La estrategia del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García para camuflar como procesos selectivos ordinarios la colocación de dos mujeres de su círculo íntimo en empresas de la órbita del Ministerio de Transportes se resquebraja ante el peso de los testimonios escuchados en las dos primeras jornadas del juicio.
A las declaraciones de las dos beneficiadas por estos contratos reconociendo que cobraron sin trabajar, se suman las afirmaciones de media docena de cargos de esas compañías que, con mayor o menor detalle, han evidenciado la excepcionalidad de las contrataciones y de la situación de ambas en las empresas públicas en las que recalaron gracias a la influencia del entonces ministro y quien fuera su mano derecha, según la tesis de la Fiscalía.
La contratación “arbitraria” de ambas en Ineco, Tragsatec y Logirail en la época en la que Ábalos estaba al frente del Ministerio de Transportes centra la acusación por el delito de tráfico de influencias que las acusaciones atribuyen al que fuera ministro y su asesor. Además, en relación con la expareja de Ábalos Jésica Rodríguez, el Ministerio Público considera que ambos cometieron un delito de malversación porque tenían conocimiento de que fue contratada y percibió salarios de Ineco (34.477,86 euros) y Tragsatec (9.500,54 euros) sin acudir ni un solo día a su puesto. Las acusaciones populares, algunas vinculadas a la extrema derecha, ven también un delito de prevaricación en sus contrataciones.
Frente a estos testimonios, la estrategia de los abogados de Ábalos y Koldo García ha consistido en tratar de que los diferentes responsables de Ineco, Tragsatec y Logirail certifiquen ante el tribunal que hubo entrevistas, que se analizaron sus currículums y que los trámites burocráticos fueron normales, al menos en apariencia. Entre las bazas de la defensa está también tratar de evidenciar la poca entidad y cualificación de los puestos asignados a ambas, donde cobraban apenas el salario mínimo.
Ante el tribunal, la propia Jésica Rodríguez afirmó que estuvo contratada durante dos años y medio en dos empresas públicas, pero que no llegó a realizar tarea alguna y que el entonces ministro era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, afirmó.
Por su parte, la militante del PSOE Claudia Montes, la segunda beneficiaria de esos contratos, afirmó que trabajó y mucho en la filial de Renfe Logirail —“más de 80 horas” extras al año—, aunque confesó también que hubo una etapa en la que iba a la biblioteca a coger libros sobre trenes que leía en horario laboral. Dos cargos de la empresa llegaron a confirmar que casi se le expedienta por su absentismo.
Sobre su llegada a las empresas públicas, Jésica Rodríguez admitió que si acabó en Ineco fue porque el político le recomendó que “cotizara algo” mientras estudiaba. “Yo realmente no tenía ni idea, no sabía ni que Ineco fuera empresa pública ni nada (...). Yo fui con Koldo García a una entrevista y ya”, explicó.
Claudia Montes, por su parte, afirmó que cuando se quedó sin trabajo en 2019 se lo comentó al entonces ministro porque eran amigos, y que él le envió un par de enlaces de un portal de ofertas de empleo. Pero negó que entonces tuviera conocimiento de que el propio Ábalos o su asesor Koldo García hubieran operado a su espalda para que fuera contratada. “Ábalos nunca me dijo 'oye te he enchufado', nunca me lo dijo”, enfatizó.
Cargos de empresas públicos
Durante estas dos primeras jornadas de juicio, el tribunal ha escuchado también a una docena de funcionarios y cargos de las empresas públicas que han evidenciado la singularidad de las contrataciones de ambas y de sus trayectorias en esas empresas de la órbita de Transportes.
Jésica Rodríguez estuvo a sueldo de Ineco durante casi dos años sin ir a trabajar, según admitió ella misma. Su llegada a la compañía no siguió el procedimiento habitual, según reconoció Ana Araceli Arigita, una de las responsables de reclutamiento de Ineco. Ante los magistrados, esta funcionaria explicó que aunque ella misma se encargó de citarla para una entrevista, ese trámite nunca llegó a producirse. “Lo supe a posteriori”, indicó para luego añadir que todo se hizo más rápido de lo habitual en esos procesos de selección.
Después, en la tecnológica nadie se percató del absentismo de Jésica Rodríguez. “A los ojos de Ineco, esta persona prestaba sus servicios. Fue una sorpresa su declaración”, afirmó la actual secretaria general de la compañía, Amparo Monterrey, que trató de justificar que desde el usuario de Jésica Rodríguez se completaron los partes de trabajo y el control horario. La tesis de las acusaciones es que fue el hermano de Koldo García, Joseba, el que se encargaba de hacer esa labor burocrática. Aunque, para él, solo estaba haciendo un “favor” a una compañera.
Otra de las responsables de Ineco que dirigía el proyecto en el que estaba Jésica Rodríguez, María Dolores Tapia, explicó que en todo caso el responsable de controlar que trabajara era de Adif, que ejercía como cliente. Y que desde Ineco sólo sabían que era un perfil de administrativo, y por tanto, quien llevaba el peso del día a día era del responsable de Adif, en este caso Ignacio Zaldivar. En todo caso, matizó que nunca recibieron incidencia por parte del cliente.
Uno de los testimonios más desfavorables para las defensas fue el de Virginia Barbancho, la responsable de Tragsatec que controló en 2021 si Jésica Rodríguez trabajaba realmente en esa empresa pública. La funcionaria mantuvo que cuando vio que la mujer a la que le presentaron primero como “sobrina” de Koldo y después como “sobrina” del ministro no completaba ni siquiera el fichaje en el teletrabajo y tras perseguirla como si jugaran “al gato y el ratón” elevó el problema tanto a sus superiores en Tragsatec como en Adif, que actuaba como cliente en ese caso.
Según el testimonio de Barbancho, en su empresa le recomendaron que “dejara en paz” a Jésica Rodríguez, algo que nunca le había pasado, mientras que en el gestor ferroviario le respondieron que desde la Presidencia, que entonces ostentaba Isabel Pardo de Vera, habían pedido que la dejara de molestar.
Sobre ese episodio también declaró este miércoles el ex director de gestión administrativa de Adif Ignacio Zaldivar quien señaló que recibió llamadas en dos ocasiones de la entonces presidenta de Adif en las que le indicaba que el ministro Ábalos se había comunicado con ella porque “estaban molestando” a Jésica Rodríguez.
Zaldivar era el responsable de Adif que controlaba el proyecto para el que trabajaba Jésica Rodríguez. A preguntas del fiscal jefe Antocorrupción, Alejandro Luzón, comentó que en la primera de las ocasiones se puso en contacto con responsables de Ineco que le trasladaron que el problema había surgido al intentar comunicar con ella para hacerle llegar unos cheques de comida. Y así se lo hizo saber a Pardo de Vera. La segunda ocasión se produjo ya cuando Rodríguez, a la que calificó de “altiva y soberbia”, estaba en Tragsatec, pero esa vez, tras hablar con responsables de esa entidad no obtuvo respuesta.
También el que fuera responsable de asesoría jurídica de Tragsatec admitió ante el tribunal que el problema con Jésica Rodríguez fue que nadie controló o monitorizó su día a día.
Un puesto “inadecuado”
Respecto a Claudia Montes, los jueces escucharon este miércoles los testimonios de quienes fueron directores gerentes de Logirail en la época en la que estuvo contratada. José Ángel Méndez, que ocupó ese puesto en la época en la que se fraguó la entrada en la compañía, admitió que el correo de la militante socialista llegó a Logirail directamente a través de su matriz, Renfe, aunque a su juicio era un procedimiento relativamente habitual. Su sucesor, Óscar Gómez Barbero, llegó a justificar incluso el absentismo laboral de Claudia Montes con el argumento de que se la había situado en un lugar “inadecuado”.
Sobre cómo acabó Montes en Logirail, el expresidente de Renfe Isaias Taboas indicó que recibió su currículum de Koldo García, quien entonces era consejero de la empresa de ferrocarriles y que además le habló previamente del asunto. Él envió ese documento a recursos humanos: “El proceso estándar normal es que recibía un currículum y lo enviaba a recursos humanos de Renfe para ver si era útil. Y en este caso debí hacer lo mismo”.
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