Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) contra el Gobierno autonómico, en su etapa PP-Vox, por retirar las subvenciones a CCOO de forma “ilegal”, UGT también ha recibido un fallo favorable al recurso presentado en 2023. El sindicato ha asegurado que el Ejecutivo autonómico tendrá que pagarles 743.000 euros.

El sindicato se ha referido a la época de a Consejería que estuvo liderada por Mariano Veganzones, de Vox, que en 2022 redujo a la mitad las subvenciones nominativas al Diálogo Social. El secretario general autonómico, Óscar Lobo, ha explicado este lunes en una rueda de prensa que la cifra a pagar por la Junta sale de los 1,237 millones de euros que fija la sentencia, menos 494.000 euros de una subvención directa posterior de la Junta, y que supone la segunda condena al gobierno castellano y leonés por el mismo asunto, tras la de CCOO, informa EFE.

Según ha expresado UGT, la sentencia del TSJCyL expresa que se reconoce “el derecho del sindicato demandante a percibir, para el año 2023, la subvención nominativa prevista en el artículo 16 de la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la participación institucional, condenándose a la Administración demandada a concederle la subvención por importe de 1.237.702 euros con la actualización derivada de la variación del IPC”.

El secretario general del sindicato, Óscar Lobo, ha celebrado el fallo del TSJ como “un triunfo para la comunidad y para el espíritu que hizo posible la reforma del Estatuto de Autonomía en 2007” en la que se incorporó como seña de identidad el Diálogo Social en Castilla y León“, aprobada por unanimidad en las Cortes.

En este sentido, Lobo ha señalado que el artículo 16.1 de la Ley 8/2008 es concluyente al disponer que con la finalidad de fomentar la participación institucional “La Ley de Presupuestos Generales de esta Comunidad Autónoma consignará anualmente una partida presupuestaria que, como subvención nominativa, irá destinada a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas”.

A este respecto, el secretario general ha ironizado con que le gustaría que “las costas de este proceso judicial, que ahora salen del bolsillo de los ciudadanos de Castilla y León, las desembolsarán directamente Veganzones y García Gallardo”.

Además, ha recordado que UGT y CCOO solicitaron una investigación sobre la legalidad de la convocatoria “excepcional” de la subvención directa a la participación institucional que Veganzones llevó a cabo en mayo de 2023 y que, después de 7 meses sin respuesta. “UGT solicitó dicha subvención directa por una cuantía de 494.000 al mismo tiempo que mantuvo la demanda ante el TSJ reclamando la cuantía que estipulaba la ley”, ha apuntado.

Según ha explicado Lobo, “la sentencia del TSJ confirma que eran perfectamente compatibles y legales la solicitud de subvención y la demanda, era un derecho”.

“Ni se conforman” ,“ni se achantan” ante la extrema derecha

Por lo tanto, desde UGT han indicado que “ni se conforman” “ni se achantan” puesto que “aquí no hay subvenciones falsas o dinero envenenado, sino parte de un derecho. UGT nunca ha sucumbido a la extrema derecha”.

El líder ugetista ha remarcado que esta sentencia “remata el proceso judicial de los sindicatos de clase contra las tropelías y abusos de poder de Vox y supone pasar página a la etapa más negra para la concertación y el Diálogo Social en Castilla y León”.

Lobo ha recordado la visita de Santiago Abascal este domingo a Valladolid para participar en una comida con afiliados y simpatizantes y ha opinado que sus representantes tienen que explicar “quién va a pagar las costas precisamente por esta irresponsabilidad y por una ilegalidad que cometieron a conciencia, con interés y con alevosía porque sabían que se estaban saltando la legislación”.

Lobo ha recordado que su sindicato inició el proceso judicial en febrero de 2023 pocos días después de CC.OO, cuando el entonces consejero de Vox redujo a la mitad las subvenciones a los sindicatos mayoritarios y a la patronal y que el tiempo les ha dado la razón, aunque hayan tenido que pasar dos años que han supuesto un esfuerzo extraordinario que “ha recaído sobre la espalda, la solidaridad y el esfuerzo” de los sindicalistas.

“Sabíamos que era cuestión de tiempo, dos años que se hacen largos, y esta sentencia también confirma que era perfectamente compatible y legal la solicitud que este sindicato hizo en su momento a esa subvención directa, porque era parte de un derecho y el TSJ nos da la razón de que hicimos lo adecuado”, ha remarcado.

A preguntas de los periodistas, Lobo ha indicado que el juzgado aún no ha fijado la cantidad que tendría que pagar la Junta en concepto de costas y, aunque cabría la posibilidad de recurso, ha reconocido que entiende que no va a hacerlo después de que la vicepresidenta autonómica, Isabel Blanco, señalara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la semana pasada que los Servicios Jurídicos les han recomendado no hacerlo. 

La nueva consejera de Empleo e Industria, Leticia García, ha mantenido este lunes su primera reunión con los agentes del Diálogo Social y en la misma se ha comprometido a trabajara para frenar el desahucio previsto de las oficinas que actualmente ocupa el Serla previsto para el 26 de septiembre, al tiempo que facilitará los pagos de alquiler del local pendientes.

La consejera ha trasladado a los agentes económicos y sociales su compromiso para articular las medidas necesarias para que el servicio de mediación pueda conservar su sede y prestar el servicio de mediación en condiciones idóneas, al tiempo que ha ofrecido a sindicatos y patronal una interlocución permanente para “alcanzar nuevos acuerdos que permitan dar respuesta a los desafíos del tejido laboral y empresarial”

La reunión de este lunes es la primera que mantiene la consejera desde su toma de posesión hace apenas una semana, con lo que ha puesto en evidencia que “el Diálogo Social constituye una prioridad para la nueva responsable del área.

A la reunión han asistido los máximos responsables de los organizaciones empresariales y sindicales: en representación de CEOECyL su presidente, Santiago Aparicio, acompañado de Teresa Cetulio y Mercedes Lozano; en representación de UGT su secretario general, Faustino Temprano, junto a Raúl Santa Eufemia y Fernando López; mientras el sindicato CCOO ha contado con la presencia del secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social, Saturnino Fernández, que ha estado acompañado de Carmen Álvarez y Fernando Fraile.

Leticia García ha manifestado a los representantes de las tres organizaciones su “firme voluntad” de caminar por la senda del diálogo, la negociación y el acuerdo en el seno de este foro de interlocución, reconocido en el Estatuto de Autonomía como uno de los principios rectores de la acción política del Gobierno de Castilla y León.

En concreto, en el transcurso de la reunión, la consejera se ha comprometido a realizar, con carácter inmediato, las gestiones necesarias para normalizar el funcionamiento del Serla y garantizar la prestación de su servicio de mediación, arbitraje y conciliación en las mejores condiciones y atendiendo a criterios de eficiencia y seguridad jurídica

En este sentido, en los próximos días, la Junta de Castilla y León adoptará las medidas necesarias para facilitar los pagos del alquiler de las oficinas de la fundación y tratar de revertir el proceso de desahucio, cuya ejecución está prevista inicialmente para el próximo mes de septiembre, informa Europa Press.

García, que ha subrayado el importante papel que desempeña el Serla a la hora de “agilizar” la resolución de conflictos laborales y evitar su judicialización, ha manifestado su compromiso con este instrumento del Diálogo Social en el que también ha sido pionera esta Comunidad. De ahí que se haya comprometido a “estudiar y consensuar” una hoja de ruta que permita abordar, con“ responsabilidad, eficacia y eficiencia”, los problemas de financiación.

Clima de entendimiento

Este primer encuentro entre la nueva titular de la Consejería y los agentes económicos y sociales se ha desarrollado en un clima de máxima “cordialidad y voluntad de entendimiento”.

En esa línea, tanto la consejera, como los representantes de los agentes sociales y económicos se han comprometido a trabajar y cooperar para fortalecer y dar un nuevo impulso al Diálogo Social como un referente nacional e internacional de participación en las políticas públicas.

Así, Leticia García ha mostrado su “total” disposición a escuchar y estudiar cuantas propuestas se planteen en este foro y ha apostado por trabajar desde la corresponsabilidad y centrando todos los esfuerzos en alcanzar nuevos acuerdos que permitan dar respuesta a los desafíos del tejido laboral y empresarial de Castilla y León, favoreciendo la competitividad de las empresas y el empleo de calidad.

La consejera ha estado acompañada durante la reunión de todo su equipo: el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos, José Manuel Barrios; el gerente del Ecyl, Jesús Blanco; la secretaria general, Saturnina Moro; la directora general de Economía Social y Autónomos, Emma Fernández; su homóloga de Comercio y Consumo, María Pettit, y el director general de Industria Mariano Muñoz.

Todos ellos han realizado un breve análisis de los programas y acuerdos que actualmente están en vigor y en fase de ejecución y desarrollo desde las distintas consejerías de la Junta de Castilla y León.

Finalmente, los asistentes se han emplazado a una próxima reunión de la Comisión Permanente para fijar un calendario de trabajo y concretar las líneas estratégicas del Diálogo Social para los próximos meses.

Recuperar la participación institucional del diálogo social

La principal reivindicación de los agentes económicos y sociales es celebrar con urgencia una reunión de la Comisión Permanente del Diálogo Social, inhábil desde hace dos años, con el fin “recuperar la participación institucional, reconocida en la propia ley y en el Estatuto de Autonomía”, ha explicado el secretario autonómico de UGT, Faustino Temprano, quien ha aprovechado para confrontar la nueva senda que espera iniciar con la del anterior consejero del ramo, Mariano Veganzones.

El sindicalista, en declaraciones recogidas por Europa Press, considera vital una urgente reunión de la Permanente del Diálogo Social, “que lleva sin reunirse durante todo este mandato”, y abordar acuerdos cuya vigencia expira a fecha de 31 de diciembre como el Plan de Empleo, la Estrategia Integrada de FP, la Prevención de Riegos Laborales...y firmar también aquellos acuerdos que ya se habían alcanzado con las consejerías del PP e intentar llegar a nuevos en septiembre en el Consejo del Diálogo Social, una vez que hayan sido autorizados por la Permanente“.

Garantizar el Serla

Faustino, al igual que Saturnino Fernández, de CCOO, y Santiago Aparicio, de CEOE de Castilla y León, incluyen entre sus objetivos dar una solución a la crisis por la que atraviesa el Serla, para lo cual será preciso evitar un posible desahucio mediante el abono de aquellas deudas contraídas en materia de alquiler y las pendientes con los mediadores y el director del organismo.

“Es algo que hay que solucionar de forma inmediata. No podemos seguir con esa imagen tan compleja y quizá maquiavélica. Hay voluntad de trabajar y de hacerlo. Lo importante es que el Serla va a continuar porque hasta ahora, con lo que se aprobó en el Patronato anterior, no se sabía si iba a seguir o no”, ha advertido el portavoz de la patronal, quien, al igual que el resto de participantes en el encuentro de hoy, entiende que lo importante es retomar los proyectos que ya había y llegar a nuevos a través de esa ansiada Comisión Permanente del Diálogo Social.

Lo que sí ha pedido Aparicio es dejar de trabajar a la nueva consejera y su equipo “sin presión” para “restituir” ese Diálogo Social, una senda que, tal y como ha insistido, ha sido un modelo y referente tanto en España como el resto del mundo.

“No se trata de querer solucionar todo en tres días y para ello es preciso dejar trabajar, con lealtad institucional, para que al final del año tengamos vigente lo que ya teníamos apartado y olvidado”, ha subrayado Aparicio.

Tarea sencilla “aplicando la ley”

Al igual que los anteriores, Saturnino Fernández, secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social de CCOO en Castilla y León, ha calificado el encuentro con la nueva consejera de “positivo y cordial” y ha expresado a Alicia García toda la suerte del mundo en la nueva tarea que le aguarda, “que no por ser grande, debido al destrozo causado por la extrema derecha, es menos sencilla”, en alusión a que “para ello basta con limitarse a aplicar la ley”.

Una ley que, como así añade, reconozca la representatividad institucional de sindicatos y patronal, reconozca el modelo de Diálogo Social, recupere la política institucional que está desbaratada desde hace veinticuatro meses, en los que no se ha convocado la Comisión Permanente, y recuperar el Serla, cumpliendo la ley estatal y el acuerdo interprofesional.

“Con cumplir la ley, la mitad del trabajo está hecho. El otro trabajo, si queremos negociar materias con la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, algo imposible con la etapa anterior, es ponerse manos a la obra en otoño con el Plan de Empleo, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, el acuerdo del Serla para ponerlo al día, la FP y el Plan de Igualdad y Conciliación. Cumpliendo la ley y teniendo voluntad de negociar y acordar estaría todo hecho”, ha sentenciado Fernández.

El PSOE pide restituir este mismo año “todo lo destrozado” por Vox

La portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Alicia Palomo, ha exigido a la nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo, la 'popular' Leticia García, un “compromiso firme y contundente” con el Diálogo Social en Castilla y León, con financiación “suficiente” para restituir este mismo año “todo lo destrozado”.

Esta es una de las principales exigencias que ha realizado Palomo ante la reunión este lunes de la nueva consejera de Industria con los agentes económicos y sociales en Castilla y León de la que espera que García se comprometa “a algo más que hasta ahora”, con el “abono inmediato” de las deudas de alquiler de la sede del SERLA como primer reto al que hacer frente ya que el desahucio está previsto para este viernes, día 26 de julio.

A esto ha añadido la necesidad de un compromiso de la nueva consejera para el mantenimiento del SERLA “con financiación adecuada y con recursos humanos suficientes” ya que, según ha recordado la socialista, eran “consensos básicos” en la Comunidad Autónoma en la que el Diálogo Social era “su seña de identidad”.

Palomo ha exigido a la nueva titular de Industria que mantenga el acuerdo de hacer extensible a toda la Comunidad la mediación en los conflictos individuales y que restituya “todas las políticas en materia de empleo que se han perdido desde que Mañueco es presidente”, entre las que ha citado el plan de empleo con los programas de formación y orientación laboral, la atención a los inmigrantes, las ayudas a los ERTEs, las políticas de prevención de riesgos y salud laboral o “la importantísima labor” que realizaban los técnicos de igualdad.

“No busquemos culpables en la extrema derecha”, ha zanjado Palomo que ha situado al presidente de la Junta de Castilla y León como el principal “culpable” de que Vox haya “dinamitado” el Diálogo Social y las políticas de concertación en la Comunidad. “Mañueco es la extrema derecha en esta Comunidad, ha sido Abascal quien ha roto con él porque Fernández Mañueco estaba tremendamente cómodo con sus socios de gobierno”, ha sentenciado Palomo que ha insistido en la necesidad de “compromisos firmes y contundentes” con el Diálogo Social ya que, de lo contrario, la reunión de hoy será “un pasatiempo y una patada hacia adelante” del Gobierno autonómico.

Alicia Palomo ha ironizado sobre que lo único que ha dicho hasta ahora la nueva consejera es que va a “escuchar, escuchar y escuchar” y a “hablar, hablar y hablar” cuando, para los socialistas, la Comunidad Autónoma atraviesa un “momento crítico” que necesita “pasar a la acción” con presupuesto y fechas concretas, como reclamarán los socialistas en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones para que el PP “se retrate”.

“De lo contrario, las promesas no valdrán para nada”, ha advertido la socialista que se ha preguntado también por el futuro de la Ley para reformar el Servicio Público de Empleo a la que se ha referido como una “vendetta” del anterior consejero, Mariano Veganzones.

Finalmente, la portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista ha instado a la nueva consejera a que “salga a dar la cara” tras la reunión este lunes con los agentes económicos y sociales ya que, “despachar” este asunto con una nota de prensa sería “tibio y gris”. “Dar la cara y ser transparente”, ha aconsejado a Leticia García que ha cargado en todo momento contra las políticas de Fernández Mañueco, al que se ha referido como un presidente “indolente” cuyas políticas “nadie se cree”.

El consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Mariano Veganzones (Vox), ha avanzado este miércoles que asumirá de nuevo, junto al secretario general de su cartera, la gerencia del servicio público de Empleo (ECYL), después de la reciente renuncia del tercer gerente del servicio en dos años.

En la comparecencia en las Cortes en la que ha informado del grado de cumplimiento de los objetivos de su cartera a mitad de legislatura, el consejero ha informado que, volverá a asumir este cargo, como ya hizo durante casi dos años, hasta que encuentren a alguien que “tome las riendas” del Ecyl.

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Francisco Javier Luis Jiménez, solicitó este lunes su cese en el cargo, del que tomó posesión el pasado 20 de julio, alegando motivos familiares. Es el tercer gerente del Ecyl en menos dos años de la consejería en manos de Mariano Veganzones, que destituyó al primero por haber organizado cursos de igualdad para el Ayuntamiento de Valladolid.

Mariano Veganzones ha comparecido en las Cortes de Castilla y León para dar cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento a mitad de legislatura, donde ha defendido el efecto que ha tenido la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León para hacer frente al “fanatismo del Gobierno socialcomunista de España”, al que ha responsabilizado de desarrollar una “política económica errática” que avocará al país y a Europa “al furgón de cola mundial”.

El consejero ha lamentado que por mucho que la Comunidad se esfuerce por impulsar la actividad económica, “el lastre de la regulación fiscal y laboral del socialismo es demasiado grande como para esperar que el paro estructural baje a los niveles medios europeos”.

En su intervención, el consejero ha destacado que este 2024 la producción industrial se ha incrementado en la Comunidad un 20 por ciento con respecto al año pasado, lo que suponen 7 puntos más de lo que lo ha hecho España.

Además, ha destacado que las exportaciones han subido un 11 por ciento interanualmente, “al contrario que en España, donde disminuyen”, ha añadido.

“Menos regalos a los sindicatos y a los independentistas y más fondos para las políticas activas de empleo”, ha demandado el consejero al Gobierno de España.

Durante su intervención, el consejero de Industria ha arremetido también contra la Ley del Cambio Climático, así como contra la Agenda 2030, que Veganzones ha achacado “a la opinión de los ecologistas y los lobbies socialistas de Bruselas” y que en España aplica el “bipartidismo”, en alusión a sus socios en la Comunidad, el PP.

“Esperamos ganar la batalla a la Ley de Cambio Climático, a la Agenda 2030 y al pacto verde, que tanto daño están haciendo a nuestra industria y a nuestra agricultura”, ha expresado el consejero, que ha subrayado el apoyo de su departamento a todo tipo de fuentes de energía, especialmente a la nuclear y el biogás.

Por todo ello, ha tachado de “infame” el “fanatismo socialista” y sus políticas “ecologistas radicales”, que harán que España “baje a la cola del pelotón en materia de energía industrial”.

En relación a la medida que prepara el Gobierno de España para reducir la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, el consejero de Empleo ha alertado de que la Confederación Española de Comercio ha calculado que una reducción no vinculada a la productividad puede costar al sector cerca de 3.900 millones de euros.

Asimismo, ha alertado de que esta reducción va a provocar un “efecto devastador” a los autónomos, además de suponer un “sobrecoste inasumible” para muchos autónomos y pymes comerciales.

Del mismo modo, el consejero ha arremetido contra otras medidas puestas en marcha por el Gobierno de España, como las bajas autojustificadas diseñadas por el Ministerio de Sanidad o “la absurda propuesta de ”asociarse a un sindicato“ o a ”asociaciones feministas“ para ”tratar los problemas de ansiedad, depresión y estrés derivados del trabajo“.

“Estas ideas son un insulto a los trabajadores y a sus familias”, ha resumido Veganzones.

Entre las medidas que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo pondrá en marcha en lo que resta de legislatura, Veganzones ha avanzado que iniciarán un programa, con un crédito inicial de 500.000 euros, para luchar contra el absentismo laboral, que es uno de los “problemas fundamentales” del sector.

Como ha indicado, el absentismo laboral en Castilla y León ha crecido desde 2017 en más de dos puntos y, mientras que en 2023 la media nacional fue de 7,2 por ciento, en la Comunidad se situó dos décimas por encima.

Ha indicado que “es evidente su impacto directo sobre la productividad y los costes empresariales”, tanto económicos como organizativos, por lo que son necesarias “medidas novedosas y eficaces, pero no las del Ministerio de Sanidad” y las bajas autojustificadas, ha apostillado.

Finalmente, ha avanzado también que su departamento está “en trámites muy avanzados” para la aprobación de la modificación de la Ley de Modernización del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, con la finalidad de unificar las líneas de acción de todas las políticas activas de empleo y evitar duplicidades.

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones (Vox), se ha pronunciado este martes en Valladolid sobre la dimisión del gerente del Ecyl, Francisco Javier Luis Jiménez, y ha atacado a la oposición autonómica por lo que entiende como “utilizar cuestiones meramente personales, para hacer política”.

En la sede de la Consejería, Veganzones ha señalado como “respetables” los motivos que han provocado esta dimisión, al tiempo que ha atacado a “aquellos que están criticando esta decisión por cuestiones puramente ideológicas”, informa Europa Press.

Cuestionado sobre la naturaleza de estas críticas, Veganzones ha calificado de “rastrero” que “una situación personal sea utilizada por los sindicatos y la oposición para intentar combatir ideológicamente algo que se escapa de la razón”.

Sobre la reiteración de las dimisiones en la gerencia del Ecyl, Veganzones ha destacado que “no hay un patrón definido en estas dimisiones”, al tiempo que ha asegurado que la Gerencia ha sido gestionada tanto por el consejero como por el equipo de Gobierno desde su llegada en 2022. Hasta que se cuente con un sustituto, el secretario de la Consejería y él mismo se harán cargo del ECyL.

El 20 de junio tomaba posesión del cargo de Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León Francisco Javier Luis Jiménez. Este lunes, tan solo 12 días después de llegar a su puesto, pedía su cese alegando “motivos de salud de enfermedad de pariente de primer grado” y tener que compatibilizar los cuidados, según ha asegurado la Consejería de Industria, Comercio y Empleo a elDiario.es. Fuentes sindicales señalaban que la decisión se debe a la diferencia de ideas entre Luis Jiménez y el consejero Mariano Veganzones y su equipo.

Esta consejería suma su tercer gerente del ECyL en algo más de dos años de legislatura tras la salida reciente de Álvaro Ramos-Catalina Ysasi para irse con el vicepresidente, Juan García-Gallardo, como director general de Relaciones con la Sociedad Civil. El primer gerente del ECyL, Javier Moreno Espeja, tampoco duró más de dos semanas en el cargo tras tener que dimitir al conocerse en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid que es socio de una empresa que ha realizado cursos de igualdad en este municipio y que Vox pidió eliminar.

El área de Industria, Comercio y Empleo suma ya una cerca de 40 dimisiones o ceses, como han indicado fuentes sindicales. De ellos, tres han sido gerentes del ECyL y una docena de altos cargos como la coordinadora de Servicios de Economía Social y Autónomos en noviembre de 2022, el director general de Industria en marzo de 2023, el cese del coordinador de servicios de la Dirección General de Industria “por razones de interés público” o el jefe de Intermediación y Orientación Laboral de Empleo en octubre de 2023, entre otros.

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han asegurado este martes que presentarán una demanda ante los tribunales como consecuencia de la decisión que adoptado la mayoría que representa a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo en el patronato de la Fundación Serla para desalojar la sede de este organismo en la calle Los Molinos de Valladolid, mientras que el representante de UGT, Raúl Santa Eufemia, ha advertido a la CEOE de que con su abstención en la votación “ha dado la llave al conflicto”.

El secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, Fernando Fraile, y el secretario de Acción Sindical, Coordinación y Diálogo Social de UGT CyL, Raúl Santa Eufemia, han ofrecido este martes una rueda de prensa después de que en la jornada del lunes el Patronato del Serla acordara el desalojo de la sede con los votos favorables de los representantes de la Junta y la abstención de CEOE.

El acuerdo, supone, a juicio del representante de CCOO, un “fraude de ley”, pues entiende que una decisión de “cambiar de sede social” de manera voluntaria, como la que interpreta que se adoptó este lunes en el Patronato del Serla, debe aprobarse por unanimidad de acuerdo con la Ley de Fundaciones.

Por ello, Fraile ha recalcado que “lógicamente” los sindicatos pondrán la situación “en manos” de los servicios jurídicos y “acabará en los tribunales”, de modo que se sumará a las cuatro demandas judiciales que ya se han interpuesto por parte de las organizaciones sindicales al respecto de la gestión de la Consejería de Industria con el Serla.

Eso sí, posteriormente los representantes sindicales han explicado que la mencionada ley se va a modificar “con efecto automático” para eliminar la necesidad de adoptar determinados acuerdos por unanimidad, algo que estiman que entrará en vigor “a mediados de enero”.

Sin embargo, Fernando Fraile ha defendido que ese cambio no debería afectar al Serla, pues entienden que es “la única fundación tripartita” que existe en Castilla y León, al tiempo que ha recordado que el organismo se creó “por Ley” como resultado del acuerdo para la solución de conflictos laborales de manera autónoma.

Por su parte, Raúl Santa Eufemia ha reprochado que ante el próximo cambio de esas condiciones para toma de acuerdos interpreta que los representantes de la CEOE de Castilla y León decidieron abstenerse ayer en la votación sobre la sede del Serla, algo que ha criticado fuertemente.

De hecho, el secretario de Acción Sindical de UGT ha acusado a la representante de CEOE Teresa Cetulio --secretaria general de la patronal castellano y leonesa--, a quien además ha definido como “la punta de lanza de la CEOE más casposa”, de “dar la llave al conflicto” con su abstención.

Ello se debe, ha explicado, a que “a partir de hoy” cuando se produzca un conflicto laboral éste, en lugar de resolverse en el Serla, se abordará en los “centros de trabajo” y “el 100 por ciento de los delegados saben que los conflictos se van a resolver en las empresas y nos vamos a encargar nosotros”.

“Los centros de trabajo se han vuelto a convertir en un nicho de conflictividad”, ha enfatizado Santa Eufemia, que ha advertido de que “al cien por cien” el conflicto “está servido” porque interpreta que “ya no hay mediación legal”.

El PP “no puede lavarse las manos”

Las críticas también han llegado hasta el Partido Popular, ya que Fraile ha reprochado que toda esta situación está “permitida” por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que consideran que “no puede lavarse las manos” pues interpretan que podría decidir otro camino ya que tiene la mayoría en el Gobierno autonómico.

Por el momento, la sede del Serla en la calle Los Molinos sigue en funcionamiento, porque lo acordado ayer, como ha explicado Santa Eufemia, supone que en una fecha que los representantes de la Junta “no aclararon” se “sacará todo” de las oficinas de la calle Molinos.

La versión de la Consejería es que esa fecha, según relata el representante de UGT, la determinará el juez, pero Santa Eufemia ha discrepado de ello porque ellos han acordado “desalojar” ya.

“Fango y embarramiento”

Por otra parte, los representantes sindicales han reprochado que la Consejería de Industria, según entienden, “acusa al director del Serla” de no haber hecho efectivo el traslado de la sede a las dependencias de la Oficina Territorial de Trabajo (OTT) en la calle Santuario, un espacio que los sindicatos consideran “no idóneo” para las necesidades del Serla.

Fraile ha tildado esa acusación de “falsa” y ha definido la situación como “fango y embarramiento” por parte de la Consejería, dentro de una política que considera que siguen de promover “bulos y falsedades” sin “aclara nada ni hacer nada por nadie”.

Además, han recordado que hay una deuda con la arrendadora por que el presupuesto asignado al Serla en 2024 se condicionó a que no se destinara a pagar el alquiler de la sede, por lo que desde principios de año no se ha pagado el alquiler. Por ello, pese a que ahora la Consejería haya adoptado la decisión de desalojar las dependencias, la deuda seguirá vigente y los propietarios del inmueble tendrán derecho a ejercer las acciones correspondientes para cobrar lo que se adeuda.

Como ha precisado Fernando Fraile, el desalojo puede ser “en un plazo de diez días”, como ha apuntado que aseguraron este lunes los representantes de la Consejería, de modo que a partir de ese momento los trabajadores envueltos en conflictos laborales quedarían sin este instrumento.

Actualmente, según los datos de Santa Eufemia, hay actualmente 78 expedientes de conflictos colectivos, que afectan a unos 21.000 trabajadores y 420 empresas. “Sólo en Valladolid hay cinco expedientes en colectivos que afectan a 900 trabajadores y cinco empresas”, ha añadido.

Pero las dependencias a las que la Consejería de Industria ha decidido, con su mayoría, que se traslade el Serla ofrece “una sala, además de otra compartida con la OTT” frente a las cinco existentes en el inmueble de la calle Los Molinos.

Veganzones, sobre el desahucio: “se tenía que haber producido ya hace un año para evitar esta situación”

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha sostenido este martes que se atenderá “sin más demora” el requerimiento judicial de desahucio de la sede del servicio de mediación laboral SERLA y hacer efectivo su traslado a la oficina territorial de trabajo de Valladolid, que “se tenía que haber producido ya hace un año para evitar esta situación”.

En rueda de prensa para analizar los datos del paro de junio, Veganzones se ha referido a preguntas de los periodistas al desalojo de la actual sede del SERLA después de que la justicia comunicara una orden de desahucio por impago del alquiler.

“Es una decisión que no quisieron tomar los sindicatos en su momento”, ya que el 30 de junio de 2023 se cedieron estos espacios, en la oficina de trabajo, gratuitamente y totalmente acondicionados“, ha sostenido Veganzones.

Los sindicatos “se negaron” a un traslado aprobado

El consejero ha insistido en que los sindicatos se negaron al traslado aunque estaba aprobado por el patronato de la Fundación del SERLA, y debía haberse hecho efectivo hace un año.

“Con lo cual, pues es normal que la propietaria del inmueble, la inmobiliaria, haya llevado a cabo sus acciones judiciales pertinentes y lo que tenemos que atender ya, sin más demora, es el requerimiento judicial de desahucio y hacer efectivo ese traslado” con el que se hubiera evitado lo ocurrido y se hubieran ahorrado 100.000 euros, lo que no se ha producido sino que se ha incrementado en 140.000 euros.

“Cuando llegamos a nuestra a la Consejería y tomamos posesión de los mandos de la Consejería y también había una situación parecida de 70.000 aproximadamente entonces, con lo cual no hay ninguna situación excepcional”, ha analizado.

A su juicio, “lo que hay es la ejecución de un traslado que se tuvo que producir hace un año y que no se produjo por falta de voluntad de los sindicatos y por cuestiones ideológicas, básicamente”.

El 20 de junio tomaba posesión del cargo de Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León Francisco Javier Luis Jiménez. Este lunes, tan solo 12 días después de llegar a su puesto, ha presentado solicitado su cese alegando “motivos de salud de enfermedad de pariente de primer grado” y tener que compatibilizar los cuidados, según ha asegurado la Consejería de Industria, Comercio y Empleo a elDiario.es. Fuentes sindicales consultadas han achacado la decisión a la diferencia de ideas entre Luis Jiménez y el consejero Mariano Veganzones y su equipo.

En el escrito presentado por Luis Jiménez se agradece la confianza dada para su elección. En los próximos días se hará oficial en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). La Consejería ha querido recalcar tras ser preguntada por este medio que “respetan todas las decisiones tomadas de carácter personal”.

Esta consejería, en manos Vox acumula su tercer gerente del ECyL en algo más de dos años de legislatura tras la salida reciente de Álvaro Ramos-Catalina Ysasi para irse con el vicepresidente, Juan García-Gallardo, como director general de Relaciones con la Sociedad Civil. El primer gerente del ECyL, Javier Moreno Espeja, tampoco duró más de dos semanas en el cargo tras tener que dimitir al conocerse en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid que es socio de una empresa que ha realizado cursos de igualdad en este municipio y que Vox pidió eliminar.

El área de Industria, Comercio y Empleo suma ya una cerca de 40 dimisiones o ceses, como han indicado fuentes sindicales. De ellos, tres han sido gerentes del ECyL y una docena de altos cargos como la coordinadora de Servicios de Economía Social y Autónomos en noviembre de 2022, el director general de Industria en marzo de 2023, el cese del coordinador de servicios de la Dirección General de Industria “por razones de interés público” o el jefe de Intermediación y Orientación Laboral de Empleo en octubre de 2023, entre otros.

La salida de Luis Jiménez en las áreas que gestiona Vox en la Junta de Castilla y León se suma a la de Jesús Enríquez Tauler como director general de Relaciones con la Sociedad Civil y comisionado de las víctimas del terrorismo en junio o la de uno de los asesores de García-Gallardo, Yesurún Moreno, tras ocho meses en el cargo en el que había sustituido a otra asesora que dimitió.

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha sostenido este lunes que su pretensión es que el Servicio de Relaciones Laborales (SERLA) se encargue únicamente de los conflictos colectivos, mientras que los individuales de Valladolid que hasta ahora tramitaba pasen a ser asumidos todos por la Oficina Territorial de Trabajo.

En una rueda de prensa, preguntado por la situación del Servicio de Relaciones Laborales autonómico (SERLA), en el que participan el empresariado y los sindicatos mayoritarios, ha insistido en que la resolución de conflictos laborales colectivos “va a seguir radicada” en este organismo y que cuenta con “financiación suficiente para ello”.

Sin embargo, ha defendido su propuesta de que los conflictos individuales en la provincia de Valladolid, la única en la que se abordaban, se resuelvan desde la Oficina Territorial de Trabajo como ya se hace en el resto de la Comunidad, algo que rechazan los otros miembros del Diálogo Social.

“Creo que la fórmula de éxito más adecuada es que el SERLA, como ya autorizó el Consejo de Gobierno, se dedique a los conflictos colectivos y que el resto, entre ellos los individuales, como ya se hace en toda Castilla y León menos en Valladolid, se tramiten en las oficinas territoriales”, ha afirmado.

Por su parte, el representante de la UGT en el Patronato de la Fundación SERLA, Raúl Santa Eufemia, ha acusado a Veganzones de estar “secuestrando la democracia” en el seno de este organismo, en referencia a que estos cambios que quiere introducir se pretenden realizar una vez que entre en vigor la modificación en la Ley de Fundaciones, en concreto para no precisar de unanimidad en los acuerdos.

Para el representante sindical se trata de un “ejercicio unilateral en contra de la sociedad y en contra del beneficio de las relaciones laborales”, ya que esta situación arrastrada ya desde el pasado año está perjudicando a todos los ciudadanos que se ven afectados por un conflicto laboral y tiene que pasar previamente por este servicio, antes de acudir a los tribunales.

“Es una imposición monodireccionada por el Gobierno y que impide la libertad de los ciudadanos en Castilla y León y de las empresas, para poder llegar a soluciones extrajudiciales en materia del diálogo entre empresas y trabajadores”, ha resumido Santa Eufemia.

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León ha responsabilizado este lunes a la dirección del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) en la Comunidad del impago de las tres últimas nóminas de sus trabajadores, pues la Junta ya ha aportado los 400.000 euros de subvención a este ente, aunque estos aún no han llegado a la Fundación.

Como les ha trasladado el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Generales, Fernando de la Parte, a estos seis trabajadores en una reunión que han mantenido este lunes, sus sueldos están “totalmente incluidos como gastos subvencionables en la aportación realizada este año por parte de la Junta”, ha informado la Consejería en un comunicado.

Este hecho, el pago de los 400.000 euros aportados por la Junta, se debería haber producido, según De la Parte, en el mes de marzo: “¿Por qué no se producido, como en otras ocasiones?”, se ha cuestionado el director general.

En este sentido, De la Parte ha indicado que “solo cabe preguntárselo a los signatarios del Acuerdo para la Solución Autónoma de Conflictos Laborales y a la dirección del Serla”, de modo que ha descargado en la dirección de este servicio toda la responsabilidad de estos impagos.

Como ha recordado el director genera, la Consejería concedió el 14 de marzo de este año una aportación dineraria de 400.000 euros, con el objetivo, precisamente, de pagar las nóminas de los trabajadores del Serla durante todo el año 2024.

Esta aportación, aprobada en Consejo de Gobierno, corresponde a la misma cantidad que la Junta destinó al Serla para el año pasado y “gracias a la cual sí se pudieron pagar los salarios de los trabajadores de la Fundación”.

Durante la reunión, se han analizado conjuntamente los motivos por los cuales la aportación de 400.000 euros realizada por la Junta, a fecha de hoy, no ha llegado a pagarse y que “ha tenido como consecuencia que los trabajadores no hayan cobrado sus últimas tres nóminas”.

De la Parte ha explicado que la intervención de Hacienda comunicó a la Consejería el rechazo del pago porque la Fundación “no cumplía con estar al día de sus compromisos con la Seguridad Social”.

Por ello, ha sido esta situación la que ha motivado que la Consejería se dirija a los signatarios del Serla “para interesare por la gestión de los recursos de la Fundación”.

Así, De la Parte ha manifestado que comunicaron a la dirección del Serla, el 19 de marzo, la imposibilidad de pagar la aportación de la Junta “sin antes cumplir con todas sus obligaciones tal y como establece la Ley de subvenciones”. Una circunstancia que “todavía no ha sido resuelta”.

“A fecha de hoy seguimos sin respuesta por parte de la dirección de la Fundación Serla. Ni sabemos nada del reparo realizado”, ha apostillado el Director General a los trabajadores.

Las seis personas que trabajan en el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo porque no han cobrado los salarios de enero, febrero y marzo.

El Secretario de Acción Sindical de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile, ha remarcado que esta situación se produce a pesar de que el Consejo de Gobierno aprobara el pasado 7 de marzo una subvención directa de 400.000 euros para financiar el servicio, una cantidad que se recortó frente al millón que venía recibiendo hasta la entrada de Vox en el Gobierno autonómico.

“La partida sigue sin llegar; lo que se traduce, entre otras cosas, en los impagos que han denunciado las personas trabajadoras”, ha lamentado el sindicalista

Por este motivo, se ha solidarizado con estos trabajadores y ha lamentado que tengan que “sufrir las consecuencias de la política de acoso y derribo contra el servicio de mediación que ha emprendido la extrema derecha en la Junta”.

A través de un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato ha señalado que la Fundación Serla tendrá que responder ante la Inspección de Trabajo por los “continuos atropellos” del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, una vez que la plantilla haya decidido interponer la correspondiente denuncia porque llevan “tres meses sin cobrar sus salarios”.

Fraile ha indicado que CCOO apoya a los trabadores, porque es del “todo intolerable que no hayan recibido sus sueldos en lo que llevamos de año como consecuencia de la insuficiente financiación del Serla que venimos denunciando”.

El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, ha desvelado este lunes que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), como competente autonómico en materia de Fundaciones, acaba de firmar una resolución que implica su aval a que el Servicio de Relaciones Laborales (SERLA) recupere la financiación anterior y su carácter público, frente a un acuerdo que cambió esa naturaleza en 2021.

En una rueda de prensa, acompañado de la abogada del sindicato que lleva las múltiples causas judiciales abiertas para dirimir este “enfrentamiento a cara de perro” entre sindicatos y Consejería de Industria, Comercio y Empleo dirigida por Mariano Veganzones (Vox), Vicente Andrés ha reclamado a la Administración autonómica que cumpla sus propias resoluciones.

“Veganzones debería hacer caso a lo que dice su jefe”, ha remarcado el dirigente de CCOO, convencido de que, pese a este reconocimiento de la irregularidad cometida en 2021 -cuando ese departamento estaba gestionado por Carlota Amigo (Cs)-, los actuales dirigentes de Vox optarán por alargar los tiempos, ante lo que recurrirán de nuevo ante los tribunales.

CCOO entiende que esta resolución avala que la financiación de la actividad del SERLA, que hasta el pasado año rondaba el millón de euros y que ha sido recortada hasta los 400.000 euros, también para el presente 2024, debe ser recuperada y asumida íntegramente por la Administración autonómica.

En concreto, la resolución suscrita por García-Gallardo como titular del Protectorado de Fundaciones de esta Comunidad reclama al Patronato del SERLA “dejar sin efecto” uno de los puntos acordados en una reunión celebrada el 29 de enero de 2021, referido al sistema de financiación de la Fundación , al entender que dicho acuerdo es contrario a los propios estatutos de la entidad y al régimen jurídico de las fundaciones públicas de la Comunidad.

De hecho, uno de los aspectos que CCOO entiende que también se ven corregidos es la decisión de que la Fundación del SERLA deje de ser una fundación pública, ya que se modificó -aunque no se aplicó hasta el pasado año- el sistema de contribuciones, con el criterio de que la Junta nunca aportaría más del 49% del total del presupuesto de esta entidad, lo que dejaba al resto de patronos -sindicatos y patronal- el 51% restante.

Vicente Andrés ha rechazado las “bombas y cortinas de humo” que en su opinión lanzan los responsables de la Consejería y el propio vicepresidente de la Junta, a quienes han reclamado que cumplan con la normativa vigente y las sentencias.

El representante de CCOO ha confiado en que el Patronato del SERLA se reúna próximamente para analizar este cambio que demanda el vicepresidente de la Junta como responsable del Protectorado de Fundaciones.

Andrés ha ironizado con que, por “paradojas de la vida”, García-Gallardo se ha visto obligado a “desautorizar” sus propias políticas respecto al papel de los sindicatos y la patronal en materia de resolución de conflictos laborales.

Artículo 155

Preguntado sobre su demanda al Gobierno para que ejerza las competencias en esta materia y, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, se le sean retiradas a la Junta de Castilla y León, Andrés ha reconocido que están a la espera de una respuesta del delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

En este sentido, ha asumido que la situación del país puede hacer pensar al Gobierno que no sea lo más trascendente que tiene encima de la mesa, pero para los sindicatos de Castilla y León este “asedio al SERLA” sí es importante, por lo que ha confiado en que les respondan pronto: “Lo hicieron con el protocolo del aborto y a los tres días desapareció”, ha recordado.

García-Gallardo desmiente a los sindicatos

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha explicado que su resolución como responsable del Protectorado de Fundaciones “no afecta” a las decisiones tomadas en la presente legislatura en materia de financiación del Servicio de Relaciones Laborales (SERLA), cuando se ha reducido un 60% las aportaciones de la Junta.

En un comunicado, el vicepresidente ha argumentado que la resolución, dictada a instancias de una sentencia en este sentido del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de noviembre pasado, implica dejar sin efecto un acuerdo del Patronato de la Fundación SERLA del 29 de enero de 2021, cuando sin autorización de la Junta estableció un sistema de financiación para esta entidad que nunca llegó a ponerse en marcha.

Ese sistema implicaba que la Junta aportaría como máximo el 49% del presupuesto del SERLA y el restante 51% correspondería a los sindicatos UGT y CCOO y a la patronal CEOE (Cecale en aquel momento), cuando la Consejería de Empleo e Industria estaba dirigida por Carlota Amigo, representante de Ciudadanos.

En su comunicado, el vicepresidente argumenta que Patronato del SERLA no puede tomar decisiones relativas a cómo se financia la propia Fundación, sino que deben gestionar los recursos de que disponen, y ha negado que la junta esté “obligada a financiar” esta fundación.

“La resolución no afecta a las decisiones que se han tomado en la actual legislatura con respecto a la financiación del SERLA, y que han sido aprobadas siempre por el Consejo de Gobierno”, ha remarcado García-Gallardo en su escrito, en el que sostiene que la sentencia del TSJCyL avala su postura al defender la autonomía financiera del Gobierno autonómico en esta materia.

Para García-Gallardo, la financiación o no de fundaciones como el SERLA es “una cuestión del ámbito de la potestad de autoorganización de la Administración, que debe supervisar el uso razonable de los recursos públicos”.

El consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, ha asegurado este martes que UGT y CCOO tienen una “pataleta infantosindicalista” al pedir la aplicación del artículo 155 para Castilla y León. Así lo ha manifestado en la comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en la que ha presentado el proyecto de Presupuestos de su área para 2024.

Veganzones ha destacado el trabajo de mediación laboral realizado por el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC) en todas las provincias salvo Valladolid —donde se encarga la Fundación Serla—, lo que ha supuesto la “eliminación de otro gasto político ineficaz” al reducir a la mitad el presupuesto del Serla y suprimir una subvención de unos 200.000 euros.

“[La fundación] Se niega a adaptar sus gastos a los ingresos, poniendo los intereses de su organización por delante”, ha reprochado Veganzones, que también ha criticado que la fundación no haya aceptado el espacio cedido porque “a la extrema izquierda le parece poco lujoso”. Hace unas semanas, CCOO aseguraba que el espacio no cumplía “los requisitos exigibles” y el director de la Fundación aseguró ante el juez que la 'oficina' era “más bien una zona de paso”.

Es entonces cuando ha calificado de “irrisoria” la “pataleta infantosindicalista” de pedir la aplicación del artículo 155 de la Constitución para garantizar la Mediación Laboral. Veganzones ha defendido 'su' política de un Diálogo Social “sin chantajes” y que permita la participación “en la vida política, económica y social” de otras fuerzas sindicales que no sean las mayoritarias como UGT y CCOO.

Una consejería “fantoche”

La procuradora socialista Alicia Palomo ha calificado a la Consejería de Empleo de “fantoche” porque “ni invierte, ni desarrolla ni genera oportunidades”. “solo” se utiliza para “lanzar su ideología fascista”. Palomo ha criticado que, con los plazos que faltan para tramitar los presupuestos, serán “inejecutables”.

La socialista ha reprochado la “obsesión destructiva” de Veganzones hacia “los pilares democráticos” y su “empeño constante” por “infrafinanciar” el Serla, incluso mientras “se mofaba” de este servicio mientras “priva” a personas y empresas del derecho a un arbitraje previo al procedimiento judicial.

Alicia Palomo también ha augurado que el II Plan Director de Promoción Industrial (2021-2025) no cumplirá los objetivos previstos y ha criticado que la estrategia de comercio de proximidad tiene un horizonte muy corto.

“Convertir” una comparecencia en “el primer acto de la campaña de las europeas”

El procurador Francisco Igea también ha acusado a Veganzones de haber renunciado a una política de Empleo “racional” mientras Vox utiliza a sus consejeros “para soflamas, congresos y provocar a los medios” e “intentar convertir una comparecencia de presupuestos en el primer acto de la campaña de las europeas”.

Sobre la mediación laboral, el portavoz del Grupo Mixto ha reprochado que los trabajadores vallisoletanos han cobrado 180.000 euros mientras que en Burgos han sido nueve millones de euros y más de cuatro en León. “No son los sindicatos, son los trabajadores de Valladolid los que ingresan 50 veces menos por cantidades debidas a conciliación por despidos. No hace sufrir a los sindicatos, hace sufrir a los trabajadores”, ha reprochado.

Igea ha calificado a Veganzones como el “rey de los congresillos” y ha ironizado sobre cómo estas iniciativas beneficiarán a las agencias de viajes. Francisco Igea ha recordado que Castilla y León exporta más de la mitad de la energía que produce y por eso ha considerado un “delirio trumpista” que Veganzones haya mostrado su preocupación por la soberanía energética.

Igea y Veganzones han confrontado también los datos de nacimientos. Mientras el procurador del Grupo Mixto recurría a la estimación de nacimientos de 2023 que elabora el INE —y que da resultados negativos respecto a 2022—, el consejero hablaba de los datos de nacimientos de 2022 respecto a 2021.

“Impotencia” de la oposición por un “magnífico trabajo”

Veganzones ha asegurado que las críticas recibidas constatan la “impotencia” de la oposición ante “el magnífico trabajo” de la Consejería. “Lo único que pueden hacer es insultar y reírse”, ha afirmado. El consejero de Vox se ha jactado de hacer “mucho” con menos fondos y ha instado a “rentabilizar el dinero público”.

La procuradora de Vox Fátima Pinacho ha criticado a la oposición por no ser capaz de reconocer “ninguno de los logros” de la Consejería de Empleo porque ninguno de ellos está “al frente”. “Es una buena gestión, que seguro que es mejorable, pero en eso estamos”, ha afirmado.

CCOO y UGT han remitido un escrito al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, para pedir al Ejecutivo central que aplique el artículo 155 al gobierno autonómico para que cumpla con la Mediación Laboral y recupere la financiación de la Fundación del Servicio de Relaciones Laborales (Serla), que intercede en los conflictos laborales entre trabajadores y empresas para evitar la judicialización de los desacuerdos.

El secretario de Acción Sindical de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile, ha asegurado que la Junta de Castilla y León se ha declarado “insumisa y en rebeldía” al no cumplir con la Mediación Laboral y por eso han enviado una solicitud la semana pasada. “El Gobierno tiene la obligación de asumir esas competencias”, ha reclamado junto al adjunto en la Secretaría, Cándido Alonso, en una rueda de prensa este martes.

Fraile ha asegurado que el Serla ya debe 480.000 euros entre nóminas e impagos del alquiler y suministros de varios tipos y todavía necesita recibir los 400.000 euros que el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, comprometió a mediados de enero, la mitad de lo que el Serla necesita anualmente.

“El director del Serla lleva nueve meses sin percibir el sueldo y los trabajadores (con sueldos de entre 23.000 y 28.000 euros) todavía no han cobrado la nómina de enero”, ha recordado Fernando Fraile, que también ha aludido a la falta de pagos de arrendamiento, proveedores de electricidad e informáticos, a los que se suma el servicio de limpieza, que también han enviado un requerimiento porque se le adeudan el coste de enero y febrero.

Sobre el local que la Junta de Castilla y León ha ofrecido al Serla, Fernando Fraile ha asegurado que no cumple “los requisitos exigibles”. “El Serla utiliza a diario hasta cinco salas distintas. La que nos ofrecen es una sala de manera continuada y otra compartida cuando se pueda”, ha apuntado el responsable de CCOO, que ha calculado que en 2023 el 70% de las mediaciones terminaron con un acuerdo. Según ha detallado, el Serla atendió más de 3.000 conflictos individuales de Valladolid y 340 colectivos —que afectaban a unos 150.000 trabajadores de toda Castilla y León—. Fernando Fraile ha asegurado que los sindicatos han pedido a la Junta un local público durante “años”.

El responsable de Comisiones Obreras ha recordado que ante un conflicto laboral es necesario pasar por la Mediación Laboral antes de ir al Juzgado. Ahora, los trabajadores de Valladolid reciben un certificado que explica que no va habido esa mediación para poder ir al Juzgado, una opción a la que muchos no recurrirán si tienen pocos recursos económicos o con reclamaciones de 200 o 300 euros, porque el coste del juicio es mayor que la cantidad demandada.

Además, si los trabajadores acuden a los tribunales, los procesos se alargan durante mucho más tiempo. “El Serla está certificando que no se está haciendo la mediación. Un juicio por despido tarda en celebrarse seis meses en Valladolid Si luego recurren al Tribunal Superior de Justicia, 12 meses más”, ha apuntado.

Según ha calculado Fernando Fraile, en Valladolid hay ya 600 personas que no han pasado por el Servicio de Relaciones Laborales. “Impiden la posibilidad de llegar a un acuerdo y alargar un conflicto que solo ocasiona problemas, ha protestado. 

En el resto de provincias lo gestionan las oficinas territoriales de la Junta de Castilla y León a través del Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC), una cuestión que los sindicatos también tienen judicializada porque creen que es contrario a un acuerdo que firmó el gobierno de Mañueco cuando Ciudadanos estaba en la Consejería de Empleo.

El consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Mariano Veganzones (Vox), ha explicado este lunes que el traspaso de los 400.000 euros acordados en el patronato del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) está pendiente de la orden de la Consejería de Economía y Hacienda, en manos del PP.

“Lo trámites ya están avanzados. Lo único que falta es la autorización de la Consejería de Hacienda para realizar el anticipo y proceder al pago de los importes”, ha respondido a preguntas de los periodistas el consejero de Vox.

Desde hace semanas, los sindicatos de trabajadores han denunciado la situación crítica por la que pasa el Serla, con retrasos en el pago de las nóminas o impagos en las facturas de luz o alquiler por la falta de liquidez de un servicio que ha visto reducido, por segundo año consecutivo, su asignación del millón de euros a estos 400.000 que para este año aún no han llegado.

Como han asegurado a EFE fuentes sindicales, esta aportación sería tan insuficiente que apenas llegará hasta el mes de abril para cubrir los gastos acumulados de personal y de funcionamiento del propio servicio.

Por su parte, desde el sindicato CCOO han avanzado que mañana ofrecerán una rueda de prensa en la que darán a conocer las nuevas actuaciones jurídicas y administrativas “ante la situación inoperante del Serla”.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abordará mañana en una reunión con los sindicatos UGT y CCOO en Castilla y León la situación de “colapso” del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) de la Comunidad, que podría dejar de atender los conflictos individuales después de que el Gobierno autonómico haya aminorado más de la mitad de su presupuesto en los últimos dos años de un millón a 400.000 euros-.

A este encuentro con la ministra asistirán los secretarios generales de UGT-CYL y CCOO-CyL, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, en una reunión que se celebrará en el Ministerio, han informado este martes en un comunicado ambas organizaciones sindicales.

Como han trasladado ambos sindicatos, la ministra y vicepresidenta del Gobierno quiere conocer de primera mano la situación del Serla, aunque “ya está al corriente porque se le ha traslado por correo el colapso funcional y económico que sufre el servicio de mediación laboral como consecuencia del estrangulamiento al que le está sometiendo la Consejería de Industria, Comercio y Empleo -de Vox-reduciendo su financiación”.

En el encuentro, los sindicatos trasladarán al Ministerio de Trabajo que el Serla, un órgano encargado de solucionar los conflictos colectivos e individuales entre trabajadores y empresas, “no puede cumplir con sus funciones como consecuencia de esta situación que arrastra desde hace un año”.

La financiación del Serla en 2024 será la misma que el año pasado, es decir, 400.000 euros. Una cantidad que desde CCOO y UGT sostienen que “no garantiza la suficiencia económica y por lo tanto el funcionamiento” de este servicio.

Como consecuencia, ambos sindicatos han alertado de que “será imposible la prestación de un servicio de interés general” dado que la interpretación que hacen ambas organizaciones sindicales es que “la Junta de Castilla y León y la Consejería pretenden destruir el organismo”.

Esta es la segunda reunión en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, puesto que la primera se celebró el 12 de mayo del año pasado. Entonces, Yolanda Díaz anunció que presentaría un segundo requerimiento a la Junta de Castilla y León para exigir el mantenimiento del Serla.

De ahí que, en este segundo encuentro, los representantes sindicales preguntarán a Díaz “en qué situación se encuentra este segundo requerimiento”.

Previamente, el 1 de febrero de 2023, se celebró una reunión en la Delegación del Gobierno de Castilla y León entre Díaz y los sindicatos, tras el que la ministra se comprometió a “iniciar acciones legales en nombre del Gobierno si no se encontraba una solución pacífica al conflicto del Serla”, han apostillado.

CCOO ha denunciado que la compañía eléctrica está a punto de cortar la luz al Servicio de Relaciones Laborales (Serla) de Castilla y León ante los problemas de financiación, que la Junta de Castilla y León se niega a asumir por completo. Según ha informado a través de un comunicado, la suministradora de la luz ha notificado que pedirá el corte del servicio si no se abona la factura pendiente antes del 31 de enero. Esto “impediría el funcionamiento” del Serla porque no podrían encender siquiera los ordenadores.

En diciembre, y tras varias reuniones, el consejero de Industria, Mariano Veganzones (Vox), decidió que volvería a financiar el Serla con 400.000 euros, la mitad del coste presupuestado en 2022 y que ha acarreado dificultades económicas para el servicio en el año pasado. Sin embargo, todavía no se ha aprobado la Orden de entregar 400.000 euros para el Serla, según denuncia el sindicato. El Serla, explica el comunicado, necesita un presupuesto de 860.000 euros.

De hecho, UGT y CCOO han judicializado la financiación del Serla porque la consideran “insuficiente”. El gobierno autonómico afea a la dirección del Serla que no adoptara “medidas de austeridad” y dejara “sin liquidez” las cuentas de la fundación para pagar las nóminas de los trabajadores. “No son las únicas deudas pendientes, sino que también siguen sin abonarse otros gastos corrientes como la factura de telefonía, el servicio de limpieza o el alquiler del local”, protesta CCOO.

El sindicato que lidera Vicente Andrés también advierte que los trabajadores del Serla no podrán cobrar “en tiempo y forma” la nómina correspondiente a enero. El Secretario de Acción Sindical de CCOO CyL, Fernando Fraile, las aportaciones económicas que viene realizando la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Empleo, son “insuficientes”. “Ponen al Serla al pie de los caballos”, ha protestado en un mensaje remitido a los medios.

El sindicalista ha lamentado que el Serla necesita “estabilidad” y ha recordado que ya no se puede cumplir con la obligación de notificar las citaciones de los conflictos individuales a las partes (empresas y trabajadores). Desde el día 22 de enero no se celebran las mediaciones previas a la vía judicial, sólo se certifica que no se han podido realizar.

CCOO ha denunciado que cerca de 30.000 desempleados de “difícil inserción” se han visto afectados por el “desmantelamiento” del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) y del sistema de políticas activas de empleo y ha señalado como responsable al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones.

Así lo han apuntado la secretaria de Formación y Política Industrial de CCOO en la Comunidad, Carmen Álvarez, y la secretaria de Empleo y Migraciones, Nieves Granados, que han analizado los planes de Empleo Local y Social y de Formación y Orientación del Ecyl.

“Desde abril de 2021 en que tomó posesión del cargo el actual consejero asistimos a un deterioro constante del Servicio Público de Empleo de Castilla y León donde se ha desbaratado todo el sistema, las políticas activas que estaban funcionando en comunicación y constante colaboración con los agentes sociales”, ha lamentado Granados.

Durante su análisis de los planes de Empleo Local y Social, la responsable de Empleo y Migraciones ha subrayado que se trata de un articulado “lleno de contradicciones”, con datos “intrascendentes” y “repleto de lenguaje ideológico”.

Al hilo de estas palabras ha lamentado que la Consejería no haga referencia en sus planes al colectivo inmigrante en una Comunidad con “problemas demográficos” como Castilla y León cuando, ha asegurado, ha aumentado un once por ciento su empleabilidad.

“Respecto a los programas incluidos en el plan, vienen a ser, un poco modificados, los programas que aparecían en el área de fomento de empleo en el ámbito local, o bien incluyendo un programa al final de contratación de colectivos en riesgo de exclusión, que es lo que le pone el apellido de social. Vienen a ser los programas que se negociaron en el Diálogo Social con los agentes sociales, y que forman parte del plan de Empleo de Castilla y León del año 21-24, que está vigente actualmente”, ha ahondado.

En este sentido, ha afeado los planes por incentivar la contratación tanto de entidades locales como de empresas y mostrar “muy poco interés por la protección de los trabajadores”, ante la desaparición de programas como el PIE, los que protegen a los inmigrantes o los ERTE.

“El ritmo de desmantelamiento de las políticas no ha sido similar en el caso de políticas dirigidas a empresas y a administraciones que en el de protección y servicios para los trabajadores”, ha apostillado Carmen Álvarez, que ha incidido en que desde la entrada de Vox en la Junta estos servicios a empleados se han desmontando “progresivamente sin mucho razonamiento”.

La representante sindical ha acusado al Ejecutivo autonómico de dejar “escapar” recursos europeos para políticas activas de empleo y de ejecutar “mal” los fondos que han llegado, al tiempo que considera que el plan de Orientación y Formación no hace referencia a “ninguno de los desafíos” en estas materias. “Lo que vemos es que el plan que se nos presenta es un plan lleno de carencias y que, además, se está superponiendo a otro que estaba en vigor y se está incumpliendo. Un plan, además, que no asegura ni recursos, ni financiación, ni mecanismos para mejorar un sistema que tiene muchas carencias y muchas dificultades”, ha añadido.

Desaparición de programas

Así, se ha centrado en denunciar la desaparición del programa de orientación para personas desempleadas, “sobre todo para las personas con mayores dificultades de inserción” y que lograba que un 30 por ciento de los integrantes de este colectivo encontrara de nuevo empleo.

Carmen Álvarez ha explicado que la Junta ha puesto en marcha un centro de referencia para esta políticas en San Andrés del Rabanedo, si bien duda de que vaya a ser eficaz, ya que solo hay dos personas encargadas cuando hasta ahora eran cerca de 300 los “orientadores” que daban servicio a estos colectivos.

También ha considerado “insuficientes” la incorporación de 150 personas al Ecyl, porque “la mayoría carece del perfil necesario” y su contratación es “eventual”. Además ha advertido que la certificación profesional está en “un momento de cambio”, que la Junta “ni menciona” en sus planes, pero que va a suponer “un cambio drástico”. “Porque todo lo que eran certificados, que es la formación que se da a los parados, todos esos certificados van a pasar a depender de las consejerías de educación, porque toda la materia de certificados profesionales ha pasado al Ministerio de Educación. Con lo cual algo debería de haber. Deberíamos saber cómo se van a coordinar las dos Consejerías implicadas”, ha cuestionado.

Por último, ha dudado de la legitimidad en las convocatorias como la de formación de ocupados que hace que los beneficiarios de los fondos de formación en Castilla y León sean entidades “que ni son de la Comunidad, ni tienen actividad”. “Situaciones que son de fraude, claramente, y que desde CCOO las hemos puesto ya en conocimiento de la Inspección de Trabajo y tendremos que combatirlas porque las políticas públicas tienen que tener calidad”, ha zanjado.

Como ejemplo ha puesto a una de las cuatro primeras empresas en el “ranking de beneficiarias” a una de Almería, “Flipaos SL que se ha llevado casi un millón de euros de ayudas de formación para trabajadores sin tener ninguna instalación en Castilla y León, ningún medio ni esa actividad”.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha arremetido contra la gestión de la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León, que dirige Vox, y la ha calificado como “la más nefasta, auto-lesiva, sectaria y majadera de todas las ejecutadas por cualquier administración pública española desde 1978”.

A través de la red social X, Sordo ha mostrado su rechazo a las políticas del Servicio de Relaciones Laborales (Serla), fundación de la que depende la Consejería, liderada por Mariano Veganzones,

Sordo respondía así al secretario general autonómico de CCOO, Vicente Andrés, que ha acusado al gobierno autonómico de tener una “obsesión enfermiza” en contra del sindicalismo “libre”. “Deja a los trabajadores despedidos sin servicio de mediación, lo que les obliga a ir directamente a juicio”, ha recriminado también a través de X. “En la extrema derecha estarán contentas, pero los trabajadores [están] desprotegidos aunque no resignados”, ha rematado.

Las últimas críticas del sindicato se producen después de meses de tensión y juicios entre los sindicatos UGT y CCOO y la Junta de Castilla y León, que en un principio quiso disolver la fundación y ahora ha decidido infrafinanciarla.

CCOO denunciaba hace diez días el “colapso” económico que vive el Serla, junto al retraso en el pago de las nóminas de diciembre y la extra de fin de año a sus empleados, pese a la aportación de 40.000 euros aprobada la pasada semana por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo para este fin.

En un comunicado remitido a los medios, CCOO vinculó este impago con el hecho de que la Consejería no haya hecho efectiva la aportación aprobada, lo que puede acarrear que los trabajadores tampoco cobren las nóminas de enero y febrero.

La Consejería de Empleo e Industria suma otra nueva salida, y ya van 19 desde que llegó Vox al frente de esta cartera. La jefa de prensa, Cristina Zamorano Fernández, personal eventual, cesa en sus funciones según ha publicado este lunes el Boletín Oficial de Castilla y León. La Consejería de Presidencia, que efectúa la formalización del cese, le agradece “los servicios prestados”. Le sustituye en el cargo Jacobo Pérez Miró como ha recogido el Bocyl.

El último cese en el área que lidera Mariano Veganzones data del 23 de octubre. En esa ocasión, el Bocyl publicaba la designación de un nuevo jefe de servicio en la Gerencia de Servicios Sociales, que recaía en una funcionaria jefa de servicio en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) y que se encargaba de las subvenciones a ayuntamientos y entidades locales.

Hay que recordar que el Ecyl se encuentra sin vicepresidente y sin gerente debido al plan de reestructurar la Consejería que Veganzones está realizando. Todos ellos renunciaron de forma previa además de no contar y sin jefes de servicio de local, intermediación e inserción.

Con esta salida en el área de comunicación todas las consejerías en manos de Vox en Castilla y León, incluyendo la vicepresidencia, han reemplazado a sus jefes de prensa. Unas reestructuraciones a las que también se sumó la que fuera 'mano derecha' del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y dircom de facto de Vox en el Ejecutivo autonómico, Montserrat Lluís, que ejerció como directora general de Coordinación e Interacción Social de la Junta de Castilla y León. El puesto fue ocupado por una asesora del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Ana Belén Ruiz Ruiz.

El sindicato CCOO ha denunciado este jueves el “colapso” económico que vive el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla), junto al retraso en el pago de las nóminas de diciembre y la extra de fin de año a sus empleados, pese a la aportación de 40.000 euros aprobada la pasada semana por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo para este fin.

En un comunicado remitido a los medios, CCOO ha vinculado este impago con el hecho de que la Consejería no haya hecho efectiva la aportación aprobada, lo que puede acarrear que los trabajadores tampoco cobren las nóminas de enero y febrero.

Además de estos impagos, el sindicato ha alertado de que “el problema es que no hay liquidez en el Serla”, lo que tiene “severas consecuencias”, como que las personas mediadoras en los conflictos colectivos e individuales no perciben sus emolumentos por los servicios realizados desde enero y febrero de 2023, respectivamente.

En segundo lugar, Correos ha notificado al Serla mediante un burofax que a partir del 21 de diciembre de 2023, no podrá continuar depositando correspondencia con cargo al contrato suscrito, al haber devuelto la entidad bancaria la última factura, lo que tendrá el efecto de que no podrán realizarse las citaciones de los conflictos individuales, al enviarse a través de esa empresa postal.

En tercer lugar, la entidad bancaria del Serla también ha comunicado el 29 de diciembre de 2023, a través de correo electrónico, que no hay dinero para pagar un recibo de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

En cuarto lugar, a partir de este mes de enero tampoco hay liquidez para pagar el alquiler del local del Serla en el que se celebran los actos de mediación ni para el resto de gastos derivados de la actividad del servicio.

“En estos momentos nos encontramos ante una situación de colapso económico y también funcional, porque en el Serla no hay liquidez, ocasionado por la asfixia financiera a la que está siendo sometido de manera intencionada por parte de la Consejería de Empleo y consentida por la Junta de Castilla y León”, ha argumentado el sindicato en su comunicado.

Estas circunstancias “son gravísimas” en opinión de CCOO porque “se está incumpliendo la ley y porque va a derivar en la judicialización de los casos de mediación con el correspondiente colapso de los juzgados y el encarecimiento para las partes afectados en los procesos”.

La situación del director del Serla 

Por otro lado, CCOO ha denunciado que el director del Serla, Julio Cordero, sigue siendo “sometido a un hostigamiento de manera continuada por parte de la Consejería de Empleo para que abandone, por no doblegarse a sus planteamientos”.

En este caso, tras haberle revocado “sin jusfitifación alguna” los poderes inherentes al cargo, el sindicato ha remarcado que el director lleva sin percibir su salario desde junio, a la vez que la Consejería le responsabiliza de una “mala gestión”, pese a que el origen de los problemas del Serla es la falta de liquidez de la que responsabilizan a la propia Junta.

CCOO ha subrayado que, pese a esta situación, el Serla ha tramitado en 2023 el mayor número de expedientes de su historia, con más de 5.200 conflictos individuales y casi 400 colectivos que afectan a 147.000 personas trabajadoras, así como han pasado por sus instalaciones en la sede de Valladolid más de 20.000 personas a lo largo del año.

El sindicato ha reclamado al Gobierno de España que intervenga en el organismo, porque “la Junta de Castilla y León no está cumpliendo” con las competencias transferidas para el desarrollo de la legislación laboral en lo que se refiere a la conciliación previa y obligatoria a la vía judicial por la falta de medios.

CCOO no aceptará la subvención directa que le ha ofrecido la Junta de Castilla y León tras decidir el gobierno autonómico no otorgar la nominativa a la que le obliga la ley autonómica 8/2008. “Resulta, cuanto menos arbitrario, que Vox decida menospreciar al sindicalismo eliminando un derecho por ley, para, apenas cinco meses después, ofrecer un dinero público que podría ser ilegal, si así lo deciden los tribunales. Es decir, la extrema derecha quita al sindicalismo un derecho para inmediatamente después intentar darle un regalo envenenado. Se pretende sobornar e incumplir la ley con el beneplácito del sindicalismo. Y CCOO no acepta sobornos, no apretará el botón que le ”inhabilite“ como organización sindical libre, independiente y democrática”, afirma el sindicato en un comunicado al que ha tenido acceso elDiario.es.

Tal y como informó este diario, CCOO ha interpuesto recurso contencioso-administrativo a la eliminación de la nominativa y escrito de denuncia conjunto a la Fiscalía de la Audiencia de Valladolid por la convocatoria “excepcional”, que espera le den la razón y penalicen estas actuaciones, declarándolas nulas. En esa denuncia ante la Fiscalía le acompaña UGT, que sin embargo, ha acabado por aceptar una subvención que considera ilegal.

Según el sindicato “en el año y medio largo de legislatura transcurrido en Castilla y León, ha quedado demostrado que la extrema derecha en la Consejería de Empleo está solamente en defensa del mundo empresarial”. Así ,CCOO Castilla y León afirma haber comprobado a lo largo de los meses que la extrema derecha “no tiene ningún pudor en despojar de sus derechos al sindicalismo, a los colectivos más necesitados del mercado laboral, para dárselos, con dinero público, a los empresarios y a las empresas privadas”, lo que “demuestra que la extrema derecha gobierna para los suyos”, con la eliminación de múltiples programas sociolaborales que protegían a diferentes colectivos de trabajadores y trabajadoras por haber sido denunciado por CCOO en diferentes ocasiones.

Hace siete meses, recuerdan, la Consejería de Empleo ofreció al sindicalismo “apretar un botón” para aceptar cerca de 500.000 euros sin condiciones aparentes, en una convocatoria “excepcional” y sin garantías legales, no respetando la representatividad ni la legalidad, después de eliminar 24 programas públicos, después de no respetar la obligatoria participación institucional en los órganos de su Consejería, de no cumplir los Acuerdos vigentes de Diálogo Social en sus materias competenciales (empleo, prevención de riesgos laborales, Serla, etc.) y después de múltiples descalificaciones e insultos a los sindicatos, CCOO se cuestiona que será en el futuro. En concreto, plantea “qué pasará si los tribunales siguen dando la razón al sindicato”, como ha pasado con la declaración de nulidad de pleno derecho del calendario laboral de 2023, una demanda interpuesta por CCOO en la que el TSJ indicó que este cambio fue “una decisión discrecional no justificada” en la que no se dio participación a los agentes sociales, ni se respetó la libertad sindical ni el Estatuto de Autonomía.