El PP se apropia de la inauguración 'fantasma' del nuevo centro de salud de Huesca

La apertura del centro de salud Ramón y Cajal de Huesca, una infraestructura largamente esperada en el barrio del Perpetuo Socorro, ha derivado en un conflicto político y social que trasciende lo simbólico. Lo que debía ser la culminación de una reivindicación vecinal sostenida durante cuatro décadas se ha visto empañada por una gestión institucional que las asociaciones consideran errática, excluyente y orientada al rédito político del Gobierno de Aragón, en manos del PP.

La Comisión Permanente de la Coordinadora de Asociaciones y Entidades del barrio ha expresado su “firme malestar” por la forma en que el Ejecutivo autonómico organizó la inauguración oficial del centro. El acto estaba previsto en un primer momento para el 27 de febrero, lo que llevó a modificar agendas médicas y cancelar consultas para facilitar la presencia institucional. Sin embargo, el Gobierno de Aragón lo suspendió a última hora alegando “motivos de agenda”, sin ofrecer alternativa ni nueva fecha.

Las consecuencias fueron inmediatas y cuantificables. Según la Coordinadora, se desprogramaron en torno a 200 consultas, afectando tanto a pacientes como a profesionales sanitarios. “Se usurpó el derecho a la asistencia por un protagonismo político”, denuncian, subrayando que la decisión generó “trastornos innecesarios y expectativas frustradas”. La crítica apunta directamente a la planificación: no se trató de una incidencia inevitable, sino de una decisión política que impactó en la atención sanitaria.

El malestar no terminó ahí. Un mes después, el 26 de marzo, el presidente autonómico en funciones, Jorge Azcón; el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero; y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, realizaron una visita institucional al centro. Esa visita, interpretada como una inauguración de facto, se produjo sin convocar a las asociaciones vecinales que habían liderado la reivindicación histórica del equipamiento.

La Coordinadora denuncia que tampoco fueron invitadas otras entidades directamente afectadas por el nuevo centro como las asociaciones de los barrios de Santo Domingo y San Martín o del Casco Antiguo, cuyos vecinos también dependen de esta infraestructura. La exclusión no fue solo social, sino también institucional: no asistieron representantes del anterior Gobierno de Aragón presidido por Javier Lambán, que impulsó el proyecto, ni el subdelegado del Gobierno en Huesca, pese a que la obra ha sido financiada con fondos estatales.

En concreto, el Ministerio de Sanidad aportó 7,5 millones de euros a través del Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria aprobado en 2023. El subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, ha denunciado públicamente lo que considera una exclusión deliberada. En un comunicado, lamentó “el esfuerzo reiterado” del presidente Azcón y del consejero Bancalero por evitar la presencia del Gobierno de España en los actos relacionados con el centro. “Lo que es un ejemplo de colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía de Huesca se ha convertido en un ejercicio de promoción personal y política”, afirmó.

Campo añadió un elemento relevante: la inauguración realizada el 26 de marzo no fue comunicada ni a la Subdelegación ni al Ministerio de Sanidad pese a tratarse de una infraestructura financiada íntegramente con fondos estatales y levantada en un solar cedido por el propio Gobierno de España. El propio Azcón reconoció en sus declaraciones la aportación estatal, lo que, según el subdelegado, evidencia que la omisión fue consciente.

Mientras tanto, el Gobierno de Aragón ha defendido las bondades del nuevo centro. Destaca su tamaño, con cerca de 4.000 metros cuadrados, y su capacidad para unificar servicios que antes estaban dispersos. El equipamiento cuenta con 14 módulos de Medicina de Familia, tres de Pediatría, áreas de diagnóstico, salud mental, rehabilitación y cirugía menor, y atiende a más de 17.000 tarjetas sanitarias, aproximadamente el 30% de la población de Huesca.

Sin embargo, estos datos no han servido para neutralizar la crítica de fondo. Las asociaciones vecinales insisten en que el problema no es la infraestructura, sino su instrumentalización política. Recuerdan que el centro no es una iniciativa reciente, sino el resultado de décadas de movilización vecinal. Por ello, consideran especialmente grave haber sido excluidas de los actos institucionales y reclaman que se actúe con “responsabilidad, planificación, transparencia y respeto”.

Pacientes oncológicos sin consulta en Barbastro

El contraste entre la dimensión técnica del proyecto y su gestión política es uno de los ejes del conflicto. La apertura del centro representa una mejora objetiva en la atención primaria de la ciudad, pero la forma en que se ha gestionado su inauguración ha erosionado la relación entre instituciones y tejido social. Ese deterioro se produce en un contexto más amplio de tensión en el sistema sanitario de la provincia, especialmente en el Hospital de Barbastro, cuya situación evidencia problemas estructurales que van más allá de la polémica en la capital.

El episodio más reciente se produjo esta semana, cuando pacientes oncológicos se quedaron sin consulta ni tratamiento de quimioterapia debido a la ausencia de especialistas. El hospital cuenta con tres oncólogos, pero dos están de baja y el único disponible sufrió una indisposición repentina. La falta de previsión impidió activar una alternativa en tiempo útil.

La consecuencia fue que pacientes procedentes de distintas localidades del sector sanitario, con algunas a más de una hora de distancia, tuvieron que regresar a sus casas sin recibir tratamiento. La diputada de Chunta Aragonesista Verónica Villagrasa calificó la situación de “inadmisible”, subrayando el impacto que tiene en personas que dependen de tratamientos continuados.

El Departamento de Sanidad ha explicado que se trata de una incidencia puntual y que el servicio está siendo cubierto con apoyo del Hospital San Jorge. Sin embargo, los problemas de fondo son conocidos y persistentes: dificultades para cubrir plazas, dependencia de refuerzos y una planificación que no siempre responde a las necesidades reales.

A estos problemas asistenciales se suma una crisis interna reflejada en múltiples dimisiones. En los últimos meses han dejado sus puestos el gerente sanitario de Huesca y Barbastro, Luis Canalejo; el director del hospital, Juan Eito; responsables de urgencias, enfermería y otros servicios. La dimisión más reciente es la del jefe de Urgencias, Juan Magallón, tras más de veinte años en el centro.

Aunque el Departamento de Sanidad atribuye estas salidas a “motivos personales”, desde distintos ámbitos se cuestiona esa versión. José Luis Parra, de Chunta Aragonesista Somontano, sostiene que “el goteo de ceses y dimisiones tiene que ver poco con la casualidad” y lo vincula a “la nefasta gestión de Bancalero”. A su juicio, existe una “crisis estructural” en el hospital de referencia para buena parte del Alto Aragón.

Las cifras refuerzan la dimensión del problema. El Hospital de Barbastro atiende a más de 110.000 personas repartidas en más de 8.500 kilómetros cuadrados, incluyendo comarcas como Sobrarbe, Ribagorza o Bajo Cinca. La dispersión geográfica convierte cualquier fallo en la organización sanitaria en un problema de acceso real a la atención. Plataformas ciudadanas y juntas de personal han denunciado “falta de profesionales, planificación y transparencia”, alertando de un “progresivo vaciamiento” del centro. También han criticado recortes de personal en servicios sensibles como la UCI, especialmente en turnos nocturnos.

El Gobierno de Aragón ha respondido anunciando la incorporación de nuevos profesionales: 23 médicos en 2025 y 46 plazas en proceso para 2026. Sin embargo, estas medidas aún no han tenido un impacto tangible en la percepción ciudadana, marcada por episodios como la suspensión de consultas oncológicas o las largas esperas en urgencias.