El Consejo de Gobierno de Asturias ha aprobado este lunes el anteproyecto de ley LGTBI, una herramienta con la que se corrige una “anomalía democrática histórica”, en palabras del consejero de Derechos Ciudadanos Ovidio Zapico, ya que el Principado y Castilla y León son las únicas autonomías que aún carecen de esta normativa de ámbito autonómico.

Ovidio Zapico ha recurrido a las redes sociales para anunciar públicamente la aprobación de esta norma que, según explica, “nace del propio corazón de las entidades LGTBI, de sus familias y del compromiso del Gobierno de coalición progresista”.

Reunión de los socios de coalición

El consejero lo ha comunicado tras la reunión del Consejo de Gobierno y apenas unas horas antes de la reunión que mantendrá esta misma tarde con el presidente del Ejecutivo autonómico, el socialista Adrián Barbón, para limar las discrepancias internas dentro de la propia coalición.

Ovidio Zapico, en su calidad de coordinador general de Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Asturias, había solicitado esa reunión tras las diferencias escenificadas entre los dos socios de gobierno -PSOE e IU- en temas claves, como la implantación de las universidades privadas Nebrija y Alfonso X El Sabio, en Avilés y Oviedo respectivamente, y la declaración de proyecto estratégico para la puesta en marcha de un hipermercado de la multinacional Costco, en el parque empresarial de Bobes, en el concejo de Siero, ya que en ambos casos la formación morada había votado en contra frente a los votos favorables de los consejeros y consejeras socialistas.

Una reunión que, en palabras del portavoz del Ejecutivo, el consejero Guillermo Peláez, se desarrollará dentro de los cauces “de la normalidad”.

La valoración de Zapico

En el tema concreto de los derechos del colectivo LGTBI no se producen esas diferencias que han dividido a los socios de coalición. En Eldiario.es Asturias reproducimos a continuación el anuncio realizado este lunes con la aprobación del anteproyecto de ley del propio consejero difundido a través del perfil oficial de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y su valoración.

Dentro de las competencias autonómicas y en el marco de la legislación española, la ley plantea medidas que amplían y garantizan los derechos de la población LGTBI asturiana y de sus familias.

El compromiso

El Gobierno asturiano se había comprometido a llevar esta ley al parlamento asturiano en la actual legislatura en la que ya se disponía de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos LGTBI aprobada en febrero de 2023 por el Gobierno central.

El 30 de noviembre de 2023 se constituyó un grupo de trabajo para trabajar en el anteproyecto que estuvo formado por el Gobierno junto a los colectivos Xega y Xega Familias, Llar Trans, Colibrís en Acción, la Red Educativa de Apoyo LGTBI+ de Asturias, Faciendo Camín, Xuntes y Diverses y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y que contó con el asesoramiento de la Universidad de Oviedo.

La participación

El pasado 30 de enero, Ovidio Zapico comparecía en rueda de prensa junto a la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, y la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, para presentar el anteproyecto de la primera Ley de Participación Ciudadana de Asturias, que desde ese mismo día iniciaba su periodo de exposición pública tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).

Ante los periodistas, el consejero subrayaba la importancia de esta norma específica en un contexto en el que “la democracia plural y participativa se enfrenta al avance de modelos autoritarios”.

El contenido

En esta rueda de prensa, defendió que vivir en democracia “es mucho más que votar o manifestarse” y destacó la necesidad de que la ciudadanía pudiera participar en los procesos públicos desde su origen.

El anteproyecto reconoce el derecho a la participación de todas las personas mayores de 16 años que residan en Asturias, con independencia de su lugar de nacimiento, e incorpora nuevos mecanismos, como la iniciativa normativa ciudadana, los presupuestos participativos, los foros de debate sobre políticas públicas y los jurados ciudadanos para la evaluación de políticas e inversiones públicas.

Fortalecer los pilares democráticos

Por su parte, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, resaltó que el movimiento asociativo fue clave en la consolidación del sistema democrático en España e incidió en que esta ley contribuirá a reforzarlo.

“Fortalecer el movimiento asociativo es fortalecer los pilares de la democracia”, indicó la viceconsejera.

Más de 400 asociaciones

Beatriz González agradeció la implicación del movimiento asociativo, al que atribuyó una función decisiva en la elaboración del texto.

El proceso participativo, iniciado en octubre de 2024, recorrió todas las comarcas de Asturias e implicó a cerca de 700 personas de más de 400 asociaciones.

Una vez que ya ha cumplido el trámite de su aprobación en el Consejo de Gobierno, el siguiente paso será su remisión a la Junta General para su tramitación parlamentaria.

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha recogido el guante lanzado por el coordinador regional de Izquierda Unida (IU), Ovidio Zapico, que forma parte de su Ejecutivo como consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, y ha aceptado reunirse con él para abordar las discrepancias internas que mantienen dividido al gobierno regional. La fecha elegida ha sido el próximo lunes, 9 de marzo.

Las divergencias entre los dos socios de gobierno en temas relevantes para la comunidad autónoma como la aprobación de la implantación de las universidades privadas Alfonso X El Sabio y Antonio de Nebrija, en Oviedo y Avilés respectivamente, junto con la declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) para la instalación de la multinacional Costco Wholesale Spain en el parque empresarial de Bobes, en el concejo de Siero, han hecho saltar las chispas.

La oposición de IU

Los socialistas dieron el visto bueno a ambos proyectos, mientras que el consejero de IU votó en contra y mostró su rechazo cuando se analizaron ambos temas en el Consejo de Gobierno. Una situación que traspasó en algunos momentos la fina línea de la simple división de opiniones al transcender públicamente por las declaraciones ofrecidas por Ovidio Zapico en las que indicaba que su grupo político estudiaría la interposición de un recurso contra la llegada de las universidades privadas al Principado.

La dirección de IU de Asturias acordó la pasada semana solicitar un encuentro urgente con el jefe del Ejecutivo para abordar la situación abierta en el seno del Gobierno de coalición ante la “gravedad” de la decisión de abrir la puerta a la implantación de universidades privadas en Asturias y la consideración de proyecto estratégico para la puesta en marcha de un hipermercado de la multinacional Costco.

Una vía de “coordinación”

La comisión colegiada de la coalición reclamó que se celebre ese encuentro “como una vía de coordinación” entre los partidos que sustentan al Gobierno ante el nuevo escenario abierto para el impulso a los centros académicos privados y a la gran superficie comercial.

“Precisamente cerramos hoy la fecha, todavía estamos ajustando la hora, pero va a ser el lunes 9 (de marzo)”, ha informado Barbón, a preguntas de los periodistas durante una visita a Avilés.

Las diferencias de criterio entre los socios de coalición PSOE e IU en el seno del Gobierno de Asturias no se han limitado a simples discrepancias dialécticas, sino que se han escenificado abiertamente. En los últimos días dos temas claves, como la implantación de las universidades privadas Nebrija y Alfonso X El Sabio, en Avilés y Oviedo respectivamente, y la declaración de proyecto estratégico para la puesta en marcha de un hipermercado de la multinacional Costco, en el parque empresarial de Bobes, en el concejo de Siero, han agrandado la crisis entre ambos partidos.

Con este escenario, que ya ha sido incluso motivo de críticas desde PP, Foro y Vox, ha llevado a la Comisión Colegiada de Izquierda Unida (IU) a instar al presidente del Ejecutivo autonómico, el socialista Adrián Barbón, a mantener una reunión “urgente” para abordar la situación.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ya había anunciado públicamente que sus votos iban a ser en contra tanto para la llegada de Costco a Siero, como la implantación de universidades privadas. Incluso fue más allá y advirtió que su grupo presentaría recursos contra estas decisiones aprobadas desde el propio Gobierno del que forma parte.

El polémico recurso

Posteriormente comunicó que serían los órganos de dirección de su partido quienes tendrían que tomar estas decisiones. En el pleno celebrado, el pasado martes, en la sede de la Junta General del Principado Ovidio Zapico aseguró que su partido aún no había tomado una decisión definitiva sobre la presentación de un recurso contra la autorización concedida a las universidades Alfonso X y Nebrija en Oviedo y Avilés, pero garantizó que haría suya esa determinación “sea la que sea -dijo- una vez analizada toda la información y comprobada la viabilidad jurídica de esa impugnación”.

De esta forma, el consejero que es a su vez coordinador general de IU, trasladó a la Comisión Colegiada estos dos temas para su debate.

La Comisión, que ayer se reunió con carácter ordinario, adoptó el acuerdo de solicitar un encuentro “urgente” con Adrián Barbón para analizar la salida a estas discrepancias.

La respuesta socialista

Unas discrepancias internas que saltaron por los aires, tanto cuando el consejero de IU hizo públicas sus declaraciones en contra de estos proyectos, como cuando se ofreció la respuesta, también pública del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.

El consejero emplazó a IU a sopesar “bien” las consecuencias políticas de interponer un recurso contra la decisión del Gobierno “del que forma parte” e incidió en la garantía de calidad “máxima” de los estudios ofertadas por las instituciones solicitantes de la autorización y en el respaldo inequívoco del Principado a la Universidad de Oviedo.

La polémica sobre la llegada de universidades privadas a Asturias suma otro capítulo. Por primera vez, la comunidad autónoma contará con centros privados como la Universidad Antonio de Nebrija en Avilés y la Universidad Alfonso X El Sabio en Oviedo, mientras un tercer proyecto ligado a la Universidad Europea sigue en fase preliminar. La situación adquiere un matiz paradójico con Ovidio Zapico, coordinador general de Izquierda Unida y consejero del Ejecutivo autonómico, al frente de las autorizaciones. IU, socio del Gobierno asturiano, ha recurrido estas implantaciones. Este miércoles, el presidente del Principado ha dejado claro que las universidades privadas no percibirán ni un euro del Gobierno, subrayando la distancia entre el apoyo público a la educación y la autorización de centros privados, y reforzando el debate sobre acceso, equidad y coherencia política en el sistema universitario asturiano.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha garantizado que la universidad pública tendrá prioridad “absoluta”, tanto en financiación como el acceso del alumnado a las prácticas obligatorias. “Ni un solo euro de dinero público irá a la universidad privada”, ha subrayado en el pleno de la Junta General. También ha defendido la apuesta del gobierno por la Universidad de Oviedo, que se concreta en un contrato programa que asegura la suficiencia económica de la institución académica y en medidas como la gratuidad de la matrícula para facilitar que cualquier persona pueda acceder. 

“No son ningún chiringuito”, dice Barbón

Barbón ha precisado que el Ejecutivo autonómico no ha autorizado la creación de ninguna universidad privada en Asturias -una decisión que exigiría, entre otros requisitos, la aprobación de una ley en el Parlamento - sino la puesta en marcha de tres centros adscritos a universidades privadas “que tienen reconocimiento, que no son ningún chiringuito y que cuentan con una trayectoria de muchos años en el ámbito educativo”. 

Según ha señalado, esta medida no supondrá ninguna merma en la Universidad de Oviedo, que en la actualidad ronda los 20.000 estudiantes, pero sí ayudará a que jóvenes asturianos que no consiguen plaza en la institución académica cuenten con otras alternativas para estudiar en Asturias. 

“No confundamos privatizar con la iniciativa privada, porque son cosas muy diferentes. La Constitución ampara la iniciativa privada y nosotros nunca hemos sido contrarios a ella”, ha precisado el presidente, quien ha agregado que “privatización” es lo que ocurre en Madrid, “que está desguazando la universidad pública”. 

Como ejemplo del compromiso del Gobierno de Asturias con la Universidad de Oviedo ha citado los tres centros de I+D+i que se pondrán en marcha este año junto con la institución académica y que estarán vinculados al cáncer, el origen de la vida y la investigación espacial.

Parece una situación kafkiana o al menos paradójica en la posición que se ha colocado el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, quien a su vez ejerce el cargo de coordinador general de Izquierda Unida (IU) y líder de la coalición Convocatoria por Asturias (IU-CA).

El consejero forma parte del Gobierno autonómico como socio del PSOE y a su vez ha votado en contra de algunas de las decisiones del propio Ejecutivo autonómico, como ha ocurrido con la implantación de las universidades privadas en Oviedo y Avilés y más recientemente con la declaración como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) de la multinacional de los hipermercados Costco en Bobes (Siero).

El debate, al parlamento

Esta circunstancia ha sido motivo de debate este martes en el pleno de la Junta General del Principado entre el consejero Ovidio Zapico y su compañero de gobierno por el PSOE el consejero de Ciencia, Industria y Empleo Borja Sánchez.

El titular de Ciencia, Industria y Empleo ha solicitado este martes a IU que “sopese bien” la posible interposición de un recurso contra la decisión del propio gobierno del que forma parte de autorizar la llegada de las universidades privadas de Nebrija y Alfonso X El Sabio.

Además, le ha pedido que valore “el impacto y las consecuencias” que acarrearía este recurso. Una sugerencia a la que Ovidio Zapico ya ha respondido, comprometiéndose a asumir las decisiones que adopte su partido IU en este terreno.

Dos partidos diferentes

Hace unos días, el portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, restó importancia a estas diferencias de opinión al abordar el tema de la declaración del PIER en el proyecto de Costco: “lo importante es que el Gobierno sea unitario y tenga unidad”.

Además, incidió en que lo más relevante era que, aunque se tratase de dos partidos diferentes, hubiera consenso en las decisiones: “cada uno que se pronuncie en el sentido que considere, pero la decisión colegiada es la declaración de interés estratégico del proyecto y, por tanto, el Gobierno ya ha decidido”, afirmó.

Las críticas de Zapico

Esta situación, que parecía coyuntural, ha vuelto a reproducirse en el pleno del parlamento asturiano entre Borja Sánchez y Ovidio Zapico. Ambos se sientan en escaños anexos en la bancada del Gobierno, y han tenido que defender sus respectivas posturas en respuesta a una pregunta planteada por el Partido Popular (PP) relativa a las posibles contradicciones en el seno del Gobierno regional.

El consejero Ovidio Zapico fue uno de los más críticos desde que se tuvo conocimiento de la intención de que Asturias fuera el lugar elegido por las universidades privadas Nebrija y Alfonso X El Sabio para impartir sus estudios. Un rechazo que escenificaba la distancia que le separaba del PSOE y que ahora, de nuevo, con el anuncio del posible recurso contencioso-administrativo constata la ruptura del consenso en el Consejo de Gobierno.

La legalidad de los decretos

Borja Sánchez defiende la legalidad de los decretos aprobados por el Ejecutivo autonómico por los que se autorizaba la adscripción de los dos primeros centros de universidades privadas en el Principado: uno de la Universidad Nebrija, en Avilés, y otro de la Universidad Alfonso X El Sabio, en Oviedo.

El consejero de Ciencia había anunciado, el pasado mes de octubre, que las entidades promotoras disponían de dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales en el Principado.

La controversia de las universidades

Ese mismo mes, Ovidio Zapico mostró su total rechazo en el seno del Consejo de Gobierno donde se dio el visto bueno a ambas universidades privadas. Para el consejero de IU-Convocatoria por Asturias, la aprobación de los decretos era una “pésima noticia para lo público”.

Además, reiteró el compromiso, tanto personal como de la organización a la que representa con la universidad pública como “garante de la igualdad de oportunidades de todos y todas al acceso a una educación universitaria”.

La decisión, en manos del partido

En la sesión plenaria de este martes, el consejero de IU ha recordado que la decisión sobre el recurso aún no se ha adoptado por parte del órgano de dirección de su formación, aunque ha garantizado que la hará suya “sea la que sea” una vez analizada toda la información y comprobada su viabilidad jurídica.

A este mismo asunto se ha referido también el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', impulsor de la implantación de Costco en el parque empresarial de Bobes, otro de los proyectos a los que se opone el consejero Ovidio Zapico.

El enfoque de la votación

El titular de Ordenación de Territorio ha asegurado que el expediente es “vulnerable desde el punto de vista jurídico”. Y 'Cepi' ha contestado que “todas las decisiones que toma el gobierno son susceptibles de ser vulnerables”.

Sin embargo, no se ha quedado ahí y el alcalde sierense ha añadido: “un miembro del Consejo de Gobierno, si los informes son favorables, debería votar no porque le guste o no le guste un proyecto, sino porque cumple o no cumple”.

Gobierno y oposición a la vez

“Cualquier acuerdo que se toma diariamente en una Administración es susceptible de ser denunciable, pero si se apoya en informes técnicos y legales, nuestra obligación es la de votar a favor. No se puede ser a la vez oposición y gobierno”, ha dicho el alcalde de Siero.

No obstante, Ovidio Zapico se muestra dispuesto a acatar la decisión que adopten los órganos de su partido, mientras mantiene que es posible formar parte del Gobierno y mostrar públicamente sus opiniones aunque no sigan la misma línea que sus socios del PSOE.

La puerta de su casa en El Natahoyo, en Gijón, iba a cerrarse este miércoles a las once de la mañana, para salir en dirección a un hostal. Dentro, una madre y su hijo de ocho años. Fuera, una orden de desahucio. Finalmente, no será así. Al menos por ahora. La presión sindical y vecinal ha conseguido una tregua para esta familia. El escudo social ha funcionado.

“Los padres fallecen y la empresa pública Vipasa propone un deshaucio para la hija (madre de un niño de ocho años) que cobra poco más de 600 euros al mes porque Vipasa dejó de pasarle las facturas porque el titular del contrato había fallecido. Tienen que subrrogarles el contrato, tiene que haber una alternativa habitacional para ella y su hijo que llevan viviendo allí toda la vida”, explica Javier Linares, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias.

Fue esta central sindical la que anunció la paralización del lanzamiento previsto en este barrio gijonés. La organización asegura que la suspensión se ha logrado tras “la presión sindical y mediática” generada en las últimas horas alrededor del caso, pero advierten de que la tregua que se les ha dado de un año “no es suficiente, necesitamos que sea un solución definitiva”.

Para la mujer —A. G. V.— y su hijo, la noticia supone un respiro. Pero solo eso: un respiro. “Estamos hablando de un niño de ocho años que está estudiando y de una chica joven que es madre y que no dispone de recursos, es increíble que hagan esto. Es increible, pero Vipasa es una empresa buitre”, denuncia Linares.

“Cuando hay voluntad política existen alternativas”

Desde la organización sindical celebran la decisión porque, afirman, demuestra que “cuando hay voluntad política existen alternativas” y que la presión social puede frenar situaciones de desprotección. Sin embargo, advierten de que este caso no puede convertirse en una excepción que calme conciencias durante unos días. “Los servicios sociales de Gijón enviaron un informe a Vipasa y al juez solicitando la paralización del desahucio, esto es una emergencia social y son casos que tiene que estar blindados”, reclaman desde el colectivo sindical.

“Esta suspensión no puede quedar como un hecho aislado”, explica Javier Linares, portavoz del sindicato, que exige la paralización inmediata de todos los desahucios y la prohibición de los mismos, especialmente cuando afectan a vivienda social. También reclaman a las administraciones la recuperación y ampliación del parque público de vivienda y cambios estructurales que eviten que familias vulnerables tengan que esperar a la presión mediática para poder quedarse en su casa“. De momento, madre e hijo seguirán en su casa, en la que llevan viviendo toda una vida.

El Gobierno de Asturias ha autorizado la instalación de la multinacional de hipermercados Costco Wholesale Spain en el parque empresarial de Bobes, en el concejo de Siero, mediante la declaración como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER). La decisión ha generado rechazo por parte de sindicatos y representantes políticos, así como división dentro del propio Ejecutivo autonómico: IU discrepa del PSOE.

El sindicato CCOO denuncia que la multinacional, con una inversión proyectada de 45 millones de euros y la creación de 170 empleos en tres años, no cumple los criterios de un proyecto estratégico. Según la central, ni supone inversión industrial, ni impulsa futuras inversiones, ni aporta innovación o valor añadido al territorio. “La estrategia para el futuro de Asturias no puede ser la construcción de un supermercado que viene a depredar el comercio local”, advierte CCOO, señalando además que la empresa no ha tributado en el impuesto de sociedades y que la mayoría de los empleos generados en España son no cualificados.

IU se opone dentro del Gobierno

La decisión también ha evidenciado diferencias en el Ejecutivo autonómico: el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, de IU-Convocatoria por Asturias, votó en contra del proyecto durante el Consejo de Gobierno, mientras que el PSOE respaldó la autorización. Zapico ha reiterado su rechazo a considerar estratégico un proyecto que, a su juicio, no aporta valor industrial ni transforma el modelo productivo regional, reflejando la división dentro de la coalición.

“Una alfombra roja para Costco”, dice Tomé

A las críticas sindicales se suma la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que asegura que la Ley de Proyectos Estratégicos se ha convertido en “una herramienta para poner una alfombra roja” a proyectos como Costco. La diputada señala que la multinacional “no es un proyecto estratégico, no es una empresa novedosa, no aporta valor añadido, no impulsa la transformación ecológica ni supone un cambio en el modelo productivo”.

Para la portavoz de Somos Asturies, se trata simplemente de “una gran superficie comercial más”, y calificarla de estratégica “desvirtúa el concepto”. Tomé añade que, aunque se anuncie creación de empleo, no se detalla si será de calidad, y advierte que la empresa “fagocitará el comercio local”.

Condiciones de la aprobación

A pesar de las críticas, la autorización de PIER permitirá agilizar los permisos y utilizar suelo industrial, aunque se concede con condiciones sobre inversión, plazos, empleo de calidad, compromiso social y territorial, y seguimiento y control. Entre ellas, se exige que al menos el 87% de los contratos sean indefinidos, se mantenga la paridad de género y se reserve un mínimo del 2% de los puestos para personas con discapacidad. Además, la empresa deberá colaborar con productores locales y con entidades sin ánimo de lucro.

El proyecto sigue adelante con el respaldo del PSOE y del alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', pese a la oposición interna de IU y a las advertencias sobre su impacto en el comercio local y en el modelo productivo regional.

Despierta el día encapotado en Navia, con esa niebla espesa que no da tregua y que parece que todo lo arrastra hacia abajo, de los que no dejan que se descubra el sol. Es un día gris, tristón. Las copas despobladas de los eucaliptos que crecen al lado de la carretera dejan entrever la luz roja de la chimenea de Celulosas de Asturias (CEASA), filial de Energía & Celulosa (ENCE), la fábrica que lleva décadas sosteniendo económicamente la comarca. ENCE Navia ha traído tanto dinero como contaminación, y desde hace semanas, con el anuncio de un expediente de regulación de empleo que quiere echar a la calle a casi un tercio de la plantilla, ha traído rabia, incertidumbre y miedo.

Desde lo alto de la chimenea, con la luz roja que se hace hueco entre la niebla, se ve El Espín. Ahí vive Marco, al que, sin saberlo, este ERE le ha quitado de un plumazo la posibilidad de tener un hermano. Marco, de cinco años, es el hijo de Javier Zardaín, presidente del Comité de Empresa, un chaval de 46 años que desde diciembre lleva a sus espaldas la carga emocional de quien se enfrenta a un gigante, de quien se ha comprometido a luchar hasta el final. “Mi mujer y yo pensábamos tener un segundo hijo, pero con esta incertidumbre no te queda otra que parar tus planes de vida”, relata.

Un camión cargado de madera pone el intermitente a la izquierda, y el tráfico que entra a la villa se para de repente. Va a CEASA, a convertirse en pasta de papel.

Hoy parece que en Navia no se mueve nada; es la sensación del día siguiente a un funeral: hay silencios más largos y miradas tristes que enfocan al suelo. El lunes, el futuro de ENCE Navia se la juega; hay una reunión con la empresa y el Comité va a seguir apostando por lo mismo: aceptan un ajuste de la plantilla, pero que afecte solamente a las personas con edad de jubilación, unas 30. Una cifra que dista y mucho del número 96, la cifra que propone la empresa. El tiempo de descuento para llegar a un acuerdo termina el 17 de febrero. “Nos dijeron que querían hacer un recorte que no fuese traumático”, explica Zardaín, que reconoce que hace meses que veían cosas raras en la fábrica; se mascaba la tragedia en el ambiente y sus presagios se hicieron realidad.

Un olor asfixiante

En Navia siempre huele a repollo, es ese tufo que dejan las plantas de celulosa. Hace años, el olor era asfixiante; hoy, asfixia más el temor a que un tercio de la plantilla se quede en la calle. La comarca ha tragado de forma silenciosa con los niveles de contaminación porque considera que las condiciones laborales de ENCE bien merecen soportarla, algo que no ha ocurrido en otras localidades, como es el caso de Palas de Rei, en Lugo, donde se iban a invertir millones en una fábrica de celulosa de última generación y el rechazo de los vecinos paralizó el proyecto.

“Es un ERE que roza la ilegalidad, sabemos que es inviable que la planta saque el trabajo adelante con 96 personas menos”, explica Rubén Serrano, trabajador de CEASA desde el 1996, fijo desde 2007. A Rubén le queda flojo el pantalón, ha perdido un buen puñado de kilos en los últimos días, desde que empezó la huelga y el estómago comenzó a cerrarse. Es hijo de un trabajador de ENCE, algo muy común en la zona. “Mi padre me dice que luchemos”, explica y baja la mirada, asintiendo a la lección que da un padre. Jesús Antonio Serrano, de 78 años, está preocupado por su hijo; es la preocupación que tiene toda la comarca y que quedó plasmada en la macro manifestación celebrada el pasado domingo, con las calles de Navia a reventar de padres, madres, familiares, amigos, hijos, políticos de todo signo, sindicatos… El Occidente asume el olor a celulosa, aunque moleste, se ha acostumbrado a él; pero se niega a respirar el olor de la pobreza. Si ENCE echa a 96 trabajadores, nadie sabe qué puede pasar, y esa incertidumbre se ha instalado como un puñal en el pueblo.

“Durante todo el año pasado se venían reduciendo los ritmos de producción, llevan preparando el terreno desde finales de 2024. Llegamos hasta a tener la fábrica sin madera, argumentaron que no podían competir con los grupos portugueses y llegamos a estar casi al 50% de la producción durante todo el año. Pasamos de casi no recibir madera a que, por arte de magia, llegasen a entrar 370 camiones al día”, explican los trabajadores respecto a los “movimientos raros” que llevan sintiendo en la empresa desde hace tiempo.

“Hemos luchado mucho”

Dice Javier Zardaín que los 250 millones de beneficios netos que ENCE Navia ha aportado al grupo en los últimos cuatro años, y los 53 millones que ha recibido en subvenciones públicas, son las cuentas reales que desmontan los argumentos de la empresa, que sostiene que lleva cuatro trimestres consecutivos de pérdidas.

La empresa ha avanzado en un comunicado que “tras sumar cuatro trimestres consecutivos de pérdidas, ENCE ha puesto en marcha un Plan de Eficiencia y Competitividad en su negocio de Celulosa que se implementará en el periodo 2026-2027 apoyado en dos pilares: por un lado, la adopción de soluciones de Inteligencia Artificial y reingeniería y automatización de procesos y, por otro, la racionalización de sus procesos operativos. La ejecución de los proyectos de los que se compone este plan implicará una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco de un procedimiento de despido colectivo que se implementaría hasta 2027”.

La ejecución de los proyectos de los que se compone este plan implicará una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco de un procedimiento de despido colectivo que se implementaría hasta 2027"

ENCE-Navia

No convencen los argumentos de ENCE a los trabajadores, que se consideran engañados y ponen sus datos sobre la mesa: “se perderían 96 empleos para generar unos ahorros en costes de producción ridículos, en torno al 1%”, desgrana Zardaín. Y Rubén hace un apunte: “nos dicen que vivimos como reyes, pero lo cierto es que hemos luchado mucho por unas condiciones de trabajo dignas”.

Y han luchado tanto que saben que el ERE abre la puerta a que una empresa subcontrate trabajadores para hacer lo mismo, pero con coste mucho más bajo, con condiciones laborales peores. Resulta complicado dar con el alma de una empresa tan grande, a la que el hormigón parece haber disipado los nombres de los 96 trabajadores y trabajadoras que se pueden ir a la calle en días si nada cambia. “Gente que vivimos aquí, que tenemos aquí nuestra casa, que aquí van nuestros hijos a la escuela, que consumimos aquí…”, relatan.

Un infarto deshumanizado

Cuando en el año 2008 a Zardaín lo echaron de Suzuki, donde trabajaba en Gijón y un ERE le llevó por delante, un día vino a ver a sus padres a Trelles (Coaña) y le dio por probar suerte y echar un currículum en CEASA. Su padre había trabajado en la construcción de la fábrica. “Me llamaron de casualidad, estuve un año eventual y luego entré por contrato relevo. La cosa iba bien”. Fueron años tranquilos, con un trabajo estable, con proyectos familiares y personales que se fueron consolidando; entre esos proyectos llegó su hijo Marco, al que tiene de foto de WhatsApp comiendo un bollín de chorizo, ajeno a todo.

Estos días su padre para menos en casa, su día va de reunión en reunión, e intenta mantener la fuerza suficiente para que nadie se venga abajo. “Lo vamos a luchar hasta el final”, explica, y lo repite en voz baja, como un mantra, convencido. El domingo se emocionó, cuando subió al balcón del ayuntamiento de Navia y se sintió arropado por una muchedumbre de gente, su gente. “El apoyo nos ha dado mucha fuerza, son días muy duros. Me emocioné, cómo no me iba a emocionar…”, explica. Y hace un parón en el discurso para recordar a su compañero Eduardo, que sufrió un infarto en medio de las protestas. “Estamos soportando una presión enorme, lo estamos pasando todos mal”, señala. Critican también la falta de sensibilidad y empatía de la empresa durante todo este proceso. “Cuando se enteraron del infarto de Eduardo nos dijeron que también le podría haber dado en el supermercado…”, lamentan.

Piensan los trabajadores que poco hay de casualidad en que, justo unos días antes de que se les notificase el ERE de forma oficial, la directora de la fábrica que vivía en Navia se mudase de forma repentina a Avilés. “Esto se lleva planeando mucho tiempo”, insisten, y el que toma la palabra es Guillermo López, que se remueve al pensar en Eduardo. Lleva Guillermo siete años en ENCE; para él, entrar en la fábrica fue una salvación, tras años de autónomo con una empresa de instalaciones. “Mi mujer trabaja, pero tenemos dos hijos y el sueldo mío se necesita, hay que sacar una familia adelante, y cuando ya tienes un planteamiento, una vida organizada, pues te vienen con esto”, señala.

“No hay motivos reales para el ERE”

Los tres trabajadores tienen una sensación de impotencia que les pesa y mucho, porque aseguran que CEASA es “la gallina de los huevos de oro del grupo ENCE, no hay motivos reales para este ERE”, y Guillermo anota un dato: “para que una empresa pueda optar a las subvenciones que tiene se requiere que sea sólida y confiable para los inversores” y afea también que esas subvenciones no se controlen, “porque han de ir vinculadas al empleo”. Con su mujer, María del Carmen, andan dándole vueltas al qué pasará mañana. “Tenemos dos hijos…”, las mismas vueltas que Rubén le da a su almohada.

El lunes las negociaciones continúan, con el marcador apretando. Aunque el ERE se llevase a los tribunales y se resolviese de forma favorable a los trabajadores, los 96 despedidos estarían en sus casas hasta que la justicia dicte sentencia. Zardaín confía en que la empresa recule en sus intenciones y acepte optar por las prejubilaciones de 30 personas. De momento, ya han anunciado que van a la huelga indefinida desde el día 13.

Los trabajadores se han unido más que nunca para salvar el futuro de una empresa que hasta ahora sostiene la economía del Noroccidente de Asturias. Para que las generaciones futuras puedan seguir mirando a ENCE de frente como lo que siempre fue: la fábrica en la que todos querían trabajar pese a su mal olor. La misma empresa que le ha quitado de un plumazo a Marco la oportunidad de tener un hermano, y que sigue soltando humo, humo y más humo desde su enorme chimenea.

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos , Ovidio Zapico, ha advertido este jueves de que, ante la actual coyuntura política a nivel nacional e internacional, el Gobierno de coalición en Asturias debe continuar “hasta mayo de 2031” y que su labor no termine en 2027, un año en el que las elecciones autonómicas para esa fecha deben ser “una estación intermedia” para el Ejecutivo.

En una entrevista en TPA, Zapico ha señalado que el acuerdo de gobierno goza de “buena salud” y ha dado estabilidad a Asturias frente a lo ocurrido en otras comunidades con ejecutivos de PP y Vox para impulsar “medidas interesantes” para la comunidad que deberían tener continuidad en la próxima legislatura.

La apuesta por la democracia

A su juicio, lo que está en juego ahora es apostar “por la democracia o por el autoritarismo” y en Asturias se corre el riesgo de tener “a personas como (Javier) Jové o (Gonzalo) Centeno -diputados de Vox- sentados en el Consejo de Gobierno”, por lo que ha pedido tomar ejemplo de Portugal donde liberales o demócrata-cristianos piden el voto para el candidato de la izquierda para evitar que llegue al poder la ultraderecha.

En esa coyuntura, el también coordinador general de IU-Asturias ha pedido al conjunto de la izquierda, incluido el PSOE, una reflexión de cara a las próximas elecciones autonómicas, sin concretar si se refería explícitamente a conformar una coalición, sobre qué hacer en las circunscripciones electorales de oriente y occidente “donde históricamente hay miles de votos de Izquierda Unida que van a la papelera”.

La posible ruptura

Respecto al funcionamiento del acuerdo de gobierno con el PSOE, Zapico ha asegurado que solo contempló la posibilidad de haber roto el pacto por parte de IU-CA en las semanas posteriores al accidente minero de Zarréu, en el concejo de Degaña, donde murieron cinco trabajadores, ante las reticencias de la parte socialista del Ejecutivo a impulsar “un giro radical” en “las políticas y las conductas” en la Consejería de Industria, un “cambio estructural” que finalmente se produjo.

¿Comerías oso pardo estofado? Es lo que se pregunta el portavoz de Convocatoria por Asturies, socio de gobierno del PSOE en el gobierno asturiano, tras la negativa del PSOE a vedar la pesca de la angula en Asturias, una especie que, según los expertos, está en peligro de desaparición. Xabel Vegas ha abierto una nueva guerra contra su socio en el gobierno y ha cargado duramente y con retranca en las redes sociales, preguntando a sus seguidores si comerían otras especies en peligro de extinción en Asturias, como el oso pardo cantábrico o el urogallo.

Dice Vegas en su cuenta de X que no debería consumirse angula en Asturias: “¿Comerías un estofado de oso pardo? ¿Qué pensarías si vieses que la carta de un restaurante incluye urogallo asado? Pues, por eso mismo, no debería consumirse este plato destinado a pijos que tienen en sus cuentas corrientes lo que les falta en sus neuronas”.

La polémica se ha desatado tras el comunicado del Gobierno de Asturias en el que se posiciona en contra de la veda de la pesca de la angula y asegura que ya aplica medidas de gestión y sostenibilidad en la pesca de esta especie, según el Principado estas medidas son suficientes.

Entretanto, colectivos ecologistas asturianos han reiterado su solicitud de veda urgente de la angula en los ríos de Asturias, advirtiendo que la especie “va camino de desaparecer” y reclamando un “paro biológico” similar al que se aplica a la anguila, actualmente vedada, ante la continua disminución de ejemplares.

La Coordinadora Ecologista de Asturias subraya que la pesca profesional de angula debería detenerse “sin más demora”, y ha planteado también medidas complementarias para mejorar el estado ambiental de los ríos, eliminar vertidos y barreras que impiden la migración de las angulas hasta sus zonas de desarrollo.

Datos que no cuadran

El PSOE explica que Según los datos manejados por la Consejería, las capturas de angula se mantienen estables desde hace dos décadas, sin indicios de deterioro del recurso, lo que avala la eficacia del modelo de gestión asturiano. A ello se suma el trabajo desarrollado junto a la Comisión Europea y la Secretaría General de Pesca para reducir progresivamente la flota y avanzar hacia una normativa aún más restrictiva en la campaña 2026/2027, con mayores controles, menor esfuerzo pesquero y una mejora de la trazabilidad y el seguimiento digital de la actividad. Pero estos datos no les cuadran a los expertos, que aseguran que la especie está al borde de la desaparición.

El Gobierno asturiano va más allá y considera además incoherente que un país adopte de manera unilateral la prohibición de la captura de esta especie mientras otros Estados limítrofes, como Francia o Portugal —con volúmenes de capturas superiores—, no aplican medidas similares. Por ello, reclama que una decisión de este alcance se analice y acuerde en el marco de la Unión Europea, mientras que su socio de gobierno no da crédito y pide la veda.

Los cinco abogados laboralistas que fueron asesinados a tiros por tres ultraderechistas cuando se encontraban en su bufete de la calle Atocha en Madrid, el 24 de enero de 1977, serán recordados en un homenaje que han organizado conjuntamente la Unión Comarcal de Comisiones Obreras (CCOO) e Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de Asturias este fin de semana en Gijón/Xixón.

A este homenaje ha confirmado ya su asistencia Aída Sánchez, hija de Simón Sánchez Montero, histórico dirigente y diputado del PCE en las legislaturas de 1977 y 1979, y de la sindicalista Carmen Rodríguez Campoamor, represaliada del franquismo, que fue hasta su muerte, en 2012, militante de IU, el PCE y CCOO y muy vinculada a la lucha del Movimiento Democrático de Mujeres.

Siete días de enero

Mañana, viernes, se proyectará la película 'Siete días de enero', del director Juan Antonio Bardem. Será a las seis de la tarde en el Centro Municipal de El Llano.

La entrada es libre hasta completar aforo. La proyección será presentada por el secretario de Intervención en el Conflicto de IU Asturias, Rodrigo Díaz Calvo.

Imágenes reales

La película reconstruye los hechos acontecidos en los días anteriores y posteriores al atentado e incluye imágenes reales de las manifestaciones y los funerales celebrados en memoria de los cinco abogados laboralistas asesinados.

El sábado, a las 12:30 horas, se realizará una ofrenda floral en el Nuevo Gijón, barrio en el que se encuentran los Jardines 'Abogados de Atocha', situados en la calle Peña Santa de Enol.

Reivindicar la memoria democrática

En este acto intervendrán el coordinador local y concejal de IU Xixón Alejandro Farpón y el vicepresidente de la Fundación Abogados de Atocha, Jaime Cedrún. Además contará con la asistencia de los líderes regionales y locales de las organizaciones convocantes.

Los jardines fueron inaugurados en el año 2018, a propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida como un espacio para reivindicar la memoria democrática.

La matanza de Atocha

El pasado sábado, día 24, se cumplieron 49 años de la matanza de Atocha. Fueron asesinados los abogados laboralistas Francisco Javier Sahuquillo Pérez del Arco, Javier Benavides Orgaz, Serafín Holgado de Antonio, Ángel Elías Rodríguez Leal y Enrique Valdelvira Ibáñez.

También resultaron heridos Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Miguel Sarabia Gil, Luis Ramos Pardo y María Dolores González Ruiz.

Pistoleros ultraderechistas

Los autores de este asesinato múltiple -José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada- estaban adscritos a Fuerza Nueva, Falange Española y de las JONS, la Hermandad de la Guardia de Franco y el Sindicato de Transportes de Madrid. Algunos de ellos también colaboraban con la Brigada Político-Social de la Policía.

La Triple A reivindicó el atentado. Tres años más tarde, el 29 de febrero de 1980, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó por los asesinatos a cinco ultraderechistas: Francisco Albadalejo Corredera, funcionario, secretario del Sindicato de Transportes y Comunicaciones de Madrid; José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá, Gloria Herguedas Herrando y Leocadio Jiménez Caravaca.

Asturias se ha convertido en los últimos cinco años en un lugar donde encontrar una casa para vivir o un piso se ha convertido en un infierno. Los precios de los alquileres se han disparado tanto que hoy cuesta casi tanto alquilar una habitación en Gijón que lo que hace cinco años costaba un piso entero. Y lo peor es que los precios no dejan de subir, dejando a muchas familias y jóvenes preguntándose si podrán seguir viviendo en la ciudad en la que trabajan. Jóvenes con ganas de independizarse, familias que temen la renovación de los contratos de alquiler y gente esperando un precio razonable para alquilar un piso en la ciudad en la que trabajan pero no pueden permitirse vivir. Las cuentas, literalmente, no salen.

“El precio de la vivienda está disparatado y es inasumible por los niveles de especulación que se están produciendo con un bien de primera necesidad y un derecho consagrado por la Constitución”, asegura el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico.

Para intentar frenar esta escalada y proteger el derecho a la vivienda, el Principado trabaja en la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en doce áreas pertenecientes a cinco concejos: Gijón, Avilés, Llanes, Gozón y Cabrales.

Estas zonas son aquellas en las que, por sus características del mercado, existe un riesgo evidente de que la oferta de viviendas sea insuficiente para la población residente, especialmente para quienes buscan emanciparse o mantener un alquiler asequible. La medida, prevista en la Ley 12/2023, sobre el derecho a la vivienda, busca intervenir allí donde el mercado ha dejado de garantizar el acceso a un hogar digno.

Criterios para ser zona tensionada

Para declarar una zona tensionada se aplican dos criterios principales. El primero es el porcentaje de esfuerzo económico: cuando la carga del alquiler o la hipoteca, sumada a los gastos básicos, supera el 30 por ciento de los ingresos medios del hogar. El segundo es el incremento del precio de compra de vivienda: si el aumento acumulado en los últimos cinco años supera en tres puntos porcentuales el IPC de Asturias. Si se cumple al menos uno de estos criterios, la zona puede ser declarada tensionada.

El proceso administrativo incluye varias fases: un informe de diagnóstico, una fase de información pública y alegaciones, la memoria justificativa y finalmente la resolución del consejero que formaliza la declaración. Cabe destacar que el Ministerio de Vivienda no ratifica estas zonas, sino que publica trimestralmente las declaraciones realizadas por las comunidades autónomas, que son quienes aplican las medidas.

Más de un tercio de los ingresos a pagar la vivienda

Actualmente, los cinco concejos que concentran zonas tensionadas son: Gijón, con los distritos Centro, Este, El Llano, Sur y Oeste, todos tensionados por el porcentaje de esfuerzo del alquiler. Los precios medios oscilan entre 715 y 889 euros mensuales, mientras la renta media de los hogares se sitúa en torno a 3.000 euros, confirmando que más de un tercio de los ingresos se destina a pagar vivienda. Ninguna zona cumple el criterio del incremento de precios de compraventa.

Avilés incluye el barrio de La Magdalena. Llanes abarca el núcleo urbano y las localidades de Posada, Barro, Poo, Celorio y Nueva. Gozón cuenta con Luanco, y Cabrales con Arenas y Poo. De estas áreas, algunas ya han sido publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, mientras que otras se incorporarán en las próximas semanas. El mapa es dinámico, y nuevos concejos podrían sumarse si los datos del mercado empeoran y cumplen los criterios establecidos. Tal y como explica Ovidio Zapico “la próxima semana se publicará en el BOPA la declaración de zona tensionada del barrio de la Magdalena, en Avilés, y analizaremos el resto de la ciudad en los próximos mesos y añadiremos el concejo de Muros de Nalón, tal y como no han solicitado desde el ayuntamiento. Seguimos creyendo que el precio de la vivienda es inasumible y vamos a exprimir al máximo lo que nos ofrece la ley, también vamos a hacer un análisis de La Felguera”.

Limitar las subidas del alquiler

La declaración de zonas tensionadas abre la puerta a limitar subidas de alquiler. Jóvenes, familias con ingresos medios y residentes permanentes son quienes más sufren la situación, que convierte la vivienda en un gasto que absorbe gran parte de sus ingresos y limita su capacidad de vida en la región. En Asturias, la crisis de la vivienda ya no es un problema puntual de algunas zonas urbanas, sino una cuestión estructural que afecta a ciudades y municipios por igual, y cuya resolución requiere medidas efectivas, planificación y vigilancia constante del mercado.

Gente viviendo en caravanas

El portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, Javier Linares, explica que «en Gijón, en el polígono de Pumarín o en El Molinón, cada vez son más los que viven en caravanas. Es gente que no se puede permitir un alquiler; es imposible acceder al mercado libre con las exigencias actuales, porque ahora son los inquilinos quienes pagan los honorarios de las agencias, un mes por adelantado, seguros de impago e incluso avales. Son cláusulas abusivas: se están cobrando honorarios de las agencias a los inquilinos y eso es ilegal. La gente ya no tiene dónde vivir; la situación es insostenible. Bonificar fiscalmente a los propietarios es un error. Lo que nos encontramos es gente de Gijón que no puede vivir en su propia ciudad. La única solución es intervenir el mercado».

Asturias necesita soluciones que permitan a los trabajadores vivir en el lugar donde trabajan. Las medidas puestas en marcha por la consejería de Vivienda: programa Alquilámoste, construcción de 574 viviendas públicas destinandas al alquiler asequible y el compromiso de licitar más este año, ayudas al alquiler y a la accesibilidad, bono joven de alquiler y ayudas de compensación a propietarios por paralización de desahucios se siguen quedando cortas, ante un mercado de alquiler que se dispara cada día.