Era viernes de madrugada y 26 hombres de entre 18 y 22 años echaron a andar desde Garachico, al norte de Tenerife, hasta la capital, Santa Cruz. Más de 60 kilómetros. Su esperanza: poder, al fin, continuar con su proyecto migratorio. Después de siete meses alojados en el centro de La Montañeta, gestionado por Cruz Roja y pensado como lugar de emergencia en el que los migrantes pueden pasar quince días, el grupo recorrió el anillo insular para llegar a Santa Cruz de Tenerife y allí buscar otras vías para alcanzar la Península. Después, en algunos casos, la idea es avanzar hacia otros países de Europa, como Francia o Alemania.

Anduvieron doce kilómetros, hasta que la ONG y la Guardia Civil los desplazaron en coche. Con pocas mantas en el suelo y bajo la sombra de algunos árboles pequeños, este jueves, los jóvenes nacionales de Gambia, Senegal y Guinea Conakry que llegaron a las Islas en patera pasaron su séptima noche consecutiva en la calle. Algunos en inglés y otros en francés, intercalando alguna palabra en español, reivindican que llevan demasiado tiempo en las Islas: “Este no era nuestro objetivo. Queremos ir a la Península, donde tenemos algunos familiares y esperamos estudiar y trabajar”. 

La jefa provincial de Cruz Roja, Mayte Pociello Marty, asegura que se trata de una decisión que a la ONG “le ha quitado el sueño”. “Cuando abandonaron el centro fuimos caminando tras ellos para advertirles de que en la calle iban a estar en desamparo, y seis de ellos decidieron volver”, ha explicado en declaraciones a este periódico. En la actualidad, 49 hombres permanecen en este recurso, todos de entre 18 y 22 años. No hay ninguna mujer y ningún menor. Respecto al tiempo que pueden estar las personas migrantes en un centro, fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones han explicado a este medio que los recursos de acogida de emergencia están previstos para estancias temporales, y el tiempo de estancia depende de las circunstancias. “Siempre teniendo en cuenta que acogemos con toda dignidad y profesionalidad con los recursos disponibles”, subrayan. 

El objetivo de los adultos que abandonaron Garachico es poder cumplir el itinerario que planificaron antes de llegar a Canarias. Sin embargo, según Cruz Roja, el Ministerio del Interior no ha autorizado su desplazamiento a otras comunidades autónomas. “Después llegó el confinamiento y en ese caso ya no hay discusión. Se cierran las fronteras y no se puede ir a ningún sitio”. Pociello insiste en que la veintena de hombres que decidió marchar tiene total libertad para hacerlo, pero recuerda que “las puertas del centro siguen abiertas para cuando quieran”. “Les insistimos en que esto es una isla. Aquí si empiezan a caminar no van a encontrar nada más”, apunta la presidenta. El alcalde de Garachico, José Heriberto González (Coalición Canaria), explica que viendo las imágenes de los jóvenes andando por la autopista se ha sentido “avergonzado” y que no sabía que eso iba a ocurrir. “Si hubieran avisado al Ayuntamiento de que se iba a producir esa salida, se podría haber organizado un mejor desplazamiento”, apunta. 

Pociello subraya que en La Montañeta los jóvenes pueden hacer deporte, reciben ropa, elementos básicos de higiene y alimentos. Además, otra de las actividades que se desarrolla en el centro es la enseñanza del español. Sin embargo, los jóvenes han expresado a esta redacción que sienten que las sesiones recibidas “no han sido suficientes”. “Teníamos clases una vez a la semana y después de siete meses seguimos sin dominar el idioma. Queremos aprenderlo, porque sin él no podemos hacer nada”, lamenta un joven gambiano mientras un vecino de la capital se acerca para preguntarle si necesitan ropa o comida. 

Los jóvenes también han denunciado las dificultades para recibir asistencia médica y acceder a medicamentos. Uno de ellos asegura que durante tres meses tuvo un fuerte dolor en la boca y no le dejaron ir al dentista por la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. “No lo entiendo, es una cuestión de salud”, valora uno de los jóvenes gambianos. Otro de los hombres señala sus cholas y explica que en ocho meses es la primera vez que tiene unas. Se las han dado algunos vecinos de la capital tinerfeña, al igual que el resto de ropa y comida que ahora tienen. “En La Montañeta pedí si podían darme unas para entrar en la ducha y evitar entrar con los pies descalzos, pero no me las dieron”, asegura. “Estamos muy agradecidos con la gente de aquí, se comportan muy bien con nosotros. Algunos de nuestros amigos siguen en La Montañeta, esperamos que estén bien”. 

Algunos de ellos, al llegar a Tenerife y a Gran Canaria, fueron encerrados en los Centros de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco y de Hoya Fría. Al no poder tramitarse su expediente de expulsión, quedaron en libertad, tal y como recoge uno de los documentos que conservan y a los que ha podido acceder este medio. “Son prisiones. Los funcionarios se comportan bien con nosotros, pero las condiciones son malas. Para ducharte te daban una botella de agua y terminabas con lesiones en la piel”, recuerdan. Uno de los migrantes opina que Hoya Fría “es mejor que La Montañeta”. 

La reactivación de los traslados a la Península de los migrantes que llegan a Canarias permitiría, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), dar un alivio al sistema de acogida de las Islas, que “redimensiona sus plazas con cada patera”. “No deberían convertirse en una especie de cárcel”, apuntó el coordinador de la ONG en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, en la presentación del informe anual. Lorenzo recordó que la comunidad autónoma es un territorio de paso para quienes alcanzan el territorio canario, que sitúan su proyecto de vida en la Europa continental donde intentan regularizar su situación gracias a sus redes de apoyo. Este medio ha intentado, sin respuesta, conocer la valoración del Ministerio del Interior sobre este asunto. 

El sistema de acogida en Canarias se ha encontrado con dificultades añadidas durante el estado de alarma provocado por la pandemia de la COVID-19, tiempo en el que los migrantes debían pasar una cuarentena obligatoria de 14 días en espacios en buenas condiciones sanitarias. Entre ellas, la habilitación de una nave sucia, sin duchas ni camas en el Puerto de Las Palmas, en la que fueron alojados más de 70 hombres.

En el caso de los jóvenes de Tenerife, su único plan hasta el momento es esperar por el documento que les abra las puertas del territorio peninsular. “Al salir del CIE nos dijeron que podíamos movernos libremente por el país, pero llegado el momento nos dijeron que no. Traicionaron nuestra confianza. También nos han dicho que creen que, si nos dejan salir, otros jóvenes africanos también querrán hacerlo. Pero es que necesitamos trabajar. Solo queremos buscarnos la vida”. 

Comienza la cuenta atrás para la II edición de los Premios Desalambre. Desde ahora y hasta el 30 de septiembre de 2020 queda abierta la convocatoria de los galardones con los que eldiario.es quiere reconocer el trabajo comprometido del periodismo y de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos.

Los Premios Desalambre buscan promocionar y aplaudir la calidad profesional y la dedicación personal en uno de los ámbitos informativos más trascendentales de nuestra época. El periodismo ha seguido la alerta lanzada desde hace décadas por las organizaciones sociales sobre los riesgos y retos fundamentales para nuestra sociedad. Estos premios quieren reconocer ese esfuerzo por mantener el foco en lo importante y en las historias de los más vulnerables.

A su vez, eldiario.es quiere contribuir al desarrollo del tercer sector, dar visibilidad a sus proyectos y reconocer la labor de aquellas organizaciones que defienden causas de interés público y general: la cooperación al desarrollo, la atención a la infancia, los derechos de los migrantes, la defensa del medio ambiente o el acceso universal a servicios esenciales como la educación o la sanidad, especialmente en un año tan complejo como el que vivimos a causa de la crisis del coronavirus.

Podrán presentarse los trabajos publicados entre el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020 en cualquier medio de comunicación profesional en España. La documentación requerida se solicitará a través del formulario de inscripción que encontrarás en la web de la II edición de los Premios Desalambre, donde también se realizará el anuncio de la selección de trabajos galardonados.

Desalambre es la publicación especializada en derechos humanos de eldiario.es, premiada por su intensa cobertura sobre todas las dimensiones del fenómeno migratorio y punto de encuentro para los interesados en políticas de cooperación internacional.

Los Premios Desalambre otorgan seis premios divididos en dos categorías diferentes: Activismo y ONG y Periodismo. Por un lado, se reconocerá el trabajo de personas y organizaciones sociales que, desde el rigor y la honestidad, marquen la diferencia y sean determinantes en la transformación social. Y por otro, se tratará de promocionar los trabajos periodísticos de calidad con enfoque de derechos humanos. En las categorías de Periodismo se dotará también con 1.000 euros cada uno de los trabajos galardonados.

Las categorías son, en el ámbito del periodismo:

Las categorías en el ámbito de las ONG son:

Para más información sobre la presentación de candidaturas consulta la web de los Premios.

El estado de alarma hizo que se quedara temporalmente vacío y, ahora, el Ministerio de Interior cierra defintivamente sus puertas. Durante muchos años ha sido “el anexo de Tarifa”, el hermano pequeño del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, en la Isla de Palomas (o Isla de Tarifa), punto más meridional de la Europa continental y enclave natural de privilegio dentro del Parque Natural del Estrecho. Enganchada por una carretera construida a principios del siglo XIX, desde 2006 ha sido testigo de las esperanzas de miles de inmigrantes que han pasado por allí tras arriesgar su vida en el mar y que, como la isla, se agarraban a la tierra del sueño europeo aunque fuera por el pequeño camino que divide Atlántico y Mediterráneo.

Para la historia quedan ya las innumerables quejas y denuncias de organizaciones sociales, del Defensor del Pueblo, del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras (con funciones de control jurisdiccional del CIE) acerca del estado de las instalaciones del viejo acuartelamiento militar, siempre sin resolver definitivamente, la enésima no hace demasiado tiempo, o las sucesivas concentraciones exigiendo su cierre, la última el pasado octubre. Ahora, el hermano mayor, el que todavía vive en la vieja cárcel que no servía para presos pero sí para inmigrantes, la que se caía a trozos, la que no puede conocer de cerca la opinión pública a través de la prensa, engulle finalmente a su anexo al seguir adelante la construcción del nuevo CIE en Algeciras que hace innecesario su existencia, esa que siempre ha sido lamentada.

Pero, sobre todo, como comenta Algeciras Acoge al conocer la noticia, para la historia quedan ya “las historias de miles de hombres inmigrantes que ahí fueron encerrados, supervivientes del cruce del Estrecho, algunas veces muy deteriorados emocionalmente por haber presenciado la muerte en el mar del hermano, del amigo, de su pareja o de su propio hijo o hija... y otras, triunfantes por haber logrado su objetivo de pisar suelo europeo aunque con el temor marcando sus días de encierro por la posibilidad de la expulsión”. 

“Desobediencia civil excepcional”

No estaría de más recordar qué es un CIE y para qué sirve, aunque sea brevemente. De momento, suele ser “el primer destino de un inmigrante llegado en patera”, como denunciaba en esta entrevista el secretario general de Andalucía, José Miguel Morales. Son centros donde los migrantes, privados de libertad sin haber cometido delito alguno, aguardan su expulsión por una falta administrativa. La ley permite mantenerlos en un CIE hasta un máximo de dos meses. Si en ese tiempo no han sido devueltos, quedan en libertad. Muchos de ellos son encerrados para nada, ya que aproximadamente el 70% no es deportado, y otros muchos quizás no debieron ser internados al ser susceptibles de ser solicitantes de asilo.

Como prosigue Algeciras Acoge, cuyos integrantes han visitado semanalmente las instalaciones desde hace años para asesorar jurídicamente y prestar un tiempo para escuchar como forma de aliviar un “encarcelamiento injusto”, algunos de esos migrantes “siguieron adelante con su proyecto migratorio europeo, otros fueron expulsados viviendo ante los suyos la derrota del objetivo no cumplido, en ocasiones, con consecuencias tan extremas como el suicidio. Todos hombres valientes que se jugaron la vida en un acto de desobediencia civil excepcional frente a leyes migratorias que impiden el derecho a la libre circulación para desarrollarse humanamente”.

Uno de los que mejor conoce el lugar por su “lucha permanente” desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía es Andrés de la Peña, que recorre de memoria la historia de la Isla de Tarifa, testigo de canteras y de gran cantidad de cuarteles durante el siglo XX, y aprecia principalmente su valor natural. “Es un sitio precioso. El único problema que tiene, además del CIE hasta ahora, es que como pegue el viento, bien sea poniente o sea levante, de allí sales volando”, bromea.

Lo que espera De la Peña es que al enclave se le dé un uso “para todos los ciudadanos y que sea sostenible”, porque el CIE “cerró la isla a cal y canto”. Grupos conservacionistas como Agaden o Ecoligistas en Acción también vienen pidiendo desde hace años un uso público y ambiental. Como apunta el delegado de APDHA en el Campo de Gibraltar, estos años se han realizado visitas a la isla casi siempre organizadas por empresas de turismo activo, previo pago, y también por otros colectivos, siempre por la parte de la isla más alejada al CIE para que los visitantes no tengan que presenciar el “espectáculo” de personas privadas de libertad. “Siempre ha habido un frente amplio contra el CIE”, señala De la Peña.

Duchas colectivas

Recordando cómo antes se les retenía a los migrantes en el Puerto de Tarifa, las circunstancias que llevaron al CIE de Algeciras a ir albergando a menos personas otorgó más importancia a su anexo, que a partir de ahora dejará de existir. En su lugar, según cuenta De la Peña, se está estudiando ejecutar un centro de interpretación. “Lo que pedimos es que no se estropee en enclave natural que es y que sea sostenible”, apunta.

Centro de atención a inmigrantes en su momento, Pepe Villahoz, cofundador de Algeciras Acoge, su uso como anexo del CIE data “más o menos de 2006”. “Alguna vez se utilizó para otra cosa, para atención de personas, pero nunca ha estado muy claro en los principios cómo se utilizaba”. Satisfecho por su cierre, no deja de mostrar su preocupación “porque sigan existiendo otros centros”.

Quizás no esté de más recoger algunas de las peticiones que hacía la jueza de Algeciras para mejorar las instalaciones del anexo de Tarifa, que se quedaron para siempre sin resolver a la espera de la construcción del nuevo CIE. Pese a su múltiples, antes de su última visita el pasado año no se había habilitado aún un lugar a las organizaciones sociales para que puedan visitar y asistir a las personas internas sin limitar las visitas a una duración máxima de tiempo, ni tampoco se había instalado un sistema de climatización en todos los módulos y espacios comunes, ni la asistencia médica las 24 horas del día, ni se habían suprimido las duchas colectivas ni las habitaciones con más de tres internos, sin haberse instalado en cada una de ellas ducha, servicio con retrete y cisterna y lavabo, así como pared o una puerta que cubra todo el cuerpo del interno.

Tampoco se había cumplimentado en el anexo de Tarifa la disposición de la remisión, por parte del servicio médico, del parte de lesiones directamente al juzgado, o en su caso, en sobre cerrado a la dirección para su remisión a la autoridad judicial, ni el establecimiento de lo necesario para garantizar la realización, en el momento del internamiento, de las pruebas necesarias para la identificación de, al menos, tuberculosis, VIH, sífilis, Hepatitis A, B, y C, sarcoptosis, pediculosis, scabiasis y parásitos intestinales.

El nuevo CIE de Algeciras se edificará sobre una parcela de 20.000 metros cuadrados que se encuentra junto a la carretera CA-9208, un terreno que fue cedido por el Ayuntamiento de la ciudad gaditana en mayo de 2017 pero sobre el que hasta este momento no se había realizado ninguna actuación concreta. Este nuevo centro, que contará con 500 plazas, sustituirá hasta el que ahora venía siendo utilizado y al anexo de Tarifa.

Un par de veces por semana, Emilia Valle cruza a Estados Unidos a buscar algo de madera. Se quita las chancletas y la mascarilla y se sumerge en el río Bravo, el arremolinado afluente que separa a México del Norte y que ha engullido a miles de migrantes. Esta guatemalteca de 52 años tarda menos de dos minutos en nadar los treinta metros del peligroso caudal. El truco, dice, está en mover las piernas en lugar de bracear.

Llega a la orilla estadounidense, hurga entre el cañaveral para amontonar un manojo de ramas y se regresa con el agua hasta el cuello. La vida en la frontera vale un puñado de leña, un bien imprescindible para los más de 2.000 centroamericanos acampados frente al puente fronterizo de Matamoros, la ciudad mexicana en el extremo noreste.

“Algunos días nos traen troncos pero no alcanzan para todos. Necesitamos la leña para cocinar o para el frío que hace de madrugada, para no enfermarnos”, asegura Emilia. La mayoría de los migrantes se adentran varios kilómetros por el bosque para conseguir unos palos, pero para ella resulta demasiado arriesgado ir sola, debido a la presencia del crimen organizado. Emilia salió de Guatemala en 2016 junto a Corina, su hija de 11 años, y ha avanzado por México conforme al dinero que lograba ganarse ante la imposibilidad de pagar un coyote.

La primera vez que cruzó el río Bravo un grupo de patrulleros estadounidenses se acercó de inmediato pistola táser en mano. Ahora ya ni le prestan atención y a veces conversan con ella mientras recoge sus ramas. La llaman, 'the crazy one' [la loca] o 'the blond one' [la rubia], según el agente. En el otro margen la conocen como la Güera, por su cabello tintado de ocre.

La Güera vive en la carpa gris, en el segundo pasillo del tercer toldo, frente a la tienda número cuatro. El campamento improvisado hace nueve meses se ha vuelto otro barrio de Matamoros con abarrotes, clínica, lavandería… pero todo entre lonas y barro. “Con lo que hemos aguantado aquí, la gente ya somos inmunes al virus”, suelta Emilia escéptica.

Estancados frente al virus

Con el tiempo se ha normalizado el hacinamiento, la insalubridad y la falta de servicios básicos, enemigos para prevenir la propagación del coronavirus. “Las condiciones han ido mejorando, pero a veces no hay agua, o por las noches hace mucho frío y los niños se resfrían. Ahora con lo del COVID nos preocupa mucho todo eso”, señala Larissa Bautista mientras baña a cubetazos a su hijo de tres años.

Las autoridades municipales han cercado el campamento con una valla de púas para restringir la movilidad de los migrantes, aunque el mayor peligro esté afuera, en la ciudad del estado de Tamaulipas con mayor índice de contagios. De momento, la ardua labor de varias organizaciones humanitarias ha permitido evitar un brote, pero no deja de ser un potencial foco de infección cuyo riesgo aumenta a diario en un país donde el pico de la pandemia se extiende semana a semana.

La decisión del gobierno estadounidense de suspender sine die la admisión de demandantes de asilo ha agravado la situación para 25.000 migrantes estancados a lo largo de esa frontera norte. Antes, los solicitantes debían aguardar varios meses y hasta un año en territorio mexicano su proceso de acogida en EEUU, bajo el programa ‘Permanece en México’. Ahora la espera no tiene plazo ni fecha para retomarse.

“Nos desanima bastante no saber hasta cuándo llegará nuestra cita para el trámite, no tener una expectativa de futuro y estar viviendo así”, indica Larissa. Pese a esas dificultades y el riesgo de contraer el virus, no le queda más remedio que quedarse ahí. No puede regresar a Honduras porque su marido la mataría. Emilia tampoco, porque una pandilla la amenazó de muerte tras negarse a pagar una extorsión y ya habían asesinado a varios familiares cercanos. Y así para el resto de esta comunidad de centroamericanos que afrontan una subsistencia cada vez más angustiante.

“Hemos detectado que la enorme ansiedad que sufren por el miedo al virus, al crimen organizado, ha agravado otras patologías que padecían y ha crispado la tensión”, explica Dylon Rojas, voluntario de la ONG Global Response Management que opera en ese recinto.

Devoluciones en caliente sin garantías

Por otro lado, el presidente Donald Trump emitió un decreto a finales de marzo para expulsar de forma exprés a cualquier detenido tratando de cruzar la frontera. La medida unilateral, prorrogada indefinidamente bajo el pretexto de la pandemia, permite a las autoridades estadounidenses efectuar retornos expeditos de extranjeros sin que pasen por las estaciones migratorias fronterizas, sin registro ni diferenciación entre migrantes y solicitantes de asilo. Esto anula la posibilidad de pedir refugio e incumple así las normas del derecho internacional.

De las más de 20.000 devoluciones en caliente –aunque esa práctica no se contemple en la jurisdicción de estos lindes– apenas se realizaron pruebas de coronavirus a quienes presentaron síntomas graves como fiebre. Lo mismo sucede para los cerca de 15.000 migrantes que permanecían aprehendidos en centros de detención estadounidenses y fueron deportados con el argumento de que resultaba imposible proteger su salud.

Al principio, todas esas repatriaciones masivas se efectuaban por vía terrestre y México, que de nuevo acató la imposición de Washington, trasladaba a los centroamericanos hasta su frontera sur, donde quedaban atrapados ante el cierre de los cruces a Guatemala. La ONU denunció que esta situación aumentaba su vulnerabilidad dada la falta de “condiciones de voluntariedad, salubridad y dignidad”.

Desde entonces los centroamericanos son enviados en vuelos directos a sus países de origen. El gobierno guatemalteco reclamó a finales de abril que un centenar de los deportados dieron positivo, mientras que un migrante mexicano expulsado de Houston (Texas) contagió a otros 14 en un albergue de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, entidad que recibe a un 33% de los repatriados. En el puente fronterizo de Reynosa, a 100 km de Matamoros, las autoridades estadounidenses entregan entre 50 y 100 migrantes mexicanos al día, sin previo aviso y en ocasiones a altas horas de la noche.

El doble peligro de la frontera: salud e inseguridad

“Es un riesgo que trasladen aquí a personas desde ciudades (de EEUU) donde hay un alto índice de contagios. Es complicado dedicar espacios de aislamiento para ponerlos en cuarentena. Aquí también es peligroso para ellos por el crimen organizado”, se queja el responsable del instituto migratorio estatal, Ricardo Calderón, quien añade que ambos gobiernos habían pactado devolverlos vía área a Ciudad de México, pero el acuerdo aún no se ha puesto en marcha.

En las escaleras de la oficina de Migración de Reynosa reposan varios jóvenes, decaídos, con los pantalones embarrados y las botas desgarradas. Cruzaron el río Bravo anoche y se arrastraron toda la mañana para sortear a la guardia fronteriza. “Nos agarraron al mediodía y en una hora ya nos trajeron aquí. Nos tomaron la temperatura, nos preguntaron si teníamos diarrea o vómitos y nada más”, cuenta un muchacho de 21 años, oriundo de Oaxaca, que prefiere ocultar su identidad. Teme más al crimen que al virus, que considera “un invento para jodernos”.

Perdió su empleo de comerciante por la contingencia y eso le empujó a tirarse pal norte. Todos los ahorros que se gastó (unos 500 euros) en un coyote que lo cruzase a EEUU, se han reducido a un par de naranjas, unas galletas, una botella de agua y una mascarilla que ni siquiera lleva bien puesta: el kit de bienvenida que le dieron en esa oficina migratoria.

La mayoría de dreamers mexicanos suele desembolsar unos 2.000 euros a los coyotes para disponer de varios intentos sucesivos de superar la frontera sin ser atrapados, pero los nuevos ‘migrantes del covid’ apenas tuvieron tiempo de ahorrar para una sola oportunidad. A muchos ni siquiera les queda efectivo para regresar a su ciudad de origen, un trayecto de centenares de kilómetros que a veces los obliga a pagar otro coyote.

El grupo de jóvenes espera hasta la tarde al autobús que les ofrece el gobierno de Tamaulipas para trasladarlos de manera segura al estado contiguo. Afuera de esa oficina merodean varios traficantes para captar a su próximo cliente, voluntario o forzado. En Reynosa los migrantes viven con permiso de los criminales, a quienes pagan una cuota a cambio de que no los secuestren. Un negocio que suele involucrar a los propios agentes fronterizos.

La Covid sirve a Trump para levantar su muro

Quedarse en Reynosa tampoco es más una opción. La mayoría de albergues en la frontera norte han cerrado debido a la contingencia. El único abierto en esa ciudad, el Senda de Vida, ya no admite nuevos ingresos. Los 200 migrantes acogidos, la mayoría haitianos, tienen prohibido salir. Si lo hacen, ya no pueden volver a entrar. “Se ha puesto muy duro con lo del coronavirus, porque no podemos ir ni a comprar o buscar algún trabajo. A nuestros familiares también les ha afectado esta crisis y no pueden enviarnos casi dinero”, afirma una joven venezolana, Ana Paola González, que carga en sus brazos a una niña de dos años y un bebé, con quienes pretendía desde hace tres meses reunirse con su marido en Nueva York.

“La Administración estadounidense está utilizando la pandemia para recrudecer sus medidas migratorias que ya eran muy restrictivas, pero al menos deberían considerar brindar atención médica a los migrantes que expulsan”, asegura Valerio Granello, el coordinador de Médicos Sin Fronteras en ese albergue. “Los migrantes sufren una doble estigmatización y ahora se ven en estas ciudades como posibles portadores del virus. Eso provoca que estas personas, al presentar síntomas, se escondan y no accedan al sistema de salud”, agrega Granello sobre una xenofobia que ya se había disparado durante el último año.

Ante la negligencia de Washington y el rechazo social, la ONG destinó un área de aislamiento para que los repatriados cumplan cuarentena, instalada dentro de un gimnasio habilitado para atender casos severos de COVID-19 entre la población de Reynosa.

Las urbes norteñas han asumido un mayor riesgo frente al virus al mantener las fábricas en funcionamiento, debido a la presión del gobierno y empresarios estadounidenses para reactivar la producción en México de bienes intermedios de los que depende en gran medida la industria de EEUU.

La frontera nunca cerró al comercio, pero sí a la migración, mientras que por el sur de México dejaron de ingresar centroamericanos ante el candado echado por Guatemala. En la práctica, la pandemia ha permitido a Trump culminar el endurecimiento de la política migratoria en su soñado muro, sin un horizonte para reabrirse.

Antes de la contingencia, los días en el campamento de Matamoros pasaban en una cuenta atrás hasta la próxima cita de asilo en EEUU. Semanas antes del trámite los migrantes se preparaban para acicalarse y se pegaban al teléfono para darles a sus familias un motivo de esperanza. El Covid-19 no penetró en este arrabal de carpas, pero asoló a sus dos millares de habitantes, sin reloj ni calendario, confinados entre concertinas sin la alternativa de regresar a sus países donde les espera una bala con su nombre.

Los cruces de la Güera por el río Bravo son el mayor espectáculo para estos migrantes. Muchos se aglomeran para observarla nadar en esa trampa para tantísimos compatriotas. El vitoreo termina en aplauso cuando Emilia llega a suelo americano, como quien pisa la Luna, mientras su hija preadolescente se ruboriza frente a sus colegas. El puñado de leña le servirá para cocinar huevos fritos durante tres días, cuando vuelva a distraer a sus vecinos de su eterno letargo, cuando les haga sentir un poco más cerca de Estados Unidos y olviden por unos instantes que su vida depende de una rama, una corriente o un estornudo.

Mientras el debate en el Constitucional sobre las devoluciones en caliente permanece estancado, los migrantes que han sufrido estas prácticas en Ceuta y Melilla continúan su lucha en Estrasburgo. Aunque la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló las devoluciones en caliente de N.T. y N.D., su argumentación dejó una serie de grietas por las que intenta buscar una nueva condena a España la defensa de Danny, un joven camerunés que fue apaladeado y devuelto a Marruecos, aparentemente inconsciente, por agentes de la Guardia Civil en 2014 tras un salto a la valla melillense.

Su caso se encuentra desde hace meses visto para sentencia en el TEDH, pero la Sección Tercera ha permitido a la ONG Andalucía Acoge, que representa al denunciante, el registro de alegaciones sobre la previsible aplicación de los principios con los que la Gran Sala amparó las devoluciones en caliente en febrero. El pasado viernes, la organización presentó ante Estrasburgo un escrito con el que pretende desacreditar algunos de los argumentos de la sentencia, como la existencia de vías legales de entrada a España para los migrantes subsaharianos.

A ello se suma el envío a la Corte europea de una investigación en vídeo realizada por el grupo Forensic Architecture en colaboración con la ONG alemana ECCHR, que busca demostrar las “falsedades” sobre las que se basa el fallo europeo.

“Hay que agotar todas las posibilidades”, sostiene el abogado de Dany, José Luis Rodríguez Candela. “Explicamos al Tribunal por qué consideramos que España debe ser condenada por este caso, independientemente de la sentencia de febrero, y por qué creemos que este caso es diferente al resuelto por la Gran Sala”, añade el letrado. “En vista de otros episodios de rechazos en frontera pendientes ante el TEDH, su dictamen podría sentar un peligroso precedente en la demanda conocida como el caso Dany, advierten desde ECCHR, organización personada en la causa de N.D. y N.T.

En octubre de 2014, la Guardia Civil devolvió de forma inmediata a al menos dos personas, atadas de pies y manos, después haber sorteado la totalidad de la valla de Melilla. Uno de los hombres, Dany, recibió varios golpes por parte de los agentes cuando se disponía a descender de lo alto de la alambrada por una escalera colocada por el Instituto Armado, según el vídeo difundido entonces por la ONG Prodein. El camerunés acaba cayendo al suelo, aparentemente inconsciente.

La violencia ejercida por los agentes es una de las particularidades resaltadas por Rodríguez Candela en el escrito registrado en el Tribunal. Los golpes propinados al camerunés, quien asegura no haber recibido asistencia sanitaria antes de ser retornado a Marruecos, también podrían incumplir el artículo tres del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos y degradantes, sostiene el documento.

El escrito añade una serie de datos con el objetivo de desmentir uno de los principales argumentos por los que la Gran Sala decidió anular la condena a España en febrero: la supuesta existencia de vías legales para que los migrantes subsaharianos puedan entrar en España, algo negado por distintos organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Estrasburgo concluyó hace cinco meses que “la falta de un estudio individualizado” de cada expulsión, como obliga el Convenio Europeo de Derechos Humanos, “podía atribuirse al hecho de que los solicitantes no habían utilizado los procedimientos oficiales de entrada existentes para ese fin, y que, por lo tanto, [la devolución] había sido una consecuencia de su propia conducta”.

En cuanto a la posibilidad de solicitar asilo en el puesto fronterizo de Beni Enzar (Melilla), uno de los canales regulares destacados en el fallo, Andalucía Acoge resalta ante la Corte que “las cifras que figuran en la sentencia” acerca de las demandas de protección presentadas en este punto “no se corresponden con las pruebas y alegaciones planteadas al respecto por las partes” durante el procedimiento. “Este extremo resulta fundamental dado que, a criterio del Tribunal, dichas cifras evidencian la posibilidad real y efectiva que tenían las personas subsaharianas para entrar/solicitar asilo de forma legal en territorio español”, apunta el documento.

Sobre las posibilidades con las que las personas negras cuentan para acceder a las oficinas de asilo del lado español de la frontera, Rodríguez Candela reitera en su escrito que esta vía “no era una opción real ni accesible para las personas subsaharianas, ni antes ni después de la instalación de la mencionada unidad especial encargada de las cuestiones de asilo”. La ONG defiende ante Estrasburgo que los propios documentos presentados por el Gobierno de España para defender la existencia de vías legales de entrada “vienen a confirmar que las solicitudes presentadas cada año por personas subsaharianas fueron 0 en 2014 y 0 en el 2015”, es decir, demuestra los obstáculos que se encuentran los migrantes negros a la hora de acceder a las oficinas de asilo de la frontera.

El TEDH también determinó en febrero que, en caso de que los migrantes no tuviesen acceso a las oficinas de asilo en base a la actuación de la policía marroquí, no quedaba demostrada la responsabilidad de las autoridades españolas al respecto. En este sentido, Andalucía Acoge defiende la responsabilidad española derivada del “incumplimiento de obligaciones positivas y negativas” marcadas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos“.

Apelando a esa responsabilidad de España, la defensa de Dany resalta los obstáculos con los que se enfrentan las personas subsaharianas para acercarse a los consulados españoles en Marruecos, otra de las supuestas vías legales que, según Estrasburgo, podrían haber utilizado N.D. y N.T. “El Estado demandado tenía la obligación positiva de desarrollar la ley española de asilo, mediante un reglamento, obligación que ha incumplido y que es de especial importancia por lo que se refiere a la posibilidad de solicitar asilo en embajadas”, destaca el documento. Además, continúa, el Estado español podía “solicitar al Reino de Marruecos una aclaración sobre las razones y circunstancias que llevaban a las fuerzas de seguridad de ese tercer país a impedir llegar al puesto fronterizo a los migrantes subsaharianos”. Andalucía Acoge cita varios acuerdos de cooperación fronteriza que evidencian la colaboración de ambos estados en los asuntos migratorios.

“A la luz de la sentencia de la Gran Sala, consideramos que el Estado español tenía información suficiente, procedente de fuentes fiables nacionales e internacionales, relativa al hecho de que Marruecos estaba obstaculizando de forma sistemática”, señala el abogado de Dany en sus alegaciones.

Por su parte, desde Forensic Architecture sostienen que su estudio muestra que “las autoridades españolas y marroquíes han establecido un sistema que niega a las personas negras subsaharianas cualquier posibilidad de solicitar asilo y protección en Melilla o en las embajadas cercanas”. El grupo de investigación, con sede en la universidad de Londres, lamenta que “España había alegado ante el TEDH ambas posibilidades. El Tribunal las aceptó y se basó en ellas al considerar que las devoluciones no violan el Convenio Europeo de Derechos”.

El cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) ha sido un efecto más de la pandemia. A pesar de las denuncias de ONG que piden su cierre definitivo, la “nueva normalidad” también conllevará la reactivación de los internamientos de migrantes en situación irregular, una vez que sus países de origen comiencen a abrir sus fronteras a vuelos procedentes de España. No se hará de forma general e inmediata: aunque desde el Ministerio del Interior no detallan plazos concretos, apuntan que “los futuros ingresos” están “supeditados a que haya una perspectiva real de retorno”, algo que estudiará “de manera individualizada”. 

“Al igual que no hubo una orden de cierre (se fueron cesando internamientos de forma individualizada al poner en relación las causas de ingreso con las capacidades reales de retorno), los futuros ingresos, tal y como establece la normativa, están supeditados a que haya una perspectiva real de retorno”, explica a eldiario.es un portavoz del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. En el caso del CIE de Barcelona, el Gobierno confirmó a principios de junio que, de cara a los próximos encierros, se habrán finalizado las obras de ampliación para la creación de un nuevo módulo de mujeres, tras casi siete años en los que todos los internos eran hombres. 

La “perspectiva real de retorno” citada por Interior depende especialmente de los gobiernos de los principales países de origen de las personas deportadas desde España en los últimos años: Argelia y Marruecos. A ambos Estados se añade Mauritania,  cuyo papel en el control migratorio hacia la ruta canaria ha sido reforzado desde principios de año debido a las devoluciones de migrantes de distintas nacionalidades -especialmente de malienses- realizadas desde las islas en base a sus acuerdos de readmisión.

Más allá de la finalización del estado de alarma en España y la apertura de fronteras prevista para el 1 de julio -con restricciones-, el Gobierno volverá a impulsar los internamientos en los Centros de Internamiento para Extranjeros en función de las nacionalidades de los migrantes, a medida que los correspondientes gobiernos de sus países de origen reabran sus fronteras. Con la aproximación del verano y el aumento del flujo migratorio que suele conllevar la época estival, Interior mira hacia los planes de “desescalada” de sus gobiernos socios en materia fronteriza.

Las previsiones de reapertura de sus principales aliados, sin embargo, aún son inciertas. La semana pasada, Marruecos prorrogó el estado de alarma hasta el 10 de julio. El país norteafricano ha registrado desde el inicio del brote 8.985 casos de COVID-19 y 212 fallecidos a causa del virus, a fecha del 17 de junio. Sus fronteras se encuentran cerradas desde el pasado 13 de marzo, sin apenas haber permitido regresar a sus hogares a sus nacionales atrapados en terceros países. Hace una semana, el Gobierno alauí anunció la repatriación de un primer bloque de marroquíes atrapados en España en “situación vulnerable”, pero por el momento no ha dado una fecha acerca del regreso a la “normalidad” fronteriza, una información determinante para que Interior reanude los ingresos en los CIE de España. 

En 2018, los CIE encerraron a 2.801 ciudadanos marroquíes, que conforman la principal nacionalidad presente en estos centros debido en parte a sus altas posibilidades de ser repatriados, dados los acuerdos existentes entre España y el Reino alauí. Le sigue Argelia, país con el que España también tiene una colaboración fluida en materia migratoria: 2.513 argelinos fueron internados en el mismo periodo de tiempo, según los últimos datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Interior no proporcionó a este organismo el desglose por nacionalidades de las cifras de deportaciones realizadas desde estos centros. El Gobierno argelino ha pospuesto el debate sobre la relajación de su blindaje fronterizo hasta principios de julio, según informen medios locales.

“El desconfinamiento total significa la reapertura de las fronteras, la reanudación de las rutas aéreas” y “si tengo que abrir rutas aéreas, los aviones irán a países con 400.000 casos positivos y muchas muertes. Así que tengamos cuidado”, respondió hace diez días el presidente de la República argelina, Abdelmadjid Tebboune, ante las voces que urgían el final de la limitación de circulación por la COVID-19. Hasta este miércoles, Argelia ha detectado alrededor de 11.100 contagios y 788 fallecidos a causa del coronavirus. 

Aunque aún no hay cifras oficiales sobre el número de migrantes devueltos a Mauritania desde Canarias, el país africano ha disparado este año su relavancia en la política migrantoria dirigida por Marlaska. Atendiendo al criterio de Interior de impulsar los internamientos en los centros de internamiento de manera “individualizada” en función de la “perspectiva real de retorno”, de sus fronteras dependerá en gran medida la reapertura de los CIE canarios, en un momento en el que las llegadas a las islas se hn multiplicado por seis en lo que va de año con respecto al mismo periodo de 2019.

Fuentes de Interior aseguran que su departamento no está realizando negociaciones con terceros países enfocadas a favorecer deportaciones desde España mientras los países de origen correspondientes aún permanezcan blindados, a excepción de casos puntuales, como el grupo de tunecinos residentes en el CETI de Melilla que el Gobierno ha intentado repatriar durante el estado de alarma, según confirmó el ministro Grande-Marlaska a finales de abril. 

La “perspectiva real de retorno” que, según explica Interior, marcará la progresiva apertura de los CIE de España no siempre ha sido atendida a la hora de ordenar el internamiento de una persona en situación irregular. En 2017, el 65,5% del total de los extranjeros internados fueron finalmente puestos en libertad, un dato que evidenciaba la ineficacia de estos centros. Desde el cambio de Gobierno, el perfil de las personas ingresadas apunta a un aumento del porcentaje de expulsados desde estas dependencias policiales, primando el encierro de ciudadanos marroquíes y argelinos por ser más probable la ejecución de su expulsión. 

Más allá del índice de expulsión, las denuncias sobre las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en el interior de los CIE no cesan. Con motivo del Día por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros, celebrado este lunes, las distintas plataformas de CIES NO en el estado español han pedido al Gobierno la clausura definitiva de estas dependencias policiales, que encierran a migrantes en situación irregular debido a su situación administrativa, no por haber cometido delito alguno. 

“Los que van a ocupar los CIE son los héroes de la pandemia, los que están cosiendo las batas, los que están cosiendo mascarillas, los que están cosiendo gorras de médico, los que están cuidando, los que están limpiando, los que están trabajando en el campo para permitir a los confinados de comer”, ha indicado Lamine Sarr, portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona. 

“A pesar de las numerosas voces que reclaman la regularización de todas las personas migrantes y la eliminación del racismo institucional, el Estado pretende reabrir los CIE en cuanto se abran las fronteras. En el CIE de Barcelona, además, con un módulo para encerrar mujeres. No lo podemos permitir”, han advertido desde la plataforma Tanquem els CIE.

Rachida y Fatima emprendieron el viaje desde el interior de Marruecos, Jenifra (a 160 kilómetros de Fez), a Huelva el 10 y 11 de marzo, pocos días antes de que el país cerrase sus fronteras para hacer frente a la pandemia del coronavirus. En plena madrugada se subieron a un taxi colectivo rumbo a Tánger, cruzaron El Estrecho y montaron en un autocar que las depositó en Cartaya (Huelva). Un largo viaje para trabajar unos meses recogiendo frutos de temporada en los campos onubenses, ganar unos miles de euros y regresar junto a su familia.

A pesar de haber finalizado sus tres meses de faena no pueden volver a casa porque las fronteras permanecen cerradas y sus nombres no forman parte de la lista de las 48 mujeres de “perfil vulnerable” que Marruecos ha aprobado repatriar dentro de la operación que emprendió el pasado miércoles el ministerio de Asuntos Exteriores. A sus ganas de reencontrarse con su familia, se suma la falta de trabajo en Huelva y su nerviosismo debido a gastos ligados a su estancia en España.

Por el momento, solo han llegado a Marruecos siete jornaleras del contingente de 7.028 (3.000 ya están inactivas) contratadas en origen, dos embarazadas y cinco mujeres que han dado a luz en España, con sus bebés. Según explica la Delegación del Gobierno en Andalucía, el poco margen de tiempo con el que el Gobierno marroquí aprobó la repatriación de un listado de 48 jornaleras hizo que la mayoría no tuviese tiempo para realizar trámites necesarios antes de regresar a su país, como cobrar su nómina o cerrar sus cuentas bancarias.

Fatima ya terminó la temporada. En los tres meses de recogida de arándanos y frambuesas, ha conseguido ahorrar 3.000 euros, una vez descontados los gastos de mantenimiento. A pesar de que quiere volver a su país, se muestra contenta porque recuerda que “en Jenifra trabaja días sueltos en la agricultura, desde las 8 hasta las 17 horas, y gana seis euros. Somos una familia pobre y esta oferta es buena para sobrevivir durante el año. En mi región no hay empresas, ni ofertas de trabajo, solo agricultura”, cuenta en una entrevista telefónica con eldiario.es.

Su preocupación es volver junto a su marido de 58 años ya retirado, y su hijo que está en el paro. Le pesa la incertidumbre de cuánto tiempo más va a tener que quedarse en España sin trabajar. “Quiero volver a casa con mi familia”, dice Fatima. “Si no puedo ir a Marruecos prefiero que me recoloquen, que estar sin hacer nada”, añade la jornalera. Aunque el alojamiento se lo proporciona el empresario, los gastos compartidos con otras dos amigas marroquíes para la comida y la bombona del gas ascienden a 100 euros, según explica.

Como alternativa, algunos empresarios y asociaciones que aglutinan a varias fincas proponen extender la fecha de los visados, que caducan el 30 de junio, hasta finales de octubre, y trasladar a parte de las 3.000 mujeres inactivas a otras provincias con el beneplácito de la Subdelegación del Gobierno en Huelva. Apuntan a empresas en Segovia y Valladolid que necesitan mano de obra para crear las plantas de las fresas.

Por su parte, la Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva (ACPH) ha intervenido para que una empresa socia contrate a 65 trabajadoras de otra de las compañías del grupo en Ayamonte “con la idea de que estuvieran el mínimo tiempo posible sin trabajo”, explica un empleado. El objetivo también es evitar que si el tiempo de espera se prolonga sin actividad decidan irse por su cuenta a otra provincia en busca de trabajo, y entren en un estado de irregularidad.

Seis mujeres con bebés comparten tres habitaciones

El sueño de Rachida es ver a su hija de nueve años, que dejó en Marruecos a cargo de su abuela paterna. “Estoy divorciada, mi madre murió y mi padre se volvió a casar; así que vivimos solas. Quiero que mi hija estudié y darle un buen porvenir”, dice a eldiario.es.

En su país limpia una residencia de estudiantes cuatro horas al día por 70 euros mensuales. Un sueldo muy bajo, que la obliga a volver al campo de Huelva con un embarazo incipiente. Resistió la temporada sin sobresaltos. A la espera de poder retornar, está alojada en la Residencia Tariquejo en Cartaya, junto al menos otras dos embarazadas y seis madres con sus hijos recién nacidos.

“Estas madres están preparadas para irse tan pronto como se les de la oportunidad. El hecho de que se haya repatriado solo a dos de ellas, nos pone en un problema porque el resto pregunta por qué ellas no. Se creó una discusión por la distinción, pero es cierto que las dos chicas que se fueron son las que más tiempo llevan con los niños, dieron a luz en marzo”, explica el trabajador social de la residencia. De hecho, la tarde del jueves seguían pendientes de la llamada de las autoridades marroquíes para viajar en nuevos vuelos de repatriación.

Esta residencia, gestionada por la ACPH, se ha convertido en un recurso asistencial urgente con la crisis del COVID_19 porque dispone de bastantes plazas libres y está bien equipada. En la actualidad seis mujeres con bebés comparten tres habitaciones preparadas para las trabajadores que dan a luz durante su estancia en Huelva.

El complejo acoge igualmente a dos señoras mayores con discapacidad temporal, que llevan trabajando en la misma finca durante la campaña desde hace 12 años. Los empresarios les prepararon la prestación de la seguridad social después de varias bajas para que reciban igualmente una parte del salario.

Se disculpa de antemano por haber dormido poco. No es algo extraño, dice, se ha convertido en habitual en los últimos meses. Cuando Hana Jalloul (Zaragoza, 1978) llegó a la Secretaría de Estado de Migraciones se encontró un sistema de acogida colapsado, una “rígida” Ley de Extranjería y un aumento de las llegadas en patera a través de la ruta canaria. Bajo el paraguas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, empezaba a dibujar una reforma de las políticas migratorias que dependen de ella, hasta que llegó el coronavirus y, aparentemente, todo lo demás se paró.

O casi todo. Aunque las entradas irregulares al conjunto de España se han reducido, la llegada de pateras a Canarias continúa en aumento. A las ya escasas plazas existentes a su llegada, se ha sumado la necesidad de mayores espacios para atender las exigencias sanitarias ligadas a la pandemia. Durante cinco meses al frente de la Secretaría de Estado, Jalloul ha dado respuesta a antiguas reivindicaciones de organizaciones sociales, como la concesión del permiso de trabajo a los menores extranjeros no acompañados a partir de los 16 años, la flexibilización de los requisitos de las reagrupaciones familiares y el permiso de empleo de dos años a jóvenes migrantes incorporados a la campaña agrícola.

Hana Jalloul concede a eldiario.es su primera entrevista como secretaria de Estado, días después de la aprobación de una batería de instrucciones que rebajan las exigencias económicas impuestas en las peticiones de residencia por arraigo y las renovaciones de los permisos registradas con anterioridad al estado de alarma. Las medidas, valoran algunos expertos, pueden suponer un paso hacia la prometida flexibilización de la montaña de condiciones a la que se enfrentan quienes intentan conseguir los papeles en España.

La secretaria de Estado reitera que el Gobierno “no ha dejado a nadie atrás” en su respuesta a la emergencia de la COVID-19, mientras miles de migrantes en situación irregular aseguran sentirse excluidos, pues no pueden acceder a ninguna de las ayudas económicas activadas por el Ejecutivo durante el estado de alarma. Jalloul no contempla por el momento el proceso de regularización solicitado por más de 200 colectivos. Según defiende, “aunque parezcan pequeñas” sus medidas tendrán “a la larga” un “mayor impacto”.

En los últimos días, han sacado una serie de instrucciones que, según expertos y organizaciones sociales, apuntan a un giro de las políticas migratorias que dependen de este Ministerio. ¿Cree que es así?

Ya hemos tomado medidas que no se han hecho nunca, hemos actuado en demandas clásicas en las migraciones, trabajando en su plena instrucción y por no dejarles atrás. Iniciativas novedosas, vanguardistas y que demuestran que la política migratoria puede cambiar y que la vamos a cambiar. Esa es nuestra idea: modificar lo que se ha venido haciendo hasta ahora con una visión muy positiva del fenómeno migratorio, con itinerarios de inclusión. Con el tiempo esto se demostrará, porque afecta a la vida de miles de migrantes y lo haremos a través de cambios normativos y con las evaluaciones correspondientes. Queremos dejar un legado en positivo en el ámbito migratorio. Si ponemos en práctica todas las medidas que hemos puesto en marcha y seguiremos poniendo, quedará demostrado.

Para nosotros, para todo el ministerio, es muy importante la inclusión y, por eso, según llegamos en febrero dimos la autorización de trabajo a los menores no acompañados que tenían autorizaciones de residencia no lucrativas y otras medidas que hemos ido poniendo en marcha desde la alarma. Nuestra visión de la política migratoria es de inclusión socio-laboral. Ponemos siempre en valor la relevancia que tiene la diversidad.

En su primera comparecencia, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció una reforma de la Ley de Extranjería, que aparenta ser muy ambiciosa. ¿Están trabajando en ella? ¿Cuándo planean tenerla?

Uno de nuestros grandes proyectos es la reforma de la Ley de Extranjería, pero también la reforma del reglamento. Nosotros nos vamos a enfocar en estas dos medidas, aparte de otras. Hemos estado mirando ya algunos puntos a modificar. Se respondió a una carta al Defensor del Pueblo con artículos concretos de reglamento y nosotros ya nos hemos sentado a hablar de eso [relativo al traspaso a la vida adulta de los menores migrantes no acompañados, con el objetivo de evitar que se queden sin papeles al cumplir la mayoría de edad]. Nos meteremos en la reforma integral un poquito más adelante, pero sí podemos decir que ya estamos trabajando en esto.

¿Cuáles son los principales puntos a modificar en los que ya están trabajando?

Nos centraremos en primer lugar en los artículos 196, 197 y 198 del Reglamento Extranjería [relativos a los menores extranjeros no acompañados, cuya reforma pretende evitar que se queden sin papeles al cumplir la mayoría de edad]. Lo que pasa que no me gustaría hacer anuncios específicos ahora, porque, quizá, cuando nos pongamos surgen también otros cambios importantes. Además, también tenemos que tratarlo en su momento con otros ministerios que pudieran estar implicados.

Entre las instrucciones lanzadas esta semana hay una importante flexibilización de los requisitos para pedir la residencia por arraigo social y renovar los permisos de aquellas personas que hubiesen registrado su solicitud antes del estado de alarma. ¿Se plantean extender esa misma flexibilización a las próximas peticiones de residencia, no solo con las varadas?

Estas instrucciones se han hecho con la previsión de lo que podía pasar después del estado de alarma para intentar evitar una irregularidad sobrevenida. Sobre estos tres casos concretos, nosotros le hemos dado mucha importancia a aquellas solicitudes de arraigo que se habían quedado varadas. La relevancia que tiene la reagrupación familiar con la flexibilización de criterios en relación a los medios económicos de los que deben disponer las familias que lo solicitan.

Pero ¿estudian permitir que una persona que pida la residencia por arraigo una vez finalizado el estado de alarma pueda optar al permiso sin presentar necesariamente un contrato de trabajo sino con un informe de arraigo, como se ha aprobado en el caso de quienes tenían bloqueadas sus solicitudes?

Eso depende de la casuística. Tenemos que ver los casos concretos y saber si se puede o no, o si se pueden adaptar estas personas con sus expedientes a este tipo de instrucciones. Si se puede adaptar esta instrucción, que ya está hecha, y que además ofrece una seguridad jurídica, por supuesto.

Miles de personas en situación irregular también han sido afectadas por la COVID-19, sin poder salir a la calle a trabajar para obtener lo poco que antes ganaban. No pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital ni a ninguna de las ayudas de emergencia del Gobierno. ¿Han buscado alguna solución para que estas personas no se queden atrás?

Las personas que están en situación de irregularidad administrativa no entraban en el mínimo vital porque la Ley de Extranjería no permite en su artículo 14 que puedan acceder a una prestación de la Seguridad Social. Es algo muy bien establecido en la ley, que no se puede esquivar. Para las personas en situación de irregularidad, existen ONG que se encargan. Lo hacemos con un sistema de subvenciones amplias, como nuestro programa de atención humanitaria: a estas personas que están en nuestro sistema nos encargamos de cuidarlas bien.

Por otra parte, también tenemos colaboración con otras entidades que tratan este tipo de personas o, por ejemplo, con otras administraciones a nivel local, como pueden ser los ayuntamientos con los que colaboramos en distintas circunstancias para que estas personas sean atendidas. Esto ocurre, por ejemplo, en el tema de los asentamientos, donde hay población irregular, aunque no es competencia nuestra sino de los ayuntamientos, pero sí que damos subvenciones a ciertas entidades sociales del tercer sector para que se proporcione comida, recursos sanitarios, educativos, etcétera.

Me refería a las personas que ya no están en el sistema de atención humanitaria [al que acceden generalmente los migrantes recién llegados de manera temporal], que llevan años en situación irregular debido precisamente a la Ley de Extranjería que el Ministerio pretende corregir y flexibilizar, debido a su rigidez, en palabras del ministro. ¿Se están haciendo gestiones para encontrar alguna vía para que accedan a ayudas de emergencia en el contexto de la COVID-19?

Las comunidades autónomas han recibido fondos para este tema. Eso ya pertenece a la labor que se realiza desde otras administraciones. No es tanto nuestra competencia y no puedo decirte otra cosa. Pero tu pregunta a lo mejor tiene un error de partida, porque quienes llevan años en España se pueden acoger al arraigo, si llevan tres años en España. Y también depende de la casuística. Pero sabemos que hay fondos para las comunidades para ese tipo de circunstancias y ellas también están trabajando en esto. También están los servicios sociales de los ayuntamientos. O sea que yo creo que en España, y sobre todo por parte del gobierno, no dejamos atrás a nadie.

200 ONG han pedido una regularización de este colectivo, a través de un procedimiento de regularización como el lanzado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. También ponen como ejemplo las regularizaciones aprobadas en el contexto de la crisis del coronavirus en Italia y Portugal. ¿Por qué se ha descartado en el caso de España?

Primero, en lo alto de la pirámide, el Consejo de Europa no aconseja regularizaciones masivas, sino dependiendo de las personas, por razones económicas o humanitarias. No podemos comparar nuestro caso con el de Portugal e Italia. En Portugal la regularización ha sido para aquellos migrantes que no tenían acceso a sanidad pública, que aquí sí tienen, independientemente de su situación administrativa. Y en Italia ha sido por el tema de jornaleros. La situación de estos países es distinta a la que nosotros tenemos en España.

En España hemos hecho un montón de medidas en relación a las migraciones. Por ejemplo, dar autorización de trabajo a los menores entre 18 y 21 años nacionales de terceros países que hasta entonces tenían residencias no lucrativas, no podían trabajar. Esas personas ahora tienen la posibilidad de trabajar y han estado en campañas agrícolas y ahora se les va a renovar el permiso de residencia y trabajo por otros dos años. Nosotros hemos adoptado medidas de las que esperamos un impacto mayor al que pueda tener una regularización, pues tendrán una mayor duración en el tiempo y proporcionarán más seguridad jurídica a la larga.

Ahora estamos en el proceso de evaluación de las medidas. No podemos hablar de otro tipo de cosas, como pueden ser la regularización, cuando no hemos evaluado otras medidas, como las últimas instrucciones que hemos emitido. De hecho, la renovación de las prórrogas, la flexibilización de criterios de las prórrogas por la caducidad documental, etc., es solo una batería de medidas extensas, con mucha seguridad jurídica y que creemos que tienen un efecto muy positivo en todo el ámbito migratorio. Vamos a evaluar cómo funciona eso y cómo este set de instrucciones mejora la vida de la gente y, en todo caso, podemos hablar de otras cosas.

Está prevista una reforma de la Ley de Asilo para esta legislatura. A Migraciones le corresponde las competencias de acogida de solicitantes de asilo. Escrivá anunció “un replanteamiento del procedimiento” basado en “priorizar a personas más vulnerables y con alto perfil de protección internacional”. ¿A qué se refería? ¿Cómo es el nuevo modelo planteado?

Ya tenemos una idea más o menos de lo que queremos hacer, que todavía la tenemos que plasmar en papel. Estamos trabajando sobre ello, porque llegamos en febrero y, enseguida, con el estado de alarma, nuestras prioridades han sido otras. Lo hemos tenido que desplazar, pero lo vamos a retomar de inmediato, en unas semanas. Está en nuestro calendario de reformas normativas, junto con el reglamento y la Ley.

No puedo detallar más, porque tenemos que sentarnos y consensuar los enfoques que cambiarán esa forma de ver el propio sistema de acogida. Tenemos que evaluar la normativa existente, el modelo que nosotros queremos y sobre todo, también ver cómo lo podemos sacar. Son procesos de trabajo que tenemos que llevar a cabo con el Ministerio del Interior, y ya hemos iniciado las conversaciones con Interior.

¿Se plantea la descentralización del sistema de acogida y que sean las comunidades autónomas las que se encarguen de una parte de este sistema? ¿Cómo plantean ese nuevo modelo?

Esto viene en relación a una sentencia. No lo llamaría descentralización, sino un sistema de asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas. Según este dictamen judicial, las competencias en acogida pertenecen a las comunidades autónomas.

Bueno, es una idea, por supuesto que está en la mesa. Tuvimos reuniones con cada comunidad autónoma. Creemos que la coordinación con el resto de administraciones es fundamental. Nosotros nos hemos reunido con todas las comunidades y hemos hablado ya de este tema, pero hasta que no tengamos la idea clara no podemos hacer público el detalle. Tenemos que analizar esas sentencias, analizar nuestro modelo, consensuarlo también con el resto de ministerios para coordinarnos y, luego, tendremos conclusiones claras.

¿Cómo se piensa poner en la práctica? ¿Qué papel jugará el Estado en ese nuevo modelo? Algunas organizaciones temen que tenga un efecto negativo en los solicitantes de asilo si las competencias pasan a las comunidades autónomas, como ocurre en el caso de los menores tutelados.

No, no, no, no. Esto es algo distinto y no lo podemos comparar porque la competencia en menores es las comunidades autónomas. Esto es algo que se va a trabajar de manera muy distinta. Vamos a hacer un trabajo muy exhaustivo sobre esto. Nosotros creemos en la filosofía del sistema acogida, que es un sistema generoso, de reparto equitativo. El Sistema Nacional de Acogida está repartido entre todas comunidades autónomas, aunque es una competencia del Estado. Aunque se asuman las competencias en ciertas partes, como en integración, la competencia en del Sistema Nacional de Acogida pertenece al Estado y seguirá así. Solo estamos estudiando [el traspaso de] unas competencias concretas que, según una sentencia, pertenecen a las comunidades autónomas.

Cuando llegó a la Secretaría de Estado se encontró un sistema de acogida de refugiados y solicitantes de asilo colapsado y un aumento de las llegadas en Canarias, con poca capacidad para recibirlas. En febrero, se comprometieron a abrir más plazas de acogida de manera urgente. ¿Qué se ha hecho en este tiempo?

Un trabajo ingente... Según llegamos, visitamos las islas Canarias en varias ocasiones. Hemos abierto la unidad de madres con más de 200 plazas. Hemos creado muchos dispositivos, debido al aumento de las llegadas que hemos tenido recientemente en Canarias. En 15 días, volveré a las islas para inaugurar otro dispositivo nuevo que tiene una capacidad de 800 plazas. Estamos también con otras dos instalaciones. Nuestro compromiso es máximo en aquellos sitios donde más se nos necesita, donde el sistema de acogida y el Gobierno de España tiene que estar.

Algunas organizaciones denuncian que a pesar de la apertura de nuevas plazas se necesitan más. Hay migrantes que se han tenido que quedar más de dos días en instalaciones policiales [aunque sin custodia policial pues la ley impide ser detenido sin orden judicial durante más de 72 horas] ante la falta de espacio en el sistema de acogida. A lo que se suma la obligación de realizar cuarentena de 14 días a su llegada a España…

Nosotros estamos trabajando para no dejar a nadie atrás. Hemos multiplicado las plazasde acogida un 2.000% en la isla, lo cual pone de manifiesto que nosotros hemos tenido capacidad por el año, que debemos tener capacidad para atender a todas estas personas y no dejar a nadie atrás. Y yo creo que nos hemos movido muy rápido. Hemos abierto dispositivos muy rápido. Creo que respondemos rápido a las demandas que estamos viendo. En 15 días bajaré menos y abrimos un nuevo espacio temporal de acogida con capacidad para 800 plazas.

¿Sería más fácil si Interior acelerase los traslados desde las islas Canarias y desde Melilla [cuyo centro de acogida está saturado] a la Península, donde hay más plazas liberadas?

Nosotros con Interior tenemos una coordinación. De hecho, sacamos a 140 personas, como bien sabes, hace dos semanas desde Melilla. Sí, claro. Siempre los traslados son una forma de facilitarlo para evitar cuellos de botella cuando tienes llegadas de personas irregulares más continuadas en el tiempo en ciertos lugares.

El CETI de Melilla continúa saturado. Es una prioridad nuestra. Para nosotros la dignidad de las personas es prioritaria y estamos trabajando en eso.

Lo que te puedo decir es que nosotros, en lo que es el ámbito de nuestras competencias, estamos abriendo plazas para no dejar a nadie atrás y creo que lo estamos haciendo bien.

Pape Gueye estaba impartiendo clases de francés cuando, en 1998, su teléfono empezó a sonar. Al otro lado del móvil, un familiar le daba la noticia: su visado estaba listo y su vuelo hacia Europa despegaría en cuestión de horas. Abandonó el aula y se apresuró hasta llegar a su casa en Pikine, Senegal. Ubicada en la periferia de Dakar, a once kilómetros del centro por la Route du Front de Terre, sus más de 940.000 habitantes hacen de ella la localidad más poblada del país. La curiosidad y las ganas de “probar suerte” fueron sus compañeras de viaje. En su país de origen, su sueldo como docente apenas alcanzaba los 200.000 francos CFA (300 euros). Creía que en España su formación se vería mejor recompensada, pero la realidad se alejó por completo de sus expectativas. La imposibilidad de homologar su título lo empujó a la venta ambulante de bisutería en el sur de Gran Canaria. Más de 20 años después, la inestabilidad de su trabajo hizo que la declaración del estado de alarma lo pillara con apenas 30 euros en el bolsillo. “Un mercader vive al día. Lo que ganas en una semana es lo que tendrás para comer, pagar los gastos y enviar dinero a la familia. Esto nos pilló por sorpresa a todos”, cuenta.

Vestido con traje de pantalón y chaqueta y una corbata, el profesor pasó sus primeros días en Gran Canaria vendiendo collares y pulseras a turistas en Maspalomas en pleno verano. “Lo primero que pensaban otros vendedores al verme era: ”Este es un recién llegado“, bromea en una conversación con este medio. Poco a poco fue aprendiendo cómo funcionaba el negocio, que en semanas ”buenas“ le puede dejar 200 euros y, otras, apenas cinco euros o ningún ingreso. Pape, que además es vicepresidente de la coordinadora de asociaciones de senegaleses en las Islas, lamenta que algunos de sus compatriotas estén en una situación aún más precaria y vulnerable. ”Hay mujeres a las que solo le quedaban dos euros cuando empezó la pandemia y con sus caseros detrás para que paguen el alquiler“, cuenta. El reparto de alimentos organizado por las organizaciones de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias (FAAC) y el apoyo del diputado del PSOE Luc André Diouf es lo que ha permitido que algunas comunidades de personas africanas en Canarias pudieran sobrevivir a la pandemia.

“Tengo detrás de mí a más de 50 familias que ahora mismo no tienen nada. Su situación es crítica. La mayoría son personas que no tienen papeles y son vendedores ambulantes que no tenían ni contrato para poder acogerse a un ERTE”, señala. Por ello, Pape se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para obtener al menos una ayuda alimentaria: “Es una necesidad”.

“La situación es aún peor para los inmigrantes que no pueden regularizar su situación”, insiste. “Las leyes no permiten llegar y trabajar de forma regular. Por lo tanto, en situaciones como esta es imposible acogerse a cualquier tipo de ayuda”. Ni siquiera la aprobación del Ingreso Mínimo Vital podrá aliviarles. Algunos de los bulos que circulan desde que esta ayuda salió adelante en el Congreso intentan hacer creer que todas las personas que llegan en patera podrán acceder a ella. Sin embargo, para poder percibirla el solicitante debe llevar al menos un año residiendo de manera regular en España, salvo si se trata de una víctima de violencia de género, de trata de seres humanos o de explotación sexual. Una situación que debe demostrarse y que no se aplica a quienes llegan al país a través de mafias. La saturación de las administraciones, la barrera idiomática y las exigencias de la Ley de Extranjería también bloquean la inserción de la población migrante.

El ejemplo de Europa

“Canarias no está preparada para la inmigración”, valora el docente. Aunque para él, por su posición geográfica y sus vínculos con África, el Archipiélago debería ser “el ejemplo de Europa”. Pape no solo tuvo que adaptarse a la vida del vendedor, sino también a la de ser africano en España. Pocos años después de llegar, Konate recuerda cómo un agente le paró sin motivo para ver si tenía documentación. “Siguen a la población negra porque dan por hecho que no tiene papeles”, opina. En cuanto a la atención a las personas que acceden por vías irregulares al continente, Pape valora que gracias a servicios como Salvamento Marítimo puedan llegar vivas, aunque “lamentablemente hay muchas muertes en la ruta canaria”. Sin embargo, una vez en tierra, la gestión es negativa: “Buscar una vida mejor y apoyar a la familia. Eso es la inmigración. Pero después la realidad es más complicada”.

Los Centros de Internamiento de Extranjeros son, para el senegalés, un ejemplo de los “errores” de las políticas migratorias españolas: “Son prisiones donde te quitan la libertad. Venir y que te encierren no es ayudar. Gracias a dios, en la actualidad no están abiertos”. En abril, tanto el CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria, como el de Hoya Fría, en Tenerife, cerraron por la imposibilidad de deportar a los internos por estar las fronteras cerradas con la declaración del estado de alarma. Además, varias personas fueron contagiadas en lo que era la antigua prisión provincial en Gran Canaria, por lo que el juez de control, Arcadio Díaz Tejera, ordenó su desalojo.

Desde el punto de vista de Pape, la solución es clara: formación y educación. “El campo y la construcción son los dos grandes sectores donde la población migrante trabaja en la economía informal”, explica. Por tanto, para él, los fondos podrían dedicarse a abrir centros de formación y profesionalización para que la mano de obra sea cualificada y puedan acceder a empleos dignos, con un contrato laboral que los respalde. A esto se suma la importancia de un “cambio de mentalidad” en la población local. “Creemos que no, pero el racismo sigue existiendo”, subraya. “Los africanos toleramos más a la gente blanca cuando llega al continente que cuando sucede lo contrario. Aunque si miráramos atrás y recordáramos la colonización, deberíamos ser más duros con Occidente. Recordar cómo nos esclavizaron, duele”.

Durante el estado de alarma, la llegada de pateras a España ha reducido su ritmo, pero no se ha paralizado. El protocolo habitual de recepción y acogida de migrantes ha tenido que adaptarse a la pandemia, para permitir el seguimiento de la cuarentena y controlar posibles casos importados de COVID-19 en el contexto de la inmigración irregular. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha enviado este viernes a las delegaciones del Gobierno un protocolo específico para aglutinar aquellas directrices generales que, salvo excepciones, ya se venían aplicando en cada entrada irregular.

Entre ellas, se encuentra el bloqueo de plazas destinadas a posibles casos positivos, la habilitación de espacios adecuados para el seguimiento de la cuarentena o la exigencia de recabar información que permita seguir el trayecto de los ocupantes de cada patera por si fuese necesario tomar medidas específicas ante un eventual caso positivo, según el documento al que ha accedido eldiario.es. Además, el documento obliga a las autoridades o entidades responsables a garantizar la dotación de mascarillas y material higiénico-sanitario a los migrantes y al personal de todos los centros de acogida, incluido los CETI de Ceuta y Melilla, cuya ocupación supera con creces su capacidad desde hace meses.

El protocolo recoge las “medidas anticipatorias” y las actuaciones que deben llevarse a cabo durante la crisis sanitarias con todas las personas migrantes que acceden de manera irregular a través de las costas españolas y las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, explica el texto firmado por la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul. El objetivo, apunta, “es unificar la operatividad de las actuaciones del programa de atención humanitaria y de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETIS) para tratar de evitar de la manera más eficiente posible, la aparición de casos importados”.

Cuando una patera llega a las costas españolas, Cruz Roja es la encargada de realizar una revisión médica a todas las personas rescatadas. Según el plan de Migraciones, que bebe del protocolo elaborado por Sanidad Exterior, sólo las personas que refieran síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19 serán sometidas a un test diagnóstico en el momento de su llegada. Las Comunidades Autónomas, al contar con la competencia en materia sanitaria, tienen la posibilidad de someter a estas pruebas a todos los migrantes, como han decidido los gobiernos de Canarias (PCR) y Murcia (test rápidos).

Si estas personas no presentan síntomas a su llegada, después de ser identificados por la Policía y pasar a disposición judicial durante un máximo de 72 horas, los migrantes que lo necesiten deben ser atendidos a través de la red de acogida gubernamental. Entonces, el personal encargado de la atención a los residentes “protocolizará la toma de la temperatura a las personas a la llegada y a la salida del recurso, para detectar síntomas de enfermedades”, reza el documento. Además, debe establecer un “mecanismo de monitoreo diario” para la evaluación de posibles casos sospechosos y priorizar el examen de salud de las personas con mayor riesgo de contagio, como los ancianos o las personas con enfermedades crónicas.

Cuarentena obligatoria en los centros

Desde el inicio de la cuarentena obligatoria de 14 días para todas las personas recién llegadas del extranjero, varias organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) pedían la aprobación de un protocolo que explicase la manera de proceder ante el confinamiento de los migrantes que no cuenten con redes familiares en España. En la práctica, las entidades sociales que forman parte del sistema de acogida sabían la manera de proceder, aseguran las ONG consultadas, pero faltaba su formalización sobre el papel.

Sobre la cuarentena obligatoria, el protocolo emitido por la Secretaría de Estado de Migraciones detalla que los migrantes tendrán que permanecer en el interior de aquellos centros donde hayan sido derivados. Pueden salir, siguiendo las precauciones de distancia, lavado de manos y uso de mascarilla, para la adquisición de bienes de primera necesidad o causas de fuerza mayor, tal y como establece la orden del Ministerio de Sanidad para todas aquellas personas que entren en España desde otro país hasta el 1 de julio.

Esta medida suele conllevar el aislamiento de grupos de personas provenientes de la misma patera en estancias específicas de los lugares de acogida, aclaran fuentes de Migraciones, por lo que conlleva la activación de un mayor número de plazas. Según establece la Secretaría de Estado, se han bloqueado 706 plazas de un total de 5.931 y se están habilitando nuevas plazas “para situaciones de aislamiento y para mantener las distancias”. En este sentido, las Entidades sociales deben realizar periódicamente “un análisis de las plazas actualmente bloqueadas por COVID 19, dependiendo de la evolución de su provincia en el plan de desescalada, que podrían ir siendo desbloqueadas, observando siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias, tanto estatales como autonómicas”.

Durante la cuarentena, el Gobierno permite el traslado de los migrantes de recurso de acogida en caso de que fuese necesario debido a la disponibilidad de plazas, siempre que se cumplan las medidas de seguridad establecidas en el transporte para el resto de la población. Si es preciso el desplazamiento a otra comunidad autónoma, añade el protocolo, se deberá informar a las autoridades sanitarias de la región “para asegurar su garantizar su trazabilidad”, es decir, poder tomar medidas específicas en caso de un eventual caso positivo entre sus compañeros de patera.

Con este mismo objetivo, los servicios de atención médica de los CETI, el servicio de costas de cruz roja española, los servicios de salud de las ciudades y comunidades autónomas, el INGESA y las entidades participantes en el programa de atención humanitaria, también “han de recabar los datos necesarios e información suficiente” en caso de que sea necesario realizar un seguimiento de sus contactos.

El retraso de la activación de plazas

Cuando una patera llega a suelo español, los ocupantes de la embarcación permanecen durante custodia policial por un máximo de 72 horas para ser identificados. Posteriormente, aquellas personas que carecen de un lugar donde quedarse, son acogidos en el sistema de atención humanitaria, que depende del Ministerio dirigido por José Luis Escrivá. En las últimas semanas, se han publicado varios casos en los que los recién llegados se ven empujados a permanecer en dependencias policiales más allá del plazo establecido -aunque dejen de estar bajo custodia-, hasta la localización de plazas disponibles para seguir la cuarentena.

En Canarias, varios migrantes han sobrepasado las 72 horas en una nave sucia y sin camas, habilitada por la Policía Nacional. Una vez superado dicho plazo, la Jefatura de Policía en las islas comunicó el final de su custodia policial. Sin embargo, esas personas no tenían otro lugar adonde ir hasta que la Secretaría de Estado de Migraciones no liberase plazas válidas para el seguimiento de la cuarentena.

Según la Secretaría de Estado de Migraciones, encontrar los espacios adecuados en función de los perfiles de los ocupantes de cada patera es una de las razones por las que, según justifican, se está retrasando el traslado de estas personas.

Llevar a la práctica la cuarentena de los recién llegados conlleva la adaptación de los centros o pisos de acogida a las circunstancias de cada grupo de personas, según coinciden desde Cruz Roja Española. “Lo que hemos hecho es adecuar nuestros centros de acogida para que las personas puedan pasar los 14 días”, explican desde la organización. Durante este tiempo, en conversaciones con la Secretaría de Estado de Migraciones, en cada llegada de pateras han despejado espacios para asegurarse de que solo compartan instalaciones comunes, como baños o comedores, aquellas personas que han viajado en la misma embarcación, describen desde la entidad humanitaria.

Desde Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias también confirman que la falta de plazas, ligada en las islas a la negativa de Interior de realizar traslados a la Península, acaba derivando en los retrasos de la derivación de los migrantes al sistema de acogida. “Esto ha dificultado más la acogida: tener que hacer una cuarentena supone que cada espacio tiene que ser distinto para cada llegada de pateras. En un contexto de falta de plazas, se complica”, sostiene un portavoz de la organización.

Mascarillas, información y distancia

El texto emitido por Migraciones determina que el personal de los centros debe entregar a las personas acogidas la normativa referente a las medidas de prevención e higiene del COVID-19 y garantizar el acceso a soluciones desinfectantes y mascarillas, así como asegurar el distanciamiento social de dos metros. Durante el estado de alarma, organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional han alertado de la dificultad de cumplir con las recomendaciones sanitarias en el CETI de Melilla, cuya ocupación supera su capacidad desde el inicio del brote.

Según establece el protocolo del Ministerio, los CETIS y las entidades beneficiarias del programa de atención humanitaria “deben asegurarse de tener las suficientes plazas para cumplir con los requisitos establecidos con este protocolo”. Ante la escasez de plazas en la ciudad autónoma, las ONG piden el traslado de migrantes a la Península, donde hay más espacio de acogida, pero el Ministerio del Interior continúa realizándolos a cuentagotas.

Una nave del Puerto de Las Palmas es la alternativa a las comisarías escogida para la filiación de los migrantes que llegan en patera a Canarias durante la pandemia. El hacinamiento, las malas condiciones de los calabozos y el positivo por COVID-19 registrado en la Comisaría de Maspalomas condujeron a habilitar este espacio como una medida para velar por la salud pública. El 26 de mayo entraron los dos primeros grupos. Ese mismo día, los propios agentes de la Policía Nacional, encargada de custodiar el almacén y de efectuar el registro, procedieron a barrer “el polvo y los restos de cartón y madera” del suelo con “una manguera y escobas”, según un oficio emitido por el Jefe Superior de Policía a la Delegación del Gobierno. Desde entonces, los adultos llegados por vía marítima a Gran Canaria han pasado por esa nave, prevista en un principio como lugar dedicado en exclusiva a la filiación. Sin embargo, cuatro personas han superado ya el máximo de 72 horas retenidas que permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que solo contempla como excepción los casos de terrorismo. Ya no están bajo custodia policial, pero ninguna ONG los asiste y continúan en la nave hasta el momento.

De este modo, este jueves el espacio es compartido entre personas llegadas a las costas de la Isla en diferentes embarcaciones. Fuentes especializadas en el acompañamiento a población migrante señalaron a esta redacción que el inmueble en el que las personas pasan sus primeros días de cuarentena solo cuenta con cuatro baños portátiles y no tiene duchas. Además, los ocupantes duermen en colchonetas a ras de suelo. El documento emitido por la Policía también resalta que las colchonetas han sido trasladadas por parte de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y desde la Comisaría de Policía de Maspalomas se aportaron mantas. También Seguridad Ciudadana facilita las raciones de comida.

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno han asegurado a este periódico que, junto con la Policía Nacional, “han realizado un esfuerzo para dar respuesta a un problema puntual, habilitando unas instalaciones para poder realizar el pertinente e inicial procedimiento de reseña de los migrantes antes de derivarlos al sistema de acogida, velando en todo momento por que no se produzcan situaciones de desamparo”. “Se sigue reforzando e impulsando la coordinación de todas las administraciones, locales, autonómica y central, así como del resto de actores implicados, para articular las medidas necesarias para la acogida de los migrantes que llegan a nuestras costas”, añaden estas fuentes.

No es la primera vez que los migrantes que pasan por el almacén portuario superan el límite de tiempo legal retenidos. El primer grupo que la ocupó fue atendido y trasladado a otro recurso alojativo gestionado por Cruz Roja después de que la Policía Nacional abandonara la nave. “Se va a retirar el servicio policial establecido en dicho recinto, permaneciendo un vehículo tipo Z en el exterior a fin de evitar cualquier altercado”, señaló el Jefe Superior de Policía en un comunicado oficial. Antes de su retirada, se realizó una solicitud de acogida a la administración competente, la Subdirección General de Programas de Atención Humanitaria y Centros de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Entre estas personas, dos dieron positivo en COVID-19, después de que se realizaran los test a todas ellas. Una medida recientemente implantada y que se aplica a todos los migrantes llegados en patera o cayuco a las Islas. Los dos contagiados fueron aislados en el propio recinto. Los 15 posibles menores identificados en el grupo fueron trasladados a un espacio habilitado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias. La directora general de este departamento, Iratxe Serrano, insiste en que los menores “nunca van a estar en esa nave”.

La falta de recursos suficientes para albergar a los menores durante la cuarentena ha hecho que se habiliten lugares alternativos como la residencia escolar de la Cuermeja, en La Aldea de San Nicolás, donde permanecen desde este miércoles 16 niños. Previamente, se les hicieron las pruebas de detección del virus y todos han dado negativo. Su atención estará coordinada por la ONG y el Ayuntamiento ha insistido en que el municipio “está marcado por la emigración de muchos vecinos que se vieron obligados a buscar una mejor vida lejos de su tierra” y desde hace años ofrece acogida a personas que viven situaciones de necesidad en sus países y que terminan en algunos casos estableciéndose de forma definitiva en la localidad.

Plazas de acogida

CEAR Canarias ha resaltado en su cuenta de Twitter que “no puede ser una excusa la no existencia de plazas de acogida humanitaria para que las personas que llegan a Canarias acaben en naves industriales, almacenes, tirados en el suelo y excediendo la custodia policial”. El traslado de migrantes a recursos de otras comunidades autónomas o su reagrupación familiar en otros puntos de la Península tampoco es una medida contemplada por el Ministerio del Interior, que afirmó a Canarias Ahora que ni durante el estado de alarma ni antes se preveía ningún desplazamiento de inmigrantes desde el Archipiélago a otras zonas del país.

Mientras tanto, la ruta canaria continúa activa, y tampoco la pandemia trunca el sueño europeo de miles de personas. Según datos publicados por Efe, Canarias está a punto de superar las cifras de entrada de inmigrantes en patera de 2019, cuando alcanzaron tierra firme 2.698 personas. A 4 de junio de 2020, ya se contabilizan 2.601 supervivientes. A esta cifra se suma también el dato invisible de fallecidos y embarcaciones desaparecidas.

La última patera ha llegado este jueves a Lanzarote. Salvamento Marítimo ha rescatado esta mañana a 40 kilómetros del sur de Arrecife a 49 inmigrantes a bordo de una lancha neumática, entre ellos cuatro menores, procedente de Marruecos.

La declaración del estado de alarma pilló a Sidiki entre fincas de frutos rojos. Llegó a uno de los 38 asentamientos chabolistas de Huelva cuando aún era menor de edad. El campamento donde vive se asemeja a un barrio, dividido por calles perpendiculares unidas por una gran avenida principal con chamizos a un lado y al otro. Sus viviendas, fabricadas a base de palés, cartones y plásticos, impiden conservar la exigida distancia social. La falta de acceso a agua tampoco permite lavarse las manos con jabón después de recoger durante horas fruta y verdura que acabará sobre las mesas de miles de hogares españoles y europeos.

“Estamos como antes. No hay cambios”, escribe por mensaje Sikini, una de las miles de personas migrantes que subsisten durante la pandemia en los campamentos de jornaleros de Huelva ante las precarias condiciones en las que trabajan miles de migrantes sin papeles en la zona de forma crónica. Otros alertan de que la situación actual es “peor que nunca”, debido a las restricciones de movimiento ligadas a la COVID-19. Decenas de empresas se nutren con mano de obra de personas en situación irregular en Huelva y Almería, sin que sus compañías respondan a las condiciones en las que se ven empujados a vivir debido a los precarios salarios percibidos. 

La caseta de Sidiki se encuentra al fondo del campamento, en una zona verde con abundantes árboles. “No hemos visto al doctor por aquí. Una mujer que a menudo nos trae cosas, me dio una mascarilla”, destaca este joven ghanés al preguntarle por las medidas sanitarias durante la pandemia.

Sin acceso a los medios de comunicación, los voluntarios de distintas ONG ofrecen información para prevenir el contagio del virus, pero resulta complicado ponerlo en práctica. Las recomendaciones del Ministerio de Sanidad no sirven en los asentamientos chabolistas: no tienen acceso al agua corriente para lavarse las manos, ni a productos de limpieza para desinfectar ni cuentan con recogida de residuos.

“El confinamiento es imposible, no reúnen las condiciones; y el protocolo si se dan los síntomas es complejo. Si hubiera un caso positivo sería muy complicado aislar a la persona contagiada”, explica a eldiario.es Ignacio Romero, responsable del Proyecto de Intervención de Asentamientos de Cruz Roja.

Para proveerse de agua, deben recorrer largas distancias. En algunos asentamientos disponen de carritos de la compra para transportar las garrafas desde las fuentes. Los medios de protección a los que han accedido durante el estado de alarma han llegado, principalmente, a través de varias organizaciones sociales.

La Cruz Roja ha suministrado en los últimos dos meses bidones de agua a 3.000 personas en Huelva y a 4.500 en Almería, donde existen 120 asentamientos, aunque algunos más pequeños que los onubenses, con grupos de 10 y 15 personas. Una treintena de voluntarios de Médicos del Mundo ofreció información contrastada sobre el virus y atención humanitaria, además de repartir comida, jabones, lejía, mascarillas a más de un millar de personas en los asentamientos de Almería. Según la Secretaría de Estado de Migraciones, el Gobierno financia parte del reparto de estos productos de higiene a través del programa de atención humanitaria. 

Solo en uno de estos campamentos conviven hasta 800 hombres, mujeres y niños de diferentes nacionalidades en un ambiente de inseguridad, insalubridad y sin recursos económicos. Desde allí acceden a trabajos esporádicos durante las campañas agrícolas, se dedican a la venta ambulante en mercadillos o en los paseos marítimos durante el verano.

Los temporeros no han cambiado su rutina en los dos meses de estado de alarma, pero ahora arriesgan su salud sin contar con las precauciones establecidas por Sanidad. “Hay muchas más personas trabajando que antes”, afirma Sidiki.

“Estamos cansados aquí. Si no tienes papeles no encuentras trabajo. No somos ladrones, sólo buscamos una oportunidad laboral”, decía Sikini dos días antes de la declaración del estado de alarma. Entonces, tenía la esperanza, “si necesitan más personas -los empresarios- para recoger las frutas, igual nos llaman”.

Las chabolas, fabricadas con palés de madera en la base, cartón en el interior y lonas de plástico, resulta inútil para protegerse de los días lluviosos. Otro enemigo es el fuego. Las llamas del último incendio, el 14 de abril en el asentamiento de Baldifresa (Palos de la Frontera), “destruyeron 67 chabolas y desalojaron a 200 personas que perdieron su documentación, ropa y enseres”, denunció en un comunicado la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Enfrente de Sidiki, vive Malick (nombre ficticio), un joven maliense que prefiere revelar su verdadera identidad. Llegó desde Barcelona para la campaña agrícola hace dos años y medio. En marzo, durante la visita de eldiario.es, construía con madera una morada más consistente. “Si no tienes papeles, aunque tengas dinero, tampoco puedes acceder a una vivienda”, asegura el joven. Trabaja en el campo con los documentos en regla de un 'hermano'. “Me los pasa para ir unos días. Ahora es muy difícil que te llamen si no están en regla porque la policía controla las empresas”, lamenta.

Se traslada al campo como lo hacía antes de la propagación del coronavirus: a pie o en bicicleta. Malick asegura que les pagan “38 euros por día; y nos lo dan cada semana, pero cuando termina la temporada nos quedamos sin nada”.

El maliense se dedicaba al comercio en su país, cuando decidió invertir 1.500 euros para emprender la ruta a Italia, a través de Libia. “en Malí tenemos muchas dificultades”, sostiene el hombre. Vino con el compromiso de enviar dinero a su familia, por lo que pide regularizar su situación. “Necesitamos papeles. Si tenemos documentación, vamos a encontrar trabajo”, pedía justo dos días antes de que se decretase el estado de alarma.

Más tarde, las ONG y colectivos de defensa de los derechos humanos lanzaron la campaña #RegularizaciónYa para exigir al gobierno español que regularice a los migrantes. “Elevar su estatus jurídico será el primer paso para su protección. Las medidas previstas hasta ahora, como las derivadas del Decreto agrícola son absolutamente insuficientes y no van a resolver la recogida de las cosechas”, mantiene la APDHA.

Condiciones “peores que en un campo de refugiados”

Desde la APDH Huelva consideran que la actuación en los asentamientos no debe limitarse a la ayuda que puedan dar algunas organizaciones sociales.  “Se hace necesaria una resolución gubernamental que, de una vez, solucione favorablemente su situación dotándoles de permisos de trabajo sean temporales o por campaña, que permita regularizar su estado para poder ser contratados y reubicados en las viviendas que las fincas agrícolas poseen”.

La COVID-19 ha puesto de nuevo de manifiesto la situación de los asentamientos en Andalucía, pero no es un fenómeno nuevo. El defensor del pueblo andaluz en un informe en 2001 llamaba a los poderes públicos y a la sociedad de acogida “a garantizar un alojamiento digno a todos los trabajadores temporeros, cualquiera que sea su nacionalidad”. Entonces ya se reconocían importantes y graves carencias en materia de alojamiento para los trabajadores no acordes con los términos de dignidad y adecuación que exige el artículo 47 de la Constitución.

“Las condiciones que yo vi allí eran peores que las de un campo de refugiados”, aseguró Philip Alston, relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, tras visitar seis comunidades autónomas durante dos semanas en el mes de febrero. En sus declaraciones, mencionó que lo que más le había llamado la atención es la situación de los trabajadores migrantes en Huelva, subrayando su falta de acceso al agua, a la electricidad y a los saneamientos.

Dos días antes de la declaración del estado de alarma, cuando la Comunidad de Madrid había anunciado el cierre de los colegios y empezaba a pedir a sus ciudadanos que se quedasen en casa, la Administración regional dejó en situación de calle a S.H.J, un adolescente extranjero no acompañado acogido en el centro de menores de Hortaleza, después de ser declarado mayor de edad por la Fiscalía. Este mes, un juzgado ha ordenado al Gobierno madrileño la readmisión del menor gambiano en el sistema de protección ante las circunstancias ligadas a la crisis de la COVID-19, según la resolución a la que ha accedido eldiario.es.

Tras pedir la activación medidas cautelares por parte de la Fundación Raíces, el juzgado de primera instancia número 80 de Madrid acordó el siete de mayo la suspensión de la resolución administrativa de marzo por la que la Comunidad de Madrid acordó el cese de la tutela del menor.

En este sentido, la jueza ha obligado a la Comisión de Tutela del Menor de la Consejería de Políticas Sociales al reingreso inmediato del adolescente en sistema de protección a la infancia hasta que, al menos, el joven pueda apelar en un procedimiento judicial el decreto por el que la Fiscalía de Madrid concluyó a principios de marzo su mayoría de edad. Debido a las restricciones ligadas al estado de alarma, el adolescente no ha tenido la oportunidad de recurrir la decisión en los juzgados.

El pasaporte y el acta de nacimiento de S.H.J. marcan que nació el 5 de marzo de 2003 en Gambia. A su llegada a Madrid, después de pasar por un centro de menores en La Línea de la Concepción, el joven ingresó en el sistema de protección de la Comunidad, en el centro de Hortaleza. La Fiscalía le impuso la realización de pruebas médicas, algunas invasivas como la exploración de sus genitales, a lo que el menor de edad se negó, ha expuesto ante el juzgado la Fundación Raíces.

Según recoge la resolución judicial, la Fiscalía decretó la mayoría de edad del adolescente el 05 de marzo de 2020 en base a la “forma de tramitación y emisión del pasaporte no era la adecuada”; a la negativa del joven a someterse a las pruebas de la edad; al supuesto hecho de que el adolescente, “al entrar en España, mintió a la policía sobre su país de origen y minoría de edad” y a la consideración de que su “apariencia física no era la de un menor de edad”.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo determina que un menor migrante solo puede someterse a las pruebas de la determinación de la edad en casos en los que este se encuentre indocumentado o en aquellos casos en los que se ponga en cuestión la fiabilidad del pasaporte y se dude razonablemente de la edad del menor. Según denuncia la Fundación Raices, la Fiscalía no desvirtuó “mediante prueba objetiva la validez del pasaporte que acredita la edad e identidad del menor” ni consultó con las autoridades gambianas su veracidad“ antes de imponer la realización de pruebas médicas para concluir su edad, que cuentan con un amplio margen de error.

Como consecuencia de la decisión de la Fiscalía, la Comunidad de Madrid dio de baja al chaval en el sistema de protección y le expulsó del Centro de Primera Acogida de Hortaleza el 12 de marzo, según ha documentado Raíces. La Consejería de Asuntos Sociales dejó al adolescente en la calle en plena crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus “sin proporcionarle una mínima alternativa”, recoge la organización especializada en infancia.

Por aquel entonces, el Gobierno regional ya pedía a la población madrileña la permanencia en casa, dos días después de haber anunciado el cierre de los centros educativos por la crisis sanitaria. Durante este tiempo, el menor, “ha tenido que ingeniárselas por sí solo y, aunque ha solicitado plaza a varias organizaciones, le han rechazado por ser menor y por estar saturadas por la COVID-19”, relata la Fundación.

“Solo ha conseguido refugiarse durante las últimas semanas en un piso ocupado, en condiciones de extrema precariedad, sin luz ni agua, saliendo diariamente para acudir a los baños públicos a asearse y a conseguir comida de cualquier manera, a riesgo de ser sancionado por las autoridades”, denuncia Raíces.

El menor vivió en Gambia hasta que migró a Europa con 15 años. Después de atravesar varios países en su camino a España, el adolescente llegó a Algeciras en patera el 4 mayo de 2019.

El 24 de marzo, días después de la expulsión del menor gambiano, la Comunidad de Madrid anunció que no expulsaría a ningún adolescente de sus centros de acogida en caso de cumplir 18 años o ser declarados mayores de edad por la Fiscalía. El Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 emitió el 27 de marzo un documento técnico en el que recomendaba asegurar la protección de los jóvenes tutelados en estas circunstancias. “ Ninguna de esas decisiones llegó a tiempo de proteger a S.H.J., que ha tenido que acudir al auxilio judicial para ser protegido”, sostiene su abogada, Paloma García de Viedma.

“Es urgente que el Gobierno revise su actuación y modifique de manera inmediata un procedimiento de determinación de la edad que va en contra de nuestro ordenamiento jurídico, de las Recomendaciones del Defensor del Pueblo, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de todas las guías de buenas prácticas europeas en esta materia y en contra de la Convención de los Derechos del Niño”, denuncia la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal.

“El Estado español de manera sistemática niega la validez de estos documentos sin prueba alguna en contra, situando a los niños en una absoluta indefensión, al no permitirles acreditar su verdadera edad por ninguno de los medios a su alcance”, concluye Reyzábal.

Fabiana (nombre ficticio) sale de su casa un poco antes de las nueve de la mañana para dirigirse a pie hasta su trabajo en un municipio canario. Lo hace en alerta, un poco nerviosa. Esta joven de un país de Latinoamérica acude a una vivienda en la que cuida a una persona mayor, a la que le hace la comida, le da su medicación y la acompaña durante doce horas. Esta rutina la ha seguido un día a la semana durante el estado de alarma. Fabiana es esencial en el hogar en el que trabaja pero se convierte en una persona expulsable desde que pone un pie en la calle. Se encuentra en situación irregular, pero su caso no es el único ya que miles de mujeres migrantes sin papeles han cuidado a personas de la tercera edad durante el confinamiento arriesgándose a ser paradas por la policía.

Se estima que en España hay 200.000 mujeres extranjeras sin papeles trabajadoras del hogar, según datos de Comisiones Obreras y UGT. En este sector de por sí precarizado, ya que muchas empleadas cobran menos del salario mínimo y no tienen derecho a paro, hay subgrupos incluso más vulnerables. En primer lugar están las extranjeras, y entre ellas, quienes se llevan la peor parte son las que están en situación irregular. El periodo de pandemia ha conseguido visibilizar su labor esencial de cuidados y, al mismo tiempo, avivar el temor de muchas de estas mujeres a salir a la calle y a tener que enseñar su documentación.

“El primer día [del estado de alarma] que fui a trabajar me encontré un coche de la policía y me asusté. Me dije: ¡aquí ya!, pero no me dijeron nada. Iba al trabajo con miedo, sin acercarme a la gente, viendo si estaba la policía”, recuerda Fabiana, quien además ya había pensado una excusa por si un agente le preguntaba a dónde iba. Una joven hondureña que trabaja como interna expresa que sentía el mismo miedo a salir cuando iba a visitar a sus tres hijos menores a cargo de un adulto. “Aunque yo solo tenía que cruzar una calle, he tenido miedo, iba a la ligera. La verdad es que tenemos bastante temor”.

Carolina Elías, la presidenta de la asociación Servicio Doméstico Activo ( SEDOAC), subraya que el hecho de que una persona sea parada por la policía en lo que ella llama una “redada racista” supone una experiencia muy dura y traumática que ha dejado graves secuelas a quien la sufre, incluso antes del estado de alarma. “Son redadas racistas porque aunque la policía diga que le piden papeles a todas las personas, el 99% de las personas que detienen tienen rasgos extranjeros, no son mujeres blancas”, denuncia. Una opinión muy parecida la sostiene Sylvia Villalba, la responsable de la Asociación Claver de Sevilla, que apunta a que este temor no es infundado puesto que han notificado durante el confinamiento a una mujer que ahora mismo está en shock sin poder afrontar esta situación. “Recibimos el caso de una señora que fue a tirar el basura, le alcanzó la policía y le dieron una orden de expulsión. Y la familia con la que trabajaba, como ella está en situación irregular, dijo que no quería meterse en problemas y la despidió”.

Elías también cuenta que hay una trabajadora que está a la espera de que no le llegue la orden de expulsión. En esta ocasión tuvo que ser la propia empleada la que acudió a la policía a interponer una denuncia en pleno estado de alarma. “La chica decidió quedarse a cuidar a la señora mayor pero le pidió a las hijas una retribución por quedarse las 24 horas ahí. Una de ellas le gritó, la insultó, le dijo que la estaban manteniendo, cuando en realidad ella estaba ateniendo a la señora, de manera que la hija no tenia que desplazarse a cuidarla. Lo peor es que la hija terminó golpeándola con el palo de la fregona y la chica tuvo que denunciarla. Y como no tiene papeles, cuando fue a la policía le dijeron: Es que sin papeles podemos tramitarle el expediente de expulsión”.

Para reducir al máximo este riesgo, muchas empleadas han optado por trabajar en régimen de internas, y aquellas que ya lo eran, descansando a la semana 36 horas, han decido hacer confinamiento total en las casas en las que trabajan. En otros casos, han sido obligadas por sus empleadores. Esta situación supone, según diversos colectivos de mujeres extranjeras empleadas del hogar, una sobrecarga emocional, física y psíquica al trabajar prácticamente 24 horas al día sin poder desconectar. “Algunas están desarrollando agorafobia, como el caso de una compañera que salió a la farmacia y cuando regresaba le costaba respirar, las piernas se le entumecieron y le dio diarrea”, desvela Elías, que además subraya el “machaque emocional” que están padeciendo en familias ya de por sí estresadas por esta situación o por cuidar a personas con alzhéimer o algún otro tipo de demencia.

“Me dolía la cabeza, el cuello, sentía palpitaciones en el pecho y me alteraba fácilmente”, confiesa una empleada paraguaya de Gran Canaria que ha estado 49 días encerrada con la persona a la que cuida, una mujer con una discapacidad intelectual. “Sentía que ya no podía más, quería salir corriendo. Esto me superaba”, exclama. Ha estado trabajando 24 horas al día ya que por la noche la mujer a la que cuida se despierta y hay que estar pendiente de ella. En su caso, fue su empleadora quien le pidió que no saliera porque temía que trajera el virus a la casa y, al mismo tiempo, confiesa que tampoco hubiera ido a la calle al no disponer de documentación.

Además, las trabajadoras internas también han visto que sus tareas se han multiplicado en época de confinamiento. “Hay una chica contratada para cuidar a un señor mayor y con la pandemia se ha metido en la casa la hija, a quien le ha tenido que lavar la ropa y hacerle la comida. Hasta que la empleada se rebeló y dijo que solo la habían contratado para cuidar al señor y que era injusto que si, además de no pagarle un extra al tener que estar encerrada los fines de semana, encima se le había multiplicado el trabajo”, señala Elías.

La Ley de Extranjería, en el centro de sus reivindicaciones

Los colectivos que trabajan con mujeres migrantes en el sector de cuidados coinciden en que la pandemia ha agravado una realidad plagada de adversidades. Uno de los principales riesgos que toman estas mujeres es a sufrir algún tipo de agresión sexual. Claudia Favela, técnica de la Fundación Ellacuria, describe que al estar en situación irregular estas mujeres acuden a la vía informal para buscar trabajo, lo que las expone con mayor probabilidad a situaciones de violencia. Tienen constancia de casos en los que las mujeres han recibido “llamadas lascivas” o han sufrido algún intento de agresión sexual cuando se han presentado en la entrevista de trabajo. “Esto nos dice en qué punto de vulnerabilidad están por no tener reconocido su derecho al trabajo y por no poder hacerlo por los cauces que den una mayor protección”, sentencia.

Elías alerta de que estas situaciones ocurren más de lo que la sociedad imagina y que demuestran cómo puede entremezclarse de manera trágica ser mujer y no tener papeles. Esto lo constata también el informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) `Visibilizar lo invisible, que especifica que un 40% de las mujeres encuestadas reconoce que la han obligado a hacer trabajos que no le corresponden y, entre otras cosas, se incluye el acoso sexual.

“Tenemos el caso de una compañera que sufrió una agresión sexual del jefe. Ella quería salir de ahí y el abogado que le tramita sus papeles le dijo que no denunciara porque la podían echar del país. Ella se encerró en su habitación una noche, tenía mucho miedo. Durante el día el jefe se sentaba en frente de ella mientras planchaba y él se masturbaba. Los problemas son no tener papeles, ser mujer y no tener redes de apoyo. Es horroroso”, se lamenta Elías.

Pero además, las empleadas del hogar migrantes sin contrato o con él, se enfrentan a más vulneraciones de derechos, como aquellos relacionados con el pago de salarios bajos por largas jornadas de trabajo. Elías denuncia la existencia de una mentalidad “de lo barato, de lo que está en oferta, donde menos se gaste”. Sostiene que hay muchos empleadores que en la entrevista solicitan a una mujer sin papeles porque no quieren pagar la seguridad social. “Hay muchos que no pueden hacerlo y lo reconocemos, sobre todo aquellas personas mayores con pensiones muy bajas. Pero lo que sucede es que no tiene que ser que los cuerpos de las mujeres migrantes sin papeles den la solución, tiene que ser el Estado. El Estado tiene la obligación de garantizar cuidados de calidad a sus mayores, pero a la vez tiene que dar condiciones justas y dignas de trabajo.”, sostiene Elías.

Villalba traza un perfil genérico según la procedencia de las mujeres. Muchas de las que han llegado recientemente son de Centroamérica que huyen de la violencia ejercida por las maras. Aunque también las hay de otros países del continente americano. Y del mismo modo que en la situación de pandemia hay varias dimensiones de vulnerabilidad, dentro del sector de los cuidados las que más discriminación racial reciben son las mujeres árabes y las mujeres negras. Elías asegura que hay “un odio hacia la piel negra” y cuenta que en ocasiones reciben expresiones despectivas en sus trabajos acerca de sus cuerpos.

La portavoz de SEDOAC apunta a la doble moral que subyace en toda esta problemática. “Somos importantes porque cuidamos lo que más aman pero a las que cuidamos no nos valoran. Es impresionante porque lo primero que dicen es que les consigas una chica de confianza, que sea buena, que tenga carné de conducir… pero prácticamente ninguno dice que va a pagar lo que corresponde. Esto pasa en todo el mundo, pero en nuestro caso como inmigrantes se suma la Ley de Extranjería. Ese es nuestro problema”.

El marco jurídico español también se encuentra en el centro de las reivindicaciones para Villalba, quien denuncia que las personas extranjeras tienen que esperar tres años para regularizar su estatus. “Con la ley estamos atadas de pies y manos porque aunque haya una familia que quiera contratar, no puede hacerlo”. Elías lamenta que la Ley de Extranjería haya naturalizado y favorecido estas prácticas y por eso reclama una modificación de una normativa que considera “racista”. Añade que el Estado y la sociedad española tienen una deuda con la población migrante que realiza trabajos que los nacionales no quieren hacer. “¿Quién acepta ganar menos del salario mínimo, trabajar de 14 a 16 horas diarias, descansar 36 horas a la semana, para colmo recibir menosprecios y ser tratada como una esclava? Nadie. Ese es el problema, que el sector es mayoritariamente feminizado y de personas migrantes. Con y sin papeles hay discriminación, pero sin papeles es peor todavía”. Por ello, para reivindicar sus derechos, alrededor de 200 colectivos antirracistas han lanzado durante el estado de alarma la campaña Regularización Ya para conseguir que se regularice de manera extraordinaria a todas las personas migrantes que no tiene permiso de residencia o trabajo.

“Si hubiera tenido papeles la situación hubiera sido diferente, más tranquila”. Fabiana regresa a su casa después de doce horas de trabajo. Durante el trayecto de 10 minutos desea no encontrarse con un coche de policía. Entra en casa y respira aliviada: “Gracias a dios llegué bien”, suspira.

Llevan meses atrapados en Melilla, deambulando por la calle y durmiendo en un centro totalmente desbordado. Más de 600 tunecinos exigen desde entonces su traslado a la península, pero no han logrado salir de la ciudad autónoma ni en tiempos de coronavirus, cuando la sobreocupación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) impide mantener las normas exigidas para el resto de la población. El Ministerio del Interior ha confirmado que sus planes para sacarlos de Melilla no pasan por un traslado a la península, sino que trabajaba con el Gobierno tunecino para expulsarlos “a la mayor brevedad posible”, a pesar de que la pandemia ha provocado el cierre de fronteras y desaconseja la movilidad de la población.

“El estado de alarma no es óbice para realizar trámites de devolución si las partes implicadas así lo acuerdan”, han aclarado fuentes oficiales de Interior a eldiario.es, en referencia a un acuerdo con el Gobierno de Túnez. En rueda de prensa el 27 de abril sobre la crisis del coronavirus, Grande-Marlaska anunció su intención de deportar a los más de 600 tunecinos. Según informó, su expediente de expulsión estaba “ya concluido y materializado”. “Estamos trabajando y coordinándonos con la embajada de Túnez en Madrid, así como el Gobierno tunecino con el fin de proceder a la mayor brevedad posible a la repatriación de estos ciudadanos”, afirmó el ministro del Interior.

La intención del Ejecutivo de deportar a 600 migrantes tunecinos contrasta con la imagen de los Centros de Internamientos para Extranjeros (CIE) vacíos, ante la imposibilidad de expulsar a todas aquellas personas que se encontraban en su interior antes del estado de alarma debido al cierre de fronteras. Tras más de un mes y medio, todos los CIE de España se quedaron sin un solo interno este miércoles. Ninguno pudo ser deportado en este tiempo debido a las restricciones de circulación para evitar la expansión de la COVID-19.

Con la pandemia y 1.620 residentes en un centro que cuenta con 782 plazas, el Gobierno ha realizado traslados desde Melilla a la península de migrantes subsaharianos, pero no de ciudadanos magrebíes, a pesar de que Amnistía Internacional (AI) ha solicitado en repetidas ocasiones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que “actúe con urgencia” y que “descongestione el centro y acelere los traslados a la península, especialmente a las personas más vulnerables o de las que ya cuentan con protección internacional”. “A veces tardamos hasta dos horas, esperando en el pasillo, para poder entrar en el comedor, que está llenísimo y donde es imposible mantener la distancia” reglamentaria en el estado de alarma, denunció una mujer tunecina a la organización internacional.

Tanto las condiciones de hacinamiento en las que vivían sus hijos en plena pandemia como la intención de España de deportarlos han reavivado las protestas de sus familiares en su país de origen. “No a la deportación forzosa”, “¿Dónde está el presidente Kaid Saied?”, “Mi hijo fue a España para mejorar su vida”, clamaban varias madres, ante el Ministerio de Exteriores tunecino, aferradas a las fotos de sus hijos y con algunas mascarillas cubriendo sus rostros.

Aziza es la madre de Nejib. Ella vive en Túnez, él reside en el CETI de Melilla. Hace un mes que no se comunican porque en este lugar, explica el hijo, perdió “todo”. “Incluso un teléfono que ya no tengo”, escribe a eldiario.es a través de Messenger este joven que acaba de cumplir 26 años. Es uno de los 650 tunecinos acogidos desde hace meses en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, que no consiguieron salir a la península a pesar de su solicitud de asilo, y que ahora el gobierno español pretende deportar a Túnez.

Su madre es viuda, vive junto a sus otros tres hijos en una casa a medio construir en Ennhilet, una zona pobre del barrio popular de Ariana en la capital de Túnez, por la que paga 250 dinares (80 euros) de alquiler. La hija mayor, la única mujer, ya no está con ellos desde que se casó.

Su preocupación, además de conseguir algo para comer, es el pequeño de la familia, que dejó la casa y el país hace nueve meses. “Con un grupo de amigos del barrio partió camino de Europa para trabajar”, explica en una entrevista con eldiario.es.

Aziza se sienta en una silla de plástico para contar la historia de su hijo Nejib, rodeada de trabas (sofás marroquíes) alzados sobre bloques de ladrillo a modo de patas, y con algún colchón tirado en el suelo. Esta estancia también es el lugar donde duermen. Solo hay una habitación con un armario lleno de ropa, pero sin cama.

Explica que la ilusión de su hijo es “trabajar en una pastelería en Europa” mientras busca cobertura para hablar con él en una videoconferencia de WhatsApp. A Aziza se le ilumina la cara y se le dibuja una sonrisa cuando oye al otro lado a Nejib. Cuenta que en Melilla no está bien, habla de “discriminación” porque no los trasladan a la península mientras ven cómo se van los internos de otras nacionalidades.

Desde Melilla, Nejib lamenta la situación: “Sé que mi madre no está bien… lloraba por mí. Estaba esperando para ayudarla, sin embargo...”. Al preguntarle cómo se encuentra él: “Yo tampoco, estoy muy cansado. No se apiadaron de nosotros, después de todo lo que nos ha pasado, y el coronavirus”.

Mohamed, topógrafo de profesión, abandonó Túnez a finales de agosto de 2019, viajó en avión a Casablanca, después cogió el tren a Beni Ensar y entró a Melilla a pie. Solicitó asilo y no sabe exactamente qué pasara ahora. “No nos dicen nada”, lamenta su amigo Nejib en la conversación con eldiario.es.

Los progenitores conocían la idea del chaval de migrar de forma irregular, después de que le rechazarán la petición de visado en la embajada de Francia para continuar sus estudios. “Quería entrar en Europa, pero ojalá acceda a volver a casa porque en Melilla están en muy malas circunstancias. Perdió 25 kilos y solo come una vez al día pan y galletas”, lamentaba el padre antes de la época de Ramadán.

Muchos tunecinos eligen llegar a Europa a través de Marruecos y España porque es “una ruta más segura y hay muchos pasadores, traficantes de personas, que les proporcionan a la gente que llega allí la entrada a Melilla con documentación falsa”, explican desde el Foro Tunecino por los Derechos Económicos y Sociales (FTDES). Casi una tercera parte de los tunecinos que migraron irregularmente en 2019 eligieron este camino con las vistas puestas en Francia e Italia. FTDES ha contactado con organizaciones españoles para encontrar una solución o que alienten a las autoridades españoles a resolver la situación de estos 650 tunecinos de manera humanitaria.

El 17 de abril, ACNUR España anunciaba su preocupación por “el hacinamiento de más de 1.650 personas en el CETI de Melilla, con una capacidad para 782 personas. Una semana después, el 23 de abril se trasladó a medio centenar de residentes y de nuevo los tunecinos emprendieron una huelga de hambre, incluso uno se cosió los labios para no beber ni comer, según recogieron los medios locales.

Desde Túnez, Romdhane Ben Amor, portavoz del Foro Tunecino por los Derechos Económicos y Sociales (FTDES), considera que “la deportación no respeta los derechos humanos ni los tratados internacionales”. Esta organización, que acompaña en su desesperación a las familias desde hace meses, expresó su indignación ante las declaraciones del ministro que, a su juicio, “violan los derechos de los migrantes y no respetan el principio de no devolución”. Según denuncian, “Madrid los utiliza para hacer presión a Túnez”.

El estado del alarma decretado por la pandemia de la COVID-19 ha modificado también la vida de los jóvenes extranjeros no acompañados bajo tutela del Gobierno de Aragón; despertando expectativas para trabajar en el campo que hasta la fecha no han resultado y suspendiendo los trámites administrativos necesarios para regularizar su situación. Las entidades que trabajan con ellos afirman que están cumpliendo las medidas de confinamiento desde la responsabilidad y solidaridad.

En Aragón hay actualmente unos 260 menores extranjeros no acompañados. La mayoría son hombres y de origen marroquí que llegaron durante el otoño e invierno de 2018. Aragón fue una de las Comunidades Autónomas que, en el periodo de desbordamiento, siguió abriendo plazas y aportando recursos, aunque el número de niños y adolescentes tutelados está muy lejos de las cifras de Andalucía, Cataluña y el País Vasco.

Chabier Gimeno es sociólogo y trabajador social, lleva años investigando y trabajando con menores extranjeros no acompañados. Destaca que, tras meses de ataques de la extrema de derecha y desinformación, “por fin estamos empezando a oír en los medios de comunicación noticias positivas sobre estos chavales que han sido injustamente demonizados por muchas personas”. “Han sido tratados como niños peligrosos, cuando la realidad es que son niños en peligro”, declara.

Su buen comportamiento durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19, su disposición para la fabricación de mascarillas o el envío de cartas a personas mayores que viven en residencias con mensajes de ánimo son algunos ejemplos que relatan las distintas organizaciones que gestionan los centros y pisos tutelados. “Los chicos están viviendo el confinamiento con conciencia, tranquilidad y asumiendo sus obligaciones”, explica Julia Ortega, responsable territorial en Aragón de Accem.

Desde la Fundación para la Atención Integral al Menor (FAIM), que gestiona seis centros de protección de menores en Zaragoza, Teruel y Logroño, su gerente, Pedro Coduras, coincide con la valoración de Accem: “Están aguantando muy bien la cuarentena, pese a que todos los trámites administrativos están paralizados y los que están estudiando van a perder las prácticas, algo que estaban esperando. Desgraciadamente esta situación los coloca una vez más en una eterna sala de espera”.

Coduras destaca la importancia que han tenido las familias de origen durante el confinamiento. “Ellos también estaban al principio preocupados de que sus hijos estuvieran en el epicentro de la pandemia. Les han dicho que se cuidaran y que acataran las normas. Nuestros equipos educativos han establecido sobre todo con las madres de los chicos alianzas para reforzar su trabajo. El duro confinamiento que se impuso en Marruecos ayudó también a que ellos lo entendieran”, añade.

Una oportunidad perdida para una regulación amplia

El cierre de fronteras tras la declaración del estado alarma cayó para el sector agrícola como la peor de las tormentas. Decenas de miles de trabajadores no podrían trasladarse desde sus hogares para recoger las cosechas. A principios de abril, el Gobierno anunció un decreto ley para permitir contratar a extranjeros con permiso de residencia -pero sin permiso de trabajo- durante la campaña de recolección de la fruta. Distintas organizaciones sociales, entre las que se encuentra Unicef, Save the Children y la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), solicitaron que esta medida se hiciera extensible a los jóvenes migrantes no acompañados en situación irregular, ya que muchos de ellos, al cumplir los 18 años, se quedan totalmente desprotegidos.

“Cuando se abrió la posibilidad de las regularizaciones temporales pensamos que muchos de estos chavales no podían perder una primera oportunidad laboral, aunque no había chicos suficientes para dar abasto a todo el trabajo que hacía falta en el campo. A continuación, nos planteamos si merecía la pena que por un mes o dos de contrato abandonaran sus proyectos migratorios y profesionales. Finalmente decidimos hacer valoraciones individuales de cada caso”, indica Ortega.

Desde Accem, que gestiona un centro donde viven 14 adolescentes de hasta 17 años y participa en el proyecto 17+ con un total de 37 plazas repartidas entre la provincia y capital de Zaragoza para jóvenes con un elevado nivel de autonomía que están cerca de los 18 años, llegaron finalmente a esta conclusión: “La mayoría quería trabajar. Pero la realidad fue que solo algunos podían acceder, porque muchos no tienen permiso de residencia ni cédula de identificación. Luego nos encontramos con el problema del transporte. Ninguno está trabajado hasta la fecha”.

Esta es la situación en la que se encuentran la totalidad de los menores extranjeros no acompañados tutelados por el Gobierno de Aragón, región, en la que, según informan desde la consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, no hay ni un solo caso de regulararizaciones para el trabajo en el campo de jóvenes extranjeros no acompañados.

Para Gimeno, “la realidad es que estos chicos no han venido a recoger fruta. Harán lo que haga falta para conseguir los papeles pero también tendrán que lidiar con sus expectativas que son mucho más altas que la de los adultos. Son chavales que se han jugado la vida para llegar hasta aquí y su regularización para el trabajo en el campo es sólo abrir una ventana temporal. Es cruel. Esta hubiera sido una oportunidad para una regulación amplia”.

Una noche más de abril durante el confinamiento, mientras las calles lucen desiertas y el 90% de la población permanece en casa, cuarenta y tres personas piden auxilio desde el mar al país con más casos detectados de COVID-19 en Europa.

Aunque la cifra total ha descendido, el coronavirus no ha paralizado las llegadas irregulares a las costas españolas, especialmente la ruta de Canarias, donde el flujo de hecho se ha intensificado. Según los datos de Interior, 829 personas han accedido al país a través de la vía terrestre y marítima desde el inicio del estado de alarma, entre el 15 de marzo y el 15 de abril. Esta cifra supone un descenso de alrededor de un 32% con respecto a las cuatro semanas anteriores a la cuarentena obligatoria (entre el 15 de febrero y el 15 de marzo).

La mayor parte de quienes han llegado al país durante el estado de alarma, 551 migrantes, lo han hecho a través de las Islas, el camino más activo en lo que va de año, que no ha visto reducido su flujo desde el comienzo de las restricciones del movimiento ligadas a la pandemia. Durante el mes de confinamiento, el flujo por esta ruta se ha incrementado en un 148% con respecto a las cuatro semanas anteriores.

“La ruta de Canarias continúa”, confirman desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). “Aunque, aumenta poco a poco, la tendencia al alza se mantiene. La llegada es constante y las razones de las variaciones de cifras entre una semana y otra van más allá del coronavirus, la meteorología también es fundamental”, explica su portavoz en España, María Jesús Vega.

Acnur sí identifica un descenso en las llegadas a España registradas en las costas andaluzas, donde el flujo se concentra ahora especialmente en la zona del Mar de Alborán. Según las cifras de Interior, 194 migrantes han entrado por vía marítima a la Península y Baleares durante el último mes, lo que supone una bajada de alrededor del 60% con respecto a los números registrados entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, casi 30 días antes de la aprobación del estado de alarma.

Para entender la disminución de tránsito migratorio por este punto es importante mirar hacia Marruecos. El país magrebí se encuentra en estado de emergencia desde el 20 de marzo. Con las calles vacías, el movimiento clandestino de personas se complica aún más. “El traslado entre regiones o ciudades está totalmente restringido, pues el movimiento de determinados grupos de entre 60 o 70 personas es bastante visible cuando hay no hay gente en la calle. Algunos migrantes se están desplazando en camiones frigorífico a la zona de Canarias para esquivar los controles”, explica la activista desde Tánger.

Desde la Agencia de la ONU advierten de que, entre los recién llegados a España, continúa habiendo potenciales solicitantes de protección internacional. “A Canarias llegan muchas personas malienses, donde el conflicto continúa”, alerta Vega. No obstante, se ha detectado un un descenso del número de ciudadanos de nacionalidad magrebí arribados a las costas andaluzas durante el estado de alarma, apuntan desde Acnur.

Los naufragios no cesan

La activista Helena Maleno continúa pendiente de las llamadas de auxilio enviadas desde alta mar. “La ruta Canaria a pesar de la pandemia ha estado muy activa en este tiempo”, describe la fundadora de la ONG Caminando Fronteras. A principios de abril, su teléfono sonó. Eran 58 adultos y cuatro niños a bordo de una embarcación neumática, detalla.

“El naufragio pasó muy cerca de la costa, cuando intentaban volver hacia atrás. Las mujeres que llamaban me decían: hay muchos muertos, hay muchos muertos”, describe Maleno. 21 personas sobrevivieron y se localizaron dos cadáveres, según sus datos. La ONG asegura que otra patera continúa desaparecida desde la semana del 6 de abril y los familiares de sus ocupantes siguen a la espera de noticias. En lo que va de año, 43 personas han fallecido en su intento de alcanzar las costas españolas, según los datos de la Organización Internacional de las Migraciones.

Empeoramiento de las condiciones de vida

La situación de la población migrante en los países de tránsito, como Marruecos, es otra de las principales preocupaciones de las organizaciones sociales. El estado de emergencia en el país magrebí incluye la limitación de las salidas del domicilio a la obtención de un documento de las autoridades, que permite salir a trabajar en aquellos oficios permitidos o acudir a hacer la compra de productos básicos. Las personas en situación irregular no pueden acceder a dicho documento, lo que está empeorando las condiciones de vida de los subsaharianos en el país marroquí.

“Suelen vivir del día a día. Viven de la mendicidad, tienen pequeños trabajos, etc. Pero ahora no pueden salir a ganarse la vida cada día. Las organizaciones piden al Reino de Marruecos que aporte a la población la misma ayuda que está entregando a hogares empobrecidos”, sostiene la activista.

Durante este periodo de tiempo, solo han entrado por la vía terrestre de manera irregular 84 personas, entre las que se encuentra alrededor de medio centenar de migrantes que saltaron la valla de Melilla el pasado seis de abril. “Por tierra está prácticamente todo cerrado”, valoran desde Acnur.

“Buscan salir de situaciones más difíciles que la COVID”

“El miedo al coronavirus no frena a la gente. La gente sigue intentando salir porque vive situaciones mucho más complicadas que el COVID-19. Son poblaciones que están acostumbradas a vivir en medio de guerras y de epidemias. Para ellos el brote no es lo mismo”, argumenta Maleno.

Desde la Agencia de la ONU para los refugiados ratifican sus palabras. “Para muchísima gente, el coronavirus es el menos problemático de sus virus. El virus de la guerra, la persecución, el del hambre y muchos otros son problemas mayores”, alerta María Jesús Vega. “La gente lo sigue intentando porque está en una situación muy desesperada. El brote no los frena y no va a frenarlos, igual que no se están frenando los confictos ni las bombas”, continúa. Por esta razón, desde Acnur piden a los gobiernos europeos que permitan la llegada de personas que necesitan protección internacional. “Los Estados pueden tomar todas las medidas necesaria para los recién llegados, cuarentena y protocolos, pero deben permitir el acceso para pedir protección”, zanja Acnur.

La manta que daba de comer a Djiby y la familia que dejó en Senegal lleva un mes guardada en el armario. Bappy trabajaba de relaciones públicas en una conocida discoteca de Madrid. Por cada cliente captado y trasladado al local obtenía tres euros; no era mucho, lo suficiente para sobrevivir. Diana no ha pagado el alquiler ni la factura del teléfono después de dejar de limpiar dos casas ante el riesgo de contagio. Tras la declaración del estado de alarma, el Gobierno ha insistido durante las últimas semanas que trabaja en un plan social para “no dejar a nadie atrás” ante la emergencia del coronavirus. Ninguno de ellos se siente parte de ese “nadie”.

No tienen papeles y sus únicas posibilidades de empleo se escondían en la economía sumergida. Vivían “al día”, cuentan a eldiario.es varias personas en esta situación. Ante el confinamiento obligatorio, muchos no pueden salir a trabajar pero tampoco acceden a las ayudas del plan de emergencia lanzado por el Ejecutivo para paliar las consecuencias sociales del estado de alarma. Son manteros, lateros, trabajadoras del hogar, empleados de restaurantes y otros trabajadores en la clandestinidad. Apoyados por más de 200 organizaciones, piden al Gobierno una regularización extraordinaria para personas migrantes en situación irregular y aquellos solicitantes de asilo que llevan años a la espera de la respuesta de su petición.

Djiby solía trabajar horas y horas con su manta a cuestas en el centro de Madrid. El dinero obtenido le permitía pagar el alquiler, comer y enviar el resto del salario a Senegal. Ahora pasa sus días en casa, como la mayoría, acompañado de sus cinco compañeros de piso, cuatro de ellos manteros.

Empieza la segunda quincena de abril y pagar el alquiler le resulta imposible. Las últimas semanas ha comido gracias a la caja de resistencia del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, donde desde hace años sus integrantes aportaban lo que podían para tener un colchón en caso de necesidad. La crisis ligada a la pandemia ha disparado las peticiones de ayuda, por lo que Djiby ya empieza a tirar de las iniciativas de reparto de alimento de otras organizaciones vecinales.

Él, a pesar de su situación, se siente afortunado. Como miembro del Sindicato de Manteros y Lateros, recibe peticiones de ayuda de numerosas personas en circunstancias aún más complicadas. “Hay gente que acaba de llegar y no tiene nada. Yo tenía algo guardado y redes que me apoyan, pero otros no tienen ni eso. Así que también estoy sacando de mi bolsillo para darles dinero para que hablen con su familia, comprarles comidas, ayudarles...”, sostiene el ciudadano senegalés.

“Entre todos compartimos lo poco que tenemos. Si recibo una ayuda que me dura 15 días, solo me aguanta una semana porque lo reparto con mis vecinos que no llevan aquí mucho tiempo, que no saben y tienen mucha hambre. Están sufriendo mucho”, lamenta Djiby por teléfono desde su hogar.

Vive en España desde hace nueve años y aún no ha logrado regularizarse. Tras superar los tres años de residencia en el país -uno de los requisitos-, lo ha solicitado en tres ocasiones pero la Administración se lo deniega debido a las duras condiciones impuestas por la Ley de Extranjería a los contratos laborales exigidos para demostrar el arraigo, una burocracia que el Ejecutivo actual se comprometió a flexibilizar antes de la propagación del virus. “Todo esas ayudas que promete el Gobierno no valen para nosotros. Pedimos una regularización, porque si no, nos quedamos fuera”, dice el hombre, de 35 años.

“La crisis por el COVID-19 nos ha dejado en una situación extremadamente difícil por la falta de recursos y la exclusión social”, asegura Lamine Sarr, del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, que se ha unido a la petición. Desde su organización, reparte alimentos en muchos de esos hogares que no están incluidos en los planes de ayudas del gobierno por encontrarse en situación irregular.

“Es una situación terrible, muy difícil. Si una persona sobrevive en función de lo que consigue cada día, si no sale a trabajar no gana nada. ¿Cómo va a tener dinero para pagar sus necesidades?”, se pregunta Sarr. “Hay gente que ya sufre por la cuarentena, pero tienen dinero, tienen Netflix y todas sus necesidades cubiertas. Que imaginen lo que es no tener nada”, apunta el portavoz de los manteros de Barcelona.

200 ONG piden una regularización extraordinaria

Alrededor de 200 organizaciones, entre las que se incluyen, Sos Racismo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Alianza por la solidaridad, el SJM e Iridia, entre otras, han lanzado la campaña “Regularización ya” para apoyar su petición.

“La regularización amplia y extraordinaria de todos los migrantes que viven en territorio español es la medida más ágil y exhaustiva para garantizar que todas las personas pueden hacer frente a esta crisis sanitaria y económica”, sostienen en un comunicado desde CEAR. El Gobierno ha prometido la aprobación de un ingreso mínimo vital en el marco del paquete de medidas de protección social ligado al estado de alarma. “No puede dejar a nadie atrás. Promover el proceso de regularización es clave para lograrlo”, apuntan.

El Gobierno de Portugal anunció a principios de abril una regularización extraordinaria de validez temporal a aquellos migrantes que ya hubiesen solicitado dicho trámite. La medida buscaba la cobertura sanitaria y social de estas personas ante la emergencia de la COVID-19. Según aseguraron entonces fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a eldiario.es, el Ejecutivo ha descartado una medida similar. Tan solo han tanteado posibles regularizaciones de inmigrantes sin papeles para trabajar en aquellos sectores profesionales con mayor necesidad de mano de obra durante la crisis: el agrario y el sanitario.

“Ahora no hay nada”

Bappy espera al final de una larga fila de personas formada a las puertas de una de las mezquitas del barrio madrileño de Lavapiés. Como todos los que le rodean, aguarda su turno para recibir la bolsa de alimentos básicos proporcionada por la Asociación Valiente Bangla. Tras tres años en España, había empezado a activar su proceso de regularización poco antes de que la epidemia lo frenase todo.

Trabajaba sin contrato como relaciones públicas en una discoteca de Madrid. Su fluido inglés le permitía conseguir camelar a los turistas angloparlantes. “Es un local muy bonito, hablo con la gente me gusta el trabajo. Cobraba tres euros por cada cliente que llevaba”, explica el ciudadano bangladesí. Entre semana, su sueldo no solía superar los 10 euros al día. Los fines de semana podía conseguir “diez, 20 o 20 clientes”, detalla el joven con cierto orgullo. “No es mucho dinero, pero me daba para vivir y mandar algo a mi familia. Ahora no hay nada”, añade el joven, quien estudió Márketing y Negocios en su país.

El cierre de la discoteca le ha dejado sin empleo, como a todos sus compañeros de trabajo, pero Bappy no puede acceder a ninguna prestación social. Solo cuenta con el apoyo de los movimientos vecinales organizados para acceder a quienes el Gobierno no llega.

No es difícil encontrar a más compatriotas en su situación. Delante de él, Ahmed (nombre ficticio) aguarda su turno con su boca oculta tras una mascarilla. También sin papeles, lleva tres meses en el país, y no tuvo tiempo de conseguir un trabajo para salir del paso antes de que la vida se paralizase a causa del coronavirus. Sus compañeros de piso le sostienen para salir adelante.

Unos metros más allá, Mohammed repite una historia similar. Él sí consiguió un empleo en el poco tiempo que lleva en España, aunque la declaración empujó a su jefe a pedirle que se quedase en casa. El negocio no ha cerrado, es una frutería, pero el dueño temía que el aumento de la presencia policial en las calles se tradujese en una sanción por dar trabajo a una persona sin papeles. Y aquí está, esperando una bolsa de aceite, leche, huevos, verdura y legumbres donada por sus compatriotas.

Un mes sin empleo en las dos casas donde trabaja

Diana (nombre ficticio) lleva 25 años trabajando en España como empleada doméstica y la propagación del virus la forzó a quedarse en casa durante el último mes. En la casa donde limpiaba por las mañanas, varios miembros de la familia cayeron enfermos con COVID-19. “Mi jefa me dijo que no viniese hasta que se recuperase”, relata por teléfono. Sus empleadores en la vivienda de las tardes le solicitaron que no acudiese para evitar el contacto con el exterior del anciano al que cuidaba y reducir el riesgo de contagio.

“Me dijeron que iban a pagarme, pero aún no me he cobrado marzo”, lamenta la mujer de nacionalidad paraguaya. Sin papeles, no puede acceder al subsidio extraordinario aprobado por el Gobierno para este colectivo, pues solo contempla a quienes están dadas de alta en la Seguridad Social. Según UGT y Comisiones Obreras, más de 200.000 trabajadoras del hogar están en la economía sumergida. Tampoco tiene capacidad para presionar a sus empleadores, ante el temor de ser despedida sin ninguna garantía. “Siempre hemos sido invisibles, ahora no va a ser menos”, cuestiona.

Este mes, Diana no ha podido pagar el alquiler ni la factura del teléfono. “No tengo ahorros porque todo lo que me sobra lo envío a Paraguay, a mi hijo y a mi padre”, apunta la trabajadora doméstica, quien también tiene que mantener a otro de sus hijos que reside con ella. Ha financiado la comida gracias a la red de apoyo generada junto a otras compañeras paraguayas, también empleadas domésticas y el apoyo de la organización Servicio Doméstico Activo (SEDOAC). Este lunes, la mujer se ha reincorporado en una de las casas, una vez que sus empleadores dieron negativo en coronavirus, explica.

“Muchas trabajadoras del hogar se han quedado en la calle, para evitar tener contacto con personas de riesgo. Otras, internas, no pueden salir, no pueden disfrutar de sus descansos y no les pagan más dinero por trabajar más horas, pero no tienen capacidad para negociar porque saben que si se quedan en la calle, sin papeles, no tienen nada”, critica Edith Espinola, portavoz de SEDOAC, otras de las organizaciones que exigen la regularización extraordinaria para paliar las circunstancias de exclusión que muchas familias en situación irregular están viendo agravadas durante el estado de alarma.

Mientras Djiby, Diana, Bappy, Ahmed superan cada día gracias a la ayuda recibida por amigos, compatriotas, vecinos y organizaciones sociales que de forma voluntaria intentan mirar hacia donde el Ejecutivo de momento no se detiene. “Desde el Gobierno, dicen que no van a dejar a nadie atrás pero nos han dejado fuera de todas las medidas de emergencia social, por eso estamos ayudando, pero no es suficiente”, cuestiona el portavoz de los vendedores ambulantes de Barcelona.

El director ejecutivo de Frontex, la agencia europea de control fronterizo, trasladó en febrero de 2019 a la Comisión europea su preocupación por la colaboración de aviones europeos con la Guardia Costera Libia en la interceptación de migrantes, según una carta a la que ha tenido acceso eldiario.es en una investigación conjunta con The Guardian y Mediapart.

Desde hacía casi dos años, tanto los aviones de Frontex como los de la operación Sophia -una misión naval impulsada por la Comisión- sobrevolaban el Mediterráneo y avisaban a los guardacostas libios cuando veían una patera. La Guardia Costera los interceptaba y los devolvía a ese país, a pesar de que según la legislación internacional y los tribunales comunitarios no deberían ser desembarcados en Libia porque no es considerado un lugar seguro. 

Fabrice Leggeri, director ejecutivo de Frontex, tenía dudas sobre las consecuencias que podría haber si se hiciera pública la estrecha colaboración de las agencias europeas con los guardacostas libios, un cuerpo financiado por la Unión Europea (UE) pero que en principio actúa de manera autónoma. La Guardia Costera de Libia ha sido acusada de torturas y malos tratos a los migrantes y de llevarles a unos centros de detención donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos.

“El desarrollo de la Guardia Costera libia está financiado por la Unión Europea, como bien sabes. Aun así, la Comisión y en general las instituciones europeas podrían tener que enfrentarse a cuestiones de naturaleza política como consecuencia del intercambio de información operacional [con la Guardia Costera libia]”, aseguraba Leggeri en la carta dirigida a Paraskevi Michou, director general de migraciones de la Comisión.

Carta del director ejecutiv... by eldiario.es on Scribd

La misiva, escrita desde la sede de Frontex en Varsovia, demuestra que la colaboración desde el aire con la Guardia Costera Libia para interceptar pateras -revelada por este periódico- no sólo era habitual, sino que en algunos despachos europeos la situación generaba cierta incomodidad. 

La respuesta de Michou, el funcionario de mayor rango en asuntos migratorios de la UE, pretendía tranquilizar al jefe de Frontex. En la carta, a la que también ha tenido acceso este periódico, le respondía que los guardacostas libios contaban con el beneplácito internacional y que avisarlos era lo correcto. También le recordaba que la coordinación de los aviones de la Operación Sophia con esta Guardia Costera era habitual, algo que un portavoz de la Comisión negó tajantemente a este periódico.

“Muchos de los avistamientos de migrantes [cerca de Libia] han sido proporcionados por activos aéreos de la operación Sophia y fueron notificados directamente al Centro de Coordinación de Rescate libio”, admite Michou.

Consultados por este periódico, desde la Comisión responden en cambio que “los medios aéreos [de la UE]” no ejercen “ninguna coordinación de los buques libios durante las operaciones de rescate”. Desde Frontex no han respondido a las reiteradas peticiones de comentario. 

Según la normativa marítima, cuando un avión o barco divisa una embarcación en peligro tiene que avisar a la autoridad competente de la zona así como a la embarcación que esté más cerca y pueda llegar antes.

Las ONG que operan en el Mediterráneo como Sea Watch y Open Arms, sin embargo, aseguran a este periódico que a ellos nunca les contactan los aviones de Frontex o de la Operación Sophia. “Siempre les avisan a ellos por mucho que nosotros estemos más cerca”, afirma Riccardo Gatti, jefe de misión del Open Arms. “Los europeos no son solo cómplices sino los directos responsables de las devoluciones a Libia”, añade Tamino Böhm, jefe de misión del Sea Watch.

Los lazos con Libia: una “bomba de relojería” 

Fuentes de la UE consultadas por este periódico reconocen que la vinculación entre la UE y estos guardacostas, que actúan al filo de la ley, es una “bomba de relojería política”, según asegura un alto funcionario muy cercano a las relaciones con Libia. “Entre devolver a alguien a un país inseguro o pagar a alguien para que lo haga no hay mucha diferencia”, añade un funcionario relacionado con asuntos fronterizos. 

Hasta 2012, devolver a los migrantes a Libia era algo habitual. Las embarcaciones italianas solían interceptar a migrantes y los retornaban a Trípoli (la capital del país) sin que hubiera consecuencias. Ese año, sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió que Italia había violado la obligación internacional de no devolver a ninguna persona a un país donde pueda correr el riesgo de sufrir abusos contra los derechos humanos. 

La sentencia Hirsi, que lleva el nombre de uno de los 11 eritreos y somalíes que presentaron la denuncia, implica que cualquier operación de devolución, incluso realizada por una fuerza de representación, podría tener consecuencias jurídicas si se demostrara que un organismo de la UE controla y dirige estas operaciones. 

Tras esa resolución, la UE e Italia impulsaron en verano de 2017 la creación de la Guardia Costera Libia, un cuerpo con capacidad para hacer lo que la UE no podía permitirse sin violar abiertamente la legislación internacional: interceptar migrantes y devolverlos a ese país. Italia proporcionaría los buques mientras que la UE entrenaría y pagaría a los nuevos guardacostas.

En ese momento Libia no tenía una guarda costera centralizada ni capacidad para dirigir su propia zona de búsqueda y rescate. El país se encontraba en medio de una guerra civil -que sigue a día de hoy- y la mayoría de los que se enrolaron en la Guardia Costera eran contrabandistas y milicianos. Ante la incapacidad de este cuerpo para frenar a los migrantes, tanto desde Frontex como desde la Operación Sophia desplegaron aviones en el Mediterráneo para asistirles desde el aire. 

La cooperación era tan evidente, que a pesar de que se comunicó a la Organización Marítima Internacional que la Guardia Costera de Libia era una autoridad autónoma con su propia zona de búsqueda y rescate, documentos judiciales hechos públicos en 2018 demostraron que el teléfono de esta Guardia Costera era inicialmente un número italiano. 

El secretario de Estado italiano de Asuntos Exteriores (2016-2018) que participó en el diseño de la colaboración con los libios, Mario Giro, opina de manera similar. En conversación con este periódico, señala que la obsesión para detener el flujo de migrantes era tan fuerte que se “tomaron atajos” en 2017. “Todo el mundo quería una solución rápida e inmediata”, añade este antiguo alto cargo italiano, que reconoce que dejar en manos de milicianos y contrabandistas el control migratorio en el Mediterráneo “fue un error y punto.”

El horizonte judicial

Las posibles consecuencias legales de esta colaboración con la Guardia Costera Libia empiezan a vislumbrarse en el horizonte. Una serie de acciones jurídicas internacionales cuestionan ahora todos los aspectos de esta cooperación: desde el presunto uso indebido del dinero de la UE hasta la verdadera implicación que tiene Italia y la UE a la hora de dirigir las operaciones de rescate en alta mar. 

“Italia trató de burlar la sentencia del TEDH articulando un poder artificial en Libia, pero los tribunales podrían demostrar que no se puede utilizar [a la Guardia Costera libia] para evadir la responsabilidad”, señala Itamar Mann, un abogado israelí que lidera los litigios contra la UE e Italia. 

Actualmente se han presentado cinco casos ante tribunales internacionales (desde La Haya hasta el TEDH) y dos en Italia en los que se acusa a la UE y a las autoridades italianas de financiar y dirigir una fuerza que vulnera la legalidad internacional.

Esta misma semana se ha presentado otro caso ante el Tribunal de Cuentas Europeo, en el que se acusa a la UE de infringir sus propias leyes al canalizar 90 millones de euros a la Guardia Costera de Libia que en principio debían ir destinados a la lucha contra la pobreza.

Según un grupo internacional de juristas que apoyan el caso, no existe ningún tipo de supervisión ni transparencia en cómo se está gastando ese dinero. “La operación con Libia es completamente ilegal y debe cesarse”, señala este grupo de expertos, entre los que se encuentran profesores de la universidad de Harvard, Humboldt (Berlín), NYU (Nueva York) y Helmut-Schmidt (Hamburgo).

Un funcionario de la UE cercano al caso libio opina que la colaboración con su Guardia Costera acabará trayendo problemas a los socios comunitarios. “Corrimos un gran riesgo para nuestra reputación al ponernos en manos de delincuentes”, señala. “Las consecuencias están llegando ahora”.

Este miércoles 18 de marzo se cumplen cuatro años del “acuerdo” migratorio entre la Unión Europea y Turquía, más conocido como Acuerdo de la Vergüenza. Un acuerdo entrecomillado porque la UE como tal realmente nunca firmó nada parecido con Ankara, sino que se limitó a comunicar un acuerdo bilateral entre Grecia y Turquía. Legal y formalmente el acuerdo en sí no existe, y así nos lo han dejado varias veces claro los tribunales comunitarios cuando hemos intentado denunciarlo. Pero en la práctica ese “statement” de la Comisión bien que construye realidad, mueve miles de millones de euros y provoca consecuencias humanas y geopolíticas.

Independientemente del maquillaje con el que la UE intentó camuflar el no-acuerdo, su aplicación supuso una subcontratación en Turquía de la gestión de los flujos migratorios con destino a Europa. Esto ha convertido durante estos años al gendarme turco en guardián fronterizo de Schengen, como ya venía ocurriendo desde tiempo atrás con Marruecos y como desde entonces la UE intenta hacer con otros países de Oriente Medio y el Norte de África. Pero, sin duda, el Acuerdo de la Vergüenza con Turquía constituyó una pieza central en el proceso de externalización de fronteras en la que se asienta la construcción de la Europa Fortaleza.

Entre sus múltiples consecuencias está el haber fortalecido y legitimado al régimen de Erdoğan, tanto en su política exterior como interior de vulneración de los derechos humanos. Desde 2016 la UE ha medido muy mucho cualquier crítica a Turquía por miedo a una represalia en forma de “apertura del grifo migratorio”. Y solo en las últimas semanas, cuando esta amenaza constante se ha vuelto realidad, hemos escuchado ciertas críticas a Ankara desde Bruselas, ensombrecidas por la continuación de las negociaciones con Turquía en la búsqueda de acuerdos que defiendan los intereses de ambas partes.

Pero más allá de sus impactos geopolíticos y de vecindad, sin duda la principal consecuencia de aquel acuerdo tiene naturaleza humana, humanitaria, sobre los derechos de quienes huyen en búsqueda de refugio. Una mal llamada crisis “de refugiados” que esconde una crisis de los sistemas de refugio y asilo, de la gestión de los flujos migratorios y de las fronteras, y de los derechos de quienes migran. Una crisis por lo tanto esencialmente política.

Un acuerdo que desmonta por enésima vez aquel supuesto mito de la UE como garante de los Derechos Humanos y de las libertades dentro y fuera de sus fronteras. Otra pedrada en el espejo roto de aquel infame e incomprensible Premio Nobel de la Paz de 2012. Porque las devoluciones exprés que impiden solicitar asilo no sólo son injustas o inmorales, sino que vulneran directamente el derecho internacional y comunitario, como denunció el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en el propio Parlamento Europeo.

En vez de asegurar un pasaje seguro para quienes huyen de la guerra, la miseria o el cambio climático, la UE decidió mirar para otro lado al externalizar en la gendarmería turca la gestión de parte de sus fronteras y los deberes de acogida a cambio de algo más de 6.000 millones de euros. En primer lugar, buscaba apartar de los focos mediáticos y de las arenas públicas europeas una situación que genera tensiones dentro y entre Estados miembros, y que pone al descubierto la falta de voluntad de las instituciones europeas para implantar mecanismos coordinados o al menos respuestas conjuntas al desafío migratorio.

En segundo lugar, Europa mira para otro lado cuando Erdoğan vulnera Derechos Humanos como parte de la deriva autoritaria de su gobierno que, con una mano, coarta la libertad de prensa y manifestación y, con otra, bombardea y asedia ciudades kurdas dentro y fuera de Turquía. Hay un hilo teñido de sangre que conecta el hacinamiento de refugiados en las islas griegas, las personas ahogadas en el Mediterráneo y las bombas que asolan el Kurdistán: se llama miedo; se llama parálisis institucional europea; se llama xenofobia institucional; se llama Europa Fortaleza.

El poder, la capacidad de chantaje permanente y la carta blanca que la UE entregó a Turquía con el Acuerdo de la Vergüenza, conoció recientemente una vuelta de tuerca cuando Ankara volvió a utilizar a las y los migrantes para extorsionar a la UE y para que esta tomara partido en su particular enfrentamiento geopolítico en Siria. La diferencia con lo que venía ocurriendo estos años atrás es que, esta vez, Erdoğan ha cumplido su amenaza de dejar de ejercer de gendarme migratorio. Y la llegada de miles de personas a las fronteras griegas (y en menor medida búlgaras) está siendo respondido por Atenas con una combinación inédita de xenofobia, fortalecimiento de todas las políticas securitarias y suspensión de derechos fundamentales como el del asilo.

Una política de vulneración de derechos defendida con un lenguaje belicista por el primer ministro griego de Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, que afirmaba: “nosotros protegeremos la soberanía de nuestro país, haciendo un servicio a las fronteras exteriores de la UE.” Acciones y declaraciones respaldadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que desde la frontera de Évros dio las gracias a Grecia por ser la “aspida (escudo) europea en estos momentos”, mientras que mantenía silencio sobre la inaudita suspensión del derecho de asilo en este país.

Hoy la criminalización y vulneración de los derechos de la población migrante no es solo producto de una extrema derecha en auge o de unos cuantos políticos irresponsables, sino la consecuencia de políticas concretas de la UE y de sus gobiernos quienes, con guante blanco y de forma consciente y planificada, llevan años ejerciendo una xenofobia institucional que persigue una degradación de la protección jurídica y social del migrante y, en última instancia, de su propia condición humana. Una política que, según todos los indicios, va a reafirmarse con el tan esperado y temido Pacto de Migración y Asilo, que propone y defiende la detención, deportación y externalización como indicadores en positivo de las futuras políticas en este terreno, y que prácticamente abandona cualquier objetivo sobre el establecimiento de un reparto solidario de personas a nivel de Estados miembro.

El “populismo de las vallas” recorre el mundo y en la UE funciona como un potente instrumento simbólico a la hora de construir un imaginario de exclusión entre la “comunidad” y los “extranjeros”, tan antiguo como recurrente en la historia. Porque los muros no se construyen solo con cemento y concertinas, sino sobre el miedo al otro, a lo desconocido, contribuyendo a agrandar así la brecha entre ellos y nosotros. Desde la llegada en julio pasado de Nueva Democracia (ND) al gobierno griego, asistimos a una política consciente de estigmatización y degradación de las condiciones de vida de la población migrante y/o demandante de asilo. Favoreciendo así un caldo de cultivo para el ascenso y normalización de una política xenófoba que ha encontrado en la isla de Lesbos un laboratorio ideal. Solo así podemos entender los ataques organizados por paramilitares en las últimas semanas contra activistas y ONGs en Lesbos, permitidos o directamente amparados por Atenas; o la defensa por parte de una sección de la izquierda de una supuesta cruzada en defensa de la nación.

En el cuarto aniversario del Acuerdo de la Vergüenza con Turquía, asistimos en las fronteras y en el cuerpo de quienes intentan llegar a Europa, a una degradación de una crisis de derechos que no solo afecta a personas refugiadas y migrantes, sino a todas y todos nosotros. Una crisis que nos plantea una pregunta clave en nuestro tiempo: ¿quién tiene hoy derecho a tener derechos en Europa? Cómo respondamos a esa pregunta determinará gran parte del futuro. Empecemos al menos por plantearla y colocarla en el lugar central que merece. Porque fijar el campo de batalla es el primer paso para dar la pelea.