Navarra se ha recuperado en septiembre del parón de verano impulsada por la regularización extraordinaria de migrantes. La comunidad foral ha sumado en el último mes 1.945 afiliados a la Seguridad Social. Así el número total de personas trabajando en Navarra asciende a las 325.220, casi 11.000 más que en el mismo mes de 2025. Según datos de la Seguridad Social, de las nuevas afiliaciones, 5.702 corresponden a personas extranjeras relacionadas con el proceso de regularización extraordinaria.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha destacado que “el tejido empresarial y el mercado laboral de Navarra están siendo capaces de ofrecer oportunidades y están consiguiendo absorber de forma dinámica a las personas extranjeras que acaban de regularizar su situación”.

“Como ya vimos en agosto, en el mes de septiembre se sigue evidenciando el impacto que está teniendo el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras en el empleo tanto en el aumento de personas trabajando como en el aumento de personas que buscan empleo”, ha apuntado Maeztu. 

Pero en septiembre Navarra también ha sumado 849 nuevos parados. Así son ya 30.373 el número de personas desempleadas en la comunidad foral. De ellas, 620 proceden también del proceso de regularización extraordinario.

En términos anuales, el aumento es del 7,02%, esto es, 1.993 personas más que en septiembre de 2025. “La buena capacidad de incorporación de personas al mercado laboral se evidencia todavía más si prestamos atención a los datos anuales: respecto de septiembre de 2025, tenemos solo 1.993 personas paradas más mientras que, por el contrario, tenemos 2.172 personas beneficiadas de la regularización extraordinaria inscritas en las Agencias de Empleo”, ha indicado el Ejecutivo.

En cuanto a las características del desempleo, el Gobierno ha destacado varios aspectos. Por una parte, ha detallado, la distribución según sexo sigue siendo desequilibrada. En septiembre seis de cada diez personas registradas como paradas en Navarra son mujeres (el 60,9%, 18.512 personas) frente al 39,1% de hombres (11.861 personas).

En términos mensuales la variación del desempleo ha crecido más en hombres que en mujeres. Así, ha continuado, mientras que el número de paradas aumenta en un mes un +2% (367 desempleadas más) el de desempleados crece un 2,2% más, concretamente crece en un 4,2% (482 parados más).

También ha señalado que “conviene tener en cuenta que tres de cada diez personas desempleadas en Navarra (el 29,8%) son mayores de 54 años, se trata de 9.055 personas”. En cuanto a los jóvenes en paro de menos de 35 años, representan el 28,5% del total (8.665).

Respecto al desempleo de larga duración, actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 38,9%, es decir, 11.803 personas, son paradas de larga duración (llevan en situación continuada de desempleo más de un año). Se ha dado un descenso anual del 2,34% (283 personas paradas menos de larga duración), “de esta manera es el octavo mes consecutivo en el que se consigue reducir el desempleo de larga duración en términos anuales”.

La regularización extraordinaria de personas migrantes sigue impulsando las cifras de empleo en España, que este septiembre registra un aumento récord de trabajadores afiliados en este mes en la serie histórica. Fueron algo más de 92.300 trabajadores de media respecto a agosto, de los que más de 84.000 son personas extranjeras. Con este empuje, el número de trabajadores extranjeros bate también otro máximo histórico, de más de 3,6 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, un 16% del total. Por su parte el paro aumentó en casi 23.600 personas, un dato más elevado que en los últimos años y que también se explica por la regularización.

El mercado laboral se situó así en una media de 22,4 millones de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social, aunque en la serie diaria se ha batido en múltiples jornadas el techo de los 22,5 millones de trabajadores alcanzado en julio, ha destacado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz.

En términos desestacionalizados, indicador que aísla el mercado laboral de vaivenes estacionales que alteran la evolución del empleo, la afiliación aceleró el pasado mes hasta sumar casi 109.000 trabajadores, frente a los 84.000 del mes anterior.

740.000 empleos de alta más en el último año

El “enorme” aumento de trabajadores afiliados de septiembre, destaca la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha dejado también un importante auge en el ritmo de creación de empleo interanual, que se eleva hasta el 3,4%, un punto más que antes de la regularización.

En número de personas, supone que en el último año se han creado 740.000 empleos de alta en la Seguridad Social, un registro que no se alcanzaba “desde 2005”, subraya la ministra de Trabajo. Antes de este proceso extraordinario, el dato era de unos 524.000 afiliados más. “Generar derechos mejora la economía y es bueno también para las empresas”, ha celebrado Díaz.

En cuanto al paro registrado, las personas desempleadas apuntadas a las oficinas públicas de empleo aumentaron en casi 23.600 en septiembre respecto al mes anterior. Se trata de un dato más elevado que en los últimos años, aunque moderado, no muy superior a los registros de 2022 y 2023, por ejemplo, y que se explica también por la regularización. De hecho, el paro extranjero aumentó en 26.000 personas el pasado mes.

En los últimos meses, el Ministerio de Trabajo ha normalizado el aumento del paro fruto de la regularización como una “transición” normal al mercado laboral formal y con derechos. Además, apuntarse al SEPE es una acción recomendada a los migrantes por parte de los sindicatos y las empresas para favorecer la búsqueda de empleo y para que los empleadores puedan beneficiarse de ayudas a la contratación tras pasar por el SEPE.

En total, el paro registrado se sitúa en 2.379.505 personas, en mínimos desde hace 18 años, en 2008, a los inicios de la crisis financiera. De ellas, el 60% son mujeres: 1,4 millones frente a 951.100 hombres en paro.

En el último año, el paro ha descendido en 42.160 personas (-1,7%), con un mayor descenso entre las mujeres (-2,8%) que entre los hombres (-0,2%), cifra Trabajo.

421.000 afiliados extranjeros más y 56.500, en paro

El Gobierno ha actualizado las cifras globales del impacto de la regularización en el mercado laboral hasta el momento, con un auge de trabajadores de alta a la Seguridad Social muy superior al ascenso del paro. A fecha de 30 de septiembre, el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía a 421.306 personas, informa el Ministerio de la Seguridad Social. Se trata de unas 83.400 más que en agosto.

De ellas, el 60% son hombres y el 40%, mujeres, y la gran mayoría han sido empleadas por terceros como asalariadas en el Régimen General (el 77%), mientras que unos 22.600 trabajadores se han dado de alta como autónomos –sin tener en cuenta el sistema especial de trabajadores agrarios– (un 5,4%). En los últimos meses, también hay un incremento de las trabajadoras dadas de alta en el sistema especial de empleo del hogar, que sumó 7.000 personas afiliadas en septiembre.

Por países de origen, el que cuenta con más afiliados en alta provenientes del proceso de regularización es Colombia (118.485), seguido de Venezuela (71.999). “Estos dos países concentran casi la mitad del total a 31 de septiembre”, destaca el departamento de Saiz.

Por otro lado, a finales de septiembre constaban alrededor de 56.500 personas en paro inscritas tras acogerse a la regularización extraordinaria, ha informado el Ministerio de Trabajo, de las que “el 52% llevaban menos de un mes inscritas en el SEPE”.

Tirón de la educación en septiembre y de la construcción en el año

Como ocurre cada septiembre, se recupera mucho empleo en el sector educativo, que recuperan personal tras las vacaciones de verano, mientras se pierden afiliados en actividades como la hostelería y el comercio con el fin de la temporada turística.

Este año, la educación sumó 63.500 afiliados en septiembre, mientras que los sectores de comercio (-40.000) y sobre todo hostelería (-22.000) encabezan las pérdidas de afiliados, aunque se resintieron algo menos que otros años. Ambas actividades, sobre todo la hostelería, son sectores que están empleando a gran parte de los trabajadores extranjeros que marca récords en estos momentos.

Si se amplía la mirada al último año, la regularización ha impulsado mucho el sector de la construcción y lo ha convertido en el que más empleo de alta ha creado en el último año: ha sumado 97.100 afiliados en los últimos doce meses, un aumento del 7%. Muchos de estos trabajadores extranjeros ya estaban empleados en esta actividad, como reconoció la propia patronal, pero en la economía sumergida y mucho más expuestos a la explotación y la falta de derechos.

Por comunidades autónomas, la Seguridad Social destaca el crecimiento generalizado del empleo en todas ellas, por encima del 2% (excepto en Extremadura, que el incremento es algo menor).

Esperar una resolución que puede cambiar su futuro se ha convertido en una parte más de la vida de A. K. Este joven de 25 años, de origen saharaui y con nacionalidad mauritana, lleva más de dos años y medio en España y todavía espera avanzar en su proceso de regularización y nacionalización.

Llegó al país en 2023 y residió primero durante unos tres meses en Barcelona, donde fue atendido por una pequeña asociación del área metropolitana. Después, se trasladó a Aragón y, a través de Cruz Roja Zaragoza, continuó mejorando su castellano en Ejea de los Caballeros, donde la entidad también le proporcionaba alojamiento en un piso compartido. Más tarde se trasladó a Zaragoza capital y comenzó a tramitar la nacionalidad dentro del proceso de regularización extraordinaria.

Su caso tiene una particularidad relacionada con su procedencia. Al venir de los campamentos del Sáhara Occidental y disponer únicamente de un pasaporte mauritano, desde su llegada se le reconocía la condición de apátrida. Fue una trabajadora social de Cruz Roja quien puso en contacto al joven con la Asociación Juvenil Saharaui Le Frig para que pudieran hacerse cargo de su caso.

Su experiencia durante estos años no ha sido fácil. Especialmente complicados fueron los primeros meses en Barcelona y posteriormente en Ejea, mientras perfeccionaba el español. Durante su estancia en Ejea, además, pudo realizar un curso de logística a través de Cruz Roja. Ahora, mientras espera la resolución, A. K. ya piensa en su siguiente paso: comenzar un curso de albañilería. “Estoy esperando la resolución de los papeles y la nacionalidad”, explica. El problema es que esa espera también condiciona sus posibilidades de trabajar. “La necesito para trabajar”, señala.

Durante este tiempo, relata, ha tenido que afrontar periodos sin empleo y trabajos precarios, algunos sin contrato y con salarios inferiores. Para este joven de 25 años, poder avanzar en la obtención de sus documentos supondría una oportunidad para seguir formándose, trabajar y quedarse más tiempo en Zaragoza o en la provincia.

El caso de un joven gambiano

La historia de B. J., un joven de origen gambiano, ha tenido un desenlace más positivo. Llegó a España en octubre de 2023, pasó dos meses en Andalucía siendo menor de edad y, posteriormente, se trasladó a Zaragoza. Al tener menos de 18 años, estuvo en un centro para menores no acompañados durante unos ocho meses. Hasta que le comunicaron que era mayor de edad. “Entonces me quedé sin casa, y me dijeron que mi pasaporte era falso, al venir de Gambia”, relata.

Fue su educadora del IASS quien le puso en contacto con la Asociación Juvenil Le Frig. Primero intentaron revertir la declaración de mayoría de edad, aunque no recibieron respuesta. Posteriormente, pudo acogerse al proceso de regularización extraordinaria.

Ahora, con 19 años, recibe ayuda de otra entidad que le proporciona alojamiento, mientras que en Le Frig le ayudan con sus trámites y sus estudios. El pasado mes de septiembre recibió una resolución favorable y ahora está pendiente de completar los siguientes pasos. “Hace unos días me llegó la resolución firme y estoy pendiente de poner las huellas”, explica. El joven se muestra contento por haber avanzado en el proceso y asegura que durante estos dos años se ha sentido acompañado. Sin embargo, recuerda especialmente el momento en el que se quedó sin alojamiento. “Cuando me quedé en la calle no fue nada fácil, siendo menor y por mi origen”, cuenta.

La Mesa por la Hospitalidad le ayudó entonces a superar aquella situación de calle, pero B. J. destaca que la dificultad de los trámites administrativos ha continuado presente: “El proceso de la documentación siempre es difícil”. Durante este tiempo también ha podido mejorar su español en el Aula Taller Sociolingüística de la Fundación María Auxiliadora, en el Actur, y actualmente espera matricularse en un centro ocupacional. Le interesa trabajar como mozo de almacén, aunque tiene claro que lo que quiere seguir haciendo es estudiar.

“Es muy difícil estar sola”

Q. A. B. es una joven de origen marroquí que llegó a Zaragoza en octubre de 2024. Su paso por el sistema de protección de menores terminó pocos meses después de cumplir los 18 años. “Estuve tutelada por el IASS hasta enero de 2025 y me quedé en la calle sin documentación”, explica. Cuando estaba a punto de quedarse en la calle, Cáritas le ayudó. Posteriormente, Cruz Roja y Le Frig comenzaron a asesorarla para buscar una vía que le permitiera regularizar su situación.

La joven reconoce que entonces desconocía los trámites que podía realizar tras salir del sistema de protección. “No sabía que después de salir de un centro de menores podía solicitar mi permiso de ex tutelada. Ya era tarde cuando llegué a la Asociación Le Frig en noviembre de 2025”. La solicitud fue denegada al día siguiente de presentarla porque habían pasado más de tres meses desde que cumplió los 18 años. La posibilidad de acogerse posteriormente al proceso de regularización extraordinaria le permitió, según explica, recuperar algo de tranquilidad.

“Ahora ya tengo una resolución provisional”, señala. Desde julio también ha podido convalidar su bachillerato de Marruecos y continuar con sus estudios. “El año pasado empecé un grado superior. Menos mal que ahora podré hacer las prácticas”.

Su experiencia le ha mostrado también las dificultades que puede suponer enfrentarse sola a todos los trámites administrativos. “Es muy difícil estar sola, pero he encontrado gente que me ha apoyado”, explica. “Entender qué tengo que hacer con los papeles, pagar tasas, ir al consulado, hacer la homologación, traducciones... todo eso es muy complicado para una persona, y más si eres muy joven”.

La Asociación Juvenil Saharaui Le Frig

La Asociación Juvenil Saharaui Le Frig trabaja en Zaragoza desde 2012. La entidad desarrolla diferentes programas relacionados con el Sáhara Occidental, entre ellos proyectos de mediación internacional, asistencia médica o formación en España.

Durante el proceso de regularización extraordinaria, la asociación se ha convertido también en un punto de referencia para personas que necesitan información y acompañamiento para resolver su situación administrativa. Desde abril, además, es entidad colaboradora del Ministerio.

Una de sus trabajadoras sociales, Aminetou Errer Barzeid, de origen saharaui, calcula que han informado, atendido o asesorado a cerca de 1.000 personas. “Hemos informado, atendido o asesorado a cerca de 1.000 personas”, explica. Ahora, el trabajo consiste también en acompañarlas cuando empiezan a recibir las diferentes comunicaciones burocráticas. “Algunas personas son jóvenes, pero otras no”, añade. Hasta ahora, la asociación centraba buena parte de su actividad en jóvenes migrantes procedentes de los campamentos saharauis o de Mauritania, con programas de mediación internacional, asistencia médica —incluida la facilitación de intervenciones en hospitales de Barcelona— y formación en Aragón, además de colaboraciones con la Universidad de Zaragoza.

Actualmente, mantienen estos programas, aunque han sufrido recortes en la financiación procedente de distintas administraciones. La incorporación como entidad colaboradora del Ministerio en abril ha añadido una nueva carga de trabajo. Desde entonces, explica Barzeid, la asociación también informa, orienta y acompaña a personas de diferentes perfiles y nacionalidades durante el proceso de solicitud de la nacionalidad.

Ahora, el principal problema que detectan es la espera para obtener respuestas. “Fundamentalmente, estamos esperando resoluciones de muchos casos”, explica Barzeid. También están pendientes otros documentos, como los certificados de antecedentes penales negativos necesarios para algunos jóvenes que están realizando formaciones. Según señala, “las dobles nacionalidades y los otros permisos de residencia, estudios o trabajo, a pesar de tener todos los documentos en regla, se están concediendo muy despacio, con cuentagotas”.

La nacionalización de saharauis 

La aprobación en el Congreso, el pasado 10 de septiembre, de la nacionalización de saharauis descendientes en primer grado es valorada de forma positiva por la asociación, aunque con cautela, al no saber todavía cuántas personas podrán mejorar realmente su situación.

Los trabajadores sociales de la entidad consideran que la medida será positiva, pero son conscientes de que muchas personas procedentes de los campamentos cercanos a Mauritania y que tienen reconocida la condición de apátridas podrían quedar fuera.

Es el caso, según la asociación, de A. K., el joven de 25 años que lleva viviendo en España casi tres años y que todavía espera una resolución que le permita avanzar en su situación documental.

La experiencia de cruzar fronteras implica mucho más que un cambio de coordenadas geográficas, supone una transformación identitaria atravesada por pérdidas silenciosas y reconstrucciones personales. Bajo esta premisa cobra vida 'Caminante: historias resonantes de la migración por Europa', un proyecto de podcast producido y presentado por la periodista mexicana Norma Saldaña.

Afincada en Santander tras una trayectoria profesional de más de diez años en medios impresos, de radio y televisión en su país de origen, Saldaña ha emprendido este proyecto focalizado en la memoria migrante. Tras completar su primera temporada de diez episodios centrados en testimonios de mujeres, la iniciativa ha arrancado su segunda entrega incorporando también voces masculinas y la migración académica.

La génesis de Caminante se remonta a la propia vivencia migratoria de su conductora, quien ha experimentado en primera persona los obstáculos burocráticos y emocionales de la adaptación a un nuevo país. Su primer contacto con España tuvo lugar en septiembre de 2005, cuando se trasladó a Valencia junto a su marido. Allí se topó de forma abrupta con la falta de reconocimiento oficial de su titulación universitaria en Comunicación, lo que le impidió ejercer el periodismo a pesar de contar con una década de ejercicio a sus espaldas en cabeceras de renombre como la agencia estatal Notimex o el diario Reforma. Saldaña recuerda aquel momento como un duro golpe profesional que reducía su formación previa a un nivel de educación secundaria.

Ese primer choque motivó el regreso de la familia a Querétaro (México) en 2006, donde Saldaña continuó su carrera en periódicos digitales, la radio y la televisión pública local, además de cursar un máster en Comunicación y Cultura Digital por la Universidad Autónoma de Querétaro. Sin embargo, tras quince años en territorio mexicano, la llamada de la tierra de su marido (de origen cántabro) impulsó una segunda migración hacia Santander a finales de 2022, esta vez acompañados por su hijo.

En esta nueva etapa en Cantabria, y tras lograr finalmente la equivalencia de su título universitario e integrarse en el Colegio Oficial de Periodistas de Cantabria, Saldaña terminó de germinar la idea de crear un espacio donde las vivencias de las personas migrantes dejaran de ser invisibles.

Poner nombre y rostro al 'duelo migratorio'

Uno de los pilares sobre los que se cimenta el espacio es el concepto de 'duelo migratorio', entendido como el proceso de pérdida y adaptación emocional que atraviesa toda persona que abandona su país de origen. La conductora explica que el episodio inaugural de la primera temporada, en el que entrevistó a una especialista mexicana dedicada al acompañamiento de personas migrantes, sirvió para “abrir el melón” de una realidad a menudo silenciada. A través de las reacciones del público, Saldaña comprobó cómo muchas personas descubrían por primera vez que “la pesadez, la nostalgia o el dolor que sentían tenían una denominación concreta y un sentido psicológico”.

En esta línea, la comunicadora considera que en Cantabria existe un cierto vacío en cuanto a espacios físicos e institucionales destinados al desahogo emocional para la población extranjera. Aunque reconoce la labor técnica y legal de entidades sociales como Cantabria Acoge o Movimiento por la Paz en la regularización de trámites administrativos, sostiene que hace falta una red de refugio que acompañe “el dolor de la pérdida” y recuerde que “el desarraigo es una etapa transitoria”. Frente a esta carencia, Saldaña ha invocado a “la importancia de la empatía entre pares y el valor de la amistad transnacional”, afirmando con gratitud que la bondad y el afecto carecen de nacionalidad.

Historias vitales frente a la deshumanización mediática

La urgencia por dar vida a Caminante responde también a una firme voluntad de contrarrestar el endurecimiento del discurso mediático y político hacia el colectivo migrante. La periodista ha manifestado su preocupación ante la proliferación de “relatos estigmatizantes que vinculan a las personas de origen extranjero con la delincuencia o las retratan como una carga para el sistema público”. Saldaña sostiene que “la deshumanización proviene del desconocimiento y de reducir vidas humanas a meros números o estadísticas”.

Nadie abandona su país, sus raíces y a su familia por mero placer

La presentadora asevera que “nadie abandona su país, sus raíces y a su familia por mero placer”, sino empujado por situaciones de violencia, inseguridad o falta de futuro, la mayoría de las veces. Por ello, defiende que el podcast constituye “un canal de sanación colectiva” tanto para quien relata su vivencia como para quien la escucha.

Al poner rostro, voz y emoción a los trayectos de vida, el programa busca desmontar los prejuicios que alimentan los discursos de odio, demostrando que detrás de cada proyecto migratorio existe el derecho fundamental de cualquier ser humano a construir una vida digna.

Grabación pública en el Ágora Solidaria Luis Toca

El diseño técnico y narrativo de 'Caminante' ha destacado por su carácter colaborativo y comunitario. Saldaña ha agradecido la generosidad del Ágora Solidaria Luis Toca, que ha cedido sus instalaciones para transformar la grabación en un encuentro abierto al público. Si bien la comunicadora admite que entrevistar a personas ajenas a la vida pública entraña una notable dificultad, por la intensidad emocional que, en ocasiones, puede surgir durante el directo, cree que la presencia de oyentes en la sala ha contribuido a su vez a tejer un ambiente de confianza e intimidad.

Tras una primera temporada compuesta por diez episodios protagonizados íntegramente por mujeres, la segunda entrega del proyecto introduce novedades significativas. El espacio ha comenzado a incorporar testimonios masculinos, reconociendo la dureza de los procesos migratorios que atraviesan también los hombres. Así, el primer capítulo de la nueva temporada ha recogido la experiencia de Efrén Navarrete, un estudiante mexicano que cursó su doctorado en Ciencia y Tecnología en la Universidad de Cantabria y llegó a incorporarse a la Organización Europea para la Investigación Nuclear en Suiza.

De otro lado, el crecimiento de Caminante ha traspasado el plano del podcast digital para integrarse en la parrilla radiofónica tradicional. Saldaña ha confirmado con satisfacción que los episodios de la primera temporada han comenzado a emitirse en la emisora de radio Fractal FM de Málaga (87.8 FM) desde este mes de septiembre todos los jueves, lo que supone un hito en la trayectoria del proyecto y una vía para multiplicar el alcance de sus mensajes.

La periodista reitera su agradecimiento a las personas que han compartido su intimidad ante los micrófonos y hace un llamamiento a cualquier persona migrante que desee compartir sus vivencias. Quienes tengan interés en sumarse a las próximas grabaciones pueden contactar con la producción a través de sus perfiles en redes sociales en Instagram (@caminante.podcast). “Caminante continuará siendo una apelación constante a la empatía y a poner rostro a quienes han emprendido el camino lejos de su hogar”, concluye Saldaña.

La regularización extraordinaria de migrantes sigue aflorando trabajadores en el mercado de trabajo español. Es lo que se traduce de las cifras anómalas de empleo y de paro del pasado mes de agosto: la caída del empleo en el final de la temporada turística (en 162.800 personas) fue menor de lo habitual, la segunda más baja de la última década, mientras que el aumento del paro ha sido más abultado, en 44.400 personas, el doble que el año pasado.

Los vaivenes de agosto dejan un balance total de trabajadores de 22,3 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, tras el récord de 22,5 millones alcanzado en julio, también empujado por la regularización. En cuanto al paro registrado, se sitúa en un total de 2.355.918 personas, en niveles de 2008, al inicio de la crisis financiera.

Con fecha de 31 de agosto, la Seguridad Social da un balance más: alrededor de 337.900 personas extranjeras que participan en el proceso extraordinario de regularización –iniciado a mediados abril– han sido ya dadas de alta como trabajadoras. De ellas: 134.500 son mujeres y 203.400, hombres.

Por su parte, en Trabajo sitúan en alrededor de 40.000 las personas desempleadas que han ido a apuntarse a las oficinas públicas de empleo provenientes de este procedimiento extraordinario.

Sobre todo más empleo extranjero, aunque también aflora paro

Los datos oficiales publicados este miércoles por el Ministerio de la Seguridad Social y de Trabajo recogen varios rastros de cómo están emergiendo los trabajadores extranjeros en el mercado laboral, alcanzando un nuevo récord de 3,55 millones de personas afiliadas en agosto.

Sobre todo, están saliendo hacia el empleo, de alta y con derechos, aunque también –en menor volumen– al paro formal, alterando la normalidad de las estadísticas del mercado laboral en los últimos meses.

Por ejemplo, el pasado mes aumentaron los trabajadores extranjeros de alta en la Seguridad Social en 39.500 personas respecto a julio, frente al alza de 3.800 personas de 2025 o la reducción del empleo en 22.000 trabajadores en 2024.

Cuando se baja al detalle de la afiliación por sectores, los datos de este agosto anómalo también se concentran en los sectores que están empleando a más trabajadores extranjeros: el empleo del hogar, la agricultura, la hostelería y la construcción, entre otros.

Así, hay una menor caída del empleo en la construcción respecto a otros años y un crecimiento del empleo en la hostelería (+7.000), que habitualmente reduce o sube menos su nivel de trabajadores. El efecto de la regularización se ve muy claramente en el sistema especial agrario, que pierde muchos menos trabajadores de lo habitual (4.600 este agosto frente a unos 14.700 menos de 2025 y 2024) y en el régimen especial de trabajadoras del hogar, que aumenta su afiliación en 4.800 trabajadoras, frente a los descensos de 1.700 y 3.330 de los dos años previos.

En los datos de paro registrado, las personas que se apuntan a las oficinas públicas de empleo para buscar trabajo, se observa justo lo contrario. Si las cifras de parados extranjeros suelen descender este mes (-4.000 en 2025 y -2.000 en 2024), este año el dato se incrementó en 16.000 personas.

“En condiciones normales, (la afiliación) habría bajado más. Es otro efecto positivo de un proceso que incorpora a cientos de miles de personas con plenos derechos al mercado laboral. Y el paro sube algo más de lo habitual porque parte de esas personas se inscriben por vez primera en los servicios de empleo”, ha valorado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Y es que, como ocurrió en julio, más de la mitad del alza del paro de personas extranjeras en agosto corresponde al grupo “sin empleo anterior” (8.700), lo que en el Ministerio destacan como positivo porque aflora hacia la economía formal a personas que estaban con empleos sumergidos, o en paro y sin poder recurrir a las oficinas públicas de empleo por no tener papeles.

Trabajo destaca no obstante que los niveles de desempleo en España siguen siendo los más bajos de los últimos 19 años.

680.000 empleos más en el último año

Ante este agosto más halagüeño de lo habitual, la creación de empleo interanual se acelera hasta casi 680.000 empleos más en los últimos doce meses. En términos relativos, el ritmo de creación de puestos de trabajo ascendió por encima del 3%, nivel que no se alcanzaba desde 2022.

Este tirón del empleo también se recoge en las cifras de afiliación desestacionalizada, que aíslan el mercado laboral de vaivenes propios de la estacionalidad y el calendario. Según este indicador, el empleo aumentó en casi 84.000 trabajadores, frente a los 64.000 del mes anterior.

La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado también que el empleo que se están creando es de mayor calidad. Por ejemplo, con más empleo indefinido que antes de la reforma laboral, ha insistido también Yolanda Díaz.

“Desde agosto de 2021, se ha producido una gran transformación en los tipos de contratos del mercado de trabajo: hay 4.811.840 más trabajadores con contrato indefinido y 2.020.332 afiliados menos con contrato temporal”, destaca la Seguridad Social.

Son muchos los países que cuentan con población extranjera en situación administrativa irregular dentro de su territorio. La razón es sencilla: en los países de destino de la migración existe un enorme desfase entre la elevada demanda de mano de obra y las muy limitadas vías legales para la migración. Los problemas para cubrir las necesidades de mano de obra tienen un carácter estructural. El envejecimiento de la población autóctona y la difícil cobertura de determinados empleos con trabajadores locales son las principales causas.

Complica la ecuación el escaso uso de mecanismos legales de acceso, residencia y trabajo para personas extranjeras. Las políticas migratorias restrictivas impulsadas por gobiernos temerosos a perder las próximas elecciones y una opinión pública cada vez más contraria a la inmigración dibujan un contexto que dificulta abrir vías legales para la migración. Además, las deportaciones de inmigrantes en situación irregular a sus países de origen (o a terceros países como propone la UE) son jurídica, ética y políticamente muy problemáticas. En términos operativos tampoco son sencillas, puesto que es necesario contar con un país que acepte a las personas deportadas. Esto suele ser una tarea muy compleja y una fuente de tensiones. Además, las normas y convenios internacionales sobre asilo y refugio prohíben expulsar a personas a países no seguros, así como las expulsiones colectivas.

La narrativa falsa del “efecto llamada”

Con la crisis de Ceuta hemos visto una campaña política y mediática que relacionaba la entrada de decenas de miles de personas con la regularización extraordinaria de migrantes llevada a cabo por el Gobierno de España. Lo cierto es que la intensidad, recorrido y destino de los flujos migratorios responde a un conjunto amplio de factores.

Explicar la migración únicamente atendiendo a un factor de atracción (la concesión de permisos temporales de residencia y trabajo en España) es una forma sesgada y simplista de interpretar la realidad

Las explicaciones tradicionales sobre la migración distinguen entre los factores de expulsión (factores negativos en origen, que empujan a las personas a migrar) y factores de atracción (factores positivos en destino, que atraen a los migrantes). También deben considerarse los factores de agencia de los migrantes, como son sus preferencias personales, contactos, recursos económicos, cualificación, aspiraciones y expectativas. No menos importantes son los factores estructurales: el orden económico internacional configurado con un centro que extrae mano de obra a bajo coste procedente de las periferias, los vínculos basados en la herencia colonial y la división internacional del trabajo.

Por tanto, explicar la migración únicamente atendiendo a un factor de atracción (la concesión de permisos temporales de residencia y trabajo en España) es una forma sesgada y simplista de interpretar la realidad. Esto es exactamente lo que hace la muy extendida narrativa del “efecto llamada”. Es una narrativa parcial y errónea porque escoge un factor, lo sobredimensiona e ignora el resto de los factores. También es falsa. Los datos son claros: ningún estudio científico ha podido demostrar una correlación positiva entre las regularizaciones extraordinarias y el aumento de la inmigración. En todos los casos estudiados (por ejemplo, las regularizaciones de España e Italia) tras la aprobación de las regularizaciones, la inmigración continuó con tendencias similares sin experimentar incrementos abruptos.

Marruecos se une a las críticas

Algo particular de la regularización extraordinaria de 2026 es la intensa campaña política y mediática en contra que se ha articulado a nivel global. Todos los líderes de la UE, salvo Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo, firmaron una carta que señalaba directamente a la regularización extraordinaria como factor de atracción de la inmigración irregular, culpando a España de lo sucedido por su política migratoria. Esta carta ha sido interpretada por muchos como una muestra de la insolidaridad europea, que contrasta con el apoyo europeo brindado a Grecia en 2020 (cuando Turquía usó los flujos migratorios dejando entrar a miles de migrantes y refugiados) o a Polonia en 2021 (tras la instrumentalización de la migración practicada por Bielorrusia). No se responsabilizó a Grecia o a Polonia por las crisis fronterizas, sino a Bielorrusia y a Turquía. En cualquier caso, lo más paradójico es que muchos de los países firmantes de la carta también han llevado a cabo regularizaciones extraordinarias en los últimos años.

Marruecos llevó a cabo dos regularizaciones extraordinarias de migrantes en 2014 y 2017, respectivamente. El objetivo era regularizar la situación administrativa de miles de inmigrantes procedentes de los países de África Subsahariana

Rabat se ha sumado a estas críticas, afirmando que frenan la migración para que después España la fomente con las regularizaciones. Conviene recordar que Marruecos en 2011 lanzó la llamada Nueva Política Migratoria, con la que redefinió su política migratoria presentándose ante el mundo no solo como un país de origen y tránsito de la migración, sino también como un país de destino de la migración. Se habló entonces de un abordaje integral del fenómeno migratorio.

Además, Marruecos llevó a cabo dos regularizaciones extraordinarias de migrantes en 2014 y 2017, respectivamente. El objetivo era regularizar la situación administrativa de miles de inmigrantes procedentes de los países de África Subsahariana. Dentro de Marruecos, los sectores más radicalizados apuntaron al “efecto llamada” de las regularizaciones, agitando el miedo a una supuesta invasión subsahariana e incluso a una sustitución demográfica. Por ello, es muy sorprendente la crítica del país vecino a España por las regularizaciones, porque se asume la errónea tesis del “efecto llamada” y se abandona por completo el abordaje integral de la migración formulado en 2011.

La regularización como instrumento de política pública

Es cierto que las regularizaciones extraordinarias no son el instrumento de política pública más adecuado. Ponen de manifiesto el fracaso de las políticas de migración y extranjería. Corrigen una irregularidad previamente creada por el régimen migratorio. Por ello, son más deseables instrumentos ordinarios de gestión de la migración, con figuras administrativas más accesibles para la entrada y residencia de trabajadores extranjeros. Un buen ejemplo es el de las contrataciones en origen mediante el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. En términos de planificación pública y seguridad jurídica, es más apropiado diseñar políticas públicas sobre migración predecibles y basadas en evidencias, que consideren la complejidad del fenómeno y aborden los factores políticos, demográficos, económicos y laborales.

Nuestra política migratoria seguirá siendo incapaz de gobernar las migraciones si los discursos y la práctica administrativa abordan este fenómeno desde el paradigma de la excepcionalidad y la emergencia

Ahora bien, las regularizaciones extraordinarias sirven para reconocer la realidad migratoria de un país. Es la única medida posible cuando no se utilizan los instrumentos ordinarios de regularización administrativa de la población extranjera. Por un lado, reconocen los derechos y dignifican la vida de las personas extranjeras. Lo contrario es incompatible con el principio de igualdad. Por otro, corrigen de forma acelerada el desajuste señalado entre la mano de obra y los canales legales para la migración.

Las migraciones son un fenómeno ordinario y cotidiano que, con toda seguridad, va a seguir existiendo. Por ello, lo razonable es utilizar herramientas ordinarias. Nuestra política migratoria seguirá siendo incapaz de gobernar las migraciones si los discursos y la práctica administrativa abordan este fenómeno desde el paradigma de la excepcionalidad y la emergencia. Cuestión distinta son las crisis fronterizas, como la que sucedió a finales de julio en Ceuta. Por su volumen y características, estos flujos no responden a la realidad migratoria habitual, sino a crisis políticas bilaterales donde la migración es instrumentalizada. La estrategia europea y española de externalizar la frontera de Ceuta en un país que no reconoce esa misma frontera es una estrategia condenada al fracaso.

El proceso de regularización de personas migrantes (cuyo plazo finalizó el 30 de junio) ha dejado resultados en el mercado laboral canario. Según un reciente informe de CCOO Canarias, en el Archipiélago han aflorado 11.329 empleos en el mes de julio que estaban en la economía sumergida.

De hecho, durante el último mes se perdieron 14.622 afiliaciones a la Seguridad Social y con la incorporación de estos más de 11.000 trabajadores y trabajadoras regularizados de la economía sumergida, la caída neta del empleo en las islas durante el mes de julio se amortiguó, y quedó en una pérdida final de 3.293 afiliaciones (-0,3%).

En el ámbito nacional, según ha informado en agosto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha sumado 262.475 afiliados a la Seguridad Social a 30 de julio de 2026.

El sindicato concluye que el proceso extraordinario de regularización supone “un avance significativo desde el punto de vista laboral y social” ya que miles de personas que ya desarrollaban una actividad económica dejan de permanecer ocultas en la economía sumergida para incorporarse plenamente al mercado de trabajo formal. Según el Ministerio, en las Islas un total de 37.525 personas solicitaron la regularización.

Seis de cada diez nuevas afiliaciones registradas durante el último año responden a este proceso de regularización, “que incorpora al sistema de protección social a personas que desarrollaban una actividad laboral, pero fuera de los registros oficiales”, recuerda CCOO.

“Durante este mes no se produce tanto una creación extraordinaria de empleo como la incorporación a la economía formal de empleo que ya existía previamente. El proceso de regularización convierte situaciones laborales invisibles en empleo reconocido legalmente, ampliando los derechos de las personas trabajadoras y fortaleciendo, al mismo tiempo, el sistema de Seguridad Social mediante un mayor número de cotizantes”, insiste en sindicato.

Apunta que este fenómeno también se da en el conjunto de España con una intensidad y unos porcentajes muy similares, lo que evidencia el efecto estructural de esta medida sobre las estadísticas laborales.

Por otro lado, el informe apunta que en el mes de julio el desempleo registrado se sitúa en Canarias en 144.168 personas, un 4,6% menos que hace un año. Pero con respecto a junio, el desempleo aumenta en 1.759 personas, rompiendo la tendencia decreciente que hemos ido observando a lo largo de los últimos años.

Asimismo, el informe de CCOO subraya que la población extranjera extracomunitaria supuso 1.014 personas desempleadas más que hace un año, lo que supone un incremento del 6,82%, frente al descenso general del 4,6% del conjunto del paro registrado.

No obstante, “este aumento no responde necesariamente a una destrucción de empleo entre este colectivo, sino a que miles de personas regularizadas pueden inscribirse por primera vez como demandantes de empleo y acceder plenamente a los derechos que ofrece el sistema público de empleo”.

“En consecuencia, el incremento de este colectivo mejora la calidad y representatividad de las estadísticas laborales”, destaca el sindicato.

El informe también pone el foco en que en julio se destruyó empleo principalmente relacionado con el ámbito de la educación por el fin del curso escolar “reproduciendo un comportamiento estacional que se repite cada verano y que tiene una incidencia muy significativa sobre el conjunto del mercado laboral”.

Por otro lado, se detalla que la hostelería incorpora 2.114 nuevos empleos respecto a junio, mientras que el comercio suma otros 1.797, “a pesar de las notables reticencias que estamos encontrando este año en la creación de empleo en estos sectores”.

“En consecuencia, puede afirmarse que julio combina dos fenómenos paralelos: por un lado, una destrucción estacional de empleo derivada principalmente del final del curso escolar y, por otro, la incorporación al mercado laboral formal de miles de personas que ya trabajaban en la economía sumergida y que ahora pasan a formar parte de las estadísticas oficiales. Pero en términos netos, hay destrucción de empleo”, apunta CCOO.

Una medida de justicia social

El proceso de regularización de personas migrantes pudo solicitarlo aquellas personas que extranjeras en situación irregular que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 o para solicitantes de protección internacional que lo hicieran antes de enero de ese año.

El sindicato subraya que el proceso de regularización permite que una realidad laboral preexistente pase a estar reconocida legalmente, fortaleciendo la protección social, mejorando las condiciones de trabajo y ampliando la base de cotizantes que sostiene el sistema de Seguridad Social.

“Esta medida representa, además, un importante avance en términos de justicia social. Garantizar derechos laborales a quienes ya contribuían al funcionamiento de la economía reduce los espacios de explotación, favorece la igualdad de oportunidades y fortalece la competencia leal entre empresas”, aclara.

De hecho, “un mercado laboral más transparente beneficia tanto a las personas migrantes como al conjunto de la sociedad de Canarias, al reforzar los ingresos públicos y consolidar un modelo económico basado en el empleo digno y en el respeto a los derechos laborales”, insiste CCOO.

En los últimos años, el mapa de la explotación sexual en Cantabria ha experimentado una notable transformación. Lo que antes era identificable en los grandes clubes de carretera o en zonas específicas de calle se ha desplazado hacia la opacidad de los pisos privados y el entorno digital.

En este complejo escenario, Tania García Sánchez, responsable de los programas de Prostitución y Trata de Médicos del Mundo en Cantabria, analiza un factor que ha cambiado las reglas del juego para cientos de mujeres: el reciente proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes. Este proceso representa, en su opinión, un “hito histórico” que facilita alternativas reales fuera del sistema prostitucional para mujeres que, debido a su situación administrativa, simplemente “no existían” ante la administración.

La historia de Violeta (nombre ficticio), una mujer colombiana de 51 años, pone rostro a estas cifras. Violeta llegó a España hace tres años huyendo de la violencia y los conflictos armados en su país. Su perfil encaja con el de la mayoría de las usuarias acompañadas, o ‘titulares de derechos’, como prefieren designarles en la entidad social, donde el 46% de las mujeres atendidas proceden de Colombia. “Llegué sabiendo a qué venía, guiada por un viejo amigo, pero no sabía absolutamente nada del tema porque en mi país no ejercía”, relata Violeta sobre sus inicios en un pequeño pueblo cerca de Madrid.

Al llegar a Santander, se encontró con las barreras de un sistema que la mantenía en la sombra: “Las personas que me alquilaron la habitación me metían miedo, decían que no fuera a sitios como Cáritas o Médicos del Mundo porque trabajaban con la policía”. Siguió su propio criterio y, tras un primer acercamiento a Cáritas, le pusieron en contacto con Médicos del Mundo.

Para Violeta, la regularización extraordinaria ha sido su salvación. No solo le ha permitido obtener su tarjeta sanitaria, sino que ha sido la “llave” para traer a su hija y a su nieto, quienes corrían peligro en Colombia. “Lo que más anhelo es tener un trabajo normal, cumplir un horario y poder salir tranquila a la calle”, afirma con esperanza.

De otro lado, el camino hacia la regularización también ha sacado a la luz la existencia de un “negocio paralelo” que se lucra con la desesperación de estas mujeres. García denuncia haber detectado abogados en el ámbito privado que han cobrado entre 200 y 600 euros por asesoramiento en trámites que entidades como Médicos del Mundo y muchas otras -incluidos sindicatos como Comisiones Obreras-, han realizado de forma gratuita. “Muchas acceden a pagar pensando que así garantizan el éxito del trámite, cuando en realidad están siendo doblemente victimizadas por su falta de conocimiento”, ha advertido la responsable de la entidad social en Cantabria.

Del “no existir” al contrato de trabajo

En Cantabria, el proceso de regularización extraordinaria se cerró el pasado 30 de junio con un balance de 8.767 solicitudes registradas. Como recuerda García, la admisión a trámite de la solicitud ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país, lo que permite a muchas mujeres acceder al mercado laboral regulado de forma inmediata mientras esperan la resolución definitiva de sus expedientes.

Hemos acompañado de inicio a fin en el proceso de regularización a unas 30 mujeres

Médicos del Mundo ha jugado un papel determinante en este engranaje al ser una de las entidades autorizadas para emitir certificados de vulnerabilidad, documentos esenciales para que muchas mujeres en contextos de prostitución pudieran acogerse a la medida. “Hemos emitido aproximadamente 150 certificados de vulnerabilidad y hemos acompañado de inicio a fin en el proceso de regularización a unas 30 mujeres”, detalla la responsable técnica.

El impacto ha sido tal que la organización ha notado un incremento significativo en las atenciones, ya que el boca a boca sobre la posibilidad de obtener “papeles” ha servido de puente para que muchas víctimas de explotación sexual se acerquen a los recursos de apoyo social y psicológico, según explica García.

16 inserciones laborales en 2026

La respuesta de Médicos del Mundo es integral a través del I Plan Nacional de Inserción Sociolaboral (Plan Camino), impulsado por el Ministerio de Igualdad. En el periodo comprendido entre 2023-2024, la organización ha atendido en Cantabria a un total de 820 personas, la inmensa mayoría mujeres en situación de migración. De ellas, 32 mujeres han logrado acceder al empleo regulado, principalmente en el sector servicios, hostelería y limpieza, 13 de ellas con contratos indefinidos.

“Para una mujer que lleva muchos años en el contexto de la prostitución, la salida no es tan sencilla como se ve desde fuera; requiere una recuperación psicosocial profunda”, puntualiza García. Además de la inserción laboral, en 2025 se consiguió que 45 mujeres superaran las barreras del sistema y obtuvieran su tarjeta sanitaria, garantizando su derecho efectivo a la salud. Y en lo que llevamos de 2026 “ya son 16 las inserciones laborales logradas”, según detalla con satisfacción la responsable de la entidad.

Existen otras asociaciones en Cantabria como Aplec y Nueva Vida que también atienden a este colectivo. Aunque puede haber duplicidad (mujeres atendidas por varias entidades), Tania García indica que “hay cabida para las tres entidades y aún así a veces no llegamos”.

Abolición frente a violencia “extrema” contra la mujer

Frente al debate en torno a la prostitución, Médicos del Mundo defiende una visión abolicionista, entendiendo la prostitución como una forma extrema de violencia de género y una violación de los derechos humanos. Así, la organización colabora estrechamente con instituciones y otras entidades locales, como la Plataforma Abolicionista de Cantabria (PACANT).

Para la entidad, el reto actual reside en seguir denunciando la explotación sexual como una problemática que la sociedad tiende a normalizar porque ya no se ve en las carreteras ni en las calles. “Parece que la prostitución no existe, pero atender a unas 400 mujeres al año solo en nuestra asociación es un dato importante en Cantabria”, concluye Tania García.

La regularización extraordinaria ha sido el primer paso necesario para dar a muchas personas una identidad legal, pero el objetivo final sigue siendo garantizar que todas estas mujeres, como Violeta, puedan acceder a una vida donde sus derechos no estén en manos de otros.

Las oficinas de Correos de Alfonso XIII y Cuatro Caminos, en Santander, y la de Torrelavega son los puntos de atención presencial habilitados en Cantabria para atender presencialmente las subsanaciones del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes.

Los interesados podrán hacerlo hasta el 30 de septiembre, sin necesidad de cita previa y en los horarios establecidos, que pueden consultarse en la página web www.correos.es.

En un comunicado, Correos ha especificado que los trámites de subsanación están dirigidos exclusivamente a aquellos que hayan presentado su solicitud en plazo y que necesiten aportar documentación adicional, bien por iniciativa propia, para ampliar información, o como respuesta a un requerimiento de subsanación por documentación no aportada, incorrecta o incompleta.

De este modo, y en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la entidad ha destacado que continúa poniendo a disposición del Estado el conjunto de sus capacidades operativas, técnicas y humanas para asumir las tareas asignadas por el real decreto que modifica el Reglamento de Extranjería y regula el proceso de regularización extraordinaria, que se inició el 16 de abril y cuyo plazo de presentación de solicitudes se cerró el 30 de junio.

Por último, Correos ha incidido en que esta colaboración en la admisión de subsanaciones forma parte de los servicios esenciales a la ciudadanía (Servicios de Interés Económico General) asignados a la empresa pública, ha indicado.

Apuntarse al paro es una mala noticia para la inmensa mayoría de las personas, pero no siempre. A veces, es el primer paso de la inclusión en el mercado laboral. Este escenario más halagüeño es el protagonista de la inusual subida del paro de este julio, en 19.500 personas, moderada y que se debe principalmente a la regularización extraordinaria de migrantes, que sobre todo está provocando un fuerte crecimiento del empleo en los últimos meses.

El paro registrado, las personas que se apuntan como desempleadas a las oficinas públicas de empleo, ascendió este julio frente a los descensos habituales en este mes. “Aunque veamos un aumento, es una buena noticia para el país”, ha valorado este martes la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Cuando se ahonda en quién forma parte de este aumento de 19.500 personas más en paro, se observa que sobresalen los trabajadores extranjeros –unos 15.500– y, en especial, aquellos que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo formal (“colectivo sin empleo anterior”, en la estadística oficial), que se sitúan en 11.300.

Trabajo ha explicado que estos datos están vinculados a la regularización extraordinaria masiva de migrantes que está en proceso en estos momentos y que, sobre todo, se está traduciendo en un gran auge del crecimiento del empleo.

Por un lado, la Seguridad Social ha cifrado en unas 263.000 personas regularizadas que han pasado a estar trabajando de alta, con datos hasta el pasado 30 de julio. Por su parte, Trabajo señala un aumento del paro desde abril de alrededor de 18.000 las personas extranjeras extracomunitarias, entre las que están los ciudadanos acogidos a la regularización.

En Trabajo, ubican este aumento del paro dentro de lo “normal” de la entrada simultánea de miles de personas al mercado laboral formal, ha explicado el secretario de Estado de Trabajo. Joaquín Pérez Rey ha expresado además su confianza en que en la mayoría de casos será un paso breve por el paro registrado antes de formalizar sus primeros contratos laborales, como ocurrió en la pasada regularización extraordinaria de mediados de los 2000.

Está aflorando empleo sumergido y sin derechos

El Gobierno y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han destacado este martes que el proceso de regularización es positivo además porque está aflorando miles de empleos que hasta ahora se mantenían en la economía sumergida, en un número difícil de determinar, y que afectan en gran medida a las personas migrantes sin papeles.

“Es otra de las conquistas del proceso de regularización”, ha destacado el 'número dos' de Yolanda Díaz, que ha recordado que el empleo informal tiene “un fuerte componente de explotación” y va ligado de manera inherente a una falta de derechos laborales.

Por ello, Joaquín Pérez Rey ha destacado de manera positiva que estos ciudadanos estén ejerciendo su nuevo derecho a acudir a las oficinas públicas de empleo para poder buscar y encontrar empleo a través de los canales legales.

El empleo informal no es solo una “lacra” para los trabajadores que lo sufren, sino también para las arcas del Estado, por la falta de cotización y el pago de impuestos, así como por una práctica de competencia desleal a la baja para el resto de empresas.

Aunque aún hay que esperar a cómo evoluciona el paro y el empleo en los próximos meses, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, ha recordado que las personas extranjeras han sido claves en la creación de empleo en España en los últimos años, algo que ha sido compatible con el crecimiento del empleo de la población nacional y con la reducción del paro a mínimos desde 2008.

El paro registrado da derecho a ayudas para las empresas

Además, que los trabajadores se apunten al paro en las oficinas públicas de empleo es en muchos casos un trámite administrativo previo para que las empresas puedan beneficiarse de ayudas a la contratación.

“Parte de estas personas pueden estar incorporándose a las estadísticas de desempleo para acceder a programas de inserción laboral o facilitar su contratación mediante incentivos y bonificaciones en las cotizaciones sociales”, ha recordado este martes la patronal CEOE.

La organización empresarial ha valorado que la regularización de trabajadores extranjeros “está contribuyendo positivamente al crecimiento de la afiliación” y ha destacado la “capacidad” del sector privado “para sostener el empleo pese a la persistencia de desequilibrios estructurales”.

En cualquier caso, los empresarios han reclamado “un entorno regulatorio que refuerce la empleabilidad, favorezca la competitividad y el crecimiento de las empresas y permita aprovechar, plenamente, el potencial del mercado de trabajo para impulsar una creación de empleo más sólida y sostenible”.

El mercado laboral español batió en julio otro máximo histórico. En concreto, superó los 22,5 millones de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social, un hito impulsado en gran medida por la regularización extraordinaria de migrantes extranjeros. Esta ha supuesto un fuerte impulso del empleo, con casi 262.500 trabajadores más de alta, cifra el Gobierno, aunque también ha provocado un aumento del paro, de momento menor. En julio, este aumentó en 19.500 personas, en un mes de habitual descenso de este indicador.

Los datos publicados este martes por el Ministerio de la Seguridad Social dejan así el nuevo techo del mercado de trabajo en España en un total de 22.508.065 personas trabajadoras afiliadas de media a la Seguridad Social.

Aunque España ya estaba acumulando récords de empleo antes del proceso de regularización extraordinario de migrantes, en los últimos meses este ha supuesto un fuerte empujón de la afiliación, de miles de personas extranjeras que ya vivían en España y que ahora han pasado a tener papeles y, por tanto, a poder firmar su primer contrato de trabajo.

Casi 262.500 migrantes regularizados ya trabajan de alta

En solo unos meses, la Seguridad Social cifra en 262.475 las personas extranjeras afiliadas en alta por la regularización extraordinaria, con datos hasta este 30 de julio. El 81,5% están empleados como asalariados, mientras que casi un 5% son trabajadores autónomos. Por sexos, el 60% son hombres y el 40%, mujeres.

La inclusión al mercado laboral formal de estos migrantes, en muchos casos antes trabajando en la economía sumergida y sin derechos, ha acelarado la creación de empleo ya existente. En julio, el ritmo interanual se incrementó hasta el 2,9%, lo que se traduce en casi 650.000 empleos más en el último año. En abril, cuando se inició la regularización, el dato era de 517.000 empleos.

En los últimos meses los trabajadores migrantes explican de hecho la mayor parte del auge del empleo, que se ha situado por encima de lo habitual. Ocurrió en junio y de nuevo ha sucedido en julio, que ha registrado 41.700 trabajadores afiliados más de media frente a los 4.400 del año pasado.

Julio suele ser un mes positivo para el empleo, sobre todo por el empuje de varias actividades en verano, como la hostelería, el ocio y el comercio, así como las sustituciones en sectores como la sanidad, pero con mucho menos tirón que junio, que concentra el grueso de las contrataciones de cara a la época estival. Además, julio se resiente por las pérdidas de empleo en la educación (-128.500 este año).

Si se atiende a la nacionalidad, el empleo extranjero aumentó en 66.000 personas respecto a junio. Tras este aumento, se alcanza también un nuevo récord de empleo extranjero, con 3.512.223 afiliados medios, que son 420.875 más que hace un año.

“En conjunto, representan ya el 15,6% del total de afiliados y continúan desempeñando un papel esencial en el dinamismo del mercado laboral y en el sostenimiento del sistema de Seguridad Social”, ha subrayado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz.

El paro registrado aumenta también

Por el lado del paro, los primeros indicios de junio se confirman en julio: el desempleo también se está viendo influido con aumentos por la regularización extraordinaria, aunque en mucho menor volumen.

En julio, el paro registrado aumentó en casi 19.500 personas, en un mes de habituales descensos. Si se observa la nacionalidad, la mayor parte del alza corresponde a personas extranjeras (+15.500).

Además, cuando se analiza el aumento por sectores, se observa que el grueso del alza del paro se sitúa en el “colectivo sin empleo anterior”, casi 8.300 personas, lo que “está fundamentalmente ligado al proceso de regularización extraordinaria en curso”, explican en el Ministerio de Trabajo. Entre los migrantes, este aumento alcanza las 11.400 personas respecto a junio.

La regularización “da la oportunidad, hasta ahora inviable, de acceder a los servicios de las oficinas públicas de empleo a las personas trabajadoras que ya estaban en nuestro país pero que carecían de derechos”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz. Hay que recordar que estas personas están apuntadas como demandantes de empleo, como desempleadas, pero no están cobrando el paro, ya que no han cotizado el mínimo para ello.

El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ya apuntó el mes pasado que la regularización supondría “un ajuste” en las estadísticas de la afiliación, pero también del paro, y apostó por “ser capaces de nuevo de reconducir a estas personas que están en una situación de desempleo a oportunidades hacia aquellos sectores que están demandando trabajo”.

En total, el paro registrado subió así en julio hasta las 2.311.499 personas, la cifra más baja en este mes desde 2007, destaca el Ministerio de Trabajo, que recuerda también el dato de tasa de paro, inferior al 10%, un mínimo desde los inicios de la pasada crisis financiera.

Yolanda Díaz ha celebrado que el paro juvenil haya vuelto a marcar un mínimo histórico, con 159.562 desempleados menores de 25 años. “Nuestras políticas laborales centradas en ellos han dado sus frutos. Nunca antes hubo tan pocos jóvenes en paro”, ha afirmado.

Hasta el 30 de septiembre, trece oficinas de Correos de la provincia de Las Palmas son los únicos puntos de atención presencial en este territorio habilitados para realizar las subsanaciones del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, sin necesidad de cita previa, en los horarios establecidos.

En Gran Canaria, las Oficina Principal de 1º de Mayo, las sucursales de La Isleta, Tamaraceite, Echegaray, Granadera Canaria, Bernardo de la Torre junto a las oficinas de Correos de Maspalomas, Telde y Vecindario. En Lanzarote, las oficinas de Arrecife y Puerto del Carmen y en Fuerteventura, las de Puerto del Rosario y Morrojable son las dependencias habilitadas. Los interesados e interesadas pueden consultar las ubicaciones de las oficinas capacitadas y sus horarios de atención durante los meses de julio, agosto y septiembre en la página www.correos.es.

Los trámites de subsanación están dirigidos exclusivamente a aquellos solicitantes que hayan presentado su solicitud en plazo y que necesiten aportar documentación adicional, bien por iniciativa propia, para ampliar información, o como respuesta a un requerimiento de subsanación por documentación no aportada, incorrecta o incompleta.

De este modo, y en estrecha coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Correos continúa poniendo a disposición del Estado el conjunto de sus capacidades operativas, técnicas y humanas para asumir las tareas asignadas por el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril que modifica el Reglamento de Extranjería y regula el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, que se inició el 16 de abril y cuyo plazo de presentación de solicitudes se ha cerrado el 30 de junio.

La actual colaboración de Correos en la admisión de subsanaciones de las solicitudes presentadas en plazo durante el proceso de regularización forma parte de los servicios esenciales a la ciudadanía (Servicios de Interés Económico General) asignados a la empresa pública en virtud de la modificación de la Ley Postal 43/2010 aprobada por el Congreso en julio de 2025.

En ella se reconoce a Correos como instrumento idóneo del Estado para prestar servicios públicos esenciales con los que la empresa postal contribuye a la cohesión territorial, económica y social, a la sostenibilidad y al bienestar común, reforzando su misión pública.

Correos recuerda que no es necesario pedir cita previa para presentar las subsanaciones en las oficinas seleccionadas

Cada día, cerca de nueve aviones despegan de El Dorado de Bogotá rumbo a Madrid. En los mostradores, las filas suelen ser interminables: un hervidero de abrazos, niños que corren y amigos que estiran el tiempo para retrasar el adiós. Cambian los rostros y las edades, pero el equipaje es similar. En el volumen de las maletas se adivina quién viaja por unos días y quién, tal vez, cierra un ciclo.

Durante 2025, el registro de salidas hacia España alcanzó la cifra récord de 812.473 viajeros colombianos, consolidándose como el segundo destino más frecuente por detrás de Estados Unidos. Este tránsito, que sitúa a la península en el epicentro migratorio del país, es el rastro visible de un flujo constante que hoy explica, en parte, por qué esta comunidad encabeza el número de peticiones de regularización ante el Gobierno de Pedro Sánchez, con casi el 26% de las solicitudes.

Esta hilera de historias humanas, sin embargo, esconde una paradoja. No siempre fue así. El punto de ruptura llegó con la postpandemia de COVID: ante el vacío económico interno y un Washington que cerraba sus puertas, España se convirtió en la salida de emergencia. En 2022, el saldo entre los colombianos que partían y quienes regresaban alcanzó un récord histórico de casi medio millón de personas. Tres años después, en 2025, esas salidas netas se redujeron con fuerza hasta las 136.000. Todo indica que la intensidad del éxodo general ha comenzado a ceder.

Jorge Restrepo, economista de la Universidad Javeriana, lleva años rastreando esos datos. Su diagnóstico apunta a una diferencia geográfica y legal: mientras que en Norteamérica la exigencia de visado y el blindaje fronterizo de Donald Trump transforman cada intento en una apuesta de alto riesgo, el pasaporte colombiano permite ingresar a la Unión Europea sin visado durante 90 días. Se trata de una ventana de entrada que termina siendo la antesala para echar raíces. “Buena parte de la migración a Estados Unidos tiene un carácter temporal, mientras que el destino español tiende a ser de permanencia”, resume el analista y académico. Esa distinción desarma la paradoja de las cifras: aunque el éxodo general disminuye, quien elige el territorio español para buscarse la vida tiende a quedarse.

Las estadísticas aeroportuarias, además, tienen más de un punto ciego: registran el punto de partida de los viajeros, pero no de dónde vienen ni por qué. Ese es el territorio de Luis Carlos Rodríguez, coordinador del Área de Migraciones Forzadas y Refugio de CODHES, una organización que lleva décadas documentando el desplazamiento forzado en Colombia. Él sostiene que en la misma fila conviven dos países que casi no se cruzan. El primero, mayoritario, brota de las ciudades y del centro andino: gente quizás acorralada por las deudas, la informalidad laboral o la falta de futuro. El segundo, más silencioso, huye de zonas como el suroccidente —del departamento Cauca, del Valle, de la costa del Pacífico—, de comunidades expulsadas por la precariedad y la violencia.

“El cuidado es el principal imán”

Rodríguez conoce, a grandes rasgos, la bitácora del viaje. Sabe que pocos cruzan el Atlántico en un solo impulso. El destierro suele empezar cerca: un pueblo vecino, una capital ajena, una frontera inmediata como Ecuador, Panamá o Perú. Allí intentan rearmar los pedazos de una vida rota, pero la tregua suele ser corta. “Muchas veces llega hasta allá el actor violento que los persigue y entonces buscan huir aún más lejos”, dice. España aparece al final del laberinto. Y en todo este trasegar son frecuentes las historias de líderes sociales, defensores del medio ambiente o de los derechos de las minorías. “Los que no terminan asesinados terminan teniendo que salir”, concluye.

La travesía, además, tiene rostro de mujer: más de la mitad de los colombianos que se instalaron en España durante la gran ola de 2023 pertenecen al género femenino. A las más jóvenes se suman mayores de 50 años, madres y abuelas que cruzaron el océano para encontrarse con los suyos. Casi todas desembarcan en el mismo puerto laboral. “El cuidado es el principal imán para esta migración”, explica Restrepo. Su labor es sostener los hogares, atender a los niños o acompañar a los ancianos de una sociedad que envejece a ritmo acelerado.

Rodríguez le da una vuelta a esta lectura. Lo que para Europa es un alivio, afirma, para Colombia es un vaciamiento poblacional. “España cubre con ellas un capital humano que su propia demografía ya no puede renovar”, advierte. La otra cara de la moneda se queda en el lugar de origen: hijos que crecen a través de la pantalla del móvil, padres que envejecen en la distancia y remesas que sostienen hogares incompletos en un país que exporta afecto y cuidado.

Más repliegue

El Parlamento Europeo incluyó a Colombia en su lista oficial de países de origen seguro, pero la propia Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) describe un escenario opuesto: un país con un conflicto armado interno que no da tregua, con guerrillas y bandas criminales que se disputan territorios mediante la extorsión y el desplazamiento forzado.

El objetivo de estos cambios es permitir que las peticiones de protección internacional se examinen en un procedimiento acelerado. Pero, ya antes de este movimiento de la UE, los colombianos solían ser la nacionalidad a la que más se les negaba el asilo en España: la tasa de denegación para solicitantes de este país ronda el 85%, convirtiéndose en uno de los colectivos más afectados por el rechazo de expedientes, según CEAR.

Buena parte de la migración a Estados Unidos tiene un carácter temporal, mientras que el destino español tiende a ser de permanencia

Jorge Restrepo — Economista de la Universidad Javeriana

Muchos de los colombianos que se han acogido al proceso extraordinario para obtener los papeles habían pedido anteriormente protección internacional a su llegada a España al ser una vía rápida para lograr la residencia mientras se estudia la petición, sin embargo, la reforma del reglamento de extranjería del Gobierno de Pedro Sánchez añadió trabas a la regularización de quienes ven denegada su petición de refugio. De hecho, Colombia era una de las nacionalidades que más solicitaban protección internacional en España, según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Sin embargo, las solicitudes se han desplomado drásticamente, con caídas de más del 60%, debido a la reforma del reglamento y el elevado número de rechazos.

La abogada Laura Pedraza, especialista en movilidad humana y migración, advierte de que la caída no significa que la gente haya dejado de partir, sino que el sistema los está empujando a la invisibilidad. Ante procesos de asilo cada vez más exigentes en materia probatoria, algunas personas desisten y optan por la vía ordinaria de extranjería para conseguir papeles rápido. Esto plantea, a su juicio, un riesgo real: quienes no logran acreditar formalmente su situación de riesgo pueden terminar accediendo a figuras migratorias que no reflejan plenamente su necesidad de protección internacional.

La experta enmarca este fenómeno en un repliegue político global, hacia legislaciones más restrictivas, que está desmontando, pieza a pieza, las garantías internacionales: devolver a quien huye para salvar su vida es, dice, tan injustificable como contraproducente. Es la misma certeza que Rodríguez resume sin atenuantes desde Bogotá: casi nadie abandona su país por capricho. Detrás de la mayoría de trámites, conviven o el exilio forzado por las armas o el viaje empujado por la asfixia económica. Realidades humanas que, ajenas a los decretos de Bruselas, volverán a llenar sin falta las filas de facturación del aeropuerto El Dorado.

Presentar una solicitud de regularización puede marcar un antes y un después en la vida de una persona. Supone abrir la puerta a una mayor estabilidad, al acceso al empleo con derechos y a la posibilidad de avanzar en un proyecto de vida con más seguridad. Sin embargo, entregar la documentación no significa que el procedimiento haya terminado. A partir de ese momento comienza una nueva etapa en la que aparecen notificaciones, plazos, requerimientos y trámites administrativos que no siempre son fáciles de atender.

Durante los últimos meses, las asociaciones y delegaciones de Sur Acoge han acompañado a 21.668 personas en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla. En conjunto, estas atenciones representan aproximadamente el 10,8% de las solicitudes registradas en los territorios en los que está presente la federación.

Más allá de las cifras, la experiencia de estas atenciones ha puesto de manifiesto una necesidad clara: disponer de información sencilla y accesible también después de haber presentado la documentación: ¿cómo puedo consultar mi expediente?, ¿qué significa que esté admitido a trámite?, ¿puedo trabajar?, ¿qué debo hacer si recibo un requerimiento?, ¿cuándo llegará la resolución? o ¿cómo solicito la Tarjeta de Identidad de Extranjero?

Una guía para saber qué viene después

Para responder a las dudas más frecuentes se ha elaborado la guía “Has presentado tus papeles, ¿y ahora qué?”, un recurso práctico que explica las principales fases posteriores a la presentación de la solicitud.

La guía recoge información sobre el seguimiento del expediente, los requerimientos, la resolución y los trámites que pueden ser necesarios más adelante, como la obtención del Número de la Seguridad Social, la tarjeta sanitaria, el certificado digital o la TIE. También ofrece algunas orientaciones para preparar la futura renovación o prórroga.

No pretende sustituir la atención especializada, sino ayudar a reconocer los principales pasos, comprender mejor las comunicaciones administrativas y tener presentes los plazos más importantes.

Una notificación que no se consulta a tiempo, un requerimiento que no se responde correctamente o una documentación incompleta pueden dificultar el procedimiento. Por eso, disponer de información clara también es una forma de acompañar y favorecer que las personas puedan realizar sus trámites con mayor seguridad y autonomía.

La regularización no es únicamente un procedimiento administrativo. Es también reconocimiento, dignidad y ciudadanía.

Una ligera capa de polvo cubre la camiseta de Guillermo. Acaba de terminar su quinto día en la obra donde ha empezado a trabajar y sonríe al señalar la prenda azul marino: “Ya me han dado el uniforme”. Se sorprende porque, meses atrás, su anterior jefe le había descontado un día de sueldo a cambio de entregarle un lote de ropa de trabajo. Con toda la tarde por delante, camina en busca de una cafetería en pleno centro de Madrid. Hace muy poco, sin papeles y sin contrato, podía trabajar unas once horas al día por 800 euros al mes, sin seguro médico, en uno de los sectores con más accidentes laborales de España.

Entre una y otra vida, entre unas condiciones y otras, hay un trámite que ya ha empezado a transformar la vida de miles de ciudadanos extranjeros: la regularización extraordinaria. La admisión a trámite de la solicitud le otorgó lo que, desde su llegada, le pedía cada una de las empresas que le ofrecían un empleo como electricista de obra, dados sus 20 años de experiencia en El Salvador: un permiso de trabajo. Días después de obtenerlo y enviar su currículum por una plataforma online de búsqueda de empleo, empezó a sonar su teléfono. A la semana, Guillermo firmó su primer contrato de trabajo en España: “Hace unas semanas me arrastraba y me explotaban; ahora hasta puedo escoger”.

El salvadoreño es uno de los miles de solicitantes de la regularización que, tras meses de empleos inestables y clandestinos, ha conseguido su primer trabajo con contrato en España. En las últimas semanas también han dejado la economía sumergida Germán, hondureño, y Alessia, peruana, quienes engrosarán la listas de nuevos afiliados en el mes de julio. Según el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, la concesión de permisos de trabajo provisionales ligados a la regularización ya está empezando a tener un impacto positivo en el mercado laboral. Aunque todavía es pronto, y algunas empresas están mostrando reticencias a contratar a los solicitantes antes de la respuesta definitiva, ya se están dando de alta los primeros nuevos afiliados del proceso.

[Vídeo de Adrián Torrano]

Los datos oficiales aún no son concluyentes. Según el Ministerio de Inclusión, 159.097 personas con su petición tramitada están dadas de alta a fecha del 30 de junio en la Seguridad Social, pero matizan que la mayoría de ellas ya trabajaban de alta antes del proceso como demandantes de protección internacional. El Ejecutivo no ha dado aún la cifra de los trabajadores afiliados gracias al procedimiento extraordinario, pero el dato de nuevos cotizantes extranjeros en el mes de mayo puede dar una idea: cerca de 86.000 personas extranjeras se afiliaron por primera vez a la Seguridad Social.

“Ahora, gracias a Dios, nuestra vida está cambiando”, resume Guillermo, que llegó a España junto a su esposa Emma en noviembre del año pasado. “Quién nos iba a decir a nosotros que, cinco meses después de llegar, iba a salir una regularización extraordinaria”, reflexiona Guillermo. Sabe que, de no haber sido aprobada la medida, la familia no podría haber optado a un permiso de residencia hasta pasar como mínimo dos años sin papeles en el país, asumiendo cualquier empleo precario para sobrevivir.

Más que un trabajo: los cambios

El 18 de junio, recibió el justificante de admisión a trámite de su petición de regularización, lo que conlleva un permiso provisional de residencia y trabajo. El 19, tras preguntar en varias oficinas, él y su mujer consiguieron por sus propios medios sus números de la Seguridad Social, sin esperar a recibirlos por correo postal. Una semana después firmó su primer contrato en España. El 1 de julio ya estaba dado de alta en el trabajo. “Soy electricista profesional, pero antes tenía que quedarme con trabajos donde no tenía derechos y no podía escoger. Ahora, me han salido muchas ofertas de trabajo y hasta soy yo el que escoge la mejor. Ahora ya siento que tengo los mismos derechos que otra persona gracias a la regularización”, resume el salvadoreño.

El electricista relata algunas de las condiciones que han mejorado. “Ahora la admisión me ha dado el permiso de trabajo. Me ha ayudado porque me han dado un contrato indefinido de 40 horas”, explica Guillermo, quien recalca los beneficios de abandonar la economía sumergida. “Eso me ayuda porque ahora tengo Seguridad Social, antes no la tenía. Si me pasaba un accidente, lo primero que hacía el jefe era: ¡sáquenlo de la obra!”, cuenta el profesional, especialista en instalación de electricidad de alta tensión, lo que aumenta el riesgo de su empleo.

Ahora lo dice entre risas, pero Guillermo escuchó a su jefe exigir entre gritos que se llevasen a un compañero que, también en situación irregular, acababa de sufrir un impacto en la cabeza tras precipitarse desde una escalera de obra. “Sacadlo. Sacadlo de aquí y, si os preguntan, decid que se cayó en la calle”, recuerda el salvadoreño las palabras de uno de sus anteriores patrones. El electricista escuchó el berrido cuando trataba de darle los primeros auxilios al empleado accidentado. Ambos trabajaban desde hacía meses en la empresa, dedicada al sector de la construcción, pero no tenían los mismos derechos que el resto. Sin papeles, sin contrato, sin seguro sanitario por accidente laboral, obedecieron.

No les dejó pedir una ambulancia, cuenta. “Me dijo que pidiese un Uber y luego nos lo pagaba. Hasta ahora estoy esperando que me lo pague. Le envié varias veces el recibo. Nunca me dio el dinero”, dice moviendo la cabeza con indignación. “Cuántas cosas he aguantado…”.

También tiene más tiempo. “Antes trabajaba de ocho de la mañana a seis y media o siete de la noche. De lunes a sábado. Ahora no, hasta eso cambió. En horario de verano, de siete a tres de la tarde. Y, en horario normal, de ocho a cuatro, trabajando ocho horas normales”, describe. “Me da más tiempo para estar con la familia, hacer mis vueltas, estudiar…”.

Del total de solicitantes de la regularización afiliados, la mayoría cuenta con un contrato indefinido como el que ha firmado el salvadoreño. Este tipo de contrato es el que también ha confirmado la nueva vinculación laboral de Germán, otro migrante en trámite que se ha dado de alta por primera vez en la Seguridad Social gracias al permiso provisional de la regularización extraordinaria. “Me han contratado en una empresa de cocina, como técnico en mantenimiento e instalaciones”, anuncia el hondureño a elDiario.es. “Desde que me salió el documento, dos días después me contrataron. Me tuve que mover muy rápido para conseguir el número de la Seguridad Social. Fue un gran esfuerzo, pero todo salió de maravilla”, celebra el joven, que empezó a trabajar hace tres semanas.

Alessia (nombre fictio), peruana, trabajaba de forma esporádica en el sector de la limpieza. Hace unas semanas también firmó su primer contrato de trabajo, en este caso temporal, para ocupar un puesto como recepcionista en una residencia de mayores. “Me da más tranquilidad, tanto económica como emocionalmente. Es un gran avance para mí”, resume la mujer, de 26 años

El Tribunal Supremo argumentó que debe prevalecer el “interés público” de la regularización de personas migrantes para rechazar la suspensión de forma cautelar del real decreto, como pedían los gobiernos del PP de Aragón y la Comunitat Valenciana. En el auto en el que el Supremo decidió que no es necesario en este momento consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los magistrados también sostuvieron que la regularización no puede provocar efectos irreversibles porque son permisos de residencia temporales, entre otras cuestiones.

“En el real decreto impugnado subyace un interés público especialmente cualificado, no solo por perseguir un interés público notorio sino por incidir este interés público directa, íntima y cualificadamente en un sustrato humano que trasciende a la mera consideración económica”, apuntan los magistrados del Supremo en el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El Supremo también apunta que, en caso de suspender la norma de forma cautelar, afectaría a todas las personas solicitantes porque “les determinaría a seguir en la situación de irregularidad administrativa”. Y todo ello pese a que “las situaciones jurídicas creadas al amparo de la norma” no son irreversibles.

Además, los magistrados afirman que no existen evidencias claras de nulidad que justifiquen detener la normativa antes de analizar el fondo del asunto. “Resolver sobre la medida cautelar que se solicita sobre esta base supondría anticipar absolutamente el debate de fondo que se plantea en el recurso en un momento y ámbito procesalmente improcedente”, escriben.

El documento está firmado por los siete magistrados, sin votos discrepantes: Carlos Lesmes, Wenceslao Francisco Olea, Fernando Román, Jose Luis Quesada, Consuelo Uris, Concepción García Vicario y Francisco Javier Pueyo. La decisión conocida el pasado 30 de junio de valorar si se elevaba el asunto a la Justicia europea la adoptaron sólo tres de los siete citados (Lesmes, Olea y Román).

El Tribunal Supremo ha acordado finalmente que no elevará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para que se pronuncie sobre si la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez colisionaba con las normas europeas en materia de inmigración.

El Alto Tribunal explica que “no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal”. Fue el pasado 30 de junio cuando tres magistrados de sensibilidad conservadora de la Sala de lo Contencioso habían acordado en dos providencias preguntar tanto al Gobierno como a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y a distintas asociaciones si era procedente elevar esa cuestión prejudicial para que fuera el TJUE quien valorara si el real decreto del Ejecutivo chocaba con las directivas europeas.

La Sección Quinta de esa Sala recuerda que, tras revisar los recursos de la Generalitat Valenciana y la Comunidad Autónoma de Aragón -ambas presididas por el PP-, ha decidido no adoptar ninguna medida cautelar de las que proponían y que consistían en la suspensión de la ejecución de esa regularización. Los magistrados se remiten a lo que ya decidieron con anterioridad en otras resoluciones. E informan de que esta decisión ha sido adoptada sin que se haya formulado ningún voto particular discrepante.

A finales de mayo, esa misma Sala del Supremo ya rechazó la petición cautelar de la Comunidad de Madrid de suspender la regularización. Entendían los magistrados que no existen pruebas de que los servicios públicos de Madrid pudieran colapsar por la regularización extraordinaria de migrantes. Acordaba así no aceptar las medidas urgentes de paralizar el proceso ya que no había peligro de que la sanidad, la educación o la vivienda pública fueran a entrar en crisis por tener que atender a cientos de miles de personas más. “No puede afirmarse, en este momento, que haya quedado acreditado”, decía el Supremo sobre el principal argumento de la Comunidad de Madrid.

Además, recalcaba ya entonces que la regularización será reversible si es declarada nula en los tribunales. Una respuesta similar recibieron las alegaciones presentadas por Vox pero añadiendo una frase final sobre las consecuencias que tendría para todas esas personas suspender el proceso: “Con todo lo que ello entraña, humana, social y económicamente”.

La decisión del pasado 30 de junio de valorar si se elevaba el asunto al TJUE la adoptaron sólo tres magistrados: Carlos Lesmes, Wenceslao Olea y Fernando Román. Se da la circunstancia de que todos son del ala conservadora y que el último, Román, fue secretario de Estado de Justicia de 2011 a 2014 siendo ministro el 'popular' Alberto Ruiz Gallardón.

Esos tres jueces explicaban que la Unión Europea (UE) aprobó el Pacto de Migración y Asilo (PMAUE) entre abril y mayo de 2024 y que el mismo cristalizó en una serie de normas comprendidas en el Reglamento de la UE que ya están vigentes pero no son aún aplicables. Frente a esa norma europea, indicaban, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó “un proceso de regularización que, por su propia naturaleza, constituye un supuesto de regulación normativa de la obtención de permisos de residencia para extranjeros en situación irregular en España”. Advertían de que esa norma española no es un reconocimiento individualizado sino un régimen general “para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontrasen en España en situación irregular”. Esto les suscitaba la duda de si habría que preguntar a la UE sobre si colisiona con la norma europea.

La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno este 15 de abril de 2026 llegó, por fin, cuando casi se la había dejado de esperar. Al menos, ese ha sido el sentir general de las personas migrantes desregularizadas que viven en chabolas en los campos de invernaderos de Almería. Aquí la tierra fue testigo en el año 2020/2021 de la esperanza y la lucha con la que los habitantes de los poblados de chabolas se autoorganizaron y salieron a las calles de San Isidro de Níjar para pedir mejores condiciones de vida y de trabajo. “Mi vida son mis papeles” es y ha sido siempre el grito más escuchado en un lugar donde gritar alto no es nada fácil.

En ese tiempo, con motivo de la pandemia de la Covid-19, la sociedad española se hizo consciente de manera fulminante de que había trabajos y trabajadores realmente esenciales, de los que no pueden faltar porque sin ellos se desmorona todo el castillo. Curiosamente, trabajos y trabajadores esenciales con unas condiciones laborales indignas e injustas. Las trabajadoras del hogar y los cuidados lo venían peleando desde antes, pero en el 2020/2021 se sumaron a través del reclamo de la 'RegularizaciónYa' los trabajadores del campo, organizando marchas y haciendo asambleas de trabajo en algunos asentamientos clave de la provincia, como el ya derribado por el Ayuntamiento de Níjar, asentamiento de Walili y el combativo asentamiento de Atochares. Sin embargo, “la vuelta a la normalidad” volvió a dejar en segundo plano esta demanda.

Las personas migrantes trabajadoras del campo del mar de plásticos en Almería sostienen la alimentación de varios millones de personas en España y en Europa. Sin ellos no habría en nuestras cocinas ni tomates, ni pepinos, ni pimientos, ni calabacines, ni berenjenas, ni sandías, entre otras frutas y hortalizas. La temporada 2024/2025 se cerró con unas exportaciones de más de 2,5 millones de toneladas y unos ingresos que rondaron los 4 mil millones de euros, un crecimiento elevado, que se espera sea superado en esta campaña 2025/2026. Pero esa riqueza no se ve cuando hablamos de los lugares desde los que se exporta. Sin ir más lejos, El Ejido, el municipio con más tierra invernada de España, es el que menos renta media al año tiene.

Como la Ley de Extranjería en España obliga a permanecer “sin papeles” por lo menos durante dos años para, precisamente, poder obtenerlos, quienes se tienen que ganar la vida para sobrevivir aceptan estos trabajos como condición de posibilidad de su progreso vital

Todos los trabajadores que hay en los invernaderos de Almería son, sin excepción, personas migrantes. En su mayoría originarias del Norte de África, el Sahel o America Latina. Esto se debe a una confluencia de motivos, principalmente, a que se requieren trabajadores muy precarizados para poder sostener una industria terriblemente competitiva y depredadora, una industria donde se ajustan los precios en toda la cadena de producción de forma sangrante y el trabajador, última pieza de ese engranaje, asume el coste de ello en sus carnes.

Los trabajadores migrantes no precarizan ningún trabajo, como afirman los dirigentes de la ultraderecha y la extrema derecha española. Son simplemente el perfil idóneo para cubrir ese hueco necesario en la agroindustria. A diferencia de otros sectores como la hostelería o la construcción, donde también hay precariedad laboral pero se han aumentado las inspecciones laborales, en la agricultura intensiva bajo plásticos aún es habitual tener trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social, trabajadores, por tanto, que pueden estar sin permiso de trabajo, plenamente expuestos a abusos laborales, explotación laboral o incluso trata con fines de explotación laboral.

Como la Ley de Extranjería en España obliga a permanecer “sin papeles” por lo menos durante dos años para, precisamente, poder obtenerlos, quienes se tienen que ganar la vida para sobrevivir aceptan estos trabajos como condición de posibilidad de su progreso vital.

A ello se suma que como el contrato laboral es un requisito necesario para la tramitación del permiso de residencia y trabajo por la vía de los arraigos, los empresarios del campo hacen buen negocio con la desregularización sistémica que establece la Ley de Extranjería, pues venden esos contratos a los trabajadores migrantes a un alto precio (dependiendo del momento pueden rondar entre los 4000 y los 6000 euros), como también se venden los empadronamientos y otros documentos. Digamos, por tanto, que la Ley de Extranjería fomenta per se el negocio ilícito de la falsedad documental y produce también una mano de obra explotable hasta la esclavitud, muy rentable para la economía agrícola en Almería, en Huelva y en otros territorios como Murcia, Jaén o Lleida.

La saturación, en general en la tramitación, ha sido una imagen con la que desde ciertas instancias se ha tratado de desdibujar una lucha por la justicia social que ha hecho historia en nuestro país

La regularización extraordinaria está siendo un paso fundamental, por tanto, para que muchas personas en el campo puedan escapar de esa trampa estructural de las fronteras internas o fronteras burocráticas que las atrapan durante años y las someten vital y económicamente. En el informe Frontera Sur 2025, APDHA constató que en el año 2022 había un déficit de 16.300 trabajadores del campo ocultos en comparación con los datos de altas del INE, calculando por lo bajo. Hoy sabemos que al menos 32.600 personas en la provincia han solicitado regularizar su situación administrativa, de las que estamos seguros que una amplia parte serán personas trabajadoras del campo.

Llegar hasta esa cifra no ha sido una tarea fácil. Esta regularización ha tenido algunos condicionantes, como la obtención de un certificado de vulnerabilidad por parte de entidades públicas o privadas habilitadas para ello, que ha generado gran nerviosismo en los inicios del proceso. Un informe tan exento de contenido como de sentido y significado. Unos plazos de presentación muy limitado que no han llegado ni a los tres meses, dejando fuera del proceso a personas que por su especial vulnerabilidad no han tenido acceso a un abogado ni conocimiento de ninguna entidad colaboradora en la zona. La saturación, en general en la tramitación, ha sido una imagen con la que desde ciertas instancias se ha tratado de desdibujar una lucha por la justicia social que ha hecho historia en nuestro país. Una lucha de la calle, de los movimientos de personas racializadas, que constituye un hito democrático inigualable en nuestro presente contra la deriva fascista de la Europa que no sabe quién es porque no se acuerda de su historia.

El viernes acabó una etapa, o quizá comenzó. Da igual: por fuerza, cuando acaba un periodo debe comenzar otro, porque la historia no acaba nunca, mal que le pese a Fukuyama.

Lo que quiero decir es que al pactar Juanma Moreno con Vox en Andalucía, al PP moderado se le cae la venda de los ojos. Los democristianos, liberales o conservadores tradicionales que quedaran en el PP ya no pueden fingir que su partido está sumido en el “ser o no ser”. Ha decidido que será lo que le exija la ultraderecha.

Los bandazos de Feijóo se revelan ahora como cuestión de carácter, no de ideas. No hace ni un año, en su congreso nacional, el líder popular se descolgó diciendo que quería gobernar solo. Engañó un rato más.

Ya no hay dudas: se plegará a las exigencias de Vox cuando lo necesite. Si lo ha hecho el barón más moderado del PP, no cabe llamarse a engaño. Ningún politólogo riguroso puede seguir sosteniendo que hemos de permanecer atentos a cómo evolucionan las dos almas del PP. Una de esas almas ha llegado al infierno por la vía rápida. Y arde. Por eso decía que la política española inaugura una etapa inédita.

La anterior entrada de Vox en los gobiernos autonómicos se produjo por inercia: ocuparon puestos de menor relevancia y escasa dotación económica. Luego vino el freno y la rectificación. Ahora es estrategia. Por primera vez en 50 años de democracia, el PP está ensayando cómo dar de comer a una fiera sin que se los coma a ellos. Mientras, la ultraderecha ensaya su rol como partido institucional o, dicho de otro modo: cómo devora al Estado desde dentro. Saben dónde pisan. Están coordinados con la ultraderecha global, desde Milei a Trump.

La prioridad nacional está presente en el acuerdo andaluz. Se daba por supuesta. Y era el concepto que todos estábamos mirando. Pero empiezo a pensar que todo este tiempo se ha tratado de un señuelo. Al fin y al cabo, hay numerosas salvaguardas en las leyes nacionales y europeas.

A su vez, cuando todos dirigimos la vista al mismo lugar me pregunto qué queda en la penumbra. Y así he reparado en que en el flamante gobierno andaluz, Manuel Gavira será vicepresidente de Turismo, Justicia, Administración Local y…. Desregulación. La primera vez que la ultraderecha tiene ocasión de convertir la ideología en nomenclatura administrativa, ha elegido la desregulación.

En rigor, no es la primera vez. La coincidencia es absoluta en las cuatro comunidades autónomas. En Extremadura, Vox gobierna sobre los Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería, Medio Natural y… Desregulación. En Castilla y León, Vox ha obtenido las consejerías de Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural, Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte y… Desregulación. En Aragón, Vox dirige Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería y Alimentación; Medio Ambiente, Turismo y… Desregulación.

Esto es un invento, ni que decir tiene. La obsesión procede de la Argentina de Javier Milei, que inventó el Ministerio de la Desregulación y Transformación del Estado. Algunas de las medidas estrella de esa política se aprobaron en un decreto de urgencia que derogó de golpe unas 300 leyes y abrió la puerta a la privatización masiva de empresas públicas. Además, eliminó legislación de alquileres, controles de precios, regímenes de importación, limitaciones al transporte vial... Ha desregulado tanto que se sospecha que algunas medidas están fomentando la tenencia de armas y estimulando la trata de personas (bien mirado, prohibir la esclavitud no fue sino un repugnante abuso de la regulación).

La desregulación es la ideología que late también tras el DOGE, el departamento de recortes que dirigió Elon Musk cuando su estrella brillaba en la administración Trump. Entre otros hitos democráticos, burló las competencias presupuestarias del Congreso de EEUU. Su legado incluye el desmantelamiento de USAID, la agencia de cooperación internacional de EEUU. El congresista Ro Khanna estima que esa decisión condena a la muerte a millones de niños y niñas en todo el mundo.

Hay que estar muy atentos, porque chirría. La lógica más elemental nos dice que Cultura, Turismo, Agricultura, etc, son áreas. Desregulación es una política. Y el PP se la ha entregado a Vox entera en cuatro comunidades autónomas, o sea, para unos 13 millones de personas.

Desregular significa tomar decisiones sobre qué debe gestionar el Estado y qué no; qué empresas públicas se privatizan; qué protección merecen los menores (y también las mujeres, y los gays y los mayores…); quién puede poseer armas; qué mercado de alquiler queremos… Todo. Entregar desregulación equivale a dejar que Vox decida la perspectiva administrativa desde la cual se hace política. Significa entregar a Vox la motosierra. Y dejarles entrar con ella hasta la cocina.

La regularización extraordinaria se ha adentrado en una nueva fase esta semana. De los casi 1,2 millones de peticiones, la Administración ha admitido más de 609.000 y ha respondido de manera favorable a cerca de 11.000. A medida que el Ejecutivo acelere el envío de resoluciones, como se ha comprometido, y cada vez más personas reciban el sí definitivo, todas ellas tendrán que acudir a una ventanilla que es clave para finiquitar su regularización: las comisarías de extranjería, con el objetivo de obtener su tarjeta física identificativa (TIE). Un paso que, de no cambiar el actual funcionamiento del sistema, no será fácil.

El trámite de la toma de huellas en comisaría, imprescindible para que la Policía Nacional emita el documento de identidad de los extranjeros regularizados, ya está empezando a dar problemas y corre el riesgo de convertirse en el próximo cuello de botella del proceso, según han denunciado ONG y sindicatos a elDiario.es. La causa no es nueva, el problema lleva años diagnosticado y sus efectos angustian a cientos de miles de ciudadanos en cada gestión mucho antes de la regularización extraordinaria: la falta de citas para los trámites de extranjería. Desde hace más de una década, pero especialmente tras la pandemia, conseguir una cita en comisaría para realizar gestiones específicas de la población inmigrante se ha convertido en un proceso exasperante, marcado por horas de intentos fallidos para lograr un turno. Una situación de la que se aprovechan grupos organizados que tratan de hacer negocio del fallo del sistema, a través de la venta de citas, lo que a su vez agrava aún más el problema.

“El Gobierno anunció que iban a tardar 15 días en responder sobre la admisión a trámite de las solicitudes y no ha sido así. Tenemos muchos expedientes que llevan esperando respuesta desde el inicio del plazo. Cuando contesten todo ese stock, no va a haber citas suficientes en extranjería para la toma de huellas. Si nunca las hay, si ahora mismo no hay para los trámites habituales, qué pasará cuando cientos de miles de personas lo necesiten casi de golpe”, dice con preocupación Victoria Columba, una de las portavoces del movimiento Regularización YA. El Gobierno defiende que trabajan de manera coordinada para solucionar los previsibles atascos.

Maira acaba de recibir las resoluciones favorables del proceso sus dos hijas, de 7 y 14 años. Las niñas son parte de las cerca de 11.000 personas a las que el Gobierno ha dado la luz verde definitiva para la regularización, lo que se traduce en la concesión de un permiso de residencia de cinco años, más largo que el permiso otorgado a los adultos. Pero su proceso no acaba aquí. Para consolidar ese derecho, la colombiana debe acompañar a sus niñas a comisaría con el objetivo de registrar sus huellas y solicitar sus tarjetas identificativas. Y para eso necesita una cita.

“Tengo alivio porque sé que mis hijas ya están. Tienen una residencia, están completamente regulares... Pero ahora tengo otro dolor de cabeza: pensar en sacar la cita”, explica la mujer, que llegó a Madrid con su familia en febrero de 2023. “Recibí la resolución y de una vez empecé a mirar si podía sacar citas. Y no. Es que no hay citas por ningún lado”, lamenta la colombiana.

La arbitrariedad del sistema para acceder a una cita de manera electrónica, la falta de recursos suficientes en las comisarías y la venta ilegal de turnos obliga a miles de inmigrantes a pasar días delante del ordenador en su intento de encontrar un hueco disponible. Muchos dedican horas durante la madrugada, porque el boca a boca dice que es uno de los momentos donde la Policía vuelca nuevos turnos en la plataforma. Se trata de un problema que, pese a las constantes denuncias y la publicación de numerosas informaciones al respecto, ni el Ministerio del Interior y ni las Delegaciones del Gobierno han atendido lo suficiente.

A su vez, la situación ha generado un nicho de mercado entre particulares, locutorios, abogados y gestorías que ofrecen citas a través de plataformas como Wallapop, Mil Anuncios o Facebook. Los precios oscilan entre los 30 y los 200 euros, dependiendo del servicio y del tipo de anunciante. Los grupos organizados suelen utilizar bots para comprar los turnos de manera masiva, que luego venden de manera ilegal por Internet, lo que obstaculiza aún más el acceso a una cita sin pagar a cambio.

Y este es el panorama que se encontrarán, de no tomar medidas suficientes, los cientos de miles de personas que se prevé que recibirán una resolución favorable de la regularización en los próximos meses o incluso semanas, en función del ritmo de respuesta, que el Gobierno defiende que se incrementará tras el cierre del plazo. El movimiento impulsor del proceso, Regularización YA, advierte de que el avance del proceso aumentará la demanda de estos “servicios” irregulares de venta de citas.

La maratón de pedir una cita

La inquietud de Maira viene de su propia experiencia: ella ya atravesó la carrera de obstáculos necesaria hasta plasmar sus huellas en comisaría. La colombiana obtuvo un permiso por arraigo por la vía habitual el pasado mes de marzo y, después de sentarse frente al ordenador cada día durante distintas horas para tratar de encontrar un hueco disponible en toda la Comunidad de Madrid, logró un turno disponible. Describe con detalle el momento en que lo logró: era un lunes a las siete de la mañana. Hizo la gestión casi automática, como cada día, pero esa vez aparecía un hueco disponible. “Ingresé y había una cita para el 14 de julio, meses después. Me tocó lejísimos, en Coslada, pero hay que agarrar lo que sea. Normalmente, solo tenemos 5 o 7 minutos para rellenar todos los datos que pide y tomar la cita porque, si no, se la asignan a otro”, detalla la colombiana para describir el complejo proceso. “Y todo esto fue entrando a todas horas, todos los días. Revisar y encontrar siempre el mismo mensaje de 'No hay citas disponibles'.

A diez días para finiquitar su propio proceso, Maira arranca una nueva maratón para conseguir culminar el de sus hijas. “Tenemos miedo de que ahora nos pase lo mismo. Deseamos que las resoluciones que lleguen de ahora en adelante, ojalá lo puedan aprobar, lleguen de una vez, directamente con una cita para huellas, porque es muy complicado”, añade.

Ante la previsible escasez de citas y las trabas denunciadas por las ONG, la secretaria de Estado Migraciones, Pilar Cancela, ha defendido que el Ministerio de Inclusión —responsable del procedimiento de regularización— está trabajando en coordinación con el de Interior —competente en la emisión de las tarjetas identificativas— para “garantizar que las personas accedan a la siguiente fase del procedimiento”. Desde los equipos de la cartera dirigida por Elma Saiz reconocen el problema histórico en relación con las citas de extranjería y confían en que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska tome las medidas necesarias para acelerar la emisión de documentos que exige el pico de demanda ligado a la regularización.

Primeras medidas de Interior

El día posterior al cierre del plazo para acogerse a la regularización, Interior dio un primer paso para flexibilizar los requisitos exigidos para la obtención de la tarjeta identificativa del extranjero en el caso de los beneficiarios de la regularización. Además de la falta de citas, otro de los asuntos que inquietaban a los solicitantes y las ONG que les acompañan era la obligación de presentar el certificado de empadronamiento y un pasaporte en vigor. Estas condiciones de la Policía Nacional chocaban con uno de los aspectos que caracterizaron al procedimiento extraordinario: la relajación de los trámites que normalmente se piden en estos procesos y que suelen ser un obstáculo para muchas personas migrantes irregulares. Algunas de estas era, precisamente, el empadronamiento, debido a las trabas con las que se chocan para registrarse en el padrón; o la exigencia de presentar un documento en vigor, ante la dificultad para renovar sus pasaportes para los nacionales de determinados países.

Tras meses de peticiones por parte del Movimiento Regularización Ya y otras organizaciones, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó este miércoles una instrucción que fija los criterios necesarios para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) a los beneficiarios de la regularización. En teoría, la orden interna flexibiliza los requisitos más problemáticos.

Según fuentes de Interior, las personas acogidas a la regularización “deberán acreditar su identidad mediante la presentación del pasaporte en vigor”, pero en caso de carecer de él “también se podrá aportar un pasaporte caducado, siempre que se acompañe de documentación acreditativa de la solicitud de renovación, como justificantes de cita consular, correos del consulado o resguardos de solicitud”. Este medio ha pedido al Ministerio el texto literal de la instrucción, para confirmar el margen de interpretación de la directriz -pues es habitual que cada comisaría de extranjería funcione de forma distinta en función de la provincia o en función de cada agente de turno-, pero la respuesta ha sido negativa al tratarse de un documento interno.

Para quienes obtengan la respuesta favorable en el procedimiento extraordinario, la Policía Nacional tampoco exigirá el empadronamiento en todos los casos, aunque sí en algunos. “El domicilio que figurará en la TIE será el aportado por la persona extranjera en el momento de la solicitud de regularización, el mismo que consta en la autorización de residencia”, explican las mismas fuentes. “Solo en el caso de que en el impreso de solicitud de la TIE se consigne un domicilio diferente, este será recabado electrónicamente por la Administración o se corroborará mediante la aportación del certificado o volante de empadronamiento del ayuntamiento, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la tramitación de la TIE”, añaden desde Interior sobre el contenido de la instrucción interna.

El “plan de choque” de Policía Nacional

La Dirección General de la Policía Nacional activó lo que describen como un “plan de choque” para responder al incremento a la demanda de trámites ligados a la regularización. Sin embargo, ese incremento de la necesidad de citas de extranjería en los próximos meses se produce en un momento en que los problemas para conseguir un turno ya son habituales y exasperan a los inmigrantes que gestionan sus papeles por la vía ordinaria.

El plan consiste en pagar más cada hora extra a los agentes que se ofrezcan voluntarios para atender los trámites ligados a la regularización, según un documento de la Policía de la Subdirección General de Logística e Innovación de la Policía Nacional al que ha accedido Europa Press. “El objetivo del plan es dar respuesta al incremento de la demanda asumida en las Unidades de Documentación como consecuencia del proceso extraordinario de regularización”, indica el escrito. En este sentido, los policías obtendrán 25 euros por cada hora extra “que se vean afectadas por la sobrecarga administrativa derivable del proceso en cualquiera de sus puestos de expedición, tanto de Tarjetas de Identidad de Extranjero, como DNI o Pasaporte”.

El sindicato policial CEP ha criticado que no se hayan reforzado las plantillas, que únicamente se haya optado por pagar horas extra. “Empieza la fase que más tiempo va a prolongarse y la que mayor esfuerzo va a exigir a la Policía Nacional”, indica un comunicado.

Maira obtuvo su permiso de residencia por arraigo en marzo de este año, pero aún no ha logrado tener en sus manos la tarjeta identificativa ante el bloqueo de citas en comisarías de extranjería. Aunque su permiso es válido sin este documento, la falta de un documento válido obstaculiza la inclusión de los inmigrantes. Por ejemplo, aunque es posible, algunas empresas rechazan a quienes no cuentan con él. La falta de esta tarjeta complica la apertura de una cuenta bancaria, la petición de becas de estudios o la emisión de certificados oficiales de formaciones profesionales, etc. “No tiene sentido que nos aprueben una residencia y lograr una cita para huellas casi cuando vamos a tener que renovar el permiso”, resume.