Los expertos advierten sobre concertar el Bachillerato en Aragón: es una medida contraria a la ley y fomenta la desigualdad

La decisión del Gobierno de Azcón de incluir los conciertos del Bachillerato para el próximo curso ha provocado numerosas reacciones en contra, tanto por las condiciones del Ejecutivo para adoptar la medida como por los efectos tendentes a vulnerar la equidad.

Contra la medida, la escuela pública de Aragón ha decidido presentar un recurso y solicitar medidas cautelares para paralizar la orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) de cara al curso 2026-2027. La decisión se cuestiona por posibles dudas sobre su legalidad, dado que el presupuesto está prorrogado y el Gobierno se encuentra en funciones.

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública —integrada por sindicatos, asociaciones y fuerzas políticas de izquierdas de Aragón— llevará la medida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). No obstante, todavía valora cuál es el procedimiento más eficaz: presentar un nuevo contencioso contra la modificación de la orden de 27 de noviembre o sumarse al ya interpuesto por CSIF y STEA, admitido a trámite por el TSJA en enero de 2026.

La secretaria técnica de Fapar, Nieves Burón, ha calificado la decisión de “extraña e irregular, cuando menos”. Además, ha anunciado movilizaciones en la calle: el próximo viernes en Huesca, con motivo del Día de la Escuela Pública, y el sábado en Zaragoza, “que será el primer acto de rechazo, pero habrá más movilizaciones” en defensa de la enseñanza pública.

A juicio de los sindicatos, no se justifican los conciertos cuando la red pública garantiza el acceso equitativo a una etapa no obligatoria y, además, existen actualmente más de 2.500 plazas de Bachillerato sin ocupar en centros públicos de Aragón. Asimismo, recuerdan las carencias que sufre la educación pública, tanto en personal docente y no docente como en infraestructuras.

Los expertos apuntan a un fraude de ley

La posibilidad de recurrir la orden del Departamento de Educación ya había sido señalada por expertos y juristas consultados por elDiario.es, quienes coinciden en que un gobierno en funciones no puede aprobar la concertación del Bachillerato.

La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, Eva Sáenz, ha afirmado que esta medida “no puede tomarse por un gobierno en funciones”, puesto que tiene implicaciones presupuestarias. En este sentido, contempla la posibilidad de recurrirla ante los tribunales solicitando medidas cautelares para su suspensión inmediata, “ya que causa un perjuicio irreparable condicionando al futuro gobierno”. Además, recuerda que no hay garantías de que el próximo Ejecutivo sea del PP: si no prosperan las negociaciones con Vox y no se puede votar la investidura antes del 3 de mayo, habría que convocar nuevas elecciones.

Sáenz subraya que la decisión supone un cambio en el modelo jurídico con implicaciones económicas y que está expresamente prohibido por la Ley del Presidente del Gobierno de Aragón que un gobierno en funciones adopte este tipo de medidas.

En concreto, el artículo 21.3.d del Decreto Legislativo 1/2022, de 6 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón, establece que un gobierno en funciones no puede “aprobar o autorizar convenios de colaboración y acuerdos de cooperación con el Estado y demás Administraciones públicas, así como convenios con entidades públicas o privadas que supongan reconocimiento de obligaciones para la Hacienda de la Comunidad Autónoma, salvo que concurran circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta de ello a las Cortes de Aragón”.

El abogado Sergio Pérez también considera que la decisión excede las capacidades de un Gobierno en funciones y apunta a un posible fraude de ley. A su juicio, se trata de una política de hechos consumados: “Creo que son conscientes de la fragilidad jurídica de la Orden, pero juegan con la baza de la ejecutividad de los actos administrativos y la posible no suspensión judicial. La falta de resolución rápida permitiría la aplicación de la orden y, una vez empezado, es complicado echar abajo el concierto”.

Además, añade que “no es una medida que refuerce la equidad y la igualdad de oportunidades ni mejora la calidad educativa. Da la sensación de intentar forzar a Vox en su peculiar pulso” y recuerda que “es contradictorio cuando se ha constatado que no hay necesidades de escolarización que justifiquen esos nuevos convenios”.

Efecto segregador

Sheila González, investigadora y socióloga de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), advierte por su parte sobre los efectos nocivos de las dinámicas privatizadoras en la educación. Según explica, se trata de movimientos que se van introduciendo de forma progresiva y que acaban “desangelando” la escuela pública; sus consecuencias, aunque aún no son plenamente visibles, terminarán apreciándose con el tiempo.

A su juicio, la concertación del Bachillerato tiene un claro efecto segregador. En este sentido, reflexiona sobre el principio de planificación educativa, que podría acabar vulnerando el principio de equidad. Las familias realizan cálculos sobre el coste de la educación de sus hijos y, al “abaratarse” el Bachillerato, pueden empezar a contemplarlo como una opción cuando antes no lo era. Esto, sostiene, frena el trasvase y la permeabilidad del sistema, dificultando la incorporación de nuevos perfiles a la red pública.

Además, la socióloga subraya que, antes de apostar por la concertación del Bachillerato, debería atenderse al criterio de necesidad. En su opinión, cuando esta no existe —como ocurre en Aragón, donde hay miles de plazas disponibles— se está, en la práctica, financiando oferta privada con fondos públicos y asegurando una línea de continuidad desde la ESO.

González también considera que es una política “muy regresiva” concertar sin exigir una reducción de cuotas a cambio de garantizar la gratuidad o de asumir una función social. A su entender, este tipo de condiciones deberían acompañar cualquier implementación del concierto, cuyo seguimiento, además, suele ser escaso.

Por último, la socióloga señala que estas dinámicas tienden a blindar itinerarios de excelencia que, en la práctica, responden a intereses de clase.

Reacciones políticas

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Alegría, ha pedido que Azcón comparezca en las Cortes para explicar su decisión de privatizar el Bachillerato. Asimismo, ha criticado que un presidente en funciones, “que tiene a la Comunidad Autónoma paralizada desde hace cuatro meses, salga de su hibernación para anunciar la privatización de una etapa educativa que no es obligatoria, cuando además hay miles de plazas libres en la enseñanza pública”. Alegría reprocha tanto las formas como el fondo del anuncio, que, a su juicio, supone un profundo cambio de modelo educativo.

Por su parte, la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha defendido la medida tras el Consejo de Gobierno: “Si se ha llevado a cabo el anuncio de esta medida, que no es nueva y formaba parte de los objetivos de este Gobierno, es porque tenemos la garantía de que cumple con las competencias y la capacidad de un gobierno en funciones”.

Según ha explicado, la consejera se limitó a anunciar que el Bachillerato será concertado el próximo curso y cómo esta medida beneficiará a las familias, “pero hay un procedimiento que nos llevará a ello. Es una fórmula habitual”.

En cuanto a la posible paralización judicial, Vaquero ha asegurado que existe un trabajo previo desarrollado por el Departamento de Educación: “Hay mucho trabajo, un expediente muy elaborado, con la implicación de los propios centros para conocer su disposición”. Además, ha señalado que “no compartimos ese cuestionamiento y esas dudas. Es algo novedoso, pero también muy importante: atender a los derechos de las familias a la libertad de enseñanza. Es una decisión democrática; la intención del Gobierno ya se conoce desde la anterior legislatura y el presidente Azcón, en campaña, ya se comprometió a llevarla a cabo”.