La regularización extraordinaria de migrantes sigue aflorando trabajadores en el mercado de trabajo español. Es lo que se traduce de las cifras anómalas de empleo y de paro del pasado mes de agosto: la caída del empleo en el final de la temporada turística (en 162.800 personas) fue menor de lo habitual, la segunda más baja de la última década, mientras que el aumento del paro ha sido más abultado, en 44.400 personas, el doble que el año pasado.

Los vaivenes de agosto dejan un balance total de trabajadores de 22,3 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, tras el récord de 22,5 millones alcanzado en julio, también empujado por la regularización. En cuanto al paro registrado, se sitúa en un total de 2.355.918 personas, en niveles de 2008, al inicio de la crisis financiera.

Con fecha de 31 de agosto, la Seguridad Social da un balance más: alrededor de 337.900 personas extranjeras que participan en el proceso extraordinario de regularización –iniciado a mediados abril– han sido ya dadas de alta como trabajadoras. De ellas: 134.500 son mujeres y 203.400, hombres.

Por su parte, en Trabajo sitúan en alrededor de 40.000 las personas desempleadas que han ido a apuntarse a las oficinas públicas de empleo provenientes de este procedimiento extraordinario.

Sobre todo más empleo extranjero, aunque también aflora paro

Los datos oficiales publicados este miércoles por el Ministerio de la Seguridad Social y de Trabajo recogen varios rastros de cómo están emergiendo los trabajadores extranjeros en el mercado laboral, alcanzando un nuevo récord de 3,55 millones de personas afiliadas en agosto.

Sobre todo, están saliendo hacia el empleo, de alta y con derechos, aunque también –en menor volumen– al paro formal, alterando la normalidad de las estadísticas del mercado laboral en los últimos meses.

Por ejemplo, el pasado mes aumentaron los trabajadores extranjeros de alta en la Seguridad Social en 39.500 personas respecto a julio, frente al alza de 3.800 personas de 2025 o la reducción del empleo en 22.000 trabajadores en 2024.

Cuando se baja al detalle de la afiliación por sectores, los datos de este agosto anómalo también se concentran en los sectores que están empleando a más trabajadores extranjeros: el empleo del hogar, la agricultura, la hostelería y la construcción, entre otros.

Así, hay una menor caída del empleo en la construcción respecto a otros años y un crecimiento del empleo en la hostelería (+7.000), que habitualmente reduce o sube menos su nivel de trabajadores. El efecto de la regularización se ve muy claramente en el sistema especial agrario, que pierde muchos menos trabajadores de lo habitual (4.600 este agosto frente a unos 14.700 menos de 2025 y 2024) y en el régimen especial de trabajadoras del hogar, que aumenta su afiliación en 4.800 trabajadoras, frente a los descensos de 1.700 y 3.330 de los dos años previos.

En los datos de paro registrado, las personas que se apuntan a las oficinas públicas de empleo para buscar trabajo, se observa justo lo contrario. Si las cifras de parados extranjeros suelen descender este mes (-4.000 en 2025 y -2.000 en 2024), este año el dato se incrementó en 16.000 personas.

“En condiciones normales, (la afiliación) habría bajado más. Es otro efecto positivo de un proceso que incorpora a cientos de miles de personas con plenos derechos al mercado laboral. Y el paro sube algo más de lo habitual porque parte de esas personas se inscriben por vez primera en los servicios de empleo”, ha valorado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Y es que, como ocurrió en julio, más de la mitad del alza del paro de personas extranjeras en agosto corresponde al grupo “sin empleo anterior” (8.700), lo que en el Ministerio destacan como positivo porque aflora hacia la economía formal a personas que estaban con empleos sumergidos, o en paro y sin poder recurrir a las oficinas públicas de empleo por no tener papeles.

Trabajo destaca no obstante que los niveles de desempleo en España siguen siendo los más bajos de los últimos 19 años.

680.000 empleos más en el último año

Ante este agosto más halagüeño de lo habitual, la creación de empleo interanual se acelera hasta casi 680.000 empleos más en los últimos doce meses. En términos relativos, el ritmo de creación de puestos de trabajo ascendió por encima del 3%, nivel que no se alcanzaba desde 2022.

Este tirón del empleo también se recoge en las cifras de afiliación desestacionalizada, que aíslan el mercado laboral de vaivenes propios de la estacionalidad y el calendario. Según este indicador, el empleo aumentó en casi 84.000 trabajadores, frente a los 64.000 del mes anterior.

La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado también que el empleo que se están creando es de mayor calidad. Por ejemplo, con más empleo indefinido que antes de la reforma laboral, ha insistido también Yolanda Díaz.

“Desde agosto de 2021, se ha producido una gran transformación en los tipos de contratos del mercado de trabajo: hay 4.811.840 más trabajadores con contrato indefinido y 2.020.332 afiliados menos con contrato temporal”, destaca la Seguridad Social.

Son muchos los países que cuentan con población extranjera en situación administrativa irregular dentro de su territorio. La razón es sencilla: en los países de destino de la migración existe un enorme desfase entre la elevada demanda de mano de obra y las muy limitadas vías legales para la migración. Los problemas para cubrir las necesidades de mano de obra tienen un carácter estructural. El envejecimiento de la población autóctona y la difícil cobertura de determinados empleos con trabajadores locales son las principales causas.

Complica la ecuación el escaso uso de mecanismos legales de acceso, residencia y trabajo para personas extranjeras. Las políticas migratorias restrictivas impulsadas por gobiernos temerosos a perder las próximas elecciones y una opinión pública cada vez más contraria a la inmigración dibujan un contexto que dificulta abrir vías legales para la migración. Además, las deportaciones de inmigrantes en situación irregular a sus países de origen (o a terceros países como propone la UE) son jurídica, ética y políticamente muy problemáticas. En términos operativos tampoco son sencillas, puesto que es necesario contar con un país que acepte a las personas deportadas. Esto suele ser una tarea muy compleja y una fuente de tensiones. Además, las normas y convenios internacionales sobre asilo y refugio prohíben expulsar a personas a países no seguros, así como las expulsiones colectivas.

La narrativa falsa del “efecto llamada”

Con la crisis de Ceuta hemos visto una campaña política y mediática que relacionaba la entrada de decenas de miles de personas con la regularización extraordinaria de migrantes llevada a cabo por el Gobierno de España. Lo cierto es que la intensidad, recorrido y destino de los flujos migratorios responde a un conjunto amplio de factores.

Explicar la migración únicamente atendiendo a un factor de atracción (la concesión de permisos temporales de residencia y trabajo en España) es una forma sesgada y simplista de interpretar la realidad

Las explicaciones tradicionales sobre la migración distinguen entre los factores de expulsión (factores negativos en origen, que empujan a las personas a migrar) y factores de atracción (factores positivos en destino, que atraen a los migrantes). También deben considerarse los factores de agencia de los migrantes, como son sus preferencias personales, contactos, recursos económicos, cualificación, aspiraciones y expectativas. No menos importantes son los factores estructurales: el orden económico internacional configurado con un centro que extrae mano de obra a bajo coste procedente de las periferias, los vínculos basados en la herencia colonial y la división internacional del trabajo.

Por tanto, explicar la migración únicamente atendiendo a un factor de atracción (la concesión de permisos temporales de residencia y trabajo en España) es una forma sesgada y simplista de interpretar la realidad. Esto es exactamente lo que hace la muy extendida narrativa del “efecto llamada”. Es una narrativa parcial y errónea porque escoge un factor, lo sobredimensiona e ignora el resto de los factores. También es falsa. Los datos son claros: ningún estudio científico ha podido demostrar una correlación positiva entre las regularizaciones extraordinarias y el aumento de la inmigración. En todos los casos estudiados (por ejemplo, las regularizaciones de España e Italia) tras la aprobación de las regularizaciones, la inmigración continuó con tendencias similares sin experimentar incrementos abruptos.

Marruecos se une a las críticas

Algo particular de la regularización extraordinaria de 2026 es la intensa campaña política y mediática en contra que se ha articulado a nivel global. Todos los líderes de la UE, salvo Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo, firmaron una carta que señalaba directamente a la regularización extraordinaria como factor de atracción de la inmigración irregular, culpando a España de lo sucedido por su política migratoria. Esta carta ha sido interpretada por muchos como una muestra de la insolidaridad europea, que contrasta con el apoyo europeo brindado a Grecia en 2020 (cuando Turquía usó los flujos migratorios dejando entrar a miles de migrantes y refugiados) o a Polonia en 2021 (tras la instrumentalización de la migración practicada por Bielorrusia). No se responsabilizó a Grecia o a Polonia por las crisis fronterizas, sino a Bielorrusia y a Turquía. En cualquier caso, lo más paradójico es que muchos de los países firmantes de la carta también han llevado a cabo regularizaciones extraordinarias en los últimos años.

Marruecos llevó a cabo dos regularizaciones extraordinarias de migrantes en 2014 y 2017, respectivamente. El objetivo era regularizar la situación administrativa de miles de inmigrantes procedentes de los países de África Subsahariana

Rabat se ha sumado a estas críticas, afirmando que frenan la migración para que después España la fomente con las regularizaciones. Conviene recordar que Marruecos en 2011 lanzó la llamada Nueva Política Migratoria, con la que redefinió su política migratoria presentándose ante el mundo no solo como un país de origen y tránsito de la migración, sino también como un país de destino de la migración. Se habló entonces de un abordaje integral del fenómeno migratorio.

Además, Marruecos llevó a cabo dos regularizaciones extraordinarias de migrantes en 2014 y 2017, respectivamente. El objetivo era regularizar la situación administrativa de miles de inmigrantes procedentes de los países de África Subsahariana. Dentro de Marruecos, los sectores más radicalizados apuntaron al “efecto llamada” de las regularizaciones, agitando el miedo a una supuesta invasión subsahariana e incluso a una sustitución demográfica. Por ello, es muy sorprendente la crítica del país vecino a España por las regularizaciones, porque se asume la errónea tesis del “efecto llamada” y se abandona por completo el abordaje integral de la migración formulado en 2011.

La regularización como instrumento de política pública

Es cierto que las regularizaciones extraordinarias no son el instrumento de política pública más adecuado. Ponen de manifiesto el fracaso de las políticas de migración y extranjería. Corrigen una irregularidad previamente creada por el régimen migratorio. Por ello, son más deseables instrumentos ordinarios de gestión de la migración, con figuras administrativas más accesibles para la entrada y residencia de trabajadores extranjeros. Un buen ejemplo es el de las contrataciones en origen mediante el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. En términos de planificación pública y seguridad jurídica, es más apropiado diseñar políticas públicas sobre migración predecibles y basadas en evidencias, que consideren la complejidad del fenómeno y aborden los factores políticos, demográficos, económicos y laborales.

Nuestra política migratoria seguirá siendo incapaz de gobernar las migraciones si los discursos y la práctica administrativa abordan este fenómeno desde el paradigma de la excepcionalidad y la emergencia

Ahora bien, las regularizaciones extraordinarias sirven para reconocer la realidad migratoria de un país. Es la única medida posible cuando no se utilizan los instrumentos ordinarios de regularización administrativa de la población extranjera. Por un lado, reconocen los derechos y dignifican la vida de las personas extranjeras. Lo contrario es incompatible con el principio de igualdad. Por otro, corrigen de forma acelerada el desajuste señalado entre la mano de obra y los canales legales para la migración.

Las migraciones son un fenómeno ordinario y cotidiano que, con toda seguridad, va a seguir existiendo. Por ello, lo razonable es utilizar herramientas ordinarias. Nuestra política migratoria seguirá siendo incapaz de gobernar las migraciones si los discursos y la práctica administrativa abordan este fenómeno desde el paradigma de la excepcionalidad y la emergencia. Cuestión distinta son las crisis fronterizas, como la que sucedió a finales de julio en Ceuta. Por su volumen y características, estos flujos no responden a la realidad migratoria habitual, sino a crisis políticas bilaterales donde la migración es instrumentalizada. La estrategia europea y española de externalizar la frontera de Ceuta en un país que no reconoce esa misma frontera es una estrategia condenada al fracaso.

El proceso de regularización de personas migrantes (cuyo plazo finalizó el 30 de junio) ha dejado resultados en el mercado laboral canario. Según un reciente informe de CCOO Canarias, en el Archipiélago han aflorado 11.329 empleos en el mes de julio que estaban en la economía sumergida.

De hecho, durante el último mes se perdieron 14.622 afiliaciones a la Seguridad Social y con la incorporación de estos más de 11.000 trabajadores y trabajadoras regularizados de la economía sumergida, la caída neta del empleo en las islas durante el mes de julio se amortiguó, y quedó en una pérdida final de 3.293 afiliaciones (-0,3%).

En el ámbito nacional, según ha informado en agosto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha sumado 262.475 afiliados a la Seguridad Social a 30 de julio de 2026.

El sindicato concluye que el proceso extraordinario de regularización supone “un avance significativo desde el punto de vista laboral y social” ya que miles de personas que ya desarrollaban una actividad económica dejan de permanecer ocultas en la economía sumergida para incorporarse plenamente al mercado de trabajo formal. Según el Ministerio, en las Islas un total de 37.525 personas solicitaron la regularización.

Seis de cada diez nuevas afiliaciones registradas durante el último año responden a este proceso de regularización, “que incorpora al sistema de protección social a personas que desarrollaban una actividad laboral, pero fuera de los registros oficiales”, recuerda CCOO.

“Durante este mes no se produce tanto una creación extraordinaria de empleo como la incorporación a la economía formal de empleo que ya existía previamente. El proceso de regularización convierte situaciones laborales invisibles en empleo reconocido legalmente, ampliando los derechos de las personas trabajadoras y fortaleciendo, al mismo tiempo, el sistema de Seguridad Social mediante un mayor número de cotizantes”, insiste en sindicato.

Apunta que este fenómeno también se da en el conjunto de España con una intensidad y unos porcentajes muy similares, lo que evidencia el efecto estructural de esta medida sobre las estadísticas laborales.

Por otro lado, el informe apunta que en el mes de julio el desempleo registrado se sitúa en Canarias en 144.168 personas, un 4,6% menos que hace un año. Pero con respecto a junio, el desempleo aumenta en 1.759 personas, rompiendo la tendencia decreciente que hemos ido observando a lo largo de los últimos años.

Asimismo, el informe de CCOO subraya que la población extranjera extracomunitaria supuso 1.014 personas desempleadas más que hace un año, lo que supone un incremento del 6,82%, frente al descenso general del 4,6% del conjunto del paro registrado.

No obstante, “este aumento no responde necesariamente a una destrucción de empleo entre este colectivo, sino a que miles de personas regularizadas pueden inscribirse por primera vez como demandantes de empleo y acceder plenamente a los derechos que ofrece el sistema público de empleo”.

“En consecuencia, el incremento de este colectivo mejora la calidad y representatividad de las estadísticas laborales”, destaca el sindicato.

El informe también pone el foco en que en julio se destruyó empleo principalmente relacionado con el ámbito de la educación por el fin del curso escolar “reproduciendo un comportamiento estacional que se repite cada verano y que tiene una incidencia muy significativa sobre el conjunto del mercado laboral”.

Por otro lado, se detalla que la hostelería incorpora 2.114 nuevos empleos respecto a junio, mientras que el comercio suma otros 1.797, “a pesar de las notables reticencias que estamos encontrando este año en la creación de empleo en estos sectores”.

“En consecuencia, puede afirmarse que julio combina dos fenómenos paralelos: por un lado, una destrucción estacional de empleo derivada principalmente del final del curso escolar y, por otro, la incorporación al mercado laboral formal de miles de personas que ya trabajaban en la economía sumergida y que ahora pasan a formar parte de las estadísticas oficiales. Pero en términos netos, hay destrucción de empleo”, apunta CCOO.

Una medida de justicia social

El proceso de regularización de personas migrantes pudo solicitarlo aquellas personas que extranjeras en situación irregular que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 o para solicitantes de protección internacional que lo hicieran antes de enero de ese año.

El sindicato subraya que el proceso de regularización permite que una realidad laboral preexistente pase a estar reconocida legalmente, fortaleciendo la protección social, mejorando las condiciones de trabajo y ampliando la base de cotizantes que sostiene el sistema de Seguridad Social.

“Esta medida representa, además, un importante avance en términos de justicia social. Garantizar derechos laborales a quienes ya contribuían al funcionamiento de la economía reduce los espacios de explotación, favorece la igualdad de oportunidades y fortalece la competencia leal entre empresas”, aclara.

De hecho, “un mercado laboral más transparente beneficia tanto a las personas migrantes como al conjunto de la sociedad de Canarias, al reforzar los ingresos públicos y consolidar un modelo económico basado en el empleo digno y en el respeto a los derechos laborales”, insiste CCOO.

En los últimos años, el mapa de la explotación sexual en Cantabria ha experimentado una notable transformación. Lo que antes era identificable en los grandes clubes de carretera o en zonas específicas de calle se ha desplazado hacia la opacidad de los pisos privados y el entorno digital.

En este complejo escenario, Tania García Sánchez, responsable de los programas de Prostitución y Trata de Médicos del Mundo en Cantabria, analiza un factor que ha cambiado las reglas del juego para cientos de mujeres: el reciente proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes. Este proceso representa, en su opinión, un “hito histórico” que facilita alternativas reales fuera del sistema prostitucional para mujeres que, debido a su situación administrativa, simplemente “no existían” ante la administración.

La historia de Violeta (nombre ficticio), una mujer colombiana de 51 años, pone rostro a estas cifras. Violeta llegó a España hace tres años huyendo de la violencia y los conflictos armados en su país. Su perfil encaja con el de la mayoría de las usuarias acompañadas, o ‘titulares de derechos’, como prefieren designarles en la entidad social, donde el 46% de las mujeres atendidas proceden de Colombia. “Llegué sabiendo a qué venía, guiada por un viejo amigo, pero no sabía absolutamente nada del tema porque en mi país no ejercía”, relata Violeta sobre sus inicios en un pequeño pueblo cerca de Madrid.

Al llegar a Santander, se encontró con las barreras de un sistema que la mantenía en la sombra: “Las personas que me alquilaron la habitación me metían miedo, decían que no fuera a sitios como Cáritas o Médicos del Mundo porque trabajaban con la policía”. Siguió su propio criterio y, tras un primer acercamiento a Cáritas, le pusieron en contacto con Médicos del Mundo.

Para Violeta, la regularización extraordinaria ha sido su salvación. No solo le ha permitido obtener su tarjeta sanitaria, sino que ha sido la “llave” para traer a su hija y a su nieto, quienes corrían peligro en Colombia. “Lo que más anhelo es tener un trabajo normal, cumplir un horario y poder salir tranquila a la calle”, afirma con esperanza.

De otro lado, el camino hacia la regularización también ha sacado a la luz la existencia de un “negocio paralelo” que se lucra con la desesperación de estas mujeres. García denuncia haber detectado abogados en el ámbito privado que han cobrado entre 200 y 600 euros por asesoramiento en trámites que entidades como Médicos del Mundo y muchas otras -incluidos sindicatos como Comisiones Obreras-, han realizado de forma gratuita. “Muchas acceden a pagar pensando que así garantizan el éxito del trámite, cuando en realidad están siendo doblemente victimizadas por su falta de conocimiento”, ha advertido la responsable de la entidad social en Cantabria.

Del “no existir” al contrato de trabajo

En Cantabria, el proceso de regularización extraordinaria se cerró el pasado 30 de junio con un balance de 8.767 solicitudes registradas. Como recuerda García, la admisión a trámite de la solicitud ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país, lo que permite a muchas mujeres acceder al mercado laboral regulado de forma inmediata mientras esperan la resolución definitiva de sus expedientes.

Hemos acompañado de inicio a fin en el proceso de regularización a unas 30 mujeres

Médicos del Mundo ha jugado un papel determinante en este engranaje al ser una de las entidades autorizadas para emitir certificados de vulnerabilidad, documentos esenciales para que muchas mujeres en contextos de prostitución pudieran acogerse a la medida. “Hemos emitido aproximadamente 150 certificados de vulnerabilidad y hemos acompañado de inicio a fin en el proceso de regularización a unas 30 mujeres”, detalla la responsable técnica.

El impacto ha sido tal que la organización ha notado un incremento significativo en las atenciones, ya que el boca a boca sobre la posibilidad de obtener “papeles” ha servido de puente para que muchas víctimas de explotación sexual se acerquen a los recursos de apoyo social y psicológico, según explica García.

16 inserciones laborales en 2026

La respuesta de Médicos del Mundo es integral a través del I Plan Nacional de Inserción Sociolaboral (Plan Camino), impulsado por el Ministerio de Igualdad. En el periodo comprendido entre 2023-2024, la organización ha atendido en Cantabria a un total de 820 personas, la inmensa mayoría mujeres en situación de migración. De ellas, 32 mujeres han logrado acceder al empleo regulado, principalmente en el sector servicios, hostelería y limpieza, 13 de ellas con contratos indefinidos.

“Para una mujer que lleva muchos años en el contexto de la prostitución, la salida no es tan sencilla como se ve desde fuera; requiere una recuperación psicosocial profunda”, puntualiza García. Además de la inserción laboral, en 2025 se consiguió que 45 mujeres superaran las barreras del sistema y obtuvieran su tarjeta sanitaria, garantizando su derecho efectivo a la salud. Y en lo que llevamos de 2026 “ya son 16 las inserciones laborales logradas”, según detalla con satisfacción la responsable de la entidad.

Existen otras asociaciones en Cantabria como Aplec y Nueva Vida que también atienden a este colectivo. Aunque puede haber duplicidad (mujeres atendidas por varias entidades), Tania García indica que “hay cabida para las tres entidades y aún así a veces no llegamos”.

Abolición frente a violencia “extrema” contra la mujer

Frente al debate en torno a la prostitución, Médicos del Mundo defiende una visión abolicionista, entendiendo la prostitución como una forma extrema de violencia de género y una violación de los derechos humanos. Así, la organización colabora estrechamente con instituciones y otras entidades locales, como la Plataforma Abolicionista de Cantabria (PACANT).

Para la entidad, el reto actual reside en seguir denunciando la explotación sexual como una problemática que la sociedad tiende a normalizar porque ya no se ve en las carreteras ni en las calles. “Parece que la prostitución no existe, pero atender a unas 400 mujeres al año solo en nuestra asociación es un dato importante en Cantabria”, concluye Tania García.

La regularización extraordinaria ha sido el primer paso necesario para dar a muchas personas una identidad legal, pero el objetivo final sigue siendo garantizar que todas estas mujeres, como Violeta, puedan acceder a una vida donde sus derechos no estén en manos de otros.

Las oficinas de Correos de Alfonso XIII y Cuatro Caminos, en Santander, y la de Torrelavega son los puntos de atención presencial habilitados en Cantabria para atender presencialmente las subsanaciones del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes.

Los interesados podrán hacerlo hasta el 30 de septiembre, sin necesidad de cita previa y en los horarios establecidos, que pueden consultarse en la página web www.correos.es.

En un comunicado, Correos ha especificado que los trámites de subsanación están dirigidos exclusivamente a aquellos que hayan presentado su solicitud en plazo y que necesiten aportar documentación adicional, bien por iniciativa propia, para ampliar información, o como respuesta a un requerimiento de subsanación por documentación no aportada, incorrecta o incompleta.

De este modo, y en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la entidad ha destacado que continúa poniendo a disposición del Estado el conjunto de sus capacidades operativas, técnicas y humanas para asumir las tareas asignadas por el real decreto que modifica el Reglamento de Extranjería y regula el proceso de regularización extraordinaria, que se inició el 16 de abril y cuyo plazo de presentación de solicitudes se cerró el 30 de junio.

Por último, Correos ha incidido en que esta colaboración en la admisión de subsanaciones forma parte de los servicios esenciales a la ciudadanía (Servicios de Interés Económico General) asignados a la empresa pública, ha indicado.

Apuntarse al paro es una mala noticia para la inmensa mayoría de las personas, pero no siempre. A veces, es el primer paso de la inclusión en el mercado laboral. Este escenario más halagüeño es el protagonista de la inusual subida del paro de este julio, en 19.500 personas, moderada y que se debe principalmente a la regularización extraordinaria de migrantes, que sobre todo está provocando un fuerte crecimiento del empleo en los últimos meses.

El paro registrado, las personas que se apuntan como desempleadas a las oficinas públicas de empleo, ascendió este julio frente a los descensos habituales en este mes. “Aunque veamos un aumento, es una buena noticia para el país”, ha valorado este martes la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Cuando se ahonda en quién forma parte de este aumento de 19.500 personas más en paro, se observa que sobresalen los trabajadores extranjeros –unos 15.500– y, en especial, aquellos que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo formal (“colectivo sin empleo anterior”, en la estadística oficial), que se sitúan en 11.300.

Trabajo ha explicado que estos datos están vinculados a la regularización extraordinaria masiva de migrantes que está en proceso en estos momentos y que, sobre todo, se está traduciendo en un gran auge del crecimiento del empleo.

Por un lado, la Seguridad Social ha cifrado en unas 263.000 personas regularizadas que han pasado a estar trabajando de alta, con datos hasta el pasado 30 de julio. Por su parte, Trabajo señala un aumento del paro desde abril de alrededor de 18.000 las personas extranjeras extracomunitarias, entre las que están los ciudadanos acogidos a la regularización.

En Trabajo, ubican este aumento del paro dentro de lo “normal” de la entrada simultánea de miles de personas al mercado laboral formal, ha explicado el secretario de Estado de Trabajo. Joaquín Pérez Rey ha expresado además su confianza en que en la mayoría de casos será un paso breve por el paro registrado antes de formalizar sus primeros contratos laborales, como ocurrió en la pasada regularización extraordinaria de mediados de los 2000.

Está aflorando empleo sumergido y sin derechos

El Gobierno y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han destacado este martes que el proceso de regularización es positivo además porque está aflorando miles de empleos que hasta ahora se mantenían en la economía sumergida, en un número difícil de determinar, y que afectan en gran medida a las personas migrantes sin papeles.

“Es otra de las conquistas del proceso de regularización”, ha destacado el 'número dos' de Yolanda Díaz, que ha recordado que el empleo informal tiene “un fuerte componente de explotación” y va ligado de manera inherente a una falta de derechos laborales.

Por ello, Joaquín Pérez Rey ha destacado de manera positiva que estos ciudadanos estén ejerciendo su nuevo derecho a acudir a las oficinas públicas de empleo para poder buscar y encontrar empleo a través de los canales legales.

El empleo informal no es solo una “lacra” para los trabajadores que lo sufren, sino también para las arcas del Estado, por la falta de cotización y el pago de impuestos, así como por una práctica de competencia desleal a la baja para el resto de empresas.

Aunque aún hay que esperar a cómo evoluciona el paro y el empleo en los próximos meses, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, ha recordado que las personas extranjeras han sido claves en la creación de empleo en España en los últimos años, algo que ha sido compatible con el crecimiento del empleo de la población nacional y con la reducción del paro a mínimos desde 2008.

El paro registrado da derecho a ayudas para las empresas

Además, que los trabajadores se apunten al paro en las oficinas públicas de empleo es en muchos casos un trámite administrativo previo para que las empresas puedan beneficiarse de ayudas a la contratación.

“Parte de estas personas pueden estar incorporándose a las estadísticas de desempleo para acceder a programas de inserción laboral o facilitar su contratación mediante incentivos y bonificaciones en las cotizaciones sociales”, ha recordado este martes la patronal CEOE.

La organización empresarial ha valorado que la regularización de trabajadores extranjeros “está contribuyendo positivamente al crecimiento de la afiliación” y ha destacado la “capacidad” del sector privado “para sostener el empleo pese a la persistencia de desequilibrios estructurales”.

En cualquier caso, los empresarios han reclamado “un entorno regulatorio que refuerce la empleabilidad, favorezca la competitividad y el crecimiento de las empresas y permita aprovechar, plenamente, el potencial del mercado de trabajo para impulsar una creación de empleo más sólida y sostenible”.

El mercado laboral español batió en julio otro máximo histórico. En concreto, superó los 22,5 millones de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social, un hito impulsado en gran medida por la regularización extraordinaria de migrantes extranjeros. Esta ha supuesto un fuerte impulso del empleo, con casi 262.500 trabajadores más de alta, cifra el Gobierno, aunque también ha provocado un aumento del paro, de momento menor. En julio, este aumentó en 19.500 personas, en un mes de habitual descenso de este indicador.

Los datos publicados este martes por el Ministerio de la Seguridad Social dejan así el nuevo techo del mercado de trabajo en España en un total de 22.508.065 personas trabajadoras afiliadas de media a la Seguridad Social.

Aunque España ya estaba acumulando récords de empleo antes del proceso de regularización extraordinario de migrantes, en los últimos meses este ha supuesto un fuerte empujón de la afiliación, de miles de personas extranjeras que ya vivían en España y que ahora han pasado a tener papeles y, por tanto, a poder firmar su primer contrato de trabajo.

Casi 262.500 migrantes regularizados ya trabajan de alta

En solo unos meses, la Seguridad Social cifra en 262.475 las personas extranjeras afiliadas en alta por la regularización extraordinaria, con datos hasta este 30 de julio. El 81,5% están empleados como asalariados, mientras que casi un 5% son trabajadores autónomos. Por sexos, el 60% son hombres y el 40%, mujeres.

La inclusión al mercado laboral formal de estos migrantes, en muchos casos antes trabajando en la economía sumergida y sin derechos, ha acelarado la creación de empleo ya existente. En julio, el ritmo interanual se incrementó hasta el 2,9%, lo que se traduce en casi 650.000 empleos más en el último año. En abril, cuando se inició la regularización, el dato era de 517.000 empleos.

En los últimos meses los trabajadores migrantes explican de hecho la mayor parte del auge del empleo, que se ha situado por encima de lo habitual. Ocurrió en junio y de nuevo ha sucedido en julio, que ha registrado 41.700 trabajadores afiliados más de media frente a los 4.400 del año pasado.

Julio suele ser un mes positivo para el empleo, sobre todo por el empuje de varias actividades en verano, como la hostelería, el ocio y el comercio, así como las sustituciones en sectores como la sanidad, pero con mucho menos tirón que junio, que concentra el grueso de las contrataciones de cara a la época estival. Además, julio se resiente por las pérdidas de empleo en la educación (-128.500 este año).

Si se atiende a la nacionalidad, el empleo extranjero aumentó en 66.000 personas respecto a junio. Tras este aumento, se alcanza también un nuevo récord de empleo extranjero, con 3.512.223 afiliados medios, que son 420.875 más que hace un año.

“En conjunto, representan ya el 15,6% del total de afiliados y continúan desempeñando un papel esencial en el dinamismo del mercado laboral y en el sostenimiento del sistema de Seguridad Social”, ha subrayado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz.

El paro registrado aumenta también

Por el lado del paro, los primeros indicios de junio se confirman en julio: el desempleo también se está viendo influido con aumentos por la regularización extraordinaria, aunque en mucho menor volumen.

En julio, el paro registrado aumentó en casi 19.500 personas, en un mes de habituales descensos. Si se observa la nacionalidad, la mayor parte del alza corresponde a personas extranjeras (+15.500).

Además, cuando se analiza el aumento por sectores, se observa que el grueso del alza del paro se sitúa en el “colectivo sin empleo anterior”, casi 8.300 personas, lo que “está fundamentalmente ligado al proceso de regularización extraordinaria en curso”, explican en el Ministerio de Trabajo. Entre los migrantes, este aumento alcanza las 11.400 personas respecto a junio.

La regularización “da la oportunidad, hasta ahora inviable, de acceder a los servicios de las oficinas públicas de empleo a las personas trabajadoras que ya estaban en nuestro país pero que carecían de derechos”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz. Hay que recordar que estas personas están apuntadas como demandantes de empleo, como desempleadas, pero no están cobrando el paro, ya que no han cotizado el mínimo para ello.

El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ya apuntó el mes pasado que la regularización supondría “un ajuste” en las estadísticas de la afiliación, pero también del paro, y apostó por “ser capaces de nuevo de reconducir a estas personas que están en una situación de desempleo a oportunidades hacia aquellos sectores que están demandando trabajo”.

En total, el paro registrado subió así en julio hasta las 2.311.499 personas, la cifra más baja en este mes desde 2007, destaca el Ministerio de Trabajo, que recuerda también el dato de tasa de paro, inferior al 10%, un mínimo desde los inicios de la pasada crisis financiera.

Yolanda Díaz ha celebrado que el paro juvenil haya vuelto a marcar un mínimo histórico, con 159.562 desempleados menores de 25 años. “Nuestras políticas laborales centradas en ellos han dado sus frutos. Nunca antes hubo tan pocos jóvenes en paro”, ha afirmado.

Hasta el 30 de septiembre, trece oficinas de Correos de la provincia de Las Palmas son los únicos puntos de atención presencial en este territorio habilitados para realizar las subsanaciones del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, sin necesidad de cita previa, en los horarios establecidos.

En Gran Canaria, las Oficina Principal de 1º de Mayo, las sucursales de La Isleta, Tamaraceite, Echegaray, Granadera Canaria, Bernardo de la Torre junto a las oficinas de Correos de Maspalomas, Telde y Vecindario. En Lanzarote, las oficinas de Arrecife y Puerto del Carmen y en Fuerteventura, las de Puerto del Rosario y Morrojable son las dependencias habilitadas. Los interesados e interesadas pueden consultar las ubicaciones de las oficinas capacitadas y sus horarios de atención durante los meses de julio, agosto y septiembre en la página www.correos.es.

Los trámites de subsanación están dirigidos exclusivamente a aquellos solicitantes que hayan presentado su solicitud en plazo y que necesiten aportar documentación adicional, bien por iniciativa propia, para ampliar información, o como respuesta a un requerimiento de subsanación por documentación no aportada, incorrecta o incompleta.

De este modo, y en estrecha coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Correos continúa poniendo a disposición del Estado el conjunto de sus capacidades operativas, técnicas y humanas para asumir las tareas asignadas por el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril que modifica el Reglamento de Extranjería y regula el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, que se inició el 16 de abril y cuyo plazo de presentación de solicitudes se ha cerrado el 30 de junio.

La actual colaboración de Correos en la admisión de subsanaciones de las solicitudes presentadas en plazo durante el proceso de regularización forma parte de los servicios esenciales a la ciudadanía (Servicios de Interés Económico General) asignados a la empresa pública en virtud de la modificación de la Ley Postal 43/2010 aprobada por el Congreso en julio de 2025.

En ella se reconoce a Correos como instrumento idóneo del Estado para prestar servicios públicos esenciales con los que la empresa postal contribuye a la cohesión territorial, económica y social, a la sostenibilidad y al bienestar común, reforzando su misión pública.

Correos recuerda que no es necesario pedir cita previa para presentar las subsanaciones en las oficinas seleccionadas

Cada día, cerca de nueve aviones despegan de El Dorado de Bogotá rumbo a Madrid. En los mostradores, las filas suelen ser interminables: un hervidero de abrazos, niños que corren y amigos que estiran el tiempo para retrasar el adiós. Cambian los rostros y las edades, pero el equipaje es similar. En el volumen de las maletas se adivina quién viaja por unos días y quién, tal vez, cierra un ciclo.

Durante 2025, el registro de salidas hacia España alcanzó la cifra récord de 812.473 viajeros colombianos, consolidándose como el segundo destino más frecuente por detrás de Estados Unidos. Este tránsito, que sitúa a la península en el epicentro migratorio del país, es el rastro visible de un flujo constante que hoy explica, en parte, por qué esta comunidad encabeza el número de peticiones de regularización ante el Gobierno de Pedro Sánchez, con casi el 26% de las solicitudes.

Esta hilera de historias humanas, sin embargo, esconde una paradoja. No siempre fue así. El punto de ruptura llegó con la postpandemia de COVID: ante el vacío económico interno y un Washington que cerraba sus puertas, España se convirtió en la salida de emergencia. En 2022, el saldo entre los colombianos que partían y quienes regresaban alcanzó un récord histórico de casi medio millón de personas. Tres años después, en 2025, esas salidas netas se redujeron con fuerza hasta las 136.000. Todo indica que la intensidad del éxodo general ha comenzado a ceder.

Jorge Restrepo, economista de la Universidad Javeriana, lleva años rastreando esos datos. Su diagnóstico apunta a una diferencia geográfica y legal: mientras que en Norteamérica la exigencia de visado y el blindaje fronterizo de Donald Trump transforman cada intento en una apuesta de alto riesgo, el pasaporte colombiano permite ingresar a la Unión Europea sin visado durante 90 días. Se trata de una ventana de entrada que termina siendo la antesala para echar raíces. “Buena parte de la migración a Estados Unidos tiene un carácter temporal, mientras que el destino español tiende a ser de permanencia”, resume el analista y académico. Esa distinción desarma la paradoja de las cifras: aunque el éxodo general disminuye, quien elige el territorio español para buscarse la vida tiende a quedarse.

Las estadísticas aeroportuarias, además, tienen más de un punto ciego: registran el punto de partida de los viajeros, pero no de dónde vienen ni por qué. Ese es el territorio de Luis Carlos Rodríguez, coordinador del Área de Migraciones Forzadas y Refugio de CODHES, una organización que lleva décadas documentando el desplazamiento forzado en Colombia. Él sostiene que en la misma fila conviven dos países que casi no se cruzan. El primero, mayoritario, brota de las ciudades y del centro andino: gente quizás acorralada por las deudas, la informalidad laboral o la falta de futuro. El segundo, más silencioso, huye de zonas como el suroccidente —del departamento Cauca, del Valle, de la costa del Pacífico—, de comunidades expulsadas por la precariedad y la violencia.

“El cuidado es el principal imán”

Rodríguez conoce, a grandes rasgos, la bitácora del viaje. Sabe que pocos cruzan el Atlántico en un solo impulso. El destierro suele empezar cerca: un pueblo vecino, una capital ajena, una frontera inmediata como Ecuador, Panamá o Perú. Allí intentan rearmar los pedazos de una vida rota, pero la tregua suele ser corta. “Muchas veces llega hasta allá el actor violento que los persigue y entonces buscan huir aún más lejos”, dice. España aparece al final del laberinto. Y en todo este trasegar son frecuentes las historias de líderes sociales, defensores del medio ambiente o de los derechos de las minorías. “Los que no terminan asesinados terminan teniendo que salir”, concluye.

La travesía, además, tiene rostro de mujer: más de la mitad de los colombianos que se instalaron en España durante la gran ola de 2023 pertenecen al género femenino. A las más jóvenes se suman mayores de 50 años, madres y abuelas que cruzaron el océano para encontrarse con los suyos. Casi todas desembarcan en el mismo puerto laboral. “El cuidado es el principal imán para esta migración”, explica Restrepo. Su labor es sostener los hogares, atender a los niños o acompañar a los ancianos de una sociedad que envejece a ritmo acelerado.

Rodríguez le da una vuelta a esta lectura. Lo que para Europa es un alivio, afirma, para Colombia es un vaciamiento poblacional. “España cubre con ellas un capital humano que su propia demografía ya no puede renovar”, advierte. La otra cara de la moneda se queda en el lugar de origen: hijos que crecen a través de la pantalla del móvil, padres que envejecen en la distancia y remesas que sostienen hogares incompletos en un país que exporta afecto y cuidado.

Más repliegue

El Parlamento Europeo incluyó a Colombia en su lista oficial de países de origen seguro, pero la propia Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) describe un escenario opuesto: un país con un conflicto armado interno que no da tregua, con guerrillas y bandas criminales que se disputan territorios mediante la extorsión y el desplazamiento forzado.

El objetivo de estos cambios es permitir que las peticiones de protección internacional se examinen en un procedimiento acelerado. Pero, ya antes de este movimiento de la UE, los colombianos solían ser la nacionalidad a la que más se les negaba el asilo en España: la tasa de denegación para solicitantes de este país ronda el 85%, convirtiéndose en uno de los colectivos más afectados por el rechazo de expedientes, según CEAR.

Buena parte de la migración a Estados Unidos tiene un carácter temporal, mientras que el destino español tiende a ser de permanencia

Jorge Restrepo — Economista de la Universidad Javeriana

Muchos de los colombianos que se han acogido al proceso extraordinario para obtener los papeles habían pedido anteriormente protección internacional a su llegada a España al ser una vía rápida para lograr la residencia mientras se estudia la petición, sin embargo, la reforma del reglamento de extranjería del Gobierno de Pedro Sánchez añadió trabas a la regularización de quienes ven denegada su petición de refugio. De hecho, Colombia era una de las nacionalidades que más solicitaban protección internacional en España, según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Sin embargo, las solicitudes se han desplomado drásticamente, con caídas de más del 60%, debido a la reforma del reglamento y el elevado número de rechazos.

La abogada Laura Pedraza, especialista en movilidad humana y migración, advierte de que la caída no significa que la gente haya dejado de partir, sino que el sistema los está empujando a la invisibilidad. Ante procesos de asilo cada vez más exigentes en materia probatoria, algunas personas desisten y optan por la vía ordinaria de extranjería para conseguir papeles rápido. Esto plantea, a su juicio, un riesgo real: quienes no logran acreditar formalmente su situación de riesgo pueden terminar accediendo a figuras migratorias que no reflejan plenamente su necesidad de protección internacional.

La experta enmarca este fenómeno en un repliegue político global, hacia legislaciones más restrictivas, que está desmontando, pieza a pieza, las garantías internacionales: devolver a quien huye para salvar su vida es, dice, tan injustificable como contraproducente. Es la misma certeza que Rodríguez resume sin atenuantes desde Bogotá: casi nadie abandona su país por capricho. Detrás de la mayoría de trámites, conviven o el exilio forzado por las armas o el viaje empujado por la asfixia económica. Realidades humanas que, ajenas a los decretos de Bruselas, volverán a llenar sin falta las filas de facturación del aeropuerto El Dorado.

Presentar una solicitud de regularización puede marcar un antes y un después en la vida de una persona. Supone abrir la puerta a una mayor estabilidad, al acceso al empleo con derechos y a la posibilidad de avanzar en un proyecto de vida con más seguridad. Sin embargo, entregar la documentación no significa que el procedimiento haya terminado. A partir de ese momento comienza una nueva etapa en la que aparecen notificaciones, plazos, requerimientos y trámites administrativos que no siempre son fáciles de atender.

Durante los últimos meses, las asociaciones y delegaciones de Sur Acoge han acompañado a 21.668 personas en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla. En conjunto, estas atenciones representan aproximadamente el 10,8% de las solicitudes registradas en los territorios en los que está presente la federación.

Más allá de las cifras, la experiencia de estas atenciones ha puesto de manifiesto una necesidad clara: disponer de información sencilla y accesible también después de haber presentado la documentación: ¿cómo puedo consultar mi expediente?, ¿qué significa que esté admitido a trámite?, ¿puedo trabajar?, ¿qué debo hacer si recibo un requerimiento?, ¿cuándo llegará la resolución? o ¿cómo solicito la Tarjeta de Identidad de Extranjero?

Una guía para saber qué viene después

Para responder a las dudas más frecuentes se ha elaborado la guía “Has presentado tus papeles, ¿y ahora qué?”, un recurso práctico que explica las principales fases posteriores a la presentación de la solicitud.

La guía recoge información sobre el seguimiento del expediente, los requerimientos, la resolución y los trámites que pueden ser necesarios más adelante, como la obtención del Número de la Seguridad Social, la tarjeta sanitaria, el certificado digital o la TIE. También ofrece algunas orientaciones para preparar la futura renovación o prórroga.

No pretende sustituir la atención especializada, sino ayudar a reconocer los principales pasos, comprender mejor las comunicaciones administrativas y tener presentes los plazos más importantes.

Una notificación que no se consulta a tiempo, un requerimiento que no se responde correctamente o una documentación incompleta pueden dificultar el procedimiento. Por eso, disponer de información clara también es una forma de acompañar y favorecer que las personas puedan realizar sus trámites con mayor seguridad y autonomía.

La regularización no es únicamente un procedimiento administrativo. Es también reconocimiento, dignidad y ciudadanía.

Una ligera capa de polvo cubre la camiseta de Guillermo. Acaba de terminar su quinto día en la obra donde ha empezado a trabajar y sonríe al señalar la prenda azul marino: “Ya me han dado el uniforme”. Se sorprende porque, meses atrás, su anterior jefe le había descontado un día de sueldo a cambio de entregarle un lote de ropa de trabajo. Con toda la tarde por delante, camina en busca de una cafetería en pleno centro de Madrid. Hace muy poco, sin papeles y sin contrato, podía trabajar unas once horas al día por 800 euros al mes, sin seguro médico, en uno de los sectores con más accidentes laborales de España.

Entre una y otra vida, entre unas condiciones y otras, hay un trámite que ya ha empezado a transformar la vida de miles de ciudadanos extranjeros: la regularización extraordinaria. La admisión a trámite de la solicitud le otorgó lo que, desde su llegada, le pedía cada una de las empresas que le ofrecían un empleo como electricista de obra, dados sus 20 años de experiencia en El Salvador: un permiso de trabajo. Días después de obtenerlo y enviar su currículum por una plataforma online de búsqueda de empleo, empezó a sonar su teléfono. A la semana, Guillermo firmó su primer contrato de trabajo en España: “Hace unas semanas me arrastraba y me explotaban; ahora hasta puedo escoger”.

El salvadoreño es uno de los miles de solicitantes de la regularización que, tras meses de empleos inestables y clandestinos, ha conseguido su primer trabajo con contrato en España. En las últimas semanas también han dejado la economía sumergida Germán, hondureño, y Alessia, peruana, quienes engrosarán la listas de nuevos afiliados en el mes de julio. Según el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, la concesión de permisos de trabajo provisionales ligados a la regularización ya está empezando a tener un impacto positivo en el mercado laboral. Aunque todavía es pronto, y algunas empresas están mostrando reticencias a contratar a los solicitantes antes de la respuesta definitiva, ya se están dando de alta los primeros nuevos afiliados del proceso.

[Vídeo de Adrián Torrano]

Los datos oficiales aún no son concluyentes. Según el Ministerio de Inclusión, 159.097 personas con su petición tramitada están dadas de alta a fecha del 30 de junio en la Seguridad Social, pero matizan que la mayoría de ellas ya trabajaban de alta antes del proceso como demandantes de protección internacional. El Ejecutivo no ha dado aún la cifra de los trabajadores afiliados gracias al procedimiento extraordinario, pero el dato de nuevos cotizantes extranjeros en el mes de mayo puede dar una idea: cerca de 86.000 personas extranjeras se afiliaron por primera vez a la Seguridad Social.

“Ahora, gracias a Dios, nuestra vida está cambiando”, resume Guillermo, que llegó a España junto a su esposa Emma en noviembre del año pasado. “Quién nos iba a decir a nosotros que, cinco meses después de llegar, iba a salir una regularización extraordinaria”, reflexiona Guillermo. Sabe que, de no haber sido aprobada la medida, la familia no podría haber optado a un permiso de residencia hasta pasar como mínimo dos años sin papeles en el país, asumiendo cualquier empleo precario para sobrevivir.

Más que un trabajo: los cambios

El 18 de junio, recibió el justificante de admisión a trámite de su petición de regularización, lo que conlleva un permiso provisional de residencia y trabajo. El 19, tras preguntar en varias oficinas, él y su mujer consiguieron por sus propios medios sus números de la Seguridad Social, sin esperar a recibirlos por correo postal. Una semana después firmó su primer contrato en España. El 1 de julio ya estaba dado de alta en el trabajo. “Soy electricista profesional, pero antes tenía que quedarme con trabajos donde no tenía derechos y no podía escoger. Ahora, me han salido muchas ofertas de trabajo y hasta soy yo el que escoge la mejor. Ahora ya siento que tengo los mismos derechos que otra persona gracias a la regularización”, resume el salvadoreño.

El electricista relata algunas de las condiciones que han mejorado. “Ahora la admisión me ha dado el permiso de trabajo. Me ha ayudado porque me han dado un contrato indefinido de 40 horas”, explica Guillermo, quien recalca los beneficios de abandonar la economía sumergida. “Eso me ayuda porque ahora tengo Seguridad Social, antes no la tenía. Si me pasaba un accidente, lo primero que hacía el jefe era: ¡sáquenlo de la obra!”, cuenta el profesional, especialista en instalación de electricidad de alta tensión, lo que aumenta el riesgo de su empleo.

Ahora lo dice entre risas, pero Guillermo escuchó a su jefe exigir entre gritos que se llevasen a un compañero que, también en situación irregular, acababa de sufrir un impacto en la cabeza tras precipitarse desde una escalera de obra. “Sacadlo. Sacadlo de aquí y, si os preguntan, decid que se cayó en la calle”, recuerda el salvadoreño las palabras de uno de sus anteriores patrones. El electricista escuchó el berrido cuando trataba de darle los primeros auxilios al empleado accidentado. Ambos trabajaban desde hacía meses en la empresa, dedicada al sector de la construcción, pero no tenían los mismos derechos que el resto. Sin papeles, sin contrato, sin seguro sanitario por accidente laboral, obedecieron.

No les dejó pedir una ambulancia, cuenta. “Me dijo que pidiese un Uber y luego nos lo pagaba. Hasta ahora estoy esperando que me lo pague. Le envié varias veces el recibo. Nunca me dio el dinero”, dice moviendo la cabeza con indignación. “Cuántas cosas he aguantado…”.

También tiene más tiempo. “Antes trabajaba de ocho de la mañana a seis y media o siete de la noche. De lunes a sábado. Ahora no, hasta eso cambió. En horario de verano, de siete a tres de la tarde. Y, en horario normal, de ocho a cuatro, trabajando ocho horas normales”, describe. “Me da más tiempo para estar con la familia, hacer mis vueltas, estudiar…”.

Del total de solicitantes de la regularización afiliados, la mayoría cuenta con un contrato indefinido como el que ha firmado el salvadoreño. Este tipo de contrato es el que también ha confirmado la nueva vinculación laboral de Germán, otro migrante en trámite que se ha dado de alta por primera vez en la Seguridad Social gracias al permiso provisional de la regularización extraordinaria. “Me han contratado en una empresa de cocina, como técnico en mantenimiento e instalaciones”, anuncia el hondureño a elDiario.es. “Desde que me salió el documento, dos días después me contrataron. Me tuve que mover muy rápido para conseguir el número de la Seguridad Social. Fue un gran esfuerzo, pero todo salió de maravilla”, celebra el joven, que empezó a trabajar hace tres semanas.

Alessia (nombre fictio), peruana, trabajaba de forma esporádica en el sector de la limpieza. Hace unas semanas también firmó su primer contrato de trabajo, en este caso temporal, para ocupar un puesto como recepcionista en una residencia de mayores. “Me da más tranquilidad, tanto económica como emocionalmente. Es un gran avance para mí”, resume la mujer, de 26 años

El Tribunal Supremo argumentó que debe prevalecer el “interés público” de la regularización de personas migrantes para rechazar la suspensión de forma cautelar del real decreto, como pedían los gobiernos del PP de Aragón y la Comunitat Valenciana. En el auto en el que el Supremo decidió que no es necesario en este momento consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los magistrados también sostuvieron que la regularización no puede provocar efectos irreversibles porque son permisos de residencia temporales, entre otras cuestiones.

“En el real decreto impugnado subyace un interés público especialmente cualificado, no solo por perseguir un interés público notorio sino por incidir este interés público directa, íntima y cualificadamente en un sustrato humano que trasciende a la mera consideración económica”, apuntan los magistrados del Supremo en el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El Supremo también apunta que, en caso de suspender la norma de forma cautelar, afectaría a todas las personas solicitantes porque “les determinaría a seguir en la situación de irregularidad administrativa”. Y todo ello pese a que “las situaciones jurídicas creadas al amparo de la norma” no son irreversibles.

Además, los magistrados afirman que no existen evidencias claras de nulidad que justifiquen detener la normativa antes de analizar el fondo del asunto. “Resolver sobre la medida cautelar que se solicita sobre esta base supondría anticipar absolutamente el debate de fondo que se plantea en el recurso en un momento y ámbito procesalmente improcedente”, escriben.

El documento está firmado por los siete magistrados, sin votos discrepantes: Carlos Lesmes, Wenceslao Francisco Olea, Fernando Román, Jose Luis Quesada, Consuelo Uris, Concepción García Vicario y Francisco Javier Pueyo. La decisión conocida el pasado 30 de junio de valorar si se elevaba el asunto a la Justicia europea la adoptaron sólo tres de los siete citados (Lesmes, Olea y Román).

El Tribunal Supremo ha acordado finalmente que no elevará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para que se pronuncie sobre si la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez colisionaba con las normas europeas en materia de inmigración.

El Alto Tribunal explica que “no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal”. Fue el pasado 30 de junio cuando tres magistrados de sensibilidad conservadora de la Sala de lo Contencioso habían acordado en dos providencias preguntar tanto al Gobierno como a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y a distintas asociaciones si era procedente elevar esa cuestión prejudicial para que fuera el TJUE quien valorara si el real decreto del Ejecutivo chocaba con las directivas europeas.

La Sección Quinta de esa Sala recuerda que, tras revisar los recursos de la Generalitat Valenciana y la Comunidad Autónoma de Aragón -ambas presididas por el PP-, ha decidido no adoptar ninguna medida cautelar de las que proponían y que consistían en la suspensión de la ejecución de esa regularización. Los magistrados se remiten a lo que ya decidieron con anterioridad en otras resoluciones. E informan de que esta decisión ha sido adoptada sin que se haya formulado ningún voto particular discrepante.

A finales de mayo, esa misma Sala del Supremo ya rechazó la petición cautelar de la Comunidad de Madrid de suspender la regularización. Entendían los magistrados que no existen pruebas de que los servicios públicos de Madrid pudieran colapsar por la regularización extraordinaria de migrantes. Acordaba así no aceptar las medidas urgentes de paralizar el proceso ya que no había peligro de que la sanidad, la educación o la vivienda pública fueran a entrar en crisis por tener que atender a cientos de miles de personas más. “No puede afirmarse, en este momento, que haya quedado acreditado”, decía el Supremo sobre el principal argumento de la Comunidad de Madrid.

Además, recalcaba ya entonces que la regularización será reversible si es declarada nula en los tribunales. Una respuesta similar recibieron las alegaciones presentadas por Vox pero añadiendo una frase final sobre las consecuencias que tendría para todas esas personas suspender el proceso: “Con todo lo que ello entraña, humana, social y económicamente”.

La decisión del pasado 30 de junio de valorar si se elevaba el asunto al TJUE la adoptaron sólo tres magistrados: Carlos Lesmes, Wenceslao Olea y Fernando Román. Se da la circunstancia de que todos son del ala conservadora y que el último, Román, fue secretario de Estado de Justicia de 2011 a 2014 siendo ministro el 'popular' Alberto Ruiz Gallardón.

Esos tres jueces explicaban que la Unión Europea (UE) aprobó el Pacto de Migración y Asilo (PMAUE) entre abril y mayo de 2024 y que el mismo cristalizó en una serie de normas comprendidas en el Reglamento de la UE que ya están vigentes pero no son aún aplicables. Frente a esa norma europea, indicaban, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó “un proceso de regularización que, por su propia naturaleza, constituye un supuesto de regulación normativa de la obtención de permisos de residencia para extranjeros en situación irregular en España”. Advertían de que esa norma española no es un reconocimiento individualizado sino un régimen general “para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontrasen en España en situación irregular”. Esto les suscitaba la duda de si habría que preguntar a la UE sobre si colisiona con la norma europea.

La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno este 15 de abril de 2026 llegó, por fin, cuando casi se la había dejado de esperar. Al menos, ese ha sido el sentir general de las personas migrantes desregularizadas que viven en chabolas en los campos de invernaderos de Almería. Aquí la tierra fue testigo en el año 2020/2021 de la esperanza y la lucha con la que los habitantes de los poblados de chabolas se autoorganizaron y salieron a las calles de San Isidro de Níjar para pedir mejores condiciones de vida y de trabajo. “Mi vida son mis papeles” es y ha sido siempre el grito más escuchado en un lugar donde gritar alto no es nada fácil.

En ese tiempo, con motivo de la pandemia de la Covid-19, la sociedad española se hizo consciente de manera fulminante de que había trabajos y trabajadores realmente esenciales, de los que no pueden faltar porque sin ellos se desmorona todo el castillo. Curiosamente, trabajos y trabajadores esenciales con unas condiciones laborales indignas e injustas. Las trabajadoras del hogar y los cuidados lo venían peleando desde antes, pero en el 2020/2021 se sumaron a través del reclamo de la 'RegularizaciónYa' los trabajadores del campo, organizando marchas y haciendo asambleas de trabajo en algunos asentamientos clave de la provincia, como el ya derribado por el Ayuntamiento de Níjar, asentamiento de Walili y el combativo asentamiento de Atochares. Sin embargo, “la vuelta a la normalidad” volvió a dejar en segundo plano esta demanda.

Las personas migrantes trabajadoras del campo del mar de plásticos en Almería sostienen la alimentación de varios millones de personas en España y en Europa. Sin ellos no habría en nuestras cocinas ni tomates, ni pepinos, ni pimientos, ni calabacines, ni berenjenas, ni sandías, entre otras frutas y hortalizas. La temporada 2024/2025 se cerró con unas exportaciones de más de 2,5 millones de toneladas y unos ingresos que rondaron los 4 mil millones de euros, un crecimiento elevado, que se espera sea superado en esta campaña 2025/2026. Pero esa riqueza no se ve cuando hablamos de los lugares desde los que se exporta. Sin ir más lejos, El Ejido, el municipio con más tierra invernada de España, es el que menos renta media al año tiene.

Como la Ley de Extranjería en España obliga a permanecer “sin papeles” por lo menos durante dos años para, precisamente, poder obtenerlos, quienes se tienen que ganar la vida para sobrevivir aceptan estos trabajos como condición de posibilidad de su progreso vital

Todos los trabajadores que hay en los invernaderos de Almería son, sin excepción, personas migrantes. En su mayoría originarias del Norte de África, el Sahel o America Latina. Esto se debe a una confluencia de motivos, principalmente, a que se requieren trabajadores muy precarizados para poder sostener una industria terriblemente competitiva y depredadora, una industria donde se ajustan los precios en toda la cadena de producción de forma sangrante y el trabajador, última pieza de ese engranaje, asume el coste de ello en sus carnes.

Los trabajadores migrantes no precarizan ningún trabajo, como afirman los dirigentes de la ultraderecha y la extrema derecha española. Son simplemente el perfil idóneo para cubrir ese hueco necesario en la agroindustria. A diferencia de otros sectores como la hostelería o la construcción, donde también hay precariedad laboral pero se han aumentado las inspecciones laborales, en la agricultura intensiva bajo plásticos aún es habitual tener trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social, trabajadores, por tanto, que pueden estar sin permiso de trabajo, plenamente expuestos a abusos laborales, explotación laboral o incluso trata con fines de explotación laboral.

Como la Ley de Extranjería en España obliga a permanecer “sin papeles” por lo menos durante dos años para, precisamente, poder obtenerlos, quienes se tienen que ganar la vida para sobrevivir aceptan estos trabajos como condición de posibilidad de su progreso vital.

A ello se suma que como el contrato laboral es un requisito necesario para la tramitación del permiso de residencia y trabajo por la vía de los arraigos, los empresarios del campo hacen buen negocio con la desregularización sistémica que establece la Ley de Extranjería, pues venden esos contratos a los trabajadores migrantes a un alto precio (dependiendo del momento pueden rondar entre los 4000 y los 6000 euros), como también se venden los empadronamientos y otros documentos. Digamos, por tanto, que la Ley de Extranjería fomenta per se el negocio ilícito de la falsedad documental y produce también una mano de obra explotable hasta la esclavitud, muy rentable para la economía agrícola en Almería, en Huelva y en otros territorios como Murcia, Jaén o Lleida.

La saturación, en general en la tramitación, ha sido una imagen con la que desde ciertas instancias se ha tratado de desdibujar una lucha por la justicia social que ha hecho historia en nuestro país

La regularización extraordinaria está siendo un paso fundamental, por tanto, para que muchas personas en el campo puedan escapar de esa trampa estructural de las fronteras internas o fronteras burocráticas que las atrapan durante años y las someten vital y económicamente. En el informe Frontera Sur 2025, APDHA constató que en el año 2022 había un déficit de 16.300 trabajadores del campo ocultos en comparación con los datos de altas del INE, calculando por lo bajo. Hoy sabemos que al menos 32.600 personas en la provincia han solicitado regularizar su situación administrativa, de las que estamos seguros que una amplia parte serán personas trabajadoras del campo.

Llegar hasta esa cifra no ha sido una tarea fácil. Esta regularización ha tenido algunos condicionantes, como la obtención de un certificado de vulnerabilidad por parte de entidades públicas o privadas habilitadas para ello, que ha generado gran nerviosismo en los inicios del proceso. Un informe tan exento de contenido como de sentido y significado. Unos plazos de presentación muy limitado que no han llegado ni a los tres meses, dejando fuera del proceso a personas que por su especial vulnerabilidad no han tenido acceso a un abogado ni conocimiento de ninguna entidad colaboradora en la zona. La saturación, en general en la tramitación, ha sido una imagen con la que desde ciertas instancias se ha tratado de desdibujar una lucha por la justicia social que ha hecho historia en nuestro país. Una lucha de la calle, de los movimientos de personas racializadas, que constituye un hito democrático inigualable en nuestro presente contra la deriva fascista de la Europa que no sabe quién es porque no se acuerda de su historia.

El viernes acabó una etapa, o quizá comenzó. Da igual: por fuerza, cuando acaba un periodo debe comenzar otro, porque la historia no acaba nunca, mal que le pese a Fukuyama.

Lo que quiero decir es que al pactar Juanma Moreno con Vox en Andalucía, al PP moderado se le cae la venda de los ojos. Los democristianos, liberales o conservadores tradicionales que quedaran en el PP ya no pueden fingir que su partido está sumido en el “ser o no ser”. Ha decidido que será lo que le exija la ultraderecha.

Los bandazos de Feijóo se revelan ahora como cuestión de carácter, no de ideas. No hace ni un año, en su congreso nacional, el líder popular se descolgó diciendo que quería gobernar solo. Engañó un rato más.

Ya no hay dudas: se plegará a las exigencias de Vox cuando lo necesite. Si lo ha hecho el barón más moderado del PP, no cabe llamarse a engaño. Ningún politólogo riguroso puede seguir sosteniendo que hemos de permanecer atentos a cómo evolucionan las dos almas del PP. Una de esas almas ha llegado al infierno por la vía rápida. Y arde. Por eso decía que la política española inaugura una etapa inédita.

La anterior entrada de Vox en los gobiernos autonómicos se produjo por inercia: ocuparon puestos de menor relevancia y escasa dotación económica. Luego vino el freno y la rectificación. Ahora es estrategia. Por primera vez en 50 años de democracia, el PP está ensayando cómo dar de comer a una fiera sin que se los coma a ellos. Mientras, la ultraderecha ensaya su rol como partido institucional o, dicho de otro modo: cómo devora al Estado desde dentro. Saben dónde pisan. Están coordinados con la ultraderecha global, desde Milei a Trump.

La prioridad nacional está presente en el acuerdo andaluz. Se daba por supuesta. Y era el concepto que todos estábamos mirando. Pero empiezo a pensar que todo este tiempo se ha tratado de un señuelo. Al fin y al cabo, hay numerosas salvaguardas en las leyes nacionales y europeas.

A su vez, cuando todos dirigimos la vista al mismo lugar me pregunto qué queda en la penumbra. Y así he reparado en que en el flamante gobierno andaluz, Manuel Gavira será vicepresidente de Turismo, Justicia, Administración Local y…. Desregulación. La primera vez que la ultraderecha tiene ocasión de convertir la ideología en nomenclatura administrativa, ha elegido la desregulación.

En rigor, no es la primera vez. La coincidencia es absoluta en las cuatro comunidades autónomas. En Extremadura, Vox gobierna sobre los Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería, Medio Natural y… Desregulación. En Castilla y León, Vox ha obtenido las consejerías de Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural, Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte y… Desregulación. En Aragón, Vox dirige Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería y Alimentación; Medio Ambiente, Turismo y… Desregulación.

Esto es un invento, ni que decir tiene. La obsesión procede de la Argentina de Javier Milei, que inventó el Ministerio de la Desregulación y Transformación del Estado. Algunas de las medidas estrella de esa política se aprobaron en un decreto de urgencia que derogó de golpe unas 300 leyes y abrió la puerta a la privatización masiva de empresas públicas. Además, eliminó legislación de alquileres, controles de precios, regímenes de importación, limitaciones al transporte vial... Ha desregulado tanto que se sospecha que algunas medidas están fomentando la tenencia de armas y estimulando la trata de personas (bien mirado, prohibir la esclavitud no fue sino un repugnante abuso de la regulación).

La desregulación es la ideología que late también tras el DOGE, el departamento de recortes que dirigió Elon Musk cuando su estrella brillaba en la administración Trump. Entre otros hitos democráticos, burló las competencias presupuestarias del Congreso de EEUU. Su legado incluye el desmantelamiento de USAID, la agencia de cooperación internacional de EEUU. El congresista Ro Khanna estima que esa decisión condena a la muerte a millones de niños y niñas en todo el mundo.

Hay que estar muy atentos, porque chirría. La lógica más elemental nos dice que Cultura, Turismo, Agricultura, etc, son áreas. Desregulación es una política. Y el PP se la ha entregado a Vox entera en cuatro comunidades autónomas, o sea, para unos 13 millones de personas.

Desregular significa tomar decisiones sobre qué debe gestionar el Estado y qué no; qué empresas públicas se privatizan; qué protección merecen los menores (y también las mujeres, y los gays y los mayores…); quién puede poseer armas; qué mercado de alquiler queremos… Todo. Entregar desregulación equivale a dejar que Vox decida la perspectiva administrativa desde la cual se hace política. Significa entregar a Vox la motosierra. Y dejarles entrar con ella hasta la cocina.

La regularización extraordinaria se ha adentrado en una nueva fase esta semana. De los casi 1,2 millones de peticiones, la Administración ha admitido más de 609.000 y ha respondido de manera favorable a cerca de 11.000. A medida que el Ejecutivo acelere el envío de resoluciones, como se ha comprometido, y cada vez más personas reciban el sí definitivo, todas ellas tendrán que acudir a una ventanilla que es clave para finiquitar su regularización: las comisarías de extranjería, con el objetivo de obtener su tarjeta física identificativa (TIE). Un paso que, de no cambiar el actual funcionamiento del sistema, no será fácil.

El trámite de la toma de huellas en comisaría, imprescindible para que la Policía Nacional emita el documento de identidad de los extranjeros regularizados, ya está empezando a dar problemas y corre el riesgo de convertirse en el próximo cuello de botella del proceso, según han denunciado ONG y sindicatos a elDiario.es. La causa no es nueva, el problema lleva años diagnosticado y sus efectos angustian a cientos de miles de ciudadanos en cada gestión mucho antes de la regularización extraordinaria: la falta de citas para los trámites de extranjería. Desde hace más de una década, pero especialmente tras la pandemia, conseguir una cita en comisaría para realizar gestiones específicas de la población inmigrante se ha convertido en un proceso exasperante, marcado por horas de intentos fallidos para lograr un turno. Una situación de la que se aprovechan grupos organizados que tratan de hacer negocio del fallo del sistema, a través de la venta de citas, lo que a su vez agrava aún más el problema.

“El Gobierno anunció que iban a tardar 15 días en responder sobre la admisión a trámite de las solicitudes y no ha sido así. Tenemos muchos expedientes que llevan esperando respuesta desde el inicio del plazo. Cuando contesten todo ese stock, no va a haber citas suficientes en extranjería para la toma de huellas. Si nunca las hay, si ahora mismo no hay para los trámites habituales, qué pasará cuando cientos de miles de personas lo necesiten casi de golpe”, dice con preocupación Victoria Columba, una de las portavoces del movimiento Regularización YA. El Gobierno defiende que trabajan de manera coordinada para solucionar los previsibles atascos.

Maira acaba de recibir las resoluciones favorables del proceso sus dos hijas, de 7 y 14 años. Las niñas son parte de las cerca de 11.000 personas a las que el Gobierno ha dado la luz verde definitiva para la regularización, lo que se traduce en la concesión de un permiso de residencia de cinco años, más largo que el permiso otorgado a los adultos. Pero su proceso no acaba aquí. Para consolidar ese derecho, la colombiana debe acompañar a sus niñas a comisaría con el objetivo de registrar sus huellas y solicitar sus tarjetas identificativas. Y para eso necesita una cita.

“Tengo alivio porque sé que mis hijas ya están. Tienen una residencia, están completamente regulares... Pero ahora tengo otro dolor de cabeza: pensar en sacar la cita”, explica la mujer, que llegó a Madrid con su familia en febrero de 2023. “Recibí la resolución y de una vez empecé a mirar si podía sacar citas. Y no. Es que no hay citas por ningún lado”, lamenta la colombiana.

La arbitrariedad del sistema para acceder a una cita de manera electrónica, la falta de recursos suficientes en las comisarías y la venta ilegal de turnos obliga a miles de inmigrantes a pasar días delante del ordenador en su intento de encontrar un hueco disponible. Muchos dedican horas durante la madrugada, porque el boca a boca dice que es uno de los momentos donde la Policía vuelca nuevos turnos en la plataforma. Se trata de un problema que, pese a las constantes denuncias y la publicación de numerosas informaciones al respecto, ni el Ministerio del Interior y ni las Delegaciones del Gobierno han atendido lo suficiente.

A su vez, la situación ha generado un nicho de mercado entre particulares, locutorios, abogados y gestorías que ofrecen citas a través de plataformas como Wallapop, Mil Anuncios o Facebook. Los precios oscilan entre los 30 y los 200 euros, dependiendo del servicio y del tipo de anunciante. Los grupos organizados suelen utilizar bots para comprar los turnos de manera masiva, que luego venden de manera ilegal por Internet, lo que obstaculiza aún más el acceso a una cita sin pagar a cambio.

Y este es el panorama que se encontrarán, de no tomar medidas suficientes, los cientos de miles de personas que se prevé que recibirán una resolución favorable de la regularización en los próximos meses o incluso semanas, en función del ritmo de respuesta, que el Gobierno defiende que se incrementará tras el cierre del plazo. El movimiento impulsor del proceso, Regularización YA, advierte de que el avance del proceso aumentará la demanda de estos “servicios” irregulares de venta de citas.

La maratón de pedir una cita

La inquietud de Maira viene de su propia experiencia: ella ya atravesó la carrera de obstáculos necesaria hasta plasmar sus huellas en comisaría. La colombiana obtuvo un permiso por arraigo por la vía habitual el pasado mes de marzo y, después de sentarse frente al ordenador cada día durante distintas horas para tratar de encontrar un hueco disponible en toda la Comunidad de Madrid, logró un turno disponible. Describe con detalle el momento en que lo logró: era un lunes a las siete de la mañana. Hizo la gestión casi automática, como cada día, pero esa vez aparecía un hueco disponible. “Ingresé y había una cita para el 14 de julio, meses después. Me tocó lejísimos, en Coslada, pero hay que agarrar lo que sea. Normalmente, solo tenemos 5 o 7 minutos para rellenar todos los datos que pide y tomar la cita porque, si no, se la asignan a otro”, detalla la colombiana para describir el complejo proceso. “Y todo esto fue entrando a todas horas, todos los días. Revisar y encontrar siempre el mismo mensaje de 'No hay citas disponibles'.

A diez días para finiquitar su propio proceso, Maira arranca una nueva maratón para conseguir culminar el de sus hijas. “Tenemos miedo de que ahora nos pase lo mismo. Deseamos que las resoluciones que lleguen de ahora en adelante, ojalá lo puedan aprobar, lleguen de una vez, directamente con una cita para huellas, porque es muy complicado”, añade.

Ante la previsible escasez de citas y las trabas denunciadas por las ONG, la secretaria de Estado Migraciones, Pilar Cancela, ha defendido que el Ministerio de Inclusión —responsable del procedimiento de regularización— está trabajando en coordinación con el de Interior —competente en la emisión de las tarjetas identificativas— para “garantizar que las personas accedan a la siguiente fase del procedimiento”. Desde los equipos de la cartera dirigida por Elma Saiz reconocen el problema histórico en relación con las citas de extranjería y confían en que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska tome las medidas necesarias para acelerar la emisión de documentos que exige el pico de demanda ligado a la regularización.

Primeras medidas de Interior

El día posterior al cierre del plazo para acogerse a la regularización, Interior dio un primer paso para flexibilizar los requisitos exigidos para la obtención de la tarjeta identificativa del extranjero en el caso de los beneficiarios de la regularización. Además de la falta de citas, otro de los asuntos que inquietaban a los solicitantes y las ONG que les acompañan era la obligación de presentar el certificado de empadronamiento y un pasaporte en vigor. Estas condiciones de la Policía Nacional chocaban con uno de los aspectos que caracterizaron al procedimiento extraordinario: la relajación de los trámites que normalmente se piden en estos procesos y que suelen ser un obstáculo para muchas personas migrantes irregulares. Algunas de estas era, precisamente, el empadronamiento, debido a las trabas con las que se chocan para registrarse en el padrón; o la exigencia de presentar un documento en vigor, ante la dificultad para renovar sus pasaportes para los nacionales de determinados países.

Tras meses de peticiones por parte del Movimiento Regularización Ya y otras organizaciones, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó este miércoles una instrucción que fija los criterios necesarios para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) a los beneficiarios de la regularización. En teoría, la orden interna flexibiliza los requisitos más problemáticos.

Según fuentes de Interior, las personas acogidas a la regularización “deberán acreditar su identidad mediante la presentación del pasaporte en vigor”, pero en caso de carecer de él “también se podrá aportar un pasaporte caducado, siempre que se acompañe de documentación acreditativa de la solicitud de renovación, como justificantes de cita consular, correos del consulado o resguardos de solicitud”. Este medio ha pedido al Ministerio el texto literal de la instrucción, para confirmar el margen de interpretación de la directriz -pues es habitual que cada comisaría de extranjería funcione de forma distinta en función de la provincia o en función de cada agente de turno-, pero la respuesta ha sido negativa al tratarse de un documento interno.

Para quienes obtengan la respuesta favorable en el procedimiento extraordinario, la Policía Nacional tampoco exigirá el empadronamiento en todos los casos, aunque sí en algunos. “El domicilio que figurará en la TIE será el aportado por la persona extranjera en el momento de la solicitud de regularización, el mismo que consta en la autorización de residencia”, explican las mismas fuentes. “Solo en el caso de que en el impreso de solicitud de la TIE se consigne un domicilio diferente, este será recabado electrónicamente por la Administración o se corroborará mediante la aportación del certificado o volante de empadronamiento del ayuntamiento, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la tramitación de la TIE”, añaden desde Interior sobre el contenido de la instrucción interna.

El “plan de choque” de Policía Nacional

La Dirección General de la Policía Nacional activó lo que describen como un “plan de choque” para responder al incremento a la demanda de trámites ligados a la regularización. Sin embargo, ese incremento de la necesidad de citas de extranjería en los próximos meses se produce en un momento en que los problemas para conseguir un turno ya son habituales y exasperan a los inmigrantes que gestionan sus papeles por la vía ordinaria.

El plan consiste en pagar más cada hora extra a los agentes que se ofrezcan voluntarios para atender los trámites ligados a la regularización, según un documento de la Policía de la Subdirección General de Logística e Innovación de la Policía Nacional al que ha accedido Europa Press. “El objetivo del plan es dar respuesta al incremento de la demanda asumida en las Unidades de Documentación como consecuencia del proceso extraordinario de regularización”, indica el escrito. En este sentido, los policías obtendrán 25 euros por cada hora extra “que se vean afectadas por la sobrecarga administrativa derivable del proceso en cualquiera de sus puestos de expedición, tanto de Tarjetas de Identidad de Extranjero, como DNI o Pasaporte”.

El sindicato policial CEP ha criticado que no se hayan reforzado las plantillas, que únicamente se haya optado por pagar horas extra. “Empieza la fase que más tiempo va a prolongarse y la que mayor esfuerzo va a exigir a la Policía Nacional”, indica un comunicado.

Maira obtuvo su permiso de residencia por arraigo en marzo de este año, pero aún no ha logrado tener en sus manos la tarjeta identificativa ante el bloqueo de citas en comisarías de extranjería. Aunque su permiso es válido sin este documento, la falta de un documento válido obstaculiza la inclusión de los inmigrantes. Por ejemplo, aunque es posible, algunas empresas rechazan a quienes no cuentan con él. La falta de esta tarjeta complica la apertura de una cuenta bancaria, la petición de becas de estudios o la emisión de certificados oficiales de formaciones profesionales, etc. “No tiene sentido que nos aprueben una residencia y lograr una cita para huellas casi cuando vamos a tener que renovar el permiso”, resume.

Les alarmes de Mohamed Alami Battahi van començar a sonar amb molta força el matí de primavera en què va veure que la cua de l'oficina d'atenció ciutadana arribava fins a la porta del seu despatx. Dos-cents metres plens d'històries que li resultaven massa familiars per romandre indiferent. Pere Garau bullia. En un dels barris més multiètnics de Palma, gairebé qualsevol podia sentir-se interpel·lat per la regularització que acabava de decretar el Govern d'Espanya.

Aquest procés extraordinari ha concentrat en tot just dos mesos la feina que l'advocat Alami pensava desenvolupar al llarg, potser, del seu primer any com a professional liberal. Va obrir el despatx al gener i el tsunami va arribar a finals d'abril. Diverses desenes de les 15.000 sol·licituds de residència que s'han tramitat a les Illes Balears han passat per les mans d'aquest jove mallorquí –de la quinta del 99– amb avis a la medina imperial de Fes. Prefereix no revelar les seves tarifes, però reconeix que són més econòmiques que les d'altres gestories. El tema li toca molt de prop. Quan tenia cinc anys, el seu pare va ser contractat per donar forma als interiors d'una mansió que s'estava construint a Artà. Un cop acabada la feina, aquell mestre d'obres va decidir quedar-se en aquest poble del nord-est de l'illa i reagrupar-hi la família. En Simo –el diminutiu amb què el coneixen a casa– va aterrar a l'aeroport de Son Sant Joan amb l'edat justa per començar l'escola. A l'escola pública Na Caragol va aprendre a parlar català, la mateixa llengua en què confessa:

–A més d'advocat, al cap i a la fi, jo també som un immigrant. Mai no he sentit què és estar en situació irregular, però he conegut gent que, uf, tenia por de sortir al carrer. A Son Gotleu, cada dos per tres, hi havia batudes per demanar la documentació. Estàs prenent un cafè després de nou hores a l'obra i et demanen el carnet perquè només per la teva cara saben si ets regular o irregular. Ara s'han calmat una mica, però fa uns anys era horrible...

Estàs prenent un cafè després de nou hores a l'obra i et demanen el carnet perquè només per la teva cara saben si ets regular o irregular. Ara s'han calmat una mica, però fa uns anys era horrible

Mohamed Alami Battahi — Advocat

El cartell de ‘tancat’

És dimarts, 30 de juny de 2026. Passades les onze del matí, a l'advocat Alami li costa acabar les frases. Encara que el despatx sigui tancat, cada dos, tres o cinc minuts com a màxim apareix algú amb ganes d'obrir-lo. Normalment, hòmens magribins de mitjana edat. L'advocat treu la clau i, amb la porta mig oberta, xiuxiueja una excusa. Una excusa que no admet rèplica: l'“avui ja no fem feina” va rematat amb un “yallah”, un “vamos” i un “d'accord”. Àrab, castellà i francès perquè no hi hagi cap dubte que la sort de la regularització ja està tirada.

La majoria són clients que esperen amb ànsia una resposta. Amb la documentació en mans de l'Administració, ara a l'advocat Alami li toca esperar i descansar. Més d'una vegada li han tocat les quatre de la matinada davant l'ordinador mentre intentava certificar que les proves que li havien lliurat els seus clients eren verídiques. Tanmateix, ahir vespre va caure rendit abans que el Marroc esclafàs els Països Baixos als setzens de final del Mundial de futbol: “Després me'l posaré a la televisió del despatx... si em deixen”. Alami deixa el comandament a distància amb què remenava els menús buscant el partit en diferit, fa una ganyota i camina cap a la porta. Algú el torna a reclamar. Deixant anar una riallada, diu:

–Fatouch, i si comprem un cartell que hi posi tancat?

Més marroquins que alemanys

A Mallorca hi viuen més marroquins que alemanys. Molts es van establir a Manacor. En aquest poble gran –o ciutat petita– ja hi ha una segona –i una tercera– generació d'una comunitat molt més complexa i diversa del que sembla. Hi ha àrabs i amazics. Alguns tenen, fins i tot, gotes de sang gnawa (subsahariana) o jueva (dels sefardites que es van refugiar al nord d'Àfrica després de l'expulsió dels Reis Catòlics) a les venes.

Tots, tanmateix, són fills i nets d'una mateixa diàspora. Fatouch El Abdaoui n'és una. Aquesta dona va néixer fa vint anys a l'hospital públic que atén els mallorquins que viuen a la comarca de Llevant (i els turistes que la visiten). Després vendrien, sense sortir de casa, l'escola, l'institut i un grau superior d'Administració i Finances que ha acabat. El 16 de juny es va graduar i l'endemà mateix ja recorria els tres quarts d'hora de carretera que separen Manacor de Palma per convertir-se en l'ajudant de l'advocat Alami. A la recta final de la regularització, va aprendre de pressa com s’havia d’afrontar cada cas:

–El més important és empatitzar amb la persona que ve al despatx. Aquí hem rebut gent molt desesperada, que arriba molt trista i, és clar, molt angoixada. Per això preferim dir-los la veritat, encara que els sàpiga greu. Si no són capaços de reunir totes les proves que exigeix el procés, difícilment els donaran la documentació. Però jo els entenc; encara que jo tampoc no les pogués reunir, davant una oportunitat així m'hi llançaria de cap i resaria perquè me'ls concedissin.

Fatouch descriu amb molta eloqüència –i força gràcia– el sentiment de qui no és ni d'aquí ni d'allà. Té cosines a França, a Bèlgica, als Països Baixos i a Alemanya. Les reunions familiars, al voltant d'uns tajins ben carregats de carn, peix o verdures, són una autèntica torre de Babel. En un racó es parla en francès; en un altre, en alemany. Entremig s'hi cola el castellà. I, si hi ha dubtes, sempre tenen la dàrija, l'àrab que es parla al Marroc.

–És la llengua que fem servir al despatx perquè en Simo parla l'àrab de Fes, que a noltros ens sona molt fi, i el meu, en canvi, a ell li sembla molt dur, molt aspre. Amb la meva família encara podria ser més divertit –riu na Fatouch–, perquè venim d'un llogaret envoltat de pobles on es parla rifeny; per això també l'entenem, tot i que no el parlem.

El llinatge El Abdaoui prové de la província de Driouch, prop de Nador. Una zona castigada per les guerres colonials contra espanyols i francesos fa un segle, i per la marginació i la repressió de la monarquia alauita en èpoques més recents. L'esperit rebel i independentista dels germans Abd el-Krim no s'ha extingit del tot al Rif, una terra on el futur és difícil.

–Per què hi ha tants rifenys a l'estranger? –es demana na Fatouch–. Allà, encara que estudiïs una carrera, depens de la sort, i és difícil tenir-ne. Aquí, si t'hi esforces, te'n surts. En la nostra generació, la mentalitat de les dones ja no és casar-me i, en deu anys, tenir set fills que caldrà mantenir. Gairebé totes les dones de la meva família han estudiat una carrera: Dret, Periodisme, Història de l'Art... Potser per això, al Marroc em sento europea i, a Europa, marroquina.

Per què hi ha tants rifenys a l'estranger? Allà, encara que estudiïs una carrera, depens de la sort, i és difícil tenir-ne. Aquí, si t'hi esforces, te'n surts. En la nostra generació, la mentalitat de les dones ja no és "em cas i, en deu anys, tenc set fills que hauré de mantenir". Gairebé totes les dones de la meva família han estudiat una carrera: Dret, Periodisme, Història de l'Art... Potser per això, al Marroc em sento europea i, a Europa, marroquina

Fatouch El Abdaoui — Ajudant de l'advocat

Química entre l'Amèrica Llatina i el Magrib

Un “amic veneçolà” va parlar a na Giselle Lor del despatx de l'advocat Alami. Com que aquesta dona equatoriana vivia “a tres illes de cases”, va aconseguir una cita i hi va anar per explicar la seva situació. Feia un any i mig que estava empadronada a Palma, on ja vivia una germana seva; tenia una filla i un fill escolaritzats, i volia regularitzar la seva situació legal per poder signar un contracte de feina en condicions. I hi va haver química. “N'estic molt contenta. Hi vaig veure professionalitat, no interès econòmic. No em va demanar diners per avançat ni res; ‘quan ja tenguis la documentació presentada, ja em pagaràs’”, em va dir. “Tenc molts clients equatorians i colombians: és molt fàcil treballar amb ells. Solen ser persones tranquil·les i confien molt en tu. Tot depèn de com sigui de fàcil demostrar que ja vivien aquí abans de l'1 de gener i d'aconseguir certificats d'antecedents penals que siguin vàlids. Amb ella ha estat senzill”, li respon ell.

Ara, na Giselle és una de les 360.000 persones –una mica més d'una quarta part del total de sol·licitants– que ja saben que la seva sol·licitud està en tramitació. Encara que no sigui una victòria definitiva, la seva vida ha fet un tomb de cent vuitanta graus.

–Llavors, ja has començat a fer feina? –li demana l'advocat Alami.

–Estic fent un curs d'ungles i, mentre el faig, treballo a l'hostaleria. Just fa vuit dies que faig net un hotel de cinc estrelles.

–Saps que jo vaig començar fent de grum? Mentre estudiava Dret a la Universitat de les Illes Balears, treballava els estius en un agroturisme.

–Jo començ des de baix i, en el futur, vull ser governanta, però primer he de ser exemplar. Entendre com s'ha de fer bé la feina, quins productes de neteja he d'utilitzar en cada cas i com s'han de deixar les habitacions.

–Has parlat amb la teva família de l'Equador per dir-los que han admès a tràmit la sol·licitud?

–La meva mare estava molt contenta, tot i que sap que encara hem d'esperar la resolució definitiva. Tan aviat com la tingui, esper poder viatjar. Per això mateix vaig buscar feina als hotels. Quan s'acaba l'estiu et donen uns dies de vacances i també la liquidació, perquè puguis mantenir-te.

–I els teus fills, com porten això de ser mallorquins?

–Com que em tenen a mi aquí i també la seva tia, no ho troben gaire a faltar. Hauria estat diferent si haguessin arribat adolescents, perquè els adolescents ja entenen moltes més coses. Ells encara són petits, tenen set i deu anys, obliden de pressa i estan contents a l'escola. Tenen companys espanyols, llatinoamericans i xinesos. Ara es troben una nina o un nin i, al cap d'un minut, ja són amics.

La Giselle sí que troba a faltar els encocados o els ceviches que es mengen a Manta, el port del Pacífic d'on és originària. Però l'enyorança té un límit, i aquest límit el marca l'estat del benestar. Uns drets que, segons ella, “aquí” (Espanya) estan molt més consolidats que “allà” (l'Equador). “El que més m'agrada d'aquí és la seguretat: cadascú té el seu espai i no es fica en la vida de ningú. Allà no pots estar tranquil pel carrer” o “aquí no t'has d'endeutar per poder curar-te; allà has d'escollir entre la medicina o el menjar: aquestes circumstàncies fan baixar l'economia i la gent és capaç de matar per 50 o 100 euros” són algunes de les frases que diu na Giselle abans de marxar del despatx de l'advocat Alami. Ha tornat, senzillament, per donar-li les gràcies una altra vegada.

La Giselle és una de les clientes de l'advocat Alami. Ha passat pel despatx només per donar-li les gràcies una altra vegada. “El que més m'agrada d'aquí és la seguretat: cadascú té el seu espai i no es fica en la vida de ningú. Allà no pots estar tranquil pel carrer”, comenta l'equatoriana

Una persona, dos identitats

Entre la fotografia de la seva graduació i l'orla de la seva promoció universitària, l'advocat Alami ha col·locat dues banderetes a la prestatgeria del seu despatx. Són petites, de la mida de les que onegen damunt les taules de les cimeres internacionals. En una hi ha l'estrella de Salomó, cinc puntes verdes sobre fons vermell. En l'altra, els lleons, les columnes, el Plus Ultra, una corona i una flor de lis, i a sota el castell, el lleó, la quatribarrada i les cadenes navarreses. El Marroc i Espanya, les dos identitats d'un professional del Dret que, fa tot just un any, va decidir transformar la seva carrera de manera radical. L'advocat Alami vivia a Madrid i treballava per a una companyia internacional d'aviació privada. Feia una feina d'alt nivell que, tanmateix, no l'omplia. Quan va saber que no podria teletreballar durant els mesos d'estiu des de Mallorca, ho va passar malament. Per sortir de la depressió i sentir-se útil, va decidir tornar a l'illa amb tota l'experiència adquirida. Llavors va fundar un despatx per assessorar –jurídicament i administrativament– particulars, autònoms i empreses.

Pensava que aquesta seria la seva activitat principal, fins que al compte d'Instagram del despatx va haver d'escriure –en castellà i en àrab– el missatge següent: “S'ha anunciat una nova regulació que obrirà pròximament la possibilitat de regularitzar la situació a Espanya per a determinats perfils. Analitzam la teva situació i et preparam amb antelació perquè, quan el procediment estigui operatiu, puguis iniciar l'expedient sense retards. Contacta amb noltros i estudiarem el teu cas”. En un dels comentaris d'aquella publicació, va respondre amb elegància a una persona que l'acusava d'“ajudar” el PSOE a aconseguir “votants”: “La nostra funció és assessorar d'acord amb la normativa vigent. Les valoracions polítiques queden fora del nostre àmbit. Una salutació!”

–La regularització extraordinària s'ha fet de manera lògica?

–La realitat de Barcelona o de Madrid no la conec de primera mà; sé coses pels companys que hi tenc, però no les he viscudes. A Mallorca crec que hem estat afortunats i a les administracions públiques se'ls ha de dir “bravo”. És normal que, al principi, a les oficines d'atenció ciutadana no tinguessin clar què havien de fer, perquè tots ens vam assabentar pel BOE que, en molts casos, calia demanar un informe de vulnerabilitat. Però després han treballat molt, ràpid i bé. Igual que la Policia Nacional. Un deu per a ells.

–Per què genera tanta por que es donin papers a centenars de milers de persones que ja viuen a Espanya?

–Ens fixem molt en Donald Trump i en l'ICE, però aquí a Europa, a Bèlgica, per exemple, aproven expedients d'expulsió en només una setmana. En canvi, Espanya és molt més garantista. Si presentes una sol·licitud i te la deneguen, potser, a la llarga, t'estàs posant en un problema. Em fa gràcia que es vengui –o que alguns pens–in que els papers els regalen perquè sí. El procés és molt estricte i, almenys aquí, hem hagut de dir a diverses persones que no les podíem representar perquè no complien els requisits. Fins i tot a gent de qui ens refiàvem, però que, per mala sort, no tenia un certificat d'empadronament que demostrés el temps que feia que vivia aquí. El meu consell és molt clar: igual que s'ha aprovat un decret per regularitzar, també se'n pot aprovar un per expulsar.

Ens fixam molt en Donald Trump i en l'ICE, però aquí a Europa, a Bèlgica, per exemple, aproven expedients d'expulsió en només una setmana. En canvi, Espanya és molt més garantista

Mohamed Alami Battahi — Advocat

–Té recorregut la maniobra del Tribunal Suprem per frenar la regularització a la Unió Europea?

–S'escapa dels meus coneixements, però crec que és una estratègia encoberta per frenar una realitat que no podem negar. Ens agradi més o menys, a Europa fa falta molta mà d'obra i un bon nombre de les persones que han sol·licitat la residència ja estan treballant. En negre, evidentment, una realitat que a Mallorca no és gens difícil de veure (i que a determinats empresaris els va d'allò més bé).

Ens agradi més o menys, a Europa fa falta molta mà d'obra i un bon nombre de les persones que han sol·licitat la residència ja estan treballant. En negre, evidentment, una realitat que a Mallorca no és gens difícil de veure (i que a determinats empresaris els va d'allò més bé)

Mohamed Alami Battahi — Advocat

–Quan es parla d'integració, quina importància té l'habitatge?

–És fonamental, perquè la integració necessita temps, i el temps te'l dona el lloc on vius. Amb un contracte i una nòmina de 1.500 o 1.600 euros ho tendran una mica més fàcil per accedir a un habitatge digne (encara que ja sabem quins són els preus de Mallorca). Sempre defensaré que els qui venim de fora som els qui ens hem d'integrar en la cultura del lloc que ens acull, però, alhora, com que tots som descendents d'immigrants, la mescla és inevitable.

–Això mateix ha passat entre els espanyols d'arreu que van venir a viure a una illa turística com Mallorca.

Sempre defensaré que els que venim de fora som els que ens hem d'integrar amb la cultura del lloc que ens rep, però, alhora, com que tots som descendents d'immigrants, la barreja és inevitable

Mohamed Alami Battahi — Advocat

–Et posaré un exemple molt senzill, però que ho explica bé. Vaig tenir una nòvia d'Artà durant cinc anys: es va convertir en una cosa ben normal que els divendres ella vengués a ca meva a menjar cuscús i que els diumenges jo anàs a ca seva a menjar paella.

En aquell moment tornen a trucar a la porta i, aquesta vegada, l'advocat Alami sí que s'aixeca a obrir amb un somriure als llavis. És un amic que ha vingut a veure'l.

–De Son Gotleu, farmacèutic i, com noltros, marroquí.

Las alarmas de Mohamed Alami Battahi empezaron a sonar con mucha fuerza la mañana de primavera en la que vio que la cola de la oficina de atención ciudadana llegaba hasta la puerta de su despacho. Doscientos metros repletos de historias que le resultaban demasiado familiares como para permanecer indiferente. Pere Garau bullía. En uno de los barrios más multiétnicos de Palma, casi cualquiera podía sentirse interpelado por la regularización que acababa de decretar el Gobierno de España.

Ese proceso extraordinario ha concentrado en apenas dos meses el trabajo que el abogado Alami pensaba desarrollar a lo largo, quizás, de su primer año como profesional liberal. Abrió la oficina en enero y el tsunami llegó a finales de abril. Varias decenas de las 15.000 solicitudes de residencia que se han tramitado en las Illes Balears han pasado por las manos de este joven mallorquín —de la quinta del 99— con abuelos en la medina imperial de Fez. Sus tarifas prefiere no desvelarlas, pero reconoce que son más baratas que en otras gestorías. El tema le toca muy de cerca. Cuando él tenía cinco años, a su padre lo contrataron para darle forma a los interiores de una mansión que se construía en Artà. Completado el encargo, aquel maestro de obra decidió quedarse en este pueblo del noreste de la isla y reunificar a la familia. Simo —el diminutivo por el que conocen en su casa al abogado Alami— aterrizó en el aeropuerto de Son Sant Joan con edad para empezar la escuela. En el colegio público Na Caragol aprendió a hablar catalán, la misma lengua en la que confiesa:

–Además de abogado, yo, al final, también soy un inmigrante. Nunca he sentido lo que es estar de forma irregular, pero he tenido gente que, uf, tenía miedo de salir a la calle. En Son Gotleu, cada equis, había redadas para pedir documentación. Estás tomando un café después de nueve horas en la obra y te piden el carné porque solo por tu cara saben si eres regular o irregular. Ahora se han calmado un poco, pero hace unos años era horrible…

Estás tomando un café después de nueve horas en la obra y te piden el carné porque sólo por tu cara saben si eres regular o irregular. Ahora se han calmado un poco, pero hace unos años era horrible

Mohamed Alami Battahi — Abogado

El cartel de cerrado

Es martes, 30 de junio de 2026. Pasadas las once de la mañana, al abogado Alami le cuesta terminar las frases. Aunque el despacho esté cerrado, cada dos, tres, cinco minutos como máximo, aparece alguien con ganas de abrirla. Normalmente, hombres magrebíes de mediana edad. El abogado quita la llave y, con la puerta entreabierta, susurra una excusa. Que no admite réplica: el “hoy ya no trabajamos” va rematado de un “yallah” y un “vamos” y un “d’accord”. Árabe, castellano y francés para que no quepa duda de que la suerte de la regularización ya está echada.

La mayoría son clientes que esperan con ansia una respuesta. Con los documentos en manos de la Administración, al abogado Alami ahora le toca esperar y descansar. Más de una vez le dieron las cuatro de la madrugada delante del ordenador mientras trataba de certificar que las pruebas que le habían entregado sus clientes eran verídicas. Sin embargo, anoche cayó rendido antes de que Marruecos machacara a los Países Bajos en los dieciseisavos de final del Mundial de fútbol: “Luego me lo pondré en la tele del despacho... si me dejan”. Alami suelta el mando a distancia con el que trasteaba por un menú en busca del partido en diferido, pone una mueca y camina hacia la puerta. Alguien vuelve a reclamarlo. Soltando una carcajada, dice:

–Fatouch, ¿y si compramos un cartel que ponga cerrado?

Más marroquíes que alemanes

En Mallorca viven más marroquíes que alemanes. Muchos se establecieron en Manacor. En este pueblo grande –o ciudad pequeña– ya existe una segunda —y una tercera— generación de una comunidad mucho más compleja y diversa de lo que parece. Hay árabes y bereberes. Algunos tienen, incluso, gotas de sangre gnawa (subsahariana) o judía (de los sefardíes que se refugiaron en el norte de África tras la expulsión católica) en las venas.

Todos, sin embargo, son hijos y nietos de la misma diáspora. Fatouch El Abdaoui es una de ellas. Esta mujer nació hace veinte años en el hospital público que atiende a los mallorquines que viven en la comarca de Llevant (y a los turistas que la visitan). Luego vendrían, sin salir de casa, el colegio y el instituto, y un grado superior de Administración y Finanzas que acaba de terminar. El 16 de junio se graduó y al día siguiente ya recorría los tres cuartos de hora de carretera que separan Manacor de Palma para convertirse en la ayudante del abogado Alami. En la recta final de la regularización, aprendió rápido cómo había que afrontar cada caso:

–Lo importante es empatizar con la persona que viene al despacho. Aquí hemos recibido a gente muy desesperada, que viene muy triste y, por supuesto, agobiada. Por eso, preferimos decirles la verdad, aunque les siente mal. Si no son capaces de reunir todas las pruebas que exige el proceso, difícilmente les van a dar la documentación. Pero yo les entiendo, aunque yo no las pudiera reunir, ante una oportunidad así me metería de sopetón y rezaría para que me las dieran.

Fatouch describe con elocuencia —y bastante gracia— el sentimiento de quien no es ni de aquí ni de allí. Tiene primas en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Alemania. Las reuniones familiares, en torno a unos tajines bien cargados de carne, pescado o verduras, son una Torre de Babel. En una esquina se habla en francés, en la otra, en alemán. En medio se cuela el castellano. Y, si hay dudas, tienen el dhariya, el árabe que se habla en Marruecos. “Es el que usamos en el despacho porque Simo habla el árabe de Fez, que a nosotras nos suena muy pijo, y el mío, en cambio, a él le parece muy duro, muy basto. Con mi familia podría ser todavía más divertido”, ríe Fatouch, “porque venimos de una aldea rodeada por pueblos que hablan rifeño: por eso lo entendemos también aunque no lo hablemos”.

El apellido El Abdaoui procede de la provincia de Driuch, cerca de Nador. Una zona castigada por las guerras coloniales contra españoles y franceses hace un siglo, por la marginación y represión de la monarquía alauita en épocas más recientes. La rebeldía independentista de los hermanos Abd el-Krim no se ha apagado completamente en el Rif, una tierra donde el futuro es arduo. “¿Por qué hay tantos rifeños en el extranjero? —se pregunta Fatouch— Allí, aunque estudies una carrera, dependes de la suerte y es difícil que la tengas. Aquí, si te esfuerzas, sales adelante. En nuestra generación, la mentalidad de las mujeres ya no es me caso y en diez años tengo siete hijos a los que habrá que mantener. Casi todas las mujeres de mi familia se han sacado una carrera. Derecho, Periodismo, Historia del Arte… Quizás, por eso, en Marruecos me siento europea y en Europa, marroquí”.

¿Por qué hay tantos rifeños en el extranjero? Allí, aunque estudies una carrera, dependes de la suerte y es difícil que la tengas. Aquí, si te esfuerzas, sales adelante. En nuestra generación, la mentalidad de las mujeres ya no es 'me caso y en diez años tengo siete hijos a los que habrá que mantener'. Casi todas las mujeres de mi familia se han sacado una carrera. Derecho, Periodismo, Historia del Arte… Quizás, por eso, en Marruecos me siento europea y en Europa, marroquí

Fatouch El Abdaoui — Ayudante del abogado

Química entre Latinoamérica y el Magreb

Un “amigo venezolano” le habló a Giselle Lor del despacho del abogado Alami. Como esta mujer ecuatoriana vivía “a tres cuadras”, consiguió una cita y fue a contar su situación. Un año y medio empadronada en Palma, donde ya vivía una hermana; una niña y un niño escolarizados; ganas de regularizar su situación legal para poder firmar un contrato de trabajo en condiciones. Y hubo química. “Estoy muy en gracia con él. Vi profesionalismo, no interés económico. No me pidió dinero por adelantado ni nada, apenas tengas la documentación metida me pagas”, dice ella. “Tengo muchos clientes ecuatorianos y colombianos: es muy fácil trabajar con ellos. Suelen ser personas relajadas, confían mucho en ti. Todo depende de lo fácil que sea probar que ya vivían aquí antes del 1 de enero y obtener certificados de penales que sean válidos. Con ella, ha sido sencillo”, replica él. Ahora, Giselle es una de las 360.000 personas –algo más de un cuarto del total de solicitantes– que ya saben que su papeleo se está tramitando. Aunque no sea un triunfo definitivo, su vida ha dado un vuelco de ciento ochenta grados.

–Entonces, ¿has empezado a trabajar? –le pregunta el abogado Alami.

–Estoy haciendo un curso de uñas y, mientras lo hago, estoy trabajando en una hostelería. Justo tengo ocho días limpiando un hotel de cinco estrellas.

–¿Sabes que yo empecé de botones? Mientras estudiaba Derecho en la Universitat de les Illes Balears, trabajaba los veranos en un agroturismo.

–Yo voy de abajo y en un futuro quiero ser gobernanta, pero primero tengo que ser ejemplar. Entender cómo se hace bien el trabajo, qué productos de limpieza tengo que utilizar en cada caso, cómo hay que dejar las habitaciones.

–¿Has hablado con tu familia de Ecuador para decirles que han aceptado a trámite la solicitud?

–Mi mamá estaba supercontenta, aunque sabe que tenemos que esperar a la resolución final. No más la tenga, espero viajar. Por eso mismo busqué el trabajo de los hoteles. Se acaba el verano y te dan tu tiempo para que puedas tener vacaciones; y te dan el finiquito, para que te puedas sustentar.

–¿Y tus hijos cómo llevan lo de ser mallorquines?

–Como tienen a la mamá aquí y a la tía, no se extrañan mucho. Habría sido diferente si hubieran llegado de adolescentes porque los adolescentes ya saben lo que son las cosas. Ellos están pequeños, siete y diez años, olvidan pronto, y están contentos en el cole. Tienen compañeros españoles, latinoamericanos, chinos. Ahora se encuentran a una niña o un niño y, al minuto, ya son amiguitos.

Giselle sí echa de menos los encocados o los ceviches que se comen en Manta, el puerto del Pacífico del que procede. Pero la morriña tiene un límite y el límite lo marca el Estado del bienestar. Unos derechos que, según ella, “acá” (España) están mucho más consolidados que “allá” (Ecuador). “Lo que más me gusta de acá es la seguridad: cada uno tiene su sitio y no se mete en la vida de nadie. Allá no puedes estar en la calle” o “acá no tienes que endeudarte para poder sanarte, allá es la medicina o la comida: esas circunstancias hacen bajar la economía y la gente va a matar por 50 ó 100 euros” serán algunas de las frases que diga Giselle antes de marcharse del despacho del abogado Alami. Ha vuelto, simplemente, a darle las gracias de nuevo.

Giselle es una de las clientas del abogado Alami. Se ha pasado por el despacho solo para darle las gracias de nuevo. 'Lo que más me gusta de acá es la seguridad: cada uno tiene su sitio y no se mete en la vida de nadie. Allá no puedes estar en la calle', comenta la ecuatoriana

Una persona, dos identidades

Entre la foto de su graduación y la orla de su promoción universitaria, el abogado Alami ha plantado dos banderitas en la estantería de su oficina. Son pequeñas, del tamaño de las que ondean sobre las mesas de las cumbres internacionales. En una, la estrella de Salomón, cinco puntas verdes sobre fondo rojo. En la otra, los leones, las columnas, el Plus Ultra, una Corona y una flor de lis encima y debajo del castillo, el león, las barras rojas y amarillas, las cadenas navarras. Marruecos y España, las dos identidades de un profesional del Derecho que, hace apenas un año, decidió transformar su carrera. De forma radical.

Alami vivía en Madrid y trabajaba como abogado para una compañía internacional de aviación privada. Labores de alto nivel que no le llenaban. Cuando supo que no podría teletrabajar durante los meses de verano en Mallorca, lo pasó mal. Para curarse de la depresión y sentirse útil, decidió volver a la isla con su experiencia en la maleta. Entonces, fundó una firma para asesorar —en lo jurídico y en lo administrativo— a particulares, autónomos y empresas.

Esa pensaba que iba a ser su actividad principal hasta que en el Instagram de su despacho tuvo que escribir —en castellano y en árabe— el siguiente mensaje: “Se ha anunciado una nueva regulación que abrirá próximamente la posibilidad de regularización en España para determinados perfiles: analizamos tu situación y te preparamos con antelación, para que cuando el procedimiento esté operativo puedas iniciar tu expediente sin retrasos. Contacta con nosotros y estudiaremos tu caso”. En uno de los comentarios de aquel post, corregiría luego con elegancia a una persona que le señalaba de “ayudar” al PSOE a conseguir “votantes”: “Nuestra función es asesorar conforme a la normativa actual. Valoraciones políticas quedan fuera de nuestro ámbito. ¡Un saludo!”

–¿La regularización extraordinaria se ha hecho de forma lógica?

–La realidad de Barcelona o de Madrid no me la conozco, sé cosas por colegas que tengo allí, pero no la he vivido. En Mallorca creo que hemos sido afortunados y a las Administraciones Públicas hay que decirles “bravo”. Es normal que en las oficinas de atención ciudadana no entendieran al principio lo que tenían que hacer porque fue por el BOE como nos enteramos de que había que solicitar en muchos casos un informe de vulnerabilidad, pero luego han trabajado mucho, rápido y bien. Igual que la Policía Nacional. Chapó para ellos.

–¿Por qué suscita tanto miedo que se entreguen papeles a cientos de miles de personas que ya viven en España?

–Nos fijamos mucho en Donald Trump y el ICE, pero aquí en Europa, Bélgica, por ejemplo, aprueba expedientes de expulsión en apenas una semana. España, en cambio, es mucho más garantista. Si solicitas y te deniegan, quizás, a la larga, te estés metiendo en un problema. A mí me hace gracia que se venda —o que algunos piensen— que los papeles te los regalan así porque sí. El proceso es muy estricto y, al menos aquí, le hemos dicho a varias personas que no las podíamos representar porque no reunían los requisitos. Incluso a gente de la que nos fiamos, pero que, por mala suerte, no tenía un padrón que demostrara el tiempo que lleva aquí. Mi consejo ahí es claro: igual que se ha aprobado un decreto para regularizar se puede aprobar un decreto para expulsar.

Nos fijamos mucho en Donald Trump y el ICE, pero aquí en Europa, Bélgica, por ejemplo, aprueba expedientes de expulsión en apenas una semana. España, en cambio, es mucho más garantista

Mohamed Alami Battahi — Abogado

–¿Tiene recorrido la maniobra del Tribunal Supremo para frenar la regularización en la Unión Europea?

–Se escapa a mis conocimientos, pero creo que es una estrategia encubierta para frenar una realidad que no podemos negar. Nos guste más o nos guste menos, en Europa hace falta mucha mano de obra y un buen número de la gente que ha solicitado la residencia ya está trabajando. En negro, obviamente, algo que en una realidad como la mallorquina no es tan difícil de ver (y que a ciertos empresarios les va de lujo).

Nos guste más o nos guste menos, en Europa hace falta mucha mano de obra y un buen número de la gente que ha solicitado la residencia ya está trabajando. En negro, obviamente, algo que en una realidad como la mallorquina no es tan difícil de ver (y que a ciertos empresarios les va de lujo)

Mohamed Alami Battahi — Abogado

–Cuando se habla de integración, ¿qué importancia tiene la vivienda?

–Es fundamental porque la integración necesita tiempo y el tiempo te lo da el lugar en el que vives. Con un contrato y una nómina de 1.500 ó 1.600 euros lo tendrán un poquito más fácil para conseguir una vivienda digna (aunque ya sabemos qué precios se manejan en Mallorca). Siempre defenderé que los que venimos de fuera somos los que nos tenemos que integrar con la cultura del lugar que nos recibe, pero, a la vez, como todos somos descendientes de inmigrantes, la mezcla es inevitable.

–Ha pasado entre los españoles de todas partes que vinieron a vivir a una isla turística como Mallorca.

Siempre defenderé que los que venimos de fuera somos los que nos tenemos que integrar con la cultura del lugar que nos recibe, pero, a la vez, como todos somos descendientes de inmigrantes, la mezcla es inevitable

Mohamed Alami Battahi — Abogado

–Te pongo un ejemplo muy tonto, pero que lo explica bien. Tuve una novia durante cinco años que era de Artà: se convirtió en algo normal que los viernes viniera a comer a mi casa cuscús y los domingos yo fuera a la suya a comer paella.

Entonces, vuelven a llamar a la puerta y, esta vez, el abogado Alami sí se levanta a abrir con una sonrisa en la boca. Es un amigo que viene a verle: “De Son Gotleu, farmacéutico y, como nosotros, marroquí”.

La Abogacía del Estado sostiene en su escrito de alegaciones ante el Tribunal Supremo que la regularización no contraviene la legislación europea y que otorgar autorizaciones de residencia es una “medida de política legislativa migratoria exclusivamente nacional”. El documento, presentado este viernes y al que ha tenido aceso elDiario.es, se opone a que se eleve una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los servicios jurídicos del Gobierno llevan trabajando en su escrito de alegaciones desde que el pasado martes tres magistrados conservadores de la sección quinta de lo contencioso abrieran la vía europea en respuesta a los recursos planteados por Aragón y la Comunitat Valenciana —ambas comunidades del PP— para cuestionar el proceso de regularización. En suma, lo que plantean los tres jueces es que la normativa española podría chocar con el reglamento europeo de 2024 que establece el procedimiento común en materia de protección internacional, con la legislación comunitaria en materia de asilo e incumplir el principio de “cooperación leal” con la Unión Europea por no haberse informado al resto de países. Por ello, daba cinco días a las partes para posicionarse sobre si debería elevarse una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE.

El escrito de la Abogacía del Estado alega que la providencia de los magistrados del Supremo tiene “omisiones relevantes”, su motivación es “insuficiente” y plantea que, en cualquier caso, no es momento de elevar la cuestión a la Justicia europea porque todavía no se ha “iniciado ningún tipo de debate sobre el fondo de las pretensiones”. “La remisión prejudicial que se pretende se acerca más a la formulación de un dictamen consultivo sobre cuestiones generales o hipotéticas de una serie de escenarios futuros, sin concretar una necesidad actual de interpretar una normativa de derecho de la Unión Europea que estuviera vigente”, lamentan.

Los servicios jurídicos apuntan que la regularización, que empezó el 16 de abril y acabó el 30 de junio, no puede ser contraria al citado reglamento europeo porque entraba en vigor el 12 de junio de este año y el real decreto se aplica a quienes están en España de forma previa al 1 de enero de 2026. “No es posible que pueda comprometer, no ya gravemente, sino en modo alguno la efectividad de este reglamento”, sostienen. También argumentan que, en todo caso, la mencionada legislación europea no impide al Estado ejercer su legítima competencia para otorgar autorizaciones de residencia por motivos humanitarios o de cualquier otro tipo, conforme a su Derecho nacional. Esas atribuciones que tiene el Estado no se han visto alteradas por los nuevos instrumentos de Derecho de la Unión, en opinión de la Abogacía del Estado.

Sobre la falta de “notificación previa” y coordinación con los demás Estados miembros de la UE que reprochaban los jueces del Supremo, los servicios jurídicos del Gobierno consideran que no se aplicaría el mecanismo de información mutua porque —insisten— es una “medida de política legislativa migratoria exclusivamente nacional” que no tiene impacto en el ámbito de la UE. Pese a ello, “y aun no existiendo una obligación formal al respecto”, alegan que la medida sí ha sido comunicada a la Red Europea de Migraciones. Además, ven “improcedente” el planteamiento de que la norma podría chocar con la directiva europea de retorno dado que el Tribunal de Justicia de la UE “tiene una clara y reiterada jurisprudencia” que ha resuelto ya sobre ese asunto.

Este órgano refuta la definición que hacen los tres magistrados conservadores cuando afirman que se trata de un proceso “general” y no un “reconocimiento individualizado”, además de una “regularización masiva” fruto de una “mera decisión política” sin “condicionamiento alguno”. Ante ello, recuerdan que la regularización es una medida temporal y con requisitos adicionales a los solicitantes para justificar su estancia en España. “Las expresiones 'sin condicionamiento alguno' o 'regularización masiva' se apartan de la obligación que el Derecho de la Unión impone a los órganos jurisdiccionales nacionales que plantean una cuestión prejudicial de proporcionar una descripción precisa del marco fáctico y normativo”, protestan.

A los magistrados también les despertaba dudas la libre circulación de más de un millón de personas en el espacio Schengen sin “coordinación previa” con el resto de socios europeos. La Abogacía del Estado resalta que esa hipótesis sería aplicable a cualquier regularización adoptada en el pasado —esta es la novena que se hace en España— y el acuerdo sobre Schengen no regula estas cuestiones, que son una competencia nacional. En todo caso, incide, este real decreto “no pone en riesgo los objetivos del control de fronteras” o de prevención de amenazas a la seguridad interior o al orden público porque para lograr la autorización de residencia se exigen como requisitos la acreditación de no tener antecedentes policiales (valorando los diferentes casos), entre otras cuestiones.

También reprocha la Abogacía del Estado que el Supremo no hace “ningún tipo de precisión sobre la distinción entre solicitantes, personas que hayan sido admitidas a trámite su solicitud y las que hayan obtenido finalmente una resolución favorable a la solicitud de autorización”. Y, añade, parecen “desconocer la grave situación de ese colectivo de personas”.

La Comunidad Valenciana ya presentó sus alegaciones

Las partes tenían, desde el martes, cinco días para dar réplica al Supremo. Aragón lo ha hecho este mismo viernes y ha confirmado su interés en llevar la cuestión a la vía europea. A ello añade su petición para que se frene la regularización hasta que se pronuncie el tribunal europeo porque “la reversibilidad de la situación es absoluta, dado que las solicitudes permanecerían pendientes de resolución”. En cambio, creen que si continúa la tramitación de los permisos de residencia “el interés público podría verse comprometido” por las cargas “económicas y administrativas” pero también “por el conflicto jurídico en el que puede verse involucrada España”.

La Generalitat Valenciana no estiró los tiempos y presentó sus alegaciones el primer día. El ejecutivo valenciano también ha ratificado que quiere elevar la cuestión a la justicia europea y aseguran que la medida se tomó “sin coordinación suficiente” con los organismos europeos: “Es una decisión que podría anticiparse al marco europeo común y, en la práctica, debilitar sus objetivos de control, retorno efectivo, cooperación y reparto equilibrado de responsabilidades”, mantienen. La Generalitat valenciana quiere que la regularización se paralice de forma inmediata, sin esperar a que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie, en caso de que finalmente se eleve al cauce europeo.

Ante la alerta provocada a los cientos de miles de personas pendientes de que se resuelvan sus peticiones, el Gobierno ha intentado transmitir un mensaje de tranquilidad y busca agilizar lo máximo posible el estudio de las solicitudes. En total, casi 610.000 expedientes de las 1.175.000 peticiones ya se han admitido a trámite, lo que supone la recepción de un permiso de residencia provisional.

Más de la mitad de los migrantes que han pedido la regularización en Castilla y León son de Colombia (31,9%), Venezuela (19,1%) y Perú (12,4%), según los datos que ha facilitado este viernes Comisiones Obreras y que han atribuido a la Delegación del Gobierno. Estas personas han entrado de manera “legal, segura y ordenada”. “Eso que nos vende el discurso del odio de que vienen en pateras no es cierto, aunque llene muchos titulares en los medios”, ha explicado el secretario de Empleo, Protección Social y Migraciones de CCOO-CyL, Javier Moreno, quien ha defendido que esta regularización les permita “tener un contrato y condiciones laborales y sociales dignas”.

El número de solicitudes para el proceso ha superado las previsiones del sindicato de 25 o 30.000 requerimientos -la Junta niega que tuvieran cualquier tipo de estimación- al haberse alcanzado las 39.981 peticiones, que puede servir de referencia. “No significa que todas se vayan a aceptar, pero sí permite ver la importancia de esas personas invisibles en nuestra sociedad. El obejtivo es sacar a flote la economía sumergida”, ha reivindicado Javier Moreno en una rueda de prensa este viernes, que ha puesto el foco en que algunas empresas tienen problemas para encontrar trabajadores, en parte por el saldo demográfico actual. “Ya hay personas inscritas como demandantes de empleo dispuestas a trabajar. Veremos que se cubren esas vacantes”, ha augurado el representante de CCOO.

Castilla y León ha registrado el 3,4% de las peticiones y esta cifra supone también una cifra inferior por población a la media española. Javier Moreno ha destacado cómo los datos del paro de junio permiten extraer “alguna conclusión”: en los cuatro grandes sectores ha bajado el desempleo, pero también ha aumentado “de manera considerable” el número de aquellas personas que se han inscrito por primera vez como demandantes de empleo. “Hay personas a las que se les ha admitió a trámite el expediente y ya se han inscrito como demandantes de empleo”, ha explicado.

El representante sindical también ha hecho un llamamiento a las Administraciones Públicas para que refuercen los servicios administrativos y sociales que pueden verse afectados por la regularización para evitar que estos “colapsen” por la falta de efectivos. Moreno ha ejemplificado la situación laboral de los trabajadores de Extranjería, cuyas plantillas deben ser fortalecidas y premiadas con un complemento.

CCOO ha tramitado mil expedientes

CCOO, que es una de las entidades colaboradoras en el proceso, ha tramitado mil expedientes en Castilla y León (7.500 en todo el país) y ha informado a unas 4.000 personas a través de consultas, talleres y asambleas, en las que han colaborado de manera altruista 37 sindicalistas, con especial atención al medio rural.

La obligación del gobierno es en 15 días contestar a las tramitaciones para saber si el proceso se ha admitido a trámite o no, y luego el Gobierno tiene tres meses para resolver favorable o negativamente. Sin embargo, una vez el proceso es tramitado, los migrantes pueden inscribirse como demandantes de empleo.

La coordinadora de los centros de información a trabajadores migrantes (Cites), Cristina de la Torre, ha recordado que el permiso de trabajo que permite la regularización extraordinaria es de un año y que luego aquellos que cumplan determinados requisitos (como haber cotizado un número determinado de meses u otros requisitos) podrán solicitar un nuevo permiso de cuatro años o renovar otro permiso más breve.

Hace unos meses, Comisiones Obreras ha presentado una queja ante el Procurador del Común para advertir de posibles problemas que pueden darse más adelante ante la ausencia de criterios comunes para elaborar el informe de esfuerzo de integración que deberán rellenar los Servicios Sociales en el próximo año. “Va a generar muchos problemas por las competencias entre el Estado, las autonomías y entidades locales”, ha advertido Cristina de la Torre. La técnica del sindicato ha explicado que, hasta ahora, uno de los factores era la asistencia a un curso de 40 horas sobre los valores democráticos y la historia del país y de Castilla y León, pero el Gobierno ya ha advertido que eso resultará insuficiente, por lo que se está a la espera de lo que decida el gobierno autonómico.