Explicando el lío del tratado UE-Mercosur

El tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur acaba de quedar paralizado en el Parlamento Europeo, tras más de veinte años de negociaciones y una aprobación muy difícil entre los Estados miembros. El episodio ha llamado la atención porque la votación no ha seguido las líneas ideológicas habituales: la mayoría de populares y socialdemócratas se han opuesto a frenar el acuerdo, mientras que casi toda la izquierda y también la extrema derecha han votado a favor de la paralización. A primera vista, la escena resulta confusa. ¿Cómo es posible que fuerzas políticas tan distintas coincidan en el rechazo? ¿Y por qué los grandes partidos europeos lo defienden con tanto empeño? 

Para entenderlo conviene empezar por situar el acuerdo. Firmado en 2019, el tratado UE-Mercosur es el mayor acuerdo comercial jamás alcanzado por la Unión Europea, tanto por población afectada como por volumen de comercio y reducción de aranceles. Forma parte de la familia de los acuerdos de libre comercio: pactos que buscan eliminar barreras al intercambio comercial y exponer a la competencia internacional sectores que hasta ahora estaban relativamente protegidos. Y todo ello en un momento especialmente delicado, en el que Estados Unidos ha girado hacia el proteccionismo y el uso explícito del poder económico. 

El problema es que un acuerdo de este tipo no puede evaluarse con un simple “a favor” o “en contra”, y mucho menos afirmar que tal conclusión se deriva de una valoración aséptica e incuestionable. Un acuerdo de libre comercio tiene efectos distintos según el sector, el país y el grupo social, por lo que no puede existir una valoración que sea compartida por todos. Dicho de otro modo: cualquier acuerdo de libre comercio genera ganadores y perdedores, lo que explica tanto la división política como la intensidad del debate. 

El enfoque económico: quién gana y quién pierde 

Desde el punto de vista económico, los acuerdos de libre comercio se basan en una idea sencilla: al abrir los mercados, las empresas más competitivas ganan terreno, los productos se abaratan y, en conjunto, la economía crece. Aunque haya pérdidas en otras empresas, estas serían compensadas de sobra por las ganancias. Esta lógica se apoya en una tradición teórica asociada al principio de la “ventaja comparativa”, formulado a comienzos del siglo XIX por David Ricardo. Según este planteamiento, todos los países salen ganando si cada uno se especializa en aquello que produce con menor coste relativo y compra fuera lo que produce peor.

Desde el principio ese razonamiento fue abrazado tanto a izquierda (el movimiento cobdenita fue importante en el siglo XIX) como a derecha, y se convirtió en dominante en Occidente especialmente desde la década de los ochenta del siglo pasado —bajo la hegemonía de Estados Unidos—. Existen muchas críticas a este planteamiento que procede desarrollar aquí, pero incluso si aceptamos que el resultado agregado de un acuerdo de libre comercio puede ser positivo, el proceso de ajuste no es neutro: algunas actividades crecen y otras desaparecen; algunos territorios prosperan y otros se vacían; algunos trabajadores se benefician y otros pierden su empleo. Y ese ajuste es mucho más duro cuando los países que comercian entre sí son muy distintos. 

Eso es precisamente lo que ocurre entre la Unión Europea y Mercosur. Europa exporta relativamente más bienes industriales: vehículos, maquinaria, productos químicos. En España, por ejemplo, más del 10% de las exportaciones son de vehículos terminados y de sus componentes. En cambio, países como Brasil o Argentina concentran una parte muy elevada de sus exportaciones en productos agrarios: soja, carne, azúcar, maíz o aves de corral. Solo la soja supone más del 13% de las exportaciones de Brasil, y el azúcar el 4%. Para hacerse una idea del contraste, el principal producto agrario de exportación español —el porcino—representa alrededor del 1% del total. 

Esta diferencia es clave. La lógica del libre comercio empuja a reforzar las especializaciones existentes, como sugiere el modelo convencional de Hecksher-Ohlin que se estudia en las facultades y como también denuncian economistas críticos de tradiciones como la marxista o la estructuralista. Incluso los autores neomercantilistas (en los que se inspira Trump, por cierto) estarían de acuerdo en este punto, ya que los ideólogos de la industrialización estadounidense o alemana del siglo XIX defendían medidas proteccionistas con carácter temporal: eran partidarios de que, una vez alcanzada la industrialización, se liberalizaran los mercados.

El acuerdo UE-Mercosur tendería, por tanto, a consolidar a Europa como exportadora industrial y a Mercosur como exportador agrario. Los modelos económicos que han simulado los efectos del acuerdo apuntan justamente en esa dirección. En Mercosur, los sectores agrarios serían los principales ganadores, mientras que los industriales saldrían perdiendo. En la UE, ocurriría lo contrario. Sobre el saldo neto —si el acuerdo aumenta o no el PIB y el empleo— hay más debate: muchos estudios predicen ganancias modestas para Europa, mientras otros cuestionan que existan siquiera pequeños beneficios en el corto plazo. Y eso tiene una explicación en los tiempos de aplicación del acuerdo.

Los países de Mercosur son plenamente conscientes de este dilema, razón por la cual han logrado incorporar en el texto final del acuerdo medidas importantes para mitigar el coste sobre sus industrias. De hecho, se prevé que el 85% de los productos europeos estén expuestos al libre comercio desde el primer día, pero en el caso de los países del Mercosur ese porcentaje será solo del 6%. Esto significa que los costes en Europa serán inmediatos, pero los beneficios serán de medio y largo plazo. De particular importancia es lo que sucede en el sector del automóvil, que preocupa al capital industrial brasileño porque es menos competitivo. Por esa razón, actualmente tiene aranceles del 35% en automóviles terminados y 18% en partes de automóviles, y estos irán retirándose gradualmente y sólo serán eliminados del todo transcurridos 18 años. De ese modo Brasil gana tiempo también para reconvertir su industria automovilística y desarrollar la del vehículo eléctrico, aspecto que de conseguirse pondría también en duda las ganancias europeas en ese plazo más distendido.

Política y alianzas sociales 

Así, los impactos sobre el capital agrario, capital industrial, capital financiero y sobre los trabajadores de cada uno de los sectores (además en su doble condición de trabajadores y consumidores) será diferente. Por otra parte, no todos los grupos sociales tienen la misma influencia sobre la política del gobierno. Por eso, aunque los grandes partidos europeos se apoyan en los modelos macroeconómicos que sugieren beneficios agregados para defender el tratado, la oposición no es irracional ni ideológica en abstracto: responde a intereses materiales muy concretos y a una visión diferente del comercio internacional. 

A finales de los ochenta el economista Ronald Rogowski desarrolló una teoría según la cual era posible predecir el tipo de alianzas políticas que tendrían lugar ante un escenario de acuerdo de libre comercio. Por ejemplo, en los países abundantes en capital (como España) tanto el capital como el trabajo se alinearían a favor del libre comercio, mientras que el sector agrario apoyaría el proteccionismo. Por el contrario, en los países abundantes en tierra (como Brasil o Argentina), los intereses agrarios serían defensores del libre comercio mientras que el trabajo se alinearía con el proteccionismo, quedando el capital dependiendo de su integración por sectores. Este modelo predice bastante bien lo que sucede en la mayoría de los casos, y ayuda a entender por qué el rechazo al acuerdo no sigue el eje clásico izquierda-derecha.

En Europa, el sector agrario —especialmente fuerte y bien organizado en países como Francia— ve el tratado como una amenaza directa. De ahí que haya gobiernos que hayan acabado alineándose con los agricultores para oponerse al acuerdo; el coste de no hacerlo podría ser inasumible desde el punto de vista electoral: pocos gobiernos son capaces de sobrevivir a una huelga continuada de tractores. En España, la extrema derecha también se ha lanzado a defender los intereses del sector agrario —porque construye su relato a partir de la caricatura que combina tradicionalismo y “mundo rural” frente a la izquierda-woke—. De hecho, esta presión por parte de la extrema derecha ha obligado a reaccionar a Díaz Ayuso, que se ha desmarcado del débil apoyo del PP nacional al acuerdo. En Mercosur, la situación es prácticamente inversa: los grandes intereses agrarios presionan a favor del acuerdo, mientras que sindicatos y sectores industriales lo miran con recelo. 

El enfoque geopolítico: autonomía o ilusión 

Más allá de la economía, el tratado tiene una clara dimensión geopolítica. En un contexto de creciente rivalidad entre grandes potencias y de enorme debilidad del vínculo transatlántico, la UE busca reforzar relaciones con América Latina —un continente disputado tanto por Estados Unidos como por China—. Desde este punto de vista, el acuerdo con Mercosur aparece correctamente como una oportunidad estratégica para una reubicación de la Unión Europea en la división internacional del trabajo. Algunos analistas de izquierdas le otorgan a este enfoque incluso más peso que al económico, lo que conduce a que defiendan su aprobación y despliegue inmediato.

Sin embargo, esta lectura enfrenta también límites notables. Por un lado, Argentina está hoy gobernada por un presidente alineado con Donald Trump, mientras que el futuro político de Brasil es incierto (Lula ganó por un estrecho margen en la última ocasión). Por otro lado, Brasil está desde hace años desplegando una estrategia comercial claramente orientada a su autonomía económica, lo que en gran medida le acerca a China (que absorbe ya cerca del 30% de sus exportaciones frente a un 10% destinado a Estados Unidos). No hay garantía de que el acuerdo refuerce la autonomía estratégica europea o que asegure un alineamiento político duradero. 

Esto último tiene una concreción en la política referida a los llamados minerales críticos y a otros recursos naturales. La Unión Europea ha logrado incorporar en el acuerdo ciertas previsiones que facilitan la compra de estos recursos (por ejemplo, prohibiendo aranceles o restricciones a la exportación). Hay que tener presente que Brasil es el primer país del mundo en la extracción y procesamiento de niobio (por encima del 90% en cuota global), el segundo en extracción de tántalo, hierro y acero y el tercero en extracción de vermiculita, talco, magnesita, grafito y refinamiento de aluminio. Argentina no es tan destacado, pero es el cuarto país del mundo en la explotación de litio, tan fundamental para las baterías de los vehículos eléctricos. 

Para la UE el abastecimiento de estos recursos es fundamental, ya que la interrupción de estos suministros pondría en serios problemas a las industrias y economías fuertemente dependientes de ellos. Sin embargo, la capacidad de inversión y financiación de las empresas chinas sigue siendo muy superior, de modo que las cadenas de valor seguirán lejos del control del capital europeo. Un aspecto fundamental que necesita la UE es política industrial, pero hacerlo en serio implicaría hablar de planificación, financiación y gestión pública.

Esta fotografía avala que la Unión Europea es actualmente más un miembro de la periferia internacional que del centro. La relación con el resto del mundo debería construirse a partir de esa premisa. Pero surge la pregunta de si la Unión Europea está preparada para mantener relaciones de igualdad con el Sur Global. 

El enfoque ecológico: el gran punto ciego 

Desde su firma en 2019, el acuerdo ha tenido que ser revisado y ampliado a causa de las críticas procedentes de países europeos que demandaban más atención a la cuestión ecológica y climática. Por ejemplo, se ha añadido una mención explícita al cumplimiento de los Acuerdos de París de 2015. Sin embargo, en el texto final estas nuevas disposiciones son débiles, carecen de mecanismos de control y sanción efectivos y no alteran la lógica de fondo que colisiona con los principios de la sostenibilidad. 

La mayoría de los modelos predicen unos incrementos moderados de las emisiones de dióxido de carbono, fundamentalmente debido a las ganancias de eficiencia que se esperan por la especialización. Sin embargo, los modelos no incorporan las emisiones provocadas por el transporte, que en este caso es un coste muy importante. Además, la especialización agraria de Mercosur supondría previsiblemente una expansión de la frontera agrícola, con riesgos evidentes de deforestación (algunos estudios hablan de un rango de 50.000 - 170.000 hectáreas). Estos cambios en el uso de la tierra no sólo implican pérdida de biodiversidad y otros impactos ecológicos, sino que afectan a la emisión de gases de efecto invernadero. La UE lleva años intentando asegurar que sus importaciones no procedan de zonas deforestadas, pero el acuerdo con Mercosur no puede garantizarlo de forma creíble. 

A esto se suma una cuestión cada vez más relevante: la seguridad alimentaria. En un contexto de crisis climática, energética y geopolítica, reforzar la dependencia de importaciones agrarias lejanas resulta, como mínimo, discutible. Desde una perspectiva ecosocial, externalizar la producción de alimentos básicos hacia cadenas globales intensivas en combustibles fósiles y vulnerables a tensiones políticas es una estrategia arriesgada. 

Conclusiones

La Unión Europea tiene que encontrar su lugar en el mundo, pero difícilmente lo hará firmando acuerdos diseñados para una realidad que ya no existe. Antes de negociar con el Sur Global, necesita resolver sus propias fragilidades: cohesión interna, finanzas comunes (comenzando con eurobonos) y una política industrial que planifique la transición ecológica en serio. Solo entonces podrá construir relaciones comerciales que no reproduzcan las asimetrías del pasado, ni hacia dentro ni hacia fuera.