CCOO denuncia que la FP en Cantabria avanza hacia un modelo “desigual y privatizado”

Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado este miércoles que la Formación Profesional (FP) en Cantabria evoluciona hacia un modelo “más desigual”, con una “excesiva privatización” donde el coste por curso puede triplicar el Salario Mínimo Interprofesional y sostenido por una sobrecarga del profesorado.

Así lo han expresado en rueda de prensa la secretaria de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, y el responsable de FP, Rafael Medina, tras detectar un crecimiento de la FP privada y concertada -el 30,2% del total en la comunidad- y que títulos con “muchísima demanda tengan una oferta pública raquítica frente a la explosión de centros de pago”.

Otro de los aspectos que han criticado ha sido la aplicación de las instrucciones del curso 2025-2026 en materia de prevención de riesgos laborales porque, a su juicio, el profesorado está asumiendo directrices que no le corresponden, como el mantenimiento de maquinaria o la certificación de su seguridad.

A ello se suma, según el sindicato, la falta de medidas reales en prevención de riesgos laborales sin apenas revisiones médicas periódicas y específicas para los docentes de FP o la falta de Equipos de Protección Individual (EPI's) y de personal laboral técnico en prevención de riesgos laborales.

Sobre la situación del profesorado de apoyo, ambos representantes de CCOO han alertado de que sufre “ceses fulminantes”, sin respetar siquiera los 15 días de preaviso y de que existe una falta de transparencia en unos criterios de asignación que califican de “arbitrarios”, porque no respetan el orden de las listas de interinidad.

Por último, CCOO ha mostrado su preocupación por el modelo derivado de la Ley Orgánica 3/2022 y el Real Decreto 659/2023, al considerar que impone una dualización forzosa que vacía de contenido los centros públicos para “regalar mano de obra precaria” al mercado, bajo un marco legal deficiente.

Al aumentar las horas en empresa, de 400 a 500 y de 240 a 400, sin un contrato laboral en la modalidad general, se produce, a juicio del sindicato, una indefensión jurídica y un fraude en la formación, ya que se desplaza parte de la evaluación hacia las empresas.