La B12 o cobalamina es una vitamina de origen microbiano, producida por ciertas bacterias y arqueas, que animales y plantas son incapaces de generar por sí mismos. Entre sus funciones figuran generar glóbulos rojos, reparar y sintetizar el ADN y velar por el buen funcionamiento del sistema nervioso. La más compleja de las vitaminas, el progresivo desvelamiento de sus misterios ha dejado un reguero de cuatro premios y seis laureados Nobel. La B12 destaca también entre las otras trece vitaminas esenciales por ser empleada en una guerra cultural. La falta de B12 es uno de los déficits vitamínicos más comunes a escala global. Este déficit es cosa seria: existe la posibilidad de anemia y daños neurológicos si los niveles son bajos en humanos.

Las causas de esta extendida carencia son diversas: dificultad de absorción en las personas mayores (varios estudios en Europa señalan niveles bajos entre el 10% y el 20% o más), así como en personas con afecciones gastrointestinales y de otras clases, marcos de carencias nutricionales más amplios (no sólo en el mundo “en desarrollo”), interferencia con numerosos fármacos (y con el alcohol) y, sí, la “nueva” tendencia de las dietas basadas en plantas, que, si son estrictamente basadas en plantas, no disponen de fuentes fiables de B12, más allá de suplementos y alimentos fortificados (no, tampoco el tempe, el alga nori o la espirulina, por mucho que se diga). Aunque en el orbe occidental la población vegetariana (no digamos vegetariana estricta o vegana) sea bastante inferior a la de otros grupos de riesgo, como los mayores de 65 años, adivinen cuál de los factores listados antes se lleva toda la ira.

Como decíamos, la vitamina B12 no es generada ni por plantas ni por animales. Si bien se necesita en cantidades menores que ninguna otra vitamina y se puede acumular en el cuerpo durante años, los animales necesitamos obtenerla de algún modo más tarde o más temprano (al contrario de las plantas). Sucede que los animales, al ingerirla oralmente (de alimentos o las propias heces) o absorberla desde el sistema digestivo, la contenemos en nuestro cuerpo, y por ello los alimentos derivados de animales son una fuente más fiable de este micronutriente que los derivados de plantas sin fortificar (carne, lácteos y animales marinos; huevos, no). Sin embargo, la identificación automática de “vitamina B12” con los productos de origen animal nos hace perder de vista razones más sistémicas de la extensión de esta deficiencia.

La vitamina B12 abunda donde pululan ciertos microorganismos, y desaparece con sus creadores. En el mundo moderno hemos purificado el agua de beber, empobrecido los suelos y vuelto asépticos los productos que crecieron en ellos, por lo cual hemos ido cerrando posibilidades de entrar en contacto con esas bacterias (y con otras menos benignas). También hemos desnaturalizado tanto el sistema ganadero que ni siquiera los animales “de granja” tienen la oportunidad de entrar en contacto con ella. Los piensos de la ganadería industrial, que es la mayoritaria, suplementan esta vitamina y el (minoritario) modelo extensivo a menudo requiere suplementos de cobalto para poder generar la vitamina B12, debido a que los suelos cada vez son más pobres en este mineral. (Todo depende del tipo de suelo; muchos ganaderos de extensivo suplementan por defecto). Sólo los animales cazados o pescados en libertad tienen una relativa certeza de haber adquirido B12 “naturalmente”.

Una de las críticas más frecuentes hacia la dieta basada en plantas o vegana es que se trataría de un régimen antinatural, por requerir de alimentos fortificados o suplementos para completar su perfil nutricional. Podemos ahora apreciar la paradoja. Lo natural, según estas críticas, sería, en lugar de consumir suplementos de B12 nosotros, suministrar esos suplementos a animales en un abominable sistema de ganadería industrial y que nos lleguen de forma más costosa e indirecta (a través de los animales). Lo antinatural sería, para los mismos críticos, consumir el suplemento directamente, saltándose el intermediario y los piensos de macrogranja.

La conclusión, de esta y de tantas otras cosas, es que, nos guste o no, nuestro mundo industrializado y ecológicamente empobrecido no tiene ya mucho de “natural”. Y la tecnología, para producir suplementos vitamínicos, se encuentra más cerca de la de producir piensos de fábrica, fertilizantes químicos y aturdidores eléctricos para mataderos que de un hombretón comiendo carne cruda y despiezada con las manos, que, imaginamos, sería lo más cercano a una dieta puramente “natural” (¡tampoco valen lanzas para cazar!).

Que el déficit de vitamina B12 pueda afectar a más de un 10% del grupo social menos susceptible de hacerse vegano en Europa (mayores de 65) apunta también a otras razones. Por supuesto, en 2026 se llega a los 65 años; antes estaban demasiado ocupados muriendo. Y es cierto que esta franja etaria (a la que algunos recomiendan suplementar B12 de forma sistemática) absorbe peor muchos nutrientes, no sólo la B12. Pero también cabe considerar que ellos y todos los demás estamos menos expuestos a la vitamina que los Sapiens del pasado.

En tiempos modernos, los modos de producción y abastecimiento han cambiado de manera tan drástica como la agricultura y la ganadería, si bien a menudo no somos conscientes de estos cambios. La propia agua de beber podía ser antaño un hervidero de microbios, esto es, ¡una magnífica fuente de vitamina B12! Análisis de ríos y lagos muestran la presencia de esta vitamina en su agua, que contribuiría a la ingesta humana en otro tiempo. Un estudio en India descubría que el déficit de esta vitamina casi se triplicaba en los que bebían agua filtrada por el procedimiento más común de purificación en zonas urbanas, la ósmosis inversa (pero quizá se libraban de cosas peores). Otros señalaban un mayor déficit entre vegetarianos indios de Reino Unido que en los de India, por muchas posibles razones, generalmente asociadas a las condiciones de vida en India. Una investigación con aldeanos iraníes de mediados del siglo pasado que apenas consumían proteína animal mencionaba concentraciones parecidas a las del estadounidense promedio.

Aunque los humanos no solamos practicar la coprofagia (la envidiable manera en la que algunos grandes simios obtienen B12 de las bacterias en sus intestinos), el mundo era por lo general más mierdoso antes. Esa agua “impura” era también el agua con la que se cocinaba y lavaban los alimentos; esa tierra, la que manchaba unas verduras menos asépticas y despiojadas; esos humanos, los que, en tiempos de más contacto con la tierra y una higiene personal, digamos, ‘diferente’, podían portar B12 en la superficie de sus propios cuerpos además de dentro.

En las acampadas que estos días se extienden por distintas ciudades de España para reclamar vivienda, personas de edades y situaciones muy distintas se cuidan entre sí. Para la filósofa Amanda Briones Marrero, esa red de apoyo ilustra una idea central de su investigación: “Se están cuidando mutuamente, pero no porque sean todas familia ni porque vivan situaciones idénticas, sino porque hace falta una comunidad grande para poder resistir”.

Ese cuidado, añade, va más allá de los nuestros: “No es solo cuidar de tu hija o de tu perro, sino también el hecho de que todos los seres humanos somos ontológicamente vulnerables. Interdependientes, y en esa interdependencia es como también se crece”.

La idea recorre su tesis doctoral, Ética animal interseccional y éticas centradas en el sufrimiento: un diálogo para la (re)valorización del cuidado y la conciliación con el ecologismo, defendida el pasado 26 de junio en la Universidad de Oviedo. El trabajo estudia la relación entre la ética animal y otras corrientes de pensamiento, especialmente el feminismo, el antirracismo, el anticapacitismo, las éticas del cuidado y el ecologismo.

¿Quién merece nuestra consideración moral?

¿Qué hace que alguien merezca consideración moral? O en otras palabras: ¿qué hace que pensemos que un ser importa y que debamos tener en cuenta cómo le afectan nuestras acciones? Esta pregunta atraviesa buena parte de la historia de la filosofía. Durante siglos, las respuestas más habituales han pasado por buscar alguna característica en concreto que, supuestamente, separe a los humanos de los demás animales. Hablamos, por ejemplo, de tener o no capacidad para razonar, para comunicarse, para tomar decisiones, o de cuestiones como la autonomía.

Esos criterios para separarnos plantean más interrogantes. Si somos realistas, tenemos que partir de la base de que no todas las humanas poseen esas capacidades, o al menos no en el mismo grado. Sin embargo, no por ello concluimos que debamos considerar que sus vidas tienen menos valor.

Briones Marrero propone otro punto de partida: la sintiencia, la capacidad de sentir placer y dolor, disfrute y sufrimiento. Y sostiene que no hace falta ser filósofa para entenderla: “Todas las personas hemos experimentado lo que es convivir con algún animal y entender que tienen sintiencia, que tienen intereses”. Lo que la filosofía añade es la consecuencia: “Precisamente porque tienen esa sintiencia, tienen derecho a ser considerados moralmente, y no simplemente a ser explotados, como tristemente lo siguen siendo hoy en día”.

Desde ahí, la filósofa critica el especismo, que es discriminar a los (otros) animales por no pertenecer a la especie humana. La autora va más allá de la defensa convencional de los animales para analizar cómo la propia idea de “animalidad” ha sido utilizada históricamente para establecer jerarquías entre humanos.

Cuando un animal deja de ser un individuo

Uno de los conceptos que atraviesa esta investigación es el de “referente ausente”, de la filósofa feminista Carol J. Adams. El fenómeno puede observarse en un lugar tan cotidiano como un supermercado: en las neveras encontramos paquetes de carne troceada, con su etiqueta, su precio y su envase, pero no vemos al animal que fue convertido en ese producto. El cuerpo que sufrió y murió para llegar hasta allí ha desaparecido.

Briones Marrero lo desarrolla con dos procesos: la “desontologización” y la “ontologización”. La primera consiste en retirar la consideración moral a un ser dotado de intereses y capacidad de sentir. La segunda le atribuye una nueva condición que lo define por su utilidad: la vaca deja de ser un animal concreto y pasa a ser “ganado”, “lechera”, “materia prima” o “carne”.

La autora lo explica así: “De repente hay un sujeto, ya sea una mujer, una persona racializada o un animal no humano, que dejamos de ver como sujeto para ver como un objeto”. Y el recorrido puede hacerse a la inversa: quien ha sido deshumanizado necesita que se le devuelva a lo que es, un ser sintiente.

Animalización, raza, género y discapacidad

Según la tesis, este mecanismo no se limita a los animales no humanos. La animalización se ha usado históricamente para presentar a determinados grupos humanos como menos “racionales”, menos “civilizados” o, directamente, “menos humanos”. De ahí la perspectiva interseccional, concepto acuñado por la jurista Kimberlé Crenshaw en 1989 para explicar cómo distintas formas de discriminación actúan de manera simultánea y entrelazada.

El concepto de interseccionalidad fue acuñado por la jurista Kimberlé Crenshaw en 1989 para explicar cómo distintas formas de discriminación actúan de manera simultánea y entrelazada.

Briones Marrero pone en conversación a autoras como Adams, Aph Ko y Syl Ko, y Sunaura Taylor. No dice que el racismo, el sexismo, el capacitismo y el especismo sean lo mismo, sino que pueden compartir una lógica: dividir a los seres entre quienes cuentan y quienes quedan excluidos. En las narrativas de mujeres esclavizadas que analiza, por ejemplo, género, raza y animalización se entrelazan: eran consideradas propiedad y comparadas directamente con animales.

La comparación puede incomodar, y la autora lo sabe: es, dice, el punto por el que más le preguntan, aunque siempre “de una manera abierta y amistosa”. Su respuesta se apoya en otras voces. Las hermanas Ko plantean que, si alguien tiene que luchar para ser considerado humano, quizá la humanidad no sea el refugio que parece. Marjorie Spiegel, autora de The Dreaded Comparison, sostiene que ofenderse por el paralelismo entre esclavitud y trato a los animales “te sitúa más cerca del opresor que del oprimido”, advierte Amanda Briones. Y Sunaura Taylor cuenta que, por su discapacidad física, la compararon siempre con animales y, aunque entendía que lo hacían para insultarla, le parecía absurdo, ya que ella adoraba los animales.

Para Briones, la conclusión es sencilla: “No debemos considerar que ser animales es un insulto, porque lo somos todos”. El trabajo de la ética animal, escribe en su tesis, es “desocultar los nexos entre las situaciones de los diversos sujetos animalizados y los animales no humanos”.

Hacer presente al animal

Si el problema es que el animal desaparece detrás del producto (“referente ausente”), una posible respuesta es volver a hacer visible a ese sujeto. La tesis de Amanda Briones denomina a esta estrategia “referente presente”. La expresión funciona como contraposición al “referente ausente”: el animal deja de aparecer únicamente como trozo, materia prima, alimento o recurso y vuelve a ser reconocido como un individuo. La autora reconoce la repetición en “referente presente”, pero incide en que es algo “muy necesario de visibilizar”: “Hace falta esa reiteración porque esos referentes ausentes están por todas partes: están en la comida, están en el lenguaje”.

El lenguaje es clave. Cuando alguien dice que se sintió “como un trozo de carne”, pregunta Briones, “¿y quién es ese trozo de carne?”. Y plantea una paradoja: “Si nos parece mal tratar a alguien como un animal, ¿por qué tratamos a los animales 'como animales'?”.

Si nos parece mal tratar a alguien como a un animal, ¿por qué tratamos a los animales "como a animales?"

La tesis distingue tres formas de referente presente: recordar que la carne del plato fue un cuerpo vivo, devolver al animal su condición de sujeto evitando los eufemismos y mostrar las conexiones entre la animalización de los animales y la de ciertos grupos humanos.

En la práctica, explica, esto ayuda a romper una disonancia muy extendida: “Muchísima gente quiere muchísimo a su perro y a su gato, pero sigue comiendo carne”. Algunas personas, al ver el referente ausente en su plato, hacen clic. Otras lo encuentran demasiado chocante y cierran la puerta. Su consejo es realista: “La perfección probablemente nunca la vamos a alcanzar, pero siempre podemos hacer un poquito más”.

El sufrimiento como criterio moral

Otro eje de la tesis son las éticas centradas en el sufrimiento, que dan especial importancia a prevenirlo y reducirlo. Briones explica que existe “una cierta asimetría” entre el sufrimiento extremo y las situaciones neutras o placenteras, por lo que quizá sea prioritario acabar con el sufrimiento antes que aumentar el bienestar positivo.

En sus conclusiones, la autora defiende que este criterio puede unir corrientes de origen distinto: “Lo que une a todas estas corrientes aparentemente diferentes en sus orígenes, denuncias y demandas es el sufrimiento y otros desvalores como la injusticia, la vulnerabilización y el desconocimiento global que promueve prejuicios y violencias. ”Desde esta perspectiva, la cuestión no es únicamente construir una teoría sobre qué derechos tienen los animales, sino identificar aquello que debe evitarse: el sufrimiento, la injusticia y la vulnerabilidad.

A ello suma el cuidado. Las éticas del cuidado, desarrolladas desde el feminismo, ponen el énfasis en las relaciones, la dependencia y la vulnerabilidad, frente a una moral basada en individuos autónomos y racionales. Han sido históricamente denostadas por parciales, recuerda Briones, pero ella las defiende: “Sostengo que las éticas del cuidado deben ser pensadas desde el sufrimiento, y que las éticas centradas en el sufrimiento deben incorporar el cuidado desde el inicio mismo de su configuración”. Aplicado a los animales no humanos, esto implica prestar atención a individuos concretos y a las relaciones que mantenemos con ellos. La propuesta de Briones Marrero pretende poner la justicia y el cuidado en diálogo.

El conflicto con el ecologismo

La defensa de los animales y el ecologismo parecen aliados naturales, pero sus objetivos no siempre coinciden. Un ejemplo es controlar una población animal para proteger a otra especie o conservar un ecosistema: desde el conservacionismo puede ser necesario, y desde una ética centrada en los individuos, matar a cada animal es un daño que cuenta.

Briones Marrero busca un punto de encuentro a través del ecofeminismo, incluidas sus corrientes postcoloniales, decoloniales y queer. Intenta, dice, abordar el choque entre una ética animal centrada en el individuo y una ética ecológica más holista, y pensar “la naturaleza como algo de lo que también formamos parte”, no como un conjunto de ecosistemas que conservar aunque se perjudique a especies consideradas invasoras. Surgen preguntas como: “¿Qué hacemos con aquello que consideramos plagas? ¿Intervenimos el ecosistema o no lo intervenimos?”.

En las conclusiones de su tesis, la autora considera poco útil mantener posiciones binaristas ante la crisis ecológica: “Considero poco constructivo centrarse en defender de manera hermética y dicotómica posiciones animalistas o ambientalistas, cuando lo que urge es volcar todos los conocimientos, herramientas y esfuerzos posibles para evitar tanto el deterioro del planeta como el sufrimiento de los animales”.

Su tesis conecta la ética animal con la crisis climática. Incendios, inundaciones u olas de calor afectan a todos los animales, humanos y no humanos, domesticados y silvestres. Para Briones, ante desastres provocados o agravados por la actividad humana, “debería considerarse igualmente necesario y legítimo responsabilizarse y planificar estrategias de rescate para animales y humanos”.

Una pregunta que sigue abierta

Su tesis deja una pregunta abierta: qué vidas tenemos en cuenta, cuáles dejamos fuera y qué consecuencias prácticas tiene esa diferencia. La autora es prudente sobre los posibles cambios en políticas públicas: la filosofía plantea los problemas, dice, pero no siempre tiene la competencia para decir cómo cambiarlos. Lo que sí propone es ir “a la raíz del asunto”: preguntarse a quiénes considera merecedores de humanidad y a quiénes no, y qué pensamiento -no solo especista, sino también colonial y racista- nos lleva a trazar una frontera tan clara entre lo humano y lo no humano.

Esa pregunta, afirma, está de actualidad. Cita la vivienda: “El tema de la vivienda no está desligado de los animales, porque hay mucha gente luchando para que los animales puedan vivir también de alquiler”. Y señala las comparaciones con animales que se hacen hoy, desde el racismo, sobre personas migrantes en situación de extrema vulnerabilidad.

Su propuesta, la “ética animal interseccional”, defiende un antiespecismo feminista, antirracista y anticapacitista que reconozca “el sufrimiento en los cuerpos de individuos concretos”, y plantea “situar la necesidad de reducir el sufrimiento como meta común de ambientalistas y antiespecistas”.

Para cerrar, la autora pide combinar estudio y experiencia: “Animo a la gente a que lea mucha ética animal, pero sobre todo les animo a que vivan a los animales con su propio cuerpo. Somos razón y somos también cuerpo; somos logos, pero también somos emoción, y creo que las dos cosas son indisociables”.

En noviembre de 2001, un grupo de individuos entró en una protectora de animales de Tarragona, cortó las patas a quince perros y los dejó morir desangrados. La prensa generalista española cubrió el caso ampliamente y la indignación por esos perros se tradujo en demandas de leyes más duras contra el maltrato animal. Fue una de esas historias con claro gancho periodístico: un crimen brutal, culpables claros, víctimas con las que es fácil empatizar.

Mientras tanto, cada año, a escala industrial y dentro de la ley, miles de millones de animales son confinados, mutilados, transportados y matados en granjas, mataderos y laboratorios de todo el mundo. Es una actividad coreografiada y ejecutada de manera sistemática, cada mes, cada día, cada hora, sin que ninguna de esas vidas y muertes trascienda a las páginas de los periódicos generalistas. Estas ausencias, según los filósofos políticos Pablo Magaña y Rubén Marciel (en el departamento de filosofía del Trinity College de Dublín y en el de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Ginebra, respectivamente), no obedecen necesariamente a obstáculos insalvables, sino a decisiones editoriales que merecen ser discutidas.

Estos dos investigadores postdoctorales acaban de publicar en el Journal of Media Ethics, una revista científica revisada por pares, un artículo que plantea una pregunta: si las periodistas escriben para lectoras humanas, ¿por qué habría de ser noticia lo que afecta sobre todo a animales de otras especies? La respuesta de estos dos filósofos es que informar sobre lo que les pasa (o lo que les hacemos) a los otros animales es un deber periodístico, y no una cuestión de sensibilidades o de las líneas editoriales específicas de unos pocos medios.

La idea de publicar este escrito nació del cruce de dos trayectorias. Magaña se dedica a la ética animal y a la representación política de los animales; Marciel investiga qué medios de comunicación necesita una democracia y cómo deberían regularse. “Le propuse por qué no hacíamos algo sobre los deberes de los periodistas en sociedades democráticas en las que los animales están sistemáticamente ignorados de una manera que consideramos injustificada”, explica Magaña.

Razones democráticas

Buena parte de la literatura académica crítica sobre animales y medios, un campo conocido como Estudios Críticos de Animales y Medios (o CAMS por sus siglas en inglés), parte de premisas antiespecistas radicales: ningún ser debería ser tratado mejor o peor por pertenecer (o no) a una especie en concreto. Magaña y Marciel admiten simpatizar con esa idea que va a la raíz del problema, pero al mismo tiempo, son conscientes de que en sociedades pluralistas, donde hay diferentes intereses, existe un desacuerdo real sobre el estatus moral de los animales, con lo cual los argumentos radicales no tienen poder para convencer a muchos.

Por eso proponen un camino distinto, al que llaman “ecuménico”, con cinco argumentos, que no exigen aceptar necesariamente que los animales tengan derechos. “Es una motivación estratégica”, admite Marciel, y la compara con la que se emplea a favor del veganismo: “No hace falta ser animalista. Si tú eres ecologista, que mucha gente lo es, tienes motivos de peso para ser vegetariano o vegano”. Magaña lo formula en clave de teoría no ideal: nuestra sociedad dista mucho de rechazar el especismo, pero incluso un periodista especista, si está comprometido con la democracia y la justicia, “tiene razones que vienen de los propios valores con los que dice que está comprometido para dar mayor relevancia a los animales”.

Los argumentos se apoyan en dos ideas: que una democracia funciona mejor con poblaciones bien informadas y que las sociedades deben aspirar a ser justas.

Desde ahí, el primer bloque de razones que proponen es democrático, y tiene tres argumentos. El primero atiende a la equidad del debate público: los defensores de los animales están infrarrepresentados en los medios, mientras que la industria animal dispone de muchos más recursos para influir en la agenda informativa. Si un debate se decide por el poder de cada bando y no por la calidad de sus argumentos, dicen los autores, no es justo.

El segundo argumento parte de que las decisiones políticas solo son autónomas si están informadas, y sostiene que los asuntos animales cumplen tres criterios para que un tema merezca prioridad informativa. Para empezar, son temas que preocupan a la ciudadanía. Encuestas, como el Eurobarómetro de 2023 que citan los autores, muestran una sensibilidad creciente hacia el bienestar animal. Además, los animales tienen mucho en juego. Las decisiones públicas condicionan la vida de millones de animales de forma directa, como cuando se financian con dinero público la tauromaquia o la experimentación animal, e indirecta, como cuando los Estados protegen a la agroindustria. Y cuanto más pesa una decisión, más importa que quienes la toman sepan lo que hacen. Por último, se conocen poco. Los autores citan a investigadoras que, tras hablar con miles de personas sobre el bienestar de los animales de granja, concluyen que la gente sabe muy poco de cómo se crían y cuáles son las condiciones de vida de estos animales.

El tercer argumento da un paso más: si esas decisiones afectan a los animales, sus intereses son políticamente relevantes. Los autores recurren al “principio de todos los afectados”, según el cual quien se ve afectado por una decisión debe ser al menos escuchado en el debate, aunque no necesariamente tenga representación en los parlamentos. Ahí entra la prensa: al poder llegar a grandes audiencias, los medios están en una posición privilegiada para que la ciudadanía tenga en cuenta esos intereses antes de decidir. Como los animales no pueden obviamente ni escribir artículos ni acudir a un debate, los autores razonan que las periodistas deberían actuar como representantes informales de quienes no pueden hablar.

Marciel admite que la idea de “dar voz a los propios animales” suena un poco rara, pero defiende que se piense en quiénes son los grupos más vulnerables y con menos capacidad para hacerse oír. Y Magaña matiza la premisa: “cuando parece que los animales no pueden comunicar sus intereses, se suele asumir que la limitación es suya, y en muchos casos es nuestra”, sostiene, aludiendo a las dificultades que los humanos tenemos para comprenderles, y que según los autores, se puede mejorar recurriendo a expertos que estudian su comportamiento.

Razones de justicia

En la segunda parte del artículo, los autores defienden que informar sobre la industria animal es necesario para que la ciudadanía pueda detectar injusticias, y lo hacen por dos vías.

La primera es directa: existe una probabilidad no despreciable de que las sociedades estén cometiendo injusticias graves contra miles de millones de animales. No hace falta creer que así sea, apuntan; basta ese riesgo para que el asunto exija deliberación informada.

La segunda es indirecta y no requiere resolver si se deben deberes de justicia a los animales, porque informar sobre la industria animal ayuda a detectar injusticias contra los humanos. Los autores lo ilustran con tres ejemplos de la ganadería intensiva: el cambio climático, las condiciones laborales en los mataderos y la salud pública.

Cambio Climático

Los autores citan que según la FAO, la ganadería contribuye con al menos el 12 % de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero, una cifra que, advierten, algunas expertas consideran incluso conservadora. Como el cambio climático golpea más a los países pobres y a las generaciones futuras, es también un problema de justicia. La ciudadanía, sin embargo, está mucho menos al tanto del peso de la ganadería que del de la energía o el transporte.

Condiciones laborales en mataderos

Los estudios que citan documentan en las plantillas de los mataderos tasas elevadas de ansiedad, depresión y estrés postraumático, así como lesiones graves, con unas dos amputaciones por semana según distintos reportajes. La rotación puede alcanzar el 200 % durante el primer año de funcionamiento de una planta, dicen los autores. Una parte importante de la plantilla son migrantes con pocas o nulas alternativas laborales, lo que les resta capacidad para presionar por mejores condiciones, ya que son fácilmente reemplazables por otros en su misma situación.

Salud pública

Los autores recuerdan la asociación entre el consumo de carne roja y procesada y varios tipos de cáncer, así como el riesgo de zoonosis que favorece el hacinamiento de animales y la resistencia a los antibióticos que fomenta su uso rutinario en la ganadería. Como además, la carga de enfermedad se reparte de forma desigual, en función de factores que las personas no controlan, el asunto tiene también una dimensión de justicia. La prensa, observan, suele cubrir violaciones flagrantes de la ley, y dan ejemplos sensacionalistas como el trabajo infantil descubierto en una planta de EE. UU., pero se hacen mucho menos eco del funcionamiento ordinario del sistema, que es probablemente donde residen las injusticias más extendidas.

¿Quién es un filósofo para decir qué es noticia?

La objeción es previsible: decidir qué es noticia debería corresponder a las redacciones, no a la filosofía. ¿O no? Marciel asume la pregunta: “Los periodistas que piensan así tienen razón. La decisión última recae sobre ellos”. Lo que hacen los autores, explica, es situarse en otro plano: “Nos quedamos en un nivel de abstracción mayor y lo que tratamos de hacer es identificar principios que sirvan para guiar la práctica periodística en el día a día”. No pretenden, añade, que los animales sean de repente lo único, o lo que más importa, “sino que, simplemente, también importan, y deberían estar ahí junto con otras cosas que importan”.

Además, el argumento no viene de fuera. Parte de los valores que, según los autores, la mayoría de periodistas de medios democráticos occidentales dice compartir: la democracia y la justicia. “Vosotros decís que estáis comprometidos con estos valores”, interpela Magaña, “si es así, tenéis razones para incluir a los animales en ellos”. Marciel lo enmarca como un método propio de la filosofía política: “No es colocarnos en una posición externa para decir a los demás lo que tienen que hacer, sino partir de las intuiciones que la gente tiene y articularlas de manera coherente”.

Y devuelve la pregunta a las periodistas: “¿Por qué tú eliges lo que es noticia? ¿En base a qué? Probablemente, la respuesta apele a valores como el interés público, el bienestar, la justicia o la democracia: No sería aceptable una respuesta que diga simplemente porque a mí me interesa esto. Hace falta algo más que el mero interés particular, lo que llaman el 'olfato periodístico'”.

Los filósofos no piden que los medios cubran solo asuntos animales, algo que sus autores califican de implicación disparatada, ni fija cuánta atención merecen frente al cambio climático, la desigualdad o el racismo. Reconocen que eso depende del contexto de cada redacción. Tampoco exigen una postura frontalmente antiespecista al informar: admiten que, en sociedades hoy muy antropocéntricas, los periodistas podrían permitirse enfoques levemente especistas, siempre que no ignoren los peores daños.

Entonces, si una redacción se tomara en serio este argumento, ¿por dónde empezaría? Marciel apunta a un criterio: “Tendría sentido que se priorizasen aquellas historias de animales en las que hay un mayor potencial para reducir las injusticias”. “Qué historias son esas”, continúa, “es algo que deben investigar y decidir los periodistas”, “pero supongo que la ganadería intensiva es una de las instancias en las que más injusticias se causan y, por tanto, quizá el primer asunto por el que empezar”.

El artículo termina con una imagen que interpela directamente al oficio periodístico. Los muros de mataderos y laboratorios son opacos, y las industrias han presionado durante décadas para dificultar el acceso público. Aunque fueran de cristal, apuntan los autores, poco cambiaría, porque están lejos de los núcleos urbanos. Las periodistas, sostienen, están bien situadas para derribar los otros muros, los psicológicos, discursivos y legales, que separan a los beneficiarios de la explotación de lo que ocurre dentro.

Una pregunta para quien lee las noticias

Al preguntarles con qué querrían que se quedaran las lectoras de su publicación, Magaña propone un ejercicio sencillo: ante una noticia sobre un incendio o un conflicto bélico, preguntarse: “¿Esto afecta realmente solo a humanos?”. Hay temas con un impacto claro sobre los animales que rara vez aparece en la cobertura. “Si van a leer la prensa con esa pregunta en mente, ya me parecería una buena actitud”.

Marciel va más lejos y espera que el artículo lleve a la audiencia a preguntarse, ante cualquier noticia, “por qué lo que están viendo es considerado noticia”. Y si no encuentran un buen motivo, a pensar “de qué podríamos estar hablando si no habláramos de esto”, y concluye: “Sería un mundo mejor si los contenidos que nos dan los medios respondiesen más a los valores de justicia y democracia”.

El fascismo llegará de nuevo con traje y corbata, nos advirtió George Orwell hace décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando parecía que el horror vivido en los campos de concentración y la limpieza étnica nazi no se volvería a repetir. Pero la memoria colectiva es muy líquida, casi gaseosa, y los nuevos y poderosos oligarcas que están detrás del tecnofascismo actual aprendieron de sus maestros, y han sabido adaptar su discurso a los nuevos tiempos de demolición democrática a través de la estulticia de las redes sociales y la IA.

El lenguaje y su manipulación fueron herramientas imprescindibles para que los nazis alcanzaran el poder. Para entender esa época, y la actual por extensión, es imprescindible leer La lengua del Tercer Reich. Apuntes de un filólogo (Editorial Minúscula), de Victor Klemperer, publicado por primera vez en 1947. A pesar de las penurias y la segregación que sufrió por su condición de judío, logró salvar la vida gracias a que estaba casado con una mujer aria. Desde 1933, Kemplerer empezó a analizar el lenguaje nazi como un entomólogo, y descubrió cómo, a través de la manipulación de la lengua y del discurso, los nazis lograron también manipular la mente de millones de alemanes. “Cuando, para los judíos creyentes, un utensilio de cocina se ha vuelto impuro, desde la perspectiva del culto, lo purifican enterrándolo. Muchas palabras del habla nazi deberían ser enterradas por mucho tiempo –algunas para siempre– en una fosa común”, recomendaba Klemperer. Pero lo triste es que no solo no hemos enterrado ese tipo de palabras, sino que las hemos desempolvado y les hemos sacado brillo: prioridad nacional, menas, migrantes-delincuencia, campos de internamiento, avalancha, invasión, reemplazo racial, ICE…

Aunque a una gran parte de la población le parezca que exagero, y hasta una comparación desafortunada, lo cierto es que también los animales que nos llevamos al plato (y no solo ellos, también con los que experimentamos) “viven” en campos de concentración y acaban masacrados en los mataderos, como aseguró en su día el escritor judío Isaac Bashevis Singer y nos ha recordado muchas veces Elisabeth Costello (John Coetzee). Por consiguiente, cabe pensar que existe también un lenguaje que ha propiciado la legitimación de un crimen masivo contra los animales no humanos. Se trata de un lenguaje especista, anterior al capitalismo, aunque luego este lo incorpora a la “lógica” de la explotación y el extractivismo.

Lo analizan con gran rigor quienes participan en el volumen colectivo Especismo y lenguaje (Plaza y Valdés), coordinado por las profesoras Catia Faria y Núria Almiron. “El lenguaje especista consiste en el uso de la terminología que tiende a degradar, ignorar o estereotipar a animales de determinadas especies, reflejando la creencia, a menudo inconsistente, de que unos son inferiores a otros, por lo que estaría justificado tratarlos peor”. Este lenguaje responde a una ideología, que se solapa con la de otros supremacismos (el patriarcado o el racismo, el edadismo o la  gordofobia, entre otros) que “dan forma, refuerzan y justifican la dominación y marginalización de los demás animales”, sostienen las autoras.

En este supremacismo especista participan no solo los sectores reaccionarios de la sociedad, sino también una buena parte del sector más progresista, como hemos podido comprobar estos días con el vergonzoso desahucio a Maricarmen y las esperadas y necesarias movilizaciones ciudadanas. Desde hace tiempo se ha impuesto la expresión “fondos buitre” para denominar a las corporaciones desalmadas que compran viviendas al por mayor, favorecidas por la inacción o el aplauso de quienes gobiernan, para expulsar luego a un inquilinato que no puede pagar unas cuotas desorbitadas, y que nos están privando del derecho básico a una vivienda.

Se les podría llamar fondos especulativos, usureros, sicarios, incluso “asesinos”, pues en cierta forma son criminales sociales (han sido la causa de varios suicidios), aunque no te pongan una pistola por delante. ¿Por qué ligar a estos despiadados profesionales de la usura con el buitre, una de las aves más maravillosas que existen, con individuos que llegan a vivir casi cincuenta años y se van de Erasmus durante su juventud para ver mundo? No deberíamos confundir con quienes “limpian” los ecosistemas, como hacen los buitres, a quienes, como estas empresas, mandan a la basura del sistema capitalista a personas, humanas y no humanas, que les parecen inservibles.

A diferencia del mundo anglosajón, hay poca literatura en castellano sobre el tema, pero, como señalan Almiron y Faria en Especismo y lenguaje, o Florent Marcellesi en Una lengua sin maltrato (Icaria), el especismo contamina nuestra forma de referirnos a los demás animales o de utilizarlos para rebajar a las personas humanas. Este artículo no es el lugar para hacer un recuento del lenguaje especista, que recorre todo el espectro ideológico y los ámbitos de la vida, y que puede consultarse en los citados libros con alternativas más apropiadas, sino el de llamar la atención, una vez más, sobre la importancia que la lengua y su proyección tienen en nuestro imaginario colectivo. Como señala Almiron, los animales son el último eslabón de los marginados, “la clase trabajadora más oprimida” del capitalismo. Quienes se definen como izquierda, y más si es anticapitalista, deberían reflexionar y meditar sobre cómo sitúan en el lenguaje y su proyección a nuestros compañeros de viaje, en un sistema que los exprime y tritura con la complicidad de la mayoría.

Como Alicia tras comer una galleta mágica, cuando todas sus extremidades salían por las puertas y ventanas de la casa del conejo blanco, el pasado martes unos gigantescos tentáculos morados rebosaron por los balcones y treparon por las paredes del número 13 de la calle del Duque de Alba, en el centro de Madrid. No se trataba de un encuentro de amantes de H. P. Lovecraft ni de una performance surrealista, sino de la presentación de la propuesta legislativa para prohibir las macrogranjas de pulpos en España.

La iniciativa de INTERCIDS, Operadores Jurídicos por los Animales reunió en la librería Traficantes de Sueños a varias decenas de personas y viandantes que se acercaban con curiosidad a la instalación, que forma parte de la campaña ‘No aceptes pulpo como animal de macrogranja’. La metáfora resume el núcleo de la propuesta: al igual que los tentáculos no tienen cabida en un edificio, los pulpos no pueden ser hacinados en granjas masivas.

Un nuevo mercado en el punto de mira

Este verano, Nueva Pescanova anunció que abandonaba definitivamente el proyecto de acuicultura de estos cefalópodos en Gran Canaria. La presión social por parte de la población canaria y de asociaciones ecologistas, la preocupación expresada en reiteradas ocasiones por la comunidad científica y colectivos ambientalistas y por los derechos de los animales (a nivel nacional e internacional), así como la diligencia del Gobierno canario en materia de protección medioambiental, hicieron que la multinacional se diera por vencida con el que iba a ser el primer centro de acuicultura de pulpos del mundo.

Sin embargo, nada garantiza que las granjas de pulpos no puedan llegar a ser una realidad en nuestro país. De hecho, el gigante gallego no es el único interesado en esta nueva línea de negocio: existe un intento previo de la también gallega Armadora Pereira, y la multinacional pesquera Profand ya cuenta con autorización de la Xunta de Galicia para producir larvas de Octopus vulgaris en Moaña (Pontevedra).

Anticiparse a los problemas

Por ello, desde INTERCIDS piden al Gobierno español y a los grupos parlamentarios que aprueben su propuesta legislativa (registrada en el Parlamento y lista para tramitar desde hace algo más de un año), y acabar con la acuicultura de pulpos antes de que llegue a producirse. “Esta actividad todavía no existe, no habría repercusiones económicas ni de otro tipo si se prohíbe ahora. Es el momento oportuno”, subrayó la abogada y vocal de INTERCIDS, María Gonzálex Lacabex.

La promotora de la iniciativa, expertas del ámbito científico y organizaciones animalistas señalan no pocos riesgos previsibles asociados a esta actividad: desde la contaminación y degradación del medio marino a un aumento de la presión pesquera para la producción del alimento de los pulpos (ya que son animales carnívoros), pasando por la incapacidad para garantizar las condiciones de bienestar de estos cefalópodos, solitarios por naturaleza, encerrados en tanques —investigadores alertan de incidentes de canibalismo, autolesiones y otras conductas indicativas de un fuerte estrés al confinar juntos a estos animales—.

Otro factor de inquietud señalado por INTERCIDS es la posibilidad de que los individuos de la granja desarrollaran resistencia antibiótica y antimicrobiana. Es de sobra conocido que la ganadería y la acuicultura intensiva emplean antibióticos para tratar infecciones, ya que las altas densidades de población en espacios reducidos —como en las macrogranjas— son el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de enfermedades.

En este sentido, y en lo que al pulpo se refiere, desde INTERCIDS apuntan que esta especie carece de inmunología adaptativa y memoria inmunológica, por lo que los pulpos no pueden ser vacunados ni crean defensas contra reinfecciones. Esto podría implicar una mayor necesidad de recurrir a antibióticos y, por consiguiente, la resistencia a estos medicamentos, “lo que representa una grave amenaza para la salud pública”, alerta la organización.

“La propia biología del pulpo entra en conflicto con la idea de una granja”. Así de contundente se expresó Mario Alonso Santamaría, más conocido como Mario de Wonder. El divulgador, biólogo y zoólogo, y creador de contenido participó en el acto explicando características y curiosidades de estos animales salvajes (como que solo se reproducen una vez en la vida, único momento en el que buscan el contacto con otros miembros de su especie).

El biólogo también enumeró algunos de los problemas que la producción industrial supondría para “animales de una gran complejidad, mayoritariamente solitarios y totalmente dependientes de su entorno para desarrollar sus capacidades cognitivas”. 

Una preocupación internacional

Las amenazas anteriores, sumadas a muchas otras incertidumbres —la organización menciona, por ejemplo, el subdesarrollo o degradación de las aptitudes adaptativas de los individuos hacinados y el peligro de contaminación biológica de las poblaciones silvestres—, han elevado la preocupación sobre la acuicultura de pulpos dentro y fuera de nuestras fronteras. 

En Estados Unidos, varios estados han prohibido ya la acuicultura de pulpos, mientras que en Francia, Chile, México y Colombia han desarrollado sus propias propuestas legislativas para prohibir esta actividad, al tiempo que existen campañas en marcha en Perú y en Ecuador (uno de los países de América Latina, junto a Nicaragua y Guatemala, en los que Nueva Pescanova mantiene actividad acuícola con el cultivo de camarón blanco). Desde hace décadas, está ampliamente estudiado y documentado cómo la acuicultura de langostinos está destrozando y degradando los manglares ecuatorianos, a pesar de la legislación que los protege.

Por todo ello, la entidad de operadores jurídicos apela al principio de precaución y a la responsabilidad pública para tomar en consideración su propuesta legislativa, y hace un doble llamamiento: por un lado, a los diversos grupos de la Cámara Baja; por otro, a la ciudadanía, a través de la recogida de firmas para dotar de fuerza a la iniciativa. Y subrayan: “Es más fácil prevenir eficazmente que revertir actividades ya en marcha”.

Hay una violencia implacable que -aunque suele tener vínculos familiares con genocidios y guerras- no lanza misiles ni empuña armas: le basta con blandir contratos, cláusulas abusivas y burocracias sin conciencia ni corazón. La hemos visto hace un par de días en Madrid, encarnada en Maricarmen, una mujer de 87 años cuyo desalojo forzoso terminó produciéndose en una camilla de ambulancia, mientras la propiedad, un fondo agresor, se negaba en redondo a cualquier alternativa de tregua o mediación. El cuerpo frágil de Maricarmen frente a la maquinaria cruel de la especulación inmobiliaria fue el espejo mismo de un sistema económico y de unas políticas que han decidido priorizar el rendimiento del metro cuadrado sobre las vidas de las personas.

En Madrid, como en tantas otras ciudades convertidas en cotos privados de fondos y rentistas, la vivienda ha dejado de entenderse como el cobijo indispensable para sostener la vida y ha mutado en trinchera, por culpa -con culpables- de una crisis de dimensiones salvajes que expulsa a las personas mayores y precariza a las personas jóvenes. Y en esta bolsa sin fondo, en ese pozo de miseria moral, la crisis - el atentado- acerca también los filos de sus navajas a los vínculos más inocentes y desprotegidos: los que nos unen a los demás animales.

Porque, en este mercado caníbal del alquiler, la exclusión tiene mil caras, y una de las más crueles, normalizada bajo el disfraz de la costumbre, es la prohibición de convivir con otros animales. Como si un perro o un gato fueran una molestia prescindible, un capricho accesorio o un desperfecto potencial, y no miembros de pleno derecho de una familia multiespecie. Obligar a alguien a elegir entre conservar un techo o repudiar a quien comparte su vida -sus días, sus duelos, sus alegrías, la ternura- es una forma sutil, pero devastadora, de tortura psicológica. Es desgarrar un hogar, desmembrarlo.

Prohibir la convivencia en el hogar con otros animales mutila los afectos y empuja al abismo a quienes se niegan a romper su familia multiespecie: cuatro paredes solo son refugio cuando cobijan la compasión y los vínculos que nos salvan de la intemperie moral.

De esa herida abierta se habló hace unos días en el Congreso de los Diputados, durante la jornada parlamentaria “Alquiler con animales de compañía: Abre la puerta”, que presentaba la campaña 'Mi Casa es Tu Casa', impulsada por FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales)con el apoyo de Fundación Affinity. Allí, frente a representantes institucionales y representantes del sector inmobiliario, se verbalizó una verdad que la codicia se empeña en ocultar: un piso, una casa, no son solo cuatro paredes de ladrillo, sino el tejido de afectos lo que lo transforman en un hogar.

En dichas Jornadas, se visibilizó la dimensión de un problema que afecta a miles de familias multiespecie, al exponer cómo la crisis generalizada del alquiler en España se agrava de forma desproporcionada para las familias con animales, debido a la proliferación de cláusulas de exclusión automática en la gran mayoría de los contratos de arrendamiento. Y se abordó el impacto social y emocional que conlleva esta exclusión. Las personas que intervinieron en nombre de entidades sociales destacaron que estas restricciones colocan a muchas personas en situaciones de extrema vulnerabilidad, forzándolas a elegir entre la pérdida de su vivienda o la renuncia a sus animales, lo que incide directamente en repuntes de abandono forzoso y de angustia habitacional.

La vivienda pública, señalaron, debe ser el primer territorio donde el derecho a la no separación sea innegociable, marcando el camino para que el sector privado —donde entidades como ASVAL mostraron, al menos, cierta disposición al diálogo— entienda que la ética habitacional no puede seguir siendo una anomalía. En las Jornadas se planteó que dicho parque público debe actuar como referente inicial, eliminando cualquier cláusula de prohibición general y sirviendo de banco de pruebas para modelos de convivencia multiespecie.

También se abordó el temor de la propiedad respecto a posibles desperfectos o problemas de convivencia (problemas debidos, en gran su mayoría, a una discriminación especista de los otros animales en la convivencia social humana). Y, frente a la prohibición preventiva como respuesta automática, se acordó trabajar en un código de buenas prácticas que regule la intermediación y contratación.

La campaña no pide privilegios, sino derechos, cordura y empatía jurídica. Exige terminar con las injustas y dolorosas cláusulas de prohibición automática y preventiva de tenencia de animales en pisos de alquiler, sustituyéndolas por análisis justificados, garantías proporcionadas y un marco de mediación que no trate a las familias con otros animales como si fueran un peligro, diseñando mecanismos específicos para esas garantías -como seguros de caución o coberturas específicas para animales-, además de protocolos de mediación vecinal ante incidentes puntuales.

Las entidades impulsoras recalcaron también la urgencia de contar con estadísticas oficiales y representativas para legislar en base a la evidencia y no a los prejuicios, e instaron a los grupos parlamentarios a estudiar vías de reforma normativa (en particular, en el marco de la Ley de Arrendamientos Urbanos y demás legislación relativa a la vivienda) para blindar el derecho a la no discriminación habitacional por convivencia responsable con animales.

Porque cada vez que una inmobiliaria descarta a una persona por ir de la mano de su animal, o cada vez que un fondo de violencia expulsa a una mujer octogenaria de su memoria y de su cama, el engranaje es el mismo: la deshumanización y la cosificación absolutas del vulnerable en favor del mero beneficio económico. La crisis -el atentado- de la vivienda no se resolverá arrebatando hogares y amontonando ladrillos vacíos para turistas o para inversores, sino, entre otras medidas de carácter urgente, recuperando el sentido primitivo y sagrado del refugio.

No podemos resignarnos a habitar ciudades que desahucian a Maricarmen y condenan al abandono o al desamparo a miles de animales porque los contratos prohíben la vida. No podemos resignarnos a esa vergüenza. La compasión no cotiza en bolsa, pero es lo único que nos salva de la intemperie moral. Defender el derecho a un alquiler digno e inclusivo es, en última instancia, defender la posibilidad misma de poder seguir defendiendo nuestra humanidad.

FAADA está recogiendo testimonios de casos de discriminación habitacional por especie, construyendo datos propios y presionando para cambiar las reglas del alquiler en España. Puedes contar aquí tu caso (que no es un caso aislado, sino un fallo del sistema) y leer las historias reales de familias interespecie discriminadas.

Se acaba un verano marcado por devastadores incendios en varias zonas del Estado español que nos han sobrecogido y que nos han desvelado de forma cruel las deficiencias de un sistema legal y sanitario que no solo ignora a los animales en los protocolos de respuesta a ese tipo de catástrofes, sino que obliga a quienes los defienden a tener que bordear la ley para poder atenderlos.

A raíz de algunos de esos incendios especialmente voraces, como el de Los Gallardos (Almería), el de La Mierla (Guadalajara) y los que afectaron a la Comunidad de Madrid, Toledo y Ávila, así como a Castellón, las redes sociales se llenaron de peticiones de ayuda y de personas que comenzaron a responder organizándose para evacuar a animales, atenderlos durante los confinamientos, buscar a los perdidos durante los traslados y dar cobijo a los desalojados. También, para ayudar, en la medida de lo posible, a los animales silvestres cuyo hogar estaba ardiendo.

Una de las personas que se movilizó fue Ainoa, que semanas después sigue con pesadillas y que habló con nosotras sabiendo que salvar vidas puede tener un precio demasiado alto. Cuando permitieron el regreso a su pueblo, en la provincia de Ávila, tras la evacuación por los incendios, decidió volver y poner en práctica los conocimientos adquiridos en sus estudios de ATV (Asistente Técnico Veterinario), cursados durante una excendencia en un empleo que nada tiene que ver con la atención a los animales. De camino a la zona de Piedralaves ya empezaron a ver animales muertos, quemados, heridos, cruzando las carreteras, vagando por las cunetas. Nada más llegar recibió la primera petición de ayuda, para dos yeguas que habían sufrido quemaduras al entrar las llamas en la parcela donde estaban. Una de ellas tenía quemaduras muy graves y la ansiedad empezó a hacer mella en Ainoa. “No soy veterinaria, solo soy ATV, no tengo experiencia con estos animales, mucho menos en una situación así”, nos explica recordando aquellos días.

Las veterinarias que atienden habitualmente a los animales de esa zona estaban de vacaciones, las que estaban trabajando en sus clínicas en zonas relativamente cercanas no podían acercarse, y las pocas que estaban por zonas incendiadas tampoco daban abasto. No había más manos cerca, y Ainoa decidió tirar de conocimientos, experiencia, sentido común y pragmatismo. Con la ayuda de dos personas más, una de ellas también ATV, consiguió limpiar las heridas y aplicar el tratamiento tópico que tenía disponible.

Y aquí ya saltan los dos primeros problemas. Uno, tener que ejercer de veterinaria cuando eres ATV porque no hay nadie disponible con más conocimientos que tú. Otro, enfrentarte a una norma sobre medicamentos que, en la práctica, impide proporcionar a esos animales la medicación que necesitan. Porque son animales quemados en un incendio, a los que no se puede manipular fácilmente y que necesitan un tratamiento urgente, que no puede esperar días al resultado de pruebas que además nadie puede hacer. “La gente estaba rota. Había personas que lo habían perdido todo y te pedían ayuda desesperada para sus animales. ¿Qué haces? ¿Les dices que no puedes porque la ley no te lo permite?”.

Mientras Ainoa ponía todo su empeño en salvar a esas yeguas, Alicia, veterinaria de la zona oeste de Madrid, empezaba a organizarse con colegas para ir a prestar asistencia a los animales afectados, confiando en que el Colegio de Veterinarios de Madrid coordinara esa labor y permitiera una excepción en la normativa para agilizar y flexibilizar la dispensación de la medicación necesaria. A los pocos días, ese organismo lanzó un comunicado, como también hizo el de Ávila, poniéndose “a disposición” de los servicios de emergencia ante la gravedad de los incendios, pero no agilizaron ni flexibilizaron la normativa sobre medicamentos. “Por tanto, no se podía dispensar de manera excepcional medicación humana -a pesar de ser mucho más barata y mucho más rápida de conseguir-, los medicamentos tenían que ser adquiridos en una farmacia mediante una receta en la que deben constar los datos de identificación del animal, y la dispensación de antibióticos seguía condicionada a los resultados de cultivos que tardan días y cuestan dinero.

Eso, en animales quemados cuyas heridas eran un foco de infección inmediato y que, además, en muchos casos, no se dejaban manipular, sin medios ni recursos para poder sedarlos y, en muchísimos casos, sin identificación. No había amoxicilina, no había córticos, no había pomadas para quemaduras, no había sueros para fluidoterapia. No había nada. Solo mucha empatía y mucho sufrimiento en una zona devastada.

El equipo veterinario de Salvando Peludos se desplazó a zonas de Ávila con todo su equipamiento para lo que pensaba que se iba a encontrar, pero lo primero con lo que se topó fueron trabas y más trabas. “A mí no me dejaban pasar”, nos cuenta una de ellas, porque incluso para atender a gatos de colonia o acudir a avisos de personas que habían pedido ayuda para sus animales heridos solo se podía acceder con acompañamiento de agentes, mediante un grupo que estaba organizado y era el único que tenía autorización. “Yo iba preparada, pero me costó mucho dar con este grupo y, a través de ellos, poder entrar y ayudar”.

Cuando se pudo acceder a zonas quemadas, la situación era mucho más complicada. Solo a modo de ejemplo, de los casos que atendieron, junto a Salvando Peludos la veterinaria Teresa Pérez nos relata dos. El primero, un ciervo vareto, macho joven que ya ha cumplido el año de edad. Localizado el día 6 de agosto deambulando con dificultad, con el paso de las horas fue mostrando “claros signos de deshidratación y postración”. Presentaba graves lesiones en el abdomen y en las extremidades por “quemaduras profundas con carbonización ósea y muscular”.

[Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad]

Otro caso fue el de un corzo añal, joven de más de 12 o14 meses y menos de tres años de edad. Localizado el 20 de agosto deambulando con dificultad y cojera, presentaba “quemaduras profundas con carbonziación ósea y muscular en extremidades y abdomen, y acúmulos de pus en las articulaciones distales de las extremidades anteriores”. “Esos animales necesitaban atención urgente porque estaban andando con los huesos. Era urgente”, insisten.

Este equipo veterinario de Salvando Peludos fue advertido expresamente por agentes medioambientales de que los animales del monte no pueden ser trasladados porque, si pertenecen a un coto, son “privados” y solo pueden ser atendidos en ese mismo terreno y con la debida autorización. Autorización de quien posee a ese animal con la única finalidad de tirotearlo. En ambos casos hubo llamada al Seprona. En el primer caso dijeron que irían al día siguiente, y al día siguiente dijeron que habían ido, pero que no le habían encontrado. Quienes dieron los avisos creen que el ciervo agonizó escondido, hasta morir. En el segundo, directamente, no fueron.

En el caso de este ciervo, su cadáver fue localizado por el equipo de Salvando Peludos el 7 de septiembre, un mes después de los incendios.

En esos días, Ainoa, la ATV, atendió a yeguas, caballos, burros, cerdos, patos, agapornis, etcétera, y a muchos gatos, tanto domésticos como comunitarios. Perros no, nos cuenta. “A los perros se los pudieron llevar al evacuar, o estaban dentro de las casas y se salvaron, o estaban fuera, en las parcelas, y murieron quemados o asfixiados. Pero no había perros heridos”.

A los pocos días, Ainoa estaba agotada y la ansiedad apenas le permitía descansar, pero los animales a los que atendía iban saliendo adelante. En gran parte, nos dice, gracias a personas que consiguieron medicación por diferentes vías; todas ellas, en el mejor de los casos, al borde de la legalidad.

Un día llegó otro aviso. En una zona de chalés que es corredor de paso para animales silvestres, un corzo herido se había refugiado en un jardín. Estaba tirado en el suelo y la mujer que dio el aviso no se atrevía a llamar al Seprona ni a los agentes forestales por miedo a una multa, ya que es ilegal tener a un animal silvestre dentro de un domicilio. Así que le pasaron el contacto de Ainoa.

La mujer acondicionó para el corzo un rincón tranquilo dentro de una nave, asesorada telefónicamente por varias personas que tenían conocimientos en animales silvestres, y Ainoa consiguió administrarle fluidoterapia para hidratarle y tratamiento tópico en las quemaduras que tenía por todo un costado del cuerpo. Parecía que podían estabilizarle, pero el mayor reto era la bradicardia, lo que presentaba, además, un problema mayúsculo a la hora de trasladarlo a un refugio o un santuario, en el caso de que se hubiera podido organizar esa posibilidad.

Después de hacer todo lo que sabía y podía por ese corzo, Ainoa se fue a atender a uno de los gatos quemados a los que hacía seguimiento esos días y, en ese rato, el corzo murió. Ella aún se emociona cuando lo recuerda, triste y llena de rabia, con la duda de si podría haber salido adelante en caso de recibir atención por parte de una veterinaria, no de una ATV, y con la medicación necesaria.

Aún con el peso de esa rabia en sus palabras, denuncia que el miedo de aquella mujer que refugió a ese corzo en una nave no era solo recibir una multa, sino que alguien recurriera a un tiro en la cabeza como mejor ayuda posible a un animal herido.

Raúl, un vecino del valle del Tiétar que también se movilizó en los incendios, nos cuenta que los agentes y los bomberos forestales están “atados de pies y manos” por la normativa y por la falta de recursos, y que muchas veces ni se plantea que un animal silvestre herido pueda tener una nueva oportunidad. Si es de una especie protegida sí se puede pelear para que sea trasladado a un centro de recuperación, pero si tiene la mala suerte de ser un animal “común”, y ya no digamos si pertenece a una especie cinegética, su suerte está echada, como nos contaron también desde Salvando Peludos.

Acostumbrado a atender a varias colonias felinas de la zona, Raúl se pasó los primeros días recorriendo viviendas y parcelas para dar comida y agua a los animales que se habían quedado atrás después de las evacuaciones y los confinamientos, a la vez que gestionaba un punto de recogida de alimentos donados por particulares y organizaba grupos de trabajo para subir al monte y atender a los animales silvestres. No se puede creer que aún no haya un protocolo, estatal o autonómico, dirigido por profesionales para responder a “una tragedia de tal magnitud”.

Raúl, como Alicia, como el equipo de Salvando Peludos, vio a animales muertos, heridos, quemados, sedientos, hambrientos, aterrados. A personas desesperadas buscando ayuda para ellos y a otras muchas desesperadas por no poder ayudar como la situación requería, viendo cómo muchos animales morían sin ser siquiera tenidos en cuenta.

Y lamenta, como colofón macabro a todo ello, que la ayuda a los animales silvestres afectados por los incendios en muchos de esos municipios se haya puesto en manos de los cazadores. Después de años viviendo donde vive, de muchas caminatas por el monte y de muchas experiencias de todo tipo, no tiene duda de que esa ayuda es “interesada” y de que los cazadores aprovechan esa comida para crear puntos de atracción para los animales que les interesan, a los que luego pueden tirotear sabiendo dónde van a buscar comida y agua.

Hemos visto muchas advertencias en redes sociales sobre la forma correcta de ayudar a los animales silvestres afectados por incendios. Sobre qué comida proporcionarles, cómo y dónde ubicarla para no dañarlos aún más. Muchas de esas advertencias partían de asociaciones de cazadores dirigidas a “animalistas” que, según ellos, no conocen a los animales a los que pretenden ayudar ni el terreno en el que se mueven. “No hay que poner fruta”, decían, “porque fermenta y los animales enferman. Dejadnos a nosotros, que nosotros sabemos”. Pero Raúl ha visto vehículos 4x4 con remolques cargados de pan, tomates o ciruelas conducidos no por animalistas sino por cazadores. Ha visto cómo hacían cebaderos para luego disponer los puntos de tiro.

Desde el primer momento, vecindario y asociaciones pidieron a las administraciones autonómicas suspender la caza en los municipios afectados, pero las limitaciones solo han llegado a la media veda, y únicamente en las parcelas calcinadas de los cotos de caza, y no en todos los municipios donde llegaron las llamas. Eso significa que los animales que consiguieron huir de los incendios y que se dispersaron buscando agua y alimentos han podido ser tiroteados en otros territorios cercanos.

Junto a un grupo vecinal y de voluntariado del Valle del Tiétar, Raúl firmó un comunicado relatando lo vivido, las semanas socorriendo a animales sin ningún respaldo institucional y reclamando medidas concretas para que situaciones así no se repitan. Afirman categóricamente que han sido testigos, como otras personas vecinas, “de animales heridos que han sido abatidos a tiros por cazadores en lugar de ser rescatados, sin que los agentes forestales presentes hayan intervenido para impedirlo. Y cuando, como ciudadanía, hemos dado aviso al Seprona de un animal herido, la respuesta de las autoridades, en el mejor de los casos, ha sido la eutanasia in situ; en el peor, un disparo, sin que se haya intentado siquiera valorar por un veterinario especializado si el animal era recuperable”. Lo mismo que nos cuenta Ainoa y que relata el equipo de Salvando Peludos.

El vecindario recuerdan que la Ley 7/2023 de protección animal incluye expresamente a los animales silvestres en su ámbito de protección y la obligación de las administraciones públicas de adoptar medidas para la protección de los animales en situaciones de catástrofe, emergencia o riesgo grave, y dispone que los planes de protección civil deben contener medidas en ese sentido. Recuerdan también que el Código Civil reconoce a los animales como seres sintientes, lo que “obliga a interpretar en consecuencia el resto del ordenamiento”, incluida la normativa sobre Protección Civil.

Fernando Sánchez, de Salvado Peludos, nos resume estos tres factores, que hacen que la devastación de los incendios no cese cuando se apagan las llamas. Muy al contrario, la gestión pública añade más crueldad sobre las primeras víctimas de esas llamas. En primer lugar, nos dice, “la promoción de la caza para acabar con los supervivientes de los incendios”, que ha sido “impulsada” por comunidades autónomas y municipios como supuesta estrategia para restablecer la “normalidad” de los montes y que implica “promover la muerte en vez de la supervivencia”.

En segundo lugar, la “apropiación por parte de los cazadores del derecho a transitar por los montes y de ”cuidar“ (aunque lo que hacen ellos no es cuidar) y alimentar a los animales”, con ese único interés de poder seguir cazando, hasta el punto de que quienes quieren ayudar a los animales sin obtener un beneficio de ello, y hacerlo además con los conocimientos adecuados, “nos hemos visto cuestionados, señalados, criticados” por quienes solo buscan poder seguir pegando tiros. “Los cazadores, una vez más, nos han apartado”, denuncia, incluso “prohibiendo a compañeras activistas su presencia en el monte”.

Como tercer factor que añade “extrema crueldad” a lo que ya de por sí es una catástrofe, señala “la dificultad” para ofrecer atención sanitaria a los animales afectados, con avisos “ignorados sistemáticamente” por quienes deben atenderlos, “dejando en situación de agonía a muchísimos animales”. “Lo hemos vivido de manera reiterada”, insiste Fernando, y hasta para poder ayudar a un animal a descansar sin más sufrimiento han tenido que hacerlo “a escondidas”, sin más apoyo que el de sus propias compañeras y compañeros activistas.

“Fue desolador y lo sigue siendo”, nos cuenta también Cris Aznar, fotógrafa que se desplazó a la zona de Iruelas para dejar constancia del horror y que contactó con una asociación de Zaragoza con la que colabora, Amnistía Animal. Como muchas otras de las zonas afectadas y de otros muchos lugares de España, esta asociación recaudó ayuda y la trasladó a Ávila y a otros lugares arrasados por el fuego.

En España tenemos leyes que protegen la tortura de animales, que permiten su cría indiscriminada, que castigan a quienes los rescatan, y que también impiden atender a quienes sufren una catástrofe, como un incendio devastador que aniquila todo su entorno. “Las leyes nos han impedido salvar más vidas”, dice Ainoa, aún rota. “Trabajas sin recursos, sin medios, viendo solo dolor a tu alrededor, sin poder llegar a todo, y encima te arriesgas a una denuncia porque estás trabajando en la clandestinidad”.

El verano ha llegado a su fin y sabemos ya que ha sido el más caluroso desde que tenemos registros. Las temperaturas excepcionalmente altas han sido la tónica, y las consecuencias son perceptibles en los animales, en la vegetación, en los cultivos. Los incendios se han sucedido durante meses, e incluso los que no han afectado a poblaciones humanas y no han copado las portadas de los medios de comunicación, han calcinado el hogar de millones de animales y han matado a muchos de ellos, no podemos saber ni a cuántos.

Hace falta un protocolo, pero hace falta mucho más. Hace falta interiorizar que los demás animales también son víctimas de este tipo de catástrofes y actuar en consecuencia. Hace falta que personas como las que nos han relatado estos horrores no se jueguen el tipo ni su futuro por salvar vidas. Hace falta que esas vidas cuenten.

Odio e injusticia, ese fue el origen. Durante los últimos días de agosto de 2026, la pantalla de mi teléfono solo devolvía publicaciones polarizadas sobre Ceuta. Mientras leía, me asaltó una pregunta: ¿podemos, desde una ONG defensora de los animales, cocinar para las Personas en Movilidad (PEM) que están sufriendo este acoso racista? ¿Podemos poner en valor el derecho a la vida de los animales y hacerlo confluir con el derecho a la alimentación de quienes pasan hambre?

Conocíamos bien el miedo al odio que se despierta cuando se ayuda a personas racializadas —un rechazo que no afrontamos cuando viajamos a Ucrania—. Sabíamos que afloraría en un contexto donde la desinformación y los bulos politizan una situación dolorosa e inhumana. Pero la determinación fue mayor que el temor.

Los preparativos y el equipo

Con el respaldo de la junta directiva de Fundación Salvando Peludos y un presupuesto modesto, el 8 de septiembre pusimos rumbo a Ceuta para intentar ofrecer solidaridad en plato, basado en plantas, a tripas que rugían buscando un futuro mejor, inspirándonos en las acciones del Plant Based Treaty en otros países.

La organización internacional No Name Kitchen abrazó la propuesta desde el inicio y formé un equipo con el corazón: Sergi Segarra, voluntario de nuestra Fundación con gran destreza entre fogones; Carlos Rodríguez, de Positiva Canina, compañero de batallas en Ucrania y en los incendios de Portugal de 2025; Jaime Posada, cocinero del restaurante vegano Santa y Pura y referente en lucha social; y la fotógrafa Estela de Castro, encargada de poner imagen a una experiencia de este calado.

Contar con Estela ha sido un privilegio absoluto. Lleva toda su carrera retratando causas sociales y la conocemos por su compromiso indiscutible con la defensa de los derechos humanos y de los derechos de los animales y el veganismo. Desde nuestra organización siempre hemos admirado sus proyectos (Retratos de Familia, AVES, Persona o The Animals). Además, a través de PHES “Fotografía Española Solidaria”, lleva años empleando la imagen como herramienta de denuncia en crisis humanitarias. Su mirada logra plasmar la realidad con una naturalidad, belleza y delicadeza únicas.

Objetivos en la frontera

Llegamos a Ceuta a las 10 de la noche del 8 de septiembre. Percibíamos una calma tensa: pocas familias paseaban por el centro y la presencia policial y de la Guardia Civil marcaba cada esquina. Teníamos tres objetivos:

Fogones, fotografía y convivencia

Con 30 cámaras fotográficas desechables cedidas por Fujifilm y 300 kilos de proteína vegetal en el maletero, visitamos las cocinas de No Name Kitchen y recorrimos el asentamiento del Tarajal y la playa de Benítez.

Durante dos días, elaboramos y distribuimos perritos calientes, hamburguesas y canelones vegetales en las zonas más sensibles, donde se agrupaban mujeres, niños y niñas. Como expresaba Sergi tras las intensas jornadas entre fogones: “Nuestras manos han estado ocupadas en algo que debería ser tan básico que no tendría que necesitar una ONG: proveer de alimento a una persona. Alimentar a alguien no es solo darle un plato basado en plantas; significa decirle: te veo, sé que estás aquí y tu vida importa”. Para él, la experiencia transformó el sentido de su labor: “Cuando estás allí, les miras a los ojos, les sirves un plato de comida y escuchas sus historias, la palabra 'migrante' se queda demasiado pequeña”.

Sobre el motivo de optar por esta alimentación, el cocinero Jaime Posada reflexiona acerca de la incoherencia que supondría “dar de comer a personas desplazadas con trozos de animales no humanos que han sufrido para llegar hasta ese plato” o “aliviar el sufrimiento de alguien con trozos de un animal sintiente”, señalando así que “quitar sufrimiento provocando sufrimiento quedaría fuera de toda ética”. Además de esta razón ética, Jaime destaca que, por lógica nutricional y práctica, la proteína vegetal tiene un valor nutritivo equivalente a los productos animales, se trabaja con la misma o mayor versatilidad, es fácilmente hidratable, se puede comer cruda sin perder valor nutricional y aguanta más sin estropearse o ser atacada por bacterias rápidamente, como ocurre con los productos de origen animal. Por todo ello, representa un producto nutricionalmente bueno, fácil de trabajar y que éticamente solo alivia sufrimiento sin provocar más.

La proteína vegetal es un producto nutricionalmente bueno, fácil de trabajar y que éticamente alivia el sufrimiento sin provocar otro sufrimiento.

Paralelamente, Estela entregó cámaras desechables a las personas jóvenes para que captaran su propia cotidianidad, creando un legado visual colectivo.

En esas salidas comprobamos también el respeto del entorno hacia la fauna: las colonias felinas locales cuentan con casetas cuidadas por el vecindario y hay comida para las palomas junto a los asentamientos, sin que nadie interfiera con los animales. Ofrecerles comida vegetal era la forma natural de saciar el hambre de personas exhaustas sin generar más sufrimiento.

Y en total repartimos 3.500 raciones de comida. Habríamos vuelto con el alma llena, de no ser por lo que ocurrió la última noche.

La noche del incendio y la quiebra institucional

A las 11 de la noche del último día cerramos la cocina tras preparar comida para unas 400 personas que malvivían en el polígono de El Tarajal sin apoyo institucional. Mientras un grupo salía a repartir, Estela acudía a la playa a recuperar las cámaras fotográficas.

A las 11:30, una densa columna de humo y fuego sorprendió al polígono. El incendio se propagó rápidamente, arrasando decenas de chabolas. Pese al impresionante despliegue de efectivos y vehículos de las fuerzas de seguridad en la zona, la intervención no se orientó al auxilio, sino a desalojar el área. En ningún momento vimos personal sanitario a pie ni ambulancias asistiendo a las víctimas.

Ante la falta de cobertura en medio del caos, y tras solicitar auxilio a la policía sin obtener respuesta, comprendimos que nadie vendría a atender la emergencia médica. Tuvimos que actuar por nuestra cuenta en un coche particular.

El primer traslado de urgencia fue el de un menor de unos 14 años con una crisis asmática severa que apenas podía respirar. El segundo viaje lo hicimos para evacuar a una niña que había perdido el conocimiento. Un tercer traslado sirvió para llevar al hospital a una persona afectada gravemente por inhalación de humo.

Al solicitar presencialmente en el hospital que se enviaran ambulancias al lugar del incendio, la respuesta fue que no era viable. Posteriormente, los relatos mediáticos u oficiales afirmaron que no había habido heridos, invisibilizando a las tres personas que nosotros mismos tuvimos que ingresar en urgencias.

Hostilidad, desprotección y desinformación

En el centro sanitario, la recepción reflejó la tensión del ambiente: interrogatorios desconfiados, toma de matrículas de nuestros vehículos y hostilidad hacia los voluntarios. Carlos Rodríguez resumió la impotencia vivida al presenciar la segregación de los pacientes: “Sentí escalofríos al recordar de golpe las imágenes del apartheid. Es desolador ver cómo se niega el derecho de acceso o se mira con desconfianza a quien intenta ayudar”.

A la omisión de socorro inicial se sumó una grave vulneración del protocolo de protección de menores: tras ser atendidos e ingresados en urgencias, estos menores de edad, solos y sin referentes legales en España, fueron dados de alta directamente a la calle, sin activar la tutela pública ni coordinar su traspaso a un centro de menores. Una desprotección sistemática que confirman múltiples testimonios en la zona.

Esta presión institucional también la sufrimos como voluntariado: identificaciones continuas sin motivo, bloqueos de la puerta de reparto con vehículos militares e intimidación habitual hacia el local de cocina. Un clima de tensión que se suma a la violencia directa sobre las personas en movilidad, como el caso de Ali, un niño de 8 años herido en la cabeza por perdigones disparados por encapuchados en moto en El Príncipe.

Respecto al fuego en El Tarajal, mientras algunos relatos oficiales intentaron reducir el suceso a un accidente doméstico por una vela, las investigaciones policiales posteriores derivaron en la detención de un trabajador de la empresa pública de limpieza por su participación en la quema de vehículos en la zona durante esa misma madrugada trágica.

“Vuelvo a casa con imágenes que no voy a olvidar, pero con la certeza de que dar la cara y no mirar hacia otro lado era el único camino posible”, concluye Sergi. En Ceuta no hace falta más odio, ni fuego, ni violencia. Lo que hace falta es empatía, alimento digno y personas dispuestas a ayudar.

Mejorar la vida de una persona en movilidad y evitar el sufrimiento animal forman parte del mismo compromiso ético: poner justicia y compasión en cada plato.

Cocinar 100 % vegetal en mitad de un escenario de hostilidad es un acto de resistencia y coherencia. En la Fundación Salvando Peludos creemos que sanar el dolor pasa por conectar las luchas: proteger al que huye, defender al animal silenciado y sembrar respeto donde otros siembran rechazo. Mejorar la vida de una persona en movilidad y evitar el sufrimiento animal forman parte del mismo compromiso ético: poner justicia y compasión en cada plato.

Vuelve septiembre y vuelve la actividad parlamentaria en un año que se prevé de lo más intenso. En Andalucía, además, se da la coincidencia de que esta comunidad estrena curso político y gobierno: tras las elecciones de mayo, la investidura del popular Juanma Moreno y el anuncio del nuevo Ejecutivo de PP y Vox no se dieron hasta ya entrado el verano. Así, este pistoletazo de salida plantea incógnitas sobre cómo se gestionarán a partir de ahora determinados asuntos, qué cambiará con la extrema derecha en la Administración. Y uno de ellos es el de la tauromaquia.

La defensa del “mundo del toro” forma parte del ADN de Vox. Y su líder en la comunidad andaluza, Manuel Gavira, debuta (entre otros cargos) como consejero de Turismo, un área para la que ya desde el programa electoral se apostaba por “reforzar el papel de la tauromaquia y los festejos taurinos en la promoción turística de Andalucía”.

Una promesa que se materializó en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox. Con esta hoja de ruta, cabe preguntarse qué escenario se plantea en el futuro más inmediato. De momento, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz (PP) ha comenzado el curso anunciando que el Gobierno de Andalucía espera finalizar para el primer trimestre de 2027 la Estrategia Andaluza de la Tauromaquia, que será “pionera en España” y con la que se busca “fortalecer” y “blindar la fiesta frente a los ataques políticos”.

Para Rubén Pérez, portavoz de Fundación Franz Weber (FFW), sin embargo, la entrada de Vox en el Parlamento de Andalucía y el baile de sillas en la cartera de Turismo “no va a suponer un cambio sustancial respecto a un gobierno en solitario del Partido Popular, quienes ya han hecho bandera de la tauromaquia en estos últimos años”. En este sentido, menciona el “apoyo a las escuelas taurinas”, los “convenios con la Fundación Toro de Lidia, quienes han sabido captar dinero público de los gobiernos de derecha y ultraderecha” y “el uso de Canal Sur, la televisión pública andaluza, para retransmitir corridas de toros, novilladas y también las clases prácticas de las escuelas taurinas”. Todo lo anterior, valora, no son circunstancias exclusivas de Andalucía, sino que “forman parte de una estrategia global en España”.

La exposición a la tauromaquia, “especialmente dañina” para los menores

Más allá de las consecuencias directas que este tipo de eventos tienen sobre los animales involucrados (toros, vacas, vaquillas y caballos), hay otro colectivo que se puede ver afectado por estas políticas y que es sujeto de especial atención: la infancia y la adolescencia.

En su informe Exposición de menores a la violencia hacia animales en espectáculos y otras actividades, la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) alerta sobre los riesgos que la exposición a festejos de tauromaquia pueden tener sobre las y los menores. Miedo, angustia, tristeza, ansiedad, confusión o estrés postraumático son sólo algunos de los efectos señalados.

La exposición a la violencia aplaudida puede incrementar el riesgo de que la agresión aprendida se generalice a otros contextos.

El texto advierte que “ser testigo de repetidas escenas de agresiones hacia animales, y más aún la participación en ellas, favorece la normalización de la violencia, la adquisición de actitudes que apoyan la agresión, la aparición de problemas y déficits de empatía y la insensibilización ante la violencia ejercida sobre los demás”.

La psicóloga forense y miembro de CoPPA Lorena Manrique apunta que “aunque no se puede generalizar” (no todos los y las menores experimentarán los mismos síntomas ni en el mismo grado), sí hay que tener en cuenta que exponerlos a ellos “daña la empatía de las personas menores de edad”. “Los niños y las niñas perciben que el animal está sufriendo, porque está mugiendo, sangrando, intentando escapar… Pero si lo que les transmiten sus adultos de referencia es que no pasa nada, que es divertido, se les está enseñando que está bien hacer daño a un ser más débil, se normaliza la violencia”, explica la experta. Se generan, por tanto, “rasgos psicopáticos”, donde la diversión individual queda por encima del dolor de otros seres vivos.

Estos aprendizajes se pueden extrapolar a otras áreas de la vida, como el acoso escolar. “En muchas ocasiones niños y niñas acaban ejerciendo la violencia porque les cuesta diferenciar lo que está bien y lo que está mal: ¿por qué sí se puede escupir, pegar una patada o clavar cosas a un toro, y no a un perro o a un compañero?”. “A pesar de todo”, puntualiza la psicóloga, “la capacidad de resiliencia y la empatía de muchos niños y niñas hace que sean capaces de resistir esos aprendizajes y seguir siendo personas empáticas, respetuosas y sin querer hacer daño a otros seres vivos”.

España ignora las recomendaciones de la ONU

Las alarmas no son nuevas. Como recuerda el texto de CoPPA, “la propia Organización para las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de los Derechos del Niño, se ha pronunciado de forma expresa en contra de que niños, niñas y adolescentes asistan como espectadores o participen en corridas de toros, eventos taurinos y escuelas de tauromaquia”.

Los toques de atención de este organismo a España —recomendaciones formuladas en 2018 y nuevamente en 2025— encuentran difícil encaje con el apoyo institucional a las escuelas taurinas. El año pasado había inscritas en nuestro país 82 escuelas taurinas, de las cuales prácticamente la mitad se encuentran en Andalucía. Para la FFW, esto supone un “negacionismo absoluto de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que España forma parte, y de los derechos humanos de este colectivo”. La psicóloga forense coincide: “A niñas y niños hay que protegerles de cualquier tipo de violencia, esto es algo básico. Evidentemente, con las escuelas taurinas o permitiendo su asistencia a festejos taurinos, no se les está protegiendo”, zanja.

A lo anterior se suma que muchas televisiones públicas autonómicas apuestan por incluir en sus parrillas corridas de toros, novilladas, etc. Un dato curioso es que este tipo de contenidos están exentos de la obligación de la calificación por edades. Pero la realidad, subraya Pérez, es que “están emitiendo violencia explícita y real en horario infantil”. La FFW plantea: “Si hay comunidades autónomas —o, incluso, el Gobierno de España— que no van a cumplir, ¿por qué no se salen de la Convención? Estamos hablando de un corpus articulado, no es que se pueda coger una parte y desechar el resto”.

Dato no mata a relato

La defensa férrea de la tauromaquia por parte de gobiernos como el de Andalucía contrasta, sin embargo, con los datos sobre el interés general en este tipo de festejos o su aceptación en la sociedad. Según la entrega más reciente de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España, sólo el 8 % de la población acudió a algún espectáculo o festejo taurino el año anterior.

La encuesta del Ministerio de Cultura revela, además, que el interés por estos eventos ha ido decayendo en nuestro país a lo largo de la última década. Actualmente, el 75 % de la población española considera tener un interés mínimo o bajo por los espectáculos o festejos taurinos, frente al 14 % que manifiesta tener un interés máximo o alto.

Paralelamente, la creciente sensibilización hacia los animales, sus derechos y bienestar se refleja también en otros indicadores. El estudio sobre la visión y las actitudes hacia los animales en la sociedad española, de la Fundación BBVA, preguntaba por la legitimidad del uso de animales en distintas situaciones y para diversos fines. En lo relativo a la tauromaquia, las respuestas fueron tajantes. El 70 % de las personas entrevistadas consideró “totalmente inaceptable” el uso de animales en las corridas de toros, mientras que sólo un 8 % se posicionó en la opinión contraria; en la misma línea, un 76 % valoró “totalmente inaceptable” el uso de animales para el entretenimiento en fiestas locales, frente a un escaso 4 % que sí lo consideró legítimo.

Unos datos que concuerdan con los de la encuesta sobre sensibilización de la sociedad española respecto a los derechos de los animales, publicada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y según la cual sólo el 10 % de la población está de acuerdo con el uso de animales en corridas de toros, mientras que un abrumador 86 % lo considera “inaceptable”.

En este contexto, el número de eventos taurinos no ha parado de descender en los últimos años. Así lo revela la Estadística de Asuntos Taurinos, publicada por el Ministerio de Cultura a partir de los datos proporcionados por las comunidades autónomas: los festejos taurinos se han desplomado un 60 % desde 2007 (año en el que comienza la serie). Si aquel año se celebraron 3.651 corridas de toros, novilladas y becerradas, en 2025 esta cifra descendió hasta los 1.480 eventos.

Con todo, el mapa político y las tendencias de cara al ciclo electoral de 2027 apuntan hacia la derecha y, por tanto, hacia la batalla por el relato y las políticas identitarias, donde la tauromaquia juega un papel clave. Para Rubén Pérez, subvencionar este campo es una apuesta clara para PP y Vox, “que compiten por nichos de voto”. Un contexto desfavorable, en definitiva, para las organizaciones y colectivos que trabajan por la abolición de la tauromaquia. Mientras que PP y Vox subvencionan la tauromaquia para “competir por nichos de voto”, los partidos a su izquierda “deberían posicionarse de una vez”.

En este punto, cabe recordar que en octubre de 2025 el Congreso rechazó debatir la derogación de la protección cultural a los toros con la abstención decisiva del PSOE. La iniciativa legislativa popular (ILP) ‘No es mi cultura’, que consiguió más de 715.000 firmas ciudadanas, ni siquiera fue tenida en consideración. Este verano, la iniciativa volvió a la Cámara Baja tras recibir el apoyo de 52 diputados y diputadas que registraron una Proposición de Ley que recuperaba íntegramente la ILP.

Cuando un estudio científico concluye que el consumo de carne no perjudica la salud, tendemos a aceptar el resultado como una verdad objetiva. Al fin y al cabo, lo dice la ciencia. Pero rara vez nos preguntamos qué ocurrió antes de llegar a esa conclusión: quién formuló la pregunta, qué alimentos se compararon, qué resultados se consideraron relevantes y quién financió la investigación.

Esto resulta especialmente importante cuando hablamos de la carne. Durante años hemos recibido mensajes aparentemente contradictorios sobre sus efectos en la salud. Mientras que los riesgos asociados al consumo de carne procesada cuentan con una evidencia bastante sólida, el debate sobre la carne roja no procesada continúa generando titulares que van desde la recomendación de limitar su consumo hasta la afirmación de que puede formar parte de una dieta saludable sin mayores consecuencias. Y algunos políticos tampoco han ayudado a aclarar el debate. En 2021, un exministro, Juan Ignacio Zoido, defendió públicamente el consumo de carne con una fotografía de un filete de ternera empanado con patatas fritas, asegurando que era saludable y formaba parte de la dieta mediterránea, mientras afirmaba que “hay que apoyar al sector cárnico y ganadero”. Por esa misma época, el entonces ministro de Consumo, Alberto Garzón, abogó públicamente por reducir el consumo de carne por motivos de salud y de lucha contra el cambio climático. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le respondió: “A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible”. No es de extrañar que, ante mensajes tan distintos, resulte difícil saber qué pensar. ¿Es buena o mala la carne? Quizá, sin embargo, parte de esta aparente contradicción tenga menos que ver con la carne de lo que pensamos y más con la manera en que estudiamos sus efectos.

Un estudio científico publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, una de las revistas científicas de referencia en nutrición, aporta un dato difícil de ignorar. Tras analizar 44 ensayos clínicos, encontró que dos de cada tres tenían algún vínculo declarado con la industria cárnica. Pero lo más llamativo aparece al mirar los resultados: mientras que los estudios independientes tendían a encontrar efectos desfavorables de la carne roja sobre los factores de riesgo cardiovascular, los vinculados a la industria solo encontraron resultados neutros o favorables. Ninguno encontró efectos desfavorables.

Esto no significa que la industria cárnica manipule la ciencia ni que los investigadores que colaboran con ella falseen sus resultados. Tener un vínculo con la industria no convierte automáticamente un estudio en poco fiable. La cuestión es más sutil: lo que encontramos puede depender de la pregunta que hacemos y de aquello con lo que decidimos comparar la carne roja.

Y aquí aparece uno de los aspectos más interesantes del problema: ¿con qué estamos comparando la carne roja? Retirar un alimento de la dieta siempre implica poner otro en su lugar, y el resultado puede cambiar mucho dependiendo de cuál sea. Los estudios vinculados a la industria cárnica tendían a comparar la carne roja con otros alimentos de origen animal o con carbohidratos refinados, mientras que los independientes recurrían con mayor frecuencia a fuentes de proteína vegetal, como las legumbres. El resultado no era el mismo: cuando la comparación era con fuentes de proteína vegetal, la mayoría de los estudios encontraba resultados desfavorables a nivel cardiovascular para el consumo carne roja; cuando era con otras fuentes de proteína animal, los resultados eran mayoritariamente neutros.

La diferencia puede parecer una cuestión técnica, pero cambia por completo el relato cuando estos resultados salen de las revistas científicas y llegan a los medios o a nuestras conversaciones cotidianas. Decir que “la carne no perjudica la salud cardiovascular” suena tranquilizador, pero, ¿qué ocurre si la comparación se hizo con otro alimento de origen animal que ya sabemos de partida que no es saludable? Y si se concluye que la carne es “mejor” que determinados carbohidratos refinados, ¿significa realmente que es saludable o simplemente que la alternativa era peor? No hace falta falsear los datos para construir un relato favorable. A veces basta con elegir la comparación adecuada.

Y esto importa porque la industria tampoco necesita que toda la ciencia diga que sus productos son saludables. Basta con que exista suficiente incertidumbre para que cuestionarlos parezca exagerado. “No está tan claro”, “depende”, “la carne también tiene nutrientes que son beneficiosos”, “los estudios son contradictorios”. Frases que pueden ser ciertas, pero que, sin el contexto que explica cómo se obtuvieron esos resultados, terminan transmitiendo un mensaje muy diferente: que quizá no haya motivos para cambiar nada.

La historia tampoco es nueva. El tabaco nos dejó una lección conocida: una industria no necesita demostrar que su producto es bueno para proteger sus intereses; puede bastar con generar dudas sobre cuánto daño hace. Algo parecido ha ocurrido con la industria de las bebidas azucaradas. Cuando la evidencia parece contradictoria, la duda acaba convirtiéndose en una aliada.

En el caso de la carne, además, la cuestión va mucho más allá de la salud. Hablamos de un alimento profundamente arraigado en nuestra cultura, de una industria con enormes intereses económicos y de millones de animales convertidos en productos de consumo. Precisamente por eso, conviene mirar con especial atención los discursos que presentan comer carne como una necesidad, una tradición que no admite discusión o incluso una elección saludable. La ciencia debería servir para cuestionar nuestras certezas, no para buscar argumentos que nos permitan mantenerlas intactas.

Por eso quizá la pregunta no sea si la carne roja es buena o mala. La pregunta es qué ocurre cuando la ponemos frente a otras opciones y, sobre todo, quién decide cómo hacemos esa comparación. Porque la ciencia no se compra necesariamente con una conclusión favorable. A veces basta con financiar determinadas preguntas, elegir determinadas comparaciones y dejar que la duda haga el resto.

El futuro de Wikie y Keijo, las dos orcas que permanecen en Marineland Antibes tras el cierre del parque francés, podría decidirse en los próximos días. Su posible traslado a Loro Parque, en Tenerife, vuelve a situar el foco sobre el destino de ambos animales y plantea una cuestión clave: ¿Puede llevarse a cabo la operación sin que España haya evaluado y dado previamente su visto bueno a las instalaciones que los recibirán?

La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) rechaza que la decisión dependa “exclusivamente” de las autoridades francesas.

Según sostiene la organización, el artículo 9 del Reglamento (CE) 338/97 establece que, cuando determinados animales son trasladados de un Estado miembro de la Unión Europea a otro, la operación requiere que la autoridad científica del país receptor se asegure previamente de que las instalaciones de destino reúnen las condiciones adecuadas para su alojamiento y cuidado.

Para FAADA, esto implica que España debe intervenir necesariamente antes de que pueda autorizarse el traslado. “La aprobación española no es un simple trámite ni tiene un papel secundario: es un requisito obligatorio y previo sin el cual el traslado no puede llevarse a cabo legalmente”, explica Sandra Vega, letrada de la Fundación.

El equipo legal de la organización considera que interpretar que Francia puede decidir unilateralmente el envío de las dos orcas a unas instalaciones situadas en territorio español “vacía de sentido la propia norma” e impediría que las autoridades españolas pudieran valorar previamente si el centro receptor ofrece las condiciones necesarias para garantizar su bienestar.

FAADA sostiene que, si finalmente se autoriza el traslado de Wikie y Keijo a Tenerife, debería existir un informe favorable de las autoridades españolas que lo respalde. La Fundación ha anunciado que solicitará acceso a este documento para analizar su contenido y que, en caso de comprobar que no existe, estudiará emprender las acciones legales que correspondan.

Dudas sobre Loro Parque como solución definitiva

Más allá de la controversia jurídica, desde FAADA también cuestionan que el traslado a Loro Parque pueda presentarse como una solución definitiva para el bienestar de Wikie y Keijo.

“Es cuestionable presentar Loro Parque como una solución de bienestar para Wikie y Keijo conociendo el precedente de lo ocurrido con la orca Morgan, pues no se tienen garantías de que el destino de estas dos orcas vaya a ser distinto y que finalmente no participen en espectáculos o en programas de reproducción”, explica Virginia Iniesta, veterinaria del departamento de Animales Salvajes de FAADA.

Para la Fundación, el cierre de Marineland Antibes debería haberse aprovechado para buscar alternativas que supusieran un cambio respecto al modelo tradicional de mantenimiento de cetáceos en cautividad.

“Desplazar animales de un centro a otro no soluciona el problema y tampoco se alinea con el espíritu de la legislación francesa, cuyo objetivo era poner fin a la explotación de estos animales”, señala Iniesta.

FAADA defiende como alternativa el desarrollo de santuarios marinos, instalaciones destinadas a ofrecer a cetáceos procedentes de la cautividad unas condiciones más próximas a su medio natural sin utilizarlos para espectáculos o reproducción. La organización cita como ejemplo el Whale Sanctuary Project que se está construyendo en Nueva Escocia, Canadá.

“Los santuarios marinos son la solución verdaderamente coherente con la actual normativa y representan la única alternativa humanitaria a largo plazo para garantizar el futuro bienestar de estas dos orcas”, concluye Iniesta.

La historia de los espectáculos con cetáceos en Francia es quizá la más conocida: en su momento, el Gobierno aprobó una ley en 2021 que acabó con este tipo de actividades, estableciendo un periodo de transición que ha servido para evidenciar el desinterés posterior de las autoridades por la integridad y salud de estos animales. La situación ha llegado a tal punto de desprecio que la única alternativa de vida que se les plantea oficialmente es su traslado en avión a Loro Parque, polémico zoo y acuario en la isla de Tenerife, que desde la Fundación Franz Weber (FFW) consideramos un centro más de explotación animal.

Se llama a España la “papelera de reciclaje” de Europa porque la progresiva prohibición de estos espectáculos en países como la propia Francia, o también Bélgica; la denegación de construcción de nuevos delfinarios en otros estados comunitarios, y el cambio de conciencia social que se percibe, hacen de nuestro país el receptor perfecto, en una especie de centro de tratamiento de los animales marinos, como si fueran la “basura” que ahora otros estados rechazan.

Y esto trae un problema evidente, quizá podríamos decir dos. Por una parte, el traslado de animales refuerza el poder del lobby de los parques zoológicos, que vende el relato de salvador de la fauna marina en cautividad ocultando sus verdaderas intenciones, que no son otras que la explotación sistemática de orcas y delfines en espectáculos antieducativos y antinaturales, así como en la cría. Este último punto es fundamental para recintos como Loro Parque -donde han muerto cuatro orcas en los últimos tiempos-, que buscan desesperadamente un reemplazo a sus shows.

La segunda cuestión es que cada nueva llegada de cetáceos y otros animales marinos en cautividad dificulta la futura prohibición de los espectáculos y su cría. Como parte del equipo de FFW participé en los trabajos de incidencia política de la ley 7/2023. Su primer borrador y otros siguientes incluían la abolición de estas ridículas representaciones, pero, por parte de magia (más bien por la gran y eficaz influencia de los lobistas de zoos), el artículo desapareció en posteriores redacciones.

Loro Parque y otras empresas tienen una telaraña muy bien tejida de relaciones interpersonales, mediáticas e institucionales que proveen una red de seguridad a las iniciativas abolicionistas. En muchos foros se dice que esta empresa de origen alemán “se compró un archipiélago”, en clara alusión a la excelente relación que mantiene con el Gobierno de Canarias. Precisamente, varios departamentos de este ejecutivo autonómico avalan el traslado al parque tinerfeño de Wikie y Keijo, las dos orcas cautivas del clausurado Marineland Antibes (Francia). Incluso, aunque un informe del CSIC diga que las piscinas de Loro Parque no cumplirían con estándares adecuados para ellas.

Evidentemente, este potencial envío de Wikie y su hijo Keijo se está preparando en el terreno de la opinión pública: se dice que Loro Parque “acepta por responsabilidad moral”, y no. Cada vez menos personas se creen ese cuento. Existen alternativas, como han propuesto numerosos colectivos, de mantener temporalmente a las orcas en las propias instalaciones francesas, a cambio de un pago anual de 500.000 dólares por su bienestar y controles adecuados; se han recogido decenas de miles de firmas en plataformas de activismo digital; se han organizado protestas en la calle, y hasta se ha presentado una iniciativa para liberarlas en un santuario que avanza en Nueva Escocia, Canadá. Porque el lobby sabe bien que ellos crean un problema, la cautividad extrema de animales, y luego pueden cerrar sus acuarios sin ningún problema, sin prácticamente ninguna obligación, porque para ellos los animales son activos empresariales: se intercambian, se ceden, se venden, se eliminan.

Aquí también lo hemos visto. El cambio de actitud del Gobierno de Francia, que defendió al principio la opción del santuario canadiense, ha derivado en una defensa exacerbada, casi ofensiva en lo mediático, de que Wikie y Keijo vivan en Loro Parque, y se dice ahora que es la única alternativa al sacrificio. Así es, otra vez el cuento de la “responsabilidad moral”.

FFW, al igual que otras organizaciones, seguirá apostando por los santuarios como propuesta para estos animales encerrados, y denuncia el bochornoso papel de las instituciones: han permitido la cautividad animal, la han blindado en forma de espectáculos y se desentienden incluso cuando promueven la abolición de los mismos, presionados por la ciudadanía.

Wikie y Keijo no pueden acabar en otra piscina.

El último informe de Compassion in World Farming (CIWF), publicado el 25 de agosto y cuya autora es la dra. Elena Lara, asesora sénior de investigación y políticas de CIWF, ha dado la voz de alarma. La organización internacional denuncia que las macrogranjas donde son criados, tras haber capturado masivamente a poblaciones salvajes enteras, amenazan con volver a poner en peligro a los atunes rojos. El porvenir de la especie podría verse amenazado.

La rápida expansión de la pesca y cría en cautividad de este gigante del Atlántico, cuya naturaleza no está hecha para vivir –ni morir– confinado, podría estar en el origen de este temido escenario. Además de favorecer una posible extinción, la industria provoca sufrimiento animal y la pérdida de biodiversidad marina, debilitando también el sistema alimentario global.

Cristina Rodrigo Ruiz, responsable global de campañas de Compassion in World Farming, advierte de que “la cría intensiva de atún no es un problema lejano ni abstracto. Está sucediendo en nuestras propias aguas y frente a nuestras costas. Y la industria está creciendo a un ritmo vertiginoso: ha pasado de 13 granjas autorizadas en 2006, a 123 en 2026”.

Atunes capturados vivos y encerrados en un momento crucial para su reproducción

Los atunes rojos del Atlántico son capturados vivos en un momento crucial de su temporada reproductiva. Se les traslada en grandes redes a instalaciones donde permanecen confinados, mientras se les alimenta de manera artificial para aumentar su peso. Tal y como recoge el dossier de CIWF, esta práctica ejerce una presión particular sobre las poblaciones salvajes. Sin olvidar que, debido a que los animales necesitan nadar continuamente para poder respirar, el encierro les provoca un sufrimiento excepcional.

El informe de CIWF, que sale a la luz tras un trabajo de investigación, lo corrobora. Entre las causas del crecimiento de las piscifactorías, se encuentra el hecho de que “el atún rojo se ha convertido en un alimento de lujo extremadamente valioso y demandado, en especial, por su popularidad en la elaboración de sushi y sashimi”. Parece que el verdadero coste de este alto valor de venta lo padecen las poblaciones de atún rojo del Atlántico, la vida marina y las comunidades costeras vulnerables.

Para la activista, que habla en nombre de su organización, ayudaría que “el atún rojo fuese cada vez más reconocido por lo que realmente es: un animal salvaje, con sus propias necesidades e intereses, y no una mercancía que pueda ser confinada y explotada simplemente porque existe un mercado dispuesto a pagar un precio elevado por ella”.

Una campaña dirigida a los gobiernos que necesita el apoyo de la ciudadanía

Cristina aclara que “esta campaña no está dirigida principalmente a consumidores. Pedimos a los gobiernos que establezcan una moratoria internacional inmediata a la apertura de nuevas instalaciones de cría de atún rojo del Atlántico y a la ampliación de las ya existentes y, de manera más general, que frenen la expansión de la acuicultura de especies carnívoras, especialmente hacia nuevas especies como el pulpo”.

“Es posible que muchas personas decidan no comprar atún rojo del Atlántico de acuicultura después de conocer los problemas de crueldad y sostenibilidad que estamos poniendo de manifiesto, pero las decisiones individuales de compra no pueden resolver por sí solas los problemas sistémicos que identifica nuestro informe”, reflexiona.

“Lo que pedimos a la ciudadanía es que actúe para contribuir a cambiar el sistema: firmando nuestra petición y exigiendo a los gobiernos que tomen medidas urgentes. Los consumidores tienen una voz poderosa, pero para lograr un cambio significativo es necesario que los gobiernos actúen, en lugar de dejar simplemente en manos de los individuos la responsabilidad de tomar mejores decisiones en el supermercado”.

CIWF: “Las poblaciones regionales de atún rojo no han sido evaluadas por la UICN desde hace 17 años”

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), organismo que se encarga de estudiar y catalogar a los animales y plantas en extinción, clasificó al atún rojo como una especie “En Peligro” en 2011.

A pesar de estar recuperándose, el reciente estudio de Compassion in World Farming ha detectado nuevos signos de alarma basados en datos actuales. Rodrigo Ruiz detalla que “en 2024, las capturas de atún rojo salvaje del Atlántico fueron un 29 % superiores a las de 2008, justo antes de que la especie fuera clasificada como en peligro de extinción. La situación resulta especialmente preocupante en el Mediterráneo, donde las poblaciones regionales no han sido evaluadas por la UICN desde hace 17 años. Por ello, es urgente actualizar esta evaluación”.

Para la dra. Elena Lara, “durante mucho tiempo, los gobiernos no han regulado un sector que está provocando daños medioambientales y un grave sufrimiento animal. Deben actuar ahora para poner fin a la cría de atún y comprometerse a mantener al atún en libertad. Ahora que ha pasado tan poco tiempo desde que la especie dejó de estar en peligro de extinción, no podemos permitirnos repetir los errores del pasado.”

‘END TUNA FARMING’, el lema para salvar a los atunes

Como parte de su campaña, CIWF ha llevado a cabo una protesta pacífica en el exterior de una de estas macropiscifactorías de la costa mediterránea, desplegando una gran pancarta con el lema ‘END TUNA FARMING’. Una acción legal y cuidadosamente organizada. La responsable global de campañas de CIWF afirma que “el objetivo no es solo protestar contra las granjas de atún, sino también poner de relieve la enorme magnitud de estas instalaciones y el hecho de que todo esto esté ocurriendo en el Mediterráneo”.

Varios miembros de la organización tuvieron la oportunidad de entrar en el recinto. La piscifactoría ofrece la posibilidad de nadar con los atunes previo pago, explotándolos no sólo para su consumo, sino también vendiendo la visita como una atracción familiar. Con la autorización expresa de la propia granja, pudieron grabar y fotografiar lo que allí sucede. Las situaciones que documentaron suscitaron preocupación desde el punto de vista del bienestar animal: “Vimos y grabamos numerosos signos visibles de lesiones o de un estado físico deficiente, como piel erosionada, aletas dañadas y peces a los que les faltaban los ojos”.

“También observamos a los peces nadando continuamente en círculos, una evidencia más de que estos animales salvajes no son en absoluto aptos para ser criados en cautividad. (...) Además, es muy probable que experimenten niveles extremos de estrés, hacinamiento y dolor durante su captura, transporte y en el periodo previo al sacrificio”, añaden.

“Hay aspectos de las granjas de atún que el público nunca llega a ver. Uno de los ejemplos más llamativos es la enorme cantidad de peces de forraje que se utiliza para alimentar a los atunes. Vimos cómo se vaciaba continuamente caja tras caja de pescado en las jaulas de los atunes. Esto pone de manifiesto lo que señala nuestro informe: que esta industria depende del uso de grandes cantidades de peces de forraje como alimento, lo que la hace insostenible. Un solo atún de piscifactoría, que produce apenas 200 kg de carne, puede llegar a consumir hasta 3.000 kg de pescado capturado en libertad, el equivalente de hasta 33.000 sardinas o 166.000 anchoas”.

El atún rojo del Atlántico y la falta de empatía hacia los peces

Para nuestra interlocutora, “una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta es que, a menudo, los propios animales están completamente ausentes del debate. Hablamos de toneladas de pescado, de mercados, precios, exportaciones y producción, pero muy pocas veces hablamos de los animales que hay detrás de todo esto”.

La perspectiva cambia cuando se contempla de cerca el dolor: “Lo que pudimos documentar durante la visita hizo que fuera muy difícil ignorar esta realidad. Cuando ves de primera mano a animales heridos y la enorme magnitud de estas instalaciones, resulta mucho más difícil pensar en esta cuestión simplemente en términos de un producto alimentario o de una actividad económica”.

“También existe una cuestión más amplia relacionada con la forma en que la sociedad percibe a los peces. Cada vez cuestionamos más que animales salvajes como los delfines, los tigres o las jirafas sean mantenidos en cautividad para satisfacer intereses humanos, pero a los peces se les aplica a menudo un criterio muy diferente. Quizás esto se deba a que nos resulta más difícil identificarnos con ellos: no expresan su sufrimiento de formas que reconozcamos fácilmente y, a menudo, se los percibe como menos adorables que otros animales. Esto puede hacer que sea más fácil pasar por alto su capacidad para sufrir y sus necesidades individuales”.

Compassion in World Farming reclama una moratoria internacional inmediata a la apertura de nuevas instalaciones de cría. Además, pide que no se amplíen las ya existentes y que se evalúe urgentemente el estado de conservación de la especie. Mayor transparencia, control del sector y consideración del bienestar de los animales.

Cuando me mudé al mundo rural, hace ahora cuatro años, pensé que la vida de los gatos en un pueblo pequeño como el mío podía ser muy apacible, siempre que se dejase de matar a las camadas sistemáticamente y que los adultos estuvieran esterilizados, protegidos y cuidados, con el fin de mejorar la convivencia vecinal, de evitar la proliferación de los animales y de reducir la predación. Creía que yo podía contribuir a eso, así que me puse manos a la obra. Contacté con algunas vecinas de la localidad, me compré una jaula trampa y le pedí a una amiga experta que me enseñase a capturar. Mi querida amiga me envió un vídeo muy completo y me alertó de que el trabajo con gatos es durísimo, pero eso no me desanimó. Realmente no sabía dónde me metía.

El resultado: más de cuarenta gatos capturados por mí, algunos comentarios de admiración y muchos de desprecio hacia los animales y hacia mi persona (casi siempre a mis espaldas), y muchas noches de insomnio y ansiedad. Y eso que yo soy relativamente afortunada, mi Ayuntamiento se hace cargo de las esterilizaciones de los gatos que aparecen en el centro del pueblo -los de las masías a las afueras se tienen que buscar la vida-, e incluso nos facilita alimento para ellos.

No es así en la mayoría de localidades de nuestro país. Marina Vall-Llosada es abogada y consultora jurídica especializada en políticas públicas, gestión de fauna y derecho animal: “Cuando exigimos al Ayuntamiento que cumpla con sus obligaciones legales, nos encontramos con desconocimiento de la normativa, falta de voluntad técnico-política o incluso de recursos, o directamente con el traslado a las voluntarias de responsabilidades que corresponden a la Administración”.

Por su parte, Ruymán Duarte es consultor y experto en bienestar animal, con una larga experiencia en la Administración pública, y, en su opinión, esas excusas habituales de falta de recursos económicos y de personal, si bien pueden ser ciertas, esconden “una verdad un poco más compleja”. El porqué de que haya pocos recursos y poco personal “denota la falta de conciencia de la realidad actual y cómo ha cambiado con respecto a hace unos años, y esconde también, obviamente, una falta de formación especializada y formación técnica”, señala.

Duarte cree que, sin ser conscientes, las personas voluntarias podríamos haber contribuido a que el bienestar animal siga estando “en un segundo, en un tercer plano” y a que los ayuntamientos sigan sin ver la magnitud ni la gravedad del problema. “Esa gestora de colonias que lleva toda la vida gestionando animales abandonados en su municipio, sin querer, ha tapado el problema. El concejal o el alcalde entienden que, le den o no una respuesta satisfactoria a la gestora de colonias, ella va a seguir haciéndolo, porque no va a dejar morir de hambre a sus gatos”, explica.

Voluntariado y entidades mejor formadas

En los últimos años, las peticiones de auxilio por parte de las personas anónimas que cargan sobre sus espaldas todo el peso de la protección de los gatos que viven en la calle se han multiplicado. Con la entrada en vigor de la ley 7/2023, miles de personas y entidades se han puesto en contacto con sus consistorios para reclamar que asuman sus responsabilidades, recibiendo respuestas muy desiguales: “El alcalde me dijo que no iba a hacerse cargo de ningún gato, que se lo dijese un juez”, explica una voluntaria, gestora de colonias felinas en un pueblo de Catalunya.

Sheila, cuidadora de gatos comunitarios en Sevilla, cuenta en redes cómo las personas voluntarias realizan el método CER (Captura, Esterilización y Retorno) y también alimentan, todo financiado de su propio bolsillo. Paloma, desde Madrid, explica cómo siempre se encuentra “alguna sorpresa” cuando va a poner comida y agua a los animales. Comederos y bebederos rotos o con la comida tirada son tristemente habituales; malas caras, insultos y hasta amenazas hacia personas que están realizando un servicio a la comunidad no son situaciones extraordinarias. Patricia desde Forua, Bizkaia, declara que el “Ayuntamiento se ríe de las alimentadoras” y Joana, desde Berga, en Barcelona, cuenta cómo en su localidad las colonias ni siquiera están registradas, “ni tenemos carnet de alimentadoras, por más que lo hemos pedido; no responden a las instancias, está todo descontrolado”. Paloma, gestora de una colonia en El Pardo, en Madrid, reclama apoyo y pide que se forme a la Policía Municipal “para que nos defiendan como deben”. Eva, desde Garachico, Tenerife, añade: “La ley hay que cumplirla, no nos vamos a conformar con migajas, ni con cualquier cosa que llamen proyecto CER”.

“Las gestoras de colonia, las alimentadoras, el voluntariado, ya está más formado y empieza a exigir y a decirle al Ayuntamiento: ”Hasta aquí, tienes que cumplir con tus obligaciones de una manera mucho más profesional y con una inversión mucho más real, tanto en recursos humanos como en recursos económicos“, señala Duarte.

Manifestaciones y concentraciones para el 6 de septiembre

Hartas de la inacción de las instituciones, se ha convocado para el próximo 6 de septiembre una manifestación estatal para pedir que se cumpla la ley. La protesta no está impulsada por una única entidad, ya son más de 350 las que se han ido sumando, y las organizadoras explican que el número no para de crecer. “Somos gestoras de colonias felinas, alimentadoras, rescatistas, activistas y personas implicadas directamente con el cuidado de los gatos en toda España”, explican en la web creada para la movilización, en la que se pone el énfasis en que la convocatoria no responde a ninguna sigla, “porque el problema que abordamos no es puntual ni local: es estructural y afecta a todo el territorio”.

Para Vall-Llosada la movilización es necesaria: “Que las gestoras de colonias salgan a reivindicar sus derechos y a exigir el cumplimiento de las obligaciones municipales ayuda a visibilizar una realidad que durante demasiado tiempo se ha considerado normal”.

Ruymán Duarte comparte su visión, ya que las instituciones evolucionan gracias a la presión social: “En mis veintitrés años en la Administración pública he comprobado cómo se reacciona a la demanda y a la movilización ciudadana; eso es en parte la idiosincrasia de la Administración”. Pero Duarte también lamenta que cuando alguien se manifiesta es “cuando ya no puede más y no ve otra opción”. En su opinión, “los mecanismos de comunicación entre la Administración y las personas administradas deberían dar frutos y resultados mucho antes”.

“Una movilización por sí sola no cambia una gestión municipal, y menos de un día para otro”, señala la abogada Marina Vall-Llosada, “pero sí puede contribuir a que esta cuestión deje de percibirse como una reivindicación de voluntarias y se entienda como lo que es: una cuestión de cumplimiento de obligaciones legales y de responsabilidad pública”.

La reivindicación

No estamos pidiendo favores ni migajas, simplemente exigimos que se cumpla la ley. Estos son algunos de los puntos que se reivindican:

El método CER

Como explicaba la periodista Concha López en el artículo “En defensa de los gatos, con ciencia y con conciencia”, el discurso alarmista que presenta a los gatos como una de las principales amenazas para la biodiversidad y la salud pública no se sostiene ante una mirada más detallada de las diversas situaciones, muy diferentes dependiendo del entorno. El toxicólogo Octavio Pérez Luzardo lleva décadas estudiando esta problemática, incluso en lugares con ecosistemas especialmente delicados, y señalando que los datos utilizados para demonizar a los gatos están descontextualizados y que las relaciones entre depredadores y presas son mucho más complejas de lo que sugieren algunos titulares.

Todas estamos de acuerdo en que existe un problema de sobrepoblación de gatos comunitarios, pero su origen es fundamentalmente humano. Las soluciones letales no resuelven el problema, algo que sí puede conseguirse mediante una aplicación rigurosa del método CER, acompañado de identificación, esterilización de los gatos de familia con salida al exterior y adopción de los animales sociables.

Porque proteger la biodiversidad y gestionar las poblaciones felinas no son objetivos incompatibles, pero requieren políticas valientes y alcaldes, regidores, concejales y técnicos con formación, que comprendan que la gestión del bienestar animal es tan importante y necesaria como cualquier otra de sus funciones.

El domingo 6 de septiembre, 38 manifestaciones y concentraciones se celebrarán simultáneamente. Yo asistiré a la de Girona, y en la web Losgatostienenley.org se puede encontrar la localización más cercana. Debemos ser multitud, ya que, como señala Duarte, si la movilización es escasa, “puede provocar el efecto contrario en la clase política”. Así que, el próximo 6 de septiembre, nos vemos en las calles.

Lo vimos con la erupción del volcán de La Palma, después con la dana de Valencia, y lo seguimos viendo con los múltiples y devastadores incendios de este verano. Cada vez que un desastre natural nos deja pegadas a las noticias con el alma en vilo y el corazón encogido, volvemos a comprobar la gran deficiencia en nuestros mecanismos de respuesta ante emergencias y catástrofes: no hay protocolos de evacuación y asistencia para los animales no humanos, a pesar de que muchos de ellos forman parte de nuestra familia, de que los silvestres son las primeras víctimas de esas situaciones, y de que nuestro sistema alimentario y de consumo convierte a millones de animales en reos permanentes sin posibilidad alguna de huir cuando el agua, la lava o las llamas se ciernen sobre ellos.

Cada vez más, a la magnitud del desastre en sí se suman multitud de tragedias que ponen nombre y rostro a esta realidad. Personas que han sido evacuadas sin tiempo de poder coger a sus animales; que estaban fuera de casa y cuando se han enterado de lo sucedido ya no han podido acceder a por ellos; responsables de santuarios, protectoras y refugios buscando ayuda de personas voluntarias para poder poner a salvo a las decenas de vidas que dependen de ellos, en muchos casos animales mayores o enfermos, lanzando llamamientos desesperados a los equipos de extinción para que sepan dónde se han quedado cientos de animales expuestos al fuego; animales silvestres huyendo despavoridos, atrapados por las vallas de los cotos de caza; explotaciones ganaderas convertidas en campos de cadáveres calcinados… El espanto.

En el mejor de los casos, quienes sí han podido dejar la zona de riesgo con sus animales son acogidos en recintos que no son seguros para ellos, con gatos durante días sin poder salir de un transportín, perros enjaulados, atención veterinaria prestada por profesionales voluntarios organizados por su cuenta, y cientos, miles de personas compartiendo información y cooperando para tratar de minimizar la tragedia mientras, y eso es otra catástrofe, muchos ayuntamientos dejan en manos de cazadores la gestión de la ayuda a los animales silvestres afectados. Un contrasentido detrás de otro.

El pasado mes de junio, el Ministerio de Derechos Sociales anunció que trabaja en un protocolo para atender a los animales “de compañía” en este tipo de situaciones, una obligación derivada de la insuficiente Ley de Bienestar Animal de 2023. Es una gran noticia, y confiamos en el buen hacer de las entidades que están trabajando con el Ministerio para hacer que ese protocolo sea útil ante las evidentes dificultades para articularlo y para implementarlo. Hablamos de muchos tipos de animales en situaciones muy diversas, y se trata de salvar su vida, no de agravar el riesgo con actuaciones que no sean las adecuadas.

Sin embargo, tememos que se quedará muy corto si de entrada se refiere solo a los animales “de compañía”. Entendemos que, por definición, incluirá a los internos en centros públicos de protección animal, pero, ¿también a los de las protectoras, refugios, santuarios, residencias? ¿Los animales considerados “de granja” contarán para algo más que para gestionar el seguro? ¿Qué pasa con los animales explotados en otros tipos de negocios, como granjas escuelas, hípicas, zoos o safaris?

Con este temor y estas preguntas, más de cien entidades de protección animal han difundido un manifiesto dirigido a las autoridades competentes del Estado y de las comunidades autónomas en el que expresan su “profunda preocupación ante la reiterada falta de protocolos oficiales que garanticen la protección de los animales en situaciones de emergencias y catástrofes”.

La realidad, dicen, es que cada vez más ante las catástrofes (danas, inundaciones, incendios, temporales) los animales quedan “sistemáticamente al margen de los planes de actuación”, de forma que “los rescates dependen de la iniciativa personal de profesionales y voluntarios, sin protocolos ni recursos adecuados”. Con ello, “miles de personas se ven obligadas a elegir entre su vida y la de sus animales”, y santuarios, refugios y protectoras “quedan desamparados, con cientos de vidas a su cargo”. “No podemos seguir improvisando”, claman.

Subrayan que la protección de los animales “no es una cuestión secundaria: forma parte de una gestión de emergencias responsable, humana y eficaz”, e ignorar esta realidad no solo vulnera el bienestar de esos animales, sino que “pone en riesgo también a las personas”.

Por ello, sentencian que “es hora de pasar de la buena voluntad a la acción institucional” y ponen a disposición de las administraciones “nuestra experiencia, conocimientos y recursos” para colaborar activamente en la elaboración de protocolos eficaces que incluyan, como mínimo, “procedimientos claros de rescate, evacuación y atención de animales de compañía, de granja, de trabajo y de aquellos que habitan en santuarios, refugios y centros de protección”, así como “formación específica para los servicios de emergencia en manejo y transporte de animales”.

Entre esos requisitos mínimos señalan también la dotación de recursos materiales adecuados para el rescate, transporte y atención de esos animales; coordinación efectiva entre Protección Civil, servicios de emergencia, administraciones competentes y entidades especializadas de protección animal; planes de evacuación específicos para instalaciones con animales, y directrices homogéneas en todo el territorio “para actuar con rapidez, seguridad y eficacia”.

También la Fundación Franz Weber (FFW) ha pedido que España imite a Portugal e incluya a los animales en los protocolos de actuación ante cualquier situación catastrófica; no solo incendios, sino también eventos menos habituales, como terremotos o erupciones volcánicas. En Portugal, a iniciativa de la formación animalista PAN, la Ley de Bases de Protección Civil incorpora desde hace pocos días la perspectiva animal, al obligar a los municipios a disponer de un planeamiento para la búsqueda, salvamento y socorro de animales en catástrofes de todo tipo.

La FFW recordó que en los hogares españoles viven más de 15 millones de animales de familia, de los que la mitad son perros, y cerca de un 40% son gatos, según la Estadística Nacional sobre la Protección Animal del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Tras el reciente terremoto en Venezuela, la FFW desplegó una misión veterinaria en el país, donde suma ya más de mil atenciones a animales afectados y ha distribuido veinte toneladas de alimento y medicamentos. En España, después de la erupción del volcán en La Palma, apoyó a entidades locales en la evacuación de animales de las zonas más afectadas, e impulsó un sistema digital que permitió el reencuentro de decenas de animales y sus familias. “Gracias a estas experiencias, se puede afirmar que los protocolos específicos de evacuación y atención animal en catástrofes no son una idea abstracta, sino una herramienta que ya ha demostrado funcionar en el terreno para las familias afectadas, y que en España sigue sin existir, al revés que en Portugal”, afirman.

También el PACMA solicitó a finales de julio al Ministerio del Interior la “creación inmediata” de una coordinación especial centralizada para garantizar la atención y evacuación de los animales que permanecen en viviendas, fincas, refugios, protectoras y explotaciones situadas en zonas desalojadas por los incendios forestales.

En ese momento, cuando las provincias de Madrid y Ávila estaban siendo asoladas por grandes incendios, el PACMA denunció que numerosos particulares, asociaciones, protectoras y responsables de explotaciones estaban siendo evacuados sin que se les ofreciera, después de varios días, alternativa para acceder a las instalaciones, proporcionar agua, alimento o medicación, y comprobar el estado de los animales que dejaron atrás. Su reclamación, precisaba PACMA, no eran “accesos descontrolados” ni actuaciones que pudieran poner en riesgo a las personas o dificultar las labores de extinción, sino un “sistema oficial” de entradas programadas, controladas y acompañadas por efectivos autorizados, siempre condicionado a la evolución del incendio y a la seguridad de cada zona.

La reivindicación, que ha revivido a raíz de los últimos grandes incendios, lleva años entre las prioridades de quienes defendemos los derechos de los demás animales.

Hace ya tres años, INTERCIDS, Operadores Jurídicos por los Animales, participó en el proceso de información pública del Borrador de Real Decreto por el que se desarrollan medidas de coordinación en los incendios forestales, aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Una de sus propuestas era que los mapas operativos en este tipo de desastres sitúen también a los animales afectados, para poder diseñar las medidas de coordinación necesarias para su evacuación y realojamiento.

Alegaba INTERCIDS que el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprobó la Norma Básica de Protección Civil, incluye expresamente a los animales en esta norma, por lo que tanto la Directriz Básica de Planificación como los Planes de Protección Civil deben contemplar medidas de protección para ellos, además de para las personas, los bienes, el medio ambiente y el patrimonio histórico-artístico y cultural. Todo ello, en coherencia con el tratamiento jurídico distinto de los bienes que, en su condición de seres sintientes, otorga a los animales el Código Civil desde la reforma de 2021.

INTERCIDS recordaba entonces al Ministerio que en un incendio forestal puede haber animales que hayan quedado encerrados en viviendas evacuadas o no habitadas, en centros de rescate o cualquier tipo de núcleo zoológico, caballos en fincas, animales en granjas y explotaciones, etcétera, por lo que “es necesario que a la hora de elaborar los mapas operativos se contemple también una simbología específica para los animales, teniendo en cuenta que en un incendio forestal pueden verse comprometidas las vidas de animales en una multiplicidad de circunstancias de peligro, ante la imposibilidad de huir por sí mismos”.

Sobre la importancia de incluir a los animales en la respuesta ante desastres y emergencias en general, y, como tales, también en los incendios forestales, INTERCIDS se refirió a un informe de la Coordinadora de Profesionales para la Prevención de Abusos (CoPPA) en el que se explica cómo los lazos afectivos con los animales pueden influir en las decisiones de las personas que se encuentran en estas situaciones y, por tanto, comprometer también su propia seguridad y supervivencia.

En cuanto a los animales silvestres que también sufren los incendios forestales, INTERCIDS alertaba al Ministerio de que “pueden encontrar en su huida barreras geográficas insalvables o ver impedida la posibilidad de escapar, convirtiéndose en trampas mortales”, y por ello pedía que, en coordinación con otros departamentos, en el marco del Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales, se materialice un protocolo que permita facilitar la huida del fuego de los animales salvajes; por ejemplo, eliminando barreras.

El análisis de CoPPA al que se refería INTERCIDS es de abril de 2016 y se basaba en la evidencia sobre el gran número de personas que conviven con otros animales, con quienes tienen un fuerte vínculo. Eso hace que ante una evacuación, por ejemplo, muchas personas se muestren reacias a abandonar el lugar donde tienen que dejar a esos animales, incluso hasta el punto de desobedecer las órdenes oficiales y aventurarse en zonas de peligro.

Dado que las operaciones de evacuación, rescate y alojamiento en desastres inevitablemente incluyen a las personas humanas que convivimos con otros animales, las estrategias de gestión de desastres que no los incluyen no solo afectan directamente a esos animales sino que también tienen “implicaciones muy negativas para la supervivencia y la salud psicológica y emocional de las personas, la economía, la salud pública, el reencuentro entre propietarios y animales desplazados, y la recuperación y resiliencia de la comunidad”.

CoPPA pidió por ello una estrategia sólida que incluya a los demás animales en todas las etapas de la gestión del desastre: planificación, preparación, mitigación, respuesta y recuperación, contemplándola incluso como “un factor protector que aumente considerablemente la preparación y fomente la adopción de decisiones y conductas adecuadas antes, durante y después de un desastre”.

El manual de entrenamiento de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) de Estados Unidos alerta de que durante una evacuación algunas personas muestran estár más preocupadas por sus animales que por sí mismas, y el riesgo de negarse a evacuar una zona de peligro se duplica con cada animal que haya en ese lugar. En el caso de personas con discapacidad física o cognitiva, la obligación de separarse de sus animales puede “inmovilizarlas” y aumentar su vulnerabilidad.

Un estudio tras el desastre producido por el vertido de sustancias químicas en la ciudad de Weyauwega (Wisconsin) mostró que aproximadamente un 80 % de las personas que volvieron a la zona del desastre lo hicieron para intentar rescatar a sus animales y que, en los primeros días, un 50 % de quienes vivían con otros animales ya habían irrumpido ilegalmente en la zona, frustrados por la falta de acción para rescatarlos.

En la inundación de 1997 ocurrida en el condado de Yuba (California), el 82 % de las personas que volvieron a la zona de peligro en contra de las órdenes de las autoridades lo hicieron para intentar recuperar a sus animales. El análisis de noticias en los medios australianos relacionadas con animales tras los incendios de 2009 en Vitoria reveló que también hubo personas que arriesgaron sus vidas para intentar salvar a animales silvestres o “de granja” con los cuales no tenían relación previa. Tras analizar las causas de muerte de personas afectadas en diversas inundaciones ocurridas en Australia, un estudio concluyó que al menos un 8 % de esas muertes se debieron a intentos de rescatar a animales.

El impacto emocional y los efectos psicológicos perjudiciales que pueden producirse al tener que dejar atrás o perder un animal en un desastre están bien documentados y avalados por la literatura científica. Integrar a los animales en las operaciones de rescate durante la fase de emergencia y ayudar a la gente a salvar a sus animales no solo es importante para la supervivencia de las personas y los animales afectados, sino también para la fase de recuperación y reconstrucción en los días y meses posteriores al desastre.

En un estudio con supervivientes del huracán Katrina que convivían con otros animales se encontraron niveles significativamente más altos de ansiedad aguda, depresión y trastorno de estrés postraumático en aquellos supervivientes que habían perdido a esos animales que en los demás, y eso a pesar de que los autores del estudio incluyeron controles para otros efectos del desastre, como la perdida de la vivienda.

Muchos agentes de emergencias han podido experimentar directamente, de manera dura y dramática, el vínculo que muchas humanas tenemos con otros animales, un vínculo que “puede interferir en las operaciones de respuesta a desastres” o, por el contrario, cuando este se gestiona correctamente, puede influir positivamente para, incluso, “llegar a mejorar las conductas de las personas afectadas”, concluye CoPPA, que recuerda que en el huracán Katrina murieron 1.836 personas. El 44 % de las personas que se negaron a evacuar la zona de peligro lo hicieron, exclusivamente o en parte, porque no querían dejar atrás a sus animales.

Y eso sin contar a los animales en cautividad, a los explotados o a los silvestres. Si de verdad queremos un mecanismo de respuesta a emergencias que no deje a nadie atrás, hagámoslo realidad. Y cuando decimos a nadie queremos decir justamente eso, a nadie.

Almería, Guadalajara, Ávila, Madrid, Castellón, julio de 2026. Ante incendios devastadores, clasificados como “más allá de la capacidad de extinción”, y que, a pesar de estar arrasando decenas de miles de hectáreas, son un anticipo suave de lo que está por venir, inunda de nuevo los medios la denuncia de la inacción de las administraciones en su prevención, cuyo foco, supuestamente, debería ser “limpiar el monte” de la biomasa acumulada por décadas de “abandono rural” y el retorno de la ganadería extensiva (que nunca se ha ido) como respuestas principales.

Estas supuestas soluciones, que se postulan como medidas estrella frente a la dejadez de las administraciones, se tejen sobre una maraña de bulos, tradiciones problemáticas y concepciones erróneas y profundamente antropocéntricas, cuyos sesgos nos disponemos a corregir aquí.

Por un lado, ya hemos manifestado en otros escritos el despropósito que supone reivindicar la ganadería extensiva como solución a los fuegos, cuando está demostrado que es la principal causa de incendios y, además, una de las industrias que más contribuyen a la actual crisis climático-ecológica; la ganadería extensiva, mucho más que la intensiva. Este vuelve a ser, trágicamente, el caso en el reciente incendio, ya reconocido como el más grande de la historia del Estado español, iniciado en Burgohondo (Ávila) el pasado viernes 24 de julio, que ha arrasado en dos días los valles y reservas naturales del Tiétar e Iruelas y más 50.000 hectáreas: según lo que ha trascendido de la investigación en varios medios, fue causado por una máquina pesada, usada ilegalmente por un operario de una empresa contratada por la asociación de ganaderos de extensivo de Burgohondo para abrir caminos a su ganado trashumante en lo alto de la sierra. De confirmarse, los ganaderos locales de extensiva estarían detrás del incendio más devastador: un nuevo signo de su impunidad y de sus prácticas nefastas, que no son un hecho aislado, sino algo sistémico y que no se puede seguir ocultando.

Tenemos, pues, de entrada, el absurdo de proponer la causa como solución. Ello responde a presiones del lobby ganadero, que -como ya hemos expuesto en otro artículo publicado en este mismo medio- permean de forma mayoritaria el ecologismo, el decrecentismo, los medios, el Gobierno y la sociedad, romantizando la explotación y eludiendo cualquier referencia al dilema ético que supone explotar a individuos de cuyas capacidades sensitivas, cognitivas y sociales no queda duda alguna.

Pero igualmente es problemático el concepto de “limpiar el monte”, que implica una gran ignorancia sobre lo que son los ecosistemas y el papel que los arbustos y el monte bajo desempeñan como claves del funcionamiento e integridad de la biodiversidad. Un bosque no es un conjunto de árboles, sino un complejo ecosistema constituido por una gran variedad de especies vegetales y animales relacionadas entre sí: el dosel o estrato arbóreo, y las formaciones de matorral, sotobosque o estrato arbustivo conforman el hogar de numerosas especies animales.

Constituido por una mezcla de plántulas y árboles jóvenes, arbustos y plantas herbáceas, el sotobosque reviste una importancia fundamental en el desarrollo y mantenimiento del espacio forestal. El dosel vegetal reduce la radiación solar, evitando así un rápido calentamiento del suelo y ralentizando la evaporación. Como consecuencia, la humedad en el sotobosque es mayor, propiciando el florecimiento de hongos y otros organismos descomponedores, lo que, a su vez, favorece el reciclado de nutrientes y proporciona microclimas adecuados para muchos animales y plantas.

Además, las especies botánicas que conforman el estrato arbustivo facilitan el enterramiento de semillas y la germinación de plantas, protegen el crecimiento de nuevos árboles, contribuyen a mantener el balance hídrico, mejoran la sujeción del suelo, representan el hábitat de numerosas especies (pequeños reptiles, insectos, etc.) y son importantes productoras de frutos que suponen la base alimenticia de aves residentes y migratorias. No obstante, se trata a los ecosistemas desde perspectivas utilitaristas y antropocéntricas, agravando la crisis planetaria.

A todo lo mencionado se añade la confusión generada por los bulos de la ultraderecha cuando plantean que el “fanatismo climático” del ecologismo, del Gobierno socialista o de la Europa verde son la causa de los incendios por no permitir limpiar el monte, lo cual también es totalmente falso porque ninguna directiva europea lo impide. El único fanatismo que hay es el negacionista y explotador: para la derecha y ultraderecha no existe el cambio climático, y proclaman que la solución a todos los males socioeconómicos, y a los fuegos en particular, es el aumento de la ganadería extensiva y el silvopastoralismo, así como la eliminación de toda ley ambiental. En la defensa del silvopastoralismo la derecha y ultraderecha coincide sospechosamente con amplios sectores de la izquierda, el ecologismo y el decrecentismo.

La realidad es que la ganadería extensiva es ya responsable de tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería mundial, que a su vez superan a las emisiones de GEI del transporte, por lo que la idea de aumentarla es disparatada y urge, en su lugar, eliminar la explotación animal tan rápidamente como sea posible, empezando por los países ricos, hiperconsumidores e hiperproductores de productos de origen animal, como los europeos y, en especial, el Estado español.

El problema de fondo es que durante siglos y milenios se han creado ecosistemas homogéneos, empobrecidos por prácticas ganaderas, agrícolas, madereras y urbanizadoras ecofascistas que han destruido la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas, haciéndolos mucho más vulnerables y, al mismo tiempo, sometiéndolos a presiones humanas mediante fuegos provocados de forma accidental o intencional. Del mismo modo, se ignora el papel que los herbívoros libres han tenido prehistóricamente en los ecosistemas.

Millones de muertes

Los animales que habitan los espacios forestales son las primeras víctimas de los incendios, pues mueren calcinados o pierden su hogar. De hecho, en estos fuegos, sobre los que medios antropocéntricos se ufanan en recalcar que no ha habido que lamentar muertes (humanas, salvo en el reciente de Almería), en realidad las vidas desaparecidas se cuentan por millones: miles de animales medianos o grandes y, sobre todo, sus crías; decenas de miles de animales pequeños y, particularmente, sus proles; entre cientos de miles y millones de árboles, decenas de millones de arbustos, cientos de millones de plantas pequeñas y hongos, y trillones de microorganismos, fundamentales todos para el correcto funcionamiento de los ecosistemas y el buen vivir de las comunidades animales, muchas de ellas al borde de la extinción y que podrían desaparecer con estos incendios. La consecuencia de los incendios supone una devastación ecosistémica que, cuanto mayor es en extensión e intensidad, más difícil hace que puedan regenerarse esos lugares, si bien nada de lo que existía podrá regresar. Por esta razón, la protección de todas estas formas de vida debería ser la máxima prioridad, la primera medida preventiva. El silenciamiento de estas muertes en los medios antropocéntricos es escandaloso e inaceptable.

Paradójicamente, son ellos los verdaderos gestores del territorio, en particular los individuos de mayor tamaño, como ciervos, corzos, gamos, arruíes o jabalíes, que abren senderos y claros entre la floresta, controlando el sotobosque y dispersando semillas. En un ecosistema saludable, la presencia de lobos, osos, águilas o mangostas provoca el movimiento constante de los grupos de herbívoros, favoreciendo la buena salud de toda la comunidad forestal. Sin embargo, cuando conviene, jabalíes, corzos o muflones son clasificados como una plaga y se justifica matarlos a tiros. Entonces, de pronto, parece que se evaporan, y de ahí la falsa necesidad del “ganado bombero” para continuar en la rueda de la explotación sin fin, ignorando tanto la ética como la realidad de los ecosistemas. Urge por ello, de entrada, defender a los animales salvajes y libres que aún quedan.

El rewilding como respuesta

Frente a todo ello, la principal solución preventiva a los incendios, además de respetar y mejorar las condiciones de vida de la fauna salvaje ya existente, es el rewilding: la resilvestración o renaturalización de los ecosistemas, reintroduciendo herbívoros libres, prohibiendo la caza y restaurando la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas de forma masiva, a la par que se extrae de dichos ecosistemas la presencia y la presión humana, nociva y ubicua, y su relación con fuegos accidentales o intencionados, que son la casi totalidad de los incendios de la actualidad. A su vez, es la única forma realista de frenar el colapso climático y de adaptarse a sus efectos ya irreversibles.

Según el análisis de Navarro-Rosales et al.,2025, hay al menos 62 estudios que presentan el rewilding “como una estrategia prometedora para la mitigación de incendios forestales, capaz de lograr beneficios para la conservación al tiempo que minimiza y mitiga las consecuencias negativas del fuego de una manera más natural y rentable (Pereira y Navarro, 2015; Serrano-Montes et al., 2017; Johnson et al., 2018). El uso de la restauración de ecosistemas como estrategia de mitigación parece estar impulsado por la creciente urgencia del cambio global, manifestado en incendios forestales más intensos y frecuentes, y también por el creciente atractivo de estrategias de gestión más naturales. Malhi et al., 2022 han propuesto recientemente el uso del rewilding como una posible solución basada en la naturaleza, que podría controlar eficientemente las emisiones relacionadas con el fuego en paisajes adecuados propensos a incendios. […] El rewilding puede regular los regímenes de incendios alterados y reducir los impactos del fuego y los incendios forestales a través de la reintroducción de grandes herbívoros y la recuperación de procesos ecosistémicos que regulan el fuego, o a través de una transición basada en una gestión que se aleje de los usos de la tierra dependientes del fuego. Por ejemplo, la reintroducción de grandes herbívoros tiene el potencial de reducir la intensidad del fuego y el área quemada, ya que los herbívoros reducen la permeabilidad del fuego al abrir el paisaje y eliminar combustibles a través del consumo y pisoteo de la vegetación (Rouet-Leduc et al., 2021). […] Los riesgos de incendios forestales también pueden reducirse mediante la reintroducción de especies silvestres a través de la restauración de funciones ecológicas relacionadas con la vegetación y la hidrología (Carroll y Noss, 2021; Preti et al., 2022) o a través del reemplazo de usos de la tierra asociados con la quema y la degradación ambiental (Li et al., 2017; Klaar et al., 2020)”.

Organizaciones como Rewilding Europe o Rewilding Spain promueven iniciativas que en algunos casos apuestan por reintroducir herbívoros libres, como caballos o toros, en ciertos ecosistemas, y examinar los efectos del pastoreo salvaje; mientras que, en otros, reinciden de forma muy contradictoria en la ganadería extensiva y el pastoreo de ganado, evidenciando sesgos atropocéntricos y especistas. El rewilding ha de depurarse de dichos sesgos y apostar por una renaturalización real, que no reproduzca los modos de explotación antropocéntricos subyacentes al mismo problema que se intenta resolver. En principio, el rewilding excluye a la agricultura y la ganadería en todas sus formas básicas (trófico, pleistocénico, ecológico y pasivo), y hay proyectos en esa línea, como el de Portugal o como el de la reintroducción de bisontes en Rumanía, pero se están impulsando ramas denominadas agricultural rewilding, y organizaciones como Rewilding Europe están apostando por ellas junto a las otras mencionadas, manifestando la influencia del lobby ganadero que, como venimos denunciando, permea el ecologismo.

Todo ello está en sinergia con las estrategias de renaturalización de la UE y es un pilar esencial de cualquier posibilidad de hacer efectiva la Ley de Restauración de la Naturaleza. Sin embargo, las iniciativas son mínimas respecto a lo que sería preciso, también a la hora de restaurar los ecosistemas europeos en general, en gran parte por el cambio profundo de paradigma que representa y la oposición de quienes tienen su forma de vida en la explotación de los animales no humanos y la tierra.

Es esencial, además de una masiva acción educativa y concienciadora, y de lucha contra la desinformación, la puesta en marcha de ayudas económicas masivas que ayuden a agricultores, ganaderos y silvicultores a abandonar usos destructivos de la tierra, los ecosistemas y las formas de vida, subvencionando la liberación de suelos para la resilvestración y la lucha climática, y ayudando a estas industrias a transicionar a modelos agroecológicos y sostenibles de producción de proteína vegetal.

La solución no es volver al campo, sino liberarlo

El campo no nos pertenece, es de todas las formas de vida, y solo respetando este principio se autorregula en sus ciclos y florece en biodiversidad. Si observamos las causas de los incendios, una parte mínima son de origen natural: la inmensa mayoría son por causas humanas y, dentro de estas, destacan las “accidentales”, pero ligadas a malas prácticas, a las consecuencias nocivas de nuestra ubicuidad o de la irresponsabilidad. En Almería la posible causa fue un tendido eléctrico privado abandonado y las muertes se debieron en gran medida a décadas de urbanismo ilegal en la sierra de Bédar. En Ávila, ya hemos comentado que han sido prácticas irregulares promovidas por ganaderos. En San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) fue el incendio de un coche. Hay en todos los casos un común denominador sistémico que nunca se comenta, asociado a una ocupación biosférica intrínsecamente antropocéntrica y destructiva.

Por otro lado, el rewilding es un campo de estudio emergente muy complejo, con muy diversas aproximaciones posibles. Esto es doble razón para maximizar la inversión en su investigación y puesta en práctica. Sin embargo, los defensores de perpetuar la explotación animal y la ganadería como forma de gestión de los ecosistemas lo ridiculizan, diseminando la falsa imagen de que es cosa de “urbanitas”. Frente a ello, existen además importantes intersecciones entre formas sintrópicas de agroecología, como la permacultura vegana y la resilvestración.

El desafío más amplio

En un horizonte más amplio, el cambio de paradigma del rewilding, asociado a un giro postantropocéntrico que implique reducir nuestra presencia nociva en la biosfera, debería ir de la mano de un abordaje en 3D y VegAnarQueer a la crisis de extinción: dietas vegetales, decrecimiento profundo y demografía.

La transición global a sistemas agroalimentarios libres de explotación animal eliminaría la industria más devastadora para los límites planetarios y principal causa de incendios -la industria alimentaria de explotación animal y, en particular, la ganadería, sobre todo, extensiva-, a la par que se liberarían 3.500 millones de hectáreas para una resilvestración masiva de la Tierra. Esta transición sería además la base de la justicia social, la salud humana, la seguridad alimentaria e hídrica, y, por supuesto, de la justicia metahumana, animal e incluso vegetal (pues se eliminarían la mitad de los monocultivos, destinados a alimentar a animales no humanos explotados).

El decrecimiento profundo implica desmantelar activamente los modos de vida propietarios y sedentarios, así como nuestra ubicuidad biosférica, recuperando modos nomádicos y discretos, anarcoprimitivistas, de coevolución con el resto de formas de vida, para una descolonización humana de la biosfera, lo cual no implica renuncias, sino reaprender a vivir mejor y de otra manera, recuperando capacidades sensorimotoras perdidas y, con ello, la riqueza experiencial, los saberes encarnados y la vida comunitaria y conectada con el ecosistema.

Todo ello iría de la mano de un abordaje radicalmente democrático, descolonial, antirracista y anticapacitista del tabú de la superpoblación, cuestionándonos el heteropatriarcado reproductivista con nuevos parentescoscos queer que promuevan la diversidad sexoafectiva frente a la multiplicación homogénea, que se promueve al servicio de la economía de crecimiento infinito y, con ello, del suicidio colectivo. Obviamente, nada de esto se está afrontando; al revés, se censura incluso dentro del activismo eco-socio-animal y de la intelectualidad más radical, permeada de supremacismo humano.

Deshacer el antropocentrismo implica también defender las vidas no humanas en todas sus formas: no solo protegiéndolas del desastre, sino permitiéndoles un buen vivir, que sería la mejor forma de prevención. Por un lado, resilvestrar la biosfera es dejar que la vida salvaje viva sin la amenaza humana permanente y la destrucción de sus ecosistemas; por otro, se trata de acabar con la explotación de los demás animales. Todas ellas son condiciones sine qua non para recuperar la salud de la biosfera y, con ello, la humana, y para extraer la ubicuidad de nuestra intervención nociva, tanto activa como pasiva, tanto intencional como accidental. Es la única forma de volver a tener ecosistemas sanos y autorregulados, y de reducir los riesgos que la presencia humana presenta por doquier con sus sistemas alimentarios, urbanizadores, de transporte o de energía.

Es también la manera de elaborar una concienciación radical, una educación ambiental y una responsabilidad colectivas reales frente a la irresponsabilidad radical que impera debido al antropocentrismo y el negacionismo actuales. Es asumir la realidad de la crisis radical que las sociedades humanas dominantes han creado y actuar en consecuencia.

En su lugar, vemos cómo se prima salvar no solo las vidas humanas, sino las propiedades y bienes, quedando la vida salvaje, animal, vegetal, fúngica y de todos los reinos de la vida, en muy segundo plano. En la actual emergencia nacional debida a los megaincendios, varias protectoras y santuarios han publicado llamamientos desesperados en las redes sociales: el fuego amenaza sus instalaciones y las vidas de su comunidad animal, conformada por animales rescatados de la industria de la explotación animal y cuyas vidas no dejan de correr peligro ni siquiera en espacios seguros.

Resumiendo, la respuesta ha de ser: (1) la resilvestración mediada por herbívoros libres; (2) el desmontaje de bulos y negacionismo y del supremacismo humano que les subyace, con una educación y concienciación radicales, y (3) la lucha real contra el colapso climático-ecológico, combatiendo el silenciamiento de su causa estructural más profunda -que es la industria alimentaria de explotación animal, principal causa de superación de límites planetarios-, y promoviendo una transición a dietas vegetales, que les divulgadores científiques silencian. Como ya hemos dicho otras veces: los incendios se apagan en tu plato.

Si no se detiene este negacionismo dentro del ecologismo, solo podemos seguir con el pie en el acelerador a la extinción. Si no se aborda este núcleo duro del problema, se seguirán poniendo parches al Titanic que se hunde mientras el colapso ecosocial avanza exponencialmente. Parece que esto es lo que va a suceder, pero va siendo hora de que, al menos desde los movimientos eco-socio-animales, se dejen de reproducir los bulos del lobby ganadero y del negacionismo fanático. Hacemos para ello, desde la colectiva Rebeldes Indignadas, un llamamiento a las colectivas y personas a unirse a la Alianza de Futuros Vivibles.

El incendio de Ávila se originó en la localidad de Burgohondo por una imprudencia basada en hacer caso omiso de la emergencia climática y las medidas de protección de los recursos naturales. Que aquella maquinaria estuviera allí, ese día y a esa hora, de cualquier manera y sin ningún protocolo de extinción de fuegos, muestra que la precaución y la educación respecto a la nueva realidad climática es más necesaria que nunca. Si bien este hecho ha desatado un alto nivel de indignación en el ámbito animalista por su relación con el sector ganadero, catástrofes como los incendios afectan a miles de vidas animales y van más allá de esta vinculación, pues son el resultado de una visión generalizada de que todo lo que nos rodea puede ser gestionado bajo el interés humano.

Consciente de que un verano más estamos ante una situación muy difícil. Con la impotencia de saber que quienes están en la primera línea ante el fuego han sido desprotegidos otra vez, pese a que el planeta se sigue calentando una media anual superior a 1,5°C y favorece la expansión de los incendios. A sabiendas de que la sensibilidad y la polarización recorre las pantallas, de que muchas personas llevan días evacuadas, confinadas o desalojadas, de que la rabia, la decepción, la frustración y el malestar se manifiestan en diferentes acciones, discusiones y proclamas en cada rincón de las zonas afectadas. A sabiendas de que las respuestas, aunque siempre desde la solidaridad, están siendo muy diferentes, agravando una brecha social que solamente beneficia a un sector muy concreto: aquellos que siguen legitimando un modelo de vida basado en el consumo de combustibles fósiles y un crecimiento económico sin límites; en definitiva, a quienes se enriquecen lejos de las zonas rurales y solamente regresan a ellas para recabar algunos votos. Consciente de todo esto y afectada emocionalmente, porque viví durante mi infancia en el Valle del Tiétar y hoy soy vecina de la Serra d’Espadà, escribo teniendo presente tanto el sufrimiento y la pérdida de vidas animales como que estamos en un punto de no retorno para muchos ecosistemas y formas de vida, también humanas.

¿Cómo escribir sobre los incendios de manera objetiva? ¿Cómo convertir la rabia y el dolor en un mensaje para quienes aprecian y quieren cuidar este planeta? ¿Cómo trascender estas emociones por un momento y pensar colectivamente este problema que nos va a perseguir hasta el fin de nuestra existencia? ¿Cómo impedir que los argumentos a favor de las vidas animales y los ecosistemas permitan a determinados sectores victimizarse y desviar el foco del verdadero problema? ¿De qué manera conciliar en un territorio tan fragmentado ante la emergencia climática?

Mirar atrás

Ciertamente, el fuego siempre ha estado ahí, es uno de los elementos originarios de la Tierra, pero es el calentamiento global, producido en su mayoría por la actividad humana, lo que hace cada vez más difícil frenar, controlar y extinguir los incendios. Al tratar de comprender su gravedad, debemos considerar la falta de adaptación a la nueva realidad climática por parte de la sociedad de la que formamos parte. Para ello, puede ser de ayuda echar la mirada atrás, en un momento en el que el debate trata de reducirse a argumentos de fácil calado, que se aprovechan del dolor de quienes lo han perdido todo o casi todo; o de quienes, como yo, convivimos estos días con una terrible angustia y decidimos no mirar hacia otro lado. Escarbar en las cenizas y ampliar la mirada al analizar la problemática actual de los incendios es un acto de responsabilidad con las generaciones presentes, pero sobre todo futuras.

La gestión de la biomasa vegetal, en forma de montes o espacios agrarios y pastos, se ha visto alterada en los últimos 70 años por la transición de las sociedades hacia un modelo de vida urbano, dependiente de los combustibles fósiles y, cada vez más, de la tecnología. Esta transformación sin reparos apostó por dejar atrás el consumo de los productos locales, las tradiciones y procesos comunitarios a favor de la concentración poblacional en zonas urbanas y costeras, y la individualización de la vida. El éxodo rural vivido en España desde los años 50 fue acompañado de la industrialización de muchos aspectos vitales, especialmente de la alimentación y la subsistencia. Como resultado, hoy vemos una brecha social y económica entre pequeños y medianos productores primarios frente a grandes industrias y empresas que reciben con los brazos abiertos iniciativas como Mercosur, promovidas por los intereses de una economía neoliberal que sigue siendo dominante. En definitiva, atrás quedó un modelo de sociedad que, a su manera, vivía mirando de frente a los ciclos biológicos y al paso de las estaciones.

Esta brecha tiene muchas consecuencias. Una de ellas es que existe un malestar entre quienes habitan las zonas rurales, manteniendo su actividad agrícola y ganadera, y quienes plantean una perspectiva ética, desde una mirada ecológica y animalista, habiten o no el mundo rural. Ante los cruces de información y las avalanchas de desinformación y bulos, es más necesario que nunca volver a los datos y estudios que tratan de arrojar luz sobre un problema complejo, y que ayudan a buscar soluciones a los incendios en el contexto actual.

Nuestros montes

Las investigaciones sobre el origen de los fuegos señalan que muchos se producen como consecuencia de la actividad humana: un 23%, de manera accidental y un 55%, intencionadamente. En ambos casos, en muchas ocasiones, se debe a actividades agrarias y ganaderas, tal y como ha sucedido en Burgohondo (Ávila) y presuntamente en La Mierla (Guadalajara) este verano. Pese a que este agravante es de sobra conocido, las instituciones se estancan en la inacción frente al cambio climático, como ejemplifican la falta de recursos, equipos de prevención de incendios y personal de vigilancia forestal. Pero, además, podemos entender estas carencias en sí mismas como una falta de cuidado hacia las zonas rurales, que se siguen sintiendo abandonadas y poco representadas por la agenda política actual.

Es momento de mirar más allá de las zonas urbanas y comprender qué tipo de territorio hemos heredado tras el éxodo rural que empezó en los años 50 y dio lugar a una transformación social y económica sin retorno de nuestro modo de vida y consumo. En primer lugar, es necesario señalar que en España el 72% de los montes es de propiedad privada y su gestión para una prevención contra los incendios, a la vista está, no está asegurada. En segundo lugar, tradiciones como la ganadería extensiva ya no tienen capacidad de gestionar la masa forestal, pues, en palabras del propio sector, están en peligro de extinción. Como sabemos, cada vez desaparecen más explotaciones ganaderas de pequeño y mediano tamaño, al ser sustituidas por macrogranjas, con toda la problemática ambiental que supone, y que se suma al extremo sufrimiento y violencia contra los animales. En tercer y último lugar, siguen faltando protocolos de salvamento animal en caso de incendios para intervenir de manera ágil y salvar sus vidas, incluyendo las que están atrapadas en las propias explotaciones ganaderas. En vista de esta situación, cabe preguntarse: ¿hasta qué punto es creíble defender un modelo de ganadería extensiva como medida preventiva contra los incendios, si habitamos un territorio fragmentado y privatizado que impide la circulación del ganado? ¿Es segura la ganadería mientras sigan faltando protocolos de actuación y protección de animales no humanos en situación de incendios? ¿Realmente podemos confiar en un modelo basado en la explotación animal para proteger los espacios naturales?

Desde una perspectiva animal y ecológica, debemos apostar por la revisión de las estrategias de conservación de los montes actuales. Ante el argumento de que la ganadería extensiva protege el territorio frente a los incendios, hay que recordar que todavía existe una amplia diversidad de animales silvestres en esos montes que se alimentan de biomasa vegetal sin ser explotados. No solo los rumiantes domesticados, como las cabras, ovejas, vacas y toros pueden desbrozar, pastar y regular la vegetación, sino también otros animales, como ciervos, corzos, gamos, cabras montesas o rebecos. Los rumiantes silvestres, en ausencia de la actividad humana, cumplen esta función ecológica, pues es así como habitan los ecosistemas a los que pertenecen. Con ello, son capaces de clarear el bosque, de consumir las ramas y brotes de las zonas bajas, de esparcir semillas que puedan rebrotar en el futuro si un incendio asola la zona, de realizar ciclos de compactación y aireación en el suelo y permitir con ello un aumento de la retención de humedad y materia orgánica en el mismo. Algo imprescindible en los montes, cuyos suelos están fuertemente erosionados y ahora han quedado afectados por el fuego, lo que puede facilitar su arrastre y desprendimiento en los futuros episodios de lluvias. Sin embargo, gran parte de estos animales habita espacios calificados como cotos de caza, pues el 85% del territorio español está calificado para el uso cinegético. Su función ecológica queda supeditada a los intereses de la caza ante esta situación, hasta el punto de que algunos discursos posicionen tanto a la actividad cinegética como a la ganadería extensiva como las únicas formas de regular el crecimiento de la biomasa vegetal en los montes de uso privativo.

Otras perspectivas

Es importante reforzar en nuestros imaginarios comunes otros enfoques que garanticen un buen cuidado de las masas forestales sin la necesidad de explotar animales o cazarlos. ¿Por dónde empezar? Antes que nada, mejorando las condiciones salariales y el número de plazas habilitadas para agentes y brigadas forestales, poniendo fin con ello a una situación laboral crítica en ese sector tan necesario. Queremos que se destinen los recursos económicos, la infraestructura y los equipos humanos necesarios para proteger un territorio que ha perdido en los últimos cinco años más de 1,2 millones de hectáreas de masa forestal. Según estudios de la Universidad Politécnica de Huesca, se necesitan al menos 3.000 euros por hectárea para alcanzar una prevención de incendios adecuada y evitar pérdidas de 30.000 € por extinción de hectárea quemada.

Pero, además, exigiendo una gestión pública de los montes con una perspectiva a la altura de la emergencia climática, que busque otras relaciones entre animales y territorios, que vayan más allá de la caza o la ganadería extensiva. Se trata de un debate inabarcable en este texto, pues tendríamos que seguir hablando de la necesidad de proteger a depredadores como el lobo, el zorro o el lince; o de la salud planetaria y las enfermedades que podemos compartir con otras especies (cuando suceden las zoonosis). Pero en líneas generales, lo aquí expuesto busca ampliar nuestra mirada hacia un conocimiento del territorio y su historia, que permita expandir algunos argumentos contra las proclamas que idealizan y priorizar las prácticas que suponen la explotación animal frente a otras que pueden generar empleo y proteger vidas animales, también las humanas.

Del mismo modo, podemos encontrar consenso en exigir que se aligeren los trámites necesarios para el mantenimiento de las zonas forestales mientras se mantenga su titularidad actual y que se frenen las negligencias y omisiones de las normativas de realización de trabajos en temporadas y zonas con alto riesgo de incendios. Para ello es necesaria una educación territorial de adaptación climática, que se nutra de los errores de estos años y consiga garantizar una buena vigilancia y gestión forestal que nos implique a todas.

Por último, veo imprescindible observar nuestro alrededor sin fragmentarlo y defender que la protección de las vidas animales es un eje irrenunciable en cualquier posicionamiento ecologista. Para comprender que la ecología y la protección animal pueden ir de la mano hay que conectar las causas políticas, económicas y demográficas que han modelado el territorio que habitamos. Es una situación compleja, hablamos de meter las manos en un fuego que quema, como todos. Pero somos muchas las que no queremos renunciar a imaginar un futuro donde nuestras acciones se integren en los ciclos de la vida, como seguirán haciendo los animales que estos días sobreviven al avance de los incendios.

Existe una tendencia recurrente dentro de algunos espacios militantes a entender cada lucha emancipadora como un compartimento estanco. Como si el patriarcado, el racismo, el colonialismo, el capitalismo o el especismo fueran estructuras separadas que pudieran analizarse y combatirse de manera aislada. Sin embargo, pocas luchas evidencian tanto la necesidad de una mirada interseccional como el antiespecismo.

No porque el sufrimiento animal sea “más importante” que otras opresiones, sino porque el mecanismo de ajenidad sobre el que se sostiene el especismo alcanza un grado difícilmente comparable con otros sistemas de dominación. La distancia material, cultural y emocional que la sociedad construye entre los seres humanos y el resto de animales es tan profunda que convierte la violencia cotidiana contra millones de individuos en algo prácticamente invisible.

Las teóricas feministas y decoloniales llevan décadas explicando cómo funcionan los procesos de otrorización. Simone de Beauvoir señalaba que la construcción del “Otro” era un mecanismo imprescindible para sostener la subordinación de las mujeres. Edward Said analizó cómo Occidente fabricaba una imagen exotizada y deshumanizada de Oriente para justificar relaciones coloniales. Frantz Fanon explicó de qué manera el colonialismo produce sujetos despojados de humanidad a través de la violencia material y simbólica. Judith Butler profundizó en la idea de qué vidas son consideradas dignas de duelo y cuáles quedan fuera del marco de lo reconocible. Es imposible que una persona que se considere antiespecista lea este párrafo y no vea cómo todo esto aplica a la explotación animal.

El especismo lleva este proceso todavía más lejos. Los animales no humanos no solo son construidos como “otros”, son convertidos directamente en objetos: mercancías, unidades de producción, cuerpos para el consumo. Los animales no humanos son percibidos como seres sin intereses propios y sin capacidad de agencia política reconocible. La vaca no es una madre separada de su cría: es leche. El cerdo no es un individuo con capacidad de disfrutar o sufrir: es jamón. La gallina no es una vida atravesada por el encierro y la explotación: es una máquina de poner huevos.

Carol J. Adams ya relacionó hace décadas la cosificación de los cuerpos de las mujeres y de los animales en La política sexual de la carne, mostrando cómo los distintos sistemas de opresión comparten lenguajes, imaginarios y formas de violencia. Angela Davis también ha señalado la necesidad de comprender las luchas emancipadoras desde marcos amplios, capaces de conectar las distintas estructuras de dominación. Incluso autoras como bell hooks insistieron en que cualquier movimiento político que ignore las múltiples dimensiones de la opresión termina reproduciendo jerarquías internas.

El antiespecismo no puede permitirse ese error.

Resulta imposible entender la explotación animal sin hablar del capitalismo industrial que necesita maximizar beneficios a través de cuerpos explotables; sin hablar de colonialismo y extractivismo, que arrasan territorios para sostener macrogranjas y monocultivos destinados a alimentar animales encerrados; sin hablar de patriarcado, que históricamente ha asociado la dominación de la naturaleza, de los animales y de las mujeres a una misma lógica de control; sin hablar del racismo que nutre de trabajadoras precarizadas o casi esclavas a la industria del sufrimiento animal.

La interseccionalidad no diluye el antiespecismo: lo fortalece. Lo conecta con las condiciones materiales que sostienen la explotación animal. Lo saca del terreno del consumo individual para devolverlo al ámbito de la transformación colectiva.

Sin embargo, desde hace años parece consolidarse un sector del veganismo profundamente incómodo con esta idea. Un sector que insiste en que hablar de feminismo, antifascismo, colonialismo o lucha de clases “distrae” del sufrimiento animal. Curiosamente, muchas de las voces más visibles de esta corriente suelen compartir perfiles similares: hombres que entienden el activismo como una plataforma de visibilidad individual, a menudo atravesada por dinámicas de mercado, monetización y construcción de marca personal.

No deja de resultar llamativo que algunas de estas figuras encuentren más facilidad para compartir espacios con personajes de extrema derecha con cierta sensibilidad animalista que con militantes antiespecistas que insisten en conectar la explotación animal con el resto de sistemas de opresión. Como si el problema no fuera convivir con discursos racistas, machistas o autoritarios, sino cuestionar las estructuras que sostienen privilegios propios.

También resulta significativo que quienes más insisten en reducir el antiespecismo a una cuestión exclusivamente individual rara vez aparezcan sosteniendo colectividades antiespecistas, participando en redes de apoyo mutuo, organizando campañas colectivas o construyendo espacios militantes duraderos. El veganismo entendido únicamente como identidad de consumo o como superioridad moral individual termina siendo perfectamente compatible con el aislamiento político, con la lógica influencer y, en última instancia, con el propio sistema que convierte cualquier disidencia en mercancía.

Frente a ello, el antiespecismo interseccional plantea algo mucho más incómodo: que la explotación animal no puede separarse de las estructuras económicas, culturales y políticas que atraviesan el conjunto de la sociedad, que la violencia contra los animales no humanos no surge de individuos malvados aislados, sino de un sistema entero organizado alrededor de la dominación y la mercantilización de la vida.

Eso implica comprender también nuestras propias contradicciones. Ninguna militante está completamente fuera de las estructuras que critica. Todas hemos crecido en sociedades profundamente especistas, patriarcales, racistas y capitalistas. Precisamente por eso la formación política continua resulta imprescindible. No como ejercicio académico elitista, sino como herramienta colectiva para identificar cómo operan las distintas formas de opresión y cómo pueden infiltrarse incluso dentro de nuestros propios espacios.

Cuando los movimientos pierden capacidad de análisis político, otras voces ocupan ese vacío. Voces simples, individualistas, aparentemente cómodas y fácilmente consumibles en redes sociales. Discursos que reducen el antiespecismo a recetas de consumo, a debates estéticos o a contenido diseñado para generar interacción y beneficios económicos. Discursos que, además, tienden a construir una identidad vegana separada del resto de la sociedad, encerrada en dinámicas de pureza y diferenciación.

Ese camino conduce inevitablemente al gueto político.

Un antiespecismo incapaz de dialogar con otros movimientos sociales, incapaz de conectar la explotación animal con las condiciones materiales de vida de la mayoría social y centrado únicamente en identidades individuales corre el riesgo de convertirse en una subcultura autorreferencial, cada vez más pequeña y desconectada.

Por el contrario, un antiespecismo interseccional tiene la capacidad de construir alianzas amplias, señalar las raíces estructurales de la violencia y situar la liberación animal dentro de un horizonte colectivo de transformación social.

Necesitamos más espacios militantes y menos gurús. Más organización colectiva y menos marcas personales. Más formación política y menos consignas vacías diseñadas para algoritmos.

El reto del antiespecismo no consiste únicamente en convencer a más personas de dejar de consumir animales. Consiste en construir una sociedad incapaz de aceptar como normal cualquier forma de dominación.

Los incendios que están asolando varios puntos de España, y de forma intensa los últimos días el oeste de la Comunidad de Madrid y las provincias limítrofes, están dejando muchas historias desoladoras, muchos avisos desesperados, muchas situaciones que solo somos capaces de visualizar en nuestras peores pesadillas.

Y una de ellas la estamos viviendo este sábado al ver uno de los terrenos del Santuario Vegan acosado por las llamas, con 200 animales atrapados sin posibilidad de ser evacuados. Estas líneas son un llamamiento urgente, desesperado, a las autoridades, a los equipos de extinción, para que sepan que hay 200 vidas atrapadas en esta ubicación: 40°19'51.1“N 4°26'58.7”W

Entre Cadalso de los Vidrios y San Martín de Valdeiglesias, dentro de la Comunidad de Madrid pero casi en la frontera con Castilla y León, Santuario Vegan ha dado un hogar a animales que fueron explotados por la industria y que maltrechos, enfermos, iniciaron una nueva vida a salvo, con todas sus necesidades cubiertas, no solo las físicas, también las emocionales. Todas esas vidas están hoy acosadas por las llamas.

Hay vacas, toros y caballos jóvenes en el terreno, caballos y burros viejitos protegidos en una nave, ovejas y cabras en otra. Cuando hablamos de salvar vidas, las suyas también cuentan, también son importantes.

Las imágenes de vecinos, voluntarios, bomberos, agentes haciendo lo imposible por poner a salvo a animales que conviven con sus familias humanas, y todas ellas nos han reconfortado en medio del horror, nos han proporcionado cierto alivio en el espanto. Con este artículo queremos pedir que esas vidas también sean tenidas en cuenta.

Durante las últimas horas hemos recibido muchos avisos de personas que pedían ayuda para salvar a animales, y somos testigos de la ayuda movilizada para llegar hasta ellos, sacarlos del peligro, trasladarlos a un lugar seguro y proporcionales las necesidades urgentes más básicas. Sabemos que en muchos casos no hemos podido llegar a tiempo, y sabemos que en muchos casos la virulencia del fuego lo hace imposible.

Pero también sabemos que quienes hacen todo lo posible por salvarnos de las llamas tienen que saber que en esa ubicación hay vidas, como primer paso para poder salvarlas. Y por eso estas líneas. Esos animales que ya fueron condenados por la industria, nacidos solo para ser explotados, merecen poder seguir disfrutando de esa nueva oportunidad que les ha dado Laura Luengo en el Santuario Vegan.

Laura era consciente del riesgo que corrían ella y los animales cuando las llamas se desataron en Almorox y en San Martín de Valdeiglesias, pero el viento iba rolando y las autoridades le trasladaron que por el momento no había peligro, aunque eso podía cambiar en cualquier momento, y ella lo fue explicando en sus vídeos en redes sociales, contando cómo estaba la situación, con toda crudeza ante la cámara. Esta misma mañana agentes de la Guardia Civil con los que Laura fue contactando le decían que seguían sin recomendar el desalojo. Laura no ha llegado a recibir ningún ES-Alert, se ha enterado de que tenía que irse hablando con diferentes puestos de la Guardia Civil de la zona. Cuando el fuego se ha echado encima ya no había tiempo. Evacuar a todos esos animales, trasladaros y ubicarnos en un nuevo espacio seguro no es nada fácil, y lo que Laura ha hecho todo este tiempo por ellos merece toda nuestra admiración y nuestro apoyo, también ahora, en su peor momento, después de haber seguido las recomendaciones y las indicaciones de las autoridades y cuando toda su vida está con esos 200 animales. Por favor, los animales también cuentan. Hagamos todo lo posible por no dejar a nadie atrás. A nadie.

Desde que en 2021 Nueva Pescanova anunció la instalación de la primera granja de cría industrial de pulpos del mundo, chocó de frente con la oposición de la comunidad científica y de las entidades de protección animal. La historia del proyecto ha sido, en realidad, una lenta agonía que refleja lo costoso –también para el contribuyente- de tratar de sacar adelante una iniciativa que pone en riesgo a los animales, los ecosistemas y, finalmente, la salud de las personas.

Nueva Pescanova se encontró con un primer revés cuando el Gobierno de Canarias concluyó que la evaluación ambiental simplificada era insuficiente y obligó a someter el proyecto a una evaluación ambiental ordinaria, al apreciarse posibles efectos significativos sobre el medio ambiente. La documentación exigida nunca se presentó y la Dirección General de Pesca de Canarias archivó el expediente al no haber cumplido la empresa con los trámites requeridos. Paralelamente, la Autoridad Portuaria de las Palmas inició el procedimiento de caducidad de la concesión, dando un ultimátum a la empresa para reactivar el expediente o asumir su archivo definitivo. Organizaciones como Compassion in World Farming y AnimaNaturalis, entre otras, impulsaron una campaña internacional, reclamando el cierre definitivo del expediente.

Finalmente, el 23 de julio de 2026 se confirmó la tan esperada noticia, Nueva Pescanova renuncia al proyecto en Las Palmas de Gran Canaria. Esa macrogranja de pulpos no llegará a hacerse realidad.

Ahora, a por la prohibición

Este proyecto de macrogranja de pulpos no ha fracasado únicamente por escollos burocráticos, el proyecto ha fracasado, sobre todo, porque es una muy mala idea, que crea rechazo y provoca disonancia solo de imaginarla. Un proyecto que va en contra de cualquier sentido común en el contexto de una crisis climática que afecta especialmente a nuestro país y que pide a gritos proteger y cuidar de nuestra biodiversidad, no destrozarla.

El paso lógico y sensato tras esta demostración palmaria de que las granjas de pulpos son inaceptables desde la perspectiva ética, científica y medioambiental, es aprobar la única propuesta legislativa presentada en Europa para prohibir, antes de que sea una realidad, la cría industrial de pulpos en España. El proyecto, desarrollado por INTERCIDS, Operadores Jurídicos por los Animales, ya se encuentra registrado como proposición de ley en el Congreso, a la espera de su tramitación.

¿Por qué el pulpo no y otros animales sí?

No queremos animales hacinados en granjas: ni pulpos, ni vacas, ni cerdos, ni gallinas. Sin embargo, estas últimas ya existen, y son de las industrias más poderosas del planeta, así que no nos queda otra que seguir destapando sus horrores estructurales y promover alternativas viables.

Pero no debemos olvidar que los pulpos aún son animales salvajes que, con mayor o menor bienestar en un océano cada vez más degradado, todavía viven libres. Y eso no es un asunto menor. Debatir en el año 2026 que se pueda convertir a un animal salvaje en un zombi rodeado de otros zombies, automutilándose e incluso devorando a sus semejantes, es algo que no deberíamos aceptar.

Y es que la fascinación que despiertan los pulpos no es casual. Ese cuerpo blando y flexible, con neuronas en todos sus brazos y con unas capacidades físicas y cognitivas radicalmente distintas a las nuestras, que ni siquiera comprendemos del todo. Esa naturaleza salvaje, nunca domesticada ni alterada, que por un lado nos deslumbra y por otro sabemos que deberíamos dejar en paz.

Dejémoslos en paz. Dejemos de invertir recursos, también públicos, en investigar cómo criar industrialmente a los pulpos y empecemos a mirar hacia otras fuentes de alimentación mucho más sostenibles, éticas, saludables y tan o más deliciosas que los productos de origen animal. Exijamos que se apruebe la propuesta legislativa de INTERCIDS y coloquemos el incentivo económico en hacer un planeta más respetuoso con todos los animales y con ello, más habitable.

Esto no va de Nueva Pescanova, esto va de un modelo suicida. No necesitamos esperar a que esta u otra empresa vuelva a intentarlo para descubrir, otra vez, que un animal solitario, inteligente y extraordinariamente complejo no encaja en una lógica industrial diseñada para producir millones de individuos al año. Porque el proyecto de Las Palmas de Gran Canaria no se ha cancelado por problemas burocráticos, se ha muerto porque era una aberración.