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El canon de AEDE no ataca de nuevo

Parafraseando al gran Mark Twain, la noticia de la resurrección de la famosa tasa Google ha sido muy exagerada

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Un día más, el mundo se ha salvado gracias a...

Antes de nada, bajar la alarma: nadie ha pedido a Menéame 2,5 millones de euros al año. Al menos, de momento. "La realidad es que hay una tasa publicada en la web de CEDRO desde julio de este año -explica Daniel Seijo, consejero delegado de Menéame, a eldiario.es- y han echado las cuentas con nuestro número de usuarios. Pero no nos han llamado, ni nosotros a ellos".

El documento de CEDRO establece unas tarifas de "las licencias basadas en el ejercicio de derechos exclusivos" de reproducción, distribución y puesta a  disposición de fragmentos de obras protegidas de su repertorio. En el documento hay muchos precios distintos; uno para administraciones públicas (10,31 euros anuales por empleado), empresas (10,54 anuales por empleado), bibliotecas, universidades, etc. En el apartado 20 está la tarifa de "prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos".

El precio que marca la gestora es de 0,05044854 euros diarios por usuario único. Las cuentas que se han publicado son hipotéticas, el resultado de multiplicar esa tarifa por los 139.000 usuarios que tuvo Menéame en 2016. Salen 7.012 euros al día, más de dos millones y medio de euros al año. Pero, aunque el documento dice que "la tarifa entrará en vigor el 15/7/2016", la gestora no se ha puesto en contacto con Menéame para cobrarles nada. Y, si lo hiciera, probablemente daría igual.

Tasa unilateral, arbitraria y probablemente inútil

En sus declaraciones a El Confidencial, el portavoz de CEDRO dice que quieren "hacer efectivo el cobro de la remuneración estipulada por ley". Ocurre que la ley no establece una remuneración, ni explica en qué casos concretos debe cobrarse, ni cómo.

eldiario.es ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con CEDRO y con el Ministerio de Cultura para reflejar sus impresiones.

"Por ley no se establece ninguna cuantía, por lo tanto son los propios autores los que deciden lo que van a cobrar", explica el abogado Carlos Sánchez Almeida, especializado en derecho digital y propiedad intelectual. Y los autores -o, en este caso, la sociedad gestora que los representa- puede establecer el precio que le venga en gana, otra cosa es que lo puedan cobrar.

La ley establece que "la metodología para la determinación de las tarifas generales se aprobará mediante orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos", explica Almeida. "En el momento que les reclamen, Menéame debe dirigirse al Ministerio de Cultura a pedir una mediación".  En ese momento verán que la tarifa, además, es ilegal.

"Esta tarifa infringe el apartado 157-1b, que establece que el importe de las tarifas se establecerá en condiciones razonables, atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del usuario, y buscando el justo equilibrio entre ambas partes", dice el abogado. Es decir, que no puede ser que Menéame tenga que pagar mucho más de lo que gana. Que es exactamente el caso: "el beneficio total de 2016 equivale a un día de canon -asegura Seijo. - Duraríamos un día".

Menéame ha boicoteado a AEDE desde 2015

El chiste final es que Menéame ni siquiera enlaza medios englobados en AEDE (la patronal de los editores de prensa). Los usuarios decidieron hacerles el vacío cuando el canon entró en vigor, imitando en cierto modo la política de Google: si nos castigas por darte visibilidad, te apagamos la luz.

"Nosotros estamos en contra del boicot porque el boicot a medios va en contra de nuestra filosofía -dice Seijo- que es la diversidad informativa, pluralidad de medios, la posibilidad de trafico para medios más pequeños". Pero en Menéame manda el usuario, y el usuario quiere castigar a AEDE. "Qué extraña paradoja, tener que pagar un canon para no enlazar a quien quiere que le paguemos para ser enlazado".

El patrón amenaza con repetirse en Europa. "Hacen una ley contra Google que puede acabar con un montón de empresas y economías digitales -se lamenta Seijo-. Pero que haya herramientas de democracia dentro de los medios es relevante para que cumplan su papel de cuarto poder".

La principal diferencia entre el canon español y la propuesta que puso en la mesa la Comisión Europea es que no es obligatorio cobrar.  "No estoy de acuerdo con ella pero comparada con la española es positiva", dice Seijo. "Aquí la ley me prohíbe, por ejemplo, llegar a un acuerdo con eldiario.es para enlazaros".

"Este canon responde a la presión de la misma prensa que recibe la publicidad institucional del gobierno", dice Almeida, que no cree que se ponga nunca en funcionamiento, especialmente con estas tarifas "unilaterales y calculadas sin atender de modo alguno al perjuicio o al beneficio del que representa".

El argumento es que el gobierno en su momento se extralimitó legislando en una materia que no esta aprobada por el Parlamento Europeo, y que probablemente no lo esté nunca. Poner trabas al enlace en Internet puede vulnerar la libertad de expresión y el derecho de creación literaria, científica artística o técnica". Europa tiene la última palabra. Hasta entonces, el canon AEDE sigue no-muerto, soñando con la resurrección.

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