Desde que se anunció la regularización extraordinaria, Partido Popular y Vox han insistido en lanzar el mensaje de que la medida dará los papeles a personas delincuentes, algo que choca con los requisitos de la norma que lo regula. Si en un primer momento aseguraban que el Gobierno no exigiría la carencia de antecedentes penales, algo que es falso. Luego, se aferraron a una supuesta falta de revisión de los antecedentes policiales, que tampoco era tal. En los últimos días, una instrucción dirigida a instituciones penitenciarias ha vuelto a activar el relato que conecta la regularización con la delincuencia. Sin embargo, las exigencias establecidas en la norma, y en la propia Ley de Extranjería, establece varios filtros para impedir que esto suceda.

“No tiene que pasar un filtro, sino tres. Y la experiencia en extranjería nos dice que, incluso en los puntos que dejan un margen a la interpretación de los funcionarios, estos suelen aplicarlo de manera restrictiva”, sostiene Patricia Fernández Vicens, abogada experta en inmigración. “Es un escrutinio muy severo”, añade.

1) No tener antecedentes en España

El primero de esos filtros son los antecedentes penales en España, uno de los pilares del procedimiento, una exigencia iineludible blindada por la Ley Orgánica de Extranjería. La norma exige carecer de condenas firmes por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico español. “Con antecedentes penales es un rechazo asegurado. No hay vuelta de hoja. Aunque sea algo menor y haya un arraigo fuerte, no es aceptada. Y esto siempre ha sido así en la normativa española”, sostiene Vicens.

La norma sí permite optar a la regularización si estos antecendentes han sido cancelados previamente, lo que implica haber cumplido la pena, haber dejado pasar los plazos legales sin reincidir y, por último, haber realizado el trámite de solicitar su suspensión. No basta, por tanto, con no estar en prisión: cualquier condena que siga vigente en los registros puede bloquear la solicitud.

La comprobación no depende de una declaración o documento presentado por la persona interesada. El solicitante en este caso no tiene que presentar nada, sino que la Administración consulta de oficio el Registro Central de Penados y cruza la información con otras bases de datos judiciales y policiales, según el real decreto de la regularización. Este cruce automatizado permite detectar antecedentes aunque no se hayan aportado o aunque exista algún error en la documentación presentada. No se limita a delitos graves: infracciones penales de menor entidad también suponen una negativa asegurada.

En la práctica, se trata de una criba inicial que deja fuera a quienes tienen cuentas pendientes con la justicia española, pero también a quienes no han completado los trámites necesarios para cancelar sus antecedentes. Y suspenderlo puede ser un trámite farragoso que también implica conocer y gestionar un procedimiento administrativo adicional que no siempre resulta sencillo.

2) Certificado de antecedentes otros países

El segundo filtro, cuenta a su vez con una doble o incluso una triple comprobación. La legislación de Extranjería, como la norma de la regularización, lleva el control más allá de España y pone el foco en el país de origen. Para acceder a la regularización, es obligatorio presentar un certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades de esos países, debidamente legalizado o apostillado y, cuando corresponde, traducido. Sobre el papel, es un requisito estándar en extranjería. En la práctica, se convierte con frecuencia en uno de los principales obstáculos del proceso debido a la dificultad que conlleva obtener este documento, especialmente en determinados países.

Hacerse con el certificado de carencia de antecedentes penales implicar largos plazos, costes elevados y una burocracia compleja. En algunos casos, las personas solicitantes solo pueden tramitarlo presencialmente en su país, algo imposible para quienes no tienen documentos, lo que les obliga a recurrir a intermediarios o gestiones consulares que se alargan durante meses. A ello se suman las dificultades propias de algunos países: administraciones poco digitalizadas, registros incompletos o sistemas atravesados por prácticas arbitrarias.

No solo es suficiente probar que no tienen historial delictivo en su país de origen. En caso de que el interesado haya vivido en otros países, también tendrá que pedir el certificado en estos Estados, en concreto allí donde haya vivido en los últimos cinco años. “Estamos viendo casos de gente a la que le está costando mucho obtener estos documentos en terceros países, donde quizá no han vivido mucho tiempo”, sostiene Edith Espínola, miembro de la organización Servicio Doméstico Activo, una de las entidades colaboradores del proceso de regularización extraordinaria, con capacidad para registrar solicitudes.

La Administración española, más allá de aceptar el certificado presentado, puede contrastar la información, solicitar verificaciones adicionales o incluso recabar datos complementarios si existen dudas sobre la veracidad del documento, recuerda Diego Boza, letrado de extranjería en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. También se tiene en cuenta la equivalencia de los delitos: “Solo se valoran aquellos que también suponen un delito en España”, aclara Boza.

3) Informe de antecedentes policiales

El tercer filtro, y uno de los más controvertidos, es el de los antecedentes policiales, es decir, los registros que recogen detenciones o investigaciones, aunque no hayan terminado en sentencia. “Tener antecedentes policiales significa que te han detenido, y eso da un margen demasiado amplio”, resume el abogado de extranjería y penalista en la APDHA. Esos registros alimentan un informe policial para analizar si esta persona puede suponer un “peligro para el orden público, la seguridad o la salud pública” y, según los criterios policiales, decidirá si se trata de un perfil “favorable o desfavorable”. Posteriormente, ese documento será utilizado por la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX), para vtomar la decisión de cada caso. Es este punto en el que el PP observa una supuesta grieta, pero la experiencia sostiene que este punto suele resolverse de forma restrictiva.

En la práctica, defienden ambos expertos, en los procedimientos habituales de extranjería, ese informe suele convertirse en un obstáculo determinante. “En general, esto significa que la persona para ser regularizada no puede tener ninguna detención”, señala Fernández Vicens, aunque el real decreto matiza que la mera existencia de antecedentes policiales no implica automáticamente una denegación. La experiencia, sin embargo, apunta a lo contrario: “Con antecedentes policiales no te dan ni residencia temporal por arraigo, ni temporal ni a veces incluso las renovaciones de una tarjeta ya concedida”, detalla la abogada, quien recuerda la experiencia de las decenas de casos denegados por esta razón.

Fernández Vicens menciona uno reciente: “Tengo un caso de un chico que fue detenido por conducir sin carnet, porque en ese momento no lo llevaba encima, pero lo tenía. Finalmente, fue absuelto. Aunque se había demostrado que no había cometido ese delito, los atancentes policiales se quedaron y su permiso de residencia fue rechazado”. Numerosas detenciones, aunque no derivenb en condena —como una identificación errónea o una sospecha que quedó en nada—, pueden acabar pesando en la decisión final, concluyen ambos expertos. A través de este informe policial, la administración puede detectar patrones de conducta como “una tendencia delictiva”, es decir, la reiteración en determinados delitos.

Para los letrados, la resolución negativa de la residencia en casos de personas sin una condena firme puede suponer una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. “Ese que tanto defienden el PP cuando uno de sus miembros está siendo investigado”, apunta Fernández Vicens. “Rodrigo Rato, por ejemplo, tiene antecedentes policiales pero no penales”, ejemplifica Boza.

La instrucción en las cárceles

La polémica más reciente surge a raíz de una instrucción interna remitida a centros penitenciarios para dar a conocer la normativa de la regularización entre la población reclusa extranjera, y permitir a estos que puedan registrar una solicitud como cualquier ciudadano, lo que ha sido interpretado por PP y VOX como una vía para facilitar la regularización de personas condenadas, pero no es así. Pueden pedirla, otra cosa será que esta sea aceptada, pues deberán cumplir los mismos requisitos.

“La instrucción no es más que una comunicación para informar a la población interna extranjera de la existencia del nuevo Real Decreto, mediante la difusión de copia del mismo en los tablones de anuncios de los diferentes departamentos, biblioteca, escuelas”, aclaran fuentes del Ministerio del Interior.

Desde Partido Popular y Vox, dirigentes y portavoces han vinculado esta instrucción con la idea de que el Gobierno pretende “dar papeles a delincuentes”, reforzando un mensaje que ya venían sosteniendo desde el anuncio de la medida. En el supuesto de que una persona privada de libertad iniciara una solicitud de regularización, el procedimiento seguiría sometido a los mismos tres filtros de antecedentes —en España, en el país de origen y en el ámbito policial—, que condicionan de forma decisiva el acceso a la autorización de residencia.

Solo en escenarios concretos, como el de personas en prisión preventiva que finalmente resulten absueltas y hayan limpiado de su expediente el antecedente policial en el momento del estudio de su solicitud, podría optar a regularizarse si cumplen el resto de requisitos, apunta el abogado Diego Boza, quien lanza el debate de fondo sobre el alcance del uso de los antecedentes policiales y su peso en las decisiones administrativas: “También hay que preguntarse si tiene sentido reiterar la residencia a alguien con este tipo de antecedentes, si por ejempolo ha podido cometer robos menores reiterados, cuando el hecho de no tener papeles, aumenta la exclusión y suele generar un mayor riesgo de este tipo de conductas que, en caso de estar regularizado, podrían terminar porque accedería a más medios de vida”, indica.

Una manta de borrego las abriga a las dos, tumbadas de espaldas, muy juntas y cómplices, frente a la verja cerrada de una oficina de los servicios sociales municipales de Madrid. Sobrepasa la medianoche y la escena parece extraída de cualquier momento de intimidad hogareño entre madre e hija, pero sucede sobre una colcha extendida en el suelo, a la intemperie, donde pasarán toda la noche para intentar conseguir un informe de vulnerabilidad, uno de los documentos exigidos a los migrantes sin papeles para optar a la regularización extraordinaria.

Son las segundas de una fila que, ocho horas antes de la apertura de puertas de la oficina municipal, supera las 80 personas. Pero la mayoría ni siquiera acaba de llegar. Para conseguir ese puesto, Hilary, de 18 años, y su madre guardan su turno desde las seis de la mañana de este martes, por lo que pasarán en total más de 24 horas hasta conseguir el papel. “Esta mañana llegamos a las 6 de la mañana, fue entrando la gente y, cuando dejaron de dar más informes, nos quedamos aquí, justo en la puerta”, explica delante de la verja.

“Esta oficina abrió sobre las 8:30 horas y a las 11 ya no han dejado entrar a más personas. En un caso así deberían tener más tiempo para que no se acumule tanta gente”, considera Hilary. Con 18 años recién cumplidos, señala una de las posibles causas que explican que cientos de personas se vean empujadas cada noche para conseguir un trámite necesario para la regularización: la falta de recursos suficientes para responder al aumento de la demanda durante los dos meses que durará la tramitación de la medida.

El documento, un formulario sencillo que necesita ser validado por los servicios sociales o las ONG colaboradoras, está detrás de las largas esperas o el peregrinaje de cientos de migrantes en busca de algunos de los puntos habilitados para concederlo. Se trata de un requisito exigible solo a los migrantes sin papeles que carecen de vinculación laboral o hijos a cargo. Además de Madrid, se han registrado filas similares en las oficinas municipales de distintos puntos del país, como Zaragoza, Valencia, Murcia u Hospitalet de Llobregat, entre otros. Además de los servicios sociales municipales, más de 400 organizaciones pueden validar estos documentos. Mientras los primeros días muchas aún no estaban organizadas, cada vez son más las que emiten cientos de certificados cada día.

Mientras el Gobierno acusa al Ayuntamiento de Madrid de boicotear la medida, el Consistorio madrileño critica que el Ejecutivo central no se coordinó con los ayuntamientos antes de introducir este requisito que en parte depende de ellos. “Lo que no va a hacer el Ayuntamiento de Madrid es cooperar y colaborar a una chapuza que falta el respeto a la dignidad de las personas”, dijo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tras la entrada en vigor de la regularización extraordinaria. Días después, el Consistorio empezó a atender a los migrantes que requerían dicho trámite sin cita previa en una decena de oficinas de la ciudad. Las colas no tardaron en formarse.

Historias de una cola

La espera por el trámite ha empujado a Hilary a saltarse las clases de la Formación Profesional (FP) de Estética. Cada día, la joven acude a las aulas de su FP sin la seguridad de recibir el título: “Sin tener papeles no puedo recibirlo, por eso la regularización es tan importante para mí”, dice, mientras sus compañeros de fila, unos chicos bangladesíes, preparan la bicicleta para que uno de ellos vaya un momento a casa para traer algo para cenar. Sobre su espalda, Delowar se coloca la típica mochila cuadrada naranja de una de las principales cadenas de delivery, donde suele trabajar de forma puntual a través de la cuenta de un amigo con papeles, un empleo habitual para muchas personas en situación irregular. 

Delowar, vestido con un moderno y colorido jersey de cuadros, sonríe entusiasmado al describir lo mucho que le gusta España en comparación con el país europeo en el que ha vivido el último año. Antes de llegar a Madrid, vivía con permiso de residencia en Finlandia y trabajaba en una empresa de electrónica, el ámbito donde ahora le gustaría, si logra la tarjeta de residencia, encontrar un empleo.

“Me fui de Finlandia por razones médicas relacionadas con el tiempo allí. Tengo algunos problemas de salud y el médico me recomendó que me venía muy mal vivir en un lugar tan frío”, explica en perfecto inglés el bangladesí, de 33 años. “Tenía dos opciones: volver a mi país o probar suerte en otro. Un compañero en la empresa finlandesa era español, era el que mejor me caía allí y me contaba cosas de su país… Decidí intentarlo aquí”, detalla el chico. Durante los primeros cuatro meses pudo vivir sin trabajar gracias a sus ahorros pero después empezó a trabajar de manera irregular en empleos puntuales, principalmente en el reparto de comida a domicilio. 

“Llegué a las 6 de la madrugada y los funcionarios nos dijeron que había que venir antes y esperar. Dijeron que la gente se está quedando a dormir y esa es la única manera para conseguirlo”.

Según la Consejería de Servicios Sociales de Madrid, el Ayuntamiento ha pasado de 1.500 peticiones diarias en los centros de servicios sociales a 5.500. “Llegamos de madrugada pero los funcionarios nos dijeron que había que venir antes y esperar. Dijeron que la gente se está quedando a dormir y esa es la única manera para conseguirlo”, explica Jaqueline, resignada y casi sin quejarse. El colapso del sistema de citas y el hecho de que las personas sin papeles carecen de la clave pin que exige el trámite electrónico, complica que puedan hacer el trámite con cita previa. “Es imposible, no hay citas hasta mediados de mayo”, dice una señora.

El Gobierno pide “paciencia” y asegura que habrá tiempo para poder registrar las solicitudes, recordando que el plazo finaliza el 30 de junio. Pero hay más fichas en el tablero. Otros de los documentos exigidos, que algunos tienen preparados desde hace semanas, tienen fecha de caducidad. “Mi certificado de antecedentes penales expira en mayo, no puedo esperar a mayo”, continúa la mujer.

Confusión

Unos metros más allá Nora, también peruana, bebe café sentada sobre un sofá rosa infantil apoyado en la barandilla que separa la acera de la carretera. En uno de sus paseos para estirar las piernas, lo encontró junto a los contenedores y se lo llevó para pasar la noche de espera algo más cómoda. Lleva horas en la fila para conseguir un documento que, sin embargo, en su caso no necesita para pedir la regularización.

La mujer, trabajadora doméstica por horas en una casa de las afueras de Madrid, vive con su hija en una pequeña habitación. Tiene menores a su cargo y puede demostrar que vive con ellos, lo que le exime de presentar el certificado de vulnerabilidad, pero su abogada le ha asegurado que necesita ese documento por el que va a pasar la noche a la intemperie. Cuando este medio le enseña la información oficial que confirma que no tiene que presentarlo, muestra incomprensión: “¿Y por qué ella no sabe eso si le hemos pagado 300 euros por cada miembro de la familia?”. 

No decide irse a casa. “Ya que estoy aquí, ya me quedo. Me da miedo que me falte algo y si la abogada lo dice… ”, justifica la peruana. “He sufrido mucho en España, no puedo arriesgarme ahora que tenemos esta oportunidad”, defiende la mujer. La dificultad para obtener trabajo en situación irregular le ha empujado a vivir durante meses en albergues para personas sin hogar y en las salas en hospitales, cuenta.

“En servicios sociales me dijeron que si no conseguía un lugar donde vivir me iban a quitar a mi hija. Y yo decía: Pero si he venido a España para conseguir una mejor vida para ella, ¿cómo me la van a quitar?”, reflexiona Nora. La señora, hasta estabilizar su situación, dejó a su hija en un recurso temporal para menores de los servicios sociales, asegura, hasta que encontró un empleo estable a jornada parcial. “Ahora ya puedo pagarme una habitación para las dos y, por la tarde, estoy con mi niña”, añade, antes de recostarse en el pequeño sofá para descansar unas horas, cuando el frío de la madrugada empieza a meterse en el cuerpo.

“He sufrido mucho en España, no puedo arriesgarme ahora que tenemos esta oportunidad”

Autoorganización de las filas

En la pequeña comunidad surgida después de horas de espera, un rato en la fila es suficiente para identificar alguno de los roles tomados por quienes la integran. A Idaquele la llaman “la jefa”. Todo aquel que quiere añadirse en la cola, se acerca a esta señora peruana proclamada líder de la jornada. La mujer, después de confirmar que efectivamente “los nuevos” vienen para quedarse, anota un número en sus mano

“Alguien tenía que hacerlo. Si no se organiza un poco esto es un desastre”, dice Idaquele, junto a dos mujeres paraguayas con las que ya comparte bromas tras horas de espera. Todas comentan la picaresca de alguno de los compañeros de fila, a los que ya tienen fichados, que ya ha intentado colar a algunas personas en varios momentos del día.

La mujer peruana, que aparenta ser más seria de lo que es, camina con el ceño fruncido por la fila cuando alguien parece intentar colocarse en un lugar que no le corresponde. Todos cuentan indignados el intento de una mujer de introducir a 15 personas a las que decía estar guardando el sitio. “No es justo que se vayan a dormir y luego aparezcan diciendo que tienen un número apuntado en la mano. Porque los que estamos aquí pasando sueño nos podemos quedar fuera por una única persona”, dice Emma, salvadoreña, mientras come una ensalada sentada en una silla. Junto a su marido se ríen con Brayan, colombiano, y German, hondureño, con quienes han acabado juntándose durante la espera. Cada vez que hay un conato de tensión en la fila, o que alguien intenta colarse, se lo toman con humor pese a su preocupación.

El marido de Emma no ha dejado de trabajar en la construcción en el año y medio que lleva en España. “Trabajo... pero sin papeles”, dice en susurros, como si se avergonzase, cuando todas las personas de esa fila no tienen más remedio que trabajar en b para sobrevivir. “Por eso estamos aquí, para obtener los papeles, trabajar con contrato y cotizar”.

No entiende la exigencia de última hora del informe de vulnerabilidad. “¿Por qué el Gobierno decidió meter ese certificado? Teníamos todos los documentos preparados, lo fuimos haciendo con tiempo. Y, ahora, esta sorpesa nos tiene aquí en la calle esperando”, se queja el salvadoreño. El requisito, incluido a última hora por el Gobierno, es la fórmula que recoge la norma para justificar la vulnerabilidad que conlleva no tener papeles. En un primer momento, el Ministerio de Inclusión defendió que la mera irregularidad suponía vulnerabilidad, pero el Consejo de Estado recomendó una mayor concreción para probar ese supuesto.

Pasa un coche de policía por la calle colindante a la larga fila de personas sin papeles. Cuando sucede, una voz se escucha en algún lugar determinado de la fila: “Ahora vienen y nos llevan a todos a extranjería”. El comentario genera algunas risas, pero cada vez que un vehículo policial se acerca, la mayoría se mantiene pendiente hasta que desaparece.

Pasadas las 8 de la mañana, la tensión aumenta. “Se han vuelto a intentar saltar la fila varias personas, pero se ha puesto orden”, cuenta Emma, que no deja de tomarse con humor la situación con sus compañeros. Temían no lograr conseguir el documento pese a la noche en vela, pero lo consiguieron. A las 12 horas, Germán envía una foto desde el interior de los Servicios Sociales. Ojerosos pero sonrientes, posan ante la cámara para retratar un paso más hacia la regularización. “Uno se encuentra grandes personas en el camino”, reflexiona el hondureño.

Son las 20 horas y ya hay cola frente algunas oficinas de los servicios sociales de distintos ayuntamientos de España. Salvo excepciones, cada una de las personas que aguarda su turno tiene tres palabras en mente: “Informe de vulnerabilidad”. El documento, un formulario sencillo que necesita ser validado por los servicios sociales municipales o las ONG colaboradoras, está detrás de las largas esperas o el peregrinaje de cientos de migrantes en busca de algunos de los puntos habilitados para concederlo. El Gobierno defendió que el trámite iba a ser rápido y no iba a tener complicación, pero se ha convertido en el principal escollo del procedimiento y en un nuevo foco de tensión entre el Ejecutivo central y las administraciones gobernadas por el PP. 

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado este martes a los ayuntamientos del PP de “boicotear” la regularización, a través de supuestas trabas a la tramitación de estos informes, debido a las “instrucciones racistas de Alberto Núñez Feijóo”. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra ha asegurado que hay “ayuntamientos que, siguiendo directrices políticas del PP, están boicoteando las esperanzas y los derechos” de los migrantes. Saiz ha citado las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que aseguró el pasado jueves que su consistorio “no va a colaborar” con la regularización. 

“Lo que no va a hacer el Ayuntamiento de Madrid es cooperar y colaborar a una chapuza que falta el respeto a la dignidad de las personas”, dijo el regidor de la capital el día en que entró en vigor la medida. Declaraciones similares, que señalan, al menos de apariencia, la intención de algunas administraciones del PP de no cooperar con la regularización, a través de la imposición de trabas a la tramitación de los documentos emitidos por los servicios sociales municipales -como el informe de vulnerabilidad- que los migrantes necesitan presentar para cumplir con los requisitos de la medida del Gobierno. 

El llamado “informe de vulnerabilidad”, es un formulario de apariencia sencilla que sirve para justificar cómo la situación de irregularidad conlleva unas condiciones de vida precarias en la vida del solicitante de la regularización. Se trata de un requisito incluido a última hora por el Gobierno, que no estaba recogido en los primeros borradores de la medida, que solo deben cumplir los migrantes sin papeles (no los solicitantes de asilo) que carecen de vinculación laboral o hijos a cargo. Quienes no cumplan uno de estos dos supuestos deben probar su condición de vulnerabilidad. En un primer momento, el Ministerio de Inclusión defendió que la mera irregularidad suponía vulnerabilidad, por lo que la intención inicial era no obligar a presentar ningún documento añadido para justificar esa precariedad. Sin embargo, el Consejo de Estado recomendó probar la vulnerabilidad de algún modo, por lo que finalmente se añadió como requisito el certificado por el que ahora cada madrugada esperan cientos de migrantes en largas colas frente a distintas oficinas municipales y a las entidades sociales que pueden emitirlo en España (este es el listado actualizado).

“Boicot” de algunos ayuntamientos

En Zaragoza, el equipo de Gobierno de Natalia Chueca ordenó restringir todos los trámites relacionados con el proceso de regularización de inmigrantes a un único espacio, las oficinas centrales de la plaza del Pilar, donde se ubica la casa consistorial. Al obligar que se derive a todas las personas que acudan con la finalidad de obtener el certificado de vulnerabilidad, y otro tipo de documentación, a una fila única del Ayuntamiento, forzaba a miles de personas a soportar largas filas desde la madrugada. El Consistorio solo permitía a estas personas a esperar en el exterior de las instalaciones municipales, pese a contar con espacio para ello en su interior, un gesto que el Grupo Municipal de Zaragoza en Común ha interpretado como un intento de “escenificar” el “supuesto caos”, informa Esther L. Chamorro. 

Pese a estas directrices, algunos funcionarios de las juntas de distrito se han plantado contra esta decisión y han optado por continuar con esta atención a los migrantes que aspiran a la regularización. “Es un trámite sencillo”, explica una de las trabajadoras públicas que han decidido seguir con la emisión de los documentos ligados a la medida del Gobierno. 

En Palma, varios funcionarios han denunciado órdenes del Ayuntamiento -dirigido por el PP con Vox como respaldo en los plenos- para impedir la movilización de personal de refuerzo en los servicios sociales municipales para atender el aumento de demanda por las peticiones de documentación ligadas a la regularización, informa Pablo Sierra del Sol. 

“Es flagrante que utilicen personas para una batalla política”, recriminaron los empleados públicos en un comunicado. Así, pese a las filas larguísimas formadas cada mañana frente a las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Palma (OAC), estas personas eran atendidas por los mismos funcionarios de siempre debido a “instrucciones políticas”, siempre según la denuncia de los empleados públicos. 

Mientras algunos de sus ayuntamientos lanzan órdenes para impedir el refuerzo de estas ventanillas para entregar los trámites requeridos, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado el “caos generado” en los servicios sociales municipales. Según anunció este lunes, su partido va a presentar mociones en todos los ayuntamientos del país en los que gobierna (más de 8.000) para exigir que se paralice el proceso de regularización extraordinaria. 

“Falta de instrucciones” del Gobierno

Sin embargo, las directrices y declaraciones de los ediles del PP en contra de la medida no son las únicas razones que explican las colas formadas para realizar dicho trámite, ni la gran dificultad a la que se están enfrentando miles de migrantes para conseguirlo. Durante los primeros días de la entrada en vigor de la regularización, cuando cientos de personas ya se acercaban a los servicios sociales a preguntar por el nuevo “informe de vulnerabilidad”, funcionarios de distintas oficinas de servicios sociales municipales, como Madrid o Barcelona, reconocían no haber recibido directrices del Gobierno central sobre cómo era necesario validar dichos documentos. 

“Parece un documento sencillo, pero no sabemos quién lo tiene que sellar o firmar”, decía a elDiario.es una emplada pública de una de las oficinas de Madrid. Desde el día anterior a la aprobación de la iniciativa habían esuchado de forma reiterada una misma pregunta que, según aseguraban, no sabían responder pues el real decreto de la regularización no especifica ciertos detalles técnicos que, defendían algunos trabajadores sociales, son necesarios para emitir este tipo de documentos. Antes de las declaraciones de Almeida, sus empleados públicos intentaron buscar una vía para ir registrando las peticiones de este documento, mientras aclaraban cómo emitirlos. Sus testimonios señalaban cierta descoordinación inicial por parte del Gobierno central, así como la falta de comunicación previa para poder ir organizándose. “Aprueban una norma, sale en los medios, dicen que lo tenemos que sacar nosotros y nadie nos avisa antes ni nos explica el procedimiento”, se quejaba una funcionaria. 

El Consejo de Trabajadores Sociales de Madrid ha emitido un comunicado en el que solicita al Gobierno la necesidad de consensuar “criterios técnicos, claros y homogéneos” para acreditar la vulnerabilidad a través del formulario creado por el Gobierno. “En relación con la exigencia de acreditar una situación de vulnerabilidad en determinados supuestos, el Colegio considera necesario reivindicar un uso riguroso y técnico del concepto de vulnerabilidad, evitando su aplicación genérica o simplificada”, indica. “No obstante, el Real Decreto no define de forma suficientemente precisa qué perfiles profesionales deben asumir esta función en las distintas administraciones y entidades implicadas, lo que puede generar desigualdades en la valoración y en el acceso al procedimiento, comprometiendo las garantías técnicas necesarias”. 

Por su parte, a nivel estatal, el Colegio General de Trabajo Social ha manifestado su “preocupación por el impacto organizativo que este proceso puede generar en los servicios sociales, ya sometidos a una elevada carga de trabajo”. También ha alertado “del riesgo de que se instrumentalice la intervención social reduciéndose a la mera emisión de certificaciones, desvirtuando la función propia del Trabajo Social como disciplina de acompañamiento, análisis y garantía de derechos”. 

A las preguntas de elDiario.es sobre qué instrucciones envió el Ministerio a los ayuntamientos y comunidades autónomas involucradas en la regularización, el departamento dirigido por Elma Saiz reconoce que estas comunicaciones han empezado este lunes, días después de la entrada en vigor de la medida, cuando ya se habían formado largas colas frente a las entidades municipales. “Desde el Ministerio se ha convocado a las administraciones locales, a través de la FEMP, para un encuentro que tendrá lugar próximamente”, sostienen fuentes de Inclusión. “La intención es promover la colaboración e instar a que, dentro de la propia autonomía de las entidades locales, se facilite información y se ayude en todo lo posible a las personas que acudan a formalizar el trámite”, añaden. 

La ministra ha recordado este martes en la rueda de prensa de Consejo de Ministros que el certificado de vulnerabilidad puede ser acuñado también por alguna de las 224 entidades colaboradoras. En algunas de sus sedes también se están formando largas colas para conseguir dicho documento. En los primeros días, muchas de las ONG registradas en este proceso empezaron a emitir este tipo de documentos únicamente a las personas que ya atendían anteriormente, pero otras tantas ya han abierto el trámite al resto de personas. De hecho, muchas ONG, incluso de escasos recursos, están emitiendo decenas de informes cada día. “Vemos como las pequeñas entidades sociales vuelven a llegar adonde no llega el Estado”, dicen desde el movimiento Regularizacíón YA.

El miedo

Más allá de la posible falta de organización inicial o las declaraciones que tratan de torpedear los trámites de la regularización, otras de las razones que explican las largas colas de personas, que incluso duermen delante de las sedes de ONG y ayuntamientos que emiten estos documentos es la propia necesidad de tener registrada la petición cuanto antes. El plazo finaliza el 30 de junio pero muchos migrantes aún se enfrentan al miedo diario de ser detenidos en un control policial y retornados por su situación administrativa irregular, dado que los vuelos de repatriación no han sido frenados. El registro de la solicitud, sin embargo, sí conlleva la suspensión (al menos temporal hasta la resolución) de cualquier procedimiento de expulsión. Muchos temen también, que cualquier imprevisto de última hora, pudiese dejarles fuera de la medida si retrasan el trámite.

Prefieren pasar una noche a la intemperie o esperar horas y horas bajo el sol a perder esta oportunidad de ver reconocidos sus derechos en un procedimiento más agil y sencillo de lo habitual. “Nos pueden agarrar en cualquier momento. Tengo miedo hasta de ir a buscar trabajo, pero tengo que hacerlo igualmente”, dice un hombre peruano que aún no ha logrado el certificado de vulnerabilidad, el último trámite que le queda para poder entregar toda la documentación a su abogado y recibir la salvaguardia de su permanencia en España. “Cuando tenga lo registre, sentiré paz”, añade.

A través de los cristales de una oficina de Correos de Madrid se vislumbra una escena distinta a la habitual. Mientras varias personas esperan su turno con paquetes en sus manos, Valeria le pide a su abuela que entretenga a su bebé mientras entrega a una funcionaria fotocopias del pasaporte, billetes de avión y certificados de antecedentes penales. Otro empleado se acerca al asiento donde ya se acumulan varias familias de migrantes, la mayoría mujeres con niños pequeños, para comprobar que llevan todos los documentos requeridos antes de que les llegue su turno. Este lunes ha sido el primer día de atención presencial para registrar las solicitudes de la regularización extraordinaria y las ventanillas habilitadas en Correos han arrancado esta nueva labor con algún que otro retraso, pero con normalidad, en distintos puntos del país. 

Valeria sale de la oficina dos horas después de la hora de su cita previa para registrar la petición de regularización para ella y su bebé, pero no le importa el retraso. Ella, de origen colombiano, vivía en Madrid de forma irregular desde hace dos años. Su niña, nacida en España, no llega al año y tampoco tiene el permiso de residencia. Pero ahora sujeta en sus manos el documento que confirma el envío de la solicitud que, si nada falla, les concederá la ansiada autorización. “Llevaba soñando varios días con esta cita. Literalmente. Hoy he soñado que estaba aquí plantada. Y he tenido pesadillas pensando que no llegaba, que la perdía”, dice entre risas, para describir su alivio tras zanjar el trámite que la perseguía desde hace tiempo.

La escena de alegría, que se entrelaza con la actividad rutinaria de Correos sin grandes filas ni colapso, contrasta con la frustración de los cientos de migrantes que un día más han esperado varias horas de colas frente a las oficinas de los servicios sociales de distintos ayuntamientos del país, como Madrid, Barcelona, Valencia o Cartagena, para conseguir recopilar toda la documentación exigida. La situación de colapso también se ha repetido en las sedes de algunas de las ONG colaboradoras en el procedimiento de regularización. El principal escollo, el trámite que ha creado un cuello de botella en parte del procedimiento, es el llamado “informe de vulnerabilidad”, un requisito añadido en el último momento en el real decreto, que debe presentar un grupo concreto de personas sin papeles: aquellos que no tengan hijos a cargo o quienes no puedan justificar una vinculación laboral anterior o futura. 

Mientras cientos de personas aguardaban horas para conseguir este papel, después incluso de hacer noche frente a los espacios habilitados para validar los informes de vulnerabilidad, las oficinas de Correos y Seguridad Social de todas las provincias han comenzado a recibir este lunes con cita previa los primeros expedientes de migrantes y solicitantes de asilo que ya tenían todo preparado.

Algunas entidades que se dedican a acompañar a migrantes en este proceso consideran que, además del sistema de cita previa obligatoria que ordena el proceso, la tranquilidad que ha reinado en las oficinas de Correos también puede explicarse por el propio atasco en el sellado del nuevo informe: “Muchas de las personas que solicitaron la cita previa no se han llegado a presentar porque todavía no tenían el certificado de vulnerabilidad”, sostienen. Sin embargo, el Ministerio de Inclusión asegura que la agilidad en los espacios habilitados para el registro presencial de la solicitud se debe únicamente a la activación de múltiples espacios para este fin y a la organización de las citas.

Como Valeria vive con una menor a cargo, no ha tenido que presentar el requisito que está entorpeciendo el procedimiento de los que sí. Con toda la documentación preparada, a ella el real decreto no le dio sorpresas de última hora y ha podido presentar por su cuenta la petición el primer día de atención presencial. Si todo va como espera, la ecuatoriana recibirá en 15 días la admisión a trámite de su solicitud. La mera admisión conllevará, además de la suspensión de cualquier posibilidad de retorno a su país, un permiso que ya la habilita para trabajar.

“Así solo puedo trabajar irregular, sin cotizar. Sin papeles, abusan más. Soy enfermera y ahora podré empezar a homologar mi título, que son dos años más”, celebra la mujer, de 26 años, ya pensando en el siguiente paso burocrático. A su lado, su abuela, asiente detrás del carrito de su bisnieta. Ella ya tuvo que pasar por lo mismo, aunque un proceso distinto y más sencillo entonces, casi tres décadas atrás, cuando llegó a España sin papeles. 

“Tardas más en enviar paquetes”

En Barcelona, tampoco se han registrado colas en prácticamente ninguna de las oficinas habilitadas de Correos ni Seguridad Social en las que se estaban dando citas previas para tramitar la regularización. “No he tenido que esperar nada de nada”, se ha sorprendido Karen. Tenía vez a las 8:30 y ha venido antes “por si acaso”. Pero no le ha hecho falta. El vestíbulo de la oficina acogía a muy poca gente. “Tardas más para enviar paquetes”, compara esta mujer ecuatoriana de 53 años.

Ella también tiene todos los documentos a mano, incluso el certificado de antecedentes penales, que había necesitado para un trámite anterior, así que ha podido realizar la solicitud sin complicaciones. Donde sí ha habido colas y rostros preocupados ha sido en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) del Ayuntamiento de Barcelona, las encargadas de expedir los certificados de vulnerabilidad que, en algunos casos, son necesarios para regularizarse. 

Las oficinas de la Seguridad Social en Valencia atienden a una veintena de personas cada hora. La gente acude con los documentos ya cumplimentados, siguiendo la explicación de la web, comentan algunos empleados públicos. Es el caso de A. Mujica, un joven venezolano, de 23 años, que lleva siete meses en España. Es barbero y quiere iniciar su propio negocio en cuanto tenga los permisos para trabajar, por ello ha acudido con la declaración jurada que manifiesta su voluntad -que también exime de presentar el informe de vulnerabilidad“. ”Mi gestora me pidió la cita y gracias a Dios ha ido bien“, dice el hombre.

La Oficina de Extranjería de la Región de Murcia, ubicada en la pedanía murciana de El Puntal, es el punto clave para la gestión de trámites migratorios. Allí se encuentran María y Onofre [nombres ficticios], quienes viven en España desde hace cuatro y tres años, respectivamente. “No ha sido fácil”, reconoce Onofre, procedente de Guinea Ecuatorial. “Te ves limitado en casi todo, si quieres trabajar tiene que ser en negro. Pero no nos gusta, queremos cotizar”, añade María.

Ambos han llegado a una oficina prácticamente vacía, en contraste con las largas colas a las que están acostumbrados. Esta sede de Extranjería siempre está a rebosar, con colas que se extienden a lo largo de la jornada: “Hoy ha sido más ágil, se han abierto muchos puntos. Esto es una ayuda para todos, para los solicitantes y para el gobierno. Si hoy ha sido tan rápido, ¿por qué no se ha hecho antes?”, se plantea José [nombre ficticio], otro solicitante. Vino a España hace diez años desde Nicaragua, buscando una vida mejor: “He trabajado en el campo, en negro. Muy poca gente quiere trabajar allí y necesitan mucha mano de obra”, señala. “Debería haber más regularizaciones para que haya menos trabajo en negro”.

Roberto sale de una oficina de Correos de Sevilla tras casi media hora de espera: “Todo el proceso ha sido relativamente fácil”. Lleva desde enero atento a la regularización extraordinaria después de que el Gobierno central anunciara el acuerdo con Podemos. Un hito que cambió sus perspectivas, ya que, de repente, ha acortado el proceso de petición de asilo por razones humanitarias de casi dos años a apenas unos meses. El venezolano de 33 años es ingeniero petroquímico. Al ser solcitante de asilo, no necesita el informe de vulnerabilidad que está trayendo por el camino de la amargura a quienes se lo exigen. Aterrizó en Sevilla tras intentar crear una nueva vida en Colombia y Santiago de Chile. La regularización le aportará, dice, una estabilidad en España que hasta ahora no había encontrado desde su salida de Venezuela.

Luisa sale un momento de la oficina de Correos de Madrid donde espera su turno para llamar a su madre y pedirle que recoja a la niña de la escuela infantil. La mujer peruana tenía cita previa, pero ha tenido que interrumpirla para imprimir un documento que le faltaba, por lo que teme que el proceso se retrase. “Me da miedo que al volver ya no puedan atenderme”, dice la mujer. Pero no fue así. Aunque el funcionario en un principio no sabía indicarle cuál era el papel que debía presentar, finalmente entre los dos lo averiguaron: “No son expertos en extranjería y, cuando intentaban ayudarme, se les veía un poco perdidos. Me han dicho ellos mismos que les han puesto a atendernos sin la formación suficiente”, se queja.

Después, el mismo empleado ha empezado a adelantarse a ese tipo de situaciones y comenzó a comprobar con antelación la documentación de las solicitantes que esperaban su turno, para que pudiesen aprovechar el tiempo en caso de que les faltase algún papel. “Se nota que es el primer día, pero los trabajadores están haciendo todo lo que pueden y tienen muy buena actitud. Al ver que lo que ha pasado con mis papeles, han intentado remediarlo con el resto”, dice la peruana, quien acude a solicitar los papeles para su hija de dos años. Ella no ha podido optar a la regularización, dado que había pedido un permiso residencia por la vía habitual y debe esperar la respuesta de esa solicitud. “Tampoco tiene sentido que la vía telemática solo se pueda presentar con un certificado digital: si no tenemos papeles, la mayoría no podremos hacerlo”, añade.

Colapso por el informe de vulnerabilidad

En Barcelona, Mohammed, un pakistaní de 26 años, se ha levantado muy temprano para llegar antes de las 5:30 horas de la mañana a una OAC a por ese documento. Y ya había gente esperando. Cuando han abierto, le han dicho que no quedaban citas disponibles y que no habría ninguna hasta el lunes que viene. Este joven sabe que cumple todos los requisitos, pero está preocupado por no poder llegar a juntar todos los documentos a tiempo.

Lleva desde 2019 en España y, aunque llegó con un permiso de deportista como jugador de hockey, perdió los papeles cuando tuvo que dejar de jugar para conseguir un trabajo. Desde entonces, ha ido encadenando empleos en la construcción y en tiendas de amigos de familiares suyos, que son quienes también le realquilan una habitación. Ahora, les ha pedido que le hagan un contrato de alquiler. Si lo presenta, podría presentar su petición sin el informe de vulnerabilidad que ahora parece inalcanzable para muchos. “Aunque sea momentáneo, incluso yo pagaría los impuestos. Pero no quieren ayudarme”, se lamenta Mohamed.

En Cartagena, a pocos metros de la tranquila oficina de Correos, algo más de un centenar de personas aguardan su turno en la sede de la concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. Un funcionario municipal les recibe en la entrada para explicar las dudas de última hora sobre el proceso y para informar sobre el estado de la cola. “Hoy no cogemos más citas”, dice, mientras cuenta que este lunes se tramitarían más de 300 solicitudes para el informe.

La aprobación de un decreto extraordinario para regularizar a medio millón de migrantes ha disparado las solicitudes en centros de servicios sociales. Como era de esperar, desde que entró en vigor la medida el miércoles pasado se han batido récords de peticiones en varios puntos del país. Solo en Madrid, que una semana antes registraba alrededor de 1.500 citas diarias, subieron rápidamente las visitas hasta alcanzar las 4.000 nada más publicarse la norma en el BOE (Boletín Oficial del Estado), y 5.500 más a lo largo del jueves.

Lo ha confirmado este lunes el responsable local de su gestión, José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en el Ayuntamiento, que advierte de un “colapso” en los servicios municipales y lo atribuye a la gestión del Gobierno central por “no consensuar” una hoja de ruta clara con las comunidades autonómas, implicadas en la cadena de la regularización. Con la puesta en marcha de la norma, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones habilitó en la capital algunos centros de la Seguridad Social, además de las oficinas de Extranjería, para ampliar su capacidad de atención.

Sin embargo, ya el mismo viernes de la semana pasada hubo una respuesta contundente del alcalde: su ayuntamiento “no va a colaborar” con Moncloa más allá de sus competencias habituales en la materia, en represalia por haber quedado fuera de la planificación. Un día antes de que José Luis Martínez-Almeida sellara esta decisión, que comunicó al salir de una Junta de Gobierno, el Ayuntamiento había comenzado a repartir unos formularios no vinculantes para tantear las solicitudes, y este lunes se cerró una primera petición oficial de regularización: la de Andrés, un colombiano de 32 años.

La barrera del certificado de vulnerabilidad

Aun así, el responsable de Políticas Sociales ha reafirmado ese discurso que lanzó Almeida antes del fin de semana. José Fernández denuncia que uno de los requisitos indispensables para conceder la regularización a perfiles más desfavorecidos, el nuevo certificado de vulnerabilidad, no llegó a sus oficinas hasta el jueves de la semana pasada, con el decreto recién aprobado y “varias solicitudes acumulándose”.

El llamado “informe de vulnerabilidad”, un formulario de apariencia sencilla que sirve para justificar que cualquier situación de irregularidad conlleva unas condiciones de vida precarias, se ha convertido en la piedra en el zapato de muchos de los migrantes que salieron a la calle nada más estrenarse la medida. Dicho certificado acredita las situaciones de máxima vulnerabilidad entre personas en condición irregular. Desde Cibeles explican que el procedimiento será más ágil si para el solicitante ya consta alguna intervención previa de los Servicios Sociales, aunque de no ser así también pondrá hacerse el trámite.

“Lo que yo no voy a hacer (...) es certificar aquello que no podamos acreditar”, ha determinado Fernández, confiando en que este mecanismo permita descartar a quienes traten de beneficiarse de este sistema sin hallarse totalmente desprotegidos.En resumidas cuentas: para obtener el certificado harán falta, en palabras del delegado, “un trabajo previo, una historia social y una intervención social” anterior a la solicitud. En el plano político, el Ayuntamiento también ha arremetido contra Pedro Sánchez, sugiriendo que en realidad la regularización “solo responde a intereses parlamentarios” y pidiendo directamente la supresión del decreto.

Sale de la oficina de servicios sociales con cara de desconcierto. Sobrepasa el mediodía de la primera jornada tras la entrada en vigor de la regularización y a Tarapder ya le cuesta enumerar todas las ONG y sedes municipales visitadas desde primera hora de la mañana. Se ha recorrido varios distritos de la ciudad de Madrid y no ha encontrado lo que buscaba. En todos ellos formulaba la misma pregunta: “¿Aquí puedo pedir el ”informe de vulnerabilidad“?”. Quienes le atendían, sabían a lo que se refería, ya habían pasado muchas personas migrantes con la misma petición, pero aún no tenían la respuesta. “Nos hemos enterado por los medios, no sabemos cuál es el procedimiento. Estamos esperando a que nos digan cómo hacerlo”, respondió una de las distintas funcionarias municipales que le atendió este jueves.

El bangladesí se refería al documento exigido para acceder a la regularización a los migrantes sin papeles que no tengan menores a cargo o que no puedan presentar una oferta de contrato de trabajo o no puedan acreditar haber tenido una relación laboral anteriormente. El llamado “informe de vulnerabilidad”, un formulario de apariencia sencilla que sirve para justificar que cualquier situación de irregularidad conlleva unas condiciones de vida precarias, se ha convertido en la piedra en el zapato de muchos de los migrantes que han salido a la calle en las primeras horas de la entrada en vigor de la medida que tanto necesitan.

Tarapder, de unos 30 años, tenía ya casi todos los documentos preparados incluso antes de la aprobación del real decreto. Desde el anuncio de la medida, él y su mujer empezaron a recopilar los trámites exigidos en el primer borrador. Tan precavidos fueron, que hace dos meses solicitaron los certificados que acreditan que no tienen antecedentes penales en su país, uno de los trámites más farragosos del proceso, para llegar a tiempo. “Suele tardar mucho, pero ya lo tenemos”, explica el bangladesí a elDiario.es en un autobús de camino al siguiente punto de la yincana en la que se convirtió el primer día de la regularización. El “informe de vulnerabilidad”, dice el hombre les pilló por sorpresa, tras ser incluido por el Gobierno debido a una recomendación del Consejo de Estado, que pedía añadir algún trámite para poder justificar la situación de precariedad extra vinculada a la irregularidad administrativa.

En teoría, según explicó el Ministerio de Migraciones, debería ser un trámite “sencillo”, que debería poder gestionarse en las oficinas de servicios sociales municipales y autonómicos, como aparece recogido en el real decreto. También puede obtenerse a través de las llamadas “entidades sociales colaboradoras en extranjería”, que incluyen a decenas de ONG de distintos puntos de España. El formulario es un modelo muy básico de preguntas simples, que no requiere burocracia añadida para quienes deben cumplimentarlo.

Sin embargo, en la práctica, al menos durante la primera jornada, conseguir ese papel se ha convertido en una suerte de juego de la oca para la decena de migrantes que han contado sus intentos infructuosos a elDiario.es en Madrid. En Valencia y Andalucía, también se han reportado obstáculos para acceder a este trámite.

Aunque la primera jornada de registro de solicitudes telemáticas se ha cerrado con aparente “normalidad” en cuanto a su funcionamiento técnico, varios abogados de extranjería confirman que por el momento, solo han podido presentar expedientes de solicitantes de asilo y de aquellos migrantes sin papeles que tienen hijos menores o pueden presentar una oferta de contrato de trabajo, es decir, quienes no necesitan presentar el informe de vulnerabilidad.

Los principales obstáculos están llegando por parte de algunos ayuntamientos, pero no todos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado que “no va a colaborar” en la regularización de migrantes. “Nadie se ha reunido con nosotros para explicarnos qué es lo que tenemos que hacer. Pretenden que salga de nosotros, pero no nos vamos a responsabilizar de este proceso”, ha zanjado este jueves el líder del Ayuntamiento de la capital.

Lo primero que hizo Tarapder nada más levantarse es ir a Cáritas en Carabanchel, el distrito madrileño donde vive. No los hacían, al menos no todavía, cuenta el bangladesí. Se fue a otras asociaciones cuyo nombre no recuerda, y le recomendaron ir a Cruz Roja. No solo visitó una sede, sino varias. De Cruz Roja, otra de las “entidades colaboradoras”, le mandaron que fuese a preguntar al Ayuntamiento. No ha accedido a la información oficial publicada por el Ministerio de Inclusión. El bangladesí habla inglés y francés, además de su idioma natal, pero su nivel de español aún no es bueno. Migraciones publica todas las comunicaciones únicamente en castellano, algo que no ayuda en el proceso.

Después de esperar una larga fila de personas en la Junta de Distrito de Arganzuela, le dijeron que debía acudir a los servicios sociales municipales, así que se acercó a la oficina más cercana de la zona. “No era aquí, tenía que ir a la más cercana al lugar donde estoy empadronado”, dijo a la salida con resignación, mientras buscaba en Google Maps cómo llegar hasta el siguiente punto.

Allí, tras comprobar que estaba empadronado en ese barrio, le entregaron un formulario que avivó unas esperanzas que, después de los cinco minutos que tardó en rellenar el documento, volvieron a desvanecerse.

Confusión en los servicios sociales de Madrid

“Aún no sabemos cómo tenemos que proceder, quién lo tiene validar, el Ministerio no nos ha dado información”, le explicó una funcionaria. El documento no era el formulario que el Ministerio ha publicado en su página web (un modelo específico), sino un modelo básico que el Ayuntamiento utiliza únicamente para registrar las peticiones. Pero el bangladesí ni siquiera pudo finalmente oficializar su solicitud para pedir el informe. “Ante la falta de información, antes habíamos empezado a registrar la petición de esta manera, pero hemos recibido órdenes de la Junta de distrito para dejar de hacerlo por ahora, hasta que sepamos algo más”, le dijo la empleada, quien le invitó a regresar la semana que viene “a volver a preguntar”. Tarapder, sin entender la razón, se guardó el papel que acababa de rellenar y volvió a mirar su móvil para buscar la siguiente dirección donde probar suerte. “Ahora voy a una Cáritas en Puente de Vallecas”, dijo sin protestar.

La misma respuesta recibió Emilia, una mujer venezolana de 60 años que no ha logrado regularizarse desde su llegada a España en 2023. Menuda, dicharachera pero con carácter, la señora se acercó al mostrador de una de las oficinas de servicios sociales del centro de Madrid para preguntar por lo mismo que todos esa mañana: “¿Sabéis ya algo del informe de vulnerabilidad?”. La empleada negó con la cabeza: “¿Tú viniste ayer, no? Todo sigue igual”, respondió.

La mujer se acercó al corcho donde la oficina de servicios sociales ha colgado varios documentos con información oficial sobre el proceso de regularización. Entre ellos se encontraban las ONG colaboradoras, que pueden validar los ansiados informes de vulnerabilidad. Sacó un bolígrafo y una pequeña libreta y empezó a apuntar algunos de esos nombres para comenzar una nueva ruta.

La mujer migró a Madrid para reunirse con su hijo, quien ya tiene nacionalidad española. Ella podría haber pedido un permiso de residencia humanitaria, pero le aconsejaron que en su caso era preferible solicitar otro tipo de autorización, por arraigo familiar por tener un hijo español. Sin embargo, ella cree que, debido a una errónea orientación jurídica, la solicitud le fue denegada. Así, suma tres años en situación irregular. En este tiempo, ha sufrido un accidente que le tuvo varios meses sin apenas moverse.

Emilia se acercó a la Fundación Altius, donde también se formaron filas de grupos de personas migrantes en distintos momentos de la mañana, sobre todo bangladesíes y latinoamericanos. También, por el informe de vulnerabilidad. La respuesta, aunque suponía algo más que lo recibido inicialmente, tampoco calmó la ansiedad de Emilia: “Aún no estamos dando citas ni haciendo el informe, pero pueden rellenar este formulario y, cuando tengamos más información del Ministerio y nos organicemos, intentaremos ponernos en contacto con usted”.

Aunque las organizaciones colaboradoras pueden emitir el informe, durante la primera jornada muchas de ellas no tenían aún un sistema habilitado para organizar las solicitudes. Otras, como CEAR, han comenzado a emitir este tipo de documentos, pero arrancarán en primer lugar con las personas que atiende en la actualidad, luego continuará con aquellos que ha asistido en alguna ocasión en el pasado y finalizará con cualquiera que se lo solicite.

El trámite, por tanto, no es inmediato. Desde el Ministerio de Inclusión aseguran que todo funciona “sin incidentes”, aunque piden “paciencia” en estos primeros días hasta que la maquinaria se engrase y todos los actores involucrados se activen.

Tras recibir la última respuesta, Emilia frunció el ceño. Quería dejar zanjado el trámite ese día. Muchas personas migrantes viven este tipo de procedimientos con la angustia de sentir que no se pueden permitir el privilegio de dejar para el día siguiente trámites que marcarán la diferencia entre una vida en la clandestinidad y otra en la calma de ver sus derechos reconocidos. Tienen 75 días de plazo, ahora 74, y saben que en el camino pueden surgir nuevos problemas.

Felipe Garoña es uno de los letrados que no ha parado de atender a clientes con la intención de presentar su regularización. Desde Huelva, el abogado y presidente de la Asociáción Extranjeristas en Red, explica que ha registrado 20 expedientes: “Todos de solicitantes de asilo o personas que podían justificar una relación laboral, aquí en Huelva, sobre todo temporeras marroquíes que habían quedado en situación irregular”, explica. “Hemos priorizado los casos que ya teníamos preparados y para los que no ha habido ningún requisito sorpresa, como el informe de vulnerabilidad”, añade. Algunas ONG han decidio que no van a realizar este documento a los migrantes que presentará su solicitud con abogados privados. “Y eso puede ser un problema”, apunta.

Organizaciones como Andalucía Acoge critica la negativa de algunos Ayuntamientos de municipios andaluces que “están poniendo problemas” a este trámite. “No entendemos los obstáculos de algunos ayuntamientos, porque es un trámite súper sencillo y solo hace falta un poco de buena fé”, explica José Miguel Morales, presidente de la ONG, que asegura que sí están emitiendo este tipo de documentos. “También hay que decir que otros sí se están organizando y reforzando sus equipos para dar respuesta a estos casos. Vemos que es una cuestión de voluntad”, concluye.

Durante el atardecer, Tarapder escribe a elDiario.es para contar el resultado de su jornada.

-- Me dijeron que volviese la semana que viene.

-- ¿Dónde?

--- En todas partes. Mañana volveré a intentarlo.

El Consejo de Ministros aprobó este 14 de abril un proceso extraordinario de regularización dirigido a personas migrantes que ya residen en España, con el objetivo de facilitar su situación administrativa mediante un procedimiento accesible y multicanal. La medida, que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá presentar solicitudes a partir de este jueves 16 de abril tanto de forma telemática como presencial. Se estima que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas, muchas de ellas residentes en Madrid, en lo que se perfila como uno de los procesos administrativos más relevantes de los últimos años.

Impulsada mediante real decreto, la iniciativa busca dar respuesta a una realidad social cada vez más visible: la de miles de personas que viven y trabajan en España sin papeles. Con este cambio normativo, el Ejecutivo pretende facilitar su integración legal, permitiéndoles acceder a derechos básicos y a un empleo regulado. Para ello, se habilitará una red de oficinas en Madrid y su área metropolitana donde los solicitantes podrán completar el trámite de forma presencial.

El proceso está dirigido a dos grandes perfiles. Por un lado, los solicitantes de asilo que hubieran registrado su petición antes del 1 de enero de 2026, tanto si está en trámite como si fue denegada. Por otro, los extranjeros en situación irregular que puedan acreditar su residencia en España antes de esa fecha y una permanencia continuada mínima de cinco meses. En todos los casos, será necesario carecer de antecedentes penales y demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

A continuación, explicamos todas las cuestiones a tener en cuenta para solicitar la regularización migratoria extraordinaria en Madrid a partir de este jueves:

¿Cuándo comienza y finaliza el proceso de regularización extraordinaria?

El plazo de solicitud se abre el jueves 16 de abril, con el inicio de la tramitación de solicitudes telemáticas. Para la vía presencial, el sistema de cita previa a través de la web se habilitará también el mismo día, aunque se comenzará a atender presencialmente a partir del lunes 20 de abril.

El plazo de solicitudes para ambas vías estará abierto hasta el 30 de junio.

¿Quién puede acceder a la regularización extraordinaria?

Las personas extranjeras podrán acceder a la regularización si se encuentran en una de estas dos situaciones:

¿Qué requisitos hay que cumplir?

El Real Decreto establece dos requisitos para acceder al proceso de regularización extraordinaria:

¿Dónde se puede presentar la solicitud?

Se puede hacer a través de dos vías: presencial y telemática. La forma presencial funcionará únicamente a través de un servicio de cita previa. En cambio, la vía telemática estará disponible de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los siete días de la semana durante todo el plazo de solicitud.

Las comunicaciones posteriores se llevarán a cabo preferentemente por la misma vía en la que se inició la solicitud. Por esto, se solicita a efectos de notificación que se rellene con atención la información personal y de contacto (teléfono, email y dirección postal) en el momento de la solicitud. En caso de representación, las notificaciones se dirigirán al representante.

Estas son las opciones existentes para presentar la solicitud:

1. Vía telemática: esta vía permitirá llevar a cabo solicitudes durante todo el proceso de 4 maneras:

La plataforma de solicitud será accesible desde la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

2. Vía presencial con cita previa:

Esta vía requerirá contar siempre con cita previa. Se podrá gestionar en una misma cita las solicitudes de los miembros de una misma unidad de convivencia y se podrá presentar la solicitud en los siguientes puntos, de lunes a viernes en:

Oficinas de extranjería (OEX)

Uno de los canales clave para presentar la solicitud en la capital será la red de Oficinas de Extranjería. En Madrid, estas sedes estarán habilitadas con atención específica para este proceso en horario de tarde, entre las 16.00 y las 19.00 horas, siempre con cita previa obligatoria.

Las oficinas disponibles son:

Oficinas de la Seguridad Social

Además de Extranjería, el Gobierno ha habilitado centros de la Seguridad Social para ampliar la capacidad de atención. En Madrid, habrá varios puntos donde los interesados podrán entregar su documentación en horario de 16.00 a 19.00 horas. Las principales sedes son:

Correos

Las oficinas de Correos también participarán en la regularización. A partir del 20 de abril y hasta el 30 de junio, un total de 371 oficinas en toda España permitirán presentar la solicitud de forma presencial. El horario en este caso será de 8.30 a 17.30 horas y, al igual que en el resto de canales, será imprescindible contar con cita previa. Esta deberá solicitarse a través de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al teléfono 060.

¿Cómo solicitar la cita previa?

Hay tres opciones:

¿Qué documentación hay que presentar?

Todos los solicitantes deben presentar la siguiente documentación:

Todos los documentos justificativos deberán, en cualquier caso, ser nominativos y especificar una fecha para resultar válidos.

Además, en caso de no ser solicitante de Protección Internacional, se debe acreditar uno de estos tres supuestos:

¿Hay asesoramiento de profesionales disponible?

Aunque la solicitud puede llevarse a cabo de forma individual, también se permite contar con apoyo y asesoramiento de profesionales especializados. Por una parte, los interesados podrán contar con asesoramiento de profesionales habilitados a través de abogados, graduados sociales o gestores administrativos que pueden actuar como representantes para la presentación de solicitudes.

En paralelo, entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería, formado por entidades sociales y sindicatos también ofrecerán su ayuda. Estas presetarán asesoramiento gratuito y pueden actuar en calidad de representantes. Puedes consultar el listado completo en este enlace.

¿Con este permiso se puede trabajar?

La comunicación de inicio del procedimiento permite trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector de actividad. Este documento no es el justificante de solicitud, sino una comunicación oficial emitida por la Unidad de Tramitación de Expedientes (UTEX) a la persona solicitante.

Con el inicio del procedimiento, se obtendrá de oficio un Número de Seguridad Social (NUSS) y una resolución que reconoce el derecho a recibir asistencia sanitaria. La autorización que se concede tiene una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, las personas deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.

¿Este permiso es válido para la Unión Europea?

El permiso de residencia y trabajo no otorga autorización para establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea. Los beneficiarios podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año y es un permiso para residir y trabajar únicamente en España, no en otro Estado miembro de la UE.

¿Para quién no está dirigido este procedimiento?

Este proceso no está dirigido a:

¿Y si ya se ha solicitado arraigo?

No será necesario llevar a cabo ningún trámite adicional. La solicitud seguirá su curso normal.

¿Dónde se puede contactar para consultar dudas?

El Gobierno aprobará este martes la esperada regularización extraordinaria que concederá los papeles a cerca de medio millón de personas, según sus estimaciones. Cientos de miles de migrantes esperaban desde hace meses el momento para empezar a presentar las peticiones, lo que de facto suspenderá sus procedimientos de expulsión. Ya tenemos fecha de entrada en vigor: este 16 de abril, el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

A continuación, respondemos con detalle una serie de preguntas y respuestas claves para quienes estén interesados en acogerse a la regularización extraordinaria. Las respuestas se basan en el último borrador del texto de la medida, el mismo que será aprobado este martes en el Consejo de Ministros, según aseguran a elDiario.es fuentes gubernamentales.

¿Dónde puedo registrar la solicitud de regularización extraordinaria?

Las solicitudes se podrán presentar desde la entrada en vigor de la normativa hasta el 30 de junio de 2026, de manera presencial o telemática (a través de la plataforma 'Mercurio', ya sea de manera individual, por apoderamiento o mediante representantes o apoyo de entidades colaboradoras). Las personas sin papeles, al no tener documento electrónico, no pueden acceder por su propia cuenta a la vía telemática, por eso será tan importante que funcionen bien los puntos físicos habilitados, así como la posibilidad de hacerlo a través de intermediarios. La vía on line estará operativa 24 horas, 7 días a la semana.

El Gobierno va a habilitar nuevas oficinas públicas en distintos puntos de España, que incluirán “las oficinas de Correos, las oficinas de la Seguridad Social y determinadas oficinas de extranjería”. Estos puntos presenciales buscan evitar que unas personas tengan más difícil que otras el acceso a la regularización en función de dónde vivan, ya que Correos cuenta con oficinas de Correos en todo el territorio español, según el texto normativo. En el despliegue extraordinario participarán 372 oficinas de Correos, 60 oficinas de Seguridad Social y 5 oficinas de Extranjería habilitadas.

¿Cuándo empieza? ¿Cuándo puedo presentar mi expediente?

¿Quiénes pueden optar a la regularización extraordinaria?

Hay dos grandes grupos de beneficiados, con un procedimiento específico para cada uno de ellos. En primer lugar, las personas en situación irregular que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. 

El otro colectivo afectado son los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha.

En todos los casos, deben carecer de antecedentes penales en España y en sus países de origen, así como no ser considerado “un riesgo para la seguridad y el orden público” -algo que determinará un informe policial, que será evaluado por el personal del Ministerio de Migraciones).

Si soy solicitante de asilo, ¿qué requisitos tengo que cumplir? 

Los solicitantes deben acreditar haber llegado al país antes del 1 de enero de 2026, a través de cualquier medio de prueba válido, y probar la inexistencia de antecedentes. También hay que presentar un documento identificativo, sin importar que esté caducado o en vigor. 

Como solicitante de asilo, ¿debo renunciar al procedimiento de protección antes de pedir la regularización?

No es necesario renunciar antes de registrar la petición, pero sí después de recibir una respuesta positiva. Los solicitantes de asilo que aún no hayan recibido una respuesta a su petición o a su recurso no tienen la obligación de renunciar al procedimiento de la protección internacional antes de solicitar la regularización extraordinaria. 

Si la respuesta a esta última petición es positiva, entonces sí debe desistir al asilo antes de pedir la tarjeta de identificación de extranjero ligada al permiso de residencia extraordinario, según la última versión del texto normativo. 

Y si estoy en situación irregular, ¿cuáles son los requisitos?

En función del supuesto en que se encuentre, hay requisitos generales y particulares. En general, debe presentar documentos que acrediten tanto haber entrado antes del 1 de enero de 2026, haber vivido en España de manera continuada al menos cinco meses y carecer de antecedentes penales. 

Para acreditar los plazos de entrada y permanencia en España, será posible presentar “cualquier prueba válida en derecho, siempre que incluya datos personales que permitan acreditar su identidad”. Es decir, en este aspecto hay flexibilidad y las posibilidades van mucho más allá del habitual certificado de empadronamiento: documentos de identidad o pasaportes -en vigor o caducados-, facturas de la luz, partes médicos, diplomas de formaciones, papeles de servicios sociales o actividades municipales en las que se haya participado…

Esta regularización se puede pedir por tres motivos distintos: laboral, familiar o situación de vulnerabilidad. En función del supuesto en que se encuentra, se añaden otros requisitos más específicos. 

¿Cuáles son las exigencias en función de esos supuestos?

¿Qué es eso del informe de vulnerabilidad? ¿Dónde se puede pedir y quiénes lo deben presentar?

Es un informe nuevo, distinto a los habituales “informes de integración” de los servicios sociales, que deberá realizarse “a través de un modelo específico”, elaborado por el Ministerio de Inclusión. Se trata de un documento que acreditará la vulnerabilidad que sufren los migrantes por el hecho de vivir sin papeles: mayores dificultades para acceder a un trabajo estable, a la vivienda, etc. Además de las entidades competentes en materia de asistencia social de las comunidades autónomas, el Ejecutivo ha habilitado un registro de ONG especializadas en extranjería que también tendrán capacidad de emitirlos. 

Se trata de las entidades del Tercer Sector inscritas en el nuevo “Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería”, regulado mediante una orden interna el pasado 2 de marzo, de la que el Gobierno dará más información en las próximas horas. 

¿Cómo acredito que no tengo antecedentes penales?

Las autoridades de mi país suelen tardar muchísimo en enviar este tipo de certificados de antecedentes y temo que no me llegue a tiempo. Si he pedido el certificado a las autoridades de mi país, no me responden y se acerca la finalización del plazo de la regularización. ¿Qué puedo hacer?

La norma abre una vía excepcional para dar un poco más de margen a estos casos, porque es muy habitual que las autoridades de determinados países tarden meses en enviar este tipo de documentos. 

Si acredita que ha pedido el certificado y ha transcurrido un mes sin recibir respuesta, puede solicitar que el Gobierno español intente recabarlo por vía diplomática. Para activar esta vía, debes adjuntar a tu solicitud de residencia el justificante de haber solicitado el certificado a las autoridades de tu país, una declaración responsable (en un modelo específico) donde manifieste formalmente que ha pasado un mes y aún no ha recibido respuesta; y, por último, una autorización para que las autoridades españolas puedan pedir sus antecedentes en su nombre. Este documento tiene que presentarse en español y también en el idioma del país que deba emitir el certificado.

Tras ello, el trámite quedará suspendido por un “plazo máximo de tres meses”, mientras España intenta conseguir dicha información por la vía diplomática. Pero si transcurren esos tres meses y el Gobierno español tampoco consigue por su cuenta el certificado, se le notificará y, como última oportunidad, se exigirá al solicitante que aporte el certificado oficial en un último plazo de 15 días. Si no se entrega entonces, la solicitud de regularización será suspendida aunque no sea su responsabilidad, sino de la inoperancia de la administración correspondiente. 

¿Cómo puede pedir la regularización en mi nombre otra persona?

Es posible autorizar a una tercera persona o profesional para que presente la solicitud telemática en su nombre. Esto incluye, además de los abogados, a las ONG inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, las cuales están legitimadas para la presentación electrónica de trámites, lo que supone una vía segura, especialmente para personas vulnerables que pueden ser objeto de abusos. 

Por lo tanto, no necesita hacerlo usted mismo desde un ordenador si carece de firma electrónica. Bastará con reunir la documentación obligatoria rellenando el modelo específico (que estará disponible en las webs de los ministerios implicados) y acudir presencialmente a una de estas oficinas públicas u organizaciones colaboradoras, donde se encargarán de realizar el envío telemático por usted. 

Veo algún anuncio de abogados de extranjería que urgen a pagar mucho dinero y meten miedo diciendo que es imprescindible hacer el trámite a través de un profesional. ¿Es normal?

Ojo. Solicitar los servicios de un abogado colegiado a cambio de dinero siempre es una opción si se quiere reducir tiempo o se trata de casos muy complejos, pero no es imprescindible. Este proceso de regularización cuenta con distintas posibilidades para presentar la solicitud sin desembolsar grandes cantidades de dinero, sea a través de las oficinas públicas o con el apoyo de las ONG habilitadas para este fin. El Movimiento Regularización Ya está realizando también distintas charlas o talleres para informar sobre los trámites a seguir. 

En todo caso, si alguien le dice que pagar un servicio jurídico es un requisito fundamental para presentar su regularización, huya. Le está engañando. 

¿Qué pasa con los hijos menores que están acompañados por sus familias?

Los padres, madres o tutores que soliciten la regularización extraordinaria deberán presentar “de forma simultánea” la solicitud de autorización de residencia para sus hijos menores, o mayores con discapacidad que requieran apoyo, que se encuentren en España. Ambas solicitudes se resolverán al mismo tiempo y, en caso de obtener una respuesta positiva, los niños y adolescentes obtendrán un permiso de cinco años de duración, en vez de la autorización de un año recibida por los adultos. 

Estos casos se resolverán a través de la vía general de menores acompañados, pero flexibilizando mucho sus requisitos. Para los menores nacidos en España, se exime de la exigencia de presentar esta petición a los seis meses posteriores a su nacimiento. Para los nacidos en el extranjero, solo se pide acreditar por cualquier medio que el menor “ha permanecido en España de forma ininterrumpida” durante los cinco meses anteriores al momento de presentar la solicitud (se evita así demostrar los habituales dos años de permanencia previa, así como de disponer de los medios económicos y del alojamiento adecuado que habitualmente se exigen para la reagrupación familiar).

¿Qué tipo de permiso concede la regularización extraordinaria?

La autorización inicial es temporal y tiene una vigencia de un año. Este permiso permitirá residir y trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, en cualquier parte del territorio español y en cualquier ocupación o sector. 

¿Qué pasará cuando pase el año? ¿Se puede prorrogar?

Sí, se podrá modificar la autorización extraordinaria a un permiso por la vía ordinaria, si se cumplen con los requisitos, que incluye encontrarse trabajando en España o haberlo hecho durante un tiempo determinado. 

Si no se cumple con este requisito, el permiso podrá ser prorrogado por año extra por la vía extraordinaria siempre que el solicitante esté en búsqueda activa de empleo e inscrito en el servicio público de empleo, o haya aportado un “informe favorable de esfuerzo de integración” emitido por la comunidad autónoma que corresponda.  

Creo que tengo todo preparado… ¿pero qué pasa si falta algún papel y no me he dado cuenta?

Si presenta la solicitud y falta alguna documentación o está incompleta, la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería le enviará un requerimiento formal para que subsane los problemas detectados, según la norma. Se le indicará qué es lo que falta y se le dará un plazo específico para añadirlo, que no podrá ser superior a 15 días. Si sobrepasado el tiempo establecido no envía la documentación solicitada, la petición quedará archivada. 

Si ya están saturadas las oficinas de extranjería y es tan difícil conseguir cita, ¿cómo se va a poder gestionar este pico de peticiones?

Las solicitudes de la regularización extraordinaria irán por otro canal, aseguran fuentes de Migraciones. No dependerán de las oficinas de extranjería (dependiente del Ministerio de Política Territorial con implicación de Interior) sino por la Unidad de Tramitación de Extranjería (responsabilidad de Migraciones). Según fuentes ministeriales, habrá un refuerzo de 550 empleados de personal de tramitación y atención, Habrá unas 450 oficinas habilitadas en todo el territorio y más de “150 entidades colaboradoras y profesionales habilitados”.

Llevaban más de un lustro esperando, negociando, gritando en las calles un lema que en ocasiones llegó a tornarse imposible: “¡Regularización Ya!”, entonaban los colectivos integrantes del movimiento que recopiló más de 700.000 firmas para impulsar la iniciativa legislativa popular. Un acuerdo de Podemos con el Gobierno ha permitido evitar la vía parlamentaria tras su bloqueo en el Congreso, por lo que este martes el Consejo de Ministros inicia los primeros trámites para aprobar por vía de urgencia en unos meses una regularización extraordinaria que pretende reconocer los derechos a cerca de medio millón de personas que ya viven en España,.

Estos son los detalles del borrador de la normativa conocido hasta ahora. Sin embargo, el real decreto aún no ha sido aprobado y los requisitos podrían variar.

¿Qué personas podrán acogerse a ella?

Todas las personas extranjeras que demuestren haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y haber vivido un mínimo de cinco meses en el país de forma continuada antes de registrar la solicitud. También pueden acogerse los solicitantes de asilo que hubiesen registrado su petición hasta esa misma fecha.

¿Cómo podrán probar esa residencia continuada en el país?

Podrán probarlo con “cualquier documento público, privado o una mezcla de ambos”, confirma el Ministerio de Migraciones. Es decir, más allá del empadronamiento, los migrantes también pueden demostrarlo con otro tipo de documentos que evidencien una vida continuada en el país, como facturas de la luz, informes médicos, resguardos de servicios municipales, etc. 

El acuerdo entre el Gobierno y Podemos tiene, por tanto, alcance amplio, como solicitaba desde su inicio el movimiento Regularización Ya. De solo haber permitido como prueba el empadronamiento, mucha gente podría haberse quedado atrás debido a las trabas con las que se encuentran las personas sin papeles para registrarse en el padrón. 

¿Qué tipo de permiso concederá?

La autorización será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector, confirman fuentes oficiales de Migraciones. La autorización inicial será temporal, con una vigencia de un año. Superado ese plazo, los migrantes regularizados por esta vía podrán solicitar uno de los permisos ordinarios regulados en el actual reglamento de extranjería.

¿Y qué pasa con los hijos menores de las familias que lo soliciten?

La solicitud de las familias que cumplan los requisitos conlleva “la regularización simultánea de hijos e hijas menores” que ya se encuentran en España. Y, en este caso, su vigencia será de 5 años en vez del año de duración en el caso de los adultos.

¿Cuáles son los plazos?

Este martes el Consejo de Ministros no aprueba la regularización, sino el inicio de la tramitación de la reforma del reglamento de extranjería que la permitirá. Por ello, su aplicación no será automática. El Gobierno prevé los siguientes plazos:

¿Cuántas personas podrán conseguir los papeles con esta regularización extraordinaria? 

El Gobierno calcula que esta medida podrá dar la autorización a alrededor de medio millón de personas, citando los cálculos de los movimientos sociales. Se trata solo de una estimación. Debido a la situación clandestina de los potenciales beneficiados, no existen datos oficiales sobre el número de personas en situación irregular que cumplan con los requisitos de la medida. Un reciente informe de Funcas, think thank de estudios económicos y sociales, estima que en enero de 2025 vivían en España unas 850.000 personas sin papeles. No obstante, los expertos calculan que una parte importante de esa cifra se habría regularizado a lo largo del año pasado, debido a la entrada en vigor de una reforma del reglamento de extranjería que rebajaba los requisitos para obtener un permiso de residencia por arraigo.

¿De qué países procederán quienes opten a esta regularización extraordinaria?

Pueden acogerse personas de cualquier nacionalidad. Atendiendo a los datos sobre las principales nacionalidades en las llegadas de población extranjera de los últimos dos años, todo apunta a qué la mayoría de beneficiados procederán de Latinoamérica. Las personas latinoamericanas están detrás del incremento de la población extranjera no comunitaria de los últimos ocho años, especialmente desde 2022. Según Funcas, suponen el 91% de la población extranjera en situación irregular en 2025.

¿Cúando y cómo surgió la movilización popular para conseguir una regularización extraordinaria?

El germen inicial de la iniciativa para una regularización extraordinaria “sin condiciones” se remonta a 2020 cuando, en plena pandemia, se evidenció la vulnerabilidad extra que sufrían las personas en situación irregularidad durante el confinamiento, pese a que parte de ellos trabajaban de manera irregular en sectores considerados esenciales, como la agricultura o los cuidados. El movimiento Regularización Ya, conformado por un centenar de distintos colectivos y liderado por activistas racializados, tomó fuerza hasta materializar su petición en una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas.

¿Por qué ha tardado tanto?

Tras su registro en el Congreso en 2020, el avance de la ILP ha pasado por altibajos. Su toma consideración fue apoyada por una amplia mayoría parlamentaria (310 votos a favor y solo los 33 en contra de Vox), pero su tramitación quedó bloqueada durante más de un año ante la falta de acuerdo en los requisitos que debían exigirse. Finalmente, un acuerdo con Podemos, formación que ha mantenido contacto directo con los colectivos impulsaros, ha acabado por sacar adelante la iniciativa con el espíritu amplio y que caracterizó siempre la campaña.

El principal problema para sacar adelante esta ley en el Congreso residía en las posiciones enfrentadas dentro del bloque de investidura, con Junts por un lado y los socios de izquierda por otro, tal y como se pudo comprobar en las enmiendas registradas por los grupos. En resumen, se plantearon tres bloques de enmiendas. Las del PP y el PNV, que buscan asociar la autorización de residencia con un contrato de trabajo o algún tipo de actividad económica. Las de Junts, que condiciona cualquier negociación al traspaso de competencias a Catalunya. Y las de las fuerzas de izquierda, pactadas con el movimiento Regularización YA, con la idea de que la ley abarcase el máximo tiempo posible, atado a la futura fecha de entrada en vigor del texto. Informa Alberto Ortiz.

Ahora, con la vía pactada entre Podemos y el Gobierno, saldrá adelante sin necesidad de pasar por el Congreso, con lo que la regularización entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado.

¿Cuál era la posición del Gobierno sobre la regularización extraordinaria hasta ahora?

Desde que se empezó a plantear la iniciativa, el ala socialista del Gobierno no había mostrado su apoyo directo a una regularización extraordinaria sin apenas condiciones hasta mediados del año pasado. Desde el Ministerio de Inclusión, tanto en la etapa de José Luis Escrivá como en la actual legislatura con Elma Saiz al frente, apelaban a la anterior reforma del reglamento de la Ley de Extranjería como la vía idónea para flexibilizar de forma “estable” el acceso de los extranjeros a los permisos de residencia. Sin embargo, dicha reforma tuvo como efecto algunas lagunas que afectaban especialmente a los solicitantes de asilo que recibiesen una respuesta negativa a su petición.

En primavera de 2025, La Moncloa empezó a ver con buenos ojos la regularización por circunstancias excepcionales.

Cuántas regularizaciones extraordinarias se han hecho hasta ahora? 

No es la primera vez que se realizan regularizaciones extraordinarias de estas características. Dos de ellas fueron impulsadas por el Partido Popular (2000 y 2001) y cuatro por el Partido Socialista (1986, 1991, 1996 y 2005). A nivel de la UE se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021, defienden desde el Ministerio de Migraciones.

El PP ha dicho que esta regularización puede colapsar los servicios sociales. ¿Es así?

No. Las personas que podrán ser regularizadas ya se encuentran, viven e incluso trabajan de forma clandestina desde hace más de cinco meses. Por tanto, esos migrantes ya están aquí, ya podían usar los servicios municipales y la sanidad. Ya consumían productos y pagaban impuestos por ello, pero la falta de documentación les impide cotizar. La medida podrá meter en el sistema a alrededor de 500.000 personas, según los cálculos de los movimientos sociales, lo que tendrá un aporte directo en la economía.

También hablan de un efecto llamada. ¿Tiene sentido?

No, porque las personas que llegasen a partir de ahora no cumplen los requisitos y no podrían regularizarse. Los expertos aseguran que no hay evidencia de que estas medidas provocasen un “efecto llamada” tras los anteriores procesos de regularización. Según aseguran, las condiciones y el contexto económico suelen ser más determinantes. Por ejemplo, tras la regularización de 2005, el número de nuevos cotizantes extranjeros se mantuvo estable los primeros años tras la regularización de 2005, cayó a negativo durante la gran recesión y se recuperó a partir de 2014 hasta la pandemia.