La dirección nacional del PP ha informado este jueves de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, se reunió ayer con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con su “equipo de gobierno”. “Este tipo de encuentros se producirán en términos similares con representantes de otros gobiernos del PP en toda España”, apunta el PP en una nota remitida a los medios esta mañana. “Y serán útiles para definir nuestras prioridades políticas tanto a la hora de hacer oposición a Pedro Sánchez como para concretar y mejorar nuestro proyecto como alternativa a este Ejecutivo”, concluye.

La reunión se produjo el miércoles por la mañana. Fue “un desayuno de trabajo”, según el comunicado de la dirección nacional del PP. La nota afirma que “Ayuso, junto con los consejeros que integran su Ejecutivo, compartieron con Feijóo las prioridades estratégicas” de la región.

Desde la dirección nacional del PP no revelan quién solicitó la reunión a quién. “Fue acordado”, se limitan a decir.

En el encuentro, continúa la nota, “trasladaron las principales necesidades que siguen sin ser atendidas por parte de un Gobierno de España empeñado en convertir a los madrileños en rehenes de las prácticas de ajuste de cuentas con las que el PSOE les castiga por su falta de apoyo electoral” en Madrid.

Sin acuerdos PP-Vox en Extremadura ni Aragón

Poco después del comunicado de la dirección nacional del PP, la Comunidad de Madrid ha publicado su propia nota. El Gobierno de Ayuso informa de que en la cita estuvo también presente el secretario general del PP, Miguel Tellado, un dato que obvia el equipo de Feijóo. Fueron los únicos representantes

La presencia en la Real Casa de Correos de Madrid de Miguel Tellado, sin responsabilidades sectoriales en el PP, estaría detrás de su ausencia en la infructuosa reunión que el PP y Vox mantuvieron este miércoles por la mañana en Aragón para acordar la investidura de Jorge Azcón.

El PP y Vox son incapaces de cerrar los pactos de gobernabilidad para dar estabilidad a Extremadura y Aragón, que celebraron elecciones en diciembre y febrero, respectivamente.

Las direcciones nacionales de ambas formaciones se han implicado plenamente en las negociaciones. La dirección nacional del PP está representada habitualmente por el propio Tellado y por la jefa de gabinete de Feijóo, Marta Varela. Antes de Semana Santa, Tellado viajó de urgencia a Extremadura y estuvo presente en una reunión también sin ningún resultado. Ayer, fue Varela la que se desplazó a Zaragoza, mientras el secretario general se conectó por videoconferencia, según informó Génova.

Cambio de rostros en un acto de fiscalidad

El “desayuno de trabajo” fue previo a un acto sobre fiscalidad en el que Feijóo prometió una inconcreta bajada general de impuestos si llega a gobernar. “Si no lo hago, dejaré de ser presidente”, afirmó.

El acto tenía que haber sido presentado y moderado por el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo. Así constaba en las previsiones informativas que cada día remite a los periodistas el equipo de prensa del partido.

Pero fue la consejera de Economía y Hacienda de Madrid, Rocío Albert López-Ibor, quien cogió la batuta del acto. Bravo estuvo sentado en primera fila sin intervenir en ningún momento.

“Líder de la oposición”

En su nota, la Comunidad de Madrid informa de “un encuentro de trabajo institucional con el presidente del PP y líder de la oposición”. “El objetivo de la reunión ha sido analizar la situación política de España” y de la región, sostiene. La cita duró “una hora y media”, afirma el Ejecutivo autonómico.

El comunicado afirma: “La presidenta madrileña ha trasladado al líder de la primera fuerza parlamentaria en el Congreso y Senado en España los principales retos y logros de la Comunidad de Madrid, así como los ataques a los servicios públicos madrileños que se están produciendo desde el Gobierno central en diferentes materias: financiación, fiscalidad, la ausencia de inversión estatal en las infraestructuras de transporte como Cercanías, la falta de médicos en toda España que afecta a todas las CCAA, la inexistencia de políticas migratorias, así como las trabas con la energía y la gestión del agua que ponen en dificultades el enorme desarrollo en digitalización de la región, entre otros”.

Hace ahora un mes, la dirección nacional del PP ha conminado a Ayuso a iniciar el proceso para poner en marcha el registro de objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, tal y como le exigió el Tribunal Supremo.

El Gobierno de Madrid se negaba a cumplir la ley, y el Ministerio de Sanidad ya le había remitido los requerimientos para que lo hiciera, condición previa para llevar al Ejecutivo autonómico ante los tribunales.

“Siempre hemos considerado que las decisiones judiciales se acatan. Por tanto, yo estoy convencida que la Comunidad Madrid acatará la decisión judicial”, aseguró en una rueda de prensa la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido al agitador ultra Bertrand Ndongo tras pedirle disculpas por haber acudido hace tres años a fotografiar a sus hijos, menores de edad, a la entrada del colegio. Aunque “agradece” la disculpa, García le replica que desde entonces ha continuado acosándola: “Como buenos mercenarios de la derecha, tú y Vito Quiles, habéis hecho del acoso vuestra profesión”.

García lo denunció en su momento ante la Policía. La política, entonces candidata de Más Madrid, relató que un grupo de padres le alertó de que un hombre estaba haciéndoles fotos a ella y sus hijos el 1 de marzo de 2023, a las 9.00 horas de la mañana, a las puertas del colegio. Se acercó a Ndongo y le preguntó por el motivo de las fotografías. Este alegó que “a él también le acosan llamándole pederasta y que podía tomar fotografías porque se encontraba en la vía pública y que continuaría realizándolas”. Buscaba comprobar “si era cierto que llevaba a sus hijos a un colegio concertado”, algo de lo que ahora —dice Ndongo— se siente “asqueado”.

“Agradezco la disculpa, pero viniste a acosarme al colegio de mis hijos hace tres años. Desde entonces has tenido oportunidades para disculparte y sin embargo seguiste acosándome en manifestaciones y actos porque como buenos mercenarios de la derecha, tú y Vito Quiles, habéis hecho del acoso vuestra profesión”, ha respondido la ahora ministra. Y añade: “Serían más sinceras las disculpas si aprovecharas para pedírselas a Carla Antonelli y a todas las que has perseguido y acosado durante estos años”.

Ndongo publicó el miércoles un post en el que se refería, sin citarlo, a Vito Quiles después de que los periodistas Javier Ruiz y Sarah Santaolalla hayan denunciado su acoso. “No se puede perseguir a nadie hasta la puerta de su casa. Sigo asqueado de mí mismo por cuando fui al colegio de los hijos de Mónica Garcia, por orden de mi medio, a comprobar si estudiaban en un colegio público. Nunca me olvidaré de la cara de la Ministra, triste y enfadada. Crucé todos los límites. Me salté mis propios principios. Es algo que no deseo ni a peor enemigo”, decía Ndongo.

En enero, el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria aprobó dos informes en los que considera que los agitadores de extrema derecha Vito Quiles y Bertrand Ndongo incurrieron en infracciones graves del reglamento: el primero por grabar con su teléfono móvil en dos ocasiones en lugares en los que no está permitido y el segundo por boicotear una rueda de prensa del grupo parlamentario Sumar. La Mesa de la Cámara Baja tiene que decidir si les impone la sanción y su duración, que puede extenderse entre once días y tres meses.

Después de dos jornadas centradas en los presuntos enchufes en empresas públicas orquestados por José Luis Ábalos y Koldo García, el juicio del caso mascarillas continúa este jueves con las declaraciones previstas de César Moreno García, socio de Víctor de Aldama, Aránzazu Granell Barbadillo, una de sus empleadas, y Carmen Pano Sánchez, la mujer que dijo que había llevado dinero a Ferraz.

En el espacio a la izquierda del PSOE, la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona será hoy el escenario en el que se encontrarán la número dos de Podemos, Irene Montero, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para celebrar una charla bajo el elocuente título de Què s'ha de fer? (“¿Qué hacer?”, en castellano). La cita tendrá lugar después de que Podemos haya reivindicado abiertamente un “equipo” e incluso un “tándem” entre Montero y Rufián con la vista puesta en las generales, una opción que el entorno del dirigente de ERC enfría y que su partido rechaza de plano.

Alberto Núñez Feijóo no menciona a Donald Trump. Lo hacía poco antes, pero desde la guerra de Irán el presidente de los EEUU ha desaparecido del vocabulario del líder del PP, quien ha tenido que corregir su posición inicial sobre los bombardeos ilegales contra el país persa. Ni siquiera ante la amenaza expresa de una destrucción total fue capaz Feijóo de decir su nombre. El jefe de la oposición se limitó a reclamar “sensatez” en un tuit impersonal que roza los dos millones de visualizaciones y ha recibido el irónico aplauso de la propia embajada iraní en España. Mientras, esquiva a los periodistas en todos sus actos públicos.

Feijóo ha tenido que virar 180 grados su posición sobre Irán en poco más de un mes. El líder del PP aplaudió la guerra ilegal iniciada de forma unilateral por EEUU e Israel. Después, vitoreó el asesinato del líder iraní, Ali Jamenei. “El mundo es mejor cuando cae un tirano”, escribió el 1 de marzo en Twitter en un largo comunicado en el que dio por hecho el desvanecimiento del régimen de los ayatolás. “La caída de un sistema así es una buena noticia para la libertad y la democracia”, aseguró el líder del partido más votado en las elecciones de 2023. Un mes después, el régimen iraní se mantiene.

Feijóo volvió a referirse a la guerra de Irán el 3 de marzo, también en un mensaje en la red social propiedad de Elon Musk. Donald Trump había amenazado con cortar todo lazo comercial con España ante la clara posición del Gobierno de Pedro Sánchez contra los bombardeos ilegales y la negativa a permitir el uso de las bases militares compartidas en territorio español.

“España es mucho más que su mal Gobierno”, escribió Feijóo. “La situación internacional es crítica. Caben opiniones distintas”, añadió, para repetir su ataque al Ejecutivo: “Si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted”. Y zanjó: “España volverá a ocupar su sitio. En Europa, en la OTAN y en todas partes. Y estará siempre del lado de la libertad y frente a los tiranos”.

Publicó su mensaje poco después de las siete de la tarde. Feijóo, quien siempre presume de su excelente relación con los demás mandatarios del PP Europeo, tuvo que ver cómo apenas una hora después la presidenta de la Comisión Europea y colega de partido, Ursula von der Leyen, salía a respaldar a España frente a las amenazas de EEUU.

Tras casi una semana de conflicto armado Feijóo no había pronunciado ni una sola vez el nombre de Donald Trump. Ni el de Benjamin Netanyahu. Tampoco lo hizo al día siguiente en un acto informativo donde dijo que “la relación con los EEUU ha de preservarse”. “Tengamos o no discrepancias con su presidente”, añadió, sin marcar su posición. “Pero nuestra relación con los Estados Unidos ha de preservarse”, remachó.

Fue su respuesta al “no a la guerra” de Pedro Sánchez, un intento para recuperar el espíritu contra la guerra de Irak en la que España entró durante el segundo mandato de José María Aznar. A diferencia de Feijóo, el expresidente sí ha criticado a Trump, tanto directamente como a través de la fundación Faes que preside.

Aznar y Feijóo ya discreparon sobre el secuestro del exmandatario venezolano Nicolás Maduro. Entonces y ahora, el dirigente del PP ha optado por alinearse con Vox en su respaldo a Trump.

Un día después, el 5 de marzo, Feijóo clausuró un acto sobre el 8M que el PP dedicó a glorificar las acciones militares ilegales de EEUU en Venezuela e Irán. Tampoco el líder de la oposición mencionó por su nombre al presidente americano más que de pasada y para atizar a Sánchez: “Polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado. Es la ética del engaño en versión internacional”. Tampoco mencionó el nombre de Trump en su entrevista en esRadio del 17 de marzo.

Feijóo se pasa al “no a la guerra”

La tónica se mantuvo unos días. Pero Feijóo comenzó a virar a finales de marzo ante el realineamiento de la mayor parte de la comunidad internacional, que se fue situando poco a poco contra los bombardeos ilegales de EEUU e Israel. En una entrevista en Espejo Público el 24 de marzo, Feijóo planteó diferenciar entre Trump y EEUU como país, e igualó al presidente americano con el español.

“Sánchez es una cosa y España es otra” dijo. “El señor Trump es el presidente de EEUU y EEUU es uno de los grandes países del mundo, sin ninguna duda, y nuestro aliado desde la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, no tiene nada que ver una cosa con otra”, añadió.

Recordó que el mandato de Trump “vence en el año 29”, en “dos años”. “¿Qué pasa, que ahora nosotros nos vamos a enfrentar a EEUU? ¿Oiga, seguidismo al señor Trump? Ninguno. Nosotros no estamos de acuerdo con esa guerra”, afirmó.

El líder del PP preparaba así el terreno para la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Congreso y en la que Feijóo entonó su eslogan para el conflicto de Irán: “No a la guerra, y no a usted”. Ese “usted” se refiere a Sánchez.

Pasado el trago del Congreso, Feijóo ha vuelto a su estrategia previa: no importunar a Trump. En la reciente Semana Santa se han publicado dos entrevistas al líder del PP. En 'La Vanguardia' lo menciona de pasada: “Una cosa es hacer seguidismo a Trump y otra cosa es enfrentarse a Estados Unidos, que es lo que está haciendo Sánchez”. En la de Servimedia optó por no nombrarlo.

Fecha clave en el complejo proceso de recomposición de la izquierda alternativa. Este jueves, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona será el escenario en el que se encontrarán la número dos de Podemos, Irene Montero, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para celebrar una charla bajo el elocuente título de Què s'ha de fer? (“¿Qué hacer?”, en castellano), el mismo que dio Lenin a una de sus obras más conocidas. El acto estará moderado por el exlíder de los Comuns, Xavier Domènech, una figura muy respetada en todo el espacio a la izquierda del PSOE. Y tendrá lugar después de que Podemos haya reivindicado abiertamente un “equipo” e incluso un “tándem” entre Montero y Rufián con la vista puesta en las generales, una opción que el entorno del dirigente de ERC enfría y que su partido rechaza de plano.

La charla entre Rufián y Montero es, por el momento, el último hito de un camino que comenzó hace unos meses y en el cual los diferentes actores de la izquierda alternativa están tomando posiciones de cara al próximo ciclo electoral. El acto de Barcelona se celebrará menos de una semana después de que Podemos pactara a última hora —y expresando su descontento por los términos del acuerdo— su integración en la coalición Por Andalucía para las elecciones en esa comunidad. En esa alianza, los morados compartirán espacio con IU y, por primera vez desde 2023, con Movimiento Sumar. Pero, pese a ese acuerdo puntual, Podemos no está participando del proceso de reconfiguración del espacio hasta ahora liderado por Yolanda Díaz, en el que sí están Más Madrid y Catalunya en Comú, además de IU y Movimiento Sumar.

Hasta hace unas semanas, los morados habían preferido seguir su propio camino y marcar distancias con esas cuatro formaciones. Y, aunque los dos batacazos electorales en Aragón y Castilla y León —donde Podemos no alcanzó el 1% de los votos— han obligado al partido a acercarse a IU y Movimiento Sumar en Andalucía, su objetivo sigue siendo el de retomar el timón del espacio a la izquierda del PSOE. El ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, definió hace unos días la decisión de la formación con respecto a Andalucía como “entregar una plaza” para prepararse para la toma de la siguiente. Y en ese cambio de estrategia para intentar alcanzar el mismo fin, Podemos también ha virado radicalmente su posición en relación a Rufián.

Hace apenas mes y medio, no acudieron como público a la charla que celebró el portavoz de ERC con Emilio Delgado, de Más Madrid, en la que sí estuvieron presentes IU, Movimiento Sumar o los Comuns. Allí, Rufián detalló su propuesta de unidad de las izquierdas estatales y nacionalistas, pero su idea fue rechazada por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que criticó que únicamente se centrase en la “matemática parlamentaria” y no en combatir “la inacción del PSOE”. El discurso ahora es completamente el opuesto: una vez se anunció el acto entre Montero y Rufián, Belarra afirmó que “el equipo” que ambos forman es “lo que la gente estaba esperando”, y la propia Montero sostuvo que le parece “muy buena idea” formar “equipo” con el dirigente de ERC.

Desde entonces, los morados han insistido en esta idea. Y, aunque se han cuidado mucho de no hablar expresamente de una coalición, Iglesias sí reivindicó en Radio Nacional de España (RNE) el lunes pasado, a apenas cuatro días de la charla, la posibilidad de un “tándem” entre Rufián y Montero para las próximas elecciones generales. “En el acto con Irene Montero” quizá Rufián vea que “hay un montón de gente que en todo el Estado que dice ‘tenéis que hacerlo, es un momento histórico muy especial y las oportunidades no se repiten’”, dejó caer el ex secretario general de Podemos. El martes fue aún más claro: “La gente les va a decir 'dejaos de rollos, no me cuentes que si tu partido, que si el tuyo o que si no sé qué, poneos de acuerdo que queremos votar una candidatura liderada por vosotros'”.

“Rufián ha dicho que él es de ERC”

No obstante, el entorno de Rufián —ante el silencio del propio dirigente, que ha optado por no alimentar el debate— lleva semanas rebajando el alcance de la charla con Montero de este jueves y asegurando que no supone el primer paso de una colaboración para las generales. Ya hace unas semanas, cuando se anunció que se celebraría el acto, fuentes próximas al portavoz de ERC en el Congreso se desmarcaron de esta posibilidad, que sí planteaba Podemos. Y su posición no ha cambiado desde entonces, puesto que insisten en que, aunque Rufián quiere ofrecer “su capital político para maximizar los resultados de la izquierda” en las próximas elecciones, también recuerdan que “ha dicho que él es de ERC y que está a disposición de su partido”.

“Nosotros pensamos que hay un espacio” y que es necesario “ilusionar a la gente” para que ese espacio se movilice, porque “no puede ser que nos resignemos a que va a venir la derecha y se acabó: lo que plantean no es una alternancia normal en el poder, sino un retroceso de derechos y del sistema democrático”, sostiene una voz del entorno de Rufián. Pero en lo que vaya a traducirse ese llamamiento “no va a depender de lo que diga Iglesias, sino lo que decidan los partidos, y en el caso de ERC la última palabra la tiene la militancia”, recuerdan estas fuentes, que critican que “se ha escrito millones de veces que Rufián quiere liderar una lista española cuando él nunca ha dicho eso”.

Las precauciones del portavoz republicano tienen mucho que ver con los recelos cada vez más crecientes que existen en ERC con respecto a sus movimientos de los últimos meses. Inicialmente, la dirección del partido optó por no levantar demasiado la voz, aunque siempre ha dejado claro que ERC no va a renunciar a sus siglas para presentarse a las elecciones generales. Pero en las últimas semanas, y sobre todo después de anunciarse el acto de Rufián con Montero, el presidente del partido, Oriol Junqueras, ha sido más enérgico en su rechazo a la idea de un entendimiento con la izquierda de ámbito estatal. Junqueras no solo no acudirá a la charla de su portavoz en el Congreso, sino que hace unos días espetó que él fue “a la cárcel por Catalunya, no para que Ada Colau sea diputada en una lista de ERC”.

La estrategia del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García para camuflar como procesos selectivos ordinarios la colocación de dos mujeres de su círculo íntimo en empresas de la órbita del Ministerio de Transportes se resquebraja ante el peso de los testimonios escuchados en las dos primeras jornadas del juicio.

A las declaraciones de las dos beneficiadas por estos contratos reconociendo que cobraron sin trabajar, se suman las afirmaciones de media docena de cargos de esas compañías que, con mayor o menor detalle, han evidenciado la excepcionalidad de las contrataciones y de la situación de ambas en las empresas públicas en las que recalaron gracias a la influencia del entonces ministro y quien fuera su mano derecha, según la tesis de la Fiscalía. 

La contratación “arbitraria” de ambas en Ineco, Tragsatec y Logirail en la época en la que Ábalos estaba al frente del Ministerio de Transportes centra la acusación por el delito de tráfico de influencias que las acusaciones atribuyen al que fuera ministro y su asesor. Además, en relación con la expareja de Ábalos Jésica Rodríguez, el Ministerio Público considera que ambos cometieron un delito de malversación porque tenían conocimiento de que fue contratada y percibió salarios de Ineco (34.477,86 euros) y Tragsatec (9.500,54 euros) sin acudir ni un solo día a su puesto. Las acusaciones populares, algunas vinculadas a la extrema derecha, ven también un delito de prevaricación en sus contrataciones. 

Frente a estos testimonios, la estrategia de los abogados de Ábalos y Koldo García ha consistido en tratar de que los diferentes responsables de Ineco, Tragsatec y Logirail certifiquen ante el tribunal que hubo entrevistas, que se analizaron sus currículums y que los trámites burocráticos fueron normales, al menos en apariencia. Entre las bazas de la defensa está también tratar de evidenciar la poca entidad y cualificación de los puestos asignados a ambas, donde cobraban apenas el salario mínimo. 

Ante el tribunal, la propia Jésica Rodríguez afirmó que estuvo contratada durante dos años y medio en dos empresas públicas, pero que no llegó a realizar tarea alguna y que el entonces ministro era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, afirmó.

Por su parte, la militante del PSOE Claudia Montes, la segunda beneficiaria de esos contratos, afirmó que trabajó y mucho en la filial de Renfe Logirail —“más de 80 horas” extras al año—, aunque confesó también que hubo una etapa en la que iba a la biblioteca a coger libros sobre trenes que leía en horario laboral. Dos cargos de la empresa llegaron a confirmar que casi se le expedienta por su absentismo. 

Sobre su llegada a las empresas públicas, Jésica Rodríguez admitió que si acabó en Ineco fue porque el político le recomendó que “cotizara algo” mientras estudiaba. “Yo realmente no tenía ni idea, no sabía ni que Ineco fuera empresa pública ni nada (...). Yo fui con Koldo García a una entrevista y ya”, explicó.

Claudia Montes, por su parte, afirmó que cuando se quedó sin trabajo en 2019 se lo comentó al entonces ministro porque eran amigos, y que él le envió un par de enlaces de un portal de ofertas de empleo. Pero negó que entonces tuviera conocimiento de que el propio Ábalos o su asesor Koldo García hubieran operado a su espalda para que fuera contratada. “Ábalos nunca me dijo 'oye te he enchufado', nunca me lo dijo”, enfatizó.

Cargos de empresas públicos

Durante estas dos primeras jornadas de juicio, el tribunal ha escuchado también a una docena de funcionarios y cargos de las empresas públicas que han evidenciado la singularidad de las contrataciones de ambas y de sus trayectorias en esas empresas de la órbita de Transportes. 

Jésica Rodríguez estuvo a sueldo de Ineco durante casi dos años sin ir a trabajar, según admitió ella misma. Su llegada a la compañía no siguió el procedimiento habitual, según reconoció Ana Araceli Arigita, una de las responsables de reclutamiento de Ineco. Ante los magistrados, esta funcionaria explicó que aunque ella misma se encargó de citarla para una entrevista, ese trámite nunca llegó a producirse. “Lo supe a posteriori”, indicó para luego añadir que todo se hizo más rápido de lo habitual en esos procesos de selección.

Después, en la tecnológica nadie se percató del absentismo de Jésica Rodríguez. “A los ojos de Ineco, esta persona prestaba sus servicios. Fue una sorpresa su declaración”, afirmó la actual secretaria general de la compañía, Amparo Monterrey, que trató de justificar que desde el usuario de Jésica Rodríguez se completaron los partes de trabajo y el control horario. La tesis de las acusaciones es que fue el hermano de Koldo García, Joseba, el que se encargaba de hacer esa labor burocrática. Aunque, para él, solo estaba haciendo un “favor” a una compañera. 

Otra de las responsables de Ineco que dirigía el proyecto en el que estaba Jésica Rodríguez, María Dolores Tapia, explicó que en todo caso el responsable de controlar que trabajara era de Adif, que ejercía como cliente. Y que desde Ineco sólo sabían que era un perfil de administrativo, y por tanto, quien llevaba el peso del día a día era del responsable de Adif, en este caso Ignacio Zaldivar. En todo caso, matizó que nunca recibieron incidencia por parte del cliente.

Uno de los testimonios más desfavorables para las defensas fue el de Virginia Barbancho, la responsable de Tragsatec que controló en 2021 si Jésica Rodríguez trabajaba realmente en esa empresa pública. La funcionaria mantuvo que cuando vio que la mujer a la que le presentaron primero como “sobrina” de Koldo y después como “sobrina” del ministro no completaba ni siquiera el fichaje en el teletrabajo y tras perseguirla como si jugaran “al gato y el ratón” elevó el problema tanto a sus superiores en Tragsatec como en Adif, que actuaba como cliente en ese caso. 

Según el testimonio de Barbancho, en su empresa le recomendaron que “dejara en paz” a Jésica Rodríguez, algo que nunca le había pasado, mientras que en el gestor ferroviario le respondieron que desde la Presidencia, que entonces ostentaba Isabel Pardo de Vera, habían pedido que la dejara de molestar.

Sobre ese episodio también declaró este miércoles el ex director de gestión administrativa de Adif Ignacio Zaldivar quien señaló que recibió llamadas en dos ocasiones de la entonces presidenta de Adif en las que le indicaba que el ministro Ábalos se había comunicado con ella porque “estaban molestando” a Jésica Rodríguez.

Zaldivar era el responsable de Adif que controlaba el proyecto para el que trabajaba Jésica Rodríguez. A preguntas del fiscal jefe Antocorrupción, Alejandro Luzón, comentó que en la primera de las ocasiones se puso en contacto con responsables de Ineco que le trasladaron que el problema había surgido al intentar comunicar con ella para hacerle llegar unos cheques de comida. Y así se lo hizo saber a Pardo de Vera. La segunda ocasión se produjo ya cuando Rodríguez, a la que calificó de “altiva y soberbia”, estaba en Tragsatec, pero esa vez, tras hablar con responsables de esa entidad no obtuvo respuesta.

También el que fuera responsable de asesoría jurídica de Tragsatec admitió ante el tribunal que el problema con Jésica Rodríguez fue que nadie controló o monitorizó su día a día. 

Un puesto “inadecuado”

Respecto a Claudia Montes, los jueces escucharon este miércoles los testimonios de quienes fueron directores gerentes de Logirail en la época en la que estuvo contratada. José Ángel Méndez, que ocupó ese puesto en la época en la que se fraguó la entrada en la compañía, admitió que el correo de la militante socialista llegó a Logirail directamente a través de su matriz, Renfe, aunque a su juicio era un procedimiento relativamente habitual. Su sucesor, Óscar Gómez Barbero, llegó a justificar incluso el absentismo laboral de Claudia Montes con el argumento de que se la había situado en un lugar “inadecuado”. 

Sobre cómo acabó Montes en Logirail, el expresidente de Renfe Isaias Taboas indicó que recibió su currículum de Koldo García, quien entonces era consejero de la empresa de ferrocarriles y que además le habló previamente del asunto. Él envió ese documento a recursos humanos: “El proceso estándar normal es que recibía un currículum y lo enviaba a recursos humanos de Renfe para ver si era útil. Y en este caso debí hacer lo mismo”.

“Con Koldo, voy nerviosa. Tengo miedo de que me intimide con la mirada”. El juicio del caso mascarillas tiene esos momentos en que se mezclan las frases propias de un programa como el antiguo 'Salsa rosa' y las explicaciones más prolijas sobre los procedimientos de contratación en la Administración pública. El comentario, dirigido a los periodistas antes de su entrada en el Tribunal Supremo, era de Claudia Montes, otra enchufada de José Luis Ábalos que declaró como testigo. Ha participado en varios programas de tertulias televisivas y se ha quedado con el estilo del negocio. Nada mejor que insuflar unas dosis de drama antes de la actuación.

Antes de nada, la conspiración. La prensa preguntó al abogado de Ábalos a las puertas del Supremo a cuenta de qué venían las insinuaciones del día anterior sobre la supuesta relación de Jésica Rodríguez con la prostitución. No dejaban en teoría en muy buen lugar al exministro, que tuvo una larga relación sentimental con ella en la que hubo promesas incumplidas de divorcio de la (tercera) mujer y matrimonio posterior. “Intentamos describir lo que conocemos que existe. Hay datos objetivos que lo atestiguan”, dijo el letrado Marino Turiel. No dijo de qué datos estaba hablando.

La defensa de Ábalos sostiene que Jésica sí conocía al también acusado Víctor Aldama, algo que ella negó. Hasta ahora no ha aportado ninguna prueba de ello. Sólo una deducción. La considera “beneficiaria a título lucrativo”, porque ha declarado ante el tribunal como testigo. “El hecho de que no esté aquí imputada es bastante indicativo de que existe un pacto”, dijo Turiel. ¿Imputada porque Ábalos hizo que le pagaran un piso de lujo, pagado por un socio de Aldama, y le dieran un trabajo que no le obligaba a trabajar? Será que es demasiado pronto para sacar conclusiones.

Después de sus actuaciones televisivas de las que ha dado cumplida información en su página de Instagram, se podía esperar una actuación tormentosa de Claudia Montes. Ella y Koldo García se han cruzado querellas (ella por acoso y él por injurias) tras fracasar los actos de conciliación. No fue para tanto. Sí dio lugar a una intervención un tanto original antes de empezar a prestar declaración. Cuando el presidente del tribunal le hizo la pregunta de rigor que se hace a todos los testigos sobre si conocía a los acusados, Montes respondió que prefería no responder sobre alguien en concreto: “Con Koldo, tengo un tema personal del que no me gustaría hablar porque me trae malos recuerdos”. El magistrado Andrés Martínez Arrieta lo dejó pasar, porque para qué complicarse más la vida.

Los testigos están obligados a responder en un juicio a todas las preguntas que les hagan acusaciones y defensas. En su ingenuidad, Montes debió de pensar que podía establecer excepciones. El fiscal y abogados intervinientes optaron por no profundizar en ese tema que mencionó la testigo. Tampoco se trataba de hacer sangre.

Muchos medios de comunicación han identificado a Montes como una antigua Miss Asturias, un dato no muy relevante en toda esta investigación judicial. Quizá para insinuar alguna relación sentimental con el exministro, algo que ella siempre ha negado y que no salió en ningún momento de su declaración. Por ser precisos, fue elegida Miss Asturias en la categoría de mayores de 30 años en 2017, dos años antes de conocer a Ábalos.

Montes confirmó que conoció a Ábalos en un mitin del PSOE en Gijón y que tuvo con él una relación de amistad: “Me ayudó mucho a culturizarme en el tema de la política”. Tiempo después, le pidió ayuda para encontrar trabajo y recibió enlaces de Infojobs. En realidad, fue mucho más. Contó que Koldo se puso en contacto con ella y le solicitó el currículum. Al declarar, afirmó que Ábalos nunca le dijo que “la había enchufado”. Eso fue exactamente lo que ocurrió. El fiscal Alejandro Luzón citó un mensaje suyo a Koldo con un agradecimiento: “No os voy a defraudar”.

Montes empezó a trabajar en diciembre de 2019 en Logirail, una filial de Renfe, donde tuvo problemas muy pronto. Afirma que la situaron en una oficina de una estación de tren, donde trabajaba sin ordenador “de cara a la pared”. Ante su escasa actividad, fue a una biblioteca para coger libros sobre trenes con los que ampliar conocimientos.

Lo peor vino después. El director gerente de Logirail, José Ángel Méndez, le abrió un expediente por faltar más de ocho días al trabajo, ausencia que ella negó. Montes tuvo una suerte bárbara porque Méndez fue relevado al poco tiempo y su sustituto cerró el expediente sin sanción. ¿Casualidad o causalidad? El directivo prefirió no expresar ninguna sospecha.

A las extrañas relaciones laborales que rodean al universo de Ábalos hay que sumar lo que dijo Claudia Montes: “Desde el principio, (Koldo) me dijo que era mi jefe”. Koldo García no trabajó en ningún momento en Logirail, pero era miembro del Consejo de Administración de Renfe por decisión de Ábalos. Cuando nombras a tu asistente personal, con experiencia anterior de guardaespaldas y chófer, como consejero de Renfe, está claro que no vas a permitir que tus recomendadas tengan problemas en el trabajo.

Algo debió de pasar que no fue bien explicado y que quizá tuvo que ver con Koldo García, según las denuncias que ha hecho Montes en televisión, porque finalmente fue despedida: “El despido me llegó por burofax cuando estaba de baja por acoso”.

Hubo tiempo para otra pregunta inesperada. La abogada de Koldo García le preguntó si es “colaboradora de la UCO”. Montes respondió que no, pero luego dijo que había comunicado ciertos “problemas” por irregularidades a la sucesora de Ábalos en el Ministerio, Raquel Sánchez, y hasta a Óscar Puente sin recibir respuesta. Por último, llamó a la UCO, así que algo debió de colaborar.

En el plano positivo para ella, nadie la acusó de ser una prostituta ni de ser una espía de Aldama. Luego apareció en dos programas de Cuatro, uno por la mañana y otro por la tarde, para dar sendas entrevistas. Había que aprovechar el día en Madrid.

El PP ha aprovechado su mayoría absoluta para poner en marcha una nueva comisión de investigación contra el Gobierno: esta vez, por RTVE, a la que califica de “propaganda 'sanchista' pagada por todos los españoles”. También ha votado a favor el senador de Vox hasta sumar 146 'síes' de la Cámara Alta mientras que UPN se ha abstenido. El resto de fuerzas no han participado en la votación.

Es la séptima comisión de investigación desde abril de 2024, cuando se abrió la del llamado ‘caso Koldo’. El PP asegura que con esta comisión pretende “buscar la verdad, instar a una gestión plural de la información y porque la Constitución recoge en su artículo 20 el derecho a una información plural y veraz”. La senadora Miriam Bravo, que junto a Cristina Díaz ha defendido la postura del PP, ha dicho que los presentadores de la televisión pública “parecen estar a sueldo de una mafia con el pico afilado para contraatacar a todo lo que suene a liberalismo y a la libertad”.

La senadora del PP ha justificado la necesidad de crear la comisión por “las dudas que se acumulan sobre los contenidos, sobre su dirección, sobre la contratación, sobre el trato de los profesionales, sobre los fondos públicos y sobre el cumplimiento del servicio público”. “¿Prefieren la opacidad o la investigación?”, ha preguntado a los socialistas.

La investigación parlamentaria no echará a rodar hasta que no se constituya y dibuje su plan de trabajo. RTVE aseguró la semana pasada que defenderá su independencia “ante las instancias oportunas”.

Hace dos semanas, el Consejo de Administración aprobó las cuentas de 2025, ejercicio que se cerró con 55 millones de euros de superávit gracias a los ingresos comerciales, una reducción del coste por programa y los mejores datos de audiencia en 14 años, según datos públicos. La 1 cerró 2025 con una cuota de pantalla del 11%, su mejor ‘share’ en 13 años. La tendencia ascendente se mantiene en el comienzo de este año: un 12,2% en enero y un 12,3% en febrero.

Claudia Montes, la militante del PSOE que logró un puesto en la empresa pública Logirail -dependiente de Renfe- presuntamente gracias al 'enchufe' del exministro José Luis Ábalos, ha indicado que cuando se quedó en 2019 sin empleo lo comentó con él porque eran amigos, y que él le envió un par de enlaces. Pero ha negado que entonces tuviera conocimiento de que el propio Ábalos o su asesor Koldo García hubieran operado a su espalda para que fuera contratada. “Ábalos nunca me dijo 'oye te he enchufado', nunca me lo dijo”, ha enfatizado.

La testifical de Montes era, en realidad, el plato fuerte de esta segunda jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el exministro, contra su asesor y contra el comisionista Víctor de Aldama, y más después de que este martes Jésica Rodríguez, quien fuera pareja de Ábalos, declarara que no llegó a trabajar en hasta dos puestos a los que llegó gracias a la mediación de novio y de su asesor.

Montes, en cambio, ha “jurado y prometido” ante los magistrados que trabajó y mucho en Logirail -“más de 80 horas” extras al año-, que no estuvo a punto de ser expedientada por no personarse durante días en su puesto y que sí fue objeto de una disputa interna entre jefes porque los dos la querían en su equipo. Dado que quien ganó la pugna por ella le ubicó en una oficina en la que no había ni escritorio, optó por irse a una biblioteca a coger libros para leer. Ante ese detalle, el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, se ha interesado antes de despacharla si esas estancias en la biblioteca eran durante su jornada laboral, y ella se lo ha confirmado: “Leía libros referentes a trenes, quería saber todo lo referente a los trenes”.

Previamente, y tras ser preguntada sobre si conocía a los imputados, Montes había explicado que con Koldo tuvo “algo personal” que prefería no recordar y que con Ábalos estaba unida por la amistad que les unió en mayo de 2019 (coincidieron en un mitin en Gijón y desde entonces la ayudó a “culturizarse en la política”) y por “una relación virtual” que se materializó a través de mensajes y llamadas.

Los enlaces de Infojobs

Fruto de esa amistad forjada en la política regional, Montes le transmitió a su amigo el ministro que necesitaba trabajar. Éste le pasó un par de enlaces con ofertas y ella 'bicheó' en internet y comprobó que Logirail era una empresa “pujante” que estaba “subiendo mucho” y decidió presentar su candidatura a encargada porque tenía experiencia en ese puesto. Tras dos entrevistas y después de optar por medio de Infojobs, le cogieron. Si bien ha afirmado que ella presentó candidatura, también ha admitido que le mandó su currículum a Koldo García, quien por entonces suponía que era su jefe habida cuenta que era consejero de Renfe.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha preguntado entonces por un mensaje en el que indicaba a Koldo García que le encantaba su trabajo y que no les iba a defraudar, pero ha ella ha matizado que por entonces ella no sabía “si habían hecho algo por detrás”. “Ábalos nunca me dijo oye te he enchufado, nunca me lo dijo”, ha enfatizado.

La felicidad en su puesto de trabajo se vio truncada por desavenencias entre sus superiores y entonces volvió a comentar con su amigo Ábalos que la tenían en un puesto “de cara a la pared”. “Y no sé si intermediaron pero la situación era injusta, sin ordenador y sin poder hacer nada”, ha recordado para luego indicar que en esa etapa fue cuando decidió irse a la biblioteca de Oviedo para aprovechar y coger libros para leer. “Yo cumplía igual, iba en mi horario laboral”, ha subrayado.

El proceso disciplinario

Previamente, los jueces habían escuchado los testimonios de quienes fueron directores gerentes de Logirail en la época en la que estuvo contratada Claudia Montes, que han mostrado versiones contrapuestas sobre el desempeño profesional de la mujer. José Ángel Méndez, que fue director gerente de Logirail hasta febrero de 2020 ha asegurado que llegó a iniciar un proceso disciplinario contra ella tras ser informado de que no iba a trabajar.

Ante el tribunal, Méndez ha explicado que el convenio de la compañía establece que la ausencia durante al menos ocho días se considera una falta grave que puede acarrear el despido y que por eso activó el mecanismo disciplinario. No obstante, fue cesado antes de que el expediente se llegara a abrir y su sucesor, Óscar Gómez Barbero, tomó la decisión de no seguir por esa vía.

De hecho, cambió a Claudia Montes de puesto porque consideraba que ni el lugar de trabajo ni las condiciones que se le habían asignado eran adecuadas. Ante los jueces, Gómez Barbero ha llegado incluso a justificar su absentismo dado que el lugar donde se la había ubicado era “inadecuado” para prestar un servicio de lujo, como el tren turístico.

Gómez Barbero, que tras su salida de Logirail fue nombrado directivo de Renfe, ha defendido que no recibió indicación alguna de Ábalos o de Koldo García sobre cómo proceder en relación con Claudia Montes, si bien la tesis de las acusaciones es que la mujer consideraba a ambos como sus “verdaderos jefes”, ya que el exasesor se ocupaba de resolverle cualquier problema laboral. Entre los favores que supuestamente logró para ella, destacaría conseguir su traslado de la oficina de Santiago de Compostela a la de Oviedo, para que estuviera más cerca de su lugar de residencia en Gijón, lograr que le prorrogaran el contrato laboral y paralizar un expediente disciplinario.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este miércoles a una rebaja generalizada de impuestos si llega al Gobierno. En caso contrario, ha asegurado, dimitiría como presidente. “En lo que de mí dependa, no se volverán a pagar tantos impuestos como este año. Lo garantizo. Y si no lo hago, dejaré de ser presidente del Gobierno”, ha dicho durante un acto sobre fiscalidad organizado por su partido.

Feijóo no ha citado qué impuestos y en qué cantidad los prevé rebajar si logra gobernar. El líder del PP se ha limitado a criticar el “infierno fiscal” que, ha dicho, existe actualmente en España, y ha planteado de forma genérica una “deflactación” del IRPF para ajustarlo al encarecimiento de los precios o una bonificación total de los impuestos de Donaciones y Sucesiones.

La “deflactación” del IRPF es una de las propuestas que más veces ha planteado Feijóo. De hecho, la primera vez que la expresó fue en 2022, al poco de llegar a la dirección del PP. Los precios se dispararon tras la invasión rusa de Ucrania, lo que dio pie a la derecha a exigir una “actualización” de las tarifas del impuesto de la renta para descontar la inflación y, así, compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores por el diferencial entre el encarecimiento del consumo y las subidas salariales, que suelen ir siempre por detrás del IPC.

Según la Airef, la Agencia Tributaria recauda unos 10.000 millones más por IRPF al no deflactar este impuesto.

Pero lo que olvida decir Feijóo es que no solo el Gobierno central puede hacerlo. Las Comunidades Autónomas gestionan sus propios tramos del IRPF, y tienen capacidad normativa sobre ellos. De hecho, en la anterior crisis inflacionaria por la guerra de Ucrania los gobiernos del PP sí deflactaron el IRPF. Algo que ahora no han hecho pese a la escalada de precios provocada por la guerra de Irán y el posterior bloqueo del estrecho de Ormuz.

El líder del PP no ha dado cifras de cuántos millones de euros dejaría de ingresar el Estado o de plazos de cumplimiento de su promesa. Pero sí ha asegurado que harán público su “modelo fiscal alternativo” antes de las próximas elecciones generales, previstas para 2027.

“Se ríen cuando decimos que bajamos impuestos”

“Mucha gente se ríe cuando decimos que vamos a bajar los impuestos”, ha dicho ante un público compuesto casi íntegramente por cuadros del partido. “La fórmula está probada en muchas comunidades, como en Andalucía o en Madrid” donde, ha asegurado, se han bajado los impuestos, lo que ha permitido “aliviar a las familias y fortalecer el crecimiento para sostener mejor los servicios públicos”.

Feijóo ha negado que la economía española esté “como para presumir” aunque los datos macroeconómicos mejoren en todos los indicadores. “¿Cómo se mide la riqueza de un país?”, se ha preguntado el líder del PP. “Se mide en la nevera”, se ha respondido. Una forma de separar los números de los que hace gala el Gobierno (crecimiento del PIB o récord de afiliación) de las “sensaciones” que, ha asegurado, tienen los ciudadanos.

“Hoy llenar la nevera con lo básico supone un 43% más de coste”, ha afirmado Feijóo. “También se mide en la facilidad de una familia para comprar un coche”, ha añadido.

“El 90% de los españoles ha perdido poder adquisitivo”

“No asistimos a una crisis clásica de la nación en su conjunto”, ha reconocido Feijóo, quien ha asegurado que “los aprietos se producen dentro de las casas, donde cunde la sensación de empobrecimiento mientras ven por la tele al Gobierno de la inflación y la corrupción”.

“Tú pagas y ellos se lo llevan, es la conclusión”, ha espetado Feijóo, quien ha reiterado algunos datos que esgrime desde hace años. “Se han subido más de 100 veces los impuestos”, ha dicho. “Cada español paga de media más de 3.600 euros más en impuestos y cotizaciones”, ha afirmado. Un dinero, ha sostenido, que igual a “lo que gasta de media en ciudadano durante dos años en acudir al supermercado”.

Según Feijóo, las subidas de impuestos del Gobierno de Pedro Sánchez equivale a “la posibilidad de hacer la compra durante dos años íntegros”.

“El 90% de los españoles han perdido poder adquisitivo”, ha sostenido el líder del PP. Según Feijóo, “un ciudadano que en 2018 cobraba 14.000 euros al año y pagaba cero euros, hoy ajustado su salario al año 2025, tiene que aportar 745 eurois en su declaración”. “¿le vamos a decir que los ricos pagan más? ¿De verdad que a una persona que gana 1.200 euros al mes le vamos a decir que son los ricos los que pagan más? No, hombre, no. No son los ricos los que sufren la decadencia de nuestro país”, ha espetado.

En el tercer día de juicio del caso mascarillas, Claudia Montes, una militante socialista que solicitó ayuda a José Luis Ábalos para conseguir un puesto en Asturias, ha negado que el exministro la “enchufara” en una empresa pública. José Ángel Méndez, ex director gerente de Logirail, empresa filial de Renfe, y que fue el jefe de Montes, ha justificado el absentismo de la empleada y ha negado que recibiera instrucciones de Ábalos o de su asesor Koldo García para renovar su contrato.

El otro gran juicio a la corrupción que ha marcado la semana política, el último juicio de la 'Kitchen', acaba con las cuestiones previas antes de tiempo y deja atrás la posibilidad de incluir en el caso como investigada a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y al propio partido como responsable civil subsidiario.

La negociación para conseguir convalidar en el Congreso el decreto de medidas de vivienda aprobado hace unas semanas por el Consejo de Ministros no carbura. El ala minoritaria del Gobierno, la de Sumar, es la que ha tomado el timón de las conversaciones con los grupos parlamentarios para intentar convencerles de votar a favor de un texto que, hoy por hoy, tiene muy pocas opciones de obtener los votos para seguir en vigor. Pero los de Yolanda Díaz, que son conscientes de la dificultad de sacar el paquete adelante, no han logrado mover ni un milímetro la negativa de PP y Junts, de quienes depende que el decreto se convalide. Y el PSOE no está haciendo muchos esfuerzos para intentar revertir ese rechazo y ha decidido no involucrarse en una negociación que, consideran, está abocada al fracaso.

Buena muestra de la soledad con la que Sumar está viviendo esta negociación es que se ha visto obligado a vehicular las conversaciones a través de su grupo parlamentario y no de sus ministerios. El lunes, de hecho, los cuatro principales partidos de esa coalición —IU, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar— presentaron la campaña 'Pide la prórroga, defiende la prórroga' y anunciaron que su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez, convocaría reuniones con todos los socios habituales del Gobierno y también con el PP. No obstante, 24 horas después los populares respondieron con un portazo y anunciaron que se niegan a mantener un encuentro con el grupo parlamentario de Sumar porque su posición en relación con el decreto y con medidas como la prórroga de los alquileres que venzan en 2026 y 2027 es “de sobra conocida”.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy —que está pilotando la negociación de este decreto por parte de Sumar— reaccionó rápidamente a esa negativa criticando que “la respuesta del PP frente a la crisis de vivienda siempre es la misma: no hacer nada”. “Esta vez se equivocan”, dijo, porque “si votan contra la prórroga de alquileres pagarán un precio político altísimo”. “Entre los 2,6 millones de inquilinos a los que quieren echar a la calle también están sus votantes”, recordó Bustinduy. Y fuentes de Sumar señalan que “el 70% de los del PSOE están de acuerdo con la medida” y que “alrededor de un cuarto de los votantes de derechas también la apoya”.

Sumar asegura que ha cerrado reuniones con otros grupos parlamentarios, pero no concreta con cuáles ni si Junts está entre ellos. Y, tras la negativa del PP a sentarse a negociar, solo los independentistas catalanes podrían salvar la convalidación del decreto. Pero las perspectivas con ellos tampoco son buenas para Sumar, puesto que Junts ha endurecido su posición en materia de vivienda y, en los últimos meses, ha tumbado en dos ocasiones sendos decretos del Gobierno con medidas de vivienda mucho más tibias que la prórroga de los alquileres. Los de Carles Puigdemont se han negado a mantener la suspensión de los desahucios para inquilinos vulnerables que no podían pagar su alquiler, y esa iniciativa afectaba a muchos menos caseros que la extensión al mismo precio de los contratos que vencen en 2026 y 2027.

Desde el inicio de la legislatura, Sumar ha hecho bandera de sus diferencias con el PSOE en materia de vivienda. Esa distancia volvió a evidenciarse, precisamente, en la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobó este decreto, cuyo inicio se tuvo que retrasar por la negativa de Díaz y los suyos a participar si los socialistas no se comprometían a aprobar la prórroga de los alquileres que el PSOE llevaba rechazando de plano muchos meses. Estos movimientos de Sumar, no obstante, no pueden aislarse del contexto político en el que están teniendo lugar: en plena precampaña para las elecciones autonómicas en Andalucía del 17 de mayo y también en mitad del proceso de reconfiguración de la izquierda alternativa, por cuya primacía los partidos que componen Sumar mantienen un pulso con Podemos.

Una negociación imposible

Lo que defienden en las filas socialistas es que toda esa puesta de largo en torno a una negociación que califican de imposible tiene más que ver con la necesidad de Sumar de recuperar algo de foco político que con una creencia real de que se pueda sacar adelante el texto. Explican en el PSOE que, por el momento, ni siquiera tienen constancia de que hayan arrancado las conversaciones de su socio de coalición con los grupos respecto al contenido de un decreto que aún no tiene fecha de convalidación en el Congreso. Y que, en cualquier caso, el recorrido de esas conversaciones es, en su opinión, nulo.

“Nosotros estamos a favor de esas medidas, nos parecen necesarias y por eso el Gobierno las ha vuelto a aprobar, después de aplicarlas anteriormente. Pero las habas están contadas y tenemos la certeza de que el PP, Vox y Junts las van a tumbar, porque nos lo han dicho claramente”, sostienen en las filas socialistas, donde apostillan que, si la negociación con la derecha es imposible, con la izquierda ni siquiera hace falta. “No hace falta negociar con ERC, Bildu o Compromís ese decreto porque ya sabemos que lo apoyan. La clave, como tantas veces, es Junts. Y no pueden ser más claros en su rechazo”.

Ese convencimiento del PSOE respecto a la postura de los independentistas catalanes, que en la práctica ya ejercen de fuerza de oposición en el Congreso desde hace meses salvo contadas excepciones, está de hecho en el origen del choque en el Consejo de Ministros extraordinario que protagonizaron los socios de coalición. El presidente del Gobierno y su equipo se cerraron en banda a incluir en el decreto de medidas económicas por la guerra de Irán el paquete de vivienda exigido por Sumar. Porque de hacerlo, defendieron entonces y sostienen aún hoy, todo el plan hubiera sido rechazado por el Congreso, que hubiera tumbado la rebaja fiscal a los combustibles o la prórroga al bono social eléctrico y térmico.

Los socialistas aseguran que “respetan” las estrategias políticas de sus socios y que no pondrán ningún tipo de trabas al intento de Sumar de apropiarse de la defensa de un decreto cuyas medidas están en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Entre otras cosas, el texto permite una prórroga legal de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2027, de los contratos de alquiler que finalicen a partir del 21 de marzo. Algo de lo que pueden beneficiarse hasta 2,6 millones de inquilinos y un millón de hogares a los que les aplicaría la limitación de la actualización de la renta.

El tribunal de Kitchen resolvió este martes que la causa seguirá su curso sin retrotraerla a un punto donde María Dolores de Cospedal pudiera ser investigada. La magistrada Teresa Palacios explicó que la decisión sobre la imputación de Cospedal correspondería al juzgado de la Audiencia Nacional que instruyó el caso. Y como recordó, el juez Antonio Piña ha desestimado hace poco la pretensión que el PSOE reprodujo en la primera sesión del juicio. 

Hasta el 23 de abril, que comparecerá en el juicio como testigo, Cospedal seguirá flotando en la atmósfera de Kitchen. Hasta ahora, las corrientes del caso han arrastrado a la expolítica desde la situación de imputada (apenas dos meses), a la de una ciudadana que ejerció su “derecho de reunión” con el comisario Villarejo (García Castellón dixit). Y de ahí, a testigo, dentro de la lista de comparecientes que el mismo juez validó en su auto de apertura de juicio oral, hace más de dos años. Mientras tanto, allí abajo, en el procedimiento judicial, Jorge Fernández Díaz sigue sentado encima de la X de Kitchen, justo donde las acusaciones llevan años queriendo que aterrice la antigua secretaria general del PP. 

Para que eso termine ocurriendo, algo inesperado debe ocurrir en los próximos tres meses de juicio Kitchen. La investigación ha sido una lenta escalada en responsabilidades sobre quién ordenó montar un dispositivo de espionaje y robo de documentación a Luis Bárcenas con policías y dinero público. 

La participación de los comisarios fue conocida de inmediato. Los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano introdujeron en su solicitud de registro a Villarejo en 2017 que se les permitiera requisar toda la documentación relacionada con la existencia de una organización criminal, sin tener que ceñirse a lo que hubiera sobre el proyecto King, el encargo que centraba las pesquisas. Aquel pequeño gesto, nada inocente, desató una tormenta sin precedentes. Se lo llevaron todo: cuarenta años de ilegalidades, incluida la “Operación Kitchen”. 

En esa carpeta figuraba la propia implicación de Villarejo en el asunto del chófer de los Bárcenas. Y también la de Enrique García Castaño, 'El Gordo'. Este decidió que ese marrón no se lo iba a comer. A principios de 2019, confesó a los fiscales que el encargo del espionaje a Bárcenas partió del director operativo de la Policía y del secretario de Estado de Seguridad. Y el secretario de Estado de Seguridad, cuando se vio acorralado, afloró los mensajes que implicaban al ministro del Interior. Y cuando las grabaciones de Villarejo, las anotaciones en su agenda y los mensajes de Francisco Martínez atraían a Cospedal hacia la X del caso, el juez García Castellón congeló la imagen: dio el caso por investigado y propuso mandarlo a juicio. 

Después se conocerían más audios de Cospedal con Villarejo. El último de ellos lo reveló elDiario.es hace cuatro meses. En él, la secretaria general del PP se queja al comisario, en 2013, de que tiene acceso a los informes policiales sobre la caja B del PP solo un día antes que el juez. No tuvo consecuencias. El juez Piña, sustituto de García Castellón, no vio motivo para cambiar su situación. Y Cospedal siguió flotando en la atmósfera de Kitchen. 

De aquí a finales de junio se conocerá si alguien decide 'aterrizar' a Cospedal. Un acusado, quizá un testigo... Francisco Martínez amagó en las reflexiones que escribió en su móvil y en los mensajes que mandaba, pero luego se retractó. No hay noticias de que planee dinamitar el juicio.

Hubo una vez que un juicio albergó un terremoto. Paco Camps había escapado del caso de la financiación irregular del PP valenciano. Hasta que en la vista oral, en 2018, Ricardo Costa se plantó ante el tribunal y reconoció la entrada de dinero negro en el partido. Costa señaló a Camps como “máximo responsable” de aquella operativa. El juez De la Mata, que aún instruía el caso Gürtel, imputó al expresidente de la Generalitat una pieza que aún seguía abierta. Con el tiempo, Camps también se libraría de esa acusación. 

Un instante de 2021 concreta la indefinición de Cospedal en este caso. Ocurrió el 2 de junio de 2021. Ella entra en escena por la izquierda del espectador caminando por un pasillo del Congreso de los Diputados. Dobla una esquina y se topa con el vacío. Nadie la espera pese a que estaba convocada para declarar en la comisión de investigación del caso Kitchen. No sale de su asombro.

Esa mañana había trascendido su imputación, una decisión que García Castellón había tomado el día anterior, ocho meses después de que la Fiscalía Anticorrupción se lo pidiera. Nadie había llamado a Cospedal para avisarla de que su comparecencia quedaba suspendida. Y ella se quedó allí, flotando en la indefinición de un compareciente sin comisión.

Cospedal: ¿No hay reunión ni hay nadie aquí?

Periodista: Ha sido aplazada la comi… (sic).

Cospedal: ¿Cómo que ha sido aplazada?

Periodista: Nosotros nos hemos enterado por los grupos…

Cospedal: Pues me parece muy bien que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y no me he enterado.

Amor significa no tener que decir nunca 'lo siento', se escuchaba en esa lacrimógena película que fue Love Story. Con el juicio del caso Mascarillas podríamos añadir otra máxima de obligado cumplimiento: amor significa no llamar puta a tu exnovia a través de tu abogado en el juicio en el que te piden una pena de cárcel. Es una situación complicada, te juegas años de tu futuro, pero estaría bien que no parezca que la que fue tu pareja durante unos años ofrecía sexo por dinero y había colaborado con el enemigo. Claro que un juicio es como una guerra y hay que ganar como sea.

En la primera jornada del juicio que cuenta con José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Aldama como acusados no se habló mucho de compra de mascarillas y sí de las relaciones personales del exministro con su antigua pareja, Jésica Rodríguez, y de la labor de Koldo García como intermediario para todo. La sorpresa saltó cuando los abogados de Ábalos y Koldo mostraron sus cartas con la intención de desacreditar a la exnovia. Y no se cortaron nada al intentar que la joven apareciera como un instrumento de las maniobras de Aldama.

Al igual que en el juicio del fiscal general, el Tribunal Supremo ha prohibido que los medios de comunicación ofrezcan en directo la retransmisión del juicio. Sólo pueden recibir las imágenes en la redacción y utilizarlas para sus informaciones. El tribunal autorizó que las cámaras de la sala no enfocaran a Jésica en su declaración como testigo para proteger su intimidad, como había solicitado. Al entrar al Supremo, la joven llevaba mascarilla y gafas de sol.

El juicio por una presunta corrupción económica se convirtió de repente en un tabloide sensacionalista –es cierto que sin demasiados detalles– con titulares escandalosos en forma de preguntas. Esto último quiere decir que los abogados de ambos no presentaron ninguna prueba para sustentar sus alegaciones.

Fue Marino Turiel, defensor de Ábalos, el que abrió fuego. En primer lugar, intentó con varias preguntas sugerir que Jésica conocía con anterioridad al comisionista Aldama, que se presenta como gran ariete contra el Gobierno y específicamente contra Ábalos. La joven ya había dejado claro a preguntas anteriores que nunca conoció personalmente a Aldama.

Fue entonces cuando Turiel subió la presión: “¿No es cierto que usted es una captación que realiza el señor Aldama en provecho del señor Ábalos?”. La conspiración empezaba a tormar forma. De inmediato soltó la bomba con una acusación directa: “¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?”. El letrado de la acusación popular intervino para protestar. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, hizo lo propio para pedir que se reformulara la pregunta sin llegar a decir si le parecía apropiada o no.

Puestos a reformular, el abogado del exministro volvió a hacer la misma pregunta, pero con otras palabras. “¿Su profesión tiene que ver con la contraprestación económica a cambio de sexo?”. Hubo murmullos, pero Jésica Rodríguez se adelantó sin ponerse nerviosa: “Yo le contesto. No. Soy dentista y estoy colegiada”.

Resultaba inaudito que la persona a la que Ábalos ha presentado siempre como su novia –o amante, porque por entonces aún estaba casado con la que era su tercera mujer–, una persona con la que tenía una relación sentimental normal, apareciera como una prostituta o, algo peor, una Mata Hari de bolsillo infiltrada para seducir a un importante político que controlaba el presupuesto del Ministerio de Transportes.

No cabe duda de que Ábalos y su ayudante para todo han cambiado de estrategia jurídica una vez comenzado el juicio. Esto raramente suele funcionar, en especial si no cuentas con una prueba mágica que aparece de repente, como en las películas, y desbarata la estrategia de la acusación.

Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, intervino después. Su labor, evidentemente coordinada con el defensor de Ábalos, no consistió esta vez en acusar a Jésica de ser una puta, pero sí en volver a insinuar sus relaciones con Aldama. Le preguntó si había hablado con alguien durante la comida para que le contara lo que había testificado antes el hermano de Koldo. Otra insinuación para ver si la testigo se ponía nerviosa.

La joven había sido convocada para declarar por la mañana, pero la sesión se prolongó y su intervención tuvo que aplazarse hasta las 15.30. Para negarlo, Jésica Rodríguez contó que nadie le había ofrecido ni una botella de agua en la espera y que en el receso para comer sólo había bajado para sacar una bolsa de frutos secos de la máquina. “Luego, he pasado dos horas en un banco”.

En lo que parecía una provocación, De la Hoz saltó poco después con varios comentarios que estaban fuera de lugar. Hizo una pregunta que casi sonaba a cachondeo, si “conocía el término 'excusatio non petita, accusatio manifesta'”. El magistrado Arrieta la frenó en seco. La abogada siguió en esa línea. “Tiene usted dotes adivinatorias”, dijo a la testigo, lo que es llamativo viniendo de una abogada que estaba haciendo preguntas especulativas. Cuando Jésica volvió a afirmar que no conoce de nada a Aldama, la abogada comentó: “Muy curioso”. Ya no se trataba ni de hacer preguntas, sino de sembrar la duda.

Antes, Jésica Rodríguez dijo que tuvo relaciones sentimentales con Ábalos desde septiembre de 2018 hasta noviembre de 2019. Lo dejó cuando el exministro le dijo que no se iba a divorciar de su mujer mientras estuviera en política. Para compensarle, Ábalos le dejó quedarse en un apartamento en Madrid cuyo alquiler costaba 2.500 euros al mes. Lo pagó hasta finales de 2021 Luis Alberto Escolano, socio de Aldama. Ella dijo que al final era Ábalos quien lo costeaba, lo que no parece cierto. En un periodo anterior de cuatro meses, Escolano dejó de pagar. Jésica dijo que Koldo García lo abonó. En su declaración posterior, Escolano lo negó y dijo que pidió a su mujer que lo hiciera.

Por entonces, la joven dependía económicamente de Ábalos. Era estudiante universitaria hasta que el exministro le consiguió un trabajo en la empresa pública Ineco. Un empleo de auxiliar administrativa no muy exigente, porque se limitaba a hacer lo que le encargaba Joseba García, hermano de Koldo. El fiscal le preguntó por María Dolores Tapia y ella dijo que no la conocía. “Era su superiora en Ineco. Bueno, no tiene que recordarla si no trabajaba”.

No hubo casi nada en su testimonio que beneficiara claramente a Ábalos y Koldo. Se confirmó que había recibido favores económicos del exministro por ser su pareja en forma de un apartamento de lujo y un empleo que no le obligaba a nada. Los dos acusados lo tendrán difícil para probar que todo eso lo pagaron con sus ingresos.

Con el giro observado en la sesión del martes, las preguntas de sus abogados revelan que van a ofrecer al tribunal una conspiración en que la joven novia era algo así como una espía colocada por Aldama. Suena excitante como parte de la trama de una película, aunque está por ver cuántos aficionados al cine negro hay en el Tribunal Supremo.

“Para su tranquilidad. Yo fui invitado como ministro de Asuntos Exteriores de España a la reunión en Londres, como estoy siendo invitados a todas. Y decidimos no ir porque no vamos a hacer nada que escale esta guerra. Nosotros estamos en la desescalada y en la negociación”. Así ha explicado este martes José Manuel Albares la ausencia de España en la cumbre convocada por el Reino Unido con líderes internacionales para “evaluar todas las medidas diplomáticas y políticas viales” el bloqueo del estrecho de Ormuz por el conflicto de Irán.

La cita se produjo el pasado jueves y fue presidida por la titular de Exteriores británica, Yvette Cooper, y a ella acudieron una cuarentena de países. “Hoy contamos con ministros de Exteriores y representantes de más de 40 países para debatir sobre el estrecho de Ormuz, el impacto del cierre, la urgente necesidad de restablecer la libertad de navegación para el transporte marítimo internacional y la firme determinación internacional de lograr la reapertura del estrecho”, manifestó Cooper.

Por el estrecho de Ormuz, que Irán ha cerrado en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos, pasa una buena parte del suministro global de petróleo, y muchos países buscan restablecer la navegación. A la cita no asistió tampoco Estados Unidos. Sí lo hicieron representantes de Francia, Alemania, Países Bajos, Japón, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Chile o Emiratos Árabes Unidos.

Esos trabajos han continuado este mismo martes con una reunión técnica, en parte presencial y en parte telemática, para evaluar cómo “mantener la seguridad del transporte marítimo a largo plazo”, lo que incluirá el posible envío de efectivos para la limpieza de minas en ese paso estratégico del golfo Pérsico.

Albares ya anticipó el lunes el motivo de la ausencia de España. En una entrevista en TVE, el ministro español de Exteriores dio una respuesta similar. “España decidió no sumarse porque no va a estar en ninguna reunión en la que se pueda debatir cualquier tipo de intervención de fuerza o de seguridad que pueda escalar esta guerra”, aseguró. “No vamos a participar ni a hacer nada que escale el esfuerzo de guerra en una guerra que no le vemos ningún objetivo y que está teniendo consecuencias muy graves”, añadió.

Este martes, Albares ha defendido la posición española contraria a la intervención militar de EE UU e Israel contra Irán. “Nunca España ha tenido una política tan aplaudida por el mundo entero”, ha sostenido el ministro de Exteriores. “Todos nuestros homólogos árabes dicen muy claramente que España está salvando la dignidad de Europa”, ha asegurado.

“España y su política exterior están salvando la dignidad de Europa. Por eso tenemos unas relaciones de amistad con Marruecos que ustedes tanto detestan, únicas en nuestra historia, con un récord de comercio internacional. Por eso he hecho un viaje a Argelia en el que se ha garantizado el incremento del suministro de gas. Ustedes que difamaba en Argelia diciendo que nos iban a quitar el gas. Por eso hemos conseguido un tratado sobre Gibraltar que garantiza la esperanza y el futuro de 300.000 andaluces y 15.000 trabajadores que ustedes quieren boicotear. Por eso tenemos el primer tratado de amistad y cooperación con Francia, que ustedes no votaron a favor”, ha concluido Albares.

Jésica Rodríguez, quien era la pareja de José Luis Ábalos, ha asegurado ante los magistrados del Tribunal Supremo que estuvo contratada durante dos años y medio en dos empresas públicas —Ineco y Tragsatec—, pero que no llegó a realizar tarea alguna y que el entonces ministro era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, ha aseverado.

Su contratación en un ente dependiente del Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos y otro de la SEPI es uno de los elementos sobre los que pivota la acusación contra el exministro y que han centrado la primera sesión del juicio contra el que fuera ministro de Transportes, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Según la investigación, el exasesor Koldo García, siguiendo instrucciones directas de Ábalos, presionó a la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, para que la mujer fuera contratada en esas dos empresas públicas entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Durante el interrogatorio, Jésica Rodríguez ha admitido que fue contratada en Ineco después de que se lo recomendara el político para que “cotizara algo” mientras estudiaba: “Yo realmente no tenía ni idea, no sabía ni que Ineco fuera empresa pública ni nada”.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha preguntado sobre detalles de ese contrato en la empresa tecnológica y ella ha explicado que Koldo García le indicó que debía estar siempre a las órdenes de su hermano, Joseba García. “Tuve una reunión con Joseba en Chamartín, me enseñó la oficina, nos tomamos un café, le dije que si necesitaba ayuda, dijo que no y me fui a casa”, ha recordado para luego añadir que en realidad no fue a la entrevista a la que le citaron en Ineco para pasar la selección porque con anterioridad ya había mantenido otra en la que estuvo presente Koldo García y “un señor”.

Además, ha confirmado, como hizo durante su declaración en la fase de instrucción, que si bien el contrato era en Ineco, ella “no trabajaba en Ineco” y ha recordado que sólo rellenó algún parte de asistencia. “Hubo una vez que como habíamos empezado la jornada de verano yo seguí poniendo horas porque nadie me dijo que habíamos cambiado de jornada”.

Sobre su trabajo en la segunda empresa pública, Tragsatec, ha lamentado no recordar nada: “No conocía a nadie y el cargo era el mismo, trabajar para el señor Joseba”, ha explicado ante lo que ha señalado Luzón que en esa empresa no trabajaba Joseba García. “De Tragsatec es que no recuerdo nada”, ha apuntado excusándose en el momento vital que vivía. “¿Cobraba y no iba a trabajar?”, le ha preguntado el abogado de Ábalos. “Cobraba y estaba a la espera de que Joseba o Koldo me dijeran lo que tenía que hacer”, ha respondido la testigo.

Este martes también han declarado en calidad de testigos dos personas que tuvieron vinculación con esa empresa pública. La primera de ellas, Virginia Barbancho, responsable encargada de controlar en 2021 si Jésica Rodríguez fichaba en Tragsatec, ha explicado que cuando vio que no completaba ni siquiera el fichaje en el teletrabajo y tras perseguirla como si jugaran “al gato y el ratón” elevó el problema a sus superiores y estos le recomendaron que “la dejara en paz”. Ha confirmado así lo que ya mantuvo durante su declaración en instrucción, que se percató de que ella no trabajaba y que le conminaron a que no interviniera, algo que nunca le había pasado antes.

A preguntas del fiscal ha explicado que ella también intervino en el proceso de contratación de Jésica Rodríguez en esa empresa y que cuando le pusieron sobre la mesa ese nombre por parte de Adif, le advirtieron de que era la sobrina de un asesor del ministro llamado Koldo. A ella eso no le importó dado que cumplía con los requisitos exigidos. Pero las alarmas saltaron cuando una vez ya dentro, le comenta el representante de Adif —empresa cliente para la que se contrataba—, Ignacio Zaldívar, que era sobrina del ministro. “Y ahí es cuando empiezo a preocuparme porque recordaba que me había dicho que era sobrina del asesor. Un mes después me dice que del ministro, y o Jésica tiene muchos tíos o yo no entendía nada”, ha comentado.

En su relato de hechos ha añadido que también trasladó al cliente Adif que esa persona no trabajaba y que le respondieron que desde la Presidencia de Adif, que entonces ostentaba Isabel Pardo de Vera, le insistieron en que la dejara de molestar.

Por su parte, Alberto Fernández Blasco, quien fuera responsable de asesoría jurídica de Tragsatec ha señalado que en el contrato de Jésica Rodríguez -pareja del exministro José Luis Ábalos- para esa empresa pública el fallo no fue que fichara o no durante su teletrabajo, sino que ese problema detectado no se escaló debidamente a los superiores y que nadie controló o monitorizó su día a día.

Así se ha pronunciado a preguntas de la defensa de Koldo García que quería saber si funcionó adecuadamente el código ético de esa empresa para poner el foco en que Tragsatec podría ser responsable penalmente en el asunto. Ha explicado que, si bien no era habitual que se contratara a personal proveniente de Ineco (otra empresa en la que fue presuntamente ‘enchufada’) en su caso el procedimiento cumplió con los requisitos.

El alquiler de lujo en el centro de Madrid

Por otro lado, la mujer ha revelado que Ábalos siguió pagando sus gastos tiempo después de que su relación se hubiera acabado. Según su testimonio, el exministro “se sentía culpable” porque le hizo cambiar su “estilo de vida” y “no cumplió las promesas” de divorciarse que le había hecho y que por eso permitió que se quedara en el piso de lujo en el centro de Madrid que pagaba el empresario Víctor de Aldama a pesar de que la relación entre ambos se había acabado. 

“Creo que él se sentía culpable porque me hizo cambiar mi estilo de vida cuando era feliz y no cumplió las promesas que me había hecho. Se sintió como en deuda, yo pienso, y por eso me dejó en el piso, pero nada más”, ha dicho la mujer a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Según Jésica Rodríguez la relación se acabó en noviembre de 2019 porque él iba a continuar en su “vida paralela” y ella “no estaba dispuesta”. 

Las pesquisas han acreditado que el empresario Víctor Aldama abonó hasta 32 mensualidades de ese alquiler: un total de 82.298,40 euros entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Lo hizo a través de su supuesto testaferro, Luis Alberto Escolano, y de empresas de éste. El inmueble es un apartamento de lujo situado en el centro de Madrid por el que se pagaban 2.700 euros al mes.

En la sesión de este martes también ha comparecido como testigo el propio Escolano, que ha reconocido que hizo esos pagos y que no le pareció “nada extraño” que el comisionista se lo pidiera. Ante el tribunal, Escolano ha afirmado que Aldama no le dio ninguna explicación sobre por qué tenía que abonar ese alquiler y que él tampoco se las pidió. “Es mi amigo, mi hermano, mi mejor cliente, pero sé dónde está la línea de la confianza porque no me gusta ser cotilla”, ha aseverado.

Jésica Rodríguez: “No soy una inoportuna haciendo preguntas”

“¿Por qué le pagaba Escolano su piso?”, le ha preguntado el abogado de Ábalos. “Igual que Koldo me pagó el móvil, Escolano era el tercer peldaño que me pagaba el piso”, ha respondido Jésica Rodríguez. “¿No le importaba de donde venía el dinero?”, ha insistido el abogado. “Nunca se me ha ocurrido ser una inoportuna haciendo esas preguntas”, ha reiterado la testigo.

Tras reconocer esos pagos, el abogado le ha preguntado si en realidad era una prostituta que era pagada por el entorno de Aldama, pero el tribunal ha cortado esa pregunta al entender que no se había hecho de manera correcta. “Jésica, ¿su profesión tiene que ver con una contraprestación económica a cambio de sexo?”, ha repreguntado el letrado, a lo que ha contestado: “No, soy dentista y estoy colegiada”. Tras esto, el abogado de Ábalos ha insistido en ese asunto preguntando si en 2019, cuando estudiaba, se dedicaba a eso, y ella ha puntualizado que entonces era “azafata de imagen”.

Vito Quiles ha comparecido este martes ante la jueza que le investiga por difundir la dirección de la casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, tras el apagón del 28 de abril de 2025. En su declaración, ha rechazado haber cometido un delito de revelación de secretos ni que la acosara y ha asegurado que cuando publicó las fotografías de su casa se limitó, en su opinión, a hacer un trabajo periodístico.

En su querella, Corredor denunció que tras el gran apagón eléctrico el 28 de abril de 2025, Vito Quiles publicó en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo, lo que vulneró su intimidad y seguridad. Eso provocó que empezara a recibir amenazas de usuarios de las redes sociales que llamaban a “quemarle la casa”, lo que le obligó a reforzar su seguridad y limitar sus salidas. 

El agitador ha contestado a las preguntas de todas las partes y ha sostenido que vertió una crítica sobre la máxima dirigente de Red Eléctrica porque permaneció en su casa en días posteriores al apagón y cree que es la responsable de ese incidente y “de la muertes que provocó”.

Su letrado, Juan Gonzalo Ospina, ha dicho que Quiles lo hizo por afán periodístico y sin especificar “ningún dato de carácter íntimo de la misma”. Recientemente esta defensa ha aportado al juzgado documentos en los que “se demuestra que fueron vecinos de la señora Corredor los que informaron a Vito Quiles de que la misma no había salido el domicilio”.

Por su parte Vito Quiles ha afirmado que es inocente y que se limitó a ejercer su trabajo como periodista porque la presidenta de Red Eléctrica Española “era responsable del apagón y de alguna manera no estaba asumiendo sus obligaciones como el cargo público que es”, y por el que cobra más de medio millón al año.

En la querella presentada por los letrados de Beatriz Corredor se relata cómo Quiles publicó varios mensajes en la red social X y en su canal de Telegram (el 30 de abril y el 3 de mayo de 2025). En el primero de ellos criticaba que la presidenta de Red Eléctrica no acudía a su puesto de trabajo “pese a la magnitud de la crisis energética que enfrenta España”, en referencia al apagón ocurrido días antes, e incluía el nombre de la calle en la que residía.

En otro mensaje criticaba que Corredor contratara “con fondos públicos” vigilantes de seguridad para “blindar” su calle, cuyo nombre repetía, según la querella, que sostiene que Quiles cometió acoso por “la vigilancia” y “persecución” que realizó junto al domicilio familiar de la exministra, cuya ubicación desveló “con el evidente ánimo de que sus seguidores dirijan frente a la Sra. Corredor una constante campaña de acoso y hostigamiento”.

Los jueces del Tribunal Supremo que juzgan al exministro José Luis Ábalos por supuestamente favorecer contratos públicos a cambio de prebendas han escuchado en esta primera sesión a uno de sus hijos, Víctor Ábalos. Durante el interrogatorio, ha negado ser el “custodio” del dinero que la trama puso supuestamente a disposición de su padre, tal y como sospecha la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Le he ido facilitando a mi padre dinero cuando lo ha necesitado. Mi padre nunca ha necesitado ayuda, pero cuando se divorció su situación cambia. Todo lo que le he dado es de mis ingresos, de mi cuenta bancaria”, ha aseverado.

La investigación ha acreditado que entre 2022 y 2024, transfirió 23.379,10 euros a las cuentas de su padre. Ante el tribunal, Víctor Ábalos ha afirmado que la mayor parte de ese dinero —20.000 euros— fue un “préstamo personal, con trazabilidad bancaria y con un contrato elevado a público”. “Nada opaco”, ha insistido. Además, una de sus sociedades pagó a su padre entre 2021 y 2022 32.640 euros en concepto de alquiler por una vivienda en Madrid, tal y como ha reconocido ante el tribunal.

Víctor Ábalos también ha negado que empleara líneas seguras para sus comunicaciones con Koldo García, a las se referirían utilizando la palabra clave “café”. El testigo ha dicho que cuando pronunciaban esa palabra se referían al “café” que él traía de Colombia, donde desempeñaba su trayectoria profesional.

El hijo del exministro se ha referido, asimismo, al lujoso piso situado en el Paseo de la Castellana de Madrid que, según Aldama, era una garantía para su padre en el caso de que fallaran las mordidas pactadas por las adjudicaciones del Ministerio de Transportes.

La vivienda, propiedad de Aldama, estaba valorada en 1,9 millones de euros, pero el comisionista firmó con el exministro un contrato de alquiler con derecho a compra que fijaba una renta anual de 30.000 euros y un precio de adquisición de 750.000 euros. Durante la investigación, el exministro ha defendido que ni ocupó el inmueble ni pagó renta alguna precisamente porque el inmueble estaba ocupado. Es la misma versión que ha mantenido este martes su hijo, que ha mantenido que se trató de una “estafa”.

Otro de los testigos de la primera sesión ha sido Joseba García, hermano de Koldo García, se ha acogido a su derecho a no responder a preguntas de Fiscalía al constar como investigado por la Audiencia Nacional, sí que ha respondido a preguntas de su abogada. En un largo interrogatorio ha explicado que si bien él no era jefe en Ineco de Jésica Rodríguez, la expareja de Ábalos que fue contratada en dos empresas públicas gracias a la intermediación del exministro, sí que eran “buenos compañeros” y que le constaba que ella sí que trabajó porque se cruzaron mensajes sobre la carga de trabajo que tenían.

Su versión contradice a la de la mujer, que en su declaración durante la investigación reconoció que había cobrado un sueldo de dos empresas públicas a pesar de que nunca acudió a su puesto de trabajo ni realizó actividad laboral alguna, salvo un curso inicial de riesgos laborales. Y que, a pesar de ello, cobró más de 43.000 euros en salarios públicos. 

Además, Joseba García ha indicado que la ayudaba con trámites administrativos como rellenar partes, anotar sus días de vacaciones, el uso de cheques gourmet y que, incluso, le hizo favores personales como cuidarle el gato cuando ella estaba de viaje. Además ha comentado que, contrariamente a lo que sostuvo en instrucción Aldama, el comisionista sí que conoció a la entonces pareja de Ábalos porque les vio en dos ocasiones juntos y que, de hecho, él mismo recibió un sobre con 400 euros de manos del empresario para que se los diera a Jésica Rodríguez.

Más allá de esto, sobre los dos viajes a Republicana Dominicana que realizó y que constan en la causa como supuestos viajes relámpagos para recibir dinero de empresas vinculadas a Aldama, Joseba García ha reconocido que, si bien él viajó para conocer a la que es ahora su pareja y por atar un negocio relacionado con la pitaya, también le hizo el favor a Aldama de recoger un sobre en el que él creía que había documentación.

Esto lo llegó a hacer en dos ocasiones. En cuanto al viaje de Benidorm a Valencia en el que fue interceptado por la Guardia Civil cuando portaba un sobre para el exministro Ábalos, Joseba García ha explicado que si bien no estuvo presente en el registro de la furgoneta que conducía, cuando le devolvieron las llaves sí que pudo constatar que el sobre que llevaba a nombre del exministro había sido abierto.

A preguntas de la defensa de Koldo García, su hermano también ha tratado de justificar el incremento en su patrimonio sin justificar que reflejan los informes de la UCO. Ha insistido en que ese incremento se debe a su empleo —cobraba 70.000 euros al año—, a una pensión, una indemnización por accidente y algunas operaciones inmobiliarias que llevó a cabo hipotecándose.

Joseba García también ha admitido que acudió hasta en dos ocasiones a la sede federal del PSOE en Madrid a recoger sobres con dinero procedentes de las liquidaciones de gastos que su hermano y José Luis Ábalos, que en ese momento era Secretario de Organización, pasaban al partido.

Según su relato, allí se encontraba con la trabajadora del PSOE Celia Rodríguez quien le facilitaba los sobres. Supo que era dinero porque ella cerraba los sobres delante de él antes de entregárselos. No obstante, Joseba García no ha especificado de qué cuantía eran los billetes. “Yo no abro los sobres de nadie. Los cojo y creo que se los entregué a Patricia [Uriz]”, ha afirmado. En ese momento, Patricia Uriz era secretaria de Ábalos en el Ministerio.

Ni Cospedal, ni anulación del juicio. El tribunal del caso Kitchen no ha esperado a la sentencia para resolver las cuestiones previas planteadas por las partes en la primera y segunda jornada de la vista oral. Los tres magistrados han decidido no retrotraer las actuaciones para poder incluir en el caso como investigada a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, ni al propio partido como responsable civil subsidiario. Alega el tribunal que esa decisión es competencia exclusiva del juzgado y su titular actual, Antonio Piña, desestimó recientemente la petición del PSOE, la misma que los socialistas plantearon este lunes al tribunal de Kitchen.

La acusación popular del PSOE alegó un informe de Asuntos Internos que hace casi tres años pidió una valoración al juez de la Audiencia Nacional sobre unos indicios que los socialistas consideran nuevos y sobre los que el magistrado no se había pronunciado. Ese informe aportaba tres audios y en uno de ellos Cospedal admitía a Villarejo que tenía acceso a los informes policiales del caso de la caja B antes que el magistrado del caso, Pablo Ruz. El juez Antonio Piña consideró que no había indicios suficientes para volver a imputar a Cospedal.

Este martes, la presidenta del tribunal de Kitchen ha reprochado al PSOE que intente “bordear la decisión del magistrado instructor” y acuda al tribunal en pleno juicio. “Eso no es correcto”, ha zanjado Teresa Palacios.

Respecto a la petición de que el PP pase a considerarse beneficiario a título lucrativo de la operación Kitchen –como máximo beneficiario de una operación para sabotear una causa judicial contra el partido–, la presidenta del tribunal ha explicado que esa figura significa que el señalado tiene un beneficio “oneroso”. Esto es, su beneficio se debe poder medir en términos materiales. “No estamos hablando de eso. Más que un beneficio fue un perjuicio a las arcas del Estado”, en relación al desvío de fondos públicos para la operación a través de los gastos reservados.

De igual modo, el tribunal ha rechazado no ser competente para juzgar el caso Kitchen, como apuntaban las defensas. Estas alegaban que la carpeta Kitchen fue “un hallazgo casual” y que no había “conexidad” con el resto de encargos al comisario, realizados por particulares, por lo que debía ser investigado y juzgado en un tribunal ordinario. En este punto, los magistrados han asumido el criterio del fiscal Anticorrupción, que en su intervención había recordado que Villarejo sí que recibió un encargo para sabotear el caso Gürtel y una oferta de 15 millones de euros a cambio. Y que ese ofrecimiento es parte de la investigación de Kitchen, lo que asegura la conexidad con el resto de piezas y, por tanto, la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarlo.

Al tribunal le “duelen” los retrasos

Las defensas también habían recurrido a un motivo de nulidad habitual en estos casos, las dilaciones indebidas. Los hechos juzgados se remontan a 2013 y la investigación comenzó en 2018, hace ocho años. “La dilación no es solo para los acusados también para todos los acusados si se manda a otro tribunal distinto”, ha argumentado Teresa Palacios, en alusión a la petición de los abogados de las defensas que, por una parte, pedían mandar la causa a otro tribunal, con los consiguientes retrasos, y por otra pedían un procedimiento nulo por los que ya ha sufrido.

“A los primeros que les duele cuando a la justicia tiene este aquilatamiento temporal es a los propios tribunales. No queremos contribuir a que esto se alargue más. Hace dos años se señaló el juicio y ya tocaba. No ha podido ser antes porque había causas con preso”, ha explicado la magistrada Palacios.  

Turno para la Fiscalía Anticorrupción en la segunda jornada del juicio por el caso Kitchen. Su representante, César González Rivas, ha rechazado la petición del PSOE de que María Dolores de Cospedal vuelva a ser investigada y que el PP sea juzgado como responsable civil a título subsidiario, como principal beneficiario de un operativo parapolicial destinado a destruir pruebas de su financiación irregular o caja B. El fiscal ha argumentado que la casa contra Cospedal y su ex marido Ignacio López del Hierro quedó sobresíeda y el tribunal “no tiene capacidad para revocar esa situación procesal”.

La acusación popular que ejerce el PSOE intentó el lunes que el tribunal le concediera lo que el sucesor de Manuel García Castellón le había negado en el juzgado recientemente: valorar el contenido de un informe de Asuntos Internos que había estado en un cajón dos años y volver a investigar a la ex secretaria general del PP, al propio partido y al ex marido de la primera.

En ese informe, Asuntos Internos incluía audios de Villarejo con lo que los socialistas entienden que son “nuevos indicios”. El juez argumentó que algunos de esos indicios ya se conocían y que el resto, como una conversación en la que Cospedal reconoce que tenía los informes policiales de la caja B antes que el juez, no tenían entidad suficiente.

“María Dolores de Cospedal y su marido quedaron fuera del de apertura de juicio oral (...) La causa contra ellos se encuentra sobreseída y por tanto el órgano de enjuiciamiento no tiene capacidad para revocar esa situación procesal”, ha defendido González Rivas. Es el mismo argumento que ha utilizado el fiscal para la petición de considerar responsable civil al PP.

“Kitchen es un proyecto más de Villarejo”

El fiscal ha rebatido también las cuestiones previas de las defensas respecto a la petición de anulidad del juicio porque la Audiencia Nacional no es el tribunal competente. Alegaban las defensas que Kitchen no tiene conexidad con el resto de piezas de la macrocausa Villarejo, que la única relación es que está investigado también el comisario pero que los delitos que se persiguen en esta no son competencia de la Audiencia Nacional. El fiscal ha recordado que Villarejo mantuvo reuniones con un abogado fallecido, Ignacio Peláez, quien le encargó tumbar el caso Gürgel y recibir a cambio 15 millones de euros.

El fiscal González Rivas alegó que ese proyecto, que Villarejo bautizó como SMP, fue objeto de la investigación de Kitchen y es lo que conecta este encargo con el resto. El representante del Ministerio Público ha reconocido que García Castellón no lo incluyó en el auto de apertura de juicio oral pero que eso queda subsanado por las referencias incluidas en un escrito que debe ser siempre más detallado, el de la propia Fiscalía.

Además, tanto Villarejo como García Castaño, El Gordo, utilizaron Kitchen para tener una coartada con la que justificar el encargo privado llamado SMP y que esto también fue objeto de interrogatorios e informes policiales. En este punto ha recordado cómo Villarejo amenazó con tirar del “menaje de cocina” ante el director de la Policía Ignacio Cosidó. “Fue un elemento de presión para garantizarse la impunidad”, ha dicho el fiscal.