El expresidente de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, pactó en una cena de finales de julio de 2021 con el presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, un “agradecimiento” de 5.000 euros mensuales más IVA que, según la Fiscalía Anticorrupción, era una comisión ilegal por su mediación para que la compañía con sede en la localidad alavesa de Amurrio obtuviera, unos días antes de ese encuentro, un rescate de 112,8 millones de euros por parte de la SEPI. Los pagos cesaron cuando Irazusta dejó la empresa en 2023, se camuflaron a través de una mercantil de Zaragoza, Mediaciones Martínez (ahora renombrada como Ku-Ma), pero no respondían a un servicio real, siempre según esta documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico.

¿De dónde sale esta información que ahora investiga el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional? En junio de 2025, la UCO de la Guardia Civil arrestó en la localidad vizcaína de Elorrio al entonces desconocido empresario guipuzcoano Antxon Alonso. En ese registro aparecieron tres elementos fundamentales. Uno, dinero en efectivo en bolsas. Dos, un papel que vinculaba al entonces dirigente del PSOE Santos Cerdán con su empresa, Servinabar 2000, con oficina en el centro de Pamplona. Y, tres, un teléfono móvil con varias cuentas de correo electrónico y una aplicación de mensajería llamada Threema, pretendidamente más segura que WhatsApp o Telegram. En noviembre, este periódico publicó que los secretos de ese dispositivo iban a arrojar luz sobre adjudicaciones relacionadas con el PSOE.

Esto llevó, en diciembre de 2025, a otro arresto de Alonso, al de Fernández Guerrero y al de Leire Díez, natural de Bizkaia. Se registró también Tubos Reunidos. ¿Por qué? En el Threema había un grupo conformado por Alonso, por Fernández Guerrero y por la socialista vizcaína. Se llamaba Hirurok, en euskera. Después, crearon otro, Hirurok Berriro. Aparentemente, usaban ese foro para coordinar su intervención en diferentes negocios para recaudar mordidas. La investigación trata de determinar qué grado de influencia mantenía Fernández Guerrero en la SEPI, ya que había abandonado el cargo en 2019 por su imputación en otro proceso penal sobre Aznalcóllar. Y también si Cerdán, socio de Alonso, era el coordinador de estas actividades.

La fiscal Anticorrupción Elisa Lamelas presentó ante la Audiencia Nacional el pasado 9 de diciembre de 2025 una denuncia que derivó en esos arrestos. Achaca a la terna los delitos de prevaricación, malversación de caudales, tráfico de influencias y organización criminal. El asunto, que permaneció bajo secreto hasta hace una semana, acabó recayendo en el juez Pedraz y derivó en una ampliación de la investigación para indagar en la actividad llevada a cabo por Díez para atacar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pero antes de las cloacas estuvieron los tubos. Antes de este giro que copa titulares y tertulias, estuvo el millonario rescate de Tubos Reunidos, la gran operación del grupo Hirurok y que dobla en cuantía al de la aerolínea Plus Ulta. En esa denuncia inicial, a la que ha tenido acceso elDiario.es y que ahora ya ha sido ampliada con un nuevo informe de la UCO de mayo y nuevos registros, la fiscal explica que la trama, desde 2021, “valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre personas vinculadas a la fúnción pública, habría orientado la resolución de diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros”. Enumera cinco operaciones, pero la principal es de la de Tubos Reunidos.

En el móvil de Alonso hay una primera mención a la empresa a mediados de junio de 2021, pocas semanas antes de confirmarse el rescate. Fernández Guerrero quería saber qué opinaba el PNV de ese negocio, porque el secretario de Estado de Economía (socialista, Gonzalo García) estaría “dificultando la operación”. Después, el 3 de julio Fernández Guerrero colgó en Hirurok un documento con detalles del cronograma del rescate y explicaba que la nueva presidenta de la SEPI, Belén Gualda, había dado el visto bueno aunque persistían las dudas en el Ministerio de Economía. La SEPI cuelga de Hacienda. El andaluz añadía en ese mensaje que “ligaba su contribución al rescate de TR a la consecución de una retribución”. Repitió la misma idea en varios correos electrónicos.

El 6 de julio de 2021, Servinabar 2000 organizó una reunión en Pamplona, de normal colapsada en esa fecha por el chupinazo de San Fermín pero que no celebró sus fiestas ese año por la COVID-19. Fernández Guerrero era empleado de la firma de Alonso en la que Cerdán era socio. Tuvieron un orden del día de 29 puntos en esa reunión. El vigésimo noveno y último era Tubos Reunidos: “Los 112,8 MM € comprometidos por la SEPI están en el aire. Hoy 6/Jul, pese a la promesa de la presidenta de la SEPI no se va a aprobar la operación. Posibilidad de que Antton [Alonso] lo confirme ante el PNV, demostrando que cuenta la información fidedigna. Presión del PNV ante el Gobierno. ¿Compensación para Servinabar? Vct [Fernández Guerrero] tiene hilo directo con Presidente de TR, Francisco Irazusta”.

La Fiscalía, como también mantiene la UCO, no descarta Alonso intermediara con el PNV para desbloquear la financiación. Cerdán siempre ha dicho que su amigo, con el que niega cualquier relación mercantil, era cercano a la formación nacionalista y a su coalición en Navarra, Geroa Bai. En todo caso, el rescate se concretó el 13 de julio. En Threema, Fernández Guerrero destacó el papel de Alonso con el PNV “en la resolución del asunto”. El 18 de julio, el expresidente de la SEPI ya hablaba con sus compañeros de Hirurok de poder recibir un “agradecimiento” y planteaba mostrar sus cartas en una cena con Irazusta, el primer ejecutivo de la compañía.

Según la documentación judicial, esa cena tuvo lugar el 28 de julio y, al día siguiente, Fernández Guerrero ya tenía una fórmula para que Servinabar 2000 girase facturas a la empresa alavesa. Finalmente, la “colaboración” se firmó en noviembre de 2021, aunque se optó por camuflar los pagos a través de una empresa de Zaragoza, Mediaciones Martínez. La “oferta” era de una “cuota mensual” de 5.000 euros. Las facturas a Tubos Reunidos estaban en el buzón de correo electrónico de Servinabar 2000 con conceptos como la “prospección de mercados”. “En ninguna de las evidencias obrantes en el procedimiento se han observado elementos de los que se pueda concluir que se llevaron a cabo gestiones de prospección de mercado”, estima la Fiscalía. Y es “especialmente significativo” que los pagos se cortaron cuando Irazusta dejó la empresa. Anunció su renuncia en julio de 2023 y la de agosto fue la ultima minuta.

Fuentes de Tubos Reunidos confirman los pagos a Mediaciones Martínez. Añaden que también hubo pagos a título individual a Fernández Guerrero. La pasada semana se abrió una nueva línea de investigación porque, tras la marcha de Irazusta, dos directivos buscaron de nuevo ayuda de Hirurok para flexibilizar los pagos de intereses del rescate. En 2024 se produjo, según la Guardia Civil, una reunión en Ferraz para tratar el asunto. Estaba Cerdán y Díez, pero aparentemente quien recibió de nuevo una gratificación fue Fernández Guerrero. Se analiza si fueron 40.000 euros. La compañía admite que mantuvo los pagos al expresidente de la SEPI hasta noviembre de 2025, es decir, hasta su arresto.

En Euskadi, Tubos Reunidos ha copado titulares este 2026. La empresa ha entrado en concurso de acreedores. Acumula un pasivo de 260 millones y la SEPI es el principal acreedor. El rescate ha acumulado intereses y alcanza los 160 millones de euros. En estos meses tras la aparición en escena de Fernández Guerrero ha habido 242 despidos, huelgas y movilizaciones. El PNV ha insistido en reclamar una quita a la SEPI, extremo que en la empresa dan por imposible dadas las circunstancias.

El diputado general de Álava, Ramiro González, del PNV, ha confiado en que la investigación judicial por presunta corrupción en Tubos Reunidos “no influya en el futuro” de la empresa, que necesita de “la llegada de un inversor” y de “la reestructuración de la deuda”. La compañía, con sede principal en Amurrio, fue rescatada en 2021 por la SEPI y se analiza si la inyección de 112,8 millones escondía el pago de comisiones ilegales.

“Evidentemente, esta investigación judicial no es positiva para el futuro de la empresa. El deseo de la Diputación Foral de Álava es que no interfiera, no tenga ninguna influencia y que el proceso que se lleva a cabo dentro del procedimiento concursal pueda acabar como todos deseamos, que es con la continuidad de la actividad empresarial”, ha manifestado este martes en rueda de prensa, según informa Europa Press.

Tubos Reunidos está ahora mismo en concurso de acreedores. Ha sido un 2026 de despidos, huelgas y movilizaciones. Sin embargo, antes, en diciembre de 2025, la compañía fue registrada por la UCO de la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional. Fueron también arrestados el expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, que cobró de la compañía a través de una mercantil de Zaragoza, la vizcaína Leire Díez y el guipuzcoano Antxon Alonso, socio del exdirigente del PSOE Santos Cerdán.

El pasado jueves, de nuevo por orden judicial y por los mismos hechos, la Guardia Civil se volvió a personar tanto en la planta de Amurrio como en las oficinas de Bilbao. La empresa envió el viernes un comunicado a toda la plantilla informando de la entrada de la Policía y exhibiendo voluntad de “colaborar” con la Justicia. La nota estaba en castellano, euskera e inglés.

La investigación de la Audiencia Nacional sobre las maniobras de Leire Díez o Santos Cerdán, que tantos y tantos titulares está copando, tiene su origen en otro hito. Se trata del rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (conocida por sus siglas SEPI) de la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. Fue una operación de 112,8 millones de euros y se sospecha que encerró el pago de comisiones, el primero de otra serie de negocios similares y que han sido bautizados con el nombre en euskera Hirurok ('Nosotros tres', en castellano) por aglutinar a tres personas del entorno de Cerdán, la propia Díez, socialista vizcaína, Antxon Alonso, empresario guipuzcoano, y Vicente Fernández Guerrero, socialista andaluz y expresidente de la SEPI.

La UCO de la Guardia Civil, en calidad de Policía judicial, ha elaborado para el instructor Santiago Pedraz un informe específico sobre este asunto. Tiene fecha de 6 de mayo. Además, menciona el tema en otro dictamen más amplio y más reciente, del 26 de mayo. En él, señala también la “intermediación” de “algún miembro” del PNV en la operación de Tubos Reunidos, aunque no se aporta ningún dato identificativo y deja el rol de estas personas en condicional. No es la primera vez que en las investigaciones de la UCO que rodean al exsecretario de Organización del PSOE, el navarro Cerdán, se menciona al PNV. En otro informe se apuntaba a que los nacionalistas sugirieron unos nombramientos tras apoyar en 2018 la moción de censura que aupó al poder a Pedro Sánchez.

La empresa ha sido registrada nuevamente este mismo jueves. Ya lo fue durante horas en diciembre de 2025, justo antes de que trascendieran las detenciones de los tres de Hirurok. En aquel momento se llevaron una ingente cantidad de archivos informáticos y buscaron el rastro de dos directivos concretos de la empresa, los mismos que habían mantenido más contacto con Cerdán y Díez.

El rescate fue ejecutado en 2021. En ese momento, el expresidente de la SEPI, Fernández Guerrero, fue contratado por Tubos Reunidos como asesor externo. Cobró 114.950 euros a través de la asesoría zaragozana Mediaciones Martínez, según ha detectado la Policía judicial. La empresa no lo niega. En paralelo, Fernández Guerrero fue dado de alta como trabajador de Servinabar 2000, mercantil pamplonesa del empresario guipuzcoano Antxon Alonso y en la que Cerdán, aparentemente, controlaba el 45% de forma oculta.

Técnicamente, llevaba más de dos años fuera de su cargo y no había incompatibilidad legal en estas actividades mercantiles, pero los responsables de la investigación sostienen que en el período de 2019 a 2021, aunque formalmente estuvo fuera por otro problema legal relacionado con Aznalcóllar, siguió influyendo en el organismo estatal o intentando regresar. Es más, se sostiene que, cuando Belén Gualda fue elegida ese mismo 2021 para cubrir la vacante, la trama intentó que Díez fuese su jefa de gabinete.

Sobre los hechos de 2021, expone la Guardia Civil que “se pudo comprobar cómo Leire y Vicente, en un momento dado en el que el rescate se encontraba bloqueado, propusieron acudir a Santos y Antxón para impulsar el mismo”. En sus informes, este cuerpo siempre cita a los implicados por su nombre de pila. Agrega que, “previsiblemente como resultado de lo anterior, las acciones desarrolladas por el grupo Hirurok consistieron, según las palabras de los propios investigados, en al menos su 'intermediación' con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco, lo cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda en cuestión”.

Abunda la UCO que, años después del rescate, “se ha identificado una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025, a los fines de conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la cual habría podido participar Santos”. ¿En qué se basan? El 13 de noviembre de 2024 se celebró en el despacho de Cerdán “en la sede del PSOE, sita en la calle Ferraz”, una cita entre el dirigente socialista, Díez “y dos directivos de Tubos Reunidos”. Después, arreglado el problema, Fernández Guerrero facturó 40.000 euros adicionales a Tubos Reunidos. El expresidente de la SEPI mantuvo su relación económica con la empresa hasta un mes antes de ser detenido, hasta noviembre de 2025, según fuentes de la compañía.

¿Y cómo se conformó Hirurok con gentes de tan variada procedencia? La Guardia Civil ubica el inicio de la relación “personal” entre Fernández Guerrero y Díez en la SEPI, donde ella era responsable de comunicación de la filial Enusa. Era el año 2019. Un poco después, a finales de 2020, ambos conocieron a Alonso por mediación de Cerdán. Para demostrar que Cerdán y Fernández Guerrero también se conocían, la UCO muestra unos mensajes del actual secretario de Organización del PSE-EE, Miguel Ángel Morales. A finales de 2018, Cerdán le pidió a Morales, con quien mantenía una estrecha relación, que contactara con el entonces presidente de la SEPI.

“Es un favor que nos tienes que hacer”, ponía el socialista vasco. Hace un año, cuando Morales salía mencionado en otro informe sobre las causas que rodean a Cerdán, el PSE-EE desmintió totalmente cualquier implicación en irregularidades. Morales vuelve a ser mencionado en un mensaje de Díez a Fernández Guerrero. “Hoy volveré a ver a Santos porque ayer se reunía con Eneko y Morales”, le decía, en referencia previsible a Eneko Andueza, secretario general del partido en Euskadi. Fuentes del PSE-EE explican que Morales planteaba un favor de índole persona, dentro de la legalidad y sin relación alguna con los hechos investigados.

Hirurok como tal nace en 2021. Es un grupo de Threema, una aplicación de mensajería aparentemente más segura que WhatsApp. Se crea el mismo día en que Fernández Guerrero es dado de alta como trabajador de Servinabar 2000. Sin embargo, operaba de antes, según la tesis de la Guardia Civil.

La UCO sostiene que cobraron 117.612 euros en comisiones de otros dos negocios además de Tubos Reunidos. Menciona 18.119,75 euros ingresados en Servinabar 2000 por una adjudicación en Mercasa y 99.492,25 euros de la empresa navarra Excavaciones Erri-Berri por unos trabajos en Asturias. Se menciona, igualmente, que Forestalia “pactó” el pago de 200.000 euros a Hirurok para que Sepides aprobara una inversión de 17,32 millones para Arapellet, una filial. Alonso ejerció de representante de Forestalia ante numerosos cargos públicos y Fernández Guerrero también participó en reuniones, siempre según la Guardia Civil. Por otro lado, Díez creó en Marbella una sociedad llamada “Andalukadi”, en probable referencia a la unión de Andalucía y Euskadi.

Por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, agentes de la UCO de la Guardia Civil han realizando registros este jueves en la sede central de Tubos Reunidos, en la localidad alavesa de Amurrio, y en las oficinas de la compañía en el centro de Bilbao, según fuentes internas. Es ya la segunda operación policial en esta compañía, ya que en diciembre los agentes ya se personaron en Amurrio. Se buscan nuevas pruebas relacionadas con presuntas irregularidades en el rescate de la empresa propiciado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021, de 112,8 millones. La empresa contrató ese año y hasta 2025 como asesor al expresidente del organismo estatal, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.  Los agentes de la UCO también tiene orden de realizar un requerimiento de información en la sede de la SEPI, en Madrid.

A falta de detalles de la operación policial, en diciembre se buscaron correos electrónicos de un período temporal muy amplio y se analizó el papel de dos directivos de la empresa. Ahora se desconoce el alcance de las nuevas pesquisas. El registro de Amurrio ha sido breve, de apenas unos minutos. Ambas entradas han comenzado a la vez. El de Bilbao ha terminado hacia las 18.30 horas.

Se da la circunstancia de que los últimos meses han sido muy duros para Tubos Reunidos, que ahora mismo está en concurso de acreedores y que llegó a plantear 300 despidos a comienzos de 2026. En estos meses se han sucedido las huelgas y movilizaciones tanto en Amurrio como en otra planta vizcaína, la de Trapagaran. La SEPI es el principal acreedor, con créditos por valor de 160 millones sumados los intereses que ha generado el rescate de 2021.

El rescate de Tubos Reunidos es el origen de la investigación del juez Pedraz sobre el entorno de Leire Díez, una socialista de origen vizcaíno, aunque actualmente los nuevos datos hayan revelado temas completamente diferenciados. Aunque Fernández Guerrero dejó la SEPI en 2019, se analiza si seguía manteniendo influencia en 2021 para propiciar la inyección económica millonaria, el doble de la de Plus Ultra. Fernández Guerrero conformaba con Díez y con un tercero, el empresario vasco Antxon Alonso, un grupo de Threema llamado Hirurok, en euskera, que aparentemente coordinaba estas operaciones a cambio de comisiones. Threema es una aplicación de mensajería aparentemente más segura que WhatsApp o Telegram.

El expresidente de la SEPI estuvo dado de alta durante cuatro años como consultor externo de la empresa Tubos Reunidos. Eso sí, habían pasado los dos años que marca la ley para evitar conflictos de intereses. La cantidad facturada por Fernández Guerrero en Amurrio ascendería a 114.950 euros. Los pagos no eran directos, sino a través de una “consultora” que él mismo había indicado y que estaba residenciada en Zaragoza, según contaron fuentes de la empresa a este periódico. Después, hubo nuevas facturas ya a título individual cuyas cantidades concretas no se conocen aún.

Se da la circunstancia de que mientras Fernández Guerrero cobraba de Tubos Reunidos vía Zaragoza estuvo dado de alta también en Servinabar 2000 de Pamplona, la mercantil de Alonso en la que, supuestamente, Santos Cerdán tenía una participación del 45%. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. La investigación sobre Servinabar 2000 sigue otro recorrido judicial paralelo. 

El registro buscaba en Tubos Reunidos indicios de anotaciones manuscritas halladas en poder de Leire Díez, quien conformaba con Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, un grupo llamado Hirurok creado aparentemente para cobrar comisiones. Dos directivos de la compañía que habían mantenido reuniones con miembros de esta trama están siendo investigados, aunque su identidad no ha trascendido.

A las 10.35 horas de este miércoles, el consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, enviaba al Parlamento Vasco una respuesta a preguntas de la coalición Sumar sobre la situación de la empresa Tubos Reunidos, que ha entrado recientemente en concurso de acreedores y que antes presentó un ERE para centenares de trabajadores. Su tesis fundamental era insistir en que el Estado, la Sepi, debería flexibilizar la deuda que reclama a la compañía, que asciende ya a unos 160 millones de euros.

La petición, que no es nueva, ha coincidido con la operación anticorrupción de la UCO de la Guardia Civil en la sede del PSOE en Ferraz y en otros puntos lanzada a primera hora de la mañana. Se trata de una causa de la Audiencia Nacional que deriva de otra iniciada en diciembre del pasado año (con número 89/25) precisamente con el rescate de Tubos Reunidos a cargo de la SEPI como epicentro. En aquel momento fueron arrestadas tres personas, el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, la socialista vizcaína Leire Díez y el expresidente de la Sepi, el andaluz Vicente Fernández Guerrero. Se trataba de un grupo que se hacía llamar 'Hirurok', en euskera, en una plataforma de mensajería llamada Threema, aparentemente más segura que WhatsApp.

El rescate de Tubos Reunidos se produjo en 2021 y estuvo cuantificado en 112,8 millones de euros, más del doble que el de la línea aérea Plus Ultra investigado en otra causa, la que involucra al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El resto hasta 160 son los intereses acumulados.

Fernández Guerrero fue presidente de la SEPI entre 2018 y 2019. Después de dejar la entidad estatal, en 2021, cuando se efectuó el rescate, estuvo dado de alta como trabajador de la mercantil Servinabar 2000, con oficinas en Pamplona y detrás de la que está Alonso y, aparentemente, también el exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. Asimismo, después de esa etapa, en diciembre de 2025, Tubos Reunidos confirmó que había realizado también pagos directos a Fernández Guerrero hasta pocos meses antes. Se trataba de “un contrato de asesoramiento con cantidades estándar”.

El auto de la nueva pieza secreta del juez Santiago Pedraz explica que el grupo 'Hirurok', sobre el que sitúan a Cerdán como una suerte de coordinador, pretendió mantener el control de la Sepi tras la salida de Fernández Guerrero. Estima que “valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencias” quisieron “orientar” determinadas operaciones -y no solamente la de Tubos Reunidos- “con una finalidad lucrativa”. Según el magistrado, “fundamentalmente” operaron en 2021. Siempre según esta resolución judicial, Díez pretendió ser jefa de gabinete de la sustituta de Fernández Guerrero. Antes, había estado en Enusa, una sociedad de la Sepi.

Desde Tubos Reunidos, que ha copado titulares en los últimos meses por la propuesta de ejecutar 300 despidos -finalmente fueron 242- y la entrada en concurso de acreedores con una deuda de más de 260 millones y pérdidas de 118 millones en 2025, se insiste en que no tienen constancia de nada nuevo por parte de la Audiencia Nacional. Aseguran que han ido aportando a la autoridad judicial toda la documentación que se les ha requerido y recalcan que así lo seguirán haciendo.

Lo último que ha trascendido es que el juez instructor prorrogó el 8 de mayo durante un mes más el secreto de sumario de este procedimiento. Ha emitido varias resoluciones de ese mismo tenor. Entretanto, continúa la partida de ajedrez para salvar una empresa histórica, ya que tiene su origen en el siglo XIX. Teniendo en cuenta que la SEPI es el principal acreedor, el Gobierno vasco asegura que sigue “manteniendo contactos” con el Ejecutivo central “para explorar alternativas de reestructuración”. El consejero Jauregi, que ya ha aludido públicamente a que hay “inversores” interesados en el proyecto, destaca la importancia de esta compañía para el “empleo industrial”. La caída de Tubos Reunidos se suma a otras empresas en crisis en la comarca de Ayala, al norte de Álava, como Guardian, Maderas de Llodio o Tubacex, aunque también tiene planta en la zona vizcaína de Trapagaran.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha considerado que con el concurso de acreedores y el hecho de que se haya empezado a trabajar en la planta de Amurrio tras suspenderse la huelga indefinida se abre “una nueva etapa” para la atracción de inversores en Tubos Reunidos. Y ha adelantado que “hay inversores interesados en poder ayudar”, pero “no propuestas” concretas aún.

El consejero ha comparecido tras el Consejo de Gobierno, casi en el momento en el que representantes de los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Trápaga, por separado, comparecían en el Parlamento Vasco. El comité de empresa de la planta vizcaína ha señalado que su fábrica es viable en estos momentos y tiene carga de trabajo, por lo que han pedido que se posibilite que haya un inversor específico para Trápaga dentro del proceso concursal, atendiendo a que tienen una situación de partida diferente por el tipo de producto que fabrican.

Jauregi ha reiterado que “la solución” en Tubos Reunidos pasa por “la llegada de un nuevo inversor con un proyecto industrial a futuro” y, para ello, se requieren “dos condiciones” que lleva repitiendo a lo largo de toda la crisis de la empresa. Por un lado, que se logre la quita de la deuda, porque “nadie va a pagar por un piso que tiene la hipoteca cinco veces mayor que el valor real del piso”, y también “la paz social”, ya que “nadie quiere comprar un piso en un vecindario con líos”. En su opinión, el concurso de acreedores “abre la puerta de una manera legal y ordenada a hacer esa reestructuración de la deuda, que antes no se podía hacer porque la Sepi, que es la mayor acreedora de Tubos Reunidos, decía que no podía reducir o hacer una quita en su deuda porque no tenía manera legal de hacerlo”. “Y ahora eso ya está en manos del administrador, ya va a hablar con todos los acreedores y empezar ya a activar la reestructuración de la deuda”, ha recordado.

Además, ha destacado que con la suspensión de la huelga indefinida en Amurrio se ha llegado a una “situación de mayor paz social”. “Celebramos que la gente esté trabajando, porque es importante conseguir que la actividad continúe por dos razones prioritarias en este momento. Una, que se genere suficiente caja para pagar las nóminas de los empleados, que sigamos haciendo suficiente caja, sacando la carga de trabajo adelante y la cartera de trabajo adelante. Y la segunda es para mantener la clientela, porque si los clientes se van a marchar si seguimos en una situación de nueva actividad”, ha apuntado.

Mientras tanto, los representantes del comité de empresa de Trápaga, la planta vizcaina, antigua Productos Tubulares, han pedido ayuda a los partidos políticos para garantizar la continuidad de a planta de Trápaga. Han indicado que la realidad de Tubos Reunidos “marcha a dos velocidades, Amurrio tiene una situación muy compleja, que va a requerir un concurso largo y difícil, mientras que Trápaga es una empresa viable hoy mismo, con capacidad tecnológica y comercial con futuro inmediato”, han indicado. Han asegurado que no quieren “mal para Amurrio, todo lo contrario”, han dicho. Y en este sentido, han considerado que estabilizar el nudo estratégico de Trápaga “servirá de palanca de tracción y dará el oxígeno necesario para consolidar también a Amurrio”. Por eso, han insistido en que “dejar avanzar cuanto antes a la planta de Trápaga es salvar empleo industrial real desde hoy mismo. Tiene carga de trabajo y clientes hoy, y así proteger la cadena de proveedores vascos y darnos margen financiero para buscar una solución para Amurrio. Les pedimos apoyo político y agilidad administrativa para facilitar la llegada de un socio inversor específico para Trápaga”, han señalado.

No obstante, han advertido de que cuentan con carga de trabajo para cuatro meses, pero que son unos pedidos que se pueden perder porque no tienen materia prima, porque no se puede comprar por falta de caja o porque no llega desde Amurrio por la huelga indefinida que se ha extendido desde marzo hasta este lunes. En este sentido, han insistido que se necesita una ayuda “inmediata”.

De forma previa, han comparecido en la comisión de Industria del Parlamento representantes del comité de empresa de Amurrio, que han criticado el “insuficiente papel de las instituciones públicas” hasta ahora para exigir transparencia a la dirección, y fiscalizar el dinero público inyectado a la empresa. Además, han esperado que el concurso permita un cambio de enfoque del ERE que se presentaba como “imprescindible, no ha solucionado nada”. Por eso, aunque han reconocido que el concurso “no es una buena noticia y refleja la gravedad de la situación” han señalado que al mismo tiempo, “abre una nueva fase en la que, por primera vez, debería ser posible una interlocución real, con transparencia, con información completa y con la participación de todas las partes implicadas”. En este punto han enmarcado la suspensión de la huelga indefinida para “hacer ver que la plantilla apuesta de forma clara por facilitar al administrador concursal una solución que no sean ni despidos, ni el cierre de la acería, ni la externalización de la logística”. Respecto a los posibles inversores, han indicado que deberían buscarse entre los accionistas, que han cobrado beneficios mientras se engordaba la deuda. En este punto, se han preguntado si desde la Sepi se sabía que “se ha pagado mucha deuda, pero privada, porque se dice que la pública es impagable, pero la privada, a accionistas como BBVA, sí se ha ido pagando”. Por ello han considerado que estos accionistas son los que deberían ahora reinvertir para salvar la empresa.

La mayoría sindical en Tubos Reunidos de Amurrio ha decidido “suspender la huelga” indefinida que arrancó el 15 de marzo y esperar a ver cómo evoluciona el procedimiento de concurso de acreedores en el que está inmersa la empresa y qué ocurre con el ERE en el curso de ese proceso. Precisamente, el próximo día 26 de mayo la jueza que se ha hecho cargo del procedimiento, María Teresa Trinidad Santos, ha citado a la representación legal de los trabajadores y al administrador concursal para empezar a decidir que se hace con el ERE puesto en marcha por la empresa y que, de momento, está suspendido.

La decisión de volver al trabajo por parte de la mayoría del comité se ha trasladado a la plantilla -no se ha votado- en una tensa asamblea que llega después de que este mismo lunes hayan empezado a incorporarse a sus puestos los trabajadores que el pasado 7 de mayo votaron en referéndum abandonar la huelga, apoyados por los sindicatos UGT y CCOO. La mayoría sindical que forman ELA, LAB y ESK -este último sindicato era partidario de seguir con el paro- han señalado este viernes que la decisión de suspender la huelga no tiene nada que ver con esta situación de división entre la plantilla. En cualquier caso, han advertido de que la suspensión no significa que acabe el conflicto: “Seguiremos movilizándonos y llamando a todas las puertas necesarias para garantizar el futuro de todos y todas”. De entrada ya han convocado dos días de huelga que se llevarán a cabo el 26 y el 28 de mayo.

Según han señalado los representantes de la mayoría del comité a través de un comunicado conjunto la suspensión de la huelga se basa en que el concurso de acreedores supone un cambio de escenario que obliga a realizar un análisis serio, responsable y colectivo de la situación“, aunque han dejado claro que los que ha cambiado es ”el escenario“, no sus objetivos de mantener el empleo y la actividad.

Han insistido en que la huelga no ha llevado a Tubos Reunidos al concurso. “La huelga ha sido la consecuencia de las imposiciones de la empresa, de años de mala gestión y de una absoluta falta de transparencia y negociación”, y “frente a quienes intentan desacreditar la lucha de la plantilla” han reivindicado todo lo que la huelga ha conseguido durante estos meses, poniendo en el centro del debate “el verdadero problema de Tubos Reunidos” y “señalar públicamente responsabilidades empresariales e institucionales”. “La pregunta que debería hacerse cualquiera es en qué escenario estaríamos hoy si no hubiéramos peleado. Probablemente, nos encontraríamos con el ERE consolidado, con la acería cerrándose y con la logística externalizada, y todo ello sin haber solucionado ninguno de los problemas reales de la empresa”. Consideran que con el concurso entra una nueva interlocución y una administración concursal, y pretenden que el ERE que ahora está en suspenso “se convierta en retirada definitiva”

La vuelta de los trabajadores a la actividad, puede facilitar el mantenimiento de la actividad de la compañía, y que sea menos complicado la entrada de inversiones que impidan que el proceso de concurso acabe en liquidación. La jueza ha nombrado administrador concursal a la firma PKF Attest Concursal SLP de todas las sociedades del grupo Tubos Reunidos menos de la matriz, que cotiza en Bolsa, ya que en este caso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene que presentar una terna de administradores concursales a la jueza para que designe uno. La CNMV ha abierto un plazo hasta el 1 de junio para que se presenten los posibles interesados entre los que elegirá tres entre los que la jueza elegirá el administrador final.

Tubos Reunidos entró en concurso de acreedores voluntario el pasado lunes, 4 de mayo. A partir de ahora, la gestión de la empresa pasa a estar tutelada por el juzgado, que designará un administrador concursal, y juntos determinarán en cierto modo el futuro, si es que lo tiene, de esta empresa vasca que se fundó en 1892. En la comunicación en la que la empresa anunciaba que entraba en concurso, apuntaba como argumento principal para la solicitud la “situación de insolvencia inminente”. Es decir, que la compañía no se encontraba en posición de hacer frente a sus pagos más allá del mes de mayo. Una situación de caída al vacío que la entrada en concurso ha frenado casi en el borde del precipicio, porque permite a la compañía literalmente dejar de pagar sus deudas. De hecho, hasta hace no mucho el concurso de acreedores se denominaba suspensión de pagos.

Con esta declaración la empresa impide que se sigan acumulando las deudas y los intereses, o que lleguen posibles embargos. Todo queda en suspenso y los acreedores cobrará en el orden que marca la Ley Concursal y el juez -magistrada en este caso, María Teresa Trinidad Santos, titular del juzgado de lo Mercantil de Vitoria-, de acuerdo con el administrador concursal que todavía no está nombrado. Ésa es la primera ventaja que tiene la empresa de la declaración de concurso, teniendo en cuenta que acumula una deuda de 260 millones con unos intereses que engordaban cada día y que, mientras tenía que seguir aportando pagos, prácticamente carecía de ingresos, con la planta de Amurrio paralizada por la huelga indefinida. Aunque la situación de insolvencia, todo hay que decirlo, viene de mucho tiempo atrás, pese a que el parón de la planta de Amurrio haya podido ser la puntilla.

La segunda ventaja con la que cuenta Tubos Reunidos es que la deuda de Sepi, el principal escollo en la reordenación de los pagos que necesita la empresa, adquiere una dimensión diferente cuando entra en juego la tutela judicial que supone el concurso. Hasta ahora la Sepi, con la que Tubos Reunidos tiene una deuda de casi 150 millones, se había mostrado favorable a aplazar intereses, es decir, a alargar los plazos. Pero esto no es suficiente para salvar la situación de la empresa, ya que los intereses seguirían creciendo haciendo más grande la bola de la deuda. En la situación en la que se encuentra la empresa sólo le valdría una quita, y la Sepi no lo considera jurídicamente inviable, porque el trato hacia Tubos Reunidos no puede diferir del que han recibido otras empresas que también se beneficiaron de esos préstamos, concedidos a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE) para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de la COVID-19, y que están devolviéndolos o lo han hecho ya. Sin embargo, la tutela judicial cambia la situación.

Si la jueza, de acuerdo con el administrador, establece con los acreedores una quita de la deuda, es decir, una reducción, porque hay posibilidades con ello de salvar la empresa, también entraría en esa quita el crédito de la Sepi, o al menos una parte de él, la que tenga consideración de crédito ordinario y que, por lo tanto, no tenga privilegio de cobro. Es decir, que aunque todavía todos los escenarios están abiertos, la Sepi podría perder parte de los fondos públicos que invirtió en 2021 para evitar entonces la quiebra de la empresa. Es, además, un crédito cuya concesión está siendo investigada por la Audiencia Nacional, ante la sospecha de que el expresidente de Sepi, Vicente Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos un tiempo, medió a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo.

De momento, cuando la jueza designe un administrador concursal, este tendrá que elaborar un informe económico que permita analizar la situación y ver las posibilidades que se abren que básicamente son dos. La primera, y en mejor de los escenarios, una quita de la deuda que permita hacer la empresa atractiva para un posible inversor. Si Tubos Reunidos elimina parte del laste de la deuda, puede abrirse la posibilidad de que entre un comprador que permita la continuidad de la empresa, en su totalidad o en parte. Como ha repetido muchas veces el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en los últimos meses, “¿quién va a entrar a comprar un piso que tiene una hipoteca de más de cinco veces el valor del piso?” “No va a entrar nadie. Hay que reestructurar esa deuda”, plantea. Si esto no es posible, poniéndose en el peor de los escenarios, se irá a una liquidación de los activos para repartir lo que se pueda entre los acreedores.

La situación de Tubos Reunidos es muy compleja. Primero porque, además de su deuda de 260 millones, acumula unas pérdidas de 118 millones de euros. Y segundo, por el producto que fabrica que está sometido en estos momentos a las fuertes restricciones de la política arancelaria de Donald Trump y, por lo tanto, hoy por hoy no parece muy atractivo. Aún así, el escenario que se abre ahora bajo tutela judicial ha servido a otras empresas a encontrar una salida, que es el principal motivo de la declaración de concurso. Algunos ejemplos que han afectado a empresas importantes se han resuelto de manera satisfactoria recientemente o están en vías de hacerlo.

Por ejemplo, Vicinay Cadenas. La empresa vizcaina entró en preconcurso de acreedores en julio de 2025, pero finalmente evitó entrar en concurso de acreedores. La compañía consiguió que sus acreedores aceptasen una quita de la deuda de un 93%, que ascendía a unos 125 millones de euros, en un acuerdo que se suscribió el pasado mes de febrero. Todo ello gracias que la empresa contó desde el primer momento con la propuesta de inversor sobre la mesa, Dámaso Quitana, presidente de Haizea Wind, que se ha hecho cargo de la compañía que es líder en el negocio de cadenas para 'oil&gas', eólico marino flotante y naval, a la que inyectará 60 millones de euros. La Sepi también es uno de los acreedores de Vicinay, con la que se ha pactado un aplazamiento y una rebaja del tipo de interés.

Astilleros Balenciaga es otro ejemplo de concurso de acreedores con final satisfactorio. Entró en el proceso a finales de 2024 y un año después se firmó el protocolo de compra por parte del consorcio Safeen Drydock, que conforman la empresa de Emiratos Árabes Unidos Abu Dhabi Port Group y la americana Premiere Marine. La operación, por valor de 11,2 millones de euros, garantiza la continuidad de la empresa y el empleo del astillero de Zumaia. Los compradores saldaron con el precio de compra la deuda, y se hicieron con la propiedad de todos los activos de la empresa, instalaciones, maquinaria o derechos de la propiedad industrial e intelectual.

También los contratos que están en curso, ya que es un astillero que entró en concurso con carga de trabajo. En el caso de Balenciaga la solución también llegó mediante una quita de la deuda que aceptaron los acreedores, entre los que se encuentra la Compañía Española de Financiación el Desarrollo (Cofides), que depende del Ministerio de Economía, y que aceptó la quita de parte de la deuda con lo que se rebajó casi a la mitad su pasivo, de 15 a 8,6 millones de euros. Si en el caso de Tubos Reunidos el principal acreedor es la Sepi, en el de Balenciaga era Cofides, por lo que al aceptar la quita el organismo público, le siguieron el resto de acreedores posibilitando así su compra.

La papelera guipuzcoana Papresa acumula deudas de 70 millones y entró el pasado mes de abril en concurso de acreedores. A finales del mes pasado el CL Grupo Industrial, con el que se estaba en negopciación, concretó una oferta vinculante por 39,3 millones de euros y asunción de 148 empleos, un 72% de la plantilla. La citada oferta contempla la adquisición de las dos principales líneas de producción de la empresa papelera, la máquina de papel prensa y la de cartón para embalaje. En estos momentos, el proceso sigue abierto.

A la espera de que se concrete la venta de Papresa, Euskadi tiene también casos sonados de concursos de acreedores que han terminado en liquidación. Por ejemplo el caso del astillero de La Naval de Sestao. Los gestores solicitaron el concurso en 2017 y no se cerró el proceso hasta 2023, seis años después, y no de forma muy satisfactoria para los acreedores. Fue imposible encontrar un comprador y se decidió una venta por partes de sus activos.

Los terrenos eran el principal activo, 300.000 metros cuadrados que fueron adquiridos por la multinacional belga VGP, para levantar un parque logístico que deberá tener un 51% de peso industrial. Aunque ya se ha desmantelado el astillero, la finalización del proyecto lleva mucho retraso. En cualquier caso, en la liquidación, los acreedores perdieron mucho dinero. Por estos terrenos VGP pagó 40 millones de euros, y La Naval tenía una deuda de más de 152 millones de euros.

Antes se vivió una de las quiebras más sonadas, la de Fagor, una de las grandes empresas del grupo Mondragon. En octubre de 2013 Fagor Electrodomésticos anunció que entraba en preconcurso de acreedores. Necesitaba urgentemente de Mondragon y a las instituciones vascas porque acumulaba una deuda de más de 800 millones. Un mes después presentaba el concurso de acreedores voluntario al no haber alcanzado un acuerdo de financiación que le permitiera poner en marcha su plan de reestructuración. Un año después, 18 de marzo de 2014, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia abrió la fase de liquidación de Fagor Electrodomésticos y de sus filiales en España Edesa, Grumal y Proiek.

Hoy de Fagor Electrodomésticos sólo queda la marca del logotipo rojo, que sigue siendo propiedad de Mondragon a través del Grupo Fagor. Desde el año 2020, bajo el nombre de Fagor Electrodoméstico -se le ha quitado una 's' a la marca original-, se comercializa la línea blanca de la empresa polaca Amica, que vio en la denominación de la antigua cooperativa la forma de entrar en el mercado español. Otras empresas como EuroMénage o Rhoiniter ponen el logotipo de Fagor a pequeños electrodomésticos y utensilios de cocina.

232 trabajadores de Tubos Reunidos, el 25% de la plantilla, han votado este jueves a favor de volver a sus puestos de trabajo en Amurrio. Casi la totalidad de los presentes en la asamblea -234 trabajadores- que se ha celebrado a instancias de un grupo de empleados que han recogido firmas para llevar a cabo la reunión y la votación y que están apoyados por los sindicatos CCOO y UGT. La votación y su resultado es más simbólica que otra cosa. La mayoría del comité -ELA, LAB y ESK- recuerdan que la plantilla la componen más de 800 trabajadores, que siguen apostando por el paro indefinido y no reconocen la validez de la asamblea. Es decir, más que los efectos prácticos, la asamblea y la votación ha servido para mostrar abiertamente la división de plantilla ante cómo afrontar la situación de grave crisis a la que se encuentra la empresa, en concurso de acreedores voluntario desde el el pasado 4 de mayo.

Los trabajadores críticos con la mayoría del comité han planteado tras la asamblea solicitar a la dirección a través de escritos individuales su vuelta al trabajo. Aunque en realidad este trámite no sería necesario, teniendo en cuenta que durante un paro se debe mantener intacto el derecho de los trabajadores que así lo deseen a acudir a sus puestos de trabajo, quieren plantear que la dirección les facilite los medios, como autobuses, para acceder a la empresa sorteando los posibles piquetes.

La asamblea se ha desarrollado en la planta alavesa de la empresa, donde se ha desplegado un fuerte dispositivo policial. No se han producido incidentes, pero sí momentos de tensión cuando los trabajadores críticos se dirigían a la asamblea escoltados por la Ertzaintza, y también cuando ha finalizado, a través de un pasillo formado por trabajadores en huelga a la entrada de la fábrica en medio de sus pitidos y aplausos irónicos y en el que un tramo han colocado una alfombra roja.

Los trabajadores han votado en primer lugar si se aprobaba votar seguir o no con la huelga. Esto se ha aprobado por unanimidad. Después, a la pregunta de “¿Quiere usted poner fin a la huelga indefinida?”, ha habido 232 votos a favor, uno en contra y una abstención. La incógnita es lo que va a pasar a partir de mañana porque la huelga sigue convocada, como hasta ahora, con el respaldo mayoritario de ELA, LAB y ESK. Fuentes de CCOO, sindicato que respalda la asamblea, han señalado que “es triste que la propia plantilla se haya tenido que organizar para poder votar sobre la huelga” ante la negativa de la mayoría del comité a someterlo a referéndum. Además, han señalado que el conflicto se está viviendo en la comarca “con mucha presión”. “Hay mucha presión contra los que quieren ir a trabajar”, por lo que han considerado que los asistentes a la asamblea han mostrado “mucha valentía”.

Mientras tanto, los sindicatos que conforman la mayoría del comité han considerado que se trata de una asamblea “orquestada por la dirección” para dividir a los trabajadores. ELA ha considerado que la asamblea es “irregular y carente de validez” y que “no altera la convocatoria de huelga ni los acuerdos adoptados por la representación legitimada de las y los trabajadores”. Además, han considerado sorprendente que “la ausencia de cualquier crítica a la gestión realizada por la dirección de la empresa por parte de las personas promotoras de dicha asamblea”. Por su parte, desde ESK han señalado que la huelga indefinida “no nace de una asamblea improvisada, sino de una decisión colectiva organizada y legalmente registrada por la representación sindical y el comité de empresa ante el ataque brutal planteado por la dirección de Tubos Reunidos. Es decir, la huelga es la consecuencia, una acción de autodefensa, ante las intenciones de la dirección de la empresa, de hacer a la plantilla pagadora de su mala gestión. Desde ESK, tenemos serias dudas de la legitimidad de una asamblea, convocada sin que el comité de huelga haya podido ni constatar la autenticidad de las firmas. De lo que no tenemos dudas, es de que la huelga está legalmente convocada y que, la lucha, es un derecho fundamental de la plantilla”.

La asamblea se ha llevado a cabo un día después de que la dirección de la empresa se reuniera con el comité para explicarles la presentación del concurso de acreedores voluntario. Les trasladó que la situación es “extraordinariamente complicada” y advirtió de que si no generan las condiciones necesarias para que alguien invierta en la compañía, el concurso de acreedores que ha registrado podría conducir al cese de la actividad y a la extinción de todos los contratos de trabajo.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha señalado este jueves que la empresa se encuentra “al borde del precipicio” y ha afirmado que es necesario reestructurar la deuda y “paz social” para lograr su viabilidad. En cuanto a la deuda, ha insistido en que es “insostenible” y “vale cinco o seis veces más que la empresa en sí”. “¿Quién va a entrar a comprar un piso que tiene una hipoteca de más de cinco veces el valor del piso? No va a entrar nadie. Por lo tanto, hay que reestructurar esa deuda”, ha indicado. En cuanto al logro de la “paz social”, ha advertido de que si se pretende atraer inversores, estos “querrán entrar en un sitio donde el equipo está a una para sacar el proyecto adelante”. “Y ahí también necesitamos la colaboración de todos”, ha indicado en una entrevista en Radio Popular.

La mayoría del comité de empresa de Tubos Reunidos ha culpado a la dirección y accionistas de la empresa y a las instituciones de la situación de insolvencia de la compañía que le ha llevado a presentar este lunes el concurso de acreedores voluntario ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos. “La huelga no ha traído a Tubos Reunidos hasta aquí”, han señalado. Y ante la nueva fase que se abre ahora, en la que las decisiones se tomarán bajo la dirección judicial, han exigido que se “obligue a una solución justa” para la plantilla.

Representantes de ELA, LAB y ESK han valorado este martes el nuevo escenario que se abre con la tutela judicial que implica el concurso de acreedores -la antigua suspensión de pagos- , una fase a la que los sindicatos que forman el comité de empresa llegan completamente divididos. De hecho, las tres centrales que conforman esta mayoría han convocado una comparecencia de prensa ante las oficinas de la empresa en Bilbao y una posterior manifestación por la capital vizcaína, sin unidad de acción con CCOO ni de UGT, aunque algún delegado de este sindicato ha participado en la movilización. Ambos sindicatos, UGT y CCOO, son partidarios de que la plantilla de la planta de Amurrio pueda votar si quiere mantener o no la huelga indefinida. ELA, LAB y ESK ya han anunciado este martes que no acudirán a la asamblea convocada este jueves por un grupo de trabajadores que tienen el aval de 235 firmas, para votar si continúan o no con el paro.

“El problema no está en hacer o no asambleas, si no en hacerlas para llevar propuestas o soluciones, no para quitar derechos fundamentales. Entramos en un nuevo escenario y evidentemente no estamos en el mismo punto que ayer”, han señalado los representantes de la mayoría en un comunicado que han leído durante la comparecencia y que han recordado que este miércoles la dirección de la empresa les ha convocado a una reunión. Un encuentro que, por cierto, la dirección mantendrá por separada con el comité de Amurrio y de Trápaga, pese a que todas las reuniones del ERE la dirección exigió que se realizaran con una única representación para ambas empresas. “Vamos a esperar a la reunión de mañana, a escuchar qué plantea la empresa y a analizar la nueva situación con responsabilidad”, han indicado los representantes de la planta de Amurrio.

Las centrales parten de la base de que se entra en una nueva fase en la que “hay que estar más organizados, más unidos y más firmes que nunca”. “En esta nueva fase esperamos que tengamos la posibilidad de interlocución y de negociación que hasta ahora la dirección había bloqueado. Hasta ahora todo ha sido imposición. Ahora se abre un escenario distinto y esperamos que sirva para hablar de verdad, con transparencia y con toda la información encima de la mesa”, han señalado tras asegurar que siempre han estado dispuestos a negociar. “Pero negociar de verdad, negociar con transparencia, negociar sin chantajes, negociar sin presiones. Negociar con toda la información encima de la mesa y con participación real de la plantilla. Eso es lo que hemos exigido desde el primer día y eso es lo que seguimos exigiendo hoy”.

Después de que la dirección culpara el lunes a la huelga indefinida en Amurrio de buena parte de la situación de insolvencia de la empresa, al estar paralizada la actividad, las centrales han reiterado que “la plantilla no ha elegido este conflicto. A la plantilla la han empujado al conflicto”. En este sentido, han señalado que ya advirtieron de que “las medidas planteadas por la dirección, despidos, cierre de la acería y externalización de la logística, no resolvían el problema de fondo de Tubos Reunidos. Dijimos que el problema no era la plantilla, ni sus condiciones, ni sus derechos. Dijimos que el problema era financiero, pero también de gestión y de dirección. Y dijimos que hacía falta abrir un proceso de negociación real, transparente y con participación efectiva de la plantilla. No quisieron escuchar. Eligieron la imposición, el chantaje y la presión. Eligieron intentar hacer pagar a la plantilla las consecuencias de años de mala gestión”.

En este sentido, han recordado que la empresa presentó el ERE como “imprescindible” para garantizar la viabilidad y facilitar la refinanciación. “Hoy ese ERE queda suspendido, porque ni siquiera pueden hacer frente a sus costes. Nos dijeron que el cierre de la acería y la externalización eran necesarios para salvar la empresa. Ahora la empresa solicita entrar en concurso de forma voluntaria. Los hechos son claros, ni el ERE era la solución, ni el cierre de la acería era la solución, ni la externalización de la logística era la solución. Y eso hay que decirlo alto y claro”, han señalado.

Las centrales han recordado que el de Tubos Reunidos “no es un concurso cualquiera. Hay dinero público de la Sepi detrás. Eso significa que hay margen para salvar la empresa. Y si hay dinero público, tiene que haber empleo y actividad industrial. Ahora ya no decide solo la empresa. Aquí entran más actores: Sepi, los bancos como BBVA, la administración concursal y los gobiernos. Y por eso ahora hace falta más presión que nunca. Porque lo que se decide ahora es muy claro: si la empresa se salva a costa de la plantilla o si se obliga a una solución justa”, insisten.

Además, los trabajadores miran a los acreedores privados, además de la Sepi, como el BBVA, que es una de las entidades a las que también debe dinero Tubos Reunidos. La plantilla se ha concentrado ante la sede de la empresa en Bilbao.

Tubos Reunidos ha presentado el concurso voluntario de acreedores ante un juzgado de Álava. La empresa ha comunicado a última hora de este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV) la decisión del consejo de administración, “debido a las tensiones de tesorería” de los últimos meses, “agudizadas por la paralización indeseada de la actividad en la planta de Amurrio”, cuya plantilla se encuentra en huelga indefinida, lo que ha llevado a la empresa a una “situación de insolvencia inminente”.

La compañía recuerda que la dirección ha estado trabajando en los últimos meses en “un plan de viabilidad que promueva la continuidad y sus filiales” pero, indica que “en la medida en que las premisas necesarias para la viabilidad de la sociedad a día de hoy no se han podido garantizar, especialmente, la entrada relevante de caja, el consejo, manteniendo la postura de prudencia que ha guiado su actuación, se ha visto obligado a solicitar la declaración de concurso voluntario de acreedores”. Señala que la decisión de presentar la citada declaración de concurso, que también ha sido adoptada por el órgano de administración de las filiales de la sociedad, se ha adoptado “tras recabar los oportunos asesoramientos externos y con la finalidad de proteger los intereses de los acreedores, trabajadores, proveedores y accionistas de la Sociedad y sus filiales”.

La empresa había contratado los servicios de asesoría del despacho Uría Menéndez para analizar la posibilidad de pasar a una gestión judicializada, por la que finalmente se ha optado, para aliviar la presión de una deuda que crece cada día. Ya en el momento en que las negociaciones del ERE finalizaron sin acuerdo, la dirección advirtió de que “estudiaría todos los escenarios”. A partir de ahora, todas las decisiones quedarán en manos del administrador que designe el juzgado y cómo se administran los pagos a los que tiene que hacer frente la empresa, desde las nóminas, a la deuda o al pago de proveedores. Unos pagos que tendrá que intentar conjugar con intentar mantener a flote la empresa y el empleo. Aunque para ello sería necesario que hubiera un inversor intersado en invertir en la compañía.

Con unas pérdidas el año pasado de 118,1 millones de euros y una deuda de 263,2 millones de euros, la empresa había puesto en marcha un plan de viabilidad que ha llevado aparejado un ERE para 242 trabajadores -se anunció para 301- que no ha conseguido el acuerdo con el comité, aunque ha recibido el visto bueno de la inspección. No obstante, ha sido impugnado por la mayoría de los sindicatos ante el juzgado, en concreto por ELA, UGT, LAB y ESK.

Despues de encarrilado el ERE, el plan de la empresa era abordar la deuda, pero la Sepi, que es el principal acreedor de la compañía, no está dispuesta a admitir una quita. La Sociedad Estatatal de Participaciones Industriales ya acudió en ayuda de Tubos Reunidos en 2021 con un préstamo de 112 millones. Los intereses de ese préstamo han elevado la deuda con el organismo estatal por encima de los 150 millones de euros, con unos plazos de devolución que el Gobierno central está dispuesto a flexibilizar, lo que ya ha hecho con otras empresas en dificultades a las que ha prestado fondos. Pero Tubos Reunidos no quiere renegociar la deuda, ya que renegociar supondría alargar el periodo de devolución del préstamo, cuyos intereses seguirían creciendo haciendo más grande la bola de la deuda. En la situación en la que se encuentra la empresa sólo le valdría una quita, y eso hoy por hoy, la Sepi considera que es jurídicamente inviable.

Hay que recordar que el trato por parte de la Sepi a Tubos Reunidos no puede diferir del que han recibido otras empresas que también se beneficiaron de esos préstamos, y que están devolviéndolos o lo han hecho ya. Por otro lado, el de Tubos Reunidos se trata de un préstamo que está siendo investigado por la Audiencia Nacional para determinar si el expresidente de Sepi, Vicente Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos, medió a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo, englobado en el concedido a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19.

Nueva etapa

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, ha señalado que “con la apertura del procedimiento concursal se abre una nueva etapa para Tubos Reunidos”. en la que “debe priorizar la continuidad de la actividad industrial y el empleo de la empresa, mientras se aborda paralelamente la reestructuración de la deuda, el diseño de un proyecto sólido que permita construir una empresa viable en el medio y largo plazo, y se buscan nuevos inversores dispuestos a apostar por ello”.

Ha señalado además que desde el Gobierno vasco tendrán “un compromiso absoluto para apoyar la viabilidad de un nuevo proyecto para Tubos Reunidos, a fin de garantizar el empleo y la actividad industrial en Aiaraldea”. “Se abre una nueva etapa donde todos -cada cual desde sus responsabilidades y competencias- tenemos que trabajar de manera cooperativa, para superar el proceso concursal y asegurar la continuidad de la actividad industrial de Tubos Reunidos”.

Tubos Reunidos está cada vez más cerca de un proceso concursal ante la imposibilidad de reducir su deuda. La compañía sopesa la posibilidad de entrar en concurso de acreedores, según han confirmado fuentes de la empresa, aunque el consejo de administración todavía no ha tomado la decisión definitiva sobre esa posibilidad. Así se lo han trasladado también desde la dirección de la compañía a representantes del comité de empresa, que se han trasladado a las oficinas radicadas en Bilbao, donde han sido recibidos por directivos de Tubos Reunidos.

La posibilidad de una entrada en concurso de acreedores de manera inminente se ha publicado este lunes en 'El Confidencial', y la noticia ha provocado un desplome del valor sus acciones en Bolsa, con caídas de hasta el 40%. Al parecer, la empresa ha contratado los servicios de asesoría del despacho Uría Menéndez para analizar la posibilidad de pasar a una gestión judicializada, además de otras opciones, con la intención de buscar una salida y aliviar la presión de una deuda que crece cada día. Ya en el momento en que las negociaciones del ERE finalizaron sin acuerdo, al empresa advirtió de que “estudiaría todos los escenarios”.

Con unas pérdidas el año pasado de 118,1 millones de euros y una deuda de 263,2 millones de euros, la empresa ha puesto en marcha un plan de viabilidad que ha llevado aparejado un ERE para 242 trabajadores -se anunció para 301- que no ha conseguido el acuerdo con el comité, aunque ha recibido el visto bueno de la inspección. No obstante, ha sido impugnado por la mayoría de los sindicatos ante el juzgado, en concreto por ELA, UGT, LAB y ESK. Precisamente, los sindicatos han señalado este lunes que el hecho de que, pese al ERE, se valore el concurso de acreedores, demuestra que el problema de la empresa no estaba en la dimensión de la plantilla.

Despues de encarrilado el ERE, el plan de la empresa era abordar la deuda, pero la Sepi, que es el principal acreedor de la compañía, no está dispuesta a admitir una quita. La Sociedad Estatatal de Participaciones Industriales ya acudió en ayuda de Tubos Reunidos en 2021 con un préstamo de 112 millones. Los intereses de ese préstamo han elevado la deuda con el organismo estatal por encima de los 150 millones de euros, con unos plazos de devolución que el Gobierno central está dispuesto a flexibilizar, lo que ya ha hecho con otras empresas en dificultades a las que ha prestado fondos. Pero Tubos Reunidos no quiere renegociar la deuda, ya que renegociar supondría alargar el periodo de devolución del préstamo, cuyos intereses seguirían creciendo haciendo más grande la bola de la deuda. En la situación en la que se encuentra la empresa sólo le valdría una quita, y eso hoy por hoy, la Sepi considera que es jurídicamente inviable.

Hay que recordar que el trato por parte de la Sepi a Tubos Reunidos no puede diferir del que han recibido otras empresas que también se beneficiaron de esos préstamos, y que están devolviéndolos o lo han hecho ya. Por otro lado, el de Tubos Reunidos se trata de un préstamo que está siendo investigado por la Audiencia Nacional para determinar si el expresidente de Sepi, Vicente Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos, medió a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo, englobado en el concedido a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19.

Según datos de la Sepi del mes de agosto del año pasado, con Tubos Reunidos son veinte empresas las que cuentan actualmente con este crédito: Tubos Reunidos, Vicinay -con la que ha pactado una renegociación de la deuda-, Air Europa, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, Isastur, Vivanta, Imasa y Meeting Point. Son ocho las que ya han cancelado su préstamo: Grupo Hotusa, Grupo Soho, Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica y Hesperia.

Sin el previo acuerdo con Sepi, la renegociación de la deuda con el resto de acreedores es inviable. Y con una deuda de más de 263 millones, que crece cada día, hace impensable conseguir un inversor, como ha recordado en muchas ocasiones el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jáuregi.

La situación de la empresa es tan crítica en estos momentos que el propio informe de la Inspección de Trabajo en el que no se veían “indicios de fraude” en el ERE, consideraba que la empresa se encuentra en “causa legal de disolución”, ya que el ejercicio 2025, de acuerdo con el balance provisional, el capital social era de 21.000 euros, y el patrimonio neto de 8.608 euros. Es decir, que el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social (10.500 euros).

La Inspección de Trabajo del Gobierno vasco ha dado el visto bueno al ERE de Tubos Reunidos, que afectará finalmente a un total de 242 personas, frente a las 301 que había previsto inicialmente. En su informe, este organismo considera que el ERE “cumple sustancialmente los requisitos legales y que concurren causas económicas, productivas y organizativas para su aplicación”, y no aprecia “indicios de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho” en la tramitación del despido colectivo. Lo que sí constata el inspector es el “deterioro progresivo” de la situación económica de la empresa con fuertes pérdidas en 2025, 118 millones, y una deuda financiera de 263,2 millones, y apunta a que existe “causa legal de disolución”.

También precisa la Inspección que no se desprenden elementos que permitan considerar que la decisión de Tubos Reunidos tenga por finalidad “la obtención indebida de prestaciones por desempleo” por parte de los trabajadores y considera que el proceso negociador se desarrolló en los términos “legalmente exigentes”. “No hay elementos suficientemente objetivos que permitan afirmar de forma concluyente la inexistencia de negociación efectiva ni la concurrencia de mala fe negociadora” de acuerdo a lo que exige la normativa. Además, tampoco observa elementos que permitan concluir la existencia de “coacción o imposición” en la adscripción voluntaria.

Aunque señala que buena parte de la base de la empresa para presentar el ERE está en previsiones económicas para los próximos ejercicios, colocándose en el peor de los escenarios posible, constata que al cierre del ejercicio 2025, de acuerdo con el balance provisional, el capital social era de 21.000 euros, y el patrimonio neto de 8.608 euros. Es decir, que el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social (10.500 euros), por lo que existe “causa legal de disolución” conforme al artículo 363.1.e del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital“.

Además, recoge también las previsiones de pérdidas hasta 2028, con pérdidas acumuladas en el periodo de 64,7 millones euros en el Ebitda y 120,6 millones euro a nivel de EBIT. Por ello, la empresa concluye que la situación económica prevista en Tubos Reunidos “redunda en evidenciar la inviabilidad del proyecto empresarial en su actual configuración” y que concurre la causa económica prevista en el artículo 51 ET“, que establece que un despido es colectivo cuando la extinción de contratos se funda en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

El informe no es vinculante, pero sí puede tener importancia si finalmente el ERE se judicializa. ELA, LAB y ESK mantienen su intención de impugnar el expediente de regulación.

El informe de la Inspección se ha conocido cuando los sindicatos mantenían un encuentro con el departamento de Industria al que han pedido que medie para que el comité de empresa pueda mantener una reunión con Sepi. Los sindicatos han coincidido en criticar la falta de soluciones aportadas por el Gobierno vasco, que “no asume responsabilidades”, han criticado. Desde el Gobierno vasco, que ha estado representado por el viceconsejero Andoitz Korta, han insistido en el que problema de la empresa radica en la deuda, y han trasladado a las centrales, lo que ya se sabía, que Sepi insiste en la imposibilidad legal de una reestructuración o quita de la deuda, pero que sí ofrece una refinanciación, algo que al parecer no es suficiente en la actual situación de la empresa. El viceconsejero ha reiterado que la empresa necesita un nuevo inversor y “nadie va a comprar un piso con una hipoteca que es cinco veces mayor que su valor. En Tubos Reunidos, cada mes, sale más dinero del que entra y esto genera más deuda”, ha señalado en su reunión con las centrales.

Se confirman los peores presagios. Tubos Reunidos perdió el año pasado un total de 118,1 millones de euros y acumula una deuda de 263,2 millones de euros. Las cifras confirman que la situación es mucho peor de lo que mostraban los resultados provisionales, que se publicaban en el mes de febrero, que apuntaban a pérdidas de 71,3 millones de euros, en los que no estaban incluidos el impacto del deterioro de los activos afectados por la caída de la actividad en Estados Unidos. Una vez incluido este impacto, y con la deuda engordada por el “el impacto de los intereses capitalizados del préstamo” concedido por Sepi, la empresa asegura que “afronta el reto más decisivo de sus 134 años de trayectoria industrial”. “La empresa se encuentra en una situación que compromete su viabilidad y que podría exigir la adopción de medidas adicionales” si no se consigue cumplir el plan de viabilidad que pasa por renegociar la deuda.

Según la información que ha facilitado la empresa, las pérdidas de 118,1 millones de euros se completan con un Ebitda negativo de 22,8 millones de euros y un gasto por deterioro de activos de 40,8 millones de euros. Todo ello como consecuencia de las políticas arancelarias restrictivas (y, especialmente, el aumento del arancel a la importación de acero de Estados Unidos hasta el 50% a partir de junio de 2025), de la depreciación del dólar frente al euro, de la fuerte competencia del tubo de bajo coste en Europa y de un entorno marcado por las incertidumbres geopolíticas, lo que ha llevado a un estancamiento de la demanda“.

En este contexto, con el ERE ya presentado para 285 trabajadores, sin acuerdo con los sindicatos, la empresa urge a renegociar la deuda que ha pasado de 234,3 a 263,2 millones de euros de la que la Sepi es el principal acreedor, y que tiene un vencimiento inferior a tres años. “La Sociedad ha iniciado conversaciones con sus acreedores sin que hasta la fecha se haya adoptado acuerdo alguno al respecto. La compañía sigue analizando alternativas para la restructuración de su deuda”, señala la empresa.

Tubos Reunidos asegura que lleva meses trabajando en el plan de viabilidad para la empresa que inició con la suspensión de la actividad de la planta del Grupo en Estados Unidos y ha continuado en febrero de 2026 mediante la comunicación de un Expediente de Regulación de Empleo en las plantas de Amurrio y Trápaga, “cuya negociación ha concluido sin acuerdo con el comité de empresa a pesar de haber obtenido un número de adhesiones suficiente”. Si se consigue la renegociación de la deuda, el siguiente paso será “la obtención de nueva financiación en el corto plazo que permita la viabilidad de la compañía”, para después “buscar alianzas estratégicas, preferentemente con socios industriales, orientadas a impulsar la actividad del grupo, especialmente fuera de los Estados Unidos”. “En tanto no se logre la consecución de las anteriores líneas de actuación, el grupo se encuentra en una situación que compromete su viabilidad y que podría exigir la adopción de medidas adicionales como resultado del deterioro experimentado”.

Tubos Reunidos ha reconocido 42 contratos eventuales en fraude de ley, detectados por la Inspección de Trabajo al revisar la documentación del ERE, que pasarán a ser indefinidos. Les ofrecerá la posibilidad de quedarse en la empresa o sumarse a las bajas voluntarias que se han ofertado al resto del personal indefinido. Es decir, una indemnización 45 días por año más un lineal de 1.500 euros anuales con un máximo de 10 mensualidades. No obstante, si se suman a las bajas voluntarias, la empresa advierte de que saldrán el 31 de marzo “con las condiciones prefijadas para los eventuales”. Es decir, indemnizaciones de 33 días por año con un tope de dos ejercicios. Más adelante, y “si la empresa logra los recursos necesarios para el plan de bajas incentivadas, estas 42 personas recibirán una mejora idéntica a las condiciones recibidas por el personal fijo que dejará voluntariamente la compañía”. Además, todas las condiciones de estas bajas están sujetas, además de a la financiación, a que no se impugne el ERE.

La dirección de Tubos Reunidos ha señalado en un comunicado que “no hubo mala fe” en las renovaciones irregulares de estos trabajadores eventuales, sino todo lo contrario. Aseguran que querían “preservar así su derecho de representación”, por ser trabajadores cuyos contratos finalizaban durante los días previos al inicio del ERE. “Fueron renovados por la compañía para que pudiesen obtener los mismos beneficios económicos que se determinasen para este colectivo en el ERE”, han señalado desde la empresa. 

Han indicado que “tras la reunión mantenida ayer en la delegación de trabajo, la Inspección de Trabajo ha comunicado a Tubos Reunidos que, pese a que no hubo mala fe en la realización de esas 42 renovaciones, las mismas no tendrían una causa de temporalidad válida, y, por tanto, serían de facto contratos indefinidos”. Por ello, “respeta las condiciones de voluntariedad que ha planteado desde inicio de la negociación también para estas personas. De modo, que las 42 personas anteriormente eventuales, que no tuvieron posibilidad de adherirse a la oferta de bajas voluntarias realizada por la empresa para el personal indefinido, pueden adherirse ahora a tal oferta”. Y si se adhieren, saldrán como estaba previsto, el próximo martes con las condiciones de los eventuales. Para el resto de indemnización, tendrán que esperar.

El ERE de Tubos Reunidos afecta a 285 trabajadores, 16 menos de los que había previsto inicialmente, 301. Según la documentación presentada de esas 285 salidas 205 son bajas voluntarias, 152 en Amurrio y 53 en Trápaga, mientras que 80 son ceses personal eventual, a los que hay que restar ahora los 42 que pasan a ser fijos, que empezarán a abandonar la empresa a finales de este mes. En el caso de las bajas voluntarias las salidas serán entre 31 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2027.

El ERE de Tubos Reunidos, que afecta a 285 personas, ha destapado la existencia de más de 40 contratos eventuales que la Inspección de Trabajo considera que se encuentran en fraude de ley y que, por lo tanto, tendrían que ser contratos indefinidos. Los sindicatos han informado de esta cuestión después de la reunión que han mantenido con la Inspección para presentar sus alegaciones el ERE. Estos contratos -entre 42 y 47- forman parte de los 80 eventuales que la empresa ha incluido en el Expediente de Regulación de Empleo, y que, en teoría, dejarían la empresa este mismo mes, que acaba el próximo martes. Al considerar la Inspección que están en fraude de ley, deberían ser contratos fijos, lo que supone que la dirección de Tubos Reunidos tendrá que presentar “una nueva decisión” sobre estos trabajadores incluidos en el ERE, según han confirmado fuentes del departamento de Trabajo. Las mismas fuentes han señalado que se ha detectado el fraude en la revisión que la Inspección hace de todos los contratos de una empresa que están afectados por un expediente de regulación.

Si estos más de 40 trabajadores con contratos en fraude pasan a ser considerados fijos, la empresa debería ofrecerles las mismas condiciones que al resto de los trabajadores con contratos indefinidos, y poder sumarse a las bajas voluntarias, con las que se ha pactado una indemnización equivalente a 45 días de salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades, además de una cantidad lineal de 1.500 euros por año de servicio con un límite de 10 anualidades. Aunque son unas cantidades que están sujetas a que “la persona despedida no impugne su despido, no exista una sentencia colectiva que califique como nulo o improcedente el presente ERE” y a que la empresa “consiga un acuerdo de refinanciación con sus acreedores que permita intentar conseguir su viabilidad”. Son cifras por encima de la que recibirán los eventuales, 33 días de salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades, pero que no están sujetas a esas condiciones. Desde la dirección de la empresa no han querido comentar este miércoles qué pasos dará a partir de ahora.

Los sindicatos han denunciado tras la reunión con la Inspección de Trabajo, en la que han conocido los contratos en fraude de ley, que se quiere “maquillar los despidos” como salidas “voluntarias” . “Tienen que tener las mismas opciones de despido que tiene la plantilla fija”, ha señalado el representante de ESK, Gorka Abaskal, y, por lo tanto, “la misma opción de adherirse o no a las bajas voluntarias”. Y ha denunciado que la empresa les quiere dejar como única opción aplicarles un despido objetivo con veinte días de indemnización por año.

Mientras la resolución del ERE se complica, ya que 40 bajas voluntarias más encarecería aún más la factura de los despidos, que suman alrededor de 40 millones -un dinero que hoy por hoy no tiene- la empresa espera la decisión de la Sepi sobre la deuda que acumula. En principio, 241 millones de euros, de los que la Sepi es el principal acreedor, y una pérdidas provisionales de 71,3 millones de euros. Las cifras se actualizarán en los próximos días, cuando presente los resultados definitivos. Y todo hace prever que para mal.

Tubos Reunidos ha presentado ya oficialmente el ERE ante el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Despedirá a 285 trabajadores, 16 menos de los que había previsto inicialmente, 301. Una cifra que hace unos días la empresa aseguraba haber cubierto con bajas voluntarias. Según la documentación presentada este lunes por la noche y que se ha trasladado a los sindicatos, de esas 285 salidas 205 son bajas voluntarias, 152 en Amurrio y 53 en Trápaga, mientras que 80 son ceses personal eventual -70 en Amurrio y 10 en Trápaga-, que empezarán a abandonar la empresa a finales de este mes. En el caso de las bajas voluntarias las salidas serán entre 31 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2027.

Las condiciones económicas con las que producirán las salidas voluntarias están condicionadas a que “la persona despedida no impugne su despido, no exista una sentencia colectiva que califique como nulo o improcedente el presente ERE” y a que la empresa “consiga un acuerdo de refinanciación con sus acreedores que permita intentar conseguir su viabilidad”, algo que la empresa reconoce en su escrito que está “seriamente comprometido”. Sólo quedan exentos de estas condiciones los 80 eventuales que recibirán una indemnización de 33 días de salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades.

En cuanto a las bajas voluntarias, los trabajadores recibirán “siempre que se den las condiciones anteriormente indicadas”, una indemnización equivalente a 45 días de salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades, además de una cantidad lineal de 1.500 euros por año de servicio con un límite de 10 anualidades.

En la comunicación que la empresa realiza a los sindicatos, la dirección lamenta que no haya habido acuerdo con la parte social, y señala que, pese a ello, la decisión final de la empresa “no solo mejora, respecto al personal eventual, la última oferta económica”, sino que, evidencia “la clara voluntad de la empresa, manifestada en todo momento, de que el presente ERE resulte de aplicación únicamente al personal eventual y a todas aquellas personas adheridas al plan de bajas voluntarias propuesto por la empresa durante las citadas consultas”. “Con esta decisión, Tubos Reunidos trata de apurar sus opciones para conseguir un acuerdo de refinanciación con sus acreedores y entidades bancarias que permita tratar de conseguir una viabilidad”, que reitera que está “seriamente comprometida”. De hecho, su negativa reiterada a no negociar un acuerdo social para la implementación de las medidas de viabilidad ampliamente explicadas durante el periodo de consultas “supone una importante traba añadida para la viabilidad de la empresa”, acusa a los sindicatos.

Los representantes del comité, que mantienen la huelga indefinida en la planta de Amurrio, han señalado que no ha cambiado nada en su postura respecto al ERE, que sigue manteniendo el cierre de la acería, salvo su presentación oficial ante la autoridad laboral. “Entendemos que el camino sigue siendo la impugnación de este ERE y las movilizaciones para conseguir un futuro para la empresa y para nuestros puestos de trabajo, tanto los que están en juego mediante las artimañas de manipulación de la empresa, como los del resto de la plantilla. Entendemos que la lucha continúa, que todavía no podemos parar hasta salvar la acería, conservar la logística y asegurar el futuro de todos los puestos de trabajo de tubos reunidos”, señala Gorka Abaskal, representante de ESK.

Además, las centrales ponen en duda la “voluntariedad” de los despidos a los que aseguran que se ha llegado “por la manipulación, el chantaje, las amenazas de cierre o de ir hacia un abismo”. Además de los 80 eventuales “a los que no se les ha dado ninguna opción de no ser voluntarios”. “Las personas se van a la calle son despidos forzosos se pueden indemnizar o no, pero no dejan de ser despidos forzosos”. 

La plantilla de Tubos Reunidos en Amurrio se ha concentrado este miércoles ante las Juntas Generales de Álava, donde los partidos discutían varias mociones sobre la crítica situación de la empresa. El debate partía de una iniciativa presentada por Elkarrekin, pero finalmente se han votado, además de la moción de esta formación, otra de los partidos del Gobierno foral -PNV y PSE-EE- otra de EH Bildu y otra del PP, sin que ninguna haya conseguido votos suficientes para salir adelante. El desencuentro ha llegado entre acusaciones de unos y otros de usar la situación de la empresa y de sus trabajadores para buscar el rédito político, y constituye en cierto modo un espejo del callejón de difícil salida en el que se encuentra la empresa, a la espera de que un milagro en forma de quita de la deuda, permita su viabilidad, al menos en el corto plazo.

El ERE de 301 trabajadores -salvo 27 de Trápaga, la mayoría de la planta de Amurrio- se ha cerrado finalmente con bajas voluntarias, según comunicó la empresa el pasado lunes, pese a que el periodo de consultas se cerró sin acuerdo. Un “cierre en falso”, según los sindicatos que desde el principio han estado a favor de no aceptar las condiciones del ERE -ELA, LAB y ESK-, porque la empresa ofrece a estos trabajadores que se han sumado a las bajas voluntarias unas cantidades de dinero que hoy por hoy no tiene. Estos trabajadores se van prejubilados a los 57 años con un plan de rentas al 70% del salario bruto o en salidas voluntarias con indemnizaciones de 45 días por año trabajado con máximo de dos años, más 1.500 euros adicionales por año de trabajo hasta un máximo de diez años. Es decir, que todo está pendiente de una renegociación de la deuda, por un lado, y de que entre 'dinero fresco' en la empresa, es decir de un inversor.

Allanar el camino del acuerdo social, era el primer paso. Un ERE aplicado en desacuerdo y probablemente judicializado haría imposible pasar a la renegociación de la deuda. Pero no por eso esa renegociación será más fácil, sobre todo porque asciende a 241 millones de euros, y la Sepi es el principal acreedor. Esto supone que para que la banca y el resto de acreedores admitan una negociación, la primera condición es cerrar un acuerdo con Sepi. Y Tubos Reunidos no quiere renegociar la deuda con Sepi. Renegociar supondría alargar el periodo de devolución del préstamo, cuyos intereses seguirían creciendo haciendo más grande la bola de la deuda. En la situación en la que se encuentra la empresa sólo le valdría una quita, y ahí pueden entrar muchos factores al margen de la voluntad política que el Gobierno central dice tener para intentar salvar la situación de la empresa. No parece una tarea fácil.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, anunció este martes que propondría una fórmula “extraordinaria” que permitiría “abrir una vía legal” para que la Sepi “pueda reestructurar su deuda” en Tubos Reunidos. Una “fórmula extraordinaria” para responder a “situaciones extraordinarias”, señaló, sin que haya transcendido en qué podría consistir esa vía sin que el trato de la sociedad estatal a Tubos Reunidos entrara en colisión con el que han recibido otras empresas que también se beneficiaron de esos préstamos, y que están devolviéndolos o lo han hecho ya. Sepi siempre ha descartado la posibilidad de entrar en quitas, porque podrían entenderse como ayudas de Estado, aunque sí podría renegociar plazos de pagos.

Hay que recordar que Tubos Reunidos recibió 112,8 millones de euros en 2021 concedidos por el Estado a través Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), constituido para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19. Un préstamo que, además, está siendo investigado por la Audiencia Nacional para determinar si el expresidente de Sepi, Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos, medió a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo.

Según datos de la Sepi del mes de agosto del año pasado, con Tubos Reunidos son veinte empresas las que cuentan con este crédito: Tubos Reunidos, Vicinay -con la que ha pactado una renegociación de la deuda-, Air Europa, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, Isastur, Vivanta, Imasa y Meeting Point. Son ocho las que ya han cancelado su préstamo: Grupo Hotusa, Grupo Soho, Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica y Hesperia.

Respecto a la posible ayuda del Gobierno vasco, al margen de renegociar la propia deuda que la empresa mantiene con el Ejecutivo, Jauregi descartó la posibilidad de otorgar un “crédito rápido” a la empresa. “El Gobierno vasco no es el INI [Instituto Nacional de Industria], no tenemos la vocación de hacer este tipo de cosas; nunca la hemos tenido y ahora tampoco vamos a empezar a hacer estas cosas”, indicó. A partir de ahora toca esperar la decisión de Sepi para que la empresa inicie los siguientes pasos de su plan de reestructuración. Mientras, los trabajadores de Amurrio mantienen la huelga indefinida. Quieren que se retire el ERE y que se dé marcha atrás en el cierre de la acería.

Los trabajadores de la planta de Tubos Reunidos en Amurrio han secundado forma mayoritaria la huelga indefinida que iniciaron en el turno de noche del pasado domingo contra el ERE, mientras la empresa asegura que ha completado las 301 salidas previstas, todas salvo 27 en las instalaciones alavesas, con prejubilaciones y bajas voluntarias. El periodo de consultas sobre el expediente de regulación finalizó el pasado viernes sin acuerdo entre la dirección y los sindicatos, por lo que la dirección podía presentar el ERE con los mínimos pactados en la legislación. Es decir, 20 días por año trabajado con 12 mensualidades. Pero la empresa ha mantenido abierto el plazo para acogerse de forma voluntaria a las bajas hasta las 15.00 horas de este lunes porque tiene urgencia en cerrar el acuerdo social para poder pasar renegociar la deuda de 241 millones de euros, de la que la Sepi es el principal acreedor. Un ERE judicializado con cientos de trabajadores implicados haría prácticamente imposible la renegociación de la deuda, que es indispensable para la viabilidad de la empresa.

“El número de adscripciones recibidas permite alcanzar las 301 salidas establecidas en el Plan de Viabilidad”, han señalado desde Tubos Reunidos que no han querido puntualizar cuántos de estos trabajadores serán bajas voluntarias y cuántos prejubilaciones. Las condiciones que se aplicará a estos trabajadores serán las que se había planteado en la mesa de negociación y que se rechazó por parte de las centrales: prejubilaciones desde los 57 con un plan de rentas al 70% del salario bruto, un convenio especial con la Seguridad Social a partir de los 63 años y, para las salidas voluntarias, una indemnización de 45 días por año trabajado con máximo de dos años, más 1.500 euros adicionales por año de trabajo hasta un máximo de diez años. No obstante, la empresa recalca que “este el primer paso de los que se tienen que dar para completar el plan de viabilidad de Tubos Reunidos, que debe contar además con la renegociación de la deuda con Sepi, la refinanciación bancaria y nueva financiación”. Es decir, la empresa tendrá que contar con dinero para materializar estas condiciones. El año pasado registró unas pérdidas provisionales de 71,3 millones de euros que serán más cuando sean definitivos porque falta de incluir el importe del deterioro de los activos afectados por la caída de actividad en Estados Unidos que, previsiblemente, afectará significativamente al resultado neto“.

Que se hayan completado todas las bajas de forma voluntaria, según señala la empresa, pone el colofón a unas negociaciones del ERE que han puesto de manifiesto la clara división entre las dos plantas de empresa afectadas. En Trápaga, donde sólo las salidas se limitan a 27 trabajadores, se votó en referéndum aceptar las condiciones del ERE, mientras que en Amurrio, los sindicatos rechazaron la oferta de la empresa y está desde este lunes en huelga indefinida con la intención de que se retire el ERE. También han aflorado divisiones internas de los sindicatos ELA y UGT. Por una parte, ELA expulsado a los delegados de Trápaga que votaron a favor de aceptar las condiciones del ERE. En UGT, los delegados de Trápaga apoyaron el ERE y los de Amurrio no, lo que supuso tener mayoría en la mesa sindical en contra de pactar el expediente. Uno de los delegados de UGT en la planta de Amurrio, Andrés García, que era el presidente del comité, ha presentado su dimisión.

En la huelga que arrancó en el turno de noche del domingo, los sindicatos han señalado que se han secundado al cien por cien por la plantilla, ya que sólo han accedido los servicios mínimos y las contratas. Los trabajadores se han concentrado en el puente de acceso a la planta desde las 5.00 de la mañana y a las 7.30 de la mañana jan cortado el tráfico en la A625 en Amurrio, por donde han realizado una marcha y la circulación ha quedado restablecida a las 7.52 horas.

Este martes, jornada que coincide con la huelga general convocada para reivindicar un salario mínimo propio para Euskadi, se repetirán los piquetes y está previsto que la plantilla se una a las marchas convocadas con motivo de la huelga.

Los trabajadores de Tubos Reunidos en Amurrio han decidido iniciar una huelga indefinida a partir del domingo 15 de marzo en contra del ERE que afecta a 301 trabajadores,  274 de ellos en la planta de esta localidad alavesa, donde se va a cerrar también la acería, y 27 en la planta vizcaína de Trápaga. El inicio de la huelga indefinida ha sido decidida por el comité de empresa con el apoyo de ELA, LAB y ESK. No así por CCOO y UGT.

La decisión se ha comunicado a la asamblea informativa que se ha celebrado en la planta alavesa, pero no se ha votado. La última reunión con la dirección el pasado lunes ya puso de manifiesto las diferencias entre los sindicatos, con UGT y CCOO y ELA -en este caso sólo en Trápaga- favorables a seguir negociando con la empresa, y el voto en contra del resto.

ELA por cierto, ha señalado que para seguir representando al sindicato, “hay que defender el empleo y no avalar el ERE actual de Tubos Reunidos”, en clara alusión a sus representantes díscolos en la planta de Trápaga, donde ha convocado una asamblea con la afiliación este jueves. Aunque los delegados de ELA en la planta vizcaína se rebelan ante la dirección, y aceptan las condiciones del ERE presentado por la empresa. De hecho, en una asamblea de afiliados convocada este miércoles en la planta vizcaína, han apoyado aceptar el ERE el 95%: de los 113 afiliados de ELA que han participado en la votación, 107 han votado a favor de aceptar la última oferta empresarial y seis trabajadores han rechazado esta posibilidad.

“Tenemos a la plantilla detrás, que nos estaban pidiendo que intensificáramos las movilizaciones”, ha señalado el representante de ESK en Amurrio Gorka Abaskal. Con el no de los trabajadores de Amurrio se da portazo a la última oferta de la empresa, y avanzan que no quieren aceptar más propuesta que la retirada del ERE.

La dirección de momento no ha rebajado en ningún momento la cifra de despidos ni modificado su decisión de cerrar la acería. Lo que sí ha hecho es mejorar las condiciones de las salidas: prejubilaciones desde los 57 con un plan de rentas al 70% del salario bruto, un convenio especial con la Seguridad Social a partir de los 63 años y, para las salidas voluntarias, una indemnización de 45 días por año trabajado con máximo de dos años, más 1.500 euros adicionales por año de trabajo hasta un máximo de diez años.

En principio, el próximo viernes está prevista una nueva reunión entre los sindicatos y la empresa, aunque ELA (Amurrio), LAB y ESK consideran las negociaciones ya están finalizadas porque la dirección no acepta la retirada del ERE. Lo que quieren las centrales convocantes de la huelga general es que no se produzca ningún despido. Es decir, que la empresa retire el ERE para empezar. Después estarían dispuestos a negociar un plan social en el que sólo se contemplaran prejubilaciones salidas voluntarias, ninguna forzosa.

La decisión se huelga indefinida se acompañará de una intensificación de las movilizaciones en un intento de presionar a la empresa, pero también a las instituciones para que impidan la pérdida de empleo. Este miércolesles se han concentrado en el Parque Tecnológico de Zamudio donde se reúne la Mesa para la Defensa de la Industria, y el jueves llevarán su protesta a las calles de Vitoria.