La denuncia de la inspectora de Policía contra el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional muestra un detalle que hiela la sangre por todo lo que implica. Según la narración de los hechos José Ángel González ordenó a la inspectora que acudiera a una comida con él y su número dos trayendo un coche oficial para recogerlo y acompañarlo a su casa donde sucedieron los hechos de la supuesta agresión que fueron grabados por la denunciante. Le ordenó acudir a que la violaran.

La clave en esta sucinta narración que he hecho es la palabra ordenó, porque en el caso que nos ocupa podía hacerlo, podía ordenar cualquier cosa y no había nada que la inspectora pudiera alegar para eludir esa orden de su máximo superior, que también había sido su pareja. No podía acudir a nadie para evadir ese mandato aunque tuviera miedo, aunque creyera que esa agresión podría producirse sin que eso afectara de manera inmediata a su trabajo porque no se puede desobedecer al cargo de más poder dentro de la Policía. Tenía que elegir entre una sanción profesional o convertirse en víctima de agresión sexual. 

Esa manera de actuar no es algo que nace al final de tu carrera después de que el gobierno hubiera incluido en un decreto la posibilidad de que te mantengas en el ejercicio de tus funciones y jubilarte aun más tarde. Ese es un comportamiento adquirido habitual a lo largo de los muchos años en los que José Ángel González ha ejercido cargos de responsabilidad en la Policía. No se aprende ese abuso de poder con 65 años, se tiene entrenado. Lo que empezamos a sospechar es que además se premia para ascender. 

La pregunta que es imprescindible hacerse es quién está al mando de quien tiene que proteger a las mujeres, de quienes tienen que protegernos a todos. ¿Cuáles son los méritos que hay que atesorar para ir subiendo en el escalafón? A la vista de los hechos es fácil concluir que la violencia, la humillación y el sometimiento forman parte del ejercicio de sus funciones en su ocupación. Es preceptivo cuestionarse en cuántos casos y actuaciones esa manera de proceder se repite. No me creo que alguien que tiene la sangre fría para dar esa orden sea la primera vez que lo usa de manera tan abusiva. 

En los últimos trece años ha habido tres Directores Adjuntos de la Policía Nacional. En once de esos trece años han estado en ese puesto Eugenio Pino y José Ángel González. El primero de ellos ya ha sido condenado por su implicación en una de las muchas derivadas de la Policía Patriótica, el otro es el acusado de agresión sexual. Eugenio Pino antes de esa máxima responsabilidad fue el máximo responsable de las Unidades de Intervención Policial, los antidisturbios, desde 1997 a 2005. Para quedarse tranquilos. José Ángel González también fue uno de los máximos dirigentes de las UIP habiendo sido durante casi veinte años el máximo responsable de la VII Unidad de Intervención Policial con sede en Valladolid. Es una buena cantera la UIP. 

Es verdaderamente alarmante la poca calidad democrática de los máximos responsables de la Policía Nacional y es necesario establecer una limpieza profunda que ponga en cuestión qué concepción de la ley y la seguridad se tienen en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que estos perfiles sean los que acaban liderando la Policía usando su ínfima calidad moral como baremo fundamental para ejercer su actividad profesional. No es algo que sea exclusivo del cuerpo de Policía, en el caso de la Guardia Civil hemos tenido casos igual o más sangrantes como es el caso de Manuel Sánchez Corbí, que llegó a ser el máximo dirigente de la Unidad Central Operativa, la famosa UCO, habiendo sido condenado en 1992 por torturas al etarra Kepa Urra. Años después de esa condena se le condecoró con la Cruz de Plata de la orden del mérito. No incluyeron las torturas, que se sepa, en la exposición de motivos para los ascensos ni las condecoraciones. Pero me temo que sí tuvieron que ver, a favor, en esa carrera tan exitosa. 

Para tener una Policía Nacional y Guardia Civil propia de un país democrático es necesario depurarlo y asumir que algo se ha estado haciendo mal mirando para otro lado con muchas actuaciones policiales porque se asume que hay que elegir entre quienes hacen cumplir la ley y los delincuentes. Es una evidencia que hay que reparar la aberración de premiar a quienes van fraguando su carrera mediante el abuso de poder como norma. Si se abusa con los compañeros, se hace con los ciudadanos. No estamos seguros sabiendo quiénes están al mando de aquellos que tiene como obligación legal proteger nuestros derechos. 

El vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha prometido este viernes en Antena 3 que la semana que viene mostrará el expediente de la investigación interna que el Comité de Derechos y Garantías del partido instruyó por la denuncia de una concejala de Móstoles (Madrid) por acoso sexual y laboral contra el alcalde de la localidad, Manuel Bautista. Una afirmación que ha tenido que rectificar el PP posteriormente tras reconocer que “es imposible hacerlo público” porque “es confidencial”.

Durante una entrevista en 'Espejo Público', De los Santos ha dicho que estará “encantado de mostrar” el expediente para poner de manifiesto que, en su opinión, el partido investigó adecuadamente la denuncia contra Bautista y evitar así que se pueda comparar la presunta agresión sexual del ya ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, con lo que el dirigente del PP ha rebajado a “acoso laboral”.

De los Santos ha intentado poner distancia entre ambos casos y, de hecho, ha señalado a la 'ley del solo sí es sí' como responsable de que se puedan comparar dos cuestiones que, ha afirmado, no guardan ningunas relación. “Si el PSOE va a considerar que un caso de una violación de una policía nacional por un jefe directo que mandaba sobre toda la Policía es algo que se puede ensombrecer con otras cuestiones, lo llevan claro”, ha espetado durante un debate con el diputado socialista Víctor Gutiérrez.

“El pecado original está en la 'ley del solo sí es sí”, ha afirmado, porque “permite que hoy este diputado socialista intente pasar por la misma realidad [la supuesta agresión del DAO] una cuestión que ni siquiera ha sido admitida a trámite”, en referencia a la querella interpuesta contra Bautista que está pendiente de ser revisada por el juzgado.

El vicesecretario de Igualdad ha lamentado que “un tipo penal deleznable, como es una violación” se compare con el supuesto acoso a la concejala para “intentar pasar por el mismo filtro una cuestión y otra”.

De los Santos ha afirmado que él se ha “leído todo el expediente” surgido de la denuncia interna de la concejala de Móstoles, y que instruyó el Comité de Derechos y Garantías estatal que preside José Antonio Monago.

“Lo que llega al PP”, ha dicho, “es una denuncia de acoso laboral”. “Además”, ha añadido, “cuando [la denuncia] llega al Comité de Derechos y Garantías, la denunciante, que merece todo mi respeto, no era ya una afiliada”.

Los Estatutos del PP aseguran en su artículo 52.3: “En el ejercicio de sus funciones de supervisión del cumplimiento normativo, los respectivos Comités extenderán sus competencias a los empleados del partido y cualquier persona incluida en el ámbito de aplicación de las normas de cumplimiento, aunque no tenga la condición de afiliado al PP”.

También el Protocolo de prevención del acoso laboral del PP, dentro del Programa de Cumplimiento Normativo, hace una afirmación similar. El texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, asegura además: “La investigación será llevada a cabo de forma que se permita garantizar al máximo posible la confidencialidad, el respeto a la intimidad y dignidad de las personas afectadas, garantizando en todo caso la preservación de la identidad y circunstancias personales de quien denuncie”.

Tras las declaraciones de De los Santos, desde el PP se han puesto en contacto con elDiario.es para aclarar que “es imposible hacer público un documento de esta naturaleza cumpliendo con la normativa interna del Comité de Derechos y Garantías”, y que “así se le ha advertido” al vicesecretario. “El expediente es confidencial”, zanjan desde el PP.

Defensa de la investigación interna

De los Santos ha defendido la investigación realizada por el Comité de Derechos y Garantías, pese a que este órgano solo entrevistó a la denunciante por correo electrónico. A Manuel Bautista sí se le dio audiencia presencial.

El vicesecretario ha hablado además de un “expediente que llega” al PP, pero el partido en Madrid nunca abrió una investigación formal sobre los hechos denunciados. Tanto el 'número dos' de Ayuso, Alfonso Serrano, como su 'número tres', Ana Millán, se reunieron con la concejala de Móstoles para intentar disuadirla de presentar una denuncia judicial y solucionar de forma interna el asunto.

En los audios y transcripciones de las reuniones hechos públicos, se escucha a Serrano decir: “Aquí lo que estamos hablando es que te ficha Manuel, te pone de 'número dos', hay un conflicto entre lo personal y profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿Estamos hablando de eso?”. En una rueda de prensa, llegó a replicar a un periodista: “¿Tú cómo ligas?”.

Millán incluso amenazó a la denunciante con abrirle un expediente, después de acusarla de “pasar información al PSOE”. También rechazó reunirse con la que fue su compañera de partido en presencia de un abogado, pese a que las normas internas permiten expresamente que las personas que denuncian lo puedan hacer “a través de sus representantes legales”.

La concejala de Móstoles acabó dimitiendo ante lo que ha descrito como un acoso laboral derivado de su rechazo a tener una relación con Manuel Bautista, que sigue en su cargo de alcalde.

El policía delincuente es un tópico del cine y la novela negra, por su condición a la vez fascinante y aterradora, su psicología retorcida y su vida al límite. En ficción recordamos policías mafiosos, policías narcotraficantes, policías ladrones, policías corruptos, policías torturadores, policías que espían a rivales políticos del gobierno, policías que fabrican delitos para desacreditar a esos mismos rivales, policías que abusan de su poder y, por supuesto, policías violadores. Entre todos ellos, mi policía delincuente favorito es aquel Bad Lieutenant (aquí traducido como Teniente corrupto, aunque era más que corrupto) tanto en la versión de Abel Ferrara con Harvey Keitel como en la de Herzog con Nicholas Cage. “Mi policía delincuente favorito” quiere decir el peor, el que no querría cruzarme en mi camino.

Fuera de las pantallas o las novelas, los policías delincuentes no fascinan nada, solo aterran. Y hemos conocido muchos también. En la España democrática del último medio siglo recordamos policías mafiosos, policías narcotraficantes, policías ladrones, policías corruptos, policías torturadores, policías que espían a rivales políticos del gobierno, policías que fabrican delitos para desacreditar a esos mismos rivales, policías que abusan de su poder y, por supuesto, policías violadores. Y donde dice “policía” puedes poner guardia civil, y en algunos delitos también ertzainas, mossos o policías locales, que cada cuerpo tiene sus ovejas negras.

Son minoría, no hace falta que me lo recuerden: la inmensa mayoría de los cuerpos de seguridad cumplen con la ley. Pero esa minoría nos provoca una inseguridad enorme. Insisto, pocas cosas me dan más miedo que un agente de la autoridad cometiendo delitos. Que alguien encargado de nuestra seguridad, que tiene el monopolio de la violencia legal, va armado y, además, tiene presunción de veracidad (su palabra vale siempre más que la tuya), pueda darte una paliza, meterte droga en el coche, llevarse fardos de coca o fajos de billetes de una operación, extorsionarte o cosas peores, es terrorífico.

Mucho peor es cuando además el delincuente no es un agente raso, sino un mando policial, alguien con poder jerárquico y más capacidad para ocultar sus fechorías. Y en los últimos tiempos hemos conocido demasiados mandos policiales responsables de la lucha contra el narcotráfico, que a la vez que dirigían operaciones se dedicaban al tráfico de droga. O encargados de perseguir delitos económicos que tenían millones de euros de dudoso origen entre las paredes de su casa.

La sola posibilidad (por ahora solo hay presunción) de que el jefe máximo de la policía, no un comisario más sino el responsable del cuerpo, hubiera cometido una agresión sexual, es espeluznante. Si además hubiese acosado y amenazado a la víctima, e intentado comprar su silencio, y todo con la ayuda de otros policías de su confianza, es terrorífico, porque indica hasta qué punto se sentía impune.

¿Hay algo peor que un policía delincuente? Sí, y mucho peor: un policía delincuente al que encubren otros policías. En demasiadas ocasiones hay policías que, por corporativismo, por lealtad o por complicidad, amparan a los delincuentes, miran para otro lado, dificultan las investigaciones o son parte de la trama. Si se confirma lo denunciado por la presunta víctima, es urgente que el ministerio de Interior limpie a fondo la Policía Nacional, caiga quien caiga. Qué miedo.

La directora adjunta operativa en funciones de la Policía, Gema Barroso, ha contactado alrededor de las 10:30 horas de hoy con la agente que ha denunciado haber sido violada por el anterior número dos del Cuerpo, José Ángel González, para ofrecerle protección. La mujer, según fuentes del Ministerio del Interior, ha aceptado el ofrecimiento.

Un juzgado de Madrid ha citado como querellado a González y a la presunta víctima el próximo 17 de marzo. “Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según el artículo 89 de la LOPJ, y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable”, recoge el auto. Al trascender la denuncia, González presentó su dimisión. Después ha explicado que lo hizo para preservar el buen nombre de la Policía y poder defenderse.

La querella de la mujer explica que mantuvo una relación con el comisario en el pasado, siendo su subordinada, y a continuación hace un prolijo relato de los hechos. La denunciante afirma que ella puso fin a la relación en un momento sin determinar y que, “a partir de entonces, fue víctima de una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” acaecidos el 23 de abril de 2025, y que incluyen una violación con penetración.

“Inmediatamente, tras los hechos del 23 de abril de 2025, el querellado inició una campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima”, añade el escrito. El comisario pretendía, según el abogado, “mantener el control sobre la víctima, minimizar la gravedad de su conducta delictiva, culpabilizar a la víctima de lo sucedido, impedir que la víctima interpusiera denuncia por los hechos y ofrecer compensaciones laborales como 'precio del silencio'”.

Los aspirantes a mandar en la Policía Nacional cuando se produzca un probable cambio de Gobierno llevan tiempo tomando posiciones. Observar las corrientes marinas que agitan estos meses el pequeño océano de los comisarios ayuda a entender el arribismo en el Cuerpo. Nunca se sabe quién puede dar tu nombre al próximo ministro del Interior o qué sobremesa frecuentaste que ahora va a encumbrarte. Hay nombramientos cantados y otros improbables, como el de José Ángel González, conocido internamente como Jota, director adjunto operativo desde 2018. Antiguo teniente de la Policía armada, primera línea de los antidisturbios en tiempos, Jota reinó hasta el martes por la tarde en la Policía de un “Gobierno de rojos”. Sin ser él nada de eso. 

La denuncia por violación de una subordinada, acompañada de las coacciones que le habrían seguido, ha puesto fin a la carrera de Jota. De la promoción del 84, como de tantas otras, todos salían con un mote. Algunos lo conservan durante su carrera. A otros se les cae en el ascenso y pasan a ser llamados por su apellido. Pero Jota lo conserva. A fin de cuentas, él no llegaba de los despachos, ni de la investigación: José Ángel González será siempre “un botas”, como se conoce en la Policía a los antidisturbios. “Siempre estaba en primera línea cuando había que intervenir, como en las huelgas de los mineros, dando la cara. Su gente lo idolatraba”, le alaba un antiguo compañero que pide no ser citado. 

Fernando Grande-Marlaska había conseguido con el comisario González y con el director general de la Policía, el socialista Francisco Pardo, su objetivo: que nadie supiera quiénes eran. Y eso, a pesar de ser los responsables de 80.000 funcionarios públicos con placa y pistola. Cuando se preguntaba al ministro por ellos, Marlaska aludía al perfecto desarrollo de acontecimientos internacionales que son competencia de la Policía, como la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en 2022, un arriesgado escaparate para el país. 

El ministro niega taxativamente que Pardo y González hubieran sido tolerantes con las expresiones radicales que se prodigan en la Policía desde el proceso soberanista en Catalunya, pese a las evidencias en redes sociales y medios de comunicación. Los expedientes disciplinarios se anuncian a partir de los escándalos en la prensa y luego se les pierde la pista. Rara vez concluyen en una sanción relevante. Tampoco se les podía preguntar por ello. Ni Pardo ni González daban ruedas de prensa. Como el resto de mandos del Ministerio del Interior. Allí solo habla el ministro. 

El jefe del comisario González, el manchego Francisco Pardo, fue secretario de Estado de Defensa con José Bono y una persona unida fuertemente al exministro y antiguo presidente del Congreso. A Pardo le gusta repetir una cita que se atribuye a San Vicente de Paúl: “El bien no hace ruido y el ruido no hace bien”. Y así fue en la Dirección de la Policía, con el tándem perfecto entre Paco Pardo y Jota. Hasta que trascendió el martes la denuncia por violación contra el DAO. Este miércoles, Pardo reunió a la cúpula de la Policía para impartir directrices a raíz del escándalo. En privado, jura que desconocía la denuncia contra su 'número dos'. 

La tibieza de Pardo y González con los ultras de la Policía ha permitido que estos proyectaran su ruido hacia fuera. El máximo exponente es Jupol, sindicato con mayor afiliación, que frente a un grave caso de violencia sexual contra una compañera ha decidido fijarse en el ministro del Interior, del que no hay hasta ahora un solo indicio de que conociera la denuncia contra José Ángel González. 

Las notas de prensa y las declaraciones de Jupol suelen dar pistas de las iniciativas que van a seguir PP y Vox en materia de seguridad. En el caso de la agresión sexual a la mujer policía, el sindicato anticipó el martes por la tarde la bronca sesión de control al Gobierno que protagonizaría la derecha y la ultraderecha parlamentarias a la mañana siguientes. González estaba amortizado y Pardo no tiene relumbrón mediático. Había que volver a hacer política y Jupol se apresuró a exigir la dimisión del ministro. 

Copa de balón y “a sus órdenes”

Pero volvamos a la Policía. Sin dejar la política. González habría cometido la violación borracho de poder, al cumplir siete años en el cargo. En él había permanecido por su habilidad para “no hacer ruido”. Tanta habilidad como para que el Gobierno incluyera en un decreto ómnibus un cambio legal para que siguiera en el cargo cumplidos los 65. Pero cómo pudo llegar a DAO de un Gobierno progresista un mando sin preparación, sin experiencia en la investigación y sin perspectiva global de la seguridad. Jota, un comisario de toda la vida. De copa de balón y un “a sus órdenes”. Para explicarlo hay que remontarse a la convulsa primavera política de 2018.

El inesperado éxito de la moción de censura sorprendió al PSOE sin un banquillo organizado para tomar el relevo. El Gobierno de Zapatero había encumbrado al único (y reducido) grupo de comisarios afines decididamente al partido, un grupo de jóvenes que en la transición tuvieron la quijotesca idea de ingresar en el Cuerpo para cambiar el régimen desde dentro. Pero cuando llegó Pedro Sánchez su momento ya había pasado. Y tampoco estaba Alfredo Pérez Rubalcaba, quien en su etapa logró recabar adhesiones inquebrantables de coroneles y comisarios dispuestos a olvidar su adscripción ideológica por admiración al personaje.

Rubalcaba y su equipo optaron por recomendar a los colaboradores de Sánchez a un comisario que había trabajado con ellos, con idiomas y experiencia en áreas clave. Pero ese comisario tenía una titulación universitaria en el mismo máster que Cristina Cifuentes, como muchos otros mandos por el requisito que impuso el PP para poder detentar cargos de importancia. En 2018 aquel título manchaba. 

Entonces, otro policía comisario, amigo de Zapatero, habló al expresidente de José Ángel González. El nuevo Gobierno no tenía mucho donde elegir y Jota se le presentaba como un comisario “dócil”. Esa característica le ha valido para mantenerse ocho años al frente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía de un Gobierno socialista. Un observador privilegiado de varias generaciones de mandos policiales lo describe gráficamente: “Los comisarios son de quien haga falta con tal de mandar. Como si hace falta hacerse de Podemos”.

El arribismo en la Policía experimentará en los próximos días un nuevo episodio. El puesto de director adjunto operativo saldrá a concurso y los comisarios principales que lo deseen tendrán un plazo de una semana para presentarse. La pregunta es cuántos dejarán su nombre por escrito para aspirar a DAO de la Policía con un Gobierno al que anticipan pocos meses de vida. “La peregrinación a Génova es constante”, asegura otra voz autorizada en el Cuerpo. 

El ascenso hasta la cumbre policial de un mando de la Unidad de Intervención, como José Angel González, tiene un aciago precedente. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en 2012, la calle ardía por la crisis económica. En Génova optaron por Eugenio Pino, que había comandado a los antidisturbios de toda España. Siendo DAO (director adjunto operativo), Pino organizó una brigada política contra la oposición democrática. En abril se sentará en el banquillo por sabotear la investigación judicial de la caja B del Partido Popular desde su puesto de mando en la Policía. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel, al igual que para el penúltimo ministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz. El actual presidente del partido, Alberto Núñez Feijoó, concluyó este miércoles que la acusación por violación contra el DAO de la actual Policía es una muestra de cómo “España se cae a pedazos” por culpa del Gobierno de Sánchez.

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha asegurado que renunció al cargo en cuanto tuvo constancia de la denuncia interpuesta contra él por presunta agresión sexual, para no perjudicar el “buen nombre” del Cuerpo y para defenderse “en condiciones”.

“En el momento en que me enteré de la querella, automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional. Y, además, para poder defenderme en condiciones”, ha expresado en sus primeras declaraciones tras dejar el cargo, emitidas este miércoles por Antena 3.

González presentó su dimisión este martes, renunciando al cargo como máximo mando de la Policía Nacional tras la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid de citarle como investigado al admitir una querella por un presunto delito de agresión sexual cometido contra una subordinada.

El ex DAO ha precisado que no se ha tratado de un cese, sino de una renuncia propia que formalizó por escrito. “Ahora me tienen que cesar ellos. Yo renuncié, lo hice por escrito, además puse que por no ensuciar el buen nombre de la Policía”, ha defendido.

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ha citado este miércoles a todos los mandos de este cuerpo tras la crisis abierta por la renuncia del director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, tras la querella y citación judicial por presunto acoso sexual a una subordinada.

La reunión con la junta de gobierno se celebra en la Dirección General menos de 24 horas después de conocerse esta querella y de la citación judicial del 'número dos' de la Policía, según han detallado a Europa Press fuentes al tanto del encuentro.

Gema Barroso, la subdirectora de Recursos Humanos y Formación del Cuerpo, ocupará el puesto de forma interina hasta que el Ministerio del Interior nombre a un sustituto definitivo. La legislación dispone que, en caso de vacante en la dirección adjunta operativa, corresponde la suplencia a las personas titulares de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, de la Subdirección General de Logística e Innovación y del Gabinete Técnico, por ese orden. Barroso fue la última jefa de la denunciante. El 24 de julio, la mujer se incorporó a un nuevo puesto en la Subdirección de Recursos Humanos, ubicada en el mismo edificio en el que trabaja el presunto agresor. Cuando entraba al despacho de su nueva jefa, recibió una llamada del DAO. La denunciante comunicó que no estaba en condiciones de trabajar y su superiora la puso en manos de los especialistas psicosociales. Desde entonces se encuentra de baja laboral.

José Ángel González era DAO desde 2018, tras la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior. El propio director general de la Policía es otro de los cargos que sigue desde la primera legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez. En 2024, el Gobierno aprobó una modificación legal para que el director adjunto operativo de la Policía no tuviera que jubilarse y González siguiera en el puesto hasta ser cesado o dimitir, ya que en diciembre de ese año cumplía 65 años y llegaba el momento de su jubilación.

Marlaska ha reconocido este miércoles que estaba decepcionado con el DAO y ha negado que tapara la denuncia de unos hechos que se remontan a abril de 2025. También ha apuntado que dimitiría si la víctima considera que ha estado desprotegida o que él personalmente “le ha fallado”.

El abogado de la denunciante por presunta agresión sexual contra el ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha manifestado este miércoles que la primera información que trasladaron sobre el caso al Ministerio fue el martes, en el momento en que la demanda fue admitida a trámite. El letrado Jorge Piedrafita ha abierto además la puerta a que haya nuevos encausados y ha mencionado directamente a la mano derecha del ex-DAO, el comisario Óscar San Juan: “Ha tenido una participación activa en los hechos y tendrá que dar su versión”.

Piedrafita ha hecho estas manifestaciones en una entrevista concedida a Aragón Radio. Ha asegurado que la víctima está “muy mal”, una situación que se ha visto acrecentada por el “tsunami mediático y la repercusión” del caso, y también “por los múltiples ataques que está recibiendo sobre su intimidad”. “Ella y su entorno están sufriendo cada vez más, por desgracia en este tipo de casos son habituales y seguiremos dándole fuerza y la máxima protección posible”, ha incidido.

El abogado ha confirmado que los hechos sucedieron el 23 de abril del año pasado, cuando la agente estaba de servicio. En un momento determinado recibió la orden del DAO de acudir a su residencia oficial. Allí, González le habría intentado “forzar” hasta llegar a hacerlo “violentamente, arrastrándole la ropa”. Tras unos minutos de “resistencia”, la mujer habría logrado “zafarse y huir del domicilio”. En ese momento, siempre según el relato del abogado, es cuando comenzaron los supuestos acosos. Así, el ex-DAO le habría recriminado su “actitud” no directamente sino “por medio de su brazo ejecutor, el comisario San Juan”, y le habría presionado para que no denunciara. “Le llegaron a ofrecer que pidiera el destino que quisiera. Finalmente, la víctima ”explota psicológicamente“ y tuvo que ser atendida para iniciar un ”proceso de recuperación“ que según Piedrafita ”aún sigue“.

En este tiempo, la acusación ha trabajado “muchos meses con discreción” para “armar” una querella -presentada el 9 de enero- “que fuera directamente al Juzgado, sin interferencias policiales”. Por este motivo, Piedrafita ha reconocido que el Ministerio no estaba al tanto de la denuncia, al menos por la parte denunciante. “Lo hemos llevado todo con la máxima discreción, el asunto ha entrado directamente al Juzgado”, ha insistido. No fue hasta el martes cuando, una vez confirmada la admisión de la querella, cuando la presunta víctima habló “directamente con la subdirectora general de Personal, Gemma Barroso”, quien -ha detallado Piedrafita- “se quedó literalmente de piedra” cuando le explicó los hechos. “Ese es el único contacto que por nuestra parte hay con el Ministerio”, ha destacado el letrado, que ha abundado en la cuestión: “Si (el ministro Marlaska) lo conocía por otras vías es algo que yo desconozco, desde luego por nosotros no”.

Piedrafita no ha descartado que haya “más personas implicadas” en el momento en el que se empiece a “depurar la responsabilidad de todas las personas que han intervenido”. En este contexto, ha apuntado al número dos del ex-DAO, a quien ha atribuido una presunta “participación activa en los hechos” como “brazo ejecutor” de González. “El comisario Óscar San Juan tendrá que dar su versión y habrá que valorar si tiene algún tipo de responsabilidad penal”, ha manifestado el abogado de la denunciante. De hecho, Piedrafita ha dejado caer que les están llegando “rumores” de que este “puede no ser un hecho aislado”, sino que haya “más casos de mujeres que hayan pasado por la misma situación”. En esta tesitura, les ha animado a que, aunque es un proceso “muy duro”, “sean valientes” y denuncien: “Estas cosas se tienen que saber y bajo ningún concepto pueden permitirse en un cuerpo policial”.

Finalmente, respecto a la presunta malversación de caudales que denuncia, Piedrafita ha explicado que está relacionada con el hecho de que para “consumar la acción” utilizara medios públicos, como un vehículo y un conductor para trasladar a la víctima y la vivienda propiedad del Ministerio, “para finalidades que no son el servicio público” sino la “única satisfacción e interés personal” del acusado.

El ya ex director adjunto operativo de la Policía José Ángel González incluyó el pasado año en la lista de comisarios reconocidos con la más alta distinción a su asesor, Fernando Óscar San Juan, a quien la víctima acusa de participar en las coacciones y encubrimiento de su violación por parte del número dos de la Policía. La Medalla de Plata, como se conoce en la institución, es un polémico reconocimiento que se reparte entre los miembros de la cúpula de la Policía en el último tramo de su carrera, o cuando se jubilan, y conlleva un 15% adicional a su salario de por vida.

El reconocimiento a San Juan se produjo en octubre de 2025, unos meses después de que González perpetrara la presunta violación y de que su asesor llamara en varias ocasiones a la víctima, una agente del Cuerpo, para ofrecerle un puesto a cambio de su silencio. elDiario.es ha tenido acceso a un documento restringido en el que la Dirección General de la Policía justifica los méritos para la concesión de la condecoración que los sindicatos policiales consideran la construcción de un relato para esconder un reparto de premios entre la escala superior en detrimento de los agentes de base.

En ese documento se dice que San Juan “ha demostrado tener una actuación ejemplar y extraordinaria en el marco de los cometidos asignados desde su nombramiento en su puesto en 2018, bajo la directa dirección del director adjunto operativo [el dimitido González], en sus funciones como asesor mediante el diseño de importantes dispositivos y eventos”. En este sentido, la resolución menciona la cumbre de la OTAN de 2022, la Presidencia de España del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023 los Juegos Olímpicos de París, el dispositivo tras la DANA y el apagón eléctrico de 2025.

San Juan ha hecho carrera en los últimos años a la sombra del comisario acusado de violación. Junto a él estuvo en la Jefatura Superior de Melilla y en un destino anterior de González en Valladolid. Según recoge la querella, el comisario Óscar San Juan llamó en cinco ocasiones a la víctima en julio de 2025 –la presunta agresión sexual se produjo en abril– sin que esta atendiera el teléfono.

Finalmente, el 13 de ese mes, la denunciante y San Juan mantuvieron una conversación que fue grabada por la primera y cuyo audio se ha adjuntado a la querella, según escribe el abogado de la víctima. En la misma, San Juan “le propuso textualmente que ”elija a qué destino/puesto de trabajo quiero ir y que cuando lo tenga pensado se lo mande por wasap“.

La querella añade: “En ese momento, la víctima le manifestó expresamente que lo sucedido no iba a quedar así y que tendría las consecuencias procedentes por las agresiones, faltas de respeto y abusos sufridos por José Ángel González, a lo que el citado San Juan contestó: ”Que no sabe de qué hablo y que solo me llama para saber mis intereses“, añadiendo literalmente: ”Tú me llamas porque él te ha dicho que me llames“. La víctima respondió: ”No contesto a su proposición“.

Los sindicatos policiales han plantado batalla judicial a las concesiones de este tipo de medallas obteniendo resoluciones a su favor, pero el ministro del Interior ha vuelto a concederlas. En octubre de 2025, junto a San Juan fueron condecorados con la Medalla de Plata al menos otros siete comisarios. La decisión de la concesión de ese tipo de medallas se adopta en el ámbito de la Dirección General de la Policía y lleva la firma del ministro de Interior. 

En la resolución por la que se premia a Óscar San Juan, cuyo cese ha anunciado esta mañana el ministro del Interior, se dice que el comisario tiene “una alta capacidad de trabajo, gestión y dirección, demostrando total abnegación, con dedicación absoluta que han contribuido al prestigio de la Corporación”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este miércoles que ha pedido una información reservada sobre San Juan por sus presuntas coacciones hacia la denunciante ofreciéndole cualquier puesto en la Policía. “Se está estudiando y he pedido que se acuerde que se le releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales”, ha expuesto.

El director adjunto operativo de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, ha presentado su dimisión a última hora de este martes después de que trascendiera que un juzgado de Madrid le investiga por la denuncia de una subordinada que le acusa de varios delitos, entre ellos agresión sexual con penetración, informan a elDiario.es fuentes policiales. En un auto, el juez David Maman Benchimol cita a González el próximo 17 de marzo, el mismo día que a su presunta víctima.

El auto citado afirma: “Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según el artículo 89 de la LOPJ, y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable”.

La querella de la mujer explica que mantuvo una relación con el comisario en el pasado, siendo su subordinada, y a continuación hace un prolijo relato de los hechos. La denunciante afirma que ella puso fin a la relación en un momento sin determinar y que, “a partir de entonces, fue víctima de una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” acaecidos el 23 de abril de 2025.

González es director adjunto operativo de la Policía desde 2018, cuando se produjo el cambio de Gobierno. En 2024, el Gobierno aprobó una modificación legal para que el director adjunto operativo de la Policía no tuviera que jubilarse y González siguiera en el puesto hasta ser cesado o dimitir, ya que en diciembre de ese año cumplía 65 años y llegaba el momento de su jubilación. La modificación se produjo a través del Real Decreto Ley 7/2024 de 11 de noviembre, sobre medidas urgentes contra la DANA. El plan del Ejecutivo para el comisario González fue adelantado por elDiario.es.

La elección de José Ángel González por el Gobierno socialista para ser DAO de la Policía supuso una sorpresa en la institución. José Ángel González, 'Jota', ingresó en el Cuerpo en 1984, procedente de la Policía Armada, de naturaleza militar. En aquella época aún no se habían fusionado las policías, lo que daría lugar en 1986 al actual Cuerpo Nacional de Policía, de carácter exclusivamente civil. La trayectoria de González tampoco ayudaba para incluirlo en las quinielas como número dos de la Policía con el Ejecutivo de Pedro Sánchez: González creció profesionalmente como mando de los antidisturbios.

Sin embargo, 'Jota' ha sido el gran aliado del director general de la Policía, Francisco Pardo, estos ocho años. Pardo, quien fuera secretario de Estado de Defensa con José Bono de ministro y después trabajara en la empresa armamentística, fue el elegido por el Gobierno para ser el director 'político' de la Policía. Y en ese puesto continúa ocho años después. Desde su nombramiento, Pardo ha hecho tándem profesional con José Ángel González. Ambos se han convertido en los cargos más longevos de la Policía en sus respectivos puestos durante la democracia.

Cuando fue elegido director adjunto operativo de la Policía, José Ángel González era jefe superior de Aragón, puesto que había alcanzado tras su paso como máximo responsable policial en Melilla, desde 2013.

El Juzgado número 8 de Violencia sobre la Mujer de Madrid ha citado al director adjunto operativo de la Policía, el comisario principal José Ángel González, por la denuncia de una subordinada que le acusa de varios delitos, entre ellos agresión sexual con penetración. En el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez David Maman Benchimol cita a González el próximo 17 de marzo, el mismo día que a su presunta víctima.

El auto citado afirma: “Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según el artículo 89 de la LOPJ, y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable”.

La querella de la mujer explica que mantuvo una relación con el comisario en el pasado, siendo su subordinada, y a continuación hace un prolijo relato de los hechos. La denunciante afirma que ella puso fin a la relación en un momento sin determinar y que, “a partir de entonces, fue víctima de una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” acaecidos el 23 de abril de 2025.

La mujer explica que el comisario González la requirió telefónicamente a las 14:15 horas para que abandonara su puesto de trabajo ese día, en la comisaría de Coslada (Madrid), y acudiera a verle a un restaurante donde el DAO estaba comiendo con otro mando, que trabaja en su equipo. El director operativo indicó que la mujer fuera en un vehículo del Cuerpo, camuflado, del que se precisa color, marca, modelo y matrícula.

La mujer se unió a la mesa sobre las 16:30 y en un momento dado, según la querella, González ordenó a su ayudante que se retirara y a la mujer que lo llevara a su domicilio, la vivienda oficial del DAO en Madrid. Al llegar, y en el interior del coche, el comisario estuvo entre 15 y 20 minutos desplegando “una intensa presión psicológica, insistiendo de forma obsesiva y manipulativa hasta lograr doblegar la voluntad de la víctima, diciendo que sólo iban a hablar, que no podían hacerlo en el vehículo porque les podía ver alguien, el portero o sus vecinos, accediendo finalmente la víctima a subir al inmueble bajo el pretexto explícito y la promesa del querellado de que únicamente iban a 'hablar sobre nosotros dos'”.

Una vez dentro de la vivienda, el comisario González sirvió dos cervezas en la cocina y comenzó “de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima, acercamiento que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento”, recoge la querella.

El acusado comenzó entonces “una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional que ostentaba sobre la víctima”.

Esta consistió en introducirle los dedos en la vagina y utilizar la otra mano para sujetar la de la mujer y obligarle a tocar su pene, entre proposiciones rechazadas por la víctima. Después de la presunta agresión sexual, la mujer denuncia un acoso constante, por parte del propio DAO y del otro mando policial que comía con él el día de la agresión. La mujer ha aportado audios del interior de la vivienda del comisario el día de la agresión y de las presiones recibidas posteriormente, según se afirma en la querella.

Una vez logró zafarse de González, añade, la mujer se marchó del lugar en el vehículo camuflado, lo aparcó en comisaría y se dirigió a su domicilio. Allí asegura que sufrió “una crisis de ansiedad severa”. Ya en ese momento comenzó a recibir llamadas y mensajes del comisario, especifica.

“Inmediatamente, tras los hechos del 23 de abril de 2025, el querellado inició una campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima”, añade el escrito. El comisario pretendía, según el abogado, “mantener el control sobre la víctima, minimizar la gravedad de su conducta delictiva, culpabilizar a la víctima de lo sucedido, impedir que la víctima interpusiera denuncia por los hechos y ofrecer compensaciones laborales como 'precio del silencio'”.

En el escrito del letrado se narra cómo ya durante la relación el querellado utilizó la situación de “subordinación institucional” de la mujer respecto de él para “generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica”, lo que motivó que ella quisiera dejar la relación mucho antes de cuando realmente le puso fin.

La mujer ha puesto a disposición del juzgado los mensajes del director adjunto operativo de la Policía y el propio terminal telefónico. La agente asegura que también recibió llamadas de González desde los teléfonos oficiales de la Dirección Adjunta Operativa.

El 22 de mayo, la denunciante accedió a hablar con González en una conversación en la que el hombre negó los hechos y tras despreciar la relación pasada, habría añadido: “Ven a verme a ver qué te puedo dar”, en relación con un destino en la Policía.

En la querella se recoge cómo otro comisario, que trabaja junto al DAO y que comía con él el día de la presunta agresión sexual, telefoneó en cinco ocasiones a la mujer, sin que ella respondiera. Finalmente, lo logró el 13 de julio de 2025 y el comisario le trasladó una oferta para que eligiera un nuevo destino y que se lo trasladara por WhatsApp.

La víctima se puso en contacto con el Punto de Violencia de una localidad de la Comunidad de Madrid para recibir asesoramiento el 2 de junio de 2025 y al mes siguiente fue atendida por el equipo de apoyo psicosocial de la Dirección General de la Policía. El 24 de julio, la mujer se incorporó a un nuevo puesto en la Subdirección de Recursos Humanos, ubicada en el mismo edificio en el que trabaja el presunto agresor. Cuando entraba al despacho de su nueva jefa, recibió una llamada del DAO. La denunciante comunicó que no estaba en condiciones de trabajar y su superiora la puso en manos de los especialistas psicosociales. Desde entonces se encuentra de baja laboral.

elDiario.es ha contactado con la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior que no han realizado comentarios a la espera de poder recabar información al respecto. José Ángel González, conocido como “Jota” en la Policía, es jefe operativo del Cuerpo desde que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, conformó las cúpulas de Policía y Guardia Civil, en 2018.

La querella presentada por el letrado Jorge Piedrafita atribuye a González los delitos de agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.