a partir de un acuerdo con uno de los empresarios presuntamente corruptos, Víctor de Aldama, no apreciaba indicios de delito en los correos incautados por los Mossos d’Esquadra. Cuando su subordinada quiso abrir el correo de Montoro, Luzón decidió intervenir.

En un decreto de 21 de enero de 2023, Luzón impone restricciones a la fiscal que investiga el caso Montoro. “En lo sucesivo –le indica– someta a previo viso de esta Jefatura o su teniente fiscal [Antonio Romeral, el segundo de Luzón] todos los escritos que dirija al juzgado, a las unidades policiales a cargo de la investigación o, en su caso a las unidades de Apoyo a esta Fiscalía especial”.

Para entonces, los investigadores de la Agencia Tributaria y de los Mossos d’Esquadra ya habían concluido su análisis de los correos intervenidos en Hacienda. Además de afianzar sus sospechas por los acuerdos de Equipo Económico y las gasísticas hallan indicios de que la dinámica corrupta se ha podido extender a otros sectores, como las renovables o la construcción, y que además, la información reservada de los contribuyentes en la época de Montoro se utilizaba como un arsenal en contra de adversarios políticos del PP y enemigos del ministro.

Aznar, Margarita Robles, los Pujol...

Se trata de un centenar de mensajes en los que se traslada a menudo información reservada a una cuenta de correo que utilizaba Cristóbal Montoro. Otras veces, el intercambio es entre los colaboradores del ministro. La fiscal del caso intentó que el juez ordenara el volcado de esa dirección, pero sus decisiones se encontraban intervenidas por el jefe de Anticorrupción y por su teniente fiscal. El 9 de mayo de 2023, Romeral rechaza todas las diligencias de investigación que propone Carmen García Cerdá a excepción de una. La fiscal insiste en el volcado del correo de Montoro y el número dos de Anticorrupción lo vuelve a vetar.

En su escrito a Luzón, la fiscal enumeraba algunos de los casos y personas a los que afectaba el uso de información confidencial: Margarita Robles, José María Aznar, los Pujol, Bárcenas, Rodrigo Rato, Parques Eólicos, Podemos, Pretoria, Gürtel, la jueza Alaya, caso Noos...

La fiscal recurre entonces al propio Luzón. Le dirige un escrito en el que expone los avances en la investigación y le pide que tan solo permita seguir indagando. “He localizado correos remitidos/recibidos por los investigados en el periodo temporal coincidente con las reformas legislativas investigadas en los que [Montoro] recibe información, notas, escritos y borradores cuya causa y finalidad no resultaría la colaboración con la justicia, resultando ser relativa a hitos y mandamientos en concretas causas judicializadas que afectan a datos económicos-tributarios de personas con trascendencia mediática y política”, pone por escrito García Cerdá al fiscal jefe.

En el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, la fiscal del caso divide los hallazgos en tres categorías: correos en los que se pasa al ministro información y datos de “periodistas, contrincantes políticos y hasta compañeros de partido”; un segundo bloque que evidencia el flujo de información a Montoro sobre “causas judicializadas” desde la Agencia Tributaria y la Oficina Antifraude (ONIF); y un tercero que explicaría actuaciones de la AEAT a expreso requerimiento del ministro de Hacienda.

Algunos de esos correos están en el sumario. Otros, consecuencia del veto de Anticorrupción a abrir nuevas líneas de investigación, no han sido incorporados a él, al menos a los 18 tomos que han trascendido respecto a la trama con el lobby gasístico.

Entre los mensajes incorporados a la causa está uno que utiliza la fiscal para acreditar el flujo irregular de información en Hacienda y que ha trascendido: es el que su jefe de gabinete dirige a Montoro para tenerle al tanto de la investigación a Josep Piqué, antiguo compañero suyo en el Gabinete de José María Aznar.

También están los referentes al uso privilegiado de información de la Agencia Tributaria sobre el caso de la caja B del PP y cómo la cúpula de Hacienda se concertó para presentar al juez Ruz la tesis de que el PP no había cometido delito fiscal.

De entre los mensajes que no se conocían está el que reveló el viernes elDiario.es respecto al intento de Montoro y su equipo por dar cobertura legal a la publicación de datos de contribuyentes que, según ellos, hubieran manchado el buen nombre de la Agencia Tributaria.

También aparecen otros que salieron a la luz por una investigación de El Periódico en 2023, mientras se producía el enfrentamiento en el seno de Anticorrupción. En uno de ellos, el ministro es advertido de que al día siguiente Vigilancia Aduanera, dependiente de su Ministerio, va a realizar unos registros por orden judicial en la Diputación de Lugo, en manos del PP, dentro del caso Pokémon.

“Considero que los hechos son muy graves. Junto a otros delitos que puede haber cometido la trama es claro que los investigados no podían trasladar al ministro la información que conocían a través de los auxilios judiciales nombrados en la causa. Como fiscales que somos, me cuesta que lleguemos a tener algún tipo de duda sobre este extremo”, lamenta García Cerdá en el escrito que le remite a Luzón.

Luzón: “En el ejercicio legítimo de sus cargos”

El fiscal jefe de Anticorrupción responde García Cerdá en un escrito firmado el 21 de julio de 2023. “Los correos revelan que el ministro habría estado al tanto de determinados pormenores de la actuación de la Agencia en algunos relevantes procedimientos en los que esta intervenía. No consta correo o información alguna que ponga de manifiesto que el contenido y documentación a la que se refieren los correos hayan salido del ámbito de conocimiento de los sujetos que aparecen como transmisores y receptores de aquellos”, dice el fiscal jefe.

García Cerdá cree que, de forma indiciaria, pueden haberse cometido cuatro delitos: de revelación de secretos, de aprovechamiento de secreto por el particular, de encubrimiento y de obstrucción a la justicia. Alejandro Luzón lo niega. Afirma que “la mayor parte de los correos que se analizan” no proceden de “ficheros automatizados o en otro tipo de archivo o registro público”, lo que resulta necesario para acusar por revelación de secretos. Además, alega que no hay “apoderamiento, utilización o modificación” del material, como marca el Código Penal, y que los correos proceden de las tareas de “auxilio judicial” que realizan los inspectores de Hacienda para un juzgado.

El director de la Agencia Tributaria o el propio ministro, alegaba Luzón en su respuesta a la fiscal, tienen derecho a acceder a esa información en “ejercicio legítimo” de sus cargos. Por último, dice, la revelación de secretos requiere de que se haya producido un perjuicio que, ni siquiera de forma indiciaria, han sufrido las personas a las que se refiere la información de los correos.

El pasado jueves trascendió la decisión del juez acerca de este enfrentamiento en Anticorrupción. El magistrado ha rechazado la personación del periodista Javier Chicote, de Rodrigo Rato, Juan Carlos Monedero o Esperanza Aguirre acerca de la utilización de Montoro de sus datos fiscales para perjudicarles. Lo hace en sendos autos en los que asume los argumentos de Alejandro Luzón, sin que haya podido valorar los que presentaba la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, por el veto interno en Anticorrupción. Los afectados aún pueden recurrir a la Audiencia Provincial para intentar abrir esa línea de investigación sobre la brigada fiscal.

Carmen García Cerdá había vivido en el pasado otros enfrentamientos con Luzón a cuenta del caso Púnica, pero nunca se había atrevido a invocar la herramienta del artículo 27 del Estatuto Fiscal, que permite reunir a todos los fiscales de la especialidad para juzgar las posturas enfrentadas y votar.

La junta se celebró el 26 de septiembre de 2023. Las dos intervenciones más relevantes fueron la de la fiscal del caso y el jefe de Anticorrupción, que expusieron los argumentos que antes ya se habían intercambiado en privado. Intervinieron otros fiscales, como el propio Antonio Romeral, o compañeros de García Cerdá que respaldaron su criterio, caso de la reputada fiscal del caso Gürtel, Concepción Sabadell.

La votación arrojó un resultado claro: la mayoría de los fiscales Anticorrupción se alinearon con su jefe, sumando 18 votos, y solo cinco, incluido el de García Cerdá votó a favor de abrir una pieza separada con la que investigar la brigada fiscal de Montoro. Esa junta de fiscales que ganó Luzón ha resultado clave a la postre para no investigar los correos. El juez Rus cita en sus últimos autos las conclusiones para rechazar abrir la línea de investigación de los correos.

Expediente a la investigadora

Tras la junta se produjo un hecho que acabó con García Cerdá expedientada. Pese a la orden de sus superiores y a la votación en la junta de fiscales, la fiscal del caso Montoro telefoneó el 25 de octubre de 2023 al inspector jefe de la División de Anticorrupción de los Mossos para instarle a que ellos, como policía judicial, solicitaran al juez lo que a ella le negaban sus superiores, pedir el volcado del correo de Montoro.

El mando de los Mossos dijo que sin el respaldo de la Fiscalía ellos no pedirían ninguna diligencia, a lo que Carmen García Cerdá respondió con que la Agencia Tributaria había dictado tres informes en los que solicitaban el volcado del correo de Montoro.

En el seno de la Fiscalía Anticorrupción hay una unidad adscrita de la Guardia Civil, como la hay de la Agencia Tributaria, que en el caso de los uniformados manda un comandante perteneciente al Departamento anticorrupción que dirige el teniente coronel Antonio Balas, célebre por ser también el responsable de la investigación del caso Cerdán. El mando de los Mossos contó al comandante adscrito a Anticorrupción lo que le había pedido García Cerdá y el guardia civil corrió a contárselo a Luzón.

En ese momento, Luzón promovió un expediente por falta grave a Carmen García Cerdá por haberle desobedecido. La instrucción del mismo acabó con una sanción por esa falta grave que implicó el pago de una multa de 1.000 euros por la fiscal del caso Montoro. Esa sanción iba firmada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La fiscal recurrió por la vía contencioso-administrativa en el Tribunal Supremo, que terminó por confirmar la sanción.

Los obstáculos a la investigación de la jefatura de Anticorrupción se extendieron a la parte de la causa que sigue adelante, la corrupción con las gasísticas. El teniente fiscal, Antonio Romeral, pidió que se levantara el secreto de las actuaciones el 8 de abril de 2022, si bien en ese caso no consiguió el respaldo del juez ni de la instancia superior. Alegaba Romeral que ya se habían recabado los indicios necesarios y que Montoro y los demás podían acceder a las actuaciones. Todavía estaban pendientes informes policiales. Alguno de ellos ha sido entregado al juzgado en 2025.

El despacho que fundó Cristóbal Montoro tuvo en su lista de clientes a algunas de las principales empresas españolas de sectores como el gas industrial, la celulosa, el juego, las energías renovables o el tabaco. Sectores que mueven miles de millones de euros cada año y que acudieron a Equipo Económico mientras estaban en juego posibles bajadas de impuestos o beneficios impositivos para sus ámbitos de actuación. El juez de Tarragona solo considera sospechoso el trato favorable que las empresas de gas industrial tuvieron en el Gobierno de Mariano Rajoy tras pagar al despacho fundado por su ministro de Hacienda, pero el sumario refleja que muchas más contrataron sus servicios buscando reducir su factura fiscal.

Equipo Económico fue fundado por Cristóbal Montoro en 2006, tras la caída del Gobierno de José María Aznar y cuando era eurodiputado del PP en Bruselas, y se desvinculó de él dos años después, cuando regresó al Congreso de los Diputados. Para entonces, la asesoría se había convertido en una puerta giratoria por la que entraban y salían pasados y futuros altos cargos de Hacienda y la Agencia Tributaria mientras Montoro, cuando era interpelado en público, defendía con vehemencia que no tenía ninguna relación con sus antiguos socios y colaboradores.

La lupa del juez lleva siete años puesta sobre la relación de Equipo Económico y las empresas líderes de la producción de gas industrial y medicinal en España. Sobre todo filiales nacionales de gigantes como Air Liquide, Messer o Praxair que, según figura en la causa, acudieron al despacho fundado por Montoro por ser la “vía directa”, ya que tenía “contacto directo con el ministro”. El juez, Anticorrupción y los Mossos d'Esquadra creen que el despacho no se limitó a hacer lobby por su causa, sino que influyó directamente en una reforma legal de 2014 y los Presupuestos de 2018 para favorecer a sus clientes gasísticos.

Codere, Rafael Catalá y el juego

Los correos intervenidos y los informes de los Mossos y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil demuestran que esa no fue la única rebaja fiscal o regulación favorable que coincidió con los pagos de empresas interesadas a Equipo Económico, aunque ni el juez ni la Fiscalía las consideren delictivas. Sucedió también con el sector del juego, cuando Codere acudió al despacho fundado por Cristóbal Montoro y poco después la balanza legal se inclinó a favor de esta empresa nacional en detrimento de los operadores internacionales.

La empresa, que tenía entonces como directivo a Rafael Catalá, pagó 679.000 euros a Equipo Económico para presionar a su favor en un momento clave para el juego online: la Ley del Juego había sido aprobada en los últimos meses de legislatura del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero y llegaba el momento de enfrentarse a la presencia de actores internacionales, las licencias y los impuestos del sector. El resultado fueron varios cambios legales favorables a Codere: la ley del IRPF se modificó para que los jugadores pudieran deducirse las pérdidas sufridas en este tipo de apuestas. Y las operadoras internacionales denunciaron que la normativa de licencias beneficiaba, sobre todo, a Codere.

La acción penal en esta causa abierta en un juzgado de Tarragona nunca se ha dirigido contra empresas del sector del juego o los 679.000 euros que cobró Equipo Económico por hacer “lobby”, dijeron los Mossos, a favor de la empresa ante Hacienda. Pero sí plasmaron sus sospechas, basadas ya en noticias de prensa: “Dicha relación se inició de la mano del exministro de Justicia Rafael Catalá, el cual había trabajado con todos los socios de la asesoría en la época en que este ostentaba el cargo de subsecretario del Ministerio de Hacienda en el mandato como ministro de Cristóbal Montoro”.

Energías renovables y 2.200 millones de euros

Uno de los sectores que más dinero desembolsó a Equipo Económico fue el de las energías renovables. Empresas como Abengoa, que llegó a compartir directivos con el despacho, pero también Solaria, Gamesa, Abeinsa o GDF Suez así como asociaciones desembolsaron, entre todas y a lo largo de los años, casi diez millones de euros mientras el Gobierno de Mariano Rajoy vivía una encarnizada lucha interna sobre los impuestos que debía pagar el sector: José Manuel Soria (Industria) apostaba por recortar las primas y Cristóbal Montoro (Hacienda) incluyó una partida de 2.200 millones de euros en los Presupuestos Generales de 2012.

Mientras esta pugna entre Soria y Montoro se desarrollaba en la primera legislatura de Rajoy, las empresas más interesadas en el resultado desembolsaron, incluyendo años anteriores y posteriores, varios millones de euros. Los Mossos llegaron a mostrar sus sospechas en un informe contenido en el sumario, teniendo en cuenta que Abengoa tenía entre sus directivos a Ricardo Martínez Rico, ex alto cargo con Montoro y fundador y actual presidente del despacho: “La contratación podría haber tenido como finalidad el procurarse una conexión directa con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ocupado por Cristóbal Montoro”.

Los Mossos califican de “espectacular” la subida en bolsa de Abengoa en 2014 tras la intervención de Montoro “mientras la mayor parte del sector eléctrico sufría en Bolsa”. En este caso, los investigadores sospechan que acudir a Equipo Económico pudo ser la clave del éxito de las empresas de energías renovable, pero no han encontrado pruebas de que, como sí sucedió supuestamente en el caso del gas industrial, llegaran a participar activamente en el redactado de leyes.

Phillip Morris y las normas del tabaco

La lista de empresas que en algún momento hicieron pagos a Equipo Económico incluye a Phillip Morris. La mayor empresa tabaquera a nivel global, con más de 82.000 empleados en todo el mundo, pagó más de 1,3 millones de euros al despacho fundado por Montoro, una de las diez empresas que más dinero abonó al despacho entre 2008 y 2019 según los datos de Hacienda. También figuran pagos al hermano de Montoro en 2016, que heredó parte de las acciones del exministro en Equipo Económico, pero que en ese momento ya no era accionista del despacho.

El sumario no refleja sospechas penales sobre esta relación, pero sí refleja reuniones entre Phillip Morris y altos cargos de Hacienda. Pablo Renieblas, entonces subdirector general de Impuestos Especiales, se reunió en julio de 2014 con una directiva de Phillip Morris bajo el epígrafe “Tema: tabaco”. Las pesquisas sobre este alto cargo de la etapa de Montoro, que no está imputado, giran más en torno a sus reuniones con el sector del gas industrial, pero la reunión también precede en el tiempo a cambios en el funcionamiento del sector.

A finales de 2014 llegó el Real Decreto que modificó varios Impuestos Especiales, entre otros el del tabaco. Facilitó, por ejemplo, que los comercios minoristas que vendieran tabaco y alcohol, por ejemplo en aeropuertos, no tuvieran que tener obligatoriamente la consideración de depósito aduanero. También se estableció como único requisito haberse inscrito en el Registro del Comisionado para el Mercado de Tabacos, dependiente de Hacienda.

La “transparencia” de la industria papelera

La industria papelera también vivió un momento relevante cuando intentó que sus actividades se vieran beneficiadas por una bonificación de hasta el 85% de los impuestos que afectan a la electricidad. Y el sumario recoge el intercambio de correos entre la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL) y altos cargos del Gobierno de Rajoy entre 2013 y 2014, entre otros al entonces secretario de Estado de Hacienda e imputado Miguel Ferre. La empresa papelera Ence llegó a pagar 116.000 euros a Equipo Económico.

Un informe de la Agencia Tributaria explica que esta industria participó en el proceso legislativo “por los cauces previstos, con transparencia y sometimiento a criterios técnicos”. Las empresas papeleras no intervinieron en la elaboración del texto sino “en la fase de información pública y a través de grupos políticos”. Los investigadores usan este ejemplo para explicar que “en términos comparativos con el objeto de la investigación, llama la atención la participación de esta industria” en las reformas legales de 2013 y 2014 que afectaban al sector, en contraste con cómo lo hizo el sector del gas, participando en el redactado de la ley.

Los correos demuestran que el entonces senador del PP y hoy considerado cabecilla de la trama Púnica de corrupción Francisco Granados, estaba “pendiente de instrucciones” para que el Partido Popular apoyara o no en la cámara alta que el sector papelero se viera beneficiado por la exención del impuesto sobre la electricidad. En medio del proceso hubo enmiendas del PSOE, y otra presentada por CiU que, según dijo ASPAPEL en otro correo, podía ser “la mejor solución”. La exención no prosperó en 2013 pero sí en 2014. Los años en los que Ence, asociada a ASPAPEl, pagó a Equipo Económico.

“Finalmente, no fue contemplada la exención del Impuesto Eléctrico para el sector papelero en la Ley 16/2013, pero es de interés, ya que, al igual que pasara con las gasísticas, fue contemplada en la Ley 28/2014. Así mismo recordar que la empresa ENCE ENERGIA Y CELULOSA, SA también pagó, a EQUIPO ECONÓMICO, siendo esta empresa asociada de ASPAPEL”, recordaron los Mossos en un informe incluido en el sumario.

Red Eléctrica, la empresa que forma parte de la matriz Redeia y que gestiona el suministro eléctrico en España, ha decidido romper su contrato con la asesoría que fundó Cristóbal Montoro después de la investigación que vincula a Equipo Económico y al propio exministro con maniobras ilegales para modificar leyes a favor de clientes del despacho. La empresa ha comunicado hoy al despacho que finaliza su contrato en cumplimiento de su código ético y también de su código de conducta de proveedores.

El sumario del caso Montoro refleja documentación de la Agencia Tributaria donde figuran los pagos que Red Eléctrica, entonces denominada así, realizó al despacho fundado por Cristóbal Montoro en sus diferentes fases: más de 1,3 millones de euros desde 2010 hasta 2015 a la empresa hoy conocida como 'Global Afteli' y que originalmente se llamó 'Montoro y Asociados'.

Un informe de los Mossos incluido en la causa explica que, en esos momentos, el presidente de Red Eléctrica era el hoy fallecido José Folgado, quien previamente había sido alto cargo de la administración en Hacienda, Economía e Industria además de diputado por el PP. El principal interés que tuvieron muchas empresas que contrataron a Equipo Económico fue, según la investigación, influir en la normativa sobre el impuesto especial a la electricidad.

El 20% del accionariado de Redeia está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a su vez adscrita a Hacienda. El resto (70%) corresponde a capital flotante en Bolsa y a inversores como Pontegadea Inversiones o Blackrock. Su presidenta desde 2020 es Beatriz Corredor y su filial principal es Red Eléctrica Española, y bajo su mano está la gestión de estructuras fundamentales para el suministro eléctrico por todo el país.

El juzgado de Tarragona investiga si un grupo formado por las principales empresas del país dedicadas a la producción y distribución de gas industrial y medicinal contrataron a Equipo Económico para que usara su acceso a Montoro y su equipo y redactar normas favorables al sector. Normas sobre la regulación concreta de los impuestos especiales pero también en los Presupuestos Generales del Estado. Según el juez, Anticorrupción y los Mossos las empresas de este sector pagaron casi 800.000 euros a Equipo Económico para poder influir directamente sobre Hacienda en esta materia.

Las investigaciones y el sumario desvelan que empresas de otros sectores también contrataron al despacho fundado por Montoro en 2006, pero sin que el juez haya entendido que sus pagos son delictivos. Las empresas del sector de las renovables, por ejemplo, pagaron casi 10 millones de euros al despacho en una etapa en la que Cristóbal Montoro introdujo un balón de oxígeno de 2.200 millones de euros para el sector para paliar los efectos de las medidas de Industria.

Equipo Económico, el bufete fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en el epicentro de una supuesta trama corrupta acusada de beneficiar a empresas a cambio de dinero, ha pedido a la justicia que anule los correos clave en que se basa la causa, al considerar que se obtuvieron irregularmente.

Así lo ha solicitado la defensa de Equipo Económico en un escrito, al que ha tenido acceso EFE, en el que pide a la Audiencia de Tarragona que anule estos correos, que fueron intervenidos por los Mossos d'Esquadra en un “hallazgo casual” durante un registro a la gasista Messer, en Vila-seca (Tarragona), que estaba limitado a la construcción de una planta en El Morell (Tarragona) entre 2007 y 2009.

Entre estos correos que la defensa quiere anular figura uno de diciembre de 2013, en el que un técnico de Messer le decía a su director general: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”.

A raíz del contenido de este correo, los Mossos alertaron al juez de que era “fácil” concluir que Messer contrató a Equipo Económico por las relaciones de sus miembros con altos cargos de la Administración del Estado, lo que les situaba en una “posición privilegiada” para interceder con el Gobierno en defensa de los intereses de las empresas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).

Según la defensa, a raíz de ese “hallazgo casual”, el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona y los Mossos iniciaron una investigación “prospectiva”, que se mantuvo en secreto desde 2018 y que ha culminado con la imputación de Montoro y su equipo en Hacienda por supuestamente favorecer a empresas gasistas --se investiga también si de otros sectores-- modificando leyes para beneficiarlas, a cambio de dinero.

Los efectos de la posible nulidad

En su escrito, Equipo Económico apunta que, si se acaban excluyendo de la causa estos correos, “habrá que ver” hasta dónde alcanzan los efectos de la nulidad, ya que consideran que se trata de una prueba clave y que la regla general es que la nulidad de una prueba “vicia a su vez cualquier otra que hubiera sido obtenida como consecuencia de la anterior”.

“En nuestro caso, resulta simplemente imposible concebir que, por vías distintas a la entrada y registro practicada y de la aprehensión ilegítima de esos correos hubiera podido 'inevitablemente' llegar a obtenerse los datos 'relevantes' arrojados, precisamente, por esos correos electrónicos. Pero, será el juez instructor el que, una vez excluidos tales correos deba examinar el resto del procedimiento”, indica el escrito.

Según la defensa, el “hallazgo casual” de estos correos no estaba amparado por la orden de registro de Messer, ante lo que los Mossos, “al margen del más mínimo control judicial” realizaron una “investigación paralela y prospectiva” durante más de cinco meses, antes de entregar su informe al juez, el 20 de abril de 2018, en que por primera vez apuntaban al despacho creado por Montoro.

Según Equipo Económico, un auto de entrada y registro en un domicilio “no es un cheque en blanco para que la policía pueda arramblar con todo lo que encuentre, tenga o no relación con la causa, para posteriormente decidir lo que se investiga y lo que no”.

En este sentido, resalta que el auto que autorizaba el registro en Messer lo limitaba a los datos que pudieran tener “una relación directa con los hechos objeto de investigación en la presente causa”, en ese caso relativa a la construcción de una planta en El Morell entre 2007 y 2009.

“Cualquier acceso o copia a otros ficheros o datos no relacionados directamente con la construcción de dicha planta de fraccionamiento de aire estaba vedada para los agentes que ejecutaron la diligencia de registro”, expone.

Equipo Económico: se ha hecho una investigación “prospectiva”

Además, pone de relieve que los correos clave intervenidos vinculados a Equipo Económico tenían fecha de finales de 2013, cuando la construcción de la nave que se investigaba fue entre 2007 y 2009.

Equipo Económico lamenta que el juez de Tarragona se limitara a “dar por buenos los excesos cometidos por los Mossos”, pese a que no había ninguna autorización judicial que legitimara la incautación de los correos, ya que no se trataba de un delito flagrante que lo hubiese justificado.

Al incorporarse estos correos, según la defensa, se inició una investigación prospectiva y sostenida en secreto durante más de siete años de instrucción.