La salud del Mar Menor sigue siendo frágil. Un informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO) revela que en 2025 la laguna estuvo al borde de otra crisis ambiental. El fenómeno más preocupante es el de una masa de agua turbia y blanquecina, identificada como la mancha blanca —denominada técnicamente whiting— que se sitúa al sur de Los Alcázares y hasta la isla Perdiguera. Se trata de una precipitación de carbonato cálcico (partículas microscópicas de calcita) que enturbia el agua de forma permanente y que los científicos vinculan, aunque sin certeza, con descargas subterráneas. El informe reconoce que su origen “alberga enorme complejidad”.

Lo que sí está claro es su impacto: en la zona descrita la turbidez es extrema la mayor parte del año, además los niveles de clorofila son más altos que en el resto de la laguna y la vegetación bentónica (del fondo) ha desaparecido. Los niveles de nitratos y fosfatos también han sido más elevados allí que en otros puntos en 2025.

Inquieta a los científicos que la mancha sigue creciendo. Según el informe, “hacia finales de año, su superficie mostró una tendencia creciente”, una dinámica que “arranca tras el paso de la dana Alice”. Y los investigadores advierten de que si esa expansión se mantiene “podría tener consecuencias nefastas para el ecosistema lagunar”.

El episodio más grave

El episodio más grave se registró en octubre, tras la dana Alice. La entrada masiva de agua continental cargada de sedimentos y nutrientes estratificó la columna de agua, bloqueando la mezcla vertical e impidiendo la llegada de oxígeno al fondo. El informe describe cómo “el agotamiento progresivo de la concentración de oxígeno” llegó “hasta niveles de anoxia (0 mg/l)”, extendiéndose “sobre una amplia superficie del fondo de la cubeta sur”. La situación duró siete días.

El IEO constituyó un gabinete de crisis con las autoridades. Según relata el informe, los científicos observaron peces bentónicos migrando hacia la superficie, el mismo comportamiento registrado antes de las mortandades masivas de 2019 y 2021. La situación se resolvió cuando los vientos de poniente rompieron la estratificación y reoxigenaron el agua.

Aunque las consecuencias no llegaron a las de las riadas de 2017 o la dana de 2019, el episodio confirmó que los aportes de agua continental cargada de nutrientes son el detonante principal de la eutrofización —el proceso por el que el exceso de nutrientes provoca el crecimiento descontrolado de algas y agota el oxígeno— que pone en jaque a la laguna desde hace décadas.

2025, el segundo año más cálido desde 1982

El informe confirma también “un calentamiento progresivo” que sitúa a 2025 como el segundo año más cálido en el Mar Menor desde que se iniciaron las mediciones en 1982. La laguna se calienta por año a un ritmo de 0,036 °C y en 2025 registró 108 días de ola de calor marina. A finales de mayo, en solo cinco días, la temperatura del agua pasó de 20 a 25 °C y llegó a los 30 °C el 30 de junio, elevándose a un ritmo de 0,16 °C diarios.

Esas temperaturas hicieron que se disparase el fitoplancton hasta 7 mg/m³ de clorofila, muy por encima de la media habitual. Y en la zona central, el oxígeno bajó de 4 mg/l casi a diario en julio, con valores puntuales inferiores a 1 mg/l provocando un círculo vicioso: el calor acelera el crecimiento del fitoplancton, su descomposición consume grandes cantidades de oxígeno y se reduce la capacidad que tiene el agua para disolver ese mismo oxígeno.

Aunque la crisis no se materializó al remitir el calor, este episodio ha permitido concluir a los investigadores que el calor, por sí solo, es ya capaz de empujar al ecosistema al límite. En sus palabras, el evento “ilustra el potencial del incremento de la temperatura como factor detonante de procesos disruptivos en ausencia de aportes de nutrientes”.

Tres advertencias urgentes

Todos estos episodios ha generado, además, según el informe, una pérdida mayor de la luz en el fondo de la laguna, más intensa y más duradera que en los años 2023 y 2024 y que amenaza la recuperación de las praderas de Cymodocea nodosa, la hierba marina que tapiza el fondo y cuya restauración es considerada clave para la salud del ecosistema.

El informe concluye que 2025 fue “un año anómalo” pero no catastrófico, y lanza tres advertencias: la interacción entre cambio climático y eutrofización es el principal factor de vulnerabilidad del Mar Menor; es imprescindible reducir los aportes de nutrientes y sedimentos de la cuenca vertiente; y hay que investigar con urgencia el origen y la dinámica de la mancha blanca.

Varapalo de la justicia a la Asociación de Vecinos de la pedanía cartagenera de Torreciega. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, ha confirmado el archivo provisional de la causa penal abierta por la contaminación de los terrenos de la antigua fábrica de Española del Zinc (Zinsa). La resolución ratifica el auto emitido el 30 de abril de 2025 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena y concluye que no existen elementos suficientes para atribuir a la mercantil Cartagena Parque S.A. un delito contra el medio ambiente.

El tribunal recuerda que la empresa adquirió los terrenos en 2018, cuando ya estaban declarados oficialmente como suelo contaminado desde 2009, y subraya que la actual propietaria no fue la responsable de los vertidos ni de la contaminación originaria. En ese sentido, la Audiencia considera que la obligación asumida por la sociedad era la descontaminación del terreno en su condición de propietaria posterior.

La sala comparte los argumentos del juzgado instructor y sostiene que desde la compra de los terrenos no se han producido nuevas emisiones ni vertidos contaminantes. El auto también analiza si podría existir responsabilidad penal por omisión, aunque concluye que Cartagena Parque S.A. no tenía la “posición de garante” exigida legalmente para este tipo de delitos, dado que no era propietaria de los terrenos cuando se produjeron los hechos contaminantes ni mantenía relación con la empresa que generó los residuos.

Asimismo, la Audiencia considera acreditado que la mercantil llevó a cabo diversas actuaciones relacionadas con sus obligaciones administrativas en materia ambiental, entre ellas el vallado de la zona, la instalación de sistemas disuasorios para aves y la presentación de proyectos técnicos ante la Administración regional.

En relación con la denuncia de la asociación vecinal sobre la supuesta falta de incorporación de determinados informes periciales al expediente judicial electrónico, el tribunal descarta que se haya producido indefensión atribuible al juzgado y señala que correspondía a la propia parte recurrente presentar correctamente la documentación.

Responsabilidad administrativa o civil, pero no penal

La resolución añade que los riesgos actuales para la salud pública o el medio ambiente derivados de los residuos existentes podrían dar lugar, en su caso, a responsabilidades administrativas o civiles, pero no penales.

Respecto a las acusaciones dirigidas contra la Administración autonómica por una supuesta inacción, la Audiencia descarta indicios suficientes de un delito de prevaricación administrativa.

El auto también recuerda que la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ya confirmó, en una resolución dictada el 6 de febrero de 2025, la legalidad de la declaración de Cartagena Parque como responsable subsidiaria de la descontaminación de los terrenos.

Por último, el tribunal rechaza el recurso presentado por varios vecinos que solicitaban personarse como perjudicados en el procedimiento penal, al entender que, una vez archivada provisionalmente la causa, no procede su incorporación al proceso. No obstante, los magistrados precisan que ello no supone negar el derecho de los residentes a la protección de su salud y a disfrutar de un medio ambiente adecuado, sino que consideran que esas medidas deben reclamarse fuera de la vía penal.

Respecto a las acusaciones dirigidas contra la Administración autonómica por una supuesta inacción, la Audiencia descarta indicios suficientes de un delito de prevaricación administrativa y advierte de que la investigación penal no puede convertirse en una investigación prospectiva sin base concreta.

El auto también recuerda que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ya confirmó, en una resolución dictada el 6 de febrero de 2025, la legalidad de la declaración de Cartagena Parque como responsable subsidiaria de la descontaminación de los terrenos.

Además, la Audiencia deja sin efecto las medidas cautelares acordadas dentro de la pieza separada penal, aunque aclara que ello no elimina las obligaciones administrativas que la empresa mantiene como titular de un suelo contaminado.

Por último, el tribunal rechaza el recurso presentado por varios vecinos que solicitaban personarse como perjudicados en el procedimiento penal, al entender que, una vez archivada provisionalmente la causa, no procede su incorporación al proceso. No obstante, los magistrados precisan que ello no supone negar el derecho de los residentes a la protección de su salud y a disfrutar de un medio ambiente adecuado, sino que consideran que esas medidas deben reclamarse fuera de la vía penal.

La Región de Murcia es uno de los principales laboratorios de innovación agrícola del sur de Europa. En este territorio, marcado por la escasez de agua, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) dedica buena parte de su labor investigadora a impulsar nuevas variedades vegetales más resistentes, productivas y adaptadas al cambio climático. Solo en 2025 realizaron más de 50.000 hibridaciones de árboles, cuentan ya con 26 variedades registradas de cerezo, melocotón, albaricoquero, ciruelo y platerina y trabajan en la introducción de otras especies como la pitaya o fruta del dragón.

En un escenario en el que la agricultura del futuro estará definida por la edición genética, los invernaderos de alta bioseguridad, la hibridación o la innovación en nuevas variedades vegetales, estos avances también plantean preguntas de fondo como qué modelo agrario se está consolidando, quién controla la innovación y qué lugar ocupan la biodiversidad y las variedades tradicionales en esa transición. Andrés Martínez Bastida, director del Imida, despeja algunas dudas sobre ese equilibrio entre progreso, rentabilidad y conservación.

¿Cómo ha pasado la Región de Murcia de ser un territorio con estrés hídrico estructural a convertirse en un referente internacional en mejora genética vegetal?

Hemos pasado a ser un referente en el manejo del estrés hídrico por una cuestión de necesidad. En la Región de Murcia se registran unos 350 litros de lluvia por metro cuadrado al año, los cultivos se tienen que adaptar para salir adelante, que sean rentables y haya un interés por continuar con el relevo generacional. En esta comunidad la agricultura de regadío representa un 45% y el resto es de secano. Tenemos la ventaja de que nuestros suelos son de muy buena calidad y tenemos unas 3.000 horas de sol al año, pero al faltarnos el agua hay que introducir la tecnología y estudiar cómo las plantas la utilizan.

¿Qué papel juega el Imida dentro de ese ecosistema de innovación?

Estudiamos el funcionamiento de las plantas en tanto que seres vivos, con sus mapas genéticos, para entender sus características. En nuestro caso, lo que queremos es buscar plantas que sean más resistentes a la sequía; pero también tratamos de descifrar qué genes pueden ayudar a que puedan hacer frente mejor a determinadas plagas y enfermedades, o adquirir determinado color o tamaño.

En la Región de Murcia hemos pasado a ser un referente en el manejo del estrés hídrico por una cuestión de necesidad

¿Cómo se traduce ese trabajo en la práctica?

Se hacen cruzamientos de dos variedades de la misma fruta, por ejemplo melocotón, para obtener una variedad diferente. Y por los distintos campos de ensayo pasan los agricultores y las empresas de distribución y de comercialización para ver las tendencias. Ahora cada vez es más frecuente, por ejemplo, la uva o la sandía sin pepitas. Son fruto de esta evolución.

¿Cuánto tiempo lleva desarrollar una nueva variedad?

Son procesos largos. Cuando cruzas una planta, desde que sale del laboratorio hasta llegar a la fase del campo y que crezca y dé frutos, pueden pasar dos o tres años. El caso de los cultivos leñosos del arbolado es de los más lentos, hasta cinco años. En el de la vid, hasta veinte. Y luego hay que ver si esa fruta vale o no; hay que comprobar al final del proceso si el comportamiento conseguido es el que te habías planteado en un principio. Pero estamos evolucionando y con las nuevas técnicas genómicas se hace todo de forma más precisa.

¿En qué consisten las nuevas técnicas genómicas y por qué están generando tanto debate en Europa?

Hay países que no terminan de verlo claro. Pero no porque no sea una solución válida, sino más bien porque hay países más desarrollados en este campo, como el nuestro, y los que están más rezagados temen quedarse atrás. En la Unión Europea (UE) el debate está encima de la mesa y ya hay un reglamento de la Comisión pendiente de validación para que podamos usar las nuevas técnicas.

Sí que me gustaría dejar claro que no tiene nada que ver con los transgénicos. En los transgénicos se combinan cruces de distintas especies. Nosotros estamos hablando de cruzar siempre variedades dentro de la misma especie; lo que no quisiera es que la gente piense que la están intentando meter alimentos modificados.

¿Podría explicarlo con un ejemplo sencillo?

Si quisiéramos mejorar una variedad de melocotón, por ejemplo, lo que haríamos sería editar su línea genética y esa edición te va a dar pistas de qué genes dan el color amarillo. Entonces lo que haríamos sería cortar esa secuencia en la variedad que lo tiene e introducirlo en otra. Ahí lo que consigues es ir sobre seguro y acortar mucho los plazos. Es una gran revolución.

Sí que me gustaría dejar claro que la edición genética no tiene nada que ver con los transgénicos

¿Y un caso concreto en el que estén trabajando actualmente?

Claro, estamos trabajando duro con el tema del viñedo, sacando variedades con más calidad y más resistentes a algunas plagas a partir de la Monastrell (típica de Jumilla o Yecla). Lo que hacemos es cruzar plantas, sacar nuevos plantones, plantarlos, injertarlos y esperar a que empiecen a producir. Estamos buscando también mejorar la calidad de la uva y del vino, que tenga una menor graduación alcohólica, es una tendencia del mercado. El desarrollo vegetativo del viñedo es lento, por eso la edición genética es un gran avance. En el Imida tenemos una autorización excepcional para poder poner a punto las técnicas genómicas como centro de investigación.

¿Que no tengamos todavía en Europa una reglamentación nos está retrasando mucho respecto a otros países?

En Estados Unidos y China es donde están más avanzados. En España, por poner un ejemplo, la Universidad de Córdoba ha obtenido una variedad de cereal par gente celiaca con la edición, pero al no poder producirlo aquí tienen que venderlo a Estados Unidos que luego nos lo manda a España para comercializarlo aquí. Pero repito que son dentro de la misma especie.

La UE tiene que establecer las distintas categorías de producción dentro de este campo. Y tendrá que figurar en el etiquetado que la variedad en cuestión se ha obtenido mediante técnicas genómicas. Esperamos que a partir de 2028 pueda estar plenamente regulado su uso en la UE.

¿Qué papel juega la conservación de variedades tradicionales en este proceso de innovación?

Fundamental. En el Imida tenemos un banco de germoplasma muy amplio. El problema es que para que las semillas mantengan su capacidad de germinación necesitan una serie de cuidados. Y eso cuesta dinero. Hasta hace poco contábamos con apoyo financiero a través del Ministerio, pero hemos perdido esa partida. En nuestro banco tenemos una variedad enorme de plantas hortícolas, pimientos, habas, judías, moreras, fruta de hueso, cereales... todas las autóctonas de la Región de Murcia; además de animales como la gallina o el chato murciano. Sería muy importante para nosotros recuperar esa partida.

¿Qué margen tiene un pequeño agricultor en este sistema cada vez más tecnológico?

Un pequeño agricultor cada día lo tiene más complicado. Por eso necesitan asociarse en cooperativas u otras organizaciones que les ayuden a mejorar su explotación y comercializar sus productos. Por ejemplo con mercados de proximidad. El problema ahora está focalizado en los jóvenes que se quieren incorporar porque se visualiza como una tarea muy sacrificada, pero hoy en día hay mucha tecnología para agilizar los procesos.

Si una máquina nos ayudara a discriminar el grado de madurez de una fruta, dejaríamos de desperdiciar un 30 por ciento de las cosechas

Si miramos veinte años hacia adelante, ¿cómo será la agricultura en la Región de Murcia?

Dependerá mucho de cuestiones externas. Nosotros hemos sabido adaptarnos bien al cambio del clima y a la tecnología; estamos bastante preparados y creo que seguiremos siendo referentes en el uso del agua y los cultivos. Pero vuelvo al tema del relevo generacional. Tenemos un problema en este sentido. Hacen falta trabajadores cualificados. Y si nosotros no nos implicamos en estos empleos, alguien tendrá que hacerlo y habrá que cualificarlos. También hay que avanzar en la introducción de la Inteligencia Artificial en algunas labores como la recolección o la poda, que ayudarían mucho a acortar y mejorar procesos. Si una máquina nos ayudara a discriminar el grado de madurez de una fruta, por ejemplo, dejaríamos de desperdiciar un 30 por ciento de las cosechas.

El informe tiene 509 páginas, fue encargado por el Gobierno de la Región de Murcia en noviembre de 2023 y pagado con una subvención de 293.035 euros. Sus conclusiones son inequívocas: los suelos del entorno de la Sierra Minera Cartagena-La Unión presentan concentraciones de metales pesados que “alcanzan niveles excepcionalmente elevados y pueden representar un riesgo significativo tanto para la producción agrícola como para la salud humana si no se aplican medidas de manejo adecuadas”.

Lo firma el grupo de investigación Garsa de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), lo dirige el investigador Ángel Faz, y su título no deja lugar a dudas: Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación. El Gobierno regional intentó que ese informe no existiera, no lo consiguió, y el caso ha acabado en los tribunales.

Cuando el edafólogo José Matías Peñas preguntó a la Consejería murciana de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca por la existencia del informe, la respuesta oficial del Ejecutivo de Fernando López Miras fue que “el centro directivo ha indicado que no se ha realizado el trabajo”. Poco después, la versión cambió: el documento “no obraba en poder del órgano” correspondiente y se había “procedido a tramitar el procedimiento de reintegro de la subvención”. Es decir la Consejería exigía a la UPCT que devolviera los 293.035 euros.

Para Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción, la secuencia no tiene otra lectura: “Mintieron en documento oficial asegurando que dicho informe no existía. Esa falta de transparencia levanta la sospecha: si todo es correcto, ¿por qué no salen al día siguiente con los análisis en la mano?”. La organización denunció al Ejecutivo ante el juzgado por presunta prevaricación.

Faz, durante una videoconferencia a la que también se suman representantes de la Consejería murciana de Agricultura, es tajante sobre su independencia: “Me he sentido totalmente libre. Los números son los números. Eso es lo que hicimos y lo que tomamos”. Tras la presión pública, la UPCT entregó una versión ampliada el 20 de abril, en la que los datos de base no cambiaron: las 567 muestras son las mismas.

Cuarenta veces el límite de arsénico

El estudio detectó concentraciones de arsénico de hasta 320,2 miligramos por kilo de suelo -40 veces el riesgo máximo admisible-, cadmio 23 veces por encima del umbral y manganeso doce veces superior al límite legal.

Sin embargo, el investigador de la UPCT introduce una distinción fundamental: la diferencia entre concentración total y biodisponibilidad real. “El arsénico tiene una media de concentración total de 21,2 miligramos por kilo en la zona sur. Pero ¿cuánto es soluble? 0,4. El cadmio tiene una media de 1,7 mg/kg pero solo el 16,6% es asimilable. Cuando hablamos de biodisponibilidad, que es lo que debe preocuparnos para los riesgos, los números son muy diferentes”.

Francisco José Martín, edafólogo de la Universidad de Granada, comparte esa distinción pero advierte que sin ensayos de toxicidad las cifras siguen siendo insuficientes. Y añade una variable que el propio informe menciona: el drenaje ácido de mina. “En la zona hay drenaje ácido que modifica el pH y puede solubilizar los metales precipitados. Es como una bomba de relojería”.

Cómo los metales viajan hacia los campos y el Mar Menor

Los metales no se quedan donde están. Jordi Sierra, edafólogo de la Universidad de Barcelona, explica el mecanismo: “Cuando llueve torrencialmente, el agua impacta en el suelo. Como los suelos del Campo de Cartagena tienen poca materia orgánica, están compactados y salinizados, el agua no se infiltra: se va por escorrentía superficial arrastrando partículas cargadas de metales, nitrógeno y fósforo. Todo eso acaba contaminando el Mar Menor”.

El cambio climático, añade, agrava el problema: “Cada vez tenemos más lluvias torrenciales y estos suelos degradados son especialmente vulnerables”. José Matías Peñas, por su parte, precisa la geografía del problema: las concentraciones que superan los niveles de referencia se extienden desde Los Urrutias hasta Cabo de Palos. “Estamos hablando de 22 kilómetros cuadrados de la Sierra Minera que llevan tres décadas sin restaurarse, en contra de lo que regula la Ley de Minas”.

El trabajador del campo, en el punto de mira

Para el conjunto de la cuenca, el informe sitúa los riesgos “por debajo de los límites de preocupación”, pero esa afirmación esconde matices que varios expertos consideran insuficientemente desarrollados.

El profesor de la Universidad de Granada señala que el análisis de riesgo laboral arroja valores que no pueden ignorarse: “Se ha hecho un estudio de riesgo de exposición en función del número de días, 180 al año, o hasta 250 si fueran trabajadores más intensivos y he visto algún valor de siete para el plomo. Si el valor supera uno, ya hay riesgo. Hay un riesgo de exposición alto”.

“El cáncer es una enfermedad multifactorial, pero esto es un factor más que aumenta el riesgo. El informe calcula que podría haber un caso de cáncer de más por cada 10.000 habitantes en el escenario más alto. Para los trabajadores de mayor exposición, el riesgo queda por encima del umbral según normativas de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) o la legislación española. Es indiscutible”, apunta Sierra.

Peñas va más lejos: “El riesgo de toxicidad sistémica y carcinogénesis para los trabajadores es inadmisible en la zona de Los Urrutias a Cabo de Palos, a pesar de que han infravalorado ese riesgo en contra de lo que marca el Real Decreto del Ministerio para la declaración de suelos contaminados”. El propio director del informe matiza que hay “motivo para la precaución, no para la alarma”, pero reconoce que haría un seguimiento detallado en las parcelas de mayor riesgo y un análisis de la parte comestible de los cultivos durante dos ciclos al año.

Los más expuestos son los jornaleros, expone el portavoz de Ecologistas en Acción: “Los trabajadores pasan todo el día en cultivos intensivos, con maquinaria y respirando el polvo, que va directamente a los pulmones”. Y añade un factor estructural que agrava la situación: “En el sector primario hay mucho trabajador sin papeles, que sufre situaciones de explotación laboral. Por eso hay que ser más exhaustivos en los controles”.

Las medidas preventivas más inmediatas no requieren grandes inversiones: “Con unas medidas higiénicas básicas -manga larga, guantes, evitar tocarse la boca tras manipular tierra- se puede minimizar bastante el impacto”, explica Sierra. El riesgo, advierte el investigador de la Universidad de Granada, no es inmediato ni visible: “Los metales pesados no es que el año que viene vaya a empezar a morir gente. Dentro de 20 o 30 años los trabajadores que han estado en esa zona tienen un porcentaje muy elevado de desarrollar algún tipo de enfermedad”.

¿Llega la contaminación a los alimentos y al Mar Menor?

La pregunta que más preocupa a los consumidores es si los metales están llegando a los productos que se cosechan y se comen. Faz reconoce los límites de su encargo: “Yo no he trabajado esa escala ni se me ha pedido. Hemos hecho una radiografía. Me parece necesario hacer un estudio en parcelas concretas para ver si se acumula o si hay que cambiar el uso”.

El portavoz de Ecologistas en Acción no comparte esa tranquilidad: “La transferencia a determinados cultivos puede ser importante y no se pueden hacer los mismos controles que en suelos sin contaminantes. No sabemos cómo de gordo es el problema, ni tampoco la solución”.

“Hay que estudiar si los productos agrícolas han acumulado metales. Seguramente va a dar muy bajo por las características del suelo, pero es algo que se tiene que hacer”, dice el investigador de la Universidad de Barcelona. Y alerta sobre una dimensión que el informe no aborda: “Al ser el Mar Menor una laguna cerrada con poca renovación del agua, seguro que hay niveles elevados en el sedimento. Lo siguiente es mirar las especies que realmente comemos: si hay recursos pesqueros o acuícolas, hay que analizar el pescado”.

Peñas, por su parte, advierte que no todos los cultivos acumulan igual: “Las patatas acumulan mucho plomo; las lechugas concentran principalmente cadmio”. Ecologistas en Acción ha pedido a la Administración información sobre si se están haciendo controles adicionales. “No nos han respondido”, denuncia Luengo. “Necesitamos poder estar tranquilos de que no estamos ante un problema de salud pública”.

Sin normativa propia y décadas de retraso

La Región de Murcia carece de normativa propia que fije los niveles máximos de metales pesados admisibles en sus suelos. El contraste con Andalucía es significativo: allí, desde 2015, un decreto establece que si se supera 100 veces el valor de referencia el suelo debe declararse oficialmente contaminado.

Según el investigador de la Universidad de Granada, algunos valores del informe de la UPCT superan en 400 veces ese umbral. En la Región de Murcia, ese decreto no existe pese a que la Ley de Suelos Contaminados de 2011 trasladó esa competencia a las comunidades autónomas hace catorce años. Sierra, por su parte, recuerda que sí existe normativa europea -dos reglamentos de 2023 y 2025- que debería aplicarse por defecto.

Los estudios sistemáticos de metales en la zona datan de finales de los noventa. “Lo raro sería no encontrar metales aquí”, dice Faz. “Estamos pegados a yacimientos mineros con más de 2.000 años de historia”. “Me sorprende que a estas alturas no se haya hecho un estudio epidemiológico a fondo. Lo que se ha presentado ahora es más de lo mismo que se hacía hace décadas”, añade el profesor de la Universidad de Granada al respecto.

El caso en los tribunales y seis años de silencio

En abril, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena incoó diligencias previas contra la Administración regional y la empresa pública Tragsa tras una denuncia de Ecologistas en Acción por el uso de tierra vegetal contaminada en el sellado del depósito minero El Lirio. Peñas está citado a declarar como perito.

Y el problema tiene aún más fondo: en noviembre de 2020, la Consejería ya había recibido otro estudio -encargado a IDOM Consulting con fondos europeos FEDER- que cartografiaba concentraciones de plomo diez veces por encima del nivel legal en suelos agrícolas del Campo de Cartagena. Ese informe nunca se hizo público. La Fiscalía Europea ha recibido una denuncia al respecto.

La oposición en la Asamblea Regional no ha tardado en exigir responsabilidades. La portavoz del PSOE, Carmina Fernández, afirmó que “el Gobierno regional tiene la obligación de actuar y proteger la salud de vecinos, trabajadores agrícolas y sector agrícola”, y denunció que el Ejecutivo de López Miras lleva “demasiados años sin actuar, pese al riesgo cancerígeno”. Desde Podemos, la diputada María Marín reclamó “medidas urgentes para proteger a jornaleros y consumidores” y estudios que acrediten si los niveles de contaminación han llegado a la cadena alimentaria. Marín exigió además la dimisión “inmediata” de la consejera Rubira “por ocultar el informe que acredita valores de toxicidad inadmisibles”.

La consejera Sara Rubira dijo esta semana que “se actuará con la máxima responsabilidad”. No fijó plazos y tampoco anunció controles sobre los alimentos. El plan que la Ley del Mar Menor ordenó elaborar en 2020 sigue sin fecha de entrada en vigor, casi cuatro años después de agotado el plazo legal.

La Consejería de Agricultura prometió este jueves nuevas inspecciones en las fincas afectadas y descartó riesgos alimentarios. “Que un producto asimile metales pesados es muy remoto”, dijo el subdirector Curro Miñano, quien pidió “mesura” en la lectura de los datos.

Más de 400 hectáreas de masa forestal de Sierra Espuña, en el corazón del Noroeste de la Región de Murcia, han sido ya pasto de las llamas tras el incendio que se ha declarado esta mañana en la vecina localidad de Aledo, en el Llano de las Cabras. La principal preocupación de las autoridades se centraba en la tarde de ayer en las fuertes rachas de viento que azotaban la zona, hasta la que se desplazaron medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME), según declaró el delegado del Gobierno, Francisco Lucas.

Un grupo de casi un centenar de niños que se encontraba de excursión por las inmediaciones fue evacuado este domingo, y las granjas y vecinos de los alrededores siguieron las noticias sobre el incendio con preocupación.

Sobre las once de la noche, y con unas condiciones meteorológicas más favorables, empezó a controlarse el incendio, aunque como anunció el presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, estaba previsto que los cuarenta efectivos de la UME y cuatro brigadas forestales mantuvieran las labores de extinción durante toda la noche.

Tras declararse el incendio, Protección Civil pidió este domingo que se suspendieran los trayectos entre Aledo y Zarzadilla de Totana, donde se desarrollaban las labores de extinción para intentar atajar las llamas. Hasta el puesto de mando, en el Llano de las Cabras, se desplazó ayer el presidente del Gobierno, Fernando López Miras;  el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias de la Región De Murcia, Marcos Ortuño, o el delegado del Gobierno, Francisco Lucas Ayala.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas Ayala, autorizó el despliegue en la zona de la UME y pidió al presidente Fernando López Miras que convocase de “inmediato” el Centro de Coordinación. “Estamos siguiendo la evolución con atención y en comunicación permanente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, dijo el delegado. “Estamos ante una situación grave y de emergencia, que exige coordinación entre administraciones, es esencial”, reiteró.

Sierra Espuña forma parte de los espacios naturales protegidos de la Región de Murcia y está reconocido con la Carta Europea de Turismo Sostenible. El incendio abarcó un frente que alcanzó los dos kilómetros de longitud.

Las más de 4.000 toneladas de biomasa retiradas de la orilla en las playas del Mar Menor en los primeros tres meses de 2026 —el equivalente a más de 150 camiones de gran tonelaje cargados de algas y restos vegetales marinos— no son un buen síntoma medioambiental para la laguna salada. Así lo explican tanto científicos como ecologistas que trabajan en el entorno de este ecosistema. “La retirada de la biomasa es necesaria para evitar la pestilencia de la putrefacción y la proliferación de fangos, pero es insuficiente”, afirma al otro lado del teléfono Ramón Pagán, portavoz de Pacto por el Mar Menor, quien no se muestra extrañado por la cantidad de biomasa que las patrullas de limpieza se apuran por retirar de la playa este año. “Llevamos unos meses muy intensos de lluvias, lo que ha generado más arrastre de contaminantes, en especial fertilizantes”.

Desde enero se ha recogido ya el 45% de toda la biomasa retirada en 2025. Desde el Gobierno regional vinculan este aumento de la biomasa con las fuertes lluvias de este año hidrológico. Desde el 1 de octubre, cuantifican, han entrado al Mar Menor por la rambla del Albujón 7,31 hectómetros cúbicos de agua, 2.925 piscinas olímpicas, “más del doble que en el mismo período del año anterior”, apuntan las mismas fuentes. Esta tarea va aparejada a un contrato plurianual con una inversión de 13,2 millones de euros para el periodo 2025-2026, con dos posibles prórrogas de un año cada una de ellas, según fuentes del Ejecutivo murciano, que cifran en más de 224 millones de euros la inversión realizada en conservación y mejora del Mar Menor en los últimos cinco años.

Un paseo por Los Nietos, Los Urrutias o las playas de Los Alcázares basta para darse cuenta de la “gran cantidad de algas filamentosas que se extienden por la costa formando una gruesa capa”, da fe Pagán, quien compara la retirada de las algas con el mito de Sísifo y su eterno castigo a empujar una piedra cuesta arriba en la montaña. Para salir del círculo, añade, “hay que invertir en la prevención, por mucho que se esté destinando del presupuesto regional a la limpieza”. En su opinión, se está fallando en materia de control de nitratos: “El problema en origen sigue sin corregirse y cada vez será peor; la Comunidad autónoma apunta a que la causa está en las lluvias, pero ha habido danas desde que existe el Mar Menor y el asunto no es la entrada del agua, sino lo que transporta, lo que lleva disuelto”.

“El problema es que hay una disponibilidad de nutrientes muy alta, que hace que la producción primaria sea incluso más elevada que antes, lo que explica la presencia de grandes cantidades de biomasa, especialmente de las especies más oportunistas, como el alga Caulerpa. La retirada de biomasa es, por tanto, una medida que se enfoca en las consecuencias del problema, pero no en el problema en sí, que son las entradas de nutrientes a la laguna y su origen en cuenca”, apunta el investigador del IEO-CSIC Juan Manuel Ruiz.

“El Gobierno regional -apuntala Pagán- no está haciendo cumplir la normativa referente a los fertilizantes en los campos y está perjudicando a otros sectores como el de la hostelería, la restauración, el precio de los alquileres en el entorno del Mar Menor o los veraneantes que vienen a estas playas”.

Otros indicadores preocupantes

“Es cierto que han entrado muchos nutrientes por las riadas que ha habido en 2025”, analiza Gonzalo González Barberá, del Comité Científico del Mar Menor. El investigador advierte de que algunas consencuencias “son más inmediatas que otras” y señala que hay algunos indicadores “preocupantes”, como el nivel medio de clorofila, que es más alto que el año pasado por estas fechas, casi el doble, “y hace frío todavía”. En este sentido, recuerda que se han producido varias crisis de anoxia en los últimos años “y que tenemos que estar vigilantes” de cara al verano y el aumento de las temperaturas.

Gonzalo González pone el acento en que no solo son los nutrientes lo que afecta a la laguna: “Cuando no hay lluvias es lo que lleva el acuífero, pero con las danas la entrada de fósforo también es descomunal, lo que genera la proliferación de algas y el proceso eutrófico (al incrementarse los organismos planctónicos por el exceso de nutrientes se disminuye radicalmente la llegada de la luz al fondo)”.

Desde el Ejecutivo advierten de que el Mar Menor “se mantiene en una situación de estabilidad dentro de la cautela”: la salinidad continúa en valores bajos para la época, entre uno y tres puntos por debajo de lo habitual en años anteriores; el oxígeno se sitúa en 6,11 miligramos por litro, la clorofila en 0,90 miligramos por metro cúbico, con un descenso del 48 por ciento, y la transparencia alcanza los 4,31 metros.

Un contexto en el que hay que mantener la vigilancia “y actuar con anticipación, especialmente ante la llegada de los meses de primavera y verano, cuando el aumento de las temperaturas puede agravar los efectos de la acumulación de nutrientes y de la menor salinidad”.

Equilibrio del ecosistema

En este sentido, apuntan que continuarán con la retirada de la biomasa “para garantizar el equilibrio del ecosistema junto con la monitorización continua mientras que no se ejecuten las actuaciones necesarias para reducir el caudal constante de agua dulce que llega al Mar Menor a través de la rambla de El Albujón y el acuífero cuaternario, todas ellas, competencia del Gobierno de España”.

En opinión del científico del IEO-CSIC Juan Manuel Ruíz, “está claro que los aportes a través de Albujón y del acuífero son importantes, pero los procesos que desencadenan episodios distróficos son las olas de calor y las lluvias torrenciales, como se ha visto en 2025 y en años anteriores”. Y concreta que los eventos de lluvias torrenciales como los de la dana Alice en 2025 aportan no solo agua, “sino cantidades masivas de elementos como fósforo que son limitantes de la producción primaria de la laguna”.

El arrastre de estos elementos, añade, se produce a nivel de cuenca debido a la erosión de los terrenos por los que pasa el agua, “especialmente los terrenos agrícolas, que son particularmente vulnerables a los efectos erosivos de estos episodios extremos de precipitacion” por lo que en este problema, “enormemente complejo”, las soluciones no pueden enfocarse en un único punto, considera: “En cualquier caso, hay que tomar decisiones en base a datos y modelos lo más realistas posibles, así como justificar con datos objetivos la efectividad de las medidas que se apliquen”, concluye.

La creación de un Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor (OM2), presentado como un “complejo científico de primer nivel al servicio de la recuperación del ecosistema”, es el último as en la manga del Gobierno de la Región de Murcia para afrontar el desastre ecológico crónico provocado por décadas de contaminación agraria, urbanización masiva y falta de gestión medioambiental de la laguna salada más importante de Europa, en estado crítico.

La iniciativa, presupuestada en unos 12 millones de euros y que será financiada con fondos europeos y de la propia comunidad autónoma, ha sido anunciada por el presidente autonómico, Fernando López Miras (PP), quien augura que se convertirá en “una herramienta clave para la conservación de la biodiversidad” del Mar Menor.

Según el Ejecutivo autonómico, el centro, que se construirá en la antigua terminal de aeródromo de San Javier, se orientará a la investigación, reproducción y reintroducción de especies, así como al seguimiento científico del estado ecológico del Mar Menor. El proyecto se enmarca en el discurso institucional que apuesta por la innovación tecnológica y la ciencia como pilares de la recuperación ambiental.

Sobre el papel, la propuesta resulta difícilmente cuestionable: reforzar la investigación, dotar de infraestructuras científicas y proteger la biodiversidad son medidas necesarias para poner freno a lo que muchos consideran un ‘ecocidio’. Sin embargo, el contexto en el que se produce este anuncio obliga a ir más allá de su formulación y preguntarse si se trata de un cambio de rumbo real o de una estrategia política que prioriza el impacto mediático frente a las soluciones estructurales.

Una crisis ecológica prolongada

Para valorar la eficacia potencial de este nuevo centro, es imprescindible recordar la situación actual del Mar Menor, que lleva más de una década sumido en una profunda crisis ecológica.

La laguna ha sufrido episodios recurrentes de eutrofización, provocados principalmente por la entrada masiva de nutrientes (especialmente nitratos) procedentes de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena. Este exceso de nutrientes genera proliferaciones de fitoplancton que reducen la transparencia del agua, alteran el equilibrio ecológico y, en episodios extremos, provocan anoxia (falta de oxígeno).

Las consecuencias han sido dramáticas: mortandades masivas de peces y crustáceos en 2019, 2021 y otros episodios posteriores, colapso de hábitats submarinos, desaparición de praderas de fanerógamas marinas y una pérdida generalizada de biodiversidad.

A ello se suman otros factores como la urbanización intensiva del litoral, la presión turística, la alteración de ramblas y cauces naturales, y el impacto del cambio climático, que agrava los episodios de lluvias torrenciales y escorrentías contaminantes.

En este contexto, la pregunta clave es evidente: ¿puede un centro científico revertir una crisis que tiene causas estructurales profundamente vinculadas al modelo productivo y territorial?

La voz de la ciencia y el ecologismo

Para Julia Martínez Fernández, doctora en Biología, profesora asociada de Ecología en la Universidad Miguel Hernández de Elche y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, donde coordina la actividad científico-técnica de dicha entidad, dedicar recursos a la conservación y a la recuperación de la biodiversidad —en este caso de las especies del Mar Menor— “es siempre una buena noticia”.

Ahora bien, la eficacia real de esa inversión depende de varios factores, explica Martínez. “No es lo mismo disponer de una nueva instalación que disponer de una nueva instalación que funcione realmente”. Es decir, “sabemos que el edificio costará doce millones, pero conocemos mucho menos o nada de cuál va a ser la inversión anual garantizada para dotar a ese edificio de todo el personal científico, técnico y administrativo necesario”.

Para la experta, si atendemos la trayectoria del Gobierno regional en materia de financiación de la investigación y, sobre todo,de la que tiene que ver con los profesionales dedicados a la gestión ambiental, “la verdad es que hay muchas dudas de que el capítulo de personal esté garantizado de forma suficientemente amplia y consolidada a largo plazo”.

Otra de las reflexiones de Martínez tiene que ver con uno de los objetivos importantes del futuro centro: la conservación ex situ, o sea, fuera de la laguna, de especies amenazadas como el caballito del mar o la nacra (Pinna nobilis), para que puedan ser reintroducidas en la laguna. Al respecto, opina que “no conviene olvidar que la estrategia más eficaz, económica y con menor riesgo ambiental para recuperar la biodiversidad es la restauración natural y la conservación in situ. ”La prioridad debe ser eliminar las presiones que afectan a la laguna y que sea la propia dinámica del ecosistema lagunar la que recupere la buena salud de las especies“, insiste Martínez.

Esta reconocida investigadora también pone el foco en las “incoherencias” del Gobierno regional en relación con la biodiversidad del Mar Menor: “por un lado está dedicando doce millones de euros a la construcción de este centro, mientras el mes pasado votó en contra de la propuesta del Gobierno central de declarar la anguila europea en peligro de extinción y, por tanto, protegerla”.

Hablamos de una especie clasificada en peligro crítico de desaparición por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza desde 2008. La única población de esta especie en la Región de Murcia está, precisamente, en el Mar Menor, donde este pez migratorio pasa una de las etapas de su vida. “Como custodios temporales de esta especie, tenemos una responsabilidad internacional muy importante para evitar su extinción, y el Ejecutivo de López Miras se aparta de ella”, se lamenta Martínez. “Ahí se demuestra que la política ambiental de la comunidad autónoma no es integral ni coherente”, concluye.

Francisca Giménez Casalduero, catedrática de Ciencias del Mar en la Universidad de Alicante, atesora más de tres décadas de experiencia en la investigación y la gestión de las zonas marinas y costeras, contaminación marina y los efectos de las actividades humanas sobre los sistemas biológicos. Para esta experta,el anuncio del OM2 es “muy positivo” en tanto constituye la continuidad del proyecto del Banco de Especies del Mar Menor, impulsado por el Acuario de la Universidad de Murcia (UMU) y el Gobierno Regional para mantener el “stock genético” de las especies más emblemáticas de la laguna a raíz de las crisis de eutrofización, y que considera “exitoso”. La experta también cree un acierto la reutilización de una infraestructura ya existente. Otro de los aspectos loables de esta inversión —en el que coincide con Julia Martínez— es la labor divulgativa que puede hacerse del ecosistema lagunar.

A pesar de ello, también considera que si las actuaciones para la recuperación de la biodiversidad de la laguna se limitan en exclusiva a la creación de este centro “serán insuficientes”. “Esta es una acción importante y necesaria, pero debe ser complementaria a otras que deben realizarse. Y las primeras son disminuir las presiones externas”, asegura.

Para José Antonio García Charton, doctor en Biología, profesor de Ecología e investigador responsable del grupo ECOMARE —enfocado en los efectos ecológicos de la protección en reservas marinas del Mediterráneo— en la Universidad de Murcia, el futuro OM2 puede llegar a ser “una infraestructura de muchísimo valor para impulsar la investigación científica, sobre todo en función de los proyectos que se desarrollen”.

Sin embargo, para García Charton “nada sustituye a una verdadera gestión integrada de la laguna”. Todo lo que tenga que ver con la conservación de especies fuera de su medio y sin tener en cuenta la protección del Mar Menor y los impactos que recibe, sería un esfuerzo inútil. Por eso, espera que la inversión “no se desconecte de la investigación en el medio natural ni de la toma de decisiones respecto a la situación de la laguna”.

Como él, otros especialistas también han alertado de que la reproducción en cautividad y la reintroducción de especies, aunque útiles en determinados contextos, no garantizan la recuperación si el ecosistema sigue degradado. Reintroducir especies en un medio hostil equivale, en palabras de algunos investigadores, a “llenar un vaso roto”.

Por su parte, desde organizaciones ecologistas se ha advertido en repetidas ocasiones del riesgo de apostar por soluciones “cosméticas” o tecnológicas que no abordan las causas profundas. En este sentido, la creación de un centro de especies es algo “a priori positivo”, aunque hay dudas de que más allá de financiar la obra luego se disponga de partida presupuestaria para dotar las instalaciones de suficiente personal científico y cualificado para su desarrollo.

Además, si no va acompañada de cambios estructurales como la reducción del aporte de nutrientes, el control del regadío ilegal, la restauración de zonas de amortiguación (como humedales y filtros verdes) y la eliminación de la expansión agrícola, no conseguiremos la recuperación real del ecosistema y de sus especies más amenazadas, y puede convertirse en otra medida ineficaz y multimillonaria más, que no sirva realmente para solucionar el problema, como resume Pedro Luengo, coordinador y portavoz de Ecologistas en Acción.

Responsabilidad política y conflicto de intereses

Y es que la crisis del Mar Menor no es solo ambiental; también lo es política. Durante años, diferentes administraciones han permitido —por acción u omisión— un modelo de desarrollo insostenible.

El Gobierno regional gobernado por el Partido Popular ha sido especialmente señalado por su falta de contundencia frente al regadío ilegal y por su defensa de los intereses del sector agrícola intensivo. A pesar de la aprobación de normativas para limitar la contaminación, su aplicación ha sido irregular y, en muchos casos, insuficiente.

Las posturas de determinados colectivos de regantes han contribuido a dificultar la adopción de medidas más estrictas. Parte del sector ha negado su responsabilidad en la degradación de la laguna o ha minimizado su impacto, atribuyendo la crisis a factores naturales o a episodios puntuales de lluvias.

Por su parte, partidos como Vox han adoptado posiciones aún más negacionistas respecto a la dimensión ambiental del problema, rechazando restricciones al regadío y cuestionando el consenso científico. En febrero de este año, el recientemente defenestrado por su partido, José Ángel Antelo, registró en la Asamblea Regional de Murcia una proposición de ley para reformar la actual Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor que, según la formación ultra, criminaliza a los agricultores.

En este contexto, el anuncio del centro científico puede interpretarse como un intento de desplazar el foco del debate: de la regulación del modelo productivo a la inversión en infraestructuras científicas. Sin embargo, sin una voluntad política clara para abordar los intereses económicos en juego, cualquier medida técnica corre el riesgo de quedarse en un parche.

Biodiversidad en riesgo: el caso del caballito de mar

El Mar Menor alberga una biodiversidad singular, con especies adaptadas a sus condiciones únicas de salinidad y temperatura. Sin embargo, los episodios de colapso que ha sufrido la laguna, y que la han llevado a convertirse en una verdadera 'sopa verde', han hecho que muchas de ellas se encuentren en retroceso.

Uno de los casos más emblemáticos es el del caballito de mar de hocico largo (Hippocampusguttulatus), cuya población ha sufrido un declive drástico en las últimas décadas. Este pequeño pez, convertido en símbolo del Mar Menor, depende de hábitats como las praderas de fanerógamas marinas, que han sido gravemente afectadas por la eutrofización.

La reciente decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de incluir al caballito de mar en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de vulnerable, refleja la gravedad de su situación. La pérdida de hábitat, la contaminación y las alteraciones del ecosistema han reducido sus poblaciones a niveles críticos: en sólo una década, se ha pasado de 196.000 ejemplares a apenas 800.

Aquí es, precisamente, donde iniciativas como el Centro de Especies podrían tener un papel relevante: programas de cría en cautividad, investigación sobre su biología y proyectos de reintroducción podrían contribuir a su conservación.

Sin embargo, la experiencia en otros ecosistemas muestra que estas medidas solo son efectivas si se restauran previamente las condiciones ambientales. Sin praderas marinas saludables, sin aguas limpias y sin estabilidad ecológica, el caballito de mar —y muchas otras especies— difícilmente podrán recuperarse de forma sostenible.

Europa vigila: advertencias y futuro incierto

La crisis del Mar Menor no ha pasado desapercibida en Europa. La Comisión Europea ha abierto procedimientos de infracción contra España por el incumplimiento de normativas ambientales, especialmente en relación con la Directiva de Nitratos.

Las advertencias europeas han sido claras: es necesario reducir la contaminación agrícola, mejorar la gestión del agua y garantizar la protección efectiva del ecosistema. Los fondos europeos, que ahora se presentan como una oportunidad para financiar el nuevo centro, también están condicionados al cumplimiento de objetivos ambientales.

Esto plantea una paradoja: Europa financia parte de la solución, pero al mismo tiempo exige corregir las causas del problema. Si las administraciones no cumplen con estas exigencias, no solo estará en riesgo la recuperación del Mar Menor, sino también la continuidad de la financiación.

De cara al futuro, el escenario sigue siendo incierto. Existen señales positivas, como el otorgamiento —gracias a una iniciativa legislativa popular— de personalidad jurídica al ecosistema lagunar del Mar Menor (y, por tanto, sujeto de derecho) o el aumento de la conciencia social. Sin embargo, los avances son lentos y a menudo se ven contrarrestados por la inercia de intereses económicos y políticos.

Así que la eficacia de este proyecto dependerá fundamentalmente de si se integra en una política ambiental coherente, basada en la reducción de la contaminación en origen, la regulación del modelo agrícola y la restauración de los ecosistemas.

Si, por el contrario, se utiliza como un elemento de marketing político destinado a proyectar una imagen de compromiso sin afrontar las decisiones difíciles, el riesgo es evidente: que se convierta en otro anuncio grandilocuente que no cambie el rumbo del Mar Menor.Como advierten los expertos, la laguna no necesita solo más ciencia; necesita, sobre todo, más valentía política.

Las lagunas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cabezo Beaza, que gestiona VEOLIA en Cartagena, han registrado este invierno 42 especies de aves y un total de 1.855 ejemplares, según el censo anual realizado por ANSE, gracias al convenio de colaboración con Veolia.

Entre los datos más destacados, 201 ejemplares de malvasía cabeciblanca, una especie que llegó a estar en peligro de extinción, y 785 del pato cuchara, que por su abundancia se convierte en la especie más numerosa del censo.

Otras especies observadas incluyen el tarro blanco, el pato colorado, el zampullín cuellinegro, porrones europeo, moñudo y pardo, así como limícolas y aves habituales de humedales como la focha común, la gallineta común, la cerceta común o el cuchara común.

El censo también ha detectado rapaces como el aguilucho lagunero occidental y el gavilán común, y aves de interés como la cigüeñuela común, el alcaraván común, el cormorán grande y diversas especies de gaviotas.

“La depuradora no solo cumple su función de tratamiento de agua, sino que se ha convertido en un humedal artificial de gran valor para la biodiversidad local”, destacan desde ANSE.

Este seguimiento ornitológico permite evaluar la conservación del entorno y la evolución de las poblaciones, mostrando cómo las infraestructuras de depuración, gestionadas correctamente, pueden ser espacios compatibles con la biodiversidad.

Desde Veolia, responsable de la gestión de la EDAR, la Directora de Sostenibilidad declaró: “Estamos muy orgullosos de que nuestras instalaciones puedan contribuir a la conservación de especies emblemáticas como la malvasía cabeciblanca y al mantenimiento de la avifauna local. Este censo confirma que es posible combinar eficiencia en el ciclo del agua con respeto y protección del entorno natural.”

“Para Veolia, proteger la biodiversidad no es solo un compromiso ambiental, sino una oportunidad para mostrar que la gestión responsable del agua puede generar beneficios tangibles para la naturaleza y la comunidad”, añadió la responsable.

El convenio entre Veolia y ANSE contempla acciones continuas de seguimiento y medidas de mejora ambiental, consolidando la EDAR Cabezo Beaza como un referente para la avifauna y, en general, para la conservación de la biodiversidad en Cartagena.

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha anunciado este martes, a las puertas de la Consejería de Agricultura, que la formación ha llevado a la Fiscalía la ocultación de los informes sobre la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena encargados por el Gobierno regional a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), “donde se revela la contaminación por metales pesados de las tierras agrícolas del arco sur del Mar Menor”, informan en una nota de prensa. Lo ha hecho, continúan desde Podemos, “por presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento público y posible fraude de subvenciones”.

“Queremos mostrar lo que el señor López Miras y la señora consejera de Agricultura Sara Rubira están ocultando a todo el mundo”, ha señalado Marín, sosteniendo los mapas incluidos en el estudio elaborado por la UPCT y que, según ha denunciado la portavoz, “llevan meses guardados en un cajón bajo cuatro llaves”.

Los mapas, ha explicado Marín, revelan niveles de plomo “diez veces superiores a los máximos legales en terrenos agrícolas, niveles de cadmio cinco veces por encima de lo permitido y concentraciones muy elevadas de zinc y cobre”. En ellos se vislumbran zonas muy extensas de color rojo en la superficie correspondiente a las tierras de cultivo del arco sur del Mar Menor y la vertiente más próxima a la Sierra Minera.

El color rojo de los mapas indica valores de más de mil miligramos por kilogramo (mg/kg) de plomo, más de 500 mg/kg de zinc, más de 50 de cobre y más de cinco de cadmio, respectivamente.

“Aquí hay un grave problema que puede afectar a nuestra seguridad alimentaria, a la seguridad de los trabajadores del campo y a la salud pública. El Gobierno regional tiene que aclararlo de inmediato”, ha proseguido Marín.

La portavoz ha hecho referencia, además, a que la contaminación llega “hasta el corazón mismo de este Ejecutivo”. “Fue la propia Consejería de Agricultura la que encargó este proyecto de investigación a la UPCT en noviembre de 2023 y lo financió con 293.000 euros”. “Los resultados de estos informes”, ha añadido, “los recibieron en mayo de 2025 y desde entonces los han estado ocultando a la opinión pública”. Según Marín, además, “han denegado el derecho de acceso a esta información diciendo que los informes no existían”.

Al margen de la vía judicial y del informe presentado en Fiscalía, Podemos ya ha solicitado en la Asamblea Regional la comparecencia urgente de Sara Rubira y pidió el informe a la Consejería el pasado 26 de enero en el Parlamento autonómico. “Esto es muy gordo. No puede esconderse. La consejera va a tener que dar la cara y explicar por qué ha mentido y qué es lo que están ocultando”, ha concluido Marín.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, ha levantado la suspensión temporal del contrato para redactar el proyecto de regeneración y adecuación ambiental de la bahía de Portmán, en La Unión (Murcia). La decisión marca un giro relevante en la tramitación, ya que permitirá al equipo redactor analizar también la alternativa defendida por vecinos, colectivos ecologistas, el Ayuntamiento y la Asamblea Regional: el dragado parcial para recuperar el antiguo puerto.

El Ministerio precisa que el consultor deberá retomar la redacción del proyecto constructivo y del estudio de impacto ambiental sin ceñirse estrictamente a ninguna de las opciones planteadas hasta ahora, aunque sí estará obligado a incorporar las conclusiones de los estudios realizados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Este matiz es el que hace que la propuesta respaldada socialmente vuelva a considerarse viable.

Con esta decisión se da por cerrado el periodo de consultas con las administraciones públicas y los representantes vecinales integrados en la comisión de seguimiento en la que participan el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y el Estado.

Las alternativas sobre la mesa

Durante esta fase, el consultor presentó el documento de selección de alternativas y se recogieron las aportaciones de los miembros de la comisión. Paralelamente, el CEDEX desarrolló estudios adicionales para aclarar las dudas técnicas de las propuestas mejor valoradas.

En un primer análisis, el organismo estatal examinó mediante modelos físicos y matemáticos la estabilidad de la alternativa con mayor aceptación social. Esta opción contemplaba movilizar entre 500.000 y un millón de metros cúbicos de material contaminado para acercar la línea de costa unos 200 metros al casco urbano y facilitar la recuperación del puerto. El resto de los estériles —unos 34 millones de metros cúbicos— quedaría sellado con arena limpia.

No obstante, según el MITECO, los ensayos detectaron problemas de estabilidad y posibles riesgos de contaminación. Por ello, la Dirección General de la Costa y el Mar pidió un segundo estudio centrado en la propuesta que había obtenido mayor puntuación técnica.

Esa solución apuesta por sellar la totalidad del material bajo arena sin mover los residuos, con el fin de evitar su dispersión, frenar la disolución de metales en el agua y minimizar los daños a los ecosistemas marinos.

Nueva fase del proyecto

El segundo informe del CEDEX describe ventajas e inconvenientes de esta alternativa e incluye recomendaciones para lograr una playa estable formada por materiales no contaminados. Tanto estos documentos como las alegaciones recogidas durante el proceso participativo ya han sido remitidos a la empresa redactora.

A partir de ahora, el consultor deberá avanzar en el proyecto constructivo y en el estudio de impacto ambiental. Cuando estén finalizados, ambos saldrán a información pública y se solicitarán informes a otras administraciones y entidades científicas antes de su aprobación.

Un debate de fondo

La posibilidad de un sellado total ha generado un fuerte rechazo en Portmán, donde amplios sectores sociales consideran que renunciar a la retirada de residuos supone abandonar la recuperación histórica del puerto y romper el consenso alcanzado en el convenio firmado en 2006.

El nuevo escenario, al no obligar a ajustarse a una única alternativa, es interpretado por estos colectivos como una oportunidad para que el dragado parcial vuelva a ser analizado dentro del proyecto definitivo.

La Región de Murcia se encuentra a la cola de España en la gestión de las ayudas al autoconsumo y la movilidad eléctrica, se queja Antonio Fernández, vicepresidente de la Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible (Acmeis), que empezó a rodar hace año y medio y tiene presencia estatal. “Somos los únicos que no hemos recibido una ampliación de fondos del programa MOVES 2025 por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), mientras que el resto de territorios la obtuvieron hace ya más de un mes”, se lamenta.

Según relata este portavoz, “Murcia ha sido la última comunidad en iniciar la tramitación del MOVES 2025 y a día de hoy no se ha emitido ninguna resolución de concesión de ayudas, lo que impide acceder a nuevas ampliaciones de crédito, por lo que una vez más los ciudadanos de la Región de Murcia quedamos en clara desventaja respecto al resto de España por una deficiente gestión política de estos incentivos”.

A esos retrasos se suman los de las subvenciones para el autoconsumo, cuenta: “Hay ciudadanos que solicitaron sus ayudas en 2021 y siguen a la espera de que se les abonen los expedientes”.

Desde la Consejería de Medio Ambiente aseguran que se están acelerando las gestiones, que ya se han abonado ocho millones referentes a estas ayudas en el último semestre tanto de autoconsumo como del MOVES y que solo en diciembre se emitieron órdenes de pago por 2,5 millones. Además, “está previsto tramitar el pago de la mayor parte de los expedientes que justifiquen correctamente en los próximos seis meses, porque muchos plazos vencen en los primeros meses de 2026”.

Las mismas fuentes señalan que las ayudas las diseñó el Gobierno de España y que la situación es similar en todas las comunidades. “A la vista de este panorama y tras años de reivindicaciones, el Gobierno de España anunció en diciembre de 2025 un cambio total de paradigma en unas nuevas ayudas, de las que aún no sabemos nada las comunidades”.

A pesar de esos esfuerzos, apunta Acmeis, de los 53,8 millones de euros transferidos a la Comunidad para el autoconsumo, se ha resuelto un 15% de los expedientes; solo por detrás de Ceuta y Asturias. Mientras que del primer plan MOVES, el porcentaje de ayudas ingresadas es de algo más del 3%, “siendo la última a nivel estatal”.

“En 2024 ningún solicitante había cobrado las ayudas de autoconsumo, y una cantidad raquítica había conseguido beneficiarse de las del plan MOVES III”. De esos 81 millones de fondos europeos, calcula, solo se han resuelto peticiones por valor de diez.

Desde ACMEIS no entienden el por qué de estos retrasos: “Se está incentivando el uso del vehículo eléctrico y las energías renovables, el dinero está, tienen los fondos, sabemos que se ha contratado a personal, pero las ayudas siguen sin llegar a los bolsillos de los afectados”.

Mala calidad del aire

El problema, continúa su vicepresidente, resulta “especialmente grave” en una región donde las principales ciudades sufren una mala calidad del aire, registrándose en 2025 más de 200 días con niveles deficientes en la ciudad de Murcia. Frenar el acceso a la movilidad eléctrica en este contexto es “irresponsable” desde el punto de vista ambiental y sanitario.

La asociación se fundó “porque vimos que había muchos afectados por el plan MOVES III y el autoconsumo y pensamos que era más efectivo asociarnos y que las reclamaciones no se hicieran exclusivamente de forma particular”. El problema, cuenta, es que hay usuarios que llevan mucho tiempo esperando a cobrar, hasta cuatro años.

La situación de la Región “es la más deficitaria de todas”, explica el vicepresidente de ACMEIS, que en 2024 presentaron decenas de quejas formales al Defensor del Pueblo para interesarse por el estado de resolución de las ayudas “y que todavía siguen sin respuesta por parte del Gobierno de Murcia”.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, apunta Antonio Fernández, “argumentan que las peticiones no resueltas se deben a que quedan documentos por justificar o a procedimientos burocráticos, pero hay muchas personas que lo tienen todo, a falta de dar la orden de pago para cobrar un dinero que se recibió de Europa hace ya cuatro años”.

“Ni un expediente resuelto del MOVES 2025”

Al acabarse los fondos europeos, expone Antonio Fernández, el Gobierno de España repartió otros 400 millones para el Plan MOVES 2025 para las comunidades autónomas. “A la Región le correspondieron 12 millones, y todas las comunidades menos la nuestra se han quedado ya sin fondos; en Madrid, por ejemplo, se agotaron en dos semanas; quí no hemos resuelto ni un solo expediente de las cerca de tres mil solicitudes que había en diciembre de 2025”.

El vicepresidente de ACMEIS se lamenta de que aunque en otras comunidades también hay retrasos, “las ayudas de MOVES se suelen cobrar en menos de un año, a excepción de Murcia y Asturias”. Las últimas ayudas del MOVES 2025 se abrieron el 15 septiembre en la Región de Murcia, “mientras que la mayoría de comunidades lo hicieron en junio”.

Datos que contrastan con la versión del Gobierno de Murcia que asegura que la Región sí está resolviendo y pagando ayudas MOVES, “y presenta un índice de concesiones del 87%, seis puntos por encima de la media nacional (81%)”.

“Estos porcentajes hacen alusión simplemente a la notificación que se hace a los demandantes sobre si tienen o no derecho a percibir la ayuda, el paso previo a comenzar con la justificación para obtener la orden de pago”, puntualiza el vicepresidente de Acmeis.

“Están cobrando los que pidieron las ayudas en 2023”

Javier presentó la solicitud para percibir la subvención por la compra de un coche eléctrico y la instalación de un cargador entre marzo y mayo de 2024. “Pasado el año me mandaron un requerimiento para subsanar unas cuestiones de la documentación; así lo hice y a partir de entonces, sigo esperando a percibir las ayudas”. El problema, cuenta, es que al retrasarse tanto los plazos, “te piden documentación ya presentada pero que ha expirado”. Desde septiembre de 2025, Javier tiene ya todo el papeleo hecho a falta de la orden de pago: “Pero a saber cuándo me toca porque ahora están cobrando los de abril de 2023”.

En este proceso, dice, “hay que armarse de paciencia; a mí me tienen que transferir 3.500 euros en total, pero hay familias que han pedido las ayudas del autoconsumo y las del plan MOVES y a lo mejor están esperando 15.000 euros y llevan cuatro años esperando; la orden de pago se hace eterna”.

En un caso similar está Paco, pero él solicitó las ayudas en noviembre de 2021. Un total de cinco mil euros al achatarrar también su vehículo antiguo. “En febrero de 2024 me comunicaron que tenía que aportar unos documentos expirados y me dijeron que ese verano tendría hecha la transferencia”. Pero pasó el verano, y todo el año 2025. La primera semana de ete enero “me avisaron de nuevo de que tenía otro documento caducado y lo han resuelto en solo dos semanas porque han contratado a una empresa para externalizar las gestiones; ahora estoy solo a falta de emitir la orden de pago”.

“Me tendrían que haber pagado hace ya tres años, no quiero imaginarme cuándo van a cobrar los que están pidiendo el MOVES 2025”.

Han pasado 10 años desde el Mar Menor se tornó verde en un desastre ecológico sin precedentes al que le siguió las devastadoras mortandades de peces del año 2019 y 2021. Lo ocurrido vino acompañado de una gran movilización social, un movimiento que acabó otorgando a la laguna salada unos derechos pioneros con el reconocimiento de su personalidad jurídica en el año 2022.

Ríos de tinta se han derramado sobre lo ocurrido desde entonces, pero aún no hay consenso entre los distintos grupos sociales -y mucho menos entre las formaciones políticas- sobre por qué el Mar Menor acabó en condiciones tan críticas.

Jose María Egea, codirector del documental 'El Mar no cesa' e investigador del CSIC, insiste en que no pretende señalar con el dedo a los causantes de la contaminación de la laguna. No porque no pueda ni quiera, sino porque le faltarían manos: “Es un problema muy complejo porque son muchos los sectores implicados. No hay dos bandos claros, sino que hay muchas convergencias y divergencias, posturas que se acercan y se alejan en función de quién las dice”, explica.

De esa complejidad nace este largometraje de dos horas, que pretende, sin juicios de valor, contraponer las perspectivas de los distintos sectores implicados en el Mar Menor: los impactos del sector agrícola y ganadero, la red de saneamiento municipal, las estaciones depuradoras, el turismo, la minería, la influencia del nivel freático del acuífero, las consecuencias del sector pesquero y las consecuencias en las especies amenazadas.

“Hasta ahora todo lo que se había hecho en medios de comunicación o en documentales había sido muy sesgado y parcial, y dependía mucho de quien estuviera detrás de esa información”, observa Egea.

El documental se estrenará este domingo 25 de enero a las 17:00 en los cines de Centrofama en Murcia, y tendrá un segundo pase el lunes 26 a las 17:00 horas y el martes 27 a las 19:00 horas. Ha sido premiado por la 'Mejor edición' en el Festival Internacional de Cine Ambiental y Animal (FICAA) de Ciudad de México (México); y seleccionado en el Festival of Social and Environmental Cinema PLANET.Doc en Santa Catarnina (Brasil) y el Zuma International Film Festival en Abuya (Nigeria).

“Hemos hecho 40 entrevistas [Egea y Paco Portero, quien codirige el documental]. Recuerdo que, cuando empezamos a esbozar sobre el papel cómo queríamos que fuese el documental, hablábamos de diez imprescindibles. Diez personas que tuvieran una voz reconocida con autoridad y competencia. Pero cuando abrimos la puerta de este campo tan complejo y empezamos a tirar del hilo, decidimos que no queríamos dejar a nadie sin que pudiera dar su visión y su punto de vista”, ha explicado.

Todas estas voces, tan dispares entre sí, se conjugan en una especie de diálogo: “Quisimos hacerlo parecido a 'La pelota vasca, la piel contra la piedra', el documental de Julio Médem, en el que constantemente hay una réplica y contrarréplica en función de un tema concreto”, abunda.

Natalia Corbalán y Teresa Vicente

“Tenemos estas pugnas que nos parecen muy interesantes. Por ejemplo está Natalia Corbalán, que es la directora de la Fundación Ingenio; y Teresa Vicente, que es la promotora de la ILP y Premio Goldman, es como el Nobel del medio ambiente”, ejemplifica.

De entre las decenas de testimonios, muchos a primera vista irreconciliables, Egea ha asegurado que ha encontrado consenso: “Todos coinciden en que en este problema hay una sinergia, una influencia de todos los sectores. Quizás hasta ahora se ha perdido mucho el tiempo en intentar ver qué porcentaje de culpa tiene cada sector, cuando tal vez lo importante es el perjuicio que provoca la suma de todos ellos”, apunta.

“Lo que realmente está dañando y perjudicando al Mar Menor es lo que se llama efecto cóctel en salud humana. Cuando hablas de tóxicos en el cuerpo, muchas veces la clave no es la cantidad de cada uno de esos tóxicos, sino el cóctel que supone la presencia de todos juntos a la vez”, insiste el investigador.

“No se trata de ver quiénes son los culpables, sino de tomar medidas y de llegar esos acuerdos. Y sobre todo, yo creo que también hay un claro propósito de despolitizar el asunto y ver que esto no es una guerra entre administraciones locales o regionales o estatales, sino que es un problema que tiene que abordar la sociedad en su conjunto. Creo que la gente se ha dado cuenta de que salvar al Mar Menor es un trabajo de todos”.

“Las administraciones son las encargadas de tomar medidas y cada uno barre para su casa. Y el cortoplacismo de la política, que dura un intervalo electoral de cuatro años, hace que cueste tomar medidas a largo plazo, ya que existe el sentimiento de que el mérito se lo va a llevar otro”, señala Egea.

Desde los años 70 hasta nuestros días

De la misma forma que las causas de la contaminación de la laguna son innumerables por su complejidad, también es difícil establecer una cronología: “El documental empieza con testimonios de distintas personas que vivieron las mortandades [de 2019 y 2021]. Nos relatan en primera persona como vivieron esa tragedia que expuso la problemática ambiental al resto del panorama nacional. Pero esos episodios son la punta del iceberg, detrás de ellos hay un proceso lento y de degradación”, expone Egea.

“Desde las mortandades vamos desenmarañando lo que ocurrió a partir de los años 70, que es cuando se cambia de paradigma con la regeneración de playa, el aumento del urbanismo, el agua del trasvase, el boom del sector agrícola. El cambio brusco fue en los años 70 y a partir de ahí vamos contando un poco con la perspectiva de cada sector qué es lo que ha ido pasando”, describe el codirector del documental.

En la actualidad, Egea subraya cómo “de esa sopa verde y de esas mortandades, el Mar Menor se ha convertido en el ecosistema más monitorizado de este país. Hay muchos grupos tomándole el pulso constantemente, como si fuera un triaje de urgencias”.

“Con la presencia de todos los nutrientes que siguen llegando a la laguna cualquier cambio brusco en el entorno puede en cualquier momento desembocar en otros episodios de anoxia y de mortandad. Es lo que podríamos considerar un equilibrio inestable”, ha descrito.

Tras poco más de medio año desde que se constituyó la tutoría del Mar Menor y la Comisión de Representantes comenzase a velar por sus derechos, su presidenta, Teresa Vicente; y su secretario, Alfonso Manzano Ruíz, han dimitido. Vicente, catedrática de Filosofía del Derecho y una de las promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular para otorgarle Personalidad Jurídica al Mar Menor, ha denunciado que su Comité está “paralizado” por la administración regional y nacional: “Hemos tenido que recordar a la Administración que ellos habían jurado por el Mar Menor, que esa era una ley de los derechos del Mar Menor y que era una ley ciudadana. Que nosotros éramos la voz del Mar Menor”, ha explicado Vicente a este diario.

Aunque Vicente reconoce que la tutoría “va bien”, los comités marchan a dos velocidades: “El Comité Científico y el de Seguimiento funcionan, pero en el nuestro [el de representantes] todo han sido problemas con la administración regional y nacional”, ha resumido a este diario.

Tal y como explica en su carta de dimisión “se ha creado una especie de derecho de veto de las administraciones públicas -la Comunidad Autónoma y el Estado- de muchas de las iniciativas que se han presentado, por cuanto dichos representantes, nombrados por las administraciones, actúan más como defensores de la Administración, que como defensores de los derechos del Mar Menor, que es para lo que fueron nombrados”.

La catedrática apunta directamente al artículo 5.5 del Reglamento, que establece que “los acuerdos del Comité de Representantes serán adoptados por mayoría de sus miembros, con al menos el voto favorable de todas las personas representantes de una de las administraciones y cuatro de las personas representantes de la ciudadanía”. De acuerdo con Vicente, el reglamento ha provocado que representantes de la administración regional y nacional hayan “vetado” propuestas de los representantes de la ciudadanía.

“Nosotros no creíamos que fuera a pasar esto. Si lo hubiéramos sospechado habría recurrido el reglamento”, ha asegurado. Pero ha confesado que temía que la aplicación de la tutoría del Mar Menor se atrasase aún más. “No esperábamos que el gobierno socialista se uniera al otro [el del PP en la Región de Murcia] en contra nuestra. Pero ellos representan a la Administración y piensan como tal”.

Desde la consejería de Medioambiente han asegurado que respetan la decisión de dimitir por parte de Teresa Vicente y Alfonso Manzano Ruíz, pero que no comparten “las razones expuestas”. Han subrayado que “las administraciones públicas han colaborado de manera leal y en un clima de cordialidad en el Comité de Representantes de la ILP del Mar Menor y en defensa de la legalidad jurídica”. Han defendido el papel de los representantes de la Comunidad Autónoma en el Comité, “técnicos de la Consejería que trabajan de forma diaria para y por el Mar Menor”.

Sobre las acusaciones de veto, la consejería ha recordado que “se trata de un órgano que acaba de empezar su andadura, de hecho hoy mismo se ha aprobado el reglamento de funcionamiento de este órgano así como el reglamento de la gerencia”.

El Gobierno de la Región de Murcia pagó un total de 559.302 euros por la tierra contaminada por metales pesados y residuos tóxicos que empleó para sellar el depósito minero de El Lirio, en Cartagena. La cifra se sitúa por encima del doble de su importe inicial, presupuestado en 252.000 euros, en lo que debía ser según los pliegos técnicos un material limpio. Así consta en la documentación aportada por la Consejería de Medio Ambiente al Juzgado de Instrucción nº1 de la ciudad portuaria tras la orden de la magistrada que investiga el sellado de la instalación minera, ejecutado en 2024 por el Ejecutivo autonómico y la empresa pública Tragsa.

La justificación esgrimida por la administración murciana sobre el coste de la tierra vegetal, de un 122% más con respecto a lo que en un principio estaba previsto, se basa en el incremento del volumen que finalmente se compró, 55.000 toneladas en lugar de 35.000.

Estas variaciones de precio y volumen de la tierra, de una envergadura significativa, fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia con posterioridad a su suministro. Fuentes jurídicas consultadas por este diario califican esta actuación de inusual, ya que toda modificación sustancial del coste de un contrato público debe someterse a los controles administrativos con carácter previo a su ejecución. Asimismo, añaden, la ley de contrataciones del sector público no permite modificar un contrato por encima del 50% de su importe original sin volver a sacar a concurso una licitación.

El material tóxico costó a las arcas públicas, sin que se volviera a licitar, un 9% del total de los trabajos de restauración ambiental de El Lirio, que alcanzaron los 6,2 millones de euros, y que contaron con una subvención de cuatro millones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), así como con 843.000 euros procedentes de la Unión Europea.

Dos partidas de tierra vegetal

Tragsa adjudicó en 2021 35.000 toneladas de ‘tierra vegetal de primera calidad’ a la mercantil González Soto S.A., una constructora que en los últimos tiempos es contratista habitual de la empresa pública, por 209.300 euros. La tierra fue suministrada entre los meses de febrero y julio de 2024, aunque con una gran variación en el volumen: en las certificaciones firmadas por Medio Ambiente y por Tragsa consta una primera partida de 33.000 toneladas por la que se abonaron 338.158 euros, y otra de 22.000 toneladas que costó 221.144 euros.

Una fuente cercana a los trabajos de descontaminación de El Lirio, que ha colaborado en su ejecución, explica que es usual que “en este tipo de obras tan grandes” se den “aumentos de cantidades de materiales y precios”, aunque “siempre con un motivo justificado previo, y con oscilaciones más pequeñas”. “Nunca he visto que se dispare un precio hasta más del doble del inicial”, añade.

La tierra vegetal, que según los pliegos técnicos debía ser limpia y saludable para completar la remediación ambiental del depósito minero, fue el único árido de las obras que aumentó en un porcentaje tan alto. Dadas las condiciones de contaminación que presentaba y presenta, con valores de metales pesados como plomo, arsénico y manganeso que superan con holgura los umbrales de seguridad establecidos en la Región de Murcia, y con cientos de escorias de la fundición del plomo, que liberan tóxicos con el paso del tiempo, ésta carecía, en realidad, de valor comercial alguno.

El Gobierno regional no ha dado respuesta a las preguntas planteadas por este diario para recabar su versión.

Proyecto modificado a posteriori

La modificación del proyecto donde se debía acreditar el incremento del importe y el volumen de la tierra vegetal llegó meses después de haberla comprado, en septiembre de 2024, cuando las obras ya estaban prácticamente concluidas. El nuevo proyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región el 31 de octubre. En él, entre otros motivos, se aduce que la superficie del terreno a descontaminar era mayor de la prevista. La tierra ya se había distribuido entre febrero y julio.

Con el suministro en marcha, en marzo de 2024, se hizo una modificación oficial del contrato licitado a González Soto. En ella se alzó el precio de la tierra hasta situarlo en 313.950 euros, una cifra aún lejos de los 559.302 a los que acabó ascendiendo finalmente. Fuentes de Tragsa consultadas detallan que “fue necesaria la modificación del espesor del perfil de la tierra vegetal durante la ejecución de los trabajos”. En el informe pericial aportado por la compañía estatal en el juzgado, donde aparecen más de un centenar de análisis que revelan su contaminación, no se menciona en ningún momento que el precio del material se incrementara.

Contaminación conocida por los responsables

El Gobierno regional y Tragsa conocían, además, antes de aumentar el gasto, que la tierra vegetal contenía una cantidad muy elevada de metales pesados. Valores de ensayos en origen encargados por la propia empresa pública en febrero de 2024 indican hasta 767 miligramos por kilogramo (mg/kg) de plomo y 36,1 de arsénico, ambos muy por encima del proyecto de decreto de Niveles Genéricos de Referencia (NGR) de la Región de Murcia para la declaración de suelos contaminados del año 2025, que fijan máximos admisibles de plomo en 115 mg/kg y límites seguros de arsénico en 13. Éste último metaloide incluso superaba umbrales industriales. Asimismo, de las muestras tomadas por Tragsa tras la finalización de las obras, el 94% presenta concentraciones de plomo por encima de lo legal.

Expertos en edafología y suelos contaminados de la Universidad de Granada y la Universidad de Barcelona concluyeron en declaraciones a este periódico que esa tierra “no puede utilizarse bajo ningún concepto en un trabajo de restauración ambiental”, y que debería declararse como “potencialmente contaminada” y retirarse del sellado de El Lirio a la mayor brevedad. El material aceptado por técnicos y responsables de las obras contiene también, aparte de escorias de la fundición del plomo, restos de asfalto, ladrillos, losas, fragmentos metálicos y plástico.

Esta realidad contrasta con la versión aportada por la fuente vinculada a las obras a la que ha consultado este diario. “Desde el primer día, antes de su suministro, —Tragsa—fue muy escrupulosa con los materiales. Llevaba muestras a laboratorios, iba al origen a inspeccionar la calidad, cualquier detalle, por mínimo que fuera. Comprobaba los camiones cuando se transportaban, los pesaba. Todo estaba controlado. Es imposible que se pasara por alto un material tóxico con esos valores, y con residuos físicos visibles en la tierra”, relata.

En los pliegos técnicos, donde se menciona que la tierra vegetal debe ser “de primera calidad”, la mercantil estatal se compromete a “controlar tantas veces como sea necesario la correcta elaboración del material”, y se reserva la potestad de rechazarla “cuando así lo aconseje la experiencia local y cuando mediante la inspección visual no cumpla con lo descrito”.

Un negocio de millones de euros

Pese a la instrucción judicial de El Lirio, González Soto S.A., según han confirmado a este diario fuentes de la propia empresa, sigue siendo contratista de Tragsa para aportar áridos en las descontaminaciones de otros vertederos mineros que se están ejecutando actualmente en la zona de Cartagena y La Unión. La constructora ganó en agosto de 2025 una licitación de 3,2 millones de euros para suministrar áridos en el depósito de El Descargador, y participa junto a varias mercantiles en otro contrato de siete millones, formalizado en febrero de 2025, para el acopio de material, tierra vegetal incluida, en instalaciones mineras de la pedanía de Llano del Beal.

En la actualidad, según ha podido comprobar esta redacción, hay camiones de González Soto que acuden con frecuencia a las obras de El Descargador repletos de material. En los pliegos técnicos de dicha restauración ambiental, redactados también por Tragsa, constan valores máximos de metales pesados a los que deben ajustarse los áridos y limita la calidad de la tierra vegetal al Real Decreto 867/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo, que sitúa el tope de plomo tolerable en un terreno en 45 mg/kg. Este tipo de información no aparece en los pliegos de El Lirio.

Riesgo ambiental

El sobrecoste económico de la tierra tóxica de El Lirio fue de 327.302 euros respecto a lo proyectado. El coste ambiental, en un entorno protegido por la Red Natura 2000, dentro de un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), y regulado por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Región de Murcia (PORN), como parte del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, puede ser mayor.

En los documentos aportados al juzgado, el Ejecutivo murciano defiende la calidad de las obras bajo la premisa de que el suelo de El Lirio está sometido a un uso de tipo industrial al tratarse de una antigua instalación minera. Se da la circunstancia de que los NGR industriales son mucho más laxos, de modo que los metales pesados de la tierra vegetal estarían por debajo de ellos. Esta premisa choca frontalmente con el acuerdo rubricado entre la propia Comunidad Autónoma y el MITECO para la concesión de la subvención de cuatro millones de euros, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que prohíbe expresamente un uso del suelo del depósito distinto al forestal en un plazo de 75 años. Esta condición fue imprescindible para financiar y hacer posible las obras.

Lo que el Gobierno autonómico calificó como “la mayor restauración ambiental minera de España” ha derivado en una causa judicial abierta que investiga indicios incriminatorios contra la administración regional y Tragsa, a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de malversación de fondos públicos. 

Lorca, en la Región de Murcia, vuelve a estar en pie de guerra por el agua. Pero, esta vez, por la que cae del cielo cuando lo hace sin misericordia. En las últimas semanas, la publicación de un nuevo mapa de zonas de flujo preferente (ZFP) ha encendido a vecinos, agricultores y representantes municipales. 

La polémica salta con el recuerdo de la riada de San Wenceslao, en 2012, que sigue vivo. Entonces, el agua arrasó viviendas, caminos y cosechas, causando daños materiales que se valoraron en cien millones de euros. Pero, sobre todo, dejó nueve víctimas mortales.

Las preguntas que hoy sobrevuelan Lorca son las mismas que cada cierto tiempo se repiten en el sureste español: ¿hemos aprendido realmente del pasado o seguimos empujando al agua fuera de su cauce natural? Y, ¿a qué coste o para preservar qué intereses?

Qué son las zonas de flujo preferente

En términos técnicos, las zonas de flujo preferente son los corredores naturales por los que, durante una avenida, discurre la mayor parte del caudal. En otras palabras, son las “autopistas del agua”. Cuando se ocupan o se modifican —por obras, intereses agrícolas o por la urbanización— se reduce su capacidad para desaguar y se multiplica el riesgo de que el agua busque nuevas salidas, aunque sea anegando casas, invernaderos o carreteras.

Desde el punto de vista legal, las ZFP están reconocidas en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) las define así: “Las zonas de flujo preferente, o vías de intenso desagüe, son aquellas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas para un periodo de retorno de cien años y donde pueden producirse graves daños sobre las personas y los bienes”.

Por eso, en las ZFP solo pueden ser autorizadas aquellas actividades que no son especialmente vulnerables frente a avenidas y que no suponen una reducción significativa de la capacidad de desagüe. Es decir: su razón de ser es proteger vidas humanas y minimizar daños en caso de riada.

El conflicto local: mapas, alegaciones y desconfianza

El nuevo mapa de ZFP en la cuenca del Segura afecta a unas 3.500 hectáreas en distintas pedanías lorquinas —Purias, Torrecilla, Campillo, Cazalla o La Escucha—. Según el Ayuntamiento, la cartografía “amplía en más de un 50% las zonas actualmente afectadas”. 

Para el alcalde del municipio, Fulgencio Gil (PP), esta medida “no sólo deja desamparados a los vecinos, sino que duplica el número de familias arruinadas”. El Consistorio, la Confederación de Empresarios de Lorca (CECLOR) y la Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras, han cifrado en 200 millones de euros las pérdidas económicas ligadas a la actualización de la cartografía de zonas inundables. En términos monetarios se ha expresado también el concejal de Agricultura y Ganadería, Ángel Meca: “Los vecinos necesitan protección, no una expropiación encubierta de sus terrenos y negocios.”

En el último Pleno municipal, donde están representados PSOE, Vox y la coalición Izquierda Unida-Podemos-Alianza Verdes, además del PP, se aprobó por unanimidad exigir al MITECO y a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la anulación de todas las declaraciones y mapas relativos a ZFP emitidos desde 2020, incluido el último, sobre el que se han presentado unas 300 alegaciones vecinales. 

Los representantes políticos locales piden la ejecución previa de las infraestructuras hidráulicas previstas en el Plan de Defensa contra Inundaciones como alternativa para que los terrenos señalados como inundables no sean un “obstáculo” al desarrollo económico y urbanístico del municipio. 

Desde la riada de San Wenceslao, la CHS ha invertido más de 9 millones de euros en la lucha contra inundaciones en el valle del Guadalentín. Se han construido 20 grandes diques en la cabecera de la rambla de Nogalte, y otro centenar, de dimensiones más reducidas, en la rambla del Salero y en el río Luchena, en la cabecera del pantano de Puentes de Lorca.

Sin embargo, siguen sin ejecutarse las principales obras solicitadas por los vecinos que viven en las pedanías afectadas y que el Ayuntamiento reclama a través de una campaña publicitaria que lleva el lema de “¡Presas ya! El olvido nos ahoga”, en alusión a las de Nogalte, Torrecilla y Béjar, que requerirían de una inversión pública de 196 millones de euros. 

Lo que dice la CHS: “Las ZFP anteponen la seguridad de las personas”

En la otra orilla del conflicto, la CHS defiende la validez de los mapas y su elaboración “conforme a criterios técnicos y legales”, al tiempo que subraya la finalidad de estas zonas: preservar la estructura y funcionamiento del sistema fluvial, dotando al cauce del espacio adicional suficiente para permitir su movilidad natural, así como la laminación de caudales y de la carga sólida transportada.

El organismo de cuenca asegura, además, que la definición de las ZFP no es discrecional ni urbanística, sino hidrológica y normativa, y que está derivada del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Desde la sede de la CHS insisten en que “estas delimitaciones son una herramienta de prevención y ordenación del territorio”, no una medida punitiva. 

Frente a quienes se quejan de que el ensanchamiento del mapa aumenta la inseguridad (jurídica y, sobre todo, económica) de quienes poseen tierras, negocios o viviendas dentro de esas franjas, la CHS, organismo dependiente del MITECO, insiste en la necesidad de restringir los usos en áreas de alta peligrosidad “que representan un riesgo elevado para la vida —y también para la propiedad— debido a la fuerza y la frecuencia del flujo de agua”.

Las protestas por el AVE y la rambla de La Torrecilla

Esta polémica se entrelaza con otra relacionada con las obras del AVE a su paso por Lorca. Vecinos de la pedanía de La Torrecilla han denunciado que, paradójicamente, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), está rellenando un terraplén en plena rambla, sobre el que circularán los trenes, por lo que temen que esa plataforma actúe como muro ante una riada. 

El presidente de la asociación vecinal de esta pedanía, Cayetano Padilla, expresa el sentir de los vecinos: “Exigimos soluciones por nuestra seguridad, y eso pasa por construir un viaducto de 200 metros de longitud sobre el cauce de la rambla que garantice un paso suficiente para avenidas como las de 2012”, que inundó aquella zona. 

ADIF, por su parte, ha anunciado que estudia “alternativas técnicas” para compatibilizar el trazado ferroviario con la seguridad frente a más que posibles futuras riadas. 

Cuando el factor humano aumenta el riesgo de inundación

Los técnicos en hidráulica coinciden: estrechar o rellenar los cauces naturales multiplica el riesgo. Cada metro de rambla ganado al agua es un metro perdido de seguridad colectiva. Y las consecuencias son bien conocidas en el sureste español.

Episodios como la DANA de Orihuela, Alicante, en 2019 (seis fallecidos, 678 personas rescatadas y más de 4.000 evacuadas) o las trágicas inundaciones en la rambla del Poyo (Valencia) en 2024 (220 muertos) son trágicos ejemplos de cómo los cauces reducidos y urbanizados pueden convertirse en verdaderas trampas mortales. 

Es una cuestión de pura física: los terraplenes, muros o rellenos elevan la lámina de agua y favorecen los desbordamientos, mientras que los pasos estrechos aceleran el flujo y fuerzan desbordes laterales hacia todo lo que esté construido en sus márgenes. 

Las ramblas son corredores naturales de infiltración y retención, y su alteración disminuye la capacidad del suelo para absorber agua. Para muchos expertos, las defensas locales no son la solución, porque pueden salvar un terreno, pero también agravar el problema aguas abajo.

Sobre cómo afecta la mano del hombre en las inundaciones, otras voces, como las de la Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur), llevan años denunciando la destrucción de kilómetros de acequias mediante el entubamiento de los cauces de riego tradicionales. 

Su representante, Sergio Pacheco, lamenta que los cauces de riego “se sigan entubando sin piedad”, a pesar del deber de conservación al que obliga, por ejemplo, el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia. “Con estas actuaciones salvajes estamos un paso más cerca de la desertización total de Murcia y de su huerta, porque las acequias regulan el clima y, si se entuban, se convierten en meros alcantarillados sin valor”. Pero no solo se trata de pérdida de valores patrimoniales, paisajísticos y ecológicos: cada metro de acequia desaparecida bajo la tierra, sirve para ganarle terreno a la urbanización y a las plantaciones. Terrenos convenientemente aplanados que obvian la necesidad del agua de seguir su curso cuando llega el momento.

Una encrucijada entre el progreso y la seguridad

El caso de Lorca o el de la cada vez más exigua huerta de Murcia simbolizan un dilema que recorre toda la costa mediterránea: el equilibrio entre desarrollo urbanístico y agricultura intensiva, y la seguridad hidráulica.

El urbanista murciano Francisco Martínez, especialista en ordenación del territorio, lo resume así: “El problema no es el agua, es haberle quitado el sitio. Las zonas de flujo preferente son, literalmente, el espacio vital de la seguridad.”

Y aquí la memoria de la riada de San Wenceslao pesa como advertencia. Los cauces, las ramblas y las zonas de flujo preferente son la infraestructura natural que evita que episodios extremos se conviertan en catástrofes humanas. Cambiarlos por suelos de cultivo o urbanizar en ellos es una transferencia de riesgos que, tarde o temprano, se cobra facturas muy altas en vidas, patrimonio y actividad económica.

No es un capricho administrativo, es prevención basada en memoria histórica y en ciencia hidrológica; un compromiso con la vida y con el futuro de una comarca que conoce demasiado bien el dolor que subyace tras cada avenida. Y vendrán más. Entonces, como dice Damián, un anciano vecino de la pedanía lorquina de Purias, “el agua volverá a sacar sus escrituras”. 

La Plataforma ciudadana “Pacto por el Mar Menor”, una de las entidades promotoras de la Iniciativa Legisla Popular que otorgó de personalidad jurídica a la laguna salada en el año 2022, cumple diez años: “El primer éxito de este movimiento es su propia existencia como movimiento, rompiendo con el fatalismo que siempre implica abanderar la causa de la naturaleza. Basándose en conceptos y saberes científicos fueron capaces de darle voz a una laguna que, de lo contrario, se hubiera quedado en silencio con los desechos”, ha explicado el sociólogo Andrés Pedreño durante el acto de celebración que ha tenido lugar este jueves. “Estas mujeres y estos hombres emprendieron un conjunto de acciones para que ni el Mar Menor ni la naturaleza de esta Región fueran excluidas de la participación democrática. Por supuesto esto no lo hizo solamente el Pacto, a su lado estaban montones de asociaciones ciudadanas, ecologistas y vecinales”, ha abundado.

Pedreño ha explicado que la democracia es “un proceso en continua construcción”, y que por ello es vital el papel de los movimientos sociales: “En nuestra época hemos descubierto la gran exclusión de la naturaleza y la gran exclusión del Mar Menor. Y esta es la contribución del Pacto a la democracia murciana: romper ese cierre y esa exclusión, devolver la naturaleza a la esfera de la participación, devolver el Mar Menor al ámbito del derecho”.

“Hemos de pensar como un milagro la emergencia que supone el Pacto del Mar Menor porque nace a contracorriente de la dinámica de ocultamiento de las destrucciones ecológicas y que fue propiciada por el Gobierno regional, pero también por otro montón de actores de diverso cuño”, ha recordado el sociólogo. El Pacto nació en 2015, poco antes de que tuviera lugar en la laguna salada el fenómeno conocido como sopa verde, tras años de vertidos agrícolas. “El Mar Menor, o para ser más precisos, el colapso medioambiental del Mar Menor, es el lado oscuro de la democracia regional. Representa lo que quedó excluido de la construcción democrática del territorio de la Región de Murcia. Sus desechos”, ha definido.

“El símbolo del caballito de mar, los abrazos al mar o aquel trabajo audiovisual con las historias de hombres y mujeres rememorando con imágenes familiares o infantiles sus vivencias originarias en el Mar Menor: fueron todas ellas acciones oportunas para generar energía emocional. Y este cemento emocional es el que posibilitó las grandes movilizaciones ciudadanas que se han desarrollado todos estos años en torno al Mar Menor”, ha analizado Pedreño.

Todo movimiento social, ha subrayado, necesita de esa argamasa emocional y el Pacto del Mar Menor ha sido “especialmente hábil” en construir energía emocional para que circulara y revitalizara la democracia murciana.

El sociólogo ha alertado que “no es casualidad que, en el actual momento, cuando la crisis climática anuncia el final de la naturaleza barata, surjan fuerzas políticas autoritarias que nos dicen que ahora toca democracia autoritaria porque hay menos que repartir y somos demasiados”.

“La gran exclusión de la naturaleza, sobre las que se fundamentaron las democracias occidentales de posguerra, nos ha conducido a la actual crisis ecológica. Pero la salida a esta crisis no puede ser una democracia autoritaria”, ha señalado Pedreño. “Si algo nos ha enseñado el Pacto del Mar Menor, todos estos años, es que para romper exclusiones y cierres necesitamos de más y mejor democracia. Este es el desafío: profundizar la democracia para construir una salida a la crisis ecológica”.

El sociólogo ha argumentado que las democracias occidentales tras la Segunda Guerra Mundial se construyeron sobre “el petróleo barato, los alimentos baratos, los minerales baratos. La naturaleza quedó privada de derechos. La gran exclusión de la naturaleza implicó una guerra tanto no declarada como no limitada contra la naturaleza. Y es esto exactamente lo que ha habido en esta Región”.

Pedreño describe como, en primer lugar, la laguna salada recibió los desechos de la minería llegados a través de las ramblas de la Sierra Minera de La Unión-Cartagena. Posteriormente, el boom turístico de los años 70 urbanizó la mayor parte de sus orillas y de ahí también recibió residuos de todo tipo. Pero lo que precipitó el colapso ambiental de esta laguna fue originado por los nitratos procedentes de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena.

“La Región de Murcia se pensó desde sus mismos orígenes como una utópica comunidad de regadío, en la que si hay ”agua para todos“ crecería un vergel en el desierto. Y así fue. El héroe de esta transformación del desierto en un vergel fue el agricultor, el regante. Su esfuerzo fue celebrado y consiguió aportar un enorme caudal de energía emocional a la democracia murciana. Pero esta comunidad de regadío implicaba un cierre, una gran exclusión respecto a la naturaleza”, ha abundado.

En primer lugar, una dinámica estructural de apropiación y explotación desvalorizadora de la naturaleza: “Toda la naturaleza murciana quedó fuera del ámbito del derecho y puesta al servicio del proyecto regional de la gran comunidad de regadío, para su explotación y apropiación. El Mar Menor quedó fuera del ámbito del derecho y de la participación democrática. A un lado de la frontera, crecían exitosamente los cultivos de la huerta de Europa. Al otro lado, se morían los peces y praderas marinas del Mar Menor. Ambas imágenes componen la cara y la cruz de la democracia murciana”, ha explicado.

En segundo lugar, junto con la dinámica de explotación de la naturaleza, se abrió otra segunda de externalización y ocultamiento: “Se hizo todo lo necesario, y fue mucho, para ocultar de manera duradera las destrucciones ecológicas que quedaban ahí fuera. Durante décadas el Gobierno Autonómico de la Región de Murcia propició esta dinámica de ocultamiento”, ha concluido.

El Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha confirmado la desaparición de la bolsa de anoxia que se había detectado en la zona sur del Mar Menor tras el paso de la dana Alice, pero ha alertado de que la zona central de la laguna mantiene indicadores de hipoxia, unos niveles de oxígeno anormalmente bajos.

El Mar Menor ha alcanzado “unas condiciones de estabilización”, tal y como indica el último informe del proyecto 'Belich' del IEO. Tanto la clorofila-a como la turbidez se han mantenido en valores incluso inferiores a los registrados en esta época del año en periodos anteriores de estabilidad: “Esta reducción ha favorecido una mayor disponibilidad de luz en el fondo, alcanzando niveles suficientes para garantizar el funcionamiento de las comunidades de macrófitos [plantas acuáticas], alejándose de los efectos disruptivos que se advertían en informes anteriores”.

Los valores de oxígeno disuelto, por su parte, se han mantenido en rangos “óptimos” en el grueso de la laguna, aunque el informe ha alertado de la situación en el fondo marino de la zona central de la laguna: “Se han registrado en el fondo valores correspondientes a una situación de hipoxia”, ha indicado el IEO.

“En la estación B (centro), los sensores de fondo han registrado valores notablemente más bajos que en el resto de la laguna, alcanzando con cierta frecuencia valores indicadores de una situación de hipoxia (4-2 mg/l) entre los días 20 y 25 de agosto”, ha detallado el IEO.

Aunque el Instituto ha observado que el cuadro general de la laguna “no es indicativo de riesgo de algún tipo de evento ambiental adverso”, ha anunciado que va a monitorear los valores anormalmente bajos de oxígeno en el área central afectada y su posible causa.

Migración de fauna local

Tras las precipitaciones de hace dos semanas, el frágil ecosistema de la laguna experimentó un nuevo deterioro. El 19 de octubre los valores estaban por debajo de 2 mg/L en la zona, que si bien no es anoxia completa, sus efectos sobre la fauna y flora acuáticas son ya tóxicos, y pueden desencadenar una situación de estrés extremo e, incluso, mortalidad si la exposición de los organismos marinos a estas condiciones es prolongada.

A consecuencia de este fenómeno, el 23 de octubre tuvo lugar una migración de la fauna local, que fue avistada huyendo del fondo marino hacia la superficie, en un intento de escapar de la masa de agua anóxica del sur de la laguna.

El Mar Menor continúa presentando una situación “prácticamente de anoxia” en la zona sur, según la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Francisca Baraza, por lo que se mantienen los datos alarmantes de la laguna salada recabados por el programa Belich del Instituto Español de Oceanografía (IEO). De acuerdo con el informe, se están registrando niveles de oxígeno de 1,5 miligramos por litro, que indican que el Mar Menor se ahoga.

La causa reside en la estratificación de una columna de agua que se ha generado tras las tormentas de la dana Alice. Al entrar una gran cantidad de agua dulce, con menor densidad, se ha creado una capa en la superficie que impide el intercambio de oxígeno. “Si hay viento o movimiento de marea habrá una mayor probabilidad de que se mezcle este sistema de estratificación y, por lo tanto, aumente el oxígeno”, ha explicado Baraza.

Al mismo tiempo, se ha producido una proliferación fitoplanctónica, señala el informe, especialmente a partir del día 12, que ha llegado a alcanzar valores muy elevados “solo registrados en eventos anteriores de bloom fitoplanctónico o 'sopa verde'; esto limita la llegada de luz al fondo, lo que puede contribuir a intensificar el agotamiento de oxígeno en el fondo causado por la estratificación”.

Tal y como ha detallado Baraza, se desconoce qué consecuencias puede tener el deterioro que ha experimentado el Mar Menor tras las precipitaciones, “dependerá del tiempo que este proceso se mantenga en el sistema lagunar”.

Los datos ofrecidos por el IEO han contrastado con los del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), dependiente de la Comunidad que, aunque reconoce la situación de anoxia de la laguna, ha ofrecido datos más optimistas que su homólogo estatal: “El Mar Menor muestra una tendencia a la estabilización”, ha apuntado. Ante la disparidad de ambos informes, se ha convocado el Comité de Asesoramiento Científico de la laguna salada: “Es ahí donde se tiene que analizar y contrastar las distintas informaciones, el diagnóstico de la situación”, ha defendido Baraza.

Sin entrar en una guerra de cifras, la comisionada ha recordado que el IEO dispone de un sistema de monitorización “muy potente, ya que es el centro de referencia que tenemos en el Ministerio para llevar el seguimiento del estado de la laguna. Tenemos datos cuasi reales, a tiempo real”.

Un total de 149 análisis de laboratorio realizados en la cubierta de sellado del depósito minero El Lirio, en Cartagena, cuya restauración ambiental concluyó en 2024 a cargo del Gobierno de la Región de Murcia y de la empresa pública Tragsa, evidencian que se utilizó en las obras una capa de tierra vegetal contaminada por metales pesados. Así lo constatan especialistas en suelos contaminados y edafología consultados por elDiario.es.

Los ensayos revelan que los tóxicos más abundantes en dicha tierra, que abarca una superficie de más de 70.000 metros cuadrados, y sobre la que se han sembrado 52.000 plantas, son plomo (Pb), arsénico (As) y manganeso (Mn), los tres en cantidades que sobrepasan —y multiplican— los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) de la comunidad murciana. El Lirio se encuentra protegido por la Red Natura 2000, y esta circunstancia supone un riesgo para un ecosistema de alto valor ecológico.

Este periódico ha tenido acceso, asimismo, a informes preliminares de la tierra efectuados por Tragsa antes de que ésta fuera suministrada, que arrojan valores de hasta 767 miligramos por kilogramo de plomo (mg/kg) —cuyo nivel de seguridad está fijado en 115 mg/kg—, de 36,1 mg/kg de arsénico —su umbral seguro es 13— y de 1190 mg/kg de manganeso —con NGR 600—. 

Estos datos de la tierra eran conocidos por la Administración autonómica y la mercantil estatal con carácter previo a su utilización en el sellado. Por ella se pagó, tal y como figura en los pliegos y contratos del proyecto, un total de 313.950 euros, a precio de material “de primera calidad”.

“Esa tierra no puede utilizarse en ninguna remediación”

Para Jordi Sierra, investigador de suelos contaminados de la Universidad de Barcelona, “es inconcebible que se restaure un emplazamiento tan delicado como un vertedero de estériles mineros con materiales que contienen una contaminación tan fuerte”.

La capa de sellado presenta, además, una cantidad inabarcable de escorias de la fundición del plomo, un residuo cargado de metales pesados sometidos a procesos de liberación con el paso del tiempo. Las especies vegetales plantadas como parte final de la regeneración del depósito están creciendo a día de hoy junto a este tipo de fragmentos. El sellado de El Lirio fue catalogado por el consejero de Medio Ambiente autonómico, Juan María Vázquez, el pasado 14 de febrero, como “la mayor restauración minera de España”.

“Esa tierra no puede utilizarse, bajo ningún concepto, en un trabajo de remediación ambiental”, opina, por su parte, el profesor de Edafología de la Universidad de Granada Francisco José Martín.

Los resultados de los ensayos de la cubierta vegetal que certifican su toxicidad forman parte de un informe pericial encargado por Tragsa a Sedwick Iberia, bajo una orden del propio Ejecutivo autonómico, después de que este periódico publicara el pasado 11 de febrero una investigación sobre la contaminación del suelo que se había utilizado para rehabilitar el vertedero. El documento, al que ha accedido esta redacción, fue entregado en sede judicial en julio. Previamente, en abril, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena había incoado diligencias previas de investigación al admitir indicios incriminatorios contra la Administración regional y la empresa pública tras una denuncia de Ecologistas en Acción.

En la cuenca vertiente del Mar Menor

La mayoría de las 149 muestras de la cubierta recogidas en el pericial presentan niveles de toxicidad ampliamente superiores a los NGR establecidos en el Proyecto de Decreto de NGR de la Consejería de Medio Ambiente de 2025. En concreto, a los valores referentes a ‘otros usos’ del suelo, los más restrictivos, al estar El Lirio en un sistema montañoso protegido como Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000, y al estar regulado como “suelo de protección ambiental” por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales murciano (PORM), como parte del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. 

El depósito, además, se ubica en la cabecera de la rambla de la Carrasquilla, en plena cuenca vertiente del Mar Menor: el principal objetivo de las obras de restauración era proteger a la laguna salada de recibir metales pesados con la lluvia y el viento.

Con fondos europeos

El importe de dinero público ejecutado para acometer la remediación del depósito fue de 6,2 millones de euros. Cuatro de esos millones llegaron vía subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y 843.000 euros fueron inyectados a través de fondos europeos. El resto fue pagado por el Gobierno regional, promotor, supervisor y responsable último del proyecto.

Entregadas por la constructora González Soto S.A., los miles de toneladas de tierra vegetal ponen en evidencia la “gravedad” de que, actualmente, afirma el edafólogo José Matías Peñas, “una instalación minera identificada como peligrosa que contaminaba de metales pesados todo cuanto estaba a su alrededor siga haciéndolo tras ser sellada con un material también contaminado por metales pesados”.

Tierras en origen por encima de límites industriales

El Real Decreto 09/2005, por el que se establecen criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, define NGR como “concentración máxima de una sustancia contaminante que no conlleva riesgo superior al máximo aceptable para la salud humana o los ecosistemas”. En la Región, para ‘otros usos’ del suelo, el NGR de plomo está fijado en 115 mg/kg, el de arsénico en 13 y el de manganeso en 600.

Una serie de analíticas demuestran que la tierra vegetal seleccionada por González Soto ya estaba contaminada antes de utilizarse en la obra. En febrero de 2024, como paso previo a llevarla a El Lirio y completar la capa de sellado, compuesta también por geotextiles, gravas y arcillas, un análisis efectuado por Tragsa en un laboratorio acreditado halló cantidades de 767 mg/kg de plomo y 36,1 mg/kg de arsénico. Se multiplicaban por siete los niveles seguros del primer tóxico y por casi tres los del segundo. El arsénico incluso superaba su umbral tolerable de uso industrial, fijado en 30 mg/kg. El material iba repleto, aparte, de escorias de la fundición, trozos de asfalto, bloques de hormigón y escombros.

Las tierras fueron elegidas, según la documentación facilitada al juzgado por la empresa pública, de seis fincas del Campo de Cartagena. En esos ensayos previos aparecen también magnitudes de 209 y 357 mg/kg de plomo, 15 de arsénico y 1120 de manganeso.

“No es admisible que a estos suelos se les llame de primera calidad, cuando, precisamente, se pretende eliminar el impacto ambiental de un vertedero minero. Esos niveles de metales pesados indican que se han utilizado tierras contaminadas, o que se han mezclado residuos contaminantes con otros materiales y se han depositado en el sellado”, explica Jordi Sierra.

“Da la impresión de que se ha hecho una mezcla de suelos de distintas fincas, unas más contaminadas que otras, para diluir las concentraciones de metales pesados de tierras con valores más altos de contaminación. Es evidente que no son, en ningún caso, de primera calidad”, determina, en el mismo sentido, Francisco José Martín.

Triplicando el NGR de plomo

En enero de 2025, una vez asentada la tierra sobre la superficie ya aparentemente restaurada del depósito, Tragsa llevó a laboratorio otras 16 muestras. De toda ellas, 15, el 94%, sobrepasan el NGR de plomo, con valores de hasta 373 mg/kg, más del triple del límite seguro. El 100% supera el nivel permitido de manganeso, con cifras máximas de 1940 mg/kg. 

En marzo, como parte de la auditoría ordenada por el Gobierno regional, la empresa pública encargó a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) que hicieran sus respectivos análisis de la cubierta. La UPCT realizó 44 ensayos, con números de plomo de hasta 295 mg/kg. La UAM llevó a cabo 39 muestreos, de los cuales el 48% supera el rango permitido de arsénico y el 61% el de plomo, con cantidades que alcanzan los 360 mg/kg. El CEBAS-CSIC recolectó 50. La mitad de ellos supera el nivel de referencia de arsénico, con máximos de 27 mg/kg. El 84% excede el de plomo, con guarismos totales de 406 mg/kg.

“Esos suelos se deberían declarar, de manera oficial, como potencialmente contaminados. Todos los datos de los análisis nos dan una idea del posible riesgo que pueden tener con el paso del tiempo. Se trata de valores anómalos que no deberían estar ahí. Las tierras utilizadas en restauraciones de este tipo deben tener buenas propiedades para que no se generen problemas a corto plazo”, incide Martín.

“Lo que se debería hacer ahora es sustituir, inmediatamente, esos materiales por otros limpios para eliminar el riesgo ambiental. Nunca antes había visto utilizarse un terreno así para sellar un lugar contaminado. Cualquier suelo limpio, cualquier tierra de cultivo decente, no daría ni de lejos esos niveles de metales y metaloides”, apunta Sierra.

Fuentes consultadas de Tragsa se limitan a afirmar, a preguntas de este diario, que “los datos de los informes validan que la tierra vegetal es apta para el uso dado”, sin entrar en más detalles.

Un suelo plagado de escorias

En el pericial de la mercantil pública se rechaza una y otra vez, asimismo, la presencia de escorias de la fundición del plomo, que saltan sin embargo a la vista a lo largo de la capa de sellado. “Tanto en la inspección como en las campañas de muestreo, la tierra vegetal presentó una apariencia sana y natural”, certifica el documento. UPCT, UAM y CEBAS-CSIC también niegan haber visto fragmento alguno.

Pero las escorias brotan cada pocos metros en El Lirio. Tienen un color negro muy característico y surcos que recuerdan a la lava solidificada. José Matías Peñas afirma que con el paso de los meses irán descubriéndose todavía más por acción de la “erosión hídrica y eólica”, y que éstas se verán sometidas a “procesos de meteorización que incrementará la carga de metales pesados del suelo”.

La tierra contaminada, dirección Mar Menor

“En la actualidad”, continúa Peñas, “ya se observa cómo, ante episodios de lluvia, la tierra se erosiona y es transportada por escorrentía a la rambla de la Carrasquilla. Esto provoca la contaminación de las aguas y los terrenos a lo largo de su recorrido hacia el Mar Menor”. En El Lirio, tras las precipitaciones recientes, la cubierta presenta signos evidentes de haber sido removida por el agua. El barro y los sedimentos se acumulan en las canalizaciones y las arquetas, y también aguas abajo, en el lecho del cauce.

Los estudios preliminares mencionan que el viento y el transporte biológico de los metales pesados a las especies vegetales eran los otros dos principales riesgos que el depósito minero exponía al entorno natural. Esos problemas, según el edafólogo, no se han eliminado. “La erosión es evidente que se está produciendo, y, con la vegetación introducida en la capa de sellado, se iniciará la transferencia de contaminantes desde el suelo hacia las plantas, lo que facilitará la entrada de los metales pesados en la cadena trófica”.

Prohibido el uso industrial

El Gobierno de la Región de Murcia y Tragsa argumentan la defensa de la calidad de las obras, en los documentos aportados al juzgado, en torno a la premisa de que el suelo de El Lirio presenta un uso de tipo industrial, y ese dictamen es avalado tanto por la Dirección General de Minas —encargada de la supervisión del sellado— como por la consejería de la que depende, la de Medio Ambiente. Es necesario recordar que los NGR de ‘uso industrial’ son mucho más laxos que los de ‘otros usos’, por lo que los baremos que arroja la tierra vegetal, en la mayoría de casos, estarían por debajo del límite.

Pero en los informes redactados por el propio Ejecutivo murciano antes del comienzo de la restauración, en concreto el proyecto y el estudio de impacto ambiental del mismo, se hacen múltiples referencias al “uso forestal” del terreno de El Lirio, a su protección biológica, a su localización dentro del PORN regional, al LIC y a la Red Natura 2000. El uso industrial no sería legal según estos mismos documentos. A su vez, el acuerdo rubricado entre la Comunidad Autónoma y el MITECO para la concesión de la subvención de cuatro millones de euros, publicado en el Boletín Oficial del Estado, prohíbe expresamente un uso del suelo del depósito distinto al forestal en un plazo de 75 años vista.

La tierra vegetal suministrada en la remediación de El Lirio debía ser, atendiendo a los pliegos contractuales, una tierra “de primera calidad, rica en materia orgánica y minerales para el correcto desarrollo de las plantas”. Pero ha resultado ser un aglomerado de escorias y tóxicos que sobrepasan las cantidades establecidas legalmente como seguras, y nadie encargado de la supervisión de los trabajos se percató de ello, a pesar de haber realizado análisis previos que alertaban de una alta presencia de metales pesados.

La clave del caso radica ahora en las próximas decisiones que tome la jueza. Está por encargar un informe pericial a la Guardia Civil, tal y como explicó en un auto el pasado abril.

Ninguna de las peticiones que elDiario.es ha hecho a la Consejería de Medio Ambiente para recoger su versión de los hechos ha sido respondida.

Los efectos de la dana ‘Alice’ a su paso por el Campo de Cartagena, en la Región de Murcia, ya están teniendo importantes consecuencias medioambientales en el punto donde desembocan todos los cauces y ramblas de la comarca. El Mar Menor está en una situación de alto riesgo tras las lluvias torrenciales del pasado 10 y 11 de octubre. Un informe de emergencia redactado por científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) sitúa a la laguna al borde de sufrir un nuevo episodio de ‘sopa verde’, el fenómeno de explosión masiva de microalgas y reducción drástica de oxígeno que en 2016 causó en ella el primero de los sucesivos colapsos que ha ido arrastrando en los últimos años: la eutrofización.

“Es preocupante la tendencia de aumento de la clorofila en toda la laguna, especialmente a partir del día 12 de octubre, lo que indica un proceso de ‘bloom’ fitoplanctónico alimentado por las masivas entradas de agua dulce y nutrientes al ecosistema”, evidencia el documento, que ha sido publicado este martes. Esta proliferación de fitoplancton, abunda el texto, está provocando, además, un descenso paulatino del nivel de oxígeno en el agua.

25.000 toneladas de sedimentos entraron al Mar Menor

El IEO calcula que durante la dana entraron a la albufera alrededor de siete hectómetros cúbicos de agua, principalmente a través de la rambla del Albujón, el cauce que vierte en ella después de atravesar un sinfín de fincas de cultivo, de las que arrastra tierra, químicos y nitratos. Los científicos aclaran que esa cifra de siete hectómetros cúbicos es una estimación conservadora, y que el volumen real podría haber alcanzado hasta 15 hectómetros cúbicos, dada la precipitación media registrada en la cuenca, de 109 milímetros, con picos de hasta 182 milímetros en la zona norte, especialmente en el municipio de San Javier.

El informe estima que la entrada masiva de agua arrastró al interior del Mar Menor 25.000 toneladas de sedimentos “con una elevada carga de nitrógeno —48 toneladas—, fósforo —22 toneladas—, carbono orgánico —353 toneladas— y fosfato disuelto —7,4 toneladas—, así como unas muy elevadas cargas de nutrientes disueltos”.

Una hipoxia en la zona sur

La elevada cantidad de tierra que se sumergió en la laguna ha provocado, prosigue el texto, junto con el aumento de la clorofila y el fitoplancton, “la reducción” puntual “de las concentraciones de oxígeno disuelto hasta valores propios al estado de hipoxia”. Dicho descenso ocurrió, en concreto, en el arco sur, donde los valores llegaron a estar, desde el 11 hasta el 12 de octubre, por debajo de los 3 miligramos por litro (mg/L). Esta situación se revirtió, no obstante, a las pocas horas, pero los científicos alertan de que podrían repetirse si se consolida el mencionado 'bloom' fitoplanctónico.

El oxígeno es absolutamente imprescindible para la supervivencia de las especies acuáticas, y su caída total provocó las mortandades masivas de peces de los años 2019 y 2021.

La clorofila, al alza en toda la laguna

La otra dinámica alarmante es la de la clorofila, que “ha mantenido una tendencia de aumento” durante los últimos días en las aguas profundas de la zona sur, donde se ha llegado a superar los 3 mg/L, y también en el arco norte, donde se han sobrepasado los 2 mg/L. Fue en ambos polos donde más lluvias se registraron durante la dana. En el norte, en San Javier, llegaron a recogerse 52 milímetros en solo una hora en la noche del viernes.

El centro del Mar Menor, más alejado de las zonas de entrada de aguas, pero igualmente afectado por ellas, también ha experimentado un “proceso de desarrollo fitoplanctónico”, con valores de clorofila que ya exceden los 4 mg/L.

Los científicos temen ahora el clima estable

“El seguimiento de la evolución de esta variable es crítico en los próximos días. Todo depende de las condiciones climatológicas de contorno”, advierte el IEO. “Si son muy estables, se podría intensificar el bloom fitoplanctónico y el consumo de oxígeno. Si son algo más inestables, favorecerá la mezcla vertical de la masa de agua, disminuyendo la probabilidad de efectos dañinos para el ecosistema”.

IEO, CEBAS y Tragsa, que conforman el proyecto de monitorización del Mar Menor, denominado Belich, han anunciado que se encuentran en “modo gabinete de crisis” para “evaluar en continuo el proceso y sus efectos en el ecosistema”.

Los equipos de expertos están recogiendo numerosas muestras de la cuenca y del propio Mar Menor con el objetivo “de determinar la magnitud del evento en términos de balance de agua y nutrientes”, y, a partir de ahí, proponer “las medidas más eficaces y apropiadas para la recuperación” de la albufera.

Las ramblas siguen escupiendo agua

La dana ‘Alice’ que descargó con fuerza durante todo el 10 de octubre y la madrugada del 11 y provocó inundaciones en muchos de los municipios y pueblos ribereños, como Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Nietos y Playa Honda, fue un reflejo exacto de lo que las lluvias torrenciales provocan en la cuenca de la laguna con asiduidad. La tierra de los campos de cultivo, incapaz de absorber el agua, la escupe por cauces que desbordan y anegan sus alrededores hasta llegar a la orilla del mar.

El sábado 11 las imágenes hablaban por sí solas: en Los Alcázares, la rambla de la pescadería, que atraviesa el centro del pueblo, corría con furia para fundirse con la masa salada. Eso mismo pasaba en el resto de la zona de influencia de la albufera. El Mar Menor había adquirido un color marrón muy intenso, causado por la enorme cantidad de sedimentos cargados con químicos y nutrientes que entraban a cada instante en él. Se llegaron a registrar picos de entrada de agua de hasta 100.000 litros por segundo.

A día de hoy, el río del Albujón sigue bajando imparable. El único punto positivo del informe del IEO es que los “picos de turbidez” y los descensos puntuales de oxígeno en la laguna han sido, por ahora, momentáneos, gracias a la extraordinaria capacidad de autorregulación que posee.