Corrupción, malversación, luchas intestinas, juicios abiertos, un encadenamiento de presidencias que duran un respiro, megalómanas inversiones fracasadas, el papel del malo de la película y, por si todo fuera poco, el profundo impacto de la crisis del coronavirus en los autores. “A esta entidad le quedan meses de vida, la situación es límite”, expresan fuentes internas.

La SGAE y en particular su nuevo presidente, Antonio Onetti, no va a poder afrontar su continuidad sin adoptar medidas drásticas, debido a la radical bajada de ingresos consecuencia del confinamiento que se suma a la situación que acarrea. Estas medidas están siendo estudiadas en estos días por la Junta Directiva y pretenden evitar lo que desde dentro han denominado como “cercano a la bancarrota”.

Técnicamente, la bancarrota no es posible en la SGAE pues existe un mecanismo legal para evitarla: reducir el reparto a los socios, aumentando la parte de la recaudación que se queda la casa; este es el conocido como descuento de la administración, que actualmente está en un 15%. Este porcentaje puede variarse en cualquier momento si la situación financiera lo requiere y, de esa manera, retener el reparto y recapitalizar la sociedad. ¿Cuál es la consecuencia? Que esta medida obviamente no gusta a los socios y la SGAE cuenta con el riesgo de abandono de los músicos que más dinero generan, los cuáles podrían irse a entidades extranjeras, como ya hicieron Julio Iglesias o José Luis Perales.

El guionista Antonio Onetti, hasta ahora vicepresidente del colegio audiovisual, ha sido elegido presidente por la Junta Directiva este 30 de abril, después de quince días de interinidad de Fermín Cabal, en quien recayó el puesto por ser la persona de más edad de la junta, tras la moción de censura interpuesta por 22 personas contra Pilar Jurado. En estas do semanas, se han producido cambios en la composición de la junta y, sobre todo, del Consejo de Gobierno, retirando de los asientos de poder a personas presuntamente favorecedoras de los mecanismos de “la rueda”, según explican diversas fuentes conocedoras de la casa autoral.

A pesar de ello, Onetti se enfrenta a una de las presidencias más complicadas ya que debe cumplir con los requisitos de saneamiento ético y financiero, transparencia y equidad que le exige el Ministerio de Cultura para no retirarle la licencia y la confederación internacional Cisac para readmitirla en su organización. Y tendrá que hacerlo con un presupuesto desgarrado.

La previsión para 2020 que había presentado Pilar Jurado, ya solo es válida para los dos primeros meses del año. Con la declaración del estado de alarma el pasado 13 de marzo, la recaudación ha caído en picado y la entidad no tiene músculo de fondo del que subsistir. De todas las áreas de ingresos sociales de la SGAE, la comunicación pública es la segunda que más dinero aporta, tras radiodifusión y cable. Y es esa fuente de generación de pagos por derechos de autor la más dañada por el confinamiento, pues incluye la música grabada y reproducida en locales de ocio nocturno, así como de restauración y establecimientos comerciales.

En las últimas cuentas publicadas, las de 2018, la música grabada trajo 43,4 millones de euros de ingresos. La música en vivo aportó 9,2 millones de euros y casi la mitad de ellos provienen de las contrataciones directas de los ayuntamientos. Los receptores de televisión en los bares es otra fuente de ingresos, tan potente como la del directo, con 9,9 millones de euros y, finalmente, la exhibición cinematográfica proporciona 3,9 millones de euros. En total, la comunicación pública aportó en 2018 66,7 millones de euros. Con la estricta reducción al ámbito privado que ha traído la pandemia, este apartado de los ingresos se ha reducido a su mínima expresión en marzo y abril, contando como comunicación pública casi únicamente la música que nos acompaña durante la compra en el supermercado.

La desescalada irá aumentando paulatinamente la recaudación, y los técnicos de la SGAE trabajan con diferentes proyecciones, pero todas serán insuficientes para salvar la entidad, por sí solas. El impacto del coronavirus en la SGAE es “brutal”, según una de las personas que ha tenido acceso a estas cifras internas, pero es que la situación financiera antes tampoco era buena.

La Junta de Pilar Jurado había elaborado un presupuesto para 2020 que hacía descender los ingresos de radiodifusión y cable por debajo de los de comunicación pública: de 105,8 a 65,5 millones de euros, debido a una previsión de retrasos, impagos y recortes en los derechos que abonan las televisiones, un problema que viene de lejos.

El descenso de recaudación se debe también al intento de reestructuración de la emisión nocturna de música en la televisión: 14 televisiones y un número de personas cuyos nombres no se han hecho públicos en su totalidad están siendo investigadas en la Audiencia Nacional debido a la programación continuada de solo determinados artistas en la televisión de madrugada. Es el mecanismo conocido como “la rueda” y que todavía está por resolver, tanto en su proceso legal como en el interno de la sociedad, pues la confederación internacional a la que pertenece la SGAE, la Cisac, advirtió el 9 de abril que persisten los conflictos de intereses en algunas de las personas que forman parte de los órganos directivos de la casa, sin citar quienes. La sociedad se dotó a sí misma de una Comisión Deontológica, formado por miembros externos, cuya única misión es detectar esos conflictos entre los intereses personales y los colectivos de la SGAE en junteros y técnicos.

Los 22 autores que dieron un paso adelante para provocar la destitución de Pilar Jurado el pasado 15 de abril lo hicieron, según explica el miembro de la Junta Directiva y compositor de bandas sonoras Antonio Meliveo, porque “el colegio de Pequeño Derecho [los músicos] burlaron la Comisión Deontológica de la SGAE al votar en temas de reparto de derechos para los que la comisión les había inhabilitado por conflicto de intereses”. “El secretario general [el jurista Germán Bercovitz] aplicaba la medida de la Comisión Deontológica y el colegio de Pequeño Derecho [con su voto] actuó para cesar al secretario general”, añade. Según aclara Meliveo, la elección de las personas que componen el Consejo de Dirección y el reparto de vicepresidencias de acuerdo al deseo de cada colegio era un “pacto intercolegial” establecido al inicio de la presidencia de José Ángel Hevia en noviembre de 2019 y no “una injerencia inaceptable en las decisiones que de forma democrática emanan de colegios profesionales”, como escribe en un comunicado el abogado Cándido Conde-Pumpido, quien ha asumido la representación legal de Inma Serrano y otras personas cesadas en los últimos días. Con Fermín Cabal como presidente interino de la SGAE, la Junta tomó la decisión de cesar a Inma Serrano como vicepresidenta y designar a Pablo Salinas como nuevo vicepresidente por parte del colegio de pequeño derecho.

De inmediato, decidieron sacar a cuatro de los cinco miembros del colegio de los músicos del Consejo de Dirección: Miguel Ángel Chastang, Pablo Pinilla, Inma Serrano e Iván Sevillano. Estos fueron sustituidos por José de Eusebio, Teo Cardalda, Juan Parrilla y Pablo Salinas. Con esta nueva configuración, fuentes internas de la sociedad aseguran que se ha podido desbloquear la falta de información sobre la situación financiera de la casa y empezar a estudiar planes de viabilidad.

Entre las propuestas que se están estudiando, se encuentra un expediente de regulación de empleo, temporal o no, para sus 443 trabajadores, recortes en las dietas y en los salarios de los directivos, reajustes presupuestarios, un abultado aumento del porcentaje de descuento de administración mencionado anteriormente y, aunque algunos socios han señalado que los inmuebles podrían estar en peligro, fuentes internas aseguran que la posibilidad de vender las sedes, como la de la calle Bárbara de Braganza de Fundación SGAE o el propio Palacio de Longoria, no está sobre la mesa. Otro asunto sería el del Cartuja Center Cite, el teatro que la SGAE construyó en la Cartuja de Sevilla y último remanente del estrepitoso fracaso económico que supuso la red de teatros Arteria: unas inversiones de 259 millones de euros cuya gestión por Teddy Bautista está investigada por la fiscalía anticorrupción.

La nueva Junta Directiva se ha encontrado con muchas sorpresas. La primera es la salud agonizante que, aseguran, se les había ocultado deliberadamente y que pudieron intuir debido a filtraciones de los técnicos de la casa. La segunda, que la paciencia de las dos instituciones que ejercen cierto control sobre la SGAE —el Ministerio de Cultura y la Cisac— se había terminado. Según algunos de los socios que promovieron la moción de censura, el Ministerio avisó a la entidad, de manera informal, que podrían retirarle la licencia para operar en junio de este año, lo cual hizo saltar todas las alarmas y sirvió como acicate para que 22 personas propusieran la moción de censura contra Jurado. La confederación Cisac, que expulsó hace un año a la SGAE por no cumplir con sus estándares, daba a atender en la carta que envió a la sociedad, y que Pilar Jurado ocultó durante unos días a la Junta Directiva, que no procedería a su readmisión en mayo al no haber cumplido todos los puntos que les había exigido.

Fuentes directivas expresan la voluntad de la nueva Junta de cumplir a rajatabla con las demandas tanto del Ministerio como de la Cisac. Las objeciones de esta última son varias. Empezando por el planteamiento de la nueva Comisión de Supervisión regulada en unos estatutos aprobados en Asamblea pero que todavía no tienen el visto bueno del Ministerio. Esta estaría formada por diez miembros, cinco de los cuales han de ser socios que hayan pertenecido anteriormente a la Junta Directiva, toda una “grave preocupación” en materia de conflicto de intereses que supone “una infracción de la ley española y del reglamento profesional de la Cisac”.

Tampoco admite que la Cisac que SGAE impida que un socio sea elegible a la Junta Directiva si no tiene la totalidad de sus derechos gestionados por ella misma. No obstante, los dos puntos principales de queja de la confederación es la exclusión de las editoriales multinacionales de los órganos de gestión y la cantidad de personas en conflicto de intereses señaladas por la Comisión Deontológica y que siguen formando parte del gobierno de la entidad. La recomendación esencial de la Cisac es la celebración de elecciones, momento en el que podrían entrar de nuevo las editoriales multinacionales, y que deberían realizarse con una adecuada regulación interna previa que impidiera que se presentaran las 14 personas señaladas por la Comisión Deontológica, que diversas fuentes consultadas coinciden en citar como aquellas personas más fuertemente implicadas en el caso de la rueda.

“Todo apunta a que habrá elecciones lo más pronto posible”, admite Antonio Meliveo que pertenece, como Onetti, al colegio audiovisual. Si, como dicen, SGAE va a cumplir escrupulosamente con lo que pide Cisac, el nuevo presidente deberá convocar elecciones en un plazo breve, lo cual supondrá un gasto añadido a las maltrechas cuentas de la entidad.

Otra de las “sorpresas”, que algunos socios de la SGAE que han participado anteriormente en su gestión ya han aireado en redes sociales y blogs personales, como el expresidente José Miguel Fernández Sastrón o un estrecho colaborador del equipo de Teddy Bautista hasta 2011, Juan José Castillo, es cómo va a pagar la sociedad los 15 millones de euros prometidos para ayudar a los socios y socias que más están sufriendo las consecuencias de la crisis provocada por el coronavirus.

“Esa cifra se la han inventado y no sabemos de dónde sale”, citan fuentes internas. Además de los 8 millones previstos para ayudas y asistencia (vía Fundación SGAE y las ayudas de emergencia social), la sociedad anunció el 6 de abril un añadido de 7 millones más, en forma de unos fondos denominados SGAE-Corona, consistentes en una ayuda de 3.000 euros por socio que cese la actividad por motivo de la Covid-19, además de una línea de anticipos inmediatos del 30% de las liquidaciones del último semestre de 2019, solo para autores que en ese periodo hubieran obtenido una recaudación de entre 3.000 y 10.000 euros. Una de las opciones sería tirar de la reserva de la copia privada, un fondo temporalmente intocable acumulado pero que se desbloquea este año y que consta de algo más de 3 millones de euros.

La SGAE recibe un dinero por compensación de las copias privadas que hacen los usuarios en sus casas en soportes físicos de obras del repertorio de la entidad pero, por ley, no todo se reparte sino que debe guardarse un porcentaje para ayudas asistenciales y culturales. Si el Ministerio diera su permiso, la media parte que debería destinarse a acciones culturales y de formación, podría ir a parar también a las ayudas prometidas. No obstante, ni con ese dinero se alcanzaría a la cantidad anunciada y se está estudiando cómo responder tanto a los SGAE-Corona como a la nueva línea de anticipos.

La Junta Directiva de Pilar Jurado presentó internamente unas cuentas para 2019, que aún no se han hecho públicas y tienen que ser auditadas, que fuentes internas han calificado de “disparate” y que han agravaron la situación financiera. Entre los gastos, se incluye la creación de nuevos puestos en el organigrama sin el consentimiento del Ministerio de Cultura, como el de Clifton J. Williams como subdirector general, así como el blindaje de los contratos laborales de nuevos directivos, como la dirección general del alto cargo del Ministerio de Cultura con el PP de Rajoy en la Moncloa, Miguel Ángel Recio, asegurado durante cuatro años y con sueldo anual de 180.000 euros, según publicó El País. Estuvo en su puesto siete meses.

El siguiente director general, estuvo seis y, el actual, lleva en el cargo poco más de dos meses. En una de las Charlas abiertas desde el confinamiento, organizadas por Monkey Week en estos días, el vicepresidente de la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes (IAE) Luis Mendo admitió que las estimaciones conjuntas de esa organización, SGAE y la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual Agedi están en un 30% menos de recaudación “por ahora” y en el caso de que se recupere la actividad “en un plazo razonable”.

Aunque el plan de desescalada habla de reducción de aforos, se desconoce cuándo se recuperará la actividad en condiciones semejantes a las que había antes de marzo, por lo que el impacto en el mundo de los autores será largo y todavía cuantificable. Una casa de los autores débil y vapuleada empeora las perspectivas.

Pablo Alborán le ha hecho un roto a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). El músico fue uno de los que solicitó su baja de la entidad de derechos de autor el pasado mes de junio junto a otros como Joaquín Sabina, José Luis Perales, Joan Manuel Serrat y los integrantes de Love of Lesbian. Más de 200 artistas en total. Pero como Sabina, Perales y Serrat, el malagueño Alborán no es un músico cualquiera. Es el artista con el disco más vendido en 2018. Según Promusicae, Prometo alcanzó cinco discos de platino. Cada disco de platino suponen 40.000 álbumes vendidos. Hagan la cuenta. Y en toda su carrera, Alborán ha vendido más de 1,5 millones de discos, lo que da cuenta de la cantidad de derechos de autor que genera este artista.

Hay otro dato más que no es nada baladí: su casa discográfica es Warner Music. Una de las grandes archienemigas de la SGAE que también ha dado un portazo a la entidad. Un puñetazo que no es el primero que la multinacional da a la SGAE. Porque para entender todo el asunto farragoso que rodea a la SGAE hay que detenerse en este punto: la guerra encarnizada que libran desde hace años la entidad y las multinacionales.

Al conocerse la baja de los músicos y la multinacional fuentes cercanas a ellos reconocieron que se llevarían hasta el 80% del repertorio que ahora gestiona la SGAE. La suma de dinero que esto supone con exactitud es “imposible de saber”, relatan fuentes cercanas a estos músicos, ya que hay que certificar la forma de explotación de los diferentes derechos que se generan. Es decir, aquellos que proceden de la música emitida en televisión, por streaming, por discos vendidos, por conciertos en vivo etc. Solo es posible hacer una aproximación en cifras globales, pero hay un dato cierto: la música es la que más derechos genera, muy por delante de los derechos audiovisuales o dramáticos.

En el último informe de la CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores) de las recaudaciones mundiales publicado el pasado año se señala que la música generó el 87% de los derechos recaudados en todo el mundo en 2017. Aquel año, los derechos relativos al repertorio musical alcanzaron los 8.000 millones de euros. En concreto, según este informe, en España la música recaudó 175 millones de euros mientras que el sector audiovisual generó 34 millones de euros y el de las artes escénicas 11 millones de euros. En total, las cuentas de la SGAE revelan que su recaudación está en torno a los 240 millones de euros. La relevancia de la música es evidente.

Y ahí entra la batalla que ahora mismo se dirime en el Palacio de Longoria, la sede de la SGAE, puesto que una retirada de los repertorios nacionales por parte de una multinacional como Warner más otros artistas que generan buenos dividendos es, según los músicos que han decidido marcharse “el fin de la entidad”. El componente básico de toda la ecuación solo es uno: el dinero y cómo se reparte.

“LA SGAE es una mafia”

Desde hace meses buena parte de los músicos que pertenecen a Warner Music y que se encuentran entre los que más discos venden se han ido quejando de la actitud de la SGAE. Vanesa Martín fue una de las que participaron en el boicot de las elecciones de octubre de 2018, y señaló que en la SGAE hay “muchas sombras”, y que era necesario “clarificar muchas cosas”. Melendi dio otro titular: “La SGAE es un escándalo”. Fito y los Filipaldis comentaron que no sabían bien “qué pintan allí”. Y hasta Sergio Dalma soltó que “la SGAE es una mafia”. Más cerca en el tiempo, Kiko Veneno pidió la intervención de la entidad por parte del Ministerio de Cultura, un asunto que todavía está pendiente de respuesta después de que el pasado junio la Audiencia Nacional rechazara la solicitud que Cultura había hecho en febrero al declararse no competente.

Todas estas declaraciones se enmarcan en un conflicto que viene de lejos y en el que también tiene mucho que ver la judicialización del caso de la rueda, es decir, el presunto fraude de la música emitida en televisión en horario de madrugada y que aún persiste en la Audiencia Nacional.

Guerra encarnizada desde hace años

Recapitulemos. Ya en enero de 2015 con el guionista José Luis Acosta como presidente, varios músicos independientes –es decir, no pertenecientes a ninguna multinacional- pidieron que estas discográficas no estuvieran en la junta directiva, en la cual llevaban más de veinte años. Acosta acabó dimitiendo en 2016 y su puesto lo obtuvo José Miguel Fernández Sastrón. Un año después la policía entró en la sede de la SGAE y detuvo a 18 personas por el fraude de la rueda. En este caso se señalaron varios nombres de músicos independientes que se habían posicionado contra las multinacionales, las cuales fueron finalmente expulsadas de la junta en octubre de 2017.

Para junio de 2018 las multinacionales dieron su primer golpe y amenazaron con retirar su repertorio internacional. Adujeron que esto significaba 30 millones de euros en derechos de autor. También aquel mes la asamblea extraordinaria echó por tierra la gestión de Fernández-Sastrón, que tuvo que convocar nuevas elecciones y que acabaría siendo imputado por el caso de la rueda. En septiembre entraría en la batalla el propio Ministerio de Cultura al pedir cambios estatutarios y en el sistema de reparto de la recaudación amenazando con la intervención. Estos comicios los ganaría José Ángel Hevia, muy crítico siempre con las multinacionales.

La bofetada se la devuelve la SGAE a las multinacionales en enero de 2019 cuando denuncia por no haber pagado los impuestos derivados de sus derechos a Sabina, Alejandro Sanz y Pau Donés entre otros músicos. La denuncia fue archivada a las semanas, pero la tensión en el seno de la SGAE –con una intervención ministerial casi encima- es notable. De hecho, ese mismo febrero una moción de censura quita la presidencia a Hevia y la obtiene la soprano Pilar Jurado, cercana a Hevia y cuya misión es impedir la intervención. Lo que no logra es evitar la expulsión en mayo de la CISAC, el organismo internacional de derechos de autor que tampoco ve con buenos ojos qué está pasando en la SGAE.

En junio de este año los músicos de las multinacionales finalmente se rebelan y solicitan su baja. También lo hace la propia Warner Music. Es el golpe final, ratifican. Al mismo tiempo se suceden conversaciones con el Ministerio de Cultura para poner en marcha una nueva entidad de gestión de derechos de autor que esté en funcionamiento para el 1 de enero de 2020, que es el paso final. Estas bajas se unen a las de 120 cineastas, entre ellos Pedro Almodóvar y José Antonio Bayona, que deciden trasladar la gestión de sus derechos a la entidad DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales).

No obstante, desde la SGAE han querido estos días minimizar este golpe de los músicos y los cineastas. Reconocen que cada uno puede tener sus derechos donde desee, pero que al fin y al cabo, en la SGAE hay más de 12.000 socios. Hace veinte años ya hubo una escisión con la creación de DAMA y en el palacio de Longoria se ven con bastante fuerza para seguir hacia adelante. Esto sólo es un capítulo más. Habrá que ver por dónde llega el próximo puñetazo.

Hubo una época en la que Ángeles González-Sinde (Madrid, 1965) lo fue todo en el mundo cultural. Al menos desde una posición institucional: presidenta de la Academia de Cine y Ministra de Cultura en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue una etapa dura, con calientes polémicas sobre las descargas en la red –se aprobó la llamada Ley Sinde-, y en un tiempo en el que las redes comenzaban a bullir (sin pensar lo que iba a llegar después). Desde entonces no ha vuelto a la palestra pública institucional y ha seguido trabajando en el cine y en el terreno literario.

Fue finalista del premio Planeta con su novela El buen hijo, y ahora acaba de publicar Después de Kim (Duomo), una historia emocionante sobre una pareja divorciada que se reencuentra tras conocer la noticia de la muerte de su hija. González-Sinde también sabe de pérdidas. Hace solo unos meses murió su pareja, el editor Claudio López Lamadrid, y su hermano falleció hace ocho años en un accidente de tráfico. Pero, pese a todo, ella ofrece un halo de esperanza en la novela y también en la vida. Y de toda esta charla, sobre su libro, sobre el cine, sobre aquellos momentos políticos y la política actual, se queda con una frase: la vida es ante todo encuentros.

A pesar de haber escrito ya numerosos guiones, otros libros… cuando uno escribe, ¿siguen las inseguridades, los miedos?

Sí, sí. Siempre. Quieres hacerlo bien, y tienes una idea en la cabeza, una sensación de cómo tiene que ser percibida la novela, pero no siempre logras estar a la altura de tu propia expectativa. Mi anterior novela era una historia lineal, más sencilla, en primera persona… Y era un trabajo más continuado. Pero esta novela la escribí mientras escribía otras cosas y por momentos pude haberla abandonado porque han pasado muchas cosas entre una versión y otra. Pero lo que me hacía tirar para adelante es que los personajes nunca desaparecían. Siempre tenía presentes a John y Geraldine. Y eso significa que la escritura estaba viva.

¿Qué queda del amor a quien se ha querido durante muchos años?

Esa era la hipótesis de trabajo. Es un matrimonio que se divorció y no muy bien. Y él no ha querido tener mucho contacto con ella y si puede evitarla lo hace. ¿Qué ha quedado después de todo ese tiempo? ¿Qué queda de las relaciones amorosas, del enamoramiento, de una familia cuando esta desaparece?

Yo creo que mi generación, y tengo 54 años, es la primera en la que divorciarse y separarse era normal porque en la anterior no existía la separación, era el franquismo y no se podía. Y ahora, sin embargo, es muy común. En la clase de mi hija la pequeña solo había un niño cuyos padres no estaban separados. Es hacer una especulación sobre el futuro.

Y lo que sí muestra en la novela es que sí que queda algo. Y que uno puede llegar a tener una buena relación con un ex.

Claro, al menos es lo que yo defiendo. Que uno no se equivoca tanto. Y que de aquello sí queda una forma de afecto y lealtad. Y estoy empezando a ver en mi entorno personas mayores que al llegar a la vejez y estar su ex marido o ex mujer enfermo, se ayudan y se acompañan, aunque no hayan vuelto a ser pareja ni haya un sentimiento amoroso. Eso te da bastante esperanza en el ser humano.

Persiste esa idea de que como te enamoraste en la veintena no te vas a volver enamorar nunca más. Casi nunca pensamos en que se puede amar hasta ser ya viejecitos.

Claro. Yo creo que las relaciones que se tienen en la edad madura son mucho más elegidas, mucho más valoradas, porque sabes que no es fácil encontrar a una persona, también de los errores has aprendido, vives mejor la relación, con más tolerancia hacia decepciones o pequeños desaires de la cotidianidad. Y al mismo tiempo pueden ser más elegidas que las de la juventud porque ya no tienes una inercia que te lleva a estar juntos como son unos niños pequeños, o compartir una casa, las necesidades económicas… Ya estás con esa otra persona con una libertad absoluta.

Borges decía que la vida se basa en pérdidas, Emma Cohen me dijo también que no creía en eso porque la vida también son encuentros. ¿Con qué se queda, con el pesimismo borgiano o con el optimismo de Emma Cohen?

Pues me gusta lo que dice Emma Cohen. Si sólo tuviéramos pérdidas, y yo he tenido varias en mi vida, te quedarías atascado ahí. Y es verdad que lo que te hace seguir hacia delante son los encuentros. Nuevos encuentros y reencuentros, porque cuando pierdes a alguien también aparecen personas que te acompañan en esa etapa de tu vida, que son amigos que no esperabas. Y en cambio hay otras personas que desaparecen porque no se sienten capaces de afrontar ese periodo doloroso, se asustan, y no hay que tenérselo en cuenta tampoco.

Como Emma Cohen, yo creo que el encuentro con el otro es lo que hace que tiremos para adelante. Es importantísimo. Puedes aguantar un trabajo que es duro, que te desgasta, que está mal remunerado por los compañeros con los que estás. Y así con todo. El encuentro es lo que te saca de la pérdida.

¿Vivió la política como una pérdida?

Cuando estás en un puesto así… y parece que todo son prebendas o facilidades o ayudas, sí que hay una pérdida de muchas cosas que no puedes disfrutar. Para mí la pérdida más importante era la identidad. Cuando estás en un cargo representas al colectivo, a la institución, y tu identidad tiene que quedar detrás. No puedes confundirte. No es un trabajo como otro. Estás en función del cargo. Sí que hay una pérdida de expresión, y eso para alguien que se ha especializado en la comunicación, en escribir guiones, hacer películas, a veces sientes que te falta algo.

¿Y cómo recuerda, ahora que han pasado casi diez años, su paso por la política en el Ministerio de Cultura?

Pues lo recuerdo como una época muy interesante y que me aportó muchas cosas. Y espero haber aportado algo yo al país, aunque eso no te queda muy claro. Y una época excepcional. Y te queda la gente que has conocido y todos los universos a los que has tenido acceso por estar ahí. El conocimiento de tu país, tu sociedad, la cultura… Puedes tener una capacidad de visión que no tendrías en otro puesto de trabajo.

Ahora con la distancia, ¿cree que ha cambiado la política o la forma de hacer política?

Yo lo dejé en 2011 y me da la sensación de que se ha vuelto muy agresiva. Ya lo era entonces pero ahora todavía más. Y el cambio de los medios ya estaba en esos momentos con la prensa digital. Y todo esto ha hecho que ahora los procesos sean muy cortos. Desde que se empieza a gestar una idea, una necesidad de una medida, una ley… me da la sensación de que no tienen mucho tiempo de pensar porque enseguida todo está en los medios, todo es debatido y todo es desestimado.

Es el me gusta/no me gusta de las redes.

Claro, eso es, y de una forma muy superficial o interesada.

No estaban las redes tan bullentes como ahora, pero usted también fue muy criticada…

Sí, sí, bueno Twitter… me perjudicó en el sentido de que quizá porque eran más nuevas en ese momento y los partidos también se dejaban impresionar mucho por ellas. Aunque fuera una minoría minúscula la gente que accede a expresar su opinión en Twitter. Pero parece que esa opinión acaba pesando mucho más que la de cualquier otra.

Por eso creo que usted no tiene cuenta y, según ha dicho, le dan pavor las redes.

Bueno, yo entro como todo el mundo para enterarme de las noticias, pero no soy un usuario muy intensivo, porque no tengo muchas ganas de estar expuesta, de entrar en polémicas y discusiones. Es que no voy a estar en ese debate.

Por cierto, si se descargaran su libro…

Pensaría que si realmente la persona tiene necesidad de leer el libro ahí están las bibliotecas públicas que funcionan muy bien. Y si las que se descargan el libro lo hacen frívolamente sin pensar que es un bien como otro, que tiene un valor y forma parte de un trabajo de muchas personas, bueno, pues es una pena que todavía esto no se entienda bien.

¿Falta pedagogía todavía? Ahora hay suscripciones a plataformas de cine, música…

No, yo creo que hemos avanzado mucho con este tema. Hemos cambiado mucho, y se ha reequilibrado mucho. También las empresas de tecnología, como han empezado a ser ellos los que distribuyen el contenido y son ellos los que tienen interés en que esto se reequilibre, hemos avanzado un montón. Y eso también da más valor. Cuando eres suscriptor de un servicio también exiges más calidad a ese contenido.

Una vez hablando con Juan Carlos Tous, que fue uno de los fundadores de Filmin, me dijo que aquel debate de las descargas en aquellos años mostró que algunas cosas sobre Internet quizá no se entendieron bien.

Yo creo que unos no sabían lo que estaba pasando y otros sabían perfectamente lo que estaba pasando.

Hace ya años que no dirige una película.

Tengo un proyecto desde hace dos, tres años, pero estamos esperando a que se termine la financiación. Es la adaptación de la novela de Gabriela Ybarra, El Comensal, y el guion está escrito, y hemos hecho las pruebas de casting. Y estamos esperando a que la productora complete la financiación para poder rodar. Espero que sea a finales de este año o principios del que viene.

Los presupuestos del PP para con el cine no fueron los mejores.

Sí, el recorte en los presupuestos de cine fue enorme, brutal en los años del PP. Y aparte han cambiado el modelo de las ayudas, cómo se adjudican y se devuelven. Y están generando dificultades en el sector y menos variedad de películas, sobre todo. Son viables sólo determinado tipo de películas.

Hace una semana un informe de los empresarios de cine decía que las salas se estaban salvando gracias a las películas de superhéroes. Quizá eso muestra el tipo de películas al que vamos.

A mí lo de las salas no me preocupa tanto. En ese sentido los tiempos cambian y las salas cumplen una función. A lo mejor determinado tipo de películas te merece la pena verlas en una sala grande porque la aprecias mejor, con una pantalla grande, otro sonido… También porque se ha convertido más una actividad de adolescentes, de ir en grupo.

El cine no solo depende de las salas para su supervivencia. La mayor parte de las cosas que vemos las vemos en otras pantallitas. En el metro la gente va viendo cosas en el móvil. Pero el problema para mí es conservar la diversidad. Que haya diferentes tipos de películas y que no sobrevivan solo los blockbuster, sino que haya cabida para otro tipo de películas y es lo que está más cuestionado con el modelo actual.

Por cierto, en Después de Kim, ¿estaba el final, que es bastante esperanzador, desde el principio?Después de Kim

Sí. Al mismo tiempo que el arranque se me ocurre el final. O al menos algún elemento. Si no escribiría sin brújula, caóticamente. Estaba ya ese final en ese valle de Almendros, que es un valle en el que estuve una vez hace años, en el interior de Alicante, y me gustaba que acabara ahí la historia.

El ministro de Cultura José Guirao ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que sigue adelante el proceso para intervenir la SGAE tras no haber cumplido las demandas del ministerio. 

El plazo dado a la entidad de gestión de derechos de autor terminó el pasado 27 de diciembre. Guirao ha asegurado que desde entonces se está estudiando la fórmula sobre cómo tomar las riendas sobre la SGAE y corregir los desajustes denunciados desde su cartera.

En concreto, el ministro de Cultura ha detallado que esta intervención será parcial y que irá dirigida a los tres puntos que se pidieron en el apercibimiento a la SGAE y que no cumplieron: “Que modificaran los estatutos, que revisaran los criterios de reparto de derechos entre los distintos colegios y que se habilitara un sistema de voto electrónico que permitiera que los miles de socios de la SGAE pudieran votar de una forma directa”.

Por todo esto Guirao ha asegurado que “a lo largo de la semana que viene” se enviará el escrito al juez “solicitando las medidas cautelares” en estos tres puntos señalados. “El resto lo seguirá haciendo la SGAE”, ha aclarado. 

La Audiencia rechaza paralizar el proceso

Esta misma semana, la Audiencia Nacional rechazaba paralizar, como pretendía la SGAE, el apercibimiento que el ministerio de Cultura hizo a la entidad de derechos de autor para instarle a que ajuste sus “reglas de funcionamiento” a la legislación, especialmente sus estatutos y normas de reparto.

Según la sentencia de la Audiencia Nacional a la que tuvo acceso Efe, “no procede” llevar a cabo el recurso contencioso-administrativo que la entidad de gestión interpuso contra Cultura por considerar que el apercibimiento contenía “un relato de hechos y una fundamentación jurídica distante de la realidad”.

Según la sentencia del juez de la Audiencia Nacional Francisco de la Peña no hay “lugar” a suspender la ejecución de la resolución recurrida por la SGAE, “ni de la obligación de constituir en un plazo de tres meses una nueva Junta Directiva a través de un proceso electoral en el que se incluya el derecho al ejercicio del voto electrónico que se interesa con carácter subsidiario”.

Además, según añade, “sin dudar del interés que puede asistir” a la SGAE a “mantener el sistema actual” en los términos que pretende, “existe también un interés público” que demanda su “mejor funcionamiento” en cuestiones de tan “indiscutible relevancia”, como la adaptación de sus estatutos a la normativa actual y la “observancia estricta” de las reglas de reparto de derechos recaudados que fija la legislación de propiedad intelectual.

Asimismo, también hace referencia a que hay un “interés público” en “la plena efectividad del derecho de los miembros de las entidades gestoras a comunicarse electrónicamente con la entidad”, o el “cumplimiento” de las normas que regulan el funcionamiento de la Junta Directiva “como órgano de gobierno y representación”.

El Congreso ha puesto hoy un palo en la llamada 'rueda de las televisiones'. El Congreso ha aprobado un informe de la ponencia de la Comisión de Cultura sobre el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en el que se limitan los beneficios de lo que recaudan los autores por la emisión de su obra en horario nocturno.

Hasta ahora, la SGAE recaudaba la mayor parte de sus beneficios autorales -en torno al 70%- en la franja de la madrugada. Una franja sin apenas audiencia, pero que generaba pingües beneficios a los autores con composiciones que en muchas ocasiones eran variaciones de obras libres de derechos.

Según el informe al que ha tenido acceso EFE, ahora las entidades de gestión como la SGAE no podrán repartir más de un 20% de lo recaudado por cada autor por la emisión de su obra en un horario con “ausencia de audiencia significativa”.

La “rueda” fue denunciada en 2013 ante la Fiscalía Anticorrupción por el expresidente de la SGAE Antón Reixa y tres años más tarde fue objeto de una operación policial contra el fraude en el cobro de derechos de autor de piezas musicales que se emitían en cadenas de televisión en horario nocturno y que podía ascender a 100 millones de euros.

El documento que traslada al ordenamiento español las directivas 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Según el artículo 159 del informe, las entidades de gestión tendrán que adoptar las “medidas necesarias, incluyendo la fijación de topes de reparto cuando sea procedente, para evitar que obras o prestaciones reciban cantidades desproporcionadas en relación a los rendimientos comerciales o de audiencia que se producen durante su explotación”.

Cuando saltó el escándalo de la rueda, la SGAE acudió a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) para que hiciera un arbitraje. En su laudo la OMPI decidió que se limitara el reparto de lo recaudado en la franja nocturna a entre el 10 y el 20%.

La Junta Directiva de la entidad acordó finalmente que este límite fuera del 20% pero tanto Mediaset como Atresmedia, grupos con editoras que recaudan de estas prácticas, denunciaron ante los tribunales estas medidas. El TSJM anuló finalmente la aplicación del laudo.

Ahora, el Congreso ha puesto en marcha que se limiten las prácticas de la rueda. En particular, puntualiza el texto, en aquellos supuestos de difusión en los que el valor comercial por el uso de las obras y prestaciones protegidas “sea testimonial por ausencia de audiencia significativa” será de aplicación una “cantidad a tanto alzado que en ningún caso superará el veinte por ciento del total recaudado de cada usuario por un uso intensivo o cuantitativo máximo de las obras”.

En el informe se establece también un mayor control a las entidades de gestión que recaudan más de 100 millones de euros, es decir, a la SGAE, ya que es la única que alcanza anualmente estas cifras en España.

Voto electrónico y “representación equitativa”

Entre las reformas pactadas para adaptarse a la norma europea, las entidades de gestión también deberán “comunicarse por vía electrónica con la entidad, incluso a efectos de ejercer sus derechos”, es decir, que tendrán que habilitar el voto electrónico en elecciones como las que se convocaron el pasado mes de octubre en la SGAE. Este fue uno de los motivos que dividieron a los socios de la SGAE en las últimas elecciones en las que precisamente salió como presidente el gaitero Hevia, uno de los defensores de las prácticas de la rueda.

Según desvela el documento, también se exigirá que el régimen de voto de los miembros de la asamblea general de las entidades que recauden más de 100 millones de euros garantice “una representación equitativa y proporcionada del conjunto de los miembros”.

“La determinación del régimen de ponderación en el voto no permitirá que se produzcan concentraciones mayoritarias de votos en poder de un número reducido de miembros que constriñan la democracia interna o alteren, de alguna forma la libertad de actuación de la asamblea general”, agrega el documento.

Además, también se incluye en el informe que los titulares de derechos que pertenezcan a empresas o usuarios “no ocupen puestos en los órganos de gobierno y no participen en las tomas de decisión en que pudiera existir un conflicto de interés”.

“En todo caso -matizan- la entidad de gestión adoptará medidas para evitar una injusta utilización preferencial de las obras y prestaciones protegidas, en particular por aquellos titulares, pudiendo incluso establecer restricciones al reparto”.

Como medida que añade un control extra a lo que exige al directiva europea está también la de que las entidades de gestión que recauden anualmente una cifra igual o superior a 100 millones de euros en el ejercicio anual anterior tienen como obligación “nombrar como miembros del órgano de control interno a un número de terceros independientes igual al número de miembros de la entidad de gestión que integren dicho órgano”.

También se ha introducido la exigencia de “trazabilidad”, es decir, que las entidades de gestión de derechos de autor “mantengan la debida separación” entre los derechos recaudados por razón del origen o por procedencia de la recaudación, “no pudiéndose asignar cantidades para reparto por derechos a obras diferentes a aquellas de las que procedan los derechos a repartir”.

Se evita así la calificación de los denominados cobros de derechos de autor como “pendiente de identificar”.

Cada día son compartidas más de 95 millones de imágenes y vídeos en Instagram, una cifra que aumenta si además se tienen en cuenta el resto de redes sociales. Muchas de ellas, además, son tomadas en los mismos lugares, entre los que se encuentran el Coliseo de Roma o la catedral de Notre Dame de París. Solo basta con sacar el móvil, abrir la cámara y hacer una foto. El problema es que, quizá, aunque ningún cartel lo indique, ese monumento público esté regulado por un copyright especial.

Es el caso de la Torre Eiffel, uno de los edificios más emblemáticos del mundo y, precisamente por ello, una parada obligatoria para cualquier turista. Especialmente, si es de noche y su estructura brillante reluce entre el cielo oscuro de la capital francesa. Regular el encuadre o la exposición son algunos de los aspectos a tener en cuenta, pero también otro que normalmente no es demasiado reconocido por los visitantes: los derechos de autor.

A pesar de que la obra fue construida por Gustave Eiffel en 1889, según informa Europa Press, todavía se encuentra sujeta a los derechos de autor y de marca de las diferentes iluminaciones instaladas desde 1985. ¿La consecuencia? Como explican en la web del monumento, que “el permiso y los derechos para publicar las fotos de la torre iluminada deben solicitarse a la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel”. Una norma que, ya sea por desconocimiento o por atrevimiento, muy pocos cumplen. Aun así, la revista National Geographic asegura que por ahora “no ha afectado a ningún turista”.

No es la primera vez que las leyes de la propiedad de los edificios se encuentran rodeadas de incertidumbre. Ya lo estuvieron cuando, en 2015, la Eurocámara sometió a votación a una enmienda que pedía que las instantáneas de obras públicas no pudieran realizarse sin previa autorización de sus representantes. Se trataba de una medida en contra de la conocida como libertad de panorama, que impide a los propietarios de pinturas o estructuras tomar acciones legales contra aquellos que distribuyan sus imágenes.

Finalmente el Parlamento Europeo rechazó la norma, dejando a los Estados decidir sobre una regulación que todavía no se encuentra a gusto de todos. Es el caso de Wikipedia, que cerró temporalmente el pasado mes de julio para protestar contra la última reforma del copyright y apoyar la “extensión de la libertad de panorama a toda la UE”. Países como Bélgica, Francia o Italia son señalados por la enciclopedia online como lugares non gratos para crear imágenes.

En principio solo afectaría a aquellas capturas para usos comerciales, pero, como explica la BBC, esta ley deja un “área gris” que alcanza a aquellos que comparten fotos de los monumentos a través de redes sociales. “A pesar de que estos usuarios no tengan fines comerciales, los términos y condiciones de Facebook dan a esta compañía la licencia para utilizar las fotografías para lo que considere oportuno”, indica la cadena británica.

Como el abogado Carlos Sánchez Almeida explica a eldiario.es, en España no hay razones para preocuparse, ya que así lo especifica el artículo 35 de la Ley de Propiedad Intelectual: “Las obras situadas permanentemente en parques, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales”. Básicamente, como añade el profesional, “si está en la calle se puede fotografiar”.

La “Wikipedia” de la propiedad intelectual

Debido a la confusa regulación del copyright, la cual cambia según el país y según el propietario de la obra, los encargados de Getty Images han creado una “Wikipedia” en la que se pueden consultar las normas de cada monumento. Y no solo eso, también recopila paisajes, productos e incluso personas que pueden fotografiarse sin miedo a qué pasará después. Hemos seleccionado algunos de los más destacados, pero la lista es extensa. Mucho más de lo que se podría pensar.

El nuevo Gobierno del PSOE ha abierto fuego contra la piratería poniendo la primera sanción económica contra una página de descargas desde la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual. Son 375.000 euros de multa administrativa contra la web x-caleta.com (y sus clones) por alojar películas y otros contenidos que violan, según el Ministerio de Cultura, la Ley de Propiedad Intelectual, tal y como ha reflejado el BOE este miércoles.

La resolución parte de la Sección Segunda de la comisión creada en 2012 por Ángeles González Sinde. Este órgano tiene potestad para abrir expedientes sancionadores y establecer las tarifas de las supuestas infracciones de copyright denunciadas por los gestores de derechos, como la Coalición de Creadores. Esta medida es la declaración de intenciones del nuevo ministro José Guirao, y del Gobierno al que representa, de empezar a “adoptar decisiones firmes” en este terreno.

“El ministro está trabajando ya en ese sentido y demuestra que no le va a temblar el pulso a la hora de adoptar decisiones firmes como la de poner sanciones económicas a las páginas webs que reincidan tras un bloqueo o una notificación, y que vuelvan a poner a disposición pública contenidos culturales de forma pirata”, informan fuentes del Ministerio de Cultura a eldiario.es.

Afirman que esta será la línea política a seguir contra la “piratería” y que existe una “vocación” por parte de Guirao de actuar con más rapidez a partir de ahora. La vía de las sanciones económicas, según fuentes ministeriales, “sensibiliza a quien está detrás de las páginas web piratas, ya que el denunciado sabrá que puede ser objeto de una multa de hasta 600.000 euros. Es un aviso a navegantes y lo usaremos en la senda de la sensibilización”, concluyen.

La Sección Segunda puede imponer sanciones desde 150.000 euros hasta los 600.000, aunque hasta ahora nunca habían resuelto una solicitud de vulneración de material protegido a través de la vía económica. De hecho, en los seis años que lleva activo, el órgano apodado como la Comisión Sinde-Wert solo había bloqueado webs por la vía judicial. Según los últimos datos presentados en la Comisión de Cultura en junio de 2017, fueron 14 las páginas totales cerradas por bloqueo, ya que la mayoría de los propietarios retira el contenido antes de que el asunto llegue a los tribunales.

En los últimos meses, durante el mandato del Partido Popular, la Segunda Sección ha sido reforzada con más personal -pasaron de cuatro inspectores a nueve- y con equipos informáticos más potentes, informa el Ministerio.

La primera multa, contra un peruano residente en Lima

Ninguna de las webs que aparecen en la notificación que ha publicado el BOE es accesible desde España en este momento. Según la herramienta Internet Archive, x-caleta.com estuvo activa desde principios de 2007 y cesó su actividad en algún momento entre finales de febrero y principios de marzo de 2018. x-caleta2.com comenzó su actividad en 2017 y dejó de estar disponible a la vez que su predecesora. Otra de sus webs espejo, x-caleta.xyz, tuvo actividad en 2016.

Según el último registro de esta máquina del tiempo de la red, los contenidos que albergaban x-caleta.com y x-caleta2.com cuando dejaron de estar disponible incluían películas en blu-ray, videojuegos, música, sistemas operativos para smartphones, libros, cómics y revistas disponibles para su descarga directa.

Su administrador es un ciudadano peruano residente en la capital de su país, Lima. La Sección Segunda ha sido incapaz de comunicarle personalmente el procedimiento abierto contra él en el Estado español en todo el proceso. Tras intentar una notificación por escrito mediante correo postal que resultó “infructuosa”, pasó a hacer una publicación edictal en el BOE, a partir de la cual empezó a contar el periodo para presentar alegaciones. El administrador de las páginas no presentó ninguna.

“Esta página, y algunos de sus clones, fueron bloqueadas por la Sección Segunda y se impidió el acceso desde territorio español. Este bloqueo tiene una duración máxima de un año. Lo que pasa es que, si después existe un incumplimiento reiterado de las peticiones de retirada o del cese de actividad, el Ministerio tiene la competencia para abrir un expediente sancionador que puede finalizar como este caso: con una multa”, explican fuentes ministeriales.

A partir del momento en el que el Ministerio tiene constancia de ese incumplimiento reiterado, es indiferente que la página haya sido cerrada o quedado inoperativa por cualquier otra circunstancia. “Así evitamos la picaresca de que cierren la página y a las semanas la vuelvan a abrir”, añaden.

Recogiendo el guante de la Coalición de Creadores

El procedimiento contra este ciudadano peruano comenzó tras una denuncia de Promusicae (miembro de Coalición de Creadores) presentada en 2015, aunque se inició el 22 de marzo de 2018 a petición, una vez más, de los productores musicales. El presidente de esta asociación, Antonio Guisasola, se ha mostrado optimista con un inicio de actividad que valora como “contundente y que no da lugar a equívocos ni falsas interpretaciones” por parte del nuevo ministro.

“Los cambios siempre generan incertidumbres pero la mejor noticia es que los nuevos responsables actúen con rapidez y mirando por los derechos de los creadores sin dilatar los plazos marcados y buscando que se respete la legalidad vigente”, ha añadido Guisasola en declaraciones a eldiario.es.

José Guirao ha recogido el guante de los creadores y ha firmado con su nombre una “sanción ejemplar” que contenta a la Coalición. Su directora, Carlota Navarrete, la ha definido como “una excelente noticia, muy bien recibida por los miembros de las industrias culturales y de contenidos europeas y muchos otros países del mundo”. En cuanto a la multa económica por vía administrativa, la portavoz piensa que “debe consolidarse como una herramienta esencial para lograr con éxito un descenso drástico de la piratería en España”.

La polémica Comisión Sinde-Wert

Comisión Sinde-WertLa Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual nació en 2012 rodeada de polémica. Numerosos juristas y expertos en derecho digital criticaron que la entonces ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, diseñara un mecanismo para bloquear páginas web sin intervención judicial con el objetivo de defender los derechos de autor.

La redacción de la norma era confusa y, como explica el jurista digital y vicepresidente del capítulo español de Internet Society, Pablo García Mexía, sigue siéndolo. “No deja meridianamente claro que en todos los casos para llevar a cabo el bloqueo es precisa la previa autorización judicial”, lamenta en conversación con este medio.

“Medidas como los cierres de webs solo han de producirse si el administrador hace caso omiso a las advertencias de que está quebrando los derechos de otros y por supuesto previa autorización judicial. Esto es absolutamente clave, pues de lo contrario se pondría en riesgo la libre expresión”, expone Mexía, letrado de las Cortes en excedencia.

Las modificaciones posteriores de la ley han introducido garantías judiciales adicionales a las que inicialmente propuso Sinde y provocaron que la Comisión ganase otro apellido, el del ministro de Educación, Cultura y Deporte del PP, José Ignacio Wert. No obstante, la voluntad de que la Sección Segunda mantuviera sus facultades de investigar y lanzar procedimientos administrativos al margen de los judiciales derivó en que fuera posible una duplicidad de procesos. Un ejemplo de ello llegó el pasado mes de febrero, cuando la Sección Segunda concluyó que la web multiestrenos.com violaba la propiedad intelectual, justo a la vez que un juez concluía lo contrario.

Teddy Bautista vuelve a la SGAE. Después de salir de la entidad de derechos de autor en aquellos infaustos días de julio de 2011 de la Operación Saga, en la que fue detenido y que acabó con su reinado de 34 años, regresa porque ha sido premiado. La asociación Musicaem, que engloba a autores de música para televisión, le concederá este jueves el Premio de Honor por su trayectoria musical en unos galardones que ellos mismos crearon el año pasado –premios Apolo- y que serán entregados en la sala Manuel de Falla de la Sociedad General de Autores.

La entidad se ha desentendido de estos galardones, de este premio a Bautista y de la propia Musicaem. Sin embargo, la imagen de Bautista relacionada con una asociación en la que algunos de sus miembros forman parte de la ejecutiva de la SGAE , y que además, defendieron en junio del pasado año la famosa rueda de las televisiones por las que hubo hasta 18 detenidos –el juez Ismael Moreno amplió el número de investigados a 33 en octubre-, no es muy halagüeña. Bautista se enfrenta en estos momentos a siete años de cárcel tras la apertura del juicio oral por el caso SGAE, en el que se le investiga por desvío de fondos.

Musicaem, según indica en su propia web, ya que no hay más información al respecto y tampoco se facilita ningún número de teléfono y no ha sido posible establecer contacto con ellos, es una asociación independiente presentada a principios de 2014, tal y como señalan en su blog. Se definen como “una plataforma creada desde la necesidad urgente de reaccionar ante la alarmante fractura y división del Colegio de Pequeño Derecho y, en general, de todos los autores de música”, debido a las “descargas ilegales, salas de conciertos y estudios de grabación que se ven obligadas a cerrar, contratos editoriales de por vida, el injusto IVA cultural, la crisis económica, y sobre todo el desprestigio que desde hace algunos años sufrimos a consecuencia de la lamentable imagen proyectada por los escándalos continuos de los administradores de SGAE. Desprestigio del cual se benefician otros colectivos sin ningún tipo de escrúpulo”. Un desprestigio que poco parecen relacionar con los años de Bautista.

En su junta directiva figuran nombres como el compositor sinfónico y de audiovisuales, Carlos Duque (presidente), el autor y compositor Juan Fernández de Valderrama (vicepresidente), y el compositor Juan Carmona (secretario). Este último también está en la directiva de la SGAE, como la hermana de Fernández de Valderrama, Mónica, con la que formó el grupo musical Materia Prima. Tanto Duque como Carmona defendieron la famosa rueda de las televisiones, ya que, según ellos, servía para que muchos compositores pudieran ganarse la vida y que no siempre fueran las multinacionales de música las grandes beneficiadas. Juan Fernández de Valderrama es, además, uno de los investigados por este asunto.

La polémica rueda de las televisiones

La polémica de la rueda saltó en 2013 denunciada por quien fuera el presidente entonces de la SGAE, Antón Reixa. Según explicó el líder de Os resentidos y volvió a señalar en una entrevista realizada por eldiario.es en junio de este año, cuando la policía nacional entró en la entidad como parte de la investigación, la rueda consistía en un complejo entramado por el cual una serie de intermediarios producían minutos musicales que vendían a las televisiones. Estos intermediarios cedían a la editorial de cada cadena el 50% de lo que se llama el derecho editorial y del otro 50%, que habitualmente va para el autor, una parte se lo quedaban ellos mismos y lo registraban a su nombre. Era música que se emitía en horarios de madrugada y que podía generar beneficios para estos autores mucho más altos que los que obtenían cantantes más exitosos. El asunto del fraude estribaba en que, según la investigación, esta música creada para las franjas de madrugada consistía en pequeños arreglos a las sinfonías más conocidas, incluso temas clásicos sin derechos de autor, que se registraban como nuevas para generar derechos. Y aquello, según Reixa, podría haber movido hasta 50 millones de euros destinados a unos pocos autores que se beneficiaban de ello.

En julio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dictó un laudo para regular esta rueda y que fijaba un límite en los derechos de autor que se repartían a partir de la música emitida en la franja nocturna.

Sin embargo, el asunto es uno de los que más escuece todavía en la entidad, puesto que ha abierto bandos y disputas entre los que sostienen que discrimina a unos autores y los que manifiestan que acabar con ella sólo daría más beneficios a las majors, entre los que se encuentran miembros de Musicaem. Preguntado por esta asociación, Reixa ha afirmado en declaraciones a eldiario.es no conocer ni siquiera la asociación ni la relación de sus miembros con la rueda. “Yo ya dije todo lo que tenía que decir de la rueda, porque creo que actué en conciencia”, ha señalado.

El año pasado, el premio Apolo de Honor recayó en el recientemente fallecido Jesús Glück, compositor que reconoció que “el 99% estamos ahí [en la franja nocturna] porque no hay otro sitio, ni conciertos en la televisión, ni galas; el único sitio donde oyes música es ahí”. El asunto aún está en plena investigación, un momento en el que quizá la trinidad Bautista, rueda y SGAE no sea la mejor fotografía.

El Pleno del Congreso ha convalidado el real decreto ley que regula el canon digital y fija un sistema de compensación por copia privada para los propietarios de obras protegidas.

El texto ha contado con 270 votos a favor, 60 en contra y 18 abstenciones. En la sesión, el nuevo modelo ha recibido el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos y PNV. En el grupo Parlamentario de Unidos Podemos, Podemos, En Comú y En Marea han votado en contra, mientras que IU se ha abstenido. ERC también se ha abstenido.

La Cámara Baja también ha decidido sobre si el texto se tramitaría como proyecto de ley, una petición de Unidos Podemos para que se pudieran incluir modificaciones por parte de los grupos. Esta propuesta ha sido rechazada con 260 votos en contra, 89 a favor y ninguna abstención.

El decreto ley, que entró en vigor el pasado 4 de julio, modifica la compensación por copia privada recogida en la Ley de Propiedad Intelectual. De cargarlo a los presupuestos del Estado, modelo que fue tumbado por el Supremo y la justicia europea, se ha pasado de nuevo a gravar equipos o soportes que puedan servir para copiar o albergar una copia de una obra protegida. El sistema busca compensar a autores por las copias legales que se puedan hacer de sus obras.

El portavoz de Cultura de Unidos Podemos, Eduardo Maura, ha sido el único en defender en el Congreso el voto en contra para la proposición no de ley, aunque dentro del grupo, Izquierda Unida se ha abstenido.

Maura, que ha pedido que la norma se tramite como proyecto de ley, ha recordado que el canon digital de la época del gobierno de Rodríguez Zapatero “presuponía cierta intencionalidad a quien compraba un disco duro o un DVD virgen”.

“A Mariano Rajoy, el canon tampoco le gustaba”, ha recordado el diputado señalando la posición del PP en la oposición ante el modelo de canon que grava los soportes.

Tras arremeter contra la “ley Lassalle”, la norma declarada ilegal que sucedió al canon digital socialista y que cargaba la compensación por copia privada a los presupuestos, el diputado ha denunciado que ahora se le debe “mucho dinero a las entidades de gestión y a través de ellas a los autores”.

También ha recordado que “desde 2004 el mundo ha cambiado mucho” ya que ahora se accede a contenidos distribuidos a través de “Spotify, Amazon Prime o Netflix” y, haciendo referencia a la posibilidad que en el desarrollo de la norma se graven estas plataformas, Maura ha señalado que sus licencias “no requieren de compensación por copia privada”

En su intervención ha criticado que para la redacción del real decreto ley no contaran ni con asociaciones de consumidores ni de internautas y ha denunciado que el fondo del problema “es la sostenibilidad de la cultura”, ya que “durante años se ha convertido el problema de la precariedad” de los profesionales del sector “en un asunto de propiedad intelectual y de descargas ilegales”.

Por ello ha propuesto que consensúen formas de financiación mixta como una “tasa para las operadoras” o “una casilla en la declaración de la renta”.

Dentro de Unidos Podemos, Izquierda Unida se ha abstenido en la votación. Horas antes del debate en el Congreso, fuentes de IU en el Congreso explicaban a eldiario.es, que se ha optado por la abstención “por la situación de emergencia que tiene el sector”. “Somos de los pocos países en la UE en el que los autores están sin cobrar por derechos”, añadían.

El diputado de ERC Xavier Eritja ha defendido la abstención y ha apoyado que se tramitara como proyecto de ley, ya que la regulación “debería extenderse a los operadores”. Eritja ha considerado que la propuesta es “insuficiente” porque solo contempla “modificaciones parciales”.

Isidro Martínez Oblanca, diputado de Foro Asturias, también se ha abstenido en la votación, señalando que se ha excluido de la negociación del decreto a los usuarios “sobre los que va a recaer el pago”. Ha criticado una fórmula que “nos devolverá a tiempos pretéritos” en los que “cientos de miles de personas manifestarán su rechazo al canon digital”.

El resto de los grupos de la oposición han coincidido en sus intervenciones en criticar la “ley Lassalle” y aplaudir que se haya puesto en marcha este sistema de compensación.

Por el PSOE, José Andrés Torres Mora ha asegurado que el nuevo sistema es “un paso en la buena dirección, que viene a corregir el error de Rajoy en 2011” cuando decidió cargar el canon a los Presupuestos del Estado. “Desde 2011 personas como mi madre pagan con sus impuestos la compensación por hacer copias que no hacen por los que sí las hacen”, ha afirmado.

Félix Álvarez, de Ciudadanos, ha asegurado que “era un clamor que la anterior norma fue una auténtica chapuza” y ha defendido el nuevo modelo porque “se ajusta a la legislación europea y nos equipara al resto de países de la UE”.

Por el PNV, Joseba Agirretxea ha defendido el voto a favor porque lo que “vale es la intencionalidad de cambiar el concepto” y ha señalado que es “un paso positivo” que el Ejecutivo reconozca que “se equivocó” con la anterior normativa.

La vuelta del canon

El decreto ley, aprobado en Consejo de Ministros hace una semana, resucita el modelo de canon de compensación por copia privada del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Este canon digital grava equipos, aparatos y soportes de reproducción. El pago en teoría recae en fabricantes y distribuidores, pero estos lo podrían repercutir en los consumidores.

El actual texto establece una lista provisional de equipos, soportes y materiales de reproducción y las cuantías económicas que se deberán abonar a las entidades de gestión. Esta lista y las cuantías se revisará en el plazo de un año, por lo que no se descarta que pueda haber modificaciones importantes. Cambios en el texto abren la puerta a que se pudieran gravar las plataformas de vídeo en streaming.

El Gobierno aprobó la norma tras meses de vacío legal, ya que tanto el Tribunal Supremo como la justicia de la UE tumbaron la anterior que cargaba a los Presupuestos Generales la compensación. La UE la consideró no ajustada a la normativa europea por ser indiscriminada.

El Ejecutivo decidió finalmente volver al modelo desarrollado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que ponía una tasa a los dispositivos digitales para compensar a los autores por las copias legales que se pudieran hacer de sus obras. Un sistema defendido por las propiedades de gestión, que también sufrió varios varapalos judiciales y que los propios 'populares' criticaron calificándolo de “arbitrario e injusto”.

El Pleno del Congreso convalidará esta tarde el decreto-ley que regula el canon digital, convalidación que estaría asegurada con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos. En el grupo Parlamentario de Unidos Podemos, IU ha anunciado que se abstendrá y Podemos que votará en contra. 

El decreto ley, que entró en vigor el pasado 4 de julio, modifica la compensación por copia privada recogida en la Ley de Propiedad Intelectual. De cargarlo a los presupuestos del Estado, modelo que fue tumbado por el Supremo y la justicia europea, se ha pasado de nuevo a gravar equipos o soportes que puedan servir para copiar o albergar una copia de una obra protegida. El sistema busca compensar a autores por las copias legales que se puedan hacer de sus obras.

Izquierda Unida ha anunciado que se abstendrá en la votación. Según explican fuentes de IU en el Congreso a eldiario.es, “se comparten los planteamientos” en el grupo parlamentario de Unidos Podemos, “pero se ha optado” por la abstención “por la situación de emergencia que tiene el sector. Añaden, que ”se entiende que no se puede dejar al sector cultural y a los trabajadores en la estacada“.

IU hace así referencia al vacío legal que durante meses ha existido en torno a la compensación por copia privada. El tribunal europeo tumbó en junio de 2016 la norma que cargaba a los presupuestos la compensación violaba las normas comunitarias. Unos meses más tarde, el Supremo ejecutaba la sentencia. Desde entonces el Ejecutivo no había planteado ninguna alternativa.

Esta compensación suponía 5 millones de euros para las entidades de gestión con el modelo de cargo a los presupuestos. Con el canon que se recupera ahora, las entidades llegaron a recaudar más de 180 millones de euros entre 2008 y 2009.

“Somos de los pocos países en la UE en el que los autores están sin cobrar por derechos”, señalan desde IU sobre estos meses en los que no ha existido ningún tipo de compensación porque el Gobierno no había desarrollado una ley alternativa. “Es una situación de emergencia”, añaden, asegurando que esta es la opción que existe “hasta que no se logre un mejor marco”.

Desde la federación de izquierdas plantean además que se debería llevar a cabo “una reforma integral del modelo de entidades de gestión privadas” y que este debería “transitar a uno público que evite las tasas regresivas”.

Por su parte, Podemos, En Comú Podem y En Marea, votarán en contra porque el decreto-ley “ni aborda ni resuelve el problema principal: la sostenibilidad de la cultura, la existencia de un sistema de garantías laborales y profesionales y una justa remuneración para quienes se dedican a ella”, señalan fuentes del grupo parlamentario a eldiario.es.

Añaden que el texto “básicamente asume que la decisión de compensar la copia privada a través de los PGE fue un error, además de una medida contraria a la norma española y europea, pero no aporta soluciones para un sector profundamente precario como el de la cultura”.

El portavoz de Cultura del grupo confederal, Eduardo Maura, pedirá que se tramite como proyecto de ley para que los grupos puedan presentar enmiendas y hacer cambios en su redacción.   

De esta forma, confían en que se puedan incluir “mejoras técnicas y hacerse cargo de algunos problemas serios de fundamentación”.

Fuentes de Izquierda Unida en el Congreso y Podemos adelantan que votarán a favor de que el texto se tramite como proyecto de ley.

Tras varios amagos, ya es oficial. El portal de agregación de noticias Menéame ha recibido finalmente una carta del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) que hace referencia al conocido como canon AEDE y por el que tendrían que pagar a la entidad por publicar extractos de informaciones de otros medios.

Según confirma Daniel Seijo, consejero delegado de Menéame, “hace unos días” recibieron la misiva de la entidad de gestión de derechos de autor. De momento prefieren no dar más datos del contenido de la misma porque están evaluando la estrategia legal a seguir.

Javier Díaz de Olarte, director jurídico de CEDRO, detalla en declaraciones a eldiario.es que en ella consideran “que la actividad que desarrolla Menéame puede incluirse en la descripción que se incluye en la Ley de Propiedad Intelectual” por lo que “les invitamos, simplemente, a que se pongan en contacto con nosotros para comentar el asunto”.

Añade, que en la carta no se les pide ninguna cantidad económica concreta y que “el objetivo sería poder comentar con ellos cómo hacer efectivo el pago de la compensación prevista en la ley”.

El apartado 2 del artículo 32 de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que entró en vigor en enero de 2015 contempla que los editores de información reciban una compensación económica irrenunciable por parte de agregadores cuando se usen fragmentos de sus contenidos.

Se situaron en ese momento bajo el foco no solo agregadores como Menéame, también buscadores como Google y redes sociales que muestran en sus timelines extractos de noticias. Google News anunció entonces el cierre de su servicio en España en respuesta a la ley.

Hasta ahora CEDRO no había hecho ninguna comunicación a Menéame para reclamar la compensación que establece el texto por enlazar informaciones de terceros, aunque en julio del año pasado la entidad publicaba en su web unas tarifas generales que aplicar a los “prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos”.

Estas tarifas fijaban que los agregadores tendrían que abonar 0,05044854 euros por usuario activo al día.

El responsable de Menéame informa de que en 2016 tuvieron de media 139.525 usuarios al día, es decir 50.926.787 al año. Haciendo cálculos (hipotéticos) el importe resultaría superior a los 2,5 millones de euros anuales, una cifra muy por encima de los ingresos de la web que el año pasado fueron de 125.000 euros.

Según explicaba Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en propiedad intelectual, a este mismo diario el pasado mes de febrero, la tarifa es ilegal .“Por ley no se establece ninguna cuantía”, algo que queda en manos de la sociedad gestora, e “infringe el apartado 157-1b, que establece que el importe de las tarifas se establecerá en condiciones razonables, atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del usuario, y buscando el justo equilibrio entre ambas partes”.

Pagar o negociar

El responsable jurídico de CEDRO defiende en cambio que las tarifas “se ajustan plenamente a lo establecido por la ley”.

“Esta tarifa general no se puede fijar de cualquier manera, sino que hay una orden [del Ministerio de Cultura] de metodología de tarifas que se aprobó en diciembre de 2015 que nos dio un plazo para fijar la tarifa general, que se comunicó y es la que está disponible en la web”, explica De Olarte.

El responsable de CEDRO continúa diciendo que “si los usuarios consideran que la tarifa no se ajusta, hay una obligación de negociar”. “Como no hay una organización de usuarios de agregadores electrónicos de contenidos”, explica sobre el proceso, hay que negociar caso por caso.

Así se llega al acuerdo del pasado mes de febrero con Upday, una aplicación del gran grupo editorial alemán Axel Springer que ofrece el acceso a un agregador con fragmentos de noticias obtenidas de medios digitales

“Le comunicamos la tarifa que teníamos aprobada, no la consideraron ajustada y hemos estado negociando durante meses. A partir de ahí surgió el acuerdo”, explica De Olarte sobre un pacto alcanzado con una 'app' que pertenece a un grupo de editores que son los beneficiados, precisamente, por el canon de AEDE.

Con este ejemplo como precedente, CEDRO solo ofrece a agregadores como Menéame dos opciones: o aceptan la tarifa, o negocian una cantidad.

Por el momento no se conocen las cifras del pacto con Upday. Desde CEDRO aseguran que no lo pueden revelar porque es el mismo acuerdo que se va a ofrecer al resto de agregadores. “Se ha encontrado una fórmula más flexible [que las tarifas] para el pago y las bases del acuerdo serán idénticas o muy similares para todos”, añade.

Desde CEDRO explican que han enviado esta comunicación a “una decena” de agregadores, aunque no especifican quiénes están en la lista, además de Menéame, y reconocen que “a fecha de hoy el acuerdo solo existe con Upday”.

La entidad se da de plazo hasta finales de año para pactar una solución con las partes implicadas.

¿Y las redes sociales?

Otra de las muchas polémicas del canon AEDE es qué se considera un agregador y si las redes sociales tendrían que pagar por mostrar extractos de noticias. Preguntado expresamente por si hay redes sociales en la lista y si estas entrarían dentro del concepto de agregador, De Olarte se ha limitado a afirmar que “habría que analizar con detalle la actividad que se desarrolla en cada una de ellas”.

A este respecto, Seijo se pregunta “¿qué es una red social?”, y añade que “al final Menéame es todo contenido de los usuarios” destacando “que no hay ninguna agregación manual”.

Servicios como Flipboard, también estaban en el punto de mira. Eva Morell, responsable de estrategia editorial del agregador en España, afirma a eldiario.es que de momento no han recibido notificación alguna.

Morell aclara que la sede de Flipboard se encuentra en San Francisco, y que en España no hay oficina física. Además, diferencia el servicio que ofrecen desde Flipboard del de otros agregadores como Menéame. “Nosotros lo que hacemos siempre es llegar a un acuerdo con el medio y redirigimos el contenido destacado en la plataforma al medio de comunicación”, explica.

Añade que su sistema de agregación no funciona a través de un lector de feeds o de las noticias que envían los propios usuarios, sino que se realiza “mediante equipos que gestionan las relaciones con los medios” que quieren estar en su red porque les genera tráfico.

El responsable jurídico de CEDRO no ha querido tampoco aclarar si Flipboard queda fuera o dentro de la lista de los agregadores con los que buscará llegar a un acuerdo.

Menéame, más que un agregador

Menéame ha anunciado la llegada de la carta a través de Twitter, a la vez que ha informado de cambios en el portal. Entre otros la puesta en marcha de un sistema de publicación de contenidos creados por los usuarios. Inciden así en el componente social de la plataforma y la idea defendida por sus creadores de que la web y la comunidad de usuarios que aglutina es mucho más que un agregador.

Se da la paradoja, además, de que desde que se aprobó esta reforma en Menéame los usuarios no envían noticias de medios de AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles) que fueron los que reclamaban un pago porque buscadores y agregadores mostraran sus contenidos.

En Menéame se puso en marcha un boicot por parte de los usuarios. Seijo deja claro que desde la plataforma no están de acuerdo “porque consideramos que perjudica a la herramienta en sí”. “Al eliminar unos medios, sean los que sean, no es positivo para propio agregador”, añade el responsable incidiendo en que “la decisión la toman los usuarios” y que por eso “en el fondo, somos una red social”.

Seijo afirma que detrás de toda la polémica por el canon de AEDE hay una cuestión “ya no legal, sino de filosofía: nosotros beneficiamos a los medios derivándoles tráfico”, afirma, “y todos lo saben”. Por ello siguen denunciando que se les obligue a pagar. “Esta tarifa no tiene ningún sentido”, concluye.

El canon digital ha resucitado. El Gobierno ha publicado en el BOE tras aprobarlo en Consejo de Ministros el decreto ley que modifica la compensación por copia privada recogida en la Ley de Propiedad Intelectual. De cargarlo a los presupuestos del Estado, modelo que fue tumbado por el Supremo y la justicia europea, se pasa de nuevo a gravar equipos o soportes que puedan servir para copiar o albergar una copia de una obra protegida.

Este nuevo canon, de momento, tiene poco de nuevo. Vuelve a la esencia del que se desarrolló durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que ponía una tasa a los dispositivos digitales para compensar a los autores por las copias legales que se pudieran hacer de sus obras. Un sistema que también sufrió varios varapalos judiciales y que los propios 'populares' criticaron calificándolo de “arbitrario e injusto”.

Pero también se incluyen algunos cambios relevantes, estas son las claves:

¿Qué es el canon digital?

Es una tasa que se aplica a los equipos electrónicos y soportes que sean capaces de producir, almacenar o reproducir copias de cualquier tipo de contenido, como vídeos, archivos de música o imágenes.

Con ese dinero se trata de compensar por el concepto “copia privada” a los autores que, según la Ley de Propiedad Intelectual, tienen “derecho irrenunciable” a cobrar una cantidad por cada reproducción que se haga de su obra.

¿Cuándo comenzó a aplicarse?

La compensación por copia de una obra se estableció en España en 1987. A partir de 1996, el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual obligaba a facturar y cobrar el importe del canon, aunque por aquel entonces afectaba mayormente a soportes analógicos como casetes, con una tasa de 30 pesetas por hora de grabación, o cintas VHS, con una tasa de 50 pesetas por hora de grabación.

La gran polémica en torno al canon se produce de la mano del boom de los formatos digitales. En 2006, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se fija una reforma de la Ley que actualizaba los dispositivos y soportes gravados con el canon. Ante el desacuerdo de los sectores involucrados, las cuantías no se fijarían y aprobarían hasta 2008. Se incluyen entonces CD, DVD, dispositivos USB, reproductores MP3, móviles, discos duros externos, etc. Por cada uno se fijaba una tarifa que iba desde los 17 céntimos de euro por CD, a 1,1 euros por teléfono móvil. Estuvo vigente hasta 2011, año en que fue declarado nulo por la Audiencia Nacional.

En 2012, el gobierno de Mariano Rajoy sustituye el canon socialista por un sistema de compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

¿Por qué vuelve?

El Tribunal Supremo español anuló este modelo de cargo a los presupuestos después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarara en junio de 2016 que no era válido. Consideraba que se aplicaba de forma indiscriminada a todos los ciudadanos y no estaba dirigido a los usuarios de copias privadas.

Tras meses sin ninguna alternativa, y ante las presiones de las entidades de gestión de derechos de autor y la amenaza de multa de Bruselas por no cumplir el derecho comunitario, el Gobierno ha decidido volver al modelo de canon que grava soportes y aparatos.

¿Quién pagará el canon digital?

El nuevo texto considera “sujetos acreedores” de la compensación a los autores de obras protegidas que “sufren un perjuicio” por la copia privada. Considera “deudores” a los distribuidores y “fabricantes en España de equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción”, que son los que deberían pagar la tasa a los acreedores.

Sin embargo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, asegura a eldiario.es que “los fabricantes y distribuidores se lo van a cargar a los de siempre, a los usuarios” tal y como “sucedió con el canon cuando lo sacó adelante Rodríguez Zapatero”.

De hecho se contempla que fabricantes y distribuidores “deberán repercutir el importe de la compensación de forma separada en la factura que entreguen a su cliente” e indicar, en el caso en el que el cliente sea consumidor final, su derecho a obtener el reembolso si cumple los requisitos contemplados en las excepciones.

¿Cómo se cobrará?

El Gobierno ha puesto en manos de las entidades de gestión la facturación y el cobro del canon.

Según se recoge en el Real Decreto-Ley, para gestionar la facturación del canon a los fabricantes, las entidades de gestión deberán constituir en el plazo de tres meses una persona jurídica que también “será la responsable de gestionar las excepciones del pago y los reembolsos”.

Los fabricantes y distribuidores tendrán que proporcionar a esta entidad jurídica de forma trimestral una lista de los productos sujetos a pago. La entidad jurídica la pasará a las entidades de gestión, que emitirán sus facturas. Estas serán agrupadas por la entidad jurídica y se las remitirá a los acreedores para que las paguen.

¿Qué excepciones hay?

Esta es una de las novedades respecto al canon anterior. Se incluyen entre otras como excepciones al pago de esta tasa las copias realizadas por las Administraciones públicas y las empresas o profesionales (las realizadas por “personas jurídicas o físicas que actúen como consumidores finales, que justifiquen el destino exclusivamente profesional” de los equipos o soportes).

Serán las entidades de gestión bajo la forma de la persona jurídica mencionada en el epígrafe anterior las encargadas de la gestión de estas excepciones, para las que empresas y administraciones tendrán que contar con un certificado, y de los reembolsos correspondientes. Por ejemplo puede solicitar un reembolso una distribuidora que haya vendido equipos a la Administración.

El abogado especializado en propiedad intelectual, Javier de la Cueva, recuerda que en el año 2004 ya exigió a la entonces ministra de Cultura del PP Pilar del Castillo “que eximiera a las administraciones públicas y a las empresas del canon”. “Vamos con 13 años de retraso”, resalta, denunciando que no hay que olvidar que fueron las administraciones públicas las que más canon pagaron durante el tiempo que estuvo vigente.

Con este cambio, el texto evita el motivo por el que la justicia europea señaló que era un “abuso”en octubre de 2010. La sentencia dictaminaba que el gravamen solo podía aplicarse a particulares, y no a empresas y administraciones: aplicarlo “a los soportes de reproducción adquiridos por empresas y profesionales para fines distintos de la copia privada” no era conforme “con el derecho de la Unión”.

¿Cuánto dinero ingresarán las entidades de gestión?

El presidente de la Asociación de Internautas denuncia la opacidad en torno al “impacto real por la copia privada” en los ingresos de los autores y asegura que han pedido en reiteradas ocasiones estos datos al ministerio de Cultura sin haber recibido respuesta.

Según los cálculos de Víctor Domingo, las entidades de gestión se llegaron a embolsar 200 millones por el canon, una cifra que estas entidades rebajaban a 100,2 millones de euros en 2009 y 83,3 millones de euros en 2008. Cuando se cambió al modelo de cargo en los presupuestos, esta compensación quedó cifrada en 5 millones.

¿Qué dicen las entidades de derechos?

ADEPI, la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual -que agrupa a Cedro, Aisge, Agedi, AIE, SGAE, Egeda, DAMA, y Vegap- han participado en el proceso de la elaboración la normativa con el ministerio. Reclamaban la vuelta al anterior sistema por ser “el mejor posible” y denunciaban el perjuicio económico que sufrían al estar sin compensación.

Los autores, artistas, editores y productores españoles, “a falta de una revisión a fondo del texto aprobado, consideran ”una buena noticia“ la aprobación del real decreto-ley según afirma Antonio Fernández, director general de Adepi, en el comunicado.

Pero señalan que “los importes provisionalmente asignados” son “objetivamente más bajos” y quedan “por debajo” de la media de la Unión Europea por lo que pide que sean “ajustados” durante el desarrollo reglamentario del nuevo sistema.

¿Cuáles son los soportes y tarifas?

El decreto-ley recoge un listado de equipos, soportes y materiales de reproducción, y las cuantías económicas con las que se deberán abonar a los autores.

Son las tarifas que estarán vigentes hasta que se apruebe, en el plazo de un año, “la normativa definitiva reguladora” de dispositivos y tasas. El texto contempla que estas cantidades dependerán de factores como “la intensidad de uso”, “el impacto de la copia privada sobre la venta de las obras” o las cuantías que apliquen otros países miembro de la UE.

Por el momento, y a falta de que se desarrolle el reglamento que especificará qué estará sujeto a canon y por cuanto, estas son las cantidades recogidas en el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno:

¿Y las plataformas de 'streaming'?

El Gobierno deja muy claro que el listado de soportes y tarifas es provisional y que además no será vinculante para cuando se elabore “el real decreto que desarrolle reglamentariamente las disposiciones incluidas en éste”.

Será entonces cuando se determinará “con carácter no transitorio los equipos, aparatos y soportes materiales sujetos” al pago de la compensación por copia privada, las cantidades a abonar “y la distribución de dicha compensación entre las distintas modalidades de reproducción”, por lo que no es descartable que haya sorpresas.

Cuando se filtró el borrador del texto, uno de los aspectos en los que se puso el foco es una modificación en la letra b) del artículo 31.2 de la Ley de Propiedad Intelectual que fija el concepto de copia privada. En la última reforma de la norma en 2014, este epígrafe estaba redactado así:

Al hablarse de “soporte”, podrían quedar fuera del concepto copia privada las obras adquiridas para su disfrute en streaming.

Pero un cambio en la ley simplifica esta letra b y la deja simplemente así, sin supuestos, abriendo la puerta a regular las copias de Spotify, Netflix y otras plataformas:

Para el presidente de la Asociación de Internautas el texto “abre la puerta” para que se pueda gravar “a todo lo que pueda distribuir, almacenar y tenga exceso a obras con derechos de autor”. Domingo señala que en futuros reglamentos veremos cómo se gravan “las televisiones, las plataformas de streaming y todo lo que se mueva”.

“Ahora mismo no tiene ningún sentido cargar sobre el CD y DVD” que son formatos “antediluvianos”, por lo que Domingo sospecha que lo querrán expandir a estas plataformas y “otro tipo de pantallas más allá de los móviles como pueden ser las televisiones”.

El motivo de que no los hayan mencionado expresamente en el texto aprobado ahora es, según Domingo, que “saben que puede haber bastante resistencia”, “pero está claro que es el camino que han decidido tomar”, añade.

Diciembre de 2007. En plena guerra social contra el canon digital, el PP, partido en la oposición frente al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero enarbola la bandera contra una tasa que considera “injusta y arbitraria”.

Desde la aprobación del reglamento que reguló el canon, el PP en la oposición lo utiliza como argumento recurrente en sus actos y mítines. El mismo Mariano Rajoy incluye entre sus promesas electorales abolir el canon impuesto a determinados soportes para compensar a los autores por copia privada.

“El canon digital es el pasado, no está adaptado al mundo que vivimos y que no tiene ningún futuro”, dijo Rajoy durante un acto organizado por Nuevas Generaciones (NN.GG) en Santiago de Compostela en diciembre de 2007 contra el canon digital.

El líder del PP firmó entonces en la página de “Todos contra el canon”, que llegó a recoger dos millones de firmas, y aseguró estar a favor de “proteger a los creadores”.

Rajoy afirmó en el acto, en declaraciones recogidas por la agencia EFE, que era “discriminatorio que por adquirir material tecnológico haya que pagar, y además considere a las personas como sospechosos de hacer cosas que no permite la ley”.

Diez años después, el gobierno de Mariano Rajoy ha resucitado con un decreto ley este modelo.

El canon digital ha vuelto de la mano de un real decreto que sustituye al que declaró ilegal la justicia europea y posteriormente el Tribunal Supremo. De nuevo, en lugar de cargarse la compensación por copia privada a los presupuestos, se vuelven a tasar los dispositivos con capacidad para copiar como se hacía hasta 2011.

Según el texto del decreto aprobado en el Consejo de Ministros, “los deudores” de esta compensación serán “los fabricantes en España de equipos, aparatos y soportes”, aunque es bastante previsible que estos costes acaben repercutiendo en el precio que pague el consumidor.

El primer año tras la entrada en vigor de esta norma se aplicará de manera provisional una “solución transitoria” para la compensación. Estas tarifas parten del canon que se aplicaba en 2011, aunque “con las modificaciones necesarias para adecuarla a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Establece tanto el listado de equipos, soportes y materiales de reproducción, como las cuantías económicas con las que se deberán abonar a los autores.

Transcurrido un año se regulará mediante real decreto tanto la relación de equipos, como las cuantías, que se irán revisando periódicamente.

Estas son las cuantías que se recogen en el Real Decreto y que estarán en vigor hasta que se apruebe la primera normativa.

Reproducción de libros o similares:

Fotocopiadoras multifuncionales de inyección de tinta o láser y con capacidad de copia, impresión o escaneado: 5,25 euros por unidad.

Fotocopiadoras monofuncionales con capacidad de copia, impresión o escaneado de hasta 39 copias por minuto: 4,50 euros

Para grabadoras de discos:

De discos compactos específicos: 0,33 euros por unidad.

De discos compactos mixtos (vídeo/audio): 0,33 euros por unidad.

De DVD específicos: 1,86 euros por unidad.

De DVD mixtos o de CD y DVD: 1,86 euros por unidad.

Para soportes materiales de reproducción mixta, texto, sonora y visual o audiovisual:

CD no regrabables: 0,08 euros por unidad.

CD regrabables: 0,10 euros por unidad.

DVD no regrabables: 0,21 euros por unidad.

DVD regrabables: 0,28 euros por unidad.

Memorias USB y otras tarjetas de memoria no integradas en otros dispositivos: 0,24 euros por unidad.

Para discos no integrados idóneos para la reproducción de videogramas, textos y fonogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales (discos externos multimedia): 6,45 euros por unidad.

Para discos integrados en un equipo (discos multimedia internos), idóneos para la reproducción de videogramas, textos y fonogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales: 5,45 euros por unidad.

Quedan exceptuados los discos integrados en videoconsolas que no permitan realizar reproducciones amparadas por el límite de copia privada y en decodificadores de señales de televisión digital.

Para dispositivos portátiles reproductores de fonogramas, videogramas, textos o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales en formato comprimido (reproductores portátiles), y dispositivos electrónicos portátiles con pantalla táctil (tablets): 3,15 euros por unidad.

Para teléfonos móviles con funcionalidad de reproducción de fonogramas, videogramas y textos o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales (smartphones): 1,10 euros por unidad.

No podrá aplicarse más de una cantidad de las previstas en este apartado a los ordenadores, portátiles o de sobremesa, ni a los dispositivos portátiles o móviles.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley por el que se reforma el sistema de compensación equitativa por copia privada. El gravamen estaba pendiente de reforma después de que la Justicia Europea tumbara el canon aprobado por el Gobierno en 2012, que preveía el pago, con cargo a los Presupuestos del Estado, de una compensación a los autores por las copias de sus obras por los particulares.

El nuevo decreto ley recoge que la compensación a los autores por copias privadas se se cargará a los fabricantes de soportes de grabación, volviendo de esta forma al sistema vigente en la época del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Según explican a eldiario.es desde el ministerio de Cultura, la tasa se aplicará a “cualquier dispositivo que tenga capacidad de copia”, lo que abarca “desde teléfonos móviles, a tablets, discos duros o impresoras”.

Aunque el texto cargue el canon a los fabricantes, las empresas que venden estos aparatos pueden acabar repercutiéndolo a los usuarios a través del precio final.

El Real Decreto-Ley fija diferentes cuotas provisionales en función del soporte. Según la nota de prensa del ministerio, “por un teléfono móvil o smartphone los fabricantes abonarán 1,10 euros y por un dispositivo electrónico con pantalla táctil o tablet, 3,15 euros”.

La nota añade que se “gravan a los mismos aparatos que en los países de nuestro entorno, pero en una horquilla de cuantías más baja”.

Fuentes del ministerio explican a eldiario.es que con estos ejemplos se demuestra que son unas “cuantías mínimas” que se cargarán a los fabricantes y que ejemplifican, según Cultura, que son tarifas que “se ajustan a la realidad” porque reconocen que la cantidad de personas que realizan copias privadas “es residual”.

El ministerio asegura que se llevará a cabo una implantación escalonada para facilitar la introducción del nuevo modelo que “se espera que sea convalidado en el próximo Pleno del Congreso”.

Con el decreto, “las personas físicas y jurídicas que justifiquen el destino profesional de los equipos y soportes, además de las entidades del sector público, quedan exentas del pago”.

De esta forma se corrige uno de los defectos que tuvo el canon predecesor de la época de Zapatero y que le valió una sentencia de la Justicia Europea por aplicar indiscriminadamente el canon también a empresas y administraciones.

Según informa el Ministerio de Cultura, las entidades de gestión, con quienes se ha acordado este texto, tendrán que constituir “una persona jurídica” que se encargará de la gestión del canon: “comunicarán la facturación por este concepto a fabricantes y distribuidores de equipos” y gestionarán “las excepciones de pago y los reembolsos”.

Regreso al pasado

El canon se concibe como una sobretasa que se aplica al precio de todos los equipos electrónicos que sean capaces de almacenar copias de cualquier tipo de contenido, como vídeos, archivos de música o imágenes.

Con ese dinero se trata de compensar a los autores que, según la Ley de Propiedad Intelectual, tienen “derecho irrenunciable” a cobrar una cantidad por cada reproducción que se haga de su obra. Sobre el papel, lo pagan los fabricantes, pero como se vio durante el tiempo que estuvo en vigor el viejo canon digital, finalmente la tasa recae sobre los consumidores porque los fabricantes lo repercuten en el precio de los productos.

Los soportes se venían grabando por este concepto desde 1987, aunque por aquel entonces solo afectaba a cintas de casete o VHS.

El canon fue actualizado por el gobierno de Zapatero en 2006 a través de una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Para adaptarlo a las nuevas tecnologías se revisaron las tarifas y se decidió gravar cualquier soporte que pudieran servir para realizar copias de obras protegidas por derechos de autor. Así se ponía una tasa a los móviles, CD, DVD o las memorias USB para supuestamente compensar a los autores.

En aquellos años, en pleno boom de los formatos digitales, el canon digital se encontró con una gran oposición ciudadana. Gran parte de ella se agrupó en la plataforma Todos Contra el Canon, que movilizó a particulares, sindicatos y diversas organizaciones. Juntos llegaron a recoger más de dos millones de firmas para pedir su abolición. Su principal reclamación era que el canon era indiscriminado ya que se gravaba cualquier soporte independientemente de el uso final que se le diera.

La victoria de las entidades de gestión

En octubre de 2010, con la sentencia 'Padawan', el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal el canon digital por la forma en que se aplicaba a empresas y profesionales que utilizaban estos soportes para fines distintos a la copia privada.

En marzo de 2011, la Audiencia Nacional anuló la orden que regulaba las tarifas del canon digital por deficiencias formales en el reglamento. En diciembre de ese mismo año, el canon fue derogado definitivamente para ser sustituido por un nuevo sistema de compensación.

En 2012, el Gobierno de Rajoy aprobó repercutir el canon en los presupuestos del Estado, algo que según la Justicia Europea no se podía hacer ya que era una medida “indiscriminada” por la que acababan pagando todos los contribuyentes hicieran copias privadas o no.

Las entidades de gestión no estaban muy contentas con el cambio, ya que vieron como perdían una de sus principales fuentes de financiación. La nueva compensación cargada a los presupuestos, había supuesto que pasaran de ingresar 115 millones de euros en 2011 a solo 5 millones en los años siguientes.

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) recurrieron el decreto ante el Supremo que trasladó sus dudas “en torno a un problema de derecho de la Unión Europea” al TJUE.

El tribunal europeo tumbó en junio de 2016 esta forma de compensación porque violaba las normas comunitarias. Unos meses más tarde, el Supremo ejecutaba la sentencia.

Según informa el Ministerio de Cultura el texto aprobado en el Consejo de Ministros ha sido acordado con las entidades de gestión de derechos de la propiedad intelectual, que se muestran satisfechas porque finalmente han logrado recuperar, como reclamaban el antiguo sistema de compensación.

A lo largo de la pasada semana, las autoridades practicaron detenciones y registros en una investigación contra la llamada “rueda de las televisiones”, una serie de prácticas que han acabado reportando millones de euros en derechos de autor a un grupo reducido de personas, algunas de ellos completamente desconocidas por el gran público. La investigación también afecta a la SGAE, de cuya presidencia fue descabalgado Antón Reixa tras denunciar estas redes, y a diversas televisiones.

El ensayista David García Aristegui y la artista Ainara LeGardon se proponen enriquecer el debate sobre gestiones posibles de la propiedad intelectual en las artes con el ensayo SGAE: el monopolio en decadencia, una investigación que parte de su experiencia personal como socios de la entidad.

Su libro es una crítica a la actual gestión de la entidad que, a la vez, elogia la tarea realizada por asociaciones alternativas como DAMA o EKKI. 

De nuevo estalla un escándalo millonario que afecta a la imagen de la SGAE: el de una trama que acumulaba millones en derechos de autor usando testaferros y todo tipo de tretas.

Ainara LeGardon: Y desde SGAE se emite un comunicado que echa balones fuera. Por lo que sabemos, en la Asamblea General celebrada el día 2 tampoco se le dedicó tiempo a este asunto.

¿Qué valoración hacen de este tratamiento?

A. L.: De nuevo, SGAE mira hacia otro lado como si con ella no fuera esta cuestión. Ni una sola mención al asunto en el comunicado a los socios tras la asamblea. El escándalo mediático sobre la trama de la 'rueda' es nuevo, pero el asunto en sí era bien conocido desde hace años.

Nosotros mismos ya lo describimos en el libro y recogemos declaraciones de Antón Reixa, quien destapó la trama durante su breve mandato al frente de la entidad. Esperamos que, ahora que el asunto ya está en manos de la justicia, se tomen medidas reales y efectivas al respecto.

¿Está habiendo una cierta confusión al explicar la 'rueda', quizá porque consiste de varias prácticas que tienen relación pero no siempre coinciden?

A. L.: Hay que tener en cuenta que ha habido muchas ruedas en SGAE. Reixa ya explicaba en 2013 lo que fueron los “Tupamaros”. Incluso el propio José Miguel Fernández Sastrón [actual presidente de la entidad] declaraba en 2015 que “existen muchas 'ruedas' en esta entidad y algunas de ellas vienen rodando desde hace mucho tiempo”.

David García Aristegui: El de 'la rueda' es un concepto un poco polisémico. Por una parte, las televisiones montan sus propias editoriales musicales para recuperar el dinero que pagan por derechos de autor. Y eso es algo que resulta más problemático cuando las televisiones solo ponen música de sus propias editoriales.

A. L.: Y cuando las televisiones obligan a firmar contratos editoriales leoninos con quienes componen música para ellos.

D. G. A.: Pero hay más ruedas. Por razones históricas, la música que suena en las franjas nocturnas es la que más derechos de autor genera. Como la música no sonaba en prime time, se facilitaba que participar en programas como Los conciertos de Radio 3 generase más dinero en beneficio de los creadores y de la industria. Pero ha acabado sucediendo que la música que suena a las cuatro de la mañana en programas de tarot es la más lucrativa.

Tanto las editoras musicales de cadenas de TV como las tarifas por la música emitida en las madrugadas televisivas son parte de la 'rueda' que se investiga ahora.editoras musicales de cadenas de TV

D. G. A. Sí, esta 'rueda' es la de un grupo de personas que han percibido millones de euros a través de una engrasada maquinaria. Han registrado miles de canciones en un breve periodo de tiempo y también dicen ser autores de arreglos sinfónicos de obras en situación de dominio público, que ya están libres de derechos de autor. Colarlos en las televisiones de madrugada les servía para recibir grandes cantidades de dinero.

¿Creen que todo esto debe impulsar una renovación real de la entidad?

A. L.: Sin duda. Estamos percibiendo que algo empieza a moverse en ese sentido, aunque creemos que es necesario depurar responsabilidades y que el Ministerio realice una verdadera labor de control. Esperamos que nuestro libro aporte un granito de arena para que los músicos y la ciudadanía en general entiendan un poco mejor la gestión de la propiedad intelectual y se impliquen más.

En su ensayo, Reixa afirma que la SGAE debe desaparecer.

A. L.: Sí, nos llamó la atención que hiciese una afirmación tan categórica. Y lo dijo tres veces.

¿Están de acuerdo con él?

A. L.: Si no debe desaparecer, al menos debería refundarse y recuperar su función original: que los autores autogestionen sus propias obras.

D. G. A.: Yo no veo la desaparición de la SGAE como un fin en sí mismo, como se plantea desde algunas posturas abolicionistas de la propiedad intelectual. Si desaparece en beneficio de nuevos modelos como los de DAMA o EKKI, quizá sea interesante. En cambio, si los autores tienen que negociar con las televisiones, las radios o las editoriales tal y como se negocia con YouTube o Amazon...

De nuevo, parece que los cambios en la SGAE deben derivar de terremotos externos. ¿Por qué sucede esto?

D. G. A.: La participación de los músicos deja mucho que desear. Pero aunque hubiese más implicación, la organización se autoperpetúa: quien más se beneficia del modelo es quien recauda más y tiene más votos. Por ello, las instituciones también deben asumir responsabilidades y facilitar cambios.

En los últimos años, con los juicios a Teddy Bautista y compañía, se prometieron renovaciones. ¿Se produjeron?

D. G. A.: Los cambios fueron más bien cosméticos. Sí que se eliminó la figura del director de consejo, a través de la que Teddy Bautista se blindó, pero quedan muchas cosas pendientes. Tanto la SGAE como el gobierno tienen que hacer cambios derivados de directivas europeas.

Destacan que en España se funciona bajo una ley de 1987.

D. G. A.: Sí. Le han ido añadiendo cosas y se ha convertido en un pequeño Frankenstein. Creo que necesitamos una reforma profunda para conseguir unos derechos de autor justos y comprensibles. Y que también cumplan una función social. No hay que debatir solo la remuneración de los creadores, sino cómo toda la sociedad puede tener acceso a sus obras de la manera lo más justa posible. Y no hablo únicamente del entorno digital, porque también existen las bibliotecas públicas y otros espacios.

¿Es negativo que autores y editores coexistan en la misma asociación?

D. G. A.: En otros países están aún peor, pero debemos pensar que la SGAE es un sindicato vertical en un sentido estricto: coexisten patrones y trabajadores. No demonizamos a las editoriales, pero tienen unos intereses legítimos que a veces chocan con los de los autores. Y acumulan un enorme número de votos en la asamblea.

Otro punto polémico de la gestión actual de SGAE es la limitación al operar con licencias Creative Commons.

A. L.: Yo misma no puedo elegir dejar una de mis obras musicales fuera de la gestión de la entidad usando licencias libres. Me gustaría tocar en una casa okupa, o en una pequeña librería, sin tener que justificar que ese día trabaje gratis o no cobre mis derechos de autor. Esta falta de libertad implica que se engrose una parte de la recaudación de la SGAE que está pendiente de identificar y que es millonaria. Es otro de los aspectos oscuros de la gestión de la entidad. Se recauda en nombre de artistas que no son socios y que, en algunos casos, no tienen ninguna voluntad de serlo.

También comentan que las licencias libres no encajan bien en la legislación española, que hay problemas técnicos y no solo de voluntad política.

D. G. A.: La inmensa mayoría de juristas, con excepciones como David Maeztu, afirman que las licencias libres no encajan en el ámbito europeo de los derechos de autor. Se podrían hacer licencias análogas, adaptadas a nuestro marco.

Escriben que la SGAE funciona bajo un régimen privilegiado heredero del franquismo.

A. L.: La SGAE puede fiscalizar las cuentas, el taquillaje de un teatro, por ejemplo, como si formase parte de la Administración pública. Esto viene de la época franquista en que queda como única entidad gestora de derechos de propiedad intelectual de la creación. Leyendo un ensayo publicado en 1974, La música en cifras, comprobamos también que muchos problemas de esa época siguen vigentes hoy. Por ejemplo, se denunciaba que la SGAE trata de cobrar por obras de dominio público.

Se han vivido momentos de película de Berlanga. Después de que la Guardia Civil entrase en la sede de la entidad y se destapase un gran agujero económico, una candidatura continuista se presentó a elecciones bajo el nombre No Estábamos Tan Mal.

A. L.: Algunas personas nos han dicho que el libro parece una novela negra. Y quizá sí sea una novela negra con toques surrealistas.

D. G. A.: En todo caso, hemos intentado no deslizarnos hacia el chascarrillo. Para que el resultado fuese completo, teníamos que abordar las relaciones de la entidad con el PSOE, con el PP, con la Casa Real. Pero no nos hemos querido regodear.

A. L.: Para eso ya ha escrito su libro Pedro Farré: Cazado. El hombre de la SGAE que sabía demasiado, donde ahonda en las relaciones de la sociedad con el poder político.

También hablan de entidades de gestión alternativas a la SGAE pero que ya funcionan. ¿Qué mejoras aplican?

D. G. A.: Un socio, un voto. En DAMA funcionan bajo ese principio y nadie se ha muerto. Y DAMA no es ninguna pesadilla asamblearia: está quitando todos los acuerdos internacionales a la SGAE en el ámbito audiovisual.

A. L.: También destacaría la posibilidad de gestionar los derechos de las obras y no un repertorio completo, pudiendo dejar fuera creaciones que quieres gestionar en la linea de las Creative Commons. La plantean tanto DAMA como EKKI.

D. G. A.: Estas entidades son interesantes porque demuestran que se puede operar de una manera más democrática. A la larga, la posición inmovilista de la SGAE es suicida.

A. L.: En el prólogo de nuestro libro, Servando Rocha, que además de escritor y editor es abogado, dice que la entidad debería ver nuestro libro como un informe, como una propuesta, y no como un ataque.

D. G. A.: PriceWaterhouseCoopers les hubiese cobrado cientos de miles de euros y nosotros se lo hemos hecho gratis. Además, hemos intentado sacudirnos un poco la fraseología difícil que usan los expertos en propiedad intelectual.

Algunos de los episodios narrados en el libro suenan a la estrategia tan neoliberal de usar jerga ininteligible y escenificar una ausencia de alternativas.

A. L.: Reixa afirmó que lo que es justo tiene que ser comprensible. Cuando le explicaron cómo se efectúa el reparto de derechos, un comité le enseñó un documento en Powerpoint hasta dieciocho veces.

D G. A.: Y dice que no lo acabó de entender del todo.

El funcionamiento de los gigantes de Internet también es opaco, además de generar una gran acumulación de capitales.

A. L.: Yo no sé cuánto pagan estas plataformas, no es fácil llegar a cifras. Como artista autogestionada, sé que hay derechos que no estoy percibiendo. A mí no me importa que cambie el modelo, pero lo está haciendo de manera desigual.

D. G. A.: En Internet hay los mismos intermediarios que antes y otros nuevos que son imposibles de sortear. Estamos en un momento de gran desregulación. Con las radios sucedió una cosa parecida: la gente emitía como le daba la gana y había un gran debate sobre qué pasaba con los derechos de autor, hasta que eso se regularizó.

Pero dicen que en Internet no se pueden poner puertas al campo.

D. G. A.: Si hago una página web mimetizando a Amazon, ¿no me la cierran en tres horas? Sí que se puede. Y sí que la SGAE puede hacer un reparto muchísimo más justo. Y sí que se podrían llegar a acuerdos mucho mejores con todas las plataformas digitales. Pero ahora, en paralelo a este monopolio en decadencia de la SGAE, tenemos un oligopolio en auge formado por Google, Amazon, Spotify...

Los artistas afrontan más problemas que la gestión de los derechos de autor. Y aquí entra en escena esa Unión Estatal de Músicos, Intérpretes y Compositoras a la cual ambos dan apoyo. ¿Visibilizará que el gremio está formado principalmente por trabajadores precarios?Unión Estatal de Músicos, Intérpretes y Compositoras

D. G. A.: Sindicatos de músicos hay en todo nuestro entorno, la anomalía era nuestra. Ver al artista como una persona vaga que no quiere trabajar, en cambio, es bastante internacional. No sé si la Unión lo cambiará. Eso sí: muchos músicos no quieren caer en eso de “o triunfas con 27 años o te vas para casa”. Se debe poder trabajar de manera digna en salas de aforo pequeño o mediano.

A. L.: Hay que tener paciencia, queda mucho camino por recorrer. Pero detecto un despertar de la conciencia colectiva.

Intérpretes que cobraban el 0% por tocar canciones de dominio público mientras que televisiones públicas como TVE y Canal Sur se llevaban un porcentaje por la emisión de estos temas. Canciones puestas a nombre de familiares y personas del entorno de los implicados en la trama de la “rueda” o composiciones firmadas por hasta ocho personas para ser usadas como fondos musicales que nadie escuchaba.

Son los ejemplos que se recogen en los tres autos de prisión provisional comunicada, eludible bajo fianzas de 100.000 euros, que dictó el miércoles el juez Ismael Moreno contra tres socios de la SGAE: el pianista gaditano Manuel Carrasco, el compositor Fernando Bermúdez y el productor Rafael Tena.

Los tres fueron detenidos, junto a otras 15 personas, en el marco de una operación donde se investiga un fraude, conocido como “la rueda de las televisiones”. Con estas prácticas se obtenían ingresos millonarios por los derechos de autor de canciones emitidas en programas nocturnos de televisión mediante el registro “fraudulento” de temas musicales, en ocasiones de dominio público, supuestamente modificados. Se registraban como si fueran obras nuevas y al emitirse generaban derechos de autor como temas originales, aunque en la mayor parte de los casos no había ningún cambio sustancial, según señala el juez.

Los autos recogen los tejemanejes de los detenidos a la hora de realizar los registros de estas obras. Las sintonías plagiadas se ponían a nombre de familiares y testaferros sin conocimientos musicales, y bajo diferentes editoriales pertenecientes a los investigados.

Las televisiones tenían un doble papel. Por un lado, el juez señala que podría haber “connivencia” de varios responsables de contratación en las televisiones, mediante el pago de comisiones, para que se difundiera el repertorio musical fraudulento, “estando claramente al servicio” de los investigados.

Además, entre los beneficiarios aparecen varias televisiones como editoras. El juez considera que “esta cesión de derechos es la verdadera motivación de las cadenas de TV para emitir los repertorios musicales de los investigados, ya que en virtud de la misma, se convierten en titulares de derechos y por ende receptores de una cantidad económica por parte de la SGAE como consecuencia de sus propias emisiones, retorno”.

Estos son los ejemplos que se recogen en los autos que dictó el juez Ismael Moreno contra tres socios de la Sociedad General de Autores. La información fue obtenida del departamento de Registro de Obras de la SGAE.

Ah donate il caro sposo

Ah donate il caro sposoGénero: sinfónicos.

Gloria Tubío Gragera y Ana María Beltran Lassaletta (madre de Manuel Carrasco y mujer de Fernándo Bermúdez respectivamente) aparecen como “arregladoras” del tema. La obra es de Gioachino Antonio Rossini, compositor italiano fallecido en 1868.

Por los “arreglos” a este tema, se llevaban el 25% cada una, siendo el 50% restante para Canal Sur, según la liquidación por Derechos de Ejecución.

Consta como intérprete Sandra Ferro, soprano española, que pese a desarrollar esa labor, tiene reflejado un 0% en el reparto.

Pobre de mí

Pobre de míGénero: canción.

La obra aparece compuesta por Ana María Siguero Lasa, mujer de Antonio Arizaga. Comparte los derechos a un 50% con la empresa de Fernando Bermúdez (Edurodelta). El nexo de unión entre ambos: Bermúdez y su mujer, y Arizaga y su esposa, gestionaban y administraban juntos otra empresa llamada Cesión de Autores Musicales SA.

Marcha con variaciones

Marcha con variacionesGénero: sinfónico.

En esta sinfonía intervienen la exmujer de Carrasco (Elena Zubareva Zubareva) y Nuria Blanco Morales, hija de Antonio Blanco (otro de los investigados). RTVE aparece como editora. Entre los tres se reparten el 100% de los derechos, mientras que las dos personas que figuran como intérpretes del tema no perciben nada.

Adagio in E Major KV 261

Adagio in E Major KV 261Género: sinfónico

Este Adagio fue creado por el célebre compositor Wolfgang Amadeus Mozart, cuya obra es de dominio público. La ley española recoge que una obra queda libre de derechos cuando han pasado más de 70 años desde la muerte de su autor.

En este caso el investigado Fernando Bermúdez recibe el 75% correspondiente a un 50% de la parte autoral (como “arreglador”) y un 25% de la parte editorial a través de su empresa Eurodelta, compartida con Manuel Carrasco. El 25% restante es para RTVE que también figura como editora.

Aquí Tranceminasa

Aquí TranceminasaGénero: Fondos musicales.

Según el comunicado que difundió la Policía cuando se dio a conocer la operación, determinadas televisiones, para maximizar las ganancias que pueden obtener en concepto de “retorno” por parte de la SGAE, extendieron la programación de la música “fraudulenta” a otras franjas horarias fuera de la madrugada.

Esto lo hacían colando en programas emitidos en prime time músicas de fondo, calificada por la policía como “música inaudible”. Las melodías están supuestamente de fondo en los programas, pero los espectadores no la perciben. A pesar de ello, se declara como música emitida y se generan los consecuentes derechos de autor.

En esta obra es un ejemplo de música calificada en el registro como “música de fondo”. Sus compositores son Rafael de Tena y Fernando Pequeño Torres. Entre los dos se repartían en 50%. El 50% restante iba para Telecinco que figura como editor.

Sal Veredicto

Sal VeredictoGénero: Fondos musicales.

En este otro ejemplo de fondo musical, los compositores son Juan Felipe López Márquez con Fernando Pequeño Torres, cuyo reparto son 15% para cada uno. Un 20% es para una tercera compositora, Marta María Gutiérrez Mayor y el 50% para Telecinco.

Banda Varasil

Banda VarasilGénero: Fondos musicales

Hasta ocho personas cofirman la autoría de este fondo musical, ejemplo de los supuestamente utilizados durante horas y horas en franjas de máxima audiencia como fondo de programas y que sonaban por debajo del umbral perceptible por los televidentes.

Rafael Tena recibe en concepto de reparto un 2,5% como compositor. Según recoge el auto, en el reglamento de la SGAE no están permitidas coautorías en porcentajes inferiores al 5%. Junto a él, figuran otros siete autores entre los que se repartían el 50% percibido. El otro 50%, era para Telecinco, que figura como editor.

La Asamblea de la Sociedad General de Autores y Editores ha aprobado el informe de gestión de la dirección y las cuentas de 2016 en medio de la tormenta desatada por el caso de la “rueda”.

Según informa la Sociedad en una nota de prensa, un 66,14% de los socios de la SGAE han aprobado las cuentas correspondientes al ejercicio económico 2016 De un total de 10.945 votos, 7.239 (66,14%) han sido a favor, 1.813 en contra (16,56%) y 1.893 se han abstenido (17,30%). El Informe de gestión también ha sido aprobado. Se han emitido 10.889 votos, de los que 6.290 han sido a favor (57,76%), 3.140 en contra (28,84%), y 1.459 abstenciones (13,40%).

La votación tenía lugar dos días después de que se ordenara la detención de 18 personas por su participación en la “rueda de las televisiones”, el supuesto fraude con el cobro de derechos de autor de piezas musicales emitidas en televisión.

Según informa la agencia EFE, el presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, ha abierto la asamblea refiriéndose a la causa por la que la sede de la entidad fue registrada en busca de información.

Sastrón ha asegurado que en cuanto conocieran el sumario del caso, “la junta directiva se reunirá y tomaremos todas las medidas que proceda contra cualquier práctica que no sea honesta”.

En esta Asamblea General Ordinaria podían participar todos los socios con derecho a voto, que son unos 20.000 de los más de 117.000 que hay en la entidad. Solo tienen derecho a voto aquellos que alcanzan cierta recaudación. Hay miles de socios –la mayoría– que no votan porque no llegan al mínimo, y otra parte –los que más recaudan– que pueden acumular hasta un máximo de 30 votos por persona. El número de votos es proporcional a los ingresos.

La guerra abierta en la SGAE a cuenta de la “rueda” hacía temer que los partidarios de este sistema movilizaran los votos suficientes para tumbar las cuentas de la entidad y reprobar la gestión del actual presidente, José Miguel Fernández Sastrón.

De hecho el juez Ismael Moreno, señalaba en su auto que había indicios que apuntaban a que una de las investigadas, N. R. de Atresmedia , “orquesta un séquito de seguidores miembros de la SGAE, algunos de ellos sus altos cargos”.

Rodríguez, según el auto, había llevado reuniones con representantes de la SGAE con la “intención de hacer un frente común” para defender la “rueda” e incluso había planteado “provocar la expulsión del presidente de la SGAE por no beneficiar más sus intereses”.

Finalmente, según informan fuentes presentes en la votación a eldiario.es, la Asamblea se ha desarrollado sin altercados y tanto las cuentas como la gestión se han aprobado por amplia mayoría.

La “rueda de las televisiones” tenía en las cadenas a varios aliados que hacían todo lo posible para perpetuar un fraude que podría ascender a 100 millones de euros. Uno de estos supuestos responsables, según el auto judicial al que ha tenido acceso eldiario.es, es la encargada de las contrataciones musicales del grupo Atresmedia.

Según el citado auto, N.B.R. es presunta autora de los delitos de “organización criminal, corrupción en los negocios y estafa” y supuestamente “la persona que dirige la actuación de los principales miembros de la rueda para la perpetuación del sistema”. Su objetivo principal era, según el texto judicial, aumentar por todos los medios los porcentajes de retorno que obtienen las cadenas al emitir repertorio sobre el que han adquirido derechos de autor.

Además, la resolución apunta a que en el último periodo investigado “está llevando la voz cantante de los miembros que participan en la rueda para recopilar todos los votos posibles con la delegación de firma en blanco y ser utilizados para impugnar una próxima asamblea” de la SGAE.

El sistema de votación de la SGAE hace que el número de votos sea proporcional a los ingresos, de forma que los que tienen más recaudación tienen derecho a voto en los órganos de decisión de la entidad. Además, los socios pueden delegar sus votos.

El escrito señala que tanto N.B.R. como otros investigados, tienen “información de primera mano” de lo que ocurre en la SGAE. La directiva de Antena 3 “imparte instrucciones a personas que trabajan en distintos departamentos de la SGAE sobre cómo han de comportarse”.

Añade el auto, que “aparecen indicios de que orquesta un séquito de seguidores miembros de la SGAE, algunos de ellos sus altos cargos”.

La responsable de contratación y emisión de contenidos para Atresmedia, que incluye Antena 3, La Sexta, Nova y Neox, aparece descrita como “un referente” para diferentes editoriales y miembros del Colegio de Pequeño Derecho de la SGAE.

La estructura de la SGAE se organiza en cuatro colegios. De los 39 miembros del consejo de dirección de la SGAE, hay seis de Gran Derecho (artes escénicas), nueve de obras audiovisuales, ocho de editores musicales (discográficas) y 16 de Pequeño Derecho (televisiones) que es el que más representantes tiene y por lo tanto, más votos.

Según el auto, la directiva había llevado reuniones con representantes de la SGAE con la “intención de hacer un frente común” para defender la “rueda” e incluso había planteado “provocar la expulsión del presidente de la SGAE por no beneficiar más sus intereses”.

El auto señala que “mantiene una estrecha vinculación con F.I. [miembro de la Junta Directiva de la SGAE] y A.M. [socio de F.I.] ” a quienes, siempre según el escrito firmado por Ismael Moreno, “parece beneficiar en las emisiones y producciones musicales que se realizan en su cadena”.

Tuvo además hasta el año pasado un cargo de dirección en una empresa perteneciente a uno de los investigados. Gran parte de los repertorios que maneja esta empresa son emitidos en las cadenas perteneciente al Grupo Atresmedia, según el escrito del juez.

Los presuntos cabecillas de la trama son, entre otros, R.T., M.C. y F.B.. El juez dictó este miércoles prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros los tres tras prestarles declaración.

El “entramado” creaba “música de baja calidad” y registraba “falsos arreglos” sobre obras musicales de dominio público para después ponerlas a nombre de testaferros y empresas editoriales. Además, introducía las canciones en “aquellas franjas horarias en las que se pueden maximizar los beneficios”.

El objetivo era emitirlas en programas nocturnos de diferentes cadenas de televisión y generar derechos de autor, es decir, un enriquecimiento “injusto” a través del pago de estos derechos realizado por la SGAE en sus liquidaciones.

Para conseguir esos contratos de emisión de sus piezas musicales contaban con personas en el seno de las televisiones que los facilitaban a cambio de la cesión de determinados porcentajes de derechos o/y una contraprestación económica.

Fuentes de las empresas citadas en el auto desmienten las acusaciones manifestadas por el juez y afirman que el sistema de contratación al que se denomina como “la rueda” era perfectamente legal y había sido considerado como tal por una sentencia judicial anterior. La intervención de las televisiones en la emisión de esos contenidos estaba justificada para intentar reducir las cantidades exageradas que la SGAE les exigía cada año –una cantidad fija con independencia de los contenidos musicales reales emitidos por las televisiones–, y que a lo largo de años había originado varios pleitos judiciales entre esas empresas y la SGAE.

Canal Sur y Telemadrid

En el escrito judicial aparece también como “presunto autor de los delitos de organización criminal, corrupción en los negocios y estafa” C.S., que es el encargado de las contrataciones musicales en Canal Sur.

“Por mediación del puesto que ocupa en la cadena autonómica resulta ser una pieza imprescindible para obtener contratos” con ella, señala el escrito, que indica que Salazar actúa de “puente y nexo con otras cadenas televisivas” para favorecer al repertorio que controlaban dos de los implicados, M.C. y F.B.

La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha comunicado a C.S. responsable de contrataciones en Canal Sur, el inicio de un expediente informativo por estar entre los investigados en la operación.

Según informa la edición en Andalucía de eldiario.es mientras se resuelve el expediente le han apartado de sus funciones.

También aparece como “presunto autor de delitos de organización criminal, corrupción en los negocios y estafa” F.J.V., encargado de las contrataciones de música de Telemadrid.

El auto señala que F.J.V., que tenía relación personal con los implicados en la trama, recibía una “contraprestación económica” por favorecer las emisiones de estas empresas editoriales.

Ante la operación judicial y policial, el director general de Radio Televisión Madrid (RTVM), José Pablo López, ha ordenado este jueves la suspensión inmediata y cautelar de todos los programas musicales que se emiten en Telemadrid y laOtra en la franja nocturna.

Según Vertele, se han suspendido los espacios Sonámbulos, Al son de la noche, Con duende, Noche en claro de Luna y laOtra sinfónica.

El escándalo de la “rueda de las televisiones” estallaba, tras años de ser sobradamente conocido en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), a las puertas de la celebración de su Asamblea. Este jueves, la entidad someterá a votación las cuentas de 2016. Pero el resultado significará mucho más: será un sí o no a la gestión, un sí o no a la actual presidencia de José Miguel Fernández Sastrón, un si ganan o pierden los representantes de la “rueda”. Y no está claro quién ganará la batalla, a pesar de la investigación judicial que ha puesto de relieve el fraude en los derechos de autor de los programas nocturnos de televisión.

En esta Asamblea General Ordinaria pueden participar todos los socios con derecho a voto, que son unos 20.000 de los más de 117.000 que hay en la entidad. Solo tienen derecho a voto aquellos que alcanzan cierta recaudación. Hay miles de socios –la mayoría– que no votan porque no llegan al mínimo, y otra parte –los que más recaudan– que pueden acumular hasta un máximo de 30 votos por persona. El número de votos es proporcional a los ingresos.

El fraude de la “rueda de las televisiones” hacía que socios completamente desconocidos como autores tuvieran mucho poder en cuanto a número de votos en la SGAE, ya que acaparan bajo su nombre una gran recaudación lograda con este sistema. La “rueda” generaba grandes ganancias con música “de baja calidad” o de dominio público con falsos arreglos que se emitía de fondo o en programas de madrugada en connivencia con las cadenas.

De esta manera, los falsos autores copaban la lista de los que más recaudaban en derechos de autor y consecuentemente, acaparaban los votos. Además, ponían a nombre de familiares y testaferros derechos musicales, con lo cual acababan controlando las decisiones en la sociedad, según confirman varias fuentes cercanas a la SGAE a eldiario.es.

Entre los 18 detenidos por la trama de los falsos arreglos musicales, tres de ellos, socios de la SGAE, quedaron este miércoles en libertad bajo fianza de 100.000 euros. Los tres imputados son el pianista gaditano Manuel Carrasco, el compositor Fernando Bermúdez y el productor Rafael Tena, hermano del fallecido cantante Manolo Tena. Carrasco y Bermúdez son socios fundadores de la productora musical Eurodelta Music, dedicada a la selección de composiciones musicales para la edición de vídeos musicales y cuya implicación en la trama fue adelantada por Vertele en 2013.

Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, el juez Ismael Moreno les imputa delitos de corrupción en los negocios, estafa y organización criminal. Está previsto que el resto de detenidos en esta trama vaya pasando a disposición judicial en los próximos días.

Si pagan a tiempo los 100.000 euros de fianza, podrían llegar a la Asamblea y participar en la votación. Y aunque es poco previsible que se presenten allí, no significa que si no están, no voten.

La votación en la Asamblea, que se celebra a puerta cerrada, puede ser presencial, por voto electrónico o el socio puede delegar sus votos, según explican fuentes de la SGAE.

De este modo, aunque los detenidos en la trama no asistan a la votación, podrían haber delegado sus votos, con lo que la Asamblea seguiría estando copada por los defensores de la “rueda de las televisiones”.

A vueltas con la “rueda”

Según cuentan fuentes cercanas a la SGAE, el actual presidente, José Miguel Fernández Sastrón, preparaba modificaciones para poner ciertos límites a la “rueda de las televisiones”. Los implicados en la rueda planeaban tumbar sus cuentas en la Asamblea para evitar que se pusiera fin al chollo de la rueda. La operación contra los implicados en el fraude estallaba, tras cuatro años de investigaciones, a dos días de que se celebrara el encuentro.

La entidad ya había intentado en varias ocasiones acabar con el problema. Cuando se conoció el escándalo en 2013 y el entonces presidente Antón Reixa denunció estas prácticas, se abrieron algunos expedientes, pero todo quedó en nada.

Reixa llegó a un acuerdo con algunas televisiones para que el “retorno” (el dinero que les llegaba de vuelta por derechos de autor que gestionaban tras haber pagado por el uso del catálogo de la SGAE) tuviera un máximo del 30%, pero el resto de televisiones lo demandaron ante Competencia.

Además, durante un año, se cambiaron las tablas de recaudación para que la franja nocturna no tuviera tanto valor. Pero el cambio fue revertido por la oposición de los participantes de la “rueda” que acababan controlando la entidad.

La actual junta directiva estaba esperando ahora un laudo de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) para que mediante un arbitraje pusiera limites en estas franjas horarias. Las mismas fuentes recuerdan que el mismo Sastrón estuvo señalado como uno de los principales defensores de la trama, por lo que creen que estos cambios que pretendía impulsar eran un mero “lavado de cara”.

La votación en la Asamblea se celebrará a puerta cerrada. Según el orden del día, se someterán a voto las cuentas anuales y el balance de gestión. Fuentes de la SGAE señalan que, aunque se tumben las cuentas, no se esperan consecuencias a corto plazo. 

Pero hasta que se conozcan los resultados puede que pasen horas. Es previsible que el turno de “ruegos y preguntas”, dada la coyuntura, se alargue. Más de uno tendrá algo que decir ante la enésima guerra desatada en la entidad a cuenta de la “rueda”. Y es que según reconocen varios socios de la SGAE, “los que pierden con todo esto son los músicos de verdad” a los que este entramado les acabó robando el voto y la voz.