ANÁLISIS

Dos modelos de gestión de crisis luchan por dominar Europa: el chino y el coreano

Un punto de desinfección de coronavirus

En España, un real decreto limita la circulación de ciudadanos en su territorio a partir de este lunes. Supone una suspensión temporal de los artículos 13 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantizan la libertad de movimiento, manifestación y reunión pacífica, entre otros. Las cifras justifican la excepción: España es el segundo país del mundo con más nuevos casos, con 9.191 infecciones, 329 muertos y 540 recuperados. La tasa de letalidad es de un 3%. Muchos se preguntan si el gobierno podría hacer lo mismo para vigilar el cumplimiento del Estado de Alarma decretado por el Gobierno el pasado sábado, para el que se contemplan sanciones de prisión y multas de hasta 600.000 euros. Más cuando, el pasado noviembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) rastreó los desplazamientos de todos los españoles durante ocho días, con la asistencia de las principales operadoras móviles, Movistar, Vodafone y Orange, para realizar un estudio sobre movilidad. "En un estado de alarma u otros más intensos como excepción y sitio -−explica el abogado riojano David Maeztu Lacalle, especializado en derecho en Internet y socio del despacho 451.legal− los derechos fundamentales pueden verse suspendidos y este podría ser uno".

Según Andrea Jelinek, cabeza del Consejo Europeo de Protección de Datos (EDPB), la crisis sanitaria no debería suponer un abandono del Reglamento general de protección de datos (GDPR), porque este admite la suspensión y restricción de ciertos derechos durante una pandemia. "Las leyes de protección de datos (como la GDPR) no entorpecen las medidas tomadas contra la pandemia del Coronavirus", decía en un comunicado oficial publicado este lunes 16 de marzo. La presidenta de las autoridades de control de todos los Estados miembros de la Unión Europea ha explicado que los estados deben hacer uso de esas excepciones siguiendo los escrupulosos criterios y contextos marcados por la institución, sin renunciar a la protección de los derechos ciudadanos.

Jelinek recuerda que la GDPR ofrece la base legal para que los empresarios y las autoridades sanitarias competentes puedan procesar datos personales en el contexto de la epidemia sin la autorización del sujeto de esos datos. "Esta ley se aplica por ejemplo cuando el procesamiento de datos es necesario para los empresarios por razones de interés público en el área de la salud o para proteger intereses vitales o cumplir con su obligación legal". Se refiere a las contempladas los Artículos 6 y 9 de la normativa.

Excepciones a la GDPR: empresarios y autoridades

El Artículo 6, sobre la "Licitud del tratamiento", establece que el uso de los datos será lícito cuando sea "necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento". El Artículo 9, relativo al "Tratamiento de categorías especiales de datos personales", incluye entre sus excepciones si "el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional".

Sobre los datos de telefonía móvil, como la geolocalización, "las leyes nacionales que implementan la Directiva de ePrivacidad establecen el principio de que los datos solo pueden ser usados por la operadora cuando son anónimos" y que "las autoridades deberán optar primero por usar la información anonimizada para elaborar, por ejemplo, informes sobre la concentración de móviles en ciertos lugares". Sin embargo, el Artículo 15 del reglamento ePrivacy sobre comunicaciones electrónicas permite a los estados miembros introducir medidas legislativas para la protección de la seguridad nacional y la seguridad pública" siempre que seas necesarias, apropiadas y proporcionadas dentro de una sociedad democrática". En este contexto, dice una nota al pie, la salvaguarda de la salud pública queda bajo la jurisdicción local de los estados miembros. Algunos países ya lo han hecho, como Italia.

La Ordenanza de Protección Civil No. 630 del gobierno italiano levanta las restricciones para el tratamiento de datos personales "necesarios para las funciones de protección civil". Estos incluyen datos de origen étnico o racial, opiniones políticas, orientación sexual, filosófica o religiosa, afiliación sindical o antecedentes. También datos genéticos, datos biométricos que identifican individuos de manera única, además de los datos de salud. El grupo de Agencias Regionales de Salud de Francia, por su parte, publicaron un comunicado a finales de febrero donde se establecía el intercambio de datos relevantes entre agencias vinculadas al control de la pandemia, pero siempre sujeto a los parámetros de la GDPR.

Alemania cuenta con una Ley de Protección de Infecciones (Infektionsschutzgesetz o IfSG) que autoriza a los departamentos de salud a procesar datos personales durante una pandemia, pero de momento no parece haber sido invocada. Por otra parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acaba de autorizar a la agencia estatal de inteligencia a usar el registro de movimiento de todos los teléfonos móviles para rastrear los movimientos de todos los infectados e identificar a aquellas personas que puedan haber sido contagiadas. La mera existencia de ese recurso ha dejado perplejo a Malkiel Blass, fiscal general adjunto entre 2004 y 2012, que declaró en el New York Times que la disolución del parlamento el pasado diciembre dejó a Netanyahu durante demasiado tiempo sin supervisión legislativa: "Incluso en crisis de esta naturaleza, los derechos civiles en una democracia deben ser preservados. Entiendo que hay que prevenir la propagación del contagio. Pero es inconcebible que los derechos civiles sean pisoteados sin restricciones".

China y Corea del Sur: dos modelos de gestión opuestos

Si las cifras oficiales son veraces, el virus que nació en un mercado de animales vivos en Wuhan a finales de 2019 y se expandió rápidamente hasta infectar 58 países parece haber sido controlado en su país de origen, ofreciendo un inesperado impulso publicitario a su famoso sistema de vigilancia ciudadana. Además de sitiar a más de 11 millones de ciudadanos en Wuhan con ayuda militar, el gobierno chino ha usado una aplicación nueva del gigante comercial Alibaba, responsable entre otras cosas de su plataforma de pago con móviles Alipay, para gestionar a más de mil millones de ciudadanos. Usa un conocido código de colores: verde para los que están limpios, amarillo para los que han estado o residido en una zona con peligro de infección (siete días de cuarentena) y rojo para los que hubieran estado en zonas de alto riesgo (catorce días de cuarentena). El semáforo no solo ayuda a las autoridades locales a mantener la cuarentena sino que también indica a los ciudadanos cuál es su situación y la de su familia, por dónde pueden salir y con quién no se deben relacionar. A las cámaras conectadas a sistemas de reconocimiento facial se han sumado cámaras térmicas para vigilar la temperatura corporal.

No muy lejos de allí, sin embargo, Corea del Sur ofrece un ejemplo de éxito menos peligroso y más productivo. Estadísticamente más cercano a España en población, economía y esperanza de vida, el país asiático ha conseguido atajar la pandemia de manera drástica sin prescindir de ningún derecho, apoyándose en una infraestructura sólida y una reacción temprana. Sus gobernantes locales reaccionaron al primer centenar de casos solicitando a los ciudadanos de las ciudades afectadas que permanecieran en sus casas y que usaran mascarillas en todo momento, hasta para jugar con sus propios hijos. Colocaron dispensadores de desinfectante en todos los lugares de tránsito, incluyendo tiendas, farmacias y administraciones; cerraron centros sociales y realizaron controles de temperatura a los pasajeros del transporte público. También enviaron estaciones móviles a realizar pruebas a todas aquellas personas que habían estado en contacto con infectados (presentaran o no presentaran síntomas) y activaron a todas sus empresas farmacéuticas y laboratorios para que se repartieran la tarea de obtener resultados, aligerando la carga de los hospitales.

Una App permanentemente actualizada alerta a los ciudadanos sobre las incidencias de COVID-19 en su zona, con coordenadas lo bastante precisas para saber si se han expuesto al virus y requieren atención. A veces la información sobre los infectados es tan precisa que ha generado rupturas, escándalos y hasta una acusación de fraude a los afectados, pero los mensajes son anónimos y destinados a la evaluación de riesgo. Otra app para los extranjeros que llegan de áreas peligrosas permite al personal sanitario mantenerse al tanto de su estado de salud y controlar sus movimientos durante las cuarentenas. "Hay dos principios que consideramos fundamentales" −dijo su viceministro de sanidad, Kim Gang-lip−. "El primero es que en la participación ciudadana debe primar la apertura y transparencia. El segundo, es emplear recursos creativos y tecnología último nivel para desarrollar los métodos de respuesta más efectivos". El primer gran afectado después de China ha mantenido su índice de letalidad en un 0,8%, el más bajo de los países afectados, sin tocar su democracia. Los medios de comunicación coreanos no están sujetos a la censura, y los datos que publica el gobierno son susceptibles de comprobación.

La tormenta perfecta: COVID-19 y la Doctrina del shock

La 'Doctrina del shock' es una estrategia militar que, aplicada a la política, se sirve de las crisis a gran escala para impulsar políticas que favorecen la inversión privada en detrimento de lo público, y las medidas de control autoritarias en detrimento de los derechos humanos y ciudadanos. Naomi Klein publicó su segundo libro, La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre (Ed. Planeta, 2007) dos años después de que el Huracán Katrina engullera Nueva Orleans, dando paso a la reconstrucción neoliberal de una comunidad arrasada, y un año antes de que la crisis de 2008 engullera la economía, justificando rescates bancarios a costa de los servicios públicos y aumentando exponencialmente la desigualdad. La década posterior ha estado caracterizada por un estado de shock permanente: crisis climática, crisis económica, crisis de refugiados, crisis de valores, incendios, terremotos, erupciones y catástrofes de aviación.

"En momentos de crisis −explicaba Klein en una entrevista reciente con Vice magazine− la gente tiende a centrarse en las emergencias diarias de sobrevivir a esa crisis, sea cual sea, y tiende a confiar demasiado en los que están en el poder". Por eso las crisis requieren una vigilancia todavía más escrupulosa de los derechos humanos y ciudadanos. Una vez se pierden, es difícil recuperarlos. Cuando la crisis es permanente, el estado de excepción se convierte en la nueva normalidad.

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Publicado el
16 de marzo de 2020 - 22:55 h

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