Cuando tenía 15 años, mi madre migró a este país buscando una oportunidad para sostener nuestra vida. Durante siete años no pudimos abrazarnos ni compartir una comida ni acompañarnos en los momentos difíciles ni vivir juntas lo cotidiano. Crecí viéndola a través de una pantalla, escuchándola por llamadas o audios, aprendiendo a extrañarla mientras intentábamos sobrevivir cada una desde lugares distintos.

Hace apenas seis meses pudimos reencontrarnos nuevamente. Y creo que fue ahí donde entendí una realidad de la que casi no se habla. Cuando hablamos de migración, muchas veces hablamos de fronteras, de papeles, de empleo, de racismo, de pobreza o de violencia institucional. Y está bien hacerlo. Pero hoy quiero hablar de una parte de la migración que casi nunca se nombra: de las hijas e hijos que se quedan. De quienes crecimos viendo a nuestras madres marcharse para intentar sostener la vida desde otro país. Porque detrás de muchas mujeres migrantes hay también una generación de niñas y niños creciendo con miedo, incertidumbre y una sensación constante de espera.

Esperar a que mamá consiga trabajo, que consiga papeles, que encuentre un alquiler, que pueda enviarnos dinero, que pueda traernos. Y mientras tanto, una aprende a vivir con dudas demasiado grandes para la edad que tiene.

Muchas hijas e hijos de mujeres migrantes crecimos con una ansiedad silenciosa que nadie nombraba. Vivíamos pendientes del teléfono. Con miedo a que le pasara algo a nuestra madre. Con miedo a que la deportaran. Con miedo a que enfermara sola. Con miedo a que no pudiera más. Y muchas veces intentando ser “perfectos” para no darle más preocupaciones.

Nos decían: “Estudia”; “compórtate”; “si vienes con estudios, todo será más fácil”. Y entonces muchas niñas y niños crecieron sintiendo que tenían que “merecer” el reencuentro.

La socióloga Arlie Hochschild habla de las “cadenas globales de cuidados”, explicando cómo las mujeres migrantes sostienen economías enteras cuidando a otras personas mientras sus propias familias quedan fragmentadas por la distancia. Y creo que ahí hay una gran verdad incómoda: el mundo se sostiene muchas veces sobre el sacrificio emocional de las mujeres migrantes y de sus hijos e hijas. Porque no solamente migran las madres. También migran los afectos, las maternidades y las infancias.

Educar desde un móvil

Hay algo muy duro de las maternidades transnacionales: tener que educar desde un teléfono móvil. Muchas madres atienden situaciones gravísimas a miles de kilómetros: casos de bullying, depresión adolescente, violencia, abandono escolar, problemas de salud mental. Están intentando sostenerlo todo a través de audios de WhatsApp después de jornadas agotadoras limpiando casas, cuidando personas mayores o trabajando en empleos profundamente precarizados.

Y uno se hace las preguntas: ¿Cómo se pone un límite desde otro continente? ¿Cómo se acompaña un duelo adolescente desde una videollamada? ¿Cómo se calma el miedo de una hija o hijo cuando la propia madre también está sobreviviendo?

La antropóloga Rita Segato dice algo muy importante: el sistema necesita romper vínculos comunitarios y afectivos para sostener determinadas formas de explotación. Yo creo que las políticas migratorias hacen exactamente eso: fragmentan familias, rompen tiempos afectivos, y convierten el derecho a vivir juntas en un privilegio burocrático.

A veces se habla de la migración como una oportunidad. Y claro que muchas madres migran para abrir oportunidades. Pero hay una parte del relato que suele ocultarse: el coste emocional.

La culpa

Porque muchas hijas e hijos crecimos sintiendo culpa por extrañar. Culpa por necesitar. Culpa por llorar. Culpa por reclamar presencia. Y entonces aprendimos a callarnos.

La socióloga Saskia Sassen explica cómo las migraciones actuales están profundamente vinculadas a desigualdades económicas globales y a sistemas que expulsan vidas del Sur global para sostener economías del Norte.

Pero detrás de esos macroanálisis existen historias concretas. Niñas que se dormían abrazadas a una camiseta de su madre. Adolescentes que crecieron viendo cumpleaños por videollamada. Jóvenes que aprendieron a hacerse adultos demasiado pronto.

Luego llega el reencuentro... y casi nadie habla tampoco de eso. Porque reencontrarse no siempre significa recuperar el tiempo perdido. A veces significa convivir con una madre a la que amas profundamente, pero a quien apenas conoces después de años separadas. A veces también significa migrar siendo adolescente, cambiar de idioma, de escuela, de cultura y de identidad de golpe.

Muchas hijas e hijos migrantes vivimos entre dos duelos. El duelo por el país que dejamos y el duelo por la infancia que no pudimos vivir junto a nuestras madres. Por eso creo que necesitamos empezar a hablar más de las infancias transnacionales. Necesitamos escuchar sus voces. Necesitamos políticas públicas que entiendan que la reunificación familiar no es un trámite administrativo: es salud mental, es protección emocional, es derecho al cuidado, es infancia digna.

Y también necesitamos una mirada feminista que deje de romantizar el sacrificio infinito de las mujeres migrantes, porque ninguna madre debería tener que elegir entre alimentar a sus hijos o abrazarlos.

La migración no solamente mueve cuerpos; también reorganiza afectos, miedos y formas de crecer. Deja atrás a miles de hijas e hijos que crecieron esperando tantos años, que aprendieron a hacerse fuertes antes de tiempo.

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Nota: Laura Valentina Castillo escribió este texto para la el encuentro 'Desplazamientos forzados y derechos humanos', organizado por la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) - Aita Mari, en Donostia.

Las posiciones contra la inmigración están desdibujando el sueño europeo. La Comisión Europea ha tenido que mandar un requerimiento a un grupo de países (Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Eslovenia y Suecia) ante los continuos controles de las fronteras interiores por el endurecimiento de las políticas antiinmigratorias que está afectando a la libre de circulación de personas que se establece en el espacio Schengen.

La petición de la Comisión Europea coincide con el proceso de regularización de 500.000 inmigrantes sin papeles que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Tanto el Partido Popular como la ultraderecha en España y en la UE han tratado de crear una polémica política por la legalización de este colectivo de personas, que Vox llegó a calificar como “invasión”. El Partido Popular llevó a la Comisión Europea la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno de España para que analice si va en contra de los acuerdos de política migratoria europea.

No hay dudas de que los controles de fronteras entre países de la UE responden a una posición más dura frente a la inmigración. De hecho, Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos internos y Migración, pide el levantamiento de los controles con el argumento del nuevo Pacto de Emigración y Asilo.

“La Unión Europea está llevando a cabo la mayor reforma de nuestro sistema de gestión migratoria. Nuestro nuevo enfoque ya ha dado resultados: los cruces ilegales de fronteras han disminuido otro 40 % en 2026. Estamos desplegando los sistemas de gestión fronteriza más modernos del mundo. Con estas condiciones, los Estados miembros están en posición de avanzar hacia la eliminación progresiva de los controles en las fronteras interiores”, ha explicado Brunner.

La UE aprobó este lunes el Pacto de Emigración y Asilo que endurece la política migratoria y abre la puerta a que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación en países situados fuera de la UE.

Controles que se alargán más de 12 meses

Aunque Bruselas admite que “los Estados miembros tienen derecho a reintroducir excepcional y temporalmente controles fronterizos cuando se enfrentan a una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior”, el Derecho de la UE exige que la Comisión emita un dictamen “cuando dichos controles se prolongan durante más de 12 meses”.

La Comisión Europea recuerda que “la reintroducción de controles en las fronteras interiores tiene inevitablemente consecuencias para los Estados vecinos” con un “impacto negativo en los trabajadores transfronterizos y las comunidades locales”.

La institución europea aboga por “alternativas más eficientes y eficaces a los controles en las fronteras interiores: controles policiales no sistemáticos o las tecnologías de identificación biométrica móvil y seguimiento de vehículos”.

Henna Virkkunen, vicepresidenta europea de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, apunta que “Schengen es uno de los mayores logros de Europa. Simboliza la libertad de circulación para más de 450 millones de personas. Nuestros dictámenes envían un mensaje claro: cuando se reintroducen controles, estos deben seguir siendo temporales y excepcionales. Al reforzar la cooperación policial, el intercambio de información y un mejor uso de la tecnología, podemos proteger a nuestros ciudadanos, preservar la confianza y mantener Schengen tanto seguro como realmente sin fronteras”.

Hace un mes y una semana, Valeria y su bebé fueron las primeras personas en presentar su solicitud de regularización en una de las oficinas de Correos habilitadas en Madrid. La ecuatoriana salió sonriente empujando el carro de su hija: ya quedaba menos para tener los papeles. Si todo salía como esperaba, recibiría la admisión a trámite de la petición y el consiguiente permiso de residencia en 15 días, según el plazo establecido por el Ministerio de Inclusión. Pero ya suman 38 días desde entonces y el alivio inicial se ha ido mezclando con una nueva incertidumbre: ¿Habrá pasado algo? ¿Faltaría algo? ¿Harían algo mal en Correos al ser el primer día? ¿La habrán inadmitido? Son algunas de las preguntas que se hacen muchas de las personas que esperan la respuesta de la Administración una vez traspasado el periodo previsto.

Su caso no es anecdótico. Cientos de solicitantes de la regularización extraordinaria han pasado de la ilusión al miedo ante la falta de respuesta en los plazos prometidos, aunque se calman cuando conocen que otras muchas personas están en su misma situación. Los retrasos en el envío de la comunicación de la admisión a trámite, un documento que en la práctica supone la confirmación de la concesión del permiso de residencia y trabajo provisional mientras se estudia la petición, están marcando el procedimiento, según una decena de migrantes afectados, varios abogados y ONG colaboradoras consultadas por elDiario.es.

Los datos oficiales deslizan el alcance de los retrasos. Según los números trasladados por el Gobierno hace una semana, Inclusión ha recibido 549.596 solicitudes. Del total de expedientes, han sido “tramitados” 146.675, pero solo han enviado el justificante de la admisión a trámite a 91.905 personas, lo que genera un desfase de al menos 50.000 personas pendientes del documento que les permitirá empezar a trabajar. Según los cálculos de elDiario.es, la Administración ha recibido de media unas 100.000 peticiones semanales, por lo que el ritmo de admisión a trámite medio sobrepasaría con creces los 15 días comprometidos inicialmente.

No todas las peticiones están sufriendo retrasos. Según varias fuentes consultadas ligadas al procedimiento, no existe un patrón claro sobre los perfiles que están recibiendo la admisión a trámite antes y cuáles después. No obstante, los mayores retrasos confirmados por este medio, que superan los 38 días, corresponden a quienes solicitaron su petición a través de las oficinas presenciales. Algunos de quienes lo hicieron por la vía telemática, por su cuenta o a través de abogados u ONG (las personas sin papeles no pueden por sí mismos porque necesitan un certificado digital del que carecen), también han tenido que esperar más de la cuenta, pero no tanto tiempo como quienes depositaron sus documentos en persona.

“Las comunicaciones de admisión a trámite llegan como si fueran cartas enviadas desde 1950: lentas, irregulares y sin patrón alguno”, ha criticado Guillermo Morales, director del despacho de abogados especializado en extranjería Legalteam. “Quien presentó después ya tiene la suya. Quien la presentó antes sigue mirando compulsivamente el buzón electrónico, como si fuera a aparecer por arte de magia”, resume en un texto publicado en su blog. También las ONG colaboradoras están percibiendo la arbitrariedad en los retrasos. “Mientras algunas comunicaciones están llegando en pocos días, otras llevamos esperando más de tres semanas, sin poder identificar el patrón”, coincide Elena Muñoz, responsable jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Entre las personas que aguardaban su turno aquel primer día de la regularización presencial estaba también Loren, asesora en la consultora Acevedo Extranjería, acompañando a una mujer que iba a solicitar la regularización. Ella y su equipo tienen varias peticiones registradas por esta vía y confirma grandes retrasos en esos casos, especialmente entre los que la presentaron los primeros días. “Ninguna de las solicitudes que hemos acompañado a presentar presencialmente han recibido aún la admisión a trámite”, explica.

El Ministerio de Inclusión lanza un mensaje de tranquilidad a las personas que aguardan algunos de estos trámites. Según explican, los tiempos de la tramitación “pueden depender de varias cosas”. Por ejemplo, detallan, “hay muchas solicitudes que están pendientes de subsanación y, en estos casos, ”se paraliza el plazo para requerir a la persona la documentación que le falta“.

En otros casos, añaden, “hay documentación que tiene que ser revisada” y, en otros, “las solicitudes se presentaron de manera presencial y deben recibir la notificación por correo postal”. Fuentes del departamento dirigido por Elma Saiz añaden que se encuentran “en plazo” y que el procedimiento “avanza según lo previsto”. “Todas las solicitudes que se hayan presentado correctamente, cumplan los requisitos y no estén pendientes de ningún trámite más, recibirán la autorización correspondiente a su admisión a trámite”, aseguran para tratar de lanzar un mensaje de calma.

Un mes de espera

Emma envió su expediente a través de un abogado el pasado 29 de abril. Un mes después, no tiene respuesta. Ella trabaja desde que llegó a España por temporadas en el cuidado de una señora mayor en Madrid. En los meses de verano, se traslada al lugar donde la mujer pasa el verano para atenderla también durante sus vacaciones. El permiso de trabajo le daría la seguridad para tratar de negociar mejores condiciones de trabajo y buscar mayor estabilidad. También desea empezar a cotizar para conseguir un permiso de larga duración y poder empezar los trámites para reagruparse con sus hijos, que continúan en el país.

Con todas esas necesidades en la cabeza y el estómago, la salvadoreña y su marido entran de vez en cuando al portal donde puede seguir el estado del procedimiento. Desde hace unos 30 días, se choca con el mismo mensaje: “En trámite”, según una captura enviada a este medio. Sin embargo, eso no significa que efectivamente haya sido admitida a trámite y, por tanto, ya pueda trabajar de forma regular.

“Hay que esperar al justificante de admisión a trámite, que incluye el NIE, y mencionan el permiso provincial de residencia y trabajo”, aclara el letrado de extranjería Felipe Garoña. Emma escribe inquieta a su abogada, que la calma y le traslada que será avisada en cuanto llegue el escrito que espera. Pero cuando el reconocimiento de tantos derechos están en juego, es difícil calmarse del todo y no dejarse arrastrar por la ansiedad de las distintas posibilidades del retraso, traslada. A veces, se inquieta pensando en el supuesto de que hubiese habido algún problema en el envío o recepción del correo y que pudiera dejarla fuera del proceso. Después de algunos días de ansiedad, ha asumido que lo único que puede hacer es esperar y confiar en su abogado.

Cada retraso de cada trámite acaba alargando el proceso y entorpece el objetivo principal de quienes piden la regularización: encontrar un trabajo en condiciones dignas y darse de alta en alta en la Seguridad Social. Una vez recibida la admisión a trámite, la espera de muchos no acaba. Quienes van a tener residencia regular en España por primera vez y no han trabajado dados de alta anteriormente, no podrán trabajar hasta que no reciban su número a la Seguridad Social. Y esto tampoco está siendo fácil. “Cuando por fin llega la ansiada admisión a trámite, aparece la frase estrella: ”En unos días recibirá su número de afiliación social. Días que ya van camino de convertirse en semanas. Semanas que pronto serán meses“, cuestiona el abogado Guillermo Morales.

En cuanto Luisa confirmo la admisión de su solicitud, ya con papeles, empezó a enviar currículums a varias ofertas de marketing digital, el ámbito al que le gustaría saltar tras años como limpiadora en la economía sumergida. Pero para acceder a una de estas ofertas necesita el número de la Seguridad Social. El Ministerio de Inclusión explica a los solicitantes por correo electrónico que estos deben esperar a recibir por correo postal dicho número, indispensable para poder trabajar. Existen otras formas de obtenerlo, pero quienes no tienen el acompañamiento adecuado se fían de las indicaciones del Gobierno, que pide que no lo soliciten por su cuenta.

No quiere perder tiempo. Sabe que de su tiempo cotizado dependerá la renovación posterior del permiso que tanto le ha costado conseguir. “Siento que con el permiso provisional ya se me ha abierto el camino y quiero empezar a recorrerlo. Con este permiso de trabajo, ya empieza a contar mi año para renovar la tarjeta, así que he empezado a moverme”, explica desde Valencia, donde actualmente trabaja en la limpieza de cinco viviendas. Comprueba su buzón cada día y la carta no llega, por lo que ha decidido tratar de obtenerlo por la vía digital.

“Aún no me ha llegado, pero estoy intentando pedirlo de otra manera, a través del certificado digital”, explica la colombiana. “A ver si lo logro”, añade, pues acaba de recibir el permiso de residencia temporal. “Debe llegar una carta a la dirección postal o certificado digital de la persona interesada (no a su representante). Hay veces que se dan algunos retrasos en este envío, pero en la web de la Tesorería General de la Seguridad del Estado se puedo consultar el número asignado, o pueden solicitarlo ante la Seguridad Social”, detalla Muñoz. Al no explicar este procedimiento, quienes carecen de apoyo jurídico se están encontrando problemas en este punto.

No hay pruebas de que los servicios públicos de Madrid vayan a colapsar por la regularización extraordinaria de migrantes. El Tribunal Supremo ha hecho públicos los argumentos con los que rechazó hace unos días la petición del gobierno de Isabel Díaz Ayuso de paralizar esta medida de forma urgente, y entiende entre otras cosas que no hay peligro de que la sanidad, la educación o la vivienda pública vayan a entrar en crisis por tener que atender a cientos de miles de personas más. “No puede afirmarse, en este momento, que haya quedado acreditado”, dice el Supremo sobre el principal argumento de la Comunidad de Madrid. Los dos magistrados discrepantes entienden que la medida se trata de una “amnistía administrativa encubierta”.

Tanto la administración regional como Vox llevaron la regularización ante el Tribunal Supremo para solicitar su paralización urgente. Junto con ellos lo hicieron también asociaciones de corte ultra como HazteOír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica -autora de los recursos que paralizaron las exhumaciones de Cuelgamuros- y la Asociación Libertad y Justicia. Los recursos de estas últimas son inadmitidas de plano por falta de legitimación activa.

La Comunidad de Madrid y sus servicios jurídicos incidieron en la idea de que los servicios públicos regionales estaban condenados al colapso si los tribunales no frenaban de urgencia la regularización. El gobierno de Ayuso, alegó el letrado, no había tenido tiempo para “planificar todos los servicios públicos” y advirtió del impacto para los servicios públicos de vivienda, educación, sanidad y servicios sociales. Reclamó un “escalonamiento” advirtió que las estructuras públicas madrileñas “no se encuentran dimensionadas para atender a nuevos cientos de miles”.

El Supremo seguirá estudiando el recurso y dictará en unos meses una sentencia sobre el fondo del asunto, pero en esta fase urgente entienden los magistrados que la Comunidad de Madrid no ha aportado pruebas para justificar la alarma. Ese perjuicio para el sistema público, dice el Supremo, “no puede afirmarse en este momento procesal que haya quedado acreditado sin género de duda”. Ni tampoco que pueda tener consecuencias irreversibles.

Por contra, los jueces recuerdan que una suspensión cautelar afectaría a los intereses de miles de personas que han solicitado estas autorizaciones. “La suspensión solicitada les determinaría a seguir en la situación de irregularidad administrativa”, explican los autos. Y además la regularización será reversible si es declarada nula en los tribunales. Una respuesta similar recibieron las alegaciones presentadas por Vox pero añadiendo una frase final sobre las consecuencias que tendría para todas esas personas suspender el proceso: “Con todo lo que ello entraña, humana, social y económicamente”.

Una “amnistía administrativa encubierta” para dos magistrados

Dos magistrados votaron en contra de esta decisión y apostaron por suspender la regularización de forma cautelar. Fueron Wenceslao Olea, exvocal del Consejo General del Poder Judicial, y Fernando Román, exsecretario de Estado de Justicia con Mariano Rajoy. Según estos dos jueces, la normativa choca con las leyes de la Unión Europea y podría haber sido suspendida de forma cautelar. Incluso plantearon la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial a los tribunales comunitarios mientras tanto.

Para estos dos magistrados discrepantes, la medida del ejecutivo constituye una “amnistía administrativa encubierta”. Las autorizaciones concedidas, dicen estos dos jueces de la sala tercera, se imponen aunque exista una orden de expulsión o devolución pendiente de ejecutar. “Las referidas disposiciones implican, en la práctica, la privación de efectos de lo ya decidido en sede jurisdiccional, lo que puede ser calificado, desde una perspectiva material, como una forma de «olvido» de la sanción”, dice el voto particular.

Tenía su ropa preparada en una bolsa en la celda del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia. Tras haber sido detenido justo cuando se dirigía a presentar la petición de la regularización, pero sin que sus circunstancias hubiesen importado para la policía ni el juzgado, su retorno parecía irrevocable. Pero ahora, poco más de una semana después de su liberación, al marroquí Mounir se le escapa una carcajada nerviosa al describir el giro de acontecimientos de la última semana: en cuestión de días ha pasado de estar encerrado por no tener papeles y esperar su deportación inminente, a recibir un permiso provisional de residencia y trabajo. 

“Aún no lo creo”, dice Mounir por teléfono ya fuera del CIE donde estuvo privado de libertad dos semanas en un centro en el que, como confirman los hechos posteriores, nunca debería haber entrado. Solo cuatro días después de su salida del centro de detención para extranjeros, su abogado recibió un correo electrónico del departamento del Ministerio de Inclusión encargado de estudiar los permisos de residencia de extranjeros: el Gobierno había admitido a trámite su petición de regularización extraordinaria, esa que estaba a punto de registrar justo cuando fue detenido por la Policía y que finalmente presentó su abogado después de que él fuese enviado al CIE.

Como ya tenía todos los papeles preparados, pues tenía cita con su abogado cuando el coche en el que viajaba fue parado en un control policial de camino al despacho, su letrado, Álvaro Vico, pudo registrar con facilidad la documentación de Mounir pese a haber sido internado en el CIE. La semana pasada, cuatro días después de la liberación del marroquí después de que su caso fuese denunciado por la Plataforma CIEs No Valencia y difundido en medios de comunicación, su solicitud fue admitida a trámite, lo que conlleva la concesión de un permiso provisional de residencia y trabajo, según el documento oficial al que ha accedido este medio.

“Hace una semana y algo estaba preparando mi ropa para irme y ahora tengo papeles”, resume Mounir aún con cierta sorpresa.

En busca de trabajo en el campo almeriense

El marroquí no daba crédito cuando recibió la llamada del familiar que se lo comunicó. El teléfono sonó cuando acababa de subir en un autobús con destino Almería. Habían pasado solo cuatro días de su salida del CIE y Mounir ya se dirigía a la provincia andaluza para buscar trabajo, aprovechando el aumento de demanda de mano de obra por la campaña del melón y la sandía: “No pensaba que me iban a responder tan rápido. Llevaba semanas sin trabajar y necesitaba dinero. Un amigo vive en Almería y me dijo que allí, con la temporada, se podía conseguir trabajar días sueltos”.

Cuando subió a ese autobús, Mounir no tenía papeles. Cuando llegó a su destino, ya los tenía. “Me llamó mi familiar y me dijo que tenía papeles. No sabía qué hacer. Le dije: ¿Qué hago? ¿Me bajo y vuelvo a casa?”, describe Mounir con cierto tono de burla sobre su bloqueo inicial. “Estuve a punto de volver, pero ahora en Altea es más complicado encontrar trabajo y al tener ya pagado el billete, decidí mantener el plan de ir a Almería. Ahora hay más trabajo y necesito el dinero”. 

Mounir responde a las preguntas de elDiario.es desde la habitación que comparte con el amigo que le acoge en Almería. Ha pasado solo unos días de recibir el permiso y aún no ha encontrado un empleo en el que volver a cotizar, pero cuenta que ya ha empezado a buscar. “Lo que me importa ahora es conseguir algo con contrato, porque así será más fácil luego renovar los papeles y más posibilidades tendré de quedarme”, explica el joven. Mientras no lo logra, necesita seguir pagando sus gastos, por lo que acepta los jornales que le ofrecen por empleos puntuales pagados “en b” en el campo almeriense o en almacenes de la zona. “Si me llaman para descargar un camión o hacer algo puntual, lo hago. Pero lo principal para mí es volver a cotizar”. 

El día de la liberación: “Casi abrazo al policía”

El pasado 18 de mayo aún temía la posibilidad de ser deportado tres días después. Según le habían comunicado a su abogado, esa era la nueva fecha prevista para su salida. Pero esa tarde un agente se acercó a él: “Vas a salir hoy”, recuerda que le dijo. “Me puse tan contento que salté hacia él de la alegría y hasta quería darle un abrazo”, añade entre risas. Rondaban las 18:40 cuando salió del centro. 

Cree que su salida se debe a la unión de distintas personas que decidieron denunciar su caso y pedir su liberación. “Agradezco mucho a la gente que me ha apoyado. No esperaba tanto apoyo”, indica el marroquí, que a su vez recuerda a otros compañeros que se quedaron en el CIE, pese a tener una “situación parecida” a la suya (arraigo y falta de antecedentes). “Me acuerdo de un argelino y un marroquí, que también tenían casi todo preparado. Pero ellos no tenían familia en España como yo, que buscase a un abogado o llegase a ONG o a los medios de comunicación, y no han tenido esta ayuda”, lamenta Mounir. 

“Cuando me cogió la Policía y me llevó al CIE se sentía solo. Pero gracias toda la gente que me apoyó sé que, aparte de mi familia, no estoy solo, porque mucha gente buena me ha ayudado”, reflexiona.

“Me acuerdo de un argelino y un marroquí, que también tenían casi todo preparado. Pero ellos no tenían familia en España como yo, que buscase a un abogado o llegase a ONG o a los medios de comunicación, y no han tenido esta ayuda”, lamenta Mounir. 

Sus palabras evidencian un panorama que coincide con otros casos publicados por elDiario.es de migrantes encerrados en el CIE, en cuyo internamiento no se tuvo en cuenta ni el arraigo ni el hecho de que podían optar al proceso de regularización extraordinaria. Ya son tres los casos difundidos en medios con el tiempo suficiente para evitar el retorno (Mounir, Omar y Oussama) acabasen en su liberación, lo que en la práctica supone un reconocimiento oficial de que no deberían haber sido encerrados.

Criterio clave: el arraigo

En 2014, la Dirección General de la Policía, mediante una circular, estableció unos criterios a tener en cuenta para solicitar el internamiento de personas extranjeras en los CIE, entre las que se contemplan una serie de circunstancias personales genéricas a considerar, entre las que se incluye el arraigo en España, la existencia de domicilio conocido, hijos a cargo o consecuencias de la expulsión para la persona o sus familiares. Mounir estaba empadronado en Altea desde hacía más de un año, había estado dado de alta en un empleo y llevaba en su móvil toda la documentación que iba a presentar a la abogada para solicitar la regularización. No podía ir más preparado para demostrar su arraigo. Pero ni la Policía ni el juzgado de Benidorm que acabó aprobando el internamiento propuesto por los agentes lo tuvieron en cuenta. 

 “Para mí supone un alivio general. Ahora voy con la calle y no tengo que esconderme, no tengo que mirar detrás de mí, no tengo miedo por si me deportan. Me siento como una persona normal, puedo expresarme. Si veo un coche de policía, sé que ahora no me tiene por qué pasar nada”

Cuando se le pregunta qué supone para él tener papeles otra vez, Mounir habla de la tranquilidad de vivir sin miedo. “Para mí supone un alivio general. Ahora voy con la calle y no tengo que esconderme, no tengo que mirar detrás de mí, no tengo miedo por si me deportan”, responde desde Almería. “Me siento como una persona normal, puedo expresarme. Si veo un coche de policía, sé que ahora no me tiene por qué pasar nada”. 

Pero ese temor diario fue tan intenso que a veces el cuerpo tarda en asimilar lo que la mente confirma al obtener un permiso de residencia. El pasado domingo vio a unos agentes pasar a su lado y fue consciente del cambio. Aunque no se asustó, sí fue consciente de su presencia y se recordó que ya no tenía que esconderse por el mero hecho de existir: “Pasaron a mi lado y yo me quedé tranquilo”. 

Las dos semanas de detención estuvieron marcadas por la ansiedad de la deportación. “Estaba asustado, porque sabes que en cualquier momento te pueden llevar y se pasa mal. Aunque allí no me pasó nada malo, no tuve problemas con nadie, estar atrapado cuando quieres trabajar es muy agobiante”, explica. “Da miedo porque te sientes impotente. Yo hasta soñaba que estaba en Marruecos. No sabía qué hacer”, explica el jornalero.

Si hubiese sido expulsado, dice, habría vuelto a intentar venir a España. “Iba a volver a intentarlo aunque me costase la vida. Desde pequeño soñaba con venir, miraba el mar y pensaba en atravesarlo para vivir aquí”.

En los días en que tenía su regreso a Marruecos también pensaba en todo lo que le costó salir de allí. Antes de lograrlo, había pedido un préstamo de cerca de 5.000 euros para costear el viaje en una patera desde El Aaiun (Sáhara Occidental) a Canarias. “Me estafaron. Se fueron con mi dinero. Al principio no quería volver a casa, reconocer a mi familia lo que había pasado, pero me acabaron apoyando”.

Un año después, volvió a intentarlo por la frontera de Ceuta: “Nadé con otro amigo durante todo el día. Salí a las 8 de la mañana y llegué a las 12 de la noche”.

Mounir insiste en que quiere “volver” a cotizar. Dice “volver” porque ya estuvo dado de alta en la Seguridad Social. El marroquí había solicitado asilo tras su llegada a España en 2024. Después de que su petición fuera admitida a trámite, el joven obtuvo el permiso de residencia temporal habitual durante la tramitación del procedimiento. Con esa autorización, trabajó y cotizó durante cerca de cuatro meses como limpiador y ayudante de cocina en un restaurante en Altea. La respuesta negativa a su petición de protección internacional acarreó la pérdida de sus papeles y, por esa razón, la empresa tuvo que despedirle, como prueba la documentación a la que ha accedido este medio. 

“Trabajaba en el mismo restaurante donde yo trabajo y los jefes estaban encantados de con él”, dice Ahmed (nombre ficticio porque prefiere mantenerse en el anonimato) que apoya a Mounir en España. Mientras trabaja en Almería, Ahmed le ayuda a buscar una una oportunidad laboral. Como había estado dado de alta anteriormente, él ya tenía número de la Seguridad Social, por lo que ya está preparado para reactivar su vida laboral en España.

El plan de Mounir pasa por quedarse una temporada en Almería y, si no consigue nada estable y con contrato, volver a Altea donde le encantaría volver a trabajar en la hostelería. “Me gustaba mucho vivir allí y trabajar en la cocina. Voy a ahorrar algo de dinero para después volver, mantenerme por mí mismo y buscar un empleo en el sector”, proyecta el marroquí, unas semanas después de haber dado por hecha su expulsión a las puertas de una regularización que, con muchas trabas, ha acabado logrando de forma provisional.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha hecho un balance de la respuesta ciudadana ante el proceso de regularización extraordinario aprobado por el Gobierno, cuyo plazo finaliza el próximo 30 de junio. Según informan desde la organización, las sedes sindicales están registrando una alta afluencia de personas que acuden con dudas y necesidad de asesoramiento.

En La Rioja, la atención presencial se centraliza en la sede de CCOO en Logroño, ubicada en la calle Pío XII, nº 33 (3ª planta), y se realiza mediante el sistema de cita previa. Este servicio, de carácter totalmente gratuito , se enmarca en un despliegue nacional en el que participan más de 200 sindicalistas para asistir de forma presencial y telemática a las personas migrantes que requieren tramitar su situación administrativa ante las oficinas de extranjería.

A pesar de la colaboración de numerosas entidades para que la regularización se ejecute dentro del plazo establecido , CCOO advierte de que la efectividad real del proceso depende de la capacidad de respuesta de la Administración. Por este motivo, el sindicato considera urgente reforzar de manera continuada y con personal suficiente las oficinas de extranjería, dotándolas de un presupuesto estable.

Desde el sindicato recuerdan que los procesos extraordinarios de regularización han sido impulsados históricamente en España tanto por Gobiernos del PP como del PSOE , reportando beneficios sociales y económicos. En este sentido, señalan que el procedimiento actual persigue dos objetivos compatibles: garantizar los derechos humanos de quienes ya viven y trabajan en el país e incrementar las cifras de cotizantes para sostener el estado del bienestar.

Denuncias por abusos y cobros desproporcionados

La organización sindical también ha puesto el foco en las malas prácticas detectadas durante estas semanas. Por un lado, apuntan que la medida incomoda a los empleadores que incurren en la explotación laboral, ya que les obliga a cumplir las normas sectoriales, asegurar a los trabajadores y cotizar por ellos.

Por otro lado, CCOO denuncia públicamente el negocio lucrativo que están realizando algunos abogados, quienes llegan a cobrar hasta 1.600 euros a sus propios compatriotas por una tramitación que no requiere obligatoriamente de sus servicios. El sindicato alerta incluso de casos extremos en los que se retiene la documentación original —como pasaportes y resoluciones— para exigir un pago adicional de 800 euros.

Frente a estas situaciones, desde el sindicato destacan el impacto positivo de la medida en el entorno vecinal al eliminar el miedo a la falta de documentación , permitiendo que la población migrante acceda a unas condiciones laborales y de vida dignas, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de la ciudadanía.

El Govern balear del PP ha elevat la seva ofensiva contra la regularització extraordinària de persones migrants aprovada pel Govern central i sol·licitarà al Tribunal Supremo que suspengui cautelarment la mesura mentre resol el recurs contenciós administratiu que l’Executiu autonòmic preveu presentar en els pròxims dies.

L’anunci l’ha fet aquest divendres el portaveu i vicepresident primer de l’Executiu, Antoni Costa, després de la reunió del Consell de Govern, que ha autoritzat l’Advocacia de la Comunitat Autònoma a iniciar el procediment judicial contra el reial decret aprovat pel Govern de Pedro Sánchez. Balears segueix així la senda de la Comunitat de Madrid, que, juntament amb Vox i organitzacions d’extrema dreta, també ha recorregut la mesura entre vaticinis sobre un suposat impacte damunt els serveis públics.

En contra del criteri de diferents estudis i organismes públics que qüestionen el relat de la dreta i l’extrema dreta segons el qual la migració estaria directament relacionada amb la sobresaturació de la xarxa assistencial pública, el Govern de Marga Prohens sosté que la regularització -que permetrà que milers de persones en situació administrativa irregular accedeixin a permisos de residència i treball- tindrà un cost “significatiu” i “substancial” damunt els sistemes sanitari, educatiu i social de Balears, tot i que ha evitat concretar xifres.

“Tenim estimacions, però es manifestaran en el seu moment”, s’ha limitat a assenyalar Costa, retraient a l’Executiu central que no hagi previst mecanismes de compensació econòmica per a les autonomies. “La sensació és que Pedro Sánchez convida i la resta pagam”, ha recriminat, retraient, així mateix, que el decret s’aprovàs sense consens amb les comunitats autònomes, sense debat parlamentari i sense una memòria econòmica que quantifiqui el seu impacte damunt els serveis públics.

En realitat, les persones en situació irregular ja tenen dret a l’assistència sanitària normalitzada a Espanya després de diverses reformes impulsades pel Govern central, la darrera de les quals el març d’enguany. La modificació va corregir algunes escletxes de la normativa anterior per les quals encara es produïen casos d’exclusió sanitària en determinats supòsits.

L’únic canvi rellevant que comportarà la regularització és que, una vegada donades d’alta a la Seguretat Social, aquestes persones hauran de rebre la corresponent targeta sanitària mitjançant un procediment administratiu simplificat que ja contempla la mateixa web autonòmica. Es tracta, per tant, d’una modificació més qualitativa que material: en tenir ja reconegut l’accés a l’assistència sanitària, no es preveu un increment significatiu de la despesa pública ni una situació d’urgència administrativa, atès que aquestes persones ja compten amb atenció mèdica assignada.

D’altra banda, l’Informe de seguiment del Marc Estratègic de Ciutadania i Inclusió contra el Racisme i la Xenofòbia 2023-2027 conclou que la població estrangera no comunitària utilitza menys els serveis sanitaris que la població espanyola i presenta, en termes generals, una estructura demogràfica més jove, fet que redueix la seva pressió assistencial damunt el sistema sanitari.

Contribució a les cotitzacions fiscals

En matèria econòmica, diversos anàlisis acadèmics subratllen que les persones migrants contribueixen de manera neta al sosteniment de l’estat del benestar a través de cotitzacions i imposts, especialment en sectors amb manca de mà d’obra. En aquesta línia, el Banco de España subratlla la contribució de la població migrant al mercat laboral i al sosteniment del sistema de pensions en un context d’envelliment demogràfic. Així mateix, indica que la regularització de migrants permetrà augmentar les cotitzacions socials i els ingressos fiscals en aflorar ocupació no declarada.

Malgrat això, Costa ha insistit en el possible “efecte crida” que podria provocar la mesura, un argument recurrent en el debat migratori però qüestionat per especialistes i entitats socials, que sostenen que no existeix evidència concloent que les regularitzacions extraordinàries provoquin un augment automàtic d’arribades.

El també conseller d’Economia, Hisenda i Innovació ha vinculat igualment l’oposició de l’Executiu autonòmic a la seva estratègia de “transformació del model de creixement” de Balears. Preguntat pel suport que organitzacions empresarials han mostrat al procés de regularització davant la manca de treballadors en sectors com l’hostaleria o les cures, Costa ha defensat que “es pot establir una correlació directa entre creixement en volum i necessitat de mà d’obra”.

La iniciativa judicial se suma a l’enduriment del discurs migratori impulsat per diferents governs autonòmics del PP en els darrers mesos, en un context marcat per l’auge dels postulats d’extrema dreta i la intensificació de les crítiques a les polítiques migratòries del Govern central. A Balears, aquest discurs emergeix, a més, en un escenari de forta crisi habitacional derivada de l’encariment del lloguer, l’especulació immobiliària, la saturació derivada del model turístic i la precarització laboral.

El Govern balear del PP ha elevado su ofensiva contra la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno central y solicitará al Tribunal Supremo que suspenda cautelarmente la medida mientras resuelve el recurso contencioso-administrativo que el Ejecutivo autonómico prevé presentar en los próximos días.

El anuncio lo ha realizado este viernes el portavoz y vicepresidente primero del Ejecutivo, Antoni Costa, tras la reunión del Consell de Govern, que ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a iniciar el procedimiento judicial contra el real decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Balears sigue así la senda de la Comunidad de Madrid, que, junto a Vox y organizaciones de ultraderecha, también ha recurrido la medida entre vaticinios acerca de un supuesto impacto sobre los servicios públicos.

En contra del criterio de distintos estudios y organismos públicos que cuestionan el relato de la derecha y la extrema derecha según el cual la migración estaría directamente relacionada con la sobresaturación de la red asistencial pública, el Govern de Marga Prohens sostiene que la regularización -que permitirá que miles de personas en situación administrativa irregular accedan a permisos de residencia y trabajo- tendrá un coste “significativo” y “sustancial” sobre los sistemas sanitario, educativo y social de Balears, aunque ha evitado concretar cifras.

“Tenemos estimaciones, pero se manifestarán en su momento”, se ha limitado a señalar Costa, reprochando al Ejecutivo central que no haya previsto mecanismos de compensación económica para las autonomías. “La sensación es que Pedro Sánchez invita y el resto pagamos”, ha recriminado, reprochando, asimismo, que el decreto se aprobase sin consenso con las comunidades autónomas, sin debate parlamentario y sin una memoria económica que cuantifique su impacto sobre los servicios públicos.

En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España tras varias reformas llevadas a cabo por el Gobierno central, la última de ellas en marzo de este año. La modificación corrigió algunas grietas de la normativa anterior por la que aún se producían casos de exclusión sanitaria en determinados supuestos. 

El único cambio relevante que traerá la regularización es que, una vez dadas de alta en la Seguridad Social, estas personas deberán recibir la correspondiente tarjeta sanitaria mediante un procedimiento administrativo simplificado que ya contempla la propia web autonómica. Se trata, por tanto, de una modificación más cualitativa que material: al tener ya reconocido el acceso a la asistencia sanitaria, no se prevé un incremento significativo del gasto público ni una situación de urgencia administrativa, dado que estas personas ya cuentan con atención médica asignada.

Por otro lado, el Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027 concluye que la población extranjera no comunitaria utiliza menos los servicios sanitarios que la población española y presenta, en términos generales, una estructura demográfica más joven, lo que reduce su presión asistencial sobre el sistema sanitario.

Contribución a las cotizaciones fiscales

En materia económica, diversos análisis académicos subrayan que las personas migrantes contribuyen de forma neta al sostenimiento del Estado del bienestar a través de cotizaciones e impuestos, especialmente en sectores con falta de mano de obra. En esta línea, instituciones como el  Banco de España subrayan la contribución de la población migrante al mercado laboral y al sostenimiento del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico. Asimismo, indica que la regularización de migrantes permitirá aumentar las cotizaciones sociales y los ingresos fiscales al aflorar empleo no declarado.

Pese a ello, Costa ha insistido en el posible “efecto llamada” que podría provocar la medida, un argumento recurrente en el debate migratorio pero cuestionado por especialistas y entidades sociales, que sostienen que no existe evidencia concluyente de que las regularizaciones extraordinarias provoquen un aumento automático de llegadas.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación también ha vinculado la oposición del Ejecutivo autonómico a su estrategia de “transformación del modelo de crecimiento” de Balears. Preguntado por el respaldo que organizaciones empresariales han mostrado al proceso de regularización ante la falta de trabajadores en sectores como la hostelería o los cuidados, Costa ha defendido que “se puede establecer una correlación directa entre crecimiento en volumen y necesidad de mano de obra”.

La iniciativa judicial se suma al endurecimiento del discurso migratorio impulsado por distintos gobiernos autonómicos del PP en los últimos meses, en un contexto marcado por el auge de los postulados de extrema derecha y la intensificación de las críticas a las políticas migratorias del Gobierno central. En Balears, este discurso emerge además en un escenario de fuerte crisis habitacional derivada del encarecimiento del alquiler, la especulación inmobiliaria, la saturación derivada del modelo turístico y la precarización laboral.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, Vox y organizaciones de extrema derecha han trasladado este viernes al Tribunal Supremo su batalla contra la regularización extraordinaria que concederá los papeles a más de medio millón de personas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acogido las cinco vistas en las que los recurrentes han solicitado, en ocasiones con argumentos falsos o tergiversados, la suspensión cautelar de la norma hasta que los magistrados resuelvan el fondo del asunto. 

“La medida supone un incremento brutal y no cuantificado del gasto social”, ha alertado el europarlamentario de Vox Jorge Buxadé, a pesar de que las personas sin papeles, aunque con algunas trabas, ya tenían derecho a la sanidad o la educación postobligatoria. Además, otras medidas como las ayudas en materia de vivienda exigen requisitos que, en la práctica, complican su acceso inmediato a quienes acaban de ser regularizados. 

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, ha confrontado los bulos con los que algunas de estas entidades han tratado de frenar esta regularización. Y ha defendido que el decreto busca la “integración efectiva” de personas que ya tienen “arraigo” en España y que aceptar su suspensión “comprometería” sus derechos. Además, ha revelado que, hasta este jueves, 549.596 personas ya habían solicitado acogerse a esta regularización. De ellas, 91.905 han sido admitidas a trámite.

El letrado de la Comunidad de Madrid ha alegado que el Ejecutivo regional no ha tenido tiempo para “planificar todos los servicios públicos” y ha pedido a los magistrados que “empaticen” con los gestores de estos servicios ante la posibilidad de que 255.000 personas se acojan a esta regularización en la región. El representante de los servicios jurídicos del Ejecutivo madrileño se ha expresado en términos menos incisivos que el recurso presentado ante el tribunal, en el que se dibujaba un escenario de inminente colapso y “desbordamiento de los servicios y prestaciones públicas”.

“La Comunidad de Madrid no busca ningún perjuicio para estas personas, únicamente que haya certidumbre”, ha aseverado. No obstante, ha apuntado que unas de las “consecuencias inmediatas” es el otorgamiento de una Tarjeta Sanitaria Individual. Y, aunque ha admitido que estas personas tienen ya una “prestación sanitaria”, ha insistido en que no es lo mismo una prestación “ocasional” que el hecho de formar parte de forma “estable y estructural” del sistema sanitario.

En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España a través de un código que les permite acceder a todos los derechos, como la asignación de médico de cabecera o la derivación a especialistas. El único cambio, por tanto, es que se les asignará la citada tarjeta. Lo que alega la Comunidad de Madrid es que la ratio de asegurados asignados a cada médico —conocida técnicamente como “cápita”— es la base sobre la que se organiza toda la atención primaria y se dimensiona el tamaño de la red sanitaria. 

“El acceso a todos esos derechos se produce ya. El problema está en si vamos a tolerar más o menos la situación de vulnerabilidad que se está produciendo para estas personas por una situación de irregularidad que la Administración tampoco ha podido resolver”, ha respondido el abogado del Estado.

Los cambios en el censo electoral

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, que está colegiado como abogado, también ha alentado el bulo de que la regularización va a alterar los censos electorales. Se ha referido al “riesgo grave” de que estas personas puedan votar en las próximas elecciones generales. La norma del Ejecutivo, sin embargo, no promueve la nacionalización de migrantes necesaria para participar en estos comicios, solo su regularización para poder residir y trabajar en España. 

En su turno de respuesta, el abogado del Estado ha recordado que, de acuerdo al Código Civil, la concesión de nacionalidad en España tiene un plazo de diez años que se reduce en el caso de países con especial vinculación o de matrimonio con un nacional. Ha advertido, no obstante, de que “en ningún caso ninguna de estas personas va a poder acceder a votar en las siguientes elecciones”.

Sí tendrán derecho a votar en las municipales los residentes extranjeros cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en los términos de un tratado, si bien la abogada Patricia Fernández, que ha representado en las vistas a la Asociación Pro Derechos Humanos y la Coordinadora de Barrios, ha recordado que apenas 12.000 migrantes pidieron poder ejercer su derecho al voto en las últimas elecciones locales de 2023. 

Durante la sesión han aflorado también otros de los argumentos falsos o tergiversados que algunos de estos actores han esgrimido para solicitar la suspensión cautelar de la regularización, como el caso de los antecedentes penales. El abogado de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, conocida por su posición contraria a la ley de memoria, ha afirmado que la “no exigencia de certificado de penales, va en contra de la legislación”.

Sin embargo, carecer de antecedentes penales, en España y en el país de origen (o en aquellos países de residencia durante los últimos cinco años) es un requisito indispensable para acceder a la regularización extraordinaria. “Afirmar eso de los antecedentes es no haberse leído el real decreto”, le ha reprochado el abogado del Estado.

“Nos va a tocar a todos mantener a ese señor vulnerable sin que tenga una integración. No se está buscando la integración real de gente que está aquí”, ha dicho el letrado de la asociación anti memoria histórica en otro momento de su intervención. La realidad es que este documento, exigido solo en determinados supuestos —especialmente para las personas sin papeles que no vivan con sus familiares o que no puedan acreditar vínculos laborales—, se ha convertido en el principal cuello de botella del procedimiento. La letrada Patricia Fernández le ha recordado que la mera estancia irregular genera situaciones de vulnerabilidad y que responder a ello es una obligación marcada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Además, a la medida solo pueden acogerse las personas en situación irregular que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses, así como los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha.

La Comunidad de Madrid dice que la sanidad madrileña se “distorsionará completamente” por dar los papeles a miles de vecinos que, sin embargo, ya tienen reconocido ese derecho. El Gobierno de Ayuso también defiende que la regularización colapsará de manera inmediata ayudas como la Renta Mínima de Inserción que, sin embargo, exige al menos un año de residencia legal en el país. Son algunos de los argumentos falsos o tergiversados que el Ejecutivo madrileño ha incluido en el recurso con el que pide al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del real decreto que aprobó el proceso extraordinario de regularización, mientras sus magistrados estudian el fondo del asunto.

El Tribunal Supremo celebrará este viernes la vista para escuchar a las distintas partes que han pedido que paralice de forma cautelar el procedimiento de regularización extraordinaria, tras los recursos presentados por varios actores, entre los que destaca la Comunidad de Madrid. Para justificar la urgencia de la suspensión cautelar planteada, el Gobierno de Ayuso enumera uno a uno los servicios autonómicos que, a su juicio, se verían “colapsados” o “distorsionados completamente” por un supuesto incremento de cientos de miles de beneficiarios.

Sin embargo, muchos de los argumentos utilizados son falsos o chocan con la realidad de personas migrantes que acaban de regularizar su situación administrativa en España. Por un lado, el Gobierno de Ayuso habla del impacto en algunos servicios autonómicos a los que las personas sin papeles, aunque con algunas trabas, ya tenían derecho antes de que vayan a obtener el permiso de residencia, como la sanidad o la educación posobligatoria.

Por otro, la Comunidad de Madrid menciona algunas ayudas sociales a las que las personas sin papeles no pueden acceder, por lo que la obtención de su tarjeta de residencia sí conllevará de manera paulatina un posible aumento de la demanda, sin embargo, muchos de los requisitos de los ejemplos incluidos por el Ejecutivo autonómico son muy complicados de cumplir para la mayoría de personas que acaban de salir de una situación de irregularidad. Por tanto, su acceso a dichas ayudas no se daría de forma inmediata en cuanto obtuviesen sus permisos provisionales, pues muchas de ellas exigen un tiempo mínimo de residencia regular en España o empadronamiento.

Sanidad: ya cuentan con ese derecho

En el ámbito sanitario, el Gobierno regional afirma que un incremento de cientos de miles de personas “distorsiona completamente” toda la actual planificación de la red asistencial de la región. Explica que los recursos humanos, la organización de los centros y la estimación de la demanda dependen de la población asegurada asignada a cada facultativo. El Gobierno de Ayuso también apunta a los efectos de la regularización sobre el sistema de salud. El recurso subraya que el acceso a la sanidad difiere en el caso de los residentes, ya que la condición de asegurado implica la asignación de la Tarjeta Sanitaria Individual. “Esto supone un cambio cualitativo, ya que en ese momento se debe asignar un centro de salud y un facultativo”, recoge el escrito. 

En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España, después de varias reformas realizadas por el Gobierno, la última en marzo de este año, que arregló algunas grietas de la normativa anterior por la que aún se producían casos de exclusión sanitaria en determinados supuestos. Sin embargo, actualmente en la Comunidad de Madrid, las personas sin papeles pueden acceder a este derecho a través de un código, llamado DASE, (Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España) que les permite acceder a todos los derechos, como la asignación de médico de cabecera o la derivación a especialistas. En su propia página web, la Comunidad de Madrid explica cómo a las personas sin papeles cómo solicitar este documento.

El único cambio, por tanto, es que una vez dados de alta en la seguridad social se les tendrá que asignar la citada tarjeta sanitaria, en su procedimiento sencillo que también explica la web autonómica. Es una cuestión, como dice el recurso, cualitativa. Como ya tienen acceso a ese derecho, no se espera que suponga un mayor gasto para las arcas públicas y la modificación no requiere inmediatez, pues estas personas ya tienen un médico asignado.

“¿Cómo va a generar colapso en el sistema sanitario un derecho que ya está reconocido?”, dice Ignacio Peña, coordinador de Salud Entre Culturas, una organización especializada en el acceso a la salud de las personas migrantes, que cuenta con un reconocido programa de acompañamiento a pacientes extranjeros en el Ramón y Cajal. “En el pasado había muchos casos de exclusión, pero ahora mismo en la Comunidad de Madrid, se habilita el DASE sin casi problemas, con más o menos trabas, pero ya funciona bastante bien”, añade.

Ya acceden a FP y grados superiores

Respecto a la educación, el escrito señala que los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las etapas posobligatorias y al sistema público de becas “en las mismas condiciones que los españoles”. El recurso expone que es “lógico” que estas personas pretendan acceder a cursos de formación profesional o educación de adultos para integrarse en el mercado laboral. No obstante, justifica su impugnación advirtiendo que el reconocimiento de estas ayudas o las matrículas en las actividades formativas supone una “actividad administrativa irreversible”, cuyos efectos económicos y organizativos resultaría imposible deshacer con posterioridad.

La realidad es que las personas en situación irregular pueden cursar actualmente grados superiores y cursos de Formación profesional en España. La legislación española no impone la residencia legal como requisito de admisión académica. El obstáculo que se encuentran los estudiantes adultos en situación irregular tiene que ver con las trabas en el momento de la expedición oficial del título, cuando sí es exigido contar con el permiso de residencia. Muchas personas deciden estudiar igualmente para aprovechar su tiempo sin papeles, pues pueden solicitar un certificado de notas para probar la formación mientras no logran el título oficial. 

Es el caso de Hilary, peruana de 18 años, que lleva meses cursando un curso de Formación Profesional (FP) de Estética en la Comunidad de Madrid pese a no tener papeles. La joven contó a elDiario.es que sabía que, sin permiso de residencia, no podía conseguir el título, pero sí está matriculada y puede asistir a sus clases con cierta normalidad. “Sin tener papeles no puedo recibirlo, por eso la regularización es tan importante para mí”, explicó. También Mario (nombre ficticio), un hombre peruano, se inscribió en un FP de Telecomunicaciones justo cuando perdió su autorización para vivir y trabajar en España, al ver rechazada su petición de asilo: “Aproveché ese momento para no perder el tiempo. Espero que, cuando acabe, ya tenga los papeles y pueda buscar trabajo en ese sector”, explica el peruano que, en este caso, se matriculó en Huelva. 

Sobre las becas, con el reconocimiento de su permiso de residencia los estudiantes podrán optar como cualquier ciudadano a este tipo de ayuda, pero de nuevo se descarta el efecto inmediato e “irreversible” mencionado por el Gobierno de Ayuso. Las personas extranjeras, para optar a una beca, necesitan autorización de estancia o residencia legal en España “a 31 de diciembre del año anterior al inicio del curso”. Por tanto, los migrantes regularizados en este procedimiento no podrían acceder a las ayudas hasta al menos 2027.

Los requisitos de los servicios sociales

La Comunidad de Madrid destaca que la irrupción de nuevos solicitantes puede “distorsionar el presupuesto, desplazando a otros beneficiarios y ralentizando la gestión”. El texto cita la Renta Mínima de Inserción, una prestación económica que, añade, está dirigida a quienes “acrediten tener residencia legal en la Comunidad de Madrid”. El ejecutivo autonómico alega que este derecho se encuentra dimensionado estrictamente para una demanda estimada, por lo que cree imprescindible la paralización cautelar porque, si el Supremo suspendiese paralizarlo más adelante, revertir la prestación “se entiende imposible”.

Pero el recurso no menciona un dato importante. Para conseguir la Renta Mínima de Inserción (RMI) de la Comunidad de Madrid los solicitantes deben acreditar “residencia legal, permanente y efectiva” en la región durante el año inmediatamente anterior a la solicitud. Es decir, las personas que obtengan la regularización no podrán acceder a ella hasta que se cumpla un año de la emisión de la tarjeta de identificación de extranjero en vigor y de su empadronamiento en la región, es decir, como mínimo hasta a partir de verano de 2027

Por otro lado, cualquier persona empadronada en la Comunidad de Madrid puede tener acceso a los servicios sociales autonómicos o municipales según la normativa española, en lo relacionado con la atención de trabajadores sociales. De hecho, el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos, y su acceso normalizado al mercado laboral, puede provocar que esas personas necesiten menor atención de dichos servicios.

Vivienda

Vivienda

La Comunidad de Madrid argumenta que la norma produciría una “indudable distorsión” en los cupos, baremos y listas de la vivienda pública. Sostiene que el sistema no está diseñado para el acceso inmediato de miles de nuevos solicitantes, ya que la gestión en esta materia ya es “compleja” debido a su escasez. El recurso señala que, conforme a la legislación, “los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda” , y advierte de que este es un caso en el que, una vez adjudicado el derecho, se hace “extremadamente complicado revertir la situación” en el plano de la gestión si la justicia les da la razón más adelante.

Sin embargo, la letra pequeña de muchas de las ayudas de la Comunidad de Madrid, así como la realidad de las circunstancias de los ciudadanos que acaban de salir de la irregularidad administrativa evidencian que las personas que obtengan la regularización no podrán acceder de manera tan fácil, al menos no tan rápida, como defiende el recurso. 

La mayoría de estos planes exigen requisitos que, en la práctica, complican su acceso inmediato a quienes acaban de ser regularizados. Estos son algunos de ellos:

Fue a una comisaría de Badalona a firmar un documento y, en menos de 48 horas, estaba sentado en un banco en el aeropuerto de Dakar. Exhausto, desorientado y aún sin saber qué hacer, Abdou encendió el teléfono móvil que le había entregado un agente español tras el aterrizaje del vuelo de deportación que le mandó de regreso a su país, Senegal, tras más de tres años en España y en pleno procedimiento extraordinario de regularización. Tenía una nota de voz de Àngela Valeiras, la médica jubilada que le acogió durante días tras el famoso desaolojo del instituto abandonado B9. Él le respondió: “Estoy un poco bien. No he dormido. Me he quedado en un banco esperando a que llegue el día”, le dijo el senegalés. Él no es de la capital, sino de un pueblo situado a más de 200 kilómetros, no tenía dinero suficiente para llegar a casa.

Abdou, uno de los migrantes afectados por el macrodesalojo instado por Xavier García Albiol (PP) de un instituto abandonado de Badalona, fue expulsado de manera exprés a Senegal este martes después de ser detenido el lunes cuando el senegalés acudió a una cita para firmar una serie de documentos, desde que la Policía tenía retenido su pasaporte por contar con una orden de expulsión firme. Su caso fue denunciado por el Grupo de apoyo de las vecinas de la comunidad B9 de Badalona, que lo apoyaron desde el desalojo, y el colectivo Regularización Ya.

Según explicó a elDiario.es su abogada, Marta Llonch, el senegalés fue detenido en una de las denominadas “citas trampa”, una práctica denunciada por colectivos de migrantes y antirracistas, que consiste en la utilización de una cita policial de una persona migrante en situación irregular para proceder a su expulsión por la vía expréss, un procedimiento rápido que permite la deportación durante las 72 horas en que una persona puede ser detenida sin autorización judicial, siempre que exista una orden de expulsión firme, como es el caso de Abdou.

Abdou acudió a las dependencias como cada lunes y permaneció detenido. En menos de 24 horas después, el hombre fue trasladado bajo custodia policial al aeropuerto de Madrid y a las 20:30 horas fue subido a un vuelo con destino final Dakar y escala en Las Palmas. Según ha contado el senegalés a su abogada, en el avión había muchos migrantes en su misma situación. La letrada trata de contactar a diferentes personas u ONG que pudieran ayudar al senegalés a su llegada al país. “Estaba triste, agradecido de que tanta gente se haya movilizado, y desorientado. Llego a las 4 de la mañana, ha dormido en un banco y cuando he hablado con el seguía al lado del aeropuerto”, explica Llonch a elDiario.es.

Después de haber vivido en situación de calle y haber sido desalojado del instituto abandonado de Badalona, Abdou fue acogido unos días por Valeiras, que le acompañó desde entonces en su proceso de arraigo en España. Su historia salió publicada entonces en varios reportajes que contaban la reacción de la señora, que decidió recibir a dos de los migrantes que habían quedado en situación de calle. La mujer apenas ha pegado ojo esta noche. “Estoy hecha polvo, estoy muy cansada. Hay ir digiriendo poco a poco”, dice por teléfono. “No me podía dormir, fue un día. A la medianoche una compañera, de Badalona Acull me dijo que ya estaba camino de senegal. Ha sido realmente expréss”, explica la jubilada, que estaba muy preocupada por perder el contacto con él y no poder apoyarle al menos desde España. “Menos mal que mantiene el número. Al menos, con el contacto, podemos seguir pendientes”, añade la doctora retirada.

Durante la mañana, Valeiras ha conseguido enviar dinero a Abdou para que pueda volver a su pueblo. “Estaba sin dinero. Le han dejado en Dakar, y él no vive allí sino en un pueblo cerca de Saint Louis. Me decía que quería ir a su pueblo, con su madre”, describe la mujer.

La jubilada, que le conoce, sabe el significado escondido en sus palabras: “Dice que está ”un poco bien“. Ese ”poco bien“ significa que no está bien... Él siempre dice que está bien. Nunca dice que está mal, ni cuando en los peores momentos. Si dice ”bien, poco“, es que estar bastante triste”, explica la señora con preocupación, que traduce el español que ha ido aprendiendo en su tiempo en España. El senegalés, cuando llegó a España, no sabía ni leer ni escribir. “Ha ido aprendiendo por su cuenta. En su situación, habiendo estado en la calle era complicado, pero se esforzaba mucho”, explica, cuando Abdou ya está a más de 4.000 kilómetros de distancia.

La detención

El ciudadano fue detenido este lunes a las 12:45 horas por “infracción de la Ley de Extranjería”, en concreto, “por encontrarse irregularmente en territorio nacional”, según consta en el acta de detención, a la que ha tenido acceso elDiario.es, sellada por la Jefatura Superior de Policía de Catalunya.

Horas antes de su detención, la mujer jubilada mencionaba preocupada la cita médica que el senegalés ha perdido tras su detención, como si de su madre se tratase: “Hoy mismo tenía hora en el centro de salud, de seguimiento, por problemas ligados a todo el sufrimiento que vivió cuando estuvo en la calle”, dice la señora por teléfono. Su voz se corta cuando explica cómo se llevó a cabo la detención. “No le cogieron por la calle, él mismo fue a comisaría para firmar. Yo le había acompañado a la comisaría cuando le quitaron el pasaporte. Se presentaba cada lunes como nos dijeron. Qué rabia siento, porque yo le dije 'por favor, ve cada lunes'. Nos hizo caso en todo y ahora se lo han quedado allí”, dice. “Me sabe fatal. Él ha confiado en nosotros, en la abogada y en quienes le hemos ido acompañado, y el resultado es este”.

Tras su llegada a España en cayuco a Tenerife hace unos tres años, el senegalés pidió asilo. Durante un tiempo, tuvo permiso de residencia en el país, con lo que pudo trabajar como ayudante de cocina en un restaurante. Posteriormente, perdió los papeles al recibir la denegación de su petición y trabajó en el campo por temporadas. Sus escasos jornales esporádicos, sin embargo, no eran suficientes para costear un techo bajo el que dormir. Después de largas temporadas sin hogar, se alojó en el institut ocupado B9, hasta su desalojo.

El 17 de diciembre de 2025, los Mossos d'Esquadra desalojaron a centenares de migrantes que malvivían en este instituto abandonado de Badalona. El desalojo del espacio, ejemplo de la pobreza y el desamparo que sufren muchos migrantes sin ayuda de las instituciones, fue instado por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP). El día siguiente del desalojo, Àngela apareció en la vida de Abdou y lo acogió junto a otro compañero. La mujer les ofreció su casa sin pensarlo demasiado, como informó entonces ACN. “Me dejé llevar por el corazón ante una situación muy desesperada”, explicó en declaraciones recogidas por la Agencia. Los jóvenes mostraron su gratitud aquellos días limpiándole la casa y cocinándole platos típicos senegaleses antes de marcharse el domingo a un espacio habilitado por entidades y la Generalitat para darles cobijo.

Abdou aún no había pedido la regularización porque estaba esperando el certificado de antecedentes penales de su país, Senegal. El hombre carece de antecedentes penales en España, pero sí cuenta con varios antecedentes policiales y “dos procedimientos judiciales pendientes” ligados a su etapa en situación de calle.

Según su abogada, se trata de un caso de “usurpación” ligado a su entrada en un piso de la Sareb donde el joven entraba para ducharse. La otra causa tiene que ver con un delito contra salud pública, de cuando vivía en situación de sinhogarismo. “Fue acusado injustamente, por motivos aparentemente de perfil étnico-racial, porque estaba al lado de alguien que vendía drogas y se le detuvo a él también. Tiene muy buena defensa, no había pruebas contra él, pero el juicio ya no se llegará a celebrar si le expulsan”, sostiene su letrada. Este medio no ha podido confirmar de manera independiente su situación legal.

El trabajador social de Abdou estaba en proceso de cancelar varios antecedentes policiales que eran suscetibles de ser desactivados antes de solicitar la regularización, según Valeiras. Sin embargo, tras conocer su detención, su abogada de Cáritas, otra de las ONG que le apoyaba, ha registrado su regularización con los documentos con los que contaba por el momento, con la intención de intentar frenar la inminente expulsión.

“Nadie sabe bien lo que es vivir en la calle. En cuanto salió de la calle dejó de tener causas. Estoy muy dolida. Se ha esforzado tanto, y hemos puesto tanto de nosotros mismos también su abogada, su trabajador social y yo para acompañarlo y que conseguiese lo que estaba consiguiendo... Abdou me llegó a contar que estaba días y días sin salir de un rincón de la calle, sin poder ducharse, con una costra negra de suciedad. Fue víctima de agresiones racistas...”, explicó la jubilada. Ahora, más tranquila pero muy cansada, Valeiras se consuela al menos con tener contacto con él y poder seguir apoyándole en la distancia.

Habían pasado tres días de la entrada en vigor de la regularización extraordinaria, pero no fue hasta el 20 de abril cuando el procedimiento se hizo visible en la calle. Ese día, las oficinas habilitadas abrieron sus puertas para recibir presencialmente las peticiones de migrantes sin papeles y solicitantes de asilo que ansiaban estabilizar su situación administrativa. La escena se repitió en distintas ciudades: colas desde la madrugada, carpetas de plástico repletas de documentos, miradas tensas y una mezcla de alivio e incertidumbre. En solo una semana, 120.000 peticiones fueron registradas, según los primeros datos facilitados por el Gobierno.

Un mes después, el procedimiento continúa “a buen ritmo”, según fuentes del Ministerio de Inclusión, que por ahora evitan ofrecer cifras actualizadas de solicitudes recibidas. En la calle, la ilusión se hizo visible desde el primer día, pero también el agobio de quienes temían que cualquier problema les impidiese registrar su petición antes de la finalización del plazo, marcado para el próximo 30 de junio. Sin embargo, el avance de la medida se ha encontrado con otra fecha clave: este viernes, cuando el Tribunal Supremo celebrará una vista para escuchar varias peticiones —entre quienes se encuentran la organización ultra Hazte Oír, Vox y la Comunidad de Madrid— de paralizar de forma cautelar el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes mientras se resuelve el fondo del asunto.

En contra de la paralización cautelar, el Abogado del Estado ha alegado la “afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general”, según indicó en un escrito de alegaciones al que tuvo acceso Europa Press. Aunque se desconoce una cifra oficial del número de migrantes y solicitantes de asilo que se verán afectadas en caso de paralización cautelar, las estimaciones realizadas por elDiario.es apuntan a que las peticiones presentadas durante el primer mes de procedimiento podrían superar las 300.000 peticiones.

Según el último dato oficial, aportado el 5 de mayo por la secretaria de Estado de Migraciones, durante la segunda semana de procedimiento unas 200.000 personas habían pedido la regularización desde la entrada en vigor de la medida. A falta de datos más recientes, y si se mantiene la cadencia inicial —marcada por un aluvión de solicitudes en los primeros días y una progresiva estabilización—, las peticiones formalizadas podrían superar las 300.000, según los cálculos de este medio. Las ONG especializadas esperaban un nuevo pico de las peticiones presentadas en el mes de junio, debido a que quienes llegaron a España en diciembre no pueden presentar su petición hasta no haber residido en el país cinco meses completos.

Primeros permisos provisionales

Las miles de personas que durante el primer mes del procedimiento de regularización han visto admitida a trámite su petición, transcurridas al menos dos semanas del registro, han recibido un Número de Identificación de Extranjero (NIE) ligado a un permiso provisional de residencia y trabajo, mientras su solicitud es estudiada a fondo. Una de ellas es Luisa Roldán. 

La mujer, originaria de Medellín, ya tiene autorización para trabajar en España después de vivir sin papeles durante dos años. La colombiana pidió la regularización de manera telemática a través de una abogada de una ONG el pasado 11 de abril. Un mes después —con quince días de retraso con respecto al plazo estipulado— recibió el escrito del Ministerio de Inclusión que confirma la admisión a trámite de su petición junto a su número de NIE y un permiso provisional para trabajar mientras se estudia la petición. “Me ha costado tanto, que pensaba que me iba a emocionar muchísimo; pero, hay tanto por hacer y cada trámite es tan complicado que, cuándo lo recibí ni lo celebré, pensé rápidamente en lo siguiente que debía hacer”, reconoce.

Objetivo: cotizar

Lo “siguiente” era buscar un empleo con contrato, por el que pueda empezar a cotizar en España, su principal objetivo, ya que actualmente trabaja por horas en el sector de la limpieza sin estar dada de alta en la seguridad social. Primero, ha empezado buscando ofertas de empleo en su sector de preferencia, el marketing digital y las organizaciones, área en la que ha trabajado de manera voluntaria para ONG que también le ayudaron a ella en sus primeros meses en el país. “He empezado por lo que más me gusta, pero si no encuentro también voy a buscar en otros sectores como dependienta en tiendas o en la hostelería”, añade la joven.

No quiere perder tiempo. Sabe que de su tiempo cotizado dependerá la renovación posterior del permiso que tanto le ha costado conseguir: “Siento que se me ha abierto el camino. Con este permiso de trabajo, ya empieza a contar mi año para renovar, así que he empezado a moverme”, explica desde Valencia, donde actualmente trabaja en la limpieza de cinco viviendas.

Desde el inicio del procedimiento, el Ejecutivo calcula que la medida concederá los papeles alrededor de 500.000 personas. Esa estimación, sin embargo, no habla de peticiones registradas, pues la cartera dirigida por Elma Saiz asumía que el número de solicitudes superaría esa primera estimación, pues su estimación incluye cierto porcentaje de desestimación. Según detalló el Ministerio de Migraciones el día de la aprobación del real decreto de la regularización, el departamento calculaba recibir en torno a 750.000 solicitudes a lo largo de todo el proceso, de las que cerca de un 30% podrían ser rechazadas por no cumplir los requisitos establecidos, según las proyecciones iniciales.

De las colas a la estabilización

El primer mes de plazo ha estado atravesado por el desconcierto, ligado principalmente a uno de los requisitos más controvertidos: el informe de vulnerabilidad. Este documento, exigido solo en determinados supuestos —especialmente para las personas sin papeles que no vivan con sus familiares o que no puedan acreditar vínculos laborales—, se convirtió rápidamente en el principal cuello de botella del procedimiento. Durante las primeras semanas, largas colas se formaron a las puertas de servicios sociales municipales y de las pocas organizaciones no gubernamentales que comenzaron a expedir estos certificados. Hubo quienes durmieron a la intemperie para conseguir un turno, quienes regresaron varios días seguidos sin éxito, quienes no entendían por qué ese papel se había convertido en la llave de acceso al proceso.

A partir de la segunda quincena, el panorama comenzó a cambiar. Más organizaciones se sumaron a la expedición de certificados, se habilitaron nuevos puntos de atención y las filas empezaron a reducirse. La presión en la calle disminuyó, pero aparentemente no ha significado una caída en las solicitudes. Tampoco de las necesidades que las ONG se están encontrando en su labor de apoyo en el procedimiento, según explica Edith Espínola, portavoz del Movimiento Regularización Ya.

“Estamos contentísimas porque muchas personas están logrando introducir sus expedientes para regularizarse, pero también es agridulce porque vemos que hay muchísimas necesidades. Hay gente que no está pudiendo conseguir la documentación, que sus países no están colaborando para entregarle los antecedentes penales que no están empadronados y que no sabemos cómo vamos a conseguir que se empadronen para que, después puedan poner la huella para obtener sus documentos”, sostiene.

Luisa, originaria de Medellín, era desplazada interna en Colombia debido a la violencia del país. Migró a España por un conjunto de razones, entre las que se entremezclan la seguridad y las difíciles condiciones económicas. A su llegada a Valencia, empezó a trabajar en el cuidado de una anciana con demencia varias horas por las noches. “Me pagaban poco, ocho euros la hora, aunque ya era más que a otras compañeras. Era muy duro y no pude estar más de unos meses”, recuerda. Después, y hasta la actualidad, pasó a trabajar a limpiar casas por horas.

“Por fin podré buscar un trabajo más estable, en condiciones dignas, con un contrato, que me den de alta en la Seguridad Social, que me paguen vacaciones, acceder a una baja si caigo enferma…”, dice Luisa para detallar la manera en que puede cambiar su vida el permiso de trabajo recibido hace una semana. En el tiempo en que ha permanecido en España sin poder regularizarse, tuvo varias oportunidades de trabajar regularmente en proyectos de marketing digital en el Tercer Sector, pero perdió varias oportunidades laborales, en las que pudo haber cotizado, por una única razón: carecer de documentación en regla. 

Ahora, la autorización provisional ha empezado a abrirle un camino que, dice, va a empezar a recorrer. No conocía los detalles de los recursos presentados ante el Supremo para frenar el proceso de regularización, pero sí sabía que podía haber obstáculos. ¿Qué pasaría si, ahora que ya tiene el permiso, se frena el proceso?

Luisa responde con la paciencia de quien ha esperado demasiado, con la resignación de los dos años de trabas burocráticas en su intento de construir una vida en España. “Cuando mi psicóloga me pregunta qué es lo que podría hacer que volviera a mi estado de ánimo anterior, tras pasar por una depresión, le dije precisamente que no llegara a salir la regularización”, explica la colombiana. “De la regularización depende mi estado de ánimo y mi estabilidad. Pero llegué a la conclusión que, si al final no saliese, ya aguanté dos años, podría aguantar otro poco más”, añade.

Desde el Movimiento de Regularización Ya asumían que a lo largo del proceso de la regularización podrían encontrarse trabas judiciales desde determinadas formaciones, pero dicen confiar en la Justicia: “Esperamos que el Tribunal Supremo sea realmente la Casa de la Justicia y no de la injusticia para una población que sostiene la vida de miles de españoles a diario en casi todos los puestos de servicios, en lugares invisibilizados y expuesto a muchísimo abuso y explotación”, concluye Edith Espínola.

Abdou fue a realizar un trámite a comisaría, como lo hacía cada semana desde que la Policía le requisase hace unos meses su pasaporte al tener una orden de expulsión en firme, pero este lunes fue diferente: el senegalés, que vivía en España desde hace unos tres años, acabó detenido, y en estos momentos se encuentra en el Aeropuerto de Madrid para ser expulsado de forma exprés. El hombre fue uno de los migrantes desalojados a la fuerza en diciembre de 2025 del instituto ocupado B9 por el alcalde de Badalona, Xavier Albiol (PP), cuando centenares de migrantes se quedaron en la calle en uno de los desalojos más grandes de España.

Después de haber vivido en situación de calle, Abdou fue acogido unos días por Àngela Valeiras, una jubilada de Badalona, que le acompañó desde entonces en su proceso de arraigo en España. “Le dijimos que fuese cada lunes a firmar como nos indicaron en comisaría, para que cumpliese con todo lo que le pedían ahora que estaba empezando a salir adelante”, explica Valeiras. Este lunes entró en comisaría, pero esta vez fue detenido para ejecutar su expulsión en un plazo máximo de 72 horas.

El senegalés ha sido trasladado este martes desde Barcelona al Aeropuerto de Madrid para ser enviado a su país en un vuelo de deportación, explica su abogada, Marta Llonch. Su defendido, asegura, fue víctima de las llamadas “citas trampa”, una práctica policial denunciada por colectivos de migrantes y antirracistas, que consiste en la utilización de una cita policial de una persona migrante en situación irregular para proceder a su expulsión por la vía expréss, un procedimiento rápido que permite la deportación durante las 72 horas en que una persona puede ser detenida sin autorización judicial, siempre que exista una orden de expulsión firme, como es el caso de Abdou.

Este medio ha preguntado por el caso al Ministerio del Interior, pero rechazan hacer declaraciones concretas, salvo asegurar que cumple con la normativa en materia de extranjería al existir una orden de expulsión firme anterior autorizada por un juzgado. El departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska suele negar el uso de las llamadas “citas trampa” para proceder a la expulsión de extranjeros.

Acogido por una médico jubilada de Badalona

El ciudadano fue detenido este lunes a las 12:45 horas por “infracción de la Ley de Extranjería”, en concreto, “por encontrarse irregularmente en territorio nacional”, según consta en el acta de detención, a la que ha tenido acceso elDiario.es, sellada por la Jefatura Superior de Policía de Catalunya. Solo le dejaron hacer una llamada, y Abdou marcó el número de Àngela Valeiras, la médica jubilada de Badalona que lo acogió en su casa tras el desalojo del instituto B9. Su historia salió publicada entonces en varios reportajes que contaban la reacción de la señora, que decidió recibir a dos de los migrantes que habían quedado en situación de calle.

Después de acogerle durante unos días, el senegalés pasó a vivir en un albergue para personas sin hogar en el que permanecía desde entonces. Valeiras siguió en contacto con Abdou en todo momento, y lo ha acompañado en su proceso de arraigo en España. “Estoy súper triste. Me llamó cuando le detuvieron y tenía una voz... Desde que consiguió un sitio donde vivir, estaba generando una red y ahora tenía arraigo”, dice la mujer, quien se encargó de llamar a su trabajador social y a su abogada para tratar de detener una expulsión que todo apunta que acabará ejecutada.

La mujer jubilada menciona preocupada la cita médica que el senegalés ha perdido tras su detención, como si de su madre se tratase: “Hoy mismo tenía hora en el centro de salud, de seguimiento, por problemas ligados a todo el sufrimiento que vivió cuando estuvo en la calle”, dice la señora por teléfono. Su voz se corta cuando explica cómo se llevó a cabo la detención. “No le cogieron por la calle, él mismo fue a comisaría para firmar. Yo le había acompañado a la comisaría cuando le quitaron el pasaporte. Se presentaba cada lunes como nos dijeron. Qué rabia siento, porque yo le dije 'por favor, ve cada lunes'. Nos hizo caso en todo y ahora se lo han quedado allí”, dice. “Me sabe fatal. Él ha confiado en nosotros, en la abogada y en quienes le hemos ido acompañado, y el resultado es este”.

Petición de asilo

Tras su llegada a España en cayuco a Tenerife hace unos tres años, el senegalés pidió asilo. Durante un tiempo, tuvo permiso de residencia en el país, con lo que pudo trabajar como ayudante de cocina en un restaurante. Posteriormente, perdió los papeles al recibir la denegación de su petición y trabajó en el campo por temporadas. Sus escasos jornales esporádicos, sin embargo, no eran suficientes para costear un techo bajo el que dormir. Después de largas temporadas sin hogar, se alojó en el institut ocupado B9, hasta su desalojo.

El 17 de diciembre de 2025, los Mossos d'Esquadra desalojaron a centenares de migrantes que malvivían en este instituto abandonado de Badalona. El desalojo del espacio, ejemplo de la pobreza y el desamparo que sufren muchos migrantes sin ayuda de las instituciones, fue instado por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP). El día siguiente del desalojo, Àngela apareció en la vida de Abdou y lo acogió junto a otro compañero. La mujer les ofreció su casa sin pensarlo demasiado, como informó entonces ACN. “Me dejé llevar por el corazón ante una situación muy desesperada”, explicó en declaraciones recogidas por la Agencia. Los jóvenes mostraron su gratitud aquellos días limpiándole la casa y cocinándole platos típicos senegaleses antes de marcharse el domingo a un espacio habilitado por entidades y la Generalitat para darles cobijo.

Abdou aún no había pedido la regularización porque estaba esperando el certificado de antecedentes penales de su país, Senegal. El hombre carece de antecedentes penales en España, pero sí cuenta con varios antecedentes policiales y “dos procedimientos judiciales pendientes” ligados a su etapa en situación de calle.

Según su abogada, se trata de un caso de “usurpación” ligado a su entrada en un piso de la Sareb donde el joven entraba para ducharse. La otra causa tiene que ver con un delito contra salud pública, de cuando vivía en situación de sinhogarismo. “Fue acusado injustamente, por motivos aparentemente de perfil étnico-racial, porque estaba al lado de alguien que vendía drogas y se le detuvo a él también. Tiene muy buena defensa, no había pruebas contra él, pero el juicio ya no se llegará a celebrar si le expulsan”, sostiene su letrada. Este medio no ha podido confirmar de manera independiente su situación legal.

El trabajador social de Abdou estaba en proceso de cancelar varios antecedentes policiales que eran suscetibles de ser desactivados antes de solicitar la regularización, según Valeiras. Sin embargo, tras conocer su detención, su abogada de Cáritas, otra de las ONG que le apoyaba, ha registrado su regularización con los documentos con los que contaba por el momento, con la intención de intentar frenar la inminente expulsión.

“Nadie sabe bien lo que es vivir en la calle. En cuanto salió de la calle dejó de tener causas. Estoy muy dolida. Se ha esforzado tanto, y hemos puesto tanto de nosotros mismos también su abogada, su trabajador social y yo para acompañarlo y que conseguiese lo que estaba consiguiendo... Abdou me llegó a contar que estaba días y días sin salir de un rincón de la calle, sin poder ducharse, con una costra negra de suciedad. Fue víctima de agresiones racistas...”, explica la jubilada.

La voz de la mujer española se quiebra cuando recibe una información de Abdou, que conoció justo antes de una de las llamadas con este medio. “Me ha dicho la abogada que ya está de camino al aeropuerto. Y no nos dejan hablar con él. Se estará sintiendo super abandonado”, dice con un hilo de voz. “Tenía muy mala experiencia de los blancos. Sufrió mucho racismo. Hace unos días vino a comer a casa y se reía. Me decía: eres la primera persona blanca con la que me río. Estaba empezando a tener red, un arraigo, y ahora se lo llevan”, lamenta Valeiras.

El Gobierno ha cancelado la expulsión de Mounir Meziat, un joven marroquí que había sido detenido en Altea por no tener papeles, cuando se dirigía a una cita con su abogada para formalizar su petición de regularización extraordinaria. El marroquí, quien trabaja habitualmente como temporero en Alicante, fue encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia, desde donde la semana pasada iba a ser devuelto a su país pese a haber registrado su petición de regularización a través de su abogado. Después de la intervención del Defensor del Pueblo y la presión mediática, el Ejecutivo ha suspendido su orden de retorno. Este lunes, Mounir ha salido en libertad, según ha confirmado su defensa y el Ministerio del Interior a elDiario.es.

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska confirma la liberación del ciudadano marroquí pero no detallan las razones que han empujado finalmente a la decisión. La semana pasada, tras la publicación del caso y las denuncias difundidas por la plataforma CIEs No Valencia, el Ministerio de Interior realizó consultas interministeriales a la Secretaría de Estado de Migraciones para conocer si Mounir Meziat había realizado “gestiones” en relación al procedimiento de regularización.

Su abogado, Álvaro Vico, también había registrado una queja al Defensor del Pueblo, quien actuó y pidió información a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Aunque su defensa había registrado un recurso de reforma en contra del internamiento y expulsión del marroquí, la liberación no se ha producido por orden juidicial. “Ha sido una decisión de la autoridad gubernativa”, sostiene el letrado, quien se ha encargado del caso a partir de la orden de internamiento.

El chico marroquí, quien trabajaba como jornalero en el campo alicantino, fue enviado al CIE por orden judicial ante su supuesta falta de arraigo en el país, pese a llevar más de dos años en el país, estar empadronado en Altea y haber trabajado con contrato durante meses en un restaurante del pueblo alicantino mientras tenía papeles durante la tramitación de una petición de asilo. Tras perder su permiso de residencia, empezó a trabajar en el campo, por lo que se desplazaba por temporadas a la comarca de la Vega Baja del Segura, donde solía encontrar fincas donde necesitaban su mano de obra, especialmente en la campaña de la naranja.

El joven cumplía con las condiciones de la regularización antes de su internamiento. toda la documentación presentada por su abogado en la Oficina de Extranjería de Alicante, a la que ha accedido elDiario.es, confirma la carencia de antecedentes penales en su país, su vinculación laboral pasada y su residencia continuada en España durante el tiempo exigido. “Tenía toda la documentación preparada e iba a entregarla para registrarla. Hasta el pago de la tasa”, dice Álvaro Vico, el abogado que trata de sacarle del CIE, quien finalmente se encargó de registrar su petición de regularización dos días después del internamiento de su cliente, que ha presentado un recurso al jugado que autorizó su encierro apelando al arraigo de su cliente.

El marroquí fue detenido el pasado 7 de mayo a las 12:45 por la Policía Nacional, según consta en el auto de internamiento al que ha tenido acceso elDiario.es. La magistrada del juzgado de instancia número 4 de Benidorm, Ana Isabel García-Galbis, autorizó su encierro argumentando la “falta de domicilio conocido”. De la “declaración obrante en autos”, sostiene la jueza, “no se desprende la existencia de elementos que haga pensar que no vaya a evadir la acción de la autoridad gubernamentativa frustrando el expediente de expulsión, porque no le consta trabajo ni domicilio conocido”.

El día de la detención, un amigo le estaba llevando en coche a Benidorm, donde se encontraba su primo, para recogerle y, juntos, ir a la cita con la abogada, ya que le estaba ayudando en el proceso de regularización. “Cuando salía de Altea, me llamó, diciendo que le iban a detener”, explica Yassim.

Con la intención de revocar la orden de internamiento, el letrado Álvaro Vico registró un recurso de reforma ante el juzgado de instrucción número 4 de Benidorm contra el internamiento cautelar del joven, que aún no ha sido resuelto. El abogado alertaba de que la decisión de su encierro en el CIE para proceder a su expulsión se basaba en “una supuesta situación de riesgo de incomparecencia y frustración de la expulsión”. El escrito recordaba que, mientras que la magistrada defendía que “no le consta trabajo ni domicilio conocido”, dicha afirmación “resulta manifiestamente incompleta y contradicha por la documentación obrante”. Para acreditar su afirmación, Vico ha adjuntado los documentos de empadronamiento en Altea, la asignación del número de la Seguridad Social, su contrato de trabajo extinto, copia de la tarjeta sanitaria y el certificado que demuestra la inexistencia de antecedentes penales en su país.

Mounir Meziat está empadronado en Altea (Alicante) desde mayo de 2025, según consta en la documentación a la que ha accedido este medio. Hace solo dos semanas, cuenta su abogado, el joven estaba en Almoradí, el pueblo al que se mudaba temporalmente para buscar empleo en el campo. “Creemos que, cuando la jueza le preguntó por su domicilio, como acababa de volver, no supo decirlo o le daba miedo al estar trabajando allí de manera irregular”, explicó el letrado.

El caso de Mounir Meziat, como tantos otros, refleja una sucesión de varios abusos y errores del sistema en cadena, desde la dificultad para realizar ciertos trámites, como su detención policial, una asistencia jurídica deficitaria y el “automatismo” de muchos jueces de instrucción a la hora de decretar los internamientos en los CIE, según analiza Jesús Mancilla, abogado de Algeciras Acoge, en declaraciones recientes a elDiario.es. Este medio ha publicado los casos de Omar y Oussmane, dos jóvenes marroquíes con arraigo que fueron ingresados en un CIE a las puertas del proceso de regularización, cuando cumplían con los requisitos. Tras su publicación, ambos fueron finalmente liberados, pero los expertos se preguntan qué pasará con todos aquellos que no hayan tenido acceso a la prensa o a una ONG que denuncie su caso.

En 2024, un informe de Amnistía Internacional cuestionó el “automatismo por parte de los jueces” al decretar el internamiento en un CIE. Según concluyó la ONG, “el juez o jueza de instrucción, así como la fiscalía, tienden a seguir casi en exclusiva el criterio policial en vez de realizar una valoración propia a la luz de todas las circunstancias”. En la mayoría de los juzgados “se tira de modelo de auto de internamiento, sin analizar más allá los requisitos legales, el caso por caso”, concluyó la investigación

En una habitación de Vallecas, una máquina de coser suena mientras hierve el té. Sobre la mesa, unos pantalones esperan a que alguien ajuste el bajo. Adel Fahmeh observa la tela con atención y niega con la cabeza. Desde el salón, su mujer Rowaida se ríe y le da la razón: no entienden por qué en España la gente deja que los pantalones arrastren por el suelo.

“Siempre hay que arreglar la ropa cuando se puede”, dice. A sus 72 años, este sastre de Jaramana (Siria) lleva más de seis décadas cosiendo. Unas calles más abajo, Angélica Marlene Silvais, modista de 53 años nacida en El Torno (Santa Cruz, Bolivia), enseña costura y patronaje a un grupo de vecinas del barrio. Es un proyecto autogestionado que ha puesto una máquina de coser en medio de un local compartido, donde varias personas aprenden a dar sus primeras puntadas.

A pocos kilómetros, en Lavapiés, Mariya Kulikovska apenas levanta la vista de la pila de ropa que se acumula sobre la mesa. Ajusta la goma de la cintura de una falda mientras atiende a una clienta que entra y sale con prisa. La modista de Ternopil (Ucrania), de 62 años, se despierta cada mañana a las seis para abrir su taller en el número 2 de la Calle Miguel Servet. “Cada vez es más difícil vivir de la costura en Madrid”, resume. Entre estas complicaciones, se vislumbra una realidad estructural: muchas de las personas que hoy sostienen el oficio en los barrios son migrantes.

Al cierre de abril de 2026, el número de afiliados extranjeros en España alcanzó un nuevo máximo histórico de 3.248.247 empleados, según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. La industria manufacturera, donde se engloba la industria textil, de confección y del cuero, marcó un hito en 2025 con un repunte destacado del 9,2%, colocándose entonces como uno de los nuevos motores de la ocupación para la población inmigrante. Este año, el crecimiento interanual general de la afiliación extranjera se ha estabilizado en torno al 7,9% a nivel nacional, según los datos del mes de marzo. Mientras la mano de obra foránea sigue aumentando en sectores más cualificados, especialmente en Telecomunicaciones y Programación, el grueso sigue concentrándose en los pilares tradicionales de la construcción y la hostelería.

Pese al incremento de la ocupación extranjera, la afiliación de la industria textil, de la confección y del cuero y el calzado ha caído en las últimas décadas. Actualmente, suman 124.314 personas afiliadas, nacionales y extranjeras, según los últimos datos de Seguridad Social. En 2005, superaban las 230.000. La tendencia es un descenso anual, en los últimos cinco años el sector ha perdido cerca de 5.000 empleos. Sin embargo, en medio de esa caída general, el trabajo autónomo es la única fórmula que crece. Actualmente, 23.338 personas trabajan por cuenta propia en el sector, casi una quinta parte del total. Una transformación que apunta a un cambio de modelo: menos empleo estable y más pequeños talleres sostenidos por una sola persona, como el de Mariya.

El cambio también tiene un marcado componente de género. La confección sigue siendo un ámbito claramente feminizado: más del doble de quienes trabajan en este segmento son mujeres –29.671 frente a 12.776 hombres–. Las cifras dibujan así una transformación silenciosa. El sector no desaparece, pero cambia de forma: pierde empleo en empresas y fábricas y se reorganiza en torno a encargos puntuales, negocios de proximidad y el aumento del autoempleo como única salida.

Aprender el oficio de la costura

A los nueve años, Adel cambió la carnicería en la que trabajaba por el hilo y la aguja. Jan Belanji, un sastre armenio del barrio que se había refugiado en Siria huyendo del genocidio, le enseñó el oficio y le regaló su primera máquina de coser. Con el tiempo abrió su propio taller en Jaramana: Al-Anik (“el elegante”). “La sastrería era entonces un oficio respetado”, recuerda. Hoy cose en una habitación de su casa.

Mariya aprendió en el colegio y en casa, con revistas de patrones que su madre le compraba cada mes. A los 12 años ya cosía sola. Más tarde trabajó en una fábrica textil cortando ropa interior. Llegó a coser por las noches mientras sus hijas dormían. Angélica empezó de forma parecida. Tenía 10 años cuando le dijo a su madre que quería dedicarse a la costura. Sin telas en casa, aprendió descosiendo los vestidos más viejos que encontraba. Con el tiempo estudió en una academia y trabajó durante 16 años en una fábrica de ropa vaquera. Entraba a las seis de la mañana y salía a las seis de la tarde. “Era un trabajo durísimo, pero saqué adelante a mi familia”, cuenta. Era una de las tres mujeres en un taller con más de 60 trabajadores.

Los tres aprendieron el oficio en sus países de origen y los tres migraron a España con la intención de seguir cosiendo. Adel llegó a Madrid como refugiado en 2017. Sin hablar español, recorrió las tiendas de la capital con un currículum que le escribieron sus hijos hasta que encontró trabajo en una tienda vintage del centro. Tras la pandemia, el local cerró.

En Vallecas, Adel se ha convertido en “el sastre del barrio”. Sus vecinos acuden a él para arreglos pequeños, ajustes o remiendos que realiza desde su habitación, con una máquina de coser rescatada de un viejo almacén de una iglesia. “No es rentable. La gente prefiere comprar ropa nueva. Es más barata. Si se muere esta profesión en España es porque los sastres no pueden competir con las grandes empresas”, cuenta.

Angélica intentó vivir de la costura a jornada completa, pero no lo logró. Migró a España en plena crisis de 2007. “Había muchos talleres en sótanos. Las condiciones eran muy duras, al principio estaba peor que en mi país”. Durante años cosió para grandes cadenas en jornadas de hasta 17 horas. Le pagaban por prenda: “20 céntimos por pieza”. Sin contrato y sin papeles, llegó a cobrar menos de 500 euros al mes. Lo dejó cuando una compañera sufrió un accidente laboral y fue despedida sin indemnización.

Situaciones como la que describe no son casos aislados. En abril de 2026, la Policía Nacional desmanteló un taller textil clandestino en Camp de Túria (Valencia) donde trabajaban 25 personas sin contrato ni alta en la Seguridad Social, la mayoría migrantes en situación administrativa irregular. Cumplían jornadas de más de 60 horas semanales por salarios en torno a los 1.000 euros mensuales, en un sistema que operaba para empresas del sector bajo apariencia de legalidad.

“Cuando cruzas el charco no hay vuelta atrás, aunque te duela”, dice. Desde entonces Angélica trabaja en el empleo del hogar y los cuidados. La costura quedó en un segundo plano, pero nunca la abandonó del todo. Hace arreglos para vecinas y amigas. Y ahora también enseña.

Mariya ha conseguido vivir de la costura. Migró a España en el año 2000 por motivos económicos. Como muchas mujeres, empezó en el trabajo del hogar y años después regresó a su oficio.Lleva dos décadas levantando la persiana del mismo taller. Cuando los antiguos dueños se jubilaron, ella tomó el relevo. Desde entonces, trabaja sola y apenas le alcanza para ahorrar. “Antes comprabas una cremallera por menos de dos euros. Ahora cuesta casi cuatro”. Como ella, más de 500.000 personas extranjeras son trabajadoras autónomas en España, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En la costura, esto se traduce en talleres de una sola persona, ingresos inestables y escasa capacidad para contratar.

En este escenario, el proceso de regularización extraordinaria permitirá a miles de personas migrantes acceder al empleo formal, también como autónomas. Según estimaciones de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), alrededor del 14% de las personas regularizadas optaría por emprender, lo que podría traducirse en unas 70.000 nuevas altas en el régimen de autónomos. En sectores como la costura –donde predominan los pequeños talleres y el trabajo individual– esta vía puede resultar clave.

Un futuro incierto desde los barrios

El diagnóstico es compartido: el oficio está cambiando. “Antes se hacían trajes. Ahora se arreglan”, afirma Adel. “La ropa es de peor calidad. Y la gente prefiere comprar otra antes que arreglarla”, añade Mariya. La transformación responde a un cambio más profundo. El auge de la moda rápida ha abaratado los precios y reducido la calidad de las prendas. El resultado es una paradoja: nunca ha habido tanta ropa, pero cada vez hay menos profesionales que la repare.

Mariya lo ve en su día a día. Ha conseguido mantener una clientela fiel, incluso de antiguos vecinos que ya no viven en el barrio expulsados por la gentrificación. El boca a boca sigue funcionando, ahora también a través de internet. Según el Consejo Intertextil, el 85 % de las empresas textiles tienen menos de 10 trabajadores y casi la mitad (46,8 %) no tienen ninguno. Son negocios de una sola persona, como el suyo.

“Cuando me jubile, el taller cerrará. Nadie quiere ser costurera”, afirma. “Es un trabajo muy duro y la gente no quiere hacerlo. También faltan lugares para aprender”, sostiene.

Angélica, en cambio, ha conseguido sacar tiempo para enseñar costura y patronaje en el Nodo de Producción de Vallekas. Un proyecto de autogestión vecinal vinculado a la Despensa Solidaria e impulsado principalmente por mujeres migrantes y vecinas. “Primero aprenden a hacer su propio patrón. Hay más interés que antes. Pero no hay relevo real”.

Coser, mientras no falte pan y mantequilla

Adel vuelve a su máquina. El té se ha enfriado. Hace años fotografiaba cada prenda que terminaba. Ahora ya no, pero sigue cosiendo. El oficio exige algo que no se enseña rápido: “Tienes que entender el cuerpo. La forma de los hombros, la barriga…”, explica.

“Hay que ver los defectos de las personas, pero no decirlos nunca”, añade Mariya entre risas. Después de toda una vida cosiendo, le quedan tres años para jubilarse. El cansancio se acumula en la espalda, en la vista y en las manos. “Me da pena cerrar el taller. Pero ya no puedo más”. Aun así, hay algo que permanece: “Cuando veo a alguien por la calle con ropa que he arreglado, me hace sentir orgullosa. Mientras no falte pan y mantequilla, seguiremos cosiendo”.

Cada vez más talleres cierran, falta relevo y las condiciones laborales dificultan que nuevas generaciones se queden. Hoy, la costura aguanta silenciosa, sostenida en gran parte por manos migrantes que trabajan en los márgenes de la economía, entre la precariedad y la falta de reconocimiento. Un oficio que durante décadas vistió a la ciudad sobrevive ahora en habitaciones, pequeños locales y proyectos vecinales. Y que, si desaparece, lo hará sin hacer ruido.

Cuando un control policial paró el coche en el que viajaba, Mounir Meziat estaba a punto de pedir formalmente la regularización. El joven marroquí salió desde Altea (Alicante) para recoger a su primo y, juntos, ir al despacho de su abogada para registrar su solicitud. Tenía una cita confirmada y todos los documentos guardados en una carpeta, pero acabó encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia por orden del juzgado de instancia número 4 de Benidorm, que aprobó su internamiento sin comprobar su arraigo en el país, una mala práctica recurrente denunciada por los expertos en inmigración. Allí espera su expulsión, prevista inicialmente para este jueves pero aplazada in extremis para el 21 de mayo, pese a que su defensa ya ha presentado en estos días su solicitud de regularización.

“No es justo. Estoy muy nervioso. Estaba a casi a cinco minutos de presentar mis papeles y me encierran para expulsarme”, explica Mounir por teléfono desde el centro de internamiento, donde son encerrados migrantes sin papeles para proceder a su expulsión. Desde el exterior, Yassim, su primo, dice seguir impactado por lo sucedido: “¿Cómo pueden llevárselo a él en ese momento? Tiene el expediente limpio, no tiene antecedentes, solo trabaja y estábamos a punto de llegar al despacho de mi abogada, donde teníamos la cita”, afirma el familiar.

El chico marroquí, quien ahora trabajaba como jornalero en el campo alicantino, fue enviado al CIE por orden judicial ante su supuesta falta de arraigo en el país, pese a llevar más de dos años en el país, estar empadronado en Altea y haber trabajado con contrato durante meses en un restaurante del pueblo alicantino mientras tenía papeles durante la tramitación de una petición de asilo. Tras perder su permiso de residencia, empezó a trabajar en el campo, por lo que se desplazaba por temporadas a la comarca de la Vega Baja del Segura, donde solía encontrar fincas donde necesitaban su mano de obra, especialmente en la campaña de la naranja.

El joven cumple con las condiciones de la regularización. Este medio ha revisado toda la documentación presentada por su abogado en la Oficina de Extranjería de Alicante, que confirma la carencia de antecedentes penales en su país, su vinculación laboral pasada y distintas pruebas que acreditan haber residido en España durante el tiempo exigido. “Tenía toda la documentación preparada e iba a entregarla para registrarla. Hasta el pago de la tasa”, dice Álvaro Vico, el abogado que trata de sacarle del CIE, quien finalmente se encargó de registrar su petición de regularización dos días después del internamiento de su cliente, que ha presentado un recurso al jugado que autorizó su encierro apelando al arraigo de su cliente. La Plataforma CIEs No Valencia ha pedido también la liberación del joven. “Otro joven que cumple los requisitos para regularizarse ha sido internado en el CIE de Zapadores y se le ha notificado que mañana será deportado a Marruecos”, denunció el colectivo.

El marroquí fue detenido el pasado 7 de mayo a las 12:45 por la Policía Nacional, según consta en el auto de internamiento al que ha tenido acceso elDiario.es. La magistrada del juzgado de instancia número 4 de Benidorm, Ana Isabel García-Galbis, autorizó su encierro argumentando la “falta de domicilio conocido”. De la “declaración obrante en autos”, sostiene la jueza, “no se desprende la existencia de elementos que haga pensar que no vaya a evadir la acción de la autoridad gubernamentativa frustrando el expediente de expulsión, porque no le consta trabajo ni domicilio conocido”.

Mounir Meziat está empadronado en Altea (Alicante) desde mayo de 2025, según consta en la documentación a la que ha accedido este medio. Hace solo dos semanas, cuenta su abogado, el joven estaba en Almoradí, el pueblo al que se mudaba temporalmente para buscar empleo en el campo. “Creemos que, cuando la jueza le preguntó por su domicilio, como acababa de volver, no supo decirlo o le daba miedo al estar trabajando allí de manera irregular”, explica el letrado, quien empezó a defender su caso después de la orden de internamiento.

Esta semana, Meziat recibió la notificación oficial de su expulsión prevista inicialmente para este jueves. Para ganar más tiempo y defender su arraigo en el país, el marroquí pidió asilo en el CIE como estrategia jurídica, dado que su solicitud será previsiblemente rechazada, ya que cuenta con un proceso anterior que resultó denegado. Tras recibir una queja por parte de Vico, el Defensor del Pueblo ha pedido información sobre el caso a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, por lo que esta gestión también ha podido influir en el aplazamiento del retorno para la semana que viene, según el letrado.

Según el Ministerio del Interior, tras haber recibido el aviso por parte del Defensor del Pueblo, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha solicitado información al Ministerio de Migraciones sobre la situación administrativa de Mounir Meziat y, por el momento, espera una respuesta.

El marroquí llegó a Ceuta a nado en agosto de 2024, donde solicitó asilo. Después de que su petición fuera admitida a trámite, el joven obtuvo el permiso de residencia temporal habitual durante la tramitación del procedimiento, explica el hombre. Con ese permiso, encontró un trabajo como ayudante de cocina en un restaurante de Altea, donde vivía con su primo, en marzo de 2025. “Allí trabajamos los dos, hasta que su documentación iba a caducar y le tuvieron que despedir”, explica su primo Yassim, preocupado por su familiar. Entre los papeles presentados para acogerse a la regularización extraordinaria, también está la carta de despido emitida por su antigua compañía, documento que confirma que el joven perdió su trabajo un día antes de la vigencia de su permiso provisional como solicitante de protección internacional, que no pudo renovar. En el escrito, los responsables explican su obligación “sobrevenida” de interrumpir su contrato por “la imposibilidad legal” de que Mounir continuase en su puesto debido a que iba a carecer “de autorización legal” y no había presentado hasta entonces un documento que acreditase su renovación.

El 17 de junio fue el último día que acudió al restaurante alemán en el que, durante cuatro meses, ayudó a cocinar las pizzas que pedían algunos de los miles de turistas que cada año recibe el pueblo alicantino. El día siguiente, su permiso de residencia caducó y Mounir se quedó en situación irregular. Desde entonces ha trabajado en empleos puntuales, especialmente en el campo. En las temporadas de mayor demanda de mano de obra agrícola, el joven suele mudarse temporalmente a la zona agrícola de Almoradí, en la provincia de Alicante, donde ha trabajado en las campañas de la naranja. En esos días, se junta con otros compañeros temporeros y pernocta en la zona, algo común en el personal agrícola temporal, especialmente en situación irregular. “Dos días antes de su detención, terminó su trabajo en Almoradí, para renatar los trámites para la regularización en Altea y presentarla”, dice su primo.

“Él vive en Altea, pero sabes que si estás irregular, tienes que comer. Él iba a Almoradí o a otras zonas para intentar trabajar, se apañaba con sus amigos para dormir, para trabajar y sobrevivir. Y si no consigue trabajo, volvía a Altea”, detalla su primo. El día de la detención, un amigo le estaba llevando en coche a Benidorm, donde se encontraba su primo, para recogerle y, juntos, ir a la cita con la abogada, ya que le estaba ayudando en el proceso de regularización. “Cuando salía de Altea, me llamó, diciendo que le iban a detener”, explica Yassim.

Con la intención de revocar la orden de internamiento, el letrado Álvaro Vico ha registrado un recurso de reforma ante el juzgado de instrucción número 4 de Benidorm el internamiento cautelar de Mounir “sobre la base de una supuesta situación de riesgo de incomparecencia y frustración de la expulsión”. El abogado recuerda que, mientras que la magistrada indica que “no le consta trabajo ni domicilio conocido” dicha afirmación “resulta manifiestamente incompleta y contradicha por la documentación obrante”. Para acreditar su afirmación, Vico ha adjuntado los documentos de empadronamiento, la asignación del número de la Seguridad Social, su contrato de trabajo extinto, copia de la tarjeta sanitaria y el certificado que demuestra la inexistencia de antecedentes penales en su país.

“Debe recordarse que esta parte ha aportado abundante documentación acreditativa de arraigo social, laboral, sanitario y administrativo en España, así como acreditación de la reciente formalización de solicitud de regularización extraordinaria, concurriendo circunstancias plenamente incompatibles con una ejecución automática e inmediata de la expulsión”, indica un escrito enviado por el abogado al juzgado este mismo miércoles, tras el susto de la notificación de retorno que finalmente fue pospuesta.

El caso de Mounir Meziat, como tantos otros, refleja una sucesión de varios abusos y errores del sistema en cadena, desde la dificultad para realizar ciertos trámites, como su detención policial, una asistencia jurídica deficitaria y el “automatismo” de muchos jueces de instrucción a la hora de decretar los internamientos en los CIE, según analiza Jesús Mancilla, abogado de Algeciras Acoge, en declaraciones recientes a elDiario.es. Este medio ha publicado los casos de Omar y Oussmane, dos jóvenes marroquíes con arraigo que fueron ingresados en un CIE a las puertas del proceso de regularización, cuando cumplían con los requisitos. Tras su publicación, ambos fueron finalmente liberados, pero los expertos se preguntan qué pasará con todos aquellos que no hayan tenido acceso a la prensa o a una ONG que denuncie su caso.

En 2024, un informe de Amnistía Internacional cuestionó el “automatismo por parte de los jueces” al decretar el internamiento en un CIE. Según concluyó la ONG, “el juez o jueza de instrucción, así como la fiscalía, tienden a seguir casi en exclusiva el criterio policial en vez de realizar una valoración propia a la luz de todas las circunstancias”. En la mayoría de los juzgados “se tira de modelo de auto de internamiento, sin analizar más allá los requisitos legales, el caso por caso”, concluyó la investigación. La organización también denunció “la falta de representación letrada adecuada y de calidad que permita a las personas privadas libertad una tutela judicial efectiva que visibilice aquellas circunstancias o situaciones de vulnerabilidad que pueden ser clave para oponerse a una medida de internamiento”.

La Comunidad de Madrid ha llevado al Tribunal Supremo su ofensiva contra la regularización extraordinaria que concederá los papeles a cerca de medio millón de personas. Y lo ha hecho a través de un recurso que dibuja un escenario de inminente colapso y “desbordamiento de los servicios y prestaciones públicas” en la región si no se paraliza de urgencia su aplicación.

Los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal analizarán este escrito el próximo 22 de mayo junto a los presentados por entes ligados a la extrema derecha como Vox, los ultracatólicos de HazteOír y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, contraria a la ley de memoria. Los magistrados se limitarán a analizar si el decreto debe suspenderse, no entrarán al fondo del asunto. 

No obstante, en su recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Comunidad de Madrid sí da muestras de su oposición clara a una regularización a la que pueden acogerse todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses, así como los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha.

“No existe una necesidad imperiosa de regularizar de forma inmediata a cientos de miles de personas”, dice el recurso sobre un decreto que surge de una iniciativa que llegó al Congreso con el respaldo de más de 700.000 firmas. 

En su escrito, el Ejecutivo autonómico advierte de que conceder permisos de residencia y trabajo de forma simultánea provocará un “desbordamiento de los servicios y prestaciones públicas”, dado que supone un “despliegue de derechos y servicios que no están dimensionados ni programados para atender a una cifra tan relevante de nuevos solicitantes potenciales”.

La Comunidad de Madrid sostiene que ese impacto será especialmente relevante en materia de vivienda pública. Un ámbito que, según el recurso, tiene una gestión “compleja” debido a la escasez y “problemas adyacentes, como la ocupación”. “La existencia de miles de posibles solicitantes [de viviendas públicas] de forma inmediata produce una indudable distorsión en los cupos, baremos y listas, al no existir tiempo para acompasar la planificación de la oferta”, dice el recurso. 

El precio de la vivienda se ha disparado en la Comunidad de Madrid en los últimos años. Pese a ello, el Ejecutivo de Ayuso se ha negado a aplicar la ley estatal y a declarar como “zonas tensionadas” áreas urbanas en las que los ciudadanos tienen dificultades para acceder al alquiler o la compra de las viviendas.

Además, casi 10.000 viviendas han perdido la calificación de protección y han pasado al mercado libre desde 2019, según publicó la Cadena Ser. De forma reciente, el Ejecutivo regional ha anunciado que prevé sumar 3.200 viviendas nuevas al Plan Vive de alquiler asequible y rebajar impuestos para el acceso a la vivienda, si bien no hay ninguna medida prevista para contener los precios. 

El Gobierno de Ayuso también apunta a los efectos de la regularización masiva sobre el sistema de salud. El recurso subraya que el acceso a la sanidad difiere en el caso de los residentes, ya que la condición de asegurado implica la asignación de la Tarjeta Sanitaria Individual. “Esto supone un cambio cualitativo, ya que en ese momento se debe asignar un centro de salud y un facultativo”, recoge el escrito. 

En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España a través de un código que les permite acceder a todos los derechos, como la asignación de médico de cabecera o la derivación a especialistas. El único cambio, por tanto, es que se les asignará la citada tarjeta. Lo que alega la Comunidad de Madrid es que la ratio de asegurados asignados a cada médico —conocida técnicamente como “cápita”— es la base sobre la que se organiza toda la atención primaria y se dimensiona el tamaño de la red sanitaria. 

El recurso también recoge que la residencia legal otorga el derecho a prestaciones tanto generales como específicas. Como ejemplo, cita la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, que exige acreditar residencia legal para ser percibida. El recurso argumenta que estos sistemas de ayudas se encuentran dimensionados para una demanda planificada. La aparición de nuevos solicitantes podría “distorsionar el presupuesto, desplazando a otros beneficiarios y ralentizando la gestión”. 

Becas y ayudas

Por último, en relación con el ámbito educativo, el texto señala que los nuevos residentes legales mayores de 18 años adquirirán el derecho a acceder a etapas educativas postobligatorias, como la educación para adultos o la formación profesional “a fin de integrarse en el mercado laboral”. La Comunidad de Madrid argumenta que eso lleva aparejado el acceso a las distintas becas y ayudas.

Así, el recurso pone de manifiesto que la regularización dará derecho a prestaciones que actualmente “no se encuentran dimensionadas para atender a nuevos cientos de miles” y que generan “efectos inmediatos cuya reversión resulta inviable”. En consecuencia, reclaman al Supremo que suspendan su aplicación: “Una medida de estas características, con un impacto transversal tan intenso; debería prever, al menos, un escalonamiento”. 

En paralelo, el escrito sostiene que el decreto choca frontalmente con la Directiva del Retorno europea, que exige que las decisiones sobre extranjeros en situación irregular se tomen de forma individualizada y priorizando el retorno. Además, denuncia que el decreto vulnera la reserva de ley orgánica al asumir el Gobierno competencias que corresponden al Parlamento. También carece de una memoria económico-presupuestaria rigurosa que analice el impacto en las comunidades autónomas. 

En caso de que el Supremo no acepte sus pretensiones y suspenda íntegramente los apartados impugnados, el recurso solicita que se adopte al menos la suspensión de los efectos inmediatos que permiten a los solicitantes residir y trabajar de forma provisional con la mera comunicación de inicio del trámite. 

“No existen efectos inmediatos e irreversibles”

En el escrito en el que se opone a la suspensión cautelar del decreto, la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, contradice algunos de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo de Ayuso. Respecto a la influencia que pudiera tener la regularización en el ámbito sanitario, los servicios jurídicos del Estado indican que la normativa actual ya garantiza el acceso a la prestación sanitaria “sin atender al estatus de la persona extranjera”. Por tanto, esta nueva regularización no tiene efectos en ese campo. “En definitiva, no existen efectos inmediatos e irreversibles, no existiendo riesgo de una pérdida de la finalidad del recurso. Por ello debe ser rechazado”, concluyen. 

Además, la Abogacía del Estado sostiene que esperar a la futura sentencia del Alto Tribunal y rechazar una suspensión cautelar no generará situaciones “irreversibles”. Recuerda que la naturaleza de la resolución que se impugna “es de una autorización de carácter administrativo, no generando derechos adquiridos irreversibles tal como alega la actora”.

Así, la Abogacía del Estado insiste en que las personas extranjeras que van a poder solicitar las autorizaciones de residencia “ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026” y, por tanto, “durante este periodo ya han sido usuarias de los diferentes servicios públicos”. Por eso, explica que la concesión de una autorización de residencia “no genera el impacto en los diversos servicios públicos dado que, en la actualidad, las personas destinatarias de dicha medida ya son usuarias de tales servicios”.

La Federación Comarcal Sur Villaverde Alto de Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la organización Regularización Ya han presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el concejal delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández. Les atribuyen delitos por presunta prevaricación e irregularidades en la gestión del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes aprobado por el Gobierno central.

La denuncia, recogida por Europa Press, está firmada por el secretario general del sindicato, Pablo Redondo Jiménez. En ella solicita que acuerde la apertura de la correspondiente investigación y ejercite las acciones penales de los delitos que se denuncian ante la autoridad judicial que resulte competente. El sindicato sostiene que el Ayuntamiento habría obstaculizado “el acceso de miles de personas migrantes en situación administrativa irregular a los certificados de vulnerabilidad exigidos para tramitar su regularización extraordinaria antes del próximo 30 de junio”.

El escrito atribuye a los responsables municipales posibles delitos de denegación discriminatoria de prestación pública, recogido en el artículo 511 del Código Penal, y de prevaricación administrativa, tipificado en el artículo 404. Además de Almeida y Fernández, la denuncia incluye como presuntos responsables a la coordinadora general de Políticas Sociales, Raquel Muros Delgado; a la directora general de Servicios Sociales y Atención a la Discapacidad, María Consolación Alfaro Moreno; y a la jefa del Departamento de Coordinación y Programación de la Atención Social Primaria, María Pilar Benito Pecharromán.

Según la denuncia, los protocolos implantados por el Ayuntamiento desde finales de abril habrían introducido “trabas burocráticas adicionales” para acceder a los servicios sociales municipales y obtener el certificado de vulnerabilidad necesario para completar el proceso de regularización. CNT sostiene que dichas medidas afectaron especialmente a personas migrantes con dificultades idiomáticas, problemas de acceso digital o sin recursos económicos, provocando retrasos que podrían dejar fuera del proceso a numerosos solicitantes.

El Gobierno aprobó el pasado 15 de abril de 2026 el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes mediante el Real Decreto 316/2026. Entre los requisitos establecidos figura la acreditación de situación de vulnerabilidad a través de servicios sociales públicos o entidades colaboradoras autorizadas. La denuncia señala que, tras la entrada en vigor de la norma, los centros de servicios sociales municipales de Madrid no recibieron instrucciones claras durante varios días pese al fuerte aumento de solicitudes.

Posteriormente, el 21 de abril, los trabajadores sociales recibieron órdenes para cancelar citas previamente organizadas y derivar las solicitudes al sistema de Registro General del Ayuntamiento. Según el sindicato denunciante, este nuevo procedimiento añadió barreras administrativas y retrasó el acceso a los informes necesarios para la regularización.

Almeida minimiza las acusaciones: “Maniobra de propaganda”

Almeida, por su parte, ha trasladado en un acto con prensa desde Carabanchel que, aunque no conoce la denuncia, sí está seguro de que tanto él como el delegado Fernández no han cometido irregularidad penal alguna y que esto le parece “más bien una maniobra de propaganda por parte de la CNT”. Lo sustenta en que no le consta siquiera que CNT se haya dirigido de cualquier manera al Ayuntamiento de Madrid instando a que acometiera cualquier tipo de actuación en relación con el proceso de regularización.

“Este es un Estado de Derecho, que acudan a la Fiscalía, pero conviene acudir a la Fiscalía no para obtener un titular, sino cuando verdaderamente se pueda haber producido un ilícito penal. E insisto, estoy seguro de que ni el delegado ni yo hemos cometido ese ilícito penal. Así que tranquilidad total y absoluta”, expone el primer edil.

Polémicas palabras del alcalde recogidas en la denuncia

El documento de CNT se sustenta además en unas palabras del regidor después de la Junta de Gobierno municipal. El alcalde aseguró públicamente que el Ayuntamiento “no iba a colaborar” con el proceso de regularización impulsado por el Ejecutivo central. CNT considera que esas manifestaciones reflejan “una voluntad política de obstaculizar el procedimiento” y relaciona dichas declaraciones con los protocolos posteriores implantados en servicios sociales.

La denuncia subraya además que el Ayuntamiento conocía previamente la situación de saturación de los servicios sociales municipales. El escrito recoge datos internos que reflejarían esperas medias de hasta 36 días para obtener cita en servicios sociales y demoras superiores a los 50 días en algunos distritos como Villaverde, Hortaleza o San Blas-Canillejas. Pese a ello, el sindicato sostiene que el Consistorio no adoptó medidas extraordinarias de refuerzo de personal para afrontar el incremento de solicitudes derivado del proceso de regularización.

CNT solicita a la Fiscalía que abra diligencias de investigación, reclame los protocolos internos elaborados en abril y tome declaración tanto a los responsables políticos como a trabajadores sociales y personas migrantes afectadas. Entre las diligencias solicitadas figuran requerimientos al Ayuntamiento para que aporte comunicaciones internas, datos sobre citas anuladas y estadísticas de emisión de certificados de vulnerabilidad. Asimismo, el sindicato pide investigar quién elaboró y ordenó aplicar los protocolos denunciados y por qué dichos documentos carecían, según la denuncia, de firma oficial.

El municipio albaceteño de Villamalea traspasó fronteras hace unos meses cuando el el periódico The Guardian se hacía eco de su iniciativa, que secundaron sus vecinos y vecinas de Tarazona de la Mancha, para pedir al Congreso de los Diputados la regularización de las personas migrantes. Ese texto defendía que este colectivo “contribuye en lo económico, social y cultural, como ya hicieron aquellos españoles que se vieron obligados a migrar en otros tiempos para buscarse la vida”.

La localidad, caracterizada por la convivencia de más de 30 nacionalidades y por sus políticas activas de integración y multiculturalidad, abanderó entonces esa petición y se convirtió en un ejemplo para todo el país. Sobre todo porque con ello el Ayuntamiento, gobernado por el PP, se desmarcaba de la tónica general del partido de Alberto Núñez Feijóo contra la regularización extraordinaria de migrantes.

Pero esa bandera parece haberse hecho añicos. En el último pleno de la Diputación de Albacete, el segundo teniente de alcalde de Villamalea, Antonio Martínez, que también es diputado provincial, elevó al pleno de esta institución una moción en la que arremetía contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes que pedía esa moción defendida hace meses y en la que figuraba su firma.

Los argumentos del teniente de alcalde: que se trata de un proceso “caótico”, con “falta de recursos” para los ayuntamientos y que, además, “anima a las mafias”, mensaje este último muy parecido al que defienden los discursos de ultraderecha capitaneados por Vox.

En la argumentación de su moción en el pleno provincial, Antonio Martínez explica que el proceso de regularización exige “requisitos difusos” con un impacto potencial “muy elevado” sobre los ayuntamientos. Aunque reconoce que existen cientos de miles de personas a los que “hay que dar una salida” y recuerda la moción que él mismo rubricó en defensa de la regularización, subraya que esa propuesta exigía a las administraciones “más recursos y financiación para los servicios públicos esenciales como sanidad, como educación y vivienda”.

“Regularización, sí, pero con un empleo digno vinculado también y con recursos suficientes”. Frente a ello, opina que el Gobierno ha aprobado este proceso “sin vinculación clara al mercado laboral y sin garantizar el debido refuerzo de los servicios públicos”. Es decir, considera que una regularización sin empleo garantizado “no es integración”, es “condenar al inmigrante regularizado a la dependencia y a la marginalidad”.

El segundo teniente de alcalde de Villamalea deja claro que no discute el objetivo del proceso, sino que se esté haciendo con “irresponsabilidad”. “No se discute sobre la dignidad de las personas, ni sobre la necesidad de la integración de los migrantes. Sobre eso existe un amplio consenso. El problema es cómo se plantea esta reforma”.

Un mensaje pegado a la ultraderecha

“Nuestros municipios ya están suficientemente tensionados y soportando la presión sobre servicios sociales, atención ciudadana, vivienda, escolarización infantil; y esta medida, lejos de aliviar esta situación, lo único que consigue es agravarla”, argumento.

Y añade otra “cuestión de fondo”: la regularización masiva “lanza un mensaje equivocado” porque puede generar “agravios” respecto a quienes han conseguido procedimientos legales y “debilitar la credibilidad del sistema, animando a las mafias a seguir traficando con seres humanos”. Se apresura a afirmar que esto último no es una posición ultraderechista ni xenófoba, sino que son palabras de Magnus Brunner, comisario europeo de Migraciones.

“Por responsabilidad institucional, no todo, no cualquier fórmula es válida, no cualquier regularización es adecuada, si no va acompañada de garantías, planificación y recursos”, concluye.

Lo del PP en Villamalea ha sido un postureo de carácter electoralista, sin importarles para nada el bienestar de las personas

PSOE

Los socialistas de Villamalea se han echado las manos a la cabeza por este viraje del equipo de Gobierno del Ayuntamiento. Aunque la moción fue rechazada por la mayoría absoluta del PSOE en esta institución, este partido ha arremetido duramente contra el PP, que “durante meses quiso aparecer como defensor de la regularización de personas migrantes”.

“El mismo que firmó una moción conjunta con PSOE y Unidas Podemos, y aprovechó la repercusión nacional e internacional que tuvo nuestro pueblo como ejemplo de convivencia, ha terminado mostrando cuál era realmente su posición. Los conocemos (al PP) y sabemos que lo de Villamalea ha sido un postureo de carácter electoralista, sin importarles para nada el bienestar de las personas”, argumentan.

Para los socialistas, lo más preocupante no fue solo la “contradicción”, sino el “enfoque utilizado”. “Reducir a las personas migrantes a su utilidad económica, hablar de ellas únicamente como mano de obra necesaria o relacionar migración con inseguridad supone deshumanizar a quienes simplemente buscan una vida digna”.

Las personas migrantes no son “paquetes de Amazon”

Por eso destacan la intervención del diputado provincial socialista Fran Valera, que respondió a Antonio Martínez Alcalde recordándole que las personas migrantes no son “paquetes de Amazon”, sino “seres humanos con derechos, dignidad y proyectos de vida”.

“La convivencia no puede utilizarse como escaparate político según convenga. Villamalea sabe perfectamente quiénes hemos trabajado siempre desde el respeto y la defensa de los derechos humanos y quiénes simplemente intentan adaptarse al discurso que más les interesa en cada momento”, añaden.

Y en este sentido, recuerdan que las familias migrantes forman parte de la realidad de Villamalea. “Son vecinos y vecinas que trabajan, viven, educan a sus hijos y construyen pueblo cada día junto al resto; y frente a quienes cambian de discurso según el escenario, el PSOE de Villamalea seguirá defendiendo la dignidad humana, la coherencia política y la convivencia real”.

La estación de autobuses de Badajoz dejó de ser anoche un refugio precario para convertirse en el escenario de una intervención policial. En torno a las 23:00 horas, la Policía Nacional procedió al desalojo de 17 personas migrantes que pernoctaban en las dársenas del recinto, ya que el resto de instalaciones se cierran por la noche y no pueden ser usadas.

Sin embargo, en delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha aclarado que estas personas “se fueron voluntariamente” después de que la Policía Nacional las identificara.

Según han confirmado colectivos sociales que siguen de cerca la situación, el desalojo se llevó a cabo sin que mediara ningún incidente previo. Los afectados utilizaban las dársenas de la estación como última opción ante la falta de plazas en albergues y centros de emergencia, una carencia estructural que la ciudad arrastra desde hace meses.

“No han dado problemas”

La respuesta de la sociedad civil no se ha hecho esperar. La Asociación Ciudadana de Badajoz de Apoyo a Personas Migrantes (Acibapem) ha exigido explicaciones urgentes a la Delegación del Gobierno. Desde el colectivo consideran “incomprensible” que se fuerce la salida de estas personas cuando muchas de ellas se encuentran en pleno proceso de regulación administrativa. “La Delegación tiene que dar una respuesta. No ha habido ningún problema con estas personas que están viviendo allí”, denuncia Pedro Carrasco, miembro de Acibapem. “El sistema actual no tiene capacidad de alojamiento y lo que se ha hecho es, sencillamente, dejar a gente que no tiene dónde dormir en la calle lloviendo. Así que entre todas las instituciones deberían encontrar una solución para estas pocas personas en situación de calle”.

Lo ocurrido en Badajoz no es un hecho aislado. En el último año, diversas capitales han optado por la vía policial para gestionar la presencia de personas sin hogar en infraestructuras de transporte, a menudo priorizando la “imagen” de las instalaciones sobre el auxilio social.

“No ha habido orden de ningún tipo”

José Luis Quintana ha desmentido que la Delegación del Gobierno hubiera dado orden para el desalojo de las personas sin hogar y ha explicado que el vigilante jurado de la estación de autobuses, espacio sobre el que tiene competencia la Junta de Extremadura, llamó a la Policía Nacional para informar de que una serie de personas querían pernoctar allí. Tras este aviso, acudió al lugar una patrulla policial que “simplemente las identificó” y, posteriormente, estas personas abandonaron “voluntariamente” el recinto.

Por lo tanto, según Quintana, no había “ninguna orden de ningún tipo, ni de desalojos ni de nada” y ha atribuido las consideraciones al respecto como “conclusiones retorcidas”.

Además, ha recordado que las competencias que el Gobierno central tiene al respecto son las de facilitar alojamiento a las personas que están en trámite de pedir asilo.