Hay spoilers que no lo son tanto: en la peli Titanic se hunde un barco, en la serie Narcos matan a Pablo Escobar y en las elecciones vascas gana el PNV. Pero siempre hay quien se molesta con este tipo de spoilers. No tanto porque les hayas contado algo que no sepan -algún despistado hay- sino porque uno de los intríngulis de la ficción es ver una vez más Los puentes de Madison confiando en que esta vez Meryl Streep sí abrirá la puerta de la furgoneta.

Es un poco lo que van a hacer la mayoría de los presentadores de los telediarios, los tertulianos y articulistas durante esta campaña electoral: intentar ponerle un poco de emoción y sentido de trascendencia a la cosa electoral como si no supiéramos el final de una película que hemos visto decenas de veces. Como intentar convencerte de que los Reyes Magos son de verdad cuando ya tienes edad para hacerte porros con una mano. A mí de las elecciones vascas solo me queda la duda de si en Castro ganará el Partido Regionalista Vasco o el Partido Nacionalista Cántabro.

Y todo esto con una pandemia de por medio. Supongo que no quedaba otra que votar -o era ahora o en septiembre-, pero votar en plena pandemia es como que te pidan revisar un Excel cuando estás ocupado con un apocalipsis zombi. No pega. Pega menos que decirle a Arantxa Tapia que no va a salir en el Teleberri. Vamos, que no entran ganas de ir a votar cuando estás más pendiente del parte diario de contagiados que de las encuestas electorales. Hay veces que incluso apetece más comerte un bocadillo de ortigas que participar de esta parafernalia de la fiesta de la democracia.

Nos están contando que estas elecciones serán diferentes por la pandemia, pero insisten en que estemos tranquilos: se garantizarán todas las medidas de seguridad. Los candidatos no podrán acercarse a los ciudadanos, como si los ciudadanos quisiéramos que se nos acercaran los candidatos por la calle. Hay perversiones mucho más entretenidas. Nos cuentan además que no habrá grandes mítines cuando la mayoría de los actos electorales están formados por unos cuantos cargos del partido y una carpa (de Montai si estás entre los elegidos).

Y nos dicen que, como al resto de lugares cerrados, acudiremos al colegio electoral con mascarilla pero, eso sí, podrían hacérnosla quitar para que nos identifiquen a la hora de votar. Yo sólo digo una cosa: que no se les ocurra quitarme la mascarilla en el colegio electoral, que la única ilusión que tengo en estas elecciones es que por primera vez voy a poder votar con la nariz literalmente tapada.

Felipe VI tiene un problema. No es campechano. Es más bien seriote, frío y, en ocasiones, sieso. No sabe hacer bromas en público. Felipe VI no es un cachondo, sonríe como si hubiera entrenado en un curso de telegenia: sonrisa perfecta, pero como otras muchas sonrisas perfectas. En definitiva, Felipe VI no es como su padre, que tenía a la gente en el bolsillo hasta que le dio el caderazo.

Para compensar esta falta de simpatía natural de Felipe VI, sus hagiógrafos nos han trepanado con la idea de que es el rey más preparado de la historia de España (lo que ha dado pie al apodo burlón 'El Preparao') y en su día era anunciado con orgullo como el primer monarca con un título universitario. Felipe VI es muy inteligente, lee mucho, ha estudiado en Estados Unidos. Es el rey perfecto.

Y, sin embargo, en algo tan imprescindible para un rey, como es tener olfato político, parece en ocasiones un aficionado en comparación con su padre.

Una cosa es tener libros y no sé cuantos diplomas colgados de la pared y otra es saber leer con acierto las nubes de humo que se ven en el horizonte de la política española. En eso el rey anterior era un 'político' sobresaliente –aunque su nivel intelectual, como el de Adolfo Suárez, fuera de playmobil–; el rey que tenemos ahora será experto en relaciones internacionales, pero es bastante mediocre en las tareas políticas propias de un rey. Si Juan Carlos sabía bandearse entre unos y otros para forjar su leyenda (en bastantes casos, urbana, y siempre alentada por el silencio cómplice de la mayoría del periodismo español), su hijo fue coronado con la leyenda ya forjada por todo el stablishment, pero se la está dinamitando él mismo. Y no por un escándalo sexual, como suele ser habitual en las monarquías modernas, sino por su impericia política.

Sí. La falta de olfato político de Felipe VI ha provocado que la monarquía se haya convertido en una de las armas que PP y Vox lanzan contra sus adversarios políticos de la izquierda. El reinado de Felipe VI es el último bastión contra los traidores a España (que más o menos son la mitad de España), vienen a decir los líderes conservadores. Lo que no deja en muy buen lugar a la monarquía.

Sin embargo, el rey no es un protagonista pasivo en esta historia.

A raíz de la jarana monárquica-anti-rojos vivida en los últimos días en el Congreso de los Diputados, prestigiosos comentaristas de la opinión pública han acusado a la derecha y la extrema derecha de patrimonializar la figura del rey sin ningún tipo de justificación. Y han presentado al rey como víctima y a los facinerosos derechosos como conspiradores sin escrúpulos. Como si Felipe VI no se hubiera dejado querer durante todo este tiempo. En especial, desde el 3 de octubre de 2017, el día de su famoso discurso sobre Catalunya.

Aquel fue el discurso de la mano dura que exigía la derecha a la derecha de Rajoy, el discurso de rearmar la moral de una España humillada por el golpe de Estado en Catalunya. Fue un discurso político a iniciativa del rey para terminar con los titubeos de Rajoy: las crónicas cuentan que Mariano, siempre prudente, le recomendó que leyera una parte en catalán, pero Felipe VI lo rechazó. Tampoco hubo referencia a los manifestantes pacíficos heridos por las cargas policiales. No se pronunció la palabra diálogo.

El rey quería el discurso histórico del golpe de Estado de Tejero de su padre –una analogía repetida en la derecha española y en la no tan derecha española– pero, al final, resulta que según el Tribunal Supremo no existió un golpe de Estado ni una violencia generalizada ni rebelión, lo que ha dejado el discurso de Felipe VI, y en consecuencia su olfato político, en una posición bastante engorrosa. Por no obviar que, apenas dos años después, hay un diálogo abierto entre el Gobierno de España y los independentistas. Otra que no vio venir el rey. Y van unas cuantas.

Los enemigos de España están donde menos te los esperas. Antes estaban en los escraches, las plazas, en Cataluña, en las manis feminazis o en las sentadas antidesahucios. Tú antes veías a Willy Toledo y decías, tate, enemigo de España. ¿Un tío con coleta? Enemigo de España. No fallaba. Los veías venir. Pero ahora ni siquiera hace falta ser comunista o hablar vascuence: los enemigos de España están por todas partes, camuflados, vestidos como las personas normales. Los enemigos de España están hasta en Teruel.

Teruel es el último en entrar en el Hall of Fame de los enemigos de España. En las redes sociales le han montado incluso un boicot para que no se les compre jamón ni melocotones. Al parecer, el problema está en que la formación política Teruel Existe va a apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez -otro enemigo de España según la época del año- a cambio de desbloquear infraestructuras pendientes y medidas contra la despoblación (como paralizar el cierre de taquillas de Renfe en la España vaciada). Teruel Existe ha cometido el pecado político de hacer lo que le pedían sus votantes en vez de hacer lo que le piden los tertulianos de derechas de Madrid que, como todo el mundo sabe, es la única forma de hacer política de bien en España sin que te llamen enemigo de la patria.

Antes de este zarpazo a la esencia de España, en Madrid -y en los satélites de la visión 'madridcéntrica' del resto de España- ya estaban muy preocupados con el fenómeno de Teruel Existe. ¿Y si ahora a cualquiera se le ocurre montar un partido para defender sus intereses regionales al margen de los partidos que nos hemos dado entre todos? Qué horror, dicen. Los intereses generales supeditados a las obsesiones localistas, como si esos intereses generales no hubieran sido para ciertas zonas de España todo menos generales. Abrenuncio, no vale montar un partido para intentar resolver los problemas que otros partidos no han podido resolver.

Quizás nazcan unos cuantos Teruel Existe por media España, temen ahora. La gente tiene unas cosas muy raras. Con lo bien que se gobierna desde Madrid con su dumping fiscal para derruir todo lo que crece a su alrededor, con su esquema de tren de alta velocidad generador de ciudades dormitorio, con su casta política adocenada en los reservados de restaurantes, con sus encarguitos a Villarejo, con sus diputados de provincias que olvidan sus provincias para hacer una carrera política de verdad y dejar de hablar de regadíos y carreteras comarcales.

Lo irónico del boicot a Teruel es que llega después de un porrón de años de boicot a Teruel. Porque lo de los turolenses y otros pueblos de España quejándose de su ostracismo queda muy bonito para los telediarios de los domingos y para que salgan en España Directo explicando su gastronomía local. Ahora bien, lo de hacer política, eso es para los mayores. Teruel, desiste. Aunque yo más bien les diría: Teruel, insiste.

Bastantes problemas tenemos ya en España y ahora se nos quiere independizar Escocia. Mira que hemos tenido suficiente con el desafío catalán y ahora tienen que venir los nacionalistas escoceses a decir que también se quieren largar. La victoria aplastante de los nacionalistas en Escocia no nos pilla en nuestro mejor momento. España se rompe y según portavoces parlamentarios de prestigio estamos peor que cuando ETA pegaba tiros.

Y por si todo esto fuera poco, se nos está desmembrando ese patriotismo español-madrileño-y-un-poco-de-Castilla sobre el que habíamos construido la idea de España. Y empiezan a aflorar partidos regionalistas por media España reclamando que no todo en este país se decida en el palco del Bernabéu. Hasta Teruel tiene un diputado que dice que Teruel existe, como si no lo supieran los que se han esforzado en que parezca que no existe. Menos mal que Urkullu tiene menos ganas de liarla que de entrar este sábado en un karaoke.

Y ahora los escoceses. Otra vez. Parece haber pasado una eternidad, pero en septiembre de 2014 Escocia celebró un referéndum que perdieron los independentistas y ganó el unionismo con el 55% de los votos.

Qué tiempos aquellos. 2014. El año que vivimos frenéticamente. El bipartidismo vivía sus últimos momentos de gloria. Nacía Podemos para tumbar al régimen del 78 antes de que se convirtiera en un personaje un poco díscolo del régimen del 78. Pedro Sánchez alcanzaba el liderazgo de su partido por primera vez, pero como chico de los recados de Susana Díaz. El rey abdicaba y cedía la corona a su hijo que no era campechano y que con el tiempo tampoco disimularía ser neutral. Y en Cataluña todavía existía la posibilidad de no acercarse al precipicio pero a Rajoy siempre le pillaba mal tomar la iniciativa. Es lo que tiene que haya fútbol todos los días. Ah, y la Pantoja entró en la cárcel.

Sí, aquel 2014 de locos, Escocia celebró un referéndum de independencia tras un acuerdo entre el gobierno escocés y el del Reino Unido, y las tertulias de Madrid se tomaron el acontecimiento con todo menos con flema británica. Insistían los políticos de Madrid y sus portavoces mediáticos -para esto da igual que sean de izquierdas, de derechas o mediopensionistas- que no se podía comparar Escocia con Cataluña, ni el Reino Unido con España, lo cual era cierto en gran medida, pero tampoco parecía suficiente para defender que la única respuesta de Madrid a lo que le llegaba de fuera de Madrid fuera la nada, o en su defecto, la porra.

Ahora, cinco años después, tendremos que esmerarnos más en el argumentario contra el referéndum escocés. Que el nacionalismo es malo no vale porque en España todos somos nacionalistas de una u otra manera. Que Escocia se saldrá de la Unión Europea si se independiza tampoco tiene mucho recorrido porque quieren votar para intentar no salirse de la Unión Europea. Que será un desastre económico pierde algo de fuerza después de haber insistido en que el desastre económico es el Brexit y no lo contrario. Maldita sea. Menos mal que siempre queda el argumento más exitoso de todos: el referéndum no debe celebrarse porque no.

Noqueada por la crisis de los 40 o para evitar pasar tiempo en casa, una parte de mi generación se está preparando para correr maratones. Otros llevamos desde hace unos días preparándonos para ver en Netflix la última película de Martin Scorsese: 'El Irlandés'. Los primeros saben cuándo correrán la carrera, tienen tablas de entrenamiento, tiempos marcados. Los segundos andamos desorientados y no encontramos el momento adecuado para ver del tirón las tres horas y media que dura la película.

El reto no es sencillo. En primer lugar, uno tiene que estar descansado para una película tan larga. Y no es fácil. Un amigo –que tiene dos curros para poder salir adelante y llega a casa como si hubiera pasado el día parando los pies al fascismo en el Frente del Este– lo ha intentado en tres ocasiones y las tres veces el sueño le ha golpeado con un mazo. Otro colega con el que comparto confidencias cinéfilas está más o menos como yo: agotado por el trabajo y el resto de obligaciones de la vida cotidiana. Estamos pensando pillarnos una excedencia para ver la peli. La excedencia Scorsese.

El trabajo que nos exprime la vitalidad a cambio de cuatro euros no es el único problema. Uno tiene que aislarse del mundo durante tres horas y media: desenchufar el teleportero y el teléfono fijo de casa, bajar las persianas, no dar señales de vida que puedan invitar a un vecino a pedirte huevos para la tortilla. Nada que interrumpa tan sagrada misión.

Y lo más difícil todavía. Tienes que apagar el teléfono móvil durante tres horas y media. No vale ponerlo en silencio porque ya sabemos lo que pasa: al rato, uno está con un ojo –y su parte correspondiente de cerebro– puesto en las notificaciones. El móvil, apagado. Con los peligros que eso conlleva, claro. Es muy probable que cuando termines de ver la película y lo enciendas, tu familia se esté preguntando si te has mudado a Sotosalbos o en las tertulias de la tele estén echándote la culpa de que no se haya podido formar Gobierno. Tres horas y media sin responder whatsapps es el equivalente a bajar a comprar tabaco y no volver del siglo pasado.

Sin embargo, no recuerdo tanto alboroto con 'JFK: Caso abierto' (Oliver Stone, 1991), 'La lista de Schindler' (Steven Spielberg, 1993) o 'Bailando con lobos' (Kevin Costner, 1990). La película es larga, se decía sin mayores aspavientos; ahora la descripción viene con tono de advertencia grave: ten cuidado, la película es larga, coge provisiones, cuando podamos iremos a rescatarte.

Es tan larga ‘El Irlandés’ que hay a quien ya se le ha ocurrido cómo trocearla en pedazos más o menos comprensibles para visionarla como si fuera una serie. No es algo nuevo. En algunas salas de cine a los críos les cortan las películas por la mitad para que descansen tirándose por un tobogán. Los capítulos de series de apenas 25 minutos son celebrados por consumidores y críticos con gran entusiasmo. En las redes sociales el destino de un vídeo se juega en los primeros segundos. La propia Netflix está probando poder acelerar la velocidad de reproducción para ver más contenido en menos tiempo.

Todo va demasiado rápido. Una canción de Spotify nos lleva a otra sin haber terminado la anterior. Las mejores mentes de nuestros tiempos trabajan para que dejemos lo que estamos haciendo y pinchemos en un link de publicidad. De las broncas que surgen en las redes se desprende que mucha gente sólo lee el titular de las noticias y un par de líneas al azar dentro del texto. Gente que escribía artículos muy interesantes, ahora abre hilos. Miramos el teléfono móvil sin parar. En las ciudades, al sonido de los tranvías y los estorninos se han sumado los 'biiip-biiips' de las notificaciones de los móviles. Vivimos en la sociedad de la interrupción.

El medio es el mensaje. Y el ecosistema de producción de contenidos que hemos creado en las últimas décadas está minando nuestra capacidad de concentración. Me contaba hace poco un compañero de clase de la infancia, ahora profesor de Historia en un instituto, que cada vez le es más complicado exigir a sus alumnos la lectura de textos largos. Ya hay estudios que relacionan el mayor uso de los smartphones con el empeoramiento de los resultados académicos.

“La lectura profunda que solía suceder de forma natural se ha convertido en un esfuerzo”, explicaba el ensayista Nicholas G. Carr en un artículo de 2008 titulado '¿Está Google volviéndonos tontos?'. Y esto era en 2008, cuando todavía las redes sociales no eran lo que son ahora, los smartphones no se habían generalizado y para acceder a Internet había que hacer el esfuerzo de encender un ordenador. Ahora, con Internet acoplado como una extensión de nuestros cuerpos a través del teléfono móvil, es probable que ya seamos lo suficientemente tontos como para conseguir que una película de tres horas y media se haya convertido en una maratón para nuestras mentes.

El Gobierno vasco tiene prohibido por ley colaborar con la industria armamentística. Pero lo hace. Lo ha hecho siempre y lo hace también desde el 9 de enero de 2008, cuando se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco la Ley de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos aprobada por el Parlamento vasco y que prohíbe las ayudas públicas a las empresas de armas.

La ley es clara en su artículo 3.3: “En sus políticas de promoción y apoyo a las empresas, el Gobierno vasco no colaborará de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas”. Sin embargo, el Gobierno vasco ha seguido colaborando.

Los colectivos antimilitaristas del País Vasco llevan años denunciando que el Gobierno se ha olvidado reiteradamente de este veto y ha concedido ayudas a empresas vascas que se dedican total o parcialmente a la producción de armas o de componentes de armamento (un sector vasco que supone el 16% de toda la facturación de la industria en España). Casi nadie les ha hecho caso.

Sin embargo, en los últimos días este punto ha cobrado una relevancia especial. Ha sido un informe encargado por el propio Gobierno vasco el que ha evidenciado que la ley no se está cumpliendo. Se trata del informe encargado al Instituto de Gobernanza Democrática-Globernance en el que se ha analizado “el papel de las instituciones vascas para la mejora de la transparencia y el control de las exportaciones” de la industria armamentística vasca.

El informe explica que, a pesar de la ley, varias empresas de Euskadi del sector de las armas “han recibido subvenciones públicas para el desarrollo de su actividad”. Los expertos no dan nombres pero citan a “varias empresas del País Vasco” que “son líderes tecnológicos en ingeniería, desarrollo y construcción de sistemas de misiles y algunas de ellas, especializada en aplicaciones específicas para labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR)”. Los colectivos antimilitaristas sí han identificado algunas de esas empresas.

El informe presentado por el Gobierno vasco no pasa de ahí. Certifica la realidad pero no propone medidas para que la ley se cumpla y se regule de manera efectiva la prohibición de colaborar con la industria de las armas. La dirección elegida es la contraria.

Los expertos recomiendan a las instituciones vascas que, ante la falta de competencias sobre el comercio de armas, elaboren un Código de Conducta Marco para las empresas vascas del sector que “debería aludir a la protección de los derechos humanos, fundamentales, humanitarios, laborales, medioambientales y prácticas contra la corrupción y el soborno”. Un código ético que tiene un pequeño problema: su adhesión sería voluntaria. Pero para eso hay solución: “permitir deducciones de carácter fiscal por la integración del citado Código”. Esa es la idea: ofrecer deducciones fiscales a la industria de las armas en Euskadi a cambio de que se comprometa con el respeto a los derechos humanos.

¿Pero cómo hacerlo con todas las garantías legales si existe una ley que impide las ayudas a estas empresas? Fácil: cambiando la ley. Los expertos lo expresan así: “En definitiva, aflora cierta contradicción que deberá reconducirse mediante los cambios legislativos que corresponda entre lo dispuesto en el artículo 3.3 de la citada Ley y el facilitar subvenciones y/o permitir deducciones de carácter fiscal”. Antes de poner en marcha el famoso Código y “la normativización de nuevas deducciones” sería necesario “analizar las contradicciones existentes en el marco jurídico de aplicaciones”.

Lo más tétrico del asunto es que estas medidas no salen de encargos de los departamentos dedicados a la política industrial o al desarrollo económico de Euskadi. El estudio fue presentado el pasado 18 de noviembre por la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco. Asociaciones como Ongi Etorri Errefuxiatuak o Gasteizkoak han denunciado esta semana que el informe del Gobierno vasco blanquea a la industria armamentística vasca. Y esa pinta tiene.

Me han avisado a última hora de que a las nueve tengo que ir a un acto del boss de los empresarios españoles, así que no me ha dado tiempo a ponerme la americana de las bodas (cada vez menos afortunadamente, las bodas quiero decir; una de las pocas cosas buenas de hacerse viejo) y he aparecido en la conferencia con un chubasquero, más propio de caminar por los Pirineos que de aplaudir al líder de la patronal española. Chubasquero, jersey de rayas y zapatillas gastadas. Pero no llevo coleta, lo que resulta bastante tranquilizador en determinados ambientes.

Antonio Garamendi, el presidente de la CEOE, ha venido en plan jugador de fútbol que no quiere dar titulares. Y lo cierto es que en mañanas como la de este viernes dan más titulares las luces de Navidad de Vigo. La concurrencia está con ganas de que Garamendi hable del futuro Gobierno pero Garamendi ha venido a hablar de otro libro.

Garamendi había sugerido su querencia por un Gobierno de la Gran Coalición en una entrevista con la SER: “Lógicamente el acuerdo PP-PSOE da más estabilidad porque tiene mayoría”. Lógicamente si lees Expansión.

Pero esta vez no menciona la Gran Coalición, ni a Podemos ni el Apocalipsis. Cuando le preguntan por la alianza sociocomunista, Garamendi aclara que no va a “hablar de siglas” y suelta algunas generalidades. Entre los oyentes del Foro de la revista Dato Económico que tiene delante hay mucho político que apoya al Gobierno rojeras: hay gente del PSOE y del PNV, que lo va a respaldar. Hay hasta un señor de EH Bildu. Es de los pocos que no lleva corbata. Pero bueno, tampoco lleva coleta.

Garamendi está en Vitoria, la única capital vasca sin estrellas Michelín y donde los descuentos del pintxo-pote triunfan entre las clases populares. Garamendi es vasco -“mi tierra”, dice- y preside la mayor organización de los empresarios de España -“mi país”-, que es como “mi tierra” pero no exactamente.

El acto arranca sin que Garamendi pida un minuto de silencio por los presos, los de la CEOE, aunque ahora que lo pienso, Gerardo Díaz Ferrán ya está en la calle y no hay razón para ello. A Garamendi le preceden en la palabra algunos empresarios y directivos locales. Uno de ellos le pide al presi que transmita ilusión por el futuro. “Estamos cansados de los puntos negros”, afirma sin aclarar a qué se refiere y entre el fervor de quienes hemos sufrido con saña el acné durante nuestra adolescencia.

Garamendi viene a hablar de lo que pasa en el mundo y termina hablando mucho de sí mismo. “Yo he venido en un BMW”, dice Garamendi nada más empezar. “A mí me gusta navegar”, apostilla un poco después. La cosa va tomando forma de canción de Carolina Durante pero no pasa de ahí.

Garamendi menciona a dos personas “de mucha valía” a las que llama habitualmente. Los oráculos son Javier Solana y Josep Piqué, dos expolíticos de los años de bonanza del bipartidismo, y uno se tiene que esforzar por recordar si eran de un partido o del contrario. Garamendi cuenta que los dos le vienen avisando de que nos van a comer los chinos.

El capitalismo de los chinos nos va a llevar por delante si no despertamos, viene a decir Garamendi, que argumenta -y a partir de aquí me pierdo un poco- que “Oriente viene de Confucio y eso es el orden como principal valor”, mientras nosotros “venimos del cristianismo y la Revolución francesa, de la libertad, igualdad y fraternidad”. No menciona que en España somos más de vivan las caenas que de guillotinar a reyes, pero vamos, que nos comen los chinos.

A Garamendi le molesta la imagen que tienen los empresarios en la sociedad española y cree necesario que “se ponga en valor en las escuelas el mundo de la empresa y el empresario”. Le echa en parte la culpa a la tele en la que los empresarios siempre son los malvados de la peli. Pone como ejemplo al señor Burns de Los Simpson y a Mauricio Colmenero, el del bar de Aída, “divertidísimo, pero machista y racista”, para servirle a usted y al mundo entero. “No hay nunca un programa de televisión en el que el empresario haga alguna cosa que esté bien”. No sé si vale, pero Ironman salvó el mundo.

Garamendi aclara que los empresarios no son como la gente cree que son. “Cuando se dan premios a empresarios, nunca te hablan del dinero que han ganado, te hablan de su familia, de su empresa, de sus trabajadores y te hablan de su ilusión”, explica. Hablar de dinero es vulgar, suelen afirmar los que tienen mucho dinero.

Hablando de mucho dinero, Garamendi pide la eliminación del Impuesto de Patrimonio que pagan los que tienen mucho dinero. Los gobernantes del PNV que hay en la sala no necesitan que les convenzan de ello: ya están haciendo planes para cargárselo el año que viene. Por si acaso Garamendi insiste y pide que se deje de aumentar la presión fiscal sobre el ahorro de los “empresarios con caras y ojos”. “Es fundamental suprimir el Impuesto de Patrimonio que desanima a cualquiera para arrancar”. A cualquiera que tenga varios cientos de miles de euros, por concretar. “El Impuesto de Patrimonio no recauda absolutamente nada”, dice para luego matizar que es “marginal”. En Euskadi, unos 180 millones de euros que no te dan ni para pagar a los becarios explotados de los restaurantes Michelín.

Garamendi critica la subida del SMI “por las formas”, pide menos impuestos, menos cotizaciones fiscales, que las universidades formen a los trabajadores de las empresas, reclama menos burocracia por parte de las administraciones y que el Gobierno sea moderado y estable. “La CEOE no hace política”, dice en un momento dado. En la calle llueve. Menos mal que he traído el chubasquero.

Cuando el 16 de abril de 2004 José Luis Rodríguez Zapatero fue investido presidente del Gobierno, Facebook estaba en pañales y Twitter ni siquiera existía. El bipartidismo gozaba de buena salud y Jiménez Losantos disfrutaba de una audiencia de más de un millón de oyentes diarios en la Cope. Juan Carlos era todavía campechano y Felipe y Letizia estaban a punto de casarse en la catedral de la Almudena.

La España actual no es la misma de 2004, pero hay aspectos que se han mantenido inalterables a pesar del paso del tiempo, entre ellos, el rencor hostil y a tumba abierta de la derecha política y mediática contra cualquier atisbo de gobierno progresista en el país. El resentimiento de la izquierda contra los gobiernos del PP no ha sido menor, pero desde aquel 2004 la posibilidad de que el PSOE llegue al Gobierno ha pasado de ser una idea poco recomendable a una blasfemia ilegítima. Esta radicalización de las habituales broncas del turnismo entre el PSOE y el PP nació con la teoría de la conspiración sobre los atentados del 11M y tuvo aderezos posteriores. Y de aquellos polvos algunos de los lodos que sufrimos hoy en día: todo lo que no sea derecha española es una traición a España.

Hagamos un poco de memoria.

A la par de la teoría de la conspiración, en mayo de 2005, Mariano Rajoy acusó a Zapatero de “traicionar a los muertos” y permitir que ETA recuperara sus posiciones. Unos meses después el PP se sumaría a una manifestación multitudinaria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra Zapatero en la que se pudo ver el afamado cartel de 'zETAp' (hoy sería trending topic). Fue en aquella época cuando se empezó a acuñar la acusación al PSOE de ser cómplice de los enemigos de la unidad de la patria.

No fue el único frente que la derecha abrió a Zapatero en la calle. En junio de 2005, el PP mandó a Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, Ana Pastor y Miguel Arias Cañete a la manifestación convocada por el Foro Español de la Familia contra la modificación legal que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. También fueron 20 obispos. Los manifestantes gritaban “Zapatero dimisión”.

En noviembre de 2005 volvería a corearse el manido “Zapatero, dimisión” en la manifestación contra la reforma educativa convocada por las organizaciones de padres católicos. De nuevo, se sumó el PP a esta movilización en la que técnicos y periodistas de Radio Nacional de España fueron increpados por los manifestantes. “La Cope somos todos”, se leía en las pegatinas que muchas personas llevaban en la pechera.

Fue además en aquellos años en los que se coció el hervidero catalán. En abril de 2006, Rajoy presentó en el Congreso de los Diputados los 4 millones de firmas que el PP había recogido contra el Estatut catalán. Tres meses después presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional que en 2010 se encargó de cepillar el Estatut por segunda vez tras el cepillado inicial en la comisión Constitucional del Congreso del que había presumido Alfonso Guerra.

Sin embargo, a Zapatero no se lo llevaron por delante las protestas callejeras del PP de sus primeros años de gobierno. A Zapatero lo mandó a casa la Gran Recesión.

Sánchez e Iglesias, supervivientes y traidores a España

Quince años después, estamos más o menos en las mismas. A la derecha mediática se le han terminado los adjetivos contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en especial desde aquella tarde en la que Rajoy se refugió desorientado en un restaurante de la calle Alcalá de Madrid. Sánchez venía además de recibir fuego amigo durante su pulso con el susanismo. “Insensato sin escrúpulos”, se le llegó a tachar en un editorial de aquel El País que coqueteaba con la vicepresidenta Saénz de Santamaría. Un fuego amigo que ha renacido esta semana con la reaparición de viejos rockeros como Felipe González o Rodríguez Ibarra.

Pablo Iglesias también ha hecho esta mili. Bueno, ha hecho unas cuantas. A Podemos directamente le montaron un operativo policial-mediático ilegal para intentar sacarlo a empujones del mapa político español. Si algo tienen en común Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es que son supervivientes. Y traidores a España, por supuesto.

¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Es complicado predecirlo. Las pullas han empezado sin que siquiera se hayan sentado en el Consejo de Ministros, así que lo previsible es que la ensalada de improperios vaya in crescendo. Siempre que haya Gobierno y no vayamos a unas terceras elecciones, claro. Nunca hay que subestimar la capacidad para sorprendernos de la clase política.

En todo caso, si en los tiempos de Zapatero algunas de las batallas políticas más cruentas se vivieron en el ámbito de los derechos civiles -matrimonio gay, derecho al aborto, memoria histórica-, la entrada en el Gobierno de Podemos abre la gresca con los poderes económicos. La prensa salmón advertía esta semana del Apocalipsis que se nos viene encima y anunciaba que hay quien está dispuesto a reorganizar sus estructuras societarias o cambiar su residencia fiscal (evasión de impuestos de toda la vida) si el “comunismo bolivariano” llega al poder. El presidente del Círculo de Empresarios está “consternado”.

Aunque también dijeron lo mismo de Felipe o Mitterrand.

Hay todavía muchas incógnitas por resolver. Está todavía por saber de qué lado caerá la infantería mediática que ha quedado huérfana de Ciudadanos: ¿volverán al PP o se apuntarán enrabietados a las consignas de Vox? (Apuesto por el PP; Vox no gobierna y no tiene publicidad institucional ni demasiados cargos con los que devolver favores). No está claro tampoco cuál será el camino de Pablo Casado: ¿sin-barba-se-rompe-España o con-barba-vamos-pal-centro? ¿O alternará los dos discursos con Cayetana haciendo de Rafa Hernando en el Congreso y él en modo registrador de la propiedad? No hay que descartar que el PP de Casado aliente la vía de las manifestaciones antiZapatero, aunque no debería olvidar que Vox fue el que mayor provecho sacó de la famosa quedada en Colón.

Precisamente esa es la novedad en la oposición de derechas respecto a los años de Zapatero: la ultraderecha, fortalecida y normalizada. Esa ultraderecha a la que el PP cobijaba en las manifestaciones contra Zapatero pero que ahora se ha escindido de la casa común. Ultras mimados por programas de televisión y columnistas 'liberales', y que cuentan además con el sello del voto útil que han conseguido gracias a los acuerdos con PP y Ciudadanos. Una ultraderecha que está sembrando de odio el debate público sin que, de momento, nadie lo esté parando.

La mañana que Begoña recibió la noticia, la librería vivía el ajetreo propio de las compras de Navidad. El mensajero le dejó un manojo de cartas pero Begoña tenía que atender a algunos clientes antes de ponerse con ellas. Cuando lo hizo, descubrió que el burofax que le había remitido Kutxabank era un ultimátum. El banco, propietario de la lonja, le daba poco menos de tres meses para abandonarla y dejarla “limpia y expedita”. Limpia y expedita serían dos palabras que se le quedarían grabadas para siempre a Begoña.

Begoña, con el burofax en la mano, se refugió conmocionada en el pequeño almacén que hay al fondo de la librería. Releyó el requerimiento del banco una y otra vez. “¿Qué voy a hacer ahora?”, se preguntaba. Ella sabía que el contrato de alquiler con Kutxabank finalizaba pero siempre había pensado que, como ya le había ocurrido unos años antes, podría renovarlo sin mayores quebraderos de cabeza.

Kutxabank pedía, sin embargo, su salida inmediata de la lonja de la calle Landazuri de Vitoria en la que llevaba 31 años vendiendo libros. Y el banco vasco le facilitaba, en todo caso, un teléfono de contacto de Córdoba para que aclarara lo que creyera conveniente. Begoña nunca llamó. Confiaba en que alguien del banco acudiría a su librería a hablar con ella. Que alguien la miraría a los ojos. Nadie lo ha hecho. Y no será por gente de Kutxabank trabajando en Vitoria.

“Fue como si me arrancaran las piernas”, me cuenta diez meses después Begoña en una cafetería que hay frente a su librería. La librería sigue abierta aunque por poco tiempo.

Los días que siguieron a aquella mañana fueron tristes. Y paralizadores. Durante mucho tiempo no pudo hablar de ello. En estado de shock y por medio de gente cercana pidió al banco que, al menos, le dejaran el tiempo suficiente en la librería para poder jubilarse y bajar la persiana de forma ordenada. El banco accedió y Begoña tiene hasta el próximo 31 de marzo para dejar la lonja. Sus planes siempre fueron otros. “Mi idea era seguir todavía un tiempo más en la librería y empezar a buscar a alguien que estuviera interesado en seguir con ella, esa era mi mayor ilusión”, explica. Por un momento barajó abrirla en otra ubicación, pero a su edad y con el precio de los alquileres, la tarea era más que titánica.

Kutxabank nunca le explicó las razones de su decisión -y tampoco lo ha aclarado a preguntas de este periodista- pero no es difícil imaginar que el alquiler asequible que pagaba desde hacía décadas hizo saltar algún algoritmo sobre la maximización de beneficios en propiedades inmobiliarias. Ahora Begoña se pregunta a cuánta gente más le habrá ocurrido algo parecido. Cuánta gente más habrá sido destinataria de un gélido burofax de esas características.

Limpia y expedita. Limpia. Y expedita.

Lo inédito de este cierre es que Begoña le había ganado la batalla a otro algoritmo. Al peor algoritmo al que se enfrentan las librerías después de haber lanzando a la lona al fallido libro electrónico: el algoritmo de Amazon y su empeño voraz por acaparar la distribución del libro. Jeff Bezos no pudo con Begoña. “Vendo menos que hace 10 años pero la librería me da para vivir”, reconoce orgullosa Begoña que ha regentado una librería que ha evitado las modas y que a lo largo de tres décadas ha creado una comunidad que es algo más que un grupo nutrido de clientes fieles. “En Jakintza han surgido amistades, se ha conocido mucha gente”. Del roce nace el cariño, dicen, y en Jakintza siempre ha habido mucho roce, aunque sólo sea porque es una librería pequeña y estrecha en la que hay que moverse con cuidado. Las grandes librerías del mundo son librerías pequeñas, afirma el escritor argentino Alberto Manguel.

Escribe Jorge Carrión en su libro ‘Contra Amazon’: “En Amazon no hay libreros. La prescripción humana fue eliminada por ineficaz. Por torpedear la rapidez, el único valor de la empresa. La prescripción está en manos de un algoritmo. El algoritmo es el colmo de la fluidez. Los clientes que compraron este producto también compraron”. “Las librerías que yo frecuento son aquellas donde puedo conversar, donde el librero, con un gusto que puedo o no compartir, habla de libros”, le contaba Manguel a Carrión en ese mismo libro.

Y Jakintza es -me resisto todavía a hablar en pasado- una librería en la que se habla de libros y de todo lo demás. La mirada de Begoña es de curiosidad y amor por la vida. Jakintza es una librería en la que el ritmo hiperacelerado que nos ha tocado vivir se detiene por unos instantes. Una especie de cápsula frente a la uberización de nuestras mentes. Un reducto en la hipertrofia de un mundo cada vez más aislado, digital y líquido. Un lugar en el que mantener viejos ritos. Un orfidal sin orfidal. “Un lugar de encuentro”, como fue presentada en su día Jakintza en una exposición sobre la actividad cultural en Álava y Begoña recuerda con cariño.

Este viernes se ha celebrado el Día de las Librerías y cuando a Begoña le han entrevistado en la Cadena Ser y le han pedido que se despidiera con un fragmento de algún libro, Begoña ha elegido ‘El sentido del asombro’ de la pionera ecologista Rachel Carson:

“Si yo tuviera influencia sobre el hada madrina, aquella que se supone preside el nacimiento de todos los niños, le pediría que le concediera a cada niño el don del sentido del asombro tan indestructible que le durara toda la vida, como un inagotable antídoto contra el aburrimiento y el desencanto de años posteriores, contra la estéril preocupación de problemas artificiales y el distanciamiento de la fuente de nuestra fuerza”.

El hada madrina de Vitoria se despide de su librería. Fue un placer, Begoña.

Pongo la radio y se dan la razón unos a otros. Como en toda conversación en la que se opina lo mismo, el coloquio se convierte en una carrera para ver quién se lleva el Premio a la Mayor Burrada. Y se dicen unas cuantas burradas. Por supuesto, están hablando de Cataluña. Pillo un periódico y comparan la situación con la Alemania nazi de los años 30. En otro periódico, el ministro del Interior asegura que en Cataluña ha habido más violencia que en décadas de terrorismo en Euskadi.

En las redes sociales hay factcheckers desmintiendo declaraciones de los políticos pero no se atreven a desmentir a los políticos que afirman que en Cataluña la actuación policial ha sido pulcra y proporcional. Hay decenas de vídeos circulando por internet que demuestran lo contrario sin necesidad de una ardua investigación pero, al parecer, no es suficiente para invocar al demiurgo de las fake news. Como lo fue con Euskadi, con Cataluña se forjarán exitosas carreras periodísticas en Madrid. La equidistancia o el disenso en la Corte siempre fue sinónimo de ostracismo profesional. Como en las Cortes de provincias, por otra parte.

Mientras tanto, la impunidad de la brutalidad policial cumple un nuevo capítulo en Tarajal. Sobre este asunto los medios no se hacen demasiadas preguntas. La muerte en el mar de inmigrantes hostigados por la Guardia Civil no alimenta los shares de televisión. Tampoco tiene rentabilidad política. Y, además, pone en cuestión todas esas cosas preciosas que decimos sobre esta democracia que nos hemos dado entre todos. Así que a otra cosa.

Estas últimas semanas también nos han explicado que hacer huelgas es un sacrilegio. Primero, dicen, es por el fondo. No valen las reivindicaciones de las banderas. Hay cosas más importantes. Pero cuando la bronca es por las condiciones laborales -como la huelga del metal de Bizkaia o la de las trabajadoras de la escuela concertada en Euskadi- la conclusión es la misma: no hagan huelga, no se movilicen, y si lo hacen, váyanse a la punta del Everest, donde no molesten.

En el Constitucional han decidido esta semana que no hay problema en que te despidan por haber caído enfermo y no poder ir al trabajo. Siguiendo el argumento tan de moda de que lo legal es lo único democrático -y que obviamente, las sentencias judiciales hay que acatarlas y respetarlas-, resulta que lo democrático y legal, a lo que te invita la Constitución, es a ir a trabajar con fiebre o una hernia discal del demonio para evitar que te echen a la calle. No parece que haya habido demasiado revuelo. Todo en orden.

Esta semana apenas han durado unas horas las noticias sobre las comisiones abusivas e ilegales que ha cobrado durante años Kutxabank, un banco que en el oasis vasco nos dicen que es diferente, que no es como los demás. A un vicepresidente de ese banco lo acaban de nombrar presidente de Euskaltel. Todo en orden otra vez.

Y podría ser peor, podría empezar hoy mismo una nueva campaña electoral. Una campaña en la que te piden el voto y, a la vez, trampean para que decidas quedarte en casa. Otra campaña tomada por los asesores de marketing y comunicación política, con candidatos con camisas arremangadas y sin corbata. Otra campaña en la que, como en el anuncio de BMW, en vez de explicarte las bondades del coche, te ponen musiquita bonita y un brazo asomando por la ventana. Las emociones sobre la razón, el signo de estos tiempos en los que la superficialidad siempre juega a favor del poder. Todo en orden.

Bandera preconstitucional: Todo tipo de bandera enarbolada entre los albores de la Humanidad y la aprobación de la Constitución en 1978. Se recomienda su uso para referirse a la bandera ornitológica de Franco y evitar así términos que puedan alterar el espíritu de concordia de la Transición. 

Nostálgicos: Término que algunos tertulianos han recuperado para no decir “fascistas” en horario infantil en televisión.

Tejero: Superhéroe del Universo Marvel. La policía se abre a su paso como las aguas del Mar Rojo se le abrían a Moisés.

Viva Franco: Hit de moda en las raves franquistas que en términos administrativos tiene la mismas consecuencias que decir “Vivan los tigretones” 

Tigretones: Dulces industriales con forma de ataúd de Franco. 

¡Esto es una dictadura!: Queja habitual de los familiares de Franco cuando hacen de vientre y se dan cuenta de que se ha terminado el papel higiénico. 

No abramos viejas heridas: Una forma como cualquier otra de decir “cuidado, a ver si van a venir ahora a quitarnos lo que les robamos”. 

Patriotismo: Nacionalismo español no nacionalista porque los nacionalistas siempre son los otros. 

Twitter: Donde la izquierda hace las revoluciones que no se ganan. O donde la izquierda hace las revoluciones para no ganarlas. 

Plazas: Lugares en los que hacer amigos antes de ser enemigos.

Proporcionalidad: Actuación con la proporción necesaria de las cosas, salvo si hablamos de operativos policiales antidisturbios. En ese caso, la proporcionalidad incluye la proporcionalidad y un despliegue extra de no proporcionalidad. 

España Global: Productora audiovisual española dedicada a la ficción y dirigida por Irene Lozano, exUPyD y aspirante a los Goya de este año.

Quim Torra: actor de programa de humor que caricaturiza a Quim Torra. 

Redondo: Lo que sale muy bien, sale redondo… hasta que no sale Redondo.

Albert Rivera: Premio Nacional al Fomento Streisand de la Lectura. Escritor de fajas de libros en su tiempo libre. 

Personas con problemas con Hacienda: Expresión utilizada por la prensa deportiva en España para referirse a futbolistas delincuentes que evaden impuestos y son un ejemplo de vida para los más pequeños. 

Urkullear: Intentar convencer a la gente de que no proteste en la calle, no haga huelga, se quede en casa y se vea el Teleberri entero. 

Paz social: La obligación social de decir a todo que sí, salvo si tus ingresos son altos. Entonces te dejan decir que no. 

Terrorismo: Terrorismo y todo lo que no es terrorismo.

Gaspar Llamazares: Dícese de aquel que habla consigo mismo en voz alta. 

Vox: Sección exitosa del programa de TV ‘Espejo Público’. 

España es una democracia consolidada. Sí, España es una democracia consolidada. Venga, otra vez. España es una democracia consolidada. Espera, quizás no haya quedado suficientemente claro. España es una democracia consolidada. Ahora todos juntos, repetid conmigo: ¡España es una democracia consolidada!

“España es una democracia consolidada” es una de las frases que más se ha pronunciado desde que el lunes el Tribunal Supremo hizo pública su sentencia sobre el procés. La han enarbolado políticos, tertulianos, columnistas y personajes más o menos famosos a los que ha acudido el Gobierno para que graben vídeos defendiendo que España es una democracia consolidada. Incluso lo han grabado los propios ministros del Gobierno, aunque la Junta Electoral les ha suspendido el vídeo. 

Cuesta entender la insistencia del poder y sus portavoces en que quede claro que en España hay democracia. Como estrategia de comunicación no parece lo más adecuado: la primera reacción cuando a uno le están taladrando día y noche con la misma expresión es preguntarse a qué viene tanta autojustificación: ¿será porque la reputación internacional de España no pasa por sus mejores momentos? ¿será porque hay mucha gente que sospecha que la democracia en España no es tan preciosa como la pintan? Con tanta turra, uno termina por preguntarse qué le pasa a la democracia española, que supongo es lo último que quieren que nos preguntemos los que llevan desde el lunes recitando que España es la mejor democracia del mundo mundial.

Pues sí, los pajaritos cantan, las nubes se levantan y España es una democracia liberal. Muchas gracias al Gobierno y los medios por descubrirnos lo evidente. España no es una dictadura -una barbaridad que se lee demasiado en las redes sociales-, pero ¿es España una democracia tan consolidada como presume el poder? Supongo que 40 años de democracia consolidan, pero no tanto como pretenden hacernos creer. España tiene un problema grave que no quiere afrontar: respecto a la disidencia, la democracia en España es defectuosa y autoritaria. 

Un ejemplo es la sentencia del Tribunal Supremo. Los prebostes de la opinión publicada en España dicen que la decisión es justa y acertada e, incluso, blandengue. Pero si uno avanza entre los árboles del mundo tertuliano y se adentra en el bosque se encuentra con expertos en la materia alertando de las deficiencias de una sentencia que empeora la calidad de la democracia española. Sirvan de ejemplo los artículos del Catedrático de Derecho Penal, Nicolás García Rivas (‘El autoristarismo nada disimulado de una sentencia histórica’) y el profesor de Filosofía del Derecho, José Luis Martí (“Un exótico derecho. Protesta y sedición en la sentencia del procés”). Muy recomendable también para entender la debilidad de algunos planteamientos del tribunal es 'La Sentencia: aspectos cuestionables', del Catedrático de Derecho Penal Joan Carles Carbonell.

La sentencia del Supremo se sustenta en una argumentación para el delito de sedición que censura gravemente el ejercicio de la desobediencia civil y la resistencia pacífica. Claro que, según la interpretación cotidiana de los órganos del poder del país, la resistencia no violenta -como la del 1 de Octubre de 2017- es violencia. La sentencia se puede leer también como un paso más hacia el intento de desactivar respuestas pacíficas coordinadas contra decisiones legales y judiciales que se consideran injustas. Convendría no olvidar además que en esa Europa democrática, a la que miramos por encima del hombro, el equivalente a la sedición española tiene penas más reducidas y exige requisitos de violencia.

Este derrape hacia el autoritarismo de la democracia en España no es algo nuevo. En respuesta al periodo de convulsión social que se vivió en España entre 2011 y 2014 (y que tenía como origen la ocupación de plazas del 15-M), el PP aprobó la llamada 'Ley Mordaza' que todavía hoy sigue en vigor. Una ley con la que se daba a la Administración la facultad de imponer fuertes multas económicas a quienes participaran, por ejemplo, en movilizaciones de resistencia pacífica como las acciones para evitar desahucios. Una forma de penalizar las protestas sin la intervención de los jueces. El PP también pretendía -aunque no lo ha logrado- que no proliferaran por las redes sociales vídeos grabados por los ciudadanos sobre las intervenciones policiales. Argumentaba el PP que quería garantizar la seguridad de los agentes, pero de paso intentaba evitar la difusión de los casos de violencia policial injustificada. 

Otra de las vías para intentar disolver la disidencia del espacio público ha sido el artículo 578 del Código Penal: el delito de enaltecimiento del terrorismo. Las sentencias por apología del terrorismo se multiplicaron por cuatro en los años posteriores a que ETA abandonara la violencia. ¿Hay más apología del terrorismo ahora que no hay terrorismo? ¿Cómo puede ser? “El Gobierno somete a hostigamiento toda una serie de expresiones en Internet -desde letras de canciones políticamente controvertidas hasta simples chistes- utilizando las categorías generales previstas en las leyes antiterroristas de imprecisa redacción del país”, denunciaba Amnistía Internacional el pasado año.

El uso expansivo de la legislación antiterrorista tiene una larga trayectoria en España. Bajo la doctrina ‘Todo es ETA’ apadrinada por la Audiencia Nacional, el 20 de febrero de 2003 el periódico vasco Egunkaria fue clausurado. Siete años después, los acusados fueron absueltos pero el daño estaba hecho. Pocas democracias consolidadas pueden presumir de cerrar periódicos. Un cierre, por cierto, que poco importó a la mayoría de los partidos políticos y medios de comunicación en España.

Y mucho menos importó que varios de los directivos de Egunkaria fueran torturados por la Guardia Civil. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por no investigar las torturas al director de Egunkaria, Martxelo Otamendi. Por cierto, el actual ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska fue el juez instructor de varios casos en los que Europa ha condenado a España por no investigar de manera efectiva las denuncias de torturas. Incluso algunos de sus compañeros en la Audiencia Nacional le reprocharon que no tomara medidas para prevenir posibles torturas.

La escasa intervención de las autoridades españolas contra las torturas practicadas por las Fuerzas de Seguridad es otro de los ejemplos de esos tics autoritarios que asoman en la democracia en España. Organizaciones independientes de derechos humanos han denunciado de forma reiterada que no se aplican las medidas necesarias para erradicar las torturas y que las denuncias, en muchos casos, han sido ignoradas. Un dato ahora que se habla de indultos: desde 1998 el Gobierno ha aprobado 26 indultos a policías condenados por torturas.

No deberíamos olvidar otras vulneraciones de derechos humanos como las redadas policiales por motivos raciales que han sido documentadas por periodistas y organizaciones sociales. O la penosa legislación hipotecaria que ha permitido a los bancos ejecutar miles de desahucios injustos. O la falta de justicia con las víctimas del franquismo.

Y podríamos seguir con más ejemplos de actuaciones que demuestran que a la democracia en España le falta todavía un largo recorrido por delante antes de empezar a ponerse medallas. Pero, recordad, que no se os olvide: España es una democracia consolidada.

“Si Franco levantara la cabeza”, se solía decir. Y Franco la va a levantar en los próximos días, aunque sólo sea un rato, para ver desde un helicóptero cómo está España antes de que se la vuelvan a meter -la cabeza, quiero decir- en el Pardo.

Y cuando Franco levante la cabeza, resoplará de alivio porque su heredero cumplió la promesa que le hizo en plena agonía y España no se ha roto, tiene algún bollo en la carrocería pero no se ha roto. España antes roja que rota y, al final, ni roja ni rota y con separatistas catalanes en las cárceles. Y todo lleno de banderas de España aunque le han quitado el águila -no a todas- con lo bonito que quedaba el animalico.

En eso de mantener a España unida Juan Carlos cumplió su palabra, discurrirá Franco, que el heredero siempre fue muy de decirme a todo que sí, que es la forma más rápida de prosperar en España: decirle al jefe a todo que sí como si fuera tonto y después hacer lo que uno quiera y, por ejemplo, montar una democracia cuando el jefe se ha muerto. Pero no antes.

Vade retro, pensará Franco, ese oportunista de Suárez y el Rey legalizaron el partido comunista. Pero al rato podrá tranquilizarse porque todo fue un acuerdo que permitió a sus excompañeros redimirse en democracia (como lo del Joker pero al revés), y la Cruzada no ha sido juzgada como en esos países subdesarrollados donde algunos viejos colegas han acabado en prisión y, sobre todo, la pasta, no se ha tocado la pasta que honradamente se amasó durante los años de gloria de la España eterna. Y cuidadito con hacer chistes del Almirante Carrero Blanco.

No es que quedara todo atado pero, oye, roto del todo tampoco.

Podría haber sido peor, pensará Franco, molesto porque el prior se le ha encadenado a uno de sus pies, que para una vez que levanta la cabeza y puede echar un vistazo a su querida España, qué necesidad de tener a un cura encadenado como si fueran dos presos fugados en Alabama. Que no es que tenga nada malo contra los curas, todo lo contrario, pero tan cerca, ya se sabe, es mejor no tener a un cura. Incluso aunque seas Franco, Caudillo de España por la Gracia de Dios.

Y al rato, Franco, aterrado, caerá en la cuenta de que Dios parece haberse olvidado de España y la ha dejado en manos del maligno. España es un país que no para de hacerse pajas, pensará Franco, como ha sido España toda la vida pero ahora sin remordimientos, con denuedo y alevosía. Ya ni siquiera necesitan los españoles ir al confesionario para poner el contador de pajas a cero. Y nadie se ha quedado ciego, qué raro. Y todos esos invertidos por la calle, las mujeres llevando la contraria, huelgas autorizadas, manifestaciones, los niños hablando vascuence, y la gente medio desnuda metiéndose mano y divorciándose, y no sólo los rojos, hay gente comulgando y divorciándose. Pero, ¿dónde están los obispos? ¿acaso estoy en Sodoma y Gomera? ¡Devuélvanme España!

Y Franco caerá en una profunda depresión porque tanto Frente de Juventudes, tanta asignatura del Movimiento, tanta Cuaresma sin chuletillas y tantas hostias -de las de los dos tipos- para que España termine relajada en sus costumbres y abandonada al vicio y al progrerío.

Y Franco, malhumorado y resignado, volverá a ser sepultado y unos segundos antes verá a dos operarios observándole sus partes pudendas. Qué mirarán, se preguntará Franco, mientras los operarios intentan determinar si la leyenda urbana es cierta y a Franco le falta un huevo. Justo después se cerrará la lápida y Franco no volverá a levantar la cabeza.

Pedro Sánchez es más de baloncesto y no tiene opinión sobre si la Supercopa de fútbol se tiene que jugar en Arabia Saudí. Sí, Pedro Sánchez es más de baloncesto pero bien que nos coló un golazo por la escuadra cuando aprobó en uno de sus viernes de Consejo de Ministros un decreto que convertirá a España en un paraíso fiscal para los organizadores de la Eurocopa 2020.

El Gobierno aprobó un 28 de diciembre del año pasado -pero no era una inocentada- que la UEFA no tendrá que pagar ni un euro en impuestos por “las rentas obtenidas durante la celebración del acontecimiento y en la medida en que estén directamente relacionadas con su participación en él”. Ni impuesto de sociedades, ni impuesto sobre la renta de no residentes, ni IRPF. Y salvo en el caso de los jugadores que juegan en equipos españoles, las primas millonarias que recibirán los futbolistas millonarios que jugarán en junio en Bilbao -la sede española de la Eurocopa 2020- también se quedan sin tributar en España. Es probable que les terminemos pagando hasta las pipas.

El decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros y avalado semanas después en el Congreso con los votos de PSOE, Podemos y ERC. Pero la cosa tenía truqui. El decreto era un batiburrillo de diferentes medidas que nada tenían que ver unas con otras. Si votabas en contra del favorcete a la UEFA también tenías que votar en contra de la devolución a miles de mujeres de las retenciones de maternidad en el IRPF. Vamos que aquel día no se votó con la nariz tapada: se votó con escafandra.

La historia venía de lejos. Rajoy lo había negociado y Pedro Sánchez lo rubricó (y después PNV, PSE y PP refrendaron este oasis fiscal en Bizkaia). El 'sinpa' de impuestos era un chanta... ups, perdón, era una de las condiciones que exige la UEFA para organizar sus eventos. El PSOE defendió el zarpazo a la Hacienda Pública “porque genera el suficiente impacto como para ser rentable”.

Y, efectivamente, la Eurocopa 2020 será rentable, en especial, para la UEFA. En la Eurocopa anterior -la de Francia de 2016- la UEFA ingresó 1.916 millones de euros. “Financieramente fue todo un éxito, pues permitió un resultado neto de 847 millones de euros”, explica el organismo en sus informes internos. Se viene otra millonada el próximo mes de junio y España invita a impuestos a una entidad privada con sede en Suiza. Que no cunda el pánico: Pedro Sánchez duerme como un bebé.

Son tales las penurias del multimillonario negocio del fútbol -los directivos de la UEFA se llevan tarteras de casa para no gastar demasiado- que la UEFA, muy a su pesar, se va a ver obligada a reclutar entre 800 y 900 voluntarios para los partidos de Bilbao. El proceso de selección para conseguir 900 personas que trabajen gratis para la UEFA se está realizando en estos momentos. Habrá trabajadores 'voluntarios' para casi todo: atenderán a los periodistas y a los patrocinadores e invitados que van de gorra al fútbol -otros que andan fatal de pasta-, vigilarán que no se vendan falsificaciones alrededor de San Mamés o estarán en las minioficinas de turismo que se van a montar en los hoteles. Menos vigilar iglesias para que no las quemen los rojos, van a tener que hacer de todo.

A la UEFA ya le sacaron cantares en la final de la Champions porque quería que 200 bailarines 'voluntarios' actuaran gratis. La UEFA busca perfiles profesionales pero les paga como si estuvieran organizando una carrera ciclista solidaria en Sotosalbos. Y para convencer a la gente de que curre sin cobrar, la UEFA ha elegido a un señor que veranea en un yate: el embajador de la Eurocopa 2020, Luis Figo, dice que ser voluntario es “emocionante”. Lo que debe de ser aburrido es pagar a la gente por su trabajo.

Como ya escribí en su día con la Final Four de la Euroliga de Vitoria, la ley española de voluntariado de 2015 atribuye al voluntariado el fomento de “la dimensión comunitaria en el desarrollo de la práctica deportiva” y en la ley vasca de voluntariado se señala que el voluntariado tiene que contribuir “a garantizar el cambio social, teniendo como horizontes prioritarios la lucha contra la pobreza y las desigualdades y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”. Perdonarle impuestos a la UEFA es una forma un poco extraña de construir una sociedad más justa e igualitaria. Fútbol es fútbol y la UEFA, unos gorrones.

Celestino Tolosa trabajó durante 26 años como calderero en las plantas de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) en Irun y Beasain. La empresa utilizaba amianto para fabricar los vagones. Celestino empezó a tener problemas de salud en los ochenta y en 1999 recibió la invalidez permanente por una afección pulmonar. Murió nueve años después. Su cuerpo rechazó el trasplante al que había sido sometido.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social defendió que Celestino había muerto por una enfermedad que no tenía relación con su trabajo. Celestino siempre sospechó que “trabajando había tragado mucha mierda”. Sus compañeros de trabajo contaron a la familia que otros compañeros también estaban enfermando por el amianto. Su viuda y su hija empezaron una larga lucha para que se hiciera justicia, pero se encontraron con casi todas las puertas cerradas.

Pero, antes de morir, Celestino tomó una decisión que no se conocería hasta mucho después: pidió a los médicos que le realizaron el trasplante que congelaran sus pulmones. Un nuevo informe médico, a petición de la familia, confirmó que los pulmones estaban impregnados de polvo de amianto y que eso era lo que había acabado con su vida. A Celestino lo mató trabajar en CAF.

Sin embargo, la batalla judicial no terminó ahí. Los obstáculos siguieron. La Seguridad Social no reconocía el origen real de la enfermedad y un juzgado de primera instancia de San Sebastián rechazó las reclamaciones de la familia. Tuvo que ser el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el que atendiera a los familiares de Celestino: en octubre del año pasado reconocía la enfermedad profesional de Celestino. CAF siguió poniendo trabas y recurrió ante el Supremo, pero finalmente el Supremo hace apenas dos meses ha dado la razón a la familia. CAF tendrá que pagar una indemnización y la Seguridad Social tendrá que hacer frente a la pensión de viudedad atendiendo a que la muerte estuvo originada por una enfermedad provocada por su actividad laboral.

El caso de Celestino es el de muchas familias que llevan años enfrentándose al amianto y sus consecuencias letales. Pero no sólo a eso. También a una Seguridad Social que se desentiende de las víctimas a pesar de que hay informes médicos que confirman que las muertes están provocadas por el amianto. También a empresas que como CAF -muy venerada por nuestros políticos y medios de comunicación- litigan hasta el último minuto en los tribunales y todavía no han pedido perdón a las familias.

En el caso de Celestino Tolosa, después de una larga lucha, se ha impuesto la verdad y la justicia, pero no siempre es así.

El olvido histórico de las instituciones con las víctimas del amianto

Miles de trabajadores han muerto por exposición al amianto en España. Y miles más morirán en los próximos años. Lo peor está por llegar: el pico de incidencia del amianto se espera para 2023 o “más tarde”. Los casos reconocidos son la punta del iceberg.

Los afectados están ahora mismo al vaivén de los tribunales de justicia -con el coste económico y el dolor personal añadido que eso supone-, mientras la mayoría de las empresas evitan compensar a las víctimas. Muchas mueren sin que sus derechos sean reconocidos. Y todo esto, con la actitud timorata de los poderes públicos: las instituciones tienen buenas palabras pero los hechos no se concretan.

El olvido de las instituciones con las víctimas del amianto en España no es nuevo. Los primeros casos se empezaron a detectar en los años 70 y ya en 1984 los médicos reclamaron la prohibición del amianto pero fue rechazada por “cuestiones económicas”. Durante muchos años se permitió el amianto a sabiendas de que las consecuencias que provocaba eran irremediables. Cuando las instituciones europeas comenzaron a acelerar los pasos para prohibir esta sustancia cancerígena, España intentó entorpecer el proceso: en 1998 se opuso a la prohibición. El veto al amianto no llegó a España hasta 2002 y después de haber conseguido una moratoria por parte de Europa.

El amianto se prohibía, pero las víctimas seguían desatendidas.

La necesidad de un fondo de compensación

Una de las claves para salir de la pesadilla en la que se ven enredadas las víctimas y sus familias es la creación de un fondo de compensación. Un fondo que termine con la tortura judicial y compense a los afectados, entre ellos, a aquellos cuyas empresas han desaparecido y no tienen siquiera a quién reclamar.

Un fondo de estas características existe en Francia desde 2001, pero en España todo ha ido mucho más lento. Las reservas de los políticos al coste económico que puede suponer este fondo han sido uno de los frenos más importantes. Según las asociaciones que han trabajado durante años en esta idea el coste anual no sería para nada inasumible: unos 164 millones de euros al año si atendemos a cómo han ido las cosas en Francia. Otras fuentes hablan de alrededor de 200 millones. En todo caso, el Estado se encargaría de adelantar las indemnizaciones pero una parte importante de las ayudas se repercutirían en las empresas implicadas en los casos de amianto.

El Congreso de los Diputados recibió oficialmente en 2017 la primera propuesta para una ley sobre un fondo compensatorio. Era una petición impulsada el año anterior por el Parlamento vasco -para un fondo en toda España- que llevaba años trabajando con la Asociación Vasca de Víctimas del Amianto (Asviamie). Pero lo primero que se encontraron fue un portazo en las narices. El Gobierno de Mariano Rajoy lo rechazó porque argumentaba que afectaba a los presupuestos en vigor.

Se volvió a la casilla de salida. El Parlamento vasco tuvo que iniciar de nuevo los trámites. De nuevo llegó al Congreso que aprobó el dictamen que llegaba de Euskadi con los votos a favor de todos los partidos y la abstención del PP. Se iniciaban los trámites para mejorar la proposición de ley, pero el proyecto se encontró, esta vez, con otro muro, el de la Mesa de la Cámara -controlada por PP y Ciudadanos- que, en plena pelea política con el resto de fuerzas políticas, estaba bloqueando sistemáticamente las iniciativas legislativas de la oposición y, entre ellas, también ésta del Parlamento vasco.

Las asociaciones de víctimas tuvieron que dedicar meses a convencer a la Mesa del Congreso de la urgencia de agilizar la iniciativa. Fueron muchos meses de bloqueo, de maniobras dilatorias, pero por fin el trabajo en la comisión correspondiente pudo arrancar y los primeros avances se fueron sucediendo. El tiempo de lo que quedaba de legislatura corría en contra. Y llegó la siguiente piedra en el camino.

En febrero de 2019, Pedro Sánchez adelantaba las elecciones al 28 de abril. Las Cortes se disolvieron sin que se hubiera aprobado el fondo de compensación. Si las elecciones se hubieran convocado a finales de mayo, quizás habría dado tiempo. Si se llegan a convocar este otoño, seguro. Pero no fue así. Otra vez, como Sísifo, se volvió al principio. Otra vez, el Parlamento vasco aprobó la petición de una ley para crear ese fondo. Otra vez, el Congreso de los Diputados se ponía a ello y, antes de tramitar la iniciativa, mandaba la propuesta al Gobierno para que emitiera su criterio. Pero el Gobierno estaba en funciones y había que esperar.

Hasta esta semana. No habrá Gobierno. Habrá elecciones -otra vez- y las compensaciones a las víctimas tendrán que esperar todavía más. Apenas quedaba nada ya para que los partidos -que habían llegado a un acuerdo muy mayoritario en las Cortes- aprobaran la creación del fondo. Pero, otra vez, las esperanzas frustradas. “Los años siguen pasando, la gente sigue falleciendo y ahora a verlas venir”, explicaba esta semana Jon García, portavoz de las asociaciones de víctimas que llevan años luchando para que el fondo se haga realidad.

El fondo no será retroactivo y cada mes que pasa sin aprobarse es un reguero de víctimas desatendidas. Hay familias que llevan mucho tiempo sin dormir, atascadas en procesos judiciales y enfrentadas a empresas insensibles, y los intereses partidistas en el Congreso de estos últimos tres años han impedido crear un fondo de compensación. Señorías, han vuelto ustedes a dejar a las víctimas del amianto en la estacada.

Cayetana Álvarez de Toledo jugaba este jueves en casa y con el árbitro de su parte. Todos los balones eran para Cayetana y los porteros se apartaban para que marcara gol. Su destreza era aplaudida por narradores norcoreanos como si ella fuera Kim Jong Un. No recibió ni siquiera un amago de zancadilla. Fue un paseo triunfal. Este pasado jueves Cayetana Álvarez de Toledo fue entrevistada por Federico Jiménez Losantos en esRadio y Cayetana fue Cayetana.

Durante la entrevista hubo especial ensañamiento con el PP vasco y, entre otros, con Juan Carlos Cano, el político del PP que votó por error al candidato de EH Bildu a presidir la comisión de Derechos Humanos de las Juntas Generales de Gipuzkoa. Uno de los colaboradores del programa preguntó a Álvarez de Toledo por “la actitud impresentable de ese señor” y por el expediente que Génova le había abierto y que quizás la dirección del PP estuviera intentando tapar.

Álvarez de Toledo pudo haber respondido que aquello se había sacado de quicio, que Cano se equivocó al votar y que no dejaba de ser una anécdota. Y que además Cano las había pasado canutas en Euskadi, que fue objetivo de varios comandos de ETA, y que uno de esos comandos tenía como chivato al dependiente de un comercio donde Cano y su mujer hacían la compra. Que mientras había quien caminaba cómodamente sobre mullidas moquetas, otros -como Cano- se jugaban la vida. Cayetana pudo haber concluido que no aceptaría poner en duda a uno de sus compañeros de partido perseguido por el terrorismo durante tantos años. Y que no permitiría que nadie lo llamara “impresentable”.

Pero Cayetana prefirió el silencio administrativo y se limitó a responder que ella lo único que sabía es que la dirección del PP había anunciado el expediente y desconocía lo que había pasado después.

También fueron a por Alfonso Alonso, presidente del PP vasco, político de centroderecha, leído y pragmático, lo que en la geografía de los tertulianos de ultracentro es poco menos que trabajar en una imprenta comunista clandestina. A la portavoz del PP en el Congreso le preguntaron si no creía que la dirección nacional del PP debería haber montado una gestora en Euskadi y mandado a casa a los actuales responsables del PP vasco por sus malos resultados electorales. Ella no respondió directamente a esa pregunta pero, por lo que dijo después, da la impresión de que la gestora no iba a ser suficiente castigo.

Cayetana afirmó que el PP vasco se había apartado de sus convicciones morales para obtener mejores resultados electorales y que el fracaso electoral en Euskadi se había producido por el acercamiento a “posiciones más tibias y de contemporización con el nacionalismo”. Nadie se atrevió a aventurar que quizás el PP se la pegó en Euskadi -como en otros muchos sitios- porque sus dirigentes en Madrid estaban coqueteando con la ultraderecha. Y que quizás el PP perdió el escaño que retenía desde 1982 en Álava porque su candidato Javier Maroto -otrora ‘contemporizador’- transmutó en modo Cayetana durante la campaña electoral y el tantas veces nombrado ‘efecto Maroto’ se convirtió en ‘efecto anti-Maroto’. Sin embargo, cosas de la vida, al candidato que perdió las elecciones al Congreso, su partido le buscó una nueva vida en Sotosalbos. Al resto, los están esperando para hacerles la cama.

Cayetana añadió sobre la intención del PP vasco de marcar un perfil propio que “si el perfil consiste en decir que la legitimidad de nuestro ordenamiento constitucional tiene zonas reservadas que se remiten a derechos históricos previos y no a la propia Constitución y a la soberanía común, me parecería un grave error”. Ningún tertuliano fue capaz de recordar la disposición primera de la Constitución que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Esa asignatura no se da en los cursos preparatorios de las manifestaciones de Colón.

Pero el momento culminante del auto de fe al que fue sometido el PP vasco con la presencia destacada de Cayetana Álvarez de Toledo fue cuando un periodista de esRadio explicó que Alfonso Alonso había dicho esa mañana en la Cadena Ser que Rosa Díez era “extraordinariamente versátil”, por aquello de que había pasado de atizar al PP a participar esa misma mañana en un acto del PP en el Congreso de los Diputados.

“Será hijo de Satanás. Versátil él”, espetó Federico Jiménez Losantos. Y Cayetana Álvarez de Toledo, sentada a su lado, calló. Calló otorgándolo todo. Y la altura moral que tanto exige a los demás -y al PP vasco en particular- se le cayó de los bolsillos y quedó esperando a que alguien la recoja de los estudios de esRadio.

El joven y despiadado banquero Marc Tourneuil acude a una velada de champán y etiqueta en el museo Louvre de París. Es la noche en la que se presenta la campaña “El lujo es un derecho” organizada por las empresas del sector. Aunque desde su designación como presidente del banco Phenix, Tourneil ha evitado a los periodistas, esta vez concede una breve entrevista a un amigo de su mujer.

-Señor Tourneuil, ¿qué opina de esta campaña por el lujo? -le pregunta el reportero.

-Estoy por un máximo de democracia en todo, la democratización del lujo es una solución para…

Mientras sigue con la cháchara sobre el lujo y la democracia, Tourneil piensa: “Ignoraba que decir chorradas fuera divertido”. En adelante, aceptará todas las entrevistas.

La escena está sacada de la película 'El Capital' de Costa-Gavras. Y la moraleja es bien sencilla: los banqueros sólo dicen naderías en los medios porque, en realidad, no dicen lo que piensan.

Bueno, vale, es sólo una película. Y además una película de un director rojeras. Pero parece evidente -y no es necesario hacer estudios estadísticos muy profundos- que mientras gobernantes y gobernados en España son sometidos al escrutinio público, los personas más adineradas del país, los grandes empresarios y los ricos más influyentes se mueven con relativa tranquilidad entre bastidores sin dar demasiadas explicaciones.

El ejemplo más evidente es el de Amancio Ortega, el hombre más rico de España, conocido por su aversión a los medios de comunicación y tan celoso de su imagen que hasta 1997 no se divulgó ninguna foto con su imagen. Amancio Ortega no concede entrevistas. ¿Por qué? La leyenda menciona su talante personal, su humildad y su rechazo a las apariencias, pero hay otras razones.

“Hablamos de compañías muy importantes, cotizadas en bolsa, muy sensibles a la reputación pública de sus directivos”, explica Judit Catalá, experta en marketing y CEO de la agencia XL Yourself. Al ser preguntada por el silencio del magnate que levantó Inditex, Rocío Pérez Sevilla, directora de Posicionamiento Corporativo y Crisis en la agencia Atrevia, lo compara con la anemia comunicativa de los dirigentes de los bancos en España: “No está entre sus propósitos convertirse en protagonistas. Tienen una marca por la que trabajar y ese es su objetivo”.

Hablar puede significar dañar la marca, es decir, perder dinero. El silencio es sinónimo de más dividendos a final de año.

Los superricos conceden entrevistas a cuentagotas como Rafael del Pino (Ferrovial) o Helena Revoredo (Prosegur) y, a veces, ni siquiera eso. “No concede entrevistas” es una frase común que aparece en los perfiles periodísticos de muchos de los mayores ricos de España. Es el caso no sólo de Amancio Ortega, también el de Alicia Koplowitz (Omega-Inversiones), Sol Daurella (Coca-Cola European Partners) o Juan Abelló (De Torreal - Inversiones). De este último apenas se recuerda una entrevista de un diario de Reus hace muchos años y alguna otra intervención para hablar de su pasión por el mundo del arte. Villarejo, en uno de sus informes de espionaje para el BBVA, decía de Abelló: “Muy discreto en sus actuaciones, está convencido de que los hombres no son prisioneros del destino, sino de sus opiniones”. El silencio es preciado entre los poderosos. No sabemos lo que piensan aunque lo intuimos.

Razones hay muchas para que no hablen. Algunos preferirán no ser entrevistados para no tener que responder sobre el origen de su riqueza gestada en bonus y pelotazos financieros de empresas adelgazadas con EREs. Otros quieren enterrar sus trapicheos para financiar a partidos políticos o sus decisiones para deslocalizar la producción en países del Tercer Mundo. O quizás no estén metidos en ningún escándalo. Simplemente no quieren hablar con los medios porque pueden no hablar con los medios.

Sin embargo, hay excepciones. El más polémico es Juan Roig, presidente de Mercadona. Entre sus hits está “a los pobres les gusta comprar barato” y se ha llegado a mofar del lenguaje inclusivo con aquel “empresas y empresos”. Defiende el modelo de meter mil horas de curro de los bazares chinos. Roig no se corta: su receta es más desregulación y más desprotección para los trabajadores. Sin embargo, hay un detalle importante. Casi siempre que habla en público lo hace en actos subido a un estrado y con el público rendido a sus pies. Sin periodistas con posibilidad de preguntar.

En todo caso, la discreción es la norma, pero esto no quiere decir que este Universo Forbes no tenga portavoces que salgan al espacio público a partirse la cara. Para eso están los líderes de las grandes patronales o los círculos de economía, los columnistas con cargos en consejos de administración o los periodistas económicos que aceptan regalos. También algunos políticos.

Mientras tanto, colectivos ciudadanos de todo tipo necesitan intervenir en la opinión pública para intentar alcanzar sus objetivos: trabajadores que se ven abocados a hacer huelga, vecinos que se organizan en plataformas para evitar atropellos de los poderes públicos… Para la inmensa mayoría de la gente intervenir en el debate público es un requisito imprescindible para intentar cambiar las cosas. Los superricos en España no lo necesitan. Probablemente porque no quieren cambiar las cosas y porque si tienen que presionar o conchabarse con el poder político pueden hacerlo en los reservados de los restaurantes, sin luces ni taquígrafos (no me lo invento, se lo contó Pedro Sánchez a Évole).

El caso de Marcos de Quinto explica, en cierta manera, todo esto. Él procede del grupo de la discreción de los grandes directivos, del cómodo silencio que otorga el poder económico, y ha pasado al terreno de la hiperactividad pública de los políticos. Fue vicepresidente de Coca-Cola y ahora es el diputado más rico del Congreso en representación de Ciudadanos. Y no está acostumbrado al efecto que pueden tener las palabras de un miembro destacado de un partido político. No está habituado a que le lleven la contraria en público. Marcos de Quinto se ha tirado el verano enfrascado en refriegas e insultos cruzados con otros usuarios de Twitter y terminó por llamar “bien comidos pasajeros” a los migrantes rescatados por el Open Arms.

Obviamente se armó la marimorena y Marcos de Quinto recibió un buen rapapolvo público. Pero no dejó de ser una polémica más de las muchas que inundan los medios. Hubo un tsunami de indignación popular y después el tsunami se fue a por su próximo objetivo. Porque, más allá de estas escaramuzas que nos reconfortan tanto cuando nos sumamos a la ola de indignación compartida, hay algo que se mantiene incólume en la sociedad española: la normalidad con la que el poder político, los medios de comunicación y la ciudadanía en general damos por descontado que los grandes empresarios y los ricos pueden esconderse tras de sus fundaciones benéficas y sus discursos oficiales sin preguntas. La normalidad con la que asumimos que sus actos tienen consecuencias pero que no tienen que responder por ellos en público. A esto se le suele llamar paz social.

Este verano no ha muerto ningún miembro de Los Vengadores pero se nos ha vuelto a morir Chanquete, que es lo más cercano a un superhéroe de Marvel que tenemos en España. Chanquete -con su nave varada en tierra, su cuerda mágica para rescatar niños en los acantilados- ha muerto más veces que Al Baghdadi, tantas como TVE ha reemitido 'Verano Azul' desde su estreno en 1981, la serie que marcó la niñez de la generación que ahora quiere gobernar España y que piensa que el trap es una llave de taekwondo. 

Ha muerto tantas veces Chanquete que en la próxima reposición molaría que no muriera y se convirtiera en el 'unabomber' de la Costa del Sol y liderara una organización ecoterrorista con el Tito y el Piraña reventando cruceros por el Levante español. Porque si Chanquete hubiera sobrevivido hasta nuestros días, sería considerado un turismófobo. Hay que ver cómo se ciscaba Chanquete en los turistas, aunque fueron precisamente unos turistas los que se atrincheraron en su barco al grito hippie de “no nos moverán”. Si Chanquete no pudo vivir sin contradicciones, ¿quién puede hacerlo? Pero, bueno, esto del 'comando Verano Azul' ya lo ha contado mucho mejor Isaac Rosa este mes de agosto. 

La Nerja de Chanquete ha vuelto este verano en el que, sin embargo, el pueblo del que más se ha hablado ha sido el Sotosalbos de Maroto. Sin duda, este ha sido el verano de Sotosalbos. Al parecer, esta pequeña localidad segoviana con poco más de cien habitantes sufre un grave problema de acceso a la vivienda hasta el punto de que un senador del PP y un directivo de Accenture se han visto obligados a compartir piso con un negocio ganadero de explotación de búfalos. No sé a qué está esperando Netflix. Con mucho menos que esto se han rodado las mejores comedias del año en Francia. 

Sotosalbos ha dejado además la frase del verano: “Se me va a ver mucho por Sotosalbos”, pronunciada por el senador en cuestión, que es otra forma de decir “Vitoria, por encima de todo”, el lema con el que gobernó Maroto en Vitoria durante cuatro años, tildando de antivitorianos, quién sabe si de segovianos, a todos los que no comulgaban con su nacionalismo vitoriano de toda la vida. Es lo que tiene el vitorianismo: que los bilbaínos lo mismo te quitan el agua del pantano que te birlan los acueductos de Segovia. “Vitoria, por encima de todo, pero Sotosalbos más encima”, es el nuevo lema de Maroto.  

El verano de Sotosalbos ha sido casi tan sorprendente como el agosto de Albert Rivera. El otro día criticaba yo a Rivera por justificar su larga ausencia veraniega con el argumento de que “lo que pasa en agosto no existe” pero, bien visto, un agosto sin Rivera ha sido casi mejor que un concierto sin teléfonos móviles. Sin Rivera y sin el resto de los políticos chillones de esta nuestra democracia. Qué paz. Aunque los que sí han regurgitado algo este mes de agosto son los que se han propuesto llevarnos a elecciones en noviembre como se llevan al matadero a los búfalos de Sotosalbos. Termina agosto y vuelven las tertulias de política y las políticas de tertulia.

Dice Solo, el protagonista de una de las novelas de David Trueba, que “el amor del verano es un subgénero del amor, del gran amor que nunca podrá tener lugar en verano” y añade “que la canción del verano es siempre la peor canción del verano”. Al periodismo se le ha atribuido también cierto desprecio al mes de agosto: los periodistas estrella se van a la playa, los periódicos se ponen a dieta y se recurre al tópico de la expresión “serpiente de verano”, esas historias -algo o bastante infladas- que no tendrían acomodo el resto del año. Una de esas serpientes ha sido siempre Gibraltar. 

En agosto, las instituciones bajan la persiana y los políticos se van de vacaciones, así que los periodistas que se quedan atrapados en las redacciones tienen que buscar historias bajos las piedras. Es decir, tienen que hacer periodismo, el periodismo que durante el resto del año está en muchas ocasiones bailando al ritmo que marcan las agendas oficiales y las declaraciones de los políticos. Precisamente por ello, el periodismo del mes de agosto es el más auténtico de todo el año. Y quizás, el mejor. 

El líder político que más ha estirado su apagón estival ha sido Albert Rivera. Desde finales de julio no ha convocado a los medios ni ha participado en actos de su partido. Y ante la pregunta de “¿dónde está Albert Rivera?”, la dirección de Ciudadanos ha explicado a la Cadena Ser que la decisión de su prolongada ausencia está “pensada y meditada”. “Albert Rivera ha preferido desaparecer porque todo lo que pasa en agosto no existe o en septiembre termina por desinflarse”, han afirmado desde la dirección del partido naranja. 

“Lo que pasa en agosto no existe”. 

La crisis del Open Arms que ha evidenciado la miseria moral de Europa con los migrantes no existe. El incendio de Gran Canaria que ha calcinado casi 10.000 hectáreas y ha obligado a desplazar a miles de vecinos de la isla no existe. El brote de listeriosis sobre cuya gestión empiezan a aparecer serias dudas tampoco existe. Los sucesivos datos publicados este mes de agosto sobre la posibilidad de una recesión económica no existen. La violencia machista que no ha parado en agosto tampoco existe. Y lo que está claro que no existe en agosto ni en ningún otro mes del año es la sintonía con la ultraderecha que ha permitido a Ciudadanos gobernar en la Comunidad de Madrid precisamente este mes de agosto. Bueno, lo que sí ha existido en agosto ha sido Marcos de Quinto.  

La dirección de Ciudadanos aclara que Rivera está “muy atento a los asuntos de la actualidad” porque obviamente lo que ocurre en agosto sí existe, pero a lo que se refiere Ciudadanos es que en agosto no existe la posibilidad de sacar rentabilidad mediática y electoral a la actualidad. La gente está de cerveceo y harta de tanta turra, viene a decir Ciudadanos, así que... ¿para qué intervenir en política en agosto si apenas se van a obtener beneficios tácticos?

Lo que descansa en el fondo de todo esto es una visión muy superficial de la política y del papel de sus representantes. Es el signo de los tiempos que vivimos, pero en el caso de Ciudadanos esta tendencia está mucho más acentuada. Antes que por un ejercicio sensato de la política como herramienta para mejorar la vida de las personas, Ciudadanos parece preferir el marketing destinado a calentar las redes sociales, la política al servicio de las encuestas y los golpes de efecto a lo “Pedro Sánchez y su banda”. Antes que desarrollar el proyecto liberal que se le supone, parece apostarlo todo a intentar adelantar al PP con populismo de derechas y nacionalismo. Qué daño han hecho los asesores, que dice Antón Losada.

En España hay mucha gente que no ha olvidado la crisis de 2008 porque para ellos todavía no ha terminado, venía a decir el otro día Óscar Guardingo. Hay otros muchos que la recuerdan con buena memoria porque los poderes públicos y los empresarios han inoculado con eficacia el miedo sistémico y nada inocente a ser despedidos en nuestros trabajos: el chantaje de los últimos años para tragar con los recortes y la precariedad. También hay quienes recuerdan la crisis hasta el último detalle pero por motivos muy diferentes: hicieron mucho más dinero gracias a la crisis que sin ella. Y luego están los que la han olvidado por completo. O que, mejor dicho, actúan como si la hubieran olvidado y ahora no quieren escuchar los tambores de la recesión económica que se avecina en el horizonte. 

Entre estos últimos están algunos de los políticos que nos gobiernan hoy en día. 

Son esos políticos que han olvidado que la solución a la crisis fue injusta: privatizó los beneficios y socializó las pérdidas. Son esos políticos que han retirado de su disco duro los miles de desahucios que han asolado España en la última década pero añoran la época en la que todo el mundo jugaba a tener un Guggenheim en su casa. Eso no lo han olvidado y han recaído en los viejos vicios de la burbuja. 

Son esos políticos que durante los años más duros de la pasada crisis nos adoctrinaban con “el no hay dinero para todo” para que nos empapuzáramos con el ricino de la austeridad. Los políticos que recortaron en Educación, Sanidad y Dependencia, y que todavía hoy -cuando hay colectivos que denuncian las largas listas de espera en las residencias, o reclaman mejoras laborales en las subcontratas públicas o alertan del desamparo de la educación pública frente a la concertada- siguen insistiendo en que “no hay dinero para todo”. Y lo dicen a la vez que han construido nuevos campos de fútbol, defienden operaciones Chamartín, sueñan con más palacios o, droga dura, hasta aspiran a organizar unos Juegos Olímpicos. 

Son esos políticos ebrios de marketing político positivista que apelan al orgullo de sus comunidades para levantar pirámides que les abran las puertas de la posteridad. O que aprovechan los complejos de sus ciudades/territorios para recurrir a un nacionalismo hiperlocal y cutre pero exitoso. La fórmula funciona, les dicen sus asesores, la gente te vota. Es el populismo de los que siempre están criticando el populismo. Es el populismo del cemento, los grandes eventos y la adicción al turismo. 

Estos políticos prefieren apostar su carrera política a proyectos de muy dudosa justificación en vez de arriesgarlo todo a promover políticas públicas que reviertan los estragos de la última crisis. Son los incapaces en tomar decisiones valientes contra la financiarización de la economía y a favor de una redistribución justa de la riqueza, no sea que se inquieten los de siempre. Son los que se decantan por megaproyectos como un fin en sí mismo antes que por reducir las desigualdades que ha dejado la crisis. Estos políticos no necesitan aprender demasiado porque ya tienen la receta para la próxima crisis: más austeridad salvo para sus sueños de grandeza. Para eso siempre hay convenios y portadas amables en los periódicos. Para repartir culpas cuando vengan mal dadas siempre estarás tú. 

El panorama es todavía más sombrío cuando se comprende que estos políticos no son extraterrestres, que cuentan con un apoyo popular muy importante. Que, entre muchos ciudadanos, ha calado la teoría de que si no se ven excavadoras a cada hora es que todo está parado. Que sin turistas japoneses no somos nada. Son esos ciudadanos que incluso se creen el cuento de que se pueden bajar los impuestos y mejorar los servicios públicos. Y que comentan que a los machacados por la crisis ya se les ha ayudado demasiado. Vienen malos tiempos, si es que alguna vez se fueron.