Pere Rostoll afronta un nuevo reto como candidato por el PSPV a la alcaldía de Benidorm no exento de dificultad. De hecho, El PP acumula tres victorias consecutivas con Antonio Pérez como alcalde, las dos últimas con mayoría absoluta. En las elecciones municipales de 2023, el PP obtuvo 16 concejales frente a los 8 del PSOE. Periodista y actual jefe de comunicación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente, Rostoll también fue redactor jefe y responsable de Política del diario Información, antes fichar en el año 2020 por el Gobierno del Botánico como director general de Relaciones Informativas de la Generalitat Valenciana presidida por Ximo Puig. En una amplia entrevista con elDiario.es, insiste en la idea de recuperar Benidorm para sus vecinos y vecinas.

¿Por qué decide dar el paso de presentarte a la Alcaldía de Benidorm?

Creo que tenemos que ofrecer una alternativa de cambio a nuestros vecinos. En este momento la ciudad requiere una alternativa política a la situación que ha generado el Partido Popular. Ese fue el leitmotiv de la decisión. Evidentemente, está el servicio a la ciudad y, sobre todo, ofrecer una alternativa para que los vecinos de Benidorm, que en estas elecciones son el centro del proyecto político, recuperen la ciudad. Creo que hay una sensación de hastío con la situación de Benidorm y que es el momento de ofrecer a los ciudadanos una alternativa política de cambio.

¿Y cómo ha sido el proceso para ser elegido candidato?

Creo que ha ido muy bien. El Partido Socialista activó sus mecanismos democráticos y se abrió un proceso de primarias. Decidí presentarme y finalmente fui el único candidato. Aunque no tenía necesidad, recogí avales y conseguí la firma del 82% de los militantes. Afrontamos este proceso y la generación de esta alternativa de cambio político desde la mejor situación, que es la unidad del partido. Y creo que eso es muy relevante porque mis rivales no son mis compañeros de partido. Mi único rival es el actual alcalde Antonio Pérez y el Partido Popular.

Habla de un deterioro importante de Benidorm en los últimos años. ¿Cómo ha evolucionado la ciudad?

Yo hablo de que en este momento Benidorm vive la situación más crítica de su historia por una serie de circunstancias. Primero, porque le ha caído la peor sentencia por mala gestión urbanística de la historia de España y una deuda aplazada a 47 años de 570 millones de euros. Eso es liquidar cinco generaciones de benidormenses. Segundo, la ciudad está peor que nunca en dos cuestiones: la limpieza y el mantenimiento. Tenemos desde 2018 prorrogado el contrato de limpieza y la ciudad está más sucia que nunca. Y ya le han subido a los vecinos el recibo de la basura al doble. Además, Antonio Pérez ha arrasado completamente con los mecanismos de mantenimiento que tenía el Ayuntamiento. El tercer problema es la vivienda. Aquí se ha expulsado a una generación de jóvenes y familias de Benidorm, que viven en los pueblos de alrededor. Se han ido y se han comprado una casa fuera. Hemos perdido tejido social y tejido de pueblo. Hay que tomar medidas decididas, claras y contundentes con la vivienda. El cuarto tema es la movilidad, cómo nos movemos por la ciudad. Tenemos un escenario prácticamente insufrible, con un transporte público ineficiente y muchas dificultades, además de un tráfico absolutamente desastroso. Y, finalmente, hay un problema gravísimo de cohesión. Benidorm parece varias ciudades diferentes. Tenemos que generar espacios de cohesión en los barrios y evitar que haya barrios de primera y de segunda. Hay que actuar decididamente para que todos los vecinos vuelvan a sentir orgullo de su ciudad. La idea fundamental es recuperar Benidorm para sus vecinos. Y a eso nos vamos a dedicar: a recoger propuestas que salgan de la base, del vecindario, para llevarlas al Ayuntamiento y resolverlas porque vamos a gobernar.

Cuando dice que hay que recuperar la ciudad para sus vecinos, ¿considera que Benidorm se ha convertido en una ciudad más para el turista que para el vecino?

Benidorm es una ciudad que vive del turismo, eso es evidente. Su principal motor económico es el turismo. Pero tiene que aprender a vivir del turismo. ¿Qué significa aprender a vivir del turismo? Que, fundamentalmente, el turismo tiene que ser un elemento que facilite que los vecinos de Benidorm vivan mejor. Hoy en día un vecino de Benidorm no se puede comprar una vivienda para vivir en su pueblo. Y los que vivimos allí tenemos un pueblo cada vez más sucio, cada vez en peores condiciones, con una deuda inasumible, un transporte público que es un completo desastre y un escenario de falta de cohesión en los barrios. Me refiero, por ejemplo, a barrios como el Rincón de Loix o la Cala, que están olvidados y que van a tener gravísimos problemas de mantenimiento y cohesión.

En cuanto a la seguridad ciudadana, ¿cuál es la situación?

Tenemos un problema de seguridad ciudadana que el Ayuntamiento no aborda. El otro día escuchaba al alcalde justificar el turismo de borrachera en una radio local. Me llama la atención que esos mismos días, en las televisiones estatales, había vídeos de zonas del municipio donde se concentra gran parte del turismo inglés, con imágenes absolutamente alarmantes. Hay una exigencia de mayor seguridad ciudadana que el Ayuntamiento no está asumiendo.

¿Os da miedo que una parte de Benidorm pueda convertirse en algo parecido a Magaluf?

Yo creo que hay que actuar. Miedo no tengo de asumir la Alcaldía y de resolver los problemas de la gente. Está claro que tenemos que actuar para convertir Benidorm en el pueblo que todos queremos, para devolver Benidorm al pueblo que todos queremos: un lugar en el que se pueda vivir y se pueda vivir mejor. Y eso nos permitirá recibir mejor a los turistas. Si nuestros vecinos están atendidos, vamos a recibir mejor al turismo. No se va a generar una división ni un problema interno en el municipio. Hay barrios y zonas de la ciudad en los que ya no viven vecinos. Todo son pisos turísticos, una aglomeración de viviendas de uso turístico. Eso deteriora la convivencia, reduce el tejido del pueblo y afecta, por ejemplo, al comercio de proximidad. Son todas las cosas que se está cargando el alcalde.

¿Cómo afrontarías como alcalde el problema de la vivienda y, en concreto, el de las viviendas turísticas?

Benidorm es una de las ciudades de la Comunitat Valenciana con más viviendas cerradas. La última estimación que he leído de un informe habla de que podemos tener entre 8.500 y 9.200 viviendas cerradas. La primera medida es hacer un inventario de viviendas vacías. Vamos a analizar caso por caso cada una de esas viviendas para ver si las podemos movilizar. Si movilizamos una parte de esas viviendas a precios razonables, a precios de alquiler asumibles, tendremos una parte del problema solucionado. Segundo, hay que limitar los precios de los alquileres. En eso cuento con la complicidad de Diana Morant, que el otro día lo trasladó en la conferencia política del partido. Hay que declarar la zona tensionada y ver cómo limitamos los precios para que haya más viviendas para los vecinos. Y luego hay que agilizar la construcción de los núcleos de viviendas que tenemos pendientes, generando las reservas más amplias posibles de vivienda protegida para jóvenes y familias. Eso sí, vivienda protegida con transparencia, no como ha hecho el PP en Alicante, donde se han repartido las casas entre ellos. Esas cuatro medidas las vamos a poner en marcha.

¿Es partidario de aplicar una tasa turística en Benidorm?

Sí, completamente. Soy partidario de la tasa turística y la voy a defender. Cuando se hizo la ley, la estimación que se hizo sobre el rendimiento total de la tasa era de alrededor de 100 millones de euros y aproximadamente un tercio correspondía a los ayuntamientos.

¿Por qué cree que debe aplicarse?

Porque esto no es un castigo para los turistas ni lo van a pagar los vecinos de Benidorm, que ya pagan bastante. Antonio Pérez y el PP ya les han subido la basura y el IBI. Es evidente que cuando un turista visita una ciudad como la nuestra genera un gasto de basura, de agua, de limpieza de las playas y una serie de gastos con los que tiene que colaborar. Benidorm es una de las ciudades turísticas más importantes de Europa y del mundo y tiene que modernizar su modelo turístico. La tasa nos permitiría, por un lado, disponer de recursos para atacar los graves problemas de la ciudad a los que me refería: limpieza, mantenimiento y demás. Y, por otro, aliviar la grave situación que ha generado el Partido Popular y Antonio Pérez con la sentencia por mala gestión urbanística en la Serra Gelada, que nos supondrá una carga de 570 millones en 47 años.

La patronal se opone frontalmente a la tasa turística. ¿Cómo abordarías ese conflicto?

Yo hablaré con la patronal. He escuchado a empresarios muy importantes de esta comunidad estar a favor de la tasa turística y a altos dirigentes del PP estar también a favor. Pero yo, en este tema, voy a ser muy claro: hablaré con la patronal, pero a mí lo que me interesan son los ciudadanos, los vecinos y los trabajadores turísticos. Les explicaré la situación. Creo que la implantación de la tasa turística es beneficiosa porque los turistas van a pagar una pequeña cantidad, pero al final van a tener mejores servicios y no van a ser los paganos de la mala gestión del PP en Benidorm.

¿Qué simboliza para usted la sentencia del Supremo por el incumplimiento de un convenio urbanístico en la Serra Gelada que obliga al Ayuntamiento a pagar una indemnización a un promotor y a afrontar esa enorme deuda?

Creo que es el símbolo de la mala gestión del PP de una época. Retrata una época de absoluto descontrol urbanístico, de mala gestión, de chanchullos y de enredos. Es el símbolo de una nefasta gestión y de una época en la que había dirigentes del PP y empresarios dedicados a jugar al Monopoly en contra de los intereses de la gente. Eso es lo que simboliza.

Otro ejemplo reciente de gestión municipal es la adjudicación de la concesión de la zona de acampada de la Sequia Mare a la empresa que menos aportación económica hace, por medio de una concesión por la que tampoco se le cobra un canon, ¿cómo la valora?

Ya lo denunció el grupo municipal socialista en el pleno. Es evidente que esa decisión es, cuanto menos, sorprendente y puede acabar en un recurso. Sería una más de Antonio Pérez y del PP, una más de la mala gestión. Más allá de la empresa que se ha adjudicado, que ya veremos si hay algo ahí o no, son sorprendentes las características económicas de la concesión para el Ayuntamiento. Las condiciones no son las mejores porque no cobran prácticamente nada, pagan parte de la limpieza... por eso digo que es absolutamente sorprendente y vamos a ver en qué termina esa decisión.

Antes hablaba de las subidas del IBI y de la tasa de basuras aplicadas por el PP. ¿Qué política fiscal aplicaría usted?

Ahora mismo no se pueden subir más los impuestos. Es verdad que la situación del Ayuntamiento es la que es y habrá que empezar a pagar esa deuda. Este año, por cierto, son 60 millones, gran parte de los cuales se pagan con dinero del Gobierno de España. El malvado Pedro Sánchez les ha solucionado gran parte de la papeleta. Nuestra política fiscal está fundamentalmente vinculada a la aplicación de la tasa turística. Es una tasa que no afecta al vecindario de Benidorm y que nos permite generar un volumen de ingresos para afrontar la situación de la ciudad.

¿Cómo se va a afrontar esa deuda?

La secuencia de pago este año son 60 millones que tienen que pagar antes de final de año. Inicialmente, el Ayuntamiento pidió un crédito de 55 millones al Gobierno de España, que se lo concedió. Creo que finalmente se quedaron en 36 porque van a poner 19 millones de remanentes. En todo caso, la mayoría de la cantidad de este año la pone el Gobierno de España. Luego hay cuatro años de carencia en los que solo se pagan los intereses. Y, a partir de esos cuatro años, creo que son 12 millones, y después hay un periodo en el que el Ayuntamiento no va a pagar y, posteriormente, hasta un 8% del montante del presupuesto anual. Estamos en una ciudad en la que el presupuesto venía oscilando entre 140 y 142 millones de euros. 570 millones son cuatro veces el presupuesto que tenía. Si una familia tuviera que afrontar un pago cuatro veces superior a sus ingresos anuales, ¿qué diríamos? Que está en quiebra. Esto hay que afrontarlo. No se puede afrontar desde el buenismo, desde que nos parece bien todo, y sin explicar las cosas y afrontarlas. Creo que el alcalde está dando una patada hacia adelante, intentando correr y escapar para salvar la situación y llegar a las elecciones contando la mentira de que esto no va a afectar a los ciudadanos.

Las víctimas de la dana y las entidades sociales que las respaldan trasladan su protesta mensual a Alicante, el territorio del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón. La manifestación recorre el centro de la ciudad, cerca de donde el exdirigente popular tiene la oficina de expresidente, una prerrogativa que la ley da a los exmandatarios valencianos, y que las víctimas exigen que le sea retirada.

La de este sábado es la protesta previa al segundo aniversario de la catástrofe que arrasó la provincia de Valencia y segó la vida de al menos 232 personas. Las asociaciones de víctimas y damnificados insisten en que Mazón abandone su escaño, deje de ser aforado y declare ante la magistrada que instruye el caso en Catarroja. “No se ha hecho justicia aún”, claman los manifestantes. Tampoco han conocido la verdad ni han obtenido reparación.

La manifestación ha discurrido en el entorno de la sede de la Generalitat en Alicante, la Casa de Brujas, donde quienes arropan a víctimas y damnificados reclaman “prisión” para el expresidente. Esta semana se ha añadido la “indignación” por el silencio de Mazón en la comisión de investigación en el Congreso, donde se negó a responder a la mayoría de preguntas de los diputados y defendió que los tribunales habían rechazado investigarle.

Los asistentes han leído 23 hechos, uno por cada mes desde la tragedia, como que “el Es Alert llegó tarde” o que todavía quedan dos personas desaparecidas. También que el cambio de president “no borra la responsabilidad”, que no ha llegado la normalidad a las zonas afectadas y que Mazón “sigue agrediendo a las víctimas” por seguir aferrado al aforamiento como diputado autonómico.

“No aportar ninguna referencia contrastable de gestión previa de un alojamiento o albergue juvenil o una zona de acampada equivalente que respalde la diversificación en diez líneas de ingreso declarada”.

El informe del comité de expertos que valoró las propuestas de las tres empresas que se presentaron al concurso convocado por el Ayuntamiento de Benidorm para explotar el espacio de acampada y ocio juvenil de la Séquia Mare se pronuncia en estos términos en el apartado de “modelo general de gestión integral del centro” en relación a la propuesta presentada por Trokoaventuras MB SL, la empresa que finalmente se adjudicó la concesión por un plazo de 10 años.

Y es que, según la documentación recabada por elDiario.es a través del Registro Mercantil, tanto esta empresa como su matriz, Nexo Troko SL, se constituyeron el pasado 21 de agosto de 2026, 10 antes de que finalizara el plazo para que cualquier empresa pudiera presentarse al proceso.

Según la información del Registro, Trokoaventuras SL se constituyó con un capital social de 3.000 euros y su actividad declarada es la de “campings y aparcamientos para caravanas, animación sociocultural, ocio, tiempo libre y espectáculos” mediante la “organización, gestión, producción, promoción, contratación, coordinación y ejecución de actividades de animación sociocultural, socioeducativa, deportiva y recreativa”.

Su matriz, Nexo Troko SL, se crea con un capital social de 492.000 euros y su objeto social es “adquirir, enajenar, poseer, gravar y administrar todo tipo de bienes muebles e inmuebles”, además de “prestar servicios de asesoramiento, consultoría, administración y gestión a las sociedades en las que participe, incluyendo servicios financieros, contables, fiscales, de auditoría, legales y de recursos”.

Ambas mercantiles el administrador único es D. A. S. y están erradicadas en La Nucía, municipio cuyo alcalde, Bernabé Cano, es uno de los pesos pesados del PP de Alicante, que lleva más de 25 años cosechando mayorías absolutas en su municipio y sorteando acusaciones de las que ha salido sin apenas un rasguño.

La calle de esta localidad en la que están dadas de alta las mencionadas empresas coincide con el domicilio social de Trokolo Ocio y Educación SL, empresa constituida con un capital social de 3.000 euros el 16 de febrero de 2023. Esta empresa gestionó los pasados meses de julio y agosto la escuela de verano del Ayuntamiento de Benidorm para menores de entre 3 y 13 años.

Llama la atención que una de las condiciones del pliego del concurso establece que la empresa licitadora podrá acreditar su solvencia técnica mediante la aportación de la siguiente documentación: “Una relación de los principales servicios efectuados en los últimos tres años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 70.000 euros”.

A preguntas de elDiario.es al Ayuntamiento sobre cómo ha podido acreditar esta solvencia una empresa de nueva creación, fuentes municipales han informado de que “la Ley de Contratos del Sector Público regula en su artículo 75 la Integración de la solvencia con medios externos, apoyándose la solvencia técnica y económica para esta licitación en otra empresa” y han destacado que “es una fórmula que también han empleado otras mercantiles que han participado del concurso”.

Efectivamente, el informe del comité de expertos señala que la segunda clasificada, Camping Navalmar SL, concurre con Aloja Book y lo destaca en un par de apartados como puntos débiles por su “excesiva dependencia”. Sin embargo, no menciona la empresa en la que se apoya la adjudicataria, Trokoaventuras MB SL.

La peor oferta económica para el Ayuntamiento

Como informó elDiario.es, el Ayuntamiento gobernado por el PP con mayoría absoluta con el alcalde Antonio Pérez a la cabeza adjudicó el pasado viernes 18 de septiembre la concesión del mencionado recinto a la empresa Trokoaventuras MB SL, que además presentó la oferta económica menos ventajosa para los intereses municipales.

En el concurso para adjudicar la concesión, la valoración de los criterios económicos, es decir los objetivos, tan solo suponían un 10% del total de la puntuación, mientras el 90% restante correspondía la propuesta técnica, de criterio subjetivo. En este sentido, según el pliego de condiciones, el Consistorio proponía una inversión adicional de 200.000 euros para equipar las instalaciones y se ofrecía a las empresas concursantes aminorar esta cuantía. En este sentido, la adjudicataria tan solo ofreció una inversión de 15.826 euros siendo la más baja de las tres empresas que se presentaron al proceso. Una oferta que supone 184.174 euros menos que Camping Navalmar SL, la segunda clasificada, que propuso poner 200.0000 euros liberando al Ayuntamiento de ese coste adicional. La tercera empresa, José medina e Hijos SL, hizo una oferta de 90.000 euros.

Al respecto, fuentes municipales justificaron esta fórmula de puntuación en que “se da prioridad al proyecto y al servicio, porque se quiere un albergue juvenil con actividades y proyectos lúdicos y educativos, no que prevalezca lo económico”, es decir, evitando de esta forma que se lo quede la empresa con mayor capacidad económica pero, quizás con una peor oferta de gestión.

Llama la atención también que el Ayuntamiento, tras haber realizado una inversión de 2,1 millones de euros en la adecuación del espacio, así como en la construcción del albergue y centro de interpretación, no exige el pago de un canon anual a la empresa concesionaria y que si los costes de limpieza del recinto exceden los 20.000 euros anuales, el consistorio asumirá la diferencia.

El informe del comité de expertos que ha valorado 10 parámetros de cada una de las tres empresas participantes ha otorgado una puntuación final sobre 90 (los 10 puntos restantes corresponden a la oferta económica) de 78,75 puntos a la adjudicataria; 65,95 a José Medina e Hijos; y 67,05 a Camping Navalmar. Según el mencionado documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, “las diferencias de puntuación entre las tres ofertas son moderadas en términos absolutos y muy reducidas entre la segunda y la tercera posición, lo que refleja que las tres memorias técnicas alcanzan un nivel de calidad, coherencia y desarrollo comparable y notablemente superior al umbral mínimo exigido del 50 % (45 puntos)”.

Como consecuencia de la fórmula establecida en los pliegos, Trokoaventuras obtuvo 0,79 puntos en el criterio económico, mientras que Camping Navalmar obtuvo 10 puntos, la puntuación máxima.

Tras sumar la valoración técnica y económica, Trokoaventuras quedó en primera posición con 79,54 puntos, seguida de Camping Navalmar con 77,05 puntos. La diferencia final entre ambas ofertas es de tan solo 2,49 puntos.

Negocio redondo para la empresa adjudicataria de la gestión del espacio de ocio juvenil del Parque de la Séquia Mare y más que cuestionable para los intereses del Ayuntamiento de Benidorm, al menos en términos económicos.

Al menos, esto es lo que se desprende de las condiciones que ha puesto el consistorio para gestionar el albergue juvenil, la zona de acampada, la cafetería y el aula de interpretación del mencionado espacio adjudicado el pasado viernes 18 de septiembre a la empresa Trokoaventuras MB SL, que además presentó la oferta económica menos ventajosa para los intereses municipales.

En un pleno extraordinario, el Ayuntamiento gobernado con mayoría absoluta por el alcalde del PP, Antonio Pérez, aprobó el otorgamiento de una concesión a la mencionada mercantil para gestionar el recinto por un plazo de 10 años.

En primer lugar, llama la atención que contrariamente a lo que suele ser habitual con este tipo de concesiones, la empresa concesionaria no deberá abonar canon alguno al Ayuntamiento por cada año de explotación de las instalaciones. Se trata de una suerte de alquiler anual que abona el gestor privado a la administración por hacer negocio en unas instalaciones públicas al que, en este caso, ha renunciado el consistorio, tras haber realizado una inversión de 2,1 millones de euros en la adecuación del espacio, así como en la construcción del albergue y centro de interpretación.

Además, en el concurso para adjudicar la concesión, la valoración de los criterios económicos, es decir los objetivos, tan solo suponían un 10% del total de la puntuación, mientras el 90% restante correspondía la propuesta técnica, de criterio subjetivo. En este sentido, según el pliego de condiciones, el Consistorio proponía una inversión adicional de 200.000 euros para equipar las instalaciones y se ofrecía a las empresas concursantes aminorar esta cuantía. En este sentido, la adjudicataria tan solo ofreció una inversión de 15.826 euros siendo la más baja de las tres empresas que se presentaron al proceso. Una oferta que supone 184.174 euros menos que Camping Navalmar SL, la segunda clasificada, que propuso poner 200.0000 euros liberando al Ayuntamiento de ese coste adicional. La tercera empresa, José medina e Hijos SL, hizo una oferta de 90.000 euros.

Al respecto, fuentes municipales han justificado esta fórmula de puntuación en que “se da prioridad al proyecto y al servicio, porque se quiere un albergue juvenil con actividades y proyectos lúdicos y educativos, no que prevalezca lo económico”, es decir, evitando de esta forma que se lo quede la empresa con mayor capacidad económica pero, quizás con una peor oferta de gestión.

Otra de las cuestiones llamativas en lo que al impacto para las arcas municipales se refiere es que el propio Ayuntamiento podría hacerse cargo de una parte de los costes de limpieza. Según el pliego de condiciones, el concesionario asume el mantenimiento técnico, preventivo y correctivo hasta un máximo de 20.000 euros anuales, y “el exceso de ese importe lo asumirá el Ayuntamiento”.

Por otra parte, en la valoración de las propuestas técnicas de gestión elaboradas por un comité de expertos, en el apartado de “modelo general de gestión integral del centro” se advierte de que su mayor punto de mejora es el referido a la “viabilidad operativa de la propuesta” puesto que no aporta “ninguna referencia contrastable de gestión previa de un alojamiento o albergue juvenil o una zona de acampada equivalente”.

En este sentido, las mismas fuentes municipales han explicado que “los dos licitadores que sí tenían esa experiencia en gestión se les ha puntuado en ese apartado más que a la empresa que no la tenía”, es decir la adjudicataria, y han defendido que “lo que el comité de expertos ha valorado, en base a los proyectos y memorias aportados, es la viabilidad operativa de la propuesta”.

El informe del comité de expertos que ha valorado 10 parámetros de cada una de las tres empresas participantes ha otorgado una puntuación final sobre 90 (los 10 puntos restantes corresponden a la oferta económica) de 78,75 puntos a la adjudicataria; 65,95 a José Medina e Hijos; y 67,05 a Camping Navalmar. Según el mencionado documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, “las diferencias de puntuación entre las tres ofertas son moderadas en términos absolutos y muy reducidas entre la segunda y la tercera posición, lo que refleja que las tres memorias técnicas alcanzan un nivel de calidad, coherencia y desarrollo comparable y notablemente superior al umbral mínimo exigido del 50 % (45 puntos)”.

El elemento determinante en la diferenciación de puntuaciones “no ha sido la existencia de carencias sustanciales en ninguna de las tres ofertas, sino el grado de desarrollo, exposición, claridad, concreción cuantitativa y cualitativa verificable frente al uso de fórmulas condicionadas, remitidas de forma genérica a anexos o meramente declarativas”.

Como consecuencia de la fórmula establecida en los pliegos, Trokoaventuras obtuvo 0,79 puntos en el criterio económico, mientras que Camping Navalmar obtuvo 10 puntos, la puntuación máxima.

Tras sumar la valoración técnica y económica, Trokoaventuras quedó en primera posición con 79,54 puntos, seguida de Camping Navalmar con 77,05 puntos. La diferencia final entre ambas ofertas es de tan solo 2,49 puntos.

Todos estos aspectos han sido denunciados públicamente por Camping Navalmar SL que ha anunciado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

La mercantil ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Benidorm acceso al expediente completo de contratación para poder conocer y comprobar la documentación que ha servido de fundamento para la admisión, valoración y clasificación de las ofertas.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha dado por finalizadas sobre las 15:00 horas de este sábado todas las alertas por fenómenos meteorológicos en la Comunitat Valenciana.

Durante la mañana de este sábado el litoral de Alicante ha estado hasta el mediodía en aviso nivel naranja (peligro importante) por lluvias con acumulados de 50 litros por metro cuadrado en una hora.

Durante esas horas se han registrado precipitaciones que han llegado a acumular 87,4 litros por metro cuadrado en Xàbia, 68,4 l/m2 en Ondara o 62 l/m2 en Dénia, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). También se han registrado fuertes precipitaciones en Orihuela.

Tras desactivar el aviso naranja por lluvias en el litoral de Alicante, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha mantenido hasta las 15:00 horas el amarillo en toda la costa alicantina y en el litoral sur de Valencia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que se observan chubascos locales muy fuertes en el litoral de Alicante -en el sur de Torrevieja, Orihuela y Pilar de la Horadada- y avisa de la previsión de acumulados de 100 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral norte de la provincia.

Aemet ha indicado en sus redes sociales que se están registrando chubascos de intensidad muy fuerte en las playas de Orihuela, con cielo despejado solo a unos kilómetros de distancia.

La zona de chubascos más intensos se registran ahora entre las playas del sur de Torrevieja, playas de Orihuela y Pilar de la Horadada.

En toda la costa de Alicante hay aviso naranja hoy por precipitaciones con acumulados de 50 l/m2 en una hora hasta el mediodía; y por acumulados de 100 l/m2 en doce horas en la costa norte, hasta las 15:00 horas.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha actualizado también sus alertas por fenómenos meteorológicos con el aviso naranja por lluvias en el litoral norte y litoral sur de Alicante y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de que se están registrando chubascos muy fuertes en Orihuela (Alicante)

También ha establecido la alerta por lluvias nivel amarillo en el litoral sur de Valencia y por tormentas en el litoral sur de Alicante. 

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el naviero Vicente Boluda, ha opinado sobre la propuesta de la reforma del sistema de financiación del Gobierno que “lo que va delante, va delante”.

Antes de un almuerzo de trabajo de los miembros de AVE con el ministro de Hacienda, Arcadi España, Boluda ha sido preguntado por cómo ve la propuesta del Gobierno central a las comunidades autónomas, antes del trámite en el Congreso, y ha respondido con el dicho valenciano “El que va davant, va davant (lo que va delante, va delante)”.

Tras lamentar que se opte por “decir sistemáticamente que no a algo”, ha propuesto “tomarlo, y de ahí como un punto de partida por poder ir a más” antes de añadir que no cree que sus compañeros de AVE, entre los que en el almuerzo de hoy estaba Juan Roig, piensen “muy diferente”.

Ha proseguido que si se añaden ahora los más de 3.600 millones de euros al modelo de la Comunitat Valenciana la cifra de infrafinanciación no seguirá aumentando en tanta medida año tras año, y se evitará que lo que “se ha dejado atrás” en ingresos supere los 12.000 millones en cuatro años y siga “haciéndose la cuenta más grande”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido dejar a un lado “el ruido, la furia y la crispación” política para que los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados negocien y aprueben el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, que ha calificado de “oportunidad histórica”.

En declaraciones a los periodistas antes del almuerzo de trabajo con los miembros de AVE, España ha propuesto a los partidos una reflexión en torno a los datos y cifras, y les ha instado a pensar “en la unidad de nuestro país” para disponer de más recursos cambiando “la decisión del voto”.

Junto al presidente de AVE, Vicente Boluda, el ministro de Hacienda ha insistido en que el nuevo modelo llega 17 años después del anterior y que “ninguna comunidad autónoma pierde” porque se trata de “una oferta y propuesta que no tiene parangón en nuestra historia”.

Ha añadido, además, que “hay territorios como Murcia y la Comunitat Valenciana que no pueden esperar más y que necesitan la estabilidad para conseguir los recursos necesarios” para sufragar sus políticas de sanidad, educación y servicios sociales.

Pese a esta oferta “que mejora con mucho” lo que pedían los presidentes autonómicos, ha expresado su sorpresa de que algunos “no quieran sentarse a negociar y digan no de entrada” y ha apelado al “sentido común porque oportunidades históricas como esta”, ha recalcado, “dudo mucho que se vuelvan a repetir”.

Según las cifras del ministro, con el nuevo modelo planteado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se ponen 21.000 millones de euros adicionales a la financiación de las autonomías, que en el caso de la Comunitat Valenciana se cifran en 3.669 millones.

“Ni los más optimistas de los optimistas”

“Ni los más optimistas de los optimistas podían imaginar una cifra como esa”, ha subrayado España, quien no entiende que “haya comunidades del PP que no han votado a favor.

En todo caso, ha señalado que “queda una oportunidad más” en el trámite en el Congreso de los Diputados en torno a una medida que el Ejecutivo “no puede ni quiere imponer”, y ha confiado en que los grupos políticos “no dejen pasar” la oportunidad en la Cámara Baja.

Ha insistido en esta idea al comentar que, a excepción de Vox porque cree que está en contra del estado autonómico, existe un “consenso generalizado por encima de ideologías” en la necesidad de mejorar la financiación autonómica, algo que comparten también desde el ámbito de las fuerzas sociales, sindicatos y universidades.

“Al final cuando hablamos de financiación autonómica no es una cosa abstracta sino se trata de Educación, Sanidad, los sueldos de los funcionarios, la Educación Pública y la vivienda”, ha argumentado el ministro.

El municipio del que fue alcalde hasta noviembre el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, albergará un hospital privado con capacidad para 112 camas en la zona comercial de Finestrat, pensado para pacientes internacionales, y con una inversión de 66,4 millones de euros de capital ruso.

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el 8 de septiembre la apertura del procedimiento administrativo del expediente de autorización sanitaria para el centro “Hospital Costa Blanca Finestrat”, que instruye la Conselleria de Sanidad a través de la subdirección general de inspección sanitaria, esto es, la autorización para construir el hospital, puesto que el permiso para su puesta en funcionamiento se determinará en una segunda fase.

La Generalitat Valenciana ha sacado a exposición pública durante un plazo de 20 días el proyecto y según documentación recabada por elDiario.es, la mercantil Beemed Finestrat SL, promotora del centro privado, se constituyó el 6 de mayo de 2024. Tan solo nueve días después firmó ante notario la compra de la parcela en la que se levantará el hospital a la sociedad Inurban SA-Unipersonal, radicada en Murcia, por importe de 3,7 millones de euros, IVA incluido.

Los terrenos cuentan con una superficie de 13.301 metros cuadrados y están ubicados junto al centro comercial La Marina, en el sector 25 entre las calles Alicante, de Catral y de Gandia. La superficie útil del hospital será de 16.310 metros cuadrados y la del parking de 4.034 metros cuadrados, lo que dará lugar a 153 plazas.

El proyecto lleva la firma de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Aidhos-Sener y entre la cartera de servicios que incluirá destacan las urgencias, pediatría, neurología, psiquiatría u oncología. Dispondrá de 112 habitaciones individuales, cinco de ellas VIP, cuatro quirófanos estándar, dos híbridos y otros dos de reserva.

El edificio tendrá una superficie edificable de 15.744 metros cuadrados y una construida de 39.556 metros cuadrados. El plazo estimado de su construcción oscila entre los 16 y los 24 meses.

Sanidad rechaza la medicina tradicional china

Durante la tramitación del proyecto para obtener el informe favorable, la Conselleria de Sanidad ha remitido a la mercantil promotora diversos requerimientos de subsanación de deficiencias.

La primera de ellas se notificó el 11 de julio de 2025 y entre las diversas cuestiones que los técnicos de Sanidad piden que subsanen llama la atención que se advierte de que la medicina tradicional china no está contemplada por la conselleria. Además se solicitan diversas correcciones relacionadas con la capacidad y distribución de espacios para procedimientos intervencionistas; con la ubicación de las unidades de cuidados intensivos (UCI); y con la previsión de espacios y recursos para cuidados intensivos pediátricos. La empresa dio respuesta al requerimiento 13 días después.

Posteriormente, la conselleria remitió un nuevo requerimiento el 1 de agosto de 2025 solicitando nuevas subsanaciones en lo que al traslado de pacientes se refiere desde la sala de intervención a la UCI así como el proyecto constructivo visado. La mercantil también dio respuesta en el plazo estipulado.

El 18 de septiembre de 2025 Sanidad solicita el proyecto técnico completo visado y los plazos de las subsanaciones y el 26 de noviembre se concede la autorización sanitaria.

Posteriormente, el departamento de infraestructuras emite dos informes desfavorables el 29 de enero y el 10 de mayo de 2026 al faltar documentación relativa a los proyectos hasta que finalmente el pasado 28 de julio se completó toda la información requerida y se otorgó el informe favorable para levantar el recinto.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de València ha resuelto que la Conselleria de Turismo debió aceptar la concurrencia de la empresa que gestiona la feria taurina de las Hogueras de Alicante en una convocatoria de ayudas por concurrencia competitiva de 2 millones de euros habilitada en 2024 destinadas a entidades que llevaran a cabo “eventos musicales, deportivos, gastronómicos y culturales de la Comunitat Valenciana”.

El fallo notificado el pasado 10 de febrero tras un recurso de la mercantil Eventos Mare Nostrum SL, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que “la feria taurina también se considera incardinable en el apartado de otras manifestaciones artísticas” incluido en las bases y por lo tanto obliga a la mencionada Conselleria a baremar la petición de ayuda y, si procede, a otorgarle la cuantía que le corresponda. El Gobierno valenciano ha descartado recurrir y ha acatado la sentencia.

En concreto, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó este martes 18 de agosto la resolución de la ayuda con arreglo a lo indicado en la sentencia, por lo que la Comisión de Evaluación en reunión celebrada el 25 de mayo de 2026, valoró la propuesta de la empresa solicitante con 12 puntos sobre un total de 20, superando la puntuación de corte, establecida en 9 puntos, por lo que se le ha concedido una cuantía final de 52.052,89 euros, IVA no incluido.

Tal y como recoge la sentencia, en fecha 7 de marzo de 2025 se dictó resolución de la Presidenta de Turisme Comunitat Valenciana por la que se acordaba, entre otras, denegar la subvención solicitada por la mercantil Eventos Mare Nostrum SL, con cargo a dicho programa 2, por cuanto, según se indicaba en dicha resolución, “la Feria Taurina de Les Fogueres de Sant Joan 2024 no cumple con las condiciones del programa 2 porque la tauromaquia no se encontraba explícitamente incluida entre las categorías culturales subvencionables (los festivales de música, teatro, cine, danza u otras artes escénicas) que el programa define como actividades de impacto turístico internacional”.

Sin embargo, la jueza recuerda que las bases detallan que las ayudas estarán dirigidas “a financiar la promoción y la difusión del evento subvencionado en los mercados nacionales e internacionales, con el objetivo de que tenga capacidad de atracción del turismo, vinculando la actuación necesariamente con la promoción y la difusión de la oferta turística de la Comunitat Valenciana”.

Las mismas bases, añade el fallo, especifican que cada solicitante podrá presentar una única solicitud para un único evento, de entre los que se relacionan a continuación: “Actividades musicales de impacto turístico de carácter nacional e internacional” además de “campeonatos, pruebas y concentraciones deportivas de impacto turístico de carácter nacional e internacional”. También son susceptibles de subvención “actividades culturales de impacto turístico de carácter nacional e internacional, vinculadas a la gastronomía, la enología o una combinación de ambas; las fiestas de interés turístico de ámbito, al menos, provincial; el teatro, el cine, la danza u otras manifestaciones artísticas y escénicas”.

Según la jueza, “se considera que la declaración de Fiesta de Interés Turístico referida se aplica al conjunto de las celebraciones de las Hogueras de San Juan de Alicante, entre las que se incluye la feria taurina, que, como tal, debe entenderse como un evento tradicional y un componente esencial e integrado dentro del programa oficial y la identidad de las fiestas de las Hogueras, siendo, así, que dicha declaración busca promover la festividad en su totalidad, que abarca” Sin embargo, la feria taurina no figura entre los actos del programa oficial de la fiesta organizado por la Federación.

La magistrada añade que “necesariamente los festejos taurinos, debiendo entenderse, así, a los concretos efectos que nos ocupan que la feria taurina se beneficia del paraguas de la declaración de interés turístico de la fiesta de Alicante de reiterada cita, sin perjuicio de lo cual la aludida feria taurina también se considera incardinable en el apartado de otras manifestaciones artísticas, como ha quedado anteriormente señalado”.

Así, justifica esta consideración en que “es la propia legislación la que reconoce la tauromaquia como una manifestación artística y, así, la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, que se ampara en el artículo 46 de la Constitución Española, conforme al cual los poderes públicos deben garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España, define la tauromaquia en su artículo 1 en los siguientes términos: ”A los efectos de esta Ley, se entiende por Tauromaquia el conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y selección del toro de lidia, que confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar, expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español. Por extensión, se entiende comprendida en el concepto de Tauromaquia VALENCIANA t o d a manifestación artística y cultural vinculada a la misma“.

Varias jóvenes de 14 años han denunciado este fin de semana una agresión homófoba en Benialí (Alicante). Según ha publicado Levante-EMV, tres jóvenes de entre 17 y 16 años agredieron a un grupo de cinco chicas durante las fiestas locales, al percatarse de que dos eran pareja.

Las jóvenes sufrieron varias heridas y acudieron con sus familiares a la Guardia Civil a interponer la denuncia. Según relata el entorno de las menores al citado diario, los tres chicos las increparon a gritos de “bolleras”, “mariconas” o “viva Franco”. Las menores respondieron, como también un vecino de la zona, pero cuando este se ausentó comenzó la agresión física.

Los vecinos se han concentrado este domingo contra la agresión, y el Ayuntamiento de Vall de Gallinera, al que pertenece Benialí, ha emitido un comunicado en el que “traslada todo nuestro apoyo y solidaridad a las personas que hayan podido sufrir estas actitudes, y reafirmamos nuestro compromiso con una Vall de Gallinera diversa, inclusiva, respetuosa y libre de LGTBIfobia”.

La Policía Local de Benidorm ha localizado este viernes a primera hora de la mañana una embarcación tipo patera a la deriva entre la cala del Tío Ximo y Punta Cavall, sin que en su interior se encontrara ningún ocupante.

Según han informado fuentes policiales, se trata de una embarcación de unos cuatro metros de eslora equipada con un motor de 40 caballos de potencia y depósitos de gasolina.

Tras el hallazgo sobre las ocho de la mañana, los agentes han realizado una inspección de la zona ante la posibilidad de que hubiera personas en el agua o en las inmediaciones, aunque por el momento no se ha localizado a ninguno de los ocupantes.

Las mismas fuentes han apuntado a que la embarcación podría haber alcanzado la costa durante la madrugada y han recordado que este tipo de pateras suelen transportar entre ocho y diez personas, si bien por ahora se desconoce cuántas viajaban en esta.

La Policía Local ha señalado asimismo que este tipo de embarcaciones suelen aparecer de forma escalonada a lo largo del litoral de la provincia, entre Alicante y Dénia, y no descarta que puedan localizarse otras en las próximas horas.

La Policía Local de Benidorm ha iniciado gestiones para localizar a los familiares de una urna funeraria con cenizas que ha sido encontrada en una taquilla de un supermercado de la localidad, después de que el establecimiento alertara del hallazgo.

Según ha informado la propia Policía Local a través de sus redes sociales, la urna ha sido localizada este mismo lunes por la mañana por la encargada del supermercado cuando revisaba las taquillas utilizadas por los clientes para depositar sus pertenencias.

El portavoz de la Policía Local, Quique Tortosa, ha explicado que los agentes están realizando gestiones para identificar a los posibles familiares de la persona fallecida, aunque por el momento no han logrado localizar a nadie.

Con ese objetivo, el cuerpo policial ha difundido una imagen de la urna y ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de encontrar a sus propietarios y poder devolverles las cenizas.

En caso de que no sea posible localizar a los familiares, la Policía Local tiene previsto trasladar la urna al cementerio municipal, según ha indicado su portavoz.

El Ayuntamiento de Alicante que dirige el PP de Luis Barcala deshace su promesa y no comprará los pisos protegidos de Les Naus, que dos propietarios han puesto a la venta tras el escándalo de adjudicaciones a funcionarios y cargos próximos al consistorio. No lo harán porque consideran que estas viviendas seminuevas, con garaje, trastero, pista de pádel y piscina comunitaria, no cubren las necesidades reales de los alicantinos que necesitan una vivienda, y aseguran que cuentan con informes técnicos en contra de esta operación, que supondría un desembolso de cerca de 250.000 euros por piso. “No es sostenible”, señala el consistorio.

El alcalde aseguró que el Ayuntamiento ejercería el derecho de adquisición preferente -mediante el tanteo o retracto- sobre la venta de viviendas protegidas (VPO) de Les Naus para evitar la especulación y aumentar el parque público de vivienda, a través de un convenio con la Generalitat Valenciana.

Precisamente en la última sesión de la comisión de investigación de las Corts el responsable de la cooperativa confirmó que la exconcecala de Urbanismo de Alicante y el promotor han puesto a la venta sus viviendas. Por su régimen de protección, deben preguntar a la Cooperativa si quiere realizar una compra preferente, algo que se ha declinado. Por ley, la Generalitat Valenciana tiene capacidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto y puede ceder esta competencia a los ayuntamientos. Ese era el objetivo de un acuerdo entre Alicante y la Generalitat anunciado el pasado febrero.

Cinco meses después, el concejal de Urbanismo de Alicante, Antonio Peral, ha asegurado que no los comprarán. En respuesta a la concejala del PSPV Ana Barceló, ha sido tajante: “No, no vamos a hacerlo”. Peral afirma que cuenta con informes técnicos en contra, que indican que las más de 800 personas en lista de espera tienen ingresos muy bajos. La explicación choca con el carácter social de la vivienda protegida, precisamente pensada para las rentas más bajas y para proteger a la población más vulnerable. Se les podría dar, por ejemplo, un alquiler social.

El edil de Urbanismo ha asegurado que “los informes técnicos del patronato de la vivienda desaconsejan la adquisición de este tipo de inmuebles para el parque público municipal, por no ajustarse al perfil socioeconómico de los demandantes”. Y ha seguido: “Incorporar este tipo de inmuebles al parque público de la Generalitat ni sería sostenible, ni daría respuesta eficaz a la demanda real ni al colectivo prioritario”, para después plantear: “¿De verdad nos piden que con el dinero de los vecinos compremos una vivienda que no pueden asumir las familias vulnerables?”. La pregunta del edil lleva entonces a una duda sobre el modelo de vivienda: ¿Por qué se construye vivienda protegida si esta no sirve a las familias más vulnerables? ¿A quién sirve entonces?.

Agentes de la Policía Local de Benidorm (Alicante) han rescatado a un menor de aproximadamente ocho años que fue localizado sentado sobre la unidad exterior de un aparato de aire acondicionado en la fachada de un edificio de gran altura.

Los hechos comenzaron sobre las 23.00 horas de este sábado, cuando el conserje de un edificio de la avenida Bilbao alertó a la Policía tras recibir el aviso de un vecino que había observado al niño en una situación de grave peligro.

Una primera comprobación no permitió localizar al menor, por lo que los agentes continuaron las gestiones para acceder a la vivienda y verificar la información, ha informado la Policía Local.

Con la colaboración de un vecino, los policías pudieron acceder al balcón del apartamento contiguo, desde donde comprobaron que el menor permanecía sentado sobre el aparato exterior del aire acondicionado, en el piso 21, con un evidente riesgo de precipitarse al vacío.

Rescate del pequeño

Ante la extrema gravedad de la situación, uno de los agentes sujetó al niño por un brazo para impedir su caída, mientras otro policía aseguraba al compañero debido al riesgo que ambos corrían.

El menor fue mantenido sujeto en todo momento hasta que pudo ser puesto definitivamente a salvo.

Durante la intervención se solicitó el apoyo urgente del Consorcio Provincial de Bomberos, aunque antes de su llegada, el conserje consiguió una copia de las llaves del apartamento turístico, permitiendo a los agentes acceder al interior de la vivienda e introducir al menor, eliminando completamente el riesgo.

En la inspección realizada para localizar a los responsables del niño, los agentes hallaron documentación personal del menor, incluyendo un pasaporte búlgaro, una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida y diversa documentación que permitió identificar a su padre.

Posteriormente, el progenitor regresó al edificio, momento en el que fue detenido y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

Según manifestó, el menor presenta un trastorno del espectro autista y había permanecido solo en la vivienda mientras él salió a realizar unas compras. Las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial competente para el esclarecimiento de los hechos.

La comisión de investigación sobre el escándalo de vivienda protegida de Alicante que se desarrolla en las Corts Valencianes arroja una serie de datos que cuestionan las políticas del Ejecutivo del ya dimitido Carlos Mazón. El Consell del PP estuvo trabajando desde que tomara las riendas de la Generalitat en un cambio en la normativa de vivienda, que aireó a bombo y platillo durante el año 2024 y promocionó como la gran política de vivienda para los jóvenes. El cambio en la norma terminó dando pie a que la vivienda protegida pueda pasar al mercado libre.

No es ningún secreto que el Ejecutivo quisiera cambiar la normativa de vivienda protegida, los requisitos de acceso y el régimen de protección. Así se trasladó a principios de año, cuando se presentó el plan para acelerar la construcción de vivienda protegida, que reciclaba parte del proyecto del Gobierno de izquierdas. Antes, los promotores pidieron a Mazón que modificara la normativa para subir el precio de venta por metro cuadrado y rebajar la protección de las viviendas; es decir, que pudieran pasar al mercado libre pasados unos años. En la legislatura anterior, el Consell de PSPV, Compromís y Unidas Podemos blindó la calificación de vivienda protegida de forma permanente. Ya en octubre de 2023, los promotores pidieron al Ejecutivo del PP públicamente limitar la protección.

Dicho y hecho, la norma que se aprobó casi un año después recogía numerosas reivindicaciones de la patronal. Viviendas más caras, a las que podrían acceder ciudadanos con más ingresos y con un régimen de protección indefinido: establecía un “máximo” de entre 15 y 30 años, en función del tipo de vivienda, pero no un mínimo. Estos cambios normativos resultan especialmente relevantes para comprender cómo fue posible que a pisos protegidos de obra nueva optaran altos funcionarios, políticos y personalidades de Alicante, que no parecen ser el público al que se destina la vivienda protegida.

Según ha desvelado el PSPV en la comisión de investigación de este jueves, el Ejecutivo de Mazón pidió a la cooperativa de Les Naus que no iniciara los procedimientos de visado hasta que se aprobara el nuevo decreto. En febrero de 2024, según consta en un documento remitido a los cooperativistas, un resumen de una reunión mantenida, se indica que la Generalitat “solicita no iniciar el visado de contratos hasta que se apruebe el nuevo reglamento”. Este proceso de visado es el acto administrativo que comprueba el cumplimiento de los requisitos de acceso y que el precio de venta o renta se adecua a la normativa en vigor. Es decir, según este relato, el Gobierno planteó que esperaran unos meses para adaptarse a una norma más beneficiosa. La Conselleria de Vivienda niega haber remitido una comunicación por escrito o haber beneficiado a la cooperativa, y asegura que ningún alto cargo se ha reunido con la misma.

El proyecto de nuevo reglamento ya había salido a exposición pública y la empresa Fraorgi, responsable de la promoción, informa que ha participado en la mesa sectorial a través de la Federación Valenciana de Cooperativas de Vivienda. Allí les trasladan que creen necesario flexibilizar los requisitos y, según apuntan, el Ejecutivo toma nota. La cooperativa también tiene dudas sobre cuándo saldrá la normativa y si se tendrá en cuenta la declaración de la renta de 2022 o 2023, según el documento consultado por elDiario.es. Los visados, que son el último trámite, se remiten a partir del 2025, según ha podido saber elDiario.es.

En la comisión, el responsable de la cooperativa, Luis Alberto Meler, ha dicho a preguntas de Díez que no recuerda esa comunicación. Meler ha negado haber tenido contactos para impulsar un cambio normativo, y también ha negado haber participado en reuniones para explicar cómo adaptarse a los requisitos, como ha apuntado el PSPV, sino que “a los socios se les informa de los requisitos que hay que cumplir”. El diputado socialista también le ha trasladado esta cuestión al promotor, Francisco Ordiñana (administrador de Fraorgi), que no ha respondido a ninguna pregunta.

El funcionario encargado de los visados en el servicio territorial de la Conselleria de Vivienda en Alicante ha sido citado a declarar por la acusación particular que ejerce el partido Ciudadano.

Cronología

El 7 de septiembre de 2023 la Conselleria de Vivienda otorgó la calificación provisional a la promoción Les Naus con arreglo a lo establecido en el decreto de mayo del mismo año aprobado por el Gobierno del Botánico, según el cual, todas las viviendas protegidas tanto de iniciativa pública como privada gozaban de esa protección de forma indefinida. La cooperativa pidió la calificación en julio de 2022, un año antes.

El nuevo decreto se aprobó en diciembre de 2024, aún con Mazón al frente. El mismo decreto incluye una disposición transitoria por la cual “todas las viviendas de protección pública amparadas en cualquiera de las normativas anteriores tendrán un periodo de protección máximo de 30 años desde su calificación definitiva”. Tras la aprobación de esta nueva legislación, en concreto el 28 de febrero de 2025, la cooperativa remitió escrito a la Conselleria de Vivienda solicitando el cambio de su calificación provisional para acogerse a lo dispuesto en el decreto de Mazón en cuanto a la caducidad de la protección de las viviendas a los 30 años.

La Conselleria de Vivienda, acogiéndose a la mencionada disposición transitoria, dio el visto bueno al cambio de calificación por medio de una resolución firmada el 28 de marzo de 2025, pasando las viviendas de tener una protección indefinida a tenerla por un plazo máximo de 30 años.

Varios investigados por el escándalo en las adjudicaciones de vivienda protegida de Alicante ponen a la venta sus pisos en el residencial Les Naus. Así se ha desvelado en la comisión de investigación que se desarrolla en las Corts Valencianes, donde el presidente de la cooperativa de vivienda ha confirmado que la concejala de Urbanismo que dimitió y el responsable de la promotora han pedido sacar a la venta los pisos.

Por su régimen de protección y propiedad, deben comunicar a la cooperativa la intención de venta, y esperar si ésta o el Ayuntamiento quieren ejercer el derecho del tanteo y retracto, que permite la compra preferente.

Así lo ha informado este jueves el presidente de la cooperativa de Les Naus y dueño de uno de los áticos, Luis Alberto Meler, durante una nueva sesión de la comisión de investigación por este escándalo en Les Corts Valencianes a preguntas del diputado del PSPV-PSOE José Díaz.

Merler ha confirmado que Rocío Gómez, que dimitió al destaparse las supuestas irregularidades y generarse una viva polémica municipal que aún sigue en torno al equipo liderado por el alcalde, Luis Barcala, envió a finales del pasado mayo un burofax a la cooperativa de Les Naus para solicitar que ésta evite ejercer su derecho de tanto y retracto sobre su vivienda en el proceso de venta.

La asamblea de la cooperativa se reunió unas semanas después, el 30 de junio, y según el relato posterior de la vicepresidenta de la junta rectora de la promoción residencial, Vanesa Quero, se atendió positivamente a la solicitud contenida en dicho burofax.

En la comisión, también a preguntas del parlamentario socialista, se ha desvelado que el administrador único de la promotora de Les Naus (Fraorgi), Francisco Ordiñana, también quiere vender su vivienda, concretamente uno de los doce áticos del complejo de 140 viviendas. Ordiñana se ha negado a responder a todas las preguntas al estar investigado por la justicia en este caso.

Merler, que a preguntas de los diputados ha explicado que está divorciado legalmente, ha admitido que un cuñado suyo también tiene una vivienda en Les Naus, donde éste convive con su hermana y sobrinos, y ha explicado que los pisos se otorgaban a los solicitantes por orden de entrada, por lo que al ser el quinto le correspondió escoger entre los primeros y, entonces, eligió uno de los áticos. Ha explicado que tenía una “necesidad de vivienda diferente” y que por ello optó a estos pisos y ha rechazado entregar la documentación de la Cooperativa a la comisión de investigación porque lo está analizando su asesoría jurídica.

El Puerto Deportivo Campomanes de Altea vive un verano tranquilo tras el cese de hostilidades entre la concesionaria Marina Greenwich, compañía del empresario y amigo de Eduardo Zaplana Robert Batouche, y los amarristas, propietarios de los yates de lujo y embarcaciones atracados en el recinto. En este conflicto por el precio de los amarres tras el fin de la concesión de cincuenta años ha tenido que mediar la Generalitat Valenciana después de que se produjeran actos de “perturbación” en el uso de los amarres y la colocación de carteles críticos contra los gestores. Con toda probabilidad, la disputa acabará en los tribunales. Pero será después del verano.

El origen del conflicto está en el fin de la concesión de cincuenta años (1976-2026) de Marina Greenwich. La compañía ha conseguido una prórroga de diez años y entiende que, con la finalización de la concesión original, también deben extinguirse las condiciones de las que disfrutan desde hace décadas los amarristas, con tarifas congeladas y por debajo del precio de mercado. Algunos de ellos, incluso, han inscrito los amarres como de su propiedad, ya que en su día pagaron una cantidad por ellos. Los usuarios de Marina Greenwich sostienen que la concesionaria pretende dar un “pelotazo” con la prórroga, que podría generar al amigo de Zaplana “un beneficio potencial de unos 40 millones de euros”, según defendió en un artículo de opinión publicado en Alicante Plaza Gonzalo Pons-Trénor, secretario del Club Náutico Campomanes y abogado.

elDiario.es ha tenido acceso al documento confidencial que ha permitido el armisticio hasta el 16 de septiembre, fecha en la que ambas partes volverán a encontrarse. Los amarristas se comprometen a no acudir a la prensa y a retirar un cartel de aviso ubicado en una pared del edificio que alberga el Club Náutico. Marina Greenwich, por su parte, asume el compromiso de no perturbar el uso de los amarres ni de las embarcaciones y de seguir emitiendo las facturas “que estime convenientes” durante los meses que dure la tregua.

En el documento confidencial, las partes explican que la Generalitat Valenciana reconoce que, con la prórroga de la concesión, los derechos de los titulares de amarres y de los locales de restauración decaen en favor de la concesionaria. Sin embargo, también sostiene que Marina Greenwich no tiene autorización para comercializarlos y que, para alquilarlos, la Conselleria debe aprobar previamente unas nuevas tarifas. Es decir, los precios que plantea la empresa del amigo de Zaplana son desorbitados y deberán ajustarse a unas tarifas públicas que deberían mitigar ese supuesto pelotazo.

Según han explicado fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente a elDiario.es, la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos constituyó hace algo más de dos meses una mesa de diálogo entre Marina Greenwich y los amarristas con el objetivo de favorecer un acuerdo ante el conflicto surgido por la gestión de los atraques de la concesión portuaria.

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, preside esta mesa y, desde la Generalitat, se recuerda que, aunque se trata de una cuestión de carácter civil entre el concesionario y los amarristas, la Administración autonómica está ejerciendo labores de mediación. En este sentido, el puerto constituye dominio público portuario y, por tanto, “la Administración autonómica debe mantenerse vigilante respecto a las actuaciones que se desarrollan en el ámbito concesional”, explican las mismas fuentes.

Desde la Dirección General de Puertos se insiste en la importancia de mantener abiertas las vías de diálogo para avanzar hacia una solución consensuada que permita dar estabilidad a la situación existente en Marina Greenwich y “evitar una mayor escalada del conflicto”, añaden. “Debido a las diferentes interpretaciones existentes, la Generalitat acordó mantener las condiciones actuales durante el verano para que, durante este tiempo, ambas partes puedan presentar sus propuestas y acercar posturas de cara a una futura reunión de la mesa de diálogo tras el verano”, añaden las mismas fuentes.

Un polémico puerto deportivo

El Puerto Deportivo Campomanes ha estado envuelto en la polémica en las dos últimas décadas. Marina Greenwich intentó hacer una gran ampliación de las instalaciones, pero se topó con la oposición de grupos ecologistas que tumbaron el proyecto por destrozar la costa de Altea. Eso sí, la aventura costó a la Generalitat 1,8 millones de euros de dinero público por paralizar el proyecto, pero el empresario Robert Batouche quiso cobrar 97 millones de euros a los valencianos, algo que la justicia no le reconoció.

El exministro Eduardo Zaplana tendría atracado un yate que, según la UCO, sería de su propiedad, así como dos viviendas en propiedad en el mismo recinto. El propio Eduardo Zaplana intentó hacerse en 2017 con la propiedad de la concesionaria, según las grabaciones del Caso Brugal.

La comisión municipal de Alicante que investiga las posibles irregularidades en torno a las adjudicaciones de viviendas públicas en la Playa de San Juan ha citado al alcalde de la localidad, Luis Barcala (PP), a comparecer el próximo 24 de julio tras las peticiones en bloque de toda la oposición.

Así se ha acordado en la sesión celebrada este lunes en el antiguo Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alicante y después de que los concejales de Cultura, Economía y Hacienda, Nayma Beldjilali, de Urbanismo, Innovación, Informática y Agenda Digital, Antonio Peral, y de Vivienda, Carlos de Juan, así como el vicealcalde y presidente de la comisión, Manuel Villar, hayan rechazado comparecer.

Precisamente, todos los grupos de la oposición han pedido la dimisión de Villar debido a que “no tiene sentido que presida esta comisión para esclarecer los hechos de la promoción de Les Naus” ya que les parece “una burla para la ciudadanía”, en palabras de la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló.

Desde Vox, Carmen Robledillo ha argumentado que se adhiere a la petición aunque ha pedido a los grupos de la izquierda “una solución” para que la comisión pueda seguir adelante en su objetivo de esclarecer lo ocurrido en la promoción de viviendas de protección pública de la Playa de San Juan.

Por su parte, los cuatro grupos de la oposición han pedido la comparecencia de Barcala en la comisión después de que el exconcejal de Hacienda y Patrimonio Antonio Gallego afirmara en la comisión de investigación de Les Corts que sabía que la exedil de Urbanismo Rocío Gómez tenía un piso en Les Naus desde 2024.

Villar ha fechado la citación el 24 de julio, ya que el 20 está llamado el propio Gallego a la comisión municipal junto a Rocío Gómez y el también exconcejal de Urbanismo Adrián Santos (Ciudadanos).

A la salida de la comisión y ante preguntas de la prensa, Barceló ha afirmado: “nos parece un esperpento y nos hemos quedado perplejos de ver cómo sigue la estrategia marcada por el señor Barcala”, en la que no han comparecido sus concejales ni han dado explicaciones.

Carmen Robledillo (Vox) ha dicho que estudiarán pedir de nuevo la dimisión de Barcala como alcalde tras las comparecencias previstas en la comisión municipal.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha afirmado que el equipo de gobierno “está encubriendo de manera directa o de manera indirecta” lo que para él es “una trama” y que todo “está teledirigido” por el alcalde, mientras que el concejal de EU-Podem, Manolo Copé, ha considerado que las incomparecencias de cuatro concejales del Partido Popular “no hacen más que alimentar las sospechas

Polémica en la primera sesión de comparecencias en la comisión de investigación de Les Corts sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Les Naus, construidas sobre una parcela municipal enajenada.

La comparecencia de Antonio Gallego, exconcejal de Hacienda y de Patrimonio del PP quien dimitió hace un año antes de que se destapara el escándalo por las presiones de Vox para pactar el presupuesto. Gallego, llamado a declarar a petición del partido de extrema derecha, ha puesto en serios apuros al alcalde, Luis Barcala, al revelar que en julio de 2024, a preguntas de Compromís sobre la promoción de Les Naus, la exconcejala de Urbanismo imputada en la causa judicial, Rocío Gómez, le pidió que contestara él puesto que ella había sido adjudicataria de una de las viviendas protegidas (ver vídeo): “Se acercó y me dijo que ella tenía allí una casa y que no quería que se mezclaran las cosas”.

Gallego ha explicado que que ella le comentó que tenía en Les Naus un piso y le aseguró que era todo legal porque era de antes de entrar en política.

Tras la intervención de Gallego en las Corts, el portavoz municipal de Compromís en Alicante, Rafa Mas, ha pedido la dimisión de Barcala: “Las informaciones conocidas durante el transcurso de la comisión de investigación en las Corts sobre las adjudicaciones de viviendas protegidas en la urbanización Les Naus, corroboran que el equipo de gobierno sabía que Rocío Gómez era cooperativista. Esta circunstancia salió a la luz a raíz de una pregunta planteada por Compromís en el pleno de julio de 2024, en la que solicitábamos transparencia sobre el proceso de adjudicación. Si Barcala no presenta mañana mismo su dimisión, trasladaremos esta petición al próximo pleno”.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha anunciado que este viernes a primera hora registrará un escrito para exigir que el alcalde, Luis Barcala, comparezca en una sesión urgente y extraordinaria de la comisión municipal que examina lo ocurrido en Les Naus para dar todas las explicaciones necesarias después de que el exconcejal Toni Gallego haya admitido hoy en Les Corts que sabía desde 2024 que la entonces edil de Urbanismo tenía un piso en Les Naus.

“Todo hace pensar que Barcala sabía que Rocio Gómez era propietaria y era cooperativista. Por tanto, la hoja de ruta del alcalde para retirar a Gómez las competencias de Patrimonio y poner al frente a Gallego era porque sabía lo que había ocurrido. De hecho, se produjo en julio, justo cuando se produjo ese cambio de competencias”.

“Lo que estamos sabiendo confirma lo que ha mantenido siempre el Grupo Socialista, que el cambio en las competencias de Patrimonio se debió a que Barcala ya tenía conocimiento de que Gómez era cooperativista. Barcala ha estado mintiendo en el pleno y sigue sin dar explicaciones”.

Barceló ha añadido que, una vez que se produzca esa declaración del alcalde, no tendrá otra salida que dimitir por el supuesto encubrimiento del escándalo de la adjudicación de pisos a cargos y familiares del PP.

Los responsables de la anterior corporación responsabilizan a Barcala

Durante de la sesión de comparecencias que ha tenido lugar por la mañana, el exvicealcalde y exedil de Urbanismo Miguel Pavón (Guanyar) y el exconcejal Natxo Bellido (Compromís) han responsabilizado del “escándalo” al Gobierno local del PP presidido por Luis Barcala.

Guanyar, Compromís y el PSPV-PSOE integraban el gobierno tripartito de Alicante que inició en 2016 el estudio de la tramitación del expediente para enajenar la parcela municipal, aunque lo paralizó a finales de 2017 y fue retomado el expediente cuando el PP accedió posteriormente al ejecutivo local.

Bellido ha considerado que “el máximo responsable político” de este caso por “omisión” y por “falta de control” es el alcalde Luis Barcala, de quien ha dicho que debe “dimitir”, y ha lamentado que se vincule la imagen de la ciudad de Alicante al “enchufismo” y a la “corrupción”, al tiempo que ha opinado que el caso de Les Naus, que investiga un juzgado, es “terrible para la democracia y la clase política” en un contexto en el que hay muchas dificultades para acceder a una vivienda.

Mientras, Pavón ha afirmado que la Junta de Gobierno presidida por Barcala aprobó la enajenación de la parcela el 10 de julio de 2018 y ha incidido en que “la responsabilidad de lo que ha pasado” debe atribuirse tanto al gobierno local del PP como a la Generalitat, y no al tripartito (PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís), que “inició un expediente del que luego finalmente desistió”.

También ha comparecido la exedil de Hacienda y Patrimonio de Alicante Sofía Morales (PSPV-PSOE), quien ha expuesto que “hay que buscar” un “responsable político” y un “responsable técnico” en el caso de Les Naus, y ha considerado que el alcalde de Alicante debería comparecer en la comisión de investigación de Les Corts.

Por su parte, la portavoz de Compromís en la comisión de investigación de Les Corts, Maria Josep Calabuig, ha dicho antes de empezar las comparecencias que “arranca la comisión de investigación de las viviendas de Les Naus de Alicante, pero hoy no acuden los máximos responsables de este presunto caso de corrupción. No vendrán el señor Barcala, ni vendrá (Carlos) Mazón (expresident de la Generalitat), ni vendrá la señora Susana Camarero (vicepresidenta primera y consellera), ni tampoco el señor (Juanfran) Pérez Llorca (president de la Generalitat)”. “En cambio, comparecerán personas que no tienen nada que ver con la adjudicación de estas viviendas”, ha señalado.

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un ciberdeprededador sexual en serie al que se le imputan 36 delitos contra la libertad sexual a más de una veintena de víctimas menores de 16 años durante una década, y a quien se le han intervenido 200 dispositivos de almacenamiento de imágenes.

El autor utilizaba técnicas de 'grooming' (hacerse pasar por un menor de edad para ganarse la confianza de otros menores y que le enviasen imágenes íntimas), donde combinaba el engaño y manipulación emocional para conseguir la explotación sexual infantil, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Los agentes encargados de esta operación, de nombre 'Achillea', han conseguido identificar a más de 20 víctimas especialmente vulnerables, con edades desde los ocho años, por todo el territorio nacional y en distintos puntos del extranjero.

La investigación comenzó gracias a la denuncia de una víctima residente en la isla de Gran Canaria, interpuesta ante la Guardia Civil en 2024.

Durante las primeras actuaciones se realizó el registro del domicilio del acusado, donde se intervino una gran cantidad de dispositivos de almacenamiento con capacidad para almacenar 18.000 gigabytes.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Santa María de Guía inició el análisis de los más de 200 dispositivos de datos intervenidos, entre teléfonos móviles, discos duros externos, ordenadores y pen drives, donde hallaron una gran cantidad de archivos de vídeo e imágenes pedófilas.

Como resultado del análisis de la información recabada, los guardias civiles han conseguido por el momento identificar a más de 20 víctimas menores de 16 años.

Según las investigaciones, el ciberpederasta se dedicó a contactar durante más de una década con las víctimas por aplicaciones de mensajería y redes sociales.

Se hacía pasar por un menor de edad llamado Juan, ganándose la confianza de las víctimas, y después de un tiempo manipulándolas emocionalmente, llegando incluso a hacerse 'novio' de alguna de ellas, consiguió que las menores de edad se grabaran o fotografiaran realizando actos de carácter sexual y que le enviaran los archivos.

El acusado guardó esos archivos pedófilos para su propio consumo sexual, organizando una colección privada, han señalado las mismas fuentes.

Como resultado de las investigaciones, se ha conseguido detener al autor, una persona natural de Alicante, y la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa María de Guía ha decretado su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza.

Recomendaciones contra el 'grooming'

Desde la Guardia Civil recomiendan mantener perfiles cerrados y no aceptar solicitudes de desconocidos, incluso si tienen amigos en común, y evitar publicar la ubicación, el nombre del colegio o números de teléfono en redes públicas.

También sugieren la supervisión parental de las actividades 'online' y mantener una comunicación abierta para que el menor sienta confianza si algo le incomoda.