Ni supone un ahorro automático para los autónomos que cobren menos de 85.000 euros ni España está obligada por Bruselas a implantarlo. El IVA franquiciado ha entrado esta semana, por la puerta grande, en el barro político, después de que Junts lo situara como de sus condiciones para votar a favor del Real Decreto-Ley de congelación de alquileres, que finalmente decayó con sus ‘noes’ y los de PP y Vox.

Se trata de la segunda vez en menos de un mes que los neoconvergentes han jugado la carta del IVA franquiciado para torcer la mano del Gobierno. Primero, para aprobar las rebajas fiscales en respuesta a la guerra en Oriente Medio. Y, después, para las medidas de urgencia sobre vivienda. En el primer caso, el Gobierno transigió y apoyó una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para darle impulso a este régimen específico. En el segundo, no hubo acuerdo, ya que en el ala socialista del Ejecutivo ya daban la norma por perdida.

Pero, ¿qué es el IVA franquiciado? Lo que promete ser el próximo dolor de cabeza del Ministerio de Hacienda es un régimen que existe en el resto de países de la Unión Europea, siendo España la excepción. Hay una directiva europea que el Estado está obligado a transponer al derecho nacional. Sin embargo, solo se exige al Gobierno reconocer a los autónomos españoles la capacidad de acogerse a este régimen en sus negocios con otros países, pero no en su actividad doméstica.

La directiva recoge que los Estados miembro “podrán” conceder una franquicia en el IVA hasta un máximo de 85.000 euros. En la práctica, esto evita que los autónomos que facturen menos tengan que repercutir el impuesto o hacer una declaración trimestral del mismo, reduciendo las cargas burocráticas para aquellos negocios más pequeños.

Fernando Matesanz, de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), explica que, en la práctica, el objetivo es “quitar el engorro administrativo” vinculado al IVA, como repercutirlo o declararlo trimestralmente, lo que para muchos pequeños empresarios supone la contratación –y el gasto extra– de un asesor. “En realidad será beneficioso solo para muy poquitas empresas con muy poco gasto, muy dirigidas a consumidores finales, como un kiosco, por ejemplo”, dice en conversación telefónica. “Pero para aquellos que tengan mucho gasto no será positivo porque no se podrán deducir el IVA”, detalla.

La difícil coexistencia con el sistema de módulos

España ya cuenta con un sistema muy beneficioso para la carga fiscal de los pequeños autónomos: el de módulos, o estimación objetiva, que calcula la tributación en el IRPF en función de una serie de características físicas del negocio y hasta un tope de 250.000 euros de facturación.

“Un bar, por ejemplo, que haya ingresado 240.000 euros no va a tributar por eso, sino que se ve cuántas sillas o mesas tienen, cuánto mide la barra, de dónde se sirven las copas… Y eso tiene unos parámetros. Si tienes tres mesas, se multiplica por tanto; si la barra mide esto, por lo otro… Y de ahí sale una cuantía a pagar que siempre es inferior a lo que correspondería pagar por el beneficio obtenido”, explicó en este artículo Rubén Gimeno, director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas.

Matesanz apunta que este sistema es una “anomalía” en el entorno europeo, mientras que el IVA franquiciado está presente en todos los países del conglomerado comunitario. Pero, al mismo tiempo, el sistema de módulos es mucho más beneficioso y tiene mayor alcance, afectando a colectivos tan relevantes (y con poder negociador) como el de los transportistas. “Los dos sistemas tienen difícil convivencia. Habrá que hacer una labor de coordinación”, dice el experto de AEDAF.

El Gobierno votó a favor de uno de los puntos de la PNL de Junts sobre la “fatiga tributaria” que sufren los autónomos y las clases medias para asegurar el apoyo del partido catalán al Real Decreto-Ley de respuesta económica a la guerra en Oriente Medio. En concreto, al séptimo, por el que el Congreso instaba al Ejecutivo a “aplicar la directiva europea 2020/285 que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales”. 

Pero estas iniciativas funcionan como declaraciones políticas, sin ser legalmente vinculantes. Por lo que esta vez Junts fue más allá y exigió su aplicación, junto con otras medidas fiscales, para dar luz verde a la prórroga de los alquileres. Un extremo que reiteró su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, una vez derogada la norma. “Nosotros nunca hemos dicho que no estemos a favor en situaciones complicadas de prorrogar contratos”, aseguró.

Sumar, a favor de su aprobación

Esta semana, mientras corrían los minutos hacia la votación decisiva, desde Sumar se mostraban abiertos a aceptar las condiciones de Junts, mientras desde el ala socialista se mostraban escépticos y, sotto voce, daban por perdida la medida.

Preguntada por esta cuestión durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que su posición era “conocida” y “de justicia social”. “Hay que transponer el IVA franquiciado. La directiva la debes cumplir, al 100%, o un poco menos, pero debes cumplir”, dijo, abriendo la puerta a rebajar esa exención.

A su lado, y en su estreno ante los medios tras la reunión semanal del gabinete, el ministro de Hacienda, Arcadi España, aseguró que ya estaban trabajando en ello. “El Gobierno está trabajando en esta transposición y en otras transposiciones de directivas atendiendo a las directrices de los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda. Esta, sabe usted que está en tramitación parlamentaria”, zanjó.

En concreto, el ministro se refirió a una enmienda del Grupo Socialista en el Congreso a un proyecto de ley para transponer otra directiva –esta, sobre criptoactivos– que permitiría trasladar al derecho nacional la del IVA franquiciado. Esta debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2025, por lo que acumula un notable retraso. De hecho, la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haberla incorporado en tiempo y forma.

Pero la enmienda solo permitirá que los autónomos españoles se acojan al régimen de franquicia de otros estados miembros y no lo instaura para su actividad nacional. La norma todavía está a la espera de que se apruebe la ponencia, para luego remitirla a votación al pleno del Congreso. Es decir, que las negociaciones siguen abiertas... y aún queda recorrido para que salga adelante.

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a moderar el crecimiento del gasto público en 2026 hasta el 4,2%, a pesar de las medidas extraordinarias por la guerra en Oriente Medio, y después de que en 2025 avanzara un 4,5% sin tener en cuenta las inversiones en Defensa. El Ejecutivo ha trasladado a la Comisión Europea que seguirán embridando las cuentas públicas, con una reducción del déficit y de la ratio de deuda pública. Este último indicador cerrará 2026 por debajo del 100% del producto interior bruto (PIB) por primera vez desde 2019.

Los Ministerios de Economía y Hacienda han remitido este jueves, al filo de la medianoche, el Informe de Progreso Anual, el documento clave de las reglas fiscales europeas, en el que detallan el cumplimiento del Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo que el Ejecutivo pactó con la Comisión Europea a finales de 2024.

Como ya avanzó el Ejecutivo el martes, el documento se reafirma en que España cumplió con la regla de gasto -la medida de referencia para el nuevo marco de gobernanza económica- en 2025. El año pasado el gasto público -una vez descontadas las medidas de ingresos, que compensan el avance de estos costes- creció un 4,5%, en el límite máximo fijado por Bruselas.

Esto se debe, como explica el documento enviado al Ejecutivo comunitario, a que el crecimiento potencial de la economía española -es una medida teórica de cuánto puede avanzar el PIB sin provocar desequilibrios- ha sido superior tanto en 2025 a las previsiones que se manejaron en la elaboración del Plan Fiscal Estructural. Si a finales de 2024 se estimaba que este avance potencial era del 2%, las últimas simulaciones lo sitúan entre el 2,6 y el 2,8%. Esto ha dado mayor margen de gasto al tiempo que se cumplen las reglas fiscales.

El vicepresidente Carlos Cuerpo confirmó el martes que el Gobierno ha pedido a la Comisión Europea activar la cláusula de escape del gasto en Defensa, un mecanismo puesto en marcha por Bruselas para impulsar las inversiones en seguridad, que permiten que estas partidas no computen a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Según el Informe, esto equivale 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del gasto computable.

En términos acumulados, entre 2024 y 2025 el gasto creció un 8,7%, por debajo del margen permitido por las reglas fiscales. Si las previsiones del Gobierno se cumplen, con ese avance del 4,2% para este ejercicio, el gasto acumulado será del 13,3%, por debajo de las líneas rojas fijadas en la reforma de 2024.

El menor déficit en 20 años

Este menor crecimiento del gasto público redundará en una mejora de las cuentas públicas. El Gobierno estima que el déficit público cerrará el año en el 1,6% del PIB, una vez descontados los gastos extraordinarios a los que aún está haciendo frente el Gobierno por la DANA de 2024 y por las inundaciones de principios de este año. Esto supone una reducción de seis décimas desde el 2,2% notificado a Bruselas en 2025 y muy por debajo del objetivo que se fijó el Ejecutivo para este año, que era del 2,1%.

El Gobierno asegura que este año cerrará también con un superávit primario del 0,9% (esto es, la diferencia positiva entre ingresos y gastos públicos una vez descontado el coste de pagar los intereses de la deuda), lo que permitirá acelerar la reducción de la ratio de deuda pública. En concreto, ya este año se situará en el 99,3% del PIB, la menor tasa desde 2019 y adelantando un año el objetivo fijado para el final de la legislatura.

Además, el Ejecutivo da por cumplida la reforma fiscal y cifra en 2.300 millones la recaudación extra en 2025 por no actualizar con la inflación los tramos del IRPF, unos ingresos 'extra' que suponen el 0,14% del PIB y que permiten al Ejecutivo cumplir con el objetivo de la reforma fiscal pactada con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación de los fondos europeos.

El Gobierno ha mantenido la previsión de crecimiento económico en el 2,2%, ante la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio, pero calculan que los efectos de la guerra podrían costarle entre 0,1 y 0,4 puntos de PIB. Los datos de cierre de 2025, cuando España creció un 2,8% con una aceleración a final del ejercicio, y la robustez del principio de año (el PIB ha avanzado un 0,6%) sostienen esta proyección.

Sí prevén una mayor inflacion, medida por el deflactor del PIB, pero justifican que esta subida (al 3,1%) se debe a que el año pasado cerró por encima de lo que habían anticipado. Es decir, que tampoco incorpora el efecto de la subida de los precios del petróleo y el gas por la guerra.

El Consejo General de Economistas ha reclamado una reforma integral de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), tras veinte años de la última revisión en profundidad de su estructura, para adaptar a los nuevos tiempos algunas figuras clave del tributo y actualizar con la inflación los mínimos y las tarifas estatales.

En una rueda de prensa para presentar su manual sobre la Declaración de la Renta y Patrimonio 2025, con los principales cambios normativos a seguir para este año, los técnicos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) han presentado varios ejemplos del sobrecoste para los contribuyentes de la llamada “progresividad en frío”. Esto es, cuando los salarios se actualizan para compensar la inflación pero, al no actualizar al mismo ritmo las tarifas del impuesto, parte de la mejora de poder adquisitivo se convierte en una mayor tributación.

Así, desde el REAF han hecho la simulación de cuánto habrían pagado de más cuatro contribuyentes solteros, sin hijos y que solo tributan por rendimientos de trabajo, con salarios en 2021 de 22.000 euros (la barrera a partir de la cual es obligatorio tributar), de 24.918 euros (el medio en ese ejercicio), de 45.000 euros y de 60.000 euros. Estas cuantías se actualizan con la subida media pactada por convenio entre 2022 y 2025.

La elección del periodo tampoco es casual, ya que coincide con la escalada de la inflación tras la salida de la pandemia y exacerbada por la guerra en Ucrania, que disparó primero los precios de la energía y, después, se trasladó a la cesta de la compra en la alimentación. Desde enero de 2022 a marzo de 2026, el último dato definitivo, la subida acumulada es del 17,1%.

De 600 euros a casi 1.500 más entre 2022 y 2025

De acuerdo con estos cálculos, en el primero de los casos el contribuyente habría mejorado su renta en 3.189,29 euros entre 2022 y 2025, pero habría pagado el 19,7% de ese incremento (628,26 euros) por no actualizarlo. En el segundo, el sobrecoste acumulado sería de 820,77 euros (el 22,72% de los 3.612,31 euros de mejora salarial).

En las simulaciones más elevadas, una renta de 45.000 euros en 2021 habría aumentado su salario en 6.523,55 euros, de los que habría pagado un 20,20% más a Hacienda (1.317,50 euros); en tanto que una de 60.000 euros habría subido su retribución en 8.698,06 euros, pero solo pagaría un 17,04% más al fisco (1.482,18 euros).

Más allá de la deflactación, la vicepresidenta del REAF, Carmen Jover, ha puesto de manifiesto que desde que se aprobó la Ley del IRPF de 2006, que entró en vigor el 1 de enero del año siguiente, no ha habido una reforma en profundidad del principal impuesto recaudador del sistema tributario.

Si bien los mínimos personales se actualizaron en 2015, hay otras magnitudes absolutas como la exención por un seguro médico que lleva congelada en 500 euros desde 2003, la de las dietas de manutención es de 26,27 euros desde 2007 o la del cheque restaurante de 11 euros desde 2018.

Preguntado por la deflactación en una entrevista con este periódico, el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, el ministro defendió que ya se ha actualizado el impuesto al elevar los mínimos exentos con el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 2024 y, desde 2025, aplicar una deducción sobre estas cuantías. Y a eso habría que sumar otros cambios en otros impuestos. 

“Yo siempre soy partidario de ver el sistema fiscal desde el punto de vista global, no solo de una figura tributaria. Hay otras rebajas que hemos hecho en otro ámbito. Por ejemplo, las medidas tomadas ahora por la guerra de Irán, que hacen que te baje la factura de la luz, la factura del gas, la factura de la gasolina. En su conjunto, vemos que el sistema tributario está apoyando a las familias, sobre todo a las clases medias y trabajadoras”, respondió España.

Arcadi España (Carcaixent, 1974) cumple este fin de semana un mes con la llave de la caja del Gobierno central en su bolsillo. El nuevo ministro de Hacienda llegó al Gobierno a mitad de legislatura, con la tarea de llenar el gran hueco dejado por la exvicepresidenta María Jesús Montero, unos Presupuestos prorrogados, un modelo de financiación al que le falta letra pequeña por escribir y una guerra en Oriente Medio cuyos efectos pueden convertirse en un dolor de cabeza a la hora de cuadrar las cuentas públicas.

En su primera entrevista con un periódico desde que tomó posesión, España atiende a elDiario.es en la mañana del viernes. Se reafirma en que presentará los Presupuestos, pero apunta que ahora el Gobierno está centrado en “amortiguar las consecuencias” del conflicto en los bolsillos. Hace suya la propuesta de reforma de la financiación autonómica diseñada por Montero y carga contra el dumping fiscal de algunos gobiernos autonómicos: “Decir que no a este modelo no responde a razones racionales”.

¿Cuándo va a presentar los Presupuestos?

Lo importante son dos elementos. El primero, un elemento de tranquilidad a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que, con presupuestos prorrogados, el Gobierno de España puede hacer frente a todas las necesidades que hay en nuestra economía. Por ejemplo, el último paquete de medidas de 5.000 millones de euros para amortiguar los efectos de la guerra en Irán. 

Vamos a presentar los Presupuestos, pero en este momento el Gobierno de España está centrado en la misma preocupación que tienen todos los españoles y españolas: cómo amortiguar las consecuencias de la guerra en Irán en su actividad diaria, en la cesta de la compra, en la gasolina, en el recibo de la luz y también para nuestras pymes, autónomos, agricultores y el sector del transporte.

En 2024 también dijeron que presentarían los Presupuestos. Pasó lo mismo en 2025. Ahora, en 2026, ya estamos a finales de abril. ¿Por qué esta vez sí tenemos que pensar que van a hacerlo y que no van a ir directamente a los de 2027?

Por desgracia, esta guerra ilegal cada día cambia, con las consecuencias que tiene en las familias. Estamos trabajando conjuntamente con la Vicepresidencia primera y el Ministerio de Economía para tener un cuadro macro que sea lo más fidedigno y, con esas previsiones, presentar los presupuestos. Por lo tanto, funcionamos bien y con normalidad, a pesar de tenerlos prorrogados. 

Vamos a presentar los Presupuestos, pero el Gobierno está centrado en amortiguar las consecuencias de la guerra en Irán

Hablando de las consecuencias de la guerra, ¿cuánto espacio fiscal queda para tomar nuevas medidas en el caso de que fueran necesarias?

El primer paquete es de 5.000 millones de euros con una vigencia de tres meses, que luego ya veremos en función de cómo evolucione si es necesario tomar medidas adicionales o no. Pero partimos de dos elementos importantes: el elemento fiscal, al que hace referencia. Yo quiero reconocerle a la anterior vicepresidenta y ministra de Hacienda que tenemos el déficit más bajo en 18 años, que nuestra deuda pública ha bajado más de 25 puntos desde el pico de la pandemia, y que nuestra prima de riesgo está por debajo de los 50 puntos básicos, mucho mejor que otras grandes economías de la zona euro. Las constantes vitales financieras de nuestro país nos permiten tener ese margen necesario para afrontar estos 5.000 millones y las circunstancias que pudieran venir en el futuro. 

Otro segundo elemento es que, como país, estamos mejor preparados, no solo en términos financieros, sino también por la apuesta por las renovables. La vacuna para protegerse mejor ante estas guerras ilegales de energía es tener autonomía estratégica. Que el 60% de la electricidad de nuestro país sea de renovables es una garantía de que podemos capear el temporal provocado por esta guerra ilegal.

España es uno de los cinco países que ha reclamado a la Comisión Europea un impuesto extraordinario a los beneficios de las energéticas por este conflicto. España ya tuvo uno, pero decayó por falta de apoyos. ¿No resulta contradictorio tratar de impulsarlo a nivel europeo cuando aquí se ha dejado en un cajón?

Yo creo que es fundamental tener en cuenta la perspectiva de la crisis internacional y del europeísmo que tiene el presidente del Gobierno. Recuerde también la iniciativa del presidente Pedro Sánchez y del presidente de Brasil, Lula da Silva, de poner ese impuesto a los ultrarricos del mundo, que se tiene que hacer de una forma global, porque los grandes patrimonios siempre buscan alguna fórmula para poder esquivar sus responsabilidades fiscales en los países. En esta iniciativa, que no solo está impulsada por España, sino también por una gran economía como es Alemania y otros países, tenemos que buscar ese ámbito europeo.

¿Y se plantea hacerlo de manera autónoma, a la española, en el caso de que no salga adelante una solución europea?

Estamos en la solución europea y tenemos que centrarnos en eso. Estos dos días en Chipre, en el Consejo Europeo informal, se estará hablando, a iniciativa del Gobierno de España y de otros de la Unión, de esa propuesta que me parece muy positiva y necesaria para que los costes de esta guerra se distribuyan justamente. También con determinadas empresas que están haciendo unos beneficios extraordinarios a raíz del conflicto.

En el caso de que la guerra se enquiste, ¿se plantea pedir la suspensión de las reglas fiscales?

El presidente, esta misma mañana [la de este viernes] antes de entrar en el Consejo informal, ha planteado dos cosas que me parecen muy relevantes. La primera es la necesidad de extender los Fondos Next Generation EU para acelerar el proceso de transformación energética, de descarbonización y de apuesta por las renovables. España lidera ese proceso en la Unión Europea, y es lo que nos permite tener una situación de partida mejor para afrontar la situación. 

Y la segunda, que tiene que ver con una cláusula de salvaguarda para, igual que se ha hecho con el gasto en defensa, que no compute en términos de déficit la inversión en la descarbonización y la electrificación. Y lo hacemos con la legitimidad de que estamos cumpliendo nuestros compromisos financieros y de estabilidad.

Mencionaba usted el gasto en Defensa. Los Presupuestos tendrán que incorporar el gasto del 2,1% del PIB. Justo esta mañana hemos conocido un correo del Pentágono en el que se plantea la posible expulsión de España de la OTAN por su actuación en relación con la guerra en Irán. ¿Cuál es la opinión sobre este asunto?

Es un correo electrónico interno. Lo que tenemos claro es que España cumple con sus compromisos internacionales con la Alianza. Estamos ya en esa cifra de inversión respecto al PIB y actuamos siempre con lealtad con nuestros socios. Por lo tanto, cumplimos y actuamos con lealtad. Eso sí, si me permite, lealtad no significa sumisión.

Cumplimos con nuestros compromisos con la OTAN. Pero lealtad no significa sumisión

Otro de los asuntos pendientes que le dejó la vicepresidenta Montero, quizá el más espinoso, es el modelo de financiación autonómica. ¿Lo asume como propio?

Absolutamente. Yo he tenido la responsabilidad de ser consejero de Hacienda en la Generalitat Valenciana y es un modelo muy esperado y muy justo con todas las comunidades autónomas. Ninguna pierde, todas ganan. El Gobierno de España, de sus recursos, pone encima de la mesa 21.000 millones de euros para el conjunto de comunidades autónomas, que es como decir para el Estado del bienestar de nuestro país. Es más transparente, con reglas justas y el gap que hay entre las diferencias de inversión per cápita entre unos ciudadanos y otros se reduce radicalmente. Decir que no a este modelo no responde a razones racionales por parte de ninguna comunidad autónoma.

Después de ser consejero de la Comunitat Valenciana, ¿se puede defender como ministro un modelo en el que se le va a dar cierta financiación singular a Catalunya?

Es un modelo aplicable para todos, transparente. Hemos visto las cifras. Las comunidades que mayor volumen de recursos van a tener están gobernadas por el Partido Popular: la Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia… Las más infrafinanciadas históricamente. Es un modelo muy justo y que trata a todo el mundo por igual. Puedo entender determinados argumentos de la estética, sobre cómo se presentó o no se presentó. Pero el modelo es profundamente justo, igualitario con el conjunto y que beneficia a todas las comunidades autónomas. No hay ningún trato preferente. Lo que hay es un trato más justo con todas las comunidades autónomas que el modelo que existe en la actualidad.

¿Cuándo va a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para presentar a los consejeros el anteproyecto de ley?

Como sabe, ya se presentó por parte de la vicepresidenta Montero en el Consejo de Política Fiscal. Estos meses nos hemos encontrado con procesos electorales, con configuraciones de nuevos gobiernos y ahora está todavía el proceso electoral en Andalucía. Pero la hoja de ruta se mantiene igual, con el mismo compromiso firme de tener también un diálogo con las comunidades autónomas, como así se acordó y se dijo en el Consejo de Política Fiscal. El objetivo es el mismo: presentar el proyecto de ley de un nuevo modelo y que cuanto antes pueda estar en vigor. Al Gobierno de España le gustaría que esa fecha fuera el 1 de enero de 2027.

¿Entonces el proyecto saldrá o irá al Consejo de Ministros antes del verano para dar tiempo a que suceda?

Veremos los plazos administrativos que tenemos. Lo que sí que tenemos es el compromiso de presentarlo. Pero yo creo que todas las comunidades autónomas, especialmente las que tienen más problemas financieros, tienen mucha urgencia de que este nuevo modelo se apruebe cuanto antes.

No puede ser que determinados territorios bajen los impuestos a las rentas más altas y luego pretendan que el Gobierno de España, con los impuestos del conjunto de los españoles, les pague el regalo fiscal

¿Cuándo va a recaudar Catalunya el 100% del IRPF?

El Gobierno de España cumple sus compromisos y, en este ámbito, el compromiso es el asumido en la comisión bilateral con la Generalitat de Catalunya, que establecía que, para el conjunto de comunidades autónomas, había que buscar vías para una mayor corresponsabilidad de la gestión y para una mayor implicación también. Siempre en red con la Agencia Tributaria.

Una de las obsesiones de la vicepresidenta Montero en relación con el modelo de financiación era poner freno al dumping fiscal que se hace desde determinadas comunidades como Madrid o Andalucía. ¿Cómo va a intentar evitar esa competencia a la baja en materia de impuestos?

La competencia a la baja en materia de impuestos es una competencia desleal dentro de un Estado autonómico, desde mi punto de vista, y va contra el Estado del bienestar. No puede ser que determinados territorios bajen los impuestos a las rentas más altas y luego pretendan que el Gobierno de España, con los impuestos del conjunto de los españoles, les pague el regalo fiscal. Eso hay que criticarlo y hay que combatirlo. 

Este modelo es muy transparente. Va a permitir que todo el mundo vea la situación de cada una de las comunidades autónomas, de los flujos que va a haber de solidaridad entre territorios e incrementa también el grado de corresponsabilidad fiscal. Si un gobierno autonómico decide bajar los impuestos a las rentas más altas y los grandes patrimonios y hacerse un agujero en sus propios presupuestos, sus ciudadanos tienen que saber que irá en detrimento de sus servicios públicos.

Otra de las iniciativas impulsadas por el Gobierno, tras un acuerdo de investidura, fue la condonación de 83.000 millones de deuda autonómica. El proyecto ya está en el Congreso de los Diputados, pero no ha habido avances. ¿Le va a dar un nuevo impulso?

Son los grupos parlamentarios y la Cámara la que tiene que decidir cuándo actuar. Yo creo que el proyecto es muy bueno y quiero hacer una defensa de lo que significa, porque he visto muchas reacciones de comunidades autónomas absolutamente incomprensibles. Siempre pongo un ejemplo: imagínese usted que tiene una hipoteca con un banco. Va al banco y el director o directora le dice “Mire, usted me debe 200.000 euros. Le voy a quitar 100.000 euros y no me los va a tener que devolver”. Y tú te levantas y te vas y dices que te parece mal. No es racional. Ninguna comunidad autónoma puede decir que no a este proyecto de ley de condonación. Te puede parecer poco o mucho, pero no puedes decir que no.

Ministro, ¿vivimos en un infierno fiscal?

No, no vivimos en un infierno fiscal. Los bulos no solo están en el ámbito más político, también hay bulos en el ámbito fiscal. Tenemos que hacer dos ejercicios, si me permite. El primero es compararnos cómo estamos respecto a otros países de nuestro entorno. Nuestra presión fiscal está tres puntos por debajo de la media, muy lejos de la presión fiscal de Alemania, de Francia o de Italia, que son países referentes y vecinos nuestros. 

Y dentro de España hemos hecho durante todos estos años un esfuerzo sin precedentes de mejorar la progresividad. En España ahora el sistema fiscal es más justo que en el año 2018, cuando llegamos al gobierno. Las rentas más bajas, las clases medias y trabajadoras pagan menos impuestos que lo que pagan los grandes patrimonios y los grandes beneficios empresariales.

Lo del infierno fiscal, además de un eslogan peligroso. Ya no es el debate clásico que había entre izquierda y derecha, en el que la izquierda defendía un sistema progresivo donde quien más tiene, más paga; y la derecha apostaba por unas bajadas a los grandes patrimonios y la gente con más dinero, porque así decían que tendrían más recaudación. Yo no comparto la visión de la derecha, pero puedo respetar ese debate. El Partido Popular ha dado un paso más en la irresponsabilidad de un partido que quiere ser de gobierno y ya solo plantea “¿impuestos sí o impuestos no?”. Yo quiero recordarle al Partido Popular de dónde sale el dinero para pagar un trasplante de corazón, que vale 90.000 euros, o una noche de UCI de 3.700 euros. ¿De dónde sale el sueldo de la Policía, de la Guardia Civil, del Ejército, de los profesores y profesoras, de los maestros, de los enfermeros y las enfermeras? “¿Impuestos sí o impuestos no?” es “¿Estado de Bienestar sí o Estado de bienestar no?”. Debatamos si quieren sobre la progresividad, pero es una irresponsabilidad plantearlo en términos de que todos los impuestos son un robo a los ciudadanos.

Uno de los argumentos que utiliza el PP para hablar de ese infierno fiscal es que no se ha deflactado la tarifa estatal del IRPF. ¿Por qué no se hacerlo después de la mayor crisis inflacionaria en 50 años?

Hay un elemento muy importante, que no se ha valorado suficiente, que es que ahora no tributa la gente que cobra el salario mínimo interprofesional (SMI). Antes pagaba y ahora no. Yo siempre soy partidario de ver el sistema fiscal desde el punto de vista global, no solo de una figura tributaria. Hay otras rebajas que hemos hecho en otro ámbito. Por ejemplo, las medidas tomadas ahora por la guerra de Irán, que hacen que te baje la factura de la luz, la factura del gas, la factura de la gasolina. En su conjunto, vemos que el sistema tributario está apoyando a las familias, sobre todo a las clases medias y trabajadoras. 

Nos encontramos con una contaminación mediática de bulos y un ataque a lo que es un sistema fiscal que tiene muchas cosas que mejorar, pero en nuestro país a quien más se les pide es a quien más tiene, a grandes patrimonios y a grandes beneficios empresariales. 

¿Y si se lo piden los socios para aprobar los Presupuestos, estarían por la labor?

Nosotros vamos a estar siempre dialogando con todos los grupos parlamentarios. Cuando empiece la negociación veremos todos los ámbitos que hay. Pero yo quiero dejar claro que la posición del Gobierno de España siempre va a ser la misma: apostamos por la progresividad. Esto es, quien más tiene, más aporte, que sean suficientes para financiar nuestros servicios públicos y poder tratar con dignidad a todos los servidores públicos que cobran del Presupuesto General del Estado. Y también tiene que facilitar la actividad económica. Ese es nuestro marco. Dentro de ese marco podemos hablar con los grupos parlamentarios sin ningún problema y llegar a acuerdos como hemos hecho durante todos estos años.

Quizá se echa en falta desde el Gobierno cierta pedagogía fiscal en un debate en el que la derecha ha marcado muy bien su discurso y la izquierda se está quedando atrás.

Lo último que dicho el propio señor Feijóo, que me parece arriesgado y peligroso en términos democráticos, es decir que el Gobierno de España se está forrando y que los ciudadanos no perciben una mejora en la calidad de los servicios públicos. El Gobierno de España tiene más recaudación porque la economía crece el doble que la media comunitaria y porque estamos en máximos de creación de empleo. Crece la recaudación del Gobierno de España y la recaudación de las comunidades autónomas. ¿O solo cuando hacen ese comentario, utilizando perversamente la palabra forrarse, lo hace el Gobierno de España? ¿Acaso no se está forrando Moreno Bonilla con la recaudación extra que tiene por la mejora de la economía de nuestro país?

El Gobierno de España, en el ámbito de sus competencias, ha subido las becas, tenemos el ingreso mínimo vital, dependencia, y en competencias que no son nuestras, como la vivienda, que es de las comunidades autónomas, el plan presentado hace unos días de 7.000 millones de euros, 4.200 millones son aportados por el Gobierno central. La gran pregunta de esto, y de la pedagogía fiscal que usted me hacía referencia, es ¿qué están haciendo las comunidades autónomas? Tienen 300.000 millones de euros más durante estos años que durante los años del señor Rajoy. ¿Están destinando esos recursos que nuestra economía y el Gobierno de España les ha transferido para rebajar las listas de espera o están gastándolo para hacer regalos fiscales a las rentas altas y a privatizar? 

La pedagogía fiscal fue uno de los argumentos que utilizó la vicepresidenta Montero hace dos años, cuando se planteó la posibilidad de que el SMI comenzase a tributar el IRPF. ¿A partir de qué nivel cree que el SMI debería empezar a tributar?

Si la economía va creciendo, tienen que crecer también los salarios y la productividad. Y yo creo que sobre todo la gente que percibe unos salarios más bajos también tiene que verse reflejada en que las cifras macro se traducen a las cifras micro. Y en ese momento, en este caso, tenemos una no tributación del salario mínimo. Y yo creo que ese es el camino.

Hablaba usted antes de esa reunión en Barcelona con su homólogo brasileño y con el economista Gabriel Zucman para impulsar a escala global un tributo a los superricos. ¿Estaría dispuesto a impulsarlo a escala nacional?

Nosotros ya tenemos un sistema fiscal que pide a las rentas más altas y a los grandes patrimonios un esfuerzo adicional. Incluso hemos tenido que evitar que las comunidades autónomas hagan dumping fiscal y se creen reductos para los grandes patrimonios. Pero este tipo de medidas necesitan un acuerdo internacional. Es un problema que es irracional, no puede ser que los súper ricos paguen menos que sus propios empleados. Es obsceno la cantidad de recursos y de patrimonio que no tributan, que buscan sus escapatorias en paraísos fiscales, en pagar a grandes profesionales para que busquen con qué fórmulas no tributar cuando muchas de esas grandes fortunas se han hecho gracias al papel de la administración o la formación que tienen los profesionales de un país, la estabilidad que aporta la democracia en un país, las infraestructuras, la investigación pública en universidades y en centros de investigación públicos. Yo creo que esa alianza entre Brasil y España tiene que crecer y sumar a más países, porque solo podremos hacer que paguen lo que deben de pagar en justicia si actuamos de una forma global.

Su compañero de gabinete, Pablo Bustinduy, ha planteado crear esta tasa para recaudar lo suficiente para pagar una ayuda universal por crianza de unos 200 euros mensuales. La vicepresidenta Montero no estaba muy por la labor y prefería revisar otras ayudas, como el CAPI del Ingreso Mínimo Vital. ¿Usted está a favor de esta ayuda?

Estoy a favor de seguir profundizando en cumplir los acuerdos, de mejorar los derechos, y siempre con responsabilidad fiscal. Tenemos que seguir cumpliendo y haciendo nuestros deberes de estabilidad presupuestaria, lo que nos ha permitido combinar estos años el hacer nuestros deberes con ampliar derechos. Y nosotros seguimos trabajando siempre para llegar a acuerdos dentro del Gobierno, pero siempre en el marco de la responsabilidad y de la estabilidad presupuestaria, que también es una garantía que nos permitirá una economía saneada en el futuro.

¿Qué dice Feijóo sobre la Kitchen? Si no actúa, asume lo que ha pasado

Usted es el máximo responsable de la SEPI. En la derecha y la derecha mediática acusan al Gobierno de utilizarla para intervenir empresas y, básicamente, colocar a amiguetes. ¿Qué tiene usted que decir?

La derecha nunca ha creído en el sector público, entonces yo entiendo que les moleste que el Estado sea un sector emprendedor. Otras grandes economías, como Francia o como Alemania, también tienen capacidad de actuación en sectores estratégicos para nuestro país. Yo estoy a favor de una intervención económica siempre ponderada, siempre respetando los ámbitos públicos y el privado. Pero creo mucho en una administración emprendedora que actúe, que ayude, que colabore con el sector privado, sobre todo en sectores estratégicos.

¿Debería Indra fusionarse con EM&E, con la empresa familiar del expresidente de la compañía?

Indra es una empresa cotizada. Respeto todas las decisiones que tome cualquier empresa cotizada y lo único que puedo decir es que, como país, nos podemos sentir orgullosos de tener un activo empresarial tan potente en un sector tan estratégico como es la defensa. 

¿Por qué perdió el Gobierno la confianza en Ángel Escribano como presidente?

Son decisiones empresariales tomadas en el seno de un consejo de administración de una empresa cotizada y yo no tengo que hacer ningún comentario al respecto. 

La instrucción del juez Peinado es llamativa y hay cosas, si me permite, excéntricas

De la actualidad política, esta semana se está celebrando el juicio sobre la trama Kitchen y ayer el expresidente Mariano Rajoy dijo ante la Audiencia Nacional que fue una operación que se adecuó a la legalidad. ¿Qué le parecen a usted estas afirmaciones?

Tres elementos respecto a ese juicio. Primero, la profunda tristeza e indignación como ciudadano al escuchar lo que estamos escuchando. Estamos hablando de un caso de corrupción, de financiación irregular del Partido Popular. En segundo lugar, estamos hablando de un caso de obstrucción a la justicia. Y en tercero, estamos hablando de un caso de utilización del Estado, de la mal llamada Policía Patriótica para espiar, para ocultar pruebas y para acusar falsamente a rivales políticos, incluso dentro del propio partido. Esto tiene una gravedad que no está bien dimensionada públicamente. Porque, más allá de las consecuencias penales que pueda tener, estamos hablando de utilizar el Estado, utilizar a la Policía Nacional, para actuaciones totalmente deleznables con unas consecuencias democráticas, porque debilita la credibilidad en el sistema. Pero eso se acabó en el año 2018 y ahora este gobierno respeta totalmente el ámbito judicial y por supuesto también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

La reflexión que también tenemos que hacernos ahora y que tendría que hacerse el señor Feijóo es qué dice ante todo esto. Muchísimos votantes del Partido Popular están esperando a que el señor Feijóo diga algo. Si no actúa, asume lo que ha pasado.

¿Ese algo debe ser expulsar al expresidente Rajoy del partido?

Deberían de hacer la reflexión. Ningún partido, por desgracia, está exento de que puedan suceder determinados casos. Pero el PSOE ha actuado con máxima celeridad y ha tomado decisiones contundentes. Esa es una de las diferencias fundamentales.

Mencionaba usted que el PSOE sí ha adoptado medidas y es inevitable pensar en la moción de censura que sacó al PP del Gobierno y que defendió el exministro Ábalos. En esa moción de censura prometió tolerancia cero y hoy está sentado en el banquillo, presuntamente por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. ¿Esa responsabilidad política se salda únicamente con la expulsión del partido o hay que ir más allá?

Ir más allá es difícil. Me produce tristeza e indignación como ciudadano, pero es verdad que se ha actuado de una forma diametralmente opuesta a la del Partido Popular. Actuamos de forma contundente y pusimos medidas para que no se pudiera repetir. Yo creo que eso es una diferencia fundamental y ahora son los jueces los que tienen que determinar las responsabilidades.

¿Qué diría el PSOE si dos secretarios de Organización del PP nombrados por Feijóo hubieran entrado en prisión?

La actitud del PSOE no cambia. Hemos actuado con una gran contundencia cuando hemos tenido alguno de esos casos dentro del PSOE, esa es la gran diferencia. Otros no hacen nada de eso. Primero no dicen nada o les hacen homenajes.

Usted era consejero de Política territorial cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes. Ábalos, miembro de su federación, del PSPV. ¿Cómo fue su relación en términos institucionales?

Una relación normal de un consejero autonómico con un ministro.

¿Usted llegó a despachar con Koldo García?

No, no recuerdo haber despachado con él.

El juez Peinado ha dictado un auto de procesamiento contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. ¿Le parece, como al ministro de Justicia, que el juez Peinado está haciendo una instrucción anormal?

La instrucción es llamativa y no solo con cosas que son incomprensibles desde cualquier punto de vista. No hay que ser un gran jurista para ver que hay cosas, si me permite la expresión, excéntricas. No solo lo digo yo, sino que también la propia Audiencia Provincial de Madrid lo dice. Yo se lo digo: Begoña Gómez es inocente y estoy seguro de que la justicia acabará poniendo las cosas en su sitio.

¿Ha traspasado el PP una línea roja al asumir en sus pactos con Vox en Extremadura y Aragón lo que ellos llaman la prioridad nacional?

Primero, esto creo que hay que explicarlo bien a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué significan los pactos a los que ha llegado el Partido Popular y Vox, en este caso en Extremadura, en Aragón, y seguramente en Castilla y León? Son pactos con elementos profundamente inconstitucionales: la no discriminación por razón de sexo, por razón de origen, la igualdad entre ciudadanos, vengan de donde vengan y sean de donde sean. Son elementos fundamentales de nuestra Constitución y de nuestra convivencia en nuestro país. Y lo dice también Amnistía Internacional, una ONG prestigiosa y con una independencia contrastada, que dice que esos acuerdos violan los derechos humanos. 

En segundo lugar, esto es una cuesta abajo. Primero es la prioridad nacional. Luego van a ir a por los derechos de las mujeres, por ejemplo, en el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo. Luego van a ir también a por las ONGs. Y tienen un elemento económico que me parece exageradamente extremo: decir no a las energías renovables es decir no a la industrialización de esos territorios. Porque ahora lo que quieren las multinacionales para instalarse es energía segura y energía barata. Y eso lo dan las renovables.

Van contra su propia historia. En Extremadura, por ejemplo, una tierra que ha emigrado. Y, si me permite, hay un elemento todavía más llamativo en lo de la prioridad nacional. Al final la estrategia del PP y de VOX va a llevarnos, y eso el Gobierno de España no lo va a tolerar, a que cuando uno vaya a un centro de salud no tenga un triaje médico, tenga un triaje administrativo donde le pidan la cuenta corriente y donde le pidan el pasaporte para ver donde ha nacido. 

¿Y qué puede hacer el Gobierno?

Actuará con contundencia, con todo el Estado de Derecho, presentando los recursos que tengamos que presentar al Tribunal Constitucional con cualquier acción que conculque derechos fundamentales establecidos en la Constitución.

Arranca esta semana la campaña de la renta y, como cada año, vuelve el viejo debate sobre los impuestos. Para el PP y determinados círculos empresariales pagamos demasiados, vivimos en un infierno fiscal, aunque la realidad se obstine en decir lo contrario. Más allá del trámite, conviene mirarlo desde la economía real: la de las familias que las pasan canutas. Porque es ahí donde el sistema fiscal deja de ser una abstracción y se convierte en un mecanismo concreto y central de redistribución de la riqueza. Y en un momento en el que dos grandes grietas —la vivienda y la pobreza infantil— condicionan la vida de millones de personas, esa función adquiere un sentido especialmente tangible.

La pobreza infantil, en particular, resume bien el problema: empezar mal la carrera te marca para siempre. Por eso gana fuerza la idea de abordarla como un derecho desde el inicio. El ministro Pablo Bustinduy lo plantea con claridad al defender una prestación universal por crianza. No como una ayuda condicionada, sino como un mecanismo eficaz que llega a todos de forma inmediata. Y quien no la necesite la devolverá vía impuestos. Es decir, la redistribución no se hace en la puerta de entrada, sino a través del sistema fiscal, como ocurre con la sanidad, la educación o las pensiones. Si quieres profundizar en el tema, te recomiendo esta entrevista.

El enfoque del ministro conecta con una corriente económica cada vez más influyente. Carles Manera, catedrático de Historia Económica y consejero del Banco de España, insiste en que invertir en infancia es la política con mayor retorno posible, mientras que el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, sitúa el debate en la necesidad de un nuevo contrato social: menos redistribución ex post y más predistribución de oportunidades. En palabras de Costas: esto va de cómo tratamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes antes de que entren en el mercado de trabajo. Las tres ideas apuntan en la misma dirección: garantizar condiciones de partida más igualitarias no solo es justo, también es eficiente. Y España, con niveles de pobreza infantil anómalamente altos, tiene ahí un margen de mejora evidente.

Pero es que a todo lo anterior se suma otra presión estructural: el envejecimiento. Viviremos más y necesitaremos más cuidados, lo que obliga a construir un sistema público adaptado a esta nueva realidad, como contamos en la nueva edición de nuestra revista trimestral: ‘El sueño de la vida eterna. Una vieja aspiración entre la realidad y el delirio'. No se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor. De nuevo, hablamos de derechos que requieren financiación estable y sostenida en el tiempo.

Y ahí es donde la campaña de la renta vuelve a cobrar sentido. Si la vivienda y la infancia deben ser derechos, y si los cuidados van a ser el próximo gran pilar del Estado del bienestar, alguien tiene que sostenerlos. La respuesta pasa por reforzar la progresividad: que los que más tienen aporten más. No solo porque de esa contribución depende que las prestaciones universales funcionen con la eficacia que se les presupone, sino por equidad.

El gráfico

El titular del gráfico es lo que dicen los datos analizados por este diario sobre qué hogares se benefician más de la rebaja de impuestos a los combustibles, una de las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para paliar la subida de precios provocada por el despegue del crudo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y que cuenta con el respaldo del Congreso. Te las recuerdo por si ahora no caes: una reducción del IVA de los combustibles al 10% y otra del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo, entre otros. El texto también recoge una bajada de los impuestos de la electricidad. 

Por cierto, no sé si sabes que esta semana Bruselas ha advertido a España de que rebajar el IVA de los combustibles al tipo reducido del 10%, se desvía de la normativa europea sobre este impuesto, aunque también es cierto que la Comisión no va a tomar ninguna medida al respecto.

Volviendo al gráfico, según los datos, si segmentamos a la población en diferentes grupos en función del nivel de ingresos —siendo los más ricos quienes ingresan más de 5.000 euros al mes y los que menos, quienes no superan los 1.000 euros— los más favorecidos por estas medidas fiscales son, por tanto, los hogares que más ingresos disponibles tienen, que pueden ahorrar unos 25 euros de media al mes, frente a unos nueve euros de media en los escalones más bajos. 

Gran parte del plan se basa en bajar impuestos para todos.

—¿Por qué no se ha apostado por ayudas más focalizadas en quienes realmente no pueden pagar la factura, en lugar de beneficiar también a rentas altas?“ —pregunté hace unos días a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante el VI Foro Económico de elDiario.es.

Se fue un poco por la tangente. Si te interesa la entrevista la tienes en este enlace, y si quieres saber más sobre el asunto del gráfico pincha aquí.

El dato

1,7%

Es el porcentaje de asalariados que fueron contratados en 2025 gracias a la intermediación de las oficinas públicas de empleo. Son dos décimas menos que en 2024. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), 319.700 asalariados obtuvieron el año pasado un puesto de trabajo gracias a la intermediación de una oficina pública de empleo.

Un poco desastre tratándose de un servicio público y teniendo en cuenta que en España hay aún 2,4 millones de parados, casi el 10% de la población activa, pese al nuevo récord histórico de trabajadores, con casi 21,9 millones de personas de media afiliadas a la Seguridad Social. El SEPE y los servicios de empleo de cada comunidad llevan años en el punto de mira, al parecerse más a un registro de parados que un servicio para encontrar empleo.

Este dato contrasta con el registrado por las empresas de trabajo temporal (ETT), cuya tasa de intermediación duplica la de las oficinas públicas de empleo, según Europa Press. Las ETT y las agencias de empleo sellaron 4,36 millones de contratos de puesta a disposición en 2025, según cálculos de la patronal del sector, Asempleo.

La plantilla del SEPE se estimaba en 2025 en unas 7.400 personas, un millar menos que en 2019, que se ocupan de coordinar el pago de las prestaciones; son las llamadas políticas pasivas. Las activas –buscarte empleo—dependen de los servicios autonómicos de empleo. El de Andalucía (SAE), uno de los más grandes tiene más de 3.000 empleados dedicados a la orientación y gestión. Catalunya (SOC) y Comunidad de Madrid (Empléate) cuentan también con estructuras robustas que superan los 2.000 efectivos cada una para atender a sus respectivos mercados laborales.

No todo nos parece mal 

Buenas noticias para Grifols. La multinacional de hemoderivados catalana ha comunicado la intención de colocar en la bolsa de Estados Unidos una participación minoritaria de su negocio de Biopharma en este país. Bloomberg la cifra en el 20% del capital. Se trata de su división estrella –el año pasado le aportó 6.487 millones de euros de un total de 7.524– e incluye el desarrollo y la comercialización de medicamentos derivados del plasma humano (proteínas plasmáticas) y otras terapias biotecnológicas. Las principales proteínas plasmáticas que produce esta división a nivel global son las inmunoglobulinas, indicadas para tratar inmunodeficiencias primarias, por ejemplo; la albúmina, para restaurar el volumen circulatorio, o bien otras como el factor VIII o la alfa-1 antitripsina, destinadas a tratar trastornos o deficiencias genéticas.

El plasma es la parte líquida de la sangre y Grifols se encarga de fraccionarlo para poder obtener las proteínas plasmáticas que comercializa.

Fuentes del mercado han asegurado a EFE que el negocio de Biopharma en EEUU tiene una valoración empresarial superior a los 20.000 millones de dólares.

La operación está pensada para reducir la deuda y coger pulmón financiero “para respaldar la inversión en sus prioridades estratégicas de crecimiento”, apuntó la compañía en un comunicado. Grifols cerró 2025 con una deuda financiera neta por valor de unos 8.818 millones de euros, por lo que continúa siendo una ratio de apalancamiento elevada. Si Biopharma es la principal división de negocio para Grifols, EEUU es un país realmente relevante para la multinacional, aunque no detalla exactamente cuánto aporta ese país. Contando todas las divisiones de negocio, la región formada por EEUU y Canadá aportó 4.253 millones de euros en 2025, el 56,5 % del total, mientras que la UE reportó 1.613 millones, el 21,44 %, y la región denominada Resto del Mundo generó otros 1.657 millones (22 %).

Tipos (y tipas) de interés

Sube Arcadi España, ministro de Hacienda. Hay perfiles que irrumpen y otros que se deslizan con naturalidad por las costuras del poder. Arcadi España pertenece a estos últimos: hijo de un histórico del PSPV, formado en la cultura de partido y con una habilidad notable para situarse junto a quien debía estar en cada momento. En ese ecosistema es una virtud muy cotizada.

Aunque ha tenido un paso por la esfera privada como asesor financiero en AFI, ha vivido poco al margen de la política. Discípulo político de Ximo Puig, fue ganando peso en la Generalitat Valenciana hasta pilotar la Conselleria de Hacienda. Allí construyó un perfil de gestor con discurso —esa idea suya de que los impuestos “dan civilidad a una sociedad” lo define bien—, aunque no logró esquivar del todo las críticas. Las más persistentes apuntan a una gestión con más relato que huella, especialmente si se compara con su predecesor y maestro, Vicent Soler, más combativo y reformista. También se le reprocha haber rebajado la presión sobre la infrafinanciación valenciana, tras la salida de Mariano Rajoy de la Moncloa.

Ahora, ya en el Ministerio de Hacienda, le toca comprobar si ese equilibrio entre discurso y práctica aguanta en primera línea. Tiene por delante dos pruebas que no admiten retórica: sacar adelante unos Presupuestos en un Congreso fragmentado y encarar de una vez la reforma del modelo de financiación autonómica.

Nos gusta la competencia 

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

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¡Un abrazo!

El Gobierno ha respondido que “ningún dato avala” el “discurso irresponsable y más propio de la extrema derecha” del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles ha asegurado que España es “un infierno fiscal” durante un acto que ha protagonizado y en el que se ha comprometido a una rebaja impositiva si llega a La Moncloa: “En lo que de mi dependa, no se volverán a pagar tantos impuestos como este año: esto lo garantizo. Y si no lo hago, dejaré de ser presidente del Gobierno”.

Fuentes del Ministerio de Hacienda, que ahora lidera Arcadi España, han criticado la “demagogia” del líder de la oposición y han defendido que “ningún dato avala” ese “infierno fiscal” dibujado por los populares.

“El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una rebaja sin precedentes del IVA, del IRPF y ha reducido como nunca antes los gravámenes sobre la energía. Basta comparar qué hizo el Gobierno del PP de Rajoy y qué ha hecho el Gobierno progresista de Pedro Sánchez”, dicen desde el Ejecutivo. De hecho, defienden que todas las medidas adoptadas en los últimos años ha supuesto un ahorro de 50.000 millones de euros “para la clase media y trabajadora”.

El Ejecutivo pone como ejemplo las subidas del mínimo exento del IRPF para acompasarlo con el salario mínimo interprofesional (SMI), al menos hasta el año pasado, cuando optaron por una deducción para reducir su coste fiscal. Así, desde Hacienda defienden que un trabajador que hoy cobre este menor sueldo posible (17.094 euros) no paga IRPF, mientras que en el mandato de Mariano Rajoy habría abonado más de 2.000 euros.

“Incluso corrigiendo el efecto de la inflación, la carga fiscal que soportaba el equivalente a un sueldo de 17.094 euros de 2026 alcanza los 780 euros de media. Dicho de otra forma, el Gobierno ha aprobado la mayor rebaja del IRPF de la historia para rentas bajas”, aseguran estas mismas fuentes.

El Ejecutivo también niega que se hayan subido 100 veces los impuestos, como argumentan los populares, y destacan que la presión fiscal -la ratio de ingresos tributarios y cotizaciones sociales sobre el producto interior bruto- sigue lejos de la media de la eurozona.

De acuerdo con las métricas de Eurostat, la presión fiscal media en la Unión Europea es del 40,4% y en la zona euro, del 40,9%. En España, es del 37,3% del PIB. Cerrar la brecha con nuestros socios supondría recaudar cerca de 50.000 millones más cada año.

En Hacienda contraponen la política fiscal del PP con la del Ejecutivo de Sánchez con algunos ejemplos concretos. Así, destacan que Mariano Rajoy creó el impuesto al sol que ralentizó el despliegue de las energías renovables y aprobó una amnistía fiscal de la que se beneficiaron, entre otros, personas como Rodrigo Rato. Al otro lado, la coalición, señalan en Hacienda, prohibió por ley esta clase de medidas de gracia para quienes no pagan impuestos.

Feijóo promete una “deflactación”

El presidente del PP ha prometido una “deflactación” de las tarifas del IRPF para adaptarlas a la inflación de los últimos años, aunque las comunidades autónomas en las que Gobierna su partido llevan varios ejercicios sin adaptar el tramo que les corresponde.

En el Ejecutivo defienden que el récord de recaudación (superó los 325.000 millones en 2025) y el buen momento fiscal de las cuentas públicas (el déficit cerró en el 2,2%) se deben al dinamismo de la economía y a la creación de empleo, que alimentan el consumo y también los ingresos del Estado.

Sin embargo, desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas defienden que un contribuyente con una renta de 30.000 euros puede llegar a pagar unos 350 euros más y otro con una renta de 70.000 euros, en torno a 760 euros más, como consecuencia de no ajustar el impuesto a la inflación acumulada entre 2022 y 2026.

La AIReF también apuntó, en un estudio reciente, que Hacienda capta unos 10.000 millones más al año en concepto de IRPF por no adaptar los tramos a la subida de los precios.

Desde el Gobierno señalan que, del aumento de la recaudación del año pasado, que fue del 10,4%, apenas 1,3 puntos porcentuales se pueden achacar a la evolución de los precios.

España cerró 2025 con un déficit (diferencia entre ingresos y gastos públicos) del 2,2% del producto interior bruto (PIB), la menor tasa desde el estallido de la crisis financiera, y por debajo del objetivo fijado por el Gobierno para el ejercicio, que era del 2,5%. La mejora de este saldo se debe al buen ritmo de la recaudación, que se disparó más de un 10% hasta superar los 325.000 millones de euros.

El Gobierno ha publicado este martes los datos de la Ejecución presupuestaria del año 2025, que arrojan una mejora del saldo público de 8.811 millones y siete décimas menos en comparación con la cifra del 2024, que fue del 2,9%, una vez descontados los efectos en las cuentas públicas de la DANA. En total, esto supone que el Estado registró un déficit de 36.780 millones de euros.

Este 2,2% del déficit supone los menores números rojos en 18 años. El Estado acabó el 2007 con un superávit (es decir, más ingresos que gastos) del 1,9%. Pero la crisis financiera golpeó de lleno a las cuentas públicas en 2008, hundiendo el saldo hasta el -4,9% en solo un año.

El déficit tocó suelo en 2012, cuando registró un 11,5%, y de nuevo en 2020, por los efectos de la pandemia, cuando se hundió hasta el 9,9%. Desde entonces, ha mejorado en 7,7 puntos porcentuales, como subrayan desde el Ejecutivo.

Aun contando con los efectos fiscales de la DANA en las cuentas públicas de 2025, el déficit se sitúa en el 2,4%. Igualmente, la menor cifra desde 2007.

A solo 0,1 puntos del objetivo para 2026

Según destaca el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa, esta es la sexta ocasión en la que el saldo presupuestario mejora el objetivo fijado por el Ejecutivo y, también, todas las previsiones de los organismos nacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el Banco de España o la AIReF.

De hecho, la rebaja del déficit es tan acusada que casi cumple con el objetivo para 2026 (2,1%), lo que da un amplio margen fiscal para financiar las medidas de apoyo en respuesta a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

La ex vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero ya avanzó hace unas semanas que el Gobierno había cumplido con el objetivo del 2,5%. Sin embargo, el adelanto electoral en Andaulcía, donde concurre como candidata, impidió que presentara los datos publicados este martes.

Su sustituto, el ministro Arcadi España, ha subrayado que “España es un país fiable y con una política presupuestaria creíble y responsable”. “No solo es importante reducir nuestro déficit, sino también la forma en que lo hemos logrado. España está mejorando su saldo fiscal sin aplicar recortes sociales”, ha defendido.

Las cuentas públicas registraron un superávit primario (es decir, antes de incorporar el gasto en intereses de la deuda) del 0,21% del PIB, algo que tampoco sucedía desde 2007.

La recaudación del IVA roza los 100.000 millones

Los ingresos tributarios se dispararon un 10,4% el año pasado, lo que en el Ministerio de Hacienda vinculan con el buen ritmo de la economía y la creación de empleo el año pasado, con un mercado laboral que, por primera vez en más de una década, dejó la tasa de paro por debajo del 10%. En total fueron 325.356 millones de euros.

El IRPF fue, de nuevo, el gran impuesto recaudador, con 142.466 millones de euros, un 10,1% más que en el ejercicio 2024.

El IVA, después de recuperar la normalidad tras todas las rebajas fiscales que se aprobaron en respuesta a la crisis inflacionaria por la guerra en Ucrania, también despuntó un 9,9%, hasta rozar los 100.000 millones de recaudación (99.532 millones de euros).

El Impuesto de Sociedades superó en 2025 los 40.000 millones por primera vez desde 2007 y segunda ocasión en la historia de este tributo. Avanzó un 8,1%, hasta los 42.266 millones de euros, todavía por debajo del récord que fijó en 2007, antes de la crisis financiera.

Pero desde el Ministerio de Hacienda defienden que la inflación apenas jugó un papel determinante: apenas 1,3 puntos del 10,4% que avanzó la recaudación se explican por ese motivo.

El Gobierno central asumió todo el ajuste

Por subsectores, fue el Gobierno central quien asumió todo el ajuste de las cuentas públicas, al pasar de un déficit del 2,61% en 2024 al 1,86% en 2025. Los Fondos de la Seguridad Social también mejoraron sus números rojos, del 0,51% del PIB al 0,33% a cierre del año pasado.

Pero las comunidades autónomas empeoraron sus cifras, pasando de un déficit del 0,18% al 0,3%. En total, un desfase de 5.099 millones de euros.

Ocho comunidades autónomas registraron superávit (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco) por nueve que incurrieron en déficit (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunitat Valenciana).

En el caso de las corporaciones locales, que están obligadas a registrar superávit fiscal, este también se moderó ligeramente del 0,45% del PIB en 2024 al 0,31% en 2025.

La deuda pública se recorta al 100,7% del PIB

El Banco de España ha publicado este martes los datos de cierre de año y mejoran en una décima, hasta el 100,7% del PIB, su estimación inicial de hace unos meses.

En concreto, las Administraciones Públicas acabaron 2025 con una deuda pública de 1,698 billones de euros. En términos nominales, esto supone un 4,8% más que a cierre de 2024. Pero medido en ratio de PIB, supone su menor registro desde el primer trimestre de 2020, antes del estallido de la pandemia de COVID-19.

La deuda pública alcanzó su máximo en el primer trimestre de 2021, con un 124,2% del PIB. Desde entonces ha caído más de 23 puntos.

Más allá del celofán político o de las malas interpretaciones, el acuerdo de este viernes entre los Gobiernos central y vasco en materia aeroportuaria no supone cambios jurídicos radicales en el modelo actual. Aena seguirá siendo el titular y el gestor de Loiu, Foronda y Hondarribia, solo que ahora un “órgano bilateral” de nuevo cuño coparticipará en la toma de decisiones en algunas materias, por ejemplo en lo relativo a inversiones, como los cerca de 470 millones contemplados en el DORA, la gran guía de actuaciones para el período 2027-2031, en los planes directores y en las servidumbres.

El lehendakari, Imanol Pradales, tras salir de su reunión bilateral con Pedro Sánchez, dijo a los periodistas en La Moncloa que habían acordado siete transferencias y que una de ellas eran los aeropuertos. “Euskadi podrá participar en la gestión de los tres aeropuertos [...]. Hasta hoy Euskadi no tenía ni voz ni voto en materia aeroportuaria. Con este acuerdo, Euskadi podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos”, expuso. Horas después, Aena lanzó un comunicado anunciando que estudiaría las consecuencias políticas pactadas por su propio Gobierno, ya que en ningún caso es posible ceder la “gestión” aeroportuaria a Euskadi, cosa que no se ha producido.

El acuerdo está medido al milímetro para que no exceda el marco constitucional y estatutario por decisión expresa del equipo negociador, en el que han tomado parte tanto el secretario de Estado de Óscar Puente, el socialista irunés José Antonio Santano, como el ahora ministro y hasta hace días secretario de Estado de Ángel Víctor Torres, Arcadi España. Se alude a que el nuevo órgano coparticipará la “gestión”, pero siempre “en los términos” tasados del acuerdo. elDiario.es/Euskadi recoge las claves de un proceso en el que, en un momento u otro, han llegado a intervenir desde el presidente del Gobierno hasta la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero.

El marco legal

El artículo 149.1 de la Constitución, promulgada en 1978, marca que “el Estado tiene competencia exclusiva” sobre una batería de materias que incluyen “marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves”. El Estatuto de 1979 otorga la competencia portuaria y aeroportuaria a la comunidad autónoma “sin perjuicio” de lo marcado por la norma de rango superior. Esto implica que Euskadi puede asumir “puertos y aeropuertos con calificación de interés general” pero solamente “cuando el Estado no se reserve su gestión directa” y también los que no tengan la etiqueta de “interés general”. Hasta ahí.

La transferencia de puertos se hizo en 1982, aunque aún en algunos foros se incluye en el listado de competencias estatutarias “pendientes”, como la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, por ejemplo. La de aeropuertos no se ha hecho porque Loiu, Foronda y Hondarribia son instalaciones de “interés general” y parte de la red del operador estatal Aena. Podría haberse optado por el modelo catalán, con dos redes, una dentro de Aena con las principales terminales, encabezadas por el Josep Tarradellas en El Prat, Barcelona, y otra autonómica, Aeroports de Catalunya, consistente en los aeródromos más pequeños y helipuertos. Acumularon unos 75.000 viajeros en 2025. Solamente el de Barcelona tiene el doble en un solo día.

Pero ese modelo ni se ha planteado. En el caso vasco, Loiu es una referencia de viajeros en el norte peninsular, sobre todo para vuelos de corta y media distancia, aunque en 2025 estrenó su primera conexión intercontinental, con destino en Newark, en Nueva Jersey pero al lado de Manhattan. Foronda, en Vitoria, está acumulando vuelos de operadores 'low cost' pero destaca, sobre todo, por ser el cuarto en España en tráfico de mercancías. Hondarribia es la instalación más pequeña, está pegada al mar y necesita hacer uso de espacio aéreo francés para las maniobras, pero plantear su degradación para un traspaso abriría la misma caja de Pandora que ha ocurrido con el puerto de Pasaia, la del agravio territorial.

La negociación

El PNV apoyó la investidura de Sánchez en 2023 a cambio de varios acuerdos. Uno de ellos era completar en 2025 la lista de transferencias “pendientes” del Estatuto de 1979. El Gobierno vasco ha arañado en este tiempo avances como la gestión de Cercanías o de los permisos de trabajo, pero ha aprovechado para demandar otros acuerdos políticos extraestatutarios para ganar en capacidad de gestión. Y uno de ellos han sido los aeropuertos.

Así, de un encuentro en La Moncloa entre Sánchez y Pradales de julio de 2025 salió el acuerdo de hallar una fórmula “negocial” para canalizar el deseo del Gobierno vasco de coparticipar en la “gestión” de Loiu, Foronda y Hondarribia. Para ello, se configuró una subcomisión paralela a las mesas que han ido negociando más transferencias. Nunca se habló de una “transferencia”, porque no era posible. Aunque el PNV inició el proceso demandando una “filial” de Aena, en febrero, como adelantó este periódico, ya se acordó constituir un “órgano bilateral” con representación paritaria, cuatro personas del Gobierno central y cuatro del vasco, para canalizar esa coparticipación en la gestión. Es lo que se ha terminado aprobando más allá de algunos dimes y diretes en los días previos a la bilateral.

La “gestión” vasca

El acuerdo no es una transferencia de la gestión, ni una alteración del marco constitucional y estatutario. Los aeropuertos vascos seguirán en manos de Aena, que además es dueño de las instalaciones, y no se cede su “gestión” al Gobierno vasco. El órgano nuevo tampoco es una filial de una entidad con un 49% de capital privado. Y eso que Aena tiene otras filiales para negocios en el extranjero e incluso para el particular caso del aeropuerto de Murcia, rescatado por el operador estatal. Durante todo el proceso, Aena ha operado de manera autónoma al Gobierno y ha realizado un marcaje estrecho de los avances para preservar sus intereses, sobre todo mirando a los accionistas extranjeros.

En realidad, el “órgano bilateral” actualiza el vigente marco configurado por un Gobierno del PP, el de Mariano Rajoy. En 2014, por ley, el Estado se reservó la gestión aeroportuaria, pero contempló un punto que no levantó ninguna polvareda: “Las comunidades autónomas podrán participar en la gestión de los aeropuertos de interés general en la forma que establezca la legislación del Estado y, en particular a través de los Comités de Coordinación Aeroportuaria”. El comité vasco se creó en 2014, sin que nunca haya proporcionado titulares ni generado controversias.

Es más, las instituciones locales ya participan de manera muy directa en la vida de sus aeropuertos. El caso más paradigmático es el de Vitoria. Todos los vuelos de pasajeros, sin excepción, van subvencionados con dinero público, y no precisamente de Aena. Existe una sociedad de “promoción” llamada VIA que sienta a la Cámara de Comercio, al Ayuntamiento, a la Diputación de Álava y al Gobierno vasco. Estos últimos días los cargos locales, y no precisamente Aena, han venido anunciado sus nuevas apuestas de rutas a Canarias y Baleares. Y existen gemelas a VIA para Hondarribia, Ortzibia, y para Loiu, Bilbao Air. Aena se limitará a gestionar las solicitudes de las aerolíneas previamente decididas por otros organismos.

El acuerdo

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el acuerdo consiste en la “creación del órgano bilateral aeroportuario Euskadi-Estado como instrumento de concurrencia, participación y cooperación entre ambas administraciones”. Se trata de la “articulación de un espacio estable que permite a Euskadi participar en la definición y orientación de las decisiones estratégicas en materia aeroportuaria” y el “establecimiento de un marco de cogestión sobre las infraestructuras aeroportuarias ubicadas en Euskadi”.

Esta “participación” del Gobierno vasco se traduce en “propuestas”, “informes”, definición de la estrategia“ o ”planificación económica“. Por ejemplo, trabajando el DORA, es decir, las inversiones, y haciendo ”seguimiento de tarifas aeroportuarias“. Euskadi quiere debatir sobre ”conectividad“, ”promoción de nuevas rutas“ e ”impulso“ tanto de los pasajeros como de la carga. Le da mucha relevancia a la movilidad aérea siendo un territorio sin AVE y sin fecha realista para su puesta en marcha después de veinte años de obras.

El acuerdo alude también a “coordinación” para políticas que sí son de competencia autonómica, como el desarrollo económico o de redes de transporte asociadas a los aeropuertos o incluso entre los aeropuertos, para facilitar conexiones. Igualmente, se quiere que Foronda sea un “sandbox”, un banco de pruebas de un nuevo modelo que pueda impulsar una infraestructura de grandes capacidades por la dimensión de su pista y su emplazamiento pero que ha vivido grandes momentos de crisis.

En puridad, el acuerdo permitirá a Euskadi emitir informes sobre tres materias, las inversiones, los planes directores y las servidumbres aeroportuarias. El nuevo órgano tendrá una presidencia rotatoria. Cada año, la dirigirá un miembro de cada parte. Se ha tasado que habrá un mínimo de tres reuniones anuales de coordinación, aunque las puede haber extraordinarias.

Las dudas de Aena

Aena, tras la cumbre entre Sánchez y Pradales, envió una nota. En ella, admitía que se había subrayado que los acuerdos aeroportuarios “se encuadran en el marco de la Constitución Española y el Estatuto de Gernika, y el respeto a la ley y la normativa estatal y autonómica aplicables”, pero insistía en que las interpretaciones que habían rodeado al asunto “suscitaban dudas”. “Sin perjuicio de un examen pormenorizado de los acuerdos anunciados y de su desarrollo ulterior, cuando sean conocidos, [el pacto] no puede suponer una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo empresarial de Aena. La nota oficial publicada por el Gobierno vasco contiene algunas manifestaciones sobre el acuerdo relativas a la intervención del órgano bilateral en procedimientos que afectan el funcionamiento de las infraestructuras aeroportuarias que podrían vulnerar las normas”, abundaban.

Fuentes del Estado, en privado, han trasladado en los últimos meses su preocupación por el relato articulado por parte del PNV en su deseo de sumar un nuevo hito en el desarrollo del autogobierno cuando se trata de un acuerdo perfectamente asumible. Esto es lo que ha molestado a Aena, que asegura que “continuará vigilando las actuaciones y novedades que se produzcan en esta materia y, en su caso, si fuera preciso, adoptará las decisiones necesarias en defensa de la aplicación de la legalidad vigente, del interés societario de Aena y de los derechos de la Sociedad y de todos sus accionistas (públicos y privados)”.