Al igual que sucede con el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), el acuerdo que se dirime en la zona transpacífica (TPP, Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica) y que afecta a los países americanos y asiáticos también prevé modificaciones en las leyes de copyright de los estados. Así lo ha denunciado en los últimos días la organización no gubernamental Electronic Frontier Foundation (EFF), que ha alertado de un posible aumento en los plazos de derechos de autor de las obras en los diferentes países impulsado por la presión de EEUU.

En estos momentos son hasta doce países los que se encuentran en plenas negociaciones secretas –como ha ocurrido con el TTIP- sobre este acuerdo. Sin embargo, ha transcendido que uno de los puntos básicos es el relativo al dominio público, es decir, el momento en el que las obras dejan de estar protegidas por el copyright y pueden ser compartidas, comercializadas, y/o consumidas por cualquier ciudadano sin tener que pagar por los derechos de autor.

Hasta la fecha, cada país, según su ley nacional, tiene establecido un plazo determinado. En el caso de España, aunque no afecta el TTP, son 70 años después de la muerte del autor. Es el mismo plazo establecido en la gran mayoría de los países americanos, si bien algunos como Panamá, Uruguay, Venezuela, México y Canadá, además de los asiáticos Japón y Malasia, tienen el límite en los 50 años después de la muerte del autor.

La Sonny Bono Act

El problema llega con Estados Unidos. Según un capítulo filtrado del TPP, la propuesta de EE.UU. exige que los países establezcan plazos de derechos de autor mucho más largos de los que existen en la mayoría de los países firmantes. La primera ley de copyright de este país, aprobada hace 225 años, establecía un máximo de 14 años después de la publicación de la obra, pero desde entonces los plazos se han ido alargando. Su última legislación en este sentido data 1998 cuando se aprobó la Copyright Term Extension Act, también conocida como Sonny Bono Act o, de forma peyorativa, Mickey Mouse Protection Act, ya que el ex cantante y diputado del Partido Republicano, también ex marido de Cher y fallecido pocos meses después, más la casa Disney, fueron sus más notables defensores.

Esta norma reformaba la ley anterior, de 1976, que establecía el copyright hasta los 50 años después de la muerte del autor y hasta los 75 años para una obra publicada bajo una autoría corporativa (o persona jurídica). Con la Sonny Bono Act, los plazos pasaron a ser de hasta 70 años después de la muerte del autor y hasta 120 años desde la creación de una obra bajo autoría corporativa. Además, era una ley que tenía efectos retroactivos y todas aquellas obras que habían sido publicadas antes de 1978 verían incrementada su protección veinte años más.

Por supuesto, a alguien como Sonny Bono, cuyos éxitos eran de los años setenta, y a Disney, cuyos primeros cortos –Steamboat Willie es de 1928- podrían haber pasado a dominio público con la anterior ley a comienzos de los años 2000, la extensión de los plazos les interesaba.

Beneficio para los 'lobbies'

La controversia ahora llega porque EEUU quiere introducir sus propios términos en los países firmantes del TPP. Para la EFF, como señalaban en un documento Carolina Rossini y Maira Souton, expertas en propiedad intelectual internacional, es una acción más de lobbies empresariales –ya no sólo el caso de Disney, sino la MPAA (Asociación Cinematográfica de EEUU, donde están todas las majors) y la RIAA (la Asociación de la Industria Discográfica) - que se escudan en la bondadosa y demagoga defensa de la creación y la cultura, pero que poco tiene que ver con grandes beneficios para los autores.

Así, según ellas, lo que consigue la ampliación de la duración del copyright es un bloqueo al acceso a la cultura –“millones de grabaciones de audio siguen siendo inaccesibles”; “innumerables libros con copyright y que ya no se reimprimen, aunque se encontraran, sería ilegal que editores no autorizados los reimpriman con el fin de que estén disponibles al público”- además de ingentes ingresos, principalmente, para la industria del espectáculo y no tanto para los autores: “Cada año de extensión de los derechos de autor puede representar una enorme transferencia de fondos de los países en desarrollo a los países desarrollados, fondos que sirven como base para las industrias del gran espectáculo”, escriben las expertas en el tema.

Desde la organización Derechos Digitales América Latina, su director de contenidos J. Carlos Lara también recalcaba hace unos meses que la extensión del copyright sólo obedece a razones corporativas y no de apoyo a la creación cultural. Él ponía el ejemplo de la publicación de nuevas grabaciones inéditas de los Beatles en 2014, lo que cambiaba drásticamente el plazo de su copyright, ya que mientras desde la grabación suponían 50 años, desde la publicación sumaban hasta 70 años. “Sin siquiera existir un afán de explotación comercial seria, sino solamente de control, dejando fuera a  cualquier eventual competidor (comercial o no), mediante la exclusión del dominio público. Esta es la clase de actores interesados que empuja por períodos más extensos, aun si no existe ningún beneficio neto para la industria o la sociedad”, admitía Lara.

Petición para parar la extensión

En la EFF se han analizado también las pérdidas que ha supuesto para EEUU la asunción de su Sonny Bono Act, como por ejemplo “un siglo XX en libros que ha dejado de existir” –tienen copyright y no se vuelven a publicar-. Asimismo, recalcan que las imágenes que están en dominio público aportan hasta 250 millones de dólares al valor de la Wikipedia.

Por este motivo, desde la EFF han comenzado una serie de acciones con el fin de parar lo que ellos llaman ‘la trampa del copyright en el TTP’ que sólo beneficiaría a los lobbies estadounidenses. Durante las próximas semanas se encargarán de demostrar los perjuicios que trae consigo la extensión del plazo de los derechos de autor con llamadas a los ciudadanos para que pidan a la Oficina de Derechos de Autor de EEUU que no extienda los plazos de copyright a otros países.

En la Unión Europea aún no se ha dado este preaviso, pero teniendo en cuenta que el TTIP establece nuevas relaciones comerciales entre EEUU y la UE, puede ser una de las próximas batallas.

El Parlamento Europeo rechazó ayer la enmienda que a última hora había presentado la eurodiputada alemana del Partido Popular Europeo (PPE) Angelika Niebler y que abría la puerta una Tasa Google en la Unión Europea parecida a la que existe en España con la Ley de Propiedad Intelectual. La votación realizada en la Eurocámara sobre la reforma de la Ley de Copyright frenó esta posibilidad.

Además, el Parlamento avaló una de las propuestas que más polémica ha generado en los últimos días: la libertad de panorama que, de momento, no será restringida –como había pedido el eurodiputado francés de los liberales Jean Marie Cavada, aunque después se retractó -y no será necesario pedir permiso a los arquitectos para comercializar imágenes de edificios que estén en la vía pública.

Al término de la votación que aprobó por mayoría el informe de la eurodiputada alemana del Partido Pirata, Julia Reda, esta se mostraba exultante. “El Parlamento ha escuchado al medio millón de personas que se han unido a mí y han defendido la libertad de panorama”, recalcó con respecto al uso de las imágenes. En las últimas semanas, la propia Reda había hecho campaña insistiendo en que en trece países de la UE, entre ellos España, sí estaba permitida.

De hecho, Francia, donde sigue prohibida por su ley nacional de derechos de autor, fue uno de los países más beligerantes. Allí se da la circunstancia de que mientras la Torre Eiffel se puede fotografiar de día –hace más de 70 años de la muerte de su arquitecto Carl Gustave Eiffel – y vender la imagen, no ocurre lo mismo de noche debido a que el diseño de la iluminación –ha habido varios en los últimos años- conserva sus derechos. Reda insistió durante días en que esto podría pasar en toda la UE si no se aprobaba la libertad de panorama.

Precisamente, uno de los movimientos más perjudicados hubiera sido Wikimedia y por ende sitios como Wikipedia, que habrían tenido que borrar miles de imágenes de edificios y esculturas. También durante las últimas semanas, sus miembros hicieron un esfuerzo por convencer a los eurodiputados del perjuicio de esta prohibición. Y, de hecho, consiguieron que muchos parlamentarios, incluso de la Alianza de los Liberales –el grupo de Cavada- presentaran una enmienda a favor de esta libertad. Finalmente, aunque esta enmienda no se aprobó sí se eliminó la de Cavada con lo que la situación queda como estaba: los países que tenían la libertad de panorama, como España, la seguirán conservando.

“No es habitual que, en política, un problema se resuelva con la satisfacción de todos, pero esta es una excepción. Las consecuencias de restringir la libertad de panorama en Europa habrían sido negativas en todos los ámbitos, y solo ha hecho falta informar mejor de esta amenaza a los parlamentarios para que comprendiesen la situación y que pudiesen emitir la respuesta lógica: no. Cabe dar las gracias a quienes han invertido tiempo y esfuerzos en dar a conocer este problema, del que ya nos hemos librado”, señalaba ayer a eldiario.es David Abian, miembro de Wikimedia España.

Abian a su vez insistía en “la importancia de estar atentos a lo que sucede con las leyes que nos rigen y, aunque esta constituye la amenaza más reciente al conocimiento libre, ni es la primera ni será la última. De hecho, no olvidemos que otros países europeos seguirán sin disfrutar de la libertad de panorama que sí continuaremos teniendo en España”.

No a la 'tasa Google'

Con respecto al rechazo a la Tasa Google –que ya había sido rechazada en el Comité de Asuntos Jurídicos en la votación del pasado 16 de junio-, la europarlamentaria Reda también se mostró satisfecha con que no hubiera pasado el corte.

“Este debería ser el golpe final a la idea de introducir una tasa que ya ha fallado espectacularmente en España y Alemania”, agregó. Desde el inicio y como ya afirmó a eldiario.es, Reda había defendido la libertad de enlaces de noticias y había criticado duramente la Ley de Propiedad Intelectual española, que podrá verse entredicho si la nueva norma europea impide este tipo de cánones.

Tras su paso por el Parlamento los deberes llegan ahora a la Comisión Europea, que será la encargada de elaborar, a partir de este texto, la nueva Directiva, prevista para finales de año. El comisario de Economía y Sociedad Digital, el también alemán Günther Oettinger, que pertenece a la CDU (partido conservador), ya dijo ayer vía Twitter que no habrá restricciones para la libertad de panorama –en Alemania también está permitida- sin embargo no hizo alusiones al canon por los enlaces.

Por este motivo, la eurodiputada Reda también quiso lanzar un mensaje a la Comisión. Señaló que la aprobación del informe era un “gran paso adelante”, pero también “una oportunidad perdida” puesto que se podía haber avanzado más, como por ejemplo con una aprobación de la Libertad de Panorama para todos los miembros de la Unión. No obstante, manifestó que “por primera vez el Parlamento exige unos estándares mínimos para los derechos de los usuarios [no sólo los titulares de derechos de autor] que no deben ser restringidos por medidas técnicas [por ejemplo, los DRM en los libros electrónicos]. Hay una llamada a que se eliminen los obstáculos fronterizos para que se permita el acceso a los contenidos online [por ejemplo, poder ver los mismos vídeos de YouTube en todos los países]”. A su vez, Reda insistió en que se acabe con la inseguridad jurídica en Internet con una ley común a todos los estados miembros. Sin embargo, la eurodiputada se mostró optimista y confió en que la Comisión será “atrevida” para asegurar los derechos de los usuarios.

La pelota está en el tejado de la Comisión y Günther Oettinger. De momento, es una victoria de Julia Reda y el Partido Pirata que puede tener sus consecuencias en España.

La enmienda 421 que presentó el eurodiputado francés Jean-Marie Cavada, del grupo Alianza de Liberales y Demócratas (ALDE), contra la libertad de panorama en la reforma de la Ley de Copyright tiene los días contados. Según ha podido saber eldiario.es, el propio Cavada ha convocado a todos los europarlamentarios para que se elimine esta enmienda en la votación que tendrá lugar el próximo 9 de julio en la Eurocámara.

Las presiones de los últimos días desde el movimiento Wikimedia a los miembros del parlamento europeo, así como la de los más de 220.000 ciudadanos anónimos que han apoyado con su firma la petición hecha en change.org por el fotógrafo Niko Trinkhaus, y a la que también se sumó la eurodiputada del Partido Pirata, Julia Reda –autora del borrador de la ley y a favor de la libertad de panorama- han llevado a Cavada a tomar esta decisión.

También porque han sido los miembros de su propio grupo (los liberales), sobre todo holandeses, alemanes y estonios, quienes han apoyado con su firma una nueva enmienda elaborada por varios eurodiputados en la que “se reconoce el derecho al uso de fotografías, grabaciones y cualquier imagen de aquellas obras que se encuentren en la vía pública”. No obstante, Cavada se ha negado a apoyar esta nueva enmienda.

Con este giro político, el segundo grupo mayoritario, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas también han hecho pública su posición contraria al texto de Cavada, por lo que como se ratifica desde el movimiento Wikimedia, “parece que la amenaza ya ha pasado”.

La nueva enmienda aún puede ser rechazada

Sin embargo, como indican también desde Wikimedia aún falta que la nueva enmienda sea votada por la mayoría de la Eurocámara. Las posibilidades son muy altas, según señalan, pero aún podría ser rechazada, ya que los socialdemócratas tampoco han dado su apoyo explícito, por lo que, hasta el 9 de julio, continuarán los contactos con los eurodiputados como se ha hecho en los últimos días.

Como manifiestan desde Wikimedia, “en primer lugar se votará la modificación positiva; a continuación, la supresión del párrafo sobre la Libertad de Panorama. Si la enmienda positiva triunfa, necesitaríamos que se rechazara la supresión. Si la enmienda es rechazada, necesitamos una mayoría que apoye la eliminación”.

La libertad de panorama fue rechazada en la votación del pasado 16 de junio ante el Comité de Asuntos Jurídicos de la Unión Europea (JURI) debido a la enmienda de Jean-Marie Cavada. En ella se manifestaba que para el uso comercial de la imagen de un edificio en la vía pública se debía pedir permiso al arquitecto de la obra y si no se estarían infringiendo los derechos de autor. Esto podría conllevar la eliminación de numerosas imágenes en la Wikipedia, así como en medios de comunicación, folletos turísticos, webs de viajes o cualquier otro tipo de uso comercial.

En España, de momento, la libertad de panorama está permitida, mientras que países como Francia y Bélgica la tienen prohibida.

La Ley de Propiedad Intelectual, con sus multas económicas de hasta 600.000 euros y cierre de páginas web, no es suficiente. La Federación del Gremio de Editores (FGEE) quiere más. Como ayer dijo su director ejecutivo, Antonio María Ávila, durante la presentación del estudio sobre el mercado del libro en 2014, “para algunos la única solución es la cárcel”, en referencia a los piratas.

De ahí que aplaudan la Reforma del Código Penal que entra en vigor este 1 de julio y que incrementa las penas por delitos contra la propiedad intelectual. De hecho, como refrendó Rosalina Díaz, vicepresidenta del gremio, “los cuatro años de cárcel para los dueños de Youkioske fueron un triunfo”. No fueron cuatro, sino seis los que impuso la Audiencia Nacional -tres por un delito contra la propiedad intelectual y otros tres por pertenecer a una organización criminal- convirtiéndose en los primeros responsables de una web considerada ilegal en entrar en la cárcel en el caso de que no salga adelante el recurso que revoque la condena.

“A los editores no nos interesa que todo el mundo vaya a la cárcel. La parte del cierre de páginas web es la que realmente nos interesa”, afirmó segundos después Daniel Fernández, presidente del Gremio, rebajando el tono. Sin embargo, su crítica a la LPI, por su lentitud en los procesos de cierre de webs, fue contundente: “Es una ley insatisfactoria. En estos seis meses [entró en vigor el 1 de enero] no hemos visto lo que queríamos”, para añadir después que “ha tenido un efecto preventivo, pero la Comisión de Propiedad Intelectual del Congreso se creó para que fuera ágil y todo va muy lento. No tenemos la sensación de que haya disminuido la piratería”. Sin embargo, desde inicios de año ya han cerrado webs como Papyrefb2 o epub.cat.

Es la misma tesis que durante todo este tiempo ha defendido la Coalición de Creadores –el lobby que siempre ha pedido más dureza a la ley y que incluso ha tenido el empuje del lobby de la Asociación de la Cinematografía de EEUU- y las entidades de gestión de derechos de autor.

De hecho, desde la FGEE se aludió a los datos que maneja la Coalición sobre piratería –pérdidas de unos 120 millones de euros- pese a que se han demostrado falsos. Y apuntaron los suyos propios: “Si un 12% afirma leer libros digitales, pero sólo hay un 5% en la facturación total, el 7% restante serían unos 250 millones de euros, que es el impacto directo por piratería en el mundo del libro”, afirmó Díaz. El cuento del lucro cesante o el de la vieja, ya que es imposible medir las pérdidas por descargas fuera de las plataformas legales.

Las ventas del libro digital superan al libro de bolsillo

Y, sin embargo, según los datos del mercado editorial, 2014 es el año en el que más ha crecido la facturación de libros electrónicos. Hasta 110 millones de euros, lo que supone un 37% más que el año anterior y ya representa ese 5% de la facturación total. Además, por primera vez los ebooks superan a los libros de bolsillo, cuyas ventas totales se han quedado en el 4,7% de la facturación total. Unos datos que señalan que el ebook sí se compra.

Tal y como explicaron los editores, esto se debe al tirón de los manuales profesionales, pero no a los libros de literatura. El 44,2% de ebooks vendidos correspondieron a la temática de Ciencias Sociales y Humanas –más de 48 millones de euros-, mientras que las novelas apenas supusieron el 15,6% (17 millones de euros). “Por eso hay editores literarios que han dejado de digitalizar, a mí me han dicho que para que se lo pirateen que al menos se lo curren”, ratificó Fernández.

La cuestión es que hay otros datos a tener en cuenta y que no se lo ponen nada fácil al ebook: el catálogo de libros digitales y el precio. En cuanto al primero sólo se ha incrementado un 37,6%, por lo que aún restan bastantes títulos en las plataformas digitales. Y eso que también ha subido la venta a través de los canales digitales, un 37,1% en el último año.

En cuanto al precio medio de los ebooks, este está en 9,8 euros. El director ejecutivo de la FGEE señaló que son dos euros menos que en los países del entorno europeo, pero es una cifra que lleva a error. En Reino Unido, por ejemplo, la cifra media está entre las 6 y 7 libras por ebook, lo que equivale a nuestros 10 euros, pero contando con un poder adquisitivo mayor entre los británicos.

La literatura baja, en general

Por otro lado, por temáticas, las ventas de los libros literarios (novelas), en términos generales, bajan hasta un 4,6%, una cifra que sigue en descenso en los últimos tres años. Lo mismo sucede en cuanto a la producción de ejemplares, con un 15,3% menos que en 2013, y la tirada media, que se ha reducido un 18,3%. La única materia que sube es la del libro científico-técnico universitario, con un 16,8% más en ventas que el año pasado. Así, la cifra total señala que, pese a que hay indicios de recuperación en la comercialización, está sólo es del 0,6%, lo que suponen 2.195,80 millones de euros. Una facturación en la que de nuevo hay que agradecer la subida del libro electrónico.

El dato más positivo de este análisis procede del comercio exterior, que supuso 541,77 millones de euros, 15,29 millones más que en 2013, lo que indica que los libros siguen vendiéndose a buen ritmo fuera de nuestras fronteras, principalmente en Latinoamérica.

No obstante, el Gremio de Editores volvió a hacer un llamamiento al Gobierno para la elaboración de un Plan de Fomento del Libro y de la Lectura, que ya habían presentado el exministro de Cultura José Ignacio Wert, y con el que creen que habrá un incentivo para las ventas. “Esperamos que el nuevo ministro [Méndez de Vigo] lo tenga ya sobre la mesa. Y no le vamos a dar los cien días de gracia porque no hay tiempo”, afirmó Fernández. Y ya, con el ritmo de peticiones a todo tren, también se exigieron desgravaciones fiscales para la producción y edición de libros, “como ocurre con el cine”. Por pedir, que no quede.

Imagine que quiere utilizar una fotografía del Museo Guggenheim de Bilbao para un folleto turístico. O de la Torre Agbar de Barcelona. O del Peine del Viento, la escultura de Eduardo Chillida al final de la playa de la Concha en San Sebastián. Hasta la fecha no tiene ningún problema. Después del 9 de julio puede que se vuelva más complicado y acabe usted pidiendo permiso a los herederos del escultor vasco o a los arquitectos Frank Gehry y Jean Nouvel.

Esta pirueta en el uso comercial de las fotografías de edificios, esculturas o cualquier construcción en la vía pública y cuyos autores no hayan pasado aún a dominio público–como podrían ser también los puentes de Santiago Calatrava- tiene que ver con la reciente enmienda 421 de la reforma de la Ley de Copyright que se debate en el Parlamento Europeo y que fue introducida la semana pasada por el eurodiputado francés Jean Marie Cavada, del Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa.

La europarlamentaria del Partido Pirata, la alemana Julia Reda, había elaborado un borrador de la ley en el que se proponía la llamada Libertad de Panorama –uso comercial de fotografías de edificios en lugares públicos-, sin embargo fue uno de los puntos que no fue aprobado por el Comité de Asuntos Jurídicos de la UE. Una de las grandes derrotas para Reda y también para España.

Paradójicamente, pese a que el Gobierno del PP aprobó el año pasado una de las leyes de Propiedad Intelectual más restrictivas de la Unión Europea, sí tenía contemplada esta ‘libertad de panorama’. Es más, en España esta libertad siempre ha existido, como ya ocurre en otros trece países de la Unión (principalmente Alemania, de donde procede su nombre Panoramafreiheit).

Lo contrario sucede en otros países comunitarios como Francia –el más beligerante a la hora de exigir su prohibición- o Bélgica. De hecho, en ambos países se producen situaciones rocambolescas como que la ciudad de Bruselas no pueda comercializar la imagen del Atomium sin permiso o que el Parlamento Europeo, que se halla en Estrasburgo, no pueda hacer lo propio con su edificio.

Por tanto, si la normativa europea ve la luz con esta enmienda el próximo 9 de julio, fecha de la votación en el Parlamento, y la Comisión Europea la adapta a la nueva directiva prevista para finales de año, “España tendría también que asumirla en su ley”, como explica el abogado Jorge Campanillas, especializado en tecnologías de la información.

“Nosotros nunca hemos tenido ninguna polémica con la libertad de panorama, pero dado que las restricciones a las excepciones del copyright van a más igual podría aprobarse”, añade. Y entonces se daría el caso de que, por ejemplo, el arquitecto Santiago Calatrava pudiera pedir derechos por las fotos de sus obras que se usaran con fines comerciales, ya fuera en folletos turísticos, pero también en los medios de comunicación.

Movimientos de Wikimedia

La introducción de esta enmienda preocupa especialmente al movimiento Wikimedia, que funciona con imágenes libres de derechos, aunque como señala su vicepresidente en España, Santiago Navarro, “afectaría no sólo a Wikipedia, sino a cualquier persona, entidad o medio de comunicación”.

De hecho, otro ejemplo llamativo es lo que ocurre con Francia con la Torre Eiffel, ya que mientras que sí se puede fotografiar de día –su autor, Alexandre Gustave Eiffel, murió hace más de 70 años, tal y como establece la ley de derechos de autor para que las obras pasen a dominio público- , no se puede hacer lo mismo de noche puesto que el diseñador de toda la iluminación del edificio todavía mantiene el copyright de su obra. Esto podría suceder en España.

“Cuando alguien nos pregunta por qué no hay determinadas imágenes en la Wikipedia es porque no están libres de derechos. Si se aprobara esta enmienda tendríamos que borrar muchísimas. Pero es que le sucedería lo mismo a una web de viajes o incluso a un libro que ha usado estas fotografías y que se acaba de publicar”, sostiene Navarro.

Wikipedistas y ciudadanos ya se han movilizado para que el Parlamento no apruebe la enmienda. El fotógrafo Niko Trinkhaus ha abierto una petición en change.org, que en dos días ha conseguido más de 20.000 firmas, y a la que se ha sumado la eurodiputada Julia Reda. También se han dirigido por carta a los europarlamentarios. “Queremos hacerles llegar el mensaje de que es una enmienda que también podría afectar a la economía. Y hay que agradecer que algunos nos han reconocido que están en contra de ella”, apostilla Navarro.

El 9 de julio se votará la normativa en la Eurocámara, aunque para el 1 de julio tienen que estar presentadas todas las enmiendas. Si bien la tasa Google no pasó el corte del Comité de Asuntos Jurídicos ahora se abre un nuevo frente. Algo en lo que casi nadie había pensado: hacer una foto a un edificio público y que ni siquiera pueda estar en la Wikipedia.

Foto: Zarateman// Wikipedia

Si hay alguien en el mundo capaz de predecir los movimientos de los usuarios de la red, tiene que ser Google. Y, sin embargo, hay dos mercados en los que parece estar completamente ciego: el de las redes sociales, donde se arrastra con Google+ y el de la música. Ayer anunciaba una versión gratis de Google Play Music, diseñada para atraer a más clientes a su servicio de suscripción y dar a los artistas una vía más de ingresos. Este es el tercer intento de conquistar un juego al que parece no saber jugar.

Cuando Google lanzó Google Music en 2011 cometieron el error de competir con iTunes. El servicio de música de Apple había salido en 2001 y se tragó el mercado por dos razones: era la alternativa legítima y conveniente a Napster y cabalgaba a lomos del revolucionario iPod (y en perfecta sincronización con el resto del sistema), con un modelo de pago por canción y acceso limitado a los dispositivos con OSX. Apple aprovechó un momento de crisis para comerse un mercado revuelto, pero el futuro era ya un modelo basado en la suscripción, compatible con todas las plataformas y con una opción gratuita, trufada de anuncios. Es decir Spotify, lanzado en noviembre de 2008.

En mayo del año pasado corrigieron su primer error para cometer otro exactamente igual. El nuevo Google Play –rebautizado breve y ridículamente Google Play Music All Access– era como un Spotify cojo, con un catálogo de 20 millones de canciones y una app exclusiva para Android y una tarifa básica de 9,99. Por segunda vez, Google salía a medirse con el jefe del patio pero con una oferta peor que la suya. Y una única ventaja: dejaba subir canciones del disco duro para meterlas en las listas de reproducción. Lo que está muy bien si te interesan los grupos que no están en Spotify, que cada vez son más. Pero ¿quién tiene canciones en el disco duro?

El streaming sigue siendo el futuro, Spotify ya no

Ahora, un año más tarde, Google se decide a ofrecer una opción gratis con anuncios y compatible con iOS, que combina aspectos de Spotify con aspectos de Pandora: una radio aleatoria basada en Songza, la compañía que Google adquirió en julio del año pasado, que emplea selecciones musicales basadas en el estado de ánimo del usuario, su ubicación, la hora del día y las preferencias pasadas y antepasadas. Es decir: como Pandora, Slacker Radio, TuneIn, iHeartRadio. Rdio, Tidal, Rhapsody y Beats Music (las dos últimas “solo” en EEUU).

Casi todos los medios han destacado que el anuncio llega un mes después de que Apple anunciara su nueva plataforma musical gratuita, Apple Music, y dos días después de que Taylor Swift le dijera a Apple que si no le pagaban derechos de autor ya podían pegar la vuelta y marcharse por donde habían venido. Como si Google pudiera sacarse de la manga un nuevo producto en el que hay que poner de acuerdo a artistas, discográficas, promotoras y herederos en dos días, sólo para aprovechar el tropezón de Apple (que, por cierto, se arrodilló ante Taylor Swift y generó el mejor titular del año).

Con esto, Taylor Swift demuestra que lo gratis no sale gratis -al menos a Apple- pero es donde está la audiencia. Spotify declara que tiene 20 millones de suscriptores de pago y 55 millones que disfrutan de su servicio gratuito. El francés Deezer, su competencia más cercana, tiene 6 millones de usuarios de pago y 10 millones de usuarios en la opción gratuita. Gratis no es una parte pequeña del mercado, es El Mercado.

Pero eso no significa que Google no haya vuelto a apostar por un modelo que ya ha empezado su declive. Spotify alcanzó su pico de popularidad en 2013 y desde entonces no sólo pierde músicos, sino también usuarios a gran velocidad. El año pasado perdió 197 millones de dólares, casi tres veces más que el año anterior, cuando perdió 68. Es el modelo de una plataforma única que lo tiene todo lo que está en crisis. Y, a juzgar por los intereses de Tidal y ese azote que no cesa llamado Taylor Swift, está claro que las plataformas empezarán a cerrar filas sobre los músicos, igual que hicieron las grandes productoras de cine con las grandes estrellas durante la era dorada de Hollywood.

La vieja guerra: tecnología vs propiedad intelectual

Desde un punto de vista estrictamente comercial, parece la única manera de conciliar lo gratis con mantener estrellas en el catálogo. Recordemos el bocado de realidad que se llevó Jay Z, nuevo jefe de Tidal, al ver que su señora Beyoncé podría tener que salir de su plataforma por exigencias de su contrato con Sony. Al final lo arreglaron porque entre todopoderosos las cosas se arreglan con un par de ceros y nadie se mete con la pareja más poderosa de la industria. Pero, aunque la música -y el cine y la televisión y los videojuegos- por streaming son claramente el presente y futuro del entretenimiento, el continente de la música por demanda ya ha empezado a separarse.

Es posible vislumbrar un futuro en el que la música vuelva a ser algo basado en comunidades y tribus urbanas, que a la larga funcionan como un club de fútbol: con lealtad descerebrada hacia la opción que han elegido y desprecio violento contra todo lo demás. En estas circunstancias, con Tidal configurándose como un consorcio de artistas superventas y un Apple que lleva negociando con las grandes discográficas desde 2001. ¿Qué tiene Google que ofrecer para ganarse a los usuarios? ¿Qué jugadores se podría quedar?

Su única ventaja es venir instalada de fábrica en el sistema operativo para móviles más popular del planeta (Android). Y seguir permitiendo que subas hasta 20.000 canciones de tu disco duro, algo que tenía más sentido cuando la gente compraba canciones. Ni siquiera es una indie, un perfil que benefició a Spotify y que podría satisfacer al tipo de usuario que sospecha de los monopolios, o que se niega a entregar más datos a una multinacional.

La única opción que le queda es usar todos sus recursos para generar un servicio que se integre con todas las aplicaciones de la casa y que se anticipe realmente a las necesidades de los miles de millones de usuarios que ya tiene. Algo tan irresistible que hasta Taylor Swift tenga que pasar por el aro. Tienen todo lo necesario para inventarse el futuro del negocio: dinero, tecnología e influencia. Por qué sigue chupando media de su competencia, es un misterio que de momento quedará sin resolver. Mismamente, como Google+.

La cantante norteamericana Taylor Swift, de 26 años, dio ayer uno de los mayores mordiscos a Apple en toda su historia. Y lo hizo en menos de 17 horas. Lo que tardó su carta, A Apple, con amor, Taylor, en moverse por las redes sociales y llegar a oídos del vicepresidente de la compañía Eddie Cue para que rectificaran en su decisión de no pagar a los artistas –ni demás creadores del sector musical- durante los tres primeros meses en los que las canciones podrían escucharse en streaming en su nuevo servicio Apple Music.

Swift había contado que su nuevo álbum, 1989, del que ha vendido nueve millones de copias desde octubre, no estaría en la plataforma si no se pagaba a los artistas. Y, en menos de un día y todo un cataclismo por delante, lo consiguió.

La jugada de Swift, no obstante, no fue nada inocente, pese a que las palabras de la carta puedan interpretarse de forma contraria. Era un puro dardo. Para empezar, ella misma, que tiene más de 59 millones de seguidores en Twitter la movió por esta red social. Desde miles de anónimos hasta cantantes que triunfan en la esfera teen americana como Jack Antonoff (Bleachers) o Christina Perry, y consagradísimos como Elvis Costello, aplaudieron la petición de Swift.

Después, el contenido de la carta tampoco era nada dramático y ni siquiera una amenaza. La cantante hablaba bien de Apple desde el primer párrafo, dejaba constancia de que a ella no le hacía falta el dinero –no se ponía en el papel de víctima- y, por último, dejaba caer un eslogan con el que cualquiera podía empatizar:

¿Qué hacer ante tal boomerang? Rectificar, aunque con ciertos peros, ya que el propio Cue contó a medios norteamericanos que eran cambios que ya estaban barajando y que la carta de Swift sólo fue el desencadenante. Se podía quedar mal, pero no tanto, que el servicio está a punto de lanzarse.

Por otro lado, quizá esta cantante era la única que podía conseguir este efecto. Y quizá no estaba en su mente que se produjera algo así. Hoy en día es una de las más poderosas de la industria.

Según la revista Forbes, el año pasado ganó 64 millones de dólares, a pocos ingresos de otra superpoderosa como Beyoncé (72 millones de dólares), aunque esta última gana más por los trabajos que realiza fuera de la industria musical que dentro (publicidad etc). Es una de las artistas mejor posicionadas en EEUU con 30 millones de discos vendidos entre sus cinco álbumes, 80 millones de descargas y siete premios Grammy. No hay gala musical en la que no esté Swift y no hay revista adolescente en la que no aparezca.

Una posición que poco tiene que ver con la de artistas que hasta la fecha se habían quejado a la aún plataforma dominante, Spotify, por los escasos ingresos que generaban sus canciones. De hecho, ha habido sonadas espantadas como la de Tom Yorke –curiosamente su banda, Radiohead, sigue estando en la plataforma- o Black Keys, aunque estos últimos sólo con su último álbum Turn blue, cuando ya estaban en la cima del éxito.

Otros, como ACDC, quizá siguiendo su estela de rockeros contestatarios nunca han estado allí, y ha habido otros que pese a ciertos improperios y amenazas –léase Adele o Oasis- volvieron al redil de Spotify.

Swift ha demostrado estar muy por encima de ellos. Podía hacerlo y lo ha hecho. Es más, su último disco, 1989, tampoco está en la plataforma sueca, como ella misma anunció el pasado mes de noviembre. Lo sucedido con Apple es sólo un paso más que como decía hace unas semanas a eldiario.es la manager global de CD Baby –plataforma para músicos independientes- Tracey Gill, tampoco es tan sorprendente:

Un artista mucho más pequeño jamás lo hubiera logrado.

Consecuencias: ¿subida de precios?

No obstante, la rectificación de Apple sí puede traer consecuencias para las plataformas digitales de música en streaming. El pasado mes de marzo, músicos que triunfan en todo el mundo como Jay-Z, Beyoncé, Madonna, Alicia Keys, Daft Punk, Jack White, Chris Martin (Coldplay), Kanye West, Nicki Minaj, Rihanna, Deadmau5 o Arcade Fire, lanzaron la suya propia, Tidal, para competir con Spotify. No admitía streaming gratuito y sólo una suscripción a 9,99 o 19 euros para escuchar la música en una calidad mayor.

Sin embargo, a día de hoy son más voces las que hablan de su fracaso que de su éxito, ya que ni siquiera se encuentra entre las 700 aplicaciones más descargadas de EEUU –sus competidores, Pandora y Spotify, sí, en el puesto séptimo la primera y en el 23 la segunda- y con 25 millones de canciones no alcanza para seducir al usuario, según un reportaje de Harper’s Bazar el pasado mes de abril.

Por otro lado, dos factores: uno, muchos usuarios se preguntan qué dinero les hace falta a estos artistas tan bien remunerados, y, dos, la mayoría de dispositivos no tiene las cualidades técnicas necesarias para escuchar la música en alta calidad. ¿Por qué pagar entonces 19 euros?

Apple Music, que saldrá al mercado el 30 de junio, ha anunciado que cambiará su política de retribución a los artistas. Habrá que ver si cambian también los precios para los usuarios –la suscripción era de 9,99 al mes más esos tres meses de prueba gratis-. Y habrá que ver quién sale realmente beneficiado. Desde luego, la compañía de Tim Cook no es ningún alma caritativa, pero sólo un dato: la discográfica de Taylor Swift es BiG Machine, distribuida por Universal. Y ella misma es la productora de su último disco. El que no iba a estar en Apple. Ella es ya millonaria, sí, pero la industria musical es muy grande y poderosa.

No habrá tasa Google en la reforma de la Ley de Copyright que prepara la Unión Europea. Al menos, de momento. Esta semana, el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) aprobó el informe elaborado por la eurodiputada alemana del Partido Pirata, Julia Reda, al cual se presentaron más de 550 enmiendas (una muestra de lo ambicioso del informe y el temor de algunos grupos políticos).

Entre ellas, la imposición de una especie de tasa como la que existe en la Ley de Propiedad Intelectual española, que fue finalmente rechazada. Como dijo la eurodiputada después de la votación, “es alentador que el Comité haya querido evitar uno de los errores que cometieron España y Alemania en sus respectivas leyes de copyright, y que han tenido un efecto devastador en cuanto a la libertad de enlazar”.

Ya el pasado mes de enero, Reda señaló a eldiario.es que una ley europea sobre los derechos de autor no debía permitir tarifas como la de Google News, y aducía que era necesario apoyar el derecho al enlace de los contenidos abiertos, incluidos los enlaces embebidos. Dicho y conseguido, ya que los miembros del Comité tuvieron muy en cuenta, principalmente, lo sucedido en Alemania cuando Google dejó de ofrecer los enlaces de los periódicos online (snippets) y estos sufrieron tal bajada en las visitas que les obligó a ofrecer de nuevo a la multinacional una licencia de uso libre de sus contenidos.

Con este paso adelante en el proceso legislativo queda por ver qué ocurrirá con el caso español, ya que otra de las medidas aprobadas es la necesidad de que esta ley europea sea común a todos los estados miembros de la Unión, por lo que podría afectar al texto que aprobó el Gobierno del PP a finales del año pasado. Una bofetada más para una LPI que apenas tiene unos meses de vida y de la cual se desconoce aún su reglamento y las tarifas que impondrá, pese a que éstas ya están en marcha, según denunciaron a este diario las agencias de clipping. Es más, serán cobradas por la entidad de gestión CEDRO, como señaló el propio Ministerio de Educación y Cultura.

Las victorias de Julia Reda

Otra de las victorias de la eurodiputada Reda fue que, con esta reforma, todos los trabajos creados por las administraciones públicas deberán estar en dominio público (sin copyright) para que sean utilizados por todos los ciudadanos sin restricciones.

Un paso importante fue la desestimación del uso del DRM como salvaguarda de los derechos de autor. Para Reda era una restricción técnica y así ha quedado aprobado en el informe. El usuario podrá saltarse el DRM dentro de la excepción del derecho de autor. Con ello, según Reda, será más fácil el préstamo de ebooks en las bibliotecas, la digitalización de los catálogos y que los científicos e investigadores puedan usar información extraída de los contenidos online. En este punto, además, la reforma pretende que las excepciones al copyright también sean comunes en toda la UE, ya que hasta la fecha cada Estado miembro aprueba las suyas. “Al final lo que se produce es una inseguridad jurídica en las miles de interacciones digitales que el usuario realiza cada día”, reconoce la eurodiputada.

La gran derrota: rechazo a la libertad de panorama

Sin embargo, no todas fueron victorias. Se aprobó una enmienda sobre que el uso comercial de grabaciones y fotografías en espacios públicos deberá contar con el permiso de los titulares de derechos. “Todo gran compromiso tiene un coste, pero esto puede ser una amenaza para el trabajo de los directores de documentales y para las plataformas digitales cuyo negocio comercial son las fotografías”, argumentó Reda.

Como había indicado la europarlamentaria en su informe, no todos los países tienen esta “libertad de panorama”, por lo que se hace necesaria una ley paneuropea que otorgue a los usuarios el derecho a comunicar las fotografías y demás trabajos de lugares públicos. En Francia está prohibida y fue precisamente el eurodiputado francés Jean-Marie Cavada quien más argumentó en contra de esta libertad. En España sí está permitida.

Por esta razón, desde Wikimedia España, David Abián señaló a eldiario.es que esta restricción podría suponer un grave problema en nuestro país. “Supondría una pérdida ingente del patrimonio documental y todo un obstáculo para la difusión del conocimiento. Incluso el mayor concurso fotográfico del mundo, Wiki Loves Monuments, centrado en la preservación y la difusión de monumentos de importancia comunitaria, podría perder su sentido en Europa, y deberíamos eliminar inmediatamente de proyectos como Wikipedia, miles de imágenes de valor documental de museos, ayuntamientos, catedrales, archivos, rascacielos y puntos emblemáticos de pueblos y ciudades por todo el continente”, afirmó.

E hizo extensiva su crítica por el uso que de estas imágenes se dan en los medios de comunicación y blogs. “Quedarían privados de algunos de estos materiales y, en circunstancias concretas, de describir qué está sucediendo en las calles. Esto afectaría igualmente a blogs personales sostenidos con publicidad, a las redes sociales y, fuera de internet, a cualquier uso comercial de fotos de la vía pública sobre algún soporte físico”, argumentó.

A pesar de ello, el Comité dio un gran respaldo al trabajo realizado por la eurodiputada y los cambios que puede haber en la futura ley de copyright. Como señaló la propia parlamentaria, “esta es la primera vez en décadas en donde el foco, en vez de en imponer restricciones para proteger los intereses materiales de los titulares de derechos está puesto en reconsiderar los derechos de los usuarios”. Ahora este informe será sometido a votación el 9 de julio en el Parlamento europeo, donde también se seguirá un proceso de enmiendas. El texto final será enviado a la Comisión Europea que elaborará la propuesta normativa definitiva de la reforma de la Ley de Copyright, prevista para finales de año.

Por decreto y con la mayoría del Partido Social-Demócrata (PSD, conservador) que gobierna en Portugal. Así fue aprobado hace un par de semanas en el país luso el canon que grava smartphones, MP3, discos duros externos, smartphones, CD, impresoras, fotocopiadoras, tarjetas de memoria y pendrives, entre otros dispositivos. Si bien ya existía un tipo impositivo para CD y DVD desde 1998, con esta nueva normativa, los portugueses dan luz verde al canon digital para garantizar la compensación por copia privada.

Con esta medida, que entra dentro de un paquete de nuevas regulaciones sobre los derechos de autor, el país vecino pretende recaudar entre 15 y 20 millones de euros anuales, que serán redistribuidos a los titulares de derechos. Cuando se supere la cifra de los 15 millones se ha establecido que la cuantía restante vaya a parar a un Fondo de Desarrollo Cultural para sufragar actividades de esta índole.

Sentencias contra el canon en la UE

Lo sorprendente de esta aprobación es que llega años después de que en la Unión Europea tuviera lugar un arduo debate sobre la justificación de este canon. De hecho, hay varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como la del famoso caso Pawadan, que contravienen esta figura impositiva. Fue en 2010 cuando este tribunal dictó que la tasa que gravaba los medios de reproducción adquiridos por las empresas y profesionales que no estaban destinados a la copia privada era contraria al derecho comunitario. Precisamente esta sentencia llegó después de que la empresa catalana Padawan interpusiera un recurso contra el canon ante el TJUE.

Meses después, este dictamen trajo sus consecuencias y, por ejemplo, Francia, uno de los países donde las tarifas por este canon son más altas, lo eliminó para las compañías. No obstante, la nueva medida no resultó positiva para los usuarios, puesto que al mismo tiempo el Gobierno de Nicolás Sarkozy acometía una subida del impuesto.

La lucha en España contra el canon digital, aprobado en 2007 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y al que se consideraba injusto para los usuarios –la compra de un smartphone no presupone la copia ilegal de archivos, por ejemplo- trajo consigo otra sentencia por parte de la Audiencia Nacional en marzo de 2011 que señalaba la nulidad de las tarifas que regulan el gravamen de los distintos soportes. Finalmente, este canon fue suprimido por el Gobierno del PP en diciembre de 2011 y desde entonces la compensación por copia privada ha recaído en los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, esta solución tampoco ha llegado a bajar el tono del debate en España. De hecho, las entidades de gestión de derechos han reclamado con insistencia el regreso del canon digital, puesto que, según argumentan, han perdido bastante dinero en estos cuatro años: de casi 100 millones de euros a cinco millones. También hay críticas contrarias a que estos cinco millones partan de los PGE, puesto que se considera una medida que afecta a todos los ciudadanos, compren o no dispositivos.

La última decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea es que, pese a que los Estados miembros tienen plena libertad para adoptar una tasa o no, cada país debe asegurar una forma para compensar por la copia privada. De ahí que en los últimos meses haya habido diferentes posicionamientos con respecto a esta normativa, con países que han decidido suprimirla –y asegurar la compensación cargándola a los PGE- y otros que han preferido, incluso, aumentar las tarifas. Portugal, con este decreto-ley, se aproxima a los que sí apuestan por el canon.

Canon digital: dos Europas

Prácticamente todos los países de Unión Europea tienen algún tipo de canon que grava a los dispositivos electrónicos, pese a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TSJUE) que han dictado que es una medida que perjudica a los usuarios al instar al alza de precios a estos dispositivos. Sin embargo, hay otros países, como Reino Unido e Irlanda, además de los nórdicos, que no lo han fijado en sus leyes de propiedad intelectual, o bien, está regulado en los Presupuestos Generales del Estado (como ocurre en el caso español). De esta manera, se configura un mapa de dos Europas:

Con canon:

Alemania:

Este país es pionero en los gravámenes por el copyright y uno de los que con más fuerza ha defendido el canon y demás leyes proteccionistas. De hecho, el concepto de compensación por copia privada nació en Alemania en los años sesenta y a partir de los setenta fue introducido en otros países. En la actualidad es uno de los estados que más recauda, acercándose a los 240 millones de euros (unos 3 euros por habitante).

Francia:

También posee una tasa que grava los reproductores digitales y que llega a recaudar unos tres euros por habitante. En 2011 el Gobierno anuló el canon para las empresas, pero aumentó las tarifas en el caso de que la compra fuera realizada por usuarios. El pasado mes de abril, una propuesta del Partido Socialista francés en el Senado pretendía gravar también las impresoras 3D. Aún se encuentra a debate.

Italia:

El país italiano posee canon digital y, además, en junio de 2014 fueron aumentadas las tarifas mediante decreto-ley. Los nuevos precios se acercan a los que ya tiene tasados Francia –de los más altos de la UE, junto con Alemania-. Por ejemplo, de los 0,9 euros con los que estaban gravados los smartphones se pasó a los 4 euros, al igual que ocurrió con las tabletas.

Bélgica:

El parlamento belga aprobó el canon digital en febrero de 2010. Desde entonces los reproductores –desde los mp4 a smart TV, DVD, CD- tienen una tasa que va desde el euro hasta los trece euros (en el caso de los Home Cinema). La recaudación obtenida es distribuida por la entidad de gestión de derechos de autor Auvibel.

Holanda:

En los Países Bajos existe un canon digital que, además, desde enero de 2015 grava también a los e-readers “debido al incremento de las copias privadas” con estos aparatos, según reza en la página web de la gestora de derechos ThuisKopie. Las tasas son desde los 0,02 euros para los CD y DVD a los 3,5 euros para ordenadores.

Sin canon:

Reino Unido:

Según la ley de Economía Digital de 2014 queda legalizada la copia privada de CDs o iPods –hasta entonces estaba en una situación de ilegalidad-, sin embargo, no establece un canon digital que tase los reproductores.

Irlanda y Luxemburgo:

En el caso de ambos países tampoco existe el canon digital porque la copia privada no está legalizada.

Finlandia:

En diciembre de 2014 fue eliminado el canon digital. A partir de 2015 el cargo pasó a un fondo estatal, más o menos como ocurre en España desde 2012.

Noruega:

Es otro de los países en los cuales la compensación por copia privada está fijada en los Presupuestos Generales del Estado. No existe, por tanto, el llamado canon digital.

La entidad de gestión de derechos de autor CEDRO será la encargada de cobrar la llamada Tasa Google o Canon AEDE Tasa Google o Canon AEDE que impone la Ley de Propiedad Intelectual. Así lo ha reconocido el propio Ministerio de Educación y Cultura a eldiario.es, pese a que todavía no hay ningún reglamento aprobado que regule esta normativa que entró en vigor hace casi seis meses. CEDRO cobrará con carácter retroactivo al 1 de enero de 2015, aunque aún quedan por determinar también cuáles serán las tarifas.

El asunto del reglamento es uno más de los puntos oscuros que todavía tiene esta ley. La propia normativa indica que es necesario que el Ministerio establezca estas medidas reglamentarias para poder aplicar la ley con respecto al uso de contenidos de terceros en la red –por ejemplo, los que utilizan las agencias de clipping (seguimiento de la información de una marca que aparece en los medios de comunicación)-, pero casi seis meses después no está sobre la mesa.

Sin reglamento

Ya en enero este diario contactó con el Ministerio para conocer cómo se iba a llevar a cabo este Reglamento, pero no hubo respuesta. Desde la Asociación Española de Publicaciones Periódicas (AEEEP) han constatado ahora que no habrá Reglamento porque, según les manifestó el propio Subdirector de Propiedad Intelectual, Carlos Guervós, “es una cuestión prolija” y además tendría que haber una audiencia pública de todas las partes interesadas. Es decir, se abriría un debate.

A instancias de este diario, sin embargo, fuentes del Ministerio mantienen lo contrario y han corroborado que el reglamento se aprobará “en los próximos meses”, y que si aún no estaba listo era por el propio “procedimiento de elaboración reglamentaria, que obliga a unos trámites legalmente establecidos y que requieren un periodo de tiempo y la intervención de diversos órganos colegiados que no dependen del Gobierno, por ejemplo, el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial”. Desde Cultura se asegura que estos trámites “ya se han iniciado”. CEDRO, por su parte, aún no sabe nada de este reglamento, según han señalado a eldiario.es.

Las tarifas ya están en marcha

No obstante, en lo que parece que sí se están dando prisa es en el establecimiento de las tarifas de la Tasa, una tarea que tendría que llevar a cabo CEDRO como entidad que tendrá que gestionarla. Así, como ha podido saber este diario, se aprobarán a través de una Orden Ministerial que conllevará, una vez aprobada, un dictamen de la Comisión del Mercado Nacional y de la Competencia y otro de la Comisión de Asuntos Económicos.

El interrogante que se plantea en esta cuestión es cómo se pueden aprobar unas tarifas cuando no hay un documento que defina qué se tarifará y cómo. ¿Enlaces digitales? ¿Qué es lo que exactamente va a cobrar la tasa Google? Expertos en cuestiones jurídicas señalan que el reglamento no es imprescindible para que se establezcan las tarifas, pero también se reconoce que es muy extraño, y que sin este reglamento todo entrará en el universo de la interpretación de la ley. Un terreno pantanoso.

Desde el Ministerio se asegura que no habrá tarifas “por el hecho de ”enlazar“. ”Si a lo que te refieres es a la mal llamada tasa Google, el hecho de enlazar a la página de origen de los contenidos, cuando se cumplen determinadas circunstancias, exime no sólo de pagar sino también de pedir autorización para ello“, añaden.

Movimientos desde CEDRO

Sin embargo, lo cierto es que ya está habiendo movimientos por parte de CEDRO en relación a los diarios digitales. Como se indica desde el sector de las agencias de clipping –una de las más afectados por la nueva Ley de Propiedad Intelectual como se señala en este artículo-, estas llevan meses recibiendo correos de esta entidad para que les indiquen “el porcentaje de artículos procedentes de la prensa digital que incluye el servicio que ofrece el cliente”, “porcentaje de artículos de los que sólo se ofrece el título”, “porcentaje de artículos de los que sólo se incluye el título más entradilla” y “porcentaje de artículos que son PDF en la noticia completa”. 

CEDRO destaca que no pide los enlaces digitales utilizados sino aquella información que a partir de un contenido web –y que sí tiene un enlace (URL)- se ha convertido en un PDF, ya que hasta la fecha los enlaces no están incluidos, pero como interpretan desde estas agencias “es un tanteo para saber cuánto se podrá cobrar en el futuro”. Aquí está el email enviado por CEDRO y abajo del artículo el documento que envían adjunto. 

La extrañeza para este sector con respecto a estos correos se debe también a que ellos tienen firmado un convenio con CEDRO para todos los recortes que realizan de la prensa en papel (los medios que conforman AEDE). La entidad de gestión actúa como intermediario entre ellos y los medios de comunicación. Es la entidad, que a su vez tiene firmado un convenio con los medios en papel, la que permite a las agencias recoger todos estos recortes siempre y cuando apliquen las tarifas correspondientes. “Pero la prensa digital está fuera porque no hay tarifas y que nosotros sepamos no hay acuerdo entre los medios digitales y CEDRO”, ratifican. Por tanto, ¿para qué necesitan saber el porcentaje de la prensa digital que usamos?, se preguntan.

A esta preocupación se une el principio de la irrenunciabilidad que establece la LPI con respecto al cobro por el uso de los enlaces –aunque no se sabe ni cómo ni cuánto-, y que fue la que llevó a Google News a cortar su servicio en España. Como se asegura desde estas agencias, puede llevar a una situación kafkiana: “Imagínate que yo uso un enlace de un medio digital, me demanda CEDRO, me lleva a juicio y allí ese medio declara que no quiere cobrar por el uso de ese enlace. ¿Qué pasaría entonces?”. Ahí se abre otro asunto espinoso: ¿se quedaría CEDRO con el dinero?

Como ocurre desde hace dos años, aún quedan muchos interrogantes sobre esta ley y su aplicación. Y hay temor a que en estas agencias se estén llevando a cabo prácticas que después tengan un coste que no han presupuestado.

John Deere es el nombre del mayor fabricante de maquinaria agrícola a nivel mundial. Podría ser el de cualquier ciudadano corriente de origen anglosajón, de hecho fue el nombre del fundador de la compañía, de profesión herrero, que emigró a Illinois en busca de mejor fortuna. La encontró y casi dos siglos después la empresa que creó domina su sector.

Los tractores y en general la maquinaria agrícola son productos con una vida útil longeva pero también muy costosos. Para un agricultor la compra de uno de estos vehículos es una inversión, que tratará de amortizar al máximo en los siguientes años. Asimismo intentará alargar la vida útil de su inversión, para lo que necesitará hacer reparaciones. Y aquí es donde entra en juego la petición que John Deere hizo recientemente a la Oficina de Copyright de Estados Unidos.

El documento enviado a las autoridades estadounidenses en materia de propiedad intelectual afirma que los clientes que compran sus vehículos reciben “una licencia implícita” para usar el software que contiene el tractor o la cosechadora. Esta licencia permanece vigente durante la vida útil del producto, según apunta el documento, y no permite que el usuario tenga la propiedad del software, solo derecho a su uso. Dada la creciente cantidad de software que contienen los vehículos, sin que los de tipo agrícola sean una excepción, este aspecto resulta fundamental para alargar su vida útil.

Alargar la vida útil gracias al software

Sin software, un smartphone no sería “smart” ni “phone” y un tractor moderno tan solo es una robusta pieza de ingeniería que no se puede encender. Los fabricantes de productos donde el software es esencial restringen las actualizaciones, de manera que con el paso de los años los dispositivos más antiguos no pueden instalar las nuevas versiones del sistema operativo o del firmware.

Ocurre con los iPhone, pero también con los dispositivos Android, pues los fabricantes versionan el sistema operativo, con lo que cada actualización del mismo tiene que pasar antes por sus manos para que sus terminales puedan instalarla. Sin nuevas actualizaciones el hardware se empieza a quedar obsoleto, aunque aún despliegue un buen rendimiento. A algunos se les podría alargar su vida útil introduciendo en ellos otro tipo de software más ligero, pero para esto es necesario acceder a las tripas del dispositivo.

Por una simple cuestión de negocio, los fabricantes no piensan en alargar la vida útil de sus dispositivos, al contrario, cuanto más cortos sean los ciclos de renovación de producto mayores serán sus ventas. De ahí que se pongan trabas para acceder al interior de un dispositivo. En electrónica algunas marcas como Dell, HP y Lenovo ofrecen sus manuales de servicio abiertamente. En cambio, otras como Apple, Acer o Sony no permiten el acceso a sus manuales de servicio, reparación o mantenimiento. Si estos se filtran, las compañías hacen uso de sus derechos de propiedad intelectual para sacarlos de la Red.

Con una palabra que significa literalmente “fuga de la cárcel” se denomina al proceso de “destrabar” un iPhone u otro dispositivo de Apple, es decir, suprimir algunas de las limitaciones impuestas por este fabricante en dispositivos que utilicen el sistema operativo iOS mediante el uso de kernels modificados. Tras un jailbreak, el usuario puede acceder por completo al sistema operativo, descargar aplicaciones que no estén disponibles en la tienda oficial sin dejar de poder hacer uso de todas las funciones del dispositivo. 

Apple llegó a afirmar que el jailbreak era ilegal en Estados Unidos porque contravenía el DMCA (Digital Millenium Copyright Act), pero la Electronic Frontier Foundation preguntó a un regulador federal si esto era realmente así. Un año y medio después se obtuvo la respuesta: hacer jailbreak al iPhone es legal en Estados Unidos, aunque Apple anunció que puede violar la garantía. 

En el caso de los smartphones la conexión entre el software y el alargamiento de la vida útil del hardware se ve más directamente. Pero este nexo también existe con los tractores o con los coches. Este tipo de productos se podrían reutilizar más de lo que lo hacen, pero para ello serían necesarias técnicas de ingeniería inversa y el desbloqueo de los sistemas digitales.

Parar reparar estos vehículos, donde la vertiente digital ha adquirido una gran importancia, se necesita tener acceso a los códigos de diagnóstico y los esquemas de los circuitos. Se trata de información que los fabricantes mantienen en secreto. Tampoco ofrecen las piezas de reparación ni las herramientas, de software propietario, que ayudarían a la arreglar los vehículos.

En The Guardian expusieron el caso de una herramienta desarrollada por BMW que ayuda a resolver un problema de mecánica difícil de manejar. Pero la compañía no la ofrece a talleres y su propiedad intelectual impide que nadie construya algo parecido, con lo que este problema mecánico solo se soluciona en la planta de reciclado de BMW, por la que pasan 6.000 coches al año en comparación con los 1,8 millones que la firma vendió en el ejercicio de 2012.

El DMCA como guía

En Estados Unidos, el Digital Millenium Copyright Act entró en vigor en 1998 para legislar un campo borroso entre el hardware y el software. En esta ley se han amparado las compañías para afirmar que los consumidores no poseen el software de sus productos sino solo una licencia de uso. Algunas empresas han utilizado esta normativa para evitar que se modifique el software de sus productos, ya sean estos una tableta o un tractor.

Y es que para modificar el software muchas veces hay que copiarlo, para lo que a su vez hace falta romper la seguridad de los productos. De esta manera, cualquier hacker que lo haga está violando la legislación de copyright. El sector de la electrónica es solo uno de ellos: los coches y, como ha pedido John Deere, también la maquinaria agrícola podrían regirse por estas normas.

Son varias las marcas que han realizado peticiones similares a las de John Deere, que la Oficina del Copyright de Estados Unidos tendrá que resolver en el mes de julio, definiendo qué dispositivos se pueden modificar y cuáles no.

Por el momento, la inversión de 100.000 dólares que hizo Kerry Adams, un agricultor de California, en dos máquinas transplantadoras, se ha volatilizado. Las máquinas están rotas y sin una herramienta de diagnosis adecuada se antoja imposible la reparación. La suya es solo una historia individual.

A comienzos de diciembre de 2013, la prensa española se hacía eco del varapalo que el Consejo de Estado daba al Gobierno por el anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual. La institución que aconseja sobre las leyes de nuestro país señalaba que aquel texto era demasiado laxo.

Lo que no se conocían entonces eran las maniobras que había habido detrás por parte de la MPAA –Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, en sus siglas en inglés- el lobby norteamericano de productores y distribuidores de Hollywood, que incluso había llegado a contratar al abogado español Santiago Muñoz Machado para que presionara a favor de un texto mucho más duro frente a las descargas en Internet, el P2P y las licencias abiertas.

Así consta en los correos intercambiados entre la MPAA y Sony en diciembre de aquel año desvelados por Wikileaks. Según se expone en uno de ellos, enviado el 21 de diciembre de 2013 por parte de la MPAA a miembros de productoras y distribuidoras como Paramount, Warner, Fox y Disney, la Asociación se felicita por el revés que se le ha dado al Gobierno y por la toma en consideración de las propuestas de la Coalición de Creadores.

Se remachan puntos como que el texto “no garantiza la protección de los derechos de autor, tiene una gran cantidad de términos vagos e imprecisos; el bloqueo de la página web debe ser considerada una prioridad ya que es la medida más eficiente para remediar la violación de los derechos de autor” y que “el actual régimen de sanciones es disfuncional, deficiente y falto de coherencia”.

A su vez, se congratulan porque:

A continuación señalan que pronto comenzarán a aparecer artículos en la prensa a favor del endurecimiento de la ley y que esta no logrará ser presentada por el ministro José Ignacio Wert hasta mediados de enero de 2014.

Campaña de la MPAA

La campaña de presión de la MPAA al Gobierno español y su injerencia en asuntos de Estado, no obstante, había comenzado mucho antes. No solo con el contrato del abogado Muñoz Machado en abril de 2012.

Incluso cuando aún gobernaba el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero varios miembros de la Asociación se dirigieron a él para que el texto de la que sería la llamada Ley Sinde fuera mucho más duro en relación con las descargas. Con el cambio de Gobierno trasladaron su presión a los nuevos miembros, ya que el Partido Popular había garantizado que modificaría la Ley de Propiedad Intelectual.

Así, hubo correos y reuniones como la que se llevó a cabo en secreto en Moncloa entre el presidente Mariano Rajoy y el presidente de la MPAA, Christopher Dodd, en enero de 2013 y de la que no trascendió nada al considerarse “privada”.

El 22 de marzo de 2013 fue aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley. Entonces se remarcó que las webs con contenido “ilegal” serían perseguidas. Pero aún quedaban muchos pasos: el informe del Consejo de Estado, la aprobación de la ley por el Consejo de Ministros, su paso por el Congreso, Senado y vuelta al Congreso.

Fue entonces cuando la MPAA puso en marcha su maquinaria más agresiva. De hecho, entre los artículos en pos de una ley más dura destaca el que publicó el propio Muñoz Machado en El País, Perdidos en el ciberespacio, en octubre de 2013. Poco después de este artículo es cuando el Consejo de Estado emitió su informe desfavorable al anteproyecto.

Tras pasar por el Consejo de Ministros el 14 de febrero de 2014, la ley llegó al Congreso donde fue aprobada el 22 de julio de 2014 (antes de llegar al Senado) con los votos del PP. Sin embargo, el texto, que ya había sido ampliamente criticado por, entre otras cosas, el llamado Canon AEDE, no gustó a la Coalición de Creadores ni, por supuesto, la MPAA, que creían haber obtenido un primer triunfo. De hecho, según se desvela en otro correo del 6 de agosto de 2014 enviado por este Asociación, hay un fuerte descontento, pese “a la presión a los titulares de Justicia, incluidas una carta de Dodd y del embajador estadounidense [James] Costos a Rajoy. La Coalición de Creadores espera que el texto sea mejorado en el Senado”.

Los emails continúan, esta vez emitidos por Sony el 22 de septiembre de 2014, donde, además de reflejar la “difícil situación de España” por el aumento del IVA y los recortes en Cultura, muestran su preocupación por el trámite que la LPI sigue en el Parlamento.

Finalmente la LPI  fue aprobada sin cambios el 30 de octubre de 2014 en el Congreso sólo con los votos del PP (172 votos a favor, 144 en contra y 3 abstenciones) para su entrada en vigor el 1 de enero de 2015. Desde entonces las críticas de la Coalición han continuado, principalmente a través de sus estudios sobre piratería, y han repetido que la LPI no funciona. Su mano es tan alargada que incluso llega a los poderes del cine en EEUU.

Foto: Junta de Andalucía

“El 87,94 % de todos los contenidos digitales consumidos en España en 2014 fueron piratas”. Este fue el titular que ayer soltó la Coalición de Creadores durante la presentación de su informe anual sobre piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales. El estudio, encargado a la consultora Gfk, y que este año también ha apoyado la Liga Profesional de Fútbol, ya que se han incorporado los visionados de partidos online, abundaba en cifras catastrofistas: 571 millones de euros en pérdidas para la industria del cine; 410 millones para la música; 226 millones para la de videojuegos; 100 millones para la editorial; 227 millones para la de fútbol; y 116 millones para la de series de televisión.

Esto es, 1.700 millones de euros de “lucro cesante” –lo que ellos determinan como pérdidas por la piratería-, que, según ellos también, suponen 637 millones de euros menos para las arcas públicas y hasta casi 30.000 puestos de trabajo posibles en estos sectores.

Sin embargo, leído el informe, muy calcado al que esta Coalición, creada por las principales entidades de gestión de derechos de autor en 2008, realiza desde hace siete años, surgen las dudas.

Apenas hay datos sobre su metodología (señalan que ha sido una encuesta a 50.000 personas entre los 11 y los 74 años), se desconocen las preguntas que se han realizado, cómo se han elaborado los porcentajes para establecer las pérdidas y en base a qué criterios. Es un enjambre de datos en el que se mezcla el “valor del contenido pirateado” y el “lucro cesante”, es decir, lo que ellos estiman que vale una canción, película o ebook obtenido ilícitamente y lo que se ha dejado de ganar por ello, que genera mucha confusión.

Hace unos meses, el periodista especializado en tecnología, Antonio Delgado, ya contaba en este artículo sobre cómo se elaboraban estos informes que el maquillaje y precocinado de estas encuestas están a la orden del día. Por ejemplo, sobre el ‘lucro cesante’, tal y como ha ocurrido ahora, se preguntaba a los encuestados cuántos contenidos comprarían legalmente si no pudiese descargarlos. A esa cifra se la multiplicaba por 10 euros, el precio medio del mercado según GfK. Según este estudio, serían 8 contenidos legales por cada 100 ilegales, en total, 80 euros. La dificultad –y el trabajo del artesano consultor- llega a la hora de echar las cuentas. Como concluía Delgado, “la realización de informes como el que se acaba de publicar es uno de los métodos que utilizan las patronales de la industria para presionar a los Gobiernos para que legislen a favor de sus intereses empresariales”.

En este sentido, el abogado Javier de la Cueva señala a eldiario.es que el delirio de este tipo de informes se basa en que es imposible conocer los datos reales sobre descargas ilícitas, “al igual que no se puede saber cuánta cocaína se consume en España. Se puede saber cuánta cocaína se aprehende en la aduana, pero no la que se consume. Para saber cuántas copias digitales de un archivo se descargan desde un servidor, sólo puede saberse de una de dos maneras: o bien conocer los logs del servidor, que sólo los tienen los administradores del mismo y que, por supuesto, no los van a poner en conocimiento de la Coalición de Creadores o de sus consultoras independientes. O bien tener el tráfico intervenido vía el proveedor de servicios de internet. El resto son puras estimaciones sin otra base o fundamento más que el especulativo”. De esta manera, para él, este estudio es “una operación de puro márketing”.

La propia Carlota Navarrete, directora de la Coalición, manifestaba a este diario que la conclusión a la que ellos han llegado, según sus cifras, es bastante clara: “No se han implementado las medidas que pudiesen hacer atractivas las plataformas legales”. Es decir, no se aplaude la actual Ley de Propiedad IntelectualLey de Propiedad Intelectual, la cual a dos meses de su entrada en vigor ni siquiera tiene un reglamento para su aplicación, y lo que se pide es más mano dura, tal y como quedaba explícito en algunas de las preguntas de este informe. Por ejemplo, sobre si habría que sancionar con multas, se reflejaba que un 30% consideraría que sería una medida “muy eficaz”.

“Es evidente que es una coalición creada en 2008 para hacer lobby. Y hacen estos informes tan espectaculares porque les ayudan en su acción de lobby”, ratifica a eldiario.es el fundador de Menéame, Ricardo Galli, quien añade que “les ha ido bien, tuvieron la ley Sinde, luego la Ley Sinde-Wert y ahora han conseguido cosas como el canon AEDE”.

No obstante, para tal afirmación hay que acudir a las cifras que ofrece la Coalición y las que se manejan en la industria. Y hay que realizar algunas operaciones que dan algunos resultados que, como dice Galli, “son números sin sentido. Además, hay cosas que no quedan nada claras. Por ejemplo, si escuchas música online y dices que es través de YouTube, lo cuentan como piratería”. Analizamos los tres sectores más agredidos por la piratería.

MÚSICA

El informe calcula el valor de la industria en 171 millones de euros y señala que como ‘lucro cesante’ se han perdido 410 millones de euros, con lo cual, la industria discográfica, sin piratería, valdría 581 millones de euros. Por otro lado, sostienen que en la red se piratearon en 2014 1.831 millones de canciones y ponen como valor 6.673 millones de euros. Este sería el llamado ‘valor de lo pirateado’. El problema es que si se hace el cálculo del precio por canción en la red sale a 3,6 euros, y no hay ninguna plataforma en la que una canción cueste ese precio, como mucho es 1 euro. Como afirma Galli, “ya es una cifra exagerada”.

Por otro lado, si estiman que el lucro cesante son 410 millones de euros, es decir, lo que se ha dejado de ganar, ¿cómo puede ser el valor de lo pirateado 16 veces mayor (6.673 millones de euros)? “Esto lo hacen porque ponen un precio por canción muy alto. Además, según el estudio cada español adulto se baja 68 canciones al año ocasionando unas pérdidas de 252 euros, el equivalente a decir que cada adulto deja de comprar 7 álbumes al año, una media imposible, nunca visto en la historia”, explica Galli. Pero hay otra cosa que llama más la atención: ¿cómo se cuentan la música que se escucha vía plataformas como Spotify? ¿También se considera piratería?

CINE

En la industria cinematográfica, el informe indica que sin piratería su valor sería de 1.244 millones de euros, ya que de forma legal mueve 673 millones de euros, mientras que las pérdidas por lucro cesante están en 571 millones de euros. Sin embargo, si se estima que se descargaron de forma ilegal 877 millones de películas por un valor de 6.139 millones de euros (siempre según el informe), el coste de cada película en la red sería de 7 euros, es decir, casi como en una taquilla del cine, cuando las películas en las plataformas de Internet están en torno a los 3-4 euros.

“La taquilla del cine español en 2014 fue de 123 millones, por lo que las pérdidas según el informe son 50 veces más que el volumen de negocio real. Ni aun considerando también las películas de Hollywood tiene sentido, España ocasionaría el 100% de las ”pérdidas“ que estima la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, que ya sabemos es otro lobby con informes poco rigurosos. En el lucro cesante asegura un 9.1% del valor ”pirateado“ y que es 1.8 veces el valor actual de la industria, es decir 317 millones de euros, pero el cine español fue de 123 millones. En todo caso el ”lucro cesante“ es para el cine extranjero (mayormente Hollywood)”, explica Galli acerca de estas cifras.

LIBROS

Con respecto a los libros, los números aún son más extraños. Sin piratería se dice que la industria tendría un valor de 907 millones de euros, ya que el ‘lucro cesante’ está en los 100 millones de euros. Ahora bien, el valor de lo pirateado, según ellos es de 335 millones de ebooks, todo ello por un valor de 2.680 millones de euros, con lo que estiman que cada contenido pirata (copia de ebook, escaneado de libro en papel...) costaría en realidad 8 euros.

Aunque esa cifra del coste del ebook no es del todo inexacta, hay algunos datos que chirrían. Para empezar, la industria editorial en sus informes ha señalado que el libro digital generó 70 millones de euros en 2013. ¿Cómo puede ser que el valor de lo pirateado alcance más de 2.500 millones de euros? Aunque exista un porcentaje de contenido ilícito y miles de escaneados, la cifra es desmesurada.

Por otro lado, en un año como 2005 se vendieron 230.626.086 libros en papel, según la FGEE (unos cinco libros por habitante al año). Si lo multiplicamos por 10 euros cada libro saldrían 2.306 millones de euros. ¿Cómo es posible que ahora se hayan perdido 2680 millones de euros y, además, de ventas digitales? Por otro lado, 335 millones de ebooks obedecen a más de siete ebook al año por habitante. Las últimas cifras del CIS reflejaban que los españoles leen 8 libros de media al año. Y por adulto, según el informe sale a 12 libros al año, cuatro más que el CIS.  Por tanto, ¿todos son piratas? ¿No cuentan las compras ni las bibliotecas?

EMPLEO

Sobre los datos del empleo perdido por la piratería, Galli también se muestra muy circunspecto. Según señala, “el informe asegura que actualmente la industria de estos contenidos emplea a 62.252 profesionales directos, lo que da una media salarial bruta sobre el total del volumen de negocio que aseguran que poseen (983 millones) de 15.800 euros anuales por persona, además aseguran que por cada empleado directo crea 5 indirectos. Es imposible con estas cantidades”.

En cuanto a los posibles puestos de trabajo creados y el dinero que deja de recibir el Estado (637 millones de euros), Galli saca su propia conclusión: “Aunque sean verdad los números, el dinero que no se gasta por la ”piratería“ no se pierde ni se lo come, se gasta en otras cosas, por lo que es falsa la afirmación de que se pierde en impuestos o puestos de trabajo”.

El think tank estadounidense The Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) ha colocado a España entre los seis países con peor política de innovación en 2014 por la nueva Ley de Propiedad Intelectual que incluye la denominada “tasa Google”. En el informe, elaborado por la analista Michelle Wein, comparte tal valoración con países como China, India, Nigeria, Rusia e Indonesia. Estas naciones, según ITIF, no han cumplido con los requisitos de la innovación como principal impulsora de la economía, y, por el contrario, han afianzado políticas mercantilistas basadas en prácticas proteccionistas en relación con los productos tecnológicos.

En concreto, en relación a España, el informe critica la obligación de hacer pagar a Google (y otros agregadores) una tasa a los periódicos por los contenidos enlazados, ya que rompe con el concepto del fair use. Según analiza Michelle Wein, “un sistema efectivo de copyright se basa en el equilibrio entre compartir, innovar y proteger. Se debe prohibir la piratería, pero a la vez se debe proveer de alguna seguridad a los proveedores digitales legales”.

Como ejemplo normativo pone la Digital Millenium Copyright Act de Estados Unidos que “aporta una protección al copyright y a la vez garantiza que los proveedores de contenidos legales, la computación en la nube y los servidores de todos aquellos servicios que funcionan con responsabilidad en Internet puedan funcionar online”. Por último, esboza el mantra de este think tank hacia las políticas de libre mercado: “Utilizar una ley sobre el copyright solamente para proteger a las empresas nacionales [en este caso, ciertos periódicos] poniendo tasas a las empresas extranjeras es un claro caso de mercantilismo proteccionista”.

ITIF fue fundado en 2006 y es un firme defensor de las políticas de libre mercado en relación con la industria tecnológica. Considera que el crecimiento económico, en un mundo globalizado como el actual, vendrá de la apuesta por la innovación, los mercados abiertos y la recepción de la inversión extranjera. “La innovación también ayuda a los desafíos globales, mejora la educación, combate el cambio climático y aumenta los ingresos”, apunta Wein también en su informe. De ahí que no solamente dé un toque de atención a España, sino a la Unión Europea en general que, según ellos, está embarcada “en un camino populista antiamericano” en relación a sus críticas a las empresas de Silicon Valley.

Para Wein, estas ideas en realidad “proceden de los propios lobbies europeos”, que no quieren perder su posición de prevalencia, como el conglomerado mediático alemán Axel Springer, cuyo consejero delegado Mathias Döpfner llegó a escribir una carta al director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, afirmando que “Google está sentado sobre el gran tesoro que suponen todos los datos de la humanidad como el gigante Fáfner en El anillo del Nibelungo”. Una respuesta muy alemana, por otra parte, que Wein contesta aduciendo que “los datos no están más seguros o inseguros estando fuera o dentro de la UE. Las violaciones de datos pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. La localización de los servidores no tiene ningún efecto, ni bueno ni malo, en la privacidad”.

Políticas contra el libre mercado

Es por ello que en esta lista, además de España, están Indonesia, Rusia y Nigeria. A los dos primeros se les critica que hayan implementado leyes en 2014 para que empresas como Facebook o Google tengan sus centros de datos en los países donde operan, lo que para ITIF va en contra de la expansión del mercado digital. Además, una medida de este calibre “incrementaría el coste del servicio y el precio para los consumidores”. En el caso de Nigeria se critica que su nueva ley de Información y Telecomunicaciones es demasiado proteccionista con las empresas tecnológicas locales –requerimiento de contenido y hardware autóctono, innovación local y restricciones al flujo de datos- lo que provocará “una competitividad ineficiente”, puesto que sus productos no podrán competir con los que ya han desarrollado empresas foráneas que tienen mayor calidad.

En relación a China se apunta al abuso de la ley antimonopolio, que impide el desarrollo comercial de las empresas extranjeras, además de la técnica de tirar los precios con sus paneles solares –baratos y de mala calidad, ya que están fabricados con materias fósiles- que han llevado a la bancarrota a numerosas empresas del sector en EEUU. Con respecto a La India el argumento es su rechazo a las patentes extranjeras de medicamentos anticancerígenos como el Abraxane, del laboratorio estadounidense Abraxis BioScience, o el Glivec, de la suiza Novartis.

Una LPI que no gusta a nadie

Michelle Wein vende en su informe las bondades de la apertura de mercados, principalmente en cuanto a la economía digital al indicar que habría un mayor crecimiento y desarrollo si se anulan las tasas en los productos tecnológicos, se amplían los mercados digitales, se alienta la competitividad, se protege la propiedad intelectual y se acortar las barreras comerciales. El texto es duro con Europa –de hecho ITIF fue contrario a las demandas de Francia contra Amazon por los descuentos a los ebooks-, pero se olvida de que hay que pagar impuestos –como ha ocurrido con Uber-, como sí recordaba estos días la eurodiputada del Partido Pirata, Julia Reda, con su crítica al LuxLeaks, a la vez que también criticaba la ley española por la Tasa Google.

Este quizá sea uno de los grandes problemas que tiene la LPI, que no es admitida ni por las voces europeas que pretenden un equilibrio entre la protección y la libertad de los contenidos digitales, y las voces más liberales procedentes de EEUU. Es decir, no gusta a nadie.

Hace 14 años, la Unión Europea aprobó la directiva 2001/29/EC, llamada Infosoc, para proteger los derechos de la propiedad intelectual. Fue mucho antes de la explosión de páginas como Facebook, Twitter, YouTube o el buscador Google, un tiempo que en términos de tecnología es casi prehistórico. De ahí que en la UE ya se esté trabajando en una nueva directiva para adaptar la protección del copyright al nuevo entorno digital.

La eurodiputada alemana del Partido Pirata, Julia Reda, de 28 años y una de las parlamentarias más jóvenes, ha sido la encargada de la elaboración de las recomendaciones en un primer borrador, presentado ayer, y que durante los próximos meses será discutido dentro de la Comisión de Asuntos Jurídicos para su aprobación en el Parlamento europeo el 20 de mayo. Eso sí, después será la Comisión Europea, que es la que tiene la competencia, la encargada de elaborar la reforma de esta directiva.

Leído este primer informe hay dos líneas esenciales que son, además, una dura bofetada a la reciente Ley de Propiedad Intelectual aprobada por el Parlamento español: la libertad para enlazar contenidos sin realizar pago alguno y el establecimiento de un mercado digital común para todos los estados miembros que evite situaciones como las actuales en las que hay contenidos permitidos en algunos países –por ejemplo, los vídeos que se suben a YouTube- mientras que en otros, no. Es a su vez, un borrador mediante el cual se ponen trabas a los monopolios lucrativos.

“La nueva directiva de la UE sobre copyright no debe permitir a ningún Estado introducir tarifas como la de Google News. Yo pido que la normativa sobre derechos de propiedad intelectual de la UE apoye el derecho al enlace de los contenidos abiertos (incluidos los enlaces embebidos)”, afirma Reda a eldiario.es.

Por tanto, si llegara a aprobarse tal y como está el borrador, es posible que afecte a la LPI. Para Reda, la ley española actual va “en contra del objetivo del mercado digital único europeo”, y añade que “no se puede obligar a una empresa a pagar por contenidos que no quiere usar. Por eso, que Google haya cerrado su servicio de Google News [en España] es una consecuencia lógica”. En este sentido, en la presentación del borrador también da un toque de atención a Alemania, ya que aunque en la ley alemana el pago a Google News no es obligatorio, también es restrictiva con respecto a los enlaces.

Según ella, la UE, más que preocuparse por casos como el de Google News y resto de agregadores, lo que debería hacer es “cerrar los lugares donde estas empresas pagan sus impuestos, tal y como LuxLeaks ha demostrado, para que empresas como Google paguen realmente los impuestos que se precisan”. Al fin y al cabo, como insiste la eurodiputada alemana, “los enlaces de una página web son uno de los componentes esenciales de Internet y no se puede permitir que, mediante el copyright, sean restringidos”.

Un borrador de 25 puntos

Un borrador de 25 puntosEl borrador establece 25 puntos que se ocupan de actualizar la protección del copyright. No es tampoco una declaración de principios de barra libre, sino que desde 2001 a 2015, los derechos de autor han quedado obsoletos. A ello se suma, además, una reglamentación fragmentada –cada país ha establecido sus propias leyes– que “ponen una carga irracional para las actividades on line de todos los días”, reconoce Reda, por lo que se hace más necesario que nunca un marco legal común que evite, a su vez, la inseguridad jurídica que existe en la actualidad o, por ejemplo, la poca claridad para especificar cuando una obra ha pasado a dominio público. En definitiva, el copyright tiene que estar protegido, sí, pero acorde al nuevo universo digital, por lo que se tienen que establecer cambios en el terreno de los derechos de autor.

Entre las nuevas medidas, para la eurodiputada es muy importante que prevalezca, por ejemplo, la libertad del titular de derechos para colgar su contenido en dominio público, si así lo desea. Es decir, si alguien quiere subir su propia canción para que sea compartida, que no haya ninguna traba legal que se lo impida.

El punto 15 es uno de los que más afectaría a la ley española, puesto que en él se indica que el enlace no tiene que estar sometido a la protección del copyright. De acuerdo con la LPI podría haber interpretaciones –aunque el Gobierno, impulsor de la ley, lo haya negado- acerca de los links en Menéame, Twitter o Facebook, por ejemplo. Con este borrador, estas interpretaciones quedarían desestimadas.

El informe también recomienda mejorar la negociación sobre la posición de autores e intérpretes en relación con otros titulares de derechos y los intermediarios. Lo que propone Reda es una mayor autonomía a los creadores con respecto a sus derechos, ya que con el desarrollo tecnológico actual, “ha habido un incremento de la producción creativa, pero también ha aumentado la dependencia de los creadores con respecto a los proveedores de servicios digitales u otros intermediarios, por lo que se hace necesario desarrollar un contexto legal que mejore la posición negociadora de los autores. Para ello son básicas medidas para una mayor neutralidad en la red y el fomento de formatos abiertos con el fin de evitar monopolios”, según reza el borrador.

Sin protección para las fotos de edificios públicos

Sin protección para las fotos de edificios públicosEn relación al uso que se pueda hacer de material audiovisual y cómo ha cambiado el contexto con el desarrollo digital, la eurodiputada pone como ejemplo las fotografías de edificios o esculturas públicas. En la actualidad, cualquiera puede hacer una fotografía de la Torre Eiffel y subirla a Internet para ser compartida. Por tanto, según el informe, “la representación de edificios públicos debe estar exenta de la protección del copyright, porque no tiene ningún sentido”. En estos momentos, no todos los países tienen esta “libertad de panorama”, por lo que se hace necesaria una ley paneuropea que otorgue a los usuarios el derecho a comunicar las fotografías y demás trabajos de lugares públicos.

Otra referencia interesante del informe tiene que ver con el préstamo de libros electrónicos. Según la actual normativa, las bibliotecas sólo pueden prestar ebooks dentro de sus instalaciones, es decir, en los dispositivos que posean. Sin embargo, el préstamo de estos libros ha cambiado abrumadoramente en los últimos meses con las nuevas infraestructuras y plataformas digitales, por lo que también hay que modificar este punto de la directiva. “El préstamo de ebooks contribuye a un aumento de las ventas comerciales y de la cultura lectora”, argumenta Reda en el borrador. Asimismo, la eurodiputada entiende que todos las obras cuyos titulares sean instituciones públicas deben estar en dominio público.

La conclusión fundamental del informe alude a la necesidad de adaptar las nuevas formas de expresión cultural y su libertad, tan nombrada por los políticos europeos en los últimos días. Una mayor flexibilidad que debe ser conseguida con una normativa más abierta que permita estas nuevas excepciones y limitaciones, y que debe ser de práctica común en todos los Estados Miembros, para impedir la amalgama de leyes de propiedad intelectual que existen hoy en los diferentes estados.

Al fin y al cabo, como insiste la eurodiputada, “la directiva sobre los derechos de propiedad intelectuales de 2001 sólo armoniza los derechos de los titulares de derechos, pero no establece ningún estándar común que apoye a los usuarios”. En eso consisten los cambios introducidos. Veremos qué ocurre en mayo, qué hace la Comisión Europea y las consecuencias para la normativa española.

Foto: Mike Herbst (Flickr)

El cierre de Google News España es un caso único y por eso no estaba claro de qué manera se iba a ejecutar. Las dudas se van despejando a unos pocos días de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). La normativa, aprobada con la mayoría del PP el pasado mes de octubre en el Congreso, contiene el llamado Canon AEDE, que dicta el derecho irrenunciable de los medios de comunicación a cobrar una tasa de los agregadores de Internet.

El concepto de irrenunciabilidad, que antes no se había introducido en ningún país al legislar sobre esta cuestión, obliga a todos los medios, quieran o no, a cobrar esta tasa. De esta forma los agregadores están obligados a pagarla. La LPI entra en vigor a partir del 1 de enero, pero el gobierno aún tiene que desarrollar el reglamento, que se espera para el mes de junio. Tendrá carácter retroactivo, eso sí, pero lo que no se sabe todavía es qué portales se considerarán como ‘agregadores’.

Cuando Google anunció el cierre de su servicio Google News la AEDE (la Asociación de Editores de Diarios Españoles), que agrupa a los principales medios de la prensa impresa, advirtió que esta acción tendría un impacto negativo y pidió a “las autoridades españolas y comunitarias” que intervinieran, ante lo que preveían como un desastre. Ahora que se van despejando las incógnitas damos respuesta a algunas de las dudas sobre cómo ha quedado la situación.

¿Qué ha cerrado?

El servicio de agregación de noticias, al cual se accedía a través de la URL http://news.google.es y que ahora redirige a un comunicado de Google en el que indica el motivo del cierre. Google News España se cierra en todo el mundo, con lo que ningún medio español aparecerá en ninguna de las otras versiones nacionales del servicio. Los usuarios ya no podrán usar esta plataforma, que organizaba el contenido por categorías y atendía a la fecha de publicación.

El formulario para darse de alta en Google News permanecerá abierto. Desde Google indican que se deja así para que otros nuevos medios se sigan incorporando si así lo desean, con el fin de tener una base de datos actualizada si en algún momento se retoma el servicio.

¿Qué permanece abierto?

Todos los servicios supeditados al buscador siguen funcionando. Esto significa que si realizamos una búsqueda (en google.es) relacionada con un tema de actualidad Google nos devolverá los resultados generales, en los que también aparecerá el módulo destacado ‘En las noticias’. En él se pueden ver enlaces de medios de comunicación españoles. Lo mismo ocurre si pinchamos en la pestaña ‘Noticias’. Eso sí, al hacer clic sobre el texto ‘Más detalles’ el buscador redirige al comunicado sobre el cierre.

La LPI excluye a los buscadores, con lo que estos servicios pueden permanecer abiertos. El que el módulo ‘En las noticias’ aparezca o no depende del tipo de búsqueda que haya hecho el usuario, al igual que pasa con el módulo ‘Imágenes’. En Google aseguran que cualquier página web puede aparecer en el módulo ‘En las noticias’, así como en la pestaña. No era necesario estar dado de alta en Google News y esta circunstancia tampoco ayudaba a posicionar al medio en cuestión, según indican desde la compañía.

¿Qué efecto tiene sobre los medios de comunicación?

La mayor parte del tráfico procedente de Google que reciben los medios de comunicación proviene del buscador. En lo que se refiere a temas de actualidad, el módulo ‘En las noticias’ ofrece una gran visibilidad a los medios que logran posicionar sus titulares en este espacio. Desde el sitio 'news.google' generalmente proviene un porcentaje pequeño de tráfico en comparación con el del buscador. Aunque probablemente los que más tráfico pierdan con esto sean los medios grandes generalistas, pues aparecían más veces y en más categorías.

¿A qué otros servicios de Google afecta?

Desaparece la aplicación Noticias y Tiempo de Google (ya hay algunos comentarios en Google Play protestando porque no funciona) y también desaparece una de las tarjetas informativas en Google Now. Concretamente la que ofrecía noticias en general, mientras que la otra permanece, pues funciona a través de palabras clave indicadas por el usuario, es decir, una búsqueda temática (de nuevo, otro servicio vinculado al buscador).

El servicio ‘Alertas de Google’ no se verá afectado porque depende de la indexación que lleva a cabo el buscador. Google Play Kiosco tampoco desaparece.

¿Cómo afecta a otros países?

Hasta ahora los medios de comunicación españoles aparecían en el resto de versiones de Google News. Por ejemplo, si un usuario entraba en el servicio de Méhttp://news.google.com.mx/xico y pinchaba en la sección de Internacional del menú situado en la parte izquierda, podía ver algunas noticias de medios españoles. Ahora no se mostrará contenido de ningún medio español.

¿Qué pasará en el futuro?

Google News España ha cerrado. Pero el negocio de Google no se ve afectado por ello, de hecho este servicio no generaba ingresos. Sin embargo, existen otras webs que podrían considerarse como agregadores de noticias y en muchos casos el tomar la decisión de cerrar el portal equivaldría a detener la actividad empresarial, con la consiguiente liquidación del negocio y el despido de los trabajadores.

Eso ocurre donde se gana dinero. Los que no obtienen ingresos ni siquiera tienen opción a elegir. El portal InfoAliment.com, que llevaba casi 14 años enlazando noticias del sector de la alimentación, ya ha anunciado que bajará las persianas el próximo 24 de diciembre. Como esta, otras webs que enlacen noticias, como asociaciones, sitios de contenido viral o de clipping, se podrán ver afectadas a partir del 1 de enero. Dependerá de lo que el reglamento de la LPI considere como ‘agregador’. Queda la incógnita, por ejemplo, de qué sucederá con Twitter o Facebook.

Desde hace décadas estamos acostumbrados a esta “bisutería de la web social” como se llama a los botones de compartir, término que escuché en su día a José Luis Orihuela, en los diarios y medios digitales. A partir de enero de 2015 algunos de estos servicios  tendrán que “pagar” un derecho remuneratorio o canon a los editores o productores de la información después de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada en octubre pasado y que entrará en vigor en enero.

Aunque aún no se sabe cómo ni mediante qué mecanismo o cómo se concretará “qué es un fragmento no significativo de contenido” o cómo se concretará “qué es una búsqueda aislada de palabras”, esa remuneración será objeto de una tarifa  que fijará la Entidad de Gestión que va a hacerse cargo (CEDRO), el sector editorial celebró esta reforma de la Ley, que no está exenta de riesgos y contradicciones. 

Uno de los riesgos es el cierre o la huida de negocios digitales. Esto es lo que anuncia ahora Google News –cuestión que ya había sido barajada como opción por la empresa californiana-. Los editores españoles de los medios tradicionales –que han presionado al Gobierno y al Parlamento para introducir este párrafo 2 del art. 32- parecen no querer comprender el calado de este asunto que les afecta también a ellos pues, por definición, atenta al corazón de la filosofía web.  Veremos, por otro lado, cuánto aguantan ese “apagón” y cómo es la reacción de sus lectores de pago o no.

Que los robots de Google News puedan o no seguir indexando contenidos provenientes de publicaciones periódicas o de web información es para beneficio de todos (lectores, editores que han visto incrementado su tráfico, y para Google que  ofrece ese servicio a sus usuarios); el beneficio –si se valora sólo en términos monetarios- no siempre es económico como ocurre precisamente con el portal Google News que no inserta publicidad. Otros agregadores como Menéame o Twitter están preocupados por el efecto que puede tener esta Ley en el uso masivo de estos servicios, y no es para menos.

El equilibrio entre derechos y libertades en el acceso a Internet siempre genera este necesario debate, pero aquí las cosas han ido lejos. Utilizar una ley, el BOE para “legislar” sobre una actividad concreta, ¿les parece razonable? 

El quid legal del asunto es, ¿puede un derecho remuneratorio impedir el link o el meneo de un titular o noticia? ¿Se considera eso una “reproducción” en sentido estricto?  Yo diría que no a las dos cosas, pues por la naturaleza de Internet, los agregadores y el etiquetado para el seguimiento de información es así (y ya es sabido que un editor no quiera aparecer sabe cómo hacerlo); pero, la Ley tampoco es muy clara (véase al final de este artículo cómo ha quedado el art. 32) y díganme si lo entienden del todo.

La redacción no da certeza jurídica ni a empresas que se basen en la agregación (captación de fuentes de contenidos), ni siquiera para usuarios como docentes, blogueros, periodistas que también tendrán que pagar por eso si las fuentes que insertan son “informativas”.

Los editores ya podían exigir –a la vista del texto del art. 32 LPI, como se hace desde hace décadas el sector de la  música o el cine- una tarifa por comunicación online no autorizadas. Eso cobra ya CEDRO a las Universidades, bibliotecas, sitios web,  revistas online incluso por los dosieres de prensa que difunden en sus portales, a veces con una concepción muy estricta de lo que es “uso justo”, que siempre se interpreta negativamente en contra del centro docente o biblioteca.

Prohibido “citar” en la red

El nuevo derecho remuneratorio por “agregación”  se añade a otros canones o tasas ya previstas en nuestro sistema de derechos de autor. La clave de alguno de los asuntos está en el texto final del art. 32 y las excepciones o usos con fines de cita informativa y cultural.

Los medios off line pueden reproducir a tenor de la Ley fragmentos con fines informativos y sin fin comercial; es práctica habitual en prensa, radio y televisión. Resulta que ahora que estamos inmersos en la web, que los Estados hablan de “agenda digital”, de negocios innovadores, de “economía en internet”, se siguen autorizando sin tasa alguna las citas de la propia prensa o radio, pero si se excluye el “agregador” por excelencia del mercado, Google News. También otras App de lectura de noticias, el propio Flipboard o Bing se verán afectados.

Un tiro en el pie a la propia industria de prensa y a nuestra profesión

Creo que es necesario explicar un poco qué supone esta “tasa”. Google News, Google Noticias, Google Press es pues un servicio automático de selección de noticias, básicamente a partir de titulares, entradillas y fotos, que se configuran en el portal de Google Inc. porque su algoritmo de gestión de la información, altamente depurado,  recoge las “fuentes” de información de los servidores del mundo entero que no hayan bloqueado la indexación, que los ordena por temas y materias afines y que permite al usuario su personalización. Incluye, a partir de las noticias, reportajes y otros datos de las web de editores (el “rankeo” se hace a partir de los sitios con mayor actualización de noticias) otros productos como alertas, versión para móvil, sistema de feeds o Atom Rss para su suscripción y seguimiento, y un utilísimo sistema de archivo.

Fue lanzado en 2002 en versión beta por Google Inc. Se actualiza cada 15 minutos y  tiene más de 40 ediciones regionales. Este servicio ha estado rodeado de polémica, ya desde que en 2005 la agencia France Presse le demandase en el Tribunal del Distrito de Columbia por infracción de los derechos de autor o, los editores belgas iniciasen su pleito. Desde entonces, Google Inc. también ha ganado recursos y frentes legales  porque la legalidad del indexado y la cita está permitida en muchos ordenamientos jurídicos.

España aprobó en octubre la Ley 21/2014 de 4 de noviembre que constituye la 10ª reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en vigor (Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril) modificando la esencia de la cita específicamente en servicios de la sociedad de la información y dando un giro a su libre uso de la cita para introducir una remuneración o canon por agregación.

Editores y periodistas de medios AEDE, la mayoría de medios impresos, quieren esta situación. FAPE, la federación que nos representa a los periodistas, es parte del asunto. FAPE pidió al  Parlamento y al Gobierno español en 2011 que “a la luz de las recomendaciones de la Comisión Europea, consideramos que los cambios en la LPI deben recoger la nueva concepción de los derechos de autor que deriva del surgimiento de los servicios de agregación, indexación y referencia de noticias a través de las redes”, es decir que se incorporen sistemas de remuneración en el periodismo digital, algo a mi entender contrario a la propia lógica de la información y de la prensa.

Nuestro sistema de prensa carece y busca aún un modelo de transición digital pero no acaba de concebir el papel que empresas como Google pueden hacer en este paso al mundo online. El único modelo conocido, por seguro –aunque no demasiado rentable hoy- es el propietarista, el del “esto es mío y yo lo controlo”, cosa errática porque si una empresa está en la web no controla su difusión.

La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), organización privada que agrupa a los principales medios de comunicación de publicaciones periódicas impresas, ha emitido ayer un comunicado en el que demanda “la intervención de las autoridades españolas y comunitarias” tras el anuncio de Google de que cerrará Google News, su servicio de noticias el próximo 16 de diciembre.

Según AEDE, que fue impulsora del canon que se encuentra incluido en el artículo 32.2 de la nueva ley de propiedad intelectual, el cierre de Google News “no equivale al cierre de un servicio más” y tendrá “sin duda” un impacto “negativo” en los ciudadanos y empresas españolas, dada la posición de Google en el mercado.

Google ha comunicado que decide cerrar su servicio de noticias, que es gratuito y no tiene publicidad, debido a que sería un afectado directo de la tasa irrenunciable que pretende cobrar la nueva ley de propiedad intelectual, incluida en el artículo 32.2.

El comunicado, que llega el mismo día del anuncio de Google y cinco días antes del cierre efectivo del servicio de noticias, se ha difundido entre miembros de AEDE. En él se señala que Google constituye “la única puerta de acceso a internet”, posición que según reconoce AEDE “ha sido alcanzada a través de mecanismos de innovación tecnológica continua y cuyo valor los editores españoles siempre han reconocido”. AEDE, formada por grupos mediáticos como Planeta, Vocento, Grupo Prisa, Grupo Zeta o Unidad Editorial, ha manifestado interés en seguir negociando con Google “acuerdos que sean beneficiosos para ambas partes en distintos ámbitos”.

La situación recuerda inevitablemente a la que ocurrió en Alemania con los editores liderados por Axel Springerlos editores liderados por Axel Springer. Tras lograr que Google restringiera el acceso a sus titulares desde Google News, pidieron que se les volviera a incluir en los resultados, ya que comprobaron que el tráfico desde Google había caído un 40 por ciento, y mediante el servicio Google News hasta un 80 por ciento.