Presentar una solicitud de regularización puede marcar un antes y un después en la vida de una persona. Supone abrir la puerta a una mayor estabilidad, al acceso al empleo con derechos y a la posibilidad de avanzar en un proyecto de vida con más seguridad. Sin embargo, entregar la documentación no significa que el procedimiento haya terminado. A partir de ese momento comienza una nueva etapa en la que aparecen notificaciones, plazos, requerimientos y trámites administrativos que no siempre son fáciles de atender.

Durante los últimos meses, las asociaciones y delegaciones de Sur Acoge han acompañado a 21.668 personas en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla. En conjunto, estas atenciones representan aproximadamente el 10,8% de las solicitudes registradas en los territorios en los que está presente la federación.

Más allá de las cifras, la experiencia de estas atenciones ha puesto de manifiesto una necesidad clara: disponer de información sencilla y accesible también después de haber presentado la documentación: ¿cómo puedo consultar mi expediente?, ¿qué significa que esté admitido a trámite?, ¿puedo trabajar?, ¿qué debo hacer si recibo un requerimiento?, ¿cuándo llegará la resolución? o ¿cómo solicito la Tarjeta de Identidad de Extranjero?

Una guía para saber qué viene después

Para responder a las dudas más frecuentes se ha elaborado la guía “Has presentado tus papeles, ¿y ahora qué?”, un recurso práctico que explica las principales fases posteriores a la presentación de la solicitud.

La guía recoge información sobre el seguimiento del expediente, los requerimientos, la resolución y los trámites que pueden ser necesarios más adelante, como la obtención del Número de la Seguridad Social, la tarjeta sanitaria, el certificado digital o la TIE. También ofrece algunas orientaciones para preparar la futura renovación o prórroga.

No pretende sustituir la atención especializada, sino ayudar a reconocer los principales pasos, comprender mejor las comunicaciones administrativas y tener presentes los plazos más importantes.

Una notificación que no se consulta a tiempo, un requerimiento que no se responde correctamente o una documentación incompleta pueden dificultar el procedimiento. Por eso, disponer de información clara también es una forma de acompañar y favorecer que las personas puedan realizar sus trámites con mayor seguridad y autonomía.

La regularización no es únicamente un procedimiento administrativo. Es también reconocimiento, dignidad y ciudadanía.

Una ligera capa de polvo cubre la camiseta de Guillermo. Acaba de terminar su quinto día en la obra donde ha empezado a trabajar y sonríe al señalar la prenda azul marino: “Ya me han dado el uniforme”. Se sorprende porque, meses atrás, su anterior jefe le había descontado un día de sueldo a cambio de entregarle un lote de ropa de trabajo. Con toda la tarde por delante, camina en busca de una cafetería en pleno centro de Madrid. Hace muy poco, sin papeles y sin contrato, podía trabajar unas once horas al día por 800 euros al mes, sin seguro médico, en uno de los sectores con más accidentes laborales de España.

Entre una y otra vida, entre unas condiciones y otras, hay un trámite que ya ha empezado a transformar la vida de miles de ciudadanos extranjeros: la regularización extraordinaria. La admisión a trámite de la solicitud le otorgó lo que, desde su llegada, le pedía cada una de las empresas que le ofrecían un empleo como electricista de obra, dados sus 20 años de experiencia en El Salvador: un permiso de trabajo. Días después de obtenerlo y enviar su currículum por una plataforma online de búsqueda de empleo, empezó a sonar su teléfono. A la semana, Guillermo firmó su primer contrato de trabajo en España: “Hace unas semanas me arrastraba y me explotaban; ahora hasta puedo escoger”.

El salvadoreño es uno de los miles de solicitantes de la regularización que, tras meses de empleos inestables y clandestinos, ha conseguido su primer trabajo con contrato en España. En las últimas semanas también han dejado la economía sumergida Germán, hondureño, y Alessia, peruana, quienes engrosarán la listas de nuevos afiliados en el mes de julio. Según el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, la concesión de permisos de trabajo provisionales ligados a la regularización ya está empezando a tener un impacto positivo en el mercado laboral. Aunque todavía es pronto, y algunas empresas están mostrando reticencias a contratar a los solicitantes antes de la respuesta definitiva, ya se están dando de alta los primeros nuevos afiliados del proceso.

[Vídeo de Adrián Torrano]

Los datos oficiales aún no son concluyentes. Según el Ministerio de Inclusión, 159.097 personas con su petición tramitada están dadas de alta a fecha del 30 de junio en la Seguridad Social, pero matizan que la mayoría de ellas ya trabajaban de alta antes del proceso como demandantes de protección internacional. El Ejecutivo no ha dado aún la cifra de los trabajadores afiliados gracias al procedimiento extraordinario, pero el dato de nuevos cotizantes extranjeros en el mes de mayo puede dar una idea: cerca de 86.000 personas extranjeras se afiliaron por primera vez a la Seguridad Social.

“Ahora, gracias a Dios, nuestra vida está cambiando”, resume Guillermo, que llegó a España junto a su esposa Emma en noviembre del año pasado. “Quién nos iba a decir a nosotros que, cinco meses después de llegar, iba a salir una regularización extraordinaria”, reflexiona Guillermo. Sabe que, de no haber sido aprobada la medida, la familia no podría haber optado a un permiso de residencia hasta pasar como mínimo dos años sin papeles en el país, asumiendo cualquier empleo precario para sobrevivir.

Más que un trabajo: los cambios

El 18 de junio, recibió el justificante de admisión a trámite de su petición de regularización, lo que conlleva un permiso provisional de residencia y trabajo. El 19, tras preguntar en varias oficinas, él y su mujer consiguieron por sus propios medios sus números de la Seguridad Social, sin esperar a recibirlos por correo postal. Una semana después firmó su primer contrato en España. El 1 de julio ya estaba dado de alta en el trabajo. “Soy electricista profesional, pero antes tenía que quedarme con trabajos donde no tenía derechos y no podía escoger. Ahora, me han salido muchas ofertas de trabajo y hasta soy yo el que escoge la mejor. Ahora ya siento que tengo los mismos derechos que otra persona gracias a la regularización”, resume el salvadoreño.

El electricista relata algunas de las condiciones que han mejorado. “Ahora la admisión me ha dado el permiso de trabajo. Me ha ayudado porque me han dado un contrato indefinido de 40 horas”, explica Guillermo, quien recalca los beneficios de abandonar la economía sumergida. “Eso me ayuda porque ahora tengo Seguridad Social, antes no la tenía. Si me pasaba un accidente, lo primero que hacía el jefe era: ¡sáquenlo de la obra!”, cuenta el profesional, especialista en instalación de electricidad de alta tensión, lo que aumenta el riesgo de su empleo.

Ahora lo dice entre risas, pero Guillermo escuchó a su jefe exigir entre gritos que se llevasen a un compañero que, también en situación irregular, acababa de sufrir un impacto en la cabeza tras precipitarse desde una escalera de obra. “Sacadlo. Sacadlo de aquí y, si os preguntan, decid que se cayó en la calle”, recuerda el salvadoreño las palabras de uno de sus anteriores patrones. El electricista escuchó el berrido cuando trataba de darle los primeros auxilios al empleado accidentado. Ambos trabajaban desde hacía meses en la empresa, dedicada al sector de la construcción, pero no tenían los mismos derechos que el resto. Sin papeles, sin contrato, sin seguro sanitario por accidente laboral, obedecieron.

No les dejó pedir una ambulancia, cuenta. “Me dijo que pidiese un Uber y luego nos lo pagaba. Hasta ahora estoy esperando que me lo pague. Le envié varias veces el recibo. Nunca me dio el dinero”, dice moviendo la cabeza con indignación. “Cuántas cosas he aguantado…”.

También tiene más tiempo. “Antes trabajaba de ocho de la mañana a seis y media o siete de la noche. De lunes a sábado. Ahora no, hasta eso cambió. En horario de verano, de siete a tres de la tarde. Y, en horario normal, de ocho a cuatro, trabajando ocho horas normales”, describe. “Me da más tiempo para estar con la familia, hacer mis vueltas, estudiar…”.

Del total de solicitantes de la regularización afiliados, la mayoría cuenta con un contrato indefinido como el que ha firmado el salvadoreño. Este tipo de contrato es el que también ha confirmado la nueva vinculación laboral de Germán, otro migrante en trámite que se ha dado de alta por primera vez en la Seguridad Social gracias al permiso provisional de la regularización extraordinaria. “Me han contratado en una empresa de cocina, como técnico en mantenimiento e instalaciones”, anuncia el hondureño a elDiario.es. “Desde que me salió el documento, dos días después me contrataron. Me tuve que mover muy rápido para conseguir el número de la Seguridad Social. Fue un gran esfuerzo, pero todo salió de maravilla”, celebra el joven, que empezó a trabajar hace tres semanas.

Alessia (nombre fictio), peruana, trabajaba de forma esporádica en el sector de la limpieza. Hace unas semanas también firmó su primer contrato de trabajo, en este caso temporal, para ocupar un puesto como recepcionista en una residencia de mayores. “Me da más tranquilidad, tanto económica como emocionalmente. Es un gran avance para mí”, resume la mujer, de 26 años

El Tribunal Supremo argumentó que debe prevalecer el “interés público” de la regularización de personas migrantes para rechazar la suspensión de forma cautelar del real decreto, como pedían los gobiernos del PP de Aragón y la Comunitat Valenciana. En el auto en el que el Supremo decidió que no es necesario en este momento consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los magistrados también sostuvieron que la regularización no puede provocar efectos irreversibles porque son permisos de residencia temporales, entre otras cuestiones.

“En el real decreto impugnado subyace un interés público especialmente cualificado, no solo por perseguir un interés público notorio sino por incidir este interés público directa, íntima y cualificadamente en un sustrato humano que trasciende a la mera consideración económica”, apuntan los magistrados del Supremo en el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El Supremo también apunta que, en caso de suspender la norma de forma cautelar, afectaría a todas las personas solicitantes porque “les determinaría a seguir en la situación de irregularidad administrativa”. Y todo ello pese a que “las situaciones jurídicas creadas al amparo de la norma” no son irreversibles.

Además, los magistrados afirman que no existen evidencias claras de nulidad que justifiquen detener la normativa antes de analizar el fondo del asunto. “Resolver sobre la medida cautelar que se solicita sobre esta base supondría anticipar absolutamente el debate de fondo que se plantea en el recurso en un momento y ámbito procesalmente improcedente”, escriben.

El documento está firmado por los siete magistrados, sin votos discrepantes: Carlos Lesmes, Wenceslao Francisco Olea, Fernando Román, Jose Luis Quesada, Consuelo Uris, Concepción García Vicario y Francisco Javier Pueyo. La decisión conocida el pasado 30 de junio de valorar si se elevaba el asunto a la Justicia europea la adoptaron sólo tres de los siete citados (Lesmes, Olea y Román).

El Tribunal Supremo ha acordado finalmente que no elevará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para que se pronuncie sobre si la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez colisionaba con las normas europeas en materia de inmigración.

El Alto Tribunal explica que “no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal”. Fue el pasado 30 de junio cuando tres magistrados de sensibilidad conservadora de la Sala de lo Contencioso habían acordado en dos providencias preguntar tanto al Gobierno como a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y a distintas asociaciones si era procedente elevar esa cuestión prejudicial para que fuera el TJUE quien valorara si el real decreto del Ejecutivo chocaba con las directivas europeas.

La Sección Quinta de esa Sala recuerda que, tras revisar los recursos de la Generalitat Valenciana y la Comunidad Autónoma de Aragón -ambas presididas por el PP-, ha decidido no adoptar ninguna medida cautelar de las que proponían y que consistían en la suspensión de la ejecución de esa regularización. Los magistrados se remiten a lo que ya decidieron con anterioridad en otras resoluciones. E informan de que esta decisión ha sido adoptada sin que se haya formulado ningún voto particular discrepante.

A finales de mayo, esa misma Sala del Supremo ya rechazó la petición cautelar de la Comunidad de Madrid de suspender la regularización. Entendían los magistrados que no existen pruebas de que los servicios públicos de Madrid pudieran colapsar por la regularización extraordinaria de migrantes. Acordaba así no aceptar las medidas urgentes de paralizar el proceso ya que no había peligro de que la sanidad, la educación o la vivienda pública fueran a entrar en crisis por tener que atender a cientos de miles de personas más. “No puede afirmarse, en este momento, que haya quedado acreditado”, decía el Supremo sobre el principal argumento de la Comunidad de Madrid.

Además, recalcaba ya entonces que la regularización será reversible si es declarada nula en los tribunales. Una respuesta similar recibieron las alegaciones presentadas por Vox pero añadiendo una frase final sobre las consecuencias que tendría para todas esas personas suspender el proceso: “Con todo lo que ello entraña, humana, social y económicamente”.

La decisión del pasado 30 de junio de valorar si se elevaba el asunto al TJUE la adoptaron sólo tres magistrados: Carlos Lesmes, Wenceslao Olea y Fernando Román. Se da la circunstancia de que todos son del ala conservadora y que el último, Román, fue secretario de Estado de Justicia de 2011 a 2014 siendo ministro el 'popular' Alberto Ruiz Gallardón.

Esos tres jueces explicaban que la Unión Europea (UE) aprobó el Pacto de Migración y Asilo (PMAUE) entre abril y mayo de 2024 y que el mismo cristalizó en una serie de normas comprendidas en el Reglamento de la UE que ya están vigentes pero no son aún aplicables. Frente a esa norma europea, indicaban, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó “un proceso de regularización que, por su propia naturaleza, constituye un supuesto de regulación normativa de la obtención de permisos de residencia para extranjeros en situación irregular en España”. Advertían de que esa norma española no es un reconocimiento individualizado sino un régimen general “para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontrasen en España en situación irregular”. Esto les suscitaba la duda de si habría que preguntar a la UE sobre si colisiona con la norma europea.

La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno este 15 de abril de 2026 llegó, por fin, cuando casi se la había dejado de esperar. Al menos, ese ha sido el sentir general de las personas migrantes desregularizadas que viven en chabolas en los campos de invernaderos de Almería. Aquí la tierra fue testigo en el año 2020/2021 de la esperanza y la lucha con la que los habitantes de los poblados de chabolas se autoorganizaron y salieron a las calles de San Isidro de Níjar para pedir mejores condiciones de vida y de trabajo. “Mi vida son mis papeles” es y ha sido siempre el grito más escuchado en un lugar donde gritar alto no es nada fácil.

En ese tiempo, con motivo de la pandemia de la Covid-19, la sociedad española se hizo consciente de manera fulminante de que había trabajos y trabajadores realmente esenciales, de los que no pueden faltar porque sin ellos se desmorona todo el castillo. Curiosamente, trabajos y trabajadores esenciales con unas condiciones laborales indignas e injustas. Las trabajadoras del hogar y los cuidados lo venían peleando desde antes, pero en el 2020/2021 se sumaron a través del reclamo de la 'RegularizaciónYa' los trabajadores del campo, organizando marchas y haciendo asambleas de trabajo en algunos asentamientos clave de la provincia, como el ya derribado por el Ayuntamiento de Níjar, asentamiento de Walili y el combativo asentamiento de Atochares. Sin embargo, “la vuelta a la normalidad” volvió a dejar en segundo plano esta demanda.

Las personas migrantes trabajadoras del campo del mar de plásticos en Almería sostienen la alimentación de varios millones de personas en España y en Europa. Sin ellos no habría en nuestras cocinas ni tomates, ni pepinos, ni pimientos, ni calabacines, ni berenjenas, ni sandías, entre otras frutas y hortalizas. La temporada 2024/2025 se cerró con unas exportaciones de más de 2,5 millones de toneladas y unos ingresos que rondaron los 4 mil millones de euros, un crecimiento elevado, que se espera sea superado en esta campaña 2025/2026. Pero esa riqueza no se ve cuando hablamos de los lugares desde los que se exporta. Sin ir más lejos, El Ejido, el municipio con más tierra invernada de España, es el que menos renta media al año tiene.

Como la Ley de Extranjería en España obliga a permanecer “sin papeles” por lo menos durante dos años para, precisamente, poder obtenerlos, quienes se tienen que ganar la vida para sobrevivir aceptan estos trabajos como condición de posibilidad de su progreso vital

Todos los trabajadores que hay en los invernaderos de Almería son, sin excepción, personas migrantes. En su mayoría originarias del Norte de África, el Sahel o America Latina. Esto se debe a una confluencia de motivos, principalmente, a que se requieren trabajadores muy precarizados para poder sostener una industria terriblemente competitiva y depredadora, una industria donde se ajustan los precios en toda la cadena de producción de forma sangrante y el trabajador, última pieza de ese engranaje, asume el coste de ello en sus carnes.

Los trabajadores migrantes no precarizan ningún trabajo, como afirman los dirigentes de la ultraderecha y la extrema derecha española. Son simplemente el perfil idóneo para cubrir ese hueco necesario en la agroindustria. A diferencia de otros sectores como la hostelería o la construcción, donde también hay precariedad laboral pero se han aumentado las inspecciones laborales, en la agricultura intensiva bajo plásticos aún es habitual tener trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social, trabajadores, por tanto, que pueden estar sin permiso de trabajo, plenamente expuestos a abusos laborales, explotación laboral o incluso trata con fines de explotación laboral.

Como la Ley de Extranjería en España obliga a permanecer “sin papeles” por lo menos durante dos años para, precisamente, poder obtenerlos, quienes se tienen que ganar la vida para sobrevivir aceptan estos trabajos como condición de posibilidad de su progreso vital.

A ello se suma que como el contrato laboral es un requisito necesario para la tramitación del permiso de residencia y trabajo por la vía de los arraigos, los empresarios del campo hacen buen negocio con la desregularización sistémica que establece la Ley de Extranjería, pues venden esos contratos a los trabajadores migrantes a un alto precio (dependiendo del momento pueden rondar entre los 4000 y los 6000 euros), como también se venden los empadronamientos y otros documentos. Digamos, por tanto, que la Ley de Extranjería fomenta per se el negocio ilícito de la falsedad documental y produce también una mano de obra explotable hasta la esclavitud, muy rentable para la economía agrícola en Almería, en Huelva y en otros territorios como Murcia, Jaén o Lleida.

La saturación, en general en la tramitación, ha sido una imagen con la que desde ciertas instancias se ha tratado de desdibujar una lucha por la justicia social que ha hecho historia en nuestro país

La regularización extraordinaria está siendo un paso fundamental, por tanto, para que muchas personas en el campo puedan escapar de esa trampa estructural de las fronteras internas o fronteras burocráticas que las atrapan durante años y las someten vital y económicamente. En el informe Frontera Sur 2025, APDHA constató que en el año 2022 había un déficit de 16.300 trabajadores del campo ocultos en comparación con los datos de altas del INE, calculando por lo bajo. Hoy sabemos que al menos 32.600 personas en la provincia han solicitado regularizar su situación administrativa, de las que estamos seguros que una amplia parte serán personas trabajadoras del campo.

Llegar hasta esa cifra no ha sido una tarea fácil. Esta regularización ha tenido algunos condicionantes, como la obtención de un certificado de vulnerabilidad por parte de entidades públicas o privadas habilitadas para ello, que ha generado gran nerviosismo en los inicios del proceso. Un informe tan exento de contenido como de sentido y significado. Unos plazos de presentación muy limitado que no han llegado ni a los tres meses, dejando fuera del proceso a personas que por su especial vulnerabilidad no han tenido acceso a un abogado ni conocimiento de ninguna entidad colaboradora en la zona. La saturación, en general en la tramitación, ha sido una imagen con la que desde ciertas instancias se ha tratado de desdibujar una lucha por la justicia social que ha hecho historia en nuestro país. Una lucha de la calle, de los movimientos de personas racializadas, que constituye un hito democrático inigualable en nuestro presente contra la deriva fascista de la Europa que no sabe quién es porque no se acuerda de su historia.

El viernes acabó una etapa, o quizá comenzó. Da igual: por fuerza, cuando acaba un periodo debe comenzar otro, porque la historia no acaba nunca, mal que le pese a Fukuyama.

Lo que quiero decir es que al pactar Juanma Moreno con Vox en Andalucía, al PP moderado se le cae la venda de los ojos. Los democristianos, liberales o conservadores tradicionales que quedaran en el PP ya no pueden fingir que su partido está sumido en el “ser o no ser”. Ha decidido que será lo que le exija la ultraderecha.

Los bandazos de Feijóo se revelan ahora como cuestión de carácter, no de ideas. No hace ni un año, en su congreso nacional, el líder popular se descolgó diciendo que quería gobernar solo. Engañó un rato más.

Ya no hay dudas: se plegará a las exigencias de Vox cuando lo necesite. Si lo ha hecho el barón más moderado del PP, no cabe llamarse a engaño. Ningún politólogo riguroso puede seguir sosteniendo que hemos de permanecer atentos a cómo evolucionan las dos almas del PP. Una de esas almas ha llegado al infierno por la vía rápida. Y arde. Por eso decía que la política española inaugura una etapa inédita.

La anterior entrada de Vox en los gobiernos autonómicos se produjo por inercia: ocuparon puestos de menor relevancia y escasa dotación económica. Luego vino el freno y la rectificación. Ahora es estrategia. Por primera vez en 50 años de democracia, el PP está ensayando cómo dar de comer a una fiera sin que se los coma a ellos. Mientras, la ultraderecha ensaya su rol como partido institucional o, dicho de otro modo: cómo devora al Estado desde dentro. Saben dónde pisan. Están coordinados con la ultraderecha global, desde Milei a Trump.

La prioridad nacional está presente en el acuerdo andaluz. Se daba por supuesta. Y era el concepto que todos estábamos mirando. Pero empiezo a pensar que todo este tiempo se ha tratado de un señuelo. Al fin y al cabo, hay numerosas salvaguardas en las leyes nacionales y europeas.

A su vez, cuando todos dirigimos la vista al mismo lugar me pregunto qué queda en la penumbra. Y así he reparado en que en el flamante gobierno andaluz, Manuel Gavira será vicepresidente de Turismo, Justicia, Administración Local y…. Desregulación. La primera vez que la ultraderecha tiene ocasión de convertir la ideología en nomenclatura administrativa, ha elegido la desregulación.

En rigor, no es la primera vez. La coincidencia es absoluta en las cuatro comunidades autónomas. En Extremadura, Vox gobierna sobre los Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería, Medio Natural y… Desregulación. En Castilla y León, Vox ha obtenido las consejerías de Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural, Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte y… Desregulación. En Aragón, Vox dirige Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería y Alimentación; Medio Ambiente, Turismo y… Desregulación.

Esto es un invento, ni que decir tiene. La obsesión procede de la Argentina de Javier Milei, que inventó el Ministerio de la Desregulación y Transformación del Estado. Algunas de las medidas estrella de esa política se aprobaron en un decreto de urgencia que derogó de golpe unas 300 leyes y abrió la puerta a la privatización masiva de empresas públicas. Además, eliminó legislación de alquileres, controles de precios, regímenes de importación, limitaciones al transporte vial... Ha desregulado tanto que se sospecha que algunas medidas están fomentando la tenencia de armas y estimulando la trata de personas (bien mirado, prohibir la esclavitud no fue sino un repugnante abuso de la regulación).

La desregulación es la ideología que late también tras el DOGE, el departamento de recortes que dirigió Elon Musk cuando su estrella brillaba en la administración Trump. Entre otros hitos democráticos, burló las competencias presupuestarias del Congreso de EEUU. Su legado incluye el desmantelamiento de USAID, la agencia de cooperación internacional de EEUU. El congresista Ro Khanna estima que esa decisión condena a la muerte a millones de niños y niñas en todo el mundo.

Hay que estar muy atentos, porque chirría. La lógica más elemental nos dice que Cultura, Turismo, Agricultura, etc, son áreas. Desregulación es una política. Y el PP se la ha entregado a Vox entera en cuatro comunidades autónomas, o sea, para unos 13 millones de personas.

Desregular significa tomar decisiones sobre qué debe gestionar el Estado y qué no; qué empresas públicas se privatizan; qué protección merecen los menores (y también las mujeres, y los gays y los mayores…); quién puede poseer armas; qué mercado de alquiler queremos… Todo. Entregar desregulación equivale a dejar que Vox decida la perspectiva administrativa desde la cual se hace política. Significa entregar a Vox la motosierra. Y dejarles entrar con ella hasta la cocina.

La regularización extraordinaria se ha adentrado en una nueva fase esta semana. De los casi 1,2 millones de peticiones, la Administración ha admitido más de 609.000 y ha respondido de manera favorable a cerca de 11.000. A medida que el Ejecutivo acelere el envío de resoluciones, como se ha comprometido, y cada vez más personas reciban el sí definitivo, todas ellas tendrán que acudir a una ventanilla que es clave para finiquitar su regularización: las comisarías de extranjería, con el objetivo de obtener su tarjeta física identificativa (TIE). Un paso que, de no cambiar el actual funcionamiento del sistema, no será fácil.

El trámite de la toma de huellas en comisaría, imprescindible para que la Policía Nacional emita el documento de identidad de los extranjeros regularizados, ya está empezando a dar problemas y corre el riesgo de convertirse en el próximo cuello de botella del proceso, según han denunciado ONG y sindicatos a elDiario.es. La causa no es nueva, el problema lleva años diagnosticado y sus efectos angustian a cientos de miles de ciudadanos en cada gestión mucho antes de la regularización extraordinaria: la falta de citas para los trámites de extranjería. Desde hace más de una década, pero especialmente tras la pandemia, conseguir una cita en comisaría para realizar gestiones específicas de la población inmigrante se ha convertido en un proceso exasperante, marcado por horas de intentos fallidos para lograr un turno. Una situación de la que se aprovechan grupos organizados que tratan de hacer negocio del fallo del sistema, a través de la venta de citas, lo que a su vez agrava aún más el problema.

“El Gobierno anunció que iban a tardar 15 días en responder sobre la admisión a trámite de las solicitudes y no ha sido así. Tenemos muchos expedientes que llevan esperando respuesta desde el inicio del plazo. Cuando contesten todo ese stock, no va a haber citas suficientes en extranjería para la toma de huellas. Si nunca las hay, si ahora mismo no hay para los trámites habituales, qué pasará cuando cientos de miles de personas lo necesiten casi de golpe”, dice con preocupación Victoria Columba, una de las portavoces del movimiento Regularización YA. El Gobierno defiende que trabajan de manera coordinada para solucionar los previsibles atascos.

Maira acaba de recibir las resoluciones favorables del proceso sus dos hijas, de 7 y 14 años. Las niñas son parte de las cerca de 11.000 personas a las que el Gobierno ha dado la luz verde definitiva para la regularización, lo que se traduce en la concesión de un permiso de residencia de cinco años, más largo que el permiso otorgado a los adultos. Pero su proceso no acaba aquí. Para consolidar ese derecho, la colombiana debe acompañar a sus niñas a comisaría con el objetivo de registrar sus huellas y solicitar sus tarjetas identificativas. Y para eso necesita una cita.

“Tengo alivio porque sé que mis hijas ya están. Tienen una residencia, están completamente regulares... Pero ahora tengo otro dolor de cabeza: pensar en sacar la cita”, explica la mujer, que llegó a Madrid con su familia en febrero de 2023. “Recibí la resolución y de una vez empecé a mirar si podía sacar citas. Y no. Es que no hay citas por ningún lado”, lamenta la colombiana.

La arbitrariedad del sistema para acceder a una cita de manera electrónica, la falta de recursos suficientes en las comisarías y la venta ilegal de turnos obliga a miles de inmigrantes a pasar días delante del ordenador en su intento de encontrar un hueco disponible. Muchos dedican horas durante la madrugada, porque el boca a boca dice que es uno de los momentos donde la Policía vuelca nuevos turnos en la plataforma. Se trata de un problema que, pese a las constantes denuncias y la publicación de numerosas informaciones al respecto, ni el Ministerio del Interior y ni las Delegaciones del Gobierno han atendido lo suficiente.

A su vez, la situación ha generado un nicho de mercado entre particulares, locutorios, abogados y gestorías que ofrecen citas a través de plataformas como Wallapop, Mil Anuncios o Facebook. Los precios oscilan entre los 30 y los 200 euros, dependiendo del servicio y del tipo de anunciante. Los grupos organizados suelen utilizar bots para comprar los turnos de manera masiva, que luego venden de manera ilegal por Internet, lo que obstaculiza aún más el acceso a una cita sin pagar a cambio.

Y este es el panorama que se encontrarán, de no tomar medidas suficientes, los cientos de miles de personas que se prevé que recibirán una resolución favorable de la regularización en los próximos meses o incluso semanas, en función del ritmo de respuesta, que el Gobierno defiende que se incrementará tras el cierre del plazo. El movimiento impulsor del proceso, Regularización YA, advierte de que el avance del proceso aumentará la demanda de estos “servicios” irregulares de venta de citas.

La maratón de pedir una cita

La inquietud de Maira viene de su propia experiencia: ella ya atravesó la carrera de obstáculos necesaria hasta plasmar sus huellas en comisaría. La colombiana obtuvo un permiso por arraigo por la vía habitual el pasado mes de marzo y, después de sentarse frente al ordenador cada día durante distintas horas para tratar de encontrar un hueco disponible en toda la Comunidad de Madrid, logró un turno disponible. Describe con detalle el momento en que lo logró: era un lunes a las siete de la mañana. Hizo la gestión casi automática, como cada día, pero esa vez aparecía un hueco disponible. “Ingresé y había una cita para el 14 de julio, meses después. Me tocó lejísimos, en Coslada, pero hay que agarrar lo que sea. Normalmente, solo tenemos 5 o 7 minutos para rellenar todos los datos que pide y tomar la cita porque, si no, se la asignan a otro”, detalla la colombiana para describir el complejo proceso. “Y todo esto fue entrando a todas horas, todos los días. Revisar y encontrar siempre el mismo mensaje de 'No hay citas disponibles'.

A diez días para finiquitar su propio proceso, Maira arranca una nueva maratón para conseguir culminar el de sus hijas. “Tenemos miedo de que ahora nos pase lo mismo. Deseamos que las resoluciones que lleguen de ahora en adelante, ojalá lo puedan aprobar, lleguen de una vez, directamente con una cita para huellas, porque es muy complicado”, añade.

Ante la previsible escasez de citas y las trabas denunciadas por las ONG, la secretaria de Estado Migraciones, Pilar Cancela, ha defendido que el Ministerio de Inclusión —responsable del procedimiento de regularización— está trabajando en coordinación con el de Interior —competente en la emisión de las tarjetas identificativas— para “garantizar que las personas accedan a la siguiente fase del procedimiento”. Desde los equipos de la cartera dirigida por Elma Saiz reconocen el problema histórico en relación con las citas de extranjería y confían en que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska tome las medidas necesarias para acelerar la emisión de documentos que exige el pico de demanda ligado a la regularización.

Primeras medidas de Interior

El día posterior al cierre del plazo para acogerse a la regularización, Interior dio un primer paso para flexibilizar los requisitos exigidos para la obtención de la tarjeta identificativa del extranjero en el caso de los beneficiarios de la regularización. Además de la falta de citas, otro de los asuntos que inquietaban a los solicitantes y las ONG que les acompañan era la obligación de presentar el certificado de empadronamiento y un pasaporte en vigor. Estas condiciones de la Policía Nacional chocaban con uno de los aspectos que caracterizaron al procedimiento extraordinario: la relajación de los trámites que normalmente se piden en estos procesos y que suelen ser un obstáculo para muchas personas migrantes irregulares. Algunas de estas era, precisamente, el empadronamiento, debido a las trabas con las que se chocan para registrarse en el padrón; o la exigencia de presentar un documento en vigor, ante la dificultad para renovar sus pasaportes para los nacionales de determinados países.

Tras meses de peticiones por parte del Movimiento Regularización Ya y otras organizaciones, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó este miércoles una instrucción que fija los criterios necesarios para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) a los beneficiarios de la regularización. En teoría, la orden interna flexibiliza los requisitos más problemáticos.

Según fuentes de Interior, las personas acogidas a la regularización “deberán acreditar su identidad mediante la presentación del pasaporte en vigor”, pero en caso de carecer de él “también se podrá aportar un pasaporte caducado, siempre que se acompañe de documentación acreditativa de la solicitud de renovación, como justificantes de cita consular, correos del consulado o resguardos de solicitud”. Este medio ha pedido al Ministerio el texto literal de la instrucción, para confirmar el margen de interpretación de la directriz -pues es habitual que cada comisaría de extranjería funcione de forma distinta en función de la provincia o en función de cada agente de turno-, pero la respuesta ha sido negativa al tratarse de un documento interno.

Para quienes obtengan la respuesta favorable en el procedimiento extraordinario, la Policía Nacional tampoco exigirá el empadronamiento en todos los casos, aunque sí en algunos. “El domicilio que figurará en la TIE será el aportado por la persona extranjera en el momento de la solicitud de regularización, el mismo que consta en la autorización de residencia”, explican las mismas fuentes. “Solo en el caso de que en el impreso de solicitud de la TIE se consigne un domicilio diferente, este será recabado electrónicamente por la Administración o se corroborará mediante la aportación del certificado o volante de empadronamiento del ayuntamiento, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la tramitación de la TIE”, añaden desde Interior sobre el contenido de la instrucción interna.

El “plan de choque” de Policía Nacional

La Dirección General de la Policía Nacional activó lo que describen como un “plan de choque” para responder al incremento a la demanda de trámites ligados a la regularización. Sin embargo, ese incremento de la necesidad de citas de extranjería en los próximos meses se produce en un momento en que los problemas para conseguir un turno ya son habituales y exasperan a los inmigrantes que gestionan sus papeles por la vía ordinaria.

El plan consiste en pagar más cada hora extra a los agentes que se ofrezcan voluntarios para atender los trámites ligados a la regularización, según un documento de la Policía de la Subdirección General de Logística e Innovación de la Policía Nacional al que ha accedido Europa Press. “El objetivo del plan es dar respuesta al incremento de la demanda asumida en las Unidades de Documentación como consecuencia del proceso extraordinario de regularización”, indica el escrito. En este sentido, los policías obtendrán 25 euros por cada hora extra “que se vean afectadas por la sobrecarga administrativa derivable del proceso en cualquiera de sus puestos de expedición, tanto de Tarjetas de Identidad de Extranjero, como DNI o Pasaporte”.

El sindicato policial CEP ha criticado que no se hayan reforzado las plantillas, que únicamente se haya optado por pagar horas extra. “Empieza la fase que más tiempo va a prolongarse y la que mayor esfuerzo va a exigir a la Policía Nacional”, indica un comunicado.

Maira obtuvo su permiso de residencia por arraigo en marzo de este año, pero aún no ha logrado tener en sus manos la tarjeta identificativa ante el bloqueo de citas en comisarías de extranjería. Aunque su permiso es válido sin este documento, la falta de un documento válido obstaculiza la inclusión de los inmigrantes. Por ejemplo, aunque es posible, algunas empresas rechazan a quienes no cuentan con él. La falta de esta tarjeta complica la apertura de una cuenta bancaria, la petición de becas de estudios o la emisión de certificados oficiales de formaciones profesionales, etc. “No tiene sentido que nos aprueben una residencia y lograr una cita para huellas casi cuando vamos a tener que renovar el permiso”, resume.

Les alarmes de Mohamed Alami Battahi van començar a sonar amb molta força el matí de primavera en què va veure que la cua de l'oficina d'atenció ciutadana arribava fins a la porta del seu despatx. Dos-cents metres plens d'històries que li resultaven massa familiars per romandre indiferent. Pere Garau bullia. En un dels barris més multiètnics de Palma, gairebé qualsevol podia sentir-se interpel·lat per la regularització que acabava de decretar el Govern d'Espanya.

Aquest procés extraordinari ha concentrat en tot just dos mesos la feina que l'advocat Alami pensava desenvolupar al llarg, potser, del seu primer any com a professional liberal. Va obrir el despatx al gener i el tsunami va arribar a finals d'abril. Diverses desenes de les 15.000 sol·licituds de residència que s'han tramitat a les Illes Balears han passat per les mans d'aquest jove mallorquí –de la quinta del 99– amb avis a la medina imperial de Fes. Prefereix no revelar les seves tarifes, però reconeix que són més econòmiques que les d'altres gestories. El tema li toca molt de prop. Quan tenia cinc anys, el seu pare va ser contractat per donar forma als interiors d'una mansió que s'estava construint a Artà. Un cop acabada la feina, aquell mestre d'obres va decidir quedar-se en aquest poble del nord-est de l'illa i reagrupar-hi la família. En Simo –el diminutiu amb què el coneixen a casa– va aterrar a l'aeroport de Son Sant Joan amb l'edat justa per començar l'escola. A l'escola pública Na Caragol va aprendre a parlar català, la mateixa llengua en què confessa:

–A més d'advocat, al cap i a la fi, jo també som un immigrant. Mai no he sentit què és estar en situació irregular, però he conegut gent que, uf, tenia por de sortir al carrer. A Son Gotleu, cada dos per tres, hi havia batudes per demanar la documentació. Estàs prenent un cafè després de nou hores a l'obra i et demanen el carnet perquè només per la teva cara saben si ets regular o irregular. Ara s'han calmat una mica, però fa uns anys era horrible...

Estàs prenent un cafè després de nou hores a l'obra i et demanen el carnet perquè només per la teva cara saben si ets regular o irregular. Ara s'han calmat una mica, però fa uns anys era horrible

Mohamed Alami Battahi — Advocat

El cartell de ‘tancat’

És dimarts, 30 de juny de 2026. Passades les onze del matí, a l'advocat Alami li costa acabar les frases. Encara que el despatx sigui tancat, cada dos, tres o cinc minuts com a màxim apareix algú amb ganes d'obrir-lo. Normalment, hòmens magribins de mitjana edat. L'advocat treu la clau i, amb la porta mig oberta, xiuxiueja una excusa. Una excusa que no admet rèplica: l'“avui ja no fem feina” va rematat amb un “yallah”, un “vamos” i un “d'accord”. Àrab, castellà i francès perquè no hi hagi cap dubte que la sort de la regularització ja està tirada.

La majoria són clients que esperen amb ànsia una resposta. Amb la documentació en mans de l'Administració, ara a l'advocat Alami li toca esperar i descansar. Més d'una vegada li han tocat les quatre de la matinada davant l'ordinador mentre intentava certificar que les proves que li havien lliurat els seus clients eren verídiques. Tanmateix, ahir vespre va caure rendit abans que el Marroc esclafàs els Països Baixos als setzens de final del Mundial de futbol: “Després me'l posaré a la televisió del despatx... si em deixen”. Alami deixa el comandament a distància amb què remenava els menús buscant el partit en diferit, fa una ganyota i camina cap a la porta. Algú el torna a reclamar. Deixant anar una riallada, diu:

–Fatouch, i si comprem un cartell que hi posi tancat?

Més marroquins que alemanys

A Mallorca hi viuen més marroquins que alemanys. Molts es van establir a Manacor. En aquest poble gran –o ciutat petita– ja hi ha una segona –i una tercera– generació d'una comunitat molt més complexa i diversa del que sembla. Hi ha àrabs i amazics. Alguns tenen, fins i tot, gotes de sang gnawa (subsahariana) o jueva (dels sefardites que es van refugiar al nord d'Àfrica després de l'expulsió dels Reis Catòlics) a les venes.

Tots, tanmateix, són fills i nets d'una mateixa diàspora. Fatouch El Abdaoui n'és una. Aquesta dona va néixer fa vint anys a l'hospital públic que atén els mallorquins que viuen a la comarca de Llevant (i els turistes que la visiten). Després vendrien, sense sortir de casa, l'escola, l'institut i un grau superior d'Administració i Finances que ha acabat. El 16 de juny es va graduar i l'endemà mateix ja recorria els tres quarts d'hora de carretera que separen Manacor de Palma per convertir-se en l'ajudant de l'advocat Alami. A la recta final de la regularització, va aprendre de pressa com s’havia d’afrontar cada cas:

–El més important és empatitzar amb la persona que ve al despatx. Aquí hem rebut gent molt desesperada, que arriba molt trista i, és clar, molt angoixada. Per això preferim dir-los la veritat, encara que els sàpiga greu. Si no són capaços de reunir totes les proves que exigeix el procés, difícilment els donaran la documentació. Però jo els entenc; encara que jo tampoc no les pogués reunir, davant una oportunitat així m'hi llançaria de cap i resaria perquè me'ls concedissin.

Fatouch descriu amb molta eloqüència –i força gràcia– el sentiment de qui no és ni d'aquí ni d'allà. Té cosines a França, a Bèlgica, als Països Baixos i a Alemanya. Les reunions familiars, al voltant d'uns tajins ben carregats de carn, peix o verdures, són una autèntica torre de Babel. En un racó es parla en francès; en un altre, en alemany. Entremig s'hi cola el castellà. I, si hi ha dubtes, sempre tenen la dàrija, l'àrab que es parla al Marroc.

–És la llengua que fem servir al despatx perquè en Simo parla l'àrab de Fes, que a noltros ens sona molt fi, i el meu, en canvi, a ell li sembla molt dur, molt aspre. Amb la meva família encara podria ser més divertit –riu na Fatouch–, perquè venim d'un llogaret envoltat de pobles on es parla rifeny; per això també l'entenem, tot i que no el parlem.

El llinatge El Abdaoui prové de la província de Driouch, prop de Nador. Una zona castigada per les guerres colonials contra espanyols i francesos fa un segle, i per la marginació i la repressió de la monarquia alauita en èpoques més recents. L'esperit rebel i independentista dels germans Abd el-Krim no s'ha extingit del tot al Rif, una terra on el futur és difícil.

–Per què hi ha tants rifenys a l'estranger? –es demana na Fatouch–. Allà, encara que estudiïs una carrera, depens de la sort, i és difícil tenir-ne. Aquí, si t'hi esforces, te'n surts. En la nostra generació, la mentalitat de les dones ja no és casar-me i, en deu anys, tenir set fills que caldrà mantenir. Gairebé totes les dones de la meva família han estudiat una carrera: Dret, Periodisme, Història de l'Art... Potser per això, al Marroc em sento europea i, a Europa, marroquina.

Per què hi ha tants rifenys a l'estranger? Allà, encara que estudiïs una carrera, depens de la sort, i és difícil tenir-ne. Aquí, si t'hi esforces, te'n surts. En la nostra generació, la mentalitat de les dones ja no és "em cas i, en deu anys, tenc set fills que hauré de mantenir". Gairebé totes les dones de la meva família han estudiat una carrera: Dret, Periodisme, Història de l'Art... Potser per això, al Marroc em sento europea i, a Europa, marroquina

Fatouch El Abdaoui — Ajudant de l'advocat

Química entre l'Amèrica Llatina i el Magrib

Un “amic veneçolà” va parlar a na Giselle Lor del despatx de l'advocat Alami. Com que aquesta dona equatoriana vivia “a tres illes de cases”, va aconseguir una cita i hi va anar per explicar la seva situació. Feia un any i mig que estava empadronada a Palma, on ja vivia una germana seva; tenia una filla i un fill escolaritzats, i volia regularitzar la seva situació legal per poder signar un contracte de feina en condicions. I hi va haver química. “N'estic molt contenta. Hi vaig veure professionalitat, no interès econòmic. No em va demanar diners per avançat ni res; ‘quan ja tenguis la documentació presentada, ja em pagaràs’”, em va dir. “Tenc molts clients equatorians i colombians: és molt fàcil treballar amb ells. Solen ser persones tranquil·les i confien molt en tu. Tot depèn de com sigui de fàcil demostrar que ja vivien aquí abans de l'1 de gener i d'aconseguir certificats d'antecedents penals que siguin vàlids. Amb ella ha estat senzill”, li respon ell.

Ara, na Giselle és una de les 360.000 persones –una mica més d'una quarta part del total de sol·licitants– que ja saben que la seva sol·licitud està en tramitació. Encara que no sigui una victòria definitiva, la seva vida ha fet un tomb de cent vuitanta graus.

–Llavors, ja has començat a fer feina? –li demana l'advocat Alami.

–Estic fent un curs d'ungles i, mentre el faig, treballo a l'hostaleria. Just fa vuit dies que faig net un hotel de cinc estrelles.

–Saps que jo vaig començar fent de grum? Mentre estudiava Dret a la Universitat de les Illes Balears, treballava els estius en un agroturisme.

–Jo començ des de baix i, en el futur, vull ser governanta, però primer he de ser exemplar. Entendre com s'ha de fer bé la feina, quins productes de neteja he d'utilitzar en cada cas i com s'han de deixar les habitacions.

–Has parlat amb la teva família de l'Equador per dir-los que han admès a tràmit la sol·licitud?

–La meva mare estava molt contenta, tot i que sap que encara hem d'esperar la resolució definitiva. Tan aviat com la tingui, esper poder viatjar. Per això mateix vaig buscar feina als hotels. Quan s'acaba l'estiu et donen uns dies de vacances i també la liquidació, perquè puguis mantenir-te.

–I els teus fills, com porten això de ser mallorquins?

–Com que em tenen a mi aquí i també la seva tia, no ho troben gaire a faltar. Hauria estat diferent si haguessin arribat adolescents, perquè els adolescents ja entenen moltes més coses. Ells encara són petits, tenen set i deu anys, obliden de pressa i estan contents a l'escola. Tenen companys espanyols, llatinoamericans i xinesos. Ara es troben una nina o un nin i, al cap d'un minut, ja són amics.

La Giselle sí que troba a faltar els encocados o els ceviches que es mengen a Manta, el port del Pacífic d'on és originària. Però l'enyorança té un límit, i aquest límit el marca l'estat del benestar. Uns drets que, segons ella, “aquí” (Espanya) estan molt més consolidats que “allà” (l'Equador). “El que més m'agrada d'aquí és la seguretat: cadascú té el seu espai i no es fica en la vida de ningú. Allà no pots estar tranquil pel carrer” o “aquí no t'has d'endeutar per poder curar-te; allà has d'escollir entre la medicina o el menjar: aquestes circumstàncies fan baixar l'economia i la gent és capaç de matar per 50 o 100 euros” són algunes de les frases que diu na Giselle abans de marxar del despatx de l'advocat Alami. Ha tornat, senzillament, per donar-li les gràcies una altra vegada.

La Giselle és una de les clientes de l'advocat Alami. Ha passat pel despatx només per donar-li les gràcies una altra vegada. “El que més m'agrada d'aquí és la seguretat: cadascú té el seu espai i no es fica en la vida de ningú. Allà no pots estar tranquil pel carrer”, comenta l'equatoriana

Una persona, dos identitats

Entre la fotografia de la seva graduació i l'orla de la seva promoció universitària, l'advocat Alami ha col·locat dues banderetes a la prestatgeria del seu despatx. Són petites, de la mida de les que onegen damunt les taules de les cimeres internacionals. En una hi ha l'estrella de Salomó, cinc puntes verdes sobre fons vermell. En l'altra, els lleons, les columnes, el Plus Ultra, una corona i una flor de lis, i a sota el castell, el lleó, la quatribarrada i les cadenes navarreses. El Marroc i Espanya, les dos identitats d'un professional del Dret que, fa tot just un any, va decidir transformar la seva carrera de manera radical. L'advocat Alami vivia a Madrid i treballava per a una companyia internacional d'aviació privada. Feia una feina d'alt nivell que, tanmateix, no l'omplia. Quan va saber que no podria teletreballar durant els mesos d'estiu des de Mallorca, ho va passar malament. Per sortir de la depressió i sentir-se útil, va decidir tornar a l'illa amb tota l'experiència adquirida. Llavors va fundar un despatx per assessorar –jurídicament i administrativament– particulars, autònoms i empreses.

Pensava que aquesta seria la seva activitat principal, fins que al compte d'Instagram del despatx va haver d'escriure –en castellà i en àrab– el missatge següent: “S'ha anunciat una nova regulació que obrirà pròximament la possibilitat de regularitzar la situació a Espanya per a determinats perfils. Analitzam la teva situació i et preparam amb antelació perquè, quan el procediment estigui operatiu, puguis iniciar l'expedient sense retards. Contacta amb noltros i estudiarem el teu cas”. En un dels comentaris d'aquella publicació, va respondre amb elegància a una persona que l'acusava d'“ajudar” el PSOE a aconseguir “votants”: “La nostra funció és assessorar d'acord amb la normativa vigent. Les valoracions polítiques queden fora del nostre àmbit. Una salutació!”

–La regularització extraordinària s'ha fet de manera lògica?

–La realitat de Barcelona o de Madrid no la conec de primera mà; sé coses pels companys que hi tenc, però no les he viscudes. A Mallorca crec que hem estat afortunats i a les administracions públiques se'ls ha de dir “bravo”. És normal que, al principi, a les oficines d'atenció ciutadana no tinguessin clar què havien de fer, perquè tots ens vam assabentar pel BOE que, en molts casos, calia demanar un informe de vulnerabilitat. Però després han treballat molt, ràpid i bé. Igual que la Policia Nacional. Un deu per a ells.

–Per què genera tanta por que es donin papers a centenars de milers de persones que ja viuen a Espanya?

–Ens fixem molt en Donald Trump i en l'ICE, però aquí a Europa, a Bèlgica, per exemple, aproven expedients d'expulsió en només una setmana. En canvi, Espanya és molt més garantista. Si presentes una sol·licitud i te la deneguen, potser, a la llarga, t'estàs posant en un problema. Em fa gràcia que es vengui –o que alguns pens–in que els papers els regalen perquè sí. El procés és molt estricte i, almenys aquí, hem hagut de dir a diverses persones que no les podíem representar perquè no complien els requisits. Fins i tot a gent de qui ens refiàvem, però que, per mala sort, no tenia un certificat d'empadronament que demostrés el temps que feia que vivia aquí. El meu consell és molt clar: igual que s'ha aprovat un decret per regularitzar, també se'n pot aprovar un per expulsar.

Ens fixam molt en Donald Trump i en l'ICE, però aquí a Europa, a Bèlgica, per exemple, aproven expedients d'expulsió en només una setmana. En canvi, Espanya és molt més garantista

Mohamed Alami Battahi — Advocat

–Té recorregut la maniobra del Tribunal Suprem per frenar la regularització a la Unió Europea?

–S'escapa dels meus coneixements, però crec que és una estratègia encoberta per frenar una realitat que no podem negar. Ens agradi més o menys, a Europa fa falta molta mà d'obra i un bon nombre de les persones que han sol·licitat la residència ja estan treballant. En negre, evidentment, una realitat que a Mallorca no és gens difícil de veure (i que a determinats empresaris els va d'allò més bé).

Ens agradi més o menys, a Europa fa falta molta mà d'obra i un bon nombre de les persones que han sol·licitat la residència ja estan treballant. En negre, evidentment, una realitat que a Mallorca no és gens difícil de veure (i que a determinats empresaris els va d'allò més bé)

Mohamed Alami Battahi — Advocat

–Quan es parla d'integració, quina importància té l'habitatge?

–És fonamental, perquè la integració necessita temps, i el temps te'l dona el lloc on vius. Amb un contracte i una nòmina de 1.500 o 1.600 euros ho tendran una mica més fàcil per accedir a un habitatge digne (encara que ja sabem quins són els preus de Mallorca). Sempre defensaré que els qui venim de fora som els qui ens hem d'integrar en la cultura del lloc que ens acull, però, alhora, com que tots som descendents d'immigrants, la mescla és inevitable.

–Això mateix ha passat entre els espanyols d'arreu que van venir a viure a una illa turística com Mallorca.

Sempre defensaré que els que venim de fora som els que ens hem d'integrar amb la cultura del lloc que ens rep, però, alhora, com que tots som descendents d'immigrants, la barreja és inevitable

Mohamed Alami Battahi — Advocat

–Et posaré un exemple molt senzill, però que ho explica bé. Vaig tenir una nòvia d'Artà durant cinc anys: es va convertir en una cosa ben normal que els divendres ella vengués a ca meva a menjar cuscús i que els diumenges jo anàs a ca seva a menjar paella.

En aquell moment tornen a trucar a la porta i, aquesta vegada, l'advocat Alami sí que s'aixeca a obrir amb un somriure als llavis. És un amic que ha vingut a veure'l.

–De Son Gotleu, farmacèutic i, com noltros, marroquí.

Las alarmas de Mohamed Alami Battahi empezaron a sonar con mucha fuerza la mañana de primavera en la que vio que la cola de la oficina de atención ciudadana llegaba hasta la puerta de su despacho. Doscientos metros repletos de historias que le resultaban demasiado familiares como para permanecer indiferente. Pere Garau bullía. En uno de los barrios más multiétnicos de Palma, casi cualquiera podía sentirse interpelado por la regularización que acababa de decretar el Gobierno de España.

Ese proceso extraordinario ha concentrado en apenas dos meses el trabajo que el abogado Alami pensaba desarrollar a lo largo, quizás, de su primer año como profesional liberal. Abrió la oficina en enero y el tsunami llegó a finales de abril. Varias decenas de las 15.000 solicitudes de residencia que se han tramitado en las Illes Balears han pasado por las manos de este joven mallorquín —de la quinta del 99— con abuelos en la medina imperial de Fez. Sus tarifas prefiere no desvelarlas, pero reconoce que son más baratas que en otras gestorías. El tema le toca muy de cerca. Cuando él tenía cinco años, a su padre lo contrataron para darle forma a los interiores de una mansión que se construía en Artà. Completado el encargo, aquel maestro de obra decidió quedarse en este pueblo del noreste de la isla y reunificar a la familia. Simo —el diminutivo por el que conocen en su casa al abogado Alami— aterrizó en el aeropuerto de Son Sant Joan con edad para empezar la escuela. En el colegio público Na Caragol aprendió a hablar catalán, la misma lengua en la que confiesa:

–Además de abogado, yo, al final, también soy un inmigrante. Nunca he sentido lo que es estar de forma irregular, pero he tenido gente que, uf, tenía miedo de salir a la calle. En Son Gotleu, cada equis, había redadas para pedir documentación. Estás tomando un café después de nueve horas en la obra y te piden el carné porque solo por tu cara saben si eres regular o irregular. Ahora se han calmado un poco, pero hace unos años era horrible…

Estás tomando un café después de nueve horas en la obra y te piden el carné porque sólo por tu cara saben si eres regular o irregular. Ahora se han calmado un poco, pero hace unos años era horrible

Mohamed Alami Battahi — Abogado

El cartel de cerrado

Es martes, 30 de junio de 2026. Pasadas las once de la mañana, al abogado Alami le cuesta terminar las frases. Aunque el despacho esté cerrado, cada dos, tres, cinco minutos como máximo, aparece alguien con ganas de abrirla. Normalmente, hombres magrebíes de mediana edad. El abogado quita la llave y, con la puerta entreabierta, susurra una excusa. Que no admite réplica: el “hoy ya no trabajamos” va rematado de un “yallah” y un “vamos” y un “d’accord”. Árabe, castellano y francés para que no quepa duda de que la suerte de la regularización ya está echada.

La mayoría son clientes que esperan con ansia una respuesta. Con los documentos en manos de la Administración, al abogado Alami ahora le toca esperar y descansar. Más de una vez le dieron las cuatro de la madrugada delante del ordenador mientras trataba de certificar que las pruebas que le habían entregado sus clientes eran verídicas. Sin embargo, anoche cayó rendido antes de que Marruecos machacara a los Países Bajos en los dieciseisavos de final del Mundial de fútbol: “Luego me lo pondré en la tele del despacho... si me dejan”. Alami suelta el mando a distancia con el que trasteaba por un menú en busca del partido en diferido, pone una mueca y camina hacia la puerta. Alguien vuelve a reclamarlo. Soltando una carcajada, dice:

–Fatouch, ¿y si compramos un cartel que ponga cerrado?

Más marroquíes que alemanes

En Mallorca viven más marroquíes que alemanes. Muchos se establecieron en Manacor. En este pueblo grande –o ciudad pequeña– ya existe una segunda —y una tercera— generación de una comunidad mucho más compleja y diversa de lo que parece. Hay árabes y bereberes. Algunos tienen, incluso, gotas de sangre gnawa (subsahariana) o judía (de los sefardíes que se refugiaron en el norte de África tras la expulsión católica) en las venas.

Todos, sin embargo, son hijos y nietos de la misma diáspora. Fatouch El Abdaoui es una de ellas. Esta mujer nació hace veinte años en el hospital público que atiende a los mallorquines que viven en la comarca de Llevant (y a los turistas que la visitan). Luego vendrían, sin salir de casa, el colegio y el instituto, y un grado superior de Administración y Finanzas que acaba de terminar. El 16 de junio se graduó y al día siguiente ya recorría los tres cuartos de hora de carretera que separan Manacor de Palma para convertirse en la ayudante del abogado Alami. En la recta final de la regularización, aprendió rápido cómo había que afrontar cada caso:

–Lo importante es empatizar con la persona que viene al despacho. Aquí hemos recibido a gente muy desesperada, que viene muy triste y, por supuesto, agobiada. Por eso, preferimos decirles la verdad, aunque les siente mal. Si no son capaces de reunir todas las pruebas que exige el proceso, difícilmente les van a dar la documentación. Pero yo les entiendo, aunque yo no las pudiera reunir, ante una oportunidad así me metería de sopetón y rezaría para que me las dieran.

Fatouch describe con elocuencia —y bastante gracia— el sentimiento de quien no es ni de aquí ni de allí. Tiene primas en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Alemania. Las reuniones familiares, en torno a unos tajines bien cargados de carne, pescado o verduras, son una Torre de Babel. En una esquina se habla en francés, en la otra, en alemán. En medio se cuela el castellano. Y, si hay dudas, tienen el dhariya, el árabe que se habla en Marruecos. “Es el que usamos en el despacho porque Simo habla el árabe de Fez, que a nosotras nos suena muy pijo, y el mío, en cambio, a él le parece muy duro, muy basto. Con mi familia podría ser todavía más divertido”, ríe Fatouch, “porque venimos de una aldea rodeada por pueblos que hablan rifeño: por eso lo entendemos también aunque no lo hablemos”.

El apellido El Abdaoui procede de la provincia de Driuch, cerca de Nador. Una zona castigada por las guerras coloniales contra españoles y franceses hace un siglo, por la marginación y represión de la monarquía alauita en épocas más recientes. La rebeldía independentista de los hermanos Abd el-Krim no se ha apagado completamente en el Rif, una tierra donde el futuro es arduo. “¿Por qué hay tantos rifeños en el extranjero? —se pregunta Fatouch— Allí, aunque estudies una carrera, dependes de la suerte y es difícil que la tengas. Aquí, si te esfuerzas, sales adelante. En nuestra generación, la mentalidad de las mujeres ya no es me caso y en diez años tengo siete hijos a los que habrá que mantener. Casi todas las mujeres de mi familia se han sacado una carrera. Derecho, Periodismo, Historia del Arte… Quizás, por eso, en Marruecos me siento europea y en Europa, marroquí”.

¿Por qué hay tantos rifeños en el extranjero? Allí, aunque estudies una carrera, dependes de la suerte y es difícil que la tengas. Aquí, si te esfuerzas, sales adelante. En nuestra generación, la mentalidad de las mujeres ya no es 'me caso y en diez años tengo siete hijos a los que habrá que mantener'. Casi todas las mujeres de mi familia se han sacado una carrera. Derecho, Periodismo, Historia del Arte… Quizás, por eso, en Marruecos me siento europea y en Europa, marroquí

Fatouch El Abdaoui — Ayudante del abogado

Química entre Latinoamérica y el Magreb

Un “amigo venezolano” le habló a Giselle Lor del despacho del abogado Alami. Como esta mujer ecuatoriana vivía “a tres cuadras”, consiguió una cita y fue a contar su situación. Un año y medio empadronada en Palma, donde ya vivía una hermana; una niña y un niño escolarizados; ganas de regularizar su situación legal para poder firmar un contrato de trabajo en condiciones. Y hubo química. “Estoy muy en gracia con él. Vi profesionalismo, no interés económico. No me pidió dinero por adelantado ni nada, apenas tengas la documentación metida me pagas”, dice ella. “Tengo muchos clientes ecuatorianos y colombianos: es muy fácil trabajar con ellos. Suelen ser personas relajadas, confían mucho en ti. Todo depende de lo fácil que sea probar que ya vivían aquí antes del 1 de enero y obtener certificados de penales que sean válidos. Con ella, ha sido sencillo”, replica él. Ahora, Giselle es una de las 360.000 personas –algo más de un cuarto del total de solicitantes– que ya saben que su papeleo se está tramitando. Aunque no sea un triunfo definitivo, su vida ha dado un vuelco de ciento ochenta grados.

–Entonces, ¿has empezado a trabajar? –le pregunta el abogado Alami.

–Estoy haciendo un curso de uñas y, mientras lo hago, estoy trabajando en una hostelería. Justo tengo ocho días limpiando un hotel de cinco estrellas.

–¿Sabes que yo empecé de botones? Mientras estudiaba Derecho en la Universitat de les Illes Balears, trabajaba los veranos en un agroturismo.

–Yo voy de abajo y en un futuro quiero ser gobernanta, pero primero tengo que ser ejemplar. Entender cómo se hace bien el trabajo, qué productos de limpieza tengo que utilizar en cada caso, cómo hay que dejar las habitaciones.

–¿Has hablado con tu familia de Ecuador para decirles que han aceptado a trámite la solicitud?

–Mi mamá estaba supercontenta, aunque sabe que tenemos que esperar a la resolución final. No más la tenga, espero viajar. Por eso mismo busqué el trabajo de los hoteles. Se acaba el verano y te dan tu tiempo para que puedas tener vacaciones; y te dan el finiquito, para que te puedas sustentar.

–¿Y tus hijos cómo llevan lo de ser mallorquines?

–Como tienen a la mamá aquí y a la tía, no se extrañan mucho. Habría sido diferente si hubieran llegado de adolescentes porque los adolescentes ya saben lo que son las cosas. Ellos están pequeños, siete y diez años, olvidan pronto, y están contentos en el cole. Tienen compañeros españoles, latinoamericanos, chinos. Ahora se encuentran a una niña o un niño y, al minuto, ya son amiguitos.

Giselle sí echa de menos los encocados o los ceviches que se comen en Manta, el puerto del Pacífico del que procede. Pero la morriña tiene un límite y el límite lo marca el Estado del bienestar. Unos derechos que, según ella, “acá” (España) están mucho más consolidados que “allá” (Ecuador). “Lo que más me gusta de acá es la seguridad: cada uno tiene su sitio y no se mete en la vida de nadie. Allá no puedes estar en la calle” o “acá no tienes que endeudarte para poder sanarte, allá es la medicina o la comida: esas circunstancias hacen bajar la economía y la gente va a matar por 50 ó 100 euros” serán algunas de las frases que diga Giselle antes de marcharse del despacho del abogado Alami. Ha vuelto, simplemente, a darle las gracias de nuevo.

Giselle es una de las clientas del abogado Alami. Se ha pasado por el despacho solo para darle las gracias de nuevo. 'Lo que más me gusta de acá es la seguridad: cada uno tiene su sitio y no se mete en la vida de nadie. Allá no puedes estar en la calle', comenta la ecuatoriana

Una persona, dos identidades

Entre la foto de su graduación y la orla de su promoción universitaria, el abogado Alami ha plantado dos banderitas en la estantería de su oficina. Son pequeñas, del tamaño de las que ondean sobre las mesas de las cumbres internacionales. En una, la estrella de Salomón, cinco puntas verdes sobre fondo rojo. En la otra, los leones, las columnas, el Plus Ultra, una Corona y una flor de lis encima y debajo del castillo, el león, las barras rojas y amarillas, las cadenas navarras. Marruecos y España, las dos identidades de un profesional del Derecho que, hace apenas un año, decidió transformar su carrera. De forma radical.

Alami vivía en Madrid y trabajaba como abogado para una compañía internacional de aviación privada. Labores de alto nivel que no le llenaban. Cuando supo que no podría teletrabajar durante los meses de verano en Mallorca, lo pasó mal. Para curarse de la depresión y sentirse útil, decidió volver a la isla con su experiencia en la maleta. Entonces, fundó una firma para asesorar —en lo jurídico y en lo administrativo— a particulares, autónomos y empresas.

Esa pensaba que iba a ser su actividad principal hasta que en el Instagram de su despacho tuvo que escribir —en castellano y en árabe— el siguiente mensaje: “Se ha anunciado una nueva regulación que abrirá próximamente la posibilidad de regularización en España para determinados perfiles: analizamos tu situación y te preparamos con antelación, para que cuando el procedimiento esté operativo puedas iniciar tu expediente sin retrasos. Contacta con nosotros y estudiaremos tu caso”. En uno de los comentarios de aquel post, corregiría luego con elegancia a una persona que le señalaba de “ayudar” al PSOE a conseguir “votantes”: “Nuestra función es asesorar conforme a la normativa actual. Valoraciones políticas quedan fuera de nuestro ámbito. ¡Un saludo!”

–¿La regularización extraordinaria se ha hecho de forma lógica?

–La realidad de Barcelona o de Madrid no me la conozco, sé cosas por colegas que tengo allí, pero no la he vivido. En Mallorca creo que hemos sido afortunados y a las Administraciones Públicas hay que decirles “bravo”. Es normal que en las oficinas de atención ciudadana no entendieran al principio lo que tenían que hacer porque fue por el BOE como nos enteramos de que había que solicitar en muchos casos un informe de vulnerabilidad, pero luego han trabajado mucho, rápido y bien. Igual que la Policía Nacional. Chapó para ellos.

–¿Por qué suscita tanto miedo que se entreguen papeles a cientos de miles de personas que ya viven en España?

–Nos fijamos mucho en Donald Trump y el ICE, pero aquí en Europa, Bélgica, por ejemplo, aprueba expedientes de expulsión en apenas una semana. España, en cambio, es mucho más garantista. Si solicitas y te deniegan, quizás, a la larga, te estés metiendo en un problema. A mí me hace gracia que se venda —o que algunos piensen— que los papeles te los regalan así porque sí. El proceso es muy estricto y, al menos aquí, le hemos dicho a varias personas que no las podíamos representar porque no reunían los requisitos. Incluso a gente de la que nos fiamos, pero que, por mala suerte, no tenía un padrón que demostrara el tiempo que lleva aquí. Mi consejo ahí es claro: igual que se ha aprobado un decreto para regularizar se puede aprobar un decreto para expulsar.

Nos fijamos mucho en Donald Trump y el ICE, pero aquí en Europa, Bélgica, por ejemplo, aprueba expedientes de expulsión en apenas una semana. España, en cambio, es mucho más garantista

Mohamed Alami Battahi — Abogado

–¿Tiene recorrido la maniobra del Tribunal Supremo para frenar la regularización en la Unión Europea?

–Se escapa a mis conocimientos, pero creo que es una estrategia encubierta para frenar una realidad que no podemos negar. Nos guste más o nos guste menos, en Europa hace falta mucha mano de obra y un buen número de la gente que ha solicitado la residencia ya está trabajando. En negro, obviamente, algo que en una realidad como la mallorquina no es tan difícil de ver (y que a ciertos empresarios les va de lujo).

Nos guste más o nos guste menos, en Europa hace falta mucha mano de obra y un buen número de la gente que ha solicitado la residencia ya está trabajando. En negro, obviamente, algo que en una realidad como la mallorquina no es tan difícil de ver (y que a ciertos empresarios les va de lujo)

Mohamed Alami Battahi — Abogado

–Cuando se habla de integración, ¿qué importancia tiene la vivienda?

–Es fundamental porque la integración necesita tiempo y el tiempo te lo da el lugar en el que vives. Con un contrato y una nómina de 1.500 ó 1.600 euros lo tendrán un poquito más fácil para conseguir una vivienda digna (aunque ya sabemos qué precios se manejan en Mallorca). Siempre defenderé que los que venimos de fuera somos los que nos tenemos que integrar con la cultura del lugar que nos recibe, pero, a la vez, como todos somos descendientes de inmigrantes, la mezcla es inevitable.

–Ha pasado entre los españoles de todas partes que vinieron a vivir a una isla turística como Mallorca.

Siempre defenderé que los que venimos de fuera somos los que nos tenemos que integrar con la cultura del lugar que nos recibe, pero, a la vez, como todos somos descendientes de inmigrantes, la mezcla es inevitable

Mohamed Alami Battahi — Abogado

–Te pongo un ejemplo muy tonto, pero que lo explica bien. Tuve una novia durante cinco años que era de Artà: se convirtió en algo normal que los viernes viniera a comer a mi casa cuscús y los domingos yo fuera a la suya a comer paella.

Entonces, vuelven a llamar a la puerta y, esta vez, el abogado Alami sí se levanta a abrir con una sonrisa en la boca. Es un amigo que viene a verle: “De Son Gotleu, farmacéutico y, como nosotros, marroquí”.

La Abogacía del Estado sostiene en su escrito de alegaciones ante el Tribunal Supremo que la regularización no contraviene la legislación europea y que otorgar autorizaciones de residencia es una “medida de política legislativa migratoria exclusivamente nacional”. El documento, presentado este viernes y al que ha tenido aceso elDiario.es, se opone a que se eleve una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los servicios jurídicos del Gobierno llevan trabajando en su escrito de alegaciones desde que el pasado martes tres magistrados conservadores de la sección quinta de lo contencioso abrieran la vía europea en respuesta a los recursos planteados por Aragón y la Comunitat Valenciana —ambas comunidades del PP— para cuestionar el proceso de regularización. En suma, lo que plantean los tres jueces es que la normativa española podría chocar con el reglamento europeo de 2024 que establece el procedimiento común en materia de protección internacional, con la legislación comunitaria en materia de asilo e incumplir el principio de “cooperación leal” con la Unión Europea por no haberse informado al resto de países. Por ello, daba cinco días a las partes para posicionarse sobre si debería elevarse una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE.

El escrito de la Abogacía del Estado alega que la providencia de los magistrados del Supremo tiene “omisiones relevantes”, su motivación es “insuficiente” y plantea que, en cualquier caso, no es momento de elevar la cuestión a la Justicia europea porque todavía no se ha “iniciado ningún tipo de debate sobre el fondo de las pretensiones”. “La remisión prejudicial que se pretende se acerca más a la formulación de un dictamen consultivo sobre cuestiones generales o hipotéticas de una serie de escenarios futuros, sin concretar una necesidad actual de interpretar una normativa de derecho de la Unión Europea que estuviera vigente”, lamentan.

Los servicios jurídicos apuntan que la regularización, que empezó el 16 de abril y acabó el 30 de junio, no puede ser contraria al citado reglamento europeo porque entraba en vigor el 12 de junio de este año y el real decreto se aplica a quienes están en España de forma previa al 1 de enero de 2026. “No es posible que pueda comprometer, no ya gravemente, sino en modo alguno la efectividad de este reglamento”, sostienen. También argumentan que, en todo caso, la mencionada legislación europea no impide al Estado ejercer su legítima competencia para otorgar autorizaciones de residencia por motivos humanitarios o de cualquier otro tipo, conforme a su Derecho nacional. Esas atribuciones que tiene el Estado no se han visto alteradas por los nuevos instrumentos de Derecho de la Unión, en opinión de la Abogacía del Estado.

Sobre la falta de “notificación previa” y coordinación con los demás Estados miembros de la UE que reprochaban los jueces del Supremo, los servicios jurídicos del Gobierno consideran que no se aplicaría el mecanismo de información mutua porque —insisten— es una “medida de política legislativa migratoria exclusivamente nacional” que no tiene impacto en el ámbito de la UE. Pese a ello, “y aun no existiendo una obligación formal al respecto”, alegan que la medida sí ha sido comunicada a la Red Europea de Migraciones. Además, ven “improcedente” el planteamiento de que la norma podría chocar con la directiva europea de retorno dado que el Tribunal de Justicia de la UE “tiene una clara y reiterada jurisprudencia” que ha resuelto ya sobre ese asunto.

Este órgano refuta la definición que hacen los tres magistrados conservadores cuando afirman que se trata de un proceso “general” y no un “reconocimiento individualizado”, además de una “regularización masiva” fruto de una “mera decisión política” sin “condicionamiento alguno”. Ante ello, recuerdan que la regularización es una medida temporal y con requisitos adicionales a los solicitantes para justificar su estancia en España. “Las expresiones 'sin condicionamiento alguno' o 'regularización masiva' se apartan de la obligación que el Derecho de la Unión impone a los órganos jurisdiccionales nacionales que plantean una cuestión prejudicial de proporcionar una descripción precisa del marco fáctico y normativo”, protestan.

A los magistrados también les despertaba dudas la libre circulación de más de un millón de personas en el espacio Schengen sin “coordinación previa” con el resto de socios europeos. La Abogacía del Estado resalta que esa hipótesis sería aplicable a cualquier regularización adoptada en el pasado —esta es la novena que se hace en España— y el acuerdo sobre Schengen no regula estas cuestiones, que son una competencia nacional. En todo caso, incide, este real decreto “no pone en riesgo los objetivos del control de fronteras” o de prevención de amenazas a la seguridad interior o al orden público porque para lograr la autorización de residencia se exigen como requisitos la acreditación de no tener antecedentes policiales (valorando los diferentes casos), entre otras cuestiones.

También reprocha la Abogacía del Estado que el Supremo no hace “ningún tipo de precisión sobre la distinción entre solicitantes, personas que hayan sido admitidas a trámite su solicitud y las que hayan obtenido finalmente una resolución favorable a la solicitud de autorización”. Y, añade, parecen “desconocer la grave situación de ese colectivo de personas”.

La Comunidad Valenciana ya presentó sus alegaciones

Las partes tenían, desde el martes, cinco días para dar réplica al Supremo. Aragón lo ha hecho este mismo viernes y ha confirmado su interés en llevar la cuestión a la vía europea. A ello añade su petición para que se frene la regularización hasta que se pronuncie el tribunal europeo porque “la reversibilidad de la situación es absoluta, dado que las solicitudes permanecerían pendientes de resolución”. En cambio, creen que si continúa la tramitación de los permisos de residencia “el interés público podría verse comprometido” por las cargas “económicas y administrativas” pero también “por el conflicto jurídico en el que puede verse involucrada España”.

La Generalitat Valenciana no estiró los tiempos y presentó sus alegaciones el primer día. El ejecutivo valenciano también ha ratificado que quiere elevar la cuestión a la justicia europea y aseguran que la medida se tomó “sin coordinación suficiente” con los organismos europeos: “Es una decisión que podría anticiparse al marco europeo común y, en la práctica, debilitar sus objetivos de control, retorno efectivo, cooperación y reparto equilibrado de responsabilidades”, mantienen. La Generalitat valenciana quiere que la regularización se paralice de forma inmediata, sin esperar a que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie, en caso de que finalmente se eleve al cauce europeo.

Ante la alerta provocada a los cientos de miles de personas pendientes de que se resuelvan sus peticiones, el Gobierno ha intentado transmitir un mensaje de tranquilidad y busca agilizar lo máximo posible el estudio de las solicitudes. En total, casi 610.000 expedientes de las 1.175.000 peticiones ya se han admitido a trámite, lo que supone la recepción de un permiso de residencia provisional.

Más de la mitad de los migrantes que han pedido la regularización en Castilla y León son de Colombia (31,9%), Venezuela (19,1%) y Perú (12,4%), según los datos que ha facilitado este viernes Comisiones Obreras y que han atribuido a la Delegación del Gobierno. Estas personas han entrado de manera “legal, segura y ordenada”. “Eso que nos vende el discurso del odio de que vienen en pateras no es cierto, aunque llene muchos titulares en los medios”, ha explicado el secretario de Empleo, Protección Social y Migraciones de CCOO-CyL, Javier Moreno, quien ha defendido que esta regularización les permita “tener un contrato y condiciones laborales y sociales dignas”.

El número de solicitudes para el proceso ha superado las previsiones del sindicato de 25 o 30.000 requerimientos -la Junta niega que tuvieran cualquier tipo de estimación- al haberse alcanzado las 39.981 peticiones, que puede servir de referencia. “No significa que todas se vayan a aceptar, pero sí permite ver la importancia de esas personas invisibles en nuestra sociedad. El obejtivo es sacar a flote la economía sumergida”, ha reivindicado Javier Moreno en una rueda de prensa este viernes, que ha puesto el foco en que algunas empresas tienen problemas para encontrar trabajadores, en parte por el saldo demográfico actual. “Ya hay personas inscritas como demandantes de empleo dispuestas a trabajar. Veremos que se cubren esas vacantes”, ha augurado el representante de CCOO.

Castilla y León ha registrado el 3,4% de las peticiones y esta cifra supone también una cifra inferior por población a la media española. Javier Moreno ha destacado cómo los datos del paro de junio permiten extraer “alguna conclusión”: en los cuatro grandes sectores ha bajado el desempleo, pero también ha aumentado “de manera considerable” el número de aquellas personas que se han inscrito por primera vez como demandantes de empleo. “Hay personas a las que se les ha admitió a trámite el expediente y ya se han inscrito como demandantes de empleo”, ha explicado.

El representante sindical también ha hecho un llamamiento a las Administraciones Públicas para que refuercen los servicios administrativos y sociales que pueden verse afectados por la regularización para evitar que estos “colapsen” por la falta de efectivos. Moreno ha ejemplificado la situación laboral de los trabajadores de Extranjería, cuyas plantillas deben ser fortalecidas y premiadas con un complemento.

CCOO ha tramitado mil expedientes

CCOO, que es una de las entidades colaboradoras en el proceso, ha tramitado mil expedientes en Castilla y León (7.500 en todo el país) y ha informado a unas 4.000 personas a través de consultas, talleres y asambleas, en las que han colaborado de manera altruista 37 sindicalistas, con especial atención al medio rural.

La obligación del gobierno es en 15 días contestar a las tramitaciones para saber si el proceso se ha admitido a trámite o no, y luego el Gobierno tiene tres meses para resolver favorable o negativamente. Sin embargo, una vez el proceso es tramitado, los migrantes pueden inscribirse como demandantes de empleo.

La coordinadora de los centros de información a trabajadores migrantes (Cites), Cristina de la Torre, ha recordado que el permiso de trabajo que permite la regularización extraordinaria es de un año y que luego aquellos que cumplan determinados requisitos (como haber cotizado un número determinado de meses u otros requisitos) podrán solicitar un nuevo permiso de cuatro años o renovar otro permiso más breve.

Hace unos meses, Comisiones Obreras ha presentado una queja ante el Procurador del Común para advertir de posibles problemas que pueden darse más adelante ante la ausencia de criterios comunes para elaborar el informe de esfuerzo de integración que deberán rellenar los Servicios Sociales en el próximo año. “Va a generar muchos problemas por las competencias entre el Estado, las autonomías y entidades locales”, ha advertido Cristina de la Torre. La técnica del sindicato ha explicado que, hasta ahora, uno de los factores era la asistencia a un curso de 40 horas sobre los valores democráticos y la historia del país y de Castilla y León, pero el Gobierno ya ha advertido que eso resultará insuficiente, por lo que se está a la espera de lo que decida el gobierno autonómico.

Una vez cerrado el proceso extraordinario de regularizadción de migrantes, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha destacado este viernes la “normalidad, sin nada reseñable, ningún tipo de problema” con la que se ha desarrollado este proceso al que han un total de 6.448 personas en la región.

Como ha subrayado Arraiz en rueda de prensa, “ha sido un proceso que se ha caracterizado por la normalidad de su desarrollo, más allá de que inicialmente se formaran algunas colas en determinadas administraciones”, producto, ha defendido, “de lo esperado en cualquier proceso de este tipo, que tiene cierta complejidad y ante el que la gente también se pone nerviosa.

Así, ha aprovechado para “reconocer” y “agradecer” el “esfuerzo de funcionarios de muchas administraciones”; de la “sociedad civil, que ha visto positivamente este proceso de regularización, como algo necesario y justo”; y de entidades que han colaborado directamente en el desarrollo, como Cáritas, Color, CCOO, Rioja Acoge o Cruz Roja, entre otras.

Para Arraiz, en definitiva, se trata de una regularización que “ha permitido que podamos acoger a muchas personas que ya están aquí con todos los derechos y todas las obligaciones”, lo que, ha asegurado, “va a hacer más grande si cabe a este país, contribuyendo a una economía que, de hecho, ya está creciendo”.

En cuanto a los datos del proceso, la delegada ha recordado que, en toda España, “han sido un total de 1.174.978 solicitudes registradas, en La Rioja 6.448”, con 1.976 citas asignadas presenciales, destacando también que abogados han registrado el mayor porcentaje de solicitudes, un 60 por ciento.

Especialmente, ha hecho referencia a que “prácticamente el cien por cien de las solicitudes presentadas se trata de personas en edad de trabajar, es decir, menores de 64 años, ya que apenas un dos por ciento están por encima de esa edad”. De hecho, Arraiz ha detallado que “la franja en la que más solicitudes se han registrado ha sido la de entre 25 y 34 años, el 28,2 por ciento; seguida por los de entre 35 a 44 años, un 22 por ciento; y los de entre 16 a 24 años, un 16 por ciento”. “Es decir, el número fuerte de las solicitudes presentadas están en edad laboral. Van a aportar y se van a incorporar a sectores estratégicos y esenciales de nuestra comunidad autónoma a trabajar. Son mayoritarios de gestión, personas jóvenes en edad laboral y además estaban prácticamente todos ellos ya aquí trabajando”, ha dicho.

Por género, un 53,5 por ciento solicitudes han sido de hombres y un 46,5 por ciento han sido de mujeres. Y, respecto a nacionalidades, el mayor porcentaje de solicitudes registradas corresponde a ciudadanos colombianos, con un 41,3 por ciento de las solicitudes presentadas“.

Le siguen ya a distancia Marruecos, con un 17 por ciento y Venezuela, con un 11 por ciento, con otros países, como Perú, Pakistán, Honduras, Argelia, Georgia, Nicaragua o Brasil en proporciones ya por debajo del 4 por ciento, y casi un 12 por ciento restante con otras procedencias en conjunto.

“Teniendo en cuenta estos datos, se pone más de manifiesto que nunca que era necesario este proceso de regularización, que era muy esperado y que hará que nuestra economía crezca como lleva haciendo en los últimos años y que aportarán sin duda riqueza como han venido aportando riqueza estos otros años”, ha resumido la delegada.

No ha podido Arraiz determinar cuántas resoluciones se han dado ya para estas peticiones en La Rioja, porque “está todo todavía en tramitación”, que se seguirá desarrollando a través principalmente de las oficinas de Correos. Ha apuntado que el dato nacional se encuentra algo por encima del 50 por ciento y que hay tres meses de plazo para cerrar el proceso desde la admisión a trámite de la solicitud.

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, acompañada por el director de Servicios Jurídicos, Juan Pérez Mas, ha dado a conocer este viernes las alegaciones del Gobierno de Aragón a la posible contradicción del Real Decreto que regula el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes con la legislación europea, por lo que ha solicitado la suspensión cautelar de la tramitación administrativa hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El Ejecutivo aragonés, tras la autorización de su Consejo de Gobierno, interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto por los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, en la que se solicitaba expresamente la suspensión cautelar del procedimiento de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno de España, alegando, principalmente, su posible incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea.

“Lo que pedimos en ese recurso contencioso administrativo es que se tuviera en cuenta la suspensión cautelar de ese procedimiento extraordinario hasta que se resolviera esa cuestión por el Tribunal Supremo y se planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por esa afección que puede tener al derecho comunitario.

El Tribunal Supremo, mediante una providencia y “después de escuchar a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, ha considerado la posibilidad de llevar a cabo esa cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y nos da cinco días para presentar alegaciones”, ha añadido Vaquero. Esta providencia ha concedido audiencia a todas las partes personadas, incluida la Abogacía del Estado. Este trámite es un requisito previo para que el Tribunal Supremo pueda plantear, en su caso, una cuestión prejudicial ante el TJUE, sin que ello suponga todavía una decisión definitiva sobre el fondo del asunto.

Vaquero ha trasladado que “en las alegaciones que el Gobierno de Aragón presenta se ratifica en la necesidad de esa cuestión prejudicial para que el Supremo valore si colisiona y si existe ese riesgo de conflicto jurídico con el derecho comunitario y, además nos ratificamos en la necesidad de llevar a cabo la suspensión cautelar del procedimiento administrativo de regularización extraordinaria de inmigrantes”.

Además, ha subrayado que “sería necesario que en esta suspensión cautelar, la reversibilidad fuera absoluta, es decir, que se paralizaran las resoluciones a favor de esta regularización porque de alguna forma, se podría generar una gran inseguridad jurídica estando aprobando estos procesos de regularización sin tener claro la legalidad, la seguridad jurídica de estas medidas hasta que el TJUE se pronunciara”.

La vicepresidenta ha apostillado que “una reversibilidad absoluta es lo que impediría avanzar en unas resoluciones de dudosa legalidad y que, por lo tanto, se pudieran consolidar situaciones con clara repercusión también en los intereses de todos los aragoneses en el ámbito social, económico, sanitario y de vivienda y lo que se haría sería aplazarlo en el tiempo”.

La vicepresidenta ha afirmado que el Gobierno de Aragón, además de ratificarse en su posición favorable al planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), reitera así su solicitud de suspensión cautelar de la tramitación administrativa del proceso extraordinario de regularización hasta que el tribunal europeo se pronuncie sobre la compatibilidad de la norma con el Derecho de la Unión Europea.

El director general de Servicios Jurídicos ha explicado que “hasta que no haya una resolución del TJUE, ”lo más sensato y lo más prudente a nuestro juicio es que se paralice el procedimiento y la tramitación administrativa por el riesgo jurídico que se puede generar de que nos encontremos con la apertura de un procedimiento de infracción o un recurso judicial que puedan plantear las propias instituciones comunitarias u otros Estados miembros“.

Las alegaciones remitidas al Tribunal Supremo recogen que “cuando la norma cuestionada pueda resultar contraria al Derecho de la Unión Europea, los principios que informan dicho ordenamiento aconsejan especialmente la adopción de la medida cautelar”. Asimismo, el escrito señala que, en caso de acordarse la suspensión, “la reversibilidad de la situación es absoluta, dado que las solicitudes permanecerían pendientes de resolución”, mientras que “los intereses de los solicitantes únicamente se verían diferidos en el tiempo”.

En cambio, si continúa la tramitación del proceso de regularización, “el interés público podría verse comprometido, no solo por las cargas económicas y administrativas derivadas de ámbitos como el social, el educativo, el sanitario o la vivienda, sino principalmente por el conflicto jurídico en el que puede verse involucrado el Reino de España en el contexto de la Unión Europea”.

Vaquero ha resaltado que “lo que estamos viendo en el Gobierno de España son decisiones políticas que no están teniendo en cuenta ni los intereses de los españoles, ni las garantías que tienen que tener estas personas desde el punto de vista humanitario. Y, por lo tanto, lo que queremos es que se haga con todas las garantías jurídicas”.

Igualmente, ha resaltado ha resaltado que el cumplimiento de la ley “nunca puede ser una cuestión secundaria. Estamos viendo en muchas ocasiones cómo la inseguridad jurídica y la falta de respeto al principio de legalidad invaden las decisiones políticas del Gobierno de España”, lo que supone “poner en riesgo la democracia, el Estado de derecho, la libertad y la igualdad de todos los españoles”.

En este sentido, ha expuesto que “defender Aragón también significa velar para que las decisiones del Gobierno de España se adopten dentro del marco jurídico porque el respeto a la ley es la mejor garantía para proteger a los ciudadanos y preservar el Estado de derecho”, ya que con este procedimiento de regularización “percibimos un riesgo de conflicto jurídico con la Unión Europea, los Estados miembros y las instituciones comunitarias”.

La también consejera de Justicia ha considerado que “Europa nos da derechos, pero también nos da responsabilidad y cumplimiento de obligaciones”. Para Mar Vaquero, el Gobierno de Aragón “tiene la obligación de defender los intereses de nuestra comunidad” y, cuando considera que una norma puede afectar a Aragón o suscitar dudas sobre su adecuación a la legalidad, “nuestra obligación es actuar”.

“Defender Aragón también significa velar por que las decisiones del Gobierno de España se adopten dentro del marco jurídico, porque el respeto a la ley es la mejor garantía para proteger a los ciudadanos y preservar el Estado de derecho”, ha incidido, ya que con este procedimiento de regularización “percibimos un riesgo de conflicto jurídico con la Unión Europea, los Estados miembros y las instituciones comunitarias”.

Vaquero ha resaltado ha resaltado que el cumplimiento de la ley “nunca puede ser una cuestión secundaria. Estamos viendo en muchas ocasiones cómo la inseguridad jurídica y la falta de respeto al principio de legalidad invaden las decisiones políticas del Gobierno de España”, lo que supone “poner en riesgo la democracia, el Estado de derecho, la libertad y la igualdad de todos los españoles”.

La lectura y relectura de la resolución del Tribunal Supremo por la que se inician los trámites para la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la regularización extraordinaria de extranjeros aprobada por el Gobierno el pasado mes de abril, sólo desemboca en intuir que los tres magistrados que firman la providencia han empezado a construir la casa por el tejado. Da toda la impresión de que primero se ha tomado la decisión de buscar la anulación de la regularización vía Derecho europeo, buscando después los argumentos que lo avalan en un pozo donde son conscientes de que no hay agua. La providencia acude a un cúmulo notable de normas de la Unión Europea, pero muchas de ellas son ajenas a lo que afecta al proceso de regularización.

Cuando menos sorprende que arranque con un Reglamento de 2024 que no se encuentra plenamente vigente en el momento en el que se adopta la regularización y, por tanto, resulta más que evidente que no se puede incumplir una norma que no resulta aplicable en ese momento. Al Reglamento es imposible atribuirle efectos retroactivos.

En todo caso, el razonamiento central gira en torno a una Directiva que obliga a poner en marcha el retorno de quien se encuentre en el territorio nacional de manera irregular, así como de un Reglamento que prevé las garantías jurídicas de los procedimientos de gestión del asilo y la migración, o bien otras normas sobre cooperación leal. De todo ello parece deducir la imposibilidad de que los Estados miembros aprueben procedimientos extraordinarios de regularización. Sin embargo, todo el apoyo en esas normas se cae automáticamente cuando la misma providencia reconoce que conforme al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea los Estados miembros ostentan el derecho a establecer volúmenes de admisión en su territorio de nacionales de terceros países con el fin de buscar empleo, que es precisamente lo que conforme a su exposición de motivos pretende la regularización acordada por el Gobierno español.

La propia providencia reconoce expresamente que no es admisible que un Reglamento o una Directiva puedan modificar el Tratado de Funcionamiento cuando reconoce a los Estados miembros a adoptar medidas de regularización. No puede olvidarse que ésta no es la primera regularización que se produce entre nosotros y que la mayoría de las precedentes se adoptaron cuando ya se encontraba vigente el Tratado de Funcionamiento y nadie puso en duda su legalidad. Lo que pretenden las normas europeas es acabar con las situaciones de irregularidad de los extranjeros, centrándose en el retorno a sus países de origen, pero con ello no impide que ese mismo objetivo se logre por la vía de su regularización; una vez regularizados es lógico que no procede obligarles al retorno.

El sentido común nos dice que lo que no puede pensarse es que, como viene a defender la providencia, estemos obligados a imponer el retorno de quienes están ya arraigados en nuestro territorio por la vía de los hechos, pegándonos un tiro en el pie porque, aunque sea en términos pragmáticos, no podemos prescindir de una bolsa de trabajadores inmigrantes que necesita nuestro mercado de trabajo. Por esa razón la regularización ha recibido un fuerte apoyo, tanto desde las asociaciones empresariales como desde las organizaciones sindicales; a lo que se añade el fuerte apoyo a la regularización por razones humanitarias y de justicia por parte de la iglesia católica, de las organizaciones no gubernamentales y de un amplio espectro del arco parlamentario.

Complementariamente, la providencia critica la regularización porque afirma que no queda condicionada a que lo sea con el fin de buscar empleo, pero es evidente que dicho fin resulta implícito y, como la misma resolución admite, la habilitación prevista en el Tratado de funcionamiento ha permitido la regularización masiva sin dichas limitaciones, lo que en la práctica no ha provocado problemas. Al final, la regularización concede sólo un permiso de residencia temporal, que puede no ser prorrogado si las personas no se incorporan al mercado de trabajo o mantienen relaciones familiares que lo justifiquen.

Asimismo, la providencia considera que la regularización es contraria a la normativa comunitaria porque se establece sin condicionamiento alguno. Aparte de que resulta evidente que la normativa europea no establece condicionamientos específicos a la regularización, no es cierto que la acordada por el Gobierno español se produzca sin ningún tipo de condicionamiento, pero que no se contradice con el justificado objetivo de eliminar, en la medida de lo posible, la bolsa de extranjeros irregulares existentes. La providencia confunde sus deseos de que la regularización fuese más limitada en su alcance con su ilegalidad. Al exigir el cumplimiento de determinados requisitos personales se convierte en un procedimiento individualizado, por mucho que lo niegue la providencia.

Finalmente, la providencia acude al deber de cooperación establecido por el Tratado de la Unión Europea, por no haber efectuado notificación alguna a la Comisión Europea y sin haberse coordinado con los demás Estados. Especialmente viene a resaltar el deber de coordinación entre los diversos Estados de la Unión, para tomar en consideración el impacto que los movimientos migratorios pueden tener en el marco de la libertad de circulación entre los diferentes territorios, especialmente dentro del Acuerdo de Schengen.

Ahora bien, ese deber de cooperación entre los Estados se enfoca en la normativa europea sobre todo desde la perspectiva del interés de todos los Estados por un efectivo control de las fronteras exteriores, pero en este caso se trata de personas que, por unos u otros motivos, ya se encuentran dentro de nuestro territorio. Más aún, si la preocupación lo es por los flujos de extranjeros que puedan producirse desde España hacia otros Estados, eso queda bloqueado ya que la regularización desde luego no otorga un permiso de residencia fuera de nuestro territorio, por cuanto que si quieren asentarse en otros Estados deberán obtener otro permiso de residencia allí.

Incluso la regularización asienta en el territorio español a los extranjeros regularizados, que siempre preferirán permanecer en situación plenamente regularizada en nuestro país a arriesgarse a volver a situaciones de irregularidad en otros países. En todo caso, de existir un deber de información a las instituciones europeas sobre la regularización adoptada, ya lo habría reclamado la Comisión Europea, cosa que no ha hecho, y, en todo caso, en ningún caso constituiría un incumplimiento de tal gravedad que abocara a la nulidad de la regularización.

Casi ni merece la pena indicar que la providencia cuestiona que la regularización se haga por una norma infralegal, cuando esto es de todo punto ajeno al respeto o no a los imperativos del Derecho de la Unión Europea.

En definitiva, de ser estos los fundamentos que piensa emplear el Tribunal Supremo para presentar la cuestión prejudicial que anuncia, tiene el riesgo de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no sólo rechace la anulación de la regularización, sino que con una respuesta tajante a lo consultado ponga en ridículo a nuestro alto Tribunal. Al final, como los razonamientos son tan débiles, habría que concluir diciendo que quien quiera entender que entienda.

Andalucía es la cuarta comunidad autónoma con mayor número de solicitudes en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que finalizó el 30 de junio. Un total de 161.557, según los datos aportados por la Delegación del Gobierno a partir del balance del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Un mes a contrarreloj y lleno de requisitos que, como el informe de vulnerabilidad, dejaron a las entidades perplejas por la barrera burocrática que suponía para el colectivo que, a sabiendas de su situación irregular, ya sufren la falta de accesibilidad tanto al mercado laboral, como de vivienda o servicios sociales. También, la falta de respuesta de la administración, los pagos de las tasas o la escasa colaboración de los países en origen han lastrado los resultados, mientras el Tribunal Supremo estudia la adecuación de la medida.

A nivel nacional, la cifra llega a las 1.174.987 solicitudes registradas, el doble de las previstas por el Ministerio, de las que 609.737 expedientes se encuentran en fase de tramitación, es decir, un 51,9% del montante administrativo. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) logró reunir más de medio millón de firmas con el respaldo de entidades como la Fundación para la Ciudadanía Global, Regularización Ya!, así como Fundación porCausa y decenas de organizaciones sociales para pedir conjuntamente una acción conjunta que diera respuesta a la situación irregular de tantas personas que conviven y trabajan en el territorio.

En el país, el pódium está liderado por Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, mientras que en Andalucía la provincia con más solicitudes fue Málaga (39.899). A ella, le siguió Sevilla (33.690); y Almería (32.638), donde Níjar, por ejemplo, es reflejo del progresivo peso de la población migrante en la carga productiva y el entramado social en el sur. Por debajo, se encontraría Granada (16.629); Cádiz (11.641); así como Huelva (10.359); Córdoba (9.951); y, por último, Jaén (6.750). Del número total un 58,2% corresponden a hombres mientras que un un 41,8% son mujeres.

Con respecto al más de 1,1 millón de solicitudes, el Ministerio especifica que un 79,6% fueron por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario y el 20,4% para solicitantes de protección internacional. De las mismas, el 83,2% se presentaron de forma telemática y el 16,8% a través de las oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería habilitadas.

Jóvenes, de Colombia y en el sector hostelero

En cuanto al origen, la mayor parte de las personas acogidas a este proceso son de Colombia, con un 23,8% y, a renglón seguido, Marruecos, que corresponde a un 20,3%. A ellas, le seguirían Venezuela (8,6%); Senegal (7,7%); seguidamente, Perú (5,7%); Paraguay (5,8%); Nicaragua (4%); Honduras (3,6%); Argentina (3,4%); Argelia (2,1%), y el resto de nacionalidades suponen el 15,2% restante.

Asimismo, la edad, a nivel nacional, desvela que la mayor parte de los registros corresponden a jóvenes, ya que el 81% de los solicitantes tiene menos de 45 años. El 11,1% corresponde hasta los 15 años, mientras que el 17% va de los 16 a 24 años; le sigue, con un 31,3% a la franja de 25 a 34 años con el punto máximo; y, en descenso, el 21,6% va de los 35 a 44 años; el 11,9% de los 45 a 54 años; y, finalmente, de los 55 a 64 años representa el 5,2% y, para los mayores de 65 años, sería apenas un 1,9%. En todo caso, las ciudades españolas con mayor proporción de solicitudes fueron Madrid (17,23%), Barcelona (16,36%), Valencia (6,38%), Alicante (6,23%) y Murcia (3,85%).

El proceso de regularización extraordinaria ha logrado que, a 30 de junio, se dieran de alta 159.097 personas en la Seguridad Social en todo el país, de los que un 77,3% fueron contratados indefinidos y un 22,7% temporales. El mayor sector de actividad beneficiado fue el hostelero (24,4%), al igual que el comercio (12,7%) y las actividades administrativas (12,1%). Al cuarto lugar cae la construcción (11,5%), el ámbito agrícola (9%), el transporte y almacenamiento (7%) y la industria manufacturera (6%).

Trabas en los ayuntamientos y “tramitación compleja”

¿Cuáles son las principales trabas que han sorteado las asociaciones? La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), a preguntas de este medio, critica la falta de medios adicionales que han destinado la mayoría de entidades locales andaluzas, “cuyos servicios sociales deberían haber colaborado en este proceso”, al contrario que en otras comunidades autónomas. “También ha sido deficiente la labor de la propia Administración General del Estado, que ha promovido este proceso y que, sin embargo, no ha puesto los medios necesarios para la tramitación de expedientes”, lo cual queda patente en que el 48,1% de los expedientes no han sido tramitados.

En este sentido, la APDHA afirma que “la mayor parte” de las tramitaciones “siguen aún a la espera de ser aceptados a trámite por la Administración, con lo que, aunque el plazo para presentar solicitudes haya terminado, aún nos queda mucho trabajo por hacer”. La entidad atendió a más de 1.000 personas en Andalucía e intermediaron para que, al menos, otros 1.000 demandantes obtuvieran el certificado de vulnerabilidad. Una labor que han llevado con “orgullo” gracias a la colaboración de socios y socias, militantes, y activistas de colectivos afines. Sin embargo, recuerdan que “las grandes entidades del ámbito de la Cooperación, que reciben una ingente cantidad de fondos públicos, eligieron ponerse de perfil, siendo entidades más pequeñas que, como APDHA, las que han asumido esta tarea”, matizan.

Quejas que van en la línea de lo referido por el colectivo Regularización Ya!, que agrega que los pagos de tasas, al igual que las citas de huellas en comisaria para obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), han sido obstáculos a lo largo de estos 60 días. En un comunicado, el colectivo hace referencia a la escasa colaboración de algunos países en origen que han hecho “imposible” la obtención de certificados y exige al Gobierno central que “frene las deportaciones” de personas en proceso de regularización, como se ha denunciado, y expresan su repulsa hacia el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y la Ley de Extranjería.

Por su parte, la Federación Sur Acoge atendió a través de 11 asociaciones y dos delegaciones con alrededor de 200 personas voluntarias a más de 20.000 personas en “una tramitación compleja y con plazos ajustados” entre el 20 de abril y el 30 de junio, tal y como describían en este medio. En vista de la urgencia de la medida, el colectivo cuestiona las políticas migratorias que imperan en el Estado: “¿Qué nos dice de nuestro modelo migratorio que más de un millón de personas hayan necesitado una medida excepcional para poder acceder a una autorización de residencia?”.

Una perspectiva que compartía la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho. La organización se reunió por primera vez en Andalucía con el propósito de exigir a las corporaciones locales que cumplieran con la ley Reguladora de las Bases del Régimen Local e inscribieran al colectivo en el padrón, independientemente de su situación, ya que, en todo caso, se necesita conocer el total de población para planificar y gestionar los recursos. Es más, tal y como criticaron, el Gobierno central admite esta parálisis en las administraciones debido a que no se ha requerido el certificado de empadronamiento para el proceso de regularización y, por tanto, “se reconoce indirectamente que el bloqueo existe”.

El proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el pasado 16 de abril y finalizado el 30 de junio, ha concluido con un total 8.767 solicitudes registradas en Cantabria.

Además, se han asignado 3.077 citas y una de cada cuatro solicitudes se han presentado en oficinas, según datos del balance provisional del proceso de solicitud de regularización extraordinaria que ha hecho público el Ministerio este jueves.

A nivel nacional, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este jueves que se han registrado 1.174.978 solicitudes en el proceso de regularización extraordinario de migrantes, de las que el 52%, esto es 608.000, ya están tramitándose.

En un vídeo para ofrecer los primeros datos disponibles del proceso de regularización, en el que se pudo participar hasta el pasado 30 de junio, la ministra ha subrayado que el volumen total de solicitudes, más de 1,17 millones, “pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, que permitirá que cientos de miles de personas que ya residen en España pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”.

“En estos momentos ya contamos con más de 608.000 expedientes en tramitación, lo que supone casi el 52% del total de las solicitudes presentadas”, ha apuntado Saiz, que ha recordado que, en este procedimiento, la admisión a trámite ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país.

Según los primeros datos aportados por la ministra, que serán ampliados en una rueda de prensa que se celebrará este mismo martes, las comunidades autónomas donde se han registrado un mayor número de solicitudes han sido Cataluña, con más de 257.000; Madrid, con 202.000; la Comunidad Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000.

En cuanto a la procedencia de los solicitantes, la también portavoz del Gobierno ha desvelado que el 67% de ellos proceden de América Central y América del Sur. En concreto, Colombia concentra el 26% del total de solicitudes, seguida por Marruecos, con un 13,4%; Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%).

“Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos”, ha concluido la ministra.

En Castilla y León se han recibido 39.981 solicitudes para el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno, el 3,4% de total de España, que ha registrado 1.174.978 peticiones, y el octavo mayor dato del conjunto autonómico.

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, durante el proceso se asignaron a Castilla y León 18.646 citas, el 2,9% de las 641.386 del conjunto del país.

Por provincias, han sido 8.337 en Valladolid, 7.774 en Burgos, con 5.830 en León, 5.041 en Salamanca, 3.690 en Segovia, 3.215 en Ávila, 2.075 en Palencia, 2.089 en Soria y 1,950 en Zamora.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha precisado que las solicitudes cubren todas las provincias, pero no quiere decir que luego todas sean aceptadas.

En un acto en Cubillos del Sil, en León, y tras conocerse los datos sobre el proceso que ha detallado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Sen ha incidido en que se trata de “personas de otros países que viven en nuestro país desde hace tiempo, en muchos casos se encuentran trabajando en economías sumergidas”.

Sen alude al consenso

Es una situación, que según Sen, ningún país “democrático puede tolerar”, y ha recordado que el proceso de regularización extraordinaria ha contado con un consenso prácticamente total por parte de la sociedad, con una iniciativa legislativa popular, el consenso de los sectores empresariales, de los sindicatos, de la sociedad en general incluso de la Iglesia católica.

El Delegado del Gobierno en la comunidad ha recordado que ahora se regularizará a las personas que cumplan estrictamente con los requisitos establecidos “para que puedan vivir en nuestro país y puedan trabajar con sus derechos y por supuesto con sus obligaciones”

Y a lo largo de las próximas semanas se irán resolviendo estas solicitudes y se conoceran los datos reales de cuáles son aquellas personas que han visto aceptada su solicitud, ha concluido.

Carriedo, partidario de una inmigración ordenada

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado que la Junta de Castilla y León ha recurrido el proceso de regularización porque cree que hay dudas sobre que este proceso garantice el cumplimiento del Pacto de Migración y Asilo y ha afeado la falta de información por parte del Gobierno de España.

También ha considerado positivo que haya una inmigración ordenada que vaya a esa comunidad a trabajar y contribuir con sus impuestos y cotizaciones a hacer “más grande” esa comunidad, aunque a su juicio se podía haber hecho de otra forma por parte del Gobierno ya que además puede haber mafias de personas que se beneficien de ese proceso y que “llevan a cabo este tipo de iniciativas saltando las fronteras y en contra de la normativa europea sobre inmigración”.

Las cifras facilitadas a EFE por el Gobierno indican que el 67 % de los solicitantes son personas procedentes de América Central y América del Sur. Colombia es el país de origen con más solicitudes al concentrar el 26 % de las mismas, seguido de Marruecos (13,4 %), Venezuela (11,7 %) y Perú (8,8 %).

El elevado volumen de solicitudes registradas en Castilla-La Mancha para acogerse al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes -se ha cerrado con un total de 52.041 peticiones- ha llevado a concluir a CCOO que la región necesita “algo más que un proceso extraordinario y coyuntural”.

Su secretario de Empleo, Formación y Migraciones en Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, ha propuesto este jueves conformar, junto a la Delegación del Gobierno, la Junta, los agentes sociales y las entidades especializadas, “un pacto por los derechos de las personas migrantes que aborde el refuerzo de medios humanos y técnicos en materia de extranjería y empleo; planes específicos de inserción laboral y homologación de cualificaciones profesionales; el acceso a la vivienda, sanidad y educación en condiciones de igualdad; y mecanismos de detección y actuación frente a la economía sumergida y la explotación laboral”.

Desde el punto de vista del sindicato, que en Castilla-La Mancha ha tramitado más de 800 expedientes y ha atendido más de 3.000 consultas de personas trabajadoras migrantes de toda la región dentro del proceso extraordinario de regularización, el paso duro viene a partir de la admisión a trámite.

“Aun teniendo una regularización aceptada o una posibilidad de trabajo, se están viendo situaciones en las que el empleador para el que actualmente trabajan no les quiere dar de alta. El problema inicial se convierte en problema laboral y por eso el sindicato se implicó desde el principio, porque sabíamos que la irregularidad no es más que otro aspecto de una situación laboral no deseada”, afirma Del Puerto.

Un total de 9.634 inmigrantes han solicitado en Extremadura acogerse a la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El proceso, que concluyó de forma definitiva el pasado martes tras semanas de intensa actividad administrativa, dibuja un mapa de la migración irregular muy desigual entre las dos provincias de la región.

La mayoría de estas solicitudes se han registrado en Badajoz, donde han pedido la regularización 5.954 personas. Por su parte, en la provincia de Cáceres lo han hecho un total de 3.680 personas. Según los datos oficiales del Ministerio, durante todo el proceso se asignaron a Extremadura 2.841 citas presenciales, lo que representa apenas el 0,4% de las 641.386 distribuidas en el conjunto del país, obligando a tramitar una gran parte del volumen por vías digitales.

En este sentido, el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX) ha jugado un papel fundamental en la región, alcanzando un 17,2% de las solicitudes totales en Badajoz y un 14,3% en el caso de Cáceres, aligerando parte del colapso en las oficinas tradicionales de extranjería.

Radiografía de la regularización en España

En el conjunto de España las cifras adquieren dimensiones históricas al haberse recibido un total de 1.174.978 solicitudes. El grueso de los peticionarios procede de Latinoamérica y el norte de África, destacando sobre todo las personas originarias de Colombia (25,9% del total), Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%) y Honduras (4,9 %).

Por comunidades autónomas, Cataluña lidera la estadística nacional con 257.602 solicitudes registradas, seguida muy de cerca por la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunitat Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557), quedando Extremadura en la parte baja de la tabla por volumen total.

A través de un mensaje de vídeo remitido a los medios de comunicación, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado que esta medida extraordinaria va a permitir que “cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”. “Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito en nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos”, ha celebrado la ministra.

De una iniciativa popular al choque político

Pese al optimismo del Ministerio, el proceso no ha estado exento de debate político. El plazo de solicitudes se ha prolongado desde el pasado 16 de abril hasta este último martes de junio entre fuertes demandas de los colectivos impulsores de la medida, entidades sociales y partidos políticos como Sumar o Podemos, quienes exigieron hasta el último momento ampliar este periodo al considerar que las fuertes trabas burocráticas habían dejado fuera a muchos potenciales beneficiarios.

Cabe recordar que esta medida, aprobada finalmente por el Gobierno en forma de real decreto, surge originalmente de una iniciativa legislativa popular (ILP) que llegó al Congreso de los Diputados respaldada por más de 600.000 firmas ciudadanas, pero que terminó bloqueada en la Cámara Baja por la falta de acuerdo parlamentario entre los bloques.

Para poder acceder a este amparo legal, los requisitos exigían que las personas migrantes estuvieran viviendo de forma irregular en España desde antes del pasado 1 de enero y llevasen al menos cinco meses residiendo de continuo en el país. De igual forma, el proceso se abría a todo aquel que hubiera solicitado asilo antes de esa misma fecha, siempre y cuando carecieran de antecedentes penales.

El procés de regularització extraordinària posat en marxa pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions el passat 16 d'abril i finalitzat el 30 de juny, ha conclòs a les Balears amb 34.166 sol·licituds i 6.639 cites assignades.

A tot Espanya, el procés de regularització extraordinària ha conclòs amb un total d'1,17 milions de sol·licituds registrades, de les quals, 609.737 ja han estat tramitades.

Del total de sol·licituds rebudes, el 79,6% correspon a autoritzacions per circumstàncies excepcionals per raó d'arrelament extraordinari, mentre que el 20,4% restant es refereix a autoritzacions per a sol·licitants de protecció internacional.

La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha valorat positivament les dades d'aquesta fase inicial del procés. “Les xifres evidencien l'esforç històric realitzat per les institucions i societat civil, que han empès perquè ningú es quedi fora d'aquest procés i aconseguir una societat d'acollida efectiva, amb drets i obligacions per a tothom”, ha assenyalat.

Acompanyament professional

La implicació de professionals i entitats col·laboradores ha resultat determinant per a l'elevada xifra de sol·licituds. Segons les dades, el 58% de les sol·licituds telemàtiques van ser presentades per advocats, seguits per funcionaris habilitats (16,8%), gestors administratius (8,4%), les mateixes persones interessades mitjançant certificat digital (7,3%), entitats del Registre de Col·laboradors d'Estrangeria (5,1%) i graduats socials (3,6%).

Així mateix, la participació de les entitats del Registre de Col·laboradors d'Estrangeria ha constituït una de les principals novetats en aquest procediment.

Un total de 495 entitats del Tercer Sector i organitzacions sindicals col·laboren durant tot el procés en tasques d'assessorament, acompanyament i orientació a les persones sol·licitants.

Prop de 200.000 sol·licituds presencials  

Del total de sol·licituds presentades, el 83,2% s'ha tramitat per via telemàtica, xifra similar a altres processos d'estrangeria, mentre que el 16,8% restant s'ha registrat de forma presencial.

En aquest últim cas, s'han comptabilitzat prop de 200.000 sol·licituds a les 448 oficines de Correus, Seguretat Social i Estrangeria habilitades per tot el territori nacional. Les oficines seleccionades de Correus romandran ara disponibles en els horaris establerts per a la subsanació presencial de sol·licituds, que s'allargarà fins al 30 de setembre.

Quant al perfil de les persones sol·licitants, el 87% es troba en edat laboral (entre 16 i 64 anys), mentre que la distribució per gènere situa els homes en el 57% i les dones en el 43% del total de sol·licituds, si bé en el cas dels menors d'edat i en la franja de 45 a 54 anys la distribució és paritària.

Per edats, el grup més nombrós és el de persones entre 25 i 34 anys, que representa el 31,3% del total, seguit per aquells que tenen entre 35 i 44 anys (21,6%) i entre 16 i 24 anys (17%). Sis de cada deu sol·licitants (59,4%) tenen menys de 34 anys. “La majoria dels sol·licitants s'incorporaran al nostre mercat laboral en sectors estratègics i essencials, contribuint a la prosperitat compartida del nostre país”, ha assenyalat Cancela.

Per nacionalitats, Colòmbia concentra el nombre més gran de sol·licituds, amb el 25,9% del total, seguida del Marroc (13,3%), Veneçuela (11,8%), Perú (8,8%) i Hondures (4,9%).

Dos de cada tres sol·licitants procedeixen d'Amèrica Central i del Sud, mentre que el 22,9% és d'origen africà i un 8,3% d'Àsia. Catalunya és la comunitat autònoma amb volum més alt de sol·licituds (257.602), seguida de la Comunitat de Madrid (202.424), la Comunitat Valenciana (167.286) i Andalusia (161.557).

A continuació, se situen Castella-la Manxa, Euskadi, Regió de Múrcia, Castella i Lleó, Galícia i Canàries, consolidant una presència significativa del procés en totes les comunitats autònomes.