El PNV presiona a la SEPI para que busque una salida para Tubos Reunidos y sea “flexible” con la deuda de 150 millones de euros que la empresa mantiene con el organismo público. En los últimos días, diferentes cargos nacionalistas como el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, o la diputada de Desarrollo Económico de Álava, Saray Zárate, han emplazado a los dirigentes de SEPI a estudiar posibilidades que permitan que los posibles compradores de la empresa vasca, en pleno proceso de concurso de acreedores, no tengan que asumir esta deuda de la empresa.

La SEPI ha advertido esta semana de que no es posible una condonación de la deuda porque se consideraría una ayuda de Estado. Lo ha hecho con un informe en la mano de la Comisión Europea remitido al administrador concursal, que parece haber sorprendido a instituciones y a posibles compradores, pese a que desde el organismo público se ha advertido desde que empezaron a hacerse evidentes las dificultades de la empresa que la llevaron al concurso de acreedores, de que la condonación de la deuda, 150 millones de dinero público no era una opción factible y de que solo podía negociar aplazamientos en los pagos.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, ha pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que sea “flexible” con esa deuda porque de no ser así “abocará a la empresa a una salida que no tiene retorno”. Ha considerado que la opinión de Bruselas que apunta a que no sería factible una quita “no es definitiva” y ha recordado que “esta parte de la Comisión la lleva Teresa Rivera” socialista y exministra, insinuando un cierto componente político en el informe. “No es una posición definitiva”, ha dicho, y ha adelantado que hablará con la sociedad estatal “para poder sacar a Tubos Reunidos adelante”.

De igual forma la diputada de Desarrollo Económico de Álava, Saray Zárate, insistía en que “lo fundamental para la actividad siga adelante es la reestructuración de la deuda con la SEPI”. “Si no es así está abocada a un cierre. Hablamos de 1.000 empleos”, puntualizaba, señalando la importancia del impacto que supondría el cierre de la empresa, aunque parece que todas las ofertas por Tubos Reunidos contemplan reducción de plantilla en una cantidad aún por determinar.

Al parecer, los cinco posibles inversores que pujan por la empresa hicieron sus ofertas dando por sentado que esta deuda no existiría. “Ha sido una sorpresa para ellos y están muy preocupados porque dicen que las ofertas que hicieron ellos estaban condicionados a que esta deuda no existiese”, confirmaba Jauregi. De hecho, a partir de la próxima semana los ofertantes iban a comenzar a reunirse con los comités de empresa. El primer encuentro estaba fijado para este lunes entre el comité de Trápaga y el grupo indio Welspun, que lo ha aplazado para analizar la situación en torno a la deuda con la SEPI. 

La propia dirección de la empresa y la administración concursal señalaban en un comunicado interno que “ninguno de los oferentes ha solicitado una condonación de la deuda de SEPI”, pero que la “la petición de todos ellos es que esta deuda no sea asumida por las unidades productivas que se adquieran y, por tanto, por los oferentes”. Sin embargo, la SEPI considera que “la deuda debe ser asumida por las unidades productivas transmitidas y, por este motivo, ha presentado una opinión preliminar de los servicios de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea”, aunque la dirección de la empresa insiste en que dicho informe “no tiene carácter vinculante y no representa la posición definitiva de la propia Comisión”.

Frente a este informe presentado por la SEPI, los informes elaborados por la administración concursal califican la deuda de la SEPI como “subordinada, por tratarse de un préstamo participativo”. Esto implicaría que “la deuda no debe ser transferida con las unidades productivas”. No obstante, reconoce que “en último término, habrá que estar a lo que decida el Juzgado competente del concurso”.

El hecho de que se considere la deuda de la SEPI como subordinada, supondría que quedaría a la cola en el cobro de los créditos, una vía que ya se barajó en el momento en el que se declaró en concurso de acreedores, cuando ya el organismo público dejó claro que no era factible una quita porque supondría un trato de favor respecto a otras empresas que también ha recibido estos créditos y los han pagado o los están pagando. Algunas de estas empresas, también en dificultades, han pactado aplazamientos en los pagos.

En cualquier caso, ahora está en manos de la jueza María Teresa Trinidad Santos, titular del juzgado de lo Mercantil de Vitoria, la decisión de si se establece con los acreedores una quita de la deuda entra en ella el crédito de la SEPI, o al menos una parte de él, aquel que tenga consideración de crédito ordinario y que, por lo tanto, no tenga privilegio de cobro.

Este crédito supuso el rescate de la empresa en 2021, con 112,8 millones de euros concedidos por el Estado a través Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), constituido para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19, que ahora superan ya los 150 millones por los intereses. La concesión de este crédito está siendo investigada ahora por la Audiencia Nacional, ante la sospecha de que el expresidente de Sepi, Vicente Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos un tiempo, mediara a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo. La investigación sigue si curso pero está en este momento en pausa, ya que comparte causa con todo lo relacionado con las denominadas 'cloacas' del PSOE y es eso lo que está avanzando en estos momentos.

El consejo de administración de Tubos Reunidos ha solicitado al Juzgado la apertura de la fase de liquidación de TRSA (Tubos Reunidos SA.), que es la matriz del Grupo y que cotizaba en Bolsa, y por la que no se había recibido ninguna oferta dentro del proceso de venta de las unidades productivas. Se trata de la sociedad holding de la que colgaban las demás, para las que el proceso de venta sigue su curso y con los cinco ofertantes sobre la mesa, según la comunicación que ha enviado la empresa este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que puntualiza que “ningún oferente ha mostrado interés por las acciones de TRSA” y no ha sido posible alcanzar un convenio con los acreedores.

“Es importante aclarar que esta decisión no supone el cierre de las plantas ni altera el proceso de venta de las unidades productivas del Grupo. Dicho proceso continúa avanzando con el objetivo de encontrar un comprador que permita mantener la actividad y el mayor número posible de puestos de trabajo”, señala empresa en un comunicado interno.

La solicitud de liquidación que se ha comunicado a la CNMV deberá ser aprobada por el Juzgado de Vitoria que se ocupa del concurso. En cualquier caso, la empresa puntualiza que la liquidación se “trata de un proceso que lleva tiempo y no implica el cierre inmediato de la sociedad”. Actualmente, TRSA cuenta con una plantilla de ocho personas y unas oficinas en alquiler en Madrid. Según han señalado desde la compañía, estas ocho personas “no verán afectados sus contratos por esta solicitud de liquidación”, ya que su actividad a partir de ahora se centrará, principalmente, “en apoyar el proceso de venta de las unidades productivas del grupo en las mejores condiciones posibles”. Lo que sí supondrá la liquidación será el cierre de la oficina corporativa de Madrid.

Tubos Reunidos ha entrado ya en una etapa para la resolución de su concurso y evitar la disolución, aunque se trata de un proceso que será muy largo. De momento, el administrador concursal ha seleccionado cinco ofertas entre las presentadas que pasarán a la siguiente fase. De esas cinco ofertas, tres incluyen la continuidad de las plantas de Amurrio y Trápaga, aunque todas contemplan reducir la plantilla, sin que se sepa aún el alcance de la misma y cambiar las condiciones de trabajo actuales, es decir, renovar los convenios. Este miércoles día 21 se producirá una reunión entre el adminsitador concursal y los representantes de los trabajadores a los que dará más detalles de las ofertas.

Tres de las cinco ofertas seleccionadas por el administrador concursal en el proceso de venta de Tubos Reunidos incluyen la continuidad de las plantas de Amurrio y Trápaga, aunque todas contemplan reducir la plantilla y cambiar las condiciones de trabajo. Ahora bien, los recortes en materia laboral se especificaran en las siguientes partes del proceso.

El administrador concursal ha seleccionado las cinco mejores ofertas entre las enviadas para optar a la compra que pasarán a la siguiente fase del procedimiento y ha remitido a los accionistas un documento con los aspectos más relevantes de los seleccionados y sus ofertas “manteniendo la debida confidencialidad sobre la identidad de los oferentes”, aunque sí ha trascendido que entre estas ofertas está la realizada por José Antonio Jainaga, a través de Sidenor, y la empresa india Welspun.

El miércoles que viene, día 21, la administración concursal mantendrá un encuentro con el comité de empresa para ofrecer a los representantes de los trabajadores más información sobre las ofertas, pero ya este viernes han recibido el jarro de agua fría de que todas ellas contemplan recortes de personal, que se especificarán en fases posteriores, además de modificación de las condiciones laborales, es decir, renegociación del convenio, incluidas las que pujan por Amurrio y Trápaga, claro, ya que en las que lo hacen sólo por el centro de Bizkaia la reducción de personal va lógicamente aparejada.

Es más, entre las ofertas que incluyen los dos centros de producción, una de ellas -la oferente C- realiza su oferta principal por Trápaga, e incluye la oferta conjunta por los dos centros de forma subsidiaria, es decir, si se solventan determinantes condicionantes. La segunda de las ofertas -oferente E- tiene su oferta principal por las dos plantas, mientras que con carácter subsidiario las incluye, pero con la exclusión de inmuebles, con un régimen arrendamiento o régimen similar. La tercera propone como oferta principal la adquisición del 100% acciones y participaciones sociedades bajo la cotizada, es decir, es la oferta más amplia. Esta incluye dos ofertas subsidiarias: Una primera que supone la adquisición UPA Mixta negocio en funcionamiento (TRSA, TRG, TRPT, ATUCA, TRSERVICES, TRGMBH, TRAME, RDT) y otra oferta subsidiaria con la adquisición UPA Mixta negocio en funcionamiento sin EEUU (TRSA, TRG, TRPT, ATUCA, TRSERVICES, TRGMBH). Las dos ofertas restantes son por el centro de Trápaga, sin oferta subsidiaria.

En cuanto a las ofertas económicas, van desde 1 euro hasta los 27,5 millones de euros: La primera de las ofertas, por todo el perímetro de la empresa, ofrece sólo un euro; la segunda, solo por Trápaga, un millón de euros; la tercera ofrece 100.000 euros por Trápaga como oferta principal, añadiendo las dos a la oferta subsidiaria; la tercera es la más potente, por 27,5 millones de euros, sólo por la planta de Trápaga; mientras que la quinta, por los dos centros de producción, sólo ofrece un euro.

Una vez seleccionadas estas ofertas, tendrán la posibilidad de participar en un proceso de preguntas y respuestas (el “Q&A”) sobre los aspectos financieros y legales de la empresa. A partir de ahí los potenciales compradores seleccionados deberán remitir sus ofertas finales vinculantes -la “oferta final”- y después la administración concursal llevará a cabo la calificación, valoración y jerarquización de las ofertas.

En otra fase, referida al cumplimiento de las ofertas que afecten a los contratos de trabajo o a las condiciones de empleo, se desarrollarán las consultas necesarias entre la compañía, la administración concursal, la representación de los trabajadores de cada centro de trabajo afectado y, en su caso, el oferente, de cara a alcanzar los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a las condiciones contenidas en la correspondiente oferta, incluyendo, en su caso, la delimitación definitiva del perímetro laboral y las condiciones de trabajo.

Además de garantizar la mayor parte de los puestos de trabajo, el mayor escollo a la hora de decidir cuál es la mejor oferta estará en la forma de solventar la abultada deuda que acumula la empresa, 400 millones de los que más 150 millones corresponden al crédito de la SEPI, que ha descartado una quita, y que podría como mucho aceptar aplazamientos en los pagos. En la información que se ha transmitido este viernes no se hace ninguna referencia a la deuda.

Ramiro González (Burgos, 1962) no se ha despedido. Forma parte de una generación de cargos del PNV que accedió al poder en 2015 y, salvo que comunique que renuncia a un cuarto mandato como diputado general de Álava, es el último superviviente. Juan María Aburto, alcalde de Bilbao, ya está de salida, Eneko Goia, en Donostia, se marchó el año pasado, y Gorka Urtaran, Unai Rementeria y Markel Olano ya no fueron candidatos en 2023.

González ha pronunciado este martes ante las Juntas Generales de Álava su último discurso de la legislatura en el marco de una sesión de política general. Él mismo marcó este hito como el momento a partir del cual aclararía su futuro. Fuentes del PNV se dan todavía unos días para despejar esta incógnita e igualmente para presentar la propuesta para la alcaldía de Vitoria a la luz de la ya anunciada salida de Beatriz Artolazabal, la candidata de 2023 que vio caer la sigla de primera a cuarta fuerza en la capital. En el partido no niegan que tienen en González su mayor activo institucional. En el término municipal de Vitoria 2.000 personas más votaron al candidato foral que los que apoyaron a Artolazabal estando una urna pegada a la otra.

En dos decenas de páginas de intervención no ha hablado de las elecciones. Pero tampoco de que no vaya a estar en ellas. Es más, ha puesto claramente en valor la coalición con el PSE-EE. “En esta recta final de la legislatura quiero volver a trasladar mi deseo y voluntad de que este Gobierno compartido tenga continuidad en los próximos años”, ha manifestado tras recordar que el camino no ha terminado y jalonar su parlamento con anuncios de nuevas medidas. Se da por hecho que la hasta ahora cabeza de la parte socialista, Cristina González, no continuará, al haber dejado ya la secretaría general del partido. El PSE-EE tomará su decisión en noviembre.

¿Qué ha anunciado González? Muchos de sus titulares han mirado a la castigada comarca de Ayala, que ha visto sucederse las crisis industriales en los últimos años. Ha mencionado que una “productora internacional de primer nivel” se instalará a finales de 2026 o comienzos de 2027 en el 'hub' cinematográfico y audiovisual que se impulsa en la zona. No ha dado el nombre, pero sí destacado que los incentivos fiscales de la Hacienda foral a este sector “se están desplegando con gran éxito”.

También ubicará en Llodio un “centro de innovación ferroviaria”, en el que colaboraría Talgo, el hijo pródigo recuperado hace unos meses con una 'cuadrilla' de inversores públicos y privados vascos comandada por José Antonio Jainaga. Con todo, ha apelado a la “discreción” para no dar más detalles de qué pasa con Guardian y ha mostrado su “profunda preocupación” por Tubos Reunidos, sumida no sólo en problemas económicos sino en investigaciones de corrupción que no ha mencionado.

Eso en el norte. En el sur ha admitido que la crisis del sector del vino, cuyo consumo ha caído y se ve afectado por el cambio climático, empieza a arrastrar a toda la comarca de Rioja Alavesa y que no existen “soluciones mágicas”. Y eso que “hoy se elaboran en Rioja Alavesa los mejores vinos de su historia”. Le pasa algo similar a la economía en general, lo macro va muy bien —se ha felicitado de superar ampliamente a Alemania en crecimiento— pero lo micro lastra el día a día de la ciudadanía. Ha asegurado que aplican una política fiscal “pensada” para retos como la crisis de vivienda.

Sobre Vitoria, que concentra más del 80% de la población del territorio que gobierna, ha dicho que es una gran noticia que Mercedes-Benz invirtiera 1.000 millones para fabricar uno de los mejores vehículos del mundo y que la operación de venta del Fernando Buesa Arena al grupo de Saski Baskonia y Deportivo Alavés es una gran oportunidad.

En materia de transportes, ha insistido en la necesidad de mejorar las inversiones en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria. “La ampliación de la zona de embarque y la redacción del proyecto de nueva terminal son imprescindibles si mantenemos la ambición de que el aeropuerto siga creciendo, y yo la mantengo. No voy a renunciar a ninguna de las inversiones solicitadas. Mientras siga siendo diputado general seguiré trabajando para conseguirlas. [...] Tengo amplia experiencia en negociaciones con Aena. Son siempre largas y complejas”, ha indicado. Igualmente, ha recalcado que el AVE a Pamplona debe salir de Vitoria y no de Ezkio/Itsaso, como defiende con uñas y dientes su propio partido en Gipuzkoa.

La otra gran pata de las políticas forales son los servicios sociales, y González ha puesto en valor el acuerdo con el Estado para mejorar la financiación de la dependencia y ha aludido a la ampliación de plazas en residencias de mayores. El diputado general ha intercalado partes de su intervención en euskera y ha destacado que es un idioma en crecimiento en el territorio. Ha destacado también que el museo de Bellas Artes pueda exponer los grabados de Francisco de Goya, adquiridos como pago de una deuda fiscal del difunto Juan Celaya, como adelantó este periódico. El debate de política general seguirá este miércoles con las intervenciones de la oposición y de los partidos que apoyan al Gobierno.

La jueza y la administración concursal de Tubos Reunidos han acordado ampliar el plazo para la presentación de ofertas por la empresa hasta el 7 de octubre. El hecho de que el mes de agosto haya pillado en el medio de la realización de diligencias no ha facilitado la agilidad de un proceso que estaba previsto que terminara este mismo mes de setiembre. El 7 se cerraba el plazo de consultas y el 14 de este mes era el último día para realizar ofertas vinculantes. Así las cosas se amplía el plazo de acceso al 'data room' para acceder a la información de la empresa hasta el 30 de septiembre de 2026 a las 23:59 horas y el de presentación de la primera oferta hasta el 7 de octubre de 2026 a las 14:00 horas.

La empresa ha comunicado que la ampliación del plazo se debe “al gran interés que ha despertado el proceso y a la necesidad de tener más tiempo para preparar mejor las ofertas” y aseguran que ya hay “varios interesados que han firmado la Carta de Confidencialidad y tienen acceso a la información sobre la compañía en el 'data room' que se ha habilitado al efecto”.

En este sentido, señalan que la mayoría de estos interesados participantes en el proceso han solicitado a la Administración Concursal una ampliación de los plazos inicialmente previstos, y “han puesto de manifiesto la conveniencia de disponer de un mayor periodo para el análisis de la información contenida en el Data Room y para la preparación de sus respectivas ofertas”. “La Administración Concursal, atendiendo al interés del concurso, a los principios de concurrencia, transparencia e igualdad de trato que inspiran el procedimiento competitivo, así como al objetivo de maximizar el valor de la masa activa mediante la obtención del mayor número posible de ofertas suficientemente analizadas y fundamentadas, de forma excepcional ha acordado ampliar una sola vez con carácter general para todos los participantes los plazos actualmente vigentes”.

Tubos Reunidos, que está inmersa en una investigación por corrupción por el presunto pago de comisiones ilegales al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y a su grupo Hirurok, conformado también por Leire Díez y Antxon Alonso, para recibir los 112 millones del rescate de la SEPI, entró en concurso de acreedores voluntario el pasado mes de mayo ante una “situación de insolvencia inminente”, con unas pérdidas el año pasado de 118,1 millones de euros y una deuda de 263,2 millones de euros que se van agrandando cada día que pasa. En el primer semestre de este año perdió 88,2 millones de euros, que es el triple que en el mismo período de 2025, cuando alcanzó unas pérdidas de 28,9 millones de euros.

Tubos Reunidos, en concurso de acreedores y a la vez investigada por corrupción, perdió 88,2 millones de euros en el primer semestre de 2026. Es el triple que en el mismo período de 2025, cuando alcanzó unas pérdidas de 28,9 millones de euros. Los ingresos han sido de 104 millones de euros, un 51% menos que en 2025, cuando fueron 210 millones. La compañía lo achaca a la pérdida de días de producción como consecuencia de los paros llevados a cabo por la plantilla.

Según ha informado la compañía de Amurrio, la cifra de negocios ha caído a 99,3 millones de euros. A pesar de estos resultados, el grupo conserva una caja disponible de 21 millones de euros al 30 de junio, dos meses después de presentada la solicitud de concurso de acreedores. Según informa Europa press, el grupo siderúrgico vasco ha publicado este jueves los resultados del primer semestre. Asegura que su evolución económica y financiera reciente ha estado condicionada por el entorno geopolítico y macroeconómico y, en particular, por las medidas arancelarias sobre el acero y el aluminio adoptadas por la Administración estadounidense en 2025, que supusieron la eliminación de las cuotas y exenciones previamente existentes para determinados productos, así como por el impacto que la guerra en Oriente Próximo ha tenido en la cadena logística hacia los clientes y en los costes.

En paralelo, el Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) investiga el rescate por parte de la SEPI de 2021 por si pudo encerrar el pago de comisiones ilegales al grupo llamado Hirurok conformado por el expresidente del organismo estatal, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, la también socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso. Tres directivos de la compañía están imputados.

La Hacienda foral de Bizkaia entregó el pasado jueves un informe que le había sido requerido en el marco de la investigación de corrupción al entorno del exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán. El documento fue remitido al Tribunal Supremo, aunque en realidad esta causa está ahora en manos del instructor Ismael Moreno, del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional), adonde fue trasladado este viernes automáticamente.

Se trata de un requerimiento de noviembre de 2025 que no llegó a la Diputación vizcaína hasta mayo de 2026. La Hacienda foral, tres meses después, informa de los datos de los que tiene constancia de Karmele Atutxa, la pareja del empresario Antxon Alonso, amigo de Cerdán y titular de la empresa clave de la trama, Servinabar 2000. También repasa la trayectoria de otra mercantil de Alonso, la cooperativa Noran y la información obrante sobre el directivo de Acciona Tomás Olarte. Acciona recibió adjudicaciones en UTE con Servinabar 2000 o de acuerdo con ella y se analiza si abonó comisiones ilegales en operaciones como las obras de la cárcel de Zubieta en Donostia, los túneles de Belate en Navarra y en otros territorios. Bizkaia aclara, eso sí, que no dispone de datos de la esposa de Cerdán y de su hermana, como tampoco de otro directivo de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, o de otra cooperativa relacionada con Alonso, Erkolan. El informe tiene unas 340 páginas.

Entre la abundante información contenida aparece que la empresa Noran, de la que ya se conocía que tuvo dada de alta a la pareja de Cerdán y en cuya génesis participó Koldo García, tuvo relaciones económicas empresa constructora vasca VUSA. En otro sumario del Tribunal Central de Instancia, el del caso Hirurok en el que se analizan las operaciones de Alonso con otros dos socialistas, la vizcaína Leire Díez y el andaluz Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, una de las adjudicaciones bajo sospecha guarda relación con la empresa de Navarra de demoliciones Erri Berri y, según la UCO de la Guardia Civil, parte de los pagos presuntamente ilegales se canalizaron a través de VUSA.

Esos pagos investigados en torno a la operación de Erri Berri, que fue paralela al rescate de Tubos Reunidos, datan de 2021. Sin embargo, las relaciones económicas entre Noran y VUSA son de años antes, de 2015, 2016 y 2017. En concreto, en 2015 se recogen dos operaciones en la casilla de “ventas” por un valor total de 48.400 euros, en 2016 otra imputación con un total conjunto de esa misma cuantía, 48.400 euros, y en 2017 una única “venta” de un 10% de ese dinero, 4.840 euros. Aquellos flujos posteriores relacionados con Erri Berri rondaban los 240.000 euros, según las estimaciones contenidas en los atestados policiales. Se puede leer aquí más sobre las cuentas de Noran.

La administración concursal ha informado al comité de empresa de la planta de Tubos Reunidos que se han presentado en torno a una decena de potenciales interesados en hacer alguna oferta por la empresa, sin especificar si por una parte de su actividad o por toda la unidad productiva. La compañía de Amurrio está en concurso de acreedores en un proceso paralelo a una investigación por corrupción.

Este martes está habiendo reuniones con los comités de las diferentes plantas. La primera reunión, en Trapagaran, ha tenido lugar a las 10.00 horas, con la presencia de representación de la empresa, y ha durado aproximadamente una hora. Tras el encuentro celebrado en la planta vizcaína, la segunda de las reuniones ha sido convocada a las 12.00 horas en Amurrio y la tercera a las 16.00 horas en Iruña de Oca, informa Europa Press.

Respecto a la identidad de los alrededor de 10 ofertantes, debido a las características de confidencialidad del proceso, las fuentes han señalado que no se ha especificado ningún extremo y, tal y como han subrayado, se “temen” que los nombres no les sean desvelados hasta septiembre. En todo caso, han concluido, la presencia de esos ofertantes no les ha sorprendido porque era algo de lo que “eran conscientes” por el ruido generado“ pero que, hasta que lleguen y no conocer si son en firme, ”las plantillas seguirán pendientes de un hilo“.

Representantes de los sindicatos ELA, CCOO, LAB, UGT y ESK en los comités de empresa de Tubos Reunidos exigirán en las tres reuniones previstas este martes con la administración concursal “transparencia” y conocer “de primera mano y no por la prensa” la información “oportuna” de las posibles ofertas que vayan entrando así como que no espere hasta “última hora” y al cierre del plazo, el 14 de septiembre, para desvelar “potenciales interesados”. La compañía de Amurrio está en concurso de acreedores, un proceso que coincide con la investigación judicial por presunta corrupción como consecuencia del posible pago de comisiones ilegales por el rescate millonario de 2021 a manos de la SEPI.

Las cinco centrales con presencia en los comités de empresa de las plantas del fabricante de tubos han sido citadas por la administración concursal a tres reuniones este martes. La primera, a las 10.00 horas en la planta de Trapagaran; la segunda, prevista a las 12.00 en Amurrio y la última a las 16.00 horas en Iruña de Oca, informa Europa Press.

Los sindicatos llegan a estas reuniones, tal y como han trasladado, “expectantes” y abiertos a recibir “información y explicaciones” sobre el estado de la empresa y de todos los interesados en la compra de Tubos Reunidos que hayan presentado su solicitud formal de interés para participar en el proceso concursal. Además de estar de acuerdo en que hay que esperar a si se les traslada “algo relevante o se trata de reuniones rutinarias sin novedades” otro de los puntos de coincidencia entre los cinco sindicatos es su postura favorable a la venta unitaria de toda la unidad productiva y no por separado.

En ese sentido, desde CCOO han trasladado que “igual hay alguna sorpresa pero es mejor valorar tras las reuniones para ver la situación general” y también “cuál es la situación actual de la empresa”. Desde UGT coinciden en este diágnostico acerca del proceso concursal y confían en que se les “trasladen las posibles ofertas que se están planteando para la posible compra de la unidad productiva, si es que las hay”.

Por su parte, desde ELA, también han confirmado que acuden “expectantes”, aunque van a exigir “transparencia, información en el tiempo oportuno o quién puede estar como oferente”. Por parte LAB coinciden en apuntar a la actitud de la dirección y esperan “transparencia” por parte del administrador. ESK agrega que reclamará “explicaciones” sobre “asuntos pendientes”, como los días de libre disposición, la externalización del servicio de vigilancia de la salud y otras materias relacionadas con las condiciones laborales de la plantilla, como el intento de cambio del calendario laboral o la comunicación a los trabajadores de bloqueo de parte de sus días de libre disposición, considerándolos “deuda” contra la masa pasiva.

Tubos Reunidos recibió en 2021 un rescate de la SEPI de 112,8 millones de euros. La operación está siendo investigada por la Audiencia Nacional por si camufló el pago de alrededor de 250.000 euros en comisiones a la trama Hirurok, conformada por el expresidente de la entidad estatal, Vicente Fernández Guerrero, socialista andaluz, por el empresario Antxon Alonso y por la socialista vizcaína Leire Díez. El presidente de la compañía de Amurrio en aquel momento, Francisco Irazusta, uno de los imputados en el caso, ha negado en un escrito dirigido al juez Pedraz todas las acusaciones.

En contra de los indicios apuntados por la Guardia Civil y la Fiscalía, que sostienen que Fernández Guerrero medió en el rescate a cambio de un “agradecimiento”, la defensa de irazusta sostiene que lo conoció a través de su exdirectivo Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia y de Miguel Ángel Santiago, de la SEPI. “Le presentaron a aquél como expresidente de la SEPI que se ofreció a aconsejarles para que llevaran correctamente el proceso. En ningún caso se habló de abonarle cantidad alguna por ello, ni tampoco que éste tuviera un poder para ejercer presión a la SEPI, ni se le pidió que realizara actividad alguna en esa solicitud ya presentada”, recalza el abogado de Irazusta, Álvaro Amigo.

“Nunca se abonó cantidad alguna al señor Vicente Fernández [Guerrero] para que tramitara la petición del préstamo participativo a la SEPI”, recalca. Añade que mantenían un contacto de “únicamente felicitaciones navideñas” y que no supo nada de él hasta “cuatro meses” después del rescate, cuando se incorporó a la empresa como asesor.

El empresario, que dejó en 2023 Tubos Reunidos y que como todo procesado tiene derecho a mentir para no autoinculparse, añade que nunca habló de un “agradecimiento” para Fernández Guerrero y que nunca supo que los pagos realizados a través de la sociedad Mediaciones Martínez, confirmados ya por la compañía, fueran a parar indirectamente a Hirurok. Esa mercantil de Zaragoza estaba controlada en un 98% por Alonso o relacionada con Servinabar 2000. Sin embargo, sí admite que contrató a Fernández Guerrero como asesor de la empresa y que él pidió hacerlo a través de Mediaciones Martínez.

Según Irazusta, “la concesión del préstamo participativo fue acordada por el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, presidido por Dña. Belén Gualda González, y autorizada por el Consejo de Ministros”. “Se trata de un acto administrativo complejo, colegiado y sometido a controles técnicos y jurídicos previos, en el que D. Francisco Irazusta Rodríguez no ostentaba capacidad de decisión alguna. La concesión del préstamo participativo, vino determinado porque la compañía cumplía con todos los requisitos para que se le otorgara ese préstamo, por parte de la SEPI”, añade Irazusta.

Es más, Irazusta añade que esa operación fue “objetivamente perjudicial” para él porque su fijo quedó congelado, se cerró el grifo de los bonus para directivos, incluidos 270.000 euros ya en 2022. “Se vio obligado a aceptar la congelación de su salario y a renunciar a 12 millones de euros de retribución variable. Este dato constituye un indicio de primer orden de la ausencia de cualquier pacto o acuerdo previo de contraprestación. La contratación de Vicente Fernández Guerrero, Ángel Martín y Jorge Montes del Pino como asesores externos de Tubos Reunidos respondió a una necesidad real y legítima de la compañía derivada del compromiso adquirido con la SEPI para los siguientes siete años y de la importancia estratégica de la transición energética. La actuación de Francisco Irazusta se enmarca dentro del ejercicio ordinario de las funciones de un administrador de una sociedad mercantil cotizada. Ninguna de estas conductas reviste relevancia penal”, se subraya en el escrito de defensa.

Otros dos directivos de Tubos Reunidos están imputados. Son el propio Urrutia y el actual CEO, Carlos López de las Heras. Se investiga una posible segunda comisión ya en 2024 cuando tocó renegociar la devolución de unos intereses. En este caso, el pago a Fernández Guerrero fue de 40.000 euros y se analiza si guarda relación con una reunión en Ferraz de los empresarios con el grupo Hirurok y con Santos Cerdán, entonces dirigente del PSOE.

En paralelo a la investigación judicial por corrupción, Tubos Reunidos ya está en venta. Abierto el plazo para que los posibles compradores presenten sus ofertas, arranca un proceso de varios meses que se convertirá en toda una partida de ajedrez de ofertas y contraofertas que definirá el futuro de la empresa: si se mantiene entera, si solo se vende una parte, o si, en el peor de los casos, no encuentra un comprador y no queda más remedio que la liquidación.

De momento, ha arrancado la primera fase, en la que los posibles compradores deben mostrar su interés para, tras firmar una carta de confidencialidad, acceder a la información de la empresa sobre la que decidir si le conviene o no pujar por la compañía en concurso. Esta fase preliminar será la que más candidatos tenga. Es norma general de todos los concursos de acreedores que la mayoría de las empresas del sector, o al menos las más importantes-en este caso del sector siderúrgico-, se presenten como interesadas. La empresa en concurso está de rebajas y presentarse a ver los entresijos de los que antes eran competidores les permite analizar posibles oportunidades a analizar si se quiere ganar en fortaleza o, por ejemplo, ampliar instalaciones.

Otra cosa son los que llegan al final. Los pretendientes van mermando cuando llega el momento de hacer propuestas concretas. Habrá que esperar hasta el 14 de septiembre para saber cuántas ofertas se presentan por Tubos Reunidos, o por una parte de sus activos, teniendo en cuenta de que se trata de una compañía que arrastra una pesada mochila: de deuda, laboral y también judicial.

Aunque el proceso está en una fase preliminar -el plazo arrancó el pasado martes- ya circulan nombres de posibles interesados: el presidente de Sidenor y de Talgo, José Antonio Jainaga, y Tubacex. De hecho, son dos candidatos a hacerse con Tubos Reunidos que el diario 'El Correo' ha llevado este miércoles a su portada. Ninguna de las empresas ha querido “ni confirmar ni desmentir” que se haya personado en el proceso y han preferido “no hacer comentarios” ante un proceso que además, como han recordado desde ambas, está sujeto a la firma de una cláusula de confidencialidad.

Pero lo cierto es que esta presencia entra dentro de lo esperado. Tubacex, también con sede en Álava, se dedica igualmente a la fabricación de tubos. En cuanto a Jainaga, empresario de moda en Euskadi tras capitanear con el Gobierno vasco la compra de Talgo y recuperar la sede social de la fabricante de trenes para Álava, lleva años abogando por una unión entre las siderúrgicas vascas -Sidenor, Tubos Reunidos y Tubacex- para aprovechar sinergias.

Lo propuso en el año 2020, aunque la situación de las empresas era diferente y se encontró con la negativa de las otras directivas. Recuperó la propuesta no hace mucho, en el mes de febrero de este año, cuando Tubos Reunidos estaba ya negociando el ERE con los sindicatos pero todavía no había entrado en concurso. “Nosotros por nuestra parte estamos totalmente abiertos a iniciar procesos de este tipo. Creo que son buenos y que el futuro nos va a llevar por ahí. Tiene que haber voluntad de los accionistas y tiene que haber voluntad de los ejecutivos”, dijo entonces en una intervención en el Foro Capital, asegurando que “la fusión de las siderúrgicas sigue teniendo sentido”.

En el proceso final del concurso de Tubos Reunidos puede tener un papel fundamental el Gobierno vasco que siempre ha mostrado su voluntad de entrar el proceso si está detrás la operación una empresa solvente, y con un buen plan de viabilidad que garantice el futuro de la empresa. Estas máximas, como aseguran desde el Ejecutivo, son las que rigen todas las inversiones en las que está presente la Administración vasca. Este fue el caso de Talgo, en que el Gobierno vasco entró a través del fondo Finkatuz junto a Jainaga, BBK y Vital.

Fuentes del Gobierno vasco no han querido valorar la operación de venta de Tubos Reunidos y la posibilidad de que los posibles compradores sean Jainaga o Tubacex. “No se puede decir nada porque estamos en una fase muy preliminar y hay que esperar a que haya propuestas concretas”, han señalado. Sin embargo, a nadie se le escapa que serían opciones que satisfarían al Ejecutivo vasco. Sobre todo la de Jainaga, con el que ya comparte consejo de administración en Talgo y por el que siempre han apostado, incluso tras conocerse la investigación sobre Sidenor por la venta de acero a Israel. Es un caso que sigue su curso en la Audiencia Nacional.

Precisamente, los problemas judiciales en los que está inmerso Tubos Reunidos, con el CEO de la compañía, Carlos López de las Heras, como uno de los imputados junto a su predecesor, Francisco Irazusta, y con el directivo recientemente dimitido Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, dentro del sumario por el presunto pago de comisiones ilegales al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y a su grupo Hirurok, conformado también por Leire Díez y Antxon Alonso, para recibir los 112 millones del rescate de la SEPI, pueden ser uno de los factores que dificulte el proceso de venta, al añadir una parte de incertidumbre al proceso. El Gobierno vasco siempre se ha defendido que el proceso judicial y el del concurso debe separarse. Por lo que sí apuesta el Gobierno vasco es porque sea un proceso rápido para intentar impedir que la empresa se deteriore aún más.

En principio, las reglas dictadas por la jueza de Vitoria que lleva el proceso apuestan por priorizar las ofertas por el conjunto de la empresa, pero si no hay ofertas para ello, se deja la puerta abierta a que haya ofertas sobre alguna de las unidades productivas.

Al filo del plazo legal que obliga a las empresas a celebrar su junta anual de accionistas en el primer semestre del año, la empresa de Amurrio Tubos Reunidos ha completado el trámite este martes, en segunda convocatoria. La reunión, exclusivamente telemática y cerrada a los medios de comunicación por vez primera, ha durado exactamente 37 minutos, no ha habido ni una sola pregunta y ni se ha mencionado el gran elefante, la investigación por corrupción abierta por el juez Santiago Pedraz en torno al rescate de la compañía por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) de 2021, valorado en 112,8 millones de euros.

El CEO de la compañía, Carlos López de las Heras, es de hecho uno de los imputados junto con su predecesor, Francisco Irazusta, y con el directivo recientemente dimitido Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. Una denuncia de la Fiscalía inició esta causa a finales de 2025 al conocer, por el móvil del empresario guipuzcoano Antton Alonso, que el grupo autodenominado Hirurok, conformado por Alonso con los socialistas Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, y Leire Díez, pudo haber intermediado con la entidad estatal para facilitar la inyección económica a cambio de un “agradecimiento”, según la expresión del propio Fernández Guerrero. Se sospecha que Fernández Guerrero mantuvo una capacidad de influencia en su antigua entidad que permitió superar obstáculos y no solamente en 2021 sino también cuando tocó renegociar el pago de unos intereses en 2024.

La Guardia Civil, que ha registrado la sede de Amurrio en dos momentos y también en una ocasión las oficinas de Bilbao, estima que la comisión ascendió a unos 250.000 euros y que se pagó de dos modos. El primero, a través de la mercantil instrumental de Alonso en Zaragoza Mediaciones Martínez. El segundo, directamente con pagos a Fernández Guerrero. La compañía no niega la existencia de ese flujo de dinero y, de hecho, la secretaria del consejo de administración y responsable jurídica, Inés Núñez de la Parte, ya ha dado explicaciones como testigo sobre esas facturas a lo largo de la investigación de la trama de Hirurok.

Tubos Reunidos, que está en concurso de acreedores carcomida por las deudas y que ha ejecutado centenares de despidos este 2026, ha enviado ya a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el acta de la junta anual. El documento, datado en Amurrio, indica que las pérdidas en 2025 fueron de 160 millones de euros y que los accionistas han aprobado “la gestión social desarrollada y las actuaciones llevadas a cabo por el consejo de administración de la sociedad durante el ejercicio 2025”

Este martes, a mediodía, la compañía de Amurrio Tubos Reunidos celebra su junta general anual de accionistas. Por vez primera, la convocatoria es únicamente telemática y no será un foro abierto, sino que solamente podrán participar los socios que se hayan registrado previamente. Salvo filtraciones, se desconocerá lo que allí se discuta. La dirección de la empresa ha decidido blindarse al máximo coincidiendo con su entrada en concurso de acreedores y, sobre todo, con la investigación de la Audiencia Nacional por corrupción. Otro detalle: la reunión llega al límite legal, que obliga a hacer esas reuniones dentro del primer semestre del año.

2026 está siendo el 'annus horribilis' de Tubos Reunidos. Centenares de despidos, huelgas y movilizaciones y ahora el concurso de acreedores son la muestra de la delicadísima situación económica, con un pasivo de unos 260 millones de euros. De esa deuda, unos 160 millones corresponden a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Son los 112,8 millones del rescate de 2021 y otros más de 40 millones en intereses acumulados. Y la SEPI es, precisamente, el otro gran problema para la compañía.

El juez Santiago Pedraz inició a finales de 2025 una causa penal para analizar si el rescate de 2021 escondió el pago de comisiones ilegales a quienes lo posibilitaron. Lo hizo a instancias de la Fiscalía, que vio una sólida base de indicios. ¿De dónde surgieron? En junio de 2025 fue arrestado en Elorrio el empresario guipuzcoano Antton Alonso, amigo del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. De su casa y de una oficina en Pamplona, la UCO de la Guardia Civil se llevó decenas y decenas de documentos, aparatos electrónicos e incluso bolsas con dinero en efectivo. Ese material se fue procesando y, en noviembre, la Policía judicial elaboró un atestado para la causa contra Cerdán.

En él, se mencionaba por vez primera que Alonso usaba una aplicación de mensajería supuestamente mejor encriptada que WhatsApp y Telegram, Threema. Allí tenía un grupo llamado Hirurok con dos socialistas, Leire Díez, de Portugalete, y Vicente Fernández Guerrero, andaluz. Éste último había sido presidente de la SEPI desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 hasta su imputación en un proceso sobre Aznalcóllar en Andalucía, en 2019. Sin embargo, se sospecha que mantuvo capacidad de influencia sobre el organismo estatal y que movió los hilos para engrasar la inyección económica a Tubos Reunidos a cambio de un “agradecimiento”, como llamaba a la presunta comisión en un mensaje el propio expresidente de la SEPI.

El sumario del caso muestra que la trama Hirurok se empezó a interesar por Tubos Reunidos en 2020, cuando ya iba barruntando la necesidad de apoyo público. La relación no se cortó hasta noviembre de 2025, hasta el momento previo a que Alonso, Fernández Guerrero y Díez acabaron detenidos. La causa, que ha comportado varios registros policiales en las instalaciones de Tubos Reunidos de Amurrio y de Bilbao, ha permanecido en secreto hasta junio. El sumario ha generado más morbo porque, a la vez, analiza el papel de Díez y Cerdán en las presuntas 'cloacas' del PSOE, pero su origen está en el rescate de Tubos Reunidos, que dobla al de la aerolínea Plus Ultra por el que se investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Según la Guardia Civil, se eleva a 247.459 euros la presunta mordida que obtuvo Hirurok. La compañía no niega que se produjeran los pagos. Se canalizaron por una doble vía. Hay 114.950 euros que se pagaron a través de una pantalla, una mercantil de Zaragoza llamada Mediaciones Martínez. Giraba unas facturas por supuestos asesoramientos que eran “mendaces”, en descripción de la UCO. En realidad, era una sociedad controlada en un 98% por Alonso. Asimismo, Fernández Guerrero obtuvo directamente 130.000 euros más. Los “agradecimientos”, siempre usando la expresión de Fernández Guerrero, se produjeron por facilitar el rescate en 2021 y, tres años después, en 2024, para flexibilizar la devolución de intereses. La empresa obtuvo una inyección de 15 millones por la venta de un terreno en Sestao, tenía que devolver 9,8 a su acreedor, a la SEPI, y presuntamente entró en juego de nuevo la intermediación de Hirurok y de Cerdán a cambio de otro pago, que se cifra en 40.000 euros. Este dato está recogido también en un acta interna de Tubos Reunidos de 2025 a la que ha tenido acceso este periódico.

En este segundo momento, la investigación ha localizado una reunión en Ferraz, la sede del PSOE, con Díez, Cerdán y directivos de la empresa. Allí, en el cuartel general socialista, apareció una “agenda con anotaciones manuscritas” de Cerdán. ¿Qué decían? Estaban “específicamente vinculadas a la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada de la deuda con la SEPI”, cree la Fiscalía. Añade que “dichas anotaciones pondrían de manifiesto, en conjunto con los indicios recogidos en el atestado [de la UCO de mayo de 2026] que Santos Cerdán habría tenido conocimiento de las pretensiones de Tubos Reunidos”.

La investigación judicial tiene tres focos. Por un lado, está el grupo Hirurok. Cerdán, por el momento, no consta como investigado en este procedimiento. Por otro lado, están los directivos de Tubos Reunidos. Son tres los señalados. Francisco Irazusta es el primero. Era el presidente de la compañía en el momento del rescate y quien conversaba con regularidad con Fernández Guerrero sobre el asunto, como consta en los mensajes del sumario. “Vicente sigue siendo una persona de peso dentro del partido y gobierno. Sigue estando muy unido a la Ministra de Hacienda [María Jesús Montero]. De echo [sic] cuando no teníamos feedback directo de la presidenta lo tenía por su parte ya que sigue teniendo un vínculo muy estrecho con muchos miembros de SEPI. La primera persona a la que informó Charo, la técnico que llevaba nuestra solicitud de la aprobación fue él, quien me envió un mensaje inmediato. Yo os lo explicaré sí queréis más en detalle en el próximo consejo”, contó Irazusta en un correo electrónico compartido con la dirección de su empresa.

Pero Irazusta se marchó en 2023. Es más, la trama Hirurok dudó si las facturas que giraba Mediaciones Martínez iban a continuar sin él en la empresa. Sin embargo, lograron mantener la relación con Carlos López de las Heras, su sucesor y todavía primer ejecutivo de la empresa alavesa. Fue él el que gestionó la renegociación de los intereses en 2024. El nexo común entre ambos mandatos era Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, directivo bilbaíno afincado en Andalucía y relacionado con Fernández Guerrero en la mercantil Denarius. Él estuvo en los contactos para el rescate y también en Ferraz por los intereses. Dimitió hace dos semanas tras ser imputado por el juez Pedraz, aunque alegó que era por otras razones profesionales. Según 'El Correo', López de las Heras ha sido apartado de las negociaciones con inversores interesados en reflotar la compañía.

Y, claro, el tercer grupo investigado son los miembros de la SEPI que, supuestamente, se dejaron controlar por su expresidente desde fuera, facilitándole información privilegiada. En otras derivadas del caso, como la relacionada con un contrato en Asturias a la empresa navarra Erri Berri, incluso hicieron movimientos a su dictado, siempre según la Fiscalía y la Policía judicial. “Estoy influyendo”, se jactaba Fernández Guerrero en otro mensaje. Son hasta ocho los diferentes cargos del 'holding' estatal los señalados en los informes policiales.

Mediaciones Martínez, según la Guardia Civil, tuvo una facturación próxima al millón de euros. Entraba dinero también en Servinabar 2000, la principal empresa de Alonso. El sumario muestra que, con esos fondos, Alonso se reformó su casa de Elorrio -160.000 euros de obra-, que Fernández Guerrero siguió comprando pisos en Marbella para alquiler turístico y que Díez cambió de coche.

Hasta hace pocas semanas, ya con la existencia de la investigación de la Audiencia Nacional con un elemento de dominio público, diferentes cargos institucionales han abogado por que la SEPI facilite una quita de la deuda para salvar a Tubos Reunidos, que busca inversores que den continuidad a la actividad industrial en la comarca más tocada de Álava, la de Ayala. El consejero del PNV Mikel Jauregi, de hecho, lo hizo el mismo día que la Guardia Civil estaba realizando registros en el marco de esta operación, a comienzos de junio. Sin embargo, fuentes de la compañía dan por hecho que dadas las circunstancias el organismo estatal no puede hacer ningún movimiento con dinero público que pueda dar a entender que hay un nuevo trato de favor a una empresa bajo la lupa de la Justicia.

En la última sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco del curso político y en una autopregunta del PNV, el lehendakari, Imanol Pradales, ha querido lanzar un mensaje directo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Le ha pedido que no se “despiste” y que, si su deseo es no convocar elecciones, cumpla con el compromiso de celebrar “antes de agosto” una cumbre bilateral para cerrar el traspaso completo de la gestión económica de la Seguridad Social, ya iniciado con las prestaciones de paro y otras materias pero a la que aún le queda la parte más relevante, las pensiones, unos 12.000 millones de euros.

“El pasado miércoles, Pedro Sánchez mostró su total determinación para continuar como presidente. Espero esa misma determinación para cumplir los pactos con Euskadi y completar el Estatuto de Gernika”, ha manifestado Pradales, que insiste en que “el tiempo apremia”. “Debemos llegar con contenidos concretos, porque, si no, no habrá bilateral”, ha señalado el lehendakari, dando a entender que no acudiría a Madrid si no hubiese un acuerdo.

Según Pradales, en dos años de mandato ha logrado “avances” en materia de autogobierno, incluyendo doce transferencias competenciales, 45 acuerdos de tipo económico y otros compromisos “bilaterales”. No obstante, el lehendakari ve al presidente renuente a dar otros pasos, como “la convocatoria de la junta de seguridad que debe acordar medidas para atajar la reiteración delictiva o el uso de armas blancas y facilitar la conexión de la Ertzaintza con las redes de información europeas” o la “comisión mixta del Concierto Económico para que las diputaciones forales cuenten con recursos adicionales para ayudar a personas dependientes, personas mayores, menores o con discapacidad”.

Se acaba el curso político y se acaba junio. En septiembre, Pradales lanzó la idea de celebrar ahora una ronda de partidos para impulsar la reforma del Estatuto. No consta que eso se vaya a producir en esas fechas. En principio, PNV, PSE-EE y EH Bildu negocian sobre ello fuera del Parlamento, sin que se conozcan contenidos y detalles. Pradales se ha limitado a señalar, a este respecto, que es necesario cerrar la carpeta de los temas pendientes del Estatuto de 1979 antes de pasar a la siguiente. “Ha llegado el momento de cerrar para siempre esta fase y de abrir la siguiente: tenemos que acordar entre todos la estructura del futuro autogobierno, para garantizar nuevas capacidades políticas”, ha indicado.

Un aeropuerto para el lehendakari Aguirre

En el cara a cara con el líder de la oposición, Pello Otxandiano, de EH Bildu, ha optado por pasar de las preguntas a las propuestas. Ha planteado que, con motivo del nonagésimo aniversario del primer Gobierno autonómico, el aeropuerto de Aena en Loiu pase a llamarse como el primer lehendakari, José Antonio de Aguirre. Ha explicado que en París o Nueva York las principales terminales llevan nombres de grandes líderes, o que incluso en la red de Aena hay guiños a Josep Tarradellas en Barcelona o a Rosalía de Castro en Santiago de Compostela. No ha explicado por qué no sería renombrado el aeropuerto de la capital y sí el de Bilbao.

Según Otxandiano, Aguirre es una figura que trasciende a la de su partido, el PNV, porque fue capaz de representar a “dos familias abertzales”, en referencia también a ANV, que luego en el siglo XXI fue marca de la actual Sortu, a socialistas, a comunistas y a republicanos. Pradales ha respondido que está de acuerdo en estudiar el asunto del aeropuerto, pero ha avisado de que EH Bildu debería revisar “todo” el legado de Aguirre porque la izquierda abertzale, durante años, se opuso al autogobierno vasco “con herramientas que Aguirre hamás hubiese tolerado”, en referencia al terrorismo de ETA. “Era un hombre de paz. Repudió el uso de la violencia para fines políticos”, le ha espetado.

PP y Vox han usado sus turnos en la última sesión de control para sacar a relucir las investigaciones de corrupción en marcha y los presuntos vínculos del PNV con el rescate de Tubos Reunidos, por el que según la Fiscalía el grupo Hirurok de los socialistas Vicente Fernández Guerrero y Leire Díez y del empresario Antton Alonso cobró comisiones ilegales. Según Javier de Andrés, el PNV contribuyó a la “intermediación” de una “trama corrupta”. Pradales ha respondido que el PP usa en Euskadi el “catastrofismo y populismo más demagógico” y que Vox es “escatológico” y trumpista.

El socialista andaluz y expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, el empresario guipuzcoano Antxon Alonso y la socialista de Portugalete Leire Díez conformaron un grupo llamado Hirurok, pretendidamente constituido para recaudar comisiones ilegales en los negocios públicos y privados en los que intermediaban, según la Fiscalía. La UCO de la Guardia Civil, en un informe entregado al juez instructor de este caso, Santiago Pedraz, del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional), estima que la trama pudo captar una cantidad cercana al millón de euros a través de sociedades controladas por Alonso: Mediaciones Martínez, domiciliada en Zaragoza, Servinabar 2000, de Pamplona, e incluso Next Generation Caliope Innova. Y ha encontrado también cómo se gastó parte del dinero. Solamente tres ejemplos: Fernández Guerrero compró un piso en Marbella para ponerlo en alquiler turístico, Alonso realizó una reforma de 163.000 euros en su casa de Elorrio y Díez adquirió en coche de la marca Škoda.

Hirurok empezó a operar en 2021. Adquiere su nombre de un grupo de la aplicación de mensajería Threema, pretendidamente más encriptada que WhatsApp o Telegram, y que luego fue renombrado como Hirurok berriro. Su primera gran operación por la mediación para que la SEPI rescatara con 112,8 millones de euros la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. Los responsables de la investigación estiman que Fernández Guerrero mantenía hilos en el organismo que dirigió hasta 2019 y que los usó con fines de lucro personal. La compañía no niega los pagos a Hirurok. Son 247.459, 114.950 vía Mediaciones Martínez y el resto directamente a Fernández Guerrero. Después de Tubos Reunidos llegó la navarra Erri Berri, que pudo acceder a un contrato de una filial de la SEPI en Asturias -“estoy influyendo”, dejó por escrito Fernández Guerrero- y otros negocios. El grupo usaba a Alonso como una suerte de 'comercial' ante grandes empresas vascas como ITP, Teknei o Sapa.

En un atestado de finales de 2025 al que ha tenido acceso este periódico, la UCO rastrea no ya los ingresos sino cómo gastaron las presuntas comisiones ilícitas obtenidas. Mediaciones Martínez fue adquirida precisamente en 2021 en un 98% por Alonso justo cuando estaban negociando un “agradecimiento” por parte de Tubos Reunidos, de nuevo en palabras de Fernández. Sin actividad ni trabajadores, según la Agencia Tributaria, facturó 913.199,29 euros en total en poco más de dos años e ingresó incluso algo más, 1.089.715,05 euros. Servinabar 2000, en la que el exdirigente del PSOE aparentemente tenía una participación del 45% según un documento en poder de su amigo Alonso, también movilizó importantes sumas de dinero. En Next Generation Caliope Innova, con interés en algunos proyectos de renovables, tenía una participación societaria los dos hijos de Alonso.

Según la Guardia Civil, Alonso empleó 163.350 euros de los fondos supuestamente ilícitos en reformar su dúplex en Elorrio, en Bizkaia. Es precisamente allí donde los agentes de la Policía judicial encontraron en junio del pasado año todo el material que está dando pie a estas investigaciones de corrupción. ¿Qué exactamente? Papeles, dinero en efectivo, el documento de Cerdán y, sobre todo, dispositivos electrónicos que revelaron la existencia del grupo Hirurok. La obra se pagó en tres partes idénticas de 54.450 euros en tres momentos de 2022.

Las dos primeras corrieron a cargo de Mediaciones Martínez y la tercera de Servinabar 2000, aunque después esta segunda mercantil le giró un cargo del mismo importe a la sociedad de Zaragoza por “asesoramiento comercial”. Hubo también un peloteo de otros 96.448,23 euros en facturas de “general corporate consulting” que Servinabar 2000 extrajo de Mediaciones Martínez. Alonso, igualmente, dispuso de 6.970,95 euros con la tarjeta de crédito de Mediaciones Martínez. La UCO estima que “el importe total percibido por Antxon de Mediaciones Martínez habría ascendido a 266.769,18 euros”.

En el caso de Fernández Guerrero, dispuso de 37.650 euros en 'nóminas' de Mediaciones Martínez -que no tenía trabajadores dados de alta- y de 128.092,80 euros de pagos de Servinabar 2000, donde sí estuvo dado de alta como trabajador desde junio de 2021 hasta abril de 2023. De cajeros sacó 11.700 euros en efectivo con cargo a los depósitos de Mediaciones Martínez. Eran cuantías de entre 100 y 1.200 euros. La Guardia Civil menciona también que hubo unas transferencias a Fernández Guerrero por valor de 100.000 euros, aunque el dinero luego fue reintegrado en apenas tres semanas.

En los mensajes intercambiados entre Alonso y Fernández Guerrero se aprecia que el expresidente de la SEPI pidió a su socio un adelanto de sus retribuciones en un momento dado a comienzos de 2022. “Antton, una cosa de las que -como ya me vas conociendo- me cuesta mucho trabajo hablar. Tengo pensado comprar otro piso al lado del que tengo en Marbella para doblar los alojamientos turísticos. Ya tengo concedida la hipoteca pero me falta algo de cash para ir lo suficientemente desahogado. ¿Crees que podrías anticiparme algunas nóminas ahora junto con la de enero? Gracias en cualquier caso, puedas o no. Y perdona. Pedir para mí es algo que toda mi vida me ha costado muchísimo trabajo”, le escribió. En apenas dos minutos, tenía el dinero: “Sí, claro. Dime cómo te puedo ayudar. El miércoles lo cerramos. Sin problema. Abrzs”. “Besarkada!”, le agradeció en euskera el andaluz. Fernández Guerrero tenía muchos guiños en ese idioma con sus socios vascos.

Según la Guardia Civil, “tan sólo unos días después” de la transferencia de Alonso al expresidente de la SEPI se firmó la escritura de un piso en Marbella valorado en 199.500 euros en total. Fernández Guerrero era titular al 50%. A los nueve meses, Fernández Guerrero adquirió otra propiedad en esa misma localidad andaluza, de nuevo al 50%. Aquí no consta si había o no fondos procedentes de Hirurok.

En el caso de Díez, la Guardia Civil sostiene que hay “diversos indicios” que, “bajo el prisma policial”, podrían hacer concluir que igualmente se lucró con el dinero de Mediaciones Martínez. En concreto, se menciona la adquisición de un Škoda Octavia de 21.500 euros. El coche estaba a nombre de la empresa, pero las revisiones las ha pasado en estaciones de ITV cercanas a las residencias de Díez, que es natural de Portugalete. El administrador nominal de Mediaciones Martínez, Carmelo Aznárez, que hacía las veces de contable del dueño real, Alonso, llegó a preguntar por una multa que había llegado. “Del coche Skoda que compraste para una amiga... Entiendo que la multa se la vas a remitir para su pago”, le planteaba a Alonso. Aznárez, de su lado, cobró 16.452 euros por sus funciones a través de otra sociedad llamada Azpe.

Los flujos de dinero apuntan también a la participación de Mediaciones Martínez en la creación de una mercantil en Marbella para la “adquisición de una serie de parcelas” que eran propiedad de “filiales de Acciona”. Acciona estaba asociada a Alonso y recibió varias adjudicaciones públicas de la mano de Servinabar 2000. “El tema de Marbella va ya como las balas [...] Para el día de la compraventa, de acuerdo con las cuentas del excel que adjunto, tendremos que contar con la mitad del precio que hay que desembolsar al contado, que es el 10% más el IVA total, lo que totaliza 837.000,31 euros, lo que implica que la parte de Mediaciones Martínez con la que habrá que contar el día de la escritura son 418.500,15 euros”, planteaba Fernández Guerrero a Díez y Alonso en un correo electrónico.

A la vez, el expresidente de la SEPI urgía a ingresar dinero de Erri Berri, que no solamente había participado en la operación de Asturias con la SEPI. “Necesitamos que Félix [el dueño de la empresa navarra] nos abone los 250K que hablamos el otro día. ¿Te encargas tú, Antton, ahora que está reciente la reunión del jueves, de pasarle las dos facturas de 100K por Avilés más los 150K por el FC Barcelona?”, agregaba. La trama, aparentemente, medió igualmente para que Erri Berri pudiera demoler el Camp Nou a cambio de una gratificación.

La investigación de Hirurok está en el Tribunal Central de Instancia. El secreto de sumario se levantó hace unos días. Deriva de la causa abierta en el Supremo el pasado año contra Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Fueron los datos incautados a Alonso en Elorrio los que dieron pie a esta nueva vía, luego refrendada porque en el material encontrado en poder de Fernández Guerrero y Díez es idéntico. Con todo, en ese otro sumario la Guardia Civil ya indicó que los fondos de Servinabar 2000 se habían empleado con fines personales por parte del entorno de Cerdán. En concreto, la UCO señaló que el político había pagado con cargo a ese dinero quince mensualidades de un alquiler en Madrid, a lo que se suman 7.849 euros en muebles.

Igualmente, se dispusieron de 33.574 euros en las tarjetas de crédito justo hasta el momento en que fue arrestado en 2024 Koldo García, socialista navarro y recomendado por Cerdán al ahora condenado José Luis Ábalos. Se da la circunstancia de que la esposa de Alonso, que residía en la vivienda reformada con cargo a Mediaciones Martínez, se quejaba en un mensaje que se hizo muy sonado de que la esposa de Cerdán no hacía más que “gastar y gastar”. “La Paqui. Que la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Gastar y gastar. Y restaurantes fin de semana sí y otro también. Ya les vale. Todos de lo bueno, lo mejor. Eso no es plan. Y encima no son nada discretos”, protestaba.

El empresario guipuzcoano Antxon Alonso es también el titular del 98,3% de las participaciones de Mediaciones Martínez, la empresa a través de la que Tubos Reunidos canalizó parte de las presuntas comisiones ilegales tras su rescate de 112,8 millones por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según constata la UCO de la Guardia Civil. Mediaciones Martínez, con sede en Zaragoza, también cobró de otros proyectos investigados por corrupción, como los relacionados con la empresa navarra de demoliciones Erri Berri.

En un atestado de finales de 2025 que motivó la apertura de una nueva causa en la Audiencia Nacional en torno al rescate de la empresa de Amurrio, al que ha tenido acceso este periódico, la UCO sitúa al empresario en un papel adicional al que ya se le conocía como principal referencia de Servinabar 2000, en la que aparentemente el dirigente del PSOE Santos Cerdán tenía una participación del 45%.

Alonso conformaba un grupo llamado Hirurok con el expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, y con la vizcaína Leire Díez. Según la tesis de la Fiscalía, que solicitó la apertura de esta nueva causa, Hirurok presuntamente cobraba las comisiones ilegales por intermediación en el rescate de Tubos Reunidos y de otras gestiones con empresas como la navarra Erri Berri. Se sospecha que Fernández Guerrero mantenía en 2021, cuando se sustanciaron estas operaciones, una capacidad influencia en la SEPI a pesar de haber dejado el cargo en 2019.

En ambos casos, Tubos Reunidos y Erri Berri, se ha constatado que los pagos -o parte de ellos- se hicieron a través de Mediaciones Martínez, con sede en Zaragoza. En el caso del rescate, inicialmente se había planteado hacerlo a través de Servinabar 2000 pero, finalmente, se cambió de idea. Los nuevos datos indican que, en realidad, seguía estando detrás la misma persona, Alonso.

La Policía judicial acredita que el 27 de julio de 2021 Alonso adquirió el 98,33% de las acciones de Mediaciones Martínez. Es decir, lo hizo a los pocos días de consumarse el rescate de Tubos Reunidos y un día antes de que, en una cena, Fernández Guerrero le comunicara al primer ejecutivo de la compañía, Francisco Irazusta, que quería un “agradecimiento” por sus gestiones, como detalló la Fiscalía.

Las participaciones restantes, añade la UCO, “con el aparente objetivo de evitar la unipersonalidad de la sociedad” quedaron en manos de Carmelo Aznárez —el anterior propietario—, que “formalmente asumió el cargo de administrador único” de la sociedad “con el propósito de encubrir la titularidad y administración real de la sociedad, en manos del grupo Hirurok”, apostilla la Guardia Civil. Mediaciones Martínez llevaba años inactiva por aquel entonces. Según la documentación remitida por la Agencia Tributaria a la investigación esta mercantil no contó con personal dado de alta entre octubre de 2021 y mayo de 2025. Así, las facturaciones con conceptos como “prospección de mercado” eran “mendaces”.

Es a partir de la entrada de Alonso en el accionariado cuando, siempre según la UCO, Mediaciones Martínez comenzó a ser utilizada por el grupo Hirurok para el cobro de mordidas. La Guardia Civil cifra en 913.000 euros las comisiones que podrían haber cobrado Alonso, Fernández Guerrero y Díez a través de la empresa. En detalle, a los 114.950 euros de Tubos Reunidos -al margen, Fernández Guerrero cobró a título individual otros 130.000-, y a los 400.000 de Erri Berri cobrados a través la empresa hermana Derribos Olite y Servinabar 2000, se suman 237.033 de VUSA, 77.137 del Grupo Aldesa, 38.720 de Alto Mineral, 24.200 de Madrid Aranda Empresa Constructora, 33.800 de LAAM Arquitectura o 17.545 de SDP Carrillo y Montes Abogados.

La UCO de la Guardia Civil ha localizado 1.288 mensajes de WhatsApp en el período comprendido entre 2020 y 2025 entre la socialista de Portugalete Leire Díez, investigada por corrupción, y el vicelehendakari segundo del Gobierno vasco, Mikel Torres. Cabeza de la parte socialista del Ejecutivo de coalición de Imanol Pradales, Torres es el líder del PSE-EE vizcaíno y durante años fue alcalde de Portugalete, donde se conocieron. La Policía judicial resalta de esas conversaciones lo relativo al rescate de Tubos Reunidos, aunque no aporta indicios de que el dirigente del PSE-EE realizara alguna gestión en ese sentido.

Díez, aunque tuvo su primer cargo público en Cantabria, es originaria de Portugalete, donde ha solido participar en actos del PSE-EE como la festividad del Primero de Mayo. Esta localidad del área metropolitana de Bilbao es un feudo socialista. Torres ha sido alcalde desde 2008 hasta 2024, cuando accedió al Gobierno vasco. También es el lugar de origen del lehendakari Patxi López y de residencia del actual secretario general en Euskadi, Eneko Andueza.

Díez conformaba un grupo llamado Hirurok con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y con el empresario guipuzcoano Antxon Alonso. La Guardia Civil eleva a 250.000 euros las comisiones que percibió presuntamente Fernández Guerrero por intermediar tanto en el rescate de 2021 de Tubos Reunidos, empresa de Amurrio, como en la renegociación de la devolución de unos intereses en 2024. La empresa admite los pagos realizados.

El atestado de la UCO de mayo sobre Tubos Reunidos destaca solamente los mensajes relaciones con esa compañía y ya en la segunda fase, la de los intereses. A los pocos días de acceder al cargo de vicelehendakari, el socialista andaluz Fernández Guerrero le pidió a Díez un encuentro entre “Mikel” y un directivo de la compañía, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, uno de los tres imputados. “Podrías gestionar una reu con él y con Jesús Urrutia? Informal. Rollo caña”, le plantea en un mensaje el expresidente de la SEPI. “Lo intento”, dijo ella. “No va a pedir nada. Solo colocarse en situación. Ya pedirá en la siguiente ocasión [...] Pero así le empoderamos (y a nosotros de paso)”, explica Fernández Guerrero.

Torres lidera las carteras de Economía, Trabajo y Empleo, pero la política industrial la gestiona el PNV por medio del consejero Mikel Jauregi. Fernández Guerrero, en cambio, cometió ese error en una nota que guardaba en su Drive: “Modelo presión política. Ramo de industria en el Gobierno Vasco al PSE, nombrándose responsable del ramo y vicelehendakari al alcalde de Portugalete. Mikel Torres. Gestionando reunión con él para el día 24/25 de julio a través de Leire Díez”.

La Guardia Civil no ha encontrado rastro de esa reunión, pero sí conversaciones sobre Tubos Reunidos entre el vicelehendakari y Díez de meses después, de octubre de 2024. Antes, en septiembre, Fernández Guerrero -que buscaba una nueva “success fee” de la empresa, es decir, nuevos pagos por sus gestiones- insistía en mantener abiertos los canales también “con la vicepresidencia del GV”.

En ese otoño, Díez planteó a Tubos Reunidos “ayuda desde otras vías”. En ese contexto, le insistió a Torres para que atendiera a los directivos de la empresa. “Recuerdas que te dije el día que nos vimos la posibilidad de ver a Jesús Urrutia, el Consejero Coordinador de Tubos Reunidos? Tu podrías verle el miércoles x la tarde en algún momento (miércoles 30). Me dices cuando puedas si es posible? Me esta insistiendo. La situación de TTRR es complicada” [sic], le mandó por WhatsApp Díez al vicelehendakari.

Nuevamente, la Guardia Civil admite que “no se han encontrado conversaciones posteriores que puedan confirmar o desmentir la definitiva celebración de este encuentro”, pero sí constata que Torres y Díez cruzaron 1.288 mensajes, a la luz de los dispositivos incautados a la segunda y volcados en el sumario de una causa dirigida por el juez Santiago Pedraz, del Tribunal Central de Instancia.

En noviembre de 2024, el CEO de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, asumió la interlocución con Díez y Fernández Guerrero. Les participa que la situación de la empresa es crítica. Incluso no se descarta el concurso de acreedores. “Se lo he mandado tal cual a Santos y a Mikel”, escribe ella. Santos, según infiere la UCO, es Cerdán. Ése es el origen de una reunión en Ferraz con directivos de la compañía que acabó con otro pago de 40.000 euros a la trama, según sostiene la Guardia Civil y no niega Tubos Reunidos.

Desde el entorno del vicelehendakari, han querido “puntualizar” que “en ningún momento el vicelehendakari se ha reunido con Leire Díez para el rescate de ninguna empresa”. Añaden que “los mensajes de WhatsApp intercambiados se deben a que Leire Díez era una persona muy activa socialmente en Portugalete, formó parte de las Ampas de varios centros educativos y equipos deportivos de la localidad y realizó un sello de Correos de Portugalete coincidiendo con el 700 aniversario de la villa cuando Díez era la responsable institucional de Correos”. “Ni Leire Díez le solicitó nunca una reunión para hablar de Tubos Reunidos ni le pidió nada con respecto a esta empresa. Por tanto, durante los 16 años como alcalde del ahora vicelehendakari mantuvo una relación como con otros vecinos activos en la vida social de Portugalete”, abundan estas fuentes.

La UCO de la Guardia Civil eleva a 247.459 euros las presuntas comisiones cobradas por el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, por sus gestiones para facilitar primero el rescate de la empresa de Amurrio Tubos Reunidos, una inyección de 112,8 millones de euros, y luego la renegociación de la devolución de intereses tras la obtención de unos ingresos de 15,2 millones por una venta en Sestao.

Fernández Guerrero, socialista andaluz, conformaba un grupo llamado Hirurok con la socialista de Portugalete Leire Díez y con el empresario guipuzcoano Antxon Alonso. El grupo, según los mensajes incorporados al sumario, tenía especial interés en hacer ver que tenía mano con el PNV para presionar al Gobierno central en la aprobación del rescate. El partido admite que claro que se preocupa por empresas estratégicas vascas, pero insiste en que “nada tienen que ver” con las “actividades” que “en paralelo” pudieran realizar “terceras personas”.

El caso de Tubos Reunidos lo investiga el juez del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Santiago Pedraz. El arresto de Alonso en 2025 por su presunta relación con la trama de corrupción de su amigo y dirigente del PSOE Santos Cerdán reveló la existencia del grupo Hirurok. Ello derivó en la apertura de esta pieza, a instancias de la Fiscalía, a finales de 2025. Fueron arrestados Alonso, Fernández Guerrero y Díez.

La UCO ha elaborado un atestado específico sobre este rescarte, emitido en mayo. La Policía judicial ha registrado dos veces la empresa, en diciembre de 2025 y ahora, en junio de 2026. Con los tres de Hirurok, están imputados igualmente los altos directivos de la empresa Francisco Irazusta, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia -ya fuera de la compañía- y Carlos López de las Heras. Todos ellos tramitaron pagos a Fernández Guerrero. Una testigo de la empresa ha declarado ya en el proceso que eran facturas gestionadas directamente por los ejecutivos de la compañía.

¿Cómo se gestionaron los pagos? Este periódico ya adelantó, a la luz de un informe de la Fiscalía, que Fernández Guerrero, pese a haber dejado la SEPI en 2019, mantuvo influencia en el organismo y que se ofreció a Tubos Reunidos para engrasar un rescate que se formalizó en 2021. A cambio, pidió un “agradecimiento”, según manifestó él mismo en un mensaje. En otro, llamó “success fee” a otra presunta comisión.

114.950 euros se canalizaron por la vía de la mercantil zaragozana Mediaciones Martínez. Inicialmente, se iba a tramitar a través de la “vasco-navarra” Servinabar 2000, pero se desechó esa opción. Pero la Guardia Civil estima que Fernández Guerrero ingresó directamente otros 132.500 euros.

El informe de la UCO realiza una anatomía a través de los mensajes de Fernández Guerrero, Alonso y Díez de las gestiones que hicieron primero para ganarse la confianza de la empresa -hasta el punto de multiplicar las comidas y reuniones o de presentar a Díez falsamente como “directora de gabinete” de la SEPI- y después para interceder durante la tramitación de la inyección económica de 112,8 millones.

“Vicente sigue siendo una persona de peso dentro del partido y gobierno. Sigue estando muy unido a la Ministra de Hacienda [María Jesús Montero]. De echo [sic] cuando no teníamos feedback directo de la presidenta lo tenía por su parte ya que sigue teniendo un vínculo muy estrecho con muchos miembros de SEPI. La primera persona a la que informó Charo, la técnico que llevaba nuestra solicitud de la aprobación fue él, quien me envió un mensaje inmediato. Yo os lo explicaré sí queréis más en detalle en el próximo consejo”, contó Irazusta en un correo electrónico compartido con la dirección de su empresa. Es más, constan en actas internas en las que se discutió sobre el apoyo externo de Fernández Guerrero.

El punto más crítico se dio poco antes de que se confirmara definitivamente el rescate, en julio de 2021. Al parecer, la vicepresidenta Nadia Calviño y su equipo pusieron dificultades. Es ahí cuando la trama intentó implicar al PNV para que presionara al Gobierno central, dada su labor habitual de apoyo a las empresas vascas. No hay pruebas directas de qué pudo hacer el partido entonces liderado por Andoni Ortuzar o la consejera vasca de Industria de la época, Arantxa Tapia, más allá de estar encima de un tema de interés objetivo para la economía de Euskadi.

Fernández Guerrero, en todo caso, ofrecía a Alonso como una suerte de contacto con el PNV. Lo define ante Tubos Reunidos, en esas horas críticas, como una persona “íntima” de un tal “Aurreku”, en posible referencia a Joseba Aurrekoetxea, responsable de Organización del Euzkadi Buru Batzar durante años, mano derecha de Ortuzar y tan influyente como desconocido ante la opinión pública. En esas mismas fechas, la consejera Tapia habló con Montero de Tubos Reunidos, pero en el sumario no hay indicios de vinculación con los movimientos de la trama Hirurok.

Años después, ya con Irazusta fuera de la compañía, Tubos Reunidos volvió a movilizar a Fernández Guerrero para flexibilizar una devolución de intereses. La venta de una propiedad en Sestao le procuró 15 millones, pero las condiciones del rescate les impedían disponer de la liquidez mientras tuvieran deudas con la SEPI. En concreto, 9,8 millones irían directamente a amortizar el crédito. El plazo para abonarlos se acababa en julio de 2025 y en 2024 ya se movieron las piezas.

Según la Guardia Civil, Fernández Guerrero y Díez empezaron a hacer gestiones. En sus mensajes, se menciona a Mikel Torres, vicelehendakari socialista de Imanol Pradales, o a “Eneko”, presumiblemente Eneko Andueza, líder del PSE-EE. Díez, después, elevó el asunto a Cerdán. Ya se conocía que a finales de 2024 hubo una reunión en Ferraz con directivos de Tubos Reunidos. Antes, Fernández Guerrero se citó con los empresarios en un restaurante vasco de Madrid. La Guardia Civil habla de otra comida en Hortaleza entre Fernández Guerrero, Díez y Cerdán para las mismas “gestiones”. Como detalle, a Díez se le ubica en variados lugares porque se han rastreado sus movimientos a través de la aplicación Waze.

Nuevamente, la trama quiso meter en medio al PNV. El socialista andaluz se ofreció para que los directivos de Tubos Reunidos se vieran con Ortuzar y con Aurrekoetxea. Fuentes del entorno del PNV recalcan que no precisan de nadie para tener interlocución con empresas vascas. La UCO sí da credibilidad a que se celebrara la reunión, ya en 2025, pero no la asocia a ningún movimiento económico.

En todo caso, en febrero de ese año el Consejo de Administración fue informado de otro pago de 40.000 euros a Fernández Guerrero. “El CEO informa al Consejo que desde el 1 de noviembre de 2024 está vigente con el consultor D. Vicente Fernández un contrato de consultoría por el que el mismo está aportando valor al CEO con su conocimiento y experiencia, por lo que el mismo percibirá una remuneración total por su asesoramiento durante estos meses por importe total de 40.000 euros, cuando la compañía pueda disponer de los fondos”, recoge el acta de esa reunión.

Hay correos electrónicos de Fernández Guerrero a López de las Heras, el sustituto de Irazusta, en el que plantea percibir un “success fee” del 2% del ahorro en el asunto de los intereses. Finalmente, recibió como contrapropuesta un 1,5% para el primer 75% y un 2% para el resto. “Por mí de acuerdo. Comenzamos y firmamos cuando quieras”, respondió el expresidente de la SEPI.

La jueza de lo mercantil de Vitoria, María Teresa Trinidad Santos, que se ocupa del concurso de acreedores de Tubos Reunidos, ha iniciado el proceso para intentar la venta de la empresa. En un auto con fecha de este lunes día 15 de junio publica las reglas del proceso para una eventual adquisición, en las que da a los posibles interesados cinco días hábiles de plazo desde la recepción mediante correo de su interés para que presenten la carta de confidencialidad firmada con la que se iniciarán los contactos, visitas y acceso a documentación para que pueda materializarse la venta.

La publicación de las reglas con las que se pone en marcha el proceso, a las que la jueza ordena dar la mayor difusión, se ha conocido este jueves, cuando la matriz de Tubos Reunidos ha entrado oficialmente en concurso de acreedores. Era la sociedad que faltaba de entrar en proceso concursal porque al ser cotizada estaba a la espera de que la CNMV enviara una terna de posibles administradores entre los que la magistrada debería elegir. El administrador concursal de la matriz será PKF-Attest, que es también el designado para el resto de las sociedades del grupo, siete en total, el pasado mes de mayo.

La jueza señala en el auto en que fija las bases de la posible venta que “la transmisión de la empresa insolvente pero económicamente viable”, constituye en principio la solución que “mejor satisface el interés del concurso, entendiendo que desde una perspectiva exclusivamente económica la venta del conjunto es la forma de obtener el mejor valor de mercado de la masa activa en beneficio de los acreedores”. “Al mismo tiempo, además de la mejor satisfacción de los acreedores se pretende mantener la actividad productiva o empresarial con conservación de contratos de trabajo y capacidad de generar rendimientos futuros”, indica.

En cualquier caso, todo este procedimiento está condicionado a que se presenten ofertas por la empresa, que en estos momentos está en el punto de mira por la investigación abierta en la Audiencia Nacional en relación al rescate de la compañía por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en 2021, valorado en 112,8 millones de euros. Se analiza si se abonaron comisiones ilegales al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y a su grupo Hirurok, conformado también por Leire Díez y Antxon Alonso.

En principio, se priorizarán las ofertas por el conjunto de la empresa, ya que considera que “la transmisión íntegra de la unidad productiva permite garantizar, en mayor medida, la continuidad de la actividad empresarial, la conservación del mayor número posible de puestos de trabajo y la optimización del valor global de los activos transmitidos, evitando riesgos de desagregación, pérdida de sinergias o deterioro del valor económico que podrían derivarse de transmisiones parciales o fragmentadas”. Esto supone que, “sin perjuicio de la admisibilidad de ofertas estructuradas sobre perímetros intermedios, la valoración de las mismas tendrá en cuenta, entre otros criterios, su impacto en la continuidad de la actividad, la cohesión del negocio y la maximización del retorno para el conjunto de interesados, primándose aquellas propuestas que se ajusten al marco máximo y supongan una transmisión unitaria de la unidad productiva o, la compra de todas las compañías”.

En cuanto al procedimiento se estructurará en tres fases. Si hay potenciales compradores lo primero que tendrán que hacer es enviar, en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde la recepción mediante correo, de la carta de confidencialidad debidamente firmada por persona con poder de representación. Esta carta de confidencialidad permitirá la organización de la primera visita a las instalaciones de las sociedades incluidas en el perímetro para que “los interesados formarse un conocimiento directo y suficiente de la realidad operativa, técnica y material de la unidad productiva mixta o de las sociedades objeto de transmisión, facilitando así la formulación de ofertas más fundadas, consistentes y alineadas con el objetivo de maximización del valor en el marco concursal”. Además se abrirá el proceso del potencial comprador tendrá la oportunidad de participar en un proceso de revisión o auditoría legal y financiera de la unidad productiva o sociedades ('Due Diligence').

Una vez los potenciales interesados hayan accedido a la totalidad de la información relevante relativa a las sociedades incluidas en el perímetro, incluyendo, en particular, la documentación de carácter laboral, se les reconocerá la posibilidad de mantener hasta un máximo de dos reuniones, a celebrar en días consecutivos, con los representantes legales de los trabajadores de las plantas de Amurrio, Trapagaran e Iruña de Oca.

Después llegará el periodo de presentación de ofertas de las que se seleccionarán un máximo de cinco que hayan ofertado los precios más altos en sus primeras ofertas y que pasarán a las siguiente fase, con la posibilidad de participar en un proceso de preguntas -un máximo de 30- sobre los aspectos financieros y legales de la unidad productiva. Además, cada potencial comprador seleccionado tendrá la posibilidad de mantener una única reunión con el equipo gestor. A partir de ahí tendrá que presentarse la oferta final, que deberá incluir obligatoriamente las fórmulas de financiación de para asegurar la continuidad de la actividad de la concursada. “Mediante aportaciones dinerarias directas, consistentes en inyecciones de liquidez destinadas a cubrir necesidades de tesorería corriente; o mediante fórmulas indirectas de apoyo financiero, tales como la aportación del suministro o la financiación de la adquisición de bienes, materias primas o recursos esenciales para el desarrollo de la actividad productiva”. “La inclusión de esta exigencia responde a la necesidad de asegurar que todas las ofertas que concurran al proceso incorporen soluciones reales y efectivas de sostenimiento de la actividad, contribuyendo de manera directa a la continuidad operativa en condiciones óptimas, la preservación del tejido productivo y del empleo, la estabilidad del proceso de transmisión y la maximización del valor de la masa activa”, señala el documento.

Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia ha presentado este viernes su dimisión como consejero independiente de la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. La empresa, actualmente en concurso de acreedores, ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su cargo es “incompatible” con otras “responsabilidades”, pero coincide con su imputación en la investigación por corrupción seguida en la Audiencia Nacional en relación al rescate de la compañía por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en 2021, valorado en 112,8 millones de euros. Se analiza si se abonaron comisiones ilegales al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y a su grupo Hirurok, conformado también por Leire Díez y Antxon Alonso.

Según el sumario, el ejecutivo participó en reuniones con Fernández Guerrero en el momento del rescate, cuando el socialista andaluz reclamó un “agradecimiento” por su participación como facilitador de la financiación. Igualmente, participó en un momento posterior en que tocaba renegociar la devolución de intereses y, supuestamente, se celebró un encuentro en Ferraz, la sede del PSOE, en el que también estuvo Santos Cerdán. En el primer momento Fernández Guerrero cobró 114.950 euros a través de la pantalla Mediaciones Martínez, unos hechos ya admitidos por Tubos Reunidos. En el segundo momento se sospecha que se pudo abonar una nueva comisión de 40.000 euros, según un informe de la UCO de la Guardia Civil.

El empresario es bilbaíno de nacimiento pero andaluz de adopción. Según Tubos Reunidos, “cuenta con una amplia experiencia de más de 36 años ejerciendo funciones de dirección en grandes compañías como CEO o de dirección general y dirección financiera”. “A lo largo de su larga experiencia profesional ha sido presidente en España de BNPP Real Estate, CEO de Occidental Hoteles, CFO de Metrovacesa, Director General Corporativo de Grupo Ence y CEO de Planeta DeAgostini así como CFO y secretario general de Abengoa. [Y] Cuenta con amplia experiencia en consejos de administración donde ha pertenecido a los consejos de Abengoa, Befesa,Telvent, Logista, la Socimi francesa Gecina, GMP, Levantina de Mármoles o Denarius, entre otros. Asimismo ha sido presidente en España de BNPRE y consejero de las compañías Project Qsar Investments y Rio Narcea Recursos SA. Actualmente es miembro del consejo asesor de Schindler en España, senior advisor de Denarius Metals en España, miembro del consejo de Vertikal Elevadores, S.L.U. y director general en Madrid de Cesur (Círculo de Empresarios del Sur de España)”, se puede ver en su curriculum.

En la causa judicial está imputado también Francisco Irazusta, el presidente de la compañía en el momento del rescate y que presuntamente cenó con Fernández Guerrero a finales de julio de 2021 para acordar la mecánica de los pagos, según describió la Fiscalía en un documento adelantado por este periódico. Cesó en 2023 y, por lo tanto, no participó ya en la siguiente fase. Hay un tercer directivo de Tubos Reunidos investigado que acompañó a Pérez Rodríguez-Urrutia a Ferraz, siempre según el sumario.

La empresa, sumida en concurso de acreedores, ha comunicado también a la CNMV que entrará al consejo Carmen Motellón. Será presidenta de la comisión de auditoría. Ingenera de formación, es funcionaria del Estado y cuenta con “amplia experiencia”, según la compañía.