El Gobierno de Aragón se salta la prórroga presupuestaria para concertar el Bachillerato en centros privados

El Ejecutivo de Jorge Azcón ha puesto en marcha el procedimiento para que el Bachillerato concertado sea una realidad en Aragón a partir del curso 2026-2027, a pesar de la situación de prórroga presupuestaria en la Comunidad. El Departamento de Educación ha aprobado una modificación de la Orden de conciertos que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Esta medida habilita la posibilidad de subvencionar hasta 65 unidades en alrededor de una veintena de centros educativos, con un coste estimado de unos siete millones de euros anuales.

El plazo para solicitar estos conciertos será de diez días y la orden contempla también la posibilidad de retroactividad para los centros que ya se presentaron. Según el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, tras la publicación en el BOA los servicios provinciales convocarán las mesas de conciertos para tramitar las solicitudes o ratificar las ya presentadas. “A partir de ese momento saldrá una resolución provisional que suele ser prácticamente igual a la definitiva, en la que ya se indican los centros y las enseñanzas que van a tener concertadas”, ha señalado.

Según han explicado desde el Ejecutivo, la financiación de esta medida se llevará a cabo mediante una modificación en la partida plurianual que ya está aprobada hasta 2031. El coste total es de siete millones de euros, de los que 2,7 se aportarán del presupuesto de 2026, todavía sin presentar ni aprobar.

Este movimiento permite al Ejecutivo sortear la falta de nuevos presupuestos, aunque esta medida no se ha aplicado a otras áreas de urgencia. Mientras se asegura la financiación para que las familias de la educación privada pasen de pagar 400 euros a un máximo de 36 euros mensuales, siguen en suspenso las ayudas destinadas a paliar los efectos económicos de la crisis en Oriente Medio o las inversiones bloqueadas por el actual clima de inestabilidad legislativa en las Cortes.

La normativa establece que los centros que accedan a la concertación deberán cumplir criterios de equidad, programación educativa y atención al alumnado con necesidades específicas, en función de la planificación de la escolarización en cada territorio. La consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, ha defendido que la medida responde al compromiso del Ejecutivo con un “modelo educativo plural” y con la “libertad de elección de las familias”. La medida se iniciará en primero de Bachillerato.

En paralelo, el Ejecutivo mantiene en suspenso otras medidas anunciadas en materia educativa, como la gratuidad de la educación infantil, que el propio Departamento vincula a una mayor complejidad normativa: “Ambas cosas fueron promesas electorales que estamos dispuestos a cumplir y se cumplirá, pero hay que ir adaptándose a las posibilidades de estar, por un lado, en funciones, por otro lado, por la prórroga presupuestaria”.

Rechazo de sindicatos, familias y oposición

Por su parte, la CGT Enseñanza Aragón, segundo sindicato del sector en la educación pública, ha anunciado movilizaciones en respuesta a la decisión. El sindicato ya convocó tres días de huelga el pasado enero contra la expansión de la enseñanza concertada y ha avanzado que decidirá nuevas acciones en asambleas internas. Además, recuerda que existen más de 2.000 plazas vacantes en la escuela pública aragonesa y considera que la inversión prevista supone un uso ineficiente de los recursos públicos.

La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón también ha manifestado su “rotundo y frontal rechazo” al anuncio de la concertación. “Esta organización considera que la medida es totalmente innecesaria, dado que los centros públicos de la comunidad cuentan con plazas suficientes para garantizar la escolarización de todo el alumnado que desee cursar estos estudios”. El sindicato subraya que “destinar dinero público a servicios que la administración ya ofrece de forma gratuita y con excedente de oferta podría considerarse un uso arbitrario de los recursos de la ciudadanía, rozando lo que legalmente se define como malversación de los fondos públicos”. Consideran de “especial gravedad” el hecho de que este anuncio se produzca con un gobierno en funciones y sin presupuestos aprobados. Añaden también que se está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales para denunciar y frenar esta situación en los tribunales.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón ha expresado su “profundo malestar” ante esta medida que “solo se justifica desde un punto de vista ideológico que, es evidente, perjudica notablemente a la Escuela Pública”. También han criticado que está decisión la tome un gobierno en funciones y con los presupuestos prorrogados: “No entendemos que esta decisión se adopte con un presupuesto prorrogado por segundo año consecutivo, que precisa de una inversión de más de siete millones de euros, que de alguna parte deberán detraerse y no será de lo destinado inicialmente a la red concertada, por lo tanto, será en detrimento, una vez más, de la Escuela Pública”. Han acusado al Departamento de tomar decisiones con “alevosía” y de “falta de respeto” a las organizaciones miembros de la Comisión de Garantías de Escolarización de Secundaria (y Bachillerato), entre ellas FAPAR, ya que no se les informó de este cambio que afecta a la oferta educativa del próximo curso.

El Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista ha presentado ya en las Cortes de Aragón una proposición no de ley para frenar la implantación de la concertación del Bachillerato anunciada por el Gobierno de Aragón. CHA considera que esta medida “no responde a necesidades reales del sistema educativo”. Isabel Lasobras ha señalado que “la concertación del Bachillerato puede provocar un desplazamiento de alumnado hacia centros privados, debilitando progresivamente los institutos públicos”. Añade que esta política “incrementa además las desigualdades territoriales y sociales, beneficiando principalmente a centros privados de grandes ciudades, mientras que el alumnado del medio rural sigue enfrentando desplazamientos para continuar sus estudios”. La proposición no de ley de CHA insta al Gobierno de Aragón a “descartar la implantación de conciertos educativos en Bachillerato”; “renunciar a la concertación del primer ciclo de Educación Infantil y avanzar hacia una red pública suficiente”; “reforzar la red pública educativa aragonesa en todas las etapas”; “priorizar la inversión en los centros públicos”; “garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio aragonés”; y “evitar la externalización de las enseñanzas de Formación Profesional”.

El diputado socialista Jorge Pastor ha criticado el “recorte de Azcón a los servicios públicos y en concreto a la educación pública”, con el anuncio del concierto de Bachillerato realizado hoy. El grupo socialista ha registrado una solicitud de información a la DGA sobre la legalidad y oportunidad de un convenio nuevo para la concertación de Bachillerato, “anunciado en periodo de prórroga presupuestaria, con un gobierno en funciones y mientras el gobierno de Azcón sigue recortando servicios públicos”. “El gobierno en funciones de Azcón solo sale de su parálisis para recortar servicios públicos”. Así lo ha dicho este mediodía en rueda de prensa el diputado socialista, Jorge Pastor, quien ha asegurado que el anuncio realizado sobre el concierto de Bachillerato para el próximo curso “supone la asfixia de la educación pública”.

Desde Izquierda Unida Aragón han mostrado su rechazo a la decisión. La coordinadora y portavoz parlamentaria de Izquierda Unida Aragón, Marta Abengochea, ha señalado que “el Partido Popular vuelve a utilizar dinero público para reforzar el negocio de los centros de la Iglesia, en lugar de fortalecer una red pública que ya cuenta con plazas suficientes y de calidad contrastada en el bachillerato”. Izquierda Unida Aragón denuncia además la “contradicción del Ejecutivo”, que justifica la medida apelando a principios de equidad, planificación educativa y atención a la diversidad. “Los conciertos educativos, lejos de garantizar la equidad, generan segregación, no están preparados para atender adecuadamente al alumnado con necesidades específicas y aumentan artificialmente la oferta educativa sin responder a la demanda real”, ha subrayado la portavoz. La formación critica también el contexto en el que se adopta la medida: un Gobierno en funciones, sin capacidad de control parlamentario y con presupuestos prorrogados, que decide modificar partidas para destinar 2,7 millones de euros al primer trimestre del próximo curso. “Esto deja claro cuáles son sus prioridades y a quién sirven: no a las aragonesas y aragoneses, sino a los intereses de determinados sectores privados”, ha afirmado Abengochea.