El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha prometido este miércoles en el Congreso estudiar la fórmula para gravar los beneficios extraordinarios “caídos del cielo” cosechados por las empresas energéticas a raíz de la crisis de Oriente Medio.

En la sesión de control al Gobierno, el portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute, ha comparado la actual crisis inflacionaria con el estallido de la guerra en Ucrania en 2022, cuando el Gobierno decidió impulsar dos impuestos excepcionales, uno a energéticas y otro a la banca, para diseñar el conocido como escudo social.

En esta línea, Matute ha remarcado que la protección a la ciudadanía de las consecuencias económicas de la guerra de Irán no puede recaer sobre las familias y debe contribuir “quien más capacidad económica tiene”.

“Deben realizar un esfuerzo especial aquellos sectores que en contextos de crisis obtienen unos beneficios extraordinarios”, ha apostillado el diputado 'abertzale', que a renglón seguido ha pedido recuperar el impuesto a las energéticas y ensanchar el del sector financiero.

En el turno de réplica, el ministro de Hacienda ha compartido con Matute que aquellos que ganan más tienen que contribuir más. Eso sí, ha apuntado que España fue pionera en aplicar impuestos a los beneficios de energéticas o en fijar un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades que luego emularon en otros países en Europa.

“Esa es la política fiscal que tenemos que hacer, progresiva, ambiciosa, suficiente y que no interrumpa el tráfico económico y que permita tanto a las empresas como a las familias poder avanzar todos juntos”, ha remarcado.

En este punto, Arcadi España ha recordado que junto a Alemania, Austria, Italia y Polonia se ha instado a la Comisión Europea a “buscar fórmulas para que los beneficios extraordinarios caídos del cielo de las grandes energéticas contribuyan a pagar todo lo que sea necesario para amortiguar el impacto de una guerra de otros países”.

El Gobierno ha iniciado ya los contactos en el Congreso de los Diputados para recabar apoyos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2027 con la intención de presentarlos antes de que acabe el año. Ya la semana pasada el Ejecutivo escenificó el inicio de las negociaciones en el seno de la propia coalición, con una reunión entre el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el de Cultura, Ernest Urtasun, representando a PSOE y Sumar, respectivamente.

Varios grupos parlamentarios han confirmado este martes el comienzo de las conversaciones para aprobar las cuentas públicas, que sería el primero que se presentará en esta legislatura y que de salir adelante sustituiría a las de 2023, actualmente vigentes tras tres prórrogas, informa EFE.

Desde Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, su portavoz, Verónica Barbero, ha asegurado que las negociaciones avanzan con el “debido sigilo” y con la intención de contar con los presupuestos “más expansivos posibles”. Su formación pondrá el foco en medidas para mejorar el acceso a la vivienda y en la prestación universal por crianza de hijos.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha asegurado que “hay probabilidades” de que se presente el proyecto de ley y que así se lo han hecho saber desde el Gobierno, que también ha establecido primeros contactos con el PNV. La portavoz de esta última formación, Maribel Vaquero, quien en una rueda de prensa ha dicho que esperan que el Gobierno “sea hábil” en las negociaciones y tenga “un poco de humildad”, sabiendo “que no tiene una mayoría” para que salgan adelante.

El diputado del BNG, Néstor Rego, a quien también se ha dirigido ya el Gobierno, ha admitido que la expectativa de que las cuentas salgan adelante es “baja”. Pero si hay voluntad real y no se trata de un “paripé” por parte del Gobierno, puede haber “margen” para que los presupuestos puedan ser aprobados. “Por parte del BNG no va a quedar, siempre y cuando el Gobierno cumpla con sus compromisos” con Galicia, ha dicho.

Ante estas primeras conversaciones emprendidas por el Ejecutivo, la portavoz del PP el Congreso, Ester Muñoz, ha recalcado que todos los grupos saben que el Gobierno va a presentar los presupuestos únicamente como “reclamo electoral”. Ha recordado que se lleva hablando de la negociación de las cuentas públicas tres años y medio y estando ya en septiembre “ni siquiera” han sido registradas en la Cámara Baja.

“Ningún grupo de esta cámara piensa que los presupuestos se presentan para ser aprobados, ni siquiera los socios del Gobierno”, ha añadido.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha apremiado este sábado al titular de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, a que “ejerza de president de la Generalitat y defienda los intereses de los valencianos y valencianas por encima de los intereses de su partido”. España, quien ha intervenido en una de las mesas de la Conferencia Política del PSPV-PSOE que se celebra este fin de semana en Alicante, ha confesado “no entender” a Pérez Llorca, porque reclamó al presidente del Gobierno 1.782 millones y cuando este, a través de la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, le ofrece casi el triple, 3.669 millones, lo rechaza. Por eso, ha censurado la “irracionalidad del Consell de no querer 3.700 millones más de financiación o de rechazar que el Gobierno le condone deuda”.

No obstante, ha apuntado que hace días descubrió la “clave” de este comportamiento, cuando Pérez Llorca, al ser preguntado sobre si va a ser candidato del PP a la Generalitat en 2027, respondió “que le pregunten a Feijóo”. “No podemos tener a un president que está esperando a que la calle Génova le diga lo que tiene que hacer para defender a los valencianos. No nos lo podemos permitir. Es el presidente de todos. Perder esta oportunidad es muy grave para el futuro de los valencianos y para los servicios públicos de los valencianos y de España, que tenemos que mejorar”, aseveró el ministro, que instó a PP a “reflexionar” y votar a favor del nuevo modelo en el Congreso.

El ministro España ha realizado estas manifestaciones durante su participación en una de las mesas sectoriales de la Conferencia Política que los socialistas celebran este fin de semana en Alicante para recabar propuestas de futuro con el fin de conformar su proyecto de cara a las elecciones autonómicas de 2027.

Durante su intervención, España ha criticado que el PP “no tiene un modelo alternativo” al del Gobierno. “Mientras el Gobierno pone 3.669 millones más para los valencianos, el PP ofrece cero euros”, ha alertado. Por eso ha apuntado que aún le resulta más incomprensible el rechazo a que el Gobierno condone deuda de la Generalitat. “Es un Consell sin criterio, ni rumbo, con un president que no se siente orgulloso de ser president”. “La Comunitat Valenciana es una franquicia, una sucursal” del PP de Madrid, frente a los socialistas, que “somos conscientes del orgullo de ser valencianos, de que España nos escucha a los valencianos”, con dos ministros, entre otros altos cargos.

Arcadi España ha enfatizado que, cuando defienden el nuevo modelo de financiación, que aportará 21.000 millones adicionales a las comunidades, “defendemos más recursos para el estado de bienestar, y por eso a la derecha le dan igual los recursos”. Según ha apuntado, el PP siempre dice que no tiene dinero pero al día siguiente aplica rebajas fiscales a los más ricos. “La razón real y concreta del rechazo al modelo es que no creen en el Estado de Bienestar”, ha recalcado, para añadir también “la visión de nuestro país sin ningún tipo de diversidad”, a pesar de que “la diversidad nos hace fuertes”. “Se puede ser de derechas y ser demócrata; no hace falta ser franquista”, ha dicho. “Estamos ante una oportunidad histórica. Ningún gobierno que no sea de izquierdas pondría tantos recursos para el Estado de Bienestar”, ha asegurado.

Conferencia política

El PSPV-PSOE celebra este fin de semana en Alicante su Conferencia Política que, bajo el lema ‘Recuperar lo que importa’, abre un diálogo con la sociedad civil para avanzar en su propuesta para el futuro de la Comunitat Valenciana. Dentro de la Conferencia Política, clave para definir el programa electoral de 2027, la mesa ‘Recuperar el derecho a vivir aquí: vivienda y urbanismo’ ha planteado medidas para aumentar la oferta asequible e impedir que un derecho consagrado en la Constitución se convierta en combustible para la especulación. Entre ellas, extender las declaraciones de zonas tensionadas para contener los precios, ampliar el parque público, recuperar las políticas de rehabilitación urbana y desplegar Casa47 con más vivienda pública.

La sesión ha contado con la secretaria de Estado de Vivienda, Leire Iglesias; el arquitecto comunitario Daniel Millor, y el profesor de Urbanismo de la UPV Francisco Juan Martínez, con la candidata del PSPV-PSOE a la alcaldía de Dénia, María José Ripoll, en la presidencia, y la exconsellera María José Salvador como moderadora. Durante el debate también se han cuestionado las políticas del PP y Vox por bloquear la aplicación de la ley estatal de vivienda y por los cambios introducidos en el acceso a la vivienda protegida, que han derivado en el escándalo de Les Naus de Alicante, con las adjudicaciones de vivienda protegida a personas vinculadas al PP.

En la mesa “Recuperar la dignidad. El derecho a vivir bien: sanidad, salud mental, cuidados y bienestar”, moderada por la secretaria de Servicios Sociales de la ejecutiva del PSPV-PSOE, Mariví Garrido, y presidida por la candidata a la alcaldía d’Almassora, Merche Galí, se subrayó el valor del sistema de público en la sanidad y en los servicios sociales frente a la apuesta del PP por la privatización, algo que, advirtieron, “está deteriorando y va en detrimento de la red pública”. En el debate, en el que intervinieron Luz Vázquez (médica de familia), José López (enfermero especialista en salud mental), Francisca Herrero (presidenta del Colegio de Trabajo Social de Valencia) y Paula Sánchez (psicóloga), se abogó por “un cambio de modelo, un cambio de paradigma”, poniendo el acento en la prevención, antes de que los problemas se presenten y cronifiquen.

“Para vivir mejor, el cambio real que hay que hacer desde la política, además de incrementar los recursos, es actuar y construir apoyos antes de que la persona tenga el problema, mediante una atención individualizada y estructurada, una atención más comunitaria”, recalcaron. También se puso en valor la última ley del Gobierno de España sobre Dependencia, que ha traído cambios “muy positivos”, parte de los cuales “ya estaban en la Comunitat Valenciana porque los aprobó el Consell del Botànic”. Aunque, advirtieron, el actual Consell del PP está revirtiendo esas medidas, con riesgo de que los derechos reconocidos por la ley del Gobierno “no puedan materializarse en la Comunitat Valenciana”.

Mariví Garrido destacó que la sociedad valenciana tiene que trabajar para que se apruebe el nuevo modelo de financiación autonómica, que el Consell de Pérez Llorca rechaza a pesar de que aportará 3.699 millones adicionales. “Esos recursos no son para que Pérez Llorca vaya al Ventorro, son para mejorar la sanidad y los servicios sociales de todos los valencianos”, aseveró.

Respecto a la mesa “Recuperar la educación, los derechos y el orgullo valenciano”, en la que intervino Arcadi España, ha quedado patente el abandono del Consell a la escuela pública, por lo que se ha urgido a poner en marcha políticas que potencien y refuercen la red pública incrementando plantillas, bajando ratios e invirtiendo para erradicar los barracones. “Para que el sistema educativo compense las desigualdades de origen es necesario invertir más en FP pública y en la universidad pública”, ha recalcado Miquel Soler, secretario de Educación de la ejecutiva del PSPV-PSOE. El exconseller Vicent Soler ha explicado cómo la nueva financiación del Gobierno permitirá ampliar los servicios para los valencianos.

En la conferencia se han abordado en otras mesas temáticas vinculadas a la igualdad, con la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, economía y empleo, con el secretario general de UGT-PV, Tino Calero, y la secretaria general de CCOO-PV, Ana García, o de movimientos en defensa de los derechos LGTBI o de defensa de la causa palestina.  Las conclusiones de todas las jornadas se presentarán este domingo en la clausura de la conferencia política, que cerrará la secretaria general del PSPV-PSOE y candidata a la presidencia de la Generalitat, Diana Morant.

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el naviero Vicente Boluda, ha opinado sobre la propuesta de la reforma del sistema de financiación del Gobierno que “lo que va delante, va delante”.

Antes de un almuerzo de trabajo de los miembros de AVE con el ministro de Hacienda, Arcadi España, Boluda ha sido preguntado por cómo ve la propuesta del Gobierno central a las comunidades autónomas, antes del trámite en el Congreso, y ha respondido con el dicho valenciano “El que va davant, va davant (lo que va delante, va delante)”.

Tras lamentar que se opte por “decir sistemáticamente que no a algo”, ha propuesto “tomarlo, y de ahí como un punto de partida por poder ir a más” antes de añadir que no cree que sus compañeros de AVE, entre los que en el almuerzo de hoy estaba Juan Roig, piensen “muy diferente”.

Ha proseguido que si se añaden ahora los más de 3.600 millones de euros al modelo de la Comunitat Valenciana la cifra de infrafinanciación no seguirá aumentando en tanta medida año tras año, y se evitará que lo que “se ha dejado atrás” en ingresos supere los 12.000 millones en cuatro años y siga “haciéndose la cuenta más grande”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido dejar a un lado “el ruido, la furia y la crispación” política para que los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados negocien y aprueben el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, que ha calificado de “oportunidad histórica”.

En declaraciones a los periodistas antes del almuerzo de trabajo con los miembros de AVE, España ha propuesto a los partidos una reflexión en torno a los datos y cifras, y les ha instado a pensar “en la unidad de nuestro país” para disponer de más recursos cambiando “la decisión del voto”.

Junto al presidente de AVE, Vicente Boluda, el ministro de Hacienda ha insistido en que el nuevo modelo llega 17 años después del anterior y que “ninguna comunidad autónoma pierde” porque se trata de “una oferta y propuesta que no tiene parangón en nuestra historia”.

Ha añadido, además, que “hay territorios como Murcia y la Comunitat Valenciana que no pueden esperar más y que necesitan la estabilidad para conseguir los recursos necesarios” para sufragar sus políticas de sanidad, educación y servicios sociales.

Pese a esta oferta “que mejora con mucho” lo que pedían los presidentes autonómicos, ha expresado su sorpresa de que algunos “no quieran sentarse a negociar y digan no de entrada” y ha apelado al “sentido común porque oportunidades históricas como esta”, ha recalcado, “dudo mucho que se vuelvan a repetir”.

Según las cifras del ministro, con el nuevo modelo planteado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se ponen 21.000 millones de euros adicionales a la financiación de las autonomías, que en el caso de la Comunitat Valenciana se cifran en 3.669 millones.

“Ni los más optimistas de los optimistas”

“Ni los más optimistas de los optimistas podían imaginar una cifra como esa”, ha subrayado España, quien no entiende que “haya comunidades del PP que no han votado a favor.

En todo caso, ha señalado que “queda una oportunidad más” en el trámite en el Congreso de los Diputados en torno a una medida que el Ejecutivo “no puede ni quiere imponer”, y ha confiado en que los grupos políticos “no dejen pasar” la oportunidad en la Cámara Baja.

Ha insistido en esta idea al comentar que, a excepción de Vox porque cree que está en contra del estado autonómico, existe un “consenso generalizado por encima de ideologías” en la necesidad de mejorar la financiación autonómica, algo que comparten también desde el ámbito de las fuerzas sociales, sindicatos y universidades.

“Al final cuando hablamos de financiación autonómica no es una cosa abstracta sino se trata de Educación, Sanidad, los sueldos de los funcionarios, la Educación Pública y la vivienda”, ha argumentado el ministro.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley que permitirá a las comunidades autónomas utilizar el superávit presupuestario de 2025 en inversiones sostenibles en 2026 y 2027, entre las que se incluyen políticas en el ámbito de la vivienda. El texto también permitirá que ocho comunidades movilicen 4.000 millones de euros procedentes de ahorros de años anteriores.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha valorado que la medida es una muestra más del compromiso del Gobierno con las cuentas de las comunidades autónomas y, por tanto, del apoyo al Estado del Bienestar, ya que son las regiones quienes gestionan competencias como Educación o Sanidad. “El Gobierno de España cumple como no ha cumplido ningún otro Gobierno con la financiación, la solvencia y la sostenibilidad de las comunidades autónomas”, ha dicho en la rueda posterior a la reunión semanal del gabinete.

En concreto, la norma aprobada este martes, que entrará en vigor de manera inmediata pero que tendrá que ser convalidada en 30 días por el Congreso, permitirá que aquellas comunidades autónomas que cerraron 2025 con un superávit presupuestario puedan destinarlo a inversiones consideradas “financieramente sostenibles” durante 2026 y 2027. Entre otras, en áreas como la política de vivienda.

El texto también autoriza a que ocho comunidades autónomas que cerraron 2025 con una ratio de deuda pública sobre su producto interior bruto (PIB) inferior al 12,4% a destinar los superávits presupuestarios de años anteriores a inversiones que no computarán a efecto del cálculo de la regla de gasto. La Ley de Estabilidad Financiera lo que fija en la actualidad es que destinen esos ahorros a amortizar su endeudamiento. Estas ocho comunidades son Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Balears, Cantabria y Galicia.

Según España, esta última medida permitirá 4.000 millones de euros en inversiones en su territorio. “El Gobierno es sensible por encima de colores políticos, atiende y dialoga con el conjunto y establece medidas también que son muy beneficiosas”, ha dicho.

Además, el Real Decreto-Ley incluye medidas financieras y fiscales específicas para la isla de La Palma por los daños provocados por el volcán en 2021.

Defiende el modelo de financiación

El ministro ha querido apuntalar la norma aprobada este martes con el apoyo financiero que está dando el Ejecutivo a las comunidades autónomas, a pesar de no haber sido capaces de aprobar unos Presupuestos. Así, ha puesto el ejemplo de los más de 40.000 millones de euros repartidos en Conferencias Sectoriales de Sanidad, Dependencia o Vivienda. O el proyecto de ley para condonar 83.000 millones de euros de deuda pública autonómica, así como la propuesta para reformar la financiación autonómica, que el viernes pasado aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En este sentido, España ha planteado una pregunta que, según él, se hacen los ciudadanos: “¿Cómo es posible que se disponga de más recursos que nunca y vean que sus listas de espera en sus territorios se van incrementando?”. Y ha señalado directamente a las regiones presididas por los populares: “Son las comunidades del PP las que están haciendo bajadas de impuestos a las rentas más altas y no están utilizando esos recursos extraordinarios para mejorar la calidad de los servicios públicos”.

“Que miren de verdad quién está gestionando esos servicios públicos y que juzguen y, a partir de ahí, voten en consecuencia”, ha zanjado.

Sobre las negociaciones del modelo de financiación, España ha acusado a las comunidades del PP de ser “desleales”. El ministro ha dicho que cuando los gobiernos regionales del PP “tienen que elegir o Feijóo o sus ciudadanos”, escogen al líder popular “por intereses puramente partidistas”. “Hay una doble deslealtad común en el PP: con el gobierno y con sus ciudadanos y ciudadanas, que es la importante. Con la Comunidad de Madrid, la deslealtad es triple: porque es desleal con su propio partido no acudiendo al CPFF y llamando al boicot al resto de comunidades autónomas”, ha incidido el titular de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Fondos Europeos, ha resuelto la convocatoria de expresiones de interés del Plan Edil Dana con la asignación de 273,2 millones de euros en ayudas procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Esta dotación, enmarcada en el Programa Plurirregional de España Feder 2021-2027 y bajo el paraguas del Reglamento europeo Restore, movilizará una inversión pública total de 287,6 millones de euros. Los fondos tienen como destino la reparación de los daños de la catástrofe de octubre de 2024 y el refuerzo de la seguridad territorial ante futuros episodios de lluvias torrenciales.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha presentado los detalles de la resolución durante una visita institucional a Mislata, una de las localidades beneficiarias. España ha confirmado la notificación individualizada a las entidades locales para el inicio inmediato de los proyectos. Gracias a una tasa extraordinaria de cofinanciación europea del 95%, las corporaciones locales ejecutarán actuaciones bajo la metodología de los Planes de Actuación Integrados (PAI). “Las intervenciones van a mejorar la capacidad, la resiliencia y la adaptación de los municipios al cambio climático”, ha destacado el titular de Hacienda.

La convocatoria ha aprobado 34 solicitudes que darán cobertura a 95 municipios. En la Comunitat Valenciana se benefician 69 localidades afectadas por la riada, mientras que 26 municipios de Albacete y Cuenca recibirán las ayudas a través de Áreas Urbanas Funcionales (AUF) gestionadas por sus respectivas diputaciones provinciales para atender a zonas como Letur y Mira. Las tres grandes ciudades seleccionadas —Valencia, Torrent y Paterna— recibirán hasta 12 millones de euros cada una. Asimismo, 18 ciudades intermedias (entre ellas Algemesí, Alfafar, Cullera, Alzira, Catarroja, Paiporta, Mislata o Requena) dispondrán de hasta 9 millones de euros de ayuda.

Los proyectos seleccionados se articulan en torno a tres ejes estratégicos. El primero abarca obras de resiliencia e ingeniería hidráulica, como la separación de redes de saneamiento, tanques de tormentas en Torrent, colectores masivos en Cullera o soluciones de laminación natural como la proyectada en la Plaza Mayor de Mislata. El segundo pilar financia sistemas de protección ciudadana mediante radares en ríos, torretas de aviso sonoro y la construcción de Centros de Atención a la Emergencia de uso dual. Por último, la partida contempla la construcción de viviendas de alquiler social para familias damnificadas y ayudas para la rehabilitación de comercios y mercados tradicionales.

El Ministerio de Hacienda ha comunicado este miércoles a las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla las entregas a cuenta que recibirán del sistema de financiación autonómica en el año 2027. En el caso de Canarias, la cifra asciende a 7.850 millones de euros en 2027, un 7,8% más que este año.

El conjunto de los territorios recibirá el próximo ejercicio 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026, la mayor cifra jamás registrada.

Desde el inicio del Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas han visto mejorados todos los años la financiación que reciben por parte de la Administración central, resalta el Ministerio. Si se añade la liquidación del modelo, el total de recursos ascienden a 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026. Una transferencia histórica que se incrementaría aún más si se aprobara el nuevo modelo de financiación, recuerda.

En el caso de Canarias, sus entregas a cuenta aumentarán hasta los 7.650 millones, un 7,8% más que en 2026. Si se suma a esta cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 8.899 millones. Es decir, un 9,1% superior en comparación con el anterior ejercicio. “Nunca el Gobierno canario había contado con tantos recursos”, señala Hacienda.

El ministro, Arcadi España, ha destacado que estas entregas a cuenta demuestran “el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas” y ha recordado que este volumen de recursos históricos debe servir para reforzar sus servicios públicos y el Estado de bienestar.

611 millones adicionales para las Islas

Además, Arcadi España apunta que el incremento de los recursos es consecuencia de la buena política económica del Gobierno, que ha permitido reducir el desempleo por debajo del 10% por primera vez en 18 años y liderar el crecimiento de las grandes economías de la UE. Las entregas a cuenta podrían ser aún mayores el próximo año, ya que el Gobierno ha propuesto un nuevo sistema de financiación autonómica que, según los datos estimados para 2027, supondrá 611 millones adicionales para Canarias.

Asimismo, se encuentra en tramitación parlamentaria una condonación histórica de la deuda autonómica, que para Canarias asciende a 3.259 millones.

Nuevamente, el ministro de Hacienda ha tendido la mano a todas las Comunidades Autónomas para sacar adelante la reforma del modelo de financiación y ha lamentado que las gobernadas por el Partido Popular se hayan negado a negociar hasta ahora.

Las comunidades autónomas del PP han solicitado al Ministerio de Hacienda el aplazamiento de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para este miércoles, en la que el Gobierno pretendía abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, al considerar que no disponen de la información necesaria para analizar la propuesta. En una carta dirigida al ministro de Hacienda, Arcadi España, consultada por Europa Press, las comunidades firmantes reclaman que la reunión se posponga, al menos, hasta septiembre y siempre que concurran “las condiciones mínimas de información y de plazo” que, a su juicio, exige una decisión de esta “trascendencia”.

La carta llega justo después de que el Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y el PP, anunciara el lunes respaldará el nuevo modelo de financiación autonómica tras ver reconocidas sus singularidades con planteamientos “razonables que no perjudican a otras comunidades”.

El resto de los gobiernos autonómicos del PP sostienen que, aunque en los últimos días han recibido un nuevo borrador del acuerdo, las actas de las reuniones y unos primeros cálculos sobre el impacto para cada territorio, Hacienda sigue sin facilitar las simulaciones “completas y homogéneas” del conjunto del sistema ni la memoria de cálculo del reparto. A su juicio, sin esa documentación resulta imposible formarse “un juicio fundado” sobre una reforma llamada a determinar los recursos de las comunidades autónomas durante los próximos años.

Asimismo, recuerdan que tras la reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) del pasado 14 de julio las comunidades presentaron un elevado número de observaciones que afectan a elementos estructurales del modelo, como la población ajustada, los criterios de nivelación, los fondos específicos o la aplicación gradual del nuevo sistema. Sin embargo, critican que la documentación completa de aquella reunión no fue remitida hasta el pasado 24 de julio, apenas tres días hábiles antes de la celebración del CPFF, un plazo que consideran insuficiente para estudiar las alegaciones y valorar posibles cambios.

De hecho, dudan de que los servicios del Ministerio hayan tenido tiempo para analizar las propuestas remitidas por las comunidades y sostienen que el calendario previsto evidencia que el Gobierno “no tiene ninguna intención de valorar, y mucho menos de incorporar”, las alegaciones presentadas, limitándose a cumplir un trámite formal. Por otro lado, las comunidades del PP también ponen en duda la oportunidad de abordar una reforma estructural del sistema de financiación en un contexto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En su opinión, acometer una reforma de esta magnitud sin un marco presupuestario estatal consolidado ni unos objetivos de estabilidad vigentes resta seguridad jurídica y rigor al proceso. Igualmente, reprochan al Ministerio de Hacienda no haber explicado cómo se integrarán los nuevos recursos del sistema en la envolvente financiera del Estado ni el impacto que tendrá la transferencia de mayores recursos hacia las comunidades autónomas sobre el resto de políticas financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Las comunidades del PP sostienen además que la propuesta del Gobierno “es el fruto de un pacto bilateral con ERC” y recuerdan que se trata, “prácticamente”, del mismo modelo que el Ejecutivo presentó el pasado mes de enero, cuando fue rechazado por 16 de los 17 territorios integrados en el sistema de financiación de régimen común, incluidas Ceuta y Melilla.

A su juicio, un modelo acordado “con una sola parte y a espaldas de todas las demás” no puede aprobarse de forma acelerada con un calendario que, según denuncian, impide siquiera su examen y vulnera el derecho de todas las comunidades autónomas a recibir un trato igualitario, reconocido tanto en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) como en la Constitución.

No obstante, las autonomías 'populares' aseguran compartir la necesidad de reformar el actual sistema de financiación, vigente desde hace 16 años, para adecuarlo a las necesidades reales de gasto de todas las comunidades autónomas y a la evolución de los factores que condicionan la prestación de los servicios públicos fundamentales. En este sentido, consideran que el procedimiento seguido por el Ministerio de Hacienda “dista de responder a un verdadero mecanismo de negociación multilateral”.

Los 'populares' reprochan además al Gobierno haber presentado primero una propuesta de reforma en el seno del CPFF sin una evaluación técnica previa en el Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE), haber intentado después abrir una negociación bilateral con las comunidades y, solo posteriormente, trasladar el documento al comité técnico, cuando, a su juicio, ese debería haber sido el punto de partida del proceso.

En definitiva, las comunidades del PP sostienen que la convocatoria del CTPE celebrada el pasado 14 de julio “no convalida todo lo mal hecho” y consideran que el procedimiento seguido ha “viciado por completo” la elaboración del nuevo modelo.

La consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, acusa al Gobierno de “ocultarle los datos reales” del reparto de fondos del nuevo modelo de financiación, denuncia la “falta de tiempo” que les ha dado el Ministerio para presentar alegaciones a su propuesta -“es imposible analizar reformas estructurales en tan corto plazo” y, por último, rechaza abordar esta modificación del sistema de financiación ante un escenario de “incertidumbre presupuestaria”. “Sin Presupuestos Generales actualizados ni objetivos de estabilidad no se puede hablar de esto”, concluye.

El Congreso de los Diputados celebrará este jueves la última sesión plenaria antes del parón del mes de agosto. Y lo hará, como es habitual, intentando dejar cerrados varios de los asuntos pendientes antes de dar carpetazo al primer periodo de sesiones de 2026. El principal de ellos es la senda de estabilidad presupuestaria. El Gobierno da por descontado que se apuntará una nueva derrota después de la de la semana pasada, cuando PP, Vox y Junts tumbaron por primera vez el cuadro económico, primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Pero el Ejecutivo sí confía en sacar adelante otras tantas votaciones, entre ellas la convalidación del decreto con el que mantuvo vigentes algunas de las medidas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra de Irán, entre ellas las rebajas en las gasolinas.

El último pleno del curso político será lo que en el argot parlamentario se conoce como un “pleno escoba”, una larga sesión en la que se acumularán multitud de temas. El Gobierno ha apretado para dejar finiquitada antes de irse de vacaciones la tramitación de la senda de estabilidad, los objetivos de déficit y el reparto por administraciones con la que se elaborarán las cuentas públicas, y ha asumido como “puro trámite” la segunda votación al respecto, tras ser rechazada la senda al primer intento la semana pasada. Tanto es así que ni siquiera la portavoz, Elma Saiz, mencionó el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se había dado luz verde a los mismos objetivos que tumbó el Congreso hace poco más de siete días: un déficit público del 1,8% del PIB en 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029.

Con una derrota de este jueves casi asegurada, ese capítulo quedará cerrado y el Ejecutivo podrá iniciar septiembre teniendo la sartén por el mango y controlando los tiempos para presentar su proyecto de Presupuestos, que tendrá mucho de escaparate de cara a unas elecciones generales que el presidente Pedro Sánchez ha abierto la puerta a adelantar al primer trimestre de 2027. El Gobierno argumenta que el rechazo a la senda de estabilidad no puede hurtarle su capacidad presupuestaria ni la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea. E interpreta, por tanto, que podrá presentar Cuentas públicas con las referencias acordadas con Bruselas en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo, el documento clave de las reglas fiscales: un déficit del 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028.

Esas son las mismas cifras que incluye la senda que se lleva a votación, pero el Plan Fiscal Estructural enviado a Bruselas no contempla un reparto por administraciones, esto es, cuánto corresponde al Gobierno central, a los autonómicos y a las entidades locales. Desde el Gobierno argumentan que, en ese caso, es la Carta Magna la que prima, lo que obligaría a las comunidades a presupuestar en equilibrio (tantos gastos como ingresos). Es decir, sin esos 5.850 millones de euros de margen que sí tendrían si se aprobara la senda de estabilidad, en la cual el Ejecutivo les había permitido un margen presupuestario del 0,1% cada año.

El Ejecutivo, de momento, no se marca fechas para alcanzar el siguiente hito: la presentación de los Presupuestos. La Constitución fija que estos deben entrar en el Congreso tres meses antes de que finalice el año, es decir, el 30 de septiembre como tarde, aunque no sería la primera vez que se saltan esta referencia constitucional. En una entrevista este fin de semana, el ministro de Hacienda, Arcadi España, apuntó a octubre como horizonte “razonable” para la presentación de las cuentas públicas. Pero, ante unos Presupuestos que pueden precipitar y fijar los tiempos de un adelanto electoral, en la Moncloa no quieren pillarse los dedos.

El decreto anticrisis, mejor encaminado

Más allá de la derrota asegurada en la senda de estabilidad, el pleno escoba también permitirá al Gobierno coger algo de oxígeno para irse de vacaciones presumiendo de triunfos parlamentarios. La convalidación del decreto anticrisis, aprobado a finales de junio, es uno de los puntos que tiene más opciones de salir adelante, puesto que la Moncloa ha tenido la precaución de incluir en el mismo la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una demanda de Junts que permitirá a los independentistas apuntarse un tanto si apoyan el texto. El paquete de medidas contiene ayudas por valor de más de 1.800 millones de euros, entre las que se cuentan el descuento de 20 céntimos por litro de combustible para agricultores y transportistas.

El decreto, asimismo, contempla ayudas para los hogares y consumidores no profesionales, aunque el Gobierno irá reduciendo paulatinamente el alcance de la medida, que se vehicula a través del impuesto especial de hidrocarburos y no a través del IVA, como se hizo hasta el 30 de junio. En julio, la rebaja en el carburante es de 20 céntimos por litro; en agosto, se reducirá hasta los 15 céntimos por litro; en septiembre, volverá a bajar hasta los 10 céntimos; y en octubre se recortará hasta los 5 céntimos. Se ha incluido una cláusula automática de reactivación de la rebaja por la que se elevará hasta los 20 céntimos/litro si la inflación de los combustibles supera el 15%. También se aplicará a los precios de la electricidad y del gas natural, activándose en el caso de que se disparen en ese mismo porcentaje.

Y, aunque las medidas anticrisis y el punto y final de los objetivos de estabilidad se llevarán buena parte de los focos en el pleno, los diputados tendrán también que decidir si convalidan la jubilación parcial para el personal laboral de las Administraciones públicas. Ese decreto permite, desde finales de junio, que los asalariados públicos –no los funcionarios ni estatutarios– compatibilicen una reducción de su jornada laboral con la pensión.

Por otra parte, el Congreso abordará el último trámite de la conocida como pasarela de los mutualistas al RETA –el régimen especial de autónomos–, después de que el Senado aprobara, con enmiendas, el proyecto de ley que permitirá un ‘rescate público’ a colectivos como abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que cotizaban en mutualidades profesionales privadas y que ahora se enfrentan a pensiones muy reducidas, incluso de 300 y 400 euros. El pleno todavía puede eliminar los cambios que incluyó el Senado en el texto, de gran complejidad, que volvió a excluir a los ya jubilados (salvo los casos de viudedad), mientras que abrió el paso a quienes tienen más de 15 años cotizados y, por tanto, derecho a una pensión.

La condonación de la deuda

La traca final para despedir el curso político también incluye el debate de totalidad al proyecto de ley para la condonación de la deuda pública autonómica, uno de los grandes compromisos del Gobierno con ERC para atar la investidura de Pedro Sánchez, en 2023. Tras meses atascada en la Comisión de Hacienda, la quita de la deuda pasa por su primer examen parlamentario. Tanto Vox como el PP registraron enmiendas para devolver el proyecto de ley al Gobierno, pero está previsto que la norma supere este primer trámite para comenzar su recorrido legislativo.

Por último, el Congreso también tiene previsto dejar cerrada de forma definitiva este miércoles la reforma del reglamento promovida por los socios progresistas del Gobierno (y apoyada por PSOE y Sumar) para rebajar los requisitos para formar grupo parlamentario. La reforma, impulsada ante el temor de que el bloque derechista acabe la próxima legislatura con la tradicional manga ancha que da la Mesa de la Cámara Baja para que los partidos pequeños —también los conservadores— no se queden sin las ventajas que ofrece tener grupo, es rechazada de plano por PP y Vox.

El Gobierno ha puesto en marcha la maquinaria para lanzar la nueva financiación autonómica después del verano y este martes se reunirá el comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para mascar la letra pequeña que el Ministerio de Hacienda envió el pasado viernes a las comunidades autónomas del régimen común (esto es, sin las forales País Vasco y Navarra). El objetivo: llegar a que el nuevo modelo entre en vigor a 1 de enero de 2027, aunque los trámites parlamentarios y el resto de la burocracia que conlleva después probablemente lo lleve más allá de esa fecha.

El texto de la nueva financiación autonómica, al que ha tenido acceso elDiario.es, diseña un modelo en el que prima la voluntariedad del sistema –las comunidades decidirán no solo si se adhieren al nuevo formato, sino si participan de algunos de los mecanismos puestos en marcha– y que busca cumplir el “compromiso político de proporcionar mayores recursos” a los Gobiernos regionales. En concreto, cerca de 21.000 millones, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda.

Estos recursos adicionales para las comunidades autónomas se traducen en una mayor cesión de impuestos tan relevantes como el IRPF o el IVA; la incorporación oficial al modelo de algunos tributos que ya estaban cedidos (como el de la banca); dos fondos de redistribución horizontal (entre comunidades) y vertical (desde el Estado); así como de fondos creados específicamente para hacer frente a las singularidades territoriales o competenciales, como uno para las regiones más expuestas al cambio climático u otro que recoge el IVA de las pymes en el territorio.

Una financiación a dos velocidades

Pero el modelo de Hacienda contempla una serie de flexibilidades con las que tratar de atraer a todas las comunidades, un propósito que, de momento, parece complicado. De primeras, no será obligatorio aceptar el modelo en vigor y aquellas regiones que lo deseen podrán seguir con el de 2009, el que está en vigor y caducó en 2014. “El cálculo de esta financiación se realizará como si la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, se aplicara a todas las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía”, apunta el Ejecutivo en su propuesta. De igual manera, las que acepten el nuevo sistema, recibirán los fondos como si todas las regiones lo hubieran suscrito.

Si aceptan entrar al nuevo sistema, las Comunidades tendrán que indicar también si aceptan adherirse al llamado fondo IVA Pymes, con el que el Gobierno quiere premiar “el esfuerzo” de las regiones que impulsan a las empresas de menor tamaño con la transferencia del impuesto vinculado a su actividad.

Los Ejecutivos regionales también tendrán que especificar si prefieren seguir con el sistema de entregas a cuenta o si prefieren avanzar a una “caja común o compartida en el que los ingresos tributarios lleguen simultáneamente a la administración, estatal o autonómica, que corresponda”, una decisión –al igual que la del IVA de las pymes– que podrá ser revisada cada cinco años.

Relaciones bilaterales en un ámbito multilateral

Y, en el caso del mecanismo creado para financiar competencias no homogéneas de las comunidades, las regiones deberán especificar si prefieren recibir la compensación mediante transferencia, como hasta ahora, o prefiere incrementar la cesión del IVA “que se determinará en el año base [2023] en función del importe actual de estas competencias y, por tanto, será diferente en cada comunidad”, detalla el texto elaborado por Hacienda.

El nuevo sistema que propone el Gobierno “necesita”, dice el documento, de “un mayor espacio para la bilateralidad en la relación de cada comunidad autónoma con la Administración General del Estado”, una bilateralidad –demonizada por el PP– “compatible con la participación en órganos multilaterales cuando la naturaleza o el ámbito de los acuerdos así lo exija”.

La propuesta del Gobierno no aborda específicamente el ‘dumping fiscal’ entre comunidades, las bajadas de impuestos que hacen algunas regiones –singularmente, Madrid– aprovechando su mayor capacidad económica y recaudatorias en detrimento de las que disponen de menor margen. Pero sí apunta a que la propuesta “prevé mejorar la metodología actual para la determinación del valor normativo” de los tributos cedidos “a una medición más correcta de la capacidad fiscal de cada Comunidad Autónoma”. Es decir, cuánto podrían recaudar de Impuestos como el de Patrimonio con la ley en la mano y sin aplicar las deducciones que algunas comunidades todavía aplican. Esta mejora, dice el documento, “redundará en una mayor equidad y justicia de todos los cálculos del modelo”.

El documento incluye un apartado específico sobre “lealtad institucional”, en el que el Gobierno se compromete a compensar a las comunidades autónomas por aquellas “normas estatales que supongan incrementos de gasto o reducciones en los ingresos tributarios”. Esta es una crítica frecuente por parte de las comunidades del PP, que, por un lado, exigían rebajas del IVA, pero, por otro, pedían al Gobierno que les compensara por la pérdida recaudatoria asociada. O por la subida de salarios de los funcionarios, una política decidida por el Ejecutivo pero que redunda en las cuentas de todas las administraciones.

Pero también apuntan que, cada cinco años, se revisará el impacto “de las actuaciones legislativas del Estado y de las Comunidades Autónomas” sobre la financiación en el seno del CPFF. Un efecto que se incorporará en la revisión del modelo para los siguientes cinco ejercicios.

El PP y Junts, en contra

Si bien desde Hacienda rebajan el carácter de la reunión de mañana a un encuentro técnico que, con anterioridad, nunca se ha publicitado, las comunidades autónomas acuden con las espadas en alza. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tachó este lunes el modelo de “profundamente injusto” e “impuesto” por Catalunya. La vicepresidenta andaluza, Carolina España, lo definió como “un traje a medida para el independentismo”. Incluso el Gobierno socialista de Asturias –menos beligerante que el de Castilla-La Mancha– pidió cambios “sustanciales” a la propuesta. Solo el Ejecutivo de Canarias se mostró “muy optimista, pero no excesivamente confiado”.

El Gobierno tiene asegurada la victoria en la votación del CPFF del próximo 29 de julio, ya que cuenta con la mitad de los votos en el organismo y solo necesita del apoyo de una comunidad autónoma. Singularmente, Catalunya, que está a favor y ha participado en el diseño de la propuesta. El Ministerio de Hacienda ha tendido la mano al resto de Ejecutivos regionales, y al PP, para incorporar cambios al texto.

Pero la gran batalla se librará en el Congreso, que sí o sí ha de avalar la reforma y cada una de las leyes que efectúen la cesión de impuestos a cada una de las comunidades autónomas del régimen común. Y aquí Junts, cuyo concurso es necesario, ya ha avanzado que presentará una enmienda a la totalidad.

El Ministerio de Hacienda ha remitido a los gobiernos regionales el documento detallado con la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, cuyo borrador definitivo proyecta una inyección global de 224.500 millones de euros para el año 2027. Esta cifra implica un incremento de 20.975 millones de euros respecto al modelo actual y una subida notable frente a los 152.484 millones del año base 2023. La reforma busca reducir las diferencias de financiación por habitante ajustado mediante un aumento de recursos para todos los territorios, el blindaje de los servicios públicos y una mayor autonomía fiscal.

La Comunitat Valenciana emerge como uno de los territorios más beneficiados en términos porcentuales por este nuevo marco regulatorio. El modelo propuesto supondrá un incremento de 3.669 millones de euros anuales para la Generalitat Valenciana, lo que representa un avance de casi el 18% respecto a los recursos que le corresponderían en 2027 con el sistema vigente. Según explican fuentes de Hacienda, esta mejora garantiza que la ciudadanía valenciana contará con el mayor volumen de fondos de su historia para la sanidad, la educación pública, la dependencia y el resto de los servicios sociales básicos.

Así, desde el Ministerio sostienen que el impacto positivo en la Comunitat Valenciana responde a que percibirá fondos de manera simultánea por la vía de la nivelación vertical y de la nivelación horizontal, además de situarse entre las zonas que más recursos captarán a través del nuevo fondo climático y del mecanismo del IVA para las pequeñas y medianas empresas.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió la objetividad del modelo y emplazó a los gobiernos autonómicos a analizar y debatir el documento en los comités técnicos y en un Consejo de Política Fiscal y Financiera específico, y lamentó la negativa a negociar de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y criticó su rechazo a los objetivos de estabilidad presupuestaria para el periodo 2027-2029, una postura que restará 549 millones de euros a la Comunitat Valenciana. Desde el ministerio consideran que no hay elementos objetivos para oponerse a un modelo que beneficia al conjunto de las comunidades autónomas y creen un error el rechazo a la propuesta “por puro interés partidista”.

El diseño de la reforma actualiza el criterio de población ajustada para determinar las necesidades reales de gasto de cada comunidad. Las variables demográficas y geográficas se redefinen de modo que la población de padrón pondera un 30% y el gasto sanitario sube al 38%, este último calculado ahora sobre 20 grupos de edad en lugar de los siete anteriores para lograr una mayor fiabilidad. El gasto educativo alcanza una ponderación del 17% para el tramo de 0 a 17 años e incorpora un 3,5% adicional para la franja de 18 a 24 años y para el alumnado universitario que se desplaza a otras regiones. Los servicios sociales computan un 7% tras desglosar a los mayores de 65 años en dos tramos e incluir el número de parados sin prestación con un peso del 1,5%. Para paliar la despoblación, el sistema añade factores correctores como la superficie, la dispersión, la insularidad y un nuevo concepto de costes fijos que beneficia a las regiones sin economías de escala.

La autonomía fiscal se reforzará con un aumento de la capacidad tributaria que aportará casi 16.000 millones de euros en 2027. La cesión del IRPF pasará del 50% al 55% y la del IVA subirá del 50% al 56,5%, al tiempo que se integrarán en el sistema los impuestos sobre el Patrimonio, Depósitos Bancarios, Actividades del Juego y Depósito de Residuos en Vertederos.

La solidaridad interterritorial se articulará mediante dos mecanismos de nivelación. La nivelación horizontal asegura que todas las comunidades alcancen al menos el 75% de la media de recursos por habitante ajustado, lo que obliga a los territorios que superan la media a aportar al fondo común y beneficia a los que están por debajo. Por su parte, la nivelación vertical contará con una aportación del Estado de 19.000 millones de euros para reducir en dos tercios la distancia presupuestaria de todas las regiones respecto a la Comunidad de Madrid, que registra los mayores recursos actuales.

El cierre del sistema incluye herramientas con recursos no competitivos para evitar que la ganancia de una comunidad reste fondos a otra. Entre ellas destaca el mecanismo del IVA para pymes, que permitirá a las autonomías recibir una transferencia si la recaudación de este impuesto en su tejido empresarial supera el índice de consumo interno. Asimismo, se creará un fondo climático de 1.000 millones de euros, del cual dos tercios se destinarán de forma directa a las regiones del litoral mediterráneo debido a su exposición al calentamiento marítimo, una medida donde la Comunitat Valenciana figura nuevamente como una de las principales beneficiadas.

Por último, una cláusula de cierre de 400 millones de euros blindará el statu quo para que ninguna comunidad reciba menos ingresos que con el modelo previo, una partida que beneficiará especialmente a Cantabria y Extremadura. Fuera del modelo de financiación, el Gobierno central reformulará los Fondos de Compensación Interterritorial para impulsar la productividad y las infraestructuras en las autonomías con recursos inferiores a la media nacional.

El Gobierno sigue dando pasos en la aprobación de los presupuestos para 2027, un camino que se antoja cada vez más cuesta arriba al Ministerio de Hacienda, porque las intenciones de La Moncloa de presentar las primeras cuentas de la legislatura chocan con unos socios –singularmente, Junts y Podemos– que no parecen estar muy por la labor de apoyarlos.

El Consejo de Ministros aprobó este martes la pata que le faltaba al Gobierno para el diseño de los presupuestos: el techo de gasto, que es la cifra clave con la que el Ejecutivo procede a financiar cada uno de los capítulos de las cuentas públicas. El ministro de Hacienda, Arcadi España, anunció que el de 2027 será de 226.032 millones, un 6,6% más –excluidos los fondos europeos– que el de la ley de 2026, que La Moncloa renunció a presentar.

“Es la cifra más alta jamás aprobada”, se felicitó España en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete, un número que “no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia”, incidió.

Por ponerlo en perspectiva, el último presupuesto de Mariano Rajoy al frente del Gobierno, de junio de 2018, contó con un techo de gasto de 119.834 millones. Es decir, en solo ocho años los recursos de las cuentas públicas han sumado 106.198 millones, prácticamente el doble (88,6%). Y el efecto no es únicamente por la subida de los precios: desde junio de 2018 la inflación acumulada es del 25%.

Sumar saca pecho, Podemos y Junts critican

El Gobierno ha tirado de chequera para elaborar las cuentas públicas con “los mayores recursos de la historia” para “blindar el Estado del bienestar”, dijo el ministro de Hacienda. Pero estas cifras abultadas parecen más un canto de sirena con el que tratar de contentar a unos socios que, a puertas de un año electoral, no parecen dispuestos a darle ese balón de oxígeno al Gobierno.

Incluso dentro de la propia coalición. Fuentes de Sumar se apresuraron a anunciar que habían alcanzado un acuerdo con el PSOE para ampliar el techo de gasto en 1.500 millones de euros, una cifra con la que se encuentran “satisfechos”, ya que dará más margen en ese eventual presupuesto para financiar más políticas sociales.

El techo de gasto no se vota en el Congreso, como sí sucede con los objetivos de estabilidad presupuestaria, el corsé para las administraciones públicas. El gobierno ha fijado un déficit del 1,8% del producto interior bruto (PIB) para 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029. Y la corrección de este desequilibrio irá a cuenta de la Administración Central, ya que las comunidades autónomas contarán con un margen del 0,1% del PIB durante el trienio. 5.849 millones de euros de holgura, en total.

Y estas cifras no han gustado a dos socios cuyos votos son clave para pasar el filtro de las Cortes Generales. Ni Podemos ni Junts están entusiasmados, lo que aboca a la senda de déficit a una derrota el próximo 14 de julio y, previsiblemente, en una segunda votación en un Pleno extraordinario el 23 de este mes.

“Por lo que sabemos, estamos hablando básicamente de la misma propuesta que se produjo hace un año y, obviamente, quien repite las mismas actuaciones puede esperar los mismos resultados”, dijo este martes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ya el año pasado se abstuvo en las dos votaciones que el Gobierno llevó al Congreso. Ese techo de gasto “amplio”, a su juicio, no se está empleando en la mejora de los servicios públicos, como defiende el Gobierno, sino en “reforzar los compromisos militares de España” y “contribuir a la escalada militar”.

Un argumento calcado al de Junts, el hueso más duro de roer para La Moncloa. “Si el gobierno español hace las mismas propuestas que los años anteriores, obtendrá el mismo resultado y no podrán contar con nuestro voto”, indican fuentes de los posconvergentes, que ya el año pasado tumbó los dos intentos del Ejecutivo por aprobar la senda de estabilidad. “El PSOE persiste en el error. La misma fórmula de siempre —no pagar a Catalunya— que pretenden que compremos a cambio de nada”, apuntan.

En el pasado, el partido de Carles Puigdemont argumentó su rechazo en que el Gobierno se reservaba el grueso del déficit, que debería repartir en tercios para cada nivel de la Administración (Administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos). Eso supondría darle este año a las regiones un margen del 0,6% del PIB.

Pero en Hacienda argumentan que, en realidad, una vez descontadas las transferencias a la Seguridad Social y la recaudación del impuesto a la banca (que capta el Ejecutivo, pero remite a las comunidades), el objetivo de la Administración central y las regionales es el mismo: un déficit 0,2%. Tesis que no convence a Junts.

“Invito y pido al PP que reflexione, que no es el momento de partidismos y no es el momento de estar pensando en jugadas electorales”, dijo España desde la mesa del Consejo de Ministros. El Gobierno ha tratado de tentar a las comunidades peor financiadas, que son del PP, para tratar de forzar las costuras del partido. “Cada territorio y sus diputados deberían votar en función de sus intereses y del conjunto del país, y no de la calle Génova”, abundó el titular de Hacienda.

Si decae en dos ocasiones la senda de estabilidad, el Gobierno tendrá libertad para redactar sus Presupuestos con toda la flexibilidad presupuestaria, mientras que las comunidades tendrán que elaborar sus cuentas en equilibrio. Pero esas dos votaciones son batallas menores. La idea en La Moncloa es presentar el proyecto en septiembre, a la vuelta del verano. Y ahí se decidirá el futuro de la legislatura.

El Gobierno ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero de los próximos Presupuestos, el conocido como techo de gasto, que será de 226.032 millones de euros, una cifra récord para unas cuentas que “garantizarán los mayores recursos de la historia para Sanidad, Educación, Vivienda e Innovación”.

La cifra es un 6,6% superior al techo de gasto que se aprobó para los Presupuestos de 2026, que finalmente no salieron adelante, lo que supone 14.006 millones de euros más en gasto financiado nacionalmente (es decir, excluidos los fondos europeos, que ya no estarán en vigor el año próximo). El dato es un 88% superior al límite con el que se elaboraron las cuentas del año 2018, como ha valorado el titular de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

España ha subrayado que el techo de gasto aprobado “no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia” y que las cuentas públicas “blindarán nuestro estado del bienestar, fomentarán la igualdad de oportunidades y servicios de calidad y vocación universal”.

Según ha destacado la ministra Portavoz, Elma Saiz, este techo de gasto es “acorde con el buen momento que vive la economía española”, que no se ha visto golpeada en exceso por los efectos de la guerra en Oriente Medio. De hecho, el Ejecutivo revisó al alza sus proyecciones de crecimiento para este año hasta el 2,6%, cuatro décimas más de lo que estimaba a finales del año pasado.

Fuentes de Sumar han celebrado la cifra aprobada este martes en el Consejo de Ministros y han señalado que consiguieron un acuerdo en el seno de la coalición para ampliar este techo de gasto en 1.500 millones de euros más de lo que había propuesto Hacienda en un principio. Unas cuantías con las que el socio minoritario del Gobierno se muestra “satisfecho”, dado que un Presupuesto expansivo garantizará más recursos para políticas sociales, vivienda y el refuerzo de los servicios públicos.

Las comunidades tendrán un déficit del 0,1%

Junto al techo de gasto, el Consejo de Ministros ha aprobado los objetivos de estabilidad, que tendrán que ser aprobados por el Congreso de los Diputados para avanzar en la redacción de los Presupuestos.

Así, el Gobierno se ha comprometido a seguir recortando el déficit público al 1,8% del PIB en 2027, al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029, siendo la Administración General del Estado quien asumirá el ajuste.

Este lunes, el ministro España trasladó a las comunidades autónomas que el próximo año dispondrán un 8% más de financiación, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, lo que supone “los mayores recursos de su historia”. Al mismo tiempo, el Gobierno les comunicó que podrán incurrir en un déficit del 0,1%, lo que supone unos números rojos de entorno a 1.700 millones de euros para el conjunto de los ejecutivos regionales solo para el año próximo.

Hacienda puso encima de la mesa la posibilidad de que ese 0,1% pueda repartirse de manera “asimétrica” en función de la posición de cada una de las comunidades, siendo la Comunitat Valenciana y Murcia, ambas gobernadas por el PP, las potencialmente más beneficiadas por la propuesta. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya marcó la línea roja: “Buscan financiar siete veces a Cataluña por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal a ojos de todos”.

“Me cuesta entender la obsesión del PP contra Catalunya”, ha respondido el titular de Hacienda, para quien “ese anticatalanismo visceral” no hace “bien” al país. “Deberían reflexionar si un partido que aspira a gobernar, aspira a gobernar enfrentando a unas comunidades con otras”, ha dicho.

El Gobierno ha escogido a Antonio Ansón, jefe de gabinete del actual secretario de Estado de Hacienda, como nuevo director general de la Agencia Tributaria (AEAT), que tomará las riendas del organismo tras la salida anunciada de su actual dirigente, Soledad Fernández.

El Consejo de Ministros de este martes ha designado a Ansón (Zaragoza, 1962), que es licenciado en Derecho e inspector de Hacienda del Estado desde 1999, dada su “amplia y reconocida trayectoria profesional en la Administración tributaria, donde ha desempeñado numerosos puestos de responsabilidad”.

Fuentes de Hacienda han destacado su “profundo conocimiento” de la Administración tributaria y del sistema fiscal español, que unido a “experiencia pública y a su sólida trayectoria internacional, avalan un perfil especialmente cualificado para asumir la dirección de la Agencia Tributaria en esta nueva etapa”.

La semana pasada el Ejecutivo anunció que la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, había pedido su relevo al frente del organismo recaudador. Una salida solicitada hacía meses y que habían acordado que se produciría al final de la campaña de la renta, que terminó el 30 de junio.

Según destacaron entonces desde el Ejecutivo, no se trataba de una “dimisión” ni de una crisis en la cúpula (otros dos responsables han pedido salir), sino que “tras realizar un gran trabajo durante cuatro años al frente de la AEAT” y encarrilar el citado plan estratégico, la propia Fernández había pedido su cese.

El nuevo director general de la Agencia Tributaria es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, máster en Dirección Pública (2010) y ha completado el Programa de Liderazgo Digital para Administraciones Públicas (2023), ambos impartidos conjuntamente por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Ansón ha sido responsable del Centro de Atención Telefónica al Contribuyente entre 1999 y 2006, jefe de Coordinación de Administraciones de Hacienda en Madrid entre 2006 y 2007 y subdirector general de Planificación y Programación entre 2007 y 2010. Posteriormente, ocupó el puesto de adjunto al jefe regional de Recaudación de la Delegación Especial de Madrid entre 2010 y 2011.

Asimismo, desarrolló una parte significativa de su trayectoria en el ámbito de los recursos humanos de la Agencia Tributaria, primero como subdirector de Gestión Administrativa de Personal y posteriormente como director adjunto del Departamento de Recursos Humanos. Entre 2013 y 2014 ejerció además como jefe de Equipo Regional de Aduanas e Impuestos Especiales en la Delegación Especial de Madrid.

Su experiencia y conocimiento de la administración tributaria le llevaron a incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, donde desarrolló su actividad profesional durante ocho años, entre 2014 y 2022, en el Departamento de Finanzas Públicas (Fiscal Affairs Department, FAD). En esta institución desempeñó funciones de especialista en administración tributaria y aduanera como consejero técnico y, desde 2016, como economista sénior.

Volvió a España a finales de 2022 y, primero, ocupó el cargo de jefe de Estudios para la Dirección Pública en el Instituto de Estudios Fiscales (2022-2023), fue director adjunto del Departamento de Recursos Humanos de la AEAT (2023-2024) e investigador en Administración Tributaria del IEF (2024-2025). Desde abril de 2025 desempeñaba el puesto de director del Gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. El propio Gascón, que por su cargo preside la AEAT, fue antes su director general.

El cambio en el Ministerio de Hacienda, con la llegada de Arcadi España para suplir la salida de María Jesús Montero hacia Andalucía, no ha cambiado un ápice la estrategia del Gobierno a la hora de negociar con las comunidades autónomas que dirige el Partido Popular: echar sal en la herida de los agravios entre las distintas regiones del mismo color político por la financiación que reciben unas y otras.

Los intereses de la Comunitat Valenciana o la Región de Murcia, los territorios peor tratados por el sistema de financiación autonómica, son diferentes de los de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Las tres están en manos del PP pero, en cuanto a las cuentas públicas se refiere, sus necesidades son bien distintas.

Las reformas de financiación de las comunidades autónomas que ha ido poniendo encima de la mesa el Gobierno a lo largo de esta legislatura han servido para explotar la debilidad que supone para el PP liderar la mayoría de los ejecutivos regionales. Pasó con la condonación de más de 80.000 millones de deuda pública regional, que arrojaba el mayor alivio para la Andalucía de Juanma Moreno (PP). O con la propuesta para reformar el sistema de reparto que plantea 15.000 millones de euros más para las regiones que ahora dirigen los populares.

El paso más allá llegó con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes, el que debía dar luz verde a los objetivos de estabilidad presupuestaria para los años 2027 a 2029, el paso previo para desbloquear la presentación de los Presupuestos. Allí, el ministro España planteó un déficit para el conjunto de las comunidades autónomas del 0,1% del producto interior bruto (PIB) durante los tres años. En conjunto, un mayor margen de gasto por valor de 5.849 millones para el trienio que se aprobará este martes en Consejo de Ministros.

Y Hacienda mostró su disposición a un reparto “asimétrico” de esos números rojos “teniendo en cuenta la situación fiscal diferente de cada una”.

“Hay muchas comunidades autónomas que han cerrado su ejercicio con superávit. Su estructura de gasto y otras condiciones como el modelo de financiación les garantizan ese superávit y, por tanto, no necesitan de un colchón financiero adicional que, en este caso, es el déficit”, justificó España en la rueda de prensa posterior al encuentro. “Lo que hemos propuesto, que han propuesto comunidades del PP en otro momento y se ha aprobado en nuestro país en el año 2013, es un ejercicio que debe llevar a la reflexión. Que se lo pregunten a la Comunitat Valenciana o a Murcia si quieren, de ese 0,1%, tener una parte mayor para ellos”, planteó el ministro tras su primer CPFF al frente de Hacienda.

Madrid lo rechaza y Murcia lo “estudiará”

España llevó la propuesta después de su experiencia como conseller de Hacienda en la Generalitat valenciana, que recibió el aval de la representante catalana, Alícia Romero. Comunidades como Madrid mostraron su rechazo con contundencia, mientras que los Gobiernos de la Comunitat Valenciana o Murcia se mostraron más abiertos a la idea del Ministerio.

“La posición de la Comunidad de Madrid es que todos tenemos que tener los mismos objetivos de déficit y de deuda. En caso de que se planteara un déficit asimétrico, la lógica te dice que el que más cumple tendría que tener mayores posibilidades, no al que más incumple darle más posibilidad”, dijo la madrileña Rocío Albert.

El valenciano José Antonio Rovira, apretado a preguntas de la prensa, respondió que su opinión tampoco era tan importante. “No estoy en contra, pero tampoco es una cuestión relevante”, señaló. “Poner el mismo déficit a todas las comunidades autónomas con un sistema de financiación que privilegia a unas frente a otras no tiene sentido”, dijo a renglón seguido.

“Vamos a estudiarla”, respondió, por su parte, la consejera murciana Marisa López.

En puridad, la propuesta de ese déficit bosquejada por España no es nueva. Ya en 2013 con el ministro de Hacienda de entonces, Cristóbal Montoro, se aprobaron unos números rojos del 1,3% del PIB. Algunas comunidades autónomas tuvieron un margen superior, como Baleares (-1,47%), Cataluña (-1,58%), Andalucía (-1,58%), Murcia (-1,59%) y Comunidad Valenciana (-1,60%). A otras, que partían de situaciones mejores, se les exigió una mayor consolidación: Extremadura (-1%), La Rioja (-1,06%), Asturias (-1,06%) y Comunidad de Madrid (-1,07%).

La realidad es que, con datos de 2025, las comunidades autónomas registraron cuentas con una salud muy dispar. En un extremo se encontraba Navarra, con un superávit del 2% del PIB, junto con otras siete regiones. Al otro lado, Murcia (-1,56%) y la Comunitat Valenciana (-1,54%) tuvieron los mayores números rojos, junto con otras siete. En total el déficit de las comunidades autónomas fue del 0,3%. El triple de lo estipulado en un principio para ese año.

“No todas las comunidades parten de la misma base”, justificó España en la rueda de prensa de este lunes. “Es un ejercicio de solidaridad entre las comunidades autónomas que lo necesitan y las que no lo necesitan”, insistió.

“¿Quieren ser solidarias [las del PP] con otra comunidad de su signo político o no quieren serlo? Yo soy partidario de la solidaridad, incluso si no es de su signo político”, dijo.

Si bien el ministro no detalló cómo articular ese mecanismo, España planteó que las comunidades autónomas llegaran a un acuerdo previo para ese reparto o a la intervención de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para realizar un borrador de ese cálculo. Sin embargo, fuentes gubernamentales reconocieron que había “poca agua” para un pacto de estas características. Pero las cartas ya están encima de la mesa. Otra cosa es que la partida llegue a jugarse.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha trasladado a las comunidades autónomas que el próximo año dispondrán un 8% más de financiación, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, lo que supone “los mayores recursos de su historia”. Al mismo tiempo, el Gobierno ha comunicado que podrán incurrir en un déficit del 0,1%, lo que supone unos números rojos de entorno a 1.700 millones de euros para el conjunto de los ejecutivos regionales solo para el año próximo.

Además, el Ejecutivo ha abierto la puerta a que se puedan debatir y fijar unos objetivos de déficit “asimétricos”, diferentes entre comunidades autónomas en función de la posición de partida de cada una de ellas, algo que no se había planteado hasta ahora.

“Lo que hemos propuesto, que han propuesto comunidades autónomas del PP en otro momento y se ha aprobado en nuestro país el año 2013, es un ejercicio que debe llevar a la reflexión”, ha dicho España en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). De hecho, el titular de Hacienda lo ha enmarcado en un ejercicio de “solidaridad” con regiones como la Comunitat Valenciana o Murcia, peor financiadas que el resto.

El ministro, en su reunión con los consejeros autonómicos del ramo en el CPFF, también ha puesto encima de la mesa que esta cifra podría ser superior si sale adelante el nuevo modelo de financiación autonómica, que el Ejecutivo prevé aprobar en otra reunión de este órgano antes de que acabe el mes de julio.

Las entregas a cuenta –los principales fondos con los que cuentan las comunidades, que proceden de la previsión de recaudación del año en curso– para 2026 alcanzaron los 157.731 millones de euros, una cifra que ya fue récord. Junto a la liquidación del sistema (es decir, la diferencia entre la previsión y lo que finalmente se captó por parte de las arcas del Estado) la cifra total de financiación alcanzó 170.300 millones.

El CPFF se ha reunido este lunes como paso previo a la aprobación en el Consejo de Ministros del techo de gasto y los objetivos de estabilidad, las cifras claves con las que el Gobierno va a elaborar las cuentas públicas para el año próximo. El Ministerio de Economía ya presentó sus previsiones de crecimiento, pero faltaba la parte fiscal, que es la que ha avanzado este lunes el ministro España.

En este trámite Hacienda tenía asegurada la aprobación, ya que cuenta con la mitad de los votos del organismo y solo necesita el aval de una de las comunidades (singularmente, algunas de las gobernadas por el PSOE, como Cataluña o Asturias) para que salga adelante.

5.489 millones de margen adicional

El Ejecutivo no ha desglosado las cifras de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas pero sí los objetivos que tendrán que cumplir las comunidades autónomas entre 2027 y 2029: un 0,1% de déficit en los tres ejercicios. “Un porcentaje que refleja que las comunidades no tendrán que hacer ningún esfuerzo fiscal durante el período, a diferencia de la Administración central”, detallan las mismas fuentes.

De acuerdo con los objetivos que figuran en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo –el documento clave de las reglas fiscales– que el Gobierno negoció con Bruselas, España debería cerrar 2027 con un déficit del 1,8%, que sería del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029.

Según los cálculos del Gobierno, esta senda da un margen adicional a los Ejecutivos regionales de 5.849 millones durante el trienio. “Dicho de otra forma, votar en contra de los objetivos implicaría que las comunidades deberían realizar un ajuste de 5.849 millones”, apuntan desde la cartera que lidera España.

El Consejo de Ministros aprobará este martes el acuerdo con el techo de gasto y la senda de objetivos de estabilidad, que se remitirá al Congreso de los Diputados pra su votación, previsiblemente, el 14 de julio.

El 29 de julio, otra reunión sobre financiación

Además, el ministro ha citado a las comunidades autónomas a otra reunión del CPFF el próximo 29 de julio que versará exclusivamente sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y la propuesta que ha puesto encima de la mesa el Ministerio de Hacienda.

Según ha detallado Arcadi España, esta misma semana remitirán a las comunidades autónomas un primer borrador del acuerdo y el 14 de julio se celebrará una reunión del comité técnico del CPFF para abordar los detalles del modelo.

“Les pido a las comunidades autónomas, incluso a las que se han negado a negociar con el Gobierno de España, que lo hagan ahora. Una vez que tengan el documento, tendrán tiempo para estudiarlo y creo que es posible, confío en que la voluntad de todos haga que en el CPFF podamos aprobar un modelo de financiación de las comunidades autónomas que aporta más solidaridad, transparencia y recursos para nuestro Estado de Bienestar”, ha insistido.

La Agencia Tributaria (AEAT) ha cerrado la Campaña de la Renta 2025 con 25.613.000 declaraciones presentadas, un 4,6% más que en la del año pasado, de las que 16 millones han resultado a devolver.

El Ministerio de Hacienda ha informado este viernes de los principales resultados de la declaración anual del IRPF, el periodo de mayor actividad del año, tras el final de la campaña el pasado martes. Según los datos de la Agencia Tributaria, hasta ayer ya se han devuelto 9.361 millones de euros a 12.953.000 contribuyentes.

Esto supone que las devoluciones abonadas han aumentado un 3% en cuanto al número y un 2,9% en cuanto al importe, en comparación con la misma fecha del año pasado. De las 16.376.000 declaraciones a devolver, ya se han abonado el 79,1%. En total, Hacienda prevé ingresar 14 millones de euros que los españoles abonaron de más.

Al otro lado, 7.475.000 han salido a pagar, un 7,8% más que hace un año, que tendrán que ingresar más de 24,7 millones al fisco. Esto supone casi un 20% más que hace un año.

Los datos de cierre superan las previsiones presentadas al inicio de la campaña de la renta, cuando se estimaba que llegarían 25.251.054 declaraciones, gracias a la creación de empleo del último año, de las que 15,7 millones iban a ser a devolver (13.271 millones) y 7,7 millones a pagar (24.628 millones de euros).

Más de 53.700 complementarias

A lo largo de la campaña se han recibido 53.700 declaraciones complementarias, después de que se remitieran casi 160.000 cartas preventivas a contribuyentes para que revisaran los números presentados al fisco. Con estas rectificaciones, apunta Hacienda, se ha evitado “una posible comprobación posterior, la generación de intereses y la eventual imposición de sanciones”.

Además de la presentación del IRPF, la Agencia Tributaria también ha desarrollado la del Impuesto sobre el Patrimonio, que deben ingresar todos aquellos contribuyentes con bienes y derechos por un valor superior a los dos millones de euros.

La campaña se ha saldado con más de 227.800 declaraciones de Patrimonio y el importe a ingresar ha alcanzado los 2.512 millones de euros.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha trasladado oficialmente al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, los detalles del próximo paquete de liquidez que recibirá la administración autonómica. Según fuentes gubernamentales, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) tiene prevista la aprobación esta misma tarde de una partida global de 4.000 millones de euros destinados a la Comunitat Valenciana.

El desglose de esta inyección económica contempla, por un lado, un montante de 1.904 millones de euros procedentes del denominado 'ExtraFLA' y, por otro, 2.126 millones de euros correspondientes al tramo ordinario del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para el tercer trimestre del ejercicio. Asimismo, Hacienda ha confirmado que las arcas de la Generalitat contarán con un total de 344 millones de euros derivados del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE), cuyo propósito es mitigar los severos daños materiales provocados por la dana del octubre de 2024.

Esta asignación definitiva representa un incremento de 52 millones de euros respecto a las previsiones iniciales. Este repunte responde a una reasignación interna por parte del Ejecutivo central, que ha derivado a la Generalitat aquellos recursos que, por limitaciones técnicas o presupuestarias, no pudieron ser absorbidos directamente por las corporaciones locales valencianas.

En el plano estrictamente político, España ha instado al jefe del Consell a “remar en la misma dirección” con el fin de consolidar la reforma del sistema de financiación autonómica. Desde el departamento de Hacienda subrayan que el nuevo modelo propuesto reportaría a la Comunitat Valenciana ingresos adicionales por valor de 3.669 millones de euros, una cifra que —según han incidido— duplica los 1.782 millones que el propio Pérez Llorca demandó formalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la cumbre bilateral mantenida el pasado mes de diciembre.

Paralelamente, el ministro ha enfatizado los beneficios que reportará para la sostenibilidad financiera valenciana la aprobación de la quita de deuda impulsada por el Gobierno central. Esta medida de alivio fiscal, cuya tramitación parlamentaria se encuentra actualmente en el Congreso de los Diputados, supondría una reducción directa del endeudamiento autonómico cifrada en 11.210 millones de euros.

Por último, se ha recordado que el Real Decreto-ley (RDL) validado por el Consejo de Ministros contempla una actualización de las entregas a cuenta que elevará la partida destinada a la Comunitat Valenciana hasta un máximo histórico de 14.993 millones de euros. Ante la proximidad de la sesión de convalidación de la norma, programada para este jueves en la Cámara Baja, el ministro ha solicitado formalmente a Pérez Llorca que interceda ante la dirección de su partido (PP) para que deponga su rechazo. Desde el Ejecutivo central recuerdan que los populares ya votaron en contra de esta medida presupuestaria en las sesiones parlamentarias de enero y febrero, por lo que apelan a la “responsabilidad institucional” para evitar un tercer bloqueo que afectaría directamente a los recursos de los servicios públicos valencianos.

En este sentido, Arcadi España ha pedido al PP que, “a diferencia de las dos últimas veces, vote a favor de la actualización de las entregas a cuenta”, ya que es una medida “fundamental para comunidades y ayuntamientos”. Además, ha añadido que estas soluciones transitorias se deben convertir en estructurales: “Por eso hemos presentado un nuevo sistema de financiación, de la misma manera que la condonación de la deuda. El nuevo sistema dará el doble a la Comunitat Valenciana de lo que pidió Pérez Llorca al presidente Sánchez”.

El titular de Hacienda se ha preguntado por qué la Generalitat “no se sienta a negociar el nuevo sistema”, al tiempo que zanjaba que “son todo excusas”. “He venido a buscar soluciones, no a imponer”, ha sentenciado el ministro, recordando su pasado en la administración autonómica: “Tenemos una oportunidad histórica, y espero que si la decisión es o Feijóo o la Generalitat, Pérez Llorca elija la Comunitat Valenciana”.

Finalmente, el responsable de la cartera estatal se preguntaba también qué hace la Generalitat con el dinero si actualmente dispone de “los mayores recursos de la historia”, insistiendo en que su objetivo último es que el nuevo modelo de financiación esté plenamente operativo el próximo 1 de enero.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, mantendrán una reunión bilateral el próximo lunes por la mañana en el Palau de la Generalitat. El encuentro, solicitado en su día por el jefe del Consell, se produce en un momento clave de las negociaciones para la reforma del sistema de financiación autonómica, un asunto en el que la Comunitat Valenciana se juega su viabilidad económica a corto y medio plazo. Precisamente, la financiación y la condonación de la deuda serán dos de los puntos clave de la agenda, aunque, según reconocen fuentes ministeriales, sobre la mesa se abordará “todo”.

La cita llega precedida por la constante ofensiva del Ejecutivo valenciano ante el Ministerio de Hacienda para revertir una situación de infrafinanciación que sucesivos informes de organismos como el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) o la Sindicatura de Comptes califican de “crónica”. La Comunitat Valenciana continúa a la cola de la financiación por habitante, lo que obliga al Gobierno autonómico a recurrir sistemáticamente a los mecanismos de liquidez del Estado, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), para sostener servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y las políticas sociales.

En la hoja de ruta que defiende el Consell, la prioridad absoluta para este encuentro se centra en la exigencia de un fondo de nivelación transitorio. Esta herramienta, que cuenta con el consenso de la plataforma de la sociedad civil y de los expertos económicos valencianos, busca aportar de manera inmediata los recursos necesarios para equiparar a la autonomía con la media española mientras se tramita el complejo y lento modelo definitivo.

Junto a este fondo de nivelación, el Consell reclama el reconocimiento y la condonación de la deuda histórica, una cifra que ya supera los 55.000 millones de euros. Asimismo, frente a las ofertas de negociaciones singulares con otras autonomías, como Cataluña, el Gobierno valenciano defiende que el nuevo modelo de reparto de la caja común debe acordarse de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) bajo el principio de equidad.

El encuentro del lunes servirá para medir la temperatura de la relación entre el Ejecutivo central y el Consell. La cita se produce después de que Pérez Llorca rechazara la propuesta de nueva financiación impulsada por el Gobierno de España, una medida que habría supuesto unos ingresos extra anuales de más de 3.600 millones de euros para la autonomía.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha enfrentado este jueves al primer examen en la Comisión del Congreso que fiscaliza su cartera con el anuncio del presidente Pedro Sánchez de que presentará Presupuestos para 2027 bajo el brazo. Por cuarta vez en lo que va de legislatura, el Ejecutivo dice que habrá cuentas públicas. Pero, esta vez, y a poco más de un año para el fin del mandato, el Gobierno se ha encontrado con los recelos de sus socios parlamentarios.

“Ayer el presidente anunció que vamos a poner en marcha la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027. Mañana mismo se publicará la orden de elaboración y, este mes, el ministro de Economía actualizará el cuadro macro para traer a esta cámara unas cuentas que nazcan del diálogo”, ha desgranado España en su estreno en la Comisión de Hacienda, donde acudió para presentar las líneas fundamentales de su departamento dos meses después de su nombramiento en sustitución de María Jesús Montero.

El anuncio de Sánchez ante el Cercle d’Economia confirmó el elefante en la habitación de que, tras varios retrasos, tampoco habrá unas cuentas actualizadas en 2026 y las de 2023, aprobadas a finales de 2022, seguirán en vigor durante todo el ejercicio. 

Pero, para los socios, el boato con el que el presidente dio el pistoletazo de salida a los Presupuestos del año que viene se aleja de una negociación presupuestaria tradicional y tiene más que ver con la necesidad del Gobierno de ganar oxígeno entre tantos frentes judiciales, e iniciar una larga precampaña que desembocará en la convocatoria de elecciones generales.

“Un anuncio de precampaña”

La portavoz del PNV en la Comisión de Hacienda, Idoia Sagastizabal, ha sido la más clara en su dudas, al plantearle una pregunta muy directa al ministro España: “Llevan anunciando esa negociación mucho tiempo. (...) ¿Es un intento de estirar la legislatura o un déjà vu de lo que ocurrió en 2019?”. En aquel año, el proyecto presupuestario fue tumbado en el Congreso y Sánchez adelantó las generales a abril.

La diputada jeltzale ha reconocido que hubo conversaciones con su grupo parlamentario de cara a unas potenciales cuentas para 2026, ya descartadas, pero ha asegurado que el contexto ha cambiado por completo. No solo por la guerra en Irán, la razón oficial por la que el Ejecutivo retrasó la presentación de una ley que anunciaron para el primer trimestre. También por el estallido de las investigaciones judiciales en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o por la publicación del sumario de la presunta fontanera del PSOE Leire Díez.

“Hubo conversaciones con mi grupo y voluntad de acuerdo, pero ese ya no es nuestro punto de partida. No dé aquella negociación por heredada”, ha advertido Sagastizabal.

La tentación de que la coalición de PSOE y Sumar use esos presupuestos como programa político, aunque sepan que no va a salir adelante, también ha provocado recelos en otro de los socios clave de la legislatura: ERC. La diputada Pilar Vallugera ha asegurado que son “escépticos y críticos” con lo que, directamente, han tachado de “anuncio de precampaña”. “Creemos que, con la tesitura y las circunstancias actuales, seguramente es la necesidad de empezar ya la precampaña”, ha asegurado.

A la reunión de la Comisión no han acudido ni EH Bildu ni Junts, los otros grupos parlamentarios que habitualmente necesita el Gobierno para ahormar sus mayorías. Por el Grupo Mixto, ha sido el representante del BNG, Néstor Rego, quien ha dado el toque de atención al Ejecutivo.

“Permítame que acoja este anuncio con toda prudencias, sobre todo teniendo en cuenta que esta es la cuarta ocasión, el cuarto año, en que se anuncia la realización de los PGE y, como es bien sabido, en los últimos tres años no llegó a concretarse”, ha afeado.

Una herida en la que ha ahondado el portavoz popular, Pedro Puy: “Ahora dicen que van a traer un Presupuesto. Antes no lo traían porque había incertidumbre a escala internacional. ¿Estamos ante una operación publicitaria porque estamos muy próximos al año electoral?”, se ha cuestionado.

España ha tratado de responder a las dudas de sus socios asegurando que los compromisos adquiridos –y por cumplir– del Gobierno se abordarán en las cuentas públicas. “Vamos a cumplir los acuerdos con los distintos grupos parlamentarios de investidura. (...) Esos compromisos, cuando iniciemos el diálogo, los repasaremos uno a uno y veremos su encaje en el Presupuesto”, ha dicho.

La financiación autonómica será “multilateral”

El ministro de Hacienda se ha reafirmado en que el impulso de las cuentas públicas no solo permitirá tener los primeros presupuestos de la legislatura, sino que permitirá avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica que impulsó la exvicepresidenta Montero.

Esta misma semana, el Ministerio envió una serie de cartas a las comunidades autónomas para citarlas a reuniones bilaterales para abordar el modelo, con el objetivo de desembocar en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) –el órgano multilateral que reúne a la Hacienda nacional con los consejeros regionales– para un último debate antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. Pero la mayoría de los gobiernos populares dieron un portazo a esa petición, negándose a esa bilateralidad en la negociación.

“Hubo un CPFF, que es un órgano multilateral, donde se planteó el modelo. En ese consejo la ministra anunció que habría reuniones con los distintos gobiernos autonómicos para luego volver a una mesa multilateral [de nuevo el CPFF] y luego al Congreso de los Diputados”, ha insistido. “Se quiera o no se quiera, el modelo siempre es multilateral porque se decide en el Congreso de los Diputados”, ha zanjado.

Una vez pasado el trámite de la Comisión, el ministro se enfrenta a un fin de curso, antes de las vacaciones de verano, en el que tendrá que presentar la senda de estabilidad para elaborar las cuentas públicas y enviar la reforma del modelo de financiación autonómico al Congreso. También está pendiente la aprobación de la quita de la deuda. “Yo, que soy optimista, intento mirar las cosas hacia delante”, ha asegurado España.